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Villagrán Morales y otros - Corte Interamericana de Derechos

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Villagrán Morales y otros - Corte Interamericana de Derechos
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs.
Guatemala
Sentencia de 26 de mayo de 2001
(Reparaciones y Costas)
En el caso de los “Niños de la Calle” (caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala),
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte
Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente
Hernán Salgado Pesantes, Juez
Oliver Jackman, Juez
Alirio Abreu Burelli, Juez
Sergio García Ramírez, Juez
Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez
presentes, además:
Manuel E. Ventura Robles, Secretario y
Renzo Pomi, Secretario adjunto
de acuerdo con los artículos 29, 55 y 56 del Reglamento de la Corte (en adelante “el
Reglamento”), en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y en
cumplimiento de la sentencia de 19 de noviembre de 1999, dicta la presente
sentencia sobre reparaciones.
I
COMPETENCIA
1.
La Corte es competente, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la
Convención, para decidir sobre reparaciones y gastos en el presente caso, en razón
de que el 25 de mayo de 1978 la República de Guatemala (en adelante “Guatemala”
o “el Estado”) ratificó la Convención Americana y el 9 de marzo de 1987 aceptó la
competencia contenciosa de la Corte.
II
ANTECEDENTES
*
El Juez Máximo Pacheco Gómez, informó a la Corte que, por motivos de fuerza mayor, no podía
estar presente en el LI Período Ordinario de Sesiones del Tribunal, por lo que no participó en la
deliberación y firma de la presente sentencia.
2
2.
El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”)
mediante demanda de 30 de enero de 1997, con la que acompañó el Informe No.
33/96 de 16 de octubre de 1996. Se originó en una denuncia (No. 11.383) contra
Guatemala recibida en la Secretaría de la Comisión el 15 de septiembre de 1994.
3.
El 19 de noviembre de 1999 la Corte dictó sentencia sobre el fondo del caso,
en la cual decidió:
1.
declarar que el Estado violó el artículo 7 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en
perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez,
Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes;
2.
declarar que el Estado violó el artículo 4 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en
perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez,
Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Anstrau[n] Aman
Villagrán Morales;
3.
declarar que el Estado violó el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la
misma, en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa
Túnchez, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Julio Roberto Caal Sandoval;
4.
declarar que el Estado violó el artículo 5.2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en
perjuicio de las ascendientes de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente
Figueroa Túnchez, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Julio Roberto Caal Sandoval,
las señoras Ana María Contreras, Matilde Reyna Morales García, Rosa Carlota
Sandoval, Margarita Sandoval Urbina, Marta Isabel Túnchez Palencia y Noemí
Cifuentes;
5.
declarar que el Estado violó el artículo 19 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en
perjuicio de Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y
Anstrau[n] Aman Villagrán Morales;
6.
declarar que el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la
misma, en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal Sandoval,
Jovito Josué Juárez Cifuentes, Federico Clemente Figueroa Túnchez y
Anstrau[n] Aman Villagrán Morales y de sus familiares inmediatos;
7.
declarar que el Estado violó los artículos 1, 6 y 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de Henry
Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal
Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes;
8.
declarar que el Estado violó el artículo 1.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en lo relativo al deber de investigar, que el Estado
debe realizar una investigación real y efectiva para determinar las personas
responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho
referencia en esta Sentencia y, eventualmente, sancionarlas; y
9.
abrir la etapa de reparaciones y costas, y comisionar al Presidente
para que adopte las medidas procedimentales correspondientes.
3
III
PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE REPARACIONES
4.
El 20 de enero de 2000 el Presidente de la Corte Interamericana (en adelante
“el Presidente”), en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo noveno de la
sentencia de fondo, resolvió:
1.
Otorgar a las familiares de Henry Giovanni Contreras, Federico
Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez
Cifuentes y Anstrau[n] Aman Villagrán Morales o, en su caso, a sus
representantes legales, plazo hasta el 20 de marzo de 2000 para que
presenten, por sí o en representación de las víctimas fallecidas, sus
argumentos y las pruebas de que dispongan para la determinación de las
reparaciones y costas.
2.
Instruir a la Secretaría de la Corte para que, una vez vencido el plazo
a que hace referencia el párrafo anterior, transmita todos los escritos y las
pruebas recibidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3.
Otorgar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un plazo
de dos meses, que se contará a partir de la fecha en que reciba los referidos
escritos y pruebas para que presente las observaciones que considere
pertinentes en materia de reparaciones y costas.
4.
Instruir a la Secretaría de la Corte para que, una vez vencido el plazo
a que hace referencia el punto resolutivo anterior, transmita al Estado de
Guatemala todos los escritos y las pruebas presentados.
5.
Otorgar al Estado de Guatemala un plazo de dos meses, que se
contará a partir de la fecha en que reciba los escritos y las pruebas a que hace
referencia el punto resolutivo anterior, para que presente sus observaciones y
las pruebas de que disponga para la determinación de las reparaciones y
costas en el presente caso.
6.
Convocar a las familiares de Henry Giovanni Contreras, Federico
Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez
Cifuentes y Anstrau[n] Aman Villagrán Morales o, en su caso, a sus
representantes legales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
al Estado de Guatemala, una vez finalizada la etapa escrita del procedimiento,
a una audiencia pública, en fecha que será comunicada oportunamente.
5.
El 14 de marzo de 2000 los representantes de los familiares de las víctimas
solicitaron a la Corte prorrogar por 45 días el plazo fijado por este Tribunal en la
Resolución de 20 de enero de 2000 para presentar su escrito relativo a las
reparaciones.
6.
El 15 de marzo de 2000 el Presidente amplió el plazo otorgado a los
representantes de los familiares de las víctimas hasta el 5 de mayo del mismo año.
7.
El 7 de abril de 2000 el Estado informó a la Corte la designación del señor
José Alberto Briz Gutiérrez, Encargado de Negocios a. i. de la Embajada de
Guatemala ante la República de Costa Rica, como su agente.
4
8.
El 5 de mayo de 2000 los representantes de los familiares de las víctimas
presentaron su escrito de reparaciones.
9.
El 7 de julio de 2000 la Comisión solicitó a la Corte prorrogar hasta el 4 de
agosto de 2000, el plazo fijado hasta el 12 de julio del mismo año, para presentar el
escrito relativo a las reparaciones. El mismo día el Presidente concedió la prórroga
solicitada. El 2 de agosto de 2000 la Comisión solicitó nuevamente una prórroga del
plazo hasta el 21 de los mismos mes y año en razón de que tenía que “buscar ciertos
datos y documentos de los familiares en Guatemala para completar [la] lista de
beneficiarios”. El 3 de agosto de 2000 el Presidente otorgó la prórroga hasta la fecha
solicitada.
10.
El 21 de agosto de 2000 la Comisión Interamericana presentó el escrito sobre
reparaciones en el presente caso en idioma inglés y sus anexos.
11.
El 23 de agosto de 2000 la Secretaría solicitó a la Comisión la presentación
del escrito de reparaciones en español por ser el idioma de tramitación del presente
caso.
12.
El 14 de septiembre de 2000 fue recibida la traducción al español del escrito
de reparaciones de la Comisión. Con dicho escrito presentó tres anexos adicionales
(infra párr. 44).
13.
El 28 de septiembre de 2000 la Secretaría, siguiendo instrucciones del
Presidente, solicitó a los representantes de los familiares de las víctimas y a
Guatemala observaciones en relación con la solicitud de incorporación de los anexos
adicionales presentados por la Comisión y les concedió plazo hasta el 30 de octubre
de 2000 para tal efecto.
14.
El 27 de octubre de 2000 los representantes de los familiares de las víctimas
informaron a la Corte que no tenían objeciones ni observaciones que realizar
respecto de los anexos adicionales presentados por la Comisión.
15.
El 7 de noviembre de 2000 el Estado solicitó a la Corte prorrogar por 90 días
el plazo fijado para la formulación de sus observaciones a los escritos sobre
reparaciones presentados por los representantes de los familiares de las víctimas y
por la Comisión, así como respecto de la admisión de los documentos contenidos en
los tres anexos adicionales al escrito de reparaciones de la Comisión. El 15 de
noviembre de 2000 la Secretaría comunicó a Guatemala que el plazo para que
presentara las observaciones referidas había sido prorrogado hasta el 13 de enero de
2001.
16.
El 13 de noviembre de 2000 el Estado informó a la Corte la designación del
señor Jorge Mario García Laguardia, Embajador de Guatemala en Costa Rica, como
su agente.
17.
El 15 de noviembre de 2000 la Corte resolvió requerir al Estado que remitiera
toda información de que dispusiera sobre el lugar actual de residencia o de trabajo o
sobre cualquier otro lugar donde puedan ser encontrados los familiares de Federico
Clemente Figueroa Túnchez y Jovito Josué Juárez Cifuentes. Adicionalmente, decidió
requerir al Estado que pusiera en conocimiento de las personas referidas que se
encuentren bajo su jurisdicción, a través de los medios de comunicación masiva
(prensa, radio y televisión), que la Corte había dictado sentencia de fondo en el caso
y que era necesario que se comunicaran con ella en el plazo más breve.
5
18.
El 24 de noviembre de 2000 la Secretaría solicitó a la Comisión la lista
definitiva de testigos y peritos, que comparecerían a la audiencia pública sobre
reparaciones por realizarse en el presente caso.
19.
El 30 de noviembre de 2000 el Estado remitió información sobre la realización
de las publicaciones en los medios de comunicación que habían sido ordenadas por la
Resolución del 15 de noviembre de 2000.
20.
El 14 de diciembre de 2000 el Estado remitió fotocopias de los avisos
publicados en los periódicos “La Hora” y el “Diario de Centro América”; un casete de
grabación magnetofónica que contiene la cuña transmitida en Emisoras Unidas, y
una videocinta que contiene el aviso difundido en NOTI-7 de la televisión nacional
guatemalteca.
21.
El 12 de enero de 2001 Guatemala presentó sus observaciones a los escritos
sobre reparaciones de los representantes de los familiares de las víctimas y de la
Comisión.
22.
El 30 de enero de 2001 la Secretaría solicitó nuevamente a los representantes
de los familiares de las víctimas y a la Comisión la lista definitiva de los testigos y
peritos que comparecerían durante la audiencia pública que sobre reparaciones
celebraría el Tribunal.
23.
El 7 de febrero de 2001 los representantes de las víctimas ofrecieron como
peritos a los señores Christian Salazar Volkmann y Emilio García Méndez, éste último
en sustitución del señor Bruce Harris, quien había sido propuesto originalmente y
que por motivos personales no podría comparecer ante la Corte, y el 8 de los mismos
mes y año remitieron el curriculum vitae del señor García Méndez.
24.
El 7 de febrero de 2001 la Comisión presentó la lista de los testigos y peritos
que pretendía que fueran convocados para la audiencia pública respectiva. En dicha
nota propuso como testigos a las señoras Margarita Urbina, Ana María Contreras y
Marta Isabel Túnchez Palencia, y como perito a la señora Ana Deutsch. Asimismo,
indicó que propondría a un miembro de la familia de Anstraun Aman Villagrán
Morales, sin indicar su nombre. A su vez, informó que la señora Marta Isabel
Túnchez Palencia, madre de Federico Clemente Figueroa Túnchez, luego de la
publicación de los avisos ordenados por la Corte, se había presentado en las oficinas
de la Asociación Casa Alianza/América Latina (en adelante “Casa Alianza”) y había
manifestado su deseo de participar en el proceso. El 8 de los mismos mes y año
remitió el curriculum vitae de la señora Ana Deutsch.
25.
El 9 de febrero de 2001 la Secretaría remitió una comunicación a la Comisión,
mediante la cual tomó nota de los testigos y el perito propuestos por ésta y,
siguiendo instrucciones del Presidente, informó a la Comisión, inter alia, que de
acuerdo con el artículo 27.2 del Reglamento, las partes que se apersonen
tardíamente al procedimiento lo tomarían en el estado en que éste se encontrara y
que el plazo de los familiares de las víctimas o sus representantes para la
presentación de alegatos relativos a reparaciones ya había vencido. También informó
a la Comisión que, si la señora Túnchez Palencia o su representante presentaran sus
pretensiones en cuanto a reparaciones, “la Corte las evaluar[ía] considerando las
circunstancias del caso y decidir[ía] sobre su procedencia”.
26.
El 9 de febrero de 2001 el Presidente emitió una Resolución en la cual, por un
lado, consideró “[...] con respecto a los testigos y peritos propuestos por los
6
representantes de los familiares de las víctimas y la Comisión que no ha[bían] sido
convocados [en esta] Resolución, [que evaluaría] la pertinencia de su convocatoria
una vez consultadas las demás partes en el caso” y, por otro lado, resolvió convocar
a los representantes de los familiares de las víctimas, a la Comisión Interamericana y
a Guatemala a una audiencia pública sobre reparaciones, que se celebraría el 12 de
marzo del mismo año en la sede de la Corte. En dicha Resolución convocó como
testigos a las señoras Ana María Contreras y Margarita Urbina y al perito Christian
Salazar Volkmann.
27.
El 9 de febrero de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente,
solicitó a los representantes de los familiares de las víctimas y al Estado
observaciones a las notas presentadas por la Comisión los días 7 y 8 de febrero del
mismo año. El mismo día, la Secretaría solicitó a la Comisión y al Estado sus
observaciones a las notas presentadas los días 7 y 8 de febrero de 2001 por los
representantes de los familiares de las víctimas.
28.
Ese mismo día la Comisión solicitó a la Corte que citara a declarar en calidad
de testigo a Reyna Dalila Villagrán Morales, hermana de Anstraun Aman Villagrán
Morales.
El 12 de febrero de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del
Presidente, solicitó observaciones sobre dicha solicitud a los representantes de los
familiares de las víctimas y al Estado, las cuales no fueron presentadas.
29.
El 21 de febrero de 2001 el Presidente convocó a los testigos Marta Isabel
Túnchez Palencia y Reyna Dalila Villagrán Morales y a los peritos Emilio García
Méndez y Ana Deutsch para que rindieran sus declaraciones durante la audiencia
pública que sobre reparaciones se celebraría el 12 de marzo del mismo año en la
sede de la Corte.
30.
El 2 de marzo de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente,
solicitó a los representantes de los familiares de las víctimas y a la Comisión la
presentación, de acuerdo con el artículo 44 del Reglamento, de los certificados de
nacimiento de Reyna Dalila y Gerardo Adoriman Villagrán Morales.
31.
El 12 de marzo de 2001 los representantes de los familiares de las víctimas
presentaron dos poderes mediante los cuales las señoras Reyna Dalila Villagrán
Morales y Marta Isabel Túnchez Palencia otorgaban pleno poder de representación al
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) y a Casa
Alianza.
32.
El 12 de marzo de 2001 la Corte celebró una audiencia pública sobre
reparaciones.
Comparecieron ante la Corte:
por los representantes de los familiares de las víctimas:
Viviana Krsticevic;
Héctor Dionisio;
Luguely Cunillera;
Soraya Long; y
Juan Carlos Gutiérrez.
por la Comisión Interamericana:
Claudio Grossman, delegado; y
7
Elizabeth Abi-Mershed, abogada.
por el Estado de Guatemala:
Cruz Munguía Sosa; y
Carlos Roberto Sandoval Aldana.
Peritos propuestos por los familiares de las víctimas:
Christian Salazar Volkmann; y
Emilio García Méndez.
Testigos propuestos por la Comisión Interamericana:
Ana María Contreras;
Margarita Urbina;
Reyna Dalila Villagrán Morales; y
Marta Isabel Túnchez Palencia.
Perito propuesto por la Comisión Interamericana:
Ana Deutsch.
33.
Ese mismo día, durante la audiencia pública, el perito Christian Salazar
Volkmann, a solicitud del Presidente, presentó copia de los siguientes documentos:
documento titulado “Estudio sobre Adopciones y Derechos de los Niños y las Niñas en
Guatemala. Guatemala, 2000”; documento titulado “Aproximación situacional del
niño, niña y adolescente de la Calle”; y documento titulado “Violación a los Derechos
Humanos de los Niños de la Calle” (infra párrs. 46 y 52).
34.
El 28 de marzo de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente,
solicitó a los representantes de los familiares de las víctimas y a la Comisión la
presentación, como prueba para mejor resolver de acuerdo con el artículo 44 del
Reglamento, de los certificados o documentos idóneos debidamente autenticados
acerca del nacimiento de Guadalupe Concepción y Zorayda Izabel Figueroa Túnchez.
Igualmente, el 4 de abril de 2001, se les solicitó como prueba para mejor resolver,
un certificado o documento idóneo debidamente autenticado acerca del nacimiento
de Federico Clemente Figueroa Túnchez.
35.
El 19 de abril de 2001 los representantes de los familiares de las víctimas
presentaron copias de los certificados de nacimiento de Gerardo Adoriman Villagrán
Morales, Reyna Dalila Villagrán Morales, Guadalupe Concepción Figueroa Túnchez y
Zorayda Izabel Figueroa Túnchez y el 7 de mayo de 2001, presentaron copia del
certificado de nacimiento de Federico Clemente Figueroa Túnchez.
IV
PRUEBA
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA
36.
Antes del examen de las pruebas recibidas, la Corte precisará los criterios
generales sobre valoración de la prueba y realizará algunas consideraciones
8
aplicables al caso específico, la mayoría de las cuales han sido desarrolladas
anteriormente por la jurisprudencia de este Tribunal.
37.
El artículo 43 del Reglamento establece que:
Las pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas si son señaladas
en la demanda y en su contestación y en su caso, en el escrito de excepciones
preliminares y en su contestación. Excepcionalmente la Corte podrá admitir
una prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un impedimento
grave o hechos supervinientes en momento distinto a los antes señalados,
siempre que se garantice a la parte contraria el derecho de defensa.
38.
El artículo 44 del Reglamento señala que en cualquier estado de la causa la
Corte podrá:
1.
Procurar de oficio toda prueba que considere útil. En particular, podrá
oír en calidad de testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuyo
testimonio, declaración u opinión estime pertinente.
2.
Requerir de las partes el suministro de alguna prueba que esté a su
alcance o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser
útil.
3.
Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su
elección, que obtenga información, que exprese una opinión o que haga un
informe o dictamen sobre un punto determinado. Mientras la Corte no lo
autorice, los documentos respectivos no serán publicados.
[...]
39.
Según la práctica reiterada del Tribunal, durante la etapa de reparaciones, las
partes deben señalar qué pruebas ofrecen en la primera oportunidad que se les
concede para pronunciarse por escrito. Además, el ejercicio de las potestades
discrecionales de la Corte, contempladas en el artículo 44 de su Reglamento, le
permite a ésta solicitar a las partes elementos probatorios adicionales, en carácter de
prueba para mejor resolver, sin que esta posibilidad otorgue a aquéllas una nueva
oportunidad para ampliar o complementar sus alegatos u ofrecer nueva prueba sobre
reparaciones, salvo que la Corte así lo permitiera1.
40.
La Corte ha señalado anteriormente, que los procedimientos que se siguen
ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que los procedimientos
internos, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio
debe ser efectuado prestando particular atención a las circunstancias del caso
concreto y teniendo presentes los límites dados por el respeto a la seguridad jurídica
y al equilibrio procesal de las partes2. La jurisprudencia internacional ha sostenido la
potestad de los tribunales para evaluar las pruebas dentro de los límites de la sana
1
cfr. Caso Castillo Páez.
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 37.
2
cfr. Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 65; Caso “La
Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73,
párrs. 49 y 51; y Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párrs.
71 y 76.
9
crítica y, ha evitado siempre suministrar una rígida determinación de la cantidad de
prueba necesaria para fundar un fallo3.
41.
Esta práctica es extensiva a los escritos en que se formulan las pretensiones
sobre reparaciones de los representantes de las víctimas o, en su caso, de sus
familiares y de la Comisión Interamericana y al escrito de respuesta del Estado, que
son los principales documentos de la presente etapa y revisten, en términos
generales, las mismas formalidades que la demanda respecto al ofrecimiento de
prueba.
42.
Con base en lo dicho, la Corte procederá a examinar y valorar el conjunto de
los elementos que conforman el acervo probatorio del caso, según la regla de la sana
crítica4, dentro del marco legal del caso en estudio.
A) DOCUMENTAL
43. Al presentar su escrito sobre reparaciones, los representantes de los familiares
de las víctimas adjuntaron como prueba ocho anexos que contenían 34 documentos5
y numerosos documentos de soporte de gastos.
3
cfr. Caso Castillo Páez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 38; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales.
Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 130; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de
enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 133; y Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988.
Serie C No. 4, párr. 127. En igual sentido, la Corte Internacional de Justicia, Military and Paramilitary
Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J.
Reports 1986, p. 14, para. 60.
4
cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 2, párr. 69; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo
Bustos y otros), supra nota 2, párr. 54; y Caso Baena Ricardo y otros, supra nota 2, párrs. 70 y 72.
5
cfr. anexo 1, copia del certificado de nacimiento de Julio Roberto Caal Sandoval; copia certificada
de la cédula de vecindad No. 462617, de Margarita Urbina; y declaración jurada de Margarita Urbina de 6
de abril de 2000; anexo 2, copia del certificado de nacimiento de Henry Giovanni Contreras; copia del
certificado de nacimiento de Mónica Renata Agreda Contreras; copia del certificado de nacimiento de
Shirley Marlen Agreda Contreras; copia del certificado de nacimiento de Osman Ravid Agreda Contreras;
copia certificada de la cédula de vecindad No. 33327, de Ana María Contreras; copia de certificado de
estudios de educación primaria de Henry Giovanni Contreras de la Escuela Nacional Urbana Mixta de 26
de octubre de 1981; copia de certificado de estudios de educación primaria de Henry Giovanni Contreras
de la Escuela Nacional Urbana Mixta “Heriberto Gálvez Barrios” de 29 de octubre de 1982; copia de
certificado de estudios de educación primaria de Henry Giovanni Contreras de la Escuela Nacional Urbana
#7 “Francisco Marroquín” de 31 de octubre de 1983; copia de informe de notas de Henry Giovanni
Contreras de segundo grado del ciclo 1983 de la Escuela Nacional Urbana #7 “Francisco Marroquín”;
copia de informe de notas de Henry Giovanni Contreras de tercer grado del ciclo 1984 de la Escuela
Nacional No. 71 “German Alcántara”; constancia de trabajo de Henry Giovanni Contreras de la empresa
Técnica Nacional de 7 de abril de 2000; copia de hoja escrita a mano de 14 de marzo de 2000 por José
Rafael Palencia; constancia de estudios de mecanografía de Henry Giovanni Contreras de la Academia
Comercial de Mecanografía “Superación” de 22 de marzo de 2000; declaración jurada de Ana María
Contreras de 6 de abril de 2000; y copia de carné deportivo de Henry Giovanni Contreras; anexo 3, copia
del certificado de nacimiento de Anstraun Aman Villagrán Morales; copia de constancia del Registro Civil
de Guatemala de 9 de enero de 1975, del nacimiento de Anstraun Aman Villagrán Morales; copia del
certificado de defunción de Anstraun Aman Villagrán Morales de 5 de abril de 1991; copia de la cédula de
vecindad No. 798483, de Lorena Dianeth Villagrán Morales; copia certificada de la cédula de vecindad No.
19874, de Matilde Reyna Morales García; recibo de 6 de abril de 2000 de “Funerales San Rafael” por
concepto de servicio fúnebre de Anstraun Aman Villagrán Morales; recibo de 6 de mayo de 1990 del Dr.
David Ricardo Del Cid por concepto de tratamiento de diabetes de Matilde Morales García; constancia de
la historia médica de Matilde Reyna Morales García extendida el 6 de abril de 1990 por el Dr. David
Ricardo Del Cid; declaración jurada de Matilde Reyna Morales García de 6 de abril de 2000; y certificado
emitido por el Director de la Escuela Oficial para Varones No. 72 “Reino de Bélgica” el 11 de abril de 2000
en relación con Anstraun Aman Villagrán Morales; anexo 4, copia de información del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social sobre salarios mínimos establecidos por ley en Guatemala para el año 2000; anexo 6,
copia del “Plan de Acción en Favor de los Niños y Niñas de la Calle” de la Secretaría de Obras Sociales de
10
44. La Comisión Interamericana en su escrito de reparaciones adjuntó como prueba
seis anexos que contenían otros tantos documentos6.
Adicionalmente, cuando
presentó dicho escrito traducido al español adjuntó tres documentos7 .
45. El Estado, por su parte, adjuntó como prueba a su escrito de observaciones a
los escritos de reparaciones de los representantes de los familiares de las víctimas y
de la Comisión un documento8.
46. A pedido del Presidente, el perito Christian Salazar Volkmann presentó durante
la audiencia pública sobre reparaciones copia de tres documentos9.
*
*
*
47.
En el presente caso, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos
documentos oportunamente presentados por las partes que no fueron controvertidos
ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda10.
48.
En cuanto a los anexos que aportaron los representantes de los familiares de
las víctimas para demostrar que Anstraun Aman Villagrán Morales, Henry Giovanni
Contreras (constancias de trabajo) y Julio Roberto Caal Sandoval desarrollaban
actividades laborales, el Estado alegó que los mismos carecían de seriedad y de los
requisitos legales necesarios para ser admitidos como prueba. Asimismo, en lo que
la Esposa del Presidente, Municipalidad de Guatemala, Presidencia de la República, Guatemala, febrero de
1997; anexo 7, copia del Código de la Niñez y la Juventud aprobado mediante Decreto No. 78-96 del
Congreso de la República de Guatemala; y anexo 8, artículo del Diario Siglo Veintiuno titulado
“Suspenderán indefinidamente vigencia del Código de la Niñez” publicado el 17 de febrero de 2000;
artículo del Periódico Guatemala titulado “Una ley que nunca fue” publicado el 1 de febrero de 2000;
artículo del Periódico Guatemala titulado “Las cuentas que no cuadran” publicado el 2 de febrero de 2000;
y artículo del Diario La Hora titulado “Código de la Niñez y la Juventud” publicado el 11 de febrero de
2000; y anexo 5, numerosos documentos de soporte de gastos ante el Sistema Interamericano.
6
cfr. anexo 1, tabla de cálculo realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sobre la pérdida de ingresos aplicable a cada víctima; anexo 2, copia de documento del Instituto
Nacional de Estadística de Guatemala (INE): “Tablas Abreviadas de Mortalidad (Período 1990-1995)”;
anexo 3, copia de los artículos 100-107 del Código de Trabajo de Guatemala; anexo 4, copia de
documento titulado “Situación sobre los compromisos laborales de los Acuerdos de Paz”, MINUGUA,
Ciudad de Guatemala, junio de 2000; anexo 5, copia con información del Banco de Guatemala: Tabla de
Tasas de Interés 1980-1999 elaborada por el Departamento de Estudios Económicos del Banco de
Guatemala; y anexo 6, copia de la tabla titulada “Información del mercado bancario. Operaciones del 17
de agosto del 2000” elaborada por el Banco de Guatemala.
7
cfr. declaración jurada de la señora Ana María Contreras de 24 de agosto de 2000; copia de
certificado de estudios de Wilson Ravid Agreda Vásquez en la Escuela Oficial Urbana Mixta “La Brigada”,
de 31 de octubre de 1997; y copia del certificado de nacimiento de Wilson Ravid Agreda Vásquez.
8
cfr. copia del “Plan de Acción a Favor de los Niños, Niñas y Jóvenes de la Calle” elaborado por la
Secretaría de Bienestar Social, Foro de Protección a la Niñez y Juventud de la Calle y COPREDEH.
9
cfr. documento titulado “Estudio sobre Adopciones y Derechos de los Niños y las Niñas en
Guatemala. Guatemala, 2000” elaborado por el Instituto Latinoamericano para la Educación y la
Comunicación (ILPEC); documento titulado “Aproximación situacional del niño, niña y adolescente de la
Calle” elaborado por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente -SOSEP-, Guatemala,
Octubre de 1998; y documento titulado “Violación a los Derechos Humanos de los Niños de la Calle”,
Informe de Impunidad, 1990-1998, elaborado por la Asociación Casa Alianza Guatemala, 1999.
10
cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 2, párr. 73; Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo
Bustos y otros), supra nota 2, párr. 55; y Caso Baena Ricardo y otros, supra nota 2, párr. 74.
11
se refiere a las declaraciones juradas de Margarita Urbina11, Ana María Contreras y
Matilde Reyna Morales García, emitidas el 6 de abril de 2000 ante el notario Gustavo
Rodolfo de León Rodas, el Estado las objetó y solicitó que se las declarara
inadmisibles, por considerar que las declarantes no son idóneas para “verter juicios
respecto de sus propios familiares en tanto que sus argumentos podrían estar
plenamente parcializados” y “se limitan a referir que sus respectivos familiares
mantenían, antes de su fallecimiento, relaciones laborales”; añadió el Estado que
tales declaraciones carecen de los elementos formales necesarios. En relación con lo
anterior, este Tribunal considera que, de acuerdo con los criterios de flexibilidad en la
recepción de la prueba anteriormente expuestos, dichos anexos y declaraciones
deben admitirse, y que se reserva la evaluación de su valor probatorio de acuerdo
con la regla de la sana crítica y dentro del contexto del acervo probatorio12.
49.
En cuanto a la prueba adicional presentada por la Comisión conjuntamente
con la traducción al español de su escrito de reparaciones (supra párr. 44), el
Tribunal la considera, en principio, útil para la resolución del presente caso, por lo
cual se agrega al acervo probatorio en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.1
del Reglamento. No obstante, es necesario señalar que la documentación indicada
se refiere al niño Wilson Ravid Agreda Vásquez, quién, según la declaración jurada
rendida el 24 de agosto de 2000 y la declaración efectuada en la audiencia pública
por la señora Ana María Contreras, es hijo de Henry Giovanni Contreras. Sin
embargo, en la copia de la inscripción de nacimiento de Wilson Ravid Agreda
Vásquez consta que es hijo de María del Rosario Vásquez Escobar y Ravid Lorenzo
Agreda Orellana. Dado que se trata de un documento público y que no obra en el
expediente otro con el mismo valor que lo desacredite, esta Corte no puede
reconocer a la persona en cuestión la calidad de hijo de Henry Giovanni Contreras.
50.
El 19 de abril de 2001 los representantes de los familiares de las víctimas
presentaron copias de los certificados de los nacimientos de Gerardo Adoriman
Villagrán Morales, Reyna Dalila Villagrán Morales, Guadalupe Concepción Figueroa
Túnchez y Zorayda Izabel Figueroa Túnchez y, el 7 de mayo de 2001, presentaron el
certificado de nacimiento de Federico Clemente Figueroa Túnchez, como prueba para
mejor resolver en cumplimiento de lo requerido por el Presidente (supra párr. 34),
por lo cual se admiten para ser valoradas dentro del conjunto de la prueba aportada
en el presente caso, de conformidad con el artículo 44.1 del Reglamento.
51.
La Comisión aportó al expediente un documento del Instituto Nacional de
Estadística de Guatemala (INE) denominado “Guatemala: Tablas Abreviadas de
Mortalidad (Período 1990 - 1995)” para demostrar la expectativa de vida de las
víctimas.
Este Tribunal tendrá en cuenta los datos que de ella surjan para
determinar la expectativa de vida de las víctimas, comprendida como el número de
años adicionales que se espera que cada víctima hubiese vivido, y tomará en
consideración datos tales como la edad, sexo y zona geográfica de residencia.
52.
En cuanto a los documentos presentados por el perito Christian Salazar
Volkmann, a solicitud del Presidente durante la audiencia pública (supra párr. 46), la
11
En la sentencia de fondo del presente caso se consignó el nombre de la abuela de la víctima Julio
Roberto Caal Sandoval como Margarita Sandoval Urbina; sin embargo, en el acervo probatorio recogido
en la etapa de reparaciones constan documentos fehacientes que permiten establecer que su nombre
correcto es Margarita Urbina.
12
cfr. Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 57.
12
Corte los considera útiles dentro del contexto del acervo probatorio, y los incorpora al
mismo de acuerdo con el artículo 44.1 del Reglamento. En el mismo sentido,
procede en relación con los siguientes documentos: “Historia del Salario Mínimo
Mensual, según año 1980 - 1995” y “Guatemala: Estadísticas del Tipo de Cambio
Promedio Mensual, años 1996 - 2000”, Departamento de Estudios Económicos,
Sección Balanza de Pagos.
53.
Además, es conveniente señalar que el acervo probatorio de un caso es único
e inescindible y se integra con la prueba presentada durante todas las etapas del
procedimiento13; de esta manera, las declaraciones rendidas por los señores Ana
María Contreras, Matilde Reyna Morales García, Rosa Angélica Vega, Julia Griselda
Ramírez López, Osvelí Arcadio Joaquín Tema,
Delfino Hernández García,
Roberto Marroquín Urbina y Ayende Anselmo Ardiano Paz y los peritajes de Roberto
Carlos Bux y Alberto Bovino durante la audiencia pública celebrada ante esta Corte
los días 28 y 29 de enero de 1999 sobre el fondo del caso, también forman parte del
material probatorio que será considerado durante la presente etapa.
B) TESTIMONIAL
54.
La Corte recibió, en la audiencia pública de 12 marzo de 2001, las
declaraciones de los testigos ofrecidos por los representantes de los familiares de las
víctimas y la Comisión Interamericana. Dichas declaraciones son sintetizadas a
continuación:
a)
Testimonio de Ana María Contreras, madre de Henry Giovanni
Contreras
Henry Giovanni era un niño dedicado a la casa y que estudió hasta cuarto año de
escuela. Su padre ya había fallecido cuando él nació.
Tiene tres hijos más, todos menores que Henry Giovanni: Shirley Marlen Agreda
Contreras, de 20 años, Mónica Renata Agreda Contreras, de 18 años, y Osman Ravid
Agreda Contreras, de 16 años. Las dos primeras se graduaron en secretariado y
computación, respectivamente, y actualmente trabajan en venta de terrenos; el
menor cursa tercer año básico. La víctima mantenía una relación afectuosa con sus
hermanos. Un año antes de su muerte, la testigo se enteró que Henry Giovanni
había tenido un hijo, Wilson Ravid Agreda Vázquez, de quien se hizo cargo cuando la
madre de éste se lo entregó. La madre del niño nunca volvió por él. En ese entonces
éste tenía dos años de edad y actualmente tiene doce. La testigo ha pagado sus
estudios y gastos médicos del niño desde entonces, y su crianza ha sido muy difícil,
pero en la familia ha sido recibido y educado como un hijo más. Actualmente cubre
todos sus gastos escolares. Wilson siente la ausencia de su padre. La razón por la
que no aparece en el registro de nacimiento como hijo de Henry Giovanni, es que
éste último no había cumplido 18 años para reconocer la paternidad, entonces el
padre de los medios hermanos de Henry Giovanni, el esposo de la testigo, lo
reconoció como hijo después de la muerte de aquél.
Henry Giovanni vivió en su casa formalmente hasta los 14 años aproximadamente,
después de lo cual comenzó a vivir en la calle, durante períodos de tiempo
13
cfr. Caso Blake. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, párr. 28.
13
irregulares. La testigo salía a buscarlo a la calle cuando pasaba un tiempo sin que
volviera a la casa, porque le preocupaba. Su esposo -el padrastro de Henry
Giovanni- lo humillaba, principalmente luego de que nacieran sus otros tres hijos, y
esa es, en gran parte, la causa de su salida de la casa. En los meses anteriores a su
muerte, la víctima ya vivía de nuevo en su casa y Casa Alianza le había conseguido
un trabajo fijo y estable en una serigrafía, en la cual laboró durante unos cinco
meses con un salario mensual de 60 ó 70 quetzales. Henry Giovanni comenzó a
trabajar aproximadamente desde los 11 años en albañilería, en destapar pozos, en
mecánica, o en venta de comida o artesanías en la calle. Deseaba seguir estudiando
y trabajar por su familia. Cuando Henry Giovanni volvía de estudiar, le ayudaba
cuidando a sus hermanos, mientras ella iba a trabajar como “muchacha”. Desde los
14 años la víctima ayudaba material y económicamente a su familia, en forma
constante y regular. En ese tiempo él ganaba unos 15 ó 20 quetzales, de los cuales
entregaba a su madre hasta la mitad del dinero o aportaba comida y ropa, y ello
representaba prácticamente la mitad de los gastos de la casa, incluyendo los gastos
de los hermanos. Incluso cuando se fue de la casa, cada mes o dos realizaba algún
aporte. Al morir la víctima, la situación económica de la familia se vio limitada. En
Guatemala es costumbre que los hijos aporten para las necesidades de su casa, y
cuando se van de ésta, queda a su voluntad continuar apoyando a sus padres en su
vejez.
Cuando se enteró de la muerte de su hijo, sufrió una neuralgia y una parálisis en la
cara casi durante dos años, para lo cual no recibió un tratamiento específico.
Actualmente también sufre de gastritis. Todavía sufre esos problemas de salud, pero
no ha podido recibir atención médica por falta de dinero y por su trabajo. Durante
ese periodo casi abandonó a sus otros hijos. Seis o siete meses después de la
muerte, su hogar se desintegró porque “sacó” a su esposo de la casa. Por falta de
dinero no pudo arreglar el tipo de velorio y sepultura que quería para su hijo.
Tampoco pudo realizar la exhumación de su cuerpo, el cual sigue enterrado como
XX. Desea todavía sepultarlo formalmente con lápida. Ella y su familia aún sienten la
presencia de Henry Giovanni en sus vidas. Sería importante saber que los
responsables de la muerte de su hijo han sido castigados. Del proceso ante la Corte
espera justicia y alguna medida como una escuela para los niños que están en la
calle, donde ellos puedan permanecer seguros, durante el día. La testigo siente que
el Estado de Guatemala no le ha asegurado sus derechos.
b)
Testimonio
Sandoval
de
Margarita
Urbina,
abuela
de
Julio Roberto Caal
Su hija, Rosa Carlota Sandoval, madre de Julio Roberto, también murió, luego de
éste. Julio Roberto no tenía más hermanos. Desde pequeño vivió con la testigo y
ocasionalmente con su madre, porque su padrastro lo maltrataba. Julio Roberto no
conoció a su padre. Era un niño educado.
Eran muy pobres y ella lo mandaba a lustrar zapatos, vender dulces o a sacar arena
del cerro para vender en las “casas grandes”. Trabajó desde los seis años para
ayudarla y salir de la pobreza. Él le compraba alimentos diariamente. Julio Roberto
no estudiaba porque eran muy pobres para pagar estudios. Cuando no tenían donde
vivir se quedaban en la calle.
Julio Roberto le hablaba sobre sus expectativas para el futuro y sobre sus deseos de
seguir trabajando para salir de la situación económica en la que vivían. La muerte de
14
Julio Roberto fue muy dolorosa para ella. Además, él era su único soporte económico
y prácticamente desde entonces se quedó en la calle.
Actualmente vive en un terreno “tapado con nylon” y no tiene a nadie que le ayude.
Se dedica a sacar arena para vender.
c)
Testimonio de Reyna Dalila Villagrán Morales, hermana de Anstraun
Aman Villagrán Morales
Su madre es Matilde Reyna Morales García. Tiene tres hermanos más: Lorena
Dianeth Villagrán Morales, Gerardo Adoriman Villagrán Morales y Blanca Elisa
Albizurú Morales. Esta última solamente es hermana por parte de su madre, y
Anstraun Aman no la conoció. Su padre los abandonó cuando la testigo tenía siete
años. Trabaja desde los nueve años dada la situación económica familiar en ese
entonces. Tiene cuatro hijas y un hijo y todos estudian.
Anstraun Aman era un niño trabajador, estudioso, obediente, muy noble y humilde.
Su relación con él era muy buena, puesto que cuidaba a sus hermanos mientras su
madre trabajaba durante todo el día para mantener a la familia. Anstraun Aman
trabajaba por las mañanas desde que tenía ocho o nueve años, estudiaba por las
tardes y llegó hasta sexto grado de primaria. Al momento de los hechos estaba
estudiando en “primero básico” por las noches. Él vivía en la calle desde los 14 ó 15
años, trabajaba, y de lo que ganaba por semana le entregaba una parte a su madre.
El máximo monto que llegó a ganar fueron 65 quetzales por semana. Ese apoyo
económico fue muy importante para la familia. Regresaba a la casa casi todos los
días, salvo en algunas ocasiones en que permanecía más tiempo en la calle. Su
familia se preocupaba por su bienestar y seguridad, y salían a buscarlo cuando no
volvía a casa. Casa Alianza le brindó ayuda a Anstraun Aman consiguiéndole un
trabajo en una caseta, donde ayudaba a lavar trastos o cargar bultos, con lo cual
mejoró su comportamiento e iba más seguido a la casa.
En Guatemala se acostumbra -en el medio social al que han pertenecido- que los
hijos aporten hasta los 18 años a los gastos de mantenimiento de la familia de sus
padres y hermanos, pero si no se ha casado puede seguir aportando a la casa. Luego
vuelven a aportar a los padres durante la vejez de estos.
Cuando su hermano murió la testigo tenía 20 ó 21 años. Para ella, la consecuencia
más difícil de esa muerte fue ver a su madre física y psicológicamente en mal estado.
A esta se le desarrolló una diabetes y casi no hablaba. En ese tiempo la madre de la
testigo estaba embarazada, sufrió varias complicaciones y llegó casi al punto de
perder al bebé. Hasta hace cinco o seis años se dieron cuenta de la enfermedad que
le aquejaba, pues estuvo a punto de morir por causa de un coma diabético. En esa
oportunidad, el médico que la atendió les explicó que el origen de la enfermedad
debió haber sido un “susto” o un problema serio que ella hubiese tenido, y el único
problema que ella tuvo fue la muerte de Anstraun Aman. En la actualidad su madre
no recibe ningún tratamiento médico por falta de dinero, a pesar de que trabaja en
una venta de comida. Entre la testigo y su hermana le ayudan en el trabajo, pues
ella ya no está en condiciones de trabajar. Hasta la fecha, su madre padece las
consecuencias de esto pues tampoco ha superado el dolor emocional. A pesar de que
su madre no pudo mantenerse en la casa con Anstraun Aman cuando era niño, los
hechos le afectaron profunda y hasta la fecha en cierta forma ella se siente culpable
de haber dejado a sus hijos para trabajar.
15
Con dinero prestado pudieron sepultar a su hermano. Hasta hace un año y medio su
madre pudo terminar de pagar dicho préstamo. Visita regularmente la tumba de su
hermano pero su madre no lo hace porque le afecta. Ninguna reparación económica
podrá aliviar el sentimiento de dolor de su familia.
Ni la testigo ni su familia han hecho gestiones ante las autoridades de Guatemala
para que se investiguen los hechos en que perdió la vida su hermano y se sancione a
los responsables, ni para que las autoridades provean algún apoyo de carácter
económico, médico o social a su madre, porque no hay programas para eso.
d)
Testimonio de Marta Isabel Túnchez Palencia, madre de Federico
Clemente Figueroa Túnchez
Tiene dos hijas más, Guadalupe Concepción Figueroa Túnchez, de 45 años de edad,
quien “arregla papeles de carro”, y Zorayda Izabel Figueroa Túnchez, de 32 años de
edad, quien trabaja en una panadería. Vive con esta última, quien tiene dos hijas.
Federico Clemente cuidaba a una de sus sobrinas, de nombre Alejandra Isabel. Él
era el segundo hijo y mantuvo con ellas una buena relación, incluso le ayudaba a sus
hermanas con los materiales para sus estudios.
Mantuvo una buena relación madre-hijo con Federico Clemente. Su esposo la
golpeaba y cuando Federico Clemente intervenía también lo golpeaba. Por eso
Federico Clemente se iba de la casa unos días y luego regresaba. Su hijo comenzó a
vivir en la calle a los nueve años por períodos de tiempo irregulares. Federico
Clemente trabajó desde los ocho años. Hacía pulseritas típicas y llaveros para
vender. Trabajó también descargando camiones de “piedrín” y arena, limpiando
casas, carros y vidrios y lustrando zapatos; aprendió a leer pero nunca fue a la
escuela. Le ayudaba económicamente y con alimentos a la testigo, lo cual
representaba un aporte importante para la familia.
Un día su Federico Clemente ya no volvió y a los ocho días fue a buscarlo, hasta que
finalmente en el gabinete de identificación le mostraron fotografías de su hijo
muerto, sin ojos y con la boca abierta. Cuando se enteró de lo ocurrido, no lo podía
creer y no salía de su casa; se enfermó, se le subió la presión, le dio un derrame y
llegó a pesar 105 libras. Su esposo también se enfermó cuando ya no vio llegar a su
hijo y murió de un infarto, después de la muerte de Federico Clemente. Siente que
su hijo todavía está vivo y aún se pregunta ¿qué fue lo que le sucedió?
Con ayuda de sus amistades pudo arreglar el velorio del joven. Ninguna autoridad
del Estado le explicó lo sucedido o le ayudó con la sepultura. La testigo siente que
de las hermanas de Federico Clemente, la más afectada por su muerte es Zorayda.
La testigo recibió amenazas. Un día por la noche, dos hombres la buscaron en su
casa y, con una actitud de amenaza, le dijeron que no fuera a declarar al juzgado.
Por eso se fue a vivir a otro lugar. A los dos meses, cerca de las dos de la
madrugada la fueron a buscar otros tres hombres encapuchados en una camioneta
negra; se la llevaron en el carro y le pidieron que no declarara nada en ningún
juzgado. Cuando reclamó, la golpearon y la cortaron en un dedo. Vivió con su madre
un tiempo. Hace un año la volvieron a buscar dos hombres, pero ella no los vio.
Hace dos años, le lanzaron desde un carro un objeto encendido que le provocó
quemaduras en la parte anterior de su tronco y en la muñeca. Aún se le hacen
llagas, pero no puede costear las medicinas. Debido a estas persecuciones se
escondió en muchos lugares y Casa Alianza no la podía encontrar. Tiene miedo de lo
16
que le pueda suceder. Nunca puso esos hechos en conocimiento de ninguna
autoridad de su país, por temor y por su enfermedad.
*
*
*
55.
En relación con los testimonios rendidos por las señoras Ana María Contreras,
Margarita Urbina, Reyna Dalila Villagrán Morales y Marta Isabel Túnchez Palencia, en
la audiencia pública sobre reparaciones celebrada en el presente caso, la Corte los
admite únicamente en cuanto se ciñan al objeto del interrogatorio propuesto por la
Comisión. Al respecto, este Tribunal estima que por tratarse de parientes cercanos y
tener un interés directo en este caso, la valoración de sus manifestaciones debe
sujetarse con especial rigor al criterio que consiste en apreciar cada prueba en
función del conjunto del acervo probatorio. En este contexto, las manifestaciones de
las señoras Contreras, Urbina, Villagrán Morales y Túnchez Palencia tienen un valor
especial, en la medida en que pueden proporcionar importante información sobre las
consecuencias de las violaciones que fueron perpetradas14. Las declaraciones a las
que se hace referencia se incorporan al acervo probatorio con arreglo a las
consideraciones expresadas.
C) PERICIAL
56.
La Corte recibió, en la audiencia pública celebrada el 12 marzo de 2001, los
informes de los peritos ofrecidos por los representantes de los familiares de las
víctimas y la Comisión Interamericana. Las declaraciones de dichos expertos son
sintetizadas a continuación:
a)
Peritaje de Ana Deutsch, psicóloga clínica en psicoterapia
transcultural y evaluación y tratamiento de las consecuencias
psicológicas del trauma
Se reunió con Ana María Contreras, Margarita Urbina, Reyna Dalila Villagrán Morales
y Marta Isabel Túnchez Palencia para practicar tres entrevistas de grupo, de
aproximadamente hora y media cada una, y luego individualmente con cada una de
ellas, en dos oportunidades, por aproximadamente una hora cada vez. Todo en el
curso de dos días.
Una persona que ha sido secuestrada y detenida en condiciones de clandestinidad,
incomunicación y tortura, si sobrevive a semejante situación sufre un impacto
devastador, que destruye en buena medida las defensas psíquicas y la personalidad,
y causa mucho dolor psíquico y emocional. En la nomenclatura psiquiátrica, la
categoría
para clasificar o diagnosticar la situación resultante de semejante
experiencia es conocida como síndrome de estrés post-traumático.
En este caso el impacto es distinto, pues los niños o adolescentes tienen menos
fortaleza psíquica para tolerar el secuestro y la tortura. Para los familiares también el
impacto es devastador; aunque los familiares no hayan estado sujetos a maltrato
físico. Si existe justicia en el caso y se castiga a los responsables, eso puede mitigar
un poco el dolor y puede ayudar al proceso de superación de la sintomatología que
14
cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 2, párr. 75; Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de
agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 59; y Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000.
Serie C No. 68,
párr. 53.
17
puede generar esa experiencia. En este caso, en que los responsables fueron
agentes de la policía, emocionalmente causa más dolor y es más difícil de incorporar
la idea de lo que ha sucedido, porque son los agentes del gobierno los que deben
proteger a la población.
Cuando la muerte no es natural sino que es resultado de “ejecuciones
extrajudiciales”, el proceso de duelo de los familiares sobrevivientes es diferente. El
proceso normal de duelo consiste en cuatro etapas: negación del hecho de la muerte,
enojo, depresión y aceptación de esta. En casos de muertes que se deben al curso
normal de la vida, existe una explicación de lo sucedido de acuerdo a los recursos
ideológicos y culturales de cada persona. Cuando la muerte corresponde a una
ejecución extrajudicial, esa circunstancia agrava, interfiere o impide el proceso de
duelo. Entonces, el duelo puede durar toda la vida o puede no producirse nunca;
todos los estados y emociones descritos se quedan “enquistados” y aparecen
alternativamente en distintos momentos de la vida.
Puede demostrarse científicamente que, dado el orden natural de la vida, se
producen efectos distintos cuando los padres tienen que enfrentar la muerte de un
hijo; esta última situación es siempre más difícil de superar que la muerte de los
padres. Para los hermanos, el efecto es de alguna forma diferente. Ellos pueden
ponerse en la posición del hermano fallecido y pensar que les puede ocurrir lo
mismo. Eso puede producir alguna disfuncionalidad, que puede ser momentánea, y
es una fuente de sufrimiento.
Los efectos emocionales de un trauma de esta naturaleza crean la posibilidad de
agravar una enfermedad física o mental, dada la naturaleza unitaria del ser humano.
Eventos traumáticos que desequilibran el sistema psíquico llegan a tener una
repercusión en el organismo. Existen investigaciones acerca del compromiso neurofisiológico y biológico del trauma, que repercute en distintas funciones del organismo
y que puede generar, producir o despertar una condición nueva o latente. Ese es el
caso de una diabetes o una psicosis, tenga o no la persona antecedentes familiares
de esas enfermedades.
La única posesión de los pobres son los hijos. Es lo único que crean y poseen y en
parte un medio de seguridad para el futuro. Estas personas, en general, no tienen
acceso a los sectores formales de trabajo, no se jubilan, ni tienen pensión, y esperan
que sus hijos les ayuden cuando estén más viejos. La situación de pobreza no
interfiere en absoluto en los vínculos afectivos entre madres e hijos. La dinámica
psicológica que se da en los núcleos familiares en donde hay niños de la calle, no es
diferente de cualquier otra dinámica psicológica, pues los niños buscan la calle como
centro social y para trabajar. La condición de pobreza intensifica los lazos afectivos
con los hijos porque es todo lo que los padres tienen y los hijos ocupan un lugar muy
especial en las vidas y emociones de las personas pobres.
En relación con las entrevistas realizadas con las testigos, se detectaron semejanzas
o patrones comunes en la reacción de los familiares frente a las violaciones y la
pérdida de sus seres queridos.
La señora Ana María Contreras ha tenido la experiencia de vivir en la calle. Ella fue
abandonada o puesta por su mamá en una casa, donde tenía que hacer los trabajos
domésticos. En esa casa fue maltratada, y a los 13 años se fue de ésta. Asistió a la
escuela nocturna. Es una persona que tiene bastante integridad de personalidad,
bastante energía, muy inteligente y con la ambición de darle educación a sus hijos,
de sacarlos de la pobreza. A sus 17 años nació Henry Giovanni. A esa edad tener un
18
hijo y no tener nada más, crea un vínculo especial y muy profundo. Henry Giovanni
era su hijo preferido, aunque no lo reconozca así, y tenía muchas expectativas
puestas en él. Ella piensa que el padrastro es el responsable de que la víctima
buscara la calle en muchas ocasiones, porque no lo acogió bien como padre. Pasó por
un período de depresión que le duró dos años. Salió de su depresión pensando en
sus otros hijos y decidió buscar un trabajo formal, lo que ha producido un gran
cambio en su vida y en la vida de sus hijos. Sufrió una parálisis facial, lo cual es
común en situaciones de mucho “estrés”.
La señora Margarita Urbina también nació y se crió en la calle. Dice que Julio
Roberto Caal Sandoval, su nieto, no se llevaba bien con su mamá y su padrastro,
razón por la cual se fue a vivir con ella. Con orgullo dice que Julio Roberto traía su
dinero para comprarle la comida a ella. Siente la pérdida de Julio Roberto muy
profundamente. Es una persona que, a sus 64 años, jamás ha visitado a un médico.
Los síntomas que presenta se relacionan con sus condiciones de vida, con el evento
de la muerte de Julio Roberto y con la preocupación por su edad. Necesita atención
médica.
La señora Reyna Dalila Villagrán Morales es una persona muy positiva. Es muy
sociable, de una personalidad muy íntegra y principios muy sólidos. Reyna Dalila
cuidó de Anstraun Aman, su hermano, cuando su madre salía a trabajar para
alimentar a los niños. De alguna manera tuvo el papel de mamá con respecto a
Anstraun Aman. En este momento está muy preocupada por la salud de su mamá.
Apoya a su madre y eso le ayuda a ella, de alguna manera, a cubrir o canalizar sus
propias preocupaciones o su propio sufrimiento emocional con respecto a la muerte
del hermano.
La señora Marta Isabel Túnchez nunca ha ido a la escuela. Tiene una autoestima
muy baja. Ha sufrido mucho en su vida y tenía puesta su esperanza en su hijo,
Federico Clemente. La reacción de Marta con respecto a la muerte de su hijo es muy
interesante. Dice que el que más sufrió la muerte de su hijo fue el esposo, que era
alcohólico y murió posiblemente por una mezcla entre infarto y abuso de alcohol.
Ella creó la fantasía de que Federico Clemente la acompaña y que la va a ayudar de
alguna manera, para seguir adelante. Siente que en su corta vida él se preocupaba
por su salud y bienestar. En relación con algún impacto o síntoma físico que se
pueda relacionar con el asesinato de su hijo, ella dice que se le subió la presión de la
sangre y que tuvo un “mini-derrame”, que le dejó la cara un poco desviada. Pero lo
más importante fue la depresión que siguió y el conflicto que se produjo en la
familia, porque según ella su hija se alejó después que murió Federico Clemente.
Otros miembros de cada familia nuclear sufrieron daños como resultado de los
sucesos. Aunque la perito no los conoció, por comentarios de las entrevistadas y
elaboraciones propias, se puede afirmar que los hermanos de las víctimas fueron
profundamente afectados. Sería importante para las familias que las medidas de
reparación en el caso les permitieran implementar sus deseos sobre un velorio y
sepultura adecuados para los restos de sus familiares, como una especie de
terminación del proceso de duelo o, por lo menos, un paso adelante en la
reconciliación con la idea de que estos niños han muerto.
Estas familias necesitan asistencia psicológica que les ayude a procesar todos esos
eventos. La consecuencia de no recibirla es que este trauma quede como
“enquistado” y genere síntomas o mayor depresión en el futuro. Todas necesitan,
asimismo, asistencia médica y financiera para lograr condiciones de vida mínimas.
19
Son necesarios programas de prevención para que otros niños no tengan la misma
experiencia. Son igualmente importantes medidas simbólicas de reparación.
b)
Peritaje de Christian Salazar Volkmann, experto en derechos del niño
Hay una amplia desprotección social de los niños en Guatemala. Generalmente este
país se disputa en América Latina los últimos lugares en cuanto a alfabetismo y
educación básica, salud y desnutrición y trabajo infantil. Por otra parte, existe una
situación de desprotección legal: la legislación para menores vigente en el país viola
la Convención sobre los Derechos de los Niños.
Existe un índice de analfabetismo aproximado del 30% de la población. Sólo el 84%
de los niños en edad escolar se inscriben en primaria y no todos ellos terminan. Los
niveles de inversión estatal en la educación pública son de los más bajos de América
Latina. Igualmente, los índices de nutrición son muy bajos, lo que es muy
preocupante, porque los daños en el cerebro y en el desarrollo físico y psicológico del
niño en los primeros años a causa de la mala nutrición, son irreversibles. Según
datos recientes, en Guatemala el 34% de los niños de entre 7 y 14 años trabajan, lo
que repercute en su educación.
En Guatemala casi todas las adopciones son internacionales y extrajudiciales, es
decir, no hay ningún control estatal sobre ellas. El Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (en adelante “UNICEF”) ha detectado una serie de irregularidades. Un
estudio de dicho organismo demuestra que la gran mayoría de los niños que son
adoptados viene de casa-cunas o de familias. Los abogados que tramitan las
adopciones pagan a mujeres para cuidar a los bebés, quienes generalmente tienen
menos de 18 meses. La Misión de Naciones Unidas para la Verificación de los
Derechos Humanos en Guatemala (en adelante “MINUGUA”) ha tenido conocimiento
sobre la existencia de redes de tráfico de niños e indica, en su Informe sobre la niñez
de 2000, que se sigue incumpliendo con el deber jurídico del Estado de prevenir,
investigar y sancionar los delitos relacionados con el tráfico de niños.
Estos ejemplos de desatención a los derechos de los niños revelan dos cuestiones:
primero, que casos como el de Bosques de San Nicolás son tal vez expresiones
extremas de una negligencia estructural para con los derechos de los niños y,
segundo, que el número de niños que está en riesgo de “callejización” ante esta
negligencia social en Guatemala es muy alto; las familias y los niños de la población
en estado de pobreza, que es más del 80% del total de la población, están en riesgo.
Generalmente los niños de la calle mantienen algún vínculo con su familia y con gran
frecuencia aportan económicamente a ésta. Además hay alta fluctuación, es decir,
que continuamente ingresan y salen niños de la calle, lo cual permite creer que el
número de niños y adolescentes con experiencia callejera es muy alto. Según un
informe gubernamental del año 1999, los niños de la calle tienen tres problemas
fundamentales: maltrato (dentro de su familia y por fuerzas de seguridad del
Estado), drogadicción y desatención estatal de sus necesidades. Y estos niños
revelan muy claramente sus deseos en ese informe: todos quieren estudiar, jugar,
aprender un oficio y trabajar.
Es difícil establecer en Guatemala qué sucede cuando los niños de la calle llegan a
cierta edad, por ejemplo a los 18 años o a otras edades similares. Un porcentaje de
jóvenes realmente tratan de salir de la calle a toda costa. Hay un grupo de niños y
adolescentes que ingresan en programas de reintegración de organizaciones de la
sociedad civil, donde se logra una reincorporación a la familia y algún puesto de
20
trabajo. Otros niños mueren en el camino, por enfermedades graves o por hechos de
violencia. Los problemas de las drogas y del SIDA, a los cuales la niñez de la calle es
especialmente vulnerable, han aumentado en los últimos años. Hay también otro
porcentaje que constituye la base para el crimen organizado porque los respectivos
jóvenes se vuelven pequeños criminales.
La impunidad es un tema generalizado en Guatemala, tanto para adultos como para
niños. Un 87% de los casos de los niños quedan sin resolverse, aunque la situación
ha mejorado levemente en los últimos años.
El Código de Menores actualmente vigente es del año 1979, y hay una serie de
dictámenes que afirman que esta ley no responde a la Convención sobre los
Derechos del Niño. El Código parte del concepto de situación irregular, un concepto
por razón del cual el niño víctima de algún acto de abuso, violación o negligencia, y
el joven presunto transgresor de la ley, están en la misma situación. Como no se
tipifica tampoco qué es una conducta irregular, esto deja lugar a la arbitrariedad, por
ejemplo, en las detenciones. En Guatemala, en varios puntos del proceso legal se
mezcla a los adultos con los adolescentes y con los niños víctimas, lo cual es
completamente contrario a los patrones internacionales.
La entrada en vigencia del Código de la Niñez y la Juventud, aprobado por consenso
en el año 1996, ha sido postergada en forma indefinida por el Congreso ante la
discusión pública generada en torno a si dicha normativa respeta la autoridad
paterna y si está de acuerdo con los valores culturales de Guatemala. La ley
propuesta cumple con los estándares de protección establecidos tanto en el artículo
19 de la Convención Americana como en la Convención sobre los Derechos del Niño.
En esto hay consenso y aplicarla sería uno de los pasos estratégicos más importantes
para la protección de los derechos del niño en Guatemala.
Sobre las recomendaciones que haría para mejorar la situación en Guatemala, el
perito manifiestó: primero, que sería necesaria una profunda reforma legislativa,
empezando por la puesta en vigencia del Código de la Niñez y la Juventud.
Segundo, que se deberían realizar esfuerzos mayores en políticas sociales, sobre
todo, en la universalización de la educación primaria y el combate a la desnutrición
infantil. Y, tercero, que se debería formular una política de atención y, sobre todo,
de prevención para la niñez de la calle, que debería incluir un aumento significativo
del presupuesto de la Secretaría de Bienestar Social.
c)
Peritaje de Emilio García Méndez, consultor independiente y ex-asesor
de UNICEF, experto en el tema de derechos de los niños
Hay tres países en América Latina donde, desde el punto de vista cualitativo y
cuantitativo, se puede hablar de una violencia sistemática contra los niños en mayor
situación de riesgo: Colombia, Brasil y Guatemala. No hay una política deliberada de
violación de los derechos de los niños, desde el punto de vista subjetivo, pero sí lo
hay desde el punto de vista objetivo, porque los niveles de gasto social en materia
de políticas sociales básicas de salud y educación son extremadamente bajos.
Guatemala tiene un Código de Menores aprobado en 1979. Entre 1990 y 1991,
ratificó y promulgó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo que
produjo la vigencia simultánea de dos leyes que, regulando la misma materia, tienen
naturaleza antagónica. Desde el punto de vista técnico-jurídico se supondría que la
ratificación y promulgación de la Convención ha dejado sin efecto el Código de
Menores de 1979, pero éste se encuentra vigente porque constituye, de hecho, la
21
fuente principal de las decisiones de los jueces de menores. Este Código es, además,
técnicamente inconstitucional. Todos los principios generales del derecho
contemplados en la Constitución Nacional de Guatemala y en la Convención
mencionada, son técnica y sistemáticamente violados por el Código de 1979. Aunque
sus disposiciones se supone rigen en favor del menor de edad, a éste no le son
reconocidos los derechos que la Constitución y la Convención sobre los Derechos del
Niño le otorgan. El Código expresa la llamada “doctrina de la situación irregular”, que
no distingue entre un niño víctima de la omisión de las políticas sociales que cae
fuera de los circuitos institucionales, la escuela por ejemplo, y el niño sujeto activo
de la violencia, con lo cual a ambos se los puede hacer objeto de las mismas
medidas en las mismas instituciones. Entonces la policía, al aplicar la ley, está
cumpliendo estrictamente con un mandato del Código, por un lado, y por el otro,
violando flagrantemente tanto la Convención como la propia Constitución. El Código
es una ley profundamente criminalizadora de la pobreza. Esto porque luego de la
detención viene la “declaración del estado de abandono”, que es un proceso jurídico
por el cual se cortan jurídicamente los vínculos entre la familia biológica y el niño. Al
no establecer una diferencia entre la familia que realmente expulsa al niño y la que
no puede mantenerlo, es técnicamente posible quitarle a una familia un niño por la
mera falta o carencia de recursos materiales.
Con estos niños, en términos generales, pueden suceder dos cosas. Si son niños de
corta edad, muchas veces ingresan a los circuitos de adopción nacional e
internacional. Si están por fuera de la edad común para la adopción, esto es, si
tienen más de 5, 6 ó 7 años, estos niños alimentan permanentemente el circuito de
las instituciones para la niñez. Y hay un vínculo muy fuerte entre el paso por estas
instituciones y la reincidencia y la reclusión en las cárceles de adultos.
El Código de la Niñez y la Juventud aprobado por el Congreso guatemalteco en 1996,
cuya vigencia está suspendida, corresponde a lo que se podría llamar una adecuación
sustancial a la Convención sobre los Derechos del Niño, al conjunto de los
instrumentos que conforman la llamada doctrina de la protección integral de las
Naciones Unidas, a las Reglas de Beijing y a las Reglas de Riad.
Las modificaciones legislativas y medidas necesarias para otorgar una protección a
los niños, en general, ajustada a los estándares internacionales a la niñez en
general, y en particular a la niñez de la calle o en situación de riesgo en Guatemala,
son: la aplicación de los parámetros que la Convención Internacional establece; la
constitucionalización de los derechos y las políticas para la infancia; la puesta en
vigencia del Código de 1996; la reforma de las instituciones que aplican la ley; y la
quiebra y cese del ciclo de impunidad de las violaciones cometidas contra menores
de edad. Todo ello acompañado de un aumento del gasto público en las llamadas
políticas sociales básicas de salud y educación, y en las llamadas políticas de
protección especial, que son aquéllas dirigidas a la porción de la infancia en situación
de riesgo o de alto riesgo.
Sería apropiado realizar actos de reparación simbólica. La
los nombres de las víctimas a una escuela, es una medida
acto extraordinario para enviar un mensaje muy fuerte
impunidad, y recordar que esas muertes no han ocurrido en
V
OBLIGACIÓN DE REPARAR
medida solicitada de dar
simbólica real y sería un
de quiebre del ciclo de
vano.
22
57.
En el punto resolutivo noveno de la sentencia de fondo de 19 de noviembre de
1999, la Corte decidió abrir la etapa de reparaciones y costas, y comisionar al
Presidente para que adoptara las medidas procedimentales correspondientes. Estas
materias serán decididas por la Corte en la presente sentencia.
58.
En materia de reparaciones, es aplicable el artículo 63.1 de la Convención
Americana in fine, que prescribe:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su
derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente,
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado
la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la
parte lesionada (subrayado no es del original).
59. Este Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia constante que es un principio de
derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya
producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente15.
60. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación
internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in
integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser
esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una
serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las
consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una
indemnización como compensación por los daños ocasionados16.
61.
La obligación de reparar que se regula, en todos los aspectos (alcance,
naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho
internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado,
invocando para ello disposiciones de su derecho interno17.
62.
Tal como ha indicado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana
refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios
fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de
15
cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 2, párr. 177; Caso Baena Ricardo y otros, supra nota 2,
párr. 201; Caso Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 118;
Caso Blake. Reparaciones, supra nota 13, párr. 33; Caso Suárez Rosero. Reparaciones (art. 63.1
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44,
párr. 40; Caso Castillo Páez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 50; Caso Loayza Tamayo. Reparaciones,
supra nota 12, párr. 84; Caso Caballero Delgado y Santana. Reparaciones (art. 63.1 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de setiembre de 1996. Serie C No. 31, párr. 15;
Caso Neira Alegría y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 19 de setiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 36; Caso El Amparo. Reparaciones (art.
63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C
No. 28, párr. 14; Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C. No 15, párr. 43. En igual sentido,
ver Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports
1949, p. 184; Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 29; y
Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, p. 21.
16
cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 2, párr. 178; Caso Baena Ricardo y otros, supra nota 2,
párr. 202; y Caso Tribunal Constitucional, supra nota 15, párr. 119.
17
cfr. Caso Blake. Reparaciones, supra nota 13, párr 32; Caso Suárez Rosero. Reparaciones, supra
nota 15, párr. 42; y Caso Castillo Páez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 49.
23
los Estados18. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado surge de
inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma
internacional, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las
consecuencias de la violación.
63.
Las reparaciones, como el término lo indica, consiste en las medidas que
tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza
y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como moral.
Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la
víctima o sus sucesores19.
64.
Las reparaciones que se establezcan en esta sentencia, deben guardar
relación con las violaciones declaradas en la sentencia de fondo dictada por la Corte
el 19 de noviembre de 1999 (supra párr. 3).
VI
BENEFICIARIOS
65.
La Corte pasa ahora a determinar cuales personas deben considerarse como
“parte lesionada” en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana. En
vista de que las violaciones a la Convención establecidas por la Corte en su sentencia
de 19 de noviembre de 1999 fueron cometidas en perjuicio de Anstraun Aman
Villagrán Morales, Henry
Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal
Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes, y también de Ana María Contreras, Matilde
Reyna Morales García, Rosa Carlota Sandoval, Margarita Urbina, Marta Isabel
Túnchez Palencia y Noemí Cifuentes, todos ellos deben considerarse comprendidos
dentro de dicha categoría y ser acreedores de las reparaciones que fije la Corte. En
el caso de las víctimas fallecidas, habrá además que determinar si las reparaciones
establecidas en su favor pueden ser objeto de transmisión por sucesión a sus
familiares, y a cuáles de ellos.
66.
No existe controversia respecto a la calidad de beneficiarias de las señoras
Ana María Contreras, madre de Henry Giovanni Contreras; Matilde Reyna Morales
García, madre de Anstraun Aman Villagrán Morales; Rosa Carlota Sandoval y
Margarita Urbina, madre y abuela respectivamente de Julio Roberto Caal Sandoval;
Marta Isabel Túnchez Palencia, madre de Federico Clemente Figueroa Túnchez; y
Noemí Cifuentes, madre de Jovito Josué Juárez Cifuentes. La Corte estima que el
reconocerles tal calidad es acorde con la jurisprudencia del Tribunal, pues por un
lado deben ser tenidas como beneficiarias de reparación en su condición de
derechohabientes de sus parientes fallecidos y, por otro, en su condición de víctimas
de la violación de los artículos 5.2, 8.1 y 25 de la Convención, según lo declaró la
18
cfr. Caso Blake. Reparaciones, supra nota 13, párr. 33; Caso Suárez Rosero. Reparaciones,
supra nota 15, párr. 40; Caso Castillo Páez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 50. Ver también,
Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports
1949, p. 184; Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 29; y
Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, p. 21.
19
cfr. Caso Blake. Reparaciones, supra nota 13, párr. 34; Caso Castillo Páez. Reparaciones, supra
nota 1, párr. 53; y Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 43.
24
sentencia de fondo. Debe prestarse atención, asimismo, al hecho de que el Tribunal
presume que la muerte de una persona acarrea a sus padres un daño moral.
67.
La Corte ha indicado, y lo reitera nuevamente, que el derecho a la
indemnización por los daños sufridos por las víctimas hasta el momento de su
muerte se transmite por sucesión a sus herederos. Según ha afirmado este Tribunal
[e]s una regla común en la mayoría de las legislaciones que los sucesores de
una persona son sus hijos. Se acepta también generalmente que el cónyuge
participa de los bienes adquiridos durante el matrimonio y algunas
legislaciones le otorgan además un derecho sucesorio junto con los hijos. Si no
existen hijos ni cónyuge, el derecho privado común reconoce como herederos
a los ascendientes. Estas reglas generalmente admitidas en el concierto de las
naciones deben ser aplicadas, a criterio de la Corte, en el presente litigio a fin
de determinar los sucesores de las víctimas en lo relativo a la indemnización20.
68.
Por otro lado, los daños provocados a otros familiares de la víctima o a
terceros, por la muerte de ésta, pueden ser reclamados fundándose en un derecho
propio21. Sin embargo, este Tribunal ha señalado que para que el daño y el
consecuente derecho a reparación se configuren, se deben dar determinadas
circunstancias, entre las que se cuenta, la existencia de relaciones de apoyo
económico efectivas y regulares entre la víctima y el reclamante y la posibilidad de
presumir válidamente que ese apoyo hubiera continuado dándose si la víctima no
hubiese muerto22. Respecto de estos reclamantes el onus probandi corresponde a los
mismos, sean o no familiares de la víctima, entendiéndose el término “familiares de
la víctima” como un concepto amplio que abarca a todas aquellas personas
vinculadas por un parentesco cercano, es decir, a los hijos, padres y hermanos, los
cuales podrían ser tenidos como familiares y tener derecho a recibir una
indemnización, en la medida en que cumplan los requisitos fijados por la
jurisprudencia de este Tribunal23. Debe tenerse en cuenta, también, que según la
jurisprudencia más reciente de la Corte, se puede presumir que la muerte de una
persona ocasiona a sus hermanos un daño moral24. Para efectos del caso subjudice,
la reparación a los familiares será analizada en la sección correspondiente, bajo las
circunstancias de cada una de las víctimas y del acervo probatorio que las partes
hayan aportado a este Tribunal.
VII
HECHOS PROBADOS
20
Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra nota 15, párr. 62. En igual sentido, cfr. Caso
Neira Alegría y otros. Reparaciones, supra nota 15, párr. 60; y Caso El Amparo. Reparaciones, supra nota
15, párr. 40.
21
cfr. Caso Castillo Páez. Reparaciones, supra nota 1, párr. 59; Caso Garrido y Baigorria.
Reparaciones, supra nota 19, párr. 50; y Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra nota 15, párr.
54.
22
Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra nota 15, párrs. 67 y 68.
cfr. Caso Loayza Tamayo. Reparaciones, supra nota 12, párr. 92; Caso Garrido y Baigorria.
Reparaciones, supra nota 19, párr. 52; y Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra nota 15, párr.
71.
23
24
cfr. Caso Paniagua Morales y otros. Reparaciones (art. 63.1 de la Convención Americana de
Derechos Humanos). Serie C No. 76, párr. 110.
25
69.
Con el fin de determinar las medidas de reparación procedentes en este caso,
la Corte tendrá como base de referencia los hechos admitidos como probados en la
sentencia de 19 de noviembre de 1999.
Además, en la presente etapa del
procedimiento las partes han aportado al expediente nuevos elementos probatorios
en orden a demostrar la existencia de hechos complementarios que tienen relevancia
para la determinación de las medidas de reparación. La Corte ha examinado dichos
elementos y los alegatos de las partes, y declara probados los siguientes hechos:
1)
con respecto a Anstraun Aman Villagrán Morales:
a)
que nació el 23 de septiembre de 1972 y murió el 26 de junio de 1990
en un sector conocido como “Las Casetas”, en la 18 calle, Interior Plaza
Bolívar, Zona Uno de Ciudad de Guatemala. Tenía en ese entonces 17.8
años25;
b)
que cursó hasta el sexto grado de primaria en la Escuela Oficial para
Varones No. 72 “Reino de Bélgica”26;
c)
que realizó trabajos en una carnicería en el Mercado La Parroquia, en
la Zona Seis de la Ciudad de Guatemala, y en una “caseta de ventas”
ayudando a lavar “trastos” y cargar “bultos”27;
d)
que sus padres son Venancio Villagrán Hernández y Matilde Reyna
Morales García y sus hermanos Lorena Dianeth, Reyna Dalila, Gerardo
Adoriman Villagrán Morales y Blanca Elisa Albizurú Morales. Esta última nació
después de la muerte de Anstraun Aman28;
e)
que Matilde Reyna Morales García, como consecuencia de los hechos
del presente caso, sufrió padecimientos de salud para cuyo tratamiento
realizó una serie de gastos médicos29;
25
cfr. copia del certificado de nacimiento de Anstraun Aman Villagrán Morales; y copia de
certificado de defunción de Anstraun Aman Villagrán Morales de 5 de abril de 1991.
26
cfr. certificado del Director de la Escuela Oficial para Varones No.72 “Reino de Bélgica” de 11 de
abril de 2000; testimonio de Matilde Reyna Morales García rendida ante la Corte el 28 de enero de 1998;
y testimonio de Reyna Dalila Villagrán Morales rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001.
27
cfr. copia de certificado de defunción de Anstraun Aman Villagrán Morales de 5 de abril de 1991;
testimonio de Matilde Reyna Morales García rendido ante la Corte el 28 de enero de 1998; testimonio de
Reyna Dalila Villagrán Morales rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001; y declaración jurada de
Matilde Reyna Morales García emitida el 6 de abril de 2000.
28
cfr. copia de cédula de vecindad No. 798483, de Lorena Dianeth Villagrán Morales; copia
certificada de la cédula de vecindad No. 19874, de Matilde Reyna Morales García; copia del certificado de
nacimiento de Anstraun Aman Villagrán Morales; copia de certificado de defunción de Anstraun Aman
Villagrán Morales de 5 de abril de 1991; copia del certificado de nacimiento de Gerardo Adoriman
Villagrán Morales; copia del certificado de nacimiento de Reyna Dalila Villagrán Morales; testimonio de
Reyna Dalila Villagrán Morales rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001; y declaración jurada de
Matilde Reyna Morales García emitida el 6 de abril de 2000.
29
cfr. testimonio de Reyna Dalila Villagrán Morales rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001;
peritaje de Ana Deutsch rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001; constancia de la historia médica
de Matilde Reyna Morales García extendida el 6 de abril de 1990 por el Dr. David Ricardo Del Cid; y
declaración jurada de Matilde Reyna Morales García emitida el 6 de abril de 2000.
26
f)
que los familiares sufrieron daños materiales y morales por la muerte
de Anstraun Aman Villagrán Morales30;
g)
que los familiares realizaron gestiones para buscar a la víctima y
participaron en diligencias judiciales pertinentes conforme al derecho interno.
Posteriormente, sus representantes recurrieron al Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, todo lo cual generó gastos31;
h)
que los familiares han sido representados ante la Comisión y la Corte
por miembros de las organizaciones CEJIL y Casa Alianza32 ; y
i)
2)
que la expectativa de vida de un joven de 17.8 años en Guatemala en
1990 era de 50.04 años33.
con respecto a Henry Giovanni Contreras:
a)
que nació el 3 de abril de 1972 y murió, a la edad de 18.2 años, el 16
de junio de 199034;
b)
que cursó estudios hasta el segundo grado de primaria en la Escuela
Nacional Urbana Mixta y asistió a clases de mecanografía los meses de marzo,
abril y mayo de 199035;
30
cfr. testimonio de Matilde Reyna Morales García rendido ante la Corte el 28 de enero de 1998;
testimonio de Reyna Dalila Villagrán Morales rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001; peritaje de
Ana Deutsch rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001; y declaración jurada de Matilde Reyna
Morales García emitida el 6 de abril de 2000.
31
cfr. testimonio de Matilde Reyna Morales García rendido ante la Corte el 28 de enero de 1998;
hechos probados en la sentencia de fondo dictada por la Corte el 19 de noviembre de 1999; y
documentos de soporte de gastos.
32
cfr. poder otorgado por Matilde Reyna Morales García en favor de Gustavo Rodolfo de León
Rodas, Raquel Aldana, María Claudia Pulido, Luguely Cunillera y Viviana Krsticevic el día 9 de diciembre
de 1998; y poder otorgado por Reyna Dalila Villagrán Morales el 12 de marzo de 2001 a favor de Casa
Alianza y CEJIL; y actuaciones de los apoderados que obran en el expediente de la Corte.
33
cfr. Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE). Tablas Abreviadas de Mortalidad
(período 1990-1995). Asimismo, se consideraron datos tales como la edad, sexo y zona geográfica de
residencia.
34
cfr. copia del certificado de nacimiento de Henry Giovanni Contreras; peritaje de Roberto Carlos
Bux rendido ante la Corte el 29 de enero de 1998; testimonio de Ana María Contreras rendido ante la
Corte el 28 de enero de 1998; testimonio de Ana María Contreras rendido ante la Corte el 12 de marzo de
2001; y declaración jurada de Ana María Contreras emitida el 6 de abril de 2000.
35
cfr. copia de certificado de estudios de educación primaria de Henry Giovanni Contreras de la
Escuela Nacional Urbana Mixta de 26 de octubre de 1981; copia de certificado de estudios de educación
primaria de Henry Giovanni Contreras de la Escuela Nacional Urbana Mixta “Heriberto Gálvez Barrios” de
29 de octubre de 1982; copia de certificado de estudios de educación primaria de Henry Giovanni
Contreras de la Escuela Nacional Urbana #7 “Francisco Marroquín” de 31 de octubre de 1983; copia de
informe de notas de Henry Giovanni Contreras de segundo grado del ciclo 1983 de la Escuela Nacional
Urbana #7 “Francisco Marroquín”; constancia de estudios de mecanografía de Henry Giovanni Contreras
de la Academia Comercial de Mecanografía “Superación” de 22 de marzo de 2000; y declaración jurada
de Ana María Contreras de 6 de abril de 2000.
27
c)
que realizó trabajos de serigrafía, también de albañilería, mecánica,
“destapaba pozos” y vendía comida o artesanías36;
d)
que su madre es Ana María Contreras y sus hermanos Mónica Renata,
Shirley Marlen y Osman Ravid Agreda Contreras37;
e)
que los familiares sufrieron daños materiales y morales por la muerte
de Henry Giovanni Contreras38;
f)
que los familiares iniciaron su búsqueda en diversas dependencias
policiales y participaron en diligencias judiciales pertinentes conforme al
derecho interno. Posteriormente, sus representantes recurrieron al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, todo lo cual generó gastos39;
g)
que los familiares han sido representados ante la Comisión y la Corte
por miembros de las organizaciones CEJIL y Casa Alianza40; y
h)
que la expectativa de vida de un joven de 18.2 años en Guatemala en
1990 era de 49.15 años41.
3)
con respecto a Julio Roberto Caal Sandoval:
a)
que nació el 25 de noviembre de 1974 y murió, a la edad de 15.6
años, el 16 de junio de 199042;
36
cfr. constancia de trabajo de Henry Giovanni Contreras de la empresa Técnica Nacional de 7 de
abril de 2000; testimonio de Ana María Contreras rendido ante la Corte el 28 de enero de 1998;
testimonio de Ana María Contreras rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001 y declaración jurada de
Ana María Contreras emitida el 6 de abril de 2000.
37
cfr. copia del certificado de nacimiento de Mónica Renata Agreda Contreras; copia del certificado
de nacimiento de Shirley Marlen Agreda Contreras; copia del certificado de nacimiento de Osman Ravid
Agreda Contreras; testimonio de Ana María Contreras rendido ante la Corte el 28 de enero de 1998;
testimonio de Ana María Contreras rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001; y declaración jurada de
Ana María Contreras emitida el 6 de abril de 2001.
38
cfr. testimonio de Ana María Contreras rendido ante la Corte el 28 de enero de 1998; testimonio
de Ana María Contreras rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001; peritaje de Ana Deutsch rendido
ante la Corte el 12 de marzo de 2001; y declaración jurada de Ana María Contreras emitida el 6 de abril
de 2001.
39
cfr. documentos de soporte de gastos; y hechos probados en la sentencia de fondo dictada por
la Corte el 19 de noviembre de 1999.
40
cfr. poder otorgado por Ana María Contreras en favor de Gustavo Rodolfo de León Rodas, Raquel
Aldana, María Claudia Pulido, Luguely Cunillera y Viviana Krsticevic el día 9 de diciembre de 1998; y
actuaciones de los apoderados que obran en el expediente de la Corte.
41
cfr. Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE). Tablas Abreviadas de Mortalidad
(período 1990-1995). Asimismo, se consideraron datos tales como la edad, sexo y zona geográfica de
residencia.
42
cfr. copia de certificado de nacimiento de Julio Roberto Caal Sandoval; peritaje de Roberto Carlos
Bux rendido ante la Corte el 29 de enero de 1998; y declaración jurada de Margarita Urbina emitida el 6
de abril de 2000.
28
b)
que realizó varios trabajos, en particular como vendedor de juguetes
en el Mercado La Parroquia y El Colón, como lustrador de zapatos y como
vendedor de dulces43;
c)
que su madre era Rosa Carlota Sandoval, quien murió el 25 de julio de
1991, y su abuela es Margarita Urbina44;
d)
que los familiares sufrieron daños materiales y morales por la muerte
de Julio Roberto Caal Sandoval45;
e)
que los familiares iniciaron su búsqueda en diversas dependencias
policiales, realizaron diligencias judiciales conforme al derecho interno.
Posteriormente, sus representantes recurrieron al Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, todo lo cual generó gastos46;
f)
que los familiares de Julio Roberto Caal Sandoval han sido
representados ante la Comisión y la Corte por miembros de las organizaciones
CEJIL y Casa Alianza47; y
g)
que la expectativa de vida de un joven de 15.6 años en Guatemala en
1990 era de 51.92 años48.
4)
con respecto a Federico Clemente Figueroa Túnchez:
a)
que nació el 7 de octubre de 1970 y murió, a la edad de 19.7 años, el
16 de junio de 199049;
b)
que realizó varios trabajos y, en particular, que hacía artesanías,
lustraba zapatos, descargaba camiones, limpiaba carros y vidrios50;
43
cfr. testimonio de Margarita Urbina rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001; y declaración
jurada de Margarita Urbina emitida el 6 de abril de 2000.
44
cfr. copia del certificado de defunción de Rosa Carlota Sandoval de 27 de agosto de 1991;
testimonio de Margarita Urbina rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001; y declaración jurada de
Margarita Urbina emitida el 6 de abril de 2000.
45
cfr. testimonio de Margarita Urbina rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2000; peritaje de
Ana Deutsch rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001; y declaración jurada de Margarita Urbina
emitida el 6 de abril de 2000.
46
cfr. documentos de soporte de gastos; y hechos probados en la sentencia de fondo dictada por
la Corte el 19 de noviembre de 1999.
47
cfr. poder otorgado por Margarita Urbina a favor de Gustavo Rodolfo de León Rodas, Raquel
Aldana, María Claudia Pulido, Luguely Cunillera, y Viviana Krsticevic el día 9 de diciembre de 1998; y
actuaciones de los apoderados que obran en el expediente de la Corte.
48
cfr. Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE). Tablas Abreviadas de Mortalidad
(período 1990-1995). Asimismo, se consideraron datos tales como la edad, sexo y zona geográfica de
residencia.
49
cfr. copia de certificado de nacimiento de Federico Clemente Figueroa Túnchez; y peritaje de
Roberto Carlos Bux rendido ante la Corte el 29 de enero de 1998.
50
cfr. testimonio de Marta Isabel Túnchez Palencia rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001.
29
c)
que su madre es Marta Isabel Túnchez Palencia y su padre era
Federico Facundo Figueroa Fernández y sus hermanas son Guadalupe
Concepción Figueroa Túnchez y Zorayda Izabel Figueroa Túnchez51;
d)
que los familiares sufrieron daños materiales y morales por la muerte
de Federico Clemente Figueroa Túnchez52;
e)
que miembros de las organizaciones CEJIL y Casa Alianza han
realizado acciones en favor de los familiares de Federico Clemente Figueroa
Túnchez53. En el proceso ante la Corte los familiares han sido representados
por CEJIL y Casa Alianza a partir del 12 de marzo de 200154, lo cual ha
generado una serie de gastos55; y
f)
que la expectativa de vida de un joven de 19.7 años en Guatemala en
1990 era de 48.26 años56.
5)
con respecto a Jovito Josué Juárez Cifuentes:
a)
que murió el 16 de junio de 1990 a la edad de 17 años57;
b)
que su madre es Noemí Cifuentes58;
c)
que miembros de las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL) y Casa Alianza han realizado acciones ante la Comisión
y la Corte en favor de los familiares de Jovito Josué Juárez Cifuentes, los
cuales han generado una serie de gastos59; y
51
cfr. copia del certificado de nacimiento de Federico Clemente Figueroa Túnchez; copia del
certificado de nacimiento de Guadalupe Concepción Figueroa Túnchez; copia del certificado de nacimiento
de Zorayda Izabel Figueroa Túnchez; y testimonio de Marta Isabel Túnchez Palencia rendido ante la Corte
el 12 de marzo de 2001.
52
cfr. testimonio de Marta Isabel Túnchez Palencia rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001;
y peritaje de Ana Deutsch rendido ante la Corte el 12 de marzo de 2001.
53
cfr. actuaciones de los apoderados que obran en el expediente de la Corte.
54
cfr. poder otorgado por Marta Isabel Túnchez Palencia el 12 de marzo de 2001 a favor de Casa
Alianza y CEJIL.
55
cfr. documentos de soporte de gastos.
56
cfr. Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE). Tablas Abreviadas de Mortalidad
(período 1990-1995). Asimismo, se consideraron datos tales como la edad, sexo y zona geográfica de
residencia.
57
Hechos probados en la sentencia de fondo dictada por la Corte el 19 de noviembre de 1999; y
peritaje de Roberto Carlos Bux rendido ante la Corte el 29 de enero de 1998.
58
Hechos probados de la sentencia de fondo dictada por la Corte el 19 de noviembre de 1999.
59
cfr. los escritos de los representantes de las víctimas que obran en el expediente, en particular,
las acciones a favor de los familiares de Jovito Josúe Juárez Cifuentes.
30
d)
que la expectativa de vida de un joven de 17 años en Guatemala en
1990 era de 50.04 años60.
VIII
REPARACIONES
A)
DAÑO MATERIAL
Alegatos de los representantes de los familiares de las víctimas
70.
Los representantes de los familiares de las víctimas61 solicitaron que
Guatemala indemnice a los miembros de las familias de Henry Giovanni Contreras,
Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué
Juárez Cifuentes y Anstraun Aman Villagrán Morales. Al respecto, señalaron lo
siguiente:
a)
para estimar el lucro cesante se debe tomar en cuenta la edad de la
víctima a la fecha de su muerte62, los años por vivir conforme a su
expectativa vital63, la actividad a la que se dedicaba al momento de los
hechos, las mejoras económicas que hubiese podido obtener y su ingreso. En
este caso se aplicaría el salario real, o en el caso de que no exista información
de los salarios reales de las víctimas, se aplicaría el salario mínimo para
actividades no agrícolas en Guatemala64. Se debe calcular dicho lucro con
base en los 12 salarios mensuales de cada año; además, se deben considerar
los dos meses de salario adicionales por año establecidos en la legislación
guatemalteca y los correspondientes intereses; y
b)
en cuanto al daño emergente, en casos como el presente, relativos a
“ejecuciones extrajudiciales”, deben incluirse los gastos relacionados con la
búsqueda de los restos de las víctimas65, servicios funerarios66, tratamiento
médico y medicinas de los familiares de las víctimas67.
60
cfr. Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE). Tablas Abreviadas de Mortalidad
(período 1990-1995). Asimismo, se consideraron datos tales como la edad, sexo y zona geográfica de
residencia.
61
Como ya se señaló en esta sentencia, en la etapa de reparaciones concurrieron los familiares de
cuatro de las víctimas directas.
62
Los representantes de los familiares de las víctimas señalaron que los jóvenes Anstraun Aman
Villagrán Morales, Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal Sandoval, Federico Clemente Figueroa
Túnchez, y Jovito Josúe Juárez Cifuentes, tenían respectivamente las siguientes edades 17, 18, 16, 18 y
17 años.
63
Según los representantes de los familiares de las víctimas, en el caso de Guatemala la
expectativa de vida en el año 1999 era de 64.7 años para los varones (según Reporte de Desarrollo
Humano para 1999 de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe de Naciones Unidas CEPAL-).
64
Para los representantes de los familiares de las víctimas, en el año 2000 dicho salario era de US
$102. El tipo de cambio era de Q7.72 por US $1.00, según información suministrada por el Banco
Central de Costa Rica.
65
Respecto a Julio Roberto Caal Sandoval y Henry Giovanni Contreras.
31
71.
Como resultado de lo anterior, los representantes de los familiares de las
víctimas estiman que el Estado debe pagar a los familiares de las víctimas directas,
los montos indicados en la siguiente tabla:
Reparación por
Víctima
Anstraun Aman Villagrán
Morales
concepto de daño material
Daño Emergente
Lucro cesante
US $161.66
US $50.563.47
US $2.392.20
US $1.500.00
Henry Giovanni Contreras
US $350.00
US $50.149.43
US $2.500.00
Julio
Roberto
Caal US $399.02
US $51.376.70
Sandoval
Federico
Clemente
US $50.149.43
Figueroa Túnchez
Jovito
Josué
Juárez
US $51.223.29
Cifuentes
72.
Los mencionados representantes consideran que los beneficiarios de la
indemnización del daño material deben ser las siguientes personas:
a)
en lo que se refiere a Anstraun Aman Villagrán Morales, solicitaron que
la mitad de la indemnización que se establezca por concepto de daño material
se adjudique a su madre, Matilde Reyna Morales García, y la otra mitad a su
hermana, Lorena Dianeth Villagrán Morales;
b)
en cuanto a Henry Giovanni Contreras, solicitaron que la mitad de la
indemnización que se establezca por concepto de daño material se adjudique
a su madre, Ana María Contreras, y un tercio de la mitad a cada uno de sus
hermanos, Mónica Renata, Shirley Marlen y Osman Ravid Agreda Contreras;
c)
respecto de Julio Roberto Caal Sandoval, solicitaron que la totalidad de
la indemnización que se establezca por concepto de daño material se
adjudique a su abuela, Margarita Urbina;
d)
en relación con Federico Clemente Figueroa Túnchez, solicitaron que la
totalidad de la indemnización que se establezca por concepto de daño
material se adjudique a su madre Marta Isabel Túnchez Palencia; y
e)
en lo que atañe a Jovito Josué Juárez Cifuentes, solicitaron que la
totalidad de la indemnización que se establezca por concepto de daño
material se adjudique a su madre Noemí Cifuentes.
73.
Durante la audiencia pública, los mencionados representantes se opusieron al
planteamiento del Estado según el cual, de acuerdo con las circunstancias del caso,
66
Respecto a Anstraun Aman Villagrán Morales.
67
En relación con las madres de Henry Giovanni Contreras y Anstraun Aman Villagrán Morales.
32
no existía una “estrecha” colaboración económica entre las víctimas y sus familiares.
Además, solicitaron una suma para asistencia médica y psicológica a favor de los
familiares de las víctimas, con el fin de que se les ayude a superar el daño sufrido y a
terminar con el proceso de duelo afectivo. Finalmente, se adhirieron al cálculo del
lucro cesante propuesto por la Comisión, por considerarlo más comprensivo que el
planteado en su escrito de reparaciones.
Alegatos de la Comisión
74.
Por su parte, la Comisión alegó:
a)
en cuanto al lucro cesante, que en este caso se ha demostrado que las
víctimas proporcionaban un apoyo emocional, afectivo y material a su familia,
y que la circunstancia de que fueran niños de la calle no excluye la obligación
de indemnizar el lucro cesante. Agregó que este concepto no se puede dejar
de aplicar por el hecho de que las víctimas no trabajaban en forma constante.
Además, indicó que, al calcular el lucro cesante, y para hacer una estimación
de la pérdida de ingresos que responda a las necesidades y circunstancias de
este caso, se debían tomar en cuenta los siguientes factores: expectativa de
vida68; edad de las víctimas; sueldos no percibidos, con base en el salario
mínimo para actividades no agrícolas69; intereses sobre pérdidas pasadas70; y
descuento al valor presente71; y
b)
que hacía suyas las solicitudes planteadas por los peticionarios con
respecto a los daños sufridos por las familias de Henry Giovanni Contreras,
Julio Roberto Caal Sandoval y Anstraun Aman Villagrán Morales, como
consecuencia de la búsqueda de las víctimas, costos médicos, servicios
funerarios y gastos relacionados con los procedimientos judiciales. En lo
concerniente a las familias de Federico Clemente Figueroa Túnchez y Jovito
Josué Juárez Cifuentes, solicitó a la Corte que determine la indemnización por
tales pérdidas de manera equitativa, tomando en cuenta las circunstancias del
caso y la totalidad de la información disponible.
75.
Como resultado de lo anterior, la Comisión Interamericana estima que el
Estado debe pagar a los familiares de las víctimas directas los montos indicados en la
siguiente tabla:
68
Según la Comisión, los índices del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala para 19901995, indican que “el promedio de expectativa de vida restante para hombres de entre 15 y 19 años de
edad habría sido de 50,04 años”. Dadas las similitudes en las edades (que fluctuaban entre 15 y 20
años) y circunstancias de las víctimas, “la Comisión ha hecho un sólo cálculo que cree se debería aplicar a
cada una de ellas”.
69
Para la Comisión, una referencia al salario mínimo legal para trabajadores del sector no agrícola
constituye un límite mínimo apropiado para el cálculo en el presente caso, de conformidad con lo que
establece el artículo 103 del Código de Trabajo, las bonificaciones de ley (Q 0,30 por hora) y las
modificaciones períodicas en el monto de los salarios mínimos vigentes. La Comisión hizo un seguimiento
del incremento del salario mínimo desde el momento de los hechos hasta 1999 y estableció que el
incremento anual promedio para ese período habría sido del 6,9%; seguidamente aplicó ese incremento a
la proyección de los sueldos futuros no percibidos.
70
La Comisión ha aplicado la tasa de interés pasiva compuesta vigente para cada año, anunciada
por el Banco de Guatemala.
71
cesante.
La Comisión utilizó una tasa de descuento del 3% para el cálculo del valor presente del lucro
33
Reparación por
Víctima
Anstraun Aman Villagrán
Morales
concepto de daño material
Daño Emergente
Lucro cesante
US $161.66
US $89,676,58
US $2.392.20
US $1.500.00
Henry Giovanni Contreras
US $350.00
US $89,676,58
US $2.500.00
Julio Roberto Caal Sandoval US $399.02
US $89,676,58
Federico Clemente Figueroa
Túnchez
Jovito Josué Juárez
Cifuentes
US $89,676,58
US $89,676,58
76.
De acuerdo con la Comisión, las siguientes personas debían ser consideradas
como beneficiarios de las indemnizaciones:
a)
con respecto a Anstraun Aman Villagrán Morales, su madre, Matilde
Reyna Morales García, y sus hermanos, Lorena Dianeth, Reyna Dalila y
Gerardo Villagrán Morales;
b)
con respecto a Henry Giovanni Contreras, su madre, Ana María
Contreras, y sus hermanos, Mónica Renata, Shirley Marlen y Osman Ravid,
todos de apellido Agreda Contreras. También incluye a Wilson Ravid Agreda
Vásquez, a quien la Comisión señala como hijo de la víctima;
c)
con respecto a Julio Roberto Caal Sandoval, su abuela, Margarita
Urbina;
d)
con respecto a Federico Clemente Figueroa Túnchez, su madre, Marta
Isabel Túnchez Palencia, su padre, Federico Facundo Figueroa, y
sus
hermanos, si los hubiere; y
e)
con respecto a Jovito Josué Juárez Cifuentes, su madre, Noemí
Cifuentes, su padre, Jorge Juárez, y sus hermanos, si los hubiere.
Alegatos del Estado
77.
En cuanto a este punto, el Estado señaló que:
a)
en cuanto al daño material, la sentencia de reparaciones debe
contemplar a los propios agraviados y, en caso de no ser factible, a los
familiares directos. Por ello, reconoce como víctimas directas a Anstraun
Aman Villagrán Morales, Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente
Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes
y, como consecuencia de las violaciones directas sufridas por ellas, a Ana
María Contreras, Matilde Reyna Morales García, Rosa Carlota Sandoval,
Margarita Urbina, Marta Isabel Túnchez Palencia y Noemí Cifuentes; el Estado
34
no reconoce a
reparaciones;
otras
personas
como
titulares
del
derecho
a
recibir
b)
la Comisión no aportó pruebas contundentes que demuestren que las
personas fallecidas hayan mantenido relaciones laborales con características
de continuidad, estabilidad y permanencia. No debe aplicarse, como lo indica
la Comisión, el mismo criterio de lucro cesante a todas las personas fallecidas,
sin tomar en cuenta su edad real y elementos probatorios contundentes para
demostrar su actividad laboral. En razón de lo anterior, se opone al cálculo
realizado por la Comisión por ese concepto. Además, la Corte debe tener por
probado que no existía una vinculación emocional estrecha y cercana entre
las víctimas y sus familias, por lo que es insostenible que existiera una
colaboración económica entre ellas; y
c)
los cálculos deben hacerse “sobre la base del concepto ‘expectativa de
vida [...]’ a partir del concepto ‘esperanza de vida al nacer’, menos los años
vividos de las víctimas72, para lo cual se debe tomar en cuenta su edad73, los
intereses correspondientes74 y aplicarse una tasa de descuento para calcular
el valor actual de los ingresos futuros75. Es inconveniente que la Corte utilice
el salario mínimo legal para trabajadores del sector no agrícola76, el cual sólo
podría emplearse como techo máximo de ingresos que hubieran percibido las
víctimas en su existencia. El Estado estaría conforme con que la Corte
estableciera el monto de este rubro exclusivamente basada en el hecho de
que todo ser humano necesita un mínimum de ingresos para su
supervivencia.
Consideraciones de la Corte
78.
La Corte, teniendo presente la información recibida en el transcurso del
presente proceso, los hechos considerados probados y su jurisprudencia constante,
declara que la indemnización por daño material en este caso debe comprender los
rubros que van a indicarse en este apartado.
79.
En cuanto a la pérdida de ingresos, los representantes de los familiares de las
víctimas y la Comisión coincidieron en que el Tribunal debía tomar en cuenta para su
cálculo el salario mínimo para actividades no agrícolas vigente en Guatemala. El
Estado, por su parte, se opuso a la utilización de dicha base alegando que las
72
Según el Estado, se aplicaría la información del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala
(INE), de acuerdo a la cual la esperanza de vida al nacer en los años 1990-1995 era de 59.78 años para
los hombres que, para efectos de ese escrito, se redondea a 60 años.
73
El Estado señala que Anstraun Aman Villagrán Morales, Henry Giovanni Contreras, Federico
Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes tenían,
respectivamente, 17, 18, 20, 17 y 15 años.
74
El Estado señala que debe aplicarse el promedio de las tasas de interés pasivas de los años
1990-1999.
75
Guatemala considera que la tasa de descuento aplicable es la del 5% para la determinación del
valor actual neto de los montos de estas reparaciones económicas.
76
Guatemala señaló, además, que no debe aplicarse en este caso la bonificación de Q 0.30 por
hora ni el cálculo que hace la Comisión sobre las variaciones del salario mínimo.
35
víctimas no tenían una relación laboral permanente y continua. Esta Corte considera
que, a falta de información precisa sobre los ingresos reales de las víctimas, tal como
lo ha hecho en otras oportunidades77, debe tomar como base el salario mínimo para
actividades no agrícolas en Guatemala.
80.
En lo referente a los gastos, la Corte estima necesario ordenar, en equidad,
las siguientes compensaciones: en relación con Julio Roberto Caal Sandoval, una
cantidad correspondiente a los gastos que sus familiares estiman haber sufragado en
su búsqueda en distintas dependencias; en lo que respecta Henry Giovanni
Contreras, una cantidad correspondiente a los gastos en que sus familiares estiman
haber incurrido en su búsqueda en distintas dependencias y a los gastos efectuados
por Ana María Contreras, madre de la víctima, por concepto de tratamiento médico y
medicinas como consecuencia de una parálisis facial; y en cuanto a Anstraun Aman
Villagrán Morales, una cantidad correspondiente a los gastos estimados por concepto
de servicios funerarios y a los gastos efectuados por Matilde Reyna Morales García,
madre de la víctima, por concepto de tratamiento médico y medicinas como
consecuencia de la diabetes que padece y que se vio agravada a raíz de los hechos
de este caso. En lo que se refiere a las señoras Marta Isabel Túnchez Palencia,
madre de Federico Clemente Figueroa Túnchez, y Margarita Urbina, abuela de Julio
Roberto Caal Sandoval, durante la audiencia pública manifestaron que tenían ciertos
padecimientos de salud que tendrían su origen o se habrían agravado como
consecuencia de los hechos del caso (supra párr. 54.d y 54.b). Al respecto, la Corte
toma por ciertas las afirmaciones de dichas personas dada la naturaleza de los
hechos del presente caso y considera también equitativo otorgarles una
compensación.
81.
La Corte observa que el salario mínimo para actividades no agrícolas era
Q348.00 (trescientos cuarenta y ocho quetzales) para la fecha de la muerte de las
víctimas en el presente caso, que equivale, al tipo de cambio de junio de 1990, a US
$ 80.93 (ochenta dólares de los Estados Unidos de América con noventa y tres
centavos) como salario mensual correspondiente a cada una de ellas. Además el
cálculo de los ingresos dejados de percibir se efectuará sobre la base de 12 salarios
al año, más las bonificaciones anuales correspondientes, de acuerdo con la normas
guatemaltecas. Así se obtendrán los ingresos de los que la víctima pudo haber
disfrutado presumiblemente durante su vida probable, período que media entre la
edad que tenía al momento de los hechos y el término de su expectativa de vida en
1990, año de los hechos (supra párr. 69.1.i, 69.2.h, 69.3.g, 69.4.f y 69.5.d)78. A
esta cantidad deberá restarse el 25% por concepto de gastos personales. El monto
así resultante debe traerse a valor presente a la fecha de la sentencia79.
82.
Con base en lo anterior, la Corte fijará como indemnización de los daños
materiales ocasionados por las violaciones declaradas en la sentencia de 19 de
noviembre de 1999, las siguientes sumas:
77
cfr. Caso Neira Alegría y otros. Reparaciones, supra nota 15, párr. 49; Caso El Amparo.
Reparaciones, supra nota 15, párr. 28; y Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra nota 15, párrs.
88 y 89.
78
Para efecto del cálculo de la expectativa de vida, la Corte tomó en cuenta el documento
denominado “Guatemala: Tablas Abreviadas de Mortalidad (Período 1990 - 1995)”, asimismo, se
consideraron datos tales como la edad, sexo y zona geográfica de residencia.
79
La Corte emplea a tal fin una tasa del 6% de interés anual.
36
Reparación por concepto de daño material
Gastos
Pérdida de
Total
ingresos
Anstraun Aman
US$ 150.00
US$ 28.136.00 US $32.286.00
Villagrán Morales
US$ 4.000.00
Henry Giovanni
US$ 400.00
US$ 28.095.00 US $30.995.00
Contreras
US$ 2.500.00
Julio Roberto Caal US$ 400.00
US$ 28.348.00 US
Sandoval
US$ 2.500.00
$31.248.00
Federico
US$ 2.500.00 US$ 28.004.00 US $30.504.00
Clemente
Figueroa Túnchez
Jovito Josué
US$ 28.181.00 US $28.181.00
Juárez Cifuentes
Víctima
83.
El monto indemnizatorio indicado se distribuirá de la siguiente forma:
a)
el total que corresponde a Anstraun Aman Villagrán Morales será
entregado a su madre Matilde Reyna Morales García;
b)
el total que corresponde a Henry Giovanni Contreras será entregado a
su madre Ana María Contreras;
c)
el total que corresponde a Julio Roberto Caal Sandoval será entregado
a su abuela Margarita Urbina;
d)
el total que corresponde a Federico Clemente Figueroa Túnchez será
entregado a su madre Marta Isabel Túnchez Palencia; y
e)
el total que corresponde a Jovito Josué Juárez Cifuentes será
entregado a su madre Noemí Cifuentes.
B)
DAÑO MORAL
84.
La Corte pasa a considerar aquellos efectos nocivos de los hechos del caso
que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados, por ende,
en términos monetarios. El mencionado daño moral puede comprender tanto los
sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados,
como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y otras
perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria. Es una característica
común a las distintas expresiones del daño moral el que, no siendo posible
asignárseles un preciso equivalente monetario, solo puedan, para los fines de la
reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos
maneras. En primer lugar, mediante el pago de una suma de dinero o la entrega de
bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación
razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y en segundo lugar,
mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que
tengan efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el
restablecimiento de su dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un
mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se
trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.
37
Alegatos de los representantes de los familiares de las víctimas
85.
Los representantes de los familiares de las víctimas señalaron que:
a)
las madres de las víctimas y sus otros familiares inmediatos
padecieron un gran sufrimiento con ocasión de la muerte de aquéllas;
b)
el sufrimiento de las madres de Henry Giovanni Contreras, Julio
Roberto Caal Sandoval, Federico Clemente Figueroa Túnchez y Jovito Josué
Juárez Cifuentes no se limita al dolor sufrido por la muerte de sus hijos, sino
que también se vieron afectadas por los tratos a los que éstos fueron
sometidos antes de su muerte, pues fueron retenidos, incomunicados,
maltratados y torturados física y psicológicamente, todo ello por parte de los
agentes del Estado. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, las madres
y la abuela del joven Caal Sandoval tienen derecho a ser indemnizadas por
esos sufrimientos;
c)
las madres como ascendientes de las víctimas en el presente caso son,
por otra parte, consideradas víctimas directas de tratos crueles e inhumanos,
por la negligencia del Estado. Además, que las autoridades no hicieron los
esfuerzos adecuados para localizar a los parientes inmediatos de las víctimas
y notificarles su muerte, entregarles los cadáveres y, en su caso, darles a los
familiares la oportunidad de sepultar a las víctimas e informarles sobre el
desarrollo de las investigaciones. Dichos familiares no pudieron conocer la
identidad de los responsables, en razón de que las autoridades
correspondientes se abstuvieron de investigar los delitos y sancionarlos;
d)
se cancele la suma de US $150.000.00 (ciento cincuenta mil dólares
de los Estados Unidos de América) por el daño moral causado a cada una de
las víctimas, monto que deberá entregarse a sus herederos; y que se pague la
suma de US $100.000.00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América)
a cada una de las señoras Ana María Contreras, Matilde Reyna Morales García,
Marta Isabel Túnchez Palencia, Noemí Cifuentes y Margarita Urbina, por
concepto de daño moral sufrido por ellas;
e)
se cancele la suma de US$ 6.000.00 (seis mil dólares de los Estados
Unidos de América) por concepto de daño moral, a Lorena Dianeth Villagrán
Morales, hermana de Anstraun Aman Villagrán Morales, y a cada uno de los
siguientes hermanos de Henry Giovanni Contreras: Mónica Renata, Shirley
Marlen y Osman Ravid, todos de apellido Agreda Contreras;
f)
las siguientes personas deben ser consideradas como beneficiarias del
pago de la compensación del daño moral directamente causado a los cinco
jóvenes privados de la vida:
e.i)
con respecto a Julio Roberto Caal Sandoval, su abuela,
Margarita Urbina;
e.ii)
con respecto a Henry Giovanni Contreras, su madre, Ana María
Contreras;
e.iii) con respecto a Anstraun Aman Villagrán Morales, su madre,
Matilde Reyna Morales García;
38
e.iv) con respecto a Federico Clemente Figueroa Túnchez, su madre,
Marta Isabel Túnchez Palencia;
e.v)
con respecto a Jovito Josué Juárez Cifuentes, su madre, Noemí
Cifuentes;
g)
el concepto de reparación “no debe ser reducido solamente a la suma
de lucro cesante + daño emergente + daño moral, pues quedaría vacío el
propio valor del bien fundamental vida”. Así lo ha entendido el derecho
internacional de los derechos humanos y la mayoría de las legislaciones. La
garantía del derecho a la vida en la Convención requiere otorgarle a la misma
un valor autónomo. Este concepto se superpone a lo que la Comisión llama
proyecto de vida. No es un derecho de los sucesores sino de la víctima en sí,
que luego pasará al acervo hereditario. Asimismo, solicitaron a la Corte que
establezca un valor de forma equitativa y las medidas que a su juicio
constituyan una reparación por dicho concepto;
h)
a los jóvenes Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez
Cifuentes y Anstraun Aman Villagrán Morales se les transgredió el derecho a
las garantías especiales de protección que su condición de menores requería,
de conformidad con el artículo 19 de la Convención, por la privación arbitraria
de la vida y del derecho a una vida digna. Por ello, solicitan a la Corte que
establezca dicho valor y las medidas que a su juicio constituyan una
reparación equitativa; y
i)
durante la audiencia pública los representantes de los familiares
manifestaron que en el presente caso se quebrantaron distintos proyectos de
vida, tanto de las víctimas como de sus familiares.
Alegatos de la Comisión
86.
La Comisión señaló que:
a)
en cuanto al daño moral, debe otorgarse una indemnización con el fin
de reparar el sufrimiento padecido por los cinco jóvenes víctimas y, por otro,
reparar el sufrimiento padecido por Ana María Contreras, Matilde Reyna
Morales García, Rosa Carlota Sandoval, Margarita Urbina, Marta Isabel
Túnchez Palencia, Noemí Cifuentes y los demás familiares inmediatos de las
víctimas. La Comisión señaló como beneficiarios de la indemnización por el
daño moral a las mismas personas que indicó como beneficiarias por concepto
de daño material (supra párr. 76);
b)
los cinco jóvenes fueron privados de las medidas básicas de seguridad
y protección que el Estado debía proveerles como niños en riesgo, así como
de la oportunidad de desarrollar su personalidad y de vivir con dignidad. El
Estado tampoco respondió a los abusos sistemáticos practicados contra ellos;
y
c)
la Corte ha reconocido que una restitución total en el caso de daños
graves al plan de vida de una víctima requiere de una medida de reparación
correspondiente. La eliminación y reducción de las opciones de vida de estos
jóvenes ha limitado objetivamente su libertad y constituyen la pérdida de una
valiosa posesión. Este tipo de perjuicio grave a la trayectoria de vida de una
39
víctima no corresponde al renglón de daños materiales ni al de daños
morales. Debe ser objeto de una indemnización de US $50.000.00 (cincuenta
mil dólares de los Estados Unidos de América) en relación con cada una de las
víctimas, como límite mínimo apropiado.
Alegatos del Estado
87.
El Estado señaló que:
a)
en cuanto al daño moral, la sentencia de reparaciones debe
contemplar a los propios agraviados y, en caso de no ser factible, a los
familiares directos. Por ello, reconoce como víctimas directas a Anstraun
Aman Villagrán Morales, Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente
Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes
y, como consecuencia de las violaciones directas sufridas por ellas, a Ana
María Contreras, Matilde Reyna Morales García, Rosa Carlota Sandoval,
Margarita Urbina, Marta Isabel Túnchez Palencia y Noemí Cifuentes; el Estado
no reconoce a otras personas como titulares del derecho a recibir
reparaciones;
b)
se debe otorgar en relación con cada uno de los jóvenes víctimas
directas, un monto de Q50.000.00 (cincuenta mil quetzales) por concepto de
daño moral. En cuanto a cada una de las madres de las víctimas y a la
abuela de Julio Roberto Caal Sandoval se les debe otorgar un monto de
Q25.000.00 (veinticinco mil quetzales) por el mismo concepto;
c)
en cuanto al proyecto de vida, la precaria situación de las víctimas
hace altamente previsible que no tuvieran un proyecto de vida por consumar
y solicita que la Corte desestime la petición planteada por la Comisión de
establecer por separado reparaciones económicas por este concepto, así como
el monto solicitado; y
d)
acepta su responsabilidad en cuanto a la omisión en adoptar políticas
efectivas para evitar el problema de los niños de la calle a nivel general en
este caso, pero coexiste una responsabilidad de las familias de las víctimas ya
que no cumplieron con las funciones básicas que les correspondían.
Consideraciones de la Corte
88.
Esta Corte, al igual que otros Tribunales Internacionales, ha señalado
reiteradamente que la sentencia de condena puede constituir per se una forma de
compensación del daño moral80. Sin embargo, por las graves circunstancias del
presente caso, la intensidad de los sufrimientos que los respectivos hechos causaron
a las víctimas directas y a sus familiares, y a las demás consecuencias de orden no
80
cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 2, párr. 183; Caso “La Última Tentación de Cristo”
(Olmedo Bustos y otros), supra nota 2, párr. 99; Caso Baena Ricardo y otros, supra nota 2, párr. 206;
Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 15, párr. 122; Caso Blake. Reparaciones, supra nota 13,
párr. 55. Este mismo criterio ha sido establecido por la Corte Europea, ver, inter alia, Eur Court HR, Ruiz
Torrija v. Spain judgment of 9 December 1994, Series A no. 303-A, para. 33; Eur Court HR, Boner v. the
United Kingdom judgment of 28 October 1994, Series A no. 300-B, para. 46; Eur Court HR, Kroon and
Others v. the Netherlands judgment of 27 October 1994, Series A no. 297-C, para. 45; Eur Court H.R.,
Darby judgment of 23 October 1990, Series A no. 187, para. 40; Eur Court H.R., Koendjbiharie,
judgment of 25 October 1990, Series A no. 185-B, para. 34; Eur Court H.R., Wassink judgment of 27
september 1990, Series A no. 185-A, para. 41; y Eur Court H.R., McCallum judgment of 30 August 1990,
Series A no. 183, para. 37.
40
material o no pecuniario que le acarrearon a estos últimos, la Corte estima que debe
ordenar el pago de una compensación por concepto de daños morales, conforme a la
equidad81.
89.
Los familiares de las víctimas y la Comisión han hecho referencia a diversas
clases de daños morales: los sufrimientos físicos y psíquicos padecidos por las
víctimas directas y sus familiares; la pérdida de la vida, considerada ésta como un
valor en sí mismo, o como un valor autónomo; la destrucción del proyecto de vida de
los jóvenes asesinados y de sus allegados, y los daños padecidos por tres de las
víctimas directas en razón de su condición de menores de edad, al haber sido
privadas de las medidas especiales de protección que debió procurarles el Estado.
90.
Teniendo en cuenta las distintas facetas del daño al que se viene haciendo
referencia aducidas por los representantes de las víctimas y la Comisión, en cuanto
sea pertinente y responda a las particularidades de cada caso individual, la Corte fija
en equidad el valor de las compensaciones por concepto de daño moral, que deben
efectuarse a favor de cada una de las víctimas directas y de sus familiares
inmediatos, en los términos que se indican en el cuadro que se transcribe más
adelante (infra párr. 93). La Corte precisa que, al efectuar esa estimación del daño
moral, ha tenido también presentes las condiciones generales adversas de abandono
padecidas por los cinco jóvenes en las calles, quienes quedaron en situación de alto
riesgo y sin amparo alguno en cuanto a su futuro82.
91.
Para la fijación de la indemnización por daño moral, la Corte consideró,
asimismo,
a)
con respecto a Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal Sandoval,
Federico Clemente Figueroa Túnchez y Jovito Josué Juárez Cifuentes, que
fueron retenidos clandestinamente en forma forzada, aislados del mundo
exterior, y que fueron objeto de un trato agresivo en extremo, que incluyó
graves maltratos y torturas físicas y psicológicas antes de sufrir la muerte83; y
b)
con respecto a Anstraum Aman Villagrán Morales, Julio Roberto Caal
Sandoval y Jovito Josué Suárez Cifuentes, que eran menores de edad (supra
párr. 69.1.a, 69.3.a y 69.5.a) y en consecuencia eran particularmente
vulnerables y debían ser objeto de una especial protección del Estado84.
92.
En relación con los familiares inmediatos de los cinco jóvenes la Corte ha
tenido presente que:
a)
las madres de Anstraun Aman Villagrán Morales, Henry Giovanni
Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez y Jovito Josué Juárez
81
cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 2, párr. 183; Caso Baena Ricardo y otros, supra nota 2,
párr. 206; y Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 15, párr. 122.
82
cfr. Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”). Sentencia de 19 de
noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrs. 188 a 191.
83
cfr. Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”), supra nota 82, párrs. 157 a
163.
84
197.
cfr. Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”), supra nota 82, párrs. 195 a
41
Cifuentes y la abuela de Julio Roberto Caal Sandoval, deben recibir, como
herederas, las compensaciones por el daño moral causado a cada uno de
ellos;
b)
las madres de los cinco jóvenes y la abuela de Julio Roberto Caal
Sandoval sufrieron daños morales de dos tipos: en primer lugar, por haber
sido afectadas por las desapariciones, torturas y muertes de sus hijos y nieto,
y en segundo por haber sido ellas mismas objeto de la violación de los
artículos 5.2, 8.1 y 25 de la Convención, conforme a lo establecido en la
sentencia de fondo de este mismo caso. Las compensaciones de esos daños
deben ser pagadas directamente a cada una de ellas, con la excepción de la
debida a Rosa Carlota Sandoval, la cual, por haber muerto esta, deberá ser
recibida por su madre, Margarita Urbina; y
c)
los hermanos de Anstraun Aman Villagrán Morales, Henry Giovanni
Contreras y Federico Clemente Figueroa Túnchez sufrieron daños morales por
haber sido afectados por las desapariciones, torturas y muertes de estos
últimos, y haber sido objeto de la violación de los artículos 8.1 y 25 de la
Convención, de acuerdo con lo establecido en la sentencia de fondo. No se
probó que Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes
tuvieran hermanos. Las compensaciones de esos daños deben ser pagadas a
los hermanos de las víctimas según se indicará en los términos previstos en el
cuadro que va a transcribirse.
93.
De acuerdo con lo anterior, la Corte fija las siguientes cantidades como
compensación por el daño moral sufrido por los cinco jóvenes a que se refiere este
caso, sus madres y abuela y sus hermanos indicadas en el siguiente cuadro:
Reparación por concepto de Daño Moral
Víctimas Directas
Cantidad
Anstraun Aman Villagrán Morales
US $ 23.000.00
Henry Giovanni Contreras
US $ 27.000.00
Julio Roberto Caal Sandoval
US $ 30.000.00
Federico Clemente Figueroa Túnchez
US $ 27.000.00
Jovito Josué Juárez Cifuentes
US $ 30.000.00
Madres y abuela
Cantidad
Matilde Reyna Morales García
US $ 26.000.00
Ana María Contreras
US $ 26.000.00
Rosa Carlota Sandoval
US $ 26.000.00
Margarita Urbina
US $ 26.000.00
Marta Isabel Túnchez Palencia
US $ 26.000.00
Noemí Cifuentes
US $ 26.000.00
Hermanos
Cantidad
Reyna Dalila Villagrán Morales
US $ 3.000.00
Lorena Dianeth Villagrán Morales
US $ 3.000.00
Gerardo Adoriman Villagrán Morales
US $ 3.000.00
Mónica Renata Agreda Contreras
US $ 3.000.00
Shirley Marlen Agreda Contreras
US $ 3.000.00
Osman Ravid Agreda Contreras
US $ 3.000.00
Guadalupe
Concepción
Figueroa US $ 3.000.00
Túnchez
Zorayda Izabel Figueroa Túnchez
US $ 3.000.00
42
IX
OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN
Alegatos de los representantes de los familiares de las víctimas
94.
los representantes de los familiares de las víctimas señalaron en general que:
a)
la satisfacción tiene lugar cuando se llevan a cabo tres actos,
generalmente en forma acumulativa: las disculpas (o cualquier otro gesto que
demuestre el reconocimiento de la autoría del acto en cuestión), el
juzgamiento y castigo de los responsables y la toma de medidas para evitar
que se repita el daño (garantías de no repetición); y
b)
la satisfacción y la garantía de no repetición son componentes
esenciales del concepto de reparación a las víctimas, más aún cuando se
trataba de niños y jóvenes que no contaron nunca con la protección del
Estado, desde que éste toleró y no remedió que vivieran en las calles, lo que
trajo como consecuencia la privación violenta y arbitraria de su vida. Por ello
Guatemala debe garantizar que dichas violaciones no vuelvan a ocurrir, y
complementarlo con las medidas de satisfacción.
95.
Asimismo,
satisfacción:
los
representantes
solicitaron
las
siguientes
medidas
de
a)
que se establezcan medidas efectivas para una protección integral de
los niños y jóvenes de la calle para evitar que se den hechos como los
denunciados. Esto implica que se adopten serias reformas en las políticas
públicas de Guatemala a nivel legislativo, judicial y administrativo. Los niños
y jóvenes que viven en las calles, como sucedió con las víctimas, no cuentan
con la posibilidad de una vida sana, normal y digna y son estigmatizados
como delincuentes. Esto hace necesario una protección integral de este sector
social;
b)
que se dispongan las medidas necesarias para la implementación total
del “Plan de Acción a Favor de Niños, Niñas y Jóvenes de la Calle” de 1997 y
se ponga en vigencia el Código de la Niñez y la Juventud (Decreto 78-96) de
1996;
c)
que el Estado realice un reconocimiento público de responsabilidad por
la gravedad de los hechos sucedidos y que involucran a niños de la calle,
mediante gestos y símbolos que le otorguen sentido nacional a la reparación,
tales como que erija un centro educativo en memoria de las víctimas, que sea
un lugar que ofrezca educación gratuita accesible a esa población marginada,
y utilice todos los recursos a su alcance para que esta medida simbólica
cuente con el interés y participación de los medios de comunicación social;
d)
que era necesario esclarecer totalmente los hechos y que los autores
de las violaciones reciban un adecuado castigo. El Estado debe completar de
manera seria, expedita, imparcial y efectiva la investigación de las
circunstancias
que
produjeron
las
violaciones
y
determinar
las
responsabilidades individuales en este caso. La existencia de una sentencia
43
absolutoria con carácter de cosa juzgada, producto de un proceso viciado, no
puede ser excusa para impedir la sanción de los responsables; y
e)
que la Corte disponga derogar el Código de Menores de 1979.
Alegatos de la Comisión
96.
Por su parte, la Comisión señaló que:
a)
apoya las pretensiones de los peticionarios en cuanto a las
reparaciones de carácter simbólico y de que ciertos aspectos de las
violaciones en discusión y los daños resultantes no pueden repararse por
medio de una indemnización.
Tomando en cuenta la gravedad de las
violaciones y la necesidad de restituir la protección de los derechos,
particularmente los derechos del niño y el derecho a la vida, la Comisión
considera que las garantías de desagravio y no reincidencia constituyen un
componente esencial de las reparaciones requeridas;
b)
es sumamente importante considerar las necesidades y deseos de las
víctimas y sus familiares en la determinación de las reparaciones, por lo cual
la Comisión destaca tres elementos componentes de las reparaciones no
pecuniarias:
b.i)
ordenar que el Estado designe a una escuela o centro educativo
con los nombres de las víctimas, ya que constituiría un importante
medio para reconocer y mantener viva su memoria;
b.ii)
ordenar al Estado cumplir con los deseos de la madre de Henry
Giovanni Contreras en relación con la exhumación de sus restos
mortales para darles nuevamente sepultura en el lugar apropiado que
ella determine, acto de inestimable importancia en la vida familiar; y
b.iii) ordenar que el Estado cumpla plenamente con la parte de la
sentencia que ordena una investigación efectiva de los hechos, para
garantizar que no se repitan violaciones de esta índole.
Alegatos del Estado
97.
El Estado en este punto señaló que:
a)
comparte el criterio de la Comisión en cuanto a que la reparación
pecuniaria es sólo uno de los aspectos que deben ser considerados en una
“reparación integral”. Se han iniciado soluciones amistosas en otros casos en
las cuales el Estado se ha comprometido en accionar en cuatro puntos
esenciales, a saber: reparación económica, búsqueda de la justicia,
dignificación de las víctimas y fortalecimiento e impulso del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
Respecto de los demás
planteamientos de la Comisión, Guatemala estaría en la disponibilidad de
analizarlos y pronunciarse posteriormente;
b)
en relación con los homenajes a las víctimas y la exhumación del
cadáver de Henry Giovanni Contreras, solicita a la Corte que estos temas
queden al margen de la sentencia que dicte sobre reparaciones y que se inste
44
a las partes a llegar a un acuerdo sobre la fórmula idónea de satisfacción de
tales pretensiones;
c)
las instituciones gubernamentales de manera conjunta con
organizaciones no gubernamentales formularon el Plan de Acción a Favor de
los Niños, Niñas y Jóvenes de la Calle. Agrega que espera que la entidad
ejecutora ponga en marcha dicho plan en el transcurso del presente año; y
d)
retoma, de manera primordial, el compromiso de cumplir su obligación
de promover e impulsar las investigaciones para el esclarecimiento de los
casos analizados por la Corte o, en su defecto, reorientar las ya iniciadas.
Consideraciones de la Corte
98.
Si bien el Tribunal en su sentencia de fondo no decidió que Guatemala había
violado el artículo 2 de la Convención, norma que dispone que el Estado está en la
obligación de adoptar “las medidas legislativas o de otro carácter que fueran
necesarias para hacer efectivos” los derechos en ella reconocidos, es cierto también
que ésta es una obligación que el Estado debe cumplir por el mero hecho de haber
ratificado dicho instrumento legal85. Así, esta Corte considera que Guatemala debe
implementar en su derecho interno, de acuerdo al citado artículo 2 de la Convención,
las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean
necesarias con el objeto de adecuar la normativa guatemalteca al artículo 19 de la
Convención, para prevenir que se den en el futuro hechos como los examinados.
Pese a lo dicho, la Corte no está en posición de afirmar cuáles deben ser dichas
medidas y si, en particular deben consistir, como lo solicitan los representantes de
los familiares de las víctimas y la Comisión, en derogar el Código de la Niñez de 1979
o en poner en vigencia el Código de la Niñez y la Juventud aprobado por el Congreso
de la República de Guatemala en 1996 y el Plan de Acción a Favor de Niños, Niñas y
Jóvenes de la Calle de 1997.
99.
De conformidad con el resolutivo octavo de la sentencia de fondo dictada el
19 de noviembre de 1999, Guatemala debe realizar una investigación efectiva para
individualizar a las personas responsables de las violaciones de los derechos
humanos declaradas en dicho fallo y, en su caso, sancionarlas. La Corte ha afirmado
que la obligación de garantía y efectividad de los derechos y libertades previstos en
la Convención es autónoma y diferente de la de reparar. Mientras el Estado está
obligado a investigar los hechos y sancionar a los responsables, la víctima o, en su
defecto, los familiares de ésta, pueden renunciar a las medidas de reparación por el
daño causado86. En definitiva, el Estado que deja impune las violaciones de derechos
humanos estaría incumpliendo, adicionalmente, su deber general de garantizar el
libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas sujetas a su jurisdicción87.
85
86
cfr. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones, supra nota 19, párr. 68.
cfr. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones, supra nota 19, párr. 72.
cfr. Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 129;
Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones, supra nota 19, párr. 73; y Caso Paniagua Morales y otros.
Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 178 y punto resolutivo sexto.
87
45
100. Este Tribunal se ha referido en reiteradas ocasiones al derecho que asiste a
los familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió88 y quiénes fueron los
agentes del Estado responsables de dichos hechos. “[L]a investigación de los hechos
y la sanción de las personas responsables, [...] es una obligación que corresponde al
Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa
obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad”89.
Además, este Tribunal ha indicado que el Estado “tiene la obligación de combatir [la
impunidad] por todos los medios legales disponibles ya que [ésta] propicia la
repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de
las víctimas y de sus familiares”90.
101. Por consiguiente, la Corte reitera que Guatemala tiene la obligación de
investigar los hechos que generaron las violaciones de la Convención Americana en
el presente caso, identificar a sus responsables y sancionarlos.
102. En relación con la solicitud relativa a la exhumación del cadáver de Henry
Giovanni Contreras, esta Corte considera que Guatemala debe adoptar las medidas
necesarias para trasladar los restos mortales de dicha víctima al lugar de elección de
sus familiares, sin costo alguno para ellos, para satisfacer de esta manera los deseos
de la familia de darle una adecuada sepultura, según sus costumbres y creencias
religiosas.
103. En cuanto a la solicitud de nombrar un centro educativo con los nombres de
las víctimas, la Corte ordena al Estado designar un centro educativo con un nombre
alusivo con los jóvenes víctimas de este caso, y colocar en dicho centro una placa
con el nombre de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez,
Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Anstraun Aman
Villagrán Morales. Ello contribuiría a despertar la conciencia para evitar la repetición
de hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso y conservar viva la
memoria de las víctimas91.
X
COSTAS Y GASTOS
Alegatos de los representantes de los familiares de las víctimas
104.
Los representantes de los familiares de las víctimas señalaron que:
a)
en los procesos judiciales internos para investigar las muertes de las
víctimas, los familiares incurrieron en gastos diversos ante las autoridades:
traslados a las dependencias policiales y judiciales, tiempo invertido para las
declaraciones, fotocopias, obtención de certificados de nacimiento y
88
cfr. Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra nota 15, párr. 109; Caso Godínez Cruz. supra
nota 3, párr. 191; y Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 3, párr. 181.
89
Caso El Amparo. Reparaciones, supra nota 15, párr. 61. Ver también, Caso Blake. Reparaciones,
supra nota 13, párr. 65; y Caso Suárez Rosero. Reparaciones, supra nota 15, párrs. 79 y 80.
90
Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 87, párr. 173. En igual sentido, cfr. Caso Ivcher
Bronstein, supra nota 2, párr. 186; y Caso Tribunal Constitucional, supra nota 15, párr. 123.
91
cfr. Caso Benavides Ceballos. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38, párrs. 48.5 y
55; y Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, supra nota 15, párr. 96.
46
defunción, etc. Aunque no hay documentación precisa al respecto estos
gastos deben ser reembolsados por el Estado, y la Corte los puede establecer
con base en el principio de equidad;
b)
entre
las
actividades
desplegadas
por
las
víctimas,
sus
derechohabientes o sus representantes para obtener la resolución
jurisdiccional en la que se reconozca la violación cometida y se fijen sus
consecuencias jurídicas, se incluyen gastos asumidos tanto ante instancias
internas como internacionales;
c)
en este caso se iniciaron a nivel interno varios procesos judiciales que,
aunque ineficaces, generaron una serie de gastos y costas. Los peticionarios
pretenden que la Corte resarza los gastos en que incurrió Casa Alianza en
apoyo y representación de los familiares de las víctimas. Aunque no se
cuenta con pruebas que acrediten un monto preciso de gastos, se estiman en
la suma de US $3.500,00 (tres mil quinientos dólares de los Estados Unidos
de América) con base en el principio de equidad;
d)
Casa Alianza y CEJIL han realizado la defensa de los familiares de las
víctimas en el proceso ante el Sistema Interamericano por lo que solicitan que
los gastos les sean reembolsados;
e)
Casa Alianza ha incurrido en gastos relacionados con la compra de
pasajes aéreos e impuestos de aeropuertos, hospedaje y viáticos, transporte
interno, llamadas telefónicas y envío de faxes, envío de paquetería vía aérea,
que ascienden a la suma total de US $24.151,91 (veinticuatro mil ciento
cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América con noventa y un
centavos); y
f)
CEJIL ha incurrido en gastos relacionados con dos audiencias ante la
Comisión y tres audiencias ante la Corte, cuentas de teléfono y de facsímil,
envíos de courier y suministros (copias, papelería, etc.) por un monto total de
US $11.710,00 (once mil setecientos diez dólares de los Estados Unidos de
América).
Alegatos de la Comisión
105.
Por su parte, la Comisión señaló que:
a)
debe ordenarse a favor de las víctimas el reembolso de las costas y
honorarios legales razonables que hayan sido necesarios para obtener
justicia, tanto ante los tribunales nacionales como ante el Sistema
Interamericano; y
b)
no busca que se ordene el pago de costas o gastos para cubrir su
propia participación. En lo que se refiere a la representación de las víctimas
no debe obligarse a éstas ni a sus abogados a cubrir los costos relacionados
con la representación legal necesaria para llevar a cabo la búsqueda de
justicia, cuando ésta ha sido negada por el Estado en cuestión y cuando el
monto de los costos es razonable. En consecuencia, la Comisión considera
que es justificado el pago de costas y honorarios solicitado por los
representantes de las víctimas.
47
Alegatos del Estado
106. El Estado por su parte alegó que está anuente a que la Corte decida sobre
aquellos honorarios y gastos en que hayan incurrido los representantes de las
víctimas, sólo si dichos gastos son plenamente comprobables con documentos
legales que amparen dichos desembolsos. Por ello solicita a la Corte que rechace
cualquier documento probatorio que no tenga esa condición.
Consideraciones de la Corte
107. Las costas y gastos deben entenderse comprendidos dentro del concepto de
reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la
actividad desplegada por la o las víctimas, sus derechohabientes o sus
representantes para acceder a la justicia internacional implica erogaciones y
compromisos de carácter económico que deben ser compensados al dictar sentencia
condenatoria. Es por ello que este Tribunal considera que las costas a que se refiere
el artículo 55.1 del Reglamento comprenden también los diversos gastos necesarios y
razonables que la o las víctimas hacen para acceder al sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, figurando entre los gastos, los honorarios de
quienes brindan asistencia jurídica. En razón de lo anterior, corresponde a la Corte
apreciar prudentemente el alcance de las costas y gastos, atendiendo a las
circunstancias del caso concreto, a la naturaleza de la jurisdicción internacional de
protección de los derechos humanos y a las características del respectivo
procedimiento, que posee rasgos propios y diferentes de los que pudieran revestir
otros procesos de carácter nacional o internacional92.
108. Ya este Tribunal ha señalado anteriormente que en el concepto de costas
quedan comprendidas tanto las que corresponden a la etapa de acceso a la justicia a
nivel nacional, como las que se refieren a la justicia a nivel internacional ante dos
instancias: la Comisión y la Corte93.
109. A ese efecto, la Corte considera que es equitativo reconocer a los
representantes de los familiares de las víctimas como reintegro de los gastos y
costas generados en la jurisdicción interna y en la jurisdicción interamericana, la
suma de US $27.651,91 (veintisiete mil seiscientos cincuenta y un dólares de los
Estados Unidos de América con noventa y un centavos) a Casa Alianza y la suma de
US $11.000,00 (once mil dólares de los Estados Unidos de América) a CEJIL.
XI
MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO
Alegatos de los representantes de los familiares de las víctimas
110. Los representantes de los familiares de las víctimas en su escrito sobre
reparaciones propusieron que el pago de la indemnización se efectúe mediante el
pago total en una suma alzada al momento de ejecutarse la sentencia. Durante la
92
cfr. Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, supra nota 12, párrs. 176 y 177; y Caso Garrido y
Baigorria. Reparaciones, supra nota 19, párrs. 79, 80 y 82.
93
cfr. Caso Loayza Tamayo. Reparaciones, supra nota 12, párr. 178; y Caso Garrido y Baigorria.
Reparaciones, supra nota 19, párr. 81.
48
audiencia pública, ante una propuesta de solución amistosa del Estado, dichos
representantes señalaron que, aún cuando la misma demostraba buena voluntad, no
era ésta la etapa procesal adecuada para poner en práctica una propuesta de ese
tipo. De todas maneras, se mostraron dispuestos a trabajar con el Estado en la
implementación de la sentencia que la Corte dicte en el ámbito de las reparaciones.
Alegatos de la Comisión
111.
La Comisión solicitó a la Corte que:
a)
Guatemala sea obligada a pagar los montos de indemnización que se
establezcan dentro de un plazo de seis meses a partir de la sentencia
respectiva;
b)
el pago de esa indemnización se efectúe ya sea en dólares de los
Estados Unidos de América o en una suma equivalente en quetzales;
c)
para calcular la indemnización y determinar la forma de pago se tome
en cuenta la necesidad de mantener el poder adquisitivo de la suma que se
ordene pagar, considerando la devaluación y la depreciación;
d)
el pago de la indemnización esté exento de los impuestos vigentes y
de aquéllos que se impongan en el futuro; y
e)
disponga que la Corte mantendrá su competencia sobre este asunto
hasta que se haya certificado el cumplimiento de todas las medidas de
reparación que se dispongan.
Alegatos del Estado
112. Durante la audiencia pública Guatemala propuso a la Corte dos opciones para
la determinación de las reparaciones. Primero, la posibilidad de negociar un acuerdo
con las partes sobre la forma y cuantía de las indemnizaciones, dentro del lapso de
tiempo que la Corte defina. Segundo, si esta medida no es aceptada, propone la
constitución de un tribunal arbitral que se encargue de emitir un pronunciamiento
sobre la indemnización pecuniaria en un plazo que definiría la Corte, previo a lo cual
se suscribiría un acta de compromiso entre las partes para acatar ese laudo arbitral.
El acuerdo al que se llegue sería en todo caso sometido a la aprobación de la Corte y
ésta se reservaría el derecho de decidir sobre la materia en caso de que las partes no
arribaran a un acuerdo.
113. El Estado señaló además que, en el caso de los familiares de Federico
Clemente Figueroa Túnchez y Jovito Josué Juárez Cifuentes, éstos no se apersonaron
en el proceso de reparaciones y que la Corte, sin importar dicho extremo, debe
decidir el monto que será destinado a los legítimos herederos de las mencionadas
personas. En la sentencia se debería determinar que la suma correspondiente sea
depositada en el Banco de Guatemala y solicita que en el evento de que ningún
familiar de dichas personas se apersone al proceso, tales sumas permanezcan en
calidad de depósito durante un año contado desde la fecha en que se dicte la
sentencia respectiva, para que así las personas que crean tener un derecho legítimo
lo puedan hacer valer. Si transcurrido ese plazo ninguna persona reclama, acciona o
ejercita acciones al respecto, pide al Tribunal que se disponga en la sentencia que los
montos referidos sean destinados por el Estado a la Secretaría de Bienestar Social de
la Presidencia de la República, que es la entidad ejecutora del “Plan a favor de los
49
Niños, Niñas y Jóvenes de la Calle”. En ese evento los programas implementados
deberán llevar el nombre de los jóvenes Federico Clemente Figueroa Túnchez y
Jovito Josué Juárez Cifuentes.
Consideraciones de la Corte
114. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, el Estado deberá ejecutar el
pago de las indemnizaciones compensatorias, el reintegro de costas y gastos y la
adopción de las otras medidas ordenadas dentro del plazo de seis meses a partir de
la notificación de esta sentencia.
115. El pago de las indemnizaciones establecidas en favor de los familiares de la
víctimas mayores de edad, según sea el caso, será hecho directamente a ellos. Si
alguno de ellos hubiere fallecido o fallece, el pago será hecho a sus herederos.
116. El reintegro de gastos y costas generados por las gestiones realizadas por los
representantes de los familiares de las víctimas en los procesos internos y en el
proceso internacional ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos, serán pagadas en favor de Casa Alianza y de CEJIL como se determinó
anteriormente (supra párr. 109).
117. Si por algún motivo no fuese posible que los beneficiarios de las
indemnizaciones las reciban dentro del plazo indicado de seis meses, el Estado
deberá consignar dichos montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito
en una institución bancaria guatemalteca solvente, en dólares estadounidenses o su
equivalente en moneda guatemalteca dentro de un plazo de seis meses, y en las
condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica
bancarias. Si al cabo de diez años la indemnización no es reclamada, la suma será
devuelta, con los intereses devengados, al Estado guatemalteco.
118. En lo que respecta a la indemnización en favor del beneficiario menor de
edad, el Estado constituirá una cuenta o certificado de depósito en una institución
bancaria guatemalteca solvente, en dólares estadounidenses o su equivalente en
moneda guatemalteca, dentro de un plazo de seis meses y en las condiciones más
favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias. Los beneficios
derivados de intereses incrementarán el patrimonio, el cual será entregado al menor
Osman Ravid Agreda Contreras, en su totalidad cuando cumpla la mayoría de edad o
cuando contraiga matrimonio. En caso de fallecimiento, el derecho se transmitirá a
los herederos.
119. El Estado puede cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los
Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda guatemalteca,
utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté
vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al
pago.
120. Los pagos ordenados en la presente sentencia estarán exentos de todo
impuesto actualmente existente o que pueda decretarse en el futuro.
121. En caso de que el Estado incurra en mora, pagará un interés sobre la suma
adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Guatemala.
122. Conforme a la práctica constante de este Tribunal, la Corte se reserva la
facultad de supervisar el cumplimiento íntegro de la presente sentencia. El caso se
50
dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo
dispuesto en aquélla.
XII
PUNTOS RESOLUTIVOS
123.
Por tanto,
LA CORTE,
DECIDE:
por unanimidad,
1.
Que el Estado de Guatemala debe pagar, por concepto de daño material,
como consecuencia de la muerte de Anstraun Aman Villagrán Morales, Henry
Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal Sandoval, Federico Clemente Figueroa
Túnchez y Jovito Josué Juárez Cifuentes, una indemnización conforme a la siguiente
relación:
a)
US$ 32.286,00 (treinta y dos mil doscientos ochenta y seis dólares de
los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca,
por la muerte de Anstraun Aman Villagrán Morales, cantidad que será
entregada a su madre, Matilde Reyna Morales García;
b)
US$ 30.995,00 (treinta mil novecientos noventa y cinco dólares de los
Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, por la
muerte de Henry Giovanni Contreras, cantidad que será entregada a su
madre, Ana María Contreras;
c)
US$ 31.248,00 (treinta y un mil doscientos cuarenta y ocho dólares de
los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca,
por la muerte de Julio Roberto Caal Sandoval, cantidad que será entregada a
su abuela, Margarita Urbina;
d)
US$ 30.504,00 (treinta mil quinientos cuatro dólares de los Estados
Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, por la muerte
de Federico Clemente Figueroa Túnchez, cantidad que será entregada a su
madre, Marta Isabel Túnchez Palencia; y
e)
US$ 28.181,00 (veintiocho mil ciento ochenta y un dólares de los
Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda guatemalteca, por la
muerte de Jovito Josué Juárez Cifuentes, cantidad que será entregada a su
madre, Noemí Cifuentes;
por unanimidad,
2.
Que el Estado de Guatemala debe pagar, por concepto de daño moral sufrido
por Anstraun Aman Villagrán Morales, Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal
Sandoval, Federico Clemente Figueroa Túnchez y Jovito Josué Juárez Cifuentes, las
siguientes compensaciones que recibirán sus derechohabientes, conforme a lo que a
continuación se indica:
51
a)
US$ 23.000,00 (veintitrés mil dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en moneda guatemalteca, a la madre de Anstraun
Aman Villagrán Morales, Matilde Reyna Morales García;
b)
US$ 27.000,00 (veintisiete mil dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en moneda guatemalteca, a la madre de Henry
Giovanni Contreras, Ana María Contreras;
c)
US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América)
o su equivalente en moneda guatemalteca, a la abuela de Julio Roberto Caal
Sandoval, Margarita Urbina;
d)
US$ 27.000,00 (veintisiete mil dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en moneda guatemalteca, a la madre de Federico
Clemente Figueroa Túnchez, Marta Isabel Túnchez Palencia; y
e)
US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América)
o su equivalente en moneda guatemalteca, a la madre de Jovito Josué Juárez
Cifuentes, Noemí Cifuentes.
por unanimidad,
3.
Que el Estado de Guatemala debe pagar, por concepto de daño moral, una
compensación de US$ 26.000,00 (veintiseis mil dólares de los Estados Unidos de
América) o su equivalente en moneda guatemalteca, según lo señalado en los
párrafos 92.b y 93 de esta sentencia, a cada una de las siguientes personas: Matilde
Reyna Morales García, Ana María Contreras, Rosa Carlota Sandoval, Margarita
Urbina, Marta Isabel Túnchez Palencia y Noemí Cifuentes.
La cantidad
correspondiente a Rosa Carlota Sandoval le será entregada a su madre Margarita
Urbina.
por unanimidad,
4.
Que el Estado de Guatemala debe pagar, por concepto de daño moral, una
compensación de US$ 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América)
o su equivalente en moneda guatemalteca, según lo señalado en los párrafos 92.c,
93 y 118 de esta sentencia, a cada una de las siguientes personas: Reyna Dalila
Villagrán Morales, Lorena Dianeth Villagrán Morales, Gerardo Adoriman Villagrán
Morales, Mónica Renata Agreda Contreras, Shirley Marlen Agreda Contreras, Osman
Ravid Agreda Contreras, Guadalupe Concepción Figueroa Túnchez y Zorayda Izabel
Figueroa Túnchez.
por unanimidad,
5.
que el Estado de Guatemala debe adoptar en su derecho interno, de
conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean
necesarias con el fin de adecuar la normativa guatemalteca al artículo 19 de la
Convención.
por unanimidad,
52
6.
que el Estado de Guatemala debe brindar los recursos y adoptar las demás
medidas necesarias para el traslado de los restos mortales de Henry Giovanni
Contreras y su posterior inhumación en el lugar de elección de sus familiares, según
lo señalado en el párrafo 102 de esta sentencia.
por unanimidad,
7.
que el Estado de Guatemala debe designar un centro educativo con un
nombre alusivo a los jóvenes víctimas de este caso y colocar en dicho centro una
placa con los nombres de Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal Sandoval,
Federico Clemente Figueroa Túnchez, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Anstraun Aman
Villagrán Morales, según lo señalado en el párrafo 103 de esta sentencia.
por unanimidad,
8.
que el Estado de Guatemala debe investigar los hechos del presente caso,
identificar y sancionar a los responsables y adoptar en su derecho interno las
disposiciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación.
por unanimidad,
9.
que el Estado de Guatemala debe pagar a los representantes de los familiares
de las víctimas como reintegro de los gastos y costas en la jurisdicción interna y en
la jurisdicción interamericana la cantidad de US$ 38.651,91 (treinta y ocho mil
seiscientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América con noventa y
un centavos).
De este monto deberá pagarse la cantidad de US$ 27.651,91
(veintisiete mil seiscientos cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América
con noventa y un centavos) a la Asociación Casa Alianza/América Latina y la
cantidad de US$ 11.000,00 (once mil dólares de los Estados Unidos de América) al
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
por unanimidad,
10.
que el Estado de Guatemala debe cumplir con las medidas de reparación
ordenadas en la presente sentencia dentro de los seis meses contados a partir de su
notificación.
por unanimidad,
11.
que los pagos dispuestos en la presente sentencia estarán exentos de
cualquier gravamen o impuesto existente o que llegue a existir en el futuro.
por unanimidad,
12.
que supervisará el cumplimiento de esta sentencia y dará por concluido el
presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en
ella.
Los Jueces Cançado Trindade y de Roux Rengifo hicieron conocer sus Votos
Razonados, los cuales acompañan a esta sentencia.
Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José,
Costa Rica, el día 26 de mayo de 2001.
53
Antônio A. Cançado Trindade
Presidente
Hernán Salgado Pesantes
Oliver Jackman
Alirio Abreu Burelli
Sergio García Ramírez
Carlos Vicente de Roux Rengifo
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Antônio A. Cançado Trindade
Presidente
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE
1.
El presente caso de los "Niños de la Calle" es verdaderamente paradigmático,
en la medida en que, además de retratar una situación real del cotidiano de América
Latina, demuestra que la conciencia humana ha alcanzado un grado de evolución que
ha tornado posible hacer justicia mediante la protección de los derechos de los
marginados o excluidos, al otorgarse a éstos, al igual que a todo ser humano, acceso
directo a una instancia judicial internacional para hacer valer sus derechos, como
verdadera parte demandante. El ser humano, aún en las condiciones más adversas,
irrumpe como sujeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dotado de
plena capacidad jurídico-procesal internacional. La presente Sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los "Niños de la Calle" no sólo
resuelve un caso concreto en cuanto a reparaciones, sino también contribuye a
elevar los estándares del comportamiento humano en relación con los desposeídos.
Casos como el presente, sumado a otros que revelan un alto grado de padecimiento
humano, como, v.g., el de Paniagua Morales y Otros, también demuestran que la
muerte violenta de seres queridos puede tener - como efectivamente ha ocurrido efectos devastadores sobre los familiares inmediatos y desagregadores sobre los
respectivos núcleos familiares.
2.
Estos casos, a mi modo de ver, ponen de manifiesto que las reparaciones de
violaciones de derechos humanos deben ser determinadas a partir de la gravedad de
los hechos y de su impacto sobre la integralidad de la personalidad de las víctimas, tanto las directas (las personas asesinadas) como las indirectas (sus familiares
inmediatos sobrevivientes). Al votar a favor de la adopción, por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, de la presente Sentencia sobre reparaciones
en el caso de los "Niños de la Calle", me veo, así, obligado a dejar constancia de mis
reflexiones personales al respecto. Céntranse ellas, sobre todo, en tres elementos
que, sorprendentemente, han sido insuficientemente tratados en la jurisprudencia y
la doctrina internacionales contemporáneas, así como en la práctica de alegatos de
litigantes en el contencioso internacional hasta la fecha, en materia de reparaciones
por violaciones de derechos humanos.
3.
Me refiero particularmente a la tríada, formada por la victimización, el
sufrimiento humano, y la rehabilitación de las víctimas, - a ser considerada a partir
de la integralidad de la personalidad de las víctimas. Se impone, en mi entender, una
reflexión más profundizada sobre esta tríada, para que se entienda el verdadero
sentido y el alcance de las reparaciones en el presente contexto de protección de los
derechos del ser humano. No es suficiente tener presente la distinción básica - hoy
ampliamente reconocida - entre las reparaciones y una de sus formas, las
indemnizaciones. Hay que identificar el sentido real del término reparaciones en el
dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (cf. párrs. 40-42, infra).
La determinación de las formas, montos y alcance de las reparaciones, a mi juicio no
puede prescindir de una previa comprensión de sentido real del sufrimiento humano.
4.
Las reflexiones personales que me permito desarrollar en este Voto Razonado
no tienen la pretensión de presentar criterios generales para la solución de
problemas atinentes a las reparaciones debidas a las víctimas de violaciones de
derechos humanos, tales como los planteados en el presente caso de los "Niños de la
Calle". Al advertir para los riesgos - tan comunes en nuestros días - de un enfoque
reduccionista de la materia (con un énfasis indebido en compensaciones en forma de
simples indemnizaciones), mi propósito es, más bien, llamar la atención para la
2
necesidad de contribuir a asegurar la prevalencia de los valores superiores que se
encuentran en cuestión, desde la perspectiva de la centralidad de la posición de las
víctimas, en su integralidad, así como para la importancia de asegurar las medidas
de rehabilitación de estas últimas.
5.
No es mera casualidad que, en casos de violaciones de derechos humanos
marcados por la extrema violencia, la Corte Interamericana haya estimado necesario
escuchar en audiencia pública las declaraciones de psicólogos (en cuanto a las
reparaciones, como en los casos de los "Niños de la Calle", y de Paniagua Morales y
Otros), y médicos forenses (como en el caso Gangaram Panday, fondo, 1994). Del
mismo modo, en otros casos, con características distintas (v.g., con gran densidad
del elemento cultural), la Corte ha estimado oportuno escuchar en audiencia pública
las declaraciones de antropólogos o cientistas sociales (como, v.g., en los casos
Aloeboetoe y Otros, reparaciones, 1993, y de la Comunidad Mayagna Awas Tingni,
fondo, 2001). En definitiva, al contrario de lo que en el pasado suponían con
autosuficiencia injustificada los positivistas, el Derecho tiene, a mi juicio, mucho que
aprender con otras ramas del conocimiento humano, y viceversa.
6.
En una de las declaraciones en la audiencia pública ante la Corte, del día 11
de agosto de 2000, en el caso Paniagua Morales y Otros, se subrayó que la tortura y
la muerte violenta de un ser querido puede afectar, de modo desagregador, todo su
círculo familiar; de ahí la importancia que se conozca la verdad de los hechos y se
realice la justicia, de modo, inclusive, a estructurar el psiquismo de las víctimas
indirectas (los familiares inmediatos). La realización de la justicia contribuye a
ordenar las relaciones humanas, teniendo una función estructurante del propio
psiquismo humano: las amenazas, el miedo y la impunidad afectan el psiquismo de
los seres humanos, agravando la situación de dolor, mientras que la verdad y la
justicia ayudan al menos a cicatrizar, con el tiempo, las heridas profundas causadas
por la muerte violenta de un familiar querido1.
7.
En efecto, la muerte violenta de un ser querido lanza ineludiblemente a los
familiares sobrevivientes en las densas sombras de la existencia humana:
- "Nel mezzo del cammin di nostra vita,
mi ritrovai per una selva oscura,
chè la diritta via era smarrita"2.
En el mundo brutalizado en que vivimos, cualquier persona puede encontrarse en
una "selva oscura", en cualquier momento de su vida, - en el medio de la misma, al
puro inicio, o al final (como se desprende de los casos de los "Niños de la Calle" y de
Paniagua Morales y Otros). Es por esto que advertía Sófocles - con perenne
actualidad - que no hay que considerar a nadie verdaderamente feliz, hasta que
traspase el límite final de la existencia humana - la muerte - libre del dolor3.
1
.
Cf. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIADH), Caso Paniagua Morales y Otros /
Reparaciones - Transcripción de la Audiencia Pública Celebrada en la Sede de la Corte los Días 11 y 12 de
Agosto de 2000, pp. 144-175 (documento no-publicado, de circulación interna).
2
.
3
.
Dante Allighieri, La Divina Comedia - Inferno (1309), versos I, 1-3. [Traducción:
- "A mitad del caminar de nuestra vida,
extraviado me vi por selva oscura,
que la vía directa era perdida"].
Sófocles, Édipo Rey (428-425 antes de Cristo), versos 1528-1530.
3
8.
En el presente caso de los "Niños de la Calle", es para mí evidente el intenso
dolor de las madres de los niños asesinados, y de la abuela de uno de ellos; en el
caso Paniagua Morales y Otros, de los degollados o torturados de la "Panel Blanca",
el mismo intenso dolor es experimentado por los ascendientes así como los
descendientes de las víctimas directas. La determinación de las reparaciones, - en
sus distintas formas (entre las cuales la satisfacción y la rehabilitación) - debidas a
las víctimas indirectas, tiene, en mi entender, como elemento central, el sufrimiento
humano, considerado a partir de la gravedad de los hechos y su impacto sobre la
integralidad de la personalidad - y sobre todo la condición de ser espiritual - de las
víctimas (directas e indirectas).
9.
A mi juicio, la ausencia de un criterio objetivo de medición del sufrimiento
humano no debe ser invocada como justificativa para una aplicación "técnica" - o
más bien mecánica - de la normativa jurídica pertinente. Todo lo contrario, la lección
que me parece necesario extraer del presente caso de los "Niños de la Calle" (y
también del caso Paniagua Morales y Otros) es en el sentido de que hay que
orientarse por la victimización y el sufrimiento humano, así como la rehabilitación de
las víctimas sobrevivientes4, inclusive para llenar lagunas en la normativa jurídica
aplicable e, inclusive por un juicio de equidad, alcanzar una solución ex aequo et
bono para el caso concreto en conformidad con el Derecho. Al fin y al cabo, la
jurisdicción (jus dicere, jurisdictio) del Tribunal se resume en su potestad de declarar
el Derecho, y la sentencia (del latín sententia, derivada etimológicamente de
"sentimiento") es algo más que una operación lógica enmarcada en límites jurídicos
predeterminados.
10.
La intensidad del sufrimiento humano, tan elocuentemente demostrada en el
presente caso de los "Niños de la Calle" (así como en el caso de Paniagua Morales y
Otros)5, constituye, en suma, a mi juicio, el elemento de mayor trascendencia para la
4
.
Este último elemento - la rehabilitación - ya ha sido identificado como una de las formas de
reparación: cf., v.g., Th. van Boven (special rapporteur), Study concerning the Right to Restitution,
Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental
Freedoms - Final Report, U.N. Commission on Human Rights/Sub-Commission on Prevention of
Discrimination and Protection of Minorities, doc. E/CN.4/Sub.2/1993/8, del 02.07.1993, pp. 53 y 57; D.
Shelton, Remedies in International Human Rights Law, Oxford, University Press, 2000, pp. 302-303; pero
la cuestión necesita mayor desarrollo conceptual, por parte tanto de la jurisprudencia como de la doctrina
contemporáneas al respecto.
5
.
Llama mi atención la desesperación que se desprende, por ejemplo, de las declaraciones, en la
audiencia pública ante la Corte, del día 12 de marzo de 2001, en el presente caso de los Niños de la
Calle, de las madres, Sras. Ana María Contreras y Reyna Dalila Villagrán Morales, frente al hecho de que
sus hijos fueron muertos como "un animalito" (el mismo término utilizado por ambas); cf. CtIADH,
Transcripción de la Audiencia Pública de 12 de Marzo de 2001 sobre Reparaciones en el Caso Villagrán
Morales y Otros, pp. 17 y 48, respectivamente (documento no-publicado); así como de la declaración, en
la audiencia pública ante la Corte, de los días 11-12 de agosto de 2000, en el caso Paniagua Morales y
Otros, de la madre, Sra. María Ildefonsa Morales de Paniagua, al describir su hija muerta: "(...) estaba
toda quemada. Tenía quitadas las uñas de los dedos de las manos y de los pies. Tenía un gran cuchillazo
aquí, decapitada. (...) Era una muerte terrible". Cf. CtIADH, Caso Paniagua Morales y Otros /
Reparaciones - Transcripción de la Audiencia Pública Celebrada en la Sede de la Corte los Días 11 y 12 de
Agosto de 2000, p. 89 (documento no-publicado). - No puedo dejar de aquí señalar la manera respetuosa
cómo fueron interrogadas las Señoras testigos, tanto por la Comisión Interamericana como por el Estado
demandado; es digna de registro la respectable intervención de este último en la citada audiencia, al
señalar que no haría pregunta alguna, y añadir: "Señora María Ildefonsa Morales de Paniagua, en nombre
del Gobierno y del Estado que representamos, lamentamos profundamente el dolor, la pena y el daño que
se le causó. Sabemos perfectamente que no hay poder humano capaz de sanar esa herida, pero hacemos
votos por que exista resignación en su corazón y porque Usted, en el fondo, logre alcanzar algún día
darnos el perdón (...) [por el] daño que han causado"; ibid., p. 96. A mi modo de ver, en aquel momento
de la audiencia, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, movido por la conciencia humana,
reveló el vigor de su operación.
4
consideración de las reparaciones por las violaciones de los derechos humanos. En el
presente caso de los "Niños de la Calle", una de las madres, la Sra. Marta Isabel
Túnchez Palencia declaró en la audiencia pública ante la Corte, del día 12 de marzo
de 2001, que "todavía voy a llegar agonizando y todavía en mi corazón (...) está mi
hijo. Para mí mi hijo (...) no está muerto, (...) está vivo, vivo. Yo digo que en cada
paso que voy está mi hijo. (...) Todavía, hasta la fecha digo que está vivo. (...)
Siento mi hijo, cada vez que cumple años, en octubre"6. En el caso Paniagua Morales
y Otros, el adolescente Manuel Alberto González Chinchilla declaró, del mismo modo,
que, desde el asesinato de su padre, cuando jugaba fútbol con sus compañeros,
sentía que era como sí su padre estuviera jugando con él, se sentía como si él fuera
su propio padre7. Me permití preguntarle (ya anticipando su respuesta), en la
audiencia pública ante la Corte del día 12 de marzo de 2001, si "sentía la presencia
de [s]u padre dentro de [s]í"8. Su respuesta, que en nada me sorprendió, fué un
enfático "Sí!"9. Lo que yo no podía anticipar fue la manera como lo dijo, de inmediato
y con toda firmeza y convicción.
11.
Los alegatos presentados en audiencias públicas ante esta Corte, el 12 de
marzo de 2001, en el caso de los "Niños de la Calle", y los días 11-12 de agosto de
2000, en el caso Paniagua Morales y Otros, me parecen revelar claramente la
comunión (término originado del latín, communicare) entre los entes queridos
muertos y los que les sobreviven. Pero hay una tendencia, entre especialistas de
otras áreas del conocimiento humano, de considerar actitudes como las descritas en
el párrafo anterior de este Voto Razonado, como "fantasía", - como efectivamente se
mencionó en un peritaje en determinado momento de la citada audiencia pública del
día 12 de marzo de 2001 en el presente caso de los "Niños de la Calle"10.
12.
Yo no caracterizaría de este modo, y con tanta self-assurance, actitudes como
las anteriormente descritas11; al fin y al cabo, la llamada "realidad objetiva" también
ha tenido sus críticos12... Para mí, no se trata de "fantasía", sino, todo lo contrario:
trátase de una clara manifestación de lo que se me configura como la comunión
entre los muertos y los vivos, - tal como la desprendo de las expresiones, v.g., del
adolescente Manuel Alberto González Chinchilla, huérfano de su padre, y de la Sra.
Marta Isabel Túnchez Palencia, huérfana de su hijo13, en las referidas audiencias
6
.
Cf. CtIADH, Transcripción de la Audiencia Pública de 12 de Marzo de 2001 sobre Reparaciones en
el Caso Villagrán Morales y Otros, p. 60, y cf. p. 79 (documento no-publicado).
7
.
Cf. CtIADH, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIADH), Caso Paniagua Morales y
Otros / Reparaciones - Transcripción de la Audiencia Pública..., cit. supra n. (1), p. 130 (documento nopublicado, de circulación interna). - Cinco meses después de su declaración rendida ante el Tribunal, el
referido adolescente pasó a ser protegido por Medidas Provisionales ordenadas por la Corte
Interamericana, en su Resolución del 29 de enero de 2001.
8
Ibid., p. 139.
9
Ibid., p. 139.
.
.
10
.
Cf. CtIADH, Transcripción de la Audiencia Pública de 12 de Marzo de 2001 sobre Reparaciones en
el Caso Villagrán Morales y Otros, pp. 79 y 84-86 (documento no-publicado).
11
.
Como ya se advirtió hace cuatro siglos, seguramente debe haber más cosas en el cielo y en la
tierra de lo que soñamos en nuestra filosofía; W. Shakespeare, Hamlet, Prince of Denmark, 1600, acto I,
escena V.
12
.
En su ensayo Las Puertas de la Percepción (1954), por ejemplo, Aldous Huxley se insurgía contra
la llamada "realidad objetiva", que jamás ha sido capaz de hacer con que los seres humanos puedan o
consigan prescindir de símbolos y del propio lenguaje; cf. A. Huxley, The Doors of Perception, and
Heaven and Hell, London/N.Y., Harper & Row, 1990 (reprint), pp. 23, 47, 58 y 74.
13
.
Con el pasar de los años, y el aproximar del crepúsculo de la vida, los roles parecen invertirse:
los padres se sienten como hijos, y los hijos se sienten como padres.
5
públicas atinentes a los casos Paniagua Morales y Otros y de los "Niños de la Calle"
(cit. supra), respectivamente.
13.
La realidad del joven Manuel Alberto González Chincilla es que trae a su padre
asesinado dentro de sí; y la realidad de la Sra. Marta Isabel Túnchez Palencia es que
trae a su hijo asesinado dentro de sí. Las realidades del niño y de la madre
huérfanos, deben ser aceptadas, y respetadas; no son una "fantasía". El daño por
ellos sufrido es, desde la perspectiva de la integralidad de su personalidad, como
víctimas, verdaderamente irreparable. La personalidad de cada ser humano
victimado es una realidad ineludible: frente a la violación de sus derechos básicos, no
se puede intentar privar a una víctima (sobreviviente) de sus creencias más íntimas,
si son estas todo lo que le resta para buscar un sentido para su propia vida; no se
puede subestimar el alma humana14.
14.
En rigor, no se necesitaría salir del dominio de la ciencia del Derecho para
llegar a la misma conclusión. Recuérdese que el derecho penal estatal se orientó, en
su evolución, hacia la figura del delincuente, relegando la víctima a una posición
marginal; este enfoque se reflejó, por algún tiempo, en el propio colectivo social, que
pasó a demostrar mayor interés por la figura del criminal que por las de sus víctimas,
abandonadas al olvido. Como ya bien lo advertía el Eclesiastés, "las lágrimas de los
oprimidos no tienen quien las consuele" (parte I, párr. 4-1). Hoy día, toda una
corriente de pensamiento15 se empeña en fomentar el renacimiento de la figura de la
víctima, al considerarla no más como objeto "neutro" de la relación jurídica causada
por el hecho delictivo, sino más bien como sujeto victimado por un conflicto humano.
15.
El derecho penal internacional parece correr el riesgo de incurrir en la misma
distorsión de relegar a un plano secundario la figura de las víctimas, centrando la
atención más bien en los responsables por crímenes de particular gravedad16. Ésta no
es una especulación teórica: recientemente se ha señalado, por ejemplo, que el
derecho penal internacional a veces se ha olvidado de la centralidad de las propias
víctimas17. A mi modo de ver, es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
que, clara y decididamente, viene a rescatar la posición central de las víctimas, por
cuanto encuéntrase orientado hacia su protección y al atendimiento de sus
necesidades.
16.
Hace mucho tiempo vengo insistiendo en que la gran revolución jurídica del
siglo XX ha sido la consolidada por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, al erigir el ser humano en sujeto del Derecho Internacional, dotado, como
verdadera parte demandante contra el Estado, de plena capacidad jurídico-procesal a
14
.
Cf., en este sentido, C.G. Jung, "Approaching the Unconscious", Man and His Symbols (eds. C.G.
Jung y M.-L. von Franz et alii), N.Y., Laurel, 1968, pp. 45, 76 y 93, y cf. pp. 63, 78, 84, 86 y 91. Las
creencias personales ayudan el ser humano a soportar el sufrimiento, y lo reconcilian con la crueldad del
destino, particulamente frente a la muerte; S. Freud, The Future of an Illusion, N.Y., Anchor, 1964, p. 24;
sobre el destino en el pensamiento humano, y la realidad de la interioridad de cada uno, cf., v.g., A.
Schopenhauer, Los Designios del Destino, Madrid, Tecnos, 1994, pp. 18, 23 y 28.
15
V.g., de los cultores de la llamada "victimología", sobre todo a partir de la década de los setenta.
16
O sea, actos de genocidio, crímenes de guerra, y crímenes contra la humanidad.
.
.
17
.
Así, éstas no llegaron a figurar en los Estatutos de los Tribunales de Nuremberg y Tokyo, a
mediados de los años cuarenta, y son mencionadas, tan sólo brevemente, en los años noventa, en los
Reglamentos de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc para la ex-Yugoslavia y Ruanda. G. CohenJonathan, "Quelques considérations sur la réparation accordée aux victimes...", op. cit. infra n. ( ), pp.
139-140; las víctimas no son testigos, sino más bien, desafortunadamente, actores (ibid., p. 140).
6
nivel internacional18. El presente caso de los "Niños de la Calle", en que los olvidados
de ese mundo logran acudir a un tribunal internacional para hacer valer sus derechos
como seres humanos, da elocuente testimonio de esto. En el ámbito de aplicación de
ese nuevo corpus juris, es indudablemente la víctima que asume la posición central,
como le corresponde. El impacto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
en otras áreas del Derecho (tanto público como privado) ocurre en buena hora, en el
sentido de humanizarlas. Este desarrollo muéstrase conforme a los propios fines del
Derecho, cuyos destinatarios de sus normas son, en última instancia, los seres
humanos.
17.
El impacto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la
evolución de un aspecto específico del Derecho Internacional contemporáneo, a
saber, el atinente al derecho de los detenidos extranjeros a la información sobre la
asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal, para citar
un ejemplo, se desprende claramente de la Opinión Consultiva n. 16 de la Corte
Interamericana (del 01 de octubre de 1999). En una monografía clásica y luminosa
(titulada Las Fuentes del Derecho Internacional) publicada en 1946, el jurista danés
Max Sorensen ponderaba que los elementos e influencias que determinan el
contenido de la reglamentación jurídica (las necesidades sociales, las exigencias
ideales), emanan de la conciencia social prevaleciente en la comunidad internacional.
Siendo así, la propia validez de las normas jurídicas tórnase realidad también "en el
dominio psicológico, y es en este plano que las concepciones de valor se
manifiestan"; concluye Sorensen que los criterios de valor responden a una
"necesidad interior"19.
18.
En definitiva, hay que ir más allá de las aparencias, de las sombras. Pero
aunque, a lo largo del cammin di nostra vita, transcendamos a veces las sombras y
divisemos la luz, nadie puede asegurarnos que las tinieblas no vuelvan a caer. Pero a
éstas se seguiría otra vez la luz, - como en la sucesión de noche y día, o de día y
noche20. La tensión del claro-oscuro, de los avances mezclados con retrocesos, es
propia de la condición humana, y constituye, en efecto, uno de los legados más
preciosos del pensamiento de los antiguos griegos (siempre tan contemporáneos) a
la evolución del pensamiento humano, que ha penetrado la conciencia humana a lo
largo de los siglos. La alegoría platónica de la caverna, por ejemplo, revela, con toda
lucidez y su gran densidad existencial, la precariedad de la condición humana, y, por
consiguiente, la necesidad de la transcendencia, más allá de la supuesta "realidad"
cruda de los hechos. En el campo del Derecho, bien más allá del positivismo jurídico,
hay que tener presente la realidad de la conciencia humana21.
18
.
Cf., además de mis estudios anteriores, recientemente, A.A. Cançado Trindade, "Las Cláusulas
Pétreas de la Protección Internacional del Ser Humano: El Acceso Directo de los Individuos a la Justicia a
Nivel Internacional y la Intangibilidad de la Jurisdicción Obligatoria de los Tribunales Internacionales de
Derechos Humanos", in El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el Umbral
del Siglo XXI - Memoria del Seminario (Noviembre de 1999), tomo I, San José de Costa Rica, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, 2001, pp. 3-68.
19
.
M. Sorensen, Les sources du droit international, Copenhague, Munksgaard, 1946, pp. 13-14 y
254. - Siempre es bueno recordar ponderaciones tan lúcidas, por cuanto el estudio del Derecho hoy día
tiende a reducirse a una mera lectura del derecho positivo. Los positivistas, en el campo del Derecho, y
los llamados "realistas", en el campo de las ciencias sociales, se han mostrado
indiferentes a
preocupaciones como las aquí señaladas, e invariablemente subservientes al poder (al orden establecido
en determinado momento histórico), dando muestras de una lamentable cobardía intelectual.
20
.
Así como las tinieblas llegan cuando se desvanece la luz, también los primeros rayos de luz
brotan de los últimos senos de la oscuridad.
21
.
Temo, sin embargo, que esto se tornará cada vez más difícil, sobre todo a partir de este inicio
del siglo XXI, con la corriente amenaza de las pantallas electrónicas a la escritura (con su innegable
7
19.
La necesidad de formación y desarrollo de la propia conciencia humana fue
enfatizada por Carl Jung22, quien tomaba en serio los sentimientos y las creencias del
ser humano; dicha necesidad se torna aún más apremiante en la actualidad, en que
la percepción del "progreso" material amenaza crecientemente la vida espiritual23.
Según Jung, el sufrimiento psicológico intenso lleva al aislamiento del individuo del
resto de las personas "normales", a la extrema soledad, pero además despierta la
"creatividad" del espíritu24. Al expresar su temor frente a la "asustadora falta de
madurez" y a la "bárbara falta de conciencia" del hombre contemporáneo25, y al
referirse al chiaroscuro de la vida, advertía con lucidez que "en este mundo el bien y
el mal se equilibran más o menos", y es esta la razón por la cual "la victoria del bien
es siempre un especial acto de gracia"26.
20.
El presente caso de los "Niños de la Calle" fue sometido al conocimiento de la
Corte Interamericana, y acaba de ser por ésta decidido; pero los hechos denunciados
forman no más que un microcosmo de la brutalidad imperante en el cotidiano de las
calles de América Latina y, - ¿por qué no admitirlo? - de las calles de todo el mundo
"postmoderno" de nuestros días. Un mundo que se muestra determinado a proteger
los capitales, bienes y servicios, pero no los seres humanos, ha cambiado los fines
por los medios. Un mundo que ha sometido la mayoría de los seres humanos a
servicio de los intereses y ganancias de unos pocos, se ha olvidado de que todos
nacemos libres e iguales en derechos, y recorremos todos el camino de nuestras
vidas inexorablemente hasta la muerte (con la travesía hacia la eternidad), la cual
restablece la igualdad de la condición existencial de todos los seres humanos.
21.
Siendo así, es difícil eludir la perturbadora indagación: si todos llegamos a
este mundo, y de él partimos, con igual fragilidad, de que da testimonio la
mortalidad, propia de la condición humana, ¿por qué nos victimamos unos a los otros
durante el tan breve caminar de nuestras vidas? Un mundo que abandona sus niños
en las calles no tiene futuro; ya no posibilita crear y desarrollar un proyecto de vida.
Un mundo que se descuida de sus ancianos no tiene pasado; ya no participa de la
herencia de la humanidad. Un mundo que sólo conoce y valoriza el presente efímero
y fugaz (y por lo tanto desesperador) no inspira fe ni esperanza. Un mundo que
pretende ignorar la precariedad de la condición humana no inspira confianza. Trátase
de un mundo que ya perdió de vista la dimensión temporal de la existencia humana.
Trátase de un mundo que desconoce la perspectiva intergeneracional, o sea, los
deberes que cada uno tiene en relación tanto con los que ya recorrieron el camino de
substratum cultural), y el advenimiento de la era de la llamada "realidad virtual" (una contradictio in
terminis), - tan en vogue hoy día, - que podrá, por su uso inadecuado o exagerado y sin reflexión,
obstaculizar la búsqueda de la transcendencia, por encima y más allá de las sombras de la contingente y
precaria condición humana.
22
.
C.G. Jung, Modern Man in Search of a Soul, San Diego/N.Y./Londres, Harvest/Harcourt Brace,
1933 [reprint s/f], pp. 95, 97 y 103.
23
.
Ibid., pp. 204-205. Para él, había que avanzar hacia la vida espiritual, inclusive para trascender
las fuerzas de la naturaleza (pp. 122-123 y 145); al oponerse al reducionismo del conocimiento
especializado, advertía que tal especialización (o fragmentación) del conocimiento (sobre todo científico)
llevó a la deshumanización del mundo contemporáneo, con consecuencias no necesariamente siempre
benéficas (como se suponía), sino también catastróficas (p. 199).
24
.
C.G. Jung, Psychological Reflections (1905-1961), Princeton/N.J., Bollingen Found./Princeton
University Press, 1953 [reprint 1978], pp. 151 y 252.
25
Ibid., p. 168.
26
Ibid., pp. 234 y 236.
.
.
8
sus vidas (nuestros antepasados) como los que todavía están por hacerlo (nuestros
descendientes). Trátase de un mundo en que cada uno sobrevive en medio a una
completa desintegración espiritual. Trátase de un mundo que se ha simplemente
deshumanizado, y que hoy necesita con urgencia despertar para los verdaderos
valores.
22.
Hoy día, simplemente no se divulga noticia alguna de numerosos otros casos
similares al cas d'espèce, de los "Niños de la Calle", victimando diariamente personas
igualmente pobres y humildes, que no logran alcanzar la jurisdicción internacional,
tampoco la nacional, y ni siquiera están conscientes de sus derechos. Pero aunque
los responsables por el orden establecido no se den cuenta, el sufrimiento de los
excluidos se proyecta ineluctablemente sobre todo el cuerpo social. La suprema
injusticia del estado de pobreza infligido a los desafortunados contamina a todo el
medio social, que, al valorizar la violencia y la agresividad, relega a una posición
secundaria las víctimas, olvidándose de que el ser humano representa la fuerza
creadora de toda comunidad. El sufrimiento humano tiene una dimensión tanto
personal como social. Así, el daño causado a cada ser humano, por más humilde que
sea, afecta a la propia comunidad como un todo. Como el presente caso lo revela, las
víctimas se multiplican en las personas de los familiares inmediatos sobrevivientes,
quienes, además, son forzados a convivir con el suplicio del silencio, de la
indiferencia y del olvido de los demás.
23.
Los considerables avances científico-tecnológicos de nuestros tiempos han
aumentado en mucho la capacidad del ser humano para hacer tanto el bien como el
mal. En lo que a este último concierne27, se desprende hoy día la importancia y
necesidad apremiantes de dedicar mayor atención a la victimización, al sufrimiento
humano, y a la rehabilitación de las víctimas, - teniendo presente la actual
diversificación de las fuentes de violaciones de los derechos humanos28. Las
violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el aumento de la violencia (en
sus múltiples formas) en nuestros días y en todas partes revelan que,
lamentablemente, el tan pregonado progreso material (disfrutado, en realidad, por
muy pocos) simplemente no se ha hecho acompañar pari pasu de avances
concomitantes en el plano espiritual.
24.
Y ésto, a pesar de las alegorías visionarias de Aldous Huxley y George Orwell,
sumadas a las penetrantes reflexiones de Arnold Toynbee, Ernst Cassirer y Stefan
Zweig, en la primera mitad del siglo XX29, - y seguidas de las graves advertencias de
27
.
Para una etiología del mal en la evolución histórica del pensamiento humano, cf. A.-D.
Sertillanges, Le problème du mal, Paris, Aubier/Éd. Montaigne, 1948, pp. 5-412; y para una reflexión más
reciente, cf., v.g., F. Alberoni, Las Razones del Bien y del Mal, México, Ed. Gedisa, 1988, pp. 9-196. Además de estos estudios monográficos, entre otros, también algunas grandes obras de la literatura
universal dan testimonio de que, la angustia y vulnerabilidad del ser humano frente al mal, marcan
presencia en todos los medios sociales y en todas las culturas. Para evocar tan sólo un ejemplo (entre
muchos), la obra del escritor ruso Fédor Dostoievski (1821-1881), v.g., contiene la advertencia de que un
ser humano que, abusando de su libre albedrío, victimiza a otro (su semejante), causa un mal a sí
mismo, y es castigado no sólo por la ley, sino también por su propia conciencia; la reconquista del bien,
por parte de la víctima (y, en última instancia, de todo ser humano), pasa por el sufrimiento, y la
búsqueda del sentido de la vida.
28
.
De la cual dan testimonio las violaciones perpetradas por agentes no-identificados o grupos de
exterminio, por la persistencia de la impunidad, por la manipulación del poder de las comunicaciones, por
las exclusiones generadas por el poder económico (en particular por la concentración de renta en escala
mundial, que muchos insisten en seguir llamando de "globalización" de la economía).
29
.
A. Huxley, Brave New World (1932); G. Orwell, Animal Farm (1945), y 1984 (1949); A.J.
Toynbee, Civilization on Trial (1948); E. Cassirer, The Myth of State (1946); S. Zweig, Die Welt von
Gestern (1944).
9
pensadores del porte de Bertrand Russell, Karl Popper, Simone Weil, Isaiah Berlin y
Giovanni Sartori, entre otros, en la segunda mitad del siglo XX30. En este inicio del
siglo XXI, persisten la brecha entre el egoísmo y la solidaridad humana, y el divorcio
entre el conocimiento especializado y la sabiduría. Como lo revelan las recurrentes
violaciones de derechos humanos con extremos de crueldad, el ser humano de la era
digital y de los flujos de capitales "volátiles", al igual que sus predecesores de las
sociedades más primitivas, sigue siendo portador del germen del bien y del mal,
continúa capaz de victimizar a sus semejantes en escala creciente31, y permanece
envuelto - al mismo tiempo - en el cosmos y el caos.
25.
En mi Voto Razonado en el caso Bámaca Velásquez (Sentencia sobre el fondo,
del 25.11.2000), me permití expresar mi visión de la unidad del género humano en
los vínculos entre los vivos y los muertos (párrs. 14-18), que, a su vez, imponen el
respeto a los restos mortales de toda persona. Dichos restos, - recordé, - son objeto
de reglamentación por el derecho penal de numerosos países, que tipifican y
sancionan los crímenes contra el respeto a los muertos (párr. 11). También el
Derecho Internacional Humanitario impone expresamente el respeto a los restos
mortales de las personas fallecidas, así como a una sepultura digna para los
mismos32.
26.
La presente Sentencia sobre reparaciones en el caso de los "Niños de la
Calle", en esta misma línea, decide que el Estado demandado "debe brindar los
recursos y adoptar las demás medidas necesarias para el traslado de los restos
mortales" de uno de los adolescentes asesinados y "su posterior inhumación en el
lugar de elección de sus familiares" (punto resolutivo n. 6, y cf. párr. 102). En una
dimensión temporal, hay que tener siempre presentes las luchas de nuestros
antepasados por los derechos de que hoy disfrutamos; si para después de esta
existencia no se necesitan derechos (a partir de la muerte de sus titulares), sin
embargo subsisten deberes33.
27.
De ahí la importancia de la satisfacción, como forma de reparación nopecuniaria a los familiares inmediatos de las víctimas asesinadas. Es la propia
conciencia jurídica que establece las relaciones de derecho a través del tiempo, en el
cual todos vivimos y convivimos. Pero se suceden, sin necesariamente convivir, los
vivos y los muertos; aún así, también en esta circunstancia, hay que "practicarse el
neminem laedere y para ello, previamente, el suum cuique tribuere"34. El Derecho se
interpreta y se aplica en el tiempo, y las reparaciones debidas a las víctimas directas o indirectas - de violaciones de derechos humanos no hacen excepción a
esto.
30
.
B. Russell, "Knowledge and Wisdom", in Essays in Philosophy (1960); K. Popper, The Lesson of
This Century (1997); S. Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale (1991, obra
póstuma); I. Berlin, "Return of the Volksgeist: Nationalism, Good and Bad", in At Century's End (1996);
G. Sartori, Homo Videns - La Sociedad Teledirigida (1998). Y cf. también, inter alia, Frantz Fanon, Les
damnés de la terre (1961); Eric Hobsbawn, Age of Extremes (1994); Alain Finkielkraut, L'humanité
perdue (1996).
31
.
Como ilustrado en nuestros días por el escarnio de los arsenales de armas de destrucción
masiva, que constituyen un clamoroso insulto a la razón humana, y a la humanidad como un todo.
32
.
Convención de Ginebra de 1949 sobre la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra,
artículo 130; Protocolo Adicional I de 1977 a las Convenciones de Ginebra de 1949, artículo 34.
33
.
N. Alcalá-Zamora y Torres, La Potestad Jurídica sobre el Más Allá de la Vida, Buenos Aires, Ed.
Jur. Europa-América, 1959, p. 22.
34
.
Ibid., pp. 25-26, y cf. p. 185.
10
28.
Hay, a mi juicio, que enfocar toda la temática de las reparaciones de
violaciones de los derechos humanos a partir de la integralidad de la personalidad de
las víctimas, desestimando cualquier intento de mercantilización - y consecuente
trivialización - de dichas reparaciones. No se trata de negar importancia de las
indemnizaciones, sino más bien de advertir para los riesgos de reducir la amplia
gama de las reparaciones a simples indemnizaciones. No es mera casualidad que la
doctrina jurídica contemporánea viene intentando divisar distintas formas de
reparación - inter alia, restitutio in integrum, satisfacción, indemnizaciones, garantías
de no-repetición de los hechos lesivos - desde las perspectiva de las víctimas, de
modo a atender sus necesidades y reivindicaciones, y buscar su plena rehabilitación.
29.
Cuando la Convención Europea de Derechos Humanos completó 40 años de
operación, en 1993, la Corte Europea de Derechos Humanos había otorgado
reparaciones de naturaleza invariablemente pecuniaria en bien más de cien casos35.
Esto ha generado expresiones de insatisfacción en la doctrina jurídica europea
contemporánea, que hoy día pasa a reclamar "una reparación más adaptada a la
situación de la víctima"36. En realidad, ya en los años sesenta surgían las primeras
críticas a una visión restrictiva de las reparaciones debidas a las víctimas. En un
artículo publicado en 1968, Phédon Vegleris advertía para los inconvenientes de la
práctica - de aquel entonces - de la Corte Europea de limitar las reparaciones de
violaciones de derechos humanos a simples indemnizaciones37. Críticas del género se
han renovado y reiterado a lo largo de los años, en el plano doctrinal, en el marco del
sistema europeo de protección de los derechos humanos.
30.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, ha asumido una
posición mucho más amplia sobre la materia, al interpretar y aplicar el artículo 63(2)
de la Convención Americana sobre Derechos Humaos. Así, a partir de su Sentencia
de reparaciones en el caso Aloeboetoe y Otros versus Suriname (del 10 de
septiembre de 1993), la Corte ha, en algunas ocasiones, fijado - correctamente, a mi
ver - reparaciones no-pecuniarias, además de las indemnizaciones. En el referido
caso Aloeboetoe, la Corte ordenó al Estado demandado, como medida de reparación,
inter alia, reabrir una escuela situada en la localidad de las ocurrencias lesivas, de
modo que funcionara regular y permanentemente (a partir de 1994) y poner en
operación un dispensario existente en el lugar (punto resolutivo n. 5).
31.
Transcurridos siete años y medio, la Corte, en el presente caso de los "Niños
de la Calle", accediendo a una solicitud de los representantes de los familiares de las
víctimas, vuelve a ordenar una reparación no-pecuniaria, del género de las
obligaciones de hacer, consistente en
"DESIGNAR UN CENTRO EDUCATIVO CON UN NOMBRE ALUSIVO A LOS JÓVENES VÍCTIMAS DE ESTE
CASO Y COLOCAR EN DICHO CENTRO UNA PLACA CON LOS NOMBRES"
35
.
Cf. Th. van Boven (special rapporteur), Study concerning the Right to Restitution, Compensation
and Rehabilitation..., op. cit. supra n. (4), p. 34.
36
.
Cf. G. Cohen-Jonathan, "Quelques considérations sur la réparation accordée aux victimes d'une
violation de la Convention Européenne des Droits de l'Homme", in Les droits de l'homme au seuil du
troisième millénaire - Mélanges en hommage à Pierre Lambert, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 129-140.
37
.
Ph. Vegleris, "Modes de redressement des violations de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme - Esquisse d'une classification", in Mélanges offerts à Polys Modinos, Paris, Pédone, 1968, pp.
379-380.
11
de los cinco adolescentes asesinados (punto resolutivo n. 7, y cf. párr. 103). Como
muy bien ha señalado la Corte, esta providencia
"contribuiría a despertar la conciencia para evitar la repetición de hechos
lesivos como los ocurridos en el presente caso y conservar viva la memoria de
las víctimas"38.
32.
En el cas d'espèce, la Corte ha, pues, valorado debidamente las condiciones
de desamparo en que vivían los llamados "niños de la calle" brutalmente victimados,
teniendo
"presentes las condiciones generales adversas de abandono padecidas por los
cinco jóvenes en las calles, quienes quedaron en situación de alto riesgo y sin
amparo alguno en cuanto a su futuro" (párr. 90).
En toda la presente Sentencia sobre reparaciones en el caso de los "Niños de la
Calle", la Corte buscó atender a las necesidades básicas - materiales y otras - de sus
familiares. Y, tanto en la fijación del daño moral (párrs. 88-93), como en relación con
las supracitadas medidas de satisfacción (párr. 98-103), - para mí de la mayor
importancia, - la Corte también tuvo presente la realidad melancólica de los cinco
adolescentes victimados en la calle.
33.
En el presente caso de los "Niños de la Calle", las cinco víctimas directas,
antes de ser privadas cruel y arbitrariamente de sus vidas, ya se encontraban
privadas de crear y desarrollar un proyecto de vida (y de buscar un sentido para su
existencia). Encontrábanse en las calles en situación de alto riesgo, vulnerabilidad e
indefensión, en medio a la humillación de la miseria y a un estado de padecimiento
equivalente a una muerte espiritual, - al igual que millones de otros niños (en
contingentes crecientes) en toda América Latina y en todas partes del mundo
"globalizado" - más precisamente, deshumanizado - de este inicio del siglo XXI. Que
la presente Sentencia de reparaciones sirva, pues, también de aliento a todos los
que, en nuestros países de América Latina, han experimentado el dolor de perder un
ser querido en circunstancias similares de padecimiento y humillación, agravadas por
la impunidad y la indiferencia del medio social.
34.
En el caso Loayza Tamayo versus Perú (reparaciones, 1998), se señaló, en la
misma línea de pensamiento, que
- "(...) Al contrario de lo que pretende la concepción materialista del homo
oeconomicus, lamentablemente
prevaleciente en nuestro tiempo, (...)
el ser humano no se reduce a un mero agente de producción económica, a ser
considerado solamente en función de dicha producción o de su capacidad
laboral.
El ser humano tiene necesidades y aspiraciones que trascienden la medición o
proyección puramente económica. Ya en 1948, hace medio siglo, la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre advertía en su
preámbulo [cuarto párr.] que "el espíritu es la finalidad suprema de la
existencia humana y su máxima categoría" (...). En el dominio del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, la determinación de las reparaciones
debe tener presente la integralidad de la personalidad de la víctima, y el
impacto sobre ésta de la violación de sus derechos humanos: hay que partir
38
.
Párr. 103 (énfasis acrecentado).
12
de una perspectiva integral y no sólo patrimonial de sus potencialidades y
capacidades.
De todo ésto resulta claro que las reparaciones no pecuniarias son mucho más
importantes de lo que uno podría prima facie suponer. (...)
(...) Todo el capítulo de las reparaciones de violaciones de derechos humanos
debe, a nuestro juicio, ser repensado desde la perspectiva de la integralidad
de la personalidad de la víctima y teniendo presente su realización como ser
humano y la restauración de su dignidad. (...)"39.
35.
En el seno de la Corte Interamericana, desde mis Votos Disidentes en los
casos El Amparo, relativo a Venezuela (Sentencia sobre reparaciones, del
14.09.1996, y Resolución sobre interpretación de sentencia, del 16.04.1997) y
Caballero Delgado y Santana versus Colombia (Sentencia sobre reparaciones, del
29.01.1997), he constantemente expresado la gran importancia que atribuyo, a
partir de la posición central de las víctimas, a las reparaciones no-pecuniarias
(restitutio in integrum, satisfacción, realización de la justicia y combate a la
impunidad, rehabilitación de las víctimas). En nada me convence la "lógica" - o más
bien, la falta de lógica - del homo oeconomicus de nuestros días, para quien, en
medio a la nueva idolatría del dios-mercado, todo se reduce a la fijación de
compensación en forma de montos de indemnizaciones, dado que en su óptica las
propias relaciones humanas se han - lamentablemente - mercantilizado. En
definitiva, a la integralidad de la personalidad de la víctima corresponde una
reparación integral por los perjuicios sufridos, la cual no se reduce en absoluto a las
reparaciones por daño material y moral (indemnizaciones).
36.
¿Cuál es el precio de una vida humana? ¿Cuál es el precio de la integridad de
la persona humana? ¿Cuál es el precio de la libertad de conciencia, o de la protección
de la honra y de la dignidad? ¿Cuál es el precio del dolor o sufrimiento humano? ¿Si
se pagan las indemnizaciones, el "problema" estaría "resuelto"? Lo cierto es que
todos los derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos
Humanos tienen un valor autónomo y un contenido jurídico propio, y además,
encuéntranse todos relacionados inter se, indivisibles que son. En relación con el
derecho fundamental a la vida, yo iría más allá: su protección, que requiere medidas
positivas por parte del Estado, recae en el dominio del jus cogens, como lo reconoce
la doctrina jurídica contemporánea40.
39
.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Loayza Tamayo versus Perú (Reparaciones),
Sentencia del 27 de noviembre de 1998, Voto Razonado Conjunto de los Jueces A.A. Cançado Trindade y
A. Abreu Burelli, párrs. 9-11 y 17.
40
.
Cf., al respecto, v.g., W. Paul Gormley, "The Right to Life and the Rule of Non-Derogability:
Peremptory Norms of Jus Cogens", in The Right to Life in International Law (ed. B.G. Ramcharan),
Dordrecht, Nijhoff, 1985, pp. 120-159; Y. Dinstein, "The Erga Omnes Applicability of Human Rights", 30
Archiv des Völkerrechts (1992) pp. 16-37; International Court of Justice, South West Africa Cases (2a.
fase, Etiopia y Liberia versus Africa del Sur), Opinión Disidente del Juez K. Tanaka, ICJ Reports (1966) p.
298; y cf., en general, J. G. C. van Aggelen, Le rôle des organisations internationales dans la protection
du droit à la vie, Bruxelles, E. Story-Scientia, 1986, pp. 1-104; D. Prémont y F. Montant (eds.), Actes du
Symposium sur le droit à la vie - Quarante ans après l'adoption de la Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme: Évolution conceptuelle, normative et jurisprudentielle, Genève, CID, 1992, pp. 1-91; A.A.
Cançado Trindade, "Human Rights and the Environment", Human Rights: New Dimensions and Challenges
(ed. J. Symonides), Paris/Aldershot, UNESCO/Dartmouth, 1998, pp. 117-153; F. Przetacznik, "The Right
to Life as a Basic Human Right", 9 Revue des droits de l'homme/Human Rights Journal (1976) pp. 585609. Y cf. los comentarios generales ns. 6/1982 y 14/1984 del Comité de Derechos Humanos (bajo el
Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos), reproducidos in:
United Nations,
13
37.
El día en que la labor de determinar las reparaciones debidas a las víctimas de
violaciones de derechos humanos fundamentales se reduciese exclusivamente a una
simple fijación de compensaciones en la forma de indemnizaciones, ya no se
necesitaría del conocimiento pacientemente adquirido, asimilado y sedimentado a lo
largo de años de lecturas, estudios y reflexión: para eso bastaría una máquina
calculadora. El día en que esto ocurriese, - que espero nunca llegue, - la propia labor
de un tribunal internacional de derechos humanos estaría irremediablemente
desprovista de todo sentido. El artículo 63(1) de la Convención Americana, por el
contrario, posibilita, y requiere, que se amplíen, y no se reduzcan, las reparaciones,
en su multiplicidad de formas. La fijación de las reparaciones debe basarse en la
consideración de la víctima como ser humano integral, y no en la perspectiva
degradada del homo oeconomicus de nuestros días.
38.
Los propios peticionarios y representantes legales de las víctimas o sus
familiares sabrán tener siempre presente que hay valores superiores que deben ser
afirmados y vindicados, debiendo la preocupación por la preeminencia de tales
valores primar sobre el reclamo de indemnizaciones, inclusive para atender a las
necesidades personales - otras que las materiales - de las propias víctimas
(sobrevivientes) o sus familiares. En la audiencia pública ante esta Corte, del día 12
de marzo de 2001, en el caso de los Niños de la Calle, la testigo Sra. Reyna Dalila
Villagrán Morales señaló, con lucidez, a propósito del dolor del impacto del asesinato
de su hijo sobre ella propia y su familia, que "ni todo el oro del mundo, (...) ni lo más
valioso que pueda existir en el mundo, nos va a quitar el dolor que nosotros sentimos
por haberlo perdido"41. La vida y la integridad de cada ser humano efectivamente no
tienen precio. Tampoco tienen precio la libertad de conciencia, la protección de la
honra y de la dignidad de la persona humana. Y tampoco tiene el precio el dolor o
sufrimiento humano. El mal perpetrado en las personas de las víctimas (directas e
indirectas) no es removido por las reparaciones: las víctimas siguen siendo víctimas,
antes y después de las reparaciones, - por lo que se impone mayor importancia a ser
atribuida a las medidas en pro de su rehabilitación.
39.
En cuanto, particularmente, a los familiares inmediatos de víctimas directas
de violaciones de derechos humanos, temo que sólo a través del intenso sufrimiento
asumido (que me parece tener un efecto sobre todo autodidáctico) podrán, como
víctimas indirectas, frente a la pérdida de un ser querido, agravada por la extrema
violencia, reconstruir su vida interior, - la cual es el único lugar seguro donde cada
uno puede refugiarse de las injusticias y los insultos de ese mundo. Pero el mal
cometido no desaparece por el otorgamiento de reparaciones, y sigue afectando a los
familiares inmediatos de la persona torturada y asesinada en sus relaciones entre sí,
y con otras personas, y con el mundo exterior42. Las víctimas directas han sufrido un
daño irreparable, al haber sido privadas de su vida arbitrariamente (en los términos
del artículo 4(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Compilation of General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty
Bodies, U.N. doc. HRI/GEN/1/Rev. 3, del 15.08.1997, pp. 6-7 y 18-19.
41
.
Cf. CtIADH, Transcripción de la Audiencia Pública de 12 de Marzo de 2001 sobre Reparaciones en
el Caso Villagrán Morales y Otros, p. 48 (documento no-publicado). - En el mismo sentido se pronunció,
en audiencia pública (del 09.06.1998) sobre reparaciones en otro caso ante la Corte Interamericana, la
víctima, Sra. María Elena Loayza Tamayo, quien señaló que estaba consciente de que la "indemnización
económica" no iría resarcir todo el daño por ella sufrido. CtIADH, Transcripción de la Audiencia Pública
Celebrada en la Sede de la Corte el 09 de Junio de 1998 sobre las Reparaciones en el Caso Loayza
Tamayo, p. 34, y cf. pp. 60-61 (documento no-publicado).
42
.
J. Herman, Trauma and Recovery - The Aftermath of Violence, from Domestic Abuse to Political
Terror, N.Y., Basic Books, 1992 [reprint 1997], pp. 188 y 190, y cf. pp. 210-211 y 242-243.
14
40.
Pero también las víctimas indirectas (padres, hijos, cónyuges, y, en
determinadas circunstancias, hermanos) han sufrido una pérdida irreparable, pues
sus vidas nunca más serán las mismas. La pérdida, en un determinado momento de
su vida, del ser querido, los ha lanzado en una "selva oscura", de la cual tendrán que
esforzarse por salir, a través del sufrimiento (y tan sólo del sufrimiento), tanto para
honrar la memoria de sus muertos, como también para trascender las tinieblas de la
existencia humana, e intentar aproximarse de la luz
y conocer la verdadera realidad, durante el tiempo que les resta del breve caminar
de cada uno por este mundo (el tan breve cammin di nostra vita, que no nos permite
conocer todo lo que necesitamos). La realización de la justicia contribuye al menos a
estructurar su psiquismo, redespertar su fe y esperanza, y ordenar las relaciones
humanas con sus prójimos. Todo verdadero jurista tiene, así, el deber ineluctable de
dar su contribución a la realización de la justicia, desde la perspectiva de la
integralidad de la personalidad de las víctimas.
41.
Mi conclusión es en el sentido de que, en circunstancias como las del presente
caso de los Niños de la Calle, no hay, stricto sensu, reparación verdadera o plena
posible, en el sentido literal del término (del latín reparatio, derivado de reparare,
"preparar o disponer de nuevo"), lo que revela los límites del Derecho (a ejemplo de
los límites de otras ramas del conocimiento humano). Como somos, de cierto modo,
prisioneros de nuestro propio lenguage, tenemos, pues, que intentar estar siempre
conscientes del sentido propio de los términos que utilizamos, para evitar que su
evocación, sin mayor reflexión, los torne vacíos de sentido43. Las palabras encierran
la sedimentación de la experiencia humana, por lo que se impone el uso consciente y
cuidadoso de las mismas44.
42.
La imposibilidad de una plena reparación - la restitutio in integrum - se
verifica, en mi entendimiento, no sólo en cuanto a las víctimas directas y al derecho
fundamental a la vida, como comúnmente se supone, sino también en cuanto a las
víctimas indirectas (sobrevivientes) y a otros derechos (como el de no ser sometido a
tortura, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes45). Jurídicamente, sobre todo
en circunstancias como las del presente caso de los Niños de la Calle, las
reparaciones - de las consecuencias de la medida o situación lesiva de los derechos
humanos protegidos (en los términos del artículo 63(1) de la Convención
Americana), - en lugar de verdaderamente reparar, más bien alivian el sufrimiento
humano de los familiares sobrevivientes, buscando rehabilitarlos para la vida, - y por
eso tórnanse absolutamente necesarias.
43
.
Y conlleven al desánimo y escepticismo, a ejemplo del legendario príncipe de Dinamarca:
- "(...) What do you read, my lord?
- Words, words, words".
W. Shakespeare, Hamlet, Prince of Denmark, 1600, acto II, escena 2.
44
.
Como se ha bien señalado, "our words make our worlds"; Ph. Allott, Eunomia - New Order for a
New World, Oxford, University Press, 1990, p. 6, y cf. pp. 14-15.
45
.
Sobre el desarrollo jurisprudencial reciente de este último, cf.: Corte Europea de Derechos
Humanos, caso Selmouni versus Francia, Sentencia (sobre el fondo) del 28.07.1999, párrs. 95 y 101;
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cantoral Benavides versus Perú, Sentencia (sobre el
fondo) del 18.08.2000, párrs. 99-100 (sobre la tortura perpetrada por actos produciendo en la víctima
"un sufrimiento físico, psíquico o moral agudo").
15
43.
Es éste, en mi entender, el verdadero sentido, con las inevitables limitaciones
de su real alcance, de que se reviste el concepto jurídico de reparaciones, en el
marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El mal cometido, como
ya señalé, no desaparece: es tan sólo combatido, y mitigado. Las reparaciones
otorgadas tornan la vida de los familiares sobrevivientes quizás soportable, por el
hecho de que, en el caso concreto, el silencio y la indiferencia y el olvido no han
logrado sobreponerse a las atrocidades, y de que el mal
perpetrado no ha prevalecido sobre la perenne búsqueda de la justicia (propia del
espíritu). En otras palabras, las reparaciones otorgadas significan que, en el caso
concreto, la conciencia humana ha prevalecido sobre el impulso de destrucción. En
este sentido, las reparaciones, aunque no plenas, se revisten de innegable
importancia en la labor de la salvaguardia de los derechos inherentes al ser humano.
Antônio Augusto Cançado Trindade
Juez
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
VOTO RAZONADO DEL JUEZ DE ROUX RENGIFO
Quisiera hacer, con ocasión de esta sentencia, una reflexión general sobre la cuestión
de la determinación, en equidad, de las compensaciones del daño moral.
Recordaré previamente que en la sentencia a la que se refiere este escrito, la Corte
establece una distinción muy pertinente entre dos tipos de daños morales, a saber:
“los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus familiares”,
por una parte, y “el menoscabo de valores muy significativos para las personas[,que]
no son susceptibles de medición pecuniaria”, por la otra.
Hubiera sido de desear que la Corte empleara una expresión más genérica que la de
daño moral, por ejemplo, la de daño inmaterial, para hacer alusión a aquellas
modificaciones negativas de la situación de las personas que no son de carácter
económico o patrimonial. En ese caso, podría haber reservado la expresión daño
moral, como viene haciéndolo el derecho comparado en materia de responsabilidad,
para referirse exclusivamente a los sufrimientos y a las aflicciones causados por los
hechos dañinos a las víctimas directas y a sus allegados. Pero no vale la pena darle a
esta cuestión, que parece ser meramente terminológica, alcances excesivos.
La Corte ha dicho, en ésta y otras sentencias, que los daños morales no pueden ser
objeto de reparación mediante el pago de un equivalente monetario, es decir, que no
es posible medirlos ni, por ende, indemnizarlos con exactitud, en términos
pecuniarios. En consecuencia, solo es viable repararlos mediante el reconocimiento
de una compensación, fijada en “aplicación razonable del arbitrio judicial y en
términos de equidad”.
De acuerdo con lo anterior, cuando la compensación se define, como suele hacerlo la
Corte, en términos pecuniarios, es decir, cuando se condena a un Estado a pagar una
suma de dinero para compensar un daño moral, no se pretende que ese pago llene
un vacío de naturaleza y magnitud iguales a las del generado por los efectos del
hecho dañino. Lo que se busca, modesta pero sensatamente, es paliar y aliviar,
hasta donde sea posible, dichos efectos, a sabiendas de que éstos pertenecen a un
orden de realidades que elude toda tasación monetaria precisa.
En esta materia, como en muchas otras, lo mejor es enemigo de lo bueno. Es loable
reconocer explícitamente que las víctimas de las violaciones de los derechos
humanos, sufren daños afectivos y emocionales y ven vulnerados, de esa y otras
maneras, bienes y valores que no pueden ser cabalmente apreciados en términos
monetarios. Pero si los tribunales las despachan con las manos vacías, porque no
quieren reducir a un vulgar rasero pecuniario esos bienes y valores de superior
naturaleza, no están haciendo otra cosa, en términos prácticos, que dar pruebas de
insensibilidad frente a los padecimientos causados a las víctimas por la situación en
que las han postrado los hechos dañinos -por fortuna la Corte Interamericana no ha
procedido de esa manera, ni en el Caso de los Niños de la Calle ni en otros similaresCuando la Corte fija, pues, en equidad, la compensación monetaria de un daño moral
trata de tender un puente entre estados y valores de naturaleza inmaterial, y sumas
de dinero o bienes directamente apreciables en dinero. Se trata, como es obvio, de
una operación mental difícil, porque los jueces no pueden escudarse, para fallar
arbitrariamente en la materia, en la incompatibilidad de naturaleza entre esos dos
órdenes de realidades que deben tenerse en cuenta.
2
En la práctica de las cortes el asunto se aborda de la siguiente forma: se parte de
una cantidad cualquiera (frecuentemente sugerida por referencias a decisiones
precedentes del tribunal en cuestión o de otros similares) y se la somete a una
suerte de test negativo, para establecer si parece ser inadecuada, por exceso o por
defecto. Después de introducir la modificaciones que van siendo del caso, se llega a
la cifra que mejor resiste el test al que se ha hecho referencia.
Estos actos de juicio se tornan más acertados en la medida en que se trazan con
precisión creciente los límites de cada una de las categorías de estados y valores de
naturaleza inmaterial que se pretende reparar mediante la determinación, en
equidad, de una compensación monetaria.
Distinciones como las efectuadas por la Corte Interamericana en el presente caso,
según señalé más arriba, entre las aflicciones y dolores padecidos por las víctimas
directas y sus allegados, y el menoscabo de ciertos valores de carácter no pecuniario
que son muy significativos para las personas, contribuyen a efectuar el tipo de
delimitación a la que me refiero en el párrafo anterior.
A la luz de esa distinción, es posible hablar, en casos como el presente, de las
siguientes clases de daños morales:
1.
Los padecimientos psíquicos y físicos sufridos por las víctimas directas e
indirectas (daños morales propiamente dichos), y
2.
Otros daños inmateriales, entre los cuales cabría considerar los que se
señalan a continuación:
a)
La pérdida de la vida, considerada como un valor autónomo*;
b)
La destrucción del proyecto de vida, cuando se demostrare que, mediante la
inversión persistente de empeños y recursos, las víctimas habían construido uno, que
se vio truncado por las violaciones de los derechos humanos que conforman los
hechos del caso;
c)
La alteración de las condiciones emocionales y afectivas de existencia que
surge de la pérdida de un pariente muy próximo, la cual suele ser especialmente
grave en el caso de los niños, y se prolonga en el tiempo mucho más allá del
momento en que la muerte del ser querido ha dejado de generar un dolor
perceptible;
*
Las objeciones que se oponen al reconocimiento de una compensación por pérdida de la vida
suelen ser tres. Según la primera, la víctima no llega a padecer, precisamente por el hecho de que
muere, una aflicción consciente a causa de la privación del bien de que se trata. Prescindiendo de que
este reparo solo puede formularse en los eventos de muerte instantánea, es de señalar que sólo vale si
se reducen los daños morales al dolor y a la congoja, y se omite considerar que la pérdida de ciertos
valores no económicos o patrimoniales, que no producen necesariamente ese tipo de aflicción, también
corresponden a aquella clase de daños. Una segunda objeción señala que la vida es un valor
inconmensurable, en términos monetarios, y que, por definición, quien resulte privado de ella no puede
ser objeto de reparación alguna. De prosperar este reparo, sin embargo, se caerían por su propio peso,
todas las construcciones del derecho de la responsabilidad sobre la compensación de los daños
inmateriales, porque éstos, como se ha reiterado, no son tasables en dinero. Una tercera glosa crítica es
más pragmática. Afirma que, de admitirse la reparación de la vida como valor autónomo se abriría una
puerta hacia las condenas exorbitantes, lo que pondría en riesgo, en últimas, la propia sobrevivencia de
los sistemas de protección de los derechos humanos. Pero no es un enfoque razonable de la cuestión
puesta en juego, el que procura cerrarle el paso a los fallos extravagantes ocultando algo que se cae de
su peso: que matar a una persona es privarla de un bien, el bien de la vida, y es causarle un daño que
merece ser indemnizado.
3
La pertinencia de acudir al uso de este tipo de categorías se hace especialmente
obvia en los casos complejos, aquéllos que involucran la violación de muchos
derechos a muchas personas. En ese tipo de eventos es necesario afinar la
ponderación de los daños, en particular de los morales, para arribar a la certeza de
que se ordenan en favor de cada víctima compensaciones que se ciñen
rigurosamente a las particularidades de su situación individual.
En el Caso de los Niños de la Calle, el Tribunal efectuó en bloque, por decirlo así, la
operación de ponderar los daños morales. Dedicó un párrafo de sus consideraciones a
relacionar las diversas clases de daños morales alegados por los representantes de
las víctimas y la Comisión (sufrimientos físicos y psíquicos, pérdida de la vida como
valor autónomo, destrucción del proyecto de vida, desprotección de los menores de
edad ...). Absteniéndose de pronunciarse sobre cada una de esas “facetas” del daño
en cuestión, la Corte procedió a señalar que las tendría presentes, “en cuanto sea
pertinente y responda a las particularidades de cada caso individual”, para fijar el
valor de las respectivas compensaciones. Finalmente, determinó el valor de estas
últimas, tasándolas en cuantías que, en términos generales, son superiores a los de
las condenas impuestas a los Estados por concepto de reparación del daño moral. en
los casos previamente fallados por el Tribunal.
Comparto, igualmente en bloque, los resultados a los que llegó la evaluación de
Corte, pero hubiera preferido, conforme a lo expuesto, que se abordaran y
estimaran, por separado, las distintas categorías de quebrantos y menoscabos de
carácter inmaterial que los hechos del caso le causaron a las víctimas.
Carlos Vicente de Roux Rengifo
Juez
Manuel E. Ventura Robles
Secretario
Fly UP