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La libre circulación de personas

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La libre circulación de personas
LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS
El derecho de las personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea
constituye la piedra angular de la ciudadanía de la Unión que creó el Tratado de Maastricht
de 1992. No obstante, su aplicación práctica en el Derecho de la Unión no ha resultado fácil.
En un primer momento supuso la supresión gradual de las fronteras interiores, inicialmente
entre un pequeño grupo de Estados miembros, conforme a los acuerdos de Schengen. Hoy
en día, las normas que rigen la libre circulación de personas se recogen principalmente en la
Directiva 2004/38/CE, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros
de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, aunque
subsisten importantes obstáculos a su aplicación.
FUNDAMENTO JURÍDICO
Artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE); artículo 21 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); y títulos IV y V del TFUE.
OBJETIVOS
El concepto de la libre circulación de personas ha ido evolucionando desde su creación. Las
primeras disposiciones en la materia, que se encontraban en el Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea de 1957 (1.1.1, 3.1.3 y 3.1.4), se referían únicamente a la
libre circulación de trabajadores y a la libertad de establecimiento, es decir, a las personas
en cuanto empleados o prestadores de servicios. El Tratado de Maastricht[1] introdujo el
concepto de ciudadanía de la Unión Europea[2]. Todos los nacionales de un Estado miembro son
automáticamente ciudadanos de la Unión. La ciudadanía de la UE es la que sustenta el derecho
a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. El Tratado de Lisboa
confirmó este derecho, que también se incluye en las disposiciones generales sobre el espacio
de libertad, seguridad y justicia.
RESULTADOS
A.
Espacio Schengen
El hito fundamental en la creación de un mercado interior con libre circulación de personas fue
la celebración de los dos acuerdos de Schengen: el Acuerdo de Schengen propiamente dicho, de
14 de junio de 1985, y el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, que se firmó el 19 de
junio de 1990 y entró en vigor el 26 de marzo de 1995. Inicialmente, el Convenio de aplicación
del Acuerdo de Schengen (firmado únicamente por Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y
los Países Bajos) se inscribía en el marco de la cooperación intergubernamental en los ámbitos
de la justicia y los asuntos de interior. Un protocolo anejo al Tratado de Ámsterdam dispuso la
[1]Tratado de la Unión Europea, que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993.
[2]Véase la segunda parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, titulada «No discriminación y
ciudadanía de la Unión».
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transferencia del «acervo de Schengen» (5.12.4) a los Tratados. En la actualidad, con arreglo al
Tratado de Lisboa, está sujeto a control parlamentario y judicial. Como la mayor parte de las
normas de Schengen ya forman parte del acervo de la Unión, desde la ampliación de la Unión
Europea del 1 de mayo de 2004, los Estados que se adhieren no pueden optar por acogerse a la
cláusula de exclusión (artículo 7 del Protocolo de Schengen).
1.
Países participantes
Actualmente 26 países participan plenamente en el sistema Schengen: 22 Estados miembros
de la Unión Europea más Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein (en régimen de países
asociados). Irlanda y el Reino Unido no son partes del Convenio, pero pueden optar por la
aplicación de determinadas disposiciones del acervo de Schengen. Dinamarca, que forma parte
de Schengen, puede optar por quedar excluida de cualquier nueva medida en el ámbito de
la justicia y los asuntos de interior, incluidas las relativas a Schengen, aunque está vinculada
por determinadas medidas de la política común de visados. Bulgaria, Rumanía y Chipre se
han de integrar en Schengen, aunque existen retrasos por diversos motivos. Croacia inició el
procedimiento de solicitud de adhesión al espacio Schengen el 1 de julio de 2015.
2.
Alcance
Entre los logros relacionados con el espacio Schengen se cuentan:
a.
la supresión de los controles en las fronteras interiores para todas las personas;
b.
la adopción de medidas de refuerzo y armonización de los controles en las fronteras
exteriores: todos los ciudadanos de la Unión pueden acceder al espacio Schengen mediante la
mera exhibición de un documento de identidad o pasaporte (5.12.4);
c.
la política común de visados para estancias de corta duración: los nacionales de terceros
países incluidos en la lista común de países no miembros cuyos ciudadanos necesitan un visado
de entrada (véase el anexo II del Reglamento (CE) n.º 539/2001 del Consejo) pueden obtener
un único visado válido para todo el espacio Schengen;
d.
la cooperación policial y judicial: las fuerzas de policía colaboran entre sí para descubrir
e impedir delitos y tienen derecho a adentrarse en el territorio de un Estado Schengen limítrofe
para perseguir a delincuentes fugitivos; también se ha agilizado el sistema de extradición y el
reconocimiento de resoluciones penales (5.12.6. y 5.12.7.);
e.
el establecimiento y desarrollo del Sistema de Información Schengen (SIS) (5.12.4).
3.
Retos
Aunque se suele considerar que el espacio Schengen es uno de los principales logros de la Unión
Europea, recientemente ha sufrido tensiones considerables a causa de la llegada a la UE de
refugiados y migrantes en un número sin precedentes. A partir de septiembre de 2015, la cantidad
de recién llegados ha llevado a varios Estados miembros a reintroducir temporalmente controles
en las fronteras interiores de Schengen. En mayo de 2016, se tomó un paso más, al recomendar
el Consejo, a propuesta de la Comisión, que cinco países reintrodujeran temporalmente los
controles en las fronteras por un periodo de hasta seis meses a consecuencia de las «deficiencias
graves y persistentes» en la gestión de las fronteras exteriores que se habían detectado en Grecia.
Aunque todos los controles temporales de las fronteras se han ajustado a lo dispuesto en el
Código de fronteras Schengen[3], esta ha sido la primera vez en la historia de Schengen en que
se han establecido estos controles a una escala semejante. Otro desafío al espacio Schengen de
[3]Reglamento (UE) n.º 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se
establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen),
que constituye una codificación el Reglamento (CE) n.º 562/2006 y sus modificaciones.
Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2016
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desplazamientos sin pasaporte es el agravamiento de la amenaza terrorista. Así, los atentados
perpetrados en París y Bruselas pusieron de manifiesto la facilidad con que personas sospechosas
e incluso acusadas formalmente de terrorismo habían entrado y se habían desplazado en el
espacio Schengen. Los retos presentes han servido para subrayar el vínculo indisociable entre
una rigurosa gestión de las fronteras exteriores y la libre circulación dentro ellas y han llevado
a la Comisión a presentar propuestas para reforzar los controles de seguridad de las personas
que entran en el espacio Schengen y para mejorar la gestión de las fronteras exteriores (5.12.4
y 5.12.7).
B.
Libre circulación de los ciudadanos de la UE y de los miembros de sus familias
1.
Primeros pasos
A fin de transformar la Comunidad en un auténtico espacio de libertad y movilidad para todos
sus ciudadanos, en 1990 se adoptaron las siguientes directivas para que se pudiera conceder el
derecho de residencia a personas que no fueran trabajadores: Directiva 90/365/CEE del Consejo
relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que
hayan dejado de ejercer su actividad profesional, Directiva 90/366/CEE del Consejo relativa al
derecho de residencia de los estudiantes, y Directiva 90/364/CEE del Consejo relativa al derecho
de residencia (para los nacionales de los Estados miembros que no disfruten de dicho derecho
en virtud de otras disposiciones del Derecho comunitario, así como para los miembros de sus
familias).
2.
Directiva 2004/38/CE
Al objeto de incorporar la extensa jurisprudencia en materia de libre circulación de personas, en
2004 se adoptó una nueva directiva de carácter global: la Directiva 2004/38/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la
Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los
Estados miembros. La nueva Directiva derogó varias directivas anteriores, incluidas las tres
mencionadas anteriormente, y reunió las disposiciones dispersas en diferentes actos legislativos
y las contribuciones de la jurisprudencia. Con ella se pretende alentar a los ciudadanos de la
Unión Europea a ejercer su derecho a la libre circulación y residencia en los Estados miembros,
reducir al máximo la burocracia y definir mejor la situación de los miembros de las familias,
así como limitar los supuestos en que se puede denegar la entrada o poner fin al derecho de
residencia. En virtud de la Directiva 2004/38/CE, se consideran miembros de la familia a:
el cónyuge; la pareja registrada, si la legislación del Estado miembro de acogida equipara la
relación de pareja registrada al matrimonio[4]; los descendientes directos menores de 21 años o
a cargo, incluidos los del cónyuge o de la pareja registrada; y los ascendientes directos a cargo,
incluidos los del cónyuge o la pareja registrada.
a.
Derechos y obligaciones:
—
Para estancias inferiores a tres meses: el único requisito aplicable a los ciudadanos de la
Unión es la posesión de un documento de identidad o un pasaporte válidos. El Estado
miembro de acogida puede pedir a los interesados que dejen constancia de su presencia en
el país en un plazo de tiempo razonable y no discriminatorio.
—
Para estancias superiores a tres meses: el derecho de residencia está sujeto a determinadas
condiciones: el ciudadano de la UE y los miembros de su familia, si no trabajan,
deben disponer de recursos suficientes y de un seguro de enfermedad de manera que no
representen una carga para los servicios sociales del Estado miembro de acogida durante
[4]Se incluye a las parejas registradas o matrimonios del mismo sexo, si la legislación del Estado miembro de acogida
equipara la relación de pareja registrada homosexual o el matrimonio homosexual al matrimonio.
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su estancia. Aunque los ciudadanos de la Unión no necesiten permiso de residencia, los
Estados miembros pueden solicitarles que se registren ante las autoridades. Los familiares
de ciudadanos de la Unión que no sean nacionales de un Estado miembro deben solicitar
un permiso de residencia, válido para la duración de su estancia o para un período de cinco
años.
—
Derecho de residencia permanente: la Directiva otorga a los ciudadanos de la Unión el
derecho de residencia permanente en el Estado miembro de acogida después de haber
residido en él legalmente durante un periodo ininterrumpido de cinco años, siempre que
no se haya dictado ninguna decisión de expulsión contra ellos. Este derecho de residencia
permanente ya no se encuentra sujeto a ninguna condición. La misma norma se aplica a los
miembros de la familia que no son ciudadanos de un Estado miembro y que han residido
durante cinco años con un ciudadano de la Unión. El derecho de residencia permanente
únicamente se pierde en caso de ausencia del Estado miembro de acogida durante un
periodo superior a dos años consecutivos.
—
Restricciones al derecho de entrada y de residencia: los ciudadanos de la Unión o los
miembros de sus familias pueden ser expulsados del Estado miembro de acogida por
razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Bajo ningún concepto se podrá
adoptar una decisión de expulsión por motivos económicos. Las medidas que afecten a la
libertad de circulación y de residencia deben cumplir con el principio de proporcionalidad
y basarse exclusivamente en la conducta personal del individuo al que se apliquen. Dicha
conducta deberá representar una amenaza real y suficientemente grave para los intereses
fundamentales del Estado. La existencia de condenas penales previas no justifica de forma
automática la expulsión. La mera caducidad del documento de identidad utilizado por la
persona en cuestión al entrar en el Estado tampoco constituye motivo suficiente para su
expulsión. Si un ciudadano de la Unión Europea ha residido en el país de acogida durante
diez años o si es menor de edad, solo podrá adoptarse una decisión de expulsión contra él
en circunstancias excepcionales, por motivos imperiosos de seguridad pública. En ningún
caso se podrá denegar de por vida la entrada en el territorio y las personas objeto de una
prohibición de entrada pueden solicitar una revisión al cabo de tres años. También pueden
recurrir ante los tribunales, así como, si procede, presentar un recurso administrativo en el
Estado miembro de acogida.
Por último, la Directiva permite a los Estados miembros adoptar las medidas necesarias para
denegar, extinguir o retirar cualquier derecho conferido por la Directiva en caso de abuso de
derecho o de fraude, como los matrimonios de conveniencia.
b.
Aplicación de la Directiva 2004/38/CE
La Directiva ha sido objeto de numerosos problemas y controversias, y se han constatado graves
deficiencias en su aplicación y la persistencia de obstáculos a la libre circulación. Tenía que
haberse transpuesto en las correspondientes legislaciones nacionales y aplicarse en todos los
Estados miembros a partir del 30 de abril de 2006. El 10 de diciembre de 2008, la Comisión
presentó al Consejo y al Parlamento Europeo un informe sobre la aplicación de la Directiva, en
el que se señalaban una serie de importantes problemas en las disposiciones de transposición[5] y,
en 2009, la Comisión publicó una comunicación con orientaciones para una mejor transposición
y aplicación de la Directiva[6]. Desde entonces, la Comisión ha iniciado procedimientos por
incumplimiento contra varios Estados miembros por transposición incorrecta o incompleta de
la Directiva, pero subsisten los problemas, como demuestra, por ejemplo, el gran número de
[5]COM(2008) 0840.
[6]COM(2009) 0313.
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peticiones presentadas al Parlamento Europeo en la materia y la considerable cantidad de asuntos
pendientes ante el Tribunal de Justicia que tratan de arrojar luz sobre algunas de las zonas
grises de la Directiva. Sin embargo, no solo son los obstáculos a la libre circulación los que han
suscitado controversias, sino también la percepción de que hay ciudadanos de la UE que abusan
de las normas sobre libre circulación con fines de «turismo de prestaciones sociales». Aunque
toda la información disponible indica que el número de migrantes que acceden a la seguridad
social en otro Estado miembro distinto del suyo es muy reducido, esta cuestión tiene una gran
carga política y ha llevado a algunos Estados miembros a pedir una reforma de la Directiva de
2004 o de los propios Tratados.
c.
Periodo transitorio para los trabajadores de los nuevos Estados miembros de la UE
El Tratado de Adhesión firmado el 16 de abril de 2003 permitió a los «antiguos» 15 Estados
miembros de la UE aplicar «disposiciones transitorias» a los ciudadanos de los Estados
miembros que se adhirieron a la Unión en 2004, pudiendo mantener determinadas restricciones
a la libre circulación de los ciudadanos de los «nuevos» Estados miembros durante un periodo
de hasta siete años a partir de la fecha de adhesión. En el caso de Bulgaria y Rumanía, este
período iba del 1 de enero de 2007 al 1 de enero de 2014, y en el de Croacia, está vigente desde el
1 de julio de 2013, aunque, tras el período inicial de dos años que finalizó en julio de 2015, solo
Austria, Malta, los Países Bajos, Eslovenia y el Reino Unido siguen aplicando restricciones.
d.
Nacionales de terceros países
Para obtener más información sobre las disposiciones aplicables a los nacionales de terceros
países que no sean miembros de la familia de un ciudadano de la UE, véase la ficha 5.12.3.
PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento lleva mucho tiempo luchando denodadamente para defender el derecho a la libre
circulación, al que considera un principio esencial de la Unión Europea. En su Resolución,
de 16 de enero de 2014, sobre el respeto del derecho fundamental a la libre circulación en la
UE, el Parlamento pide a los Estados miembros que cumplan las disposiciones del Tratado
relativas a las normas de la UE sobre la libertad de circulación y que garanticen el respeto
del principio de igualdad y el derecho fundamental a la libre circulación respecto de todos los
Estados miembros. En respuesta al actual debate sobre el turismo de prestaciones sociales, se
opone con firmeza a los llamamientos de algunos dirigentes europeos a favor de cambios y
restricciones a la libre circulación de ciudadanos con ocasión de la expiración, el 1 de enero
de 2014, de la normativa transitoria sobre la libre circulación de los trabajadores de Bulgaria y
Rumanía. El Parlamento también rechaza cualquier propuesta de limitar el número de migrantes
de la UE por ser contrario al principio de libertad de circulación de las personas consagrado en
el Tratado de la UE. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el estricto
cumplimiento de la legislación de la Unión de modo que todos los trabajadores de la UE reciban
el mismo trato y no sean discriminados en el acceso al empleo, las condiciones de trabajo y
empleo, la remuneración, el despido y las ventajas sociales y fiscales. Por último, recuerda a
los Estados miembros que es responsabilidad suya luchar contra los abusos de los sistemas de
asistencia social, con independencia de que sean cometidos por sus propios nacionales o por
otros ciudadanos de la UE.
En relación con la presión sufrida por el espacio Schengen debido a la llegada masiva de
refugiados y migrantes durante 2015, el Parlamento reiteró, en su Resolución, de 12 de abril de
2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión
sobre la migración, que el espacio Schengen es «uno de los mayores logros de la integración
europea», y volvió a mostrar su preocupación ante el hecho de que, como respuesta a la presión
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migratoria, «algunos Estados miembros hayan considerado necesario cerrar fronteras interiores
o introducir medidas temporales de control de fronteras, poniendo con ello en cuestión el debido
funcionamiento del Espacio Schengen».
Darren Neville
05/2016
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