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No habrá paz sin las mujeres - Gobierno del principado de Asturias

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No habrá paz sin las mujeres - Gobierno del principado de Asturias
Campaña No habrá Paz Sin las Mujeres Colombia de la Agencia
Asturiana de Cooperación al Desarrollo
La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo lanza un centro de
documentación sobre el impacto de la guerra en las mujeres de Colombia y sus
estrategias para construir la paz y procesos de justicia.
Más de 30 ayuntamientos asturianos colaboran con la campaña mostrando una
exposición fotográfica en cartelería sobre algunas de las defensoras de derechos
humanos entrevistadas para el centro de documentación.
El miércoles 11 de diciembre se presenta la campaña con la inauguración de la web
así como de un libro de postales en el Auditorio Príncipe Felipe. Para el acto Marina
Gallego, abogada con maestría en derechos humanos y derecho internacional
humanitario y coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres impartirá una
conferencia y la Orquesta de Cámara de Siero (OCAS) ofrecerá el concierto “Los
caminos solidarios de la música”.
Recursos disponibles para los medios de comunicación
Vídeos disponibles para su descarga en http://vimeo.com/nohabrapazsinlasmujeres
Fotografías disponibles a alta calidad en
http://nohabrapazsinlasmujeres.com/descargate-las-postales-y-posters/
Redes sociales de la campaña
Facebook https://www.facebook.com/nohabrapazsinlasmujeres?fref=ts
Twitter @nopazsinmujeres
Igualmente, la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Graciela
Blanco, así como la ponente Marina Gallego, de reconocido prestigio por su trayectoria de
defensa de los derechos humanos en Colombia, estarán disponibles para entrevistas.
Campaña No habrá paz sin las mujeres
Tras más de medio siglo en guerra, Colombia afronta un esperanzador escenario de
negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Sin embargo,
incumpliendo la resolución 1325 de las Naciones Unidas [pdf]que introduce la
perspectiva de género en la resolución de conflictos, las mujeres están ausentes en el
proceso pacificador: ni sus problemáticas, reclamaciones ni propuestas de paz están
siendo escuchadas. Y precisamente son las mujeres las que más
sufren las consecuencias de la guerra: la violencia sexual ha sido empleada por los tres
actores de la guerra, los paramilitares, el Estado y la guerrilla; el reclutamiento de
menores ha afectada a las niñas como combatientes pero también como esclavas
sexuales; son el mayor porcentaje de población desplazada y la mayoría con cargas
familiares…
Por ello, el Centro de documentación No habrá paz sin las mujeres da la voz a
supervivientes, lideresas y profesionales para que sus vidas dedicadas a
la paz no queden en el olvido, para aprender de sus experiencias y estrategias, para
reivindicar su papel en la lucha por la construcción de una sociedad más justa y para
conocer sus propuestas para la paz en los procesos de reconciliación,
reconstrucción, reparación y justicia.
Desde sus fortalezas, valentía y capacidad de superación de los obstáculos, conocemos
sus vidas y sus demandas a través de una exposición fotográfica a gran formato para
instalar en mupis cedidos por más de 40 ayuntamientos asturianos y en espacios
públicos, un libro fotográfico compuesto por postales con sus historias de vida, así como
la web nohabrapazsinlasmujeres.com donde se publicarán entrevistas en vídeo con ellas.
En esta web también se podrán encontrar la exposición fotográfica y el libro de
postales en formato pdf con el fin de aumentar su divulgación y hacer llegar así el
mensaje de estas mujeres al máximo número de personas posibles. Te los puedes
descargar aquí y enviar las postales o colgar los pósters donde quieras.
La paz se construye entre todos y todas y estas mujeres defensoras de derechos
humanos nos van a contar cómo lo hacen ellas en un escenario tan peligroso y complejo
como Colombia.
Testimonios de la campaña
"Sufrí violencia sexual pero no me han vencido"
A Yoladis Zuñiga ser pobre, campesina y mujer le ha
costado tan caro que muchas mañanas, cuando se
despertaba, sólo deseaba estar muerta. En los años 90,
lideró un comité campesino para exigir una mejora de las
condiciones de vida de su comunidad, en la que
construyeron la primera escuela con sus propias manos.
Las mismas que años después recogerían el cuerpo
acribillado de su marido.
En el año 2000, Yoladis fue violada por diez paramilitares
delante de su esposo, que después fue asesinado, en
una masacre que acabó con la vida de 100 personas en
sólo cuadro días en El Salado. Miembros de la Infantería
de Marina colaboraron en la matanza.
Como el resto de sus vecinos, Yoladis fue obligada a
abandonar su pueblo. “Huir con tus hijos escondiéndote
entre los árboles mientras te disparan es algo que te
marca para siempre”. Sin ninguna ayuda del Estado,
como la mayoría de los 5 millones de desplazados que la
guerra ha generado en Colombia, tuvo que prostituirse para sacar adelante a sus niños.
Gracias al apoyo de la Corporación Sisma Mujeres y otras ONG, se ha capacitado para
apoyar a otras mujeres víctimas de la violencia sexual, un arma de guerra empleada por
los tres actores del conflicto: las guerrillas, los paramilitares y el Estado. La Corte
Constitucional ha advertido que la violación, la esclavitud sexual y la prostitución forzada
son prácticas habituales, sistemáticas e invisibilizadas en el país.
“El dolor no se va, pero te acostumbras a vivir con él. Me siento muy orgullosa de
saberme más fuerte que los que me violaron. Yo tuve tres intentos de suicidio, pero ya no
me quiero quitar la vida. Ayudar a otras personas te da ganas de seguir adelante”.
"La palabra motiva, el ejemplo convence"
Cuando Mari La Negra nació y su padre
descubrió que era niña, se negó a aceptarla.
No fue hasta ocho meses después, cuando la
encontró sangrando por un tropiezo, cuando la
miró por primera vez y “desde entonces se
convirtió en mi mejor amigo”. De ahí dice que le
viene su lucha contra el patriarcado a esta
afrodescendiente nacida en Cartagena, ciudad
internacionalmente conocida como destino
turístico. Su vocación social la llevo ya a los
catorce años a adentrarse en los barrios más
invisibilizados y empobrecidos de una ciudad
que soporta más de un 70% de desempleo.
Con apenas veinte años y un bebé, esta
trabajadora social es encarcelada y violada por
agentes del Estado para torturarla por su
relación con el sindicalismo. Colombia es uno
de los países más peligrosos para las personas
sindicadas: según la ONU más de 2.800 han
sido asesinadas desde 1984 y el 99% de los
casos siguen impunes.
Mari se refugió entonces en la mina de El
Cerrejón donde, disfrazada de hombre,
arrancaba carbón sin descanso para no pensar.
Pocos meses después, lideraba la formación del primer sindicato en esta empresa que,
veinte años después, exporta carbón a Asturias. Las amenazas volvieron a obligarla a
huir, pero allá donde ha ido en estos cuarenta años no ha cejado en su empeño por
mejorar las condiciones de vida de las víctimas de la guerra y la pobreza: construyendo
colegios y fomentando el asociacionismo y la denuncia social.
"Nuestra primera obligación es estar vivas. No nos podemos dejar matar" nos dice esta
mujer que irradia alegría, que ha sufrido varios atentados y que nos regala esta entrevista
donde relata muchos hechos por primera vez “por lo que me pueda pasar”.
"La emancipación de las mujeres pasa por destruir los privilegios"
Marta Restrepo López aprendió ya de niña, en su barrio humilde de Medellín, que para
proponer modelos de sociedades más justas no quedaba otra que hacer política y con lo
que se tuviera a mano. Cuando los líderes sociales que la rodeaban empezaron a ser
amenazados y asesinados en los años 80, intuyó que eran sólo las primeras de las tantas
pérdidas que vendrían después. “Llega un momento en que tienes mala conciencia por
seguir viva y te preguntas si será porque no has arriesgado lo suficiente”.
Marta ha dedicado su vida a denunciar los feminicidios que acaban con la vida de más de
1.100 mujeres al año en Colombia, la trata de mujeres con fines de explotación sexual
que, en muchos casos, acaban siendo prostituidas en España y el resto de Europa, y la
explotación de las mujeres como moneda de cambio de la economía de guerra que rige el
país.
Es una de las impulsoras de la Escuela de formación
feminista dirigida a niños y niñas de las comunas donde
residen las familias de desplazados por el conflicto y
donde más fuerte es el control paramilitar. Se les orienta
en la prevención contra la discriminación de las mujeres,
la trata, el racismo, el reclutamiento forzoso... Una labor
promovida por el colectivo de Mujeres Feministas
Antimilitaristas, al que pertenece, y cuyas acciones de
denuncia en las calles las expone a importantes riesgos
para su integridad. "Si nos dejáramos comer por el
miedo, no saldríamos a la calle”, sentencia Marta.
"Los pobres molestamos en todos lados"
Luz Elena Ibarra creció recorriendo y arañando las montañas buscando raicilla, una planta
medicinal que su familia vendía para subsistir. Apenas siendo una adolescente decidió
asentarse en un terreno baldío con otras familias sin tierra donde fueron construyendo sus
casas, calles e Iglesia. Pero en el año 95 los paramilitares empezaron a asesinar a sus
vecinos acusándoles de vínculos con la guerrilla. Recuerda Luz Elena que el Ejército se
retiraba a las inmediaciones del pueblo cuando una
masacre iba a ser cometida. Fue secuestrada por
paramilitares pero consiguió huir y refugiarse en una
ciudad cercana. Tras dormir al raso, esta mujer de
edad avanzada decidió trasladarse a Medellín,
donde vivía su hija que había sufrido previamente el
desplazamiento forzoso. Recién llegada, Luz Elena
tuvo que liberarla de unos guerrilleros que la
mantenían en cautiverio para obligarla a
emparejarse con uno de ellos. “Les dije: 'Yo no he
parido hijas para que fueran a la guerra'. Y me la
llevé. Siempre fui una mujer resuelta”.
Desde entonces, ha fundado y participa en
asociaciones como LATEPAZ o la Ruta Pacífica de
Mujeres, desde las que lucha por los derechos de
los más de 5 millones de personas que han sido
obligadas a huir de sus tierras por el paramilitarismo,
las guerrillas o los crímenes del Estado. Colombia es
el país con más desplazados internos del mundo.
“Me encanta la movilización porque es la manera que tenemos de expresar lo que
sentimos, de denunciar lo que nos aqueja, de presionar al gobierno”, nos explica esta
lideresa que vuelve a recorrer las laderas, ahora para socorrer y coger de la mano a los
que no pueden volver a sus hogares porque la guerra sigue matando, desplazando y
empobreciendo en Colombia.
“No tengo miedo de hablar porque si hoy permitimos que nos acaben, mañana lo
harán con todos".
Luz Marina Flor sostiene su bastón de mando mientras
amamanta a su bebé. Es la gobernadora del cabildo de la
comunidad indígena nasa Raíces de Oriente. Una
imborrable noche de marzo de 2013 fueron expulsados a
sangre y fuego de la finca en la que vivían en el Cauca. Les
disparaban unos 60 hombres, muchos de ellos antiguos
vecinos campesinos, acompañados por otros con aspecto
de paramilitares, mientras Luz Marina y el resto de las
familias se escondían tras los arbustos con sus criaturas.
Luz Marina creció errando con su familia en busca un
terreno en el que poder vivir. La concentración de tierras en
Colombia es una de las más altas del mundo y la reforma
agraria sigue siendo la eterna cuestión pendiente: el 77%
está en manos del 13% de la población. De éstos, un
exiguo 3,6% acumula el 30% del territorio.
Ella logró superar todos los obstáculos que se encuentran
las mujeres indígenas para llegar a la universidad, pero la falta de dinero la obligó a
arrinconar su sueño de seguir formándose. Empezó a trabajar entonces como promotora
de salud en distintas comunidades. Un grupo armado, no especifica cuál, intentó reclutarla
forzosamente. Una vez más, tuvo que empezar de cero escondiéndose en otra población
que la acogió y protegió.
Ahora, su resistencia a dejar estas tierras abandonadas en las que construyeron su hogar,
le está costando amenazas contra su vida y la de sus hijos. A Luz Marina le indigna
especialmente que la pelea haya llegado a ser “entre los pobres, cuando debería ser
contra el Estado que siempre favorece a los ricos”.
Esta lideresa que es capaz de sentarse ante un tribunal y reclamar justicia a un juez
apocado por el poder de los despojadores, se siente orgullosa de ser indígena y advierte
que “aunque quieran exterminarnos, no lo conseguirán”.
"En todos los procesos de paz deben participar activamente
las mujeres"
La madre de Alejandra Gaviria Serna le contó cuando tenía seis
años que su padre había sido desaparecido, y probablemente
asesinado, por pensar diferente. “Entonces no lo entendía”, pero
ahora una de sus reivindicaciones es tan obvia como urgente:
“En este país tiene que existir el derecho a que cada uno piense
como quiera y eso no puede ser nunca razón para ser
asesinado”.
Su padre, Francisco Gaviria, líder estudiantil, habría sido periodista si no hubiera sido
ejecutado como otros 4.000 militantes y simpatizantes del partido Unión Patriótica por
agentes del Estado y paramilitares entre 1985 y 1994 en una campaña de genocidio
político.
Alejandra, historiadora y documentalista, funda en 2005 con otros huérfanos el colectivo
H.I.J.O.S. “porque era necesario que la sociedad supiera quiénes eran nuestros padres,
porque si no se sabe el dolor y los proyectos de vida que ha costado este conflicto, no se
va a transformar”, nos explica. En estos 8 años de existencia, H.I.J.O.S. ha demostrado el
valor de la memoria frente a la manipulación mediática y la omnipresente ingeniería
estructural de la guerra. “Hay gente que cree que las víctimas queremos venganza, pero
precisamente porque sabemos el coste del conflicto, sabemos la necesidad que hay de
que pare. Yo he aprendido a valorar la vida”. Intervenciones artísticas, redes sociales,
vídeos, documentales, concentraciones... Una creatividad que ha cambiado la
caricaturizada e interesada imagen que se difundía de las víctimas, o apocadas o
sospechosas de vínculos con las guerrilleras.
"He aprendido que las pequeñas acciones pueden transformar la realidad", sentencia, con
conocimiento de causa, esta historiadora.
"Campesinas contra la fiebre del oro"
Mayra, Luz Marina y Memba llevan desde enero de 2013 turnándose en un puente para
impedir la entrada de las máquinas de Anglo Gold Ashanti en su pueblo, Piedras (Tolima).
La multinacional pretende construir en esta región, de importantes acuíferos y que vive de
la agricultura y la ganadería, la mina de oro a cielo abierto más grande de Colombia.
Más del 40% del territorio colombiano
-una extensión casi del tamaño del
Estado español- está asignado y/o
solicitado por empresas mineras
internacionales. Los grupos armados
paramilitares, del narcotráfico y, en
menor medida, la guerrilla de las FARC
han encontrado también en la minería
una vía barata para blanquear el dinero
procedente de la cocaína.
Tras numerosas manifestaciones y
enfrentamientos con los representantes
de la mina, los vecinos de Piedra aliados
con universitarios celebraron en julio de
2013 un referéndum que se resolvió con
2.971 votos en contra de la mina y 24 a
favor. Sin embargo, el gobierno de Juan
Manuel Santos ha ninguneado el
resultado amparándose en que sólo la
Administración nacional tiene potestad
sobre el subsuelo.
Judith, una de las habitantes de Piedras
que por primera vez ha participado en
una movilización ciudadana, resume con
estos meses de resistencia: “El
aprendizaje más grande que he tenido
es que tenemos derechos y que los podemos defender, que la unión hace la fuerza, que si
yo no puedo sola, puedo hablar con los vecinos y entre todos podemos hacer mucho.
Porque hay personas que, como yo, no sabían que existe una Constitución, unas leyes, y
eso es una lección muy bonita porque no defiendo sólo mi comunidad, sino el futuro de
mis hijos y de todos nosotros”. Y sonríe mientras añade: “Porque nadie ha dicho que yo
me vaya a morir mañana”. Eso sí, Judit es conocedora de los crímenes contra la
población civil de Ghana y República Democrática del Congo por los que Anglo Gold
Ashanti es investigada internacionalmente.
"El apoyo internacional ha sido fundamental para visibilizar que en Colombia se
comenten crímenes de lesa humanidad"
Luz Marina Bernal se despidió de su hijo Fair
Leonardo el 8 de enero de 2008 al mediodía.
No lo encontró hasta 8 meses después, tras
buscarlo bajo cielo y tierra, incluso entre las
personas sin hogar de su región. El cadáver
de este joven con discapacidad mental fue
localizado a 600 kilómetros de su hogar. Tras
años de lucha con otras familiares de
desaparecidos y con el apoyo de
organizaciones como Amnistía Internacional,
las llamadas Madres de Soacha lograron
demostrar que sus hijos habían sido
asesinados por militares como parte de una
estrategia por la que ejecutaban
extrajudicialmente a muchachos pobres a los
que después disfrazaban de guerrilleros y
presentaban como bajas en combate, con el
fin de mejorar la imagen del Ejército en su
contienda contra las FARC. Los asesinos de
los llamados 'falsos positivos' recibían a
cambio días libres, bonificaciones y ascensos.
En un juicio histórico en julio de 2013, el
Tribunal Superior de Colombia condenó a
prisión a cuatro de los seis militares que
asesinaron a Fair Leonardo por homicidio, desaparición forzada y, por primera vez,
crímenes de lesa humanidad.
Según la ONU, más de 3000 personas podrían haber sido víctimas de ejecuciones
extrajudiciales a manos de agentes del Estado, la mayoría entre los años 2004 y 2008.
Hasta ahora, sólo un 5% de los casos se han resuelto con condenas para los asesinos,
aunque según la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “la mayoría de los
procedimientos no se han centrado en quienes podrían ser los máximos responsables de
estos crímenes”.
“Debido a las amenazas que venimos recibiendo he tenido que sacar a mis otros dos hijos
de la casa. Estos militares destruyeron a mi familia. Por eso, mi lucha ahora es ayudar a
otras madres e impedir que estos crímenes se vuelvan a repetir”, nos dice Luz Marina.
“No dejen que nos maten a los colombianos pobres. Ayúdennos, por favor”.
Hace un mes destrozaron mis árboles frutales y mi casa. Para mí era una elegancia
porque era la mía y de mis hijos. No tengo nada”. No es la primera vez que a Marisol
Perea le arrebatan lo poco que la guerra y la pobreza le han permitido construir, un hogar
de tablas y las plantas a las que como buena campesina, les rinde amor y con las que
apacigua el hambre que de tantas veces que la ha sufrido, no hay ya quien le calme el
rastro de su desasosiego en la boca del estómago.
La primera vez fue en 1995, cuando a punta de pistola fue expulsada con sus seis hijos
de la finquita en la que vivía en el Urabá antioqueño. Su marido huyó a Venezuela y
nunca más volvió a saber de él.
Llegó huyendo hasta Barranquilla, donde empezó
vendiendo comida en la calle y después trabajando
de sol a sol en un bar. “Fue muy duro, les llevaba
para comer a mis hijos la lechuga y aguacates que
me regalaban”.
Hace cinco años se unió a otros campesinos
desplazados por la guerra que se habían asentado
en un terreno abandonado que llamaron Tamarindo.
Desde hace tres años, con la implantación de una
multinacional en las cercanías, varios terratenientes
se lo disputan y emplean hombres armados de
civiles (“antes los llamábamos paramilitares”),
apoyados por la policía para desalojarlos. “Aquí, los
campesinos tenemos que construir nuestra vida
como los parajitos, en el aire, sin saber a qué hora
nos va a llevar el viento”. Uno de sus vecinos, que
como Marisol se resistía a volver a perder su hogar,
fue asesinado hace unos meses. El crimen sigue en
la más absoluta impunidad.
“Los multimillonarios se quedan con todas las
tierras. ¿Qué van a hacer con los campesinos? ¿Será que van a hacer un horno y
quemarnos a todos? ¿Hasta dónde va a llegar Colombia? Ya no sabemos qué camino
vamos a coger ni adónde ir”.
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