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El racismo como ordenador de la política inmigratoria

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El racismo como ordenador de la política inmigratoria
Los siriolibaneses y la
Ley de 1890: El racismo
como ordenador de la
política inmigratoria
Sylvia Acerenza Prunell
Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX
–lo que llamamos período de la inmigración masiva–, fueron miles,
los inmigrantes que de todas partes llegaron al puerto de Montevideo. Nuestro país ha configurado desde entonces en su imaginario social, la noción de ser un país de puertas abiertas. A fin de
clarificar esta cuestión, vamos a analizar los criterios que inspiraron la legislación inmigratoria del Uruguay promulgada entre los
siglos XIX y XX; esto es, en los momentos en que tenía lugar el
mayor flujo de inmigrantes en toda la historia del país, lo que a la
postre le daría su fisonomía cultural distintiva.
Desde la fundación del Estado con la Constitución de 1830
hasta la ley de inmigración de 1890, la legislación inmigratoria
uruguaya procuró incrementar el número de extranjeros que llegaran a nuestras costas, con el propósito de fomentar la radicación de los mismos para así llenar el vacío poblacional existente y por consecuencia, propender al crecimiento económico y
social del país. A este respecto, cabe recordar que la población
total de la República recientemente independizada, se estimó
apenas en 74.000 habitantes. No obstante, los esbozos de políticas inmigratorias llevados adelante por el Estado uruguayo, redundaron la mayoría de las veces en vanos intentos. Así, no se
efectivizó el intento de fijar una gran cantidad de extranjeros en el campo, a pesar de
las exoneraciones tributarias brindadas a los que pudieran venir con la intención de
establecer colonias agrícolas; por el contrario, los inmigrantes se fueron radicando
mayoritariamente en la capital del país, acentuando de ese modo su macrocefalia urbana. Por razones que tienen que ver con la estructura económica y social heredada del
período colonial, los inmigrantes no vieron facilitado el acceso a la tierra y puede
decirse que ningún efecto tuvieron disposiciones legales que incluyeron exoneraciones
tributarias a los buques que trajeran familias que habrían de dedicarse a la agricultura
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así como la introducción de instrumentos de labranza y semillas por parte de esos
hipotéticos colonos. Igualmente, el Estado creó comisiones para la regulación del proceso inmigratorio y de obtención de la ciudadanía por parte de los extranjeros, pero no
se registraron avances en tal sentido. Sin embargo, más allá de estos intentos frustrados, no se detectan en el derecho uruguayo antecedentes a esa primera gran ley de
inmigración de 1890, que llevó el número 2096, en lo que se refiere a patrones de
aceptación o rechazo de los extranjeros que llegaran; no hay pues ninguna ley, ningún
decreto, ningún reglamento que trate con anterioridad el tema.
El proyecto legislativo inicial estaba inspirado en general en la legislación argentina y más específicamente en la ley Avellaneda de 1876. A pesar de reconocer en ella
el antecedente más próximo, su par uruguaya, redactada más de diez años después
presenta características propias que la distinguen.
Podríamos decir que la legislación nacional es, tal vez, más explícita y clara al
momento de identificar los patrones de rechazo.
Según Oddone (1966:50), esa ley de 1890 es “más una reglamentación policial a
gran escala que una intervención racional del Estado, desde que las contradicciones
mayores del proceso inmigratorio no se resolvieron”. En consecuencia, puede decirse
que la Ley de Inmigración de 1890 marca el comienzo del control estatal de la inmigración, que hasta entonces carecía de una normativa establecida que definiera las
reglas de juego tanto para las autoridades de inmigración, como para las empresas
navieras o para los extranjeros que llegaban al país en busca de mejor fortuna. Hasta
ese momento la inmigración era espontánea, regulada sólo por las cadenas establecidas entre los que estaban en la tierra de origen y aquellos que llamaban a sus coterráneos para que vinieran a probar suerte a estas nuevas tierras.
A nivel estatal la preocupación era fomentar la venida de agricultores extranjeros,
que poblaran nuestros campos e introdujeran nuevas técnicas y nuevos cultivos, modernizando y dinamizando la producción agrícola en un país eminentemente ganadero.
Es por esa razón que el Parlamento, a través de la Comisión de Hacienda de la Cámara
de Representantes –integrada por los diputados Francisco Bauzá, Carlos María Ramírez,
Domingo Mendilharsu, Pedro Carve, Felipe Lacueva, Lucas Herrera y Obes y Perfecto Giribaldi– propuso, en 1887, elaborar un proyecto de ley que regulara el curso de la
inmigración y de la colonización agrícola en el país. Dicho proyecto estuvo pronto para
ser considerado por la Cámara en mayo de 1888, bajo el nombre de “Ley de inmigración, colonización y agricultura” y contaba con un articulado mucho más amplio que
el que fuera aprobado en 1890. Con respecto a la colonización, las medidas propuestas
eran muy similares a las contenidas en la Ley Avellaneda, si bien los legisladores dicen
haber tomado como ejemplo, no sólo las experiencias del país vecino, sino también de
Brasil, Australia, Estados Unidos y Chile, a los efectos de encontrar la vía que más se
aplicara a las características propias de nuestro país. Estos aspectos se encuentran presentados en un estudio preliminar, que define problemáticas y objetivos de la ley, realizando un pormenorizado análisis de la situación de inestabilidad e indefensión de
nuestra frontera norte y definiendo las ventajas del establecimiento de colonias de
extranjeros –especialmente españoles–, en estos puntos lejanos de la capital, como forma
de defender un territorio que estaba a merced de los brasileños. El diputado Herrero y
Espinosa presentó un proyecto de ley que iba en el mismo sentido, al establecer escuelas rurales en esa zona de nuestro territorio, propuesto también en 1887.
De este primer proyecto elaborado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de
Diputados, fue eliminado el articulado referido a la colonización, por carecer el Estado
de los recursos previstos para llevar a cabo tal empresa. Sin embargo, las disposiciones
relativas a la inmigración que constituyeran posteriormente la ley de 1890, se encuentran
en este texto inicial. Por su parte, en 1889, las Comisiones de Legislación y Hacienda del
Senado, presentan un mensaje, suscrito por Manuel Herrera y Obes, Juan Lindolfo Cuestas,
Carlos de Castro, Manuel A. Silva y Jaime Mayol. En el mismo se hacían consideraciones generales sobre el proceso inmigratorio orientado hacia las jóvenes naciones del
Plata, el que estaba claramente influido por las ideas positivistas en boga, y así, entre
otras cosas expresaba que “estos países sudamericanos han pasado por un período de
fiebre de inmigración que va pasando a medida que la práctica ha venido demostrando
que no es dado a los hombres forzar la marcha económica, que el progreso tiene sus
etapas, sus épocas, de las que no es posible prescindir ni violentar” (Arteaga; Puigross;
1987:436). Pero, además, el informe eludía toda referencia al fomento de colonias agrícolas lo que pone en evidencia que se había entendido que el país no tenía posibilidades
de generar condiciones para que los inmigrantes obtuvieran tierras; eso significaba afirmar que no se cambiaría la situación de amplio predominio de la explotación ganadera
extensiva. Así lo demuestra la sugerencia de que los estancieros, los agricultores, los
industriales y las empresas de colonización, pidieran “estrictamente el número de personas que [pudieran] colocar”, ya que de no ser así, “la perturbación [tendería] a producirse” (Arteaga; Puigross; 1987: 436). El miembro informante del proyecto indicado –que
lo fue Juan Lindolfo Cuestas, quien después sería Presidente de la República– señaló,
además, que “hemos visto llegar últimamente una cantidad de inmigrantes atraídos por
la iniciativa del Estado, que francamente no sé que resultado benéfico le darán al país
(...) Los gobiernos no están tampoco para mantener hombres inútiles que pesan sobre la
tierra y sobre los demás hombres que trabajan. De éstos es de los que debemos huir”
(Arteaga; Puigross; 1987:437). Se partía pues de la base de que los inmigrantes sólo
podían aspirar a ser peones, al tiempo que se insinuaba el temor a las perturbaciones al
orden social que acaso pudieran protagonizar los inmigrantes; de ahí la preocupación
por el número de los mismos y, además, por su “calidad”.
Considerando el tema de la “calidad”, Cuestas señalaba que los inmigrantes que
arribaban al país no eran los que éste necesitaba, puesto que entre ellos no predominaban los agricultores sino otros individuos que tenían otro tipo de profesiones y oficios,
por lo que obviamente no resultaban útiles para el modelo de país agrícola ganadero
que el gobierno propugnaba. En síntesis, el miembro informante proponía que “el
inmigrante debe venir cuando realmente sea solicitado por el productor”, al tiempo
que señalaba que en el Río de la Plata, el tema de la inmigración “ha marchado al azar,
sin una base fija” (Arteaga; Puigross;1987: 437), lo que demostraba, a su parecer, la
ausencia de políticas migratorias eficaces y concretas que regularan la problemática
en cuestión, desde luego, del punto de vista de la clase dominante.
Con todo, es preciso advertir que ni el mensaje de la Comisión ni en la exposición
del miembro informante, se hizo referencia a la inmigración de rechazo. La ley, que
fue finalmente aprobada el 19 de junio de 1890, establecía en su artículo 7º que
“Considérase inmigrante para los efectos de esta ley, a todo extranjero honesto y apto
para el trabajo, que se traslade a la República Oriental del Uruguay en buque de vapor
o de vela con pasaje de segunda o tercera clase y con ánimo de fijar en ella su residencia” (DSCR: Año1889: 373). Este enunciado podría conducir a que se pensara en una
ley de carácter amplio, puesto que en esa definición de lo que se consideraba inmigrante, exponía conceptos similares a la ley Avellaneda de la República Argentina. Sin
embargo, en el capítulo correspondiente a “los buques conductores de inmigrantes y a
las visitas de inmigración”, en los artículos 26 y 27, se aludía a los inmigrantes que
eran considerados de rechazo y a éstos, los capitanes de los buques debían identificarlos antes de embarcar a los efectos de negarles el pasaje. El artículo 26 marginaba a los
“enfermos de mal contagioso”, “mendigos” e “individuos que por vicio orgánico o
defecto físico [fueran] absolutamente inhábiles para el trabajo”, así como a los mayores de 60 años, salvo que fueran acompañados por al menos cuatro personas útiles para
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el trabajo. En el artículo 27 se expresaban otras restricciones que, estas sí, no podían
tener otra justificación que los preconceptos raciales y étnicos negativos, puesto que
se establecía que “[quedaban] igualmente prohibidas en la República la inmigración
asiática y africana y la de los individuos conocidos con el nombre de zíngaros o bohemios”. (DSCR, Año 1889: 376)
¿Qué fundamentos existían para establecer estos últimos patrones de rechazo en el
Uruguay de fines del siglo XIX? ¿Qué origen tenían estas prohibiciones? Por cierto
que en el país existía población negra que procedía del período esclavista, pero no
existen evidencias nuevos aportes de inmigración africana por esos años. En cuanto a
inmigrantes asiáticos, “amarillos”, es evidente que la ley se adelantaba a una situación
entonces hipotética pues ningún contingente de individuos con esas características
había llegado al país. Los únicos “asiáticos” que habían arribado al Plata –ya no al
Uruguay–, eran los siriolibaneses que indudablemente procedían del Asia Menor. Respecto de los primeros de este origen que llegaron, ha señalado Selim Abou (1989: 38),
que al ser al momento de su arribo en su gran mayoría analfabetos y desconocedores
no sólo del idioma español sino también de las costumbres de origen europeo predominantes, además de dedicarse a oficios considerados “parasitarios”, “sólo podían
provocar juicios desfavorables” por parte de los nacionales de clase dominante. En la
discusión de la ley, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Representantes, no
hubo un debate que ayude a inferir cuales eran las posiciones de los Señores legisladores a este respecto. Vale la pena agregar que la ley se votó a tapas cerradas y por
unanimidad. Tampoco se encuentra en la legislación argentina de 1876 en la que se
inspiró esta ley uruguaya, ninguna referencia a criterios de rechazo racial o étnico.
Puede hipotetizarse en el sentido de que la ley de inmigración de 1890, tuviera
como base a la legislación de tipo restrictivo aparecida en los Estados Unidos de América a finales del siglo XIX. Entonces y allá, el avance de los llamados “nuevos
inmigrantes” había provocado un cambio en la política inmigratoria norteamericana
que había pasado de la situación de “puertas abiertas” al limitacionismo, lo que se vio
incrementado al producirse la llegada de inmigrantes de diversos orígenes que fueron
juzgados como indeseables desde el punto de vista del mantenimiento de la “pureza
racial” anglosajona. La inmigración china a los Estados Unidos había comenzado a
mediados de la década de los años 60 del siglo XIX, incentivada por la necesidad de
mano de obra barata para la construcción de ferrocarriles en y hacia California durante
el proceso de atracción hacia esa zona de aventureros de todo el mundo, que sería
conocido como “la fiebre del oro”. Más tarde, en 1882, el Congreso Norteamericano
aprobó la llamada Chinese Exclution Act; y esa fue la primera vez en la historia de la
legislación inmigratoria norteamericana, en que las restricciones al ingreso de extranjeros iban dirigidas a un grupo étnico en particular. El aumento de la inmigración
china había hecho que hacia 1890 ya se encontraran unos 300.000 chinos en los Estados Unidos, lo que dio lugar a que se hablara insistentemente del “peligro amarillo”.
Fue esa una expresión que aparentando hacerse con la objetividad del análisis sociológico, en realidad exhibía la fuerza que había ido adquiriendo a nivel popular el
preconcepto, al punto que en esa época se llegaron a registrar no sólo acciones de
repudio contra inmigrantes chinos, sino inclusive matanzas. Sin embargo, la aversión
respecto de los extranjeros que pudieran perjudicar la “pureza racial anglosajona” no
se limitaría a los asiáticos, ya que también alcanzaría a los pueblos morenos del sur y
del este de Europa, cuyos integrantes fueron considerados racialmente inferiores.
Esa legislación norteamericana había sido aprobada seis años antes de que el Parlamento comenzara a discutir los alcances de la ley 2096, pero es indudable que los
fundamentos aducidos allá eran conocidos aquí, ya que también la prensa local se hizo
eco de tales prohibiciones.
Lindolfo Cuestas, en su calidad de miembro informante, llegó a hacer caudal de
esa política aunque encubriendo su verdadera motivación, cuando sostiene que “la
inmigración que afluye al Río de la Plata, de España e Italia es considerable desde que
en Estados Unidos no es admitida en general por exceso de población” (Arteaga;
Puigross, 1987: 437). Todo pues lleva a pensar que lo que se quería dar a entender, era
que, al adoptarse medidas restrictivas como las norteamericanas se preservaría al país
del ingreso de individuos perteneciente a “razas inferiores”: negros y amarillos.
En cuanto a los zíngaros o bohemios –más conocidos como gitanos–, ya tenían
serios problemas para entrar al país desde antes de la aprobación de esta ley. La prensa
nacional registra en 1888, la negación del permiso de desembarco a un vapor que
transportaba doscientos pasajeros pertenecientes a este pueblo.
En el ambiente intelectual rioplatense del último cuarto del siglo XIX, fueron por
demás notorias las influencias del positivismo y del darwinismo social que hacía hincapié en el determinismo biológico y afirmaba el supuesto de que unas “razas” eran
“superiores” a otras. Por esto –y especialmente en la Argentina–, los que propugnaban
la necesidad de poblar los inmensos territorios despoblados con extranjeros –cuyos
paladines fueron, como es tan conocido, Alberti y Sarmiento– planteaban la necesidad
de efectuar una selección de la inmigración que llegara a estas tierras, privilegiando a
los europeos de origen nórdico o anglosajón (Onega, 1982). En el Uruguay, esos planteos
tuvieron una relación directa con el análisis que los representantes de las clases dirigentes hicieron entonces de la inmigración masiva. De igual manera, la idea, manejada
por éstos, de la existencia de una “raza nacional” generaba por consecuencia una actitud defensiva frente a los elementos exógenos que se temía fueran a alterar las características que se apreciaban como propias de la sociedad nativa de entonces. Tal como
se expresó abundantemente y hasta en la literatura gauchesca de la época, un criollo
siempre era mejor, más honrado y más valeroso que cualquier “gringo”; no obstante lo
cual, tampoco se elaboraron entonces, planes que permitieran que éstos tuvieran acceso a la tierra: la colonización, cuando se hizo, se hizo para extranjeros.
Repasando la escueta discusión de la ley considerada se percibe claramente que
los prejuicios de los legisladores no apuntaban sólo a las etnias tenidas por “inferiores”, sino al conjunto de extranjeros en general, lo que entre otras cuestiones, se puso
de manifiesto al considerar la inutilidad de los inmigrantes mayores de 60 años: en la
oportunidad aludida, el diputado Rodríguez Larreta señaló que “aquí, en esta Cámara,
tenemos hombres de sesenta años”, a lo que el diputado Herrero y Espinosa respondió,
“está bien, pero no son inmigrantes” (DSCR, Año 1889: 17), lo que provocó la hilaridad de los demás representantes.
Los inmigrantes no queridos siguieron llegando al país
El propósito de los legisladores de seleccionar la inmigración, al fin no se cumplió o se
cumplió a medias. Los mecanismos para evadir la prohibición fueron variados: los
inmigrantes no queridos podían cruzar por cualquier parte la frontera seca con el Brasil, o podían venir de Buenos Aires como turistas con pasaje de primera clase, o también podían viajar en lanchones que desembarcaban a sus pasajeros en cualquier punto
de las costas del río Uruguay o del Río de la Plata salteando así los controles del puerto
de Montevideo. Obviamente, ingresaban clandestinamente al Uruguay y seguramente
esperarían solucionar más adelante su situación.
Ante la constatación de innumerables irregularidades en el cumplimiento de lo establecido en la ley de 1890, se dictó en 1894 una primera reglamentación de la misma. La
fundamentación de este decreto se basó en “la influencia de inmigración inútil que acude
al país en buques de diversas procedencias”, puntualizando que esos viajeros “ya están
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clasificados como inmigrantes de rechazo por la ley 2096” (Arteaga; Puigross; 1987:
440). Se prohibía así el desembarco de aquellos extranjeros que vinieran con pasajes de
segunda o tercera clase desde Argentina, Paraguay o Brasil. Una segunda reglamentación de la ley señalada vino a producirse en 1902. Esta vez, en la exposición de motivos
del correspondiente decreto, se expresaba que los “asiáticos, africanos y zíngaros o bohemios”, “llegados a este continente con pasaje de 2ª o 3ª clase, rechazados continuamente de nuestros puertos, pretenden eludir la disposición prohibitiva de la ley embarcándose en los puertos vecinos con pasaje de 1ª clase” (Arteaga; Puigross; 1987: 440). A
los efectos de contrarrestar tales maniobras se les exigiría la presentación de un pasaje de
primera clase desde su país de origen o del continente europeo.
Todos estos detalles ponen de manifiesto que el verdadero motivo de rechazo era
la pobreza: a los que no dejaban entrar era a los que sólo podían viajar en tercera clase;
el pasaje de primera clase limpiaba la condición de indeseable. Pero al margen de esta
chocante justificación, en ese decreto aparece de manera deslumbrante el prejuicio
racial, ya que se señalaba en los considerandos del mismo, que se “prohíbe la entrada
al país de elementos perjudiciales a la masa de nuestra población, que es necesario
defender de toda influencia nociva como es la de las razas inferiores” (Arteaga; Puigross;
1987: 441). El decreto procuraba pues, impedir la degeneración del “ser nacional”,
defender a la población nativa de la mezcla con razas que no estuvieran a su altura.
El reclamo de los siriolibaneses
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Ya se ha visto que como la ley de 1890 prohibía la entrada al país de los inmigrantes
asiáticos, se englobaba dentro de esa categoría a los siriolibaneses, aunque parece indudable que no se había pensado que por la redacción dada, ellos caerían también dentro de
la inmigración de rechazo. Los siriolibaneses habían comenzado a llegar al Uruguay
hacia 1885 y el grueso de los que vinieron entonces, lo hizo luego de sancionada la ley de
1890. A la época del segundo decreto reglamentario –1902–, dentro de la colonia
siriolibanesa ya había quienes gozaban de un cierto poderío económico, destaque cultural, prestigio social y por consecuencia, vinculaciones con el poder político. Es comprensible que se sintieran agraviados por la discriminación que tanto la ley de 1890 y el
decreto reglamentario de 1902 les habían impuesto, por lo que el 5 de junio de 1905, un
grupo de diecisiete figuras destacadas de la inmigración siriolibanesa, radicadas desde
hacía ya algún tiempo en el Uruguay, presentaron al Senado de la República un petitorio
para dejar sin efecto, en lo que a ellos se refiere, el artículo 27 de la ley de inmigración de
1890. La nota, que estuvo escrita en un español refinado y elegante, señal del elevado
nivel intelectual de sus autores era, además, muy elogiosa para las autoridades del país.
En ese petitorio se marcaba el descontento por la situación injusta a la que la citada ley
los sometía, haciendo notar las grandes diferencias que existían entre ellos y el resto de
los “asiáticos”, así como respecto de los “zíngaros o bohemios”. “Las poblaciones sirianas
–decía–, si bien se hallan en el Asia Menor, sobre el Líbano, pertenecen a la raza semítica,
que es una de las derivaciones caucásicas: es raza blanca, sana y vigorosa, hallándose
admitida sin dificultad alguna en todas partes, sin excluir Norte América, donde, como
se sabe, debido a la gran influencia de la inmigración que invade aquel prodigioso país,
se han debido tomar medidas serias de selección” (DSCR, Año1906: 45). Se agregaba a
continuación que la colectividad estaba integrada por cuatrocientos o quinientos “sirianos”
que se habían ya integrado al país y a los que no se les había imputado “un solo acto
delictivo”, argumentación que desembocaba en una pregunta de gran fuerza retórica:
“¿Por qué, aquí, donde tienen hospitalidad individuos de toda clase de razas y donde
viene inmigración inepta para el trabajo, que implora la caridad pública para vivir, se
hace tan radical excepción en contra nuestra? /.../ Tal vez no se advirtió que la población
del Asia Menor, que cae asimismo sobre la asiática, no es amarilla. Por lo demás, no ha
podido confundírsenos con los bohemios o zíngaros con los cuales no tenemos nada que
ver” (DSCR, Año 1906: 46). Resulta notorio que los reclamantes, participaban de idéntico prejuicio al argüido por la ley y el posterior decreto reglamentario; solamente les
preocupaba su situación, no la de los demás inmigrantes de rechazo a los que al parecer,
consideraban justamente rechazados; hacían referencia al mismo concepto de raza nacional manejado por la ley, apuntando que ellos, por sus características, se adaptaban
muy fácilmente; y también veían como prudente la selección operada en los Estados
Unidos. Pero no debe perderse de vista que estaban efectuando un alegato a su favor y no
proponiendo modificaciones en los criterios que orientaban la política inmigratoria del
país en esa época, lo que hubiera estado, sin duda, fuera de lugar.
Todo el escrito muestra a las claras una característica señalada de la inmigración
siriolibanesa: su orgullo racial y étnico, a lo que se sumaba su afrancesamiento cultural, lo que los llevaba a sentirse profundamente diferentes al resto de los asiáticos. En
este sentido, apuntaban que “Las autoridades diplomáticas y consulares de Francia
nos patrocinan donde quiera que nos hallemos, y esa grande y noble nación no habría
de acogernos tan generosamente si no fuéramos merecedores de su protección”. Por
último se insistía en que “si no hay razones de carácter etnológico, ni moral, ni religioso, ni económico ¿a qué se puede atribuirse la medida legal a la que nos hemos referido? Si la Constitución y la legislación del Uruguay son de las más avanzadas de América, ¿Por qué se nos rechaza sin causa alguna?” (DSCR, Año 1906: 46)
Un año demoró la dilucidación de esta cuestión y como era de esperar, se resolvió
a favor de la petición de la colectividad siriolibanesa. La Comisión de Legislación del
Senado produjo un informe que –más allá del asunto en sí al que se refería–, no tiene
desperdicio desde el punto de vista de la desenvoltura con que se expresaban los prejuicios raciales en boga, entendidos como objetivas conclusiones científicas. Ese informe señalaba que “si bien han podido tenerse en cuenta razones de carácter etnológico
para prohibir, por el artículo 27 de la ley citada, la entrada al país de individuos de
razas inferiores como ser la negra y la amarilla, que constituyen en una mayor parte las
poblaciones de los continentes africano y asiático, es obvio que esas razones no existen cuando se trata, como en este caso, de poblaciones de raza blanca, recibidas sin
dificultad en los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil y la República Argentina”
(Arteaga; Puigross, 1987:442). El ejemplo de lo que pasaba en “la gran república del
norte” seguía pesando de manera decisiva a juicio de los senadores. De igual manera
se pronunció la Comisión de Legislación de la Cámara de Representantes, la que señaló en su informe de una manera algo más recatada, aunque sin apartarse del criterio
racista que “no existe razón alguna de orden político ni social para prohibir la entrada
al país de gente pacífica, laboriosa, perteneciente a nuestra propia raza” (DSCR, Año
1906: 47). El 23 de junio de 1906, durante la presidencia de José Batlle y Ordóñez, se
promulgaba la ley 3051 que establecía:
“Art. 1º– Declárase que los sirianos procedentes de la región del Líbano (Asia
Menor ), no están comprendidos en la prohibición contenida en el artículo 27 de la
ley de inmigración de 1890.” (DSCR, Año 1906: 47)
De esta manera se daba fin a una situación preocupante para la colectividad
siriolibanesa. Los patrones de inmigración de rechazo se segurían manteniendo en las
sucesivas reglamentaciones de la ley 2096. El éxito en superar las prohibiciones a
ciertos inmigrantes, sería exclusivamente de los sirio-libaneses radicados en el Uruguay. Habían enfrentado el impedimento impuesto hacia ellos por la ley, de una manera inteligente, tocando adecuados resortes de carácter político que habían logrado establecer debido a su próspera actividad en el comercio y a su firme inserción en la
sociedad y en la cultura del país.
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