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Acerca del Estado en América Latina Contempora

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Acerca del Estado en América Latina Contempora
1
Guillermo O’Donnell
Universidad de Notre Dame
ACERCA DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA
CONTEMPORÁNEA. DIEZ TESIS PARA DISCUSIÓN
Texto preparado para el proyecto “La Democracia en América Latina,” propiciado por la
Dirección para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (DRALC-PNUD)..
2
1. INTRODUCCIÓN.
Una aclaración importante: el presente es un texto para discusión. En el mismo presento
algunas consideraciones teóricas e históricas; pero ellas no pretenden ser exhaustivas,
sino proveer el contexto necesario para las diez tesis que aquí propongo. En la segunda
sección estipulo definiciones sobre algunos conceptos que suelen ser disputados, y que
por eso requieren intentar establecer, sea para asentir o disentir, un lenguaje común. En la
tercera y cuarta secciones presento algunas consideraciones, analíticas e históricas
respectivamente, que creo útiles para contextualizar, en la quinta sección, las tesis y su
fundamentación.
Dado su carácter, este texto no intenta ser un análisis más o menos completo del
estado tout court ni del estado latinoamericano. Esta e una obra tan necesaria como de
gran aliento que excede las posibilidades del presente texto.
2. DEFINICIONES
Comienzo por la definición del estado. Por el mismo entiendo:
Un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (la mayor parte de estas
sancionadas por el sistema legal de ese estado) que normalmente penetra y
controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar
geográficamente. Esas instituciones tienen último recurso, para efectivizar las
decisiones que toman, a la supremacía en el control de medios de coerción física
que algunas agencias especializadas del mismo estado normalmente ejercen sobre
aquél territorio.
Esta es una definición que se puede reconocer fácilmente como de cuño weberiano. En
particular, siguiendo a Max Weber, ella está enfocada en lo que el estado es, no en la
enorme variedad de cosas que el estado hace o puede hacer. Pero, por razones que
3
veremos abajo, mi definición se aparta de la weberiana al no postular como atributo
componente del estado que su coerción, o violencia, deba ser legítima; esta característica
conviene considerarla una variable histórica, a lo largo tanto de países como de diferentes
períodos en cada país. Veremos que lo mismo vale para las otras dimensiones del estado
incluidas en la definición que propuse. Otra característica de esta definición, compartida
con Weber y otros autores clásicos, es que ella apunta directamente al tema del poder, en
términos de la gran concentración de poder (o, más precisamente, de poderes) implicada
por el surgimiento y funcionamiento del estado.
Vemos que, de acuerdo con esta definición, el estado incluye al menos tres
dimensiones. Una, la más obvia y reconocida casi exclusivamente por la literatura
contemporánea, es el estado como un conjunto de burocracias.1 Estas burocracias,
generalmente organizaciones complejas, tienen legalmente asignadas responsabilidades
apuntadas a lograr o proteger algún aspecto del bien, o interés público, general.
El estado es también un sistema legal, un entramado de reglas legalmente
sancionadas que penetran y co-determinan numerosas relaciones sociales.
Contemporáneamente, especialmente en democracias, la conexión entre las burocracias
del estado y el sistema legal es íntima: las primeras se supone que actúan en términos de
facultades y responsabilidades que les son legalmente asignadas por autoridades
pertinentes—el estado se expresa en la gramática del derecho. Juntos, las burocracias del
1
Ultimamente las ciencias sociales contemporáneas, sobre todo las anglosajonas y su
fuerte influencia en el resto, han prestado escasa atención al tema del estado, y cuando lo
han hecho lo han reducido a una sola dimensión, esto es a un conjunto de burocracias (este
es el caso, por ejemplo, de la influyente colección de Evans et al. 1985). Aunque
obviamente esta no ha sido la intención de algunos de estos autores, esa reducción ha
ayudado a las así llamadas corrientes “neo-liberales” a demonizar al estado como el
4
estado y el derecho presumen generar, para los habitantes de su territorio, el gran bien
público del orden general y de la previsibilidad de una amplia gama de relaciones sociales.
Al hacer esto, el estado (más precisamente, los funcionarios que hablan en su nombre)
presumen garantizar la continuidad histórica de la unidad territorial respectiva, usualmente
concebida como una nación.
Estas pretensiones nos llevan a la tercera dimensión del estado: intenta ser un
foco de identidad colectiva para los habitantes de su territorio. Típicamente, los
funcionarios del estado, especialmente los que ocupan posiciones en su cúpula
institucional, afirman que el suyo es un estado-para-la-nación o (sin entrar en detalles
innecesarios en este momento) un estado-para-el-pueblo. Con estas afirmaciones ellos
invitan al reconocimiento generalizado de un “nosotros” que apunta a crear una identidad
colectiva (“somos todos argentinos-brasileros-peruanos,” etc.) que, según se postula,
estaría por encima de, o debería prevalecer sobre, los conflictos y clivajes sociales.
Quiero recalcar que, siguiendo el cuño weberiano de la definición que he
propuesto, estas tres dimensiones no deben ser atribuídas a priori a todo estado. Ellas son
tendencias que—tal vez felizmente--ningún estado ha materializado completamente, y que
algunos estados distan de haber logrado medianamente. En lo que respecta al estado como
conjunto de burocracias, su desempeño puede desviarse seriamente de cumplir las
responsabilidades que le han sido asignadas; el sistema legal puede per se tener serias
falencias y/o no extenderse efectivamente a diversas relaciones sociales, o aún a vastas
regiones; y en lo que respecta al estado como foco de identidad colectiva, su pretensión de
ser verdaderamente un estado-para-la nación puede no ser verosímil para buena parte de la
culpable de todo tipo de patologías que se encuentran en una relación de suma-cero con la
5
población. Las tres dimensiones del estado son históricamente contingentes; por lo
tanto, la medida de su logro debe ser establecida empíricamente.
A continuación defino los conceptos de régimen, régimen democrático y
gobierno.
Por régimen entiendo los patrones, formales e informales, y explícitos e
implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de
gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal
acceso, los recursos y las estrategias permitidos para lograrlo, y las instituciones
a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las
decisiones gubernamentales.2
Por régimen democrático entiendo uno en el que el acceso a las principales
posiciones de gobierno se logra mediante elecciones que son a la vez competitivas
e institucionalizadas y en el que existen, durante y entre esas elecciones, diversas
libertades habitualmente llamadas “políticas,” tales como las de asociación,
expresión, movimiento y de disponibilidad de información no monopolizada por
el estado o por agentes privados.3
Por gobierno entiendo las posiciones en la cúpula de las instituciones del estado;
el acceso a dichas posiciones se realiza a través del régimen, el cual permite a los
funcionarios respectivos tomar, o autorizar a otros funcionarios a tomar,
sociedad.
2
Esta es, con algunas adaptaciones, la definición ofrecida en O’Donnell and Schmitter
1986, 73, nota 1. P
3
Por razones de espacio, para una detallada discusión del régimen debo remitirme a
O’Donnell 2000 y 2002. Este último texto puede ser encontrado en el sitio web del
PNUD correspondiente al presente proyecto.
6
decisiones que son normalmente emitidas como reglas legales obligatorias sobre
el territorio delimitado por el estado. 4
De acuerdo con estas definiciones, el gobierno es una parte fundamental del estado, su
cúpula institucional. Por su parte, el régimen es una mediación entre el estado y la
sociedad: consiste de un conjunto de instituciones, reglas y prácticas que regula el acceso
desde la sociedad a las más altas posiciones en el estado. En un régimen democrático el
principal canal institucional está integrado por partidos políticos que compiten libremente
por ganar ese acceso. Bajo este régimen el resultado de esa competencia determina
quiénes ocupan por un tiempo determinado (en regímenes presidencialistas) o de acuerdo
con condiciones pre-establecidas (en regímenes parlamentarios) las posiciones
gubernamentales.5
Pero, claro está, el sistema de representación democrática que implica este
régimen queda lejos de agotar las mediaciones de representación de intereses e
identidades que influyen sobre las decisiones (y omisiones) del gobierno y las burocracias
estatales. Diversos intereses económicos y corporativos nacionales y (crecientemente)
transnacionales, intereses y visiones de las propias burocracias estatales, demandas
populares, presiones puntuales y a veces invisibles de diversos intereses, intereses
privados de los gobernantes y funcionarios estatales, las propias ideologías y visiones de
4
Estas decisiones no son necesariamente universalmente obligatorias. El creciente uso
por parte de los estados modernos de legine, es decir reglas dirigidas a problemas,
regiones o grupos específicos, requiere esta aclaración. Sin embargo, se supone que toda
regla legal tiene validez sobre la totalidad del territorio delimitado por el estado.
5
Con excepción de los tribunales superiores y de la cúpula de las fuerzas armadas,
aunque en los casos de regímenes democráticos sólidamente institucionalizados éstas
dependen de un ministro de defensa (o designación equivalente) designado por la
autoridad electa. Asimismo, en tiempos recientes se ha difundido la práctica de eximir de
este requisito a los directivos de bancos centrales.
7
éstos y otros “insumos” suelen determinar complejamente las mencionadas acciones y
omisiones. Esto lleva a preguntarse sobre el grado en que pesan efectivamente, en esas
decisiones y omisiones, los insumos provenientes del régimen y sus instituciones
representativas en relación con otros insumos. Tengamos en cuenta que por el lado del
régimen democrático proviene la principal fuente de legitimación de las políticas públicas
(y, consiguientemente, en el agregado, de la credibilidad del estado y el gobierno), la
pretensión de representar al conjunto de la ciudadanía y las aspiraciones que se supone ha
expresado en elecciones competitivas e institucionalizadas. Los otros insumos, públicos u
ocultos, legales o ilegales, aunque resulten en decisiones que se acepta generalizadamente
que han beneficiado algún aspecto del bien público, carecen de esa capacidad de
legitimación propiamente democrática de las políticas públicas. El resultado, en todas las
democracias realmente existentes, es que el régimen es sólo una parte del funcionamiento
y de los insumos de influencia a los que se hallan sujetos los gobiernos y las burocracias
estatales.6
Esto plantea importantes problemas prácticos: ¿En qué grado (y en cada caso,
período y tipo de política pública) los insumos provenientes del régimen pesan sobre los
restantes? ¿En qué medida la autoridad que suele invocarse en el sentido de representar o
realizar aspiraciones expresadas a través del régimen democrático corresponde a la
realidad? ¿En qué circunstancias serían admisibles desvíos de esas aspiraciones y/o de
promesas hechas durante el proceso electoral? ¿En qué medida los insumos extra-régimen
6
Esta complejidad (que Bobbio 1986 incluye entre “las promesas incumplidas de la
democracia”) suele ser ignorada por teorías de la democracia que se centran
exclusivamente en el régimen; comento y critico estas teorías en mis ops.cits. Ella en
cambio es reconocida en el concepto de “regímenes parciales” propuesto por Schmitter
8
son ocultos, ilegales y/o corruptos? Estas cuestiones plantean también complicados
problemas empíricos. Sólo en casos negativos bastante extremos se puede responder estas
preguntas con suficiente aproximación. Estos casos, desgraciadamente, no han faltado en
la experiencia reciente de la democracia en América Latina. En ellos los insumos del
régimen han sido débiles y/o han sido capturados por otro tipo de intereses, y a veces estos
gobiernos han mostrado complicidad con intereses que difícilmente podría argumentarse
apuntan al logro de algún bien propiamente público o general. Estas circunstancias no han
ayudado a la eficacia, a la efectividad ni a la credibilidad de estos estados y gobiernos.
Las reflexiones precedentes sirven como primera indicación de la principal
preocupación de este texto: el escaso poder que en América Latina tiene n los gobiernos
democráticamente electos y, en general, los estados, para avanzar en la
democratización de sus respectivos países.7 Esto lleva a otras preguntas, que deben ser
confrontadas por difícil que sea contestarlas; no se trata sólo de saber que es lo que el
estado es, sino también para qué y para quiénes—o, dicho de manera equivalente, para
qué nación--es y debería ser ese estado en las presentes circunstancias de América
Latina—esto es, cuando hemos hecho el logro importantísimo de conquistar un régimen
democrático pero donde, en la mayoría de nuestros países, ese régimen poco o nada logra
expandirse en dirección a la democratización de la sociedad y del propio estado.8 Esto es
1992 y en las interesantes y detalladas reflexiones que sobre el tema ofrece Strasser (entre
otros, 1996 y 1999).
7
Parafraseo aquí una observación de Malloy 1989. Por supuesto, este problema no deriva
exclusivamente de la debilidad de gobierno y estado; sin embargo, salvo para fervientes
creyentes de míticos mercados o maravillosas sociedades civiles, esa debilidad tiene
importantes consecuencias.
8
En parte basado en este razonamiento, en mi op. cit. 2002 argumento que aunque el
régimen es un componente fundamental de la democracia, la teoría de la misma no debe
limitarse al mismo.
9
grave en sí mismo y porque, a mediano y largo plazo, amenaza la calidad de
funcionamiento y hasta la supervivencia del propio régimen democrático. Asimismo,
responder, aunque fuere aproximadamente, a las preguntas de “para qué” y “para quiénes”
es condición necesaria para emprender reformas del estado que sean algo más que
retoques tecnocráticos (vuelvo a estos temas en términos de las tesis que propongo abajo).
En las secciones siguientes emprendo dos excursi, uno analítico y otro histórico,
que me ayudarán a delinear el contexto en el que, finalmente, presento las tesis anunciadas
en el título del presente texto.
2. EXCURSUS ANALÍTICO: SOBRE LA LÓGICA DE LAS ASOCIACIONES
COMPLEJAS.
Salvo casos excepcionales,9 toda autoridad de una asociación, política o de otro tipo,
argumenta que sus decisiones, así como su propia existencia, son para el bien de la
asociación en su conjunto. Las autoridades basan su expectativa de ser obedecidas en esta
pretensión, y al hacerlo delinean un límite entre la asociación y todos aquéllos que no
pertenecen a la misma. Algunas asociaciones, que podemos llamar en principio
“democráticas,” agregan que el derecho de las autoridades a ser obedecidas emana del
hecho que sus miembros les han otorgado poder para ser tales autoridades.
En asociaciones de cierta complejidad, estas pretensiones generan un patrón
básico de diferenciación social: los que se ocupan de asuntos que presumiblemente son de
interés común de la asociación y los que no lo hacen. Como consecuencia, emerge un
centro desde el cual algunos individuos tienen la prerrogativa de hablar en nombre de la
9
Solo puedo pensar en el caso de los campos de concentración.
10
asociación e invocar como base para sus decisiones el bien común de la misma. La
existencia de este centro es usualmente consistente con mi interés en tanto miembro de la
asociación. Deseo disfrutar de mi libertad y de los bienes que la asociación provee—
practicar deportes en un club, que mis derechos de trabajador sean representados por un
sindicato, estudiar en una universidad, compartir los objetos que nuestra banda ha robado,
o ser ciudadano de un estado que funciona razonablemente. Consecuentemente, quiero la
existencia de cierto tipo de entidad que facilite el goce de esos bienes. Y no quiero esto
sólo por hoy; lo quiero para todo el tiempo que puedo prever. Además, aunque no me
importe la suerte de muchos, como me importan algunos (por ejemplo, miembros actuales
y futuros de mi familia), también quiero que se extienda a ellos una garantía de largo plazo
de la existencia de la asociación. Por lo tanto, en muchas situaciones es en nuestro interés
participar en la creación (o aceptar la existencia) de una esfera de decisión que se ocupa
de dos tareas básicas. Primero, proveer algunos bienes colectivos y resolver problemas de
acción colectiva. Segundo, tomar decisiones obligatorias para todos los miembros—de
otra manera el free-riding sería incontrolable o la asociación simplemente se disolvería.
Este deseo racional lleva a constituir, o aceptar la existencia, de asociaciones que,
a través de sus líderes, ejercen diversos poderes sobre nosotros. Esto es verdad respecto de
numerosas asociaciones. En ellas, ya sean benéficas o dañinas, democráticas o despóticas,
los seres humanos (igual que la mayoría de los animales) constantemente producimos y
reproducimos relaciones sociales jerárquicas. Cuando la asociación deviene mínimamente
compleja, desarrolla roles formales de liderazgo que se especializan en tomar decisiones
colectivas. Normalmente deseamos que esas autoridades tengan suficiente poder para
tomar e implementar dichas decisiones; esto es en general verdad, ya sea que quienes
11
toman esas decisiones seamos todos reunidos en asamblea, o representantes escogidos vía
elección o por azar, o solo una persona, o lo que fuera. Otra cosa que normalmente
queremos es que los que detentan autoridad en la asociación puedan hablar por ella. Esto
vale tanto interna como externamente. Internamente, porque fracasaría el sentido mismo
de tener dichas autoridades si éstas no tuvieran capacidad de interpelar a todos los
miembros de la organización con la expectativa de ser obedecidos, sobre todo al tomar
decisiones sobre las cuales algunos miembros están en desacuerdo. En estos casos, las
autoridades típicamente argumentan que han tomado esas decisiones por el bien de la
asociación en cuanto tal, no sólo el de los miembros que concuerdan con ellas.
Externamente, las autoridades se dirigen a “otros” que no son miembros de la asociación,
con la pretensión de corporizar, o representar, el “nosotros” constituído por los miembros
de aquélla. Cuando los líderes de un sindicato interpelan a los empleadores, o los vecinos
de un barrio al gobierno municipal, o los gobernantes de un país a los de otro, ellos representan su asociación frente a otros, con la pretensión de hablar por ella en su conjunto,
no sólo como un mero agregado o una mayoría de sus miembros. En ambos casos, interna
y externamente, las autoridades exhiben la versión oficial, la autoimagen oficialmente
propiciada,10 de la asociación que como tales autoridades dicen representar. Esta es otra
característica de las asociaciones de cierta complejidad y durabilidad; como dice Hosle
(1998:90) “Toda unidad social tiene un concepto descriptivo de si misma; las unidades
más complejas también tienen uno normativo.” (bastardillas en el original). En esas
asociaciones complejas, en la que los miembros no pueden encontrarse cara a cara, el
“concepto normativo” que el centro postula de sí mismo y de la asociación a la que dice
10
Como Karl Marx (fechas, citas) elocuentemente afirmó.
12
servir, suele ser el mecanismo fundamental mediante el cual nos reconocemos como un
“nosotros.”11
Esto, insisto, es poder. La autorización de hablar-por-nosotros implica
consecuencias importantes para los miembros de la asociación y para los “otros.” Por lo
tanto, como miembro de la asociación, estoy interesado en lo que se dice en su nombre y
en quién lo dice. Además, en asociaciones complejas ocurren otras consecuencias.
Primero, los roles decisorios devienen permanentes y especializados; segundo, los
ocupantes de dichos roles desarrollan un interés por normalizar—básicamente, por medio
de reglas formales—su propio poder, de esta manera aumentando la probabilidad que sus
decisiones sean aceptadas como válidas y regularmente implementadas. Esto da lugar a la
emergencia de regulaciones internas, manuales de procedimiento, miríadas de formularios,
censos, mapas,12 estatutos y constituciones. Pero el movimiento hacia la formalización
no proviene sólo desde arriba. Desde abajo, tengo otro interés racional que contrarresta mi
interés por que haya una efectiva toma de decisiones por parte de la asociación. Este
interés es el de ser protegido de decisiones que considero arbitrarias, que transgreden mi
visión sobre lo que debería ser o hacer la asociación, o que de alguna manera me excluyen
11
Con específica referencia al estado, Lechner 1981:
328 dice: “La sociedad dividida no puede reconocerse a si misma, no puede
actuar sobre si misma de manera directa. La sociedad sólo se produce a si
misma, sólo toma conciencia de si misma, por medio de un alter; es decir, la
sociedad deviene idéntica consigo misma a través de una mediación ... y es
por medio de ese referente exteriorizado que ella se afirma [y reconoce,
O’D] a si misma.”
12
Sobre los persistentes y comprehensivos intentos “normalizadores” del estado han
insistido recientemente Pierre Bourdieu 1989 y 1996 y James Scott 1998; para una
interesante aplicación en América Latina (Ecuador) ver Radcliffe 1999. Por supuesto, el
origen de estas observaciones se encuentra en la obra de Michel Foucault (entre otros,
1979 y 1991), aunque éste no se ocupa explícitamente del estado.
13
de la asociación y/o de sus beneficios.13 Por lo tanto, normalmente apoyo la formalización
de la asociación mientras esta incluya maneras de hacer sus decisiones razonablemente
previsibles y eventualmente me permitan recurso efectivo contra ellas; esto es
especialmente verdad en asociaciones, como el estado, de las que la salida (exit)14 es
imposible o sumamente costosa. Pero sólo podré afirmar ese interés si soy reconocido
como miembro pleno de la asociación—si soy, para decirlo de alguna manera, un
ciudadano de ella. De otra manera soy un súbdito, un ser sometido a relaciones
autoritarias por medio de las cuales los líderes, sin mi voz ni consentimiento, toman
decisiones que son obligatorias para mi y que, en el caso del estado, son en última
instancia sustentadas por la coerción física.
Lo antedicho implica que, en especial pero no exclusivamente con relación al
estado, mi racional deseo de pertenecer a una asociación que es razonablemente efectiva
en sus decisiones y, a la vez, de estar protegido de algunas decisiones de dicha asociación,
entraña una tensión—en rigor, una contradicción—que es últimamente insoluble: no hay
punto general de equilibrio y si lo hay, lo es para ego pero no para alter; ese punto de
equilibrio, si existe, varía de acuerdo con el tipo de decisión estatal de que se trate; y la
fluidez de la política implica que lo que puede ser hoy un equilibrio aceptable no lo será
13
En Babilonia, en Grecia clásica y en los mismos comienzos de la Roma republicana
(durante el siglo V B.C.), la demanda de un derecho escrito provino originariamente de
los pobres, quienes vieron en ello una protección contra los poderosos; ver Varga 1991.
Esta demanda implica la correlativa de publicidad y accesibilidad generalizada de la ley;
respecto del estado moderno ver Bobbio 1987 e Iazzetta 2002.
14
Hirschman 1970.
14
mañana. La política, en especial la política democrática en la cual al menos en principio
todos tienen voz, lidiará siempre con esta irresoluble—pero creativa—tensión.15
La consecuencia de los impulsos desde abajo y desde arriba que reseñé, es la
burocratización y legalización de las asociaciones: sindicatos, asociaciones profesionales,
empresas, clubes deportivos y, por cierto, países promulgan varios tipos de reglas y crean
instituciones ordenadas jerárquicamente que están formalmente a cargo de contribuir al
logro de los objetivos de la asociación y a la normalización de su funcionamiento.
Cuando estas asociaciones establecen control sobre un territorio, incluyendo superioridad
en el control de los medios de coerción, se transforman en ese fenómeno moderno que
llamamos el estado. Los estados (más precisamente, los funcionarios autorizados para
invocar la autoridad del estado) típicamente pretenden que lo que hacen está orientado
hacia el logro del bien común (o público o general) de los habitantes de su territorio. Por
supuesto, tal pretensión puede oscilar desde la racionalización del despotismo hasta
situaciones en las que puede razonablemente argumentarse que el interés de todos, o de
muchos, ha sido buscado y en buena medida logrado.
Tal como resulta de la definición que propuse, el lado organizacional del estado
está ordenado burocráticamente. Por burocrático entiendo relaciones sociales de
comando y obediencia jerárquicamente organizadas de acuerdo a reglas formales y
explícitas. Este carácter jerárquico del estado—de todo estado—es inherentemente
desigualitario, tanto para los que trabajan dentro de dichas burocracias como para los que
interactúan con ellas; en general, ese carácter se acentúa cuando opera en relación a
grupos e individuos discriminados y/o que están sometidos en la sociedad a relaciones
15
Elaboro este argumento en O’Donnell 2003.
15
muy desiguales. En estos casos, la inherente desigualdad implicada por el lado burocrático
del estado suele traducirse en un trato autoritario, en el sentido que desconoce el derecho a
igual y respetuoso trato que, al menos en un régimen democrático, todo ciudadano/a
tiene.16
Por otro lado, la burocratización de una asociación es concomitante a su
legalización: varios tipos de reglas son emitidos con el propósito de regular el
funcionamiento de la asociación, incluyendo las relaciones de las autoridades con los
miembros de aquélla y las de éstos entre ellos. Asimismo, a medida que la asociación se
hace más compleja y burocratizada, los líderes colocados en su cima no tardan en
descubrir un fuerte interés—sobre el que Weber insistió—en regular y controlar los
comportamientos de los funcionarios de la propia asociación. Esto es común a toda
asociación compleja; sin embargo, el estado tiene la característica muy especial de que no
sólo apunta a regular su funcionamiento interno, sino que también externaliza su
legalidad. En contraste con otras asociaciones, el estado intenta controlar diversos
aspectos de toda asociación, grupo e individuo en el territorio que demarca. El estado
moderno penetra, sobre todo a través de su sistema legal, múltiples relaciones sociales. Al
hacerlo, los que están autorizados a hablar en nombre de esta particular asociación
típicamente afirman la pretensión de proveer a todos los que habitan en su territorio el
supremo bien público del orden y la previsibilidad, y si fuera necesario el respaldo
coercitivo, de una amplia gama de relaciones sociales. Típicamente, también, y tal como
ya vimos ocurre en otras asociaciones, esta pretensión proclama que tiene como referente
el bien común de la asociación en su conjunto, mas allá de sus características y clivajes
16
Discuto en tema en más detalle en O’Donnell 2002. Para una interesante aplicación
16
sociales concretos. Por supuesto y como ya señalé, la medida en que el estado tiene
realmente ese referente, así como la credibilidad de su invocación, son variables
históricamente contingentes.
3. EXCURSUS HISTÓRICO: ACERCA DEL ORIGEN DEL ESTADO.
La pretensión universal al bien común de toda autoridad adquiere características
particularmente exigentes cuando es planteada por una autoridad que intenta delimitar y
monopolizar el control de un territorio, máxime cuando lo hace en un mundo donde
también existen otros estados con similares pretensiones. En tal mundo, donde los seres
humanos, lo mismo que otros animales, tienden a ver la delimitación monopólica de su
territorio como condición crucial de su propia existencia, la pretensión del estado a la
lealtad suprema de sus habitantes es tan exigente como—a veces--efectiva.
El estado es un fenómeno relativamente reciente. Emergió en el Noroeste17 tras
largas y violentas luchas, luego que algunos gobernantes realizaran importantes logros.
Uno de ellos fue la expropiación de otras asociaciones políticas (especialmente señores
feudales, ciudades autónomas, y algunas instituciones religiosas) del control de los
medios de coerción y el consiguiente establecimiento de supremacía en el control sobre
el territorio que aquellos gobernantes reclamaban. El segundo logro fue la expropiación,
contra esas y otras asociaciones, de los medios de administración. Con ello esos statemakers crearon una burocracia de funcionarios asalariados y jerárquicamente
subordinados al poder central que estaban creando; esto implicó terminar con, o al menos
empírica de estas ideas ver Vargas Cullel y Gutiérrez Saxe 2002.
17
subordinar, diversas formas patrimoniales de apropiación de los medios de
administración.18
De estas maneras fueron plantadas las semillas del Rechsstaat, o Estado de
Derecho. En su expresión original, Prusia, la intención de los gobernantes no era en
absoluto democrática; más bien, la legalización y burocratización de este estado fue
consecuencia del interés percibido por los gobernantes de normalizar tanto el
funcionamiento interno del estado como las relaciones con sus principales interlocutores
domésticos, los Junkers y la burguesía, y al hacerlo aumentar el poderío interno y externo
de Prusia. Como consecuencia, los prusianos continuaron siendo súbditos políticos—no
ciudadanos—pero en muchas relaciones civiles y comerciales desde entonces pudieron
esperar ser tratados de acuerdo a reglas legales hechas públicas de antemano, que tenían
aplicación general y que supuestamente se aplicaban imparcialmente.
Un tercer logro de los state-makers estuvo cercanamente relacionado con los ya
señalados, pero tuvo características y secuencias que no siempre coincidieron con éstos.
Me refiero a lo que llamaría la expropiación de los medios de legalidad, por la cual varios
tipos de derecho consuetudinario, feudal, urbano y religioso fueron progresivamente
anulados o absorbidos por legislación emanada desde el nuevo centro. Los state-makers,
con la colaboración de juristas entrenados en el recientemente redescubierto derecho
romano (Keohane 1980) vieron la legalización como “un medio de poder político del
estado para afirmar una voluntad central uniforme en el conjunto de la comunidad.”
17
Uso este término para designar sucintamente los paises altamente desarrollados
situados en el cuadrante noroeste del mundo, a los que agrego, con gran licencia
geográfica, Australia y Nueva Zelanda.
18
(Varga 1991:334). Este fue un movimiento primero en el ámbito del derecho privado y
más tarde en el del derecho público, los cuales conjuntamente “dieron los medios para
establecer un estado burocrático, por el cual los príncipes pudieron contrarrestar la
independencia de los señores feudales.” (Stein 1999:91). El derecho ya no sería
emanación de la comunidad local, la tradición o la religión, sino expresión positiva de la
voluntad del gobernante,19 quien lo usó no sólo para eliminar otros tipos de derechos y
asociaciones políticas, sino también para crear un poder judicial de su confianza; los
state-makers “vieron la codificación como una manera de limitar la independencia de los
juzgados, cuyos jueces habitualmente representaban los intereses atrincherados de la
aristocracia provincial”20 (Stein 1999:103). La difusión del derecho escrito culminó en el
pathos racionalista y unificador de los primeros grandes códigos, el Allgemeines
Landrecht de 1791 Federico II de Prusia 21 y poco después los códigos de Napoleón. Al
menos en términos de los derechos civiles de la población masculina en el Noroeste,
estos movimientos hacia la construcción del estado fueron hechos por medio no sólo de la
burocratización sino también de una creciente homogeneización de la legalidad estatal
sobre el territorio correspondiente. Esto a su vez en buena medida significó la adquisición
(aunque por buen tiempo sólo para los hombres) de un “igual status y una sola e idéntica
capacidad jurídica para todos.”22
18
El análisis clásico de estos procesos se encuentra en Weber 1964. Ver también las
contribuciones de Otto Hintze (en Gilbert 1975) y, para un excelente panorama general,
Poggi 1978.
19
El common law británico es una excepción parcial—pero sólo parcial—a esto.
20
Stein 1999:103. Bourdieu 1996 agrega que una gran victoria de estos state-makers fue
crear tribunales de apelación controlados por ellos.
21
Quien triunfantemente afirmó que en su código tout sera prevu.
22
Bellomo 1995:8. Ver también Pennington 1993 y, por supuesto, nuevamente Weber
op.cit.
19
Estos procesos fueron coetáneos, aunque complejamente relacionados, con la
expansión del capitalismo. Una conexión crucial fue provista por la extensión del estado
y su legalidad, que por un lado institucionalizó la autoridad de la burocracia estatal y por
el otro promulgó las reglas legales que establecieron sólidas garantías de la propiedad
privada (incluso de los medios de producción), la comerciabilidad de la propiedad
inmobiliaria y la libertad de contratar, especialmente la libertad de vender la fuerza de
trabajo.23 Estos desarrollos, por su parte, crearon un espacio económico y una moneda
unificadas que fueron absolutamente fundamentales para la expansión y consolidación
del capitalismo.24 Todo esto promovió la otra gran expropiación de esos tiempos, la que
Marx enfatizó: la de los productores directos de la propiedad de los medios de
producción.
De estos procesos históricos que tan compactamente he resumido, quiero recalcar
algunos puntos. Uno que, como Tilly menciona, bajo el mapa contemporáneo de Europa
yace un cementerio de estados fallidos, los que fueron derrotados y absorbidos por los
estados existentes actualmente. Las numerosas guerras que emprendieron ayudaron
grandemente a producir estados altamente burocratizados, en cuyos centros existía claro
interés de extender y legalizar la dominación sobre poblaciones que proveían los
indispensables impuestos y soldados.25 El segundo punto es que estos procesos
significaron, además de la expansión burocrática de dichos estados, la agresiva expansión
23
Esto fué facilitado por la “recepción” del derecho Romano, que era “un derecho
altamente individualista. Incentivó la libertad de contratar sin ningún reconocimiento de
la desigualdad en el poder de negociación.” (Stein 1999:122). Ver también Anderson
1974.
24
Como Weber (1995:248) comentó "Fué el estado nacional [económicamente] cerrado
el que dió al capitalismo su posibilidad de desarrollo.”
25
Tilly 1975. Ver también Tilly 1985 y 1990 y Downing 1992.
20
de su legalidad. La construcción del estado incluyó la expansión y formalización del
derecho emanado del centro. Esto fue percibido como crucial para homogeneizar a la
población, en al menos dos sentidos: uno, para arrasar con lealtades y sistemas legales
locales, lo cual ayudó a crear una economía “nacional” unificada—y capitalista—que
contribuiría a los crecientes gastos del centro; y dos, para promover una identidad
colectiva directamente vinculada al estado emergente, y así diferenciar su población
frente a otros estados competidores. Si estas fueron las principales razones de los
impulsos legalizantes del centro, los gobernados, tanto clases y sectores dominantes
como subordinados (aunque por supuesto con complejas variaciones) aportaron sus
propios impulsos. Siguiendo la lógica que delineé en la sección anterior, esas clases y
sectores demandaron (o a veces obtuvieron como consecuencia de medidas preventivas
de los gobernantes) reglas legales e instituciones que protegieran sus vidas y bienes de los
excesos de arbitrio del estado. La doble cara del sistema legal del estado moderno,
control por un lado, y garantía y derechos por el otro, y a la larga su plena expresión en el
constitucionalismo contemporáneo, proviene del encuentro de estos convergentes aunque
a veces muy conflictivos impulsos.
El estado que resultó de estos procesos era, y es, absorbente, masculino y celoso.
Es absorbente porque intenta regular un amplio conjunto de relaciones sociales en su
territorio. El estado es masculino, en el sentido que éste era el género de prácticamente
todos los situados en su cúpula, lo que a su vez reflejaba la base social e ideológica de
dicho estado en la familia definida paternalísticamente. Aunque en los países del
Noroeste este carácter masculino ha sido atenuado, también aparece en los cimientos de
sus sistemas de bienestar social, originariamente basados en el modelo del hombre “jefe
21
de familia” asalariado y la mujer dedicada a actividades domésticas; ese mismo carácter
se ha atenuado mucho menos en América Latina, no sólo en términos de nuestros
(escasos) derechos sociales sino también de derechos civiles y de la continuidad, aunque
atenuada últimamente, de prácticas informales discriminatorias no sólo en el estado sino
en el propio régimen democrático.
Y el estado también es celoso. Donde, como generalmente es el caso, la nación no
precede al estado, el estado se esfuerza por crearla. Defino la nación como sigue:
La nación es un arco de solidaridades, una construcción política e ideacional que
postula la existencia de un “nosotros” que entraña un reclamo de lealtad por
encima y más allá de otras identidades e intereses y que, si ya no lo tiene,
frecuentemente busca asentarse o definirse en un territorio delimitado por un
estado.26
Con esta definición me alineo con la posición “constructivista” de la literatura reciente
sobre el tema.27 De acuerdo a esta visión, las naciones son construcciones políticas e
ideológicas, el resultado de historias, memorias, mitos y, al menos en algunos períodos,
de esfuerzos de movilización política. Como Sunny 2001:892 anota, “la identidad
nacional es un acto de suscripción a una comunidad continua con un pasado y un futuro,
26
De acuerdo a esta visión, las naciones son construcciones políticas e ideológicas, el
resultado de historias, memorias, mitos y, al menos en algunos períodos, de esfuerzos de
movilización política. Como Suny 2001:892 anota, “la identidad nacional es un acto de
suscripción a una comunidad continua con un pasado y un futuro, un destino
compartido.” Esta visión contrasta con versiones de nacionalismo “etnocultural” o
“primordialista,” (criticado entre otros por Habermas 1998, Maiz 2002a, y Stavenhagen
1996) que argumentan en favor de un tipo de existencia substantiva, transhistórica,
organicista y pre-política de la nación—éstas versiones han sido proclives a generar o
tolerar terribles actos de violencia.
22
un destino compartido.” Esta visión contrasta con versiones de nacionalismo “étnico” o
“etnocultural”28 que argumentan un tipo de existencia substantiva, transhistórica,
organicista y pre-política de la nación—obviamente, estas versiones han sido proclives a
generar o tolerar terribles actos de violencia.
Sabemos que algunas naciones carecen de estado y otras están contenidas en
estados donde otra nacionalidad predomina. Por otro lado, en la mayoría de los casos los
estados tratan de ser, y de lograr amplio reconocimiento como, estados-para-la-nación.
Por supuesto, esta intención ha generado grandes tragedias, por medio de la eliminación
cruel—o a veces la también cruel “asimilación”—de otras asociaciones políticas e
identidades colectivas.29
En las últimas dos décadas ha surgido una vasta literatura sobre naciones,
nacionalismo y etnicidad. No puedo discutir esta literatura en el presente texto, por lo que
me limito a unas pocas consideraciones. La pretensión de ser un estado-para-la-nación
tiene dos componentes, ya anotados al discutir las asociaciones complejas en general.
Uno de esos componentes es la demarcación de un “nosotros” frente a múltiples “otros.”
El segundo es la pretensión de ser la instancia principal de protección, interpretación y
realización de los intereses de la nación (o, a veces, del pueblo) como un todo. La nación,
frecuentemente construida como una comunidad indiferenciada que iguala a todos en su
27
Ver Breully 1993, Brubaker 1996, Maíz 2002a y 2002b, Sunny 2001 y Tamir 1993.
Para una útil compilación de textos relevantes ver Eley y Suny 1996.
28
Analizado y criticado entre otros por Habermas 1998, Maiz 2002a y 2002b y
Stavenhagen 1996
29
Esta no fué la única pero probablemente la principal razón de que “La historia de los
estados en Europa es, en parte, la historia de la más abominable violación de derechos
humanos.” (Held y Guibernau 2001: 431). Conviene agregar que las Américas en su
conjunto no han sido excepción.
23
condición de miembros de la misma, suele ser el principal referente del discurso estatal.
El estado celoso apunta a ser un foco amplia y firmemente compartido de identidad
colectiva. Quiere nuestra lealtad como miembros de la nación, por encima de las
identidades y lealtades que derivan de diversos clivajes sociales. En el límite, el discurso
del estado demanda que estemos dispuestos a morir en la guerra;30 en las relaciones
diarias, demanda nuestra obediencia a su sistema legal y a las decisiones que sus
funcionarios toman. Estas demandas están basadas en que es un estado-para-nosotros,
para nosotros en tanto miembros de la nación al servicio de la cual el estado dice31 estar
dedicado y de lo cual deriva su reclamo de ser obedecido. Esta pretensión de ser-paranosotros se concreta, en los típicos discursos del estado, en sus dos grandes
contribuciones: una, ser principal principio de orden en su territorio, a cuya población
brinda el supremo bien público de la estabilidad y previsibilidad de las relaciones
sociales; la otra, ser el ancla institucional y simbólica, al interior de su territorio y
externamente frente a otros estados, de la continuidad histórica de su nación.
Estas pretensiones son continuamente repetidas en rituales, himnos, banderas,
edificios, museos, textos escolares, historias y ceremonias, desde los viajes de Negara en
Bali32 hasta las coronaciones de reyes y las inauguraciones presidenciales. Esta densa y
repetida simbología reproduce la división entre gobernantes y gobernados, exhibe la cara
30
Ver la discusión de varios casos en Levi 1997. Agrego que Levi comenta que esta
disposición es contingente de la percepción generalizada que dicho riesgo recae
equitativamente sobre toda la población.
31
En esta y semejantes formulaciones no quisiera ser interpretado como reificando el
estado. Uso la expresión del texto principal como abreviación de “diversos funcionarios
estatales, incluso pero no exclusivamente los gobernantes, que pretenden estar
autorizados para hablar en nombre del estado.”
32
Sobre Negara ver Geertz 1980. Estas son parte de “las supremas ficciones por las
cuales [el orden social] vive” (Geertz 1985:33).
24
solemne con la cual el poder corporizado en el estado presenta la versión oficial de sí
mismo y le dice a los gobernados que cualquiera sea el poder que tenga, cruel o
benevolente, es en última instancia para su bien. Como dice David Kertzer (1988:62)
comentando a Durkheim, “No puede haber sociedad que no sienta la necesidad de
proclamar y afirmar a intervalos regulares los sentimientos colectivos y las ideas
colectivas que constituyen su unidad y personalidad.” Somos así interpelados, una y otra
vez, a re-conocer que todos somos, por encima de cualquier otra cosa, miembros de una
asociación que merece nuestra lealtad, y que dicha asociación no existiría sin el principio
de unidad que el centro es. Como ya vimos en la sección precedente, el centro—el
estado--espera identificación con la versión oficial de si mismo.33 Estos rituales son
usualmente desempeñados por instituciones del estado; ellos expresan, y refuerzan, una
cisura básica: “arriba,” una esfera donde gobernantes y funcionarios estatales dicen
orientar sus acciones hacia el bien común; y, “abajo,” asociaciones, grupos e individuos
dedicados a sus asuntos privados.
33
Esto, como sabemos fue destacado por primera vez por Marx 19??. Como Anthony D.
Smith (1991:16) comenta, “Los sistemas de educación pública masiva, compulsivos, y
estandarizados, a través de los cuales las autoridades estatales esperan inculcar devoción
nacional y una distintiva cultura homogénea, es una actividad que la mayoría de los
regímenes lleva adelante con considerable energía.” Desde un ángulo diferente pero en
este sentido concurrente ver Mann 1993. En muchos casos estos procesos han incluido la
imposición del lenguaje del centro como el lenguaje nacional; como Tarrow (2000:2)
anota “Al crear categorías uniformes y estandarizadas de ciudadanos asi como sus
correspondientes obligaciones, los estados también crearon lenguajes nacionales. Al crear
lenguajes nacionales, también se crearon formas culturales nacionalmente certificadas.
Mientras estas formas se creaban, otras formas eran relegadas a las categorías de
etnicidad, dialecto y folclore.” Aunque Tarrow se refiere a Europa, es claro que esto vale,
y en condiciones a menudo muy crueles, respecto de la suerte corrida por los pueblos
indígenas en las Américas—tema al que vuelvo abajo.
25
El discurso de la nación puede mezclarse con ideologías de racismo, xenofobia,
exclusión y similares, que muchas veces han autorizado horrores cometidos por el estado
y por movimientos que aspiran a crear su propio estado. En algunos casos, como parte de
la literatura contemporánea argumenta, el discurso de la nación puede devenir “cívico,”
en el sentido de no apelar a un todo orgánico sino a ciudadanos a quienes dicho discurso
acepta en su diversidad. 34 Pero aún en éstos casos los discursos nacionales del estado
invocan, y constantemente tratan de recrear, una lealtad primaria al “nosotros” colectivo
que el estado dice servir.35 De acuerdo con estos discursos somos todos iguales en nuestra
condición de miembros de la nación y desde los comienzos tempranos de nuestra
socialización nos recuerdan que esta membresía implica obligaciones preeminentes de
lealtad. Como comenta Lía Greenfeld (1992:7):
“El nacionalismo coloca como fuente de la identidad individual al ‘pueblo’ [o
nación, O’D], que es visto como portador de civilización, el objeto central de
lealtad y la base de la solidaridad colectiva. El ‘pueblo’…es usualmente percibido
34
Para discusiones sobre estas versiones “cívicas” del nacionalismo ver Brubaker 1996,
Habermas 1998, Maíz 2002a y 2002b y Tamir 1993. Pero, aunque es importante
reconocer junto con estos autores que actualmente algunos estados no tratan de eliminar o
“asimilar” a sus minorías culturales, sus apelaciones aún contienen importantes
elementos organicistas; además, estos mismos estados pueden ser extremadamente
agresivos en la arena internacional. Vale la pena mencionar que el lema del estado-nación
considerado epítome de nacionalismo cívico, Estados Unidos, es De Plurisbus Unum, y
que cuando, como en la actualidad, se siente amenazado internacionalmente sus líderes
tienden a realizar fuertes apelaciones a una lealtad nacional casi absoluta. Asímismo, el
país en el que se originó la idea de nacionalimo cívico o “constitucional” (ver Habermas,
cits.) puede argumentar ser un caso de tal nacionalismo sólo por un período, en términos
de tiempo histórico, muy corto.
35
Argumentando a favor de las visiones constructivistas de la nación (y el nacionalismo),
Tamir (1995:420) dice que mientras más sabemos de nacionalismo, menos es creíble “su
imagen de las naciones como comunidades homogéneas, naturales y continuas, con una
fe y descendencia común. Sin embargo, es precisamente esta imagen la que alimenta el
poder característico del nacionalismo.” Ramón Maíz (2002:15) agrega que “muchas de
las estrategias y discursos del nacionalismo son democráticamente injustificables.”
26
como mayor que cualquier comunidad concreta y siempre como
fundamentalmente homogéneo, sólo superficialmente dividido por clivajes de
estatus, clase y, en algunos casos, étnicos.”36
Esta superior unidad postulada dice hundir sus raíces en la historia--en realidad en
historias, en las que lo que se recuerda y conmemora suele ser tan importante como lo
que se olvida. Gillis (1994:7) al respecto comenta:
“La memoria nacional es compartida por gente que nunca se ha encontrado, pero
que se ven a si mismos como compartiendo una historia común. Ellos están
unidos tanto por lo que olvidan como por lo que recuerdan, ya que la memoria
moderna nació cuando Americanos (sic) y Europeos lanzaron un masivo esfuerzo
para rechazar el pasado y construir un futuro radicalmente nuevo ... Las nuevas
memorias requieren olvidos colectivos.”
Es por estas razones que la nación es, como Benedict Anderson (1991) la ha llamado
acertadamente, una “comunidad imaginada;”37 a pesar que su tamaño impide el contacto
directo de todos sus miembros, y “sin importar la desigualdad y explotación que pueda
prevalecer, la nación es siempre concebida como una profunda camaradería horizontal.”
Habermas (1998: 111) concuerda; “Pertenecer a la ‘nación’ hizo posible por primera vez
una relación de solidaridad entre personas que previamente habían sido extraños el uno
para el otro.”
En este sentido, recientemente algunos autores han señalado uno de los puntos
ciegos de la teoría democrática: su omisión de considerar empíricamente y teorizar que
36
Jurgen Habermas (1998: 111) concuerda; “Pertenecer a la ‘nación’ hizo posible por
primera vez una relación de solidaridad entre personas que previamente habían sido
extraños el uno para el otro.”
27
la democracia política nació y ha continuado existiendo con y en el marco de un estadonación.
Como dice nuevamente Habermas (1998:114), la emergencia de la democracia
estuvo inextricablemente ligada a:
“La idea moderna de nación…la nueva, legal y políticamente mediada, forma de
comunidad. La nación o Volksgeit—la verdadera primera forma de identidad
colectiva—dió la base cultural del estado constitucional.”
Fue debido a esta intersección que
“La democracia nació con un sentido de nacionalidad. Las dos están
fundamentalmente interrelacionadas, y ninguna puede ser completamente
entendida independientemente de esta conexión.”38
Este tipo de observación ha conducido a la crítica de la omisión por parte de la teoría
democrática de la “funcionalidad fundamental” que la nación ha tenido para la existencia
y el funcionamiento de la democracia.39 Esta “funcionalidad” tiene varias consecuencias
importantes. Una es que la ciudadanía tiene dos caras. Por un lado la ciudadanía está
implicada por el régimen democrático y por los derechos que éste asigna a todos/as los/as
ciudadanos/as, especialmente los derechos participativos de votar, ser elegido y en
37
Aunque, siguiendo lo argumentado en la sección precedente, habría que agregar que
normalmente esta comunidad no se reconoce horizontalmente sino mediante su
identificación con, y las interpelaciones desde, un centro—el estado.
38
Greenfeld 1992:7.
39
Maíz 2002a:14; ver en el mismo sentido Maíz 2002b y Canovan 1996. John Gray
(2000:123) concuerda: “El estado-nacional soberano es la gran premisa no examinada
del pensamiento liberal…La institución del estado-nación es tácitamente asumida por los
ideales liberales de la ciudadanía.”
28
general tomar parte en diversas actividades políticas.40 La otra cara de la ciudadanía—
derivada de la nacionalidad—es un estatus adscriptivo, obtenido pasivamente, antes de
cualquier actividad voluntaria, por el mero hecho de pertenecer, ya sea por jus solis o jus
sanguinis, a una nación. Como Preuss (1966:536) recuerda, comenzando con Atenas,
pasando por las repúblicas Italianas, y continuando con las democracias liberales
censitaires del siglo XIX, “la ciudadanía era un estatus de eminencia de una clase
distinguida de individuos a los que se les reconocía tener un interés especial en la
comunidad política.” Fue sólo más tarde, con los procesos subsiguientes de
democratización en el Noroeste, que la ciudadanía se extendió a prácticamente toda la
población adulta—pero fue asignada como un atributo de la nacionalidad por estados que
por razones domésticas e internacionales intentaban controlar a la población y sus
lealtades. Desde entonces, la ciudadanía define no sólo al miembro potencialmente activo
del demos democrático; también es un sinónimo de nacionalidad, la cual
“denota la pertenencia legal de un individuo a un estado en particular…[y] define
la categoría de personas que los estados soberanos reconocen como los objetos
legítimos de sus respectivos poderes soberanos.”41
La naturaleza adscriptiva de este lado de la ciudadanía significa que “el estado no es y no
puede ser una asociación voluntaria. Para la gran mayoría de la población, la ciudadanía
40
Hay, por supuesto, una amplia literatura sobre participación política. Sobre esta
cuestión, dos discussiones de carácter diferente pero muy útiles son Mansfield 1983 y
Nun 2000.
41
Preuss 1996: 538; ver también Stolcke 1997 para discusión pertinente de esta cuestión,
incluida el de “la nacionalidad como la regulación del acceso a la ciudadanía.”
29
no puede sino ser un estatus impuesto y atribuido.”42 El estado, esta asociación
peculiar—no voluntaria, basada en un territorio, sustentada en última instancia por la
coerción, altamente burocratizada y densamente legalizada—es un concomitante crucial,
e históricamente cristalizado, del régimen democrático. Es por esto que la práctica y la
teoría de la democracia no deberían ignorar—como suele ocurrir con excesiva
frecuencia—el papel fundamental que tiene el estado, por la positiva y por la negativa y
por acción u omisión, sobre el funcionamiento, la posible expansión y, por cierto, los
peligros de caducidad de la democracia.
La naturaleza combinada de la ciudadanía—activa y participativa por el lado del
régimen democrático y adscriptiva y pasivamente otorgada por el lado de la
nacionalidad—no ha impedido que, en las luchas que diversos sectores emprendieron por
el pleno reconocimiento de su derecho a ambas ciudadanías, el estado fuera un referente
institucional fundamental. Cuando, en el Noroeste, los campesinos, los trabajadores
urbanos, las mujeres y varias minorías lucharon por esos y otros derechos, uno de sus
referentes fundamentales fue, y sigue siendo, el estado. Esas luchas por derechos, algunos
tradicionales y otros inventados en el fragor de esas luchas, buscaban inscribirlos para
efectivizarlos. Es decir, buscaban que esos derechos fueran incorporados como parte del
sistema legal del estado y que se crearan, o reformaran, agencias estatales autorizadas y
dispuestas a efectivizarlos. Asimismo, no pocas veces, tal como ha venido ocurriendo con
las llamadas políticas “neo-liberales” esas luchas han incluido resistir los intentos—no
42
Brubaker 1992: 32
30
pocos de ellos exitosos en la historia reciente de varios de nuestros países—de abrogar
esos derechos. Es por eso que, como dice Tilly:43
“En general, la ciudadanía ha emergido como producto de conflictos [contention
en el original inglés, O’D], a veces de violentos conflictos ... Como consecuencia
de sus orígenes históricos y su continua negociación, la ciudadanía es siempre
incompleta y despareja.”
En estos sentidos, en el Noroeste el estado ha resultado un elemento fundamental en la
reducción de desigualdades, en la extensión de derechos civiles y en el logro para casi
todos de al menos un piso básico de derechos sociales. Como Vogler (1986:xii) comenta:
“En la medida que las desigualdades se han reducido [en el Noroeste]… esto ha
ocurrido al interior de las naciones, como resultado de la capacidad del estado de
regular políticamente las fuerzas del mercado al nivel nacional.”
El estado ha sido un lugar crucial de concentración de poderes en el cual y desde el cual
se ha luchado por múltiples derechos. Esto, claro está, ha presupuesto un estado que, en
sus burocracias y en su legalidad, ha debido plegarse a relaciones de poder que hicieron
posible, muchas veces contra los deseos de las clases y sectores dominantes, esas
conquistas. Durante el largo y tortuoso camino resultante, al menos en el Noroeste el
estado y el régimen se han “ensanchado,” mediante la admisión como participantes de
pleno derecho de clases y sectores antes excluidos. En ese proceso ese estado más ancho
se ha hecho más fuerte, incluso en términos de la crucial dimensión de su credibilidad, y
el régimen se ha enriquecido como canal de representación del conjunto de la ciudadanía.
43
Tilly 1999:415. Ver también Turner 1990.
31
Como implican las tesis que siguen abajo, poco de esto ha venido ocurriendo en América
Latina.
Antes de entrar en esas tesis anunciadas en el título del presente texto, tal vez sea
útil incluir algunas proposiciones:
1. El estado incluye tres dimensiones. Es un conjunto de burocracias, un
sistema legal y un foco de identidad colectiva para los habitantes de su
territorio; estas dimensiones pueden ser llamadas, respectivamente, la
eficacia, la eficiencia y la credibilidad del estado.
2. El grado y modo de realización de esas dimensiones es en cada caso una
variable históricamente contingente que, como tal, debe ser indagada
empíricamente.
3. Este tipo de asociación política es un fenómeno bastante reciente,
primeramente emergido en el Noroeste. En esta región ese proceso estuvo
marcado por la expropiación, por parte de los gobernantes de un centro
emergente, de los medios de coerción, de administración y de legalidad que
habían sido hasta entonces controlados por varios actores.
4. En el Noroeste, esta emergencia fue coetánea y complejamente relacionada
con la expansión del capitalismo, que incluyó aún otra expropiación, la de los
productores directos de los medios de producción.
5. Estos estados intentaron construir una nación cuando, como en la mayoría
de ellos, la nación no los precedía. Más tarde, la clara vocación de crear
naciones fue continuada, con mayor o menor éxito, por los estados de otras
regiones.
32
6. Los estados, incluyan o no un régimen democrático, proclaman ser, por
medio de sus gobernantes, funcionarios y varios tipos de intelectuales,
estados-para-la-nación (o para-el-pueblo).
7. Sobre esta base, los estados y sus voceros suelen afirmar que están al
servicio del bien común, o el interés público, de una nación postulada como
homogénea, y a la que tanto ellos como la población en general deben
prioridad en sus lealtades.
8. La democracia política contemporánea implica una ciudadanía de doble
faz: una potencialmente activa y participativa resultante de los derechos que
asigna el régimen democrático, y otra cara, adscriptiva y pasivamente
adquirida, que resulta del hecho de pertenecer a una nación dada.
4. DIEZ TESIS SOBRE EL ESTADO EN LA AMÉRICA LATINA
CONTEMPORÁNEA.
Hasta ahora, aunque he hecho algunas alusiones a América Latina, me he referido
básicamente a los estados del Noroeste. Los que sobrevivieron allí se aproximaron
bastante exitosamente a las tres dimensiones del estado que arriba especifiqué. Una es
que las burocracias estatales lograron proveer, no sin pasar serios problemas y crisis, una
gama generalmente reconocida como adecuada de bienes públicos y de soluciones a
problemas de acción colectiva. Otra es que, no sin sortear violentos conflictos, esos
estados lograron extender su legalidad sobre el territorio así como también sobre
muchas—aunque ciertamente no todas—relaciones sociales. Finalmente, y tercero, esos
estados fueron exitosos, aunque con significativas variantes a lo largo del tiempo, en ser
creíbles para la mayor parte de sus poblaciones: lograron ser verosímiles--para bien y
para mal—como intérpretes y realizadores de la identidad y del bien común de sus
33
naciones. La contrapartida de esto son poblaciones que reconocen a esos estados “como
sus propios estados ... [a partir de lo cual] el pueblo se produce a sí mismo continuamente
como una comunidad nacional.” Balibar 1991:93).
Estamos tratando, repito, con tres aspectos del estado. Uno, su eficacia como un
conjunto de burocracias; segundo, su efectividad como sistema legal; y tercero, su
credibilidad como realizador del bien común de la nación, o del pueblo. Obviamente,
ningún estado ha aproximado los valores más altos de estas dimensiones—y esto
seguramente es afortunado. Sin embargo, hay importantes diferencias comparativas a lo
largo de estas tres dimensiones. En América Latina, podemos decir que, con algunas
excepciones parciales, hemos tenido y seguimos teniendo estados que registran un bajo
puntaje en las tres dimensiones. La ineficacia de las burocracias estatales ha sido
ampliamente documentada. La escasa y sesgada penetración de los sistemas legales ha
sido menos mencionada, aunque recientemente algunos autores la hemos registrado.44 La
más ignorada, pero no menos importante, de estas deficiencias es la baja, y en algunos
casos decreciente, credibilidad de estos estados como intérpretes y realizadores del bien
común de sus poblaciones.
Grandes o pequeños en su tamaño como burocracias, estos estados son débiles.
Algunos de ellos han sido débiles en todos los respectos; otros han sido eficaces—a veces
terriblemente eficaces-- como máquinas represivas, pero poco han logrado normalizar y
homogeneizar sus naciones y sociedades. El gran tema, y problema, del estado en
44
En lo que me respecta, ver O’Donnell 1993. Recientemente, entre las
conclusiones de un estudio sobre la formación del estado en América
Latina, y en claro contraste con los países del Noroeste, Centeno 2002:275
anota que “La exitosa implantación de autoridad política [por parte del
estado central] sobre grandes territorios ha sido la excepción, no la regla.”
34
América Latina en el pasado, y aún en un presente en el que los regímenes democráticos
predominan, es que, con pocas excepciones, el estado no penetra ni controla el conjunto
de su territorio, ha implantado una legalidad frecuentemente truncada y la legitimidad de
la coerción que lo respalda es desafiada por su escasa credibilidad como intérprete y
realizador del bien común.45 Este es un estado que, por sí mismo y por los insumos que
operan desde esferas socialmente privilegiadas, se resiste a ser ensanchado y en el que,
además y con graves consecuencias para su credibilidad, cuando algunos derechos de
clases y sectores subordinados logran ser inscriptos, no pocas veces ellos no son
implementados. Estas falencias son un grave problema por muchas razones, incluso en
términos de desarrollo económico y social. También lo son porque estos estados y sus
gobiernos tienen escasa capacidad para democratizar sociedades en las que una larga
y muy asentada historia de desigualdad demanda persistentes esfuerzos en los que un
estado ensanchado debería jugar un papel central.
Sobre la base de lo dicho hasta ahora propongo a continuación diez tesis. Ellas no
están ordenadas teóricamente, pero derivan de las observaciones hechas hasta ahora y de
otras que agregaré en el resto de este texto.
Primera tesis. El problema principal del estado latinoamericano no es el tamaño de sus
burocracias sino la ineficacia de las mismas, la inefectividad de su sistema legal y la
45
Aunque hay valiosos estudios de casos nacionales, queda por hacer la teoría históricoestructural del estado en América Latina. Cardoso y Faletto 1969 dieron algunos pasos
importantes en esa dirección; más recientemente ver las contribuciones de Bresser Pereira
1996, Centeno 2002, Faletto 1989, Oszlak 1981 y Whitehead 1994.
35
escasa credibilidad de estado y gobierno. Este estado débil y “angosto” es un grave
impedimento para avanzar en la democratización de los respectivos países.
Como ya he aseverado esta tesis, paso a algunos correlatos de la misma.
Segunda tesis. Sin perjuicio de la necesaria eliminación de burocracias innecesarias y,
en general, de la racionalización de burocracias y procesos administrativos, el principal
tema de una reforma del estado debería ser el de para qué tipo de nación se propone que
ese estado sea.46 Entre otras consecuencias, la respuesta que se de a esta pregunta
determinará cuáles agencias son o no “innecesarias,” cuáles deberían ser reformadas y,
asimismo, cuáles creadas.
La furia anti-estatista de los años pasados (facilitada por el disfuncional elefantismo que
habían adquirido las burocracias estatales en no pocos países de la región) llevó a la
indiscriminada eliminación de agencias estatales, o a su apresurada y desfinanciada
“descentralización,” de maneras que han afectado gravemente el cumplimiento de
funciones básicas del estado, incluso en lo que respecta a la vigencia de elementales
derechos civiles y sociales. Nada podrá reemplazar la discusión política acerca de lo que
últimamente no es menos que la pregunta de qué tipo de nación y sociedad son posibles y
deseables y, por lo tanto, qué tipo de estado sería apto para avanzar en esa dirección.
Tercera tesis. Cada país de la región tiene sus peculiaridades, pero en casi todos hay
una amplia proporción de la población que se encuentra por debajo de un piso mínimo
de desarrollo humano, en términos no sólo de bienes materiales y de acceso a servicios
46
Entre los muy pocos textos que, que yo sepa, se hacen esta pregunta ver Sola 1994.
36
públicos, sino también de básicos derechos civiles. Los miembros de esta población no
son sólo pobres materialmente, lo son también legalmente—incluso les son negados de
hecho derechos que les están formalmente asignados. En este sentido, el sector popular
tiene claro interés en un estado fuerte (es decir, ancho así como razonablemente eficaz,
efectivo y creíble) ya que éste es el principal lugar donde puede inscribir y hacer
efectivos sus derechos de ciudadanía.
Cuarta tesis. La situación delineada en la tesis precedente es grave, por si misma y
porque tiende a corroer las bases de sustentación del propio régimen democrático. Su
corrección no puede ignorar irresponsablemente las severas restricciones—principal
pero no exclusivamente económicas y, atrás de ellas, de fuertes constelaciones de
poder—que sufren estos países; asimismo, esa corrección debe reconocer que el juego
democrático admite diversos criterios y estrategias, a ser dirimidos mediante los
acuerdos y los conflictos legalmente regulados que ese juego implica
El prudente reconocimiento de las restricciones existentes, sin embargo, no implica acatar
el pasivo acomodamiento—no ya un posibilismo sino lisa llanamente un
“imposibilismo”--al status quo que predican las ideologías dominantes y sus portadores.
Este es, nuevamente, el espacio propio de la política democrática, que puede abrirse
poniendo en discusión tesis como las que este texto propone y elaborando los grandes
“desafíos del desarrollo democrático de América Latina” que el presente proyecto está
elaborando.
37
Quinta tesis. Una condición para avanzar en la dirección indicada consiste en ampliar
la agenda pública—en especial de políticas públicas—de buena parte de los países de la
región. Esta agenda ha estado casi monopolizada por cuestiones de naturaleza
económica (casi siempre, además, definidas según intereses de clases y sectores
dominantes), así como por preocupaciones de seguridad que esa misma agenda ha
tendido a definir de maneras propicias a criminalizar la pobreza y, con ello, a acentuar
el ya hondo hiato existente entre el sector popular y resto de la sociedad.
Estas cuestiones, por supuesto, están impregnadas de poder. Quien maneja la agenda (qué
se va a discutir, por quiénes y en qué términos) ya casi ha ganado la partida.47 Tal vez la
indicación principal de las fallas de la representatividad que se supone contribuyen los
canales democráticos del régimen frente a otros “insumos,” sea la marcada estrechez de
nuestras agendas públicas. Los temas ausentes resultan principalmente de la pobreza
material y legal de muchos, y su consiguiente dificultad de movilizarse y ser
políticamente representados. Esas ausencias también resultan, como resulta de la segunda
tesis, de la escasa discusión pública acerca del tipo y propósito del estado que sería
compatible con, e instrumental para, el desarrollo humano y la expansión de la
democracia.
Sexta tesis. Salvo excepciones no muy frecuentes, el estado latinoamericano ha
presentado desde siempre una cara distante y ajena, cuando no hostil, a buena parte de
su población. Ha sido habitual (y aún con regímenes democráticos en no pocos casos lo
47
Tal como expresa Lukes 1974:21, es necesario “incorporar al análisis de las relaciones
poder la cuestión del control sobre la agenda de la política, así como de las maneras en
que ciertas cuestiones potenciales son excluidas del proceso político.”
38
sigue siendo) la doble discriminación implicada por la negación a muchos de sus
derechos junto con el otorgamiento de privilegios y la exención de obligaciones a otros;
el trato descomedido, cuando no violento por parte de diversos funcionarios estatales; y
las dificultades no pocas veces interpuestas al acceso a servicios estatales
fundamentales, educación, salud y justicia incluidos.
Esta cara del estado niega de hecho una ciudadanía que, propiamente entendida, se
pone en juego no sólo votando sino también en estos encuentros y desencuentros con sus
burocracias y su sistema legal.
Se trata de la cuestión de si es posible avanzar más allá del—importante—logro de un
régimen democrático hacia niveles, para llamarlos de alguna manera, decentes de
ciudadanía civil y social. Estos problemas, aunque por supuesto las incluyen, no se
refieren sólo a diversas minorías; los sufren también verdaderas mayorías, como las que
constituyen en muchos de nuestros países los pobres y, por cierto, las mujeres. Para todos
estos sectores se trata de la inexistencia de diversos derechos, de la falta de
implementación de otros, y de múltiples prácticas, algunas sutiles y otras violentas, de
discriminación.48 Esto vuelve al tema de la agenda, del juego democrático y, por cierto,
de la capacidad de compromiso y movilización con que las fuerzas democratizantes
impulsen avances que, podemos estar seguros, no ocurrirán espontáneamente.
48
Las cuestiones de género en su relación con el estado y la democracia merecen
tratamiento detallado que no he podido emprender aquí, aparte de menciones al carácter
masculino del estado y su acentuación en América Latina. Para reflexiones que, aunque
se centran en el caso de Brasil, contienen ricas implicaciones generales ver Jardim Pinto
2002. El tema de los pueblos indígenas lo trato más adelante.
39
Séptima tesis. La cara del estado mencionada en la tesis precedente tiene estrecha
relación con las profundas desigualdades existentes en nuestra región. Corregirlas
requerirá persistentes y prolongados esfuerzos.. Entretanto, se deberían hacer todos los
esfuerzos necesarios para que, con el respaldo de agencias estatales reformadas para
servir ese propósito (ver segunda tesis), se extienda al conjunto de la población una
amplia gama de derechos civiles y al menos una canasta básica de derechos sociales.
Esto no sólo sería un acto de justicia; también implicaría “empoderar” (empower) a los
sectores populares para que estén en mejores condiciones de ir definiendo y redefiniendo
sus propios intereses e identidades—esto sería a su vez expresión de la ampliación de la
agenda pública, de la vitalidad del juego democrático y de la receptividad de un estado
que se iría ensanchando en ese proceso.
Octava tesis. La distancia histórica existente en buena parte de la región entre el estado
y los diversos componentes del sector popular no ha disminuido en casi ningún país
durante las décadas recientes. Además de las razones anotadas en la tesis precedente,
este distanciamento parece haberse debido a dos procesos cercanamente conectados:
uno, la ostensible influencia, como insumos de políticas públicas, de intereses sobre los
cuales no es fácil argumentar que contribuyen a aspectos del bien común; segundo, la
actitud pasiva, si no obediente, que han exhibido varios gobiernos frente a la
globalización económica y financiera.
No hay duda que la globalización impone fuertes restricciones, incluso a los estados más
fuertes y desarrollados. Pero, como he argumentado en un texto ya mencionado
(O’Donnell 2002), hay una importante distancia entre esa constatación y la pasividad
40
gubernamental—es la distancia que media, por un lado, entre controlar algunas de las
consecuencias negativas de la globalización y, por el otro, adaptarse pasivamente y hasta
celebrar esas consecuencias. Como bien comenta un destacado especialista en el tema:
“La globalización económica de ninguna manera se traduce necesariamente en
una disminución del poder del estado; en realidad, está transformando las
condiciones en que las que se ejerce el poder del estado … Hay muchas buenas
rezones para dudar acerca de las bases teóricas y empíricas de los argumentos que
los estados-nación están siendo eclipsados por los patrones contemporáneos de
globalización.”
Con directo interés para nuestros países, este autor agrega:
“Por cierto, cualquier evaluación de los impactos acumulativos de la globalización
debe reconocer sus impactos altamente diferenciados, ya que ciertos tipos de
impacto—ya sean decisionales, institucionales, distribucionales o estructurales—
no son experimentados uniformemente por todos los estados ... el impacto de la
globalización es mediado significativamente por estrategias específicas de los
gobiernos, así como societales, para desafiar, administrar o aliviar los imperativos
de la globalización.”49
En conjunto, los problemas señalados en la presente y anteriores tesis ponen en cuestión,
tal vez como nunca--y, paradójicamente, bajo regímenes democráticos--la credibilidad
del estado como un estado-para-la-nación. En contraste, en la medida que el régimen
democrático conserve significados relevantes y que, más aún, se logre vigorizarlos en el
sentido indicado en la séptima tesis, el estado debería ser, y ser generalizadamente
reconocido como, un estado-para-una-nación-de-ciudadanos/as; es decir, como
interpelador y promotor de ciudadanía, no como invocador de una comunidad
49
Held 1999:441. Para similares conclusiones de otro reputado especialista ver Agnew
1999.
41
orgánicamente definida que, como bien sabemos en América Latina, puede ser
eficazmente manipulada por diversos autoritarismos.
Novena tesis. Las sociedades latinoamericanas—nuevamente, con pocas excepciones—
siguen siendo sumamente fragmentadas y desiguales. Esto plantea cruciales desafíos,
algunos de ellos resumidos en las tesis precedentes. Una manera de avanzar en superar
esta vieja y muy estructurada situación es extender homogéneamente la legalidad estatal,
para que abarque no sólo el conjunto del territorio sino también a todas las categorías
sociales. No se trata de implantar sólo un estado de derecho (aunque en varios sentidos
esto no dejaría de ser un avance importante) sino un estado democrático de derecho; es
decir, un tipo de estado que, además de las garantías de previsibilidad y debido proceso
del primero, consagre efectivamente los derechos de la ciudadanía.
Décima tesis. La necesidad de ampliar y homogeneizar la legalidad democrática del
estado plantea una paradoja frente a la reciente emergencia y, en general, creciente
reconocimiento, de los derechos colectivos de diversas minorías, sobre todo de los
pueblos indígenas. En todos los países, incluso los del Noroeste, el contacto entre la
legalidad estatal y la cultura, identidad y legalidad de esos pueblos da lugar a severos
problemas, que a veces no admiten soluciones realmente satisfactorias para nadie. Pero,
y mostrando alentadoramente que el élan democrático de las últimas décadas de
América Latina no ha sido puramente formal, recientemente varios países han hechos
avances importantes (al menos en contraste con el desconocimiento y la brutalidad con
que estos temas fueron tratados en el pasado) en el reconocimiento de la identidad y
42
derechos de esos pueblos. 50 Esto implica una complicada pero no imposible doble tarea:
por un lado, extender la legalidad estatal hasta eliminar las a veces amplias regiones en
las que prevalecen de hecho legalidades sultanísticas o mafiosas y, por otro, hacerlo de
tal manera que establezca una respetuosa convivencia con la de los pueblos indígenas.
Aunque no puedo fundamentar este argumento aquí, estoy persuadido que, en la medida
en que la democracia presupone el reconocimiento de todo individuo como un agente
dotado de razón práctica y de la consiguiente dignidad,51 ella establece una base
universalista de trato fundado en el respetuoso reconocimiento mutuo, incluso con
personas que tienen concepciones más colectivas, o comunitarias, de su propia identidad.
Como en otros temas, hay aquí un largo camino a recorrer, pero—felizmente—es uno en
el que la democratización parece estar teniendo efectos positivos.
4. CONCLUSIÓN.
No corresponde al objetivo de este texto ni a las capacidades de su autor proponer las
medidas concretas que permitirían avanzar en la resolución de los problemas y
preocupaciones enunciados en las tesis precedentes. Además, la diversidad de nuestros
50
Sobre este importante tema ver especialmente Assies 2001 y 2002, Sieder
2002, Stavenhagen 1996 y 2002 y Van Cott 2000. Assies 2002 resume
adecuada y elocuentemente los términos en los que se planteó la cuestión en
América Latina, y que aún no falta poco para superar: “Ciertamente, en el
caso de América Latina no se trató de naciones en busca de un estado, sino
de estados en busca de una nación. Las “comunidades imaginadas” fueron
imaginadas por y para la elite criolla, auto-proclamándose “el pueblo”.
Cuando este “pueblo” se reunió en asamblea a fin de elaborar un contrato
una Constitución--las mujeres estaban afanadas cocinando y los sirvientes—
gente india y negra--igualmente estaban ocupadas buscando leña, trayendo
agua, recogiendo papas y verduras y matando cerdos y novillos a fin de
alimentar la asamblea.” Un interesante estudio histórico de dos casos
latinoamericanos es Mallon 1996.
43
países demanda cautela al proponer criterios de aplicabilidad general. Por eso las que
anteceden son lo que son: tesis que espero susciten discusión dentro y más allá de los
importantes foros que provee el proyecto de PNUD para el que las he escrito.
51
Desarrollo este tema en O’Donnell 2002, texto al que debo nuevamente remitirme.
44
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