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La libertad de asociación y de reunión en México

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La libertad de asociación y de reunión en México
MIGUEL CARBONELL - LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN EN MÉXICO...
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Miguel Carbonell (México) *
La libertad de asociación
y de reunión en México
Introducción
El artículo 9 de la Constitución mexicana de 1917 contempla dos derechos fundamentales distintos: el de reunirse y el de asociarse. Su texto es el siguiente:
No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con
cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo
para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene
derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que
tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una
autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
En los siguientes dos apartados se estudia cada uno de estos derechos por separado, ya que se trata de derechos que, a pesar de estar regulados en un mismo precepto constitucional, tienen diferencias importantes entre ellos, como se verá enseguida.
1.
Libertad de reunión
El derecho de reunión implica la libertad de todos los habitantes de la República
para poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto, siempre que dicha
reunión sea de carácter pacífico y tenga un objeto lícito. Si se trata de reuniones de
carácter político (es decir, que tengan relación directa con la celebración de las campañas electorales o con la emisión de los sufragios o, en general, con los procesos
electorales), solamente podrán participar los ciudadanos mexicanos.
* Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; investigador en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. Su último libro es Los derechos
fundamentales en México (México, Porrúa, 2005). [email protected]
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La libertad de reunión conlleva la obligación para las autoridades públicas de no
entorpecer la realización de cualquier congregación, siempre que reúna los requisitos
que se encuentran en el texto del artículo 9; esto quiere decir que ninguna autoridad
puede disolver una manifestación o asamblea, tal como lo precisa, justamente, el segundo párrafo del mismo artículo 9.
El derecho de reunión se encuentra, como ha señalado el Tribunal Constitucional
español, a medio camino entre la libertad de expresión y el derecho de asociación:
Históricamente, el derecho de reunión surge como un derecho autónomo
intermedio entre los derechos de libre expresión y de asociación, que mantiene en la
actualidad una tan íntima conexión doctrinal con ellos, que bien puede decirse, en
una primera aproximación al tema, que el derecho de reunión es una manifestación
colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria,
siendo concebido por la doctrina científica como un derecho individual en cuanto a
sus titulares y colectivo en su ejercicio, que opera a modo de técnica instrumental
puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la
publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por lo tanto un cauce
del principio democrático participativo, cuyos elementos configuradores son, según
la opinión dominante, el subjetivo —una agrupación de personas—, el temporal —
de duración transitoria—, el finalístico —licitud de la finalidad— y el real u objetivo
—lugar de celebración.1
Retomando las ideas de la sentencia que se acaba de exponer, se puede decir
que el derecho de reunión es un derecho individual si se contempla desde el punto de
vista de su titularidad, pero su ejercicio es de carácter colectivo, pues para que pueda
haber una reunión (objeto de tutela de la disposición del artículo 9) tiene que haber al
menos dos sujetos. La reunión supone un ámbito temporal transitorio en el ejercicio
del derecho, pues una reunión de carácter permanente se asemejaría más, quizá, a
una asociación. Además, la finalidad tiene que ser jurídicamente admisible. Y en cuanto al lugar de celebración, conviene hacer algunas precisiones particulares, pues la
problemática al respecto no es del todo sencilla.
Para empezar, hay que señalar que el derecho de reunión se debe compatibilizar
con otros derechos; para efectos del lugar en que se pueden realizar las reuniones,
hay que distinguir entre las que se llevan a cabo en lugares públicos y las que se
realizan dentro de propiedades privadas. Para las segundas, se debe tomar en cuenta
el derecho de propiedad, de forma tal que, si la reunión se va a celebrar dentro de una
propiedad privada, se debe tener el consentimiento del titular de dicho derecho. Como
lo señala Juan María Bilbao:
[…] los ciudadanos no tenemos derecho a reunirnos en el lugar que mejor nos
parezca (en el domicilio de otra persona, por ejemplo), sin contar con la autorización
o el consentimiento de quien jurídicamente tiene atribuida la facultad de disponer de
ese local o espacio abierto. Otros derechos de rango fundamental (derecho de
1
Sentencia 85/1988.
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propiedad, inviolabilidad del domicilio, libertad de empresa) condicionan el ejercicio
del derecho de reunión. En realidad, la disponibilidad del lugar escogido para celebrar
la reunión es el presupuesto objetivo para poder ejercer el mencionado derecho.2
Para las reuniones que se lleven a cabo en lugares públicos no se requiere ningún
tipo de autorización; aunque en México la Constitución no lo establece, en el derecho
comparado se encuentra suficiente evidencia para sugerir que la realización de reuniones en lugares públicos puede suponer para los que las convocan la obligación
simplemente de avisar a la autoridades que dicha reunión se va a llevar a cabo, para el
único efecto de que éstas puedan a su vez hacerlo del conocimiento del resto de los
ciudadanos y tomar las precauciones necesarias para conservar el orden público.
En este contexto, se puede citar el artículo 21 de la Constitución española, en
cuyo párrafo segundo se dispone: “2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito
público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá
prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”; la legislación que desarrolla este precepto se encarga de
señalar que “La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, con una antelación de diez días
naturales, como mínimo y treinta como máximo […] Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación […] podrá
hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas”.3
Sobre este tema el Tribunal Constitucional español ha sostenido:
El derecho de reunión, como todo derecho fundamental, tiene sus límites, por
no ser un derecho absoluto e ilimitado. Es, indudablemente, un derecho subjetivo
de ejercicio colectivo, que al ser realizado incide en el derecho y en los intereses de
otros ciudadanos y en la utilización exclusiva de bienes públicos; posibilitando, a
veces, la alteración de la seguridad ciudadana y del orden general, que corresponde
garantizar y salvaguardar al poder público. El valor preeminente de estos valores
afectados exige, en una sociedad democrática, que la Constitución conceda poderes
a la autoridad para imponer al ciudadano el deber de comunicar con antelación
razonable, como requisito indispensable de la proyectada reunión, para poder conocer
su alcance y determinar la procedencia de previas averiguaciones, facilitar el uso del
lugar u modificar su emplazamiento y tomar las medidas de seguridad que fueran
precisas, otorgándole, además, la facultad de prohibirla si concurren las
circunstancias que constitucionalmente así lo determinan.4
Un problema especial se genera cuando el derecho de reunión quiere ejercerse
dentro del espacio de una empresa, a través de la reunión de sus trabajadores. En este
2
La eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros, Madrid: CEPC, 1997, p. 820.
Artículo 8 de la ley orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión. Para la interpretación
de esta ley, Jesús González Pérez: Derecho de reunión y manifestación, Madrid: Civitas, 2002.
4
Sentencia 36/1982.
3
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punto, la jurisprudencia comparada parece reconocerle al empresario el derecho de
mantener ciertas reglas dentro de su establecimiento, de forma que las reuniones no
se podrían llevar a cabo —bajo ese concepto, al menos— dentro de los horarios de
trabajo.5 Cuestión distinta sería que, en ejercicio de alguna prerrogativa derivada de
derechos de signo estrictamente laboral (como el derecho de sindicación) se convocara a alguna reunión, pero en todo caso se trataría del ejercicio de un derecho que
cuenta con una distinta cobertura constitucional y con un diferente régimen legal.
El derecho de reunión, y particularmente las manifestaciones públicas, generan
para las autoridades algunas obligaciones. En primer término, la obligación de no entorpecer, reprimir o prohibir la manifestación. Pero también les suponen la obligación
de proteger el ejercicio del derecho frente a agresiones de terceros, puesto que, como
señala Tomás R. Fernández, “el derecho a manifestarse no es siquiera concebible si
no se asegura de forma adecuada frente al riesgo de contramanifestaciones”.6
Las autoridades también deben generar las condiciones para que el ejercicio del
derecho de reunión no signifique la violación de otros derechos fundamentales; en
este punto, tan delicado, se debe realizar un ejercicio de ponderación entre derechos,
de forma que se asegure —en la medida de lo posible— la maximización de todos los
derechos en conflicto.
Particularmente compleja es la relación entre el derecho de manifestación y la
libertad de tránsito, pues si el primero se ejerce en la vía pública el segundo puede
correr algún tipo de riesgo, sobre todo en las grandes urbes en las que los problemas
de tráfico son parte de la cotidianidad. Desde luego, la libertad de tránsito no supone
el derecho de pasar por donde queramos o de hacerlo en el momento en que nos
parezca más oportuno, pero también es cierto que la oclusión completa de una vía de
circulación principal, a determinadas horas del día, puede generar un caos de enormes
proporciones.
La proporcionalidad exigiría, en este punto, que las reuniones que se celebren en
la vía pública no impidan por completo la circulación (por ejemplo, que dejen libre al
menos un carril para el paso de los automóviles), o que a ciertas horas no pudieran
discurrir por las arterias viales más importantes (la limitación horaria debe ser, a su
vez, muy limitada, porque de otra forma estaría vaciando de contenido el derecho de
reunión; por ejemplo, si se dijera que en una avenida muy importante las manifestaciones solamente se podrán realizar entre las 2 y las 3 de la madrugada, esta limitación,
evidentemente, no sería proporcional y por tanto violaría la libertad de reunión).
5
Sobre este punto, el Tribunal Constitucional español señala que “el ejercicio del derecho de
reunión […] ha de ajustarse a determinadas reglas y límites cuando tiene lugar en el seno de la empresa,
pues ha de compatibilizarse con los derechos y obligaciones que nacen de la relación de trabajo y, en
particular, con los derechos del empresario en cuanto a la dirección y organización del trabajo y sobre
los locales y útiles de la empresa”. Auto 869/1988.
6
Citado por González Pérez: o. cit., pp. 103-104.
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En todo caso, hay que recordar que el derecho es un instrumento para permitir la
convivencia social pacífica, y que en la consecución de ese objetivo se deben emprender esfuerzos para lograr armonizar de la mejor forma posible el ejercicio de los
derechos fundamentales. Por eso es que sería importante contar con una o varias
leyes reguladoras del derecho de reunión, siguiendo los modelos de las que ya existen
en otros países.
2.
Libertad de asociación
Por su parte, el derecho de asociación consiste en la libertad de todos los habitantes para conformar, por sí mismos o con otras personas, entidades que tengan una
personalidad jurídica distinta de la de sus integrantes; es decir, se trata de poder constituir lo que Kelsen llamaría un “centro de imputación de derechos y obligaciones”,
con el objeto y finalidad que sus integrantes libremente determinen, siempre que sea
lícito. De nuevo hay que decir que en materia política solamente los ciudadanos de la
República podrán ejercer ésta libertad, que tampoco les ha sido concedida a los ministros de culto religioso de acuerdo con el artículo 130, inciso E.7
La libertad de asociación tiene un papel esencial en la conformación de las democracias modernas, pues expresa la posibilidad de constituir agregados interpersonales de intereses, que tengan reconocida una personalidad jurídica. Por medio de las
asociaciones las personas añaden un elemento importante a su convivencia y pueden
expandir su horizonte vital, participando con otras personas en la consecución de
ciertos fines. La participación asociativa incrementa el sentimiento cívico de los ciudadanos, les permite incidir de forma más directa en las decisiones importantes de su
comunidad y refuerza los vínculos amistosos e incluso familiares. La participación
asociativa es una de las formas más importantes de creación de lo que se ha denominado el “capital social”.8
Tiene razón Peter Häberle cuando escribe que la libertad de asociación es “un
elemento irrenunciable de la democracia pluralista o de la Constitución del pluralismo”.9 En el mismo sentido, pero muchos años antes, Alexis de Tocqueville escribía:
“Después de la libertad de obrar solo, la más natural al hombre es la de combinar sus
7
Esta limitación seguramente es contraria al derecho internacional de los derechos humanos,
como lo explica José de Jesús Orozco Henríquez: “Artículo 9”, en Varios autores, Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada, 18.ª ed., México: UNAM, Porrúa, 2004,
tomo I, p. 174.
8
La caracterización sociológica de asociacionismo y su relación con el capital social puede verse
en el importante libro de Robert Putnam: Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad
norteamericana, Barcelona: Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores, 2002.
9
Libertad, igualdad, fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del Estado constitucional, Madrid: Trotta, 1998, p. 79 (cursivas del autor).
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esfuerzos con los de sus semejantes y obrar en común. El derecho de asociación me
parece casi tan inalienable por su naturaleza como la libertad individual. El legislador
no puede querer destruirlo sin atacar a la sociedad misma”.10
La diferencia entre la libertad de reunión y la de asociación consiste sobre todo
en la duración de los efectos que conlleva el ejercicio de una y otra. En tanto que,
como ya se ha mencionado, la libertad de reunión despliega sus efectos mientras
físicamente se encuentran reunidas las personas que la ejercen, la libertad de asociación se proyecta con efectos temporales más extendidos, en la medida en que se crea
una personalidad jurídica distinta de la que corresponde a las personas que la ejercen.
Las libertades mencionadas se encuentran reconocidas en muchas declaraciones internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de 1948
(artículo 20), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (artículo 21), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 8), la Convención Interamericana de
Derechos Humanos (artículos 15 y 16) y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical. Algunas de estas declaraciones aportan
matices importantes a lo señalado en la Constitución y, en virtud de que conforman lo
que el artículo 133 llama la Ley Suprema de toda la Unión, deben ser tenidas en
cuenta a la hora de interpretar el artículo 9.
En algunos otros preceptos de la Constitución se detallan las formas concretas
que puede tomar en derecho de asociación; así por ejemplo, en el artículo 41 se habla
de las asociaciones que toman la forma de partidos políticos y cuya función, entre
otras, consiste en constituirse como vehículos para que los ciudadanos puedan tener
acceso a la funciones representativas; de la misma forma, en el artículo 123 se prevén
los sindicatos obreros y las asociaciones profesionales. La libertad de asociación política se reitera, además, en el artículo 35, fracción III, de la misma Constitución. El
artículo 130 se refiere a las iglesias y asociaciones religiosas, las cuales desde luego
tienen una personalidad jurídica distinta a la de sus miembros.
A luz de lo anterior, quizá sea oportuno distinguir entre el régimen jurídico de las
asociaciones en general (que sería el que estaría tutelado por el artículo 9) y el
régimen jurídico de ciertas asociaciones en particular (que tendría un distinto marco de protección constitucional).
La exigencia de que las libertades de reunión y asociación tengan un objeto lícito
que menciona el artículo 9 constitucional, debe interpretarse en forma muy restrictiva,
pues si bien el Código Civil Federal proporciona un concepto de ilicitud (su artículo
1830 establece: “Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las
buenas costumbres”), dicho concepto puede o no ser adecuado a las exigencias de
una sociedad democrática, en la que el legislador, si bien puede interpretar con bastante amplitud los mandatos constitucionales, no puede hacer con ellos lo que quiera, por
10
La democracia en América, México: FCE, 2003 (reimpresión), pp. 209-210.
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ejemplo anulándolos a través de una legislación restrictiva en materia de derechos
fundamentales.
Por ello, deben evitarse en la legislación secundaria las referencias a la licitud
como conformidad con “las buenas costumbres” o “las leyes de orden público” o
cualquier expresión o concepto semejante: lo correcto es entender que es ilícito todo
acto que vaya en contra de la ley; dicha ley, para no ser inconstitucional, no puede
limitar un derecho fundamental a menos que: a) sea necesario para preservar otro
derecho del mismo rango; b) sea necesario para garantizar el igual goce por otras
personas del mismo derecho, y c) la limitación se desprenda de un mandato constitucional concreto, es decir, que esté prevista directamente por el texto constitucional y
el legislador se limite a recogerla en la ley.
Incluso, para reducir al mínimo las posibilidades de intervenciones arbitrarias de
las autoridades sobre la libertad de asociación, la ilicitud debería reducirse al campo
del derecho penal; es decir, solamente pueden considerarse ilícitas aquellas asociaciones que realicen conductas previstas como delictivas por la ley. Es más, a la hora de
dictar leyes penales, el legislador debe de cuidarse de no vulnerar el contenido esencial del derecho de asociación; lo cual supone, como señalan González Pérez y Fernández Farreres, que “el legislador no puede tipificar delitos estrictamente asociativos, es decir, delitos cuyo ámbito de aplicación se circunscriba únicamente a las asociaciones, de manera que el fin perseguido, o el medio utilizado, por la asociación ha
de encontrarse tipificado como delito con carácter general —y no específicamente
por relación a las asociaciones— si se pretende sancionar como delictiva a la asociación que persiga ese fin o utilice ese medio”.11
Si la anterior observación se considera oportuna y, en consecuencia, se limita la
ilicitud de una asociación al ámbito penal, se podría considerar que tienen carácter
ilícito las asociaciones que: a) tengan por objeto cometer un delito o que promuevan su
comisión; b) los grupos y bandas terroristas o paramilitares; c) las que empleen medios violentos para lograr sus objetivos, y d) las que promuevan las discriminación, la
xenofobia o el odio racial.
En México, la jurisprudencia ha señalado que la carga de la prueba para demostrar la ilicitud de una asociación recae en la autoridad:
Si la autoridad responsable no rinde prueba alguna que demuestre que una
asociación tiene fines ilícitos, viola la garantía que consagra el artículo 9o.
constitucional, si pretende coartar a los integrantes de aquélla, el derecho de
asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, como lo es el puramente
recreativo.12
En otro asunto, la Suprema Corte se ha pronunciado sobre los alcances de la
libertad de asociación al estudiar la constitucionalidad del artículo 5.o de la Ley de las
11
12
Derecho de asociación, o. cit., p. 112.
Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVII, Quinta Época, Segunda Sala, p. 2096.
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Cámaras de Comercio y de las de Industria que preveía la afiliación obligatoria para
cierto género de comerciantes. En su sentencia, la Corte afirma que la esfera de
protección derivada del artículo 9.o constitucional puede operar en tres posibles
direcciones:
1.o derecho de asociarse formando una organización o incorporándose a una
ya existente; 2.o derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella, y 3.o
derecho de no asociarse. Correlativamente, la autoridad no podrá prohibir que el
particular se asocie; no podrá restringir su derecho a permanecer en la asociación o
a renunciar a ella, ni, tampoco, podrá obligarlo a asociarse. Consecuentemente, el
artículo 5.o de la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria al imponer la
obligación a los comerciantes e industriales a afiliarse a la Cámara correspondiente,
viola la libertad de asociación establecida por el artículo 9.o constitucional.13
También ha emitido un criterio jurisprudencia la Suprema Corte en referencia a
los colegios de profesionistas y a algunas limitaciones que para el registro de los
mismos establece la ley; se trata de la siguiente tesis:
COLEGIOS DE PROFESIONISTAS. LOS ARTÍCULOS 44 Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS
PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, AL CONDICIONAR SU REGISTRO AL CUMPLIMIENTO
DE CIERTOS REQUISITOS, NO TRANSGREDEN LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. De conformidad
con el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./
J. 28/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo II, octubre de 1995, página 5, la libertad de asociación que como
garantía individual consagra el artículo 9o. de la Constitución Federal, implica el
derecho de asociarse formando una organización o incorporándose a una ya
existente; el derecho a permanecer en una asociación o renunciar a ella y el derecho
a no asociarse. En congruencia con lo anterior, es posible afirmar que el artículo 44
de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las
profesiones en el Distrito Federal que establece que todos los profesionistas de una
misma rama podrán constituir en el Distrito Federal uno o varios colegios, sin que
excedan de cinco por cada rama profesional, y el diverso artículo 45, fracción I, de la
propia ley que prevé que para constituir y obtener el registro de un colegio de
profesionistas en dicha entidad, deberán tener cien socios como mínimo, no
transgreden la citada garantía constitucional. Ello es así, porque los referidos
preceptos no impiden la incorporación de los particulares a una sociedad ya existente,
ni la creación de una nueva, ni tampoco que elijan no pertenecer a ninguna, sino que
se limitan a reglamentar ciertas modalidades que deben observarse para obtener el
registro como colegio de profesionistas, a fin de salvaguardar los intereses colectivos
que se persiguen con su establecimiento. Además, el hecho de que el legislador
ordinario en el precepto citado en último término haya establecido el mínimo de cien
miembros que deban reunirse para obtener el registro de una asociación como
colegio de profesionistas, lejos de vulnerar la libertad de asociación, la fortalece,
pues con este requisito sólo se pretendió que se creara un ente colectivo permanente,
con representatividad suficiente de la profesión que agremia y con fuerza para
defender sus intereses, respetando así la naturaleza del derecho de colegiación
13
Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo II, octubre de 1995, p. 5.
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profesional. Amparo en revisión 295/99. Colegio Mexicano de Licenciados en
Administración, A.C. 8 de mayo de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel
Ángel Ramírez González. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Septiembre de 2000, Tesis: P. CXXXV/2000,
página 15.
Es importante subrayar algo obvio, pero que vale la pena repetir: la libertad de
asociación comporta la facultad del sujeto para ingresar a una asociación, pero también supone la posibilidad de salir de ella cuando lo considere oportuno; es decir, la
libertad de asociación, para ser tal, nunca debe convertirse en algo obligatorio, ni para
efecto del ingreso ni para efecto de la salida de una asociación (a menos que la
obligación esté establecida directamente por el texto constitucional, como sucede con
los colegios profesionales en España, aunque en este caso lo que es obligatorio es el
ingreso, pero no la permanencia, puesto que dichos colegios pueden abandonarse en
el momento que se quiera, con la consecuencia, sin embargo, de que ya no se podrá
ejercer la actividad profesional que rigen los mismos colegios). La Declaración Universal de 1948 lo establece con meridiana claridad en su artículo 20.2: “Nadie puede
ser obligado a pertenecer a una asociación”.
Las diferentes manifestaciones de la libertad de asociación quedan también muy
bien reflejadas en el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2002 sobre derecho de asociación
vigente en España; su contenido, en los párrafos que ahora interesan, establece que:
2. El derecho de asociación comprende la libertad de asociarse o crear
asociaciones, sin necesidad de autorización previa.
3. Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en ella o
a permanecer en su seno, ni a declarar su pertenencia a una asociación legalmente
constituida.
[…]
5. La organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser
democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los
pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los
aspectos del derecho fundamental de asociación.
6. Las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o
con particulares como medida de fomento y apoyo siempre que lo hagan en igualdad
de condiciones con éstos, al objeto de evitar una posición de dominio en el
funcionamiento de la asociación.
7. Las asociaciones que persiguen fines o utilicen medios tipificados como
delito son ilegales.
La doctrina española ha llamado la atención sobre las dificultades que en la
práctica pueden surgir al momento de intentar ponderar hasta dónde puede llegar la
autonomía de las asociaciones frente al mandato de que su organización y funcionamiento interno sean democráticos.14 Su Tribunal Constitucional ha señalado:
14
González Pérez y Fernández Farreres: Derecho de asociación, o. cit., pp. 127 ss.
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La potestad de organización que comprende el derecho de asociación se extiende
con toda evidencia a regular en los Estatutos las causas y procedimientos de la
expulsión de los socios. La asociación tiene como fundamento la libre voluntad de
los socios de unirse y permanecer unidos para cumplir los fines sociales, y quienes
ingresan en ella se entiende que conocen y aceptan en bloque las normas estatutarias
a las que quedan sometidos. Y en cuanto la asociación crea no sólo un vínculo
jurídico entre los socios, sino también una solidaridad moral basada en la confianza
recíproca y en la adhesión a los fines asociativos, no puede descartarse que los
estatutos puedan establecer como causa de expulsión una conducta que la propia
asociación, cuya voluntad se expresa por los Acuerdos de sus órganos rectores,
valore como lesiva a los intereses sociales.15
Particularmente intensa puede ser esa tensión cuando la asociación de que se
trata es un partido político. Al respecto el Tribunal Constitucional español ha señalado
lo siguiente:
El precepto constitucional que consagra de modo genérico el principio de
democracia interna admite muy diversas concreciones, ya que los modelos de
organización partidista democrática que caben dentro del mencionado principio
constitucional son muy diversos, tanto como dispares puede ser, en contenido y en
intensidad, los derechos, y en general, el estatuto jurídico que puede atribuirse a los
afiliados en orden a garantizar su participación democrática […] el legislador deberá
respetar, además naturalmente del contenido esencial del derecho de participación
democrática, el contenido de otros derechos como los que éste guarda íntima relación
como son el derecho de libre creación y, muy especialmente, el derecho de
autoorganización del partido, un derecho, éste último, que tiende, precisamente, a
preservar la existencia de un ámbito libre de interferencias de los poderes públicos
en la organización y funcionamiento interno de los partidos.16
En esa misma sentencia, el Tribunal entiende que la democracia interna exige
“que los partidos rijan su organización y funcionamiento internos mediante reglas que
permitan la participación de los afiliados en la gestión y control de los órganos de
gobierno y, en suma […] mediante el reconocimiento de unos derechos y atribuciones
a los afiliados en orden a conseguir esa participación en la formación de la voluntad
del partido”.
Sobre la regulación constitucional del derecho de asociación en materia política
consistente en la libertad de crear partidos políticos y actuar en su vida interna, existen
en México algunas tesis jurisprudenciales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación que tienen interés para nuestro tema; entre ellas se pueden citar al
menos las siguientes:
DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES.
El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo
15
Sentencia 218/1988.
Sentencia 56/1995.Un análisis detallado de esta sentencia puede verse en Pablo Salvador
Coderch, Ingo Von Münch y Josep Ferrer: Asociaciones, derechos fundamentales y autonomía privada,
Madrid: Civitas, 1997, pp. 74 ss.
16
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segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con lo dispuesto en el artículo 5.o, párrafos 1 y 3, del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un
contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política,
ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para
asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas,
y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse
como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es
que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos
como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como
un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el
derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente, mediante el sistema de
medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV,
primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la
Constitución Federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad
de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la
prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia;
en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado
constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado
partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo
modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está
sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán
afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la
libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con
las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el
proceso electoral. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001.— José Luis Amador Hurtado.— 30 de
enero de 2002.— Mayoría de cinco votos.— Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución
impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus
pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión
jurídica que aborda la presente tesis.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-127/2001.— Sandra Rosario Ortiz Noyola.— 30 de enero de 2002.— Mayoría
de cinco votos.— Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro
Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la
parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas,
omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la
presente tesis.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-128/2001.— Dora Soledad Jácome Miranda.— 30 de enero de 2002.—
Mayoría de cinco votos.— Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar
que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas,
omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la
presente tesis. Sala Superior, tesis S3ELJ 24/2002.
DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. BASE DE LA FORMACIÓN
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. El derecho de asociación en
836
ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO / 2006
materia político-electoral es un derecho fundamental consagrado en el artículo 35,
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que propicia
el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.
La libertad de asociación, que subyace a ese derecho, constituye una conditio sine
qua non de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues, sin la existencia
de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen,
no sólo se impediría la formación de partidos políticos y de asociaciones de diversos
signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal,
establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la
Constitución Federal, quedaría socavado; por lo tanto, el derecho de asociación en
materia político-electoral está en la base de la formación de los partidos políticos y
asociaciones políticas. Sobre el particular, es necesario dejar establecido que todo
ciudadano mexicano tiene derecho a asociarse individual y libremente para tomar
parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es derecho
de los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones
políticas, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9o.; 35, fracción III; 41,
fracciones I, párrafo segundo in fine, y IV, y 99, fracción V, de la Constitución
Federal, así como 5o., párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales. Así, en ejercicio del derecho de asociación en materia político-electoral,
los ciudadanos pueden formar partidos políticos y agrupaciones políticas,
cumpliendo con los requisitos que se establecen en la ley. El ejercicio de la libertad
de asociación en materia política prevista en el artículo 9o. constitucional está sujeta
a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de
que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe
su realización a los sujetos que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual
es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la Constitución Federal. Asimismo, si
el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe
cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su
intervención en el proceso electoral. Tercera Época: Juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001.— José Luis Amador
Hurtado.— 30 de enero de 2002.— Mayoría de cinco votos.— Los Magistrados
Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara
la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho
fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo, en consecuencia, pronunciarse
sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-127/2001.— Sandra Rosario Ortiz Noyola.— 30 de enero de 2002.— Mayoría
de cinco votos.— Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro
Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la
parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas,
omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la
presente tesis.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-128/2001.— Dora Soledad Jácome Miranda.— 30 de enero de 2002.—
Mayoría de cinco votos.— Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar
que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas,
omitiendo, en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la
presente tesis. Sala Superior, tesis S3ELJ 25/2002.
MIGUEL CARBONELL - LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN EN MÉXICO...
837
ESTATUTOS DE UN PARTIDO POLÍTICO O DE UNA COALICIÓN . HIPÓTESIS DE
IMPUGNACIÓN. El control de la constitucionalidad y legalidad de los estatutos de los
partidos políticos o de las coaliciones se ejerce a través de la impugnación de los
actos de autoridad que se encuentren vinculados con la regulación estatutaria, en
cuanto a su reconocimiento y aplicación, mediante la formulación de los agravios
encaminados a la demostración de la ilegalidad o inconstitucionalidad de los
dispositivos de normatividad interna que se combatan, siempre y cuando tales
procesos se promuevan o interpongan por personas con interés jurídico respecto al
acto o resolución concretos de que se trate. De este modo, las hipótesis de
impugnación de los estatutos de un partido político o de una coalición pueden ser
las siguientes: a) Que la inconstitucionalidad o ilegalidad pretendida, se encontrara
en el texto original de los estatutos que se presentaron ante el Instituto Federal
Electoral para su aprobación, y que no obstante eso, el Consejo General de dicho
instituto haya considerado, expresa o tácitamente, que las normas estatutarias están
apegadas a la legalidad y constitucionalidad, y se haya otorgado, en consecuencia,
el registro como partido político nacional a la organización solicitante o a la coalición,
en términos de los artículos 30 y 31 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales. En esta hipótesis, quien tenga interés jurídico,
especialmente los demás partidos políticos, en cuanto entes legitimados para deducir
acciones para la tutela de intereses difusos o colectivos, puede impugnar el
otorgamiento del registro y plantear los vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad
de los estatutos admitidos; b) Que los vicios de inconstitucionalidad o ilegalidad
atribuidos surjan por alguna modificación posterior a los estatutos, y que al
comunicarse al Instituto Federal Electoral haya sido declarada su procedencia
constitucional y legal, a que se refiere el artículo 38, apartado 1, inciso l), del citado
código, y c) Que la autoridad electoral emita un acto o resolución electoral, cuyo
contenido o sentido reconozca, como base fundamental de sustentación, a las normas
estatutarias que se consideran inconstitucionales o ilegales, o fueran efectos o
consecuencias directas de ellas. En estas situaciones, se puede presentar la
impugnación contra el primer acto de aplicación que afecte el interés jurídico del
promovente, con el objeto de impedir la causación de perjuicios en su interés o de
ser restituido en los que se le hayan ocasionado con el acto concreto de aplicación
que se reclame destacadamente, y allí se puede argumentar lo conducente contra las
normas estatutarias en que se funde el acto o resolución, por lo cual estos
razonamientos sólo serán motivo de examen y pronunciamiento cuando puedan
constituir el medio idóneo para conceder al peticionario el beneficio o derecho que
defiende o evitarle el perjuicio del que se quiere librar, y no cuando se advierta que,
aunque el órgano jurisdiccional analice dicha argumentación y la acoja, por considerar
inconstitucionales o ilegales los estatutos en cuestión, esto es insuficiente para
obsequiar al promovente sus pretensiones, por existir otros motivos legales que se
opongan a ello. Debe enfatizarse, desde luego, que en todos los casos deben
cumplirse los requisitos que fija la ley, en cuanto a los presupuestos procesales, los
requisitos de procedibilidad y admisibilidad, especialmente de legitimación e interés
jurídico. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-036/99.— Miguel Ángel
Garza Vázquez.— 16 de febrero de 2000.— Unanimidad de votos. Recurso de
apelación. SUP-RAP-003/2000 y acumulados.— Coalición Alianza por el Cambio.—
16 de febrero de 2000.— Unanimidad de votos.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-039/2000 y acumulado.— Ana Cristina Enríquez Miér.— 17 de mayo de
2000.— Unanimidad de votos. Sala Superior, tesis S3ELJ 55/2002.
838
ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO / 2006
Esta última tesis es muy importante, ya que refrenda la idea de que cierto
tipo de asociaciones, por el papel de representación de algún interés público que
puedan realizar, tienen una serie de deberes añadidos a los que tienen el resto de
asociaciones. Es el caso de los partidos políticos, que siendo instrumentos esenciales para el funcionamiento del Estado democrático, deben ellos mismos seguir
una serie de pautas internas que permitan a todos los interesados en participar en
sus trabajos ejercer una serie de derechos. En este contexto, es obvio que los
estatutos de un partido deben reunir una serie de requisitos y lo que hace la tesis
transcrita del Tribunal Electoral es corroborar la idea de que, si tales requisitos no
se cumplen, la jurisdicción electoral debe estar en posibilidad de conocer de las
impugnaciones correspondientes, que pueden ser ejercidas por los interesados o
incluso por la autoridad administrativa electoral (el Instituto Federal Electoral o
los institutos electorales locales, en su caso).
También la Suprema Corte ha tenido oportunidad de emitir algunos criterios sobre los partidos políticos como forma de expresión del derecho de asociación en materia política; entre ellos se puede citar el siguiente:
PARTIDOS POLÍTICOS. CORRESPONDE AL LEGISLADOR ESTABLECER LOS REQUISITOS
PARA SU CREACIÓN, CON APEGO A LAS NORMAS CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES
Y CONFORME A CRITERIOS DE RAZONABILIDAD QUE PERMITAN EL PLENO EJERCICIO DEL
DERECHO DE ASOCIACIÓN EN MATERIA POLÍTICA. El artículo 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la existencia de los partidos políticos,
mas no establece cuáles son los elementos de organización a partir de los cuales
deben crearse, por lo que en este aspecto existe una delegación al legislador sujeta
a criterios de razonabilidad guiados por el propósito de que dichas entidades de
interés público cumplan con los fines que prevé dicho precepto, esto es, que sean
el medio para promover la participación del pueblo en la vida democrática, que
contribuyan a la integración de la representación nacional y que hagan posible el
acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Por otro lado, los artículos
9o. y 35, fracción III, de la Constitución Federal, que prevén la garantía de libre
asociación en materia política para los ciudadanos de la República, no señalan la
forma concreta de organización en que debe ejercerse ese derecho, por lo que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 41 constitucional, corresponde al legislador
regular tal aspecto, con los límites ya descritos. Por tanto, de una interpretación
armónica de lo dispuesto por los artículos 9o., 35, fracción III y 41, fracción I, de la
Ley Fundamental, se concluye que la libertad de asociación, tratándose de partidos
políticos, no es absoluta, sino que está afectada por una característica de rango
constitucional, conforme a la cual su participación en los procesos electorales queda
sujeta a lo que disponga la ley ordinaria, esto es, corresponde al legislador, ya sea
federal o local, establecer en la ley relativa la forma en que se organizarán los
ciudadanos en materia política, conforme a criterios de razonabilidad que permitan
el pleno ejercicio de ese derecho fundamental, así como el cumplimiento de los fines
que persiguen los partidos políticos. Acción de inconstitucionalidad 6/2004 y su
acumulada 9/2004. Partido del Trabajo y la Agrupación Política Nacional denominada
“Movimiento Nacional de Organización Ciudadana”. 16 de marzo de 2004. Mayoría
de ocho votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Disidentes: Genaro David
Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan Díaz Romero.
MIGUEL CARBONELL - LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DE REUNIÓN EN MÉXICO...
839
Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Laura García Velasco. Novena Epoca,
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo:
XIX, Junio de 2004, p. 867.
Este criterio es importante porque, además de señalar la posibilidad ya comentada de que la ley señale algunos requisitos o límites a la organización interna de los
partidos políticos, a la vez establece una limitación para el propio legislador: los requisitos y límites señalados deberán ser “razonables”; al introducir el canon hermenéutico de la razonabilidad la Suprema Corte se suma a una importante corriente del pensamiento constitucional contemporáneo que por medio de ese tipo de conceptos ha
desarrollado un eficaz control del poder.
2.1. La organización interna de las asociaciones
y los efectos horizontales del derecho de asociación
La intervención de los poderes públicos sobre las formas de organización interna
de las asociaciones es uno de los puntos centrales de debate en torno a la libertad de
asociación. No hay un modelo único de organización y, como principio general, debe
prevalecer la más amplia libertad para quienes quieran conformar una asociación, a
menos que se den algunas circunstancias excepcionales.
Por ejemplo, las asociaciones deben necesariamente tener un funcionamiento
interno democrático cuando el ingreso en las mismas es un requisito para poder ejercer algún derecho fundamental; tal sería el caso, que ya se ha mencionado, de los
partidos políticos, pero también estaríamos en el mismo supuesto tratándose de los
colegios u organizaciones profesionales,17 si es que la ley impone como requisito para
ejercer determinada profesión la pertenencia a dichos órganos colegiados.
En los casos que se acaban de referir la libertad de organización interna cede en
virtud de que se trata de instituciones que representan un interés no meramente particular, sino de carácter social y que llevan ese interés ante los órganos del poder
público, lo que hace que requieran de un estatuto jurídico particular.18
También en ese supuesto se encuentran, en algunos países y habría que discutir
si también en México, las federaciones deportivas que regulan alguna actividad deportiva profesional, así como las asociaciones que tienen por objeto la representación
de algún interés social. En este último caso, se entiende que las asociaciones deben
tener condiciones flexibles de ingreso, dado que “quien pretende asumir la condición
17
Al respecto, véase el artículo 36 in fine de la Constitución española. Sobre la posibilidad de
que el requisito del funcionamiento democrático interno se pueda extender o no a todas las asociaciones,
véase Ascensión Elvira: “Asociaciones y democracia interna”, en La democracia constitucional. Estudios en homenaje al profesor Francisco Rubio Llorente, Madrid: CEPC, UCM, Tribunal Constitucional, 2002, tomo I, pp. 607 ss.
18
Coderch, Von Münch y Ferrer: o. cit., p. 21.
840
ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL LATINOAMERICANO / 2006
de portavoz, ante las instancias públicas y en las relaciones sociales, de los intereses
de un cierto colectivo de personas, debe permitir que confluyan a la formación de la
voluntad del grupo todas las corrientes de opinión que se generen dentro del círculo de
aquéllos a los que se dice querer representar”.19
El derecho de asociación puede tener efectos, como es natural, frente a las
autoridades, por ejemplo al limitar la posibilidad de que las mismas puedan disolver
una asociación, de que le impongan decisiones tomadas por órganos externos o de que
no le permitan a una persona formar parte de una organización, etcétera. Pero también puede, en determinadas circunstancias, tener efectos frente a particulares, es
decir, dar lugar a la Drittwirkung der Grundrechte.
Hay dos circunstancias concretas en que los efectos horizontales de la libertad
de asociación pueden presentarse:
a. La primera se da cuando se incumplen los estatutos de la propia asociación;
en este supuesto, uno o varios de sus miembros ven vulnerada su libertad de
asociación. Dentro del alcance de dicha libertad se encuentra el hecho de
que “quienes ingresan en una asociación, quienes lo pretenden y quienes
desean permanecer en ella tienen derecho a que las reglas del juego en el
que aceptan o aceptaron participar se cumplan hasta el final”.20
b. La segunda se puede presentar cuando la asociación detenta una posición de
monopolio dentro de una comunidad determinada;21 en el ámbito del derecho
de asociación el concepto de monopolio es difícil de delimitar y no puede
transportarse mecánicamente desde la teoría económica, pero la idea que
contiene es la de que si se trata de la única asociación que existe en una
comunidad para realizar X o Y actividad, entonces la libertad de configuración de su organización interna debe ceder para asegurar un mínimo de condiciones; por ejemplo en cuanto a los requisitos de ingreso, los cuales no
podrán ser discriminatorios.
c. Por lo que respecta a la posibilidad de utilizar algún criterio discriminatorio al
momento de aceptar nuevos miembros dentro de una asociación, hay que
decir que dicha posibilidad debe ser objeto de un escrutinio estricto por parte
de los tribunales si se llega a presentar; a menos que se pruebe que existe un
interés ineludible, que pone en riesgo la existencia misma de la asociación, no
pueden esgrimirse criterios discriminatorios para impedir el ingreso de alguna
persona en una asociación.
19
20
21
Ibídem, p. 108.
Coderch: “Introducción”, en Coderch, Von Münch y Ferrer: o. cit., p. 18.
Ibídem, pp. 18 y 103 ss.
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841
Este segundo caso se presenta, por mencionar dos ejemplos, cuando se trata del
único club deportivo que tiene una pileta de natación en la comunidad, o si se trata de
la única academia en la que se puede obtener la licencia para ser piloto aviador. En
estos casos no se podría prohibir por medio de disposiciones estatutarias internas el
ingreso a las mujeres, por citar un caso que ha tenido que ser decidido por algunos
tribunales constitucionales. El mismo razonamiento se ha aplicado a los llamados clubs
privados en los Estados Unidos, que solamente admitían como socios a hombres.22
En algunos casos particulares, se ha admitido que también están sujetas a los
mismos límites las asociaciones que, sin ser monopólicas, tengan una posición dominante dentro de un ámbito social o económico determinado.23
Bibliografía
CARBONELL, Miguel: Los derechos fundamentales en México, México: CNDH,
UNAM, Porrúa, 2005 (reimpresión).
BILBAO UBILLOS, Juan María: La eficacia de los derechos fundamentales frente a
terceros, Madrid: CEPC, 1997.
CODERCH, Pablo Salvador, Ingo VON MÜNCH y Josep FERRER: Asociaciones, derechos fundamentales y autonomía privada, Madrid: Civitas, 1997.
GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Derecho de reunión y manifestación, Madrid: Civitas,
2002.
ELVIRA, Ascensión: “Asociaciones y democracia interna”, en La democracia constitucional. Estudios en homenaje al profesor Francisco Rubio Llorente,
Madrid: CEPC, UCM, Tribunal Constitucional, 2002, tomo I.
OROZCO HENRÍQUEZ, José de Jesús: “Artículo 9” en Varios autores, Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada, 18.ª
ed., México: UNAM, Porrúa, 2004, tomo I.
PUTNAM, Robert: Solo en la bolera. Colapso y resurgimiento de la comunidad
norteamericana, Barcelona: Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores, 2002.
22
A partir de importantes sentencias de la Suprema Corte, como por ejemplo en la sentencia del
caso New York State Club Association vs. City of New York, resuelto por unanimidad de votos en junio
de 1988, siguiendo el criterio ya establecido en la sentencia Roberts vs. U.S. Jaycees, fallado en 1984.
El criterio de la Corte se aplica a las asociaciones que no sean “estrictamente privadas” (es decir, las que
no ofrezcan servicios al público); no se aplica, sin embargo, a las corporaciones religiosas.
23
Coderch: “Introducción”, cit., p. 105.
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