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En el caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte Interamericana

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En el caso de la Masacre de Pueblo Bello, la Corte Interamericana
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO DE LA MASACRE DE PUEBLO BELLO
VS. COLOMBIA
SENTENCIA DE 31 DE ENERO DE 2006
En el caso de la Masacre de Pueblo Bello,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte
Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces:
Sergio García Ramírez, Presidente;
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;
Oliver Jackman, Juez;
Antônio A. Cançado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza;
Manuel E. Ventura Robles, Juez;
Diego García-Sayán, Juez, y
Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Juez ad hoc,
presentes, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana") y con
los artículos 29, 31, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante "el
Reglamento"), dicta la siguiente Sentencia.
2
I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA
1.
El 23 de marzo de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y
61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte
una demanda contra el Estado de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”),
la cual se originó en las denuncias números 10.566 y 11.748, recibidas en la
Secretaría de la Comisión el 12 de febrero de 1990 y el 5 de mayo de 1997,
respectivamente.
2.
La Comisión presentó la demanda con el objeto de que la Corte decidiera si
el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5
(Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal) y 19
(Derechos del Niño) en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1
(Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de las presuntas
víctimas de la alegada masacre perpetrada en la población de Pueblo Bello, indicadas
en la demanda. Además, la Comisión solicitó al Tribunal que decidiera si el Estado
violó los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los
Derechos) del referido tratado, en perjuicio de las presuntas víctimas de la supuesta
masacre y sus familiares.
En su demanda, la Comisión alegó que “[l]a desaparición forzada de 37 [personas,]
así como la ejecución extrajudicial de seis campesinos de la población de Pueblo
Bello en enero de 1990 se inscribe como un […] acto de justicia privada a manos de
los grupos paramilitares entonces liderados por Fidel Castaño en el Departamento de
Córdoba, perpetrado con la aquiescencia de agentes del Estado. Por su magnitud y
por el [supuesto] temor que sembró en la población civil, este episodio determinó la
consolidación del control paramilitar en esa zona del país e ilustra las consecuencias
de las [supuestas] omisiones, actos de aquiescencia y colaboración de agentes del
Estado con grupos paramilitares en Colombia, así como su impunidad. Transcurridos
casi quince años de la desaparición de las víctimas por acción de múltiples actores
civiles y estatales, los tribunales internos han esclarecido el destino de seis de los 43
desaparecidos y solamente diez de los aproximadamente 60 particulares
involucrados han sido juzgados y condenados –sólo tres de los cuales se encuentran
privados de la libertad— con lo cual el Estado aún no ha cumplido en forma integral
con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma
efectiva y recobrar los cuerpos del resto de las [presuntas] víctimas.”
3.
Además, la Comisión solicitó a la Corte Interamericana que, de conformidad
con el artículo 63.1 de la Convención, ordene al Estado que adopte determinadas
medidas de reparación indicadas en la demanda. Por último, solicitó a la Corte que
ordene al Estado el reintegro de las costas y gastos generados en la tramitación del
caso en la jurisdicción interna y ante los órganos del Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos.
3
II
COMPETENCIA
4.
La Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención,
para conocer el presente caso, en razón de que Colombia es Estado Parte en la
Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia
contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985.
III
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN
5.
El 12 de febrero de 1990, la Comisión Interamericana recibió por parte de la
señora Christa Schneider una “comunicación […] relacionada con la situación de 33
campesinos” de Pueblo Bello. En la misma fecha, bajo el número de trámite 10.566,
la Comisión se dirigió al Estado con el objeto de solicitar información al respecto.
6.
El 10 de mayo de 1990 el Estado presentó su respuesta, la cual fue remitida a
la denunciante el 26 de junio de 1990 y se le otorgó un plazo para presentar
observaciones.
7.
El 6 de diciembre de 1990 la Comisión recibió información de otra fuente
sobre el asunto, la cual fue enviada al Estado para que remitiera sus observaciones.
El 16 de agosto de 1991 el Estado envió su respuesta, la cual fue remitida por la
Comisión a la denunciante el 18 de septiembre del mismo año para que presentara
sus observaciones.
8.
El 9 de junio de 1993 y el 18 de enero de 1994 la Comisión intentó, sin éxito,
comunicarse con la denunciante original mediante comunicaciones escritas y le
advirtió que “de no recibirse la información requerida […] la Comisión podría
suspender la consideración del caso.”
9.
El 5 de mayo de 1997 la Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (en adelante “los peticionarios”) presentaron
una denuncia ante la Comisión Interamericana. en relación con los mismos hechos, y
se inició un nuevo trámite bajo el número 11.748.
10.
El 20 de mayo de 1997 el Estado se comunicó con la Comisión con el objeto
de informarle que el caso 11.748 “ya se había denunciado y se enc[ontraba] en
trámite ante [dicha] instancia bajo el número 10.566”, por lo que solicitó que se
adoptaran “las medidas pertinentes a fin de reunir y tramitar en un mismo
expediente el caso”.
11.
El 28 de mayo de 1997 la Comisión informó a ambas partes que los hechos
materia del asunto, a saber el 10.566 y 11.748, serían acumulados y procesados en
el expediente número 11.748.
12.
El 3 de marzo de 1998 la Comisión se puso a disposición de las partes con el
fin de intentar alcanzar una solución amistosa.
13.
El 9 de octubre de 2002, durante el 116º periodo ordinario de sesiones, la
Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad N° 41/02 mediante el cual declaró
4
admisible el caso. El 29 de octubre de 2002 la Comisión se puso a disposición de las
partes con el fin de asistirlas en la búsqueda de una solución amistosa.
14.
El 8 de octubre de 2003, durante su 118º periodo ordinario de sesiones, la
Comisión aprobó el Informe N° 44/03, mediante el cual recomendó al Estado:
1.
Llevar adelante una investigación completa, efectiva e imparcial en la
jurisdicción ordinaria, con el fin de juzgar y sancionar a todos los responsables por la
desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de las víctimas de Pueblo Bello.
2.
Adoptar las medidas necesarias para localizar e identificar los restos de las
víctimas cuyo paradero no haya sido aun establecido y devolverlos a sus familiares.
3.
Reparar a los familiares de las víctimas por el daño material e inmaterial sufrido
en virtud de las violaciones a la Convención Americana aquí establecidas.
4.
Adoptar las medidas necesarias para combatir y desmantelar a los grupos
paramilitares conforme a las recomendaciones adoptadas por la CIDH en sus informes
generales, así como por la comunidad internacional.
5.
Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a
cometerse, de conformidad con el deber de prevención y garantía de los derechos
fundamentales reconocidos en la Convención Americana, así como las medidas
necesarias para dar pleno cumplimiento a la doctrina desarrollada por la Corte
Constitucional colombiana y por esta Comisión en la investigación y juzgamiento de
casos similares por la justicia penal ordinaria.
15.
El 23 de diciembre de 2003 la Comisión transmitió el referido Informe de
Fondo N° 44/03 al Estado y le otorgó plazo de dos meses, contado a partir de la
fecha de su transmisión, para que informara sobre las medidas adoptadas en
cumplimiento de las recomendaciones formuladas.
16.
El 23 de enero de 2004 la Comisión informó a los peticionarios acerca de la
aprobación del informe y les solicitó que informaran su posición respecto del
sometimiento del caso a la Corte Interamericana.
17.
El 4 de marzo de 2004 los peticionarios presentaron un escrito en el que
solicitaron a la Comisión que, en el supuesto que el Estado no cumpliera con las
recomendaciones formuladas en su informe, sometiera el caso ante la Corte.
18.
El 12 de marzo de 2004 el Estado solicitó una prórroga de 10 días para
presentar las observaciones al Informe de Fondo. Ese mismo día la Comisión le
informó que le concedía cinco días de prórroga para presentar dichas observaciones.
No consta en el expediente del trámite ante la Comisión si dichas observaciones
fueron presentadas.
19.
El 22 de marzo de 2004 la Comisión decidió someter el presente caso ante la
jurisdicción de la Corte Interamericana.
IV
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
20.
El 23 de marzo de 2004 la Comisión presentó la demanda ante la Corte
(supra párr. 1), a la cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial. La
Comisión designó como delegados a la señora Susana Villarán de la Puente y al
5
señor Santiago A. Canton, y como asesores legales al señor Ariel Dulitzky y a las
señoras Verónica Gómez, Norma Colledani y Lillly Ching. Posteriormente, el 15 de
agosto de 2005 la Comisión designó los mismos delegados, y como asesores legales
al señor Víctor Madrigal Borloz y Juan Pablo Albán, y a las señoras Verónica Gómez y
Manuela Cuvi. Finalmente, el 15 de septiembre de 2005 la Comisión designó como
delegada sólo a la señora Susana Villarán de la Puente, y como asesora legal,
además de los designados el 15 de agosto de 1005, a la señora Lilly Ching.
21.
El 23 de junio de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”),
previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en
adelante “el Presidente”), la notificó junto con sus anexos al Estado y le informó
sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso. Ese
mismo día, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado su
derecho a designar un juez ad hoc para que participara en la consideración del caso.
22.
El 23 de junio de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1 d)
y e) del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda a los representantes de
algunos de los familiares de las presuntas víctimas (en adelante “los
representantes”), a saber: la Comisión Colombiana de Juristas, la Asociación de
Familiares de Detenidos y Desaparecidos (en adelante “ASFADDES”) y el Centro por
la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”), y les indicó el plazo para
presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de
solicitudes y argumentos”).
23.
El 23 de agosto de 2004 el Estado, luego de otorgada una prórroga, designó
al señor Juan Carlos Esguerra Portocarrero como juez ad hoc. Ese mismo día
designó a la señora Luz Marina Gil García como Agente y a la señora Sonia
Clemencia Uribe Rodríguez como Agente Alterna. Posteriormente, el 17 de agosto de
2005 el Estado manifestó que el señor Eduardo Montealegre Lynett había sido
designado como Agente y la señora Luz Marina Gil García, como Agente Alterna.
24.
El 23 de agosto de 2004 los representantes presentaron su escrito de
solicitudes y argumentos, al cual adjuntaron prueba documental y ofrecieron prueba
testimonial y pericial.
25.
El 25 de octubre de 2004 el Estado presentó su escrito de excepciones
preliminares, contestación de la demanda y de observaciones a las solicitudes y
argumentos (en adelante “contestación de la demanda”), a la cual adjuntó prueba
documental.
26. El 24 y 25 de noviembre de 2004 la Comisión y los representantes,
respectivamente, presentaron sus alegatos escritos a las excepciones preliminares
opuestas por el Estado.
27.
El 29 de julio de 2005 el Presidente dictó una Resolución mediante la cual,
inter alia, requirió al Estado que determinara, a más tardar el 10 de agosto de 2005,
el nombre y cargo de la persona cuya declaración ofrecía para que declarara como
testigo. Asimismo, requirió que los testigos propuestos por los representantes, a
saber, los señores Benidlo José Ricardo Herrera, Robinson Petro Pérez Pedro Luis
Escobar Duarte, Manuel Dolores López Cuadro, Genaro Calderón Ruiz, Euclides
Manuel Calle Álvarez y Eliécer Manuel Meza Acosta, las señoras María Cecilia Ruiz
Álvarez, Edilma de Escobar y Leovigilda Rosa Villalba Sánchez, así como los peritos
Alfredo Molano Bravo y Carlos Martín Beristain, prestaran sus testimonios y peritajes,
6
respectivamente, a través de declaraciones rendidas ante fedatario público
(affidávits). Además, el Presidente convocó a la Comisión, a los representantes y al
Estado a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte
Interamericana a partir del 19 de septiembre de 2005, para escuchar sus alegatos
finales orales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y
costas, así como los testimonios de los señores Ángel Emiro Jiménez Romero y
Mariano Manuel Martínez Pacheco, propuestos por la Comisión y por los
representantes; y los señores José Daniel Álvarez Ruiz y Rubén Díaz Romero, y las
señoras Blanca Libia Moreno Cossio y Nancy Amparo Guerra López, propuestos por
los representantes. Asimismo, el Presidente informó a las partes que contaban con
plazo improrrogable hasta el 20 de octubre de 2005 para presentar sus alegatos
finales escritos en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo,
reparaciones y costas.
28.
El 10 de agosto de 2005 el Estado presentó un escrito mediante el cual
ofreció como testigo a la señora Elba Beatriz Silva Vargas.
29.
El 19, 22, 23 y 25 de agosto de 2005 los representantes presentaron las
declaraciones de los testigos y los peritos rendidas ante fedatario público (affidávit)
requeridas por el Presidente en la Resolución de 29 de julio de 2005 (supra párr.
27).
30.
El 6 de septiembre de 2005 el Presidente dictó una Resolución mediante la
cual convocó a la señora Elba Beatriz Silva Vargas, propuesta por el Estado, a que
compareciera en la audiencia pública convocada (supra párr. 27).
31.
El 19 y 20 de septiembre de 2005 se celebró la audiencia pública, en la cual
comparecieron ante la Corte: a) por la Comisión Interamericana: Susana Villarán,
Comisionada; Víctor Hugo Madrigal y Juan Pablo Alban, asesores, y Manuela Cuvi y
Lilly Ching, asesoras; b) por los representantes: Tatiana Rincón Covelli, Ana Alverti y
Michael Camilleri, abogados de CEJIL, y Luz Marina Monzón y Carlos Rodríguez Mejía,
abogados de la Comisión Colombiana de Juristas; y c) por el Estado: Eduardo
Montealegre Lynett, Agente; Luz Marina Gil, Agente Alterna; Embajador Julio Aníbal
Riaño Velandia, Héctor Adolfo Sintura Varela, Carlos Rodríguez, Dionisio Araujo,
Asesores, así como la Embajadora Clara Inés Vargas Silva y las señoras María del
Pilar Gómez y Marta Carrillo, asesoras.
32.
El 14 de octubre de 2005 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente
y en los términos del artículo 45.2 del Reglamento del Tribunal, solicitó a los
representantes y al Estado la remisión, a más tardar el 3 de noviembre de 2005, de
determinada información y de varios documentos como prueba para mejor resolver
en el caso, a saber: información concerniente a los procesos penales en curso ante la
jurisdicción penal militar y ante la jurisdicción penal ordinaria y a procesos
disciplinarios; copias de los registros civiles de nacimiento, así como actas de
matrimonio y/o defunción.
En vista de que el Estado no presentaba dicha
información, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, reiteró dicha
solicitud el 9, 14 y 21 de noviembre de 2005.
33.
El 19 y 20 de octubre de 2005 el Estado, la Comisión y los representantes
remitieron sus alegatos finales escritos, respectivamente. Junto con su escrito, el
Estado presentó como anexos una serie de documentos relacionados con
procedimientos internos. En razón de que numerosos folios de esos anexos se
7
encontraban ilegibles o incompletos, el 26 de octubre de 2005 la Secretaría solicitó al
Estado que los remitiera a la brevedad. Algunos de los documentos solicitados fueron
presentados por el Estado los días 17, 18 y 28 de noviembre de 2005.
34.
El 3 y 7 de noviembre de 2005 los representantes presentaron determinada
información y una serie de documentos, en respuesta a la solicitud de prueba para
mejor resolver (supra párr. 32). El 9 de noviembre de 2005 la Secretaría otorgó al
Estado y a la Comisión Interamericana un plazo de una semana para que
presentaran las observaciones que estimaran pertinentes sobre dichos escritos. No
fue recibida comunicación alguna.
35.
El 9 de diciembre de 2005 la Comisión Interamericana se refirió a los
documentos presentados como anexos al escrito de alegatos finales presentado por
Colombia (supra párr. 33) y solicitó que los mismos no fueran incorporados al
expediente ni tomados en cuenta como prueba. El 15 de diciembre de 2005 la
Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó un plazo improrrogable
hasta el 21 de diciembre de 2005 para que la Comisión Interamericana y los
representantes presentaran las observaciones que estimaran pertinentes respecto
de los documentos presentados por el Estado como anexos a sus alegatos finales y
les informó que la solicitud de la Comisión sería considerada por el Tribunal al
momento de dictar la sentencia correspondiente (infra párrs. 75 y 76).
36.
El 21 de diciembre de 2005 la Comisión presentó las observaciones respecto
del carácter probatorio y la admisibilidad de los documentos presentados como
anexos al escrito de alegatos finales presentado por Colombia (supra párrs. 33 y
35), así como una serie de alegatos de hecho y de derecho en relación con el fondo
del caso.
37.
El 21 de diciembre de 2005 Colombia presentó un escrito mediante el cual
hizo una serie de manifestaciones en relación con el escrito de 9 de diciembre de
2005 de la Comisión y con la nota de Secretaría de 15 de diciembre de 2005,
relativas a los documentos presentados como anexos a su escrito de alegatos finales
(supra párr. 35). Asimismo, el Estado presentó información relacionada con uno de
los puntos que fueron solicitados como prueba para mejor resolver mediante nota de
14 de octubre de 2005, la cual había sido reiterada en tres oportunidades (supra
párr. 32).
38.
El 27 de diciembre de 2005, la Secretaría, siguiendo instrucciones del
Presidente, otorgó un plazo hasta el 9 de enero de 2006 a la Comisión y a los
representantes para presentar las observaciones que estimaran pertinentes al escrito
del Estado de 21 de diciembre de 2005 y sus anexos (supra párr. 37), las cuales
fueron presentadas el 9 de enero de 2006.
V
CONSIDERACIONES PREVIAS
39.
Antes de hacer las consideraciones respecto de la prueba y su valoración, así
como de determinar los hechos probados y de decidir acerca de la responsabilidad
del Estado en el presente caso, la Corte estima necesario examinar de forma previa
algunas manifestaciones efectuadas por las partes en relación con las excepciones
preliminares interpuestas por el Estado, la competencia de este Tribunal y la
participación de los familiares de las presuntas víctimas a través de sus
8
representantes.
*
40.
En primer lugar, mediante un escrito presentado el 25 de octubre de 2004
junto con su contestación de la demanda (supra párr. 25), el Estado interpuso una
excepción preliminar en el proceso ante la Corte por supuestos vicios en la
tramitación del caso ante la Comisión. En particular, la excepción interpuesta por el
Estado fue denominada “incumplimiento de los requisitos para aplicación de las
excepciones al agotamiento de los recursos internos para declarar admisible una
petición” y fue basada en lo que el Estado caracterizó como dos “causales”.
41.
Respecto de lo que llamó la “primera causal” de la excepción preliminar, el
Estado cuestionó la decisión de la Comisión, al examinar los requisitos de
admisibilidad de las peticiones que dieron origen al caso, de dar aplicación a las
excepciones al requisito del previo agotamiento de los recursos internos previstas en
los incisos a) y c) del artículo 46.2 de la Convención. El Estado presentó su
argumentación como una excepción preliminar, aunque reconoció que “la
oportunidad en que la Corte deba pronunciarse sobre una alegación relativa a los
recursos internos dependerá de las circunstancias propias de cada caso”.
Específicamente, el Estado alegó que:
a) la Comisión descalificó la justicia penal militar como instrumento de
administración de justicia, desconociendo el Estado de derecho vigente en
Colombia. Los hechos ocurrieron en 1990 y por lo tanto fueron investigados
de acuerdo con los medios de administración de justicia consagrados
entonces. A pesar de que la Comisión reconoce a la Justicia Penal Militar como
integrante de la administración de justicia en Colombia y rescata los avances
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Código Penal Militar en la
limitación y restricción de competencias, aquélla olvidó analizar el caso
concreto para señalar cuáles eran las normas aplicables al momento de los
hechos;
b) la Corte ha señalado que el estándar de eficacia de un recurso interno está
dado por su capacidad para producir el resultado para el que ha sido
concebido. La Comisión omitió este examen de validez de las conclusiones de
los tribunales colombianos y simplemente descalificó de manera genérica el
resultado por el solo hecho de haber sido generado por la justicia penal
militar. El Estado no aceptó juicios de esta naturaleza e invocó la aplicación
del criterio de la Corte en el caso Genie Lacayo;
c) en cuanto a las perspectivas de efectividad de los procesos surtidos ante la
justicia ordinaria, la Comisión hizo un resumen impreciso de las decisiones
hasta ese momento proferidas por los jueces competentes, para calificar de
manera apresurada como inútiles tales recursos, haciendo caso omiso de sus
avances y resultados, así como de la complejidad del caso y los esfuerzos
demostrados por el Estado en investigar los hechos, juzgar y sancionar a los
responsables;
d) el Estado ha cumplido con cada uno de los requisitos jurisprudenciales,
convencionales y de carga probatoria, para que se reconozca que no se han
agotado los recursos internos, por lo que no procedía la admisión de la
petición que originó el caso 11.748, y
e) la Comisión dio indebida aplicación a las excepciones de agotamiento de los
recursos internos establecida en el artículo 46.2 a) y c) de la Convención, lo
9
que conlleva un trámite irregular de la petición que dio origen al caso y
genera una causal de rechazo de la demanda1.
42.
En cuanto a lo que llamó la “segunda causal”, el Estado alegó que la Comisión
incumplió con el “juicio de razonabilidad del plazo” para admitir una petición. Según
lo establecido en el artículo 46.1 b) de la Convención, generalmente se requiere que
una petición “sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en
que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión
definitiva.” Sin embargo –señala el Estado– el plazo convencional de seis meses no
es exigible cuando, a criterio de la Comisión, se dan circunstancias de excepción al
requisito del previo agotamiento de los recursos internos, según los parámetros de la
Comisión para la admisión de una petición establecidos por el artículo 32.2 de su
Reglamento. Específicamente, el Estado sostuvo que:
a) el artículo 32.2 del Reglamento de la Comisión establece los parámetros que
ésta debe tener en cuenta para estimar como razonable un plazo para
presentar una petición, cuando se den las circunstancias de no exigibilidad del
plazo convencional de 6 meses desde la notificación de la última decisión
judicial, establecido en el artículo 46.1 b) de la Convención;
b) las normas procesales son inquebrantables y perentorias, de tal manera que
aunque la instancia ante la Comisión no es contenciosa, sí está obligada a
respetar los plazos y a cumplir su papel convencional, con la prudencia y
razonabilidad que los fines de la misma exigen;
c) la Comisión está obligada a cumplir con los plazos convencionales y en
aquellos eventos de excepción, como el presente caso, debió tener presente
un plazo razonable para la presentación de la petición. La Comisión incumplió
este juicio de razonabilidad cuando admitió una petición relacionada con
hechos sucedidos hacía un poco más de siete años, sin que la petición o el
Informe de Admisibilidad explicaran dicha tardanza, y
d) ante la falta de motivación de dicha decisión, el Estado solicitó un
pronunciamiento por parte de la Corte sobre las obligaciones de motivación
de las decisiones de la Comisión y solicitó que, ante tal falencia, se rechazara
la demanda2.
43.
La Comisión y los representantes presentaron sus observaciones escritas
sobre la excepción referida (supra párr. 26).
44.
La Comisión señaló, en cuanto a ambas causales, que:
a) los argumentos del Estado no constituyen una excepción preliminar, puesto
que los hechos del caso que han constituido violaciones de los derechos a las
garantías judiciales y la ineficacia de los recursos internos son precisamente
uno de los elementos de la controversia sometida a la Corte;
b) no existe un motivo válido para reabrir la discusión sobre agotamiento de los
recursos de jurisdicción interna conforme al artículo 46.1 de la Convención,
así como tampoco sobre la aplicabilidad de las excepciones previstas en el
artículo 46.2 de la misma, ni sobre la oportunidad de la presentación de la
1
Cfr. escrito de excepciones preliminares, contestación de la demanda y de observaciones al
escrito de solicitudes y argumentos (expediente de fondo, tomo II, págs. 6 a 8, folios 352 a 354).
Cfr. escrito de excepciones preliminares, contestación de la demanda y de observaciones al
escrito de solicitudes y argumentos (expediente de fondo, tomo II, págs. 10 y 11, folios 356 y 357).
2
10
denuncia. Esto último, además, no fue alegado por el Estado en la etapa
procesal debida;
c) en consecuencia, solicitó a la Corte que desestimara por manifiestamente
infundada e improcedente la primera excepción preliminar del Estado;
d) no existe motivo para reabrir la discusión sobre la oportunidad de la
presentación de la denuncia. El Estado no esgrimió este argumento en la
etapa procesal debida:
i.
ii.
iii.
durante el trámite ante la Comisión el Estado no cuestionó la
razonabilidad del plazo de presentación de las denuncias vis–à–vis el
requisito establecido por el artículo 46.1 de la Convención y
desarrollado por el artículo 32 del Reglamento de la Comisión;
no existe una disposición convencional o reglamentaria que obligue a
la Comisión a explicar de manera detallada las razones por las que
considera que una petición cumple con los requisitos de admisibilidad,
y
una parte del desarrollo fáctico de los hechos del caso encuadra bajo el
concepto de “desaparición forzada” y se ha producido una parcial
denegación continuada de justicia; la práctica constante de la
Comisión ha sido la de considerar que la regla de presentación
oportuna de la petición no se aplica cuando las denuncias se refieren a
una situación continuada;
e) el plazo razonable al que se refiere el articulo 32.2 del Reglamento no es un
plazo convencional, como afirma el Estado, pues en el marco convencional
(artículo 46.2 de la Convención) no existe un límite temporal determinado
para la presentación de la denuncia cuando se aplique alguna de las
excepciones al requisito de presentación de la petición dentro del plazo de 6
meses. En la especie se han verificado al menos dos de dichas excepciones,
por lo que dicha regla no es aplicable y así fue considerado por la Comisión, y
f) la aplicación e interpretación del Reglamento de la Comisión en cuanto al plazo
razonable es atribución de la Comisión. La Corte tiene atribuciones de
consideración in toto sobre los asuntos materia de controversia, pero la
Comisión mantiene primacía en la interpretación de un plazo por ella
establecido3.
45.
Por su parte, los representantes solicitaron que dicha excepción fuera
rechazada por las mismas razones expuestas por la Comisión y alegaron, inter alia,
además, que:
a) una vez determinada la admisibilidad de una petición y para decidir acerca del
agotamiento de los recursos internos por parte de la Comisión, en principio la
Corte debería remitirse a la decisión de la Comisión, en aplicación del
principio de preclusión procesal, por razones de certeza jurídica y economía
procesal;
b) el Estado no demostró que se haya dado alguna irregularidad en el trámite
ante la Comisión que hubiese menoscabado su derecho de defensa, por el
contrario, pudo presentar sus alegatos en forma oportuna, y
c) el Estado objetó que la Comisión calificó de manera apresurada como inútiles
los procesos surtidos ante la justicia ordinaria, pero el tiempo transcurrido
Cfr. escrito de observaciones de la Comisión Interamericana a las excepciones preliminares
presentado por el Estado (expediente de fondo, tomo II, folios 418 a 426).
3
11
desde el momento en que se produjeron los hechos y la fecha de la sentencia
del Tribunal Nacional (1990-1997) sobrepasa sin duda los límites de
razonabilidad considerados en la jurisprudencia de la Corte4.
46.
Posteriormente, durante los alegatos orales formulados en el curso de la
audiencia pública celebrada los días 19 y 20 de septiembre de 2005, el Estado
manifestó que:
En relación con [las excepciones preliminares planteadas], el Estado quiere hacer a la
[…] Corte una solicitud de acumulación de las razones expuestas en dichas excepciones
a la cuestión de fondo. […] Es decir, […] estamos invocando para la decisión en este
punto sobre los requisitos de admisibilidad, la competencia plena de la Corte.
47.
Después de la audiencia pública la Comisión y los representantes volvieron a
presentar observaciones escritas sobre las excepciones preliminares y la posterior
solicitud de acumulación del Estado (supra párr. 33). En sus alegatos finales escritos,
el Estado no hizo referencia alguna a las excepciones ni a la solicitud de acumulación
referida.
48.
En atención a lo manifestado por el Estado durante la audiencia pública,
particularmente al hecho de que Colombia ha aceptado expresamente la
competencia de la Corte para conocer este caso, este Tribunal entiende que la
excepción preliminar interpuesta ha sido retirada como tal. Es decir, que corresponde
ahora examinar si es procedente la solicitud del Estado de “acumular” los
argumentos vertidos inicialmente como excepciones preliminares al fondo del caso.
49.
Respecto de la llamada “primera causal” de la excepción preliminar presentada
por el Estado, la Corte observa que dichos argumentos se relacionan claramente con
la alegada conculcación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial,
la cual constituye un elemento central en la controversia del caso. Puesto que estos
argumentos ya no tienen carácter de excepción preliminar, el Tribunal analizará los
alegatos de las partes acerca de la cuestión de la efectividad de los recursos internos
dentro del capítulo relativo a los artículos 8.1 y 25 de la Convención (infra párrs. 169
a 212).
50.
En cuanto a la llamada “segunda causal”, relativa a la cuestión del criterio de
la Comisión para dar trámite y admitir las peticiones presentadas ante aquélla y la
razonabilidad del plazo para la adopción de informes por su parte, la Corte observa
que esto constituye una cuestión de admisibilidad de un caso ante dicho órgano del
sistema interamericano. Es decir, que una vez reconocida la competencia plena del
Tribunal y renunciada la excepción preliminar por parte del Estado, un
pronunciamiento de ésta respecto de dicho asunto es irrelevante para efectos del
fondo del caso. En consecuencia, la Corte considera que la solicitud del Estado de
acumular estos argumentos con el fondo del caso es improcedente.
*
51.
En lo que concierne a la participación de los familiares de las presuntas
víctimas y sus representantes, la Comisión hizo varias solicitudes relativas acerca de
Cfr. escrito de observaciones de los representantes a las excepciones preliminares presentadas
por el Estado (expediente de fondo, tomo II, folios 438 a 451).
4
12
las reparaciones que consideraba procedentes en el caso y además hizo el siguiente
planteamiento:
[…] en atención a las disposiciones reglamentarias de la […] Corte que otorgan
representación autónoma al individuo, la Comisión Interamericana solamente
desarrollará en la presente demanda los criterios generales en materia de reparaciones y
costas que considera deberían ser aplicados por el Tribunal en el presente caso. La
Comisión Interamericana entiende que corresponde a los familiares de las víctimas y sus
representantes la concreción de sus pretensiones, de conformidad con el artículo 63(1)
de la Convención Americana y los artículos 23 y concordantes del Reglamento de la […]
Corte. En el eventual caso que los familiares de la [presunta] víctima no hagan uso de
este derecho, se solicita a la […] Corte que otorgue a la [Comisión] la oportunidad
procesal para que pueda cuantificar las pretensiones pertinentes. Asimismo, la Comisión
Interamericana se permite indicar que hará saber a la […] Corte oportunamente si tiene
alguna observación en cuanto a la cuantificación de las pretensiones de los familiares de
la víctima o sus representantes5.
52.
En su contestación de la demanda el Estado se opuso a dicho actuar de la
Comisión en los siguientes términos:
La Comisión en el párrafo 88 de la demanda está dando una interpretación equívoca a la
Convención Americana […] La Comisión pretende dar a los familiares de las víctimas y a
sus representantes, un papel que la Convención no les ha dado. De acuerdo con el
artículo 61.1 de la Convención, “Sólo los Estados partes y la Comisión tienen derecho a
someter un caso a la decisión de la Corte”. Es decir que los Estados partes y la
Comisión, determinan el ámbito de las pretensiones que serán sometidas a decisión de
la Corte, bien en vía de demanda, o contestación de demanda. El litigio está
determinado por la Comisión y los Estados Partes.
De tal manera que no es coherente con el mandato convencional, la posición de la
Comisión al deferir a los peticionarios la concreción de sus pretensiones en materia de
reparaciones y mucho menos solicitar una nueva oportunidad procesal para
cuantificarlas, si los familiares de los peticionarios no lo hicieran.
Este aparte de la demanda genera un desequilibrio procesal para el Estado. De acuerdo
con el Reglamento de la Convención [sic] sólo la Comisión y el Estado en su condición de
partes procesales tienen capacidad para presentar pretensiones [artículos 33 y 38 del
Reglamento de la Corte]. Es así como en la contestación de la demanda el Estado
deberá declarar si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice, y la Corte
podrá considerar como aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente
negados y las pretensiones que no hayan sido controvertidas. Lo anterior indica que la
demanda de la Comisión y la contestación del Estado son los que determinan el objeto
del proceso contencioso ante la Corte.
Por lo anterior, el Estado considera que en este aparte de la demanda la Comisión
incumplió el Reglamento y por lo tanto solicita un pronunciamiento de la […] Corte con
el fin de promover mejores prácticas procesales por parte de la Comisión en aras de la
seguridad jurídica de las partes6.
53.
Ciertamente el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes,
titulado “Demanda de los representantes de las víctimas caso José del Carmen
Álvarez Blanco y otros ‘Pueblo Bello’ contra la República de Colombia”, no tiene tal
carácter de demanda y en esos términos lo ha considerado este Tribunal. En efecto,
en este caso, de acuerdo con lo estipulado en la Convención, la Comisión
Interamericana es la que tenía la facultad de iniciar un proceso ante la Corte
mediante la interposición de una demanda strictu sensu, y no los representantes.
5
Cfr. demanda presentada por la Comisión Interamericana (expediente de fondo, tomo I, págs. 34
y 35, folios 35 y 36).
Cfr. escrito de excepciones preliminares, contestación de la demanda y de observaciones al
escrito de solicitudes y argumentos (expediente de fondo, tomo II, pág. 35, folio 392).
6
13
Dicho escrito de solicitudes y argumentos tiene el propósito de hacer efectiva la
facultad procesal de locus standi in judicio reconocida a las presuntas víctimas, sus
familiares o representantes.
54.
Al respecto, la Corte considera oportuno reiterar su jurisprudencia en relación
con la posibilidad de participación de las presuntas víctimas, sus familiares o
representantes en los procesos ante el Tribunal, y de alegar otros hechos o la
violación de otros derechos que no estén comprendidos en la demanda:
[…] En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este Tribunal considera, como lo
ha hecho en otras ocasiones, que no es admisible alegar nuevos hechos distintos de los
planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer aquellos que permitan explicar,
aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la demanda, o bien, responder a
las pretensiones del demandante. Además, hechos que se califican como supervinientes
podrán ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del proceso antes del dictado de la
sentencia.
[…] Asimismo, en lo que atañe a la incorporación de otros derechos distintos a los ya
comprendidos en la demanda de la Comisión, esta Corte ha establecido que los
peticionarios pueden invocar tales derechos. Son ellos los titulares de todos los
derechos consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una restricción
indebida a su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Se entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya
contenidos en la demanda.
[…] Igualmente, este Tribunal tiene la facultad de analizar la posible violación de
artículos de la Convención no incluidos en los escritos de demanda y contestación de la
demanda, así como en el escrito de solicitudes y argumentos de los representantes, con
base en el principio iura novit curia, sólidamente respaldado en la jurisprudencia
internacional, “en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de
aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aún cuando las partes no las
invoquen expresamente”, en el entendido de que se le dará siempre a las partes la
posibilidad de presentar los argumentos y pruebas que estimen pertinentes para apoyar
su posición frente a todas las disposiciones jurídicas que se examinan7.
55.
En esta misma línea, en el caso de la “Masacre de Mapiripán” este Tribunal
agregó que:
[e]n la actual etapa de evolución del sistema interamericano de protección de derechos
humanos, la facultad de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes de
presentar en forma autónoma solicitudes, argumentos y pruebas no puede ser
interpretada sino en forma consecuente con su condición de verdaderos titulares de los
derechos reconocidos en la Convención y destinatarios de la protección ofrecida por el
sistema, sin desvirtuar por ello los límites convencionales a su participación ni al
ejercicio de la competencia de la Corte. Una vez iniciado el proceso por la Comisión, la
posibilidad de presentar solicitudes y argumentos en forma autónoma ante la Corte
incluye la de alegar la violación de otras normas de la Convención no contenidas en la
demanda, con base en los hechos presentados en ésta, sin que ello implique una
afectación al objeto de la demanda o un menoscabo o vulneración para el derecho de
defensa del Estado, el cual tiene las oportunidades procesales para responder a los
alegatos de la Comisión y de los representantes en todas las etapas del proceso.
Corresponde a la Corte, finalmente, decidir en cada caso acerca de la procedencia de
alegatos de tal naturaleza en resguardo del equilibrio procesal de las partes.
[…] Este Tribunal tiene la facultad de hacer su propia determinación de los hechos del
caso y de decidir aspectos de derecho no alegados por las partes con base en el principio
iura novit curia. Es decir, si bien la demanda constituye el marco fáctico del proceso,
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134,
párr. 57; Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de julio de 2005. Serie C No. 124, párr. 91, y
Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr. 122.
7
14
aquélla no representa una limitación a las facultades de la Corte de determinar los
hechos del caso, con base en la prueba evacuada, en hechos supervinientes, en
información complementaria y contextual que obre en el expediente, así como en hechos
notorios o de conocimiento público, que el Tribunal estime pertinente incluir en el
conjunto de dichos hechos8.
56.
De tal manera, la posibilidad de presentar solicitudes y argumentos en forma
autónoma ante la Corte incluye la de plantear los propios respecto de las
reparaciones, con base en los hechos presentados en la demanda, sin que ello
implique una afectación al objeto de ésta o un menoscabo o vulneración para el
derecho de defensa del Estado, el cual ha tenido las oportunidades para responder a
los alegatos de la Comisión y de los representantes en todas las etapas del proceso.
El hecho de que la Comisión se remita a las solicitudes de los representantes es una
opción procesal que no afecta el derecho de defensa del Estado ni la propia
apreciación de la Corte al respecto.
*
57.
Por último, respecto de la legitimación de los representantes en el caso ante
la Corte, el Estado señaló que
[e]n el escrito de demanda la Comisión detalla la información sobre la representación de
los familiares de las víctimas e informa sobre las organizaciones que las representan y
advirtió que la correspondiente a las víctimas cuyos familiares no lo están por las
organizaciones citadas la asume la Comisión.
En el escrito de solicitudes argumentos y pruebas presentado por los peticionarios de las
víctimas, advierten su representación en relación con personas, de las cuales solo
algunas coinciden con la información suministrada por la Comisión en la demanda, de
acuerdo con las perentorias exigencias del artículo 33. 3. del Reglamento.
De acuerdo con esta disposición reglamentaria, a la Comisión le corresponde el papel de
ministerio público del Sistema Interamericano, y por esta razón asume la representación
procesal en interés público de las víctimas sin identidad o ubicación plena al momento
de presentarse la demanda. Tal sería el caso de las siguientes personas cuyo nombre y
familiares no fueron señalados en la demanda y aparecen solo en el escrito de
solicitudes argumentos y pruebas: ARIEL DULLIS DIAZ DELGADO, WILSON UBERTO
FUENTES MARIMON, CELIMO HURTADO, ANGEL BENITO JIMENEZ JULIO, JUAN
BAUTISTA MEZA SALGADO, MIGUEL ANTONIO PEREZ RAMOS, JORGE DAVID MARTINEZ
MORENO, MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ARRIETA. Es decir que aunque hayan otorgado
poder expreso a los peticionarios, su comparecencia al proceso es tardía y solo y en
razón de la necesidad de proteger sus intereses lo puede hacer la Comisión.
En tanto la participación de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes no
les da la condición de parte en el proceso ante la Corte, no les está permitido en virtud
de ella, traspasar los umbrales del litigio enunciado por la Comisión y el Estado parte. En
consecuencia y en relación con las anteriores personas, la Comisión deberá actuar como
ministerio público en su representación y no los peticionarios9.
58.
Al respecto, la Corte observa que la Comisión en su escrito de demanda
señaló que asumiría la representación de los familiares de 13 de las presuntas
víctimas que no tenían representación y, por su parte, las organizaciones no
gubernamentales Comisión Colombiana de Juristas, CEJIL y ASFADDES manifestaron
en su escrito de solicitudes y argumentos que ejercerían la representación de los
familiares de 32 de las presuntas víctimas. Posteriormente, durante el trámite del
8
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párrs. 58 y 59.
Cfr. escrito de excepciones preliminares, contestación de la demanda y de observaciones al
escrito de solicitudes y argumentos (expediente de fondo, tomo II, pág. 36, folio 393).
9
15
caso ante la Corte, los representantes allegaron más poderes de representación
otorgados por otros familiares de presuntas víctimas.
59.
En este sentido, es oportuno aclarar que, en atención a las anteriores
consideraciones sobre la participación de las víctimas, sus familiares o sus
representantes (supra párrs. 53 a 56), éstos ejercen la representación de los
familiares que hayan válidamente otorgado un poder para estos efectos y, que
quienes no resultaren representados o carezcan de dicha representación, ésta es
asumida por la Comisión Interamericana, la cual debe velar por sus intereses y
asegurarse que sean representados efectivamente en las diferentes etapas
procesales ante la Corte, “como garante del interés público bajo la Convención
Americana, de modo de evitar la indefensión de las mismas” (artículo 33.3 del
Reglamento de la Corte). Así lo ha entendido este Tribunal en el presente caso, por
lo que las valoraciones y determinaciones que se hagan respecto del fondo y las
eventuales reparaciones serán independientes de la organización, institución o
personas que hayan ejercido las representaciones específicas, en cumplimiento de
sus funciones propias como tribunal internacional de derechos humanos y en
aplicación del principio pro persona.
VI
PRUEBA
60.
Antes de examinar las pruebas ofrecidas, la Corte formulará, a la luz de lo
establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, algunas consideraciones
desarrolladas en la jurisprudencia del Tribunal y aplicables a este caso, la mayoría de
las cuales han sido desarrolladas por la propia jurisprudencia del Tribunal.
61.
En materia probatoria rige el principio del contradictorio, que respeta el
derecho de defensa de las partes. Este principio se halla recogido en el artículo 44
del Reglamento, en lo que atañe a la oportunidad para el ofrecimiento de la prueba,
con el fin de que haya igualdad entre las partes10.
62.
Según la práctica del Tribunal, al inicio de cada etapa procesal en la primera
oportunidad que se les concede para pronunciarse por escrito las partes deben
señalar qué pruebas ofrecerán. Además, en ejercicio de las potestades discrecionales
contempladas en el artículo 45 de su Reglamento, la Corte o su Presidente podrán
solicitar a las partes elementos probatorios adicionales como prueba para mejor
resolver, sin que ello se traduzca en una nueva oportunidad para ampliar o
complementar los alegatos, salvo que el Tribunal lo permita expresamente11.
63.
La Corte ha señalado anteriormente, en cuanto a la recepción y valoración de
la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las
mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación
de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando
particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los
10
Cfr. Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr.
37; Caso García Asto y Ramírez Rojas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 82,
y Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 45.
11
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 38; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párr. 32, y Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No.
137, párr. 50.
16
límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las
partes. Además, la Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al
considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar
las pruebas según las reglas de la sana crítica y, ha evitado adoptar una rígida
determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio
es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos
humanos, que disponen de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba
rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la
lógica y con base en la experiencia12.
64.
Con fundamento en lo anterior, la Corte procederá a examinar y valorar el
conjunto de los elementos que conforman el acervo probatorio del presente caso.
A) PRUEBA DOCUMENTAL
65.
Los representantes remitieron determinadas declaraciones testimoniales y
periciales, en respuesta a la Resolución del Presidente de 29 de julio de 2005 (supra
párr. 27). A continuación la Corte resume dichas declaraciones:
a) Eliécer Manuel Meza Acosta, padre de Juan Bautista Meza Salgado
El señor Eliécer Manuel Meza Acosta manifestó que el día de los hechos salía del
culto en el cual participaba con su familia cuando se presentaron personas armadas
quienes dijeron ser paramilitares. Ellos iban escogiendo a las personas del pueblo
que se iban a llevar, entre los cuales estaba Juan Bautista Meza Salgado, hijo del
testigo, quien tenía 22 años y era agricultor.
Al día siguiente, los familiares de los supuestos desaparecidos fueron a San Pedro,
donde había una base militar, pero el comandante de dicha base manifestó que “no
sabía nada”. El testigo manifestó que “las personas de San Pedro escucharon que
los que estaban en el camión estaban llorando y gritando”.
El testigo expresó que a los 25 días de los hechos les informaron que los que
quisieran “recibir a los muertos” debían ir al hospital de Montería. Él fue al hospital
para tratar de reconocer a su hijo, pues “sabía que […] tenía una camisa verde […] y
dos dientes de platino[. Sin embargo, l]os restos no se reconocían y había un
[cuerpo] que no tenía […] cabeza[. T]rajeron los cuerpos en unas bolsas negras, [es
decir,] cada cadáver [estaba] en una bolsa[, las cuales estaban] tira[das] en el piso
de la parte de atrás del hospital”.
En la época de los hechos el testigo tenía “una casa recién construida y tenía
siembra, maíz, arroz, yuca y animales en compañía [de] otro señor[, pero le] tocó
entregarlos[. L]a sacada de los animales de la finca causó mucho daño”.
El señor Meza Acosta manifestó que un día iba por la vereda de Juan Benítez y un
comandante de un grupo paramilitar [le dijo] que saliera de allí porque “[…] les podía
pasar algo y ellos no respondían”. Por tanto, él y su familia se fueron a un pueblo
llamado San Vicente del Congo y desde entonces residen allí.
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 39; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párr. 84; y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 46.
12
17
Actualmente el testigo no hace nada “porque las tierras para cultivar quedan muy
lejos y est[á] incapacitado para trabajar y desde entonces [sus] hijos son los que
[le] ayudan. Estos hechos fueron un descontrol muy grande, porque [él] viv[ía] de
lo que tenía, sus animales, las cosechas, después fue de fracaso en fracaso […]”.
El testigo manifestó que su esposa estuvo bastante triste porque “[su] hijo era el
que veía por la casa, era muy obediente, era muy pendiente de la casa, era el único
hijo que [los] amparaba, […] el que estaba constantemente[. E]se hijo era el
sustento y la esperanza de [su] casa”.
Hace aproximadamente cinco años el señor Meza Acosta ha “vuelto a tener ánimos
de que se castigue a los responsables; que esto no quede impune. Piens[a] que
toda injusticia debe ser castigada”.
b) Leovigilda Villalba Sánchez, esposa de Santiago Manuel González
López
La señora Villalba Sánchez vivía con su esposo e hijos en Pueblo Bello para la época
en que ocurrieron los hechos. Su esposo tenía ganado y una tienda de abarrotes;
además, compraba y vendía granos. El día que ocurrieron los hechos “[su] esposo
estaba dormido en la sala y entonces empezaron a golpear la puerta hasta tirarla al
piso[. E]ntraron tres hombres armados con armas largas, dos estaban vestidos de
militar y uno de civil. En ese momento se volvieron y le dijeron a [su] esposo que
tenía que ir con ellos[. La testigo] sali[ó] a la calle y vi[ó] cómo lo tiraron al piso y lo
amarraron con las manos hacia atrás y vi[ó] otras personas que también estaban en
el piso. […] Los hombres armados se llevaron a [su] esposo y [le] dijeron [a la
testigo] que entrara a la casa.”
La testigo manifestó que “nadie se imaginó que [los paramilitares] iban a entrar al
pueblo porque [se] sentí[an] protegid[os] con el retén del ejército que había. [Se
preguntaban] cómo iban a pasar esos carros con hombres armados si ahí había un
retén militar permanente donde requisaban [a todas las personas] todas las veces
que pasaba[n]”.
La señora Leovigilda Villalba Sánchez manifestó que se formó una comisión de
familiares de los desaparecidos que fue a la mañana del día siguiente de los hechos a
San Pedro y se dirigieron a la Policía “a poner una denuncia de que se habían perdido
[sus] familiares”. Después se dirigieron a las instalaciones del ejército en San Pedro,
lugar en que el teniente Rincón les dijo que “por allí no había pasado nadie, que tal
vez habían ido por otro lado y luego dijo que eso había sido la guerrilla [e] insistió
que nunca se había levantado el retén”. Sin embargo, la testigo consideró que el
Estado “es responsable porque dejaron pasar los camiones cuando entraron y
cuando salieron”.
El 16 de enero de 1990 los familiares de los supuestos desaparecidos que formaron
la comisión de búsqueda tomaron la alcaldía de Turbo. Cuando estaban allí llegó
ASFADDES y los apoyó en todo. Luego llegó una comisión de la Procuraduría de
Bogotá. Posteriormente, se desplazaron a Carepa a hablar con el general Clavijo
quien les “aseguró que ese retén permanecía a diario. [La testigo] pregunt[ó] por
dónde pasaron los carros llenos de gente que pedían auxilio, lloraban y clamaban y
el general no [le] respondió […] y no se comprometió a hacer nada para buscar a los
desaparecidos”. Cuando regresaron de la reunión en Turbo a Pueblo Bello supo que
18
el ejército, específicamente el general Clavijo, “hizo una reunión en el pueblo y que
le dio cincuenta mil pesos a las personas, pero [la testigo] no quis[o asistir]”.
En cuanto a su participación en las diligencias de reconocimiento de cadáveres, la
testigo manifestó que se “entera[ron] que iban a [llevar] los cuerpos al Hospital de
Montería. [Ella] no quisiera recordar eso[.] Esos cuerpos estaban destrozados, había
personas que tenían sólo del tronco para abajo, otros sin cabeza. Eso nunca lo h[a]
podido entender. [La señora Villalba Sánchez] cogía las camisas de los cadáveres y
les echaba agua para saber si eran las de [su] esposo. [No] pud[o] encontrar[lo].
Nadie [le]s ayudaba a buscar. [L]os cuerpos los [llevaron] en bolsas negras[ y cada
quien] tenía que romper esas bolsas para ver. Cre[e] que hay que reclamar al
[Estado por haber] saca[do] los cuerpos con retroexcavadoras. [Piensa] que
debieron haberlos sacado uno por uno, como se merece un ser humano. [E]so es un
error muy grande […]. Es que si las autoridades no querían hacerlo […] hubieran
llamado a los familiares y [ellos] lo hubi[eran] hecho.”
La señora Leovigilda Villalba Sánchez decidió “irse del pueblo por miedo”. En Pueblo
Bello dejó todo: la casa, el negocio y la ropa, porque “existían muchos rumores que
los paramilitares iban a entrar otra vez” al pueblo.
La testigo expresó que antes de los hechos “la vida en Pueblo Bello era muy buena
porque todos [se] conoc[ían] y el pueblo era muy unido y muy trabajador”. Sus hijos
“eran muy unidos con el padre, [pues él] era una persona que sacaba su tiempo para
compartirlo con sus hijos, iba al río, jugaba parqués con ellos”. Después de los
hechos su familia se desintegró. La señora Villalba Sánchez mandó a sus hijas a
Turbo a vivir “en una pieza alquilada”. Su hija Delia suspendió sus estudios para
cuidar a su hermana Leda y nunca más pudo seguir estudiando. Sus hijos empezaron
a “tener mucho resentimiento por lo que le había pasado a su padre[. E]ntraron al
ejército; era como si quisieran morir. [Su hijo Onasis] permaneció [en el ejército] y
quedó ciego.” Por su parte, la testigo “casi [se] vuelv[e] loca[. Asistió a] un
psicólogo y luego en Montería estuv[o] donde un psiquiatra. [Se le] empezó a caer
el cabello, sentía mucho miedo, sentía que todo el mundo [la] perseguía y perdi[ó]
mucho peso. Quería morir[se].”
Con posterioridad a los hechos, un señor llamado Pedro Escobar Mejía iba a su tienda
y le decía que sus hijos supuestamente desaparecidos “Juan Luis y Leonel [lo]
est[aban] llamando y que [se iba] a ir con ellos. Después de eso don Pedro se
suicidó. [Le] hizo falta un psicólogo”.
La testigo desea que se haga justicia y que se encuentren los restos de los
desaparecidos, que el Estado reconozca lo que pasó y que se comprometa a
devolverles a sus seres queridos.
c) Benildo José Ricardo Herrera, padre de Elides Ricardo Pérez y Luis
Carlos Ricardo Pérez
Cuando ocurrieron los hechos el testigo vivía en Pueblo Bello con su mujer y sus
hijos, y era pastor de la iglesia presbiteriana. Ese día vio “una cantidad de soldados
y policías[. A] los hombres los llevaron a la plaza; […] se armó una confusión y ahí
fue cuando comenzaron a subir gente a las ‘jaulas’”. Cuando los pobladores
comenzaron a buscar gente se dieron cuenta de que faltaban diez jóvenes miembros
de la iglesia, quienes eran “muchachos apartados del mal[. El testigo] los conoc[ía]
19
muy bien, era gente que le daba vida al pueblo[. D]entro de los que faltaban
estaban [sus] dos hijos. Había gente llorando, […] hubo personas que tuvieron
manifestaciones del Espíritu Santo […]. Como [ellos] sab[ían] que eran los
tangueros, ya sab[ían] que los habían matado”. Al día siguiente, cuando pasaron
por el retén militar, la jueza que venía en la comisión que se formó le preguntó al
teniente que si había visto pasar las “jaulas” y el teniente se puso muy nervioso y
dijo que por ahí no habían pasado. El testigo manifestó que considera que el Estado
“sabe lo que pasó, sabe quiénes lo hicieron y ha debido por lo menos reparar[los]”.
El testigo expresó que con posterioridad a los hechos, la vida de Pueblo Bello cambió
“porque entonces llegó el ejército y estableció como doscientos soldados que antes
no había. Ya no podía pasar la guerrilla y se hizo imposible la vida de la gente, [por
lo que] empezó a abandonar las casas”. En Pueblo Bello él y su familia tenían cuatro
solares, pero prácticamente tuvieron que regalarlos, pues amenazaron a su esposa,
por lo que “tuvo que malvender[los]”, ya que sólo le dieron ciento veinte mil pesos
por ellos. Así, el señor Ricardo Herrera se desplazó junto con su familia hacia
Barranquilla.
Los nietos del testigo, hijos de Elides Ricardo, quieren ir a la universidad pero “no
tienen medios […] y como no tienen a su papá no hay quien los ayude”. Su esposa
se puso “flaquitica, se la pasaba llorando, eso fue terrible […] ella sólo pensaba en
sus hijos”.
El señor Ricardo Herrera expresó que desea que se haga por lo menos un
reconocimiento y se les dé una indemnización para que los familiares de los
supuestos desaparecidos “pue[dan] caminar tranquilos y que [los] hijos [de aquéllos]
puedan estar bien, estudiar y que no vayan a terminar por ahí consumiendo bazuco”.
d) María Cecilia Ruiz de Álvarez, esposa de José del Carmen Álvarez
Blanco
La señora Ruiz de Álvarez manifestó que el día de los hechos llegó a Pueblo Bello un
camión “carpado o jaula” y ella dijo a su esposo que era el ejército o la guerrilla,
pero que se trataba de gente armada. Éstos se empezaron a llevar gente, entre
ellos a su marido. Las mujeres que no querían que se llevaran a sus familiares
fueron golpeadas por esos hombres armados. De un momento a otro, dichos
hombres provocaron incendios, la luz comenzó a fallar y se fue. La testigo “empez[ó]
a preguntar por [su] esposo pero nadie sabía nada.”
Después de los hechos la señora Ruiz de Álvarez fue al hospital de Montería al
reconocimiento de unos cadáveres, los cuales estaban en el “en el piso, ahí regados,
entre uno y otro sólo había un espacio para poner los pies y poder identificarlos[.
A]lgunos cuerpos estaban en mal estado porque [según les] dijeron, […] los habían
sacado con máquinas”. Ella entró al llamado “cuarto del olvido” sin que ninguna
autoridad le pidiera ninguna documentación, ni la acompañara para el
reconocimiento de cadáveres. La testigo pensó que “iba a reconocer a [su] esposo
por la ropa y porque él se [había llevado] la billetera con sus documentos de
identidad.”
Cuando ocurrieron los hechos la testigo tenía veinte años de casada con el señor
José del Carmen Álvarez Blanco. Vivían de la agricultura y de la ganadería en la
Octavia, “en una parcelita de ocho hectáreas, ten[ían] animales y sembrados […]”.
20
Con posterioridad a los hechos la testigo se fue de ahí porque “era muy difícil vivir
con los recuerdos”.
Tuvieron que vender a los paramilitares la finca que tenían en la vereda Isaías
porque “[le] mandaron a decir que no volviera por allá porque si la guerrilla no [la]
había matado, ellos [la] matarían, porque tenía un hijo que trabajaba averiguando lo
del caso de la desaparición”.
El dolor por la desaparición de su esposo fue muy grande para sus hijos, quienes “se
desordenaron, hacían lo que querían, tomaban, hacían cosas diferentes a la
formación que [ella y su esposo] les hab[ían] dado[. E]sto afectó mucho; la familia
se dispersó”. La testigo pensó que se iba a morir, ya que “el mundo se [le] vino
encima”. Además, sus hijos Daniel, Emilse y Richard no pudieron estudiar porque no
tenían la capacidad económica para hacerlo.
La testigo desea que “se haga justicia, que se encuentren los culpables, que el
culpable tenga su sentencia, […] que se encuentren los restos tanto de [su esposo]
como de su hermano Cristóbal. [Además, solicitó] que [les] ayuden económicamente
porque no tie[nen] ni para la salud”.
e) Pedro Luis Escobar Duarte, hermano de José Leonel y Juan Luis
Escobar Duarte
El señor Pedro Luis Escobar Duarte manifestó que para el momento de los hechos, su
hermano José Leonel Escobar Duarte tenía 16 años y Juan Luis Escobar Duarte, 24
años, y ambos trabajaban en la agricultura.
El testigo se enteró de los hechos por el noticiero de televisión, en donde escuchó
que en Pueblo Bello se habían llevado a una gente el sábado por la noche, entre los
cuales nombraron a sus hermanos.
El señor Pedro Luis Escobar Duarte expresó que después de los hechos el ejército
hizo una reunión y “les dijeron a la gente que ya lo pasado había pasado y que había
que cambiar de pensamiento[. S]up[o] que [su] papá les dijo a los militares que un
ser querido nunca se olvida y que se habían llevado los hijos como unos maleantes
[…]”. Con posterioridad a los hechos, el padre del testigo “escasamente saludaba a
la gente, no volvió a hablar con las personas ni con [él]”. Luego le avisaron que su
papá se “acabó de cortar con un machete la vena arteria en el cuello”.
La madre del testigo se fue hacia Apartadó y nunca más volvió a la finca. Después
de lo ocurrido, su familia se desintegró: su hermana “enloqueció[. L]loraba y decía
que veía a los hermanos y corría porque le tenía miedo a la gente; decía que la iban
a matar”. Antes de los hechos, el testigo era una persona que se “sentía contento
con todos sus hermanos, su familia y sus amigos, pero ahora “no […] olvida […] ese
vacío”.
El señor Escobar Duarte considera que el Estado debería auxiliar a los damnificados y
mejorar la vida de su madre. Piensa que el Estado tiene responsabilidad porque no
es posible que los camiones pudieran pasar “habiendo ley[, es decir,] la base
militar”.
Por ello, solicitó que la Corte reconozca que “por ahí pasaron los
paramilitares con los campesinos y que no se siga tapando la falta del [Estado]”.
Además, el testigo manifestó que desea saber “por qué pasó y por qué se los
21
llevaron, [ya que] si el [Estado] no hubiera dejado entrar esos camiones nada […]
hubiera pasado[. Sin embargo, el Estado] no los detuvo, ni entrando ni saliendo”.
f) Edilma de Jesús Monroy Higuita, cuñada de Juan Luis y José Leonel
Escobar Duarte
La testigo vivía en Pueblo Bello con su esposo e hijos. El día de los hechos se
encontraba en su casa con sus hijos y tres sobrinos, todos pequeños, así como con
sus cuñados Juan Luis y José Leonel y con Ovidio Suárez Carmona, un trabajador de
la finca. En la noche, una vecina le dijo a la señora Edilma de Jesús Monroy Higuita
que “corr[iera, pues habían] llega[do] los tangueros”. Entonces, la testigo le dijo a
sus cuñados “que corrieran porque había llegado gente armada[. Posteriormente,]
los tangueros se vinieron detrás de [ellas] y [les] preguntaron que dónde est[aban]
los que habían corrido de [su] casa y que si no les dec[ían] [las] llevarían a [ellas].
En ese momento [sus] cuñados y el trabajador fueron saliendo uno a uno de donde
estaban escondidos”. Cuando los tangueros se estaban llevando a sus cuñados “una
sobrina de nueve o diez años […] se aferró a la cintura de Juan Luis hasta que los
subieron al carro”.
La señora Monroy Higuita manifestó que después de los hechos cambiaron todos los
planes de la familia de irse a manejar un negocio en Medellín, porque “[se quedaron]
sin nada. Con todo lo ocurrido fracasaron los proyectos”. Eso ha traído como
consecuencia que actualmente “est[én] tan limitados de recursos y que los hijos no
tengan la posibilidad de que [se] les d[é] mayor estudio”. Además, luego de la
muerte de su suegro no se volvieron a realizar reuniones o fiestas de celebración en
la familia.
Con posterioridad a los hechos, su cuñada “se iba para los montes y gritaba: ‘¡Juan
Luis y Leonel, llévenme!’” Además, cuando dicha cuñada “veía gente armada[,] se
asustaba y empezaba a correr[. A]hora […] se sienta por ahí en el piso y empieza a
hacer muñecos con el barro del pantano”.
La testigo solicitó al Estado “que se haga justicia y que se reparen los daños que se
siguen causando hasta el momento y [solicitó] a la Corte que [les] ayude porque van
dieciséis años sin saber qué ha pasado”. Para ella justicia es que “los responsables
que estén vivos reciban un castigo”.
g) Euclides Manuel Calle Álvarez, padre de Jorge Fermín Calle
Hernández
Para la época en que ocurrieron los hechos el testigo vivía en Palmira, un caserío
perteneciente al municipio de Pueblo Nuevo en el departamento de Córdoba, con su
esposa y sus ocho hijos. Su hijo Jorge Fermín Calle Hernández vivía en Pueblo Bello.
El señor Euclides Manuel Calle Álvarez se enteró de lo ocurrido en Pueblo Bello por la
radio. Cuando “escuchó [que] nombraron a su hijo […] sinti[ó] un dolor muy grande
al ser desaparecido [su] hijo de esa manera[, ya que] él nunca fue malo”. Al día
siguiente viajó a Pueblo Bello y se reunió en Turbo con los demás familiares de los
supuestos desaparecidos. Allí estuvo aproximadamente un mes tratando de
averiguar el paradero de aquéllos, pero “no se consiguió nada”. Durante el mes que
estuvo en Turbo, el testigo tuvo que pedir para poder alimentarse, “algo que […]
22
nunca había hecho”. La gente contaba que las desapariciones habían ocurrido
porque la guerrilla había robado un ganado a Fidel Castaño y “él había dicho que
esas cuarenta y dos cabezas de ganado iban a valer cuarenta y dos personas”. El
testigo considera que “el [Estado] tuvo la culpa de eso porque los camiones pasaron
por una base militar que [había] en San Pedro.”
El testigo manifestó que posteriormente los familiares de los supuestos
desaparecidos fueron avisados por medio de la radio para que se presentaran en el
hospital de Montería porque iban a llevar los cuerpos que habían sacado de “Las
Tangas”. Duró cerca de tres días en Montería esperando la llegada de los cuerpos.
No encontró el cuerpo de su hijo, pues lo hubiera reconocido ya que nadie en Pueblo
Bello tenía la ropa que él tenía. Sin embargo, vio que “los cuerpos estaban
desbaratados, […] desarmados[. H]abía cuerpos que tenían las manos atadas, otros
tenían orificios en los cráneos”. Otros familiares “reconocieron a sus seres queridos
por las cosas que tenían puestas o las cosas que tenían, por ejemplo, un peine.”
El señor Calle Álvarez expresó que nunca ha sido contactado por las autoridades ni le
han pedido información sobre su hijo para encontrarlo. Sin embargo, está pendiente
del caso por medio de gente de ASFADDES, quienes “[le] cuentan las cosas que
están haciendo los abogados de derechos humanos”.
El testigo y su esposa viven con su nieto, hijo de Jorge Fermín, quien tiene dieciséis
años y estudia bachillerato. El menor de edad es como “un viejo. La gente dice que
es muy callado”. Con la desaparición de Jorge Fermín, “mucho cambió, [hubo]
mucho atraso en el desarrollo de la casa, [su] esposa quedó muy acobardada para
las cosas, no tiene ánimo para hacer nada. […P]ara [ella] y para [él] ahora y siempre
es muy doloroso. […] Herminia[, hermana de la presunta víctima,] era muy unida a
[él, por lo que] se traumatizó mucho y lloraba como loca […] recién ocurrieron los
hechos”.
El señor Calle Álvarez desea encontrar a su hijo, aunque sabe que no está vivo pero
quisiera tener los restos para enterrarlos. Solicitó que tanto los restos de su hijo
como de los demás supuestos desaparecidos sean encontrados. Sin embargo, siente
“mucho temor de que los cuerpos que enterraron a la orilla del río no se
encuentren”. Finalmente, expresó que quiere que con la sentencia que dicte la Corte
se le garantice estudio a su nieto, y que a él y a su esposa se les garantice “terminar
de vivir tranquilos”.
h) Genaro Benito Calderón Ruiz, padre de Genaro Benito Calderón
Ramos
El día que sucedieron los hechos, el señor Calderón Ruiz salía para el pueblo de PicaPica a visitar a uno de sus familiares y su hijo Genaro Benito fue a visitar a su novia
en Pueblo Bello. Al día siguiente fue informado vía telefónica que la noche anterior,
“un grupo de Castaño se había llevado a un personal de Pueblo Bello y dentro de
ellos a [su] hijo”. Declaró que la gente del pueblo comentaba que “eso lo hizo Fidel
Castaño porque él había despachado un ganado para Medellín y la guerrilla de esa
época se lo llevó”.
Cuando el testigo regresó a su casa después de sucedidos los hechos, encontró a su
esposa “como sedada, dopada, con tranquilizantes, porque ella no dejaba de llorar,
de llamar a Genaro y no se sostenía ni nada[. D]e esa época para acá [ella] no ha
23
tenido más vida”. Al señor Calderón Ruiz le dio por beber casi todos los días. Si le
decían que había alguien que podía decirle dónde estaba su hijo, él iba.
Su hijo era buen estudiante, buen hijo, trabajador y era quien el que les ayudaba en
una tienda de abarrotes que tenían. Era el único de sus hijos que quería estudiar
una carrera. Con la desaparición de Genaro Benito se afectó el negocio, “se bajaron
los ingresos, porque él [les] ayudaba mucho”.
El testigo indicó que ha realizado muchas gestiones para buscar a su hijo. De hecho,
puso una denuncia ante las autoridades de Montería, ante las cuales fue tres veces;
pero después no ha vuelto a dicho lugar.
Un amigo del señor Calderón Ruiz le llamó para que fuera con su esposa a Montería,
pues se habían encontrado 24 cadáveres en la finca “Las Tangas”. En el hospital
nadie les ayudó en la identificación de las personas, no había médicos ni gente de la
Fiscalía, no tomaron datos de los familiares, ni les “dieron explicación alguna”. El
testigo y su esposa revisaron los cadáveres que estaban en el piso “uno al lado del
otro[, negros de barro]”. Ellos creían que lo podían identificar por la ropa, pues “no
sabía[n] de qué otra manera se podía hacer.” El testigo manifestó que después de
eso ninguna autoridad estatal le ha dado información o lo ha buscado para ponerle al
tanto de las gestiones que están realizando para localizar a su hijo.
El señor Calderón Ruiz manifestó su deseo de que su hijo aparezca y de que esté
vivo. Si su hijo no apareciera, el Estado debe darles una indemnización. Además,
expresó su deseo de que se investigue y se castigue a los culpables. Asimismo, pidió
que le ayuden a su esposa con su salud, porque “por culpa de eso […] ella se
enfermó”.
Finalmente, el testigo dijo que “cuando [se] entierra [a un hijo] se satisface, pero
cuando no [se] entierra, se vive pensando que va a llegar”. Agregó que su esposa
“vive pendiente y emocionada con lo de las entregas de los paramilitares, porque ella
guarda la esperanza de que [su hijo] esté vivo y que esté con el grupo paramilitar
que se lo llevó”.
i) Manuel Dolores López Cuadro, hermano de Miguel Ángel López
Cuadro
El día que ocurrieron los hechos el testigo se encontraba en San Pedro. Su hermano
vivía en Pueblo Bello, arreglaba radios, relojes y otros electrodomésticos, y
“patrocinaba” a una sobrina para que pudiera estudiar. El señor Manuel Dolores
López Cuadro manifestó que en 1989 la guerrilla había matado a otro de sus
hermanos, que en 1990 desaparecieron a su hermano Miguel Ángel, y que dos años
después falleció su papá, por lo que “el estado moral de [su familia] ha bajado
mucho con estas cosas”.
El señor Manuel Dolores López Cuadro manifestó que a la entrada de San Pedro hay
una base militar y que en el casco urbano de San Pedro había policías, que sabían “lo
del ganado [desaparecido de Fidel Castaño] y que iban a vengarse[. Sin embargo,]
las autoridades no hicieron nada para proteger[los]”.
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El testigo empezó a buscar a su hermano desde el primer día que lo desaparecieron
mediante una comisión que hizo denuncias ante las autoridades. También hicieron
una “toma pacífica” de la alcaldía de Turbo.
Posteriormente, el señor López Cuadro participó en la exhumación de cadáveres en
Montería de la que expresó que “es tan grande la impresión que le da a uno que uno
no tiene ni forma de explicarlo, ver a un montón de personas masacradas,
descompuestas y pensar uno que su hermano puede estar allá le da a uno un
desespero”. Declaró que “no es lo mismo que […] sepa que le mataron a[l] hermano
y que está en el cementerio y no como en este caso que [no se] sabe dónde está, ni
donde lo mataron”. Quisiera que “alguien le dijera [dónde] está [su hermano] y que
[sea] verdad.” Manifestó que cuando les llaman para participar en las exhumaciones
se “llena de optimismo pensando que hay una posibilidad de encontrar a su familiar”,
pero que si no lo encuentra “le da mayor angustia, se le hace más grande el dolor”.
Ni el testigo ni su familia han sido llamados a declarar.
El testigo expresó que después de la desaparición en Pueblo Bello “se empezó a
descomponer el orden público, y el terror de la comunidad fue más grande. Al estar
[en la zona miembros de la guerrilla] las personas de la comunidad tenían que darles
lo que pidieran, pero eso era visto por los paramilitares como colaboración de la
comunidad hacia la guerrilla”, por lo que “empezaban a sacar gente”. El señor López
Cuadro manifestó que esa fue la razón por la que tuvieron que desplazarse. Declaró
que el sustento de su familia eran dos hectáreas de plátano que él tenía y que con
eso se mantenían, pero que lo perdieron debido a que tuvieron que desplazarse.
El señor Manuel Dolores López Cuadro manifestó que como consecuencia de la
desaparición de su hermano Miguel Ángel, la sobrina que él “patrocinaba” no pudo
seguir estudiando. La familia estaría mucho mejor si él estuviera vivo, pues les
ayudaba mucho económicamente. “Todo esto ha sido una pérdida moral y también
económica”.
Asimismo, el testigo declaró que la desaparición de su hermano Miguel Ángel ha
significado para su familia “una gran pérdida, una baja moral”. Dijo que a su mamá
“le dio muy duro la desaparición [de su hermano] y ha sufrido mucho. Su estado
físico también ha decaído mucho por todo eso.”
Finalmente, el señor Manuel Dolores López Cuadro manifestó que desea que “haya
un castigo para los responsables y […] una reparación moral para [su familia], para
el pueblo y para el país […] y que se puedan encontrar los restos. Lo que
necesi[tan] es que el [Estado les] dé seguridad, apoyo para trabajar y para que los
paramilitares o las guerrillas no [los] molesten”.
j) Robinson Petro Pérez, hijo de José Manuel Petro Hernández
El día de los hechos el señor Robinson Petro Pérez se encontraba escuchando el culto
afuera de la iglesia presbiteriana. Cuando se enteró de la presencia de gente
armada, fue a esconderse y cuando se regresó de su escondite a su casa se dio
cuenta de que se habían llevado a su padre, a un hermano de su madre llamado
Benito Pérez y al señor Luis Miguel Salgado, quien vivía con su hermana.
El padre del señor Robinson Petro Pérez, quien era agricultor y vendía cerveza en el
negocio, se encontraba en su casa. El testigo manifestó que a su padre “se lo
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llevaron los paramilitares que eran personas armadas, unos camuflados con prendas
del ejército, unos con prendas de la policía y otros de civil”.
El testigo manifestó que para la época en que ocurrieron los acontecimientos en
Pueblo Bello no había presencia ni del ejército ni de la policía. Dijo que “las
autoridades no hicieron [nada] para impedir que se tomaran al pueblo, aún sabiendo
de los rumores de que ‘los tangueros’ se iban a tomar Pueblo Bello”.
Con posterioridad a los hechos se creó una comisión en la que participaron los
familiares de los supuestos desaparecidos, que fue a la alcaldía de Turbo a reclamar
ayuda de las autoridades para encontrar a sus familiares. Las autoridades no
respondían nada. Al regreso de esta diligencia, el ejército estaba en Pueblo Bello y
había saqueado la población.
El señor Robinson Petro Pérez comenzó a participar en las reuniones de ASFADDES y
a realizar gestiones para buscar a los supuestos desaparecidos. La gente de
Montería les decía que “tuvieran cuidado porque en la Fiscalía de Montería trabajaba
gente de Fidel Castaño”. También realizó una declaración recién ocurridos los
hechos ante la policía judicial, pero nunca más lo han vuelto a citar para declarar.
El testigo manifestó que “cuando desaparecieron a [su] papá, [se] queda[ron] sin
sustento económico porque [él] era el que llevaba la plata a la casa”. Al testigo
personalmente le “dio bastante duro lo que pasó con [su] papá”, por lo que tomó la
decisión de entrenar con los paramilitares con el fin de averiguar qué había pasado
con los desaparecidos.
El señor Robinson Petro Pérez señaló que “si a [su] padre no lo hubieran
desaparecido [su] vida sería mejor, porque [su] papá le decía que le iba a dar el
estudio que [él] quisiera y si [él] hubiera podido estudiar, todo habría sido
diferente”. Dijo que después de lo ocurrido la vida en Pueblo Bello cambió. “Lo que
se sentía era mucho miedo y quienes tuvieron la oportunidad se fueron y sólo
quedaron los pobres”.
El testigo manifestó que tiene fe en que la Corte Interamericana “haga que los
verdaderos culpables […] paguen por lo que pasó y que tengan el castigo que se
merecen, y que [la Corte les] ayude a conseguir los restos de [sus] familiares”.
k) Peritaje de Alfredo Molano Bravo sobre la dinámica de actores
armados en diferentes regiones del país, en particular el Urabá
El perito se refirió al contexto social y político de Pueblo Bello, el cual es un caserío
situado al noroeste de Turbo, en el Urabá antioqueño, y es frontera entre los
departamentos de Antioquia y Córdoba. Gracias a la biodiversidad de la región, la
selva ha sido entresacada y derribada intensamente lo cual ha dado lugar a
enfrentamientos entre la población nativa y las empresas aserradoras.
Los
aserradores están protegidos por los paramilitares, mientras los campesinos son
apoyados por las guerrillas.
La explotación maderera se extendió hacia el sur, representando una incalculable
fuente de rentas. Dicha explotación ha abierto el camino a la colonización campesina
y facilita la concentración de predios, los cuales son grandes ganaderías de
propietarios antioqueños, respaldadas por el paramilitarismo.
26
Según el perito, la gran humedad que prevalece en la región impide la construcción
de carreteras y de trochas. El señor Molano manifestó que la apertura de la
carretera valorizó extraordinariamente las tierras. Sin embargo, este aumento del
precio no fue un beneficio para los campesinos, sino al contrario: los pueblos
crecieron con rapidez y se fundaron otros centros urbanos. A partir de los años
sesenta la United Fruit Company, bajo su nueva sigla, Frutera Sevilla, apareció en
Turbo y en pocos años, la vía entre Chigorodó y Turbo se convirtió en el muy
rentable Eje Bananero. Los ganaderos que habían adquirido tierras en los años
cincuenta se vieron en la alternativa de convertirse en empresarios agrícolas o
migrar con sus reses a zonas limítrofes con el Eje. Las regiones periféricas al norte y
al este de la carretera al mar se “ganaderizaron”, generando conflictos de tierras y
nuevos desplazamientos. El crecimiento de San Pedro de Urabá, el Totumo, Pueblo
Bello y Valencia fue uno de los efectos demográficos más tangibles del período 19601990.
El perito expresó que las FARC seguían la línea soviética, mientras que un nuevo
partido comunista “marxista-leninista” se orientaba por lineamientos de la China de
Mao. Estas dos tendencias políticas y militares ocuparon progresivamente las
serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, y a sus filas ingresaron muchos de los
campesinos que habían sido perseguidos por la Fuerza Pública en su intento por
llevar a cabo la frustrada reforma agraria. Las demandas populares por servicios
públicos, vivienda, salud, educación y tierra fueron respaldadas, y en cierta medida,
envalentonadas por la aparición y fortalecimiento de los frentes militares de las
FARC y del EPL.
El señor Molano indicó que en 1965 el gobierno nacional autorizó a las Fuerzas
Militares por decreto —sancionado posteriormente como ley en 1968— a armar
fuerzas civiles. A medida que el conflicto social era canalizado por la insurgencia
guerrillera se fortalecía la tendencia a usar población civil para respaldar las acciones
militares del Estado. Dado que la guerrilla se apoyaba también en la población civil,
ésta se constituyó en uno de los objetivos centrales de la confrontación.
Posteriormente, con el desarrollo del narcotráfico, la guerra irregular encontró una
fuente inagotable de recursos logísticos, por lo que se introdujo otro modelo: el
paramilitarismo crudo, financiado por los narcotraficantes y asesorado por las
fuerzas de inteligencia israelitas. Del Magdalena Medio la nueva versión de seguridad
pasó con Fidel Castaño a las regiones de Urabá y Alto Sinú. Fidel Castaño se
convirtió en un hacendado en el occidente de Córdoba, en el municipio de Valencia
donde tenía su finca “Las Tangas”. Esta región ganadera era una zona de gran
importancia estratégica para las guerrillas, porque además de cobrarle impuestos de
guerra a los comerciantes y ganaderos, constituía un corredor hacia el Eje Bananero
donde tenían gran influencia sindical y política.
En Turbo la actividad de la compañía Frutera de Sevilla así como la de los sindicatos,
echaron raíces. En los años 80 se formaron fuerzas sociales y políticas que
finalmente se enfrentarían a muerte en la década siguiente. Los elementos que
contribuyen a entender el conflicto son las deplorables condiciones laborales de los
bananeros; la represión de las invasiones en Córdoba y Sucre, que fomentó la
colonización campesina de Abibe y la invasión de tierras dedicadas tanto a la
ganadería extensiva como a las impulsadas por la economía empresarial; y la
elección popular de alcaldes que amenazó a los partidos tradicionales con quitarles
su poder tradicional a favor de nuevas fuerzas. La agitación social y política, la
27
declaración de paros cívicos y laborales y la fuerza militar alcanzada en las guerrillas
tanto de las FARC como del ELP fueron la justificación para que en 1988 el gobierno
creara la Brigada XI en Montería, la Brigada Móvil Número Uno y la Jefatura Militar
de Urabá. El conflicto social se convirtió entonces en un enfrentamiento militar.
Entre 1988 y 1990 hubo más de 20 masacres de campesinos y sindicalistas
cometidas por los paramilitares con no menos de 200 muertos. Fidel Castaño llevó
a cabo desde “Las Tangas”, con la tolerancia y colaboración de la Fuerza Pública, las
masacres de Currulao (15 asesinados), Buenavista, Córdoba (28 asesinados), Punta
Coquitos, Turbo (26 muertos), Canalete, Córdoba (16 víctimas), Pueblo Bello (43
campesinos desaparecidos y asesinados). El 14 de abril de 1990 5 personas más
fueron asesinadas en Valencia; el 16 de abril de 1990 6 campesinos más fueron
ejecutados, en Apartadó; en octubre 19 del mismo año, 6 personas más fueron
asesinadas; y el 25 de octubre de 1990, sucedió lo mismo en Tierralta a otros 12.
En abril de 1990 en “Las Tangas” aparecieron seis cadáveres de los presuntos
desaparecidos en Pueblo Bello.
l) Peritaje de Carlos Martín Beristain sobre los daños psicosociales
que los hechos ocasionaron a los familiares de las personas
presuntamente desaparecidas y privadas de su vida, así como sobre
su entorno en el corregimiento de Pueblo Bello
El señor Beristain manifestó que los hechos acontecidos en Pueblo Bello tuvieron un
impacto masivo debido a la cantidad de presuntas víctimas, el carácter público de las
capturas y posterior desaparición de las mismas, así como el contexto de indefensión
en que se desarrollaron los sucesos.
Por otro lado, se ha generado un sentimiento de injusticia e indefensión en los
familiares, quienes sufrieron un grado importante de “victimización secundaria” por
la falta de respuesta, cuestionamiento de su dignidad y amenazas frente a sus
intentos de búsqueda. Asimismo, se produjo en los familiares un cuestionamiento
del sentimiento de seguridad y protección por parte del Estado en un contexto de
ausencia de respuesta a sus demandas de búsqueda, con vivencias subjetivas de
complicidad y encubrimiento por parte de diferentes autoridades, así como la
percepción de desprecio. Además, se han visto afectados por un alto grado de
frustración y desesperanza refiriendo una ausencia de respuesta a sus demandas
ante las autoridades, gestiones y movilizaciones.
Los aspectos que han tenido un mayor impacto psicosocial son: a) ausencia total de
condiciones para el reconocimiento de los restos en el hospital de Montería; b) falta
de acompañamiento o atención a las necesidades psicológicas de los familiares; c) el
miedo producido por la falta de garantías que impidió que otros familiares pudieran
acercarse al hospital o participar en los procedimientos de identificación; d) el
empeoramiento de la situación psicológica de los familiares después de haberse
confrontado con los “detalles del horror”, sin ningún tipo de apoyo.
Luego de los hechos “se instaló un clima de miedo [y] desolación en el pueblo y una
alteración total de la vida cotidiana”. Los familiares presentan numerosos problemas
de estrés, debido a la situación de sus propiedades, las cuales se han visto afectadas
por el contexto de emergencia y desplazamiento forzado. Ello ha sido “un factor
clave en la desintegración familiar y comunitaria”. Actualmente, el 75% de la
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población de Pueblo Bello no es originaria de ahí, y aún se mantienen los grupos
armados que impiden la reactivación comunitaria e inversión.
El perito expresó que existen en los familiares de los presuntos desaparecidos
“secuelas emocionales”, más que alteraciones psíquicas. Algunos familiares tienen
síntomas depresivos importantes y la mayoría ha tenido tratamiento psicoterapéutico
o farmacológico en el pasado y, en algunos casos, aún lo tiene. El sufrimiento
psíquico de los familiares provocado por la supuesta desaparición de su familiar ha
sido muy agudo, lo que les ha provocado “limitaciones funcionales importantes” para
adaptarse a la vida cotidiana.
Las madres y los padres entrevistados, además de ser afectados por el duelo,
refieren estar afectados por diferentes problemas de salud física en un contexto de
precariedad y falta de medios económicos, y asocian la falta de recursos para
enfrentar esos problemas de salud al impacto de las pérdidas económicas y de los
propios familiares presuntamente desaparecidos, dado el papel que cumplían algunos
en el sustento económico familiar. Por otro lado, la mayoría de los hijos sufrieron
problemas emocionales importantes en los años siguientes a la supuesta
desaparición de sus padres, tales como “aislamiento, tristeza y retraimiento social”
en una parte importante de ellos y “problemas comporta-mentales, como
hiperactividad y comportamientos agresivos”. La falta de referente paterno en su
educación y acompañamiento “ha condicionado su vida hasta la actualidad”.
El señor Beristáin manifestó que la búsqueda de los restos de las presuntas víctimas
se beneficiaría con la intervención complementaria de profesionales independientes y
de garantías de seguimiento a las recomendaciones en los protocolos
internacionales. Finalmente, indicó que la atención psicosocial debería ser acordada
con los propios familiares.
B) PRUEBA TESTIMONIAL
66.
Durante la audiencia pública (supra párr. 31) la Corte recibió las
declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana, los
representantes y el Estado. A continuación, el Tribunal resume las partes relevantes
de dichas declaraciones.
Testigos propuestos por la Comisión y por los representantes
a) Ángel Emiro Jiménez Romero, hijo de Ángel Benito Jiménez Julio
El señor Ángel Emiro Jiménez Romero manifestó que su padre era un campesino de
Pueblo Bello que se dedicaba a la actividad ganadera y agrícola. Explicó además que
siempre había tropas militares en la zona, debido a que en los alrededores de Pueblo
Bello operaba el FL, lo que según el testigo generaba una confrontación militar en
esa parte. Las fuerzas militares estaban ubicadas en la base militar de San Pedro de
Urabá, el cual mantenía un retén militar de control las 24 horas del día a la entrada
del municipio y otra base militar en el corregimiento El Alto, Mulatos. Declaró que
era de su conocimiento que el ejército impedía el tráfico de vehículos sin excepciones
a partir de las 6 de la tarde.
29
El testigo realizó varias cosas con el propósito de encontrar a las presuntas víctimas.
Por ejemplo, levantó una lista de nombres de personas que vieron lo que pasó con la
gente de Pueblo Bello y con esos nombres, se dirigió a San Pedro de Urabá ya que,
según indicó, hacia ese lugar se fueron los camiones con las supuestas víctimas. El
señor Jiménez Romero expresó que los familiares hablaron con un teniente de
apellido Rincón, quien no les dio respuesta alguna al reclamo de que la noche de los
hechos había presencia de tropas. Al contrario, declaró que el teniente “se enfureció
y dijo ‘y ahora por qué sí vienen, cuando se llevaron los ganados [de Fidel Castaño]
ustedes no vinieron a denunciar eso pero ahora que se llevan la gente, ahora sí
vienen a denunciar eso. Eso seguro se trata de una venganza, ustedes cambiaron la
gente por ganado’”. El testigo expresó que le solicitaron al teniente que “se hiciera
un allanamiento inmediatamente en la hacienda ‘Las Tangas’, pero que [éste] se
negó a realizarlo, alegando que ‘no tenía tropas para mandar a ‘Las Tangas’ y que
eso era un proceso, tenía que pedir permiso’”. Posteriormente, el testigo manifestó
que realizó denuncias a través de televisión y prensa, de las cuales tampoco obtuvo
resultados en cuanto a ayuda para localizar a las presuntas víctimas. En el mismo
sentido, manifestó haber tenido encuentros con autoridades militares en su afán de
obtener información sobre el paradero su padre y de las otras personas
desaparecidas, sin resultado alguno.
Finalmente, el señor Jiménez Romero declaró que tuvo que abandonar la región por
motivos de seguridad. Posteriormente tuvo que salir de Colombia a exiliarse en
Suecia, ya que “veí[a] una amenaza clara y que si no [se] iba del país [lo] iban a
matar”.
b) Mariano Manuel Martínez, padre de Jorge David Martínez
En la época de los hechos el señor Mariano Manuel Martínez tenía 18 días de vivir en
Pueblo Bello, ya que se había trasladado para allá por razones de trabajo, debido a
que “vi[o] que era un buen sitio para trabajar y sostener a [su] familia”. El día que
ocurrieron los hechos entraron dos carros con gente armada. Vio cómo se llevaban a
otras personas a punta de fusil hacia donde estaba el carro. Declaró que los
hombres “[los] tiraron boca abajo en el piso”. El testigo indicó que pudo reconocer
que había “más o menos 12 militares de la base de San Pedro de Urabá”.
El testigo manifestó que al día siguiente de los hechos los familiares de los supuestos
desaparecidos se trasladaron a la base de San Pedro a buscar a los desaparecidos, y
que el teniente de dicha base no mostró interés en ayudarles, “no prestó atención”.
Además, el señor Martínez no le dijo a dicho teniente que había habido soldados de
la base de él pues le “pareció como un poquito complicado contrarrestarle a un
militar que está en su ejercicio.” Indicó que a los tres días después de los hechos,
miembros del ejército llegaron a Pueblo Bello y empezaron a entregar un sobre en el
que venían 50 mil pesos para cada familia. “Algunas de las personas que estaban
allí, padres de los desaparecidos, no quisieron recibir el dinero”. Asimismo, declaró
que otro señor, al que también le habían llevado a su hijo, “[tomó] el sobre y […] se
lo tiró a uno de [los militares] en los pies […] y [les dijo] que [él] no había vendido
un toro para que [se] lo v[inier]an a pagar con 50 mil pesos”.
El señor Mariano Manuel Martínez manifestó que se dio aviso por radio a los
familiares de los supuestos desaparecidos para ir al hospital de Montería a reconocer
unos cadáveres, dentro de los cuales reconoció el cadáver de su hijo.
30
Finalmente, el testigo expresó que le fue necesario dejar su finca porque tuvo que
salir desplazado. Su hijo presuntamente desaparecido “era el que más [le] ayudaba.”
Actualmente no tiene ningún recurso para vivir.
Testigos propuestos por los representantes
c) Rubén Díaz Romero, padre de Ariel Díaz Delgado
Para el momento en que ocurrieron los hechos el señor Díaz Romero vivía en Pueblo
Bello con su esposa y 7 hijos. Ariel, su hijo desaparecido, tenía 19 años. Al día
siguiente de los hechos el testigo se fue con otras personas a la base militar de San
Pedro a buscar a los desaparecidos, pero no recibieron ayuda del ejército para
encontrarlos y se tuvieron que devolver. Indicó que, meses después fue avisado
sobre los restos encontrados en la finca “Las Tangas”, pero que quien le comunicó no
fue la Fiscalía, ni autoridad estatal alguna. Al presentarse al reconocimiento de los
cadáveres en el hospital donde tenían los restos “tirados en el piso”, no recibió ayuda
de ninguna persona del hospital, de la Fiscalía, ni de ningún funcionario estatal.
El testigo manifestó que después de los hechos “muchos [pobladores de Pueblo Bello
fueron] esparcidos, f[ueron] desplazados […] a Turbo, Chigorodó y Apartadó”. El
ejército les dijo que debían salir del pueblo ya que si no salían “eran cómplices [de]
la guerrilla”. Por ello tuvo que salir hacia Chigorodó llevando consigo sus reses.
Como desplazado, miembros del ejército “se valieron de la ocasión, […] y
obligatoriamente [le] hicieron vender [su] finca”.
El señor Díaz Romero manifestó que desde que ocurrieron los hechos el pueblo “se
encuentra en la miseria, […] bastante mal económicamente y [ha] sufrido por las
violencias, por los sufrimientos de muchas personas que realmente no dejan vivir
tranquilo”.
El testigo expresó que tiene conocimiento de que las autoridades han buscado
a su hijo Ariel, pero que “nunca le han dado una certeza, [ni nada], así sea los
restos”. Después de los hechos “[sus] hijos se fueron [y su] esposa quedó muy
mal”. Finalmente, manifestó que “no se puede […] explicar por el dolor, por la
tristeza que […] queda […] y [por] no [tener] ayuda de ninguno”.
d) Blanca Libia Moreno Cossio, madre de Camilo Antonio Durango
Moreno
La señora Moreno Cossio vivía con sus hijos y su esposo. Su hijo Camilo tenía 20
años y era quien, junto con su esposo, aportaba el sustento de su casa.
Cuando la testigo se enteró de lo sucedido en Pueblo Bello, se dirigió a conseguir un
medio de transporte para salir hacia San Pedro de Urabá, junto con otros familiares
de personas también desaparecidas, a buscar información sobre el paradero de su
hijo, sin recibir ninguna noticia.
La testigo indicó que se presentó también en el hospital de Montería a tratar de
reconocer a su hijo de entre los cadáveres que se encontraban allí. Los cuerpos
estaban “en un estado de descomposición muy horrible”, y ella no contó con asesoría
31
alguna para que alguien le dijera cómo reconocer el cuerpo de su hijo. A la fecha,
ninguna autoridad estatal le ha dado información sobre el paradero de su hijo.
La señora Moreno Cossio declaró que Belarmino, su hijo menor, tenía 9 años para la
época de los hechos. Después de la supuesta desaparición de su hermano, el niño
“se puso en una tristeza” y constantemente pedía que su hermano regresara. La
testigo expresó que al niño “se le veía en una tristeza horrible, […] que en adelante
era triste, triste”. El niño le decía que “se [le había] present[ado] Camilo, que
Camilo [le] tiraba un lazo y [le] decía que se tir[ara] que no le pasa[ba] nada”. La
testigo llevó a su hijo menor a un médico, quien le dijo que “no tenía nada, que eso
eran locuras de él, [además de que] no hubo forma de llevarlo a un especialista
[por] la situación económica, pues no ten[ían] ni seguro ni nada y lo dej[aron] así”.
La testigo declaró que a los quince días de haberse dado estos acontecimientos con
su hijo menor lo encontraron colgado. Inmediatamente lo llevaron al hospital, pero
“no había nada más que hacer, se ahorcó […] se desnucó”.
Finalmente, la señora Moreno Cossio pidió que se haga justicia y que “[l]e entreguen
a [su] hijo [Camilo], así sea los restos”.
e) Nancy Amparo Guerra López, hija de Carmelo Guerra
Al momento de los hechos la testigo tenía 15 años de edad y vivía con su padre y la
esposa de éste. Manifestó que su padre era “el único ser que [ella] tenía, […] el ser
más querido”.
La señora Guerra López indicó que su padre era quien llevaba “el pan de todos los
días a la casa, que nunca [les] faltaba nada”. Después de que él desapareció ella
dejó de estudiar y tuvo que “trabajar, […] aguantar humillaciones, frío, hambre, […]
depresiones.” La testigo expresó que su vida hubiera sido diferente si su padre no
hubiera desaparecido porque ella “habría terminado de estudiar, hubiera sido una
mujer preparada, quizá hubiera hecho una carrera y […] quizá hoy día [su] papá
estuviera comiendo de [su] mano”. Finalmente, la testigo manifestó que quiere que
le “regresen [a su padre] porque al día de hoy no [sabe] dónde está”.
f) José Daniel Álvarez Ruiz, hijo de José del Carmen Álvarez Blanco y
sobrino de Cristóbal Arroyo Blanco
El señor José Daniel Álvarez Ruiz describió “el panorama desolador” de la diligencia
del reconocimiento de cadáveres llevada a cabo en el hospital de San Jerónimo de
Montería. Se refirió a los cuerpos ahí ubicados como “una masa entre lodo y restos
humanos [que] no se podían identificar”.
El testigo indicó que a partir de 1993 se vinculó a ASFADDES. Como miembro de
dicha asociación se ha mantenido al tanto del “estado de las investigaciones y [lo
que ha] pasado con los restos”. Asimismo, manifestó que ha realizado solicitudes
verbales y escritas para obtener información sobre el expediente del caso.
El señor Álvarez Ruiz manifestó que en la exhumación realizada en agosto de 1993
se llevó a cabo durante una época de invierno, por lo que “después de quince días la
diligencia terminó sin ningún resultado”. Además, declaró que se realizó una
exhumación en la finca “Las Tangas”, y que después dicho lugar “no quedó
32
custodiado ni vigilado”. Asimismo, expresó que posteriormente se realizó una toma
de muestras de sangre entre los familiares de los presuntos desaparecidos con el
objeto de hacer pruebas de ADN con los restos encontrados. Sin embargo, afirmó
que para la toma de esas muestras no se contó con ayuda de la Fiscalía, ni para el
traslado de los familiares a los lugares donde se realizarían las tomas de muestras.
Declaró que tampoco se tomaron actas o registros de la recolección de muestras de
sangre, y que la única colaboración que recibieron del Estado se dio a través del
encargado de este procedimiento, quien “siempre tenía la dificultad de los recursos
económicos para poderse movilizar”.
El testigo explicó las diligencias realizadas para exhumar los restos de una fosa
común en el cementerio de San Antonio de Montería realizadas en octubre de 2005.
Al respecto, expresó que “había much[a] agua” y que las personas del gobierno que
participaron “no tenían las herramientas para que el sitio no se inundara”. Por ese
motivo no se pudo llevar a cabo la exhumación.
El señor Álvarez expresó que no tiene conocimiento de que en todo el tiempo que ha
transcurrido desde los hechos la Fiscalía haya llamado a declarar a familiares de las
presuntas víctimas, sino hasta después de la exhumación llevada a cabo en 2004.
El testigo manifestó que a raíz de las investigaciones que ha realizado para encontrar
a las personas presuntamente desaparecidas “ha sufrido persecución” y ha recibido
“amenazas personales por el trabajo que significaba buscar a [su] papá”. Además,
“tuv[o] que desplazarse a Bogotá y siendo parte de la Junta de ASFADDES, una
secretaria recibió una llamada en la que decían que lo “habían ubicado y que [lo]
iban a matar”
El señor Álvarez expresó que los hechos “han
que cuando una exhumación inicia, cre[e] que
presuntas víctimas, pero] cuando se termina y
esperanzas de poder encontrar[los] y de saber
devolver ”.
impactado en su vida personal, [ya]
se van a encontrar [los restos de las
no hay resultados se desvanecen las
que, al menos, esos restos los van a
Finalmente, el testigo indicó que después de los hechos de 1990 “ni él ni sus seis
hermanos pudieron volver a estudiar, [pues] ya no había quien llevara a la casa la
comida que necesitab[an, por lo que] cada quien tuvo que mirar cómo sobrevivía”.
Su “hermano, a edad de 12 años, se emborrachaba.” Todos los hermanos se fueron
a vivir a sitios diferentes y “nunca más [han] podido estar juntos”.
Testigo propuesta por el Estado
g) Elba Beatriz Silva Vargas, fiscal de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos de la Fiscalía General de Colombia
La testigo declaró que, por los hechos ocurridos en Pueblo Bello han sido condenadas
10 personas, destacando la condena de Fidel Castaño Gil, uno de los jefes
promotores, organizadores y financieros paramilitares. Asimismo, manifestó que las
declaraciones de los familiares han sido agregadas al proceso y que se han vinculado
cerca de 23 personas, de las cuales habrían sido acusadas cerca de 20 y condenadas
10, de las cuales dos están efectivamente cumpliendo su pena. A este respecto, la
testigo manifestó que “no ha habido resultados positivos que se aproximen a la
captura de dichos individuos”.
33
Respecto de la participación del personal militar en los hechos, la
Vargas expresó que “la Procuraduría General de la Nación [inició] una
de carácter disciplinario, una serie de diligencias, de pruebas […] para
posible responsabilidad de los militares y que dos personas han sido
[dich]a investigación”.
señora Silva
investigación
establecer la
vinculadas a
La testigo se refirió a las exhumaciones realizadas en el cementerio de San Antonio
de Montería y a la recolección de evidencias de los cuerpos, las cuales han
“resulta[do] negativas”. Además, manifestó que para realizar dichas exhumaciones
se tomaron en cuenta las condiciones de tiempo y clima, pero que éstas se
suspendieron “porque había un cambio climático en el país que se presentó en ese
momento”. Asimismo, manifestó que hubo un período en el que la Fiscalía General
tuvo que interrumpir su labor debido a “la situación de orden público conocida, [es
decir, la] presencia permanente de grupos al margen de la ley, tanto insurgencia
como paramilitarismo, apoyados también por delincuencia organizada, narcotráfico”.
Sin embargo, expresó que se han realizado “diferentes actividades, entrevistado
personas, se ha buscado [a los] desaparecidos en todo el país[, …] ha habido
contacto con los representantes de las víctimas[, a quienes] se les ha avisado la
búsqueda que se hace [y] se les ha invitado a participar en las diligencias”.
Por otro lado, la señora Silva Vargas manifestó que conoce la capacitación técnica de
las personas encargadas de buscar a las personas desaparecidas y de la exhumación
de los cadáveres, quienes forman “parte del equipo forense de la Fiscalía General de
la Nación, conformado por médicos, antropólogos, técnicos criminalísticos, [quienes]
utilizan[…] todos los medios científicos que […] tienen a la mano”.
La testigo indicó que para este caso “se han designado fiscales especializados con
toda la capacitación en el manejo en los sistemas interamericanos y […] de la técnica
de
investigación”.
Manifestó
que
dichos
fiscales
“est[án]
respaldados
económicamente […] por un programa que tiene el Estado […], auspiciado […] por la
oficina de Naciones Unidas para el manejo de este tipo de casos […] y t[ienen] un
grupo especial de investigadores asignados para el caso, un grupo especial de
miembros de criminalística, de peritos expertos en el área técnico-científica como
médicos, odontólogos, antropólogos y personas que han tenido experiencia en estos
temas tan delicados”.
Finalmente, la testigo indicó que existe “un comité de impulso en la investigación del
presente caso, que está integrado por la judicatura: jueces de la República, la
Procuraduría, [la] Defensoría y la Fiscalía, asistida por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas”. Manifestó que actualmente la investigación se
encuentra a cargo de la Unidad Nacional de Derechos Humanos.
C) VALORACIÓN DE LA PRUEBA
67.
En este apartado la Corte se pronunciará sobre la valoración de los elementos
probatorios aportados al Tribunal, tanto respecto de los criterios de admisibilidad
formal de los mismos como en cuanto a su valor material respecto de los hechos del
presente caso.
34
Valoración de la prueba testimonial
68.
En relación con las declaraciones rendidas por los testigos propuestos por la
Comisión, los representantes y el Estado, la Corte las admite en cuanto concuerden
con el objeto del interrogatorio establecido por el Presidente mediante Resoluciones
de 29 de julio y 6 de septiembre de 2005 (supra párrs. 27 y 30) y les da valor
probatorio.
69.
En este sentido, este Tribunal estima que los testimonios de los señores Ángel
Emiro Jiménez Romero, José Daniel Álvarez Ruiz, Rubén Díaz Romero y de las
señoras Blanca Libia Moreno Cossio y Nancy Amparo Guerra López (supra párr. 66
a), c), d), e) y f)) resultan útiles en el presente caso13. Por tratarse de familiares de
presuntas víctimas y tener un interés directo en este caso, no pueden ser valorados
aisladamente, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso (infra párr. 77).
70.
El Estado objetó la declaración rendida ante la Corte Interamericana el 19 de
septiembre de 2005 por el testigo Mariano Manuel Martínez (supra párr. 66 b)), pues
consideró que su declaración no tenía credibilidad. Al respecto, la Corte estima que
este testimonio puede contribuir a la determinación, por parte del Tribunal, de los
hechos del presente caso, en cuanto concuerde con el objeto que fue definido en la
referida Resolución de 29 de julio de 2005 (supra párr. 27), y lo valora en el
conjunto del acervo probatorio, en tanto familiar de una de las presuntas víctimas
(supra párr. 69), aplicando las reglas de la sana crítica y tomando en cuenta las
observaciones presentadas por el Estado.
Valoración de la prueba documental
71.
En este caso, como en otros14, el Tribunal admite el valor probatorio de los
documentos presentados por las partes en su debida oportunidad procesal que no
fueron controvertidos ni objetados y cuya autenticidad no fue puesta en duda.
72.
En lo que se refiere a los documentos solicitados por este Tribunal con
fundamento en el artículo 45 del Reglamento y que fueron presentados por los
representantes (supra párrs. 32 y 34), la Corte los incorpora al acervo probatorio del
presente caso. Igualmente, en aplicación de lo dispuesto en el referido artículo del
Reglamento, se incorpora a la prueba la documentación presentada por la Comisión,
los representantes y el Estado posteriormente a la presentación de la demanda, al
escrito de solicitudes y argumentos, y a la contestación de la demanda,
respectivamente, por considerarlos útiles para el presente caso.
73.
En relación con las declaraciones testimoniales rendidas ante fedatario público
(affidávits), la Corte las admite en cuanto concuerden con el objeto que fue definido
en la Resolución de 29 de julio de 2005 (supra párr. 27), tomando en cuenta las
observaciones presentadas por el Estado en la audiencia pública (supra párr. 31), en
particular respecto de las declaraciones del señor Benildo José Ricardo Herrera y de
la señora Leovigilda Rosas Villalba. A su vez, dado que los familiares de las
13
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 45; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párrs. 91 y 95, y y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 50.
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 43; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párr. 88, y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 45.
14
35
presuntas víctimas tienen un interés directo en el caso, su declaración no puede ser
evaluada aisladamente, sino en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las
reglas de la sana crítica15.
74.
En cuanto a los documentos de prensa presentados por las partes, este
Tribunal ha considerado que pueden ser apreciados cuando recojan hechos públicos
y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos
relacionados con el caso16.
75.
La Comisión Interamericana objetó las pruebas presentadas por el Estado
junto con sus alegatos finales escritos, por estimar “que no fueron ofrecid[a]s o
presentad[a]s en la oportunidad procesal correspondiente: no corresponden a los
informes sobre hechos supervinientes que fueron solicitados como prueba para
mejor resolver por el Presidente de la Corte al final de la audiencia pública […], y no
están acompañados de una explicación sobre su incorporación tardía al expediente”.
Agregó que “con independencia [de] las cuestiones de admisibilidad, existen graves
defectos en los documentos presentados. […L]a única conclusión a la cual permitirían
llegar las condiciones materiales en que ha sido remitida la documentación […], en
forma incompleta, repetida, parcialmente ilegible, mutilada y desordenada”. Por
tanto, solicitó a la Corte que dicha documentación fuera “desechada por
extemporánea, improcedente y carente de idoneidad formal”. Por su parte, el Estado
alegó, inter alia, que “los documentos allegados como anexos a sus alegatos finales
corresponden a pruebas requeridas de oficio por la […] Corte Interamericana, en
audiencia pública”.
76.
Al respecto, la Corte nota que, en efecto, tal como señaló el Estado, durante
la audiencia pública (supra párr. 31) el Presidente de la Corte solicitó en forma
genérica información y documentos al Estado, a la Comisión Interamericana y a los
representantes en relación con diversos aspectos del presente caso. De tal manera,
la Corte entiende que dicha documentación fue presentada por el Estado en
respuesta a dicha solicitud verbal del Presidente por lo que formalmente la incorpora
en aplicación del artículo 45.1 del Reglamento. No obstante, la Corte coincide con la
Comisión Interamericana en cuanto a que una parte importante de los documentos
aportados por el Estado se encontraban incompletos y desordenados, y que los
expedientes administrativos y judiciales no fueron remitidos en su integridad. En
razón de la manera en que dicha documentación fue aportada, la Corte la acepta y la
valora en la medida en que resulte útil para la determinación de los hechos del
presente caso, tomando en cuenta los defectos señalados.
77.
Por otro lado, este Tribunal hace notar que el 21 de diciembre de 2005 el
Estado presentó, documentación referente a uno de los puntos que fueran solicitados
como prueba para mejor resolver (supra párr. 37), luego de que dicha solicitud le
fuera reiterada en tres oportunidades, mediante notas de Secretaría de 9, 14 y 21 de
noviembre de 2005 (supra párr. 32). La Corte recuerda que, en atención al principio
de cooperación internacional, las partes no sólo deben allegar al Tribunal las pruebas
requeridas por éste, sino también deben hacerlo de forma oportuna, completa,
ordenada y legible, a fin de que el Tribunal cuente con el mayor número de
15
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 45; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párrs. 91 y 95, y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 50.
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 43; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párr. 88; y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 45.
16
36
elementos de juicio para conocer los hechos y motivar sus decisiones17. La Corte
incorpora al acervo probatorio formalmente dicha prueba, según las consideraciones
señaladas más adelante (infra párr. 94) por resultar útil para la resolución del
presente caso.
78.
Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento, la
Corte incorpora al acervo probatorio del presente caso las siguientes pruebas
evacuadas en el Caso 19 Comerciantes y en el Caso de la “Masacre de Mapiripán”, ya
que resultan útiles para la resolución del presente caso: el Decreto legislativo No.
3398 de 24 de diciembre de 1965; los Decretos Nos. 0180 de 27 de enero de 1988,
0815 de 19 de abril de 1989, 085 de 1989, 1194 de 8 de junio de 1989, 3030/90 de
14 de diciembre de 1990, 2266 de 4 de octubre de 1991, 2535 de 17 de diciembre
de 1993, 356/94 de 11 de febrero de 1994, 324 de 25 de febrero de 2000, 3360 de
24 de noviembre de 2003, 2767 de 31 de agosto de 2004 y 250 de 7 de febrero de
2005; las Leyes 48 de 16 de diciembre de 1968, 200 de 1995, 387 de 18 julio de
1997, 418 de 26 de diciembre de 1997, 548 de 23 de diciembre de 1999 y 782 de 23
de diciembre de 2002; las sentencias de 25 de mayo de 1989 emitida por la Corte
Suprema de Justicia, de 28 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de
Cúcuta, todas de Colombia, de 17 de marzo de 1998 emitida por el Tribunal Superior
Militar y de 14 de abril de 1998 emitida por el Tribunal Nacional; el informe del
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias
sobre la visita a Colombia realizada del 11 al 20 de octubre de 1989; y los Informes
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia de 1998, 2000, 2004 y 2005.
79.
Asimismo, el Tribunal incorpora al acervo probatorio el informe conjunto del
Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, señor Nigel S. Rodley, y del
Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, señor Barce Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las
resoluciones 1994/37 y 1994/82 de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo
Económico y Social de Naciones Unidas. Visita de los Relatores Especiales a la
República de Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, E/CN.4/1995/111 de 16 de
enero de 1995, pues resulta útil para la resolución del presente caso.
*
80.
Entre los hechos específicos que se encuentran en controversia, está el
posible paso de los camiones con las presuntas víctimas y el grupo de paramilitares
por el retén militar ubicado entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá. Uno de los
elementos probatorios fundamentales en este sentido es el testimonio del paramilitar
confeso Rogelio de Jesús Escobar Mejía.
81.
El Estado ha alegado que existían otras vías alternas y transitables por las
cuales los miembros del grupo paramilitar y las presuntas víctimas pudieron haber
salido.
82.
Tal como se señala más adelante, no hay controversia respecto de la
existencia de desviaciones, caminos y trochas en el camino principal entre Pueblo
Cfr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C
No. 112, párr. 93.
17
37
Bello y San Pedro de Urabá (infra párr. 138). Estas hipótesis fueron objeto de
análisis en el procedimiento adelantado por la Procuraduría General de la Nación, en
cuyo desarrollo fueron rendidos cuatro informes, tres de ellos en octubre de 1990
por funcionarios militares. Sin embargo, con base en dichos informes no es posible
concluir si esas otras vías eran transitables por camiones de dichas características:
a) con base en una inspección aérea de Pueblo Bello y el camino hasta San
Pedro de Urabá, un “dictamen pericial estratégico” rendido por un militar
indicó que se había podido determinar que “se puede constatar una gran
variedad de posibilidades para tomar desvíos que [...] no ejerzan paso
obligado por el retén militar de San Pedro”;
b) el informe rendido por un Oficial Táctico del Ejército Nacional explicó que
existían trochas propicias “carreteables”;
c) un oficial del Ejército elaboró un dictamen topográfico en el que expuso
ciertas apreciaciones resultantes de un reconocimiento aéreo y concluyó que
“los camiones en que transportaban al personal secuestrado no
necesariamente tenían que pasar por el retén en San Pedro de Urabá, ya que
podían tomar cualquiera de los ramales o trochas a los cuales ya se hizo
alusión. Esta posibilidad se ve reafirmada por el hecho que para la época del
ilícito la región se encontraba en verano, lo que da más firmeza al terreno y
mejora su transitabilidad”, y
d) por su parte, en septiembre de 1991 la Oficina de Investigaciones Especiales
de la Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación realizó una
inspección de la carretera y trochas entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá
y concluyó que existían seis desvíos o trochas sobre la vía principal, pero no
es concluyente acerca de si todos eran transitables al momento de los hechos
o si podían funcionar como vías para evadir el paso por San Pedro de Urabá
(infra párrs. 95.130, 95.131, 95.132 y 95.135).
83.
Por otro lado, los testimonios y declaraciones recibidos por la Corte coinciden
en la existencia de trochas y desviaciones, pero algunos de ellos niegan
categóricamente que aquéllas permitieran el paso de camiones. Así, el señor Rubén
Díaz Romero manifestó que tenía tiempo viviendo en la zona y conocimiento amplio
de la misma, y que no era posible que los camiones llegaran a San Pedro de Urabá
por otra vía distinta de aquella que desembocaba en el puesto de control militar
instalado en la entrada de la población. En el mismo sentido se expresó el señor
Ángel Emiro Jiménez, quien debido a su dedicación en el comercio de banano entre
Apartadó y Montería, transitaba periódicamente la zona, y dio testimonio de que en
este puesto de control se interceptaban todos los vehículos que transitaban en
cualquier dirección, en cualquier sentido, y de que esa era la única vía accesible para
desplazarse en vehículos del tamaños de esos camiones. En similares términos se
pronunció el señor Mariano Martínez, así como varios testigos que rindieron su
declaración ante notario público, tales como el señor Benildo José Ricardo Herrera y
la señora Leovigilda Villalba.
84.
Sin embargo, más allá del carácter transitable de las vías alternas a la vía
principal entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá, por las cuales los camiones
podrían haber evadido el control militar, el principal elemento probatorio para
sustentar la hipótesis de que militares habrían permitido el paso de los camiones por
el retén y por la base militar son las declaraciones del entonces paramilitar Rogelio
de Jesús Escobar Mejía, quien confesó haber participado en los hechos como
miembro del grupo “los tangueros” y fue imputado en el proceso penal desarrollado
en la jurisdicción ordinaria. Según sus declaraciones:
38
[Nos] identificábamos entre nosotros mismos con unos trapos rojos y otro rosado[. S]e
amordazó la gente para que al pasar por San Pedro nadie dijera nada; a unos veinte
minutos de marcha de Pueblo Bello está una base del ejército y más adelante el retén
del ejército de la base del ejército salió Fernando, alias Noventa y un teniente del
ejército y otros dos uniformados más, entre ellos según el teniente era un cabo y un
soldado[. E]l teniente se subió a la cabina de carro de adelante y [e]l cabo en un estribo
y el soldado en el otro[. Y]o iba en la parte de delante de la carrocería del camión y el
teniente me preguntaba que cuánta gente llevábamos en ese carro[. Y]o no le contesté
nada[. E]l teniente nos pasó del retén y queda como a veinte o quince minutos de la
base[. C]uando se bajó el teniente, le dijo al conductor y a Fernando, alias Noventa,
que de ahí en adelante ya no había ningún problema. En el momento que pasábamos
por la base de ejército, el teniente hizo desviar más abajo el camión para no pasar por
un pueblito que se llama San Vicente del Congo[;] él iba señalando el camino[.
P]asando por el pueblito, el soldado que venia en el estribo del camión levantó una
mano y se saludó con un soldado que se encontraba en una de las calles del pueblito[.
E]l camión no paró en el retén que queda a la entrada de San Pedro[. Y]a en el casco
urbano de San Pedro se bajó el teniente y los otros uniformados y Fernando tuvo que
bajarse a trasvocar porque venía borracho de puro aguardiente[. C]uando se bajó el
teniente me dijo que ajustara bien la carpa del camión para que no fueran a ver nada en
San Pedro. Fidel Castaño desde el comienzo nos decía que con el Ejército no teníamos
problemas porque ya todo estaba coordinado18.
85.
El Estado alegó que el testimonio de Rogelio de Jesús Escobar Mejía “no
posee la virtualidad probatoria necesaria para imputar los hechos a los militares y,
por tanto, [para] destruir la presunción de inocencia de los militares”. Al respecto, el
Estado manifestó en sus alegatos finales escritos que
[…] en este proceso ante la […] Corte se ha referido una y otra vez el testimonio del
señor ROGELIO DE JESÚS ESCOBAR MEJÍA para su valoración probatoria sin que se atiendan
las reglas mínimas que deben regir la valoración del testimonio de un coimputado en un
proceso penal. Ya que en el proceso de imputación personal al agente, requisito
infranqueable de imputación internacional al Estado en este primer evento de
imputación, este testimonio es piedra angular del posible juicio de reproche individual,
nos dedicaremos en adelante a su análisis para demostrar su nula virtualidad probatoria
respecto de la imputación de responsabilidad a los militares. Queremos dejar claro sí,
que este testimonio no es, y ni siquiera puede considerarse indivisible; seguramente
tendrá fuerza probatoria respecto de algunos puntos de su declaración, sin embargo, en
lo atinente a la intervención de los militares por acción o por omisión en los hechos de
los miembros del grupo armado al margen de la ley no ofrece ninguna credibilidad. […]
[E]l testimonio del señor ROGELIO DE JESÚS ESCOBAR MEJÍA no puede fundamentar un fallo
condenatorio de esta […] Corte, pues su contenido no ha sido probado. La única forma
de poder tomar en cuenta como hecho probado el contenido de la citada declaración
hubiera sido que la misma estuviera corroborada por elementos objetivos externos a
ella, lo que no sucede en modo alguno en nuestro caso. Es más, ha quedado acreditado
[…] que el testimonio del señor ESCOBAR MEJÍA ha de ser considerado no idóneo [y] deja
abiertos muchos interrogantes frente al análisis que se haga de acuerdo con las
máximas de experiencia de la psicología del testimonio.
86.
Este testimonio fue evaluado por los órganos de la jurisdicción penal ordinaria
y en el procedimiento adelantado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos Humanos. En la investigación iniciada en la jurisdicción penal militar no
se calificó en ningún momento el testimonio de Escobar Mejía y no consta que haya
declarado.
87.
En este punto es necesario resaltar que, tal como se desarrollará más
adelante (infra párrs. 179 a 183), en la jurisdicción penal ordinaria no se formuló
Cfr. declaración de 25 de abril de 1990 rendida por Rogelio de Jesús Escobar Mejía ante el DAS
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 4549).
18
39
acusación en contra de miembros de las fuerzas armadas. No obstante, el testimonio
del señor Escobar Mejía fue valorado en las tres instancias que conocieron del
proceso penal que culminó con la condena de varios paramilitares. De tal manera:
a) el fallo de primera instancia del Juzgado Regional de Medellín le otorgó valor
probatorio a dicho testimonio para fundamentar la condena de varios
paramilitares:
Así las cosas, a juicio del Despacho, la manifestación aportada por Rogelio de
Jesús Escobar Mejía soporta los rigores de la sana crítica y a decir verdad, no
puede subvalorarse en ningún momento [...] porque principalmente en esta
clase de infracciones delictivas como las que ahora centran nuestra atención,
en muchas de las veces la prueba está soportada en la confesión, delación,
versión que alguno o algunos de los miembros del grupo delictivo suministren.
[...] nos encontramos frente a un testigo idóneo, coherente, serio, imparcial,
que sopota los rigores de la sana crítica [...] La sindéresis que en sus diferentes
intervenciones nos ha entregado Rogelio de Jesús, demuestran y patentizan
una realidad fáctica [...]
[...] para el Despacho es perfectamente admisible el testimonio aportado por
Rogelio de Jesús [...]19.
b) en segunda instancia, el Tribunal Nacional se pronunció acerca de la
veracidad de esta declaración:
[Las declaraciones de] Rogelio Escobar Mejía ante diferentes funcionarios
judiciales, así como ante el DAS y la Procuraduría se mostró coherente,
concreto, seguro y reiterativo en relacionar en forma detallada las diferentes
actividades ilícitas que ejecutó el grupo “paramilitar” del que él hizo parte[.
E]sas aseveraciones merecen credibilidad, pues contrario a lo alegado por los
recurrentes, en tales manifestaciones, rendidas en forma libre y por su propia
voluntad, no se advierte ánimo distinto al de decir la verdad, impedir la
impunidad de tan atroces aconteceres y procurar obtener los beneficios que por
colaboración ofreció públicamente el gobierno a quienes se sometieran a la
20
justicia .
c) la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia también se pronunció
sobre la credibilidad de la declaración de Escobar Mejía. Dicha Sala resolvió
un recurso de casación interpuesto por la defensa de uno de los imputados,
que consideraba que el Tribunal Nacional había incurrido en supuestos errores
de hecho por falso juicio de identidad en la apreciación de la prueba única
testimonial de cargo – precisamente el testimonio de Rogelio de Jesús
Escobar Mejía. La Sala de Casación consideró:
[…] En efecto, como ya es sabido, el referido testigo Escobar Mejía refiriendo a
OGAZZA PANTOJA, en punto de la toma de Pueblo Bello, afirmó que éste había
actuado como jefe de inteligencia estableciendo los hombres de las personas
que tenían algún vínculo o simpatía con la guerrilla, pero desconocía [si] este
individuo había participado en su ejecución. A esta manifestación testifical el
Tribunal le dio credibilidad, compendiándola en todo su contexto, esto es, no
valorando frases sueltas de la exposición, distantes del ámbito y de las
circunstancias en que sucedieron los hechos, su ámbito de acción, teniendo en
cuenta, como en efecto fue corroborado, que no era fruto de la fantasía sino
19
Cfr. sentencia ordinaria de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de Medellín
(expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folios 373, 379 y 384).
20
Cfr. sentencia de 30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional
(expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folio 456).
40
que lo narrado correspondía a las propias vivencias del testigo, como miembro
que había sido del grupo para militar comandado por Castaño Gil, lo cual
precisamente le permitió explicar la estructura jerárquica de la organización, los
nombres de varios de sus mandos, los hechos delictivos realizados, las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habían desenvuelto las
acciones, hasta llegar a precisar el sitio donde habían enterrado a algunas de
las víctimas secuestradas en la toma de Pueblo Bello, conforme lo corroboraron
las autoridades respectivas
[...] Entonces, es bajo este contexto que el ad quem procedió a valorar las
afirmaciones de Escobar Mejía en relación con la sindicación que le hizo a
OGAZZA PANTOJA, apreciando en su plena extensión su contenido, sin
desconocerlo sino ubicándolo y dimensionándolo dentro del complejo fáctico
reseñado por el mismo testigo, esto es bajo el entendimiento de que se trataba
de una organización criminal, la cual entre sus diversas actividades planteó
debidamente la toma a Pueblo Bello con un fin determinado, como fue la de
darle muerte a todas aquellas personas que creyeran estaban vinculadas con la
guerrilla [...]21
88.
Es decir, dicha jurisdicción penal ordinaria le otorgó plena credibilidad al
testimonio del señor Escobar Mejía. Además, resulta relevante que su declaración
ante las autoridades estatales haya sido decisiva para precisar el sitio donde habían
enterrado a algunas de las presuntas víctimas secuestradas en Pueblo Bello. Sin
embargo, puesto que el proceso ante este Tribunal no tiene carácter penal (infra
párr. 122), no es necesario determinar la verosimilitud de su declaración en calidad
de coimputado en dicho proceso penal, ni las supuestas contradicciones internas en
las que habría incurrido ante dichas instancias. Al pretender negarle valor probatorio
a dicha declaración, el Estado se basa, entre otros argumentos, en la valoración que
hizo la Procuraduría de dicha declaración en la primera instancia del procedimiento
administrativo.
89.
No obstante, en ambas instancias la Procuraduría Delegada Disciplinaria para
los Derechos Humanos otorgó valor probatorio al testimonio del señor Escobar Mejía,
aunque no lo consideró como prueba suficiente de la responsabilidad disciplinaria de
los militares investigados. Ciertamente, el fallo de 31 de julio de 2000 de dicha
Procuraduría decidió absolver de responsabilidad al oficial Rincón Pulido, bajo el
argumento de que no existía en su contra sino un indicio leve de haber participado
por acción en los hechos investigados. Pero la propia Procuraduría señaló en dicha
resolución que:
Para esta Procuraduría Delegada, es claro que conforme al material probatorio
recaudado, particularmente con base en lo expuesto por Rogelio de Jesús Escobar Mejía,
quien si bien incurre en algunas imprecisiones en cuanto a tiempo, distancias y nombres
de algunos lugares, porque al parecer no conocía muy bien la zona, no encuentra esta
Delegada razón alguna para que este testigo hubiera mentido en relación con la
colaboración que dice le prestó al grupo paramilitar al cual pertenecía, un oficial del
Ejército Nacional de quien no dio mayores elementos para lograr su identidad y que
prestaba sus servicios en el retén que para la fecha de los hechos se había instalado en
22
San Pedro de Urabá .
90.
Según las valoraciones otorgadas por las instancias penal y administrativa
internas a la declaración del señor Escobar Mejía, se observa que en la justicia penal
Cfr. sentencia de casación de 8 de marzo de 2001 emitida por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo C4, folios 503 y 504).
21
22
Cfr. sentencia de 31 de julio de 2000 emitida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación (expediente de anexos a la
demanda, tomo II, anexo C-10, folio 679).
41
ordinaria el testimonio de quien fuera un paramilitar se consideró como válido para
juzgar y condenar a otros paramilitares, así como para encontrar el lugar donde
fueron inhumados cuerpos de las víctimas. No obstante, a pesar de su evidente
relevancia, este testimonio no fue evaluado en la jurisdicción penal militar. Esto es
además inconsistente con la posición expresada por el Estado ante esta Corte: si uno
de los argumentos sostenidos por el Estado es que los recursos internos – la
jurisdicción penal ordinaria y el procedimiento disciplinario – han resultado efectivos
en el presente caso, esta calificación de esos recursos internos – que a su vez
otorgaron valor probatorio a dicha declaración – impide al Estado descalificar
válidamente el contenido de la misma en esta instancia internacional.
91.
La Corte no determina responsabilidades individuales (supra párr. 122), por lo
que no es necesario tampoco realizar una valoración más específica acerca del
carácter probatorio de la declaración rendida por el señor Escobar Mejía ante órganos
jurisdiccionales y administrativos internos, tal como lo pretende el Estado.
92.
La Corte estima que las declaraciones rendidas por el señor Escobar Mejía
ante órganos jurisdiccionales y administrativos internos pueden ser relevantes para
la resolución del caso, por lo que serán apreciadas en conjunto con otros indicios.
*
93.
Por otro lado, ha sido alegado por la Comisión y por los representantes que
aproximadamente ocho días después de los hechos, tres hombres vestidos de
militar, supuestamente provenientes de la base militar de Carepa, llegaron a Pueblo
Bello en helicóptero y, con base en una lista, repartieron sobres que contenían 50 mil
pesos entre familiares de las presuntas víctimas, aunque muchas de ellas no los
recibieron. Al respecto, durante la audiencia pública el Estado no controvirtió el dicho
de los testigos en este sentido. En opinión de los representantes, esto también
demostraría la vinculación de militares con los hechos del caso, pues constituye una
acción de reconocimiento de la propia responsabilidad, por hechos realizados por el
Ejército, en especial por el Jefe Militar de Urabá.
94.
De tal manera, una aclaración al respecto fue solicitada por la Corte como
prueba para mejor resolver (supra párr. 32), en el sentido de explicar si
efectivamente ocurrió y cuál habría sido la naturaleza y motivación del acto jurídico o
administrativo que hubiese dispuesto esas entregas. El Estado presentó cierta
información en este sentido (supra párr. 37), una vez vencido el plazo para ello y
luego de que le fuera reiterada en tres oportunidades. El Estado informó que, según
la Agenda Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional
(Subdirectora de Atención de Víctimas de la Violencia) y el Grupo de Presupuesto del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, “no se encontró
registro que evidencie la entrega de recursos con ocasión de la […] masacre” de
Pueblo Bello, así como tampoco “pago alguno [de proveedores] para la vigencia fiscal
1990 y 1991 con cargo al corregimiento de Pueblo Bello”. Esta información, además
de ser manifiestamente extemporánea (supra párr. 32), no desvirtúa lo dicho por los
testigos, no aclara lo solicitado por la Corte, ni desvirtúa el carácter de indicio que
tiene ese hecho.
42
VII
HECHOS PROBADOS
95.
Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el
expediente del presente caso y las manifestaciones de las partes, la Corte considera
probados los siguientes hechos:
El conflicto armado interno en Colombia y los grupos armados ilegales denominados
“paramilitares”
95.1 A partir de la década de los sesenta del siglo XX surgieron en Colombia
diversos grupos guerrilleros, por cuya actividad el Estado declaró “turbado el orden
público y en estado de sitio el territorio nacional”. Ante esta situación, el 24 de
diciembre de 1965, el Estado emitió el Decreto Legislativo No. 3398 “por el cual se
organiza la defensa nacional”, el cual tenía una vigencia transitoria, pero fue
adoptado como legislación permanente mediante la Ley No. 48 de 1968 (con
excepción de los artículos 30 y 34). Los artículos 25 y 33 del referido Decreto
Legislativo dieron fundamento legal a la creación de “grupos de autodefensa”. En la
parte considerativa de esta normativa se indicó que “la acción subversiva que
propugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurídico, requiere un esfuerzo
coordinado de todos los órganos del poder público y de las fuerzas vivas de la
Nación” y, al respecto, el referido artículo 25 estipuló que “[t]odos los colombianos,
hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar
obligatorio, pod[í]an ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los
cuales contribuy[eran] al restablecimiento de la normalidad”. Asimismo, en el
parágrafo 3 del mencionado artículo 33 se dispuso que “[e]l Ministerio de Defensa
Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo
estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas
como de uso privativo de las Fuerzas Armadas”. “Grupos de autodefensa” se
conformaron de manera legal al amparo de las citadas normas, por lo cual contaban
con el apoyo de las autoridades estatales23.
95.2 En el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado impulsó la
creación de “grupos de autodefensa” entre la población civil, cuyos fines principales
eran auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los
grupos guerrilleros. El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de
armas, así como apoyo logístico24.
95.3 En la década de los ochenta, principalmente a partir de 1985, se hace notorio
que muchos “grupos de autodefensa” cambiaron sus objetivos y se convirtieron en
grupos de delincuencia, comúnmente llamados “paramilitares”. Primeramente se
Cfr. Decreto legislativo No. 3398 de 24 de diciembre de 1965; Ley 48 de 16 de diciembre de
1968; sentencia emitida por el Tribunal Superior Militar el 17 de marzo de 1998, e informe del Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias sobre la visita a Colombia
realizada del 11 al 20 de octubre de 1989, E/CN.4/1990/22/Add.1 de 24 de enero de 1990.
23
Cfr. sentencia emitida por el Tribunal Nacional el 14 de abril de 1998; sentencia emitida por el
Tribunal Superior Militar el 17 de marzo de 1998; sentencia emitida por el Juzgado Regional de Cúcuta el
28 de mayo de 1997; informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o
arbitrarias sobre la visita a Colombia realizada del 11 al 20 de octubre de 1989, E/CN.4/1990/22/Add.1 de
24 de enero de 1990, e informe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de 15 de marzo de
1989.
24
43
desarrollaron en la región del Magdalena Medio y se fueron extendiendo a otras
regiones del país25.
95.4 El 17 de diciembre de 1986 Colombia emitió el Decreto No. 3664 “Por el cual
se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público”, el cual
establecía, inter alia:
Artículo 1º. Mientras se halle turbado el orden público y en estado de sitio todo el
territorio nacional, el que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique,
transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare o porte armas de fuego de
defensa personal, municiones o explosivos, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4)
años y en el decomiso de dicho elemento […]26
95.5 El 27 de enero de 1988 Colombia emitió el Decreto Legislativo No. 0180 “por
el cual se complementan algunas normas del Código Penal y dictan otras
disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público”. En este decreto se
tipificó, inter alia, la pertenencia, promoción y dirección de grupos de sicarios, así
como la fabricación o tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas
Militares o de Policía Nacional. Posteriormente, este decreto fue elevado a legislación
permanente mediante el Decreto No. 2266 de 199127.
95.6 El 14 de abril de 1988 se emitió el Decreto No. 0678 “Por el cual se dictan
medidas conducentes al restablecimiento del orden público en la zona del Urabá
Antioqueño”. Por este decreto, emitido, inter alia, bajo las siguientes
consideraciones:
[...] Que uno de los factores de perturbadores del orden público, ha sido la acción
violenta de grupos de antisociales [...];
Que uno de los sectores más afectados por dichas actividades delictivas, ha sido la zona
geográfica del Urabá Antioqueño;
Que los recientes genocidios perpetrados por grupos de antisociales en los Municipios de
Turbo y Apartadó, han contribuido a agravar la ya perturbada situación de orden
público, causando honda consternación en el país;
Que es deber del Gobierno, ante lo crítico de esta situación, adoptar las medidas
tendientes a restablecer el orden público y la paz en esa convulsionada región del país;
Que la situación que afronta el Urabá Antioqueño la constituye en zona de emergencia y
de operaciones militares que requiere de medidas especiales de orden público [...]
se decretó:
Artículo 1º Decl[arar] zona de emergencia y de operaciones militares la región del Urabá
Antioqueño [...]
Cfr. Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1988; Decreto No. 0815 de 19 de abril de 1989;
Decreto No. 1194 de 8 de junio de 1989, sentencia emitida por el Tribunal Superior Militar el 17 de marzo
de 1998, e informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias
sobre la visita a Colombia realizada del 11 al 20 de octubre de 1989, E/CN.4/1990/22/Add.1 de 24 de
enero de 1990.
25
26
Cfr. Decreto No. 3664 de 17 de diciembre de 1986 por el cual “se dictan medidas conducentes al
restablecimiento del orden público” (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo I,
anexo 2.2, folio 886).
27
Cfr. Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1988, por el cual “se complementan algunas normas del
código penal y se dictan otras disposiciones conducentes al restablecimiento del orden público”, y Decreto
No. 2266 de 4 de octubre de 1991 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, folio 1764).
44
Artículo 2º Cre[ar] la Jefatura Militar del Urabá Antioqueño con sede en Carepta y cuya
jurisdicción comprende los siguientes Municipios del Departamento de Antioquia: Turbo,
Arboletes, Necoclí, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Vigía del Fuerte, San Juan de
Urabá, Carepa, San Pedro de Urabá y Dabeiba. El Jefe Militar del Urabá Antioqueño será
un Oficial General o de Insignia de las Fuerzas Militares en servicio activo y dependerá
del Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 3º El Gobernador de Antioquia, los Alcaldes de los Municipios citados en el
artículo 2º de este Decreto y todas las autoridades civiles que ejerzan funciones en el
área geográfica que integra el Urabá Antioqueño, están obligadas a prestarle al Jefe
Militar la colaboración que éste les solicite encaminada a tomar las medidas necesarias
para el restablecimiento del orden público de dicha zona.
Artículo 4º El Jefe Militar ejercerá en la zona geográfica del Urabá Antioqueño las
siguientes funciones:
a)
b)
c)
d)
h)
Mantener el orden público en la zona de su jurisdicción;
Determinar las medidas que sobre orden público se requieran y coordinar con los
Alcaldes de la zona su ejecución;
Adoptar las medidas policivas tendientes al mantenimiento del orden público, tales
como: Prohibir el porte de armas y el expendio y consumo de licores, decretar el
toque de queda, reglamentar las reuniones y desfiles en sitios públicos y prohibir el
tránsito de personas o de vehículos en determinadas zonas de su jurisdicción;
Disponer de la Fuerza Pública y del Personal del Departamento Administrativo de
Seguridad –DAS–, que actúe dentro del territorio de su jurisdicción; [...]
Dictar, en caso de urgencia o gravedad, con carácter de provisionales, y con
vigencia de sesenta (60) días, órdenes o disposiciones administrativas o
disciplinarias, que no siendo de su incumbencia, juzgue indispensables para el
mantenimiento del orden público, las cuales tendrán carácter definitivo cuando sean
aprobadas por el Gobernador de Antioquia [...]
Artículo 10º Autoriz[ar] al Gobernador de Antioquia para delegar en el Jefe Militar del
área geográfica del Urabá Antioqueño, aquellas de sus atribuciones legales, que
considere indispensables para el más eficaz cumplimiento del presente Decreto [...]28
95.7 El Jefe Militar del Urabá Antioqueño fue nombrado mediante el Decreto No.
0680 de 15 de abril de 198829. El Decreto No. 0769 de 26 de abril de 1988 adicionó y
aclaró el Decreto No. 0678 de 1988 (supra párr. 95.6)30.
95.8 El 9 de abril de 1989 se emitió el Decreto No. 0813, que dispuso la creación
de una "Comisión Asesora y Coordinadora de las acciones contra los escuadrones de
la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada,
equivocadamente denominados paramilitares"31.
95.9 El 19 de abril de 1989 se emitió el Decreto No. 0815, mediante el cual se
suspendió la vigencia del parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto legislativo No. 3398
Cfr. Decreto No. 0678 de 4 de abril de 1988, por el cual "se dictan medidas conducentes al
restablecimiento del orden público en la zona del Urabá Antioqueño" (expediente de anexos al escrito de
solicitudes y argumentos, tomo I, anexo 2.5, folio 898).
28
Cfr. Decreto No. 0680 de 15 de abril de 1988, por el cual "se nombra el Jefe Militar del Urabá
Antioqueño" (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo I, anexo 2.6, folio 901).
29
30
Cfr. Decreto No. 0769 de 26 de abril de 1988, por el cual "se adiciona y aclara el Decreto
legislativo No. 678 de 1988" (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo I, anexo
2.7, folio 902).
Cfr. Decreto No. 0813 de 9 de abril de 1989 "por el cual se dictan disposiciones tendientes a
combatir los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada,
equivocadamente llamados paramilitares, y se crea una Comisión Coordinadora y Asesora para este
propósito" (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo I, anexo 2.8, folio 904).
31
45
de 1965 (supra párr. 95.1), el cual facultaba al Ministerio de Defensa Nacional para
autorizar a los particulares el porte de armas de uso privativo de las Fuerzas
Armadas.
En la parte considerativa del Decreto No. 0815 se indicó que “la
interpretación de[l Decreto legislativo No. 3398 de 1965, adoptado como legislación
permanente por la Ley No. 48 de 1968, dada] por algunos sectores de la opinión
pública, ha causado confusión sobre su alcance y finalidades, en el sentido de que se
puedan llegar a tomar como una autorización legal para organizar grupos civiles
armados que resultan actuando al margen de la Constitución y las leyes”.
Posteriormente, mediante sentencia de 25 de mayo de 1989, la Corte Suprema de
Justicia declaró “inexequible” el referido parágrafo 3 del artículo 33 del Decreto
legislativo No. 3398 de 196532.
95.10 El Decreto No. 0814 de 19 de abril de 1989 dispuso la creación del "Cuerpo
Especial Armado contra los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos
de
autodefensa
o
de
justicia
privada,
equivocadamente
denominados
paramilitares"33. Al respecto consideró:
[…] Que la declaratoria de estado de sitio obedeció, entre otras razones, a la acción de
grupos armados que atentan contra la paz pública y pretenden desestabilizar las
instituciones legítimamente constituidas;
Que entre los grupos armados que subvierten el orden público existen diversas
modalidades criminales, entre ellas la de los escuadrones de la muerte, bandas de
sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada, equivocadamente denominados
paramilitares, cuya acción se ha intensificado por su conocida dependencia o vinculación
con los agentes del narcotráfico atentando gravemente contra la seguridad ciudadana y
creando un ambiente de incertidumbre y zozobra;
Que la alteración del orden público que han generado estos grupos criminales es de tal
magnitud que para su restablecimiento se hace necesario acudir a procedimientos y
organismos que permitan aunar esfuerzos con el fin de conjurar las acciones
perturbadoras de la paz nacional;
Que para este efecto se hace indispensable crear un Cuerpo Armado Especial para
34
combatir dichos grupos .
95.11 El mismo 19 de abril de 1989 el Estado emitió el Decreto No. 0815 "por el
cual se suspenden algunas normas incompatibles con el estado de sitio". Este
decreto dispuso, inter alia:
Artículo 1º [...] adopt[ar] como legislación permanente por el parágrafo del artículo 1º
de la Ley 48 de 1968, que es del siguiente tenor:
"Artículo 33, parágrafo 3º El Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los
Comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de
propiedad particular, armas que estén considerados como de uso privativo de las
Fuerzas Armadas".
32
Cfr. Decreto No. 0815 de 19 de abril de 1989, y sentencia emitida por la Corte Suprema de
Justicia el 25 de mayo de 1989.
33
Cfr. Decreto No. 0814 de abril 19 de 1989 por el cual "se crea el Cuerpo Especial Armado contra
los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada,
equivocadamente denominados paramilitares” (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, tomo I, anexo 2.9, folio 907).
Cfr. Decreto No. 0814 de abril 19 de 1989 por el cual "se crea el Cuerpo Especial Armado contra
los escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o grupos de autodefensa o de justicia privada,
equivocadamente denominados paramilitares” (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, tomo I, anexo 2.9, folio 907).
34
46
Artículo 2 Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio
nacional, la utilización a que se refiere el artículo 25 del Decreto legislativo 3398 de
1965 [(supra párr. 95.1)], sólo será procedente mediante decreto del Presidente de la
República, refrendado y comunicado por los Ministros de Gobierno y de Defensa
Nacional.
Dicha utilización sólo podrá tener por finalidad la colaboración de la población civil en
actividades no agresivas y en ningún momento implicará la entrega de armas de uso
privativo de las Fuerzas Armadas ni la autorización de su porte y utilización […]35
95.12 El 8 de junio de 1989 el Estado emitió el Decreto No. 1194 “por el cual se
adiciona el Decreto legislativo No. 0180 de 1988, para sancionar nuevas modalidades
delictivas, por requerirlo el restablecimiento del orden público”.
En la parte
considerativa de esta norma se expuso que “los acontecimientos que vienen
ocurriendo en el país, han demostrado que existe una nueva modalidad delictiva
consistente en la comisión de actos atroces por parte de grupos armados, mal
llamados ‘paramilitares’, constituidos en escuadrones de la muerte, bandas de
sicarios, grupos de autodefensa o de justicia privada, cuya existencia y acción
afectan gravemente la estabilidad social del país, las cuales deben reprimirse para
lograr el restablecimiento del orden y la paz públicos”. En este decreto se tipificó la
promoción, financiación, organización, dirección, fomento y ejecución de actos
“tendientes a obtener la formación o ingreso de personas a grupos armados de los
denominados comúnmente escuadrones de la muerte, bandas de sicarios o de
justicia privada, equivocadamente denominados paramilitares”. También se tipificó la
vinculación y pertenencia a dichos grupos, así como el instruir, entrenar o equipar
“a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de las
actividades delictivas” de los referidos grupos armados. Asimismo, se estipuló como
agravante de las anteriores conductas el que fueran “cometidas por miembros
activos o retirados de las Fuerzas Militares o de Policía Nacional o de organismos de
seguridad del Estado”. Posteriormente, este decreto fue elevado a legislación
permanente mediante el Decreto No. 2266 emitido el 4 de octubre de 199136.
95.13 El 31 de julio de 1990 se emitió el Decreto No. 1685, que dispuso derogar los
Decretos legislativos No. 678 (supra párr. 95.6) y No. 679 de 198837.
95.14. El 14 de diciembre de 1990 el Estado emitió el Decreto No. 3030/90 “por
medio del cual se establecen los requisitos para la rebaja de penas por confesión de
delitos cometidos hasta el 5 de septiembre de 1990”38.
35
Cfr. Decreto No. 0815 de abril 19 de 1989 "por el cual se suspenden algunas normas
incompatibles con el estado de sitio” (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo
I, anexo 2.10, folio 909).
Cfr. Decreto No. 1194 de 8 de junio de 1989, “por el cual se adiciona el Decreto legislativo No. 180
de 1988, para sancionar nuevas modalidades delictivas, por requerirlo el restablecimiento del orden público”
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo I, anexo 2.11, folio 911), y Decreto
No. 2266 de 4 de octubre de 1991, “Por el cual se adoptan como legislación permanente unas
disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades del Estado de Sitio” (expediente de anexos a la
contestación de la demanda, folio 1764).
36
Cfr. Decreto No. 1685 de 31 de julio de 1990 "por el cual se derogan los Decretos legislativos
Nos. 678 y 769 de 1988” (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo I, anexo
2.12, folio 913).
37
Cfr. Decreto No. 3030/90 de 14 de diciembre de 1990, “por medio del cual se establecen los
requisitos para la rebaja de penas por confesión de delitos cometidos hasta el 5 de septiembre de 1990”.
38
47
95.15 El 4 de octubre de 1991 se emitió el Decreto No. 2266 “por el cual se adoptan
como legislación permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las
facultades de estado de sitio”, a saber los Decretos legislativos Nos. 3664 de 1986,
1198 de 1987, 1631 de 1987, 180 de 1988, 2490 de 1988, 1194 de 1989, 1856 de
1989, 1857 de 1989, 1858 de 1989, 1895 de 1989, 2790 de 1990 y 099 de 199139.
95.16 El 17 de diciembre de 1993 se emitió el Decreto No. 2535 “por el cual se
expiden normas sobre armas, municiones y explosivos”40.
95.17 El 11 de febrero de 1994 el Estado emitió el Decreto No. 356/94 “por el cual
se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”41.
95.18 El 26 de diciembre de 1997 el Estado emitió la Ley 418 “por la cual se
consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la
justicia y se dictan otras disposiciones”. Esta ley fue prorrogada mediante la Ley 548
de 23 de diciembre de 1999 y la Ley 782 de 23 de diciembre de 200242. El Estado
reglamentó la citada Ley en varias ocasiones, a saber: el 22 de enero de 2003 a
través del Decreto No. 12843, el 24 de noviembre de 2003 a través del Decreto No.
336044, y el 31 de agosto de 2004 el Estado a través del Decreto No. 276745.
39
Cfr. Decreto No. 2266 de 4 de octubre de 1991 “por el cual se adoptan como legislación
permanente unas disposiciones expedidas en ejercicio de las facultades de estado de sitio” (expediente de
anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo I, anexo 2.13, folio 914).
40
Según su artículo 1 expresa que dicho decreto ”tiene por objeto fijar normas y requisitos para la
tenencia y el porte de armas, municiones explosivos y sus accesorios […]; señalar el régimen de […]
servicios de vigilancia y seguridad privada”. En su artículo 9 dispone que “las armas de uso restringido son
armas de guerra o de uso privativo de la Fuerza Pública, que de manera excepcional, pueden ser
autorizadas con base en la facultad discrecional de la autoridad competente, para defensa personal
especial”. Cfr. Decreto No. 2535 emitido el 17 de diciembre de 1993 “por el cual se expiden normas sobre
armas, municiones y explosivos”.
41
Su artículo 1 expresa que dicho decreto “tiene por objeto establecer el estatuto para la prestación
por particulares de servicios de vigilancia y seguridad privada”. En su artículo 39 prevé la dotación con
“armas de fuego de uso restringido” y la actuación “con técnicas y procedimientos distintos de los
establecidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada”. Cfr. Decreto No. 356/94 emitido el 11
de febrero de 1994 “por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”.
42
Cfr. Ley 418 emitida el 26 de diciembre de 1997 “por la cual se consagran unos instrumentos
para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”; Ley 548 de
23 de diciembre de 1999 “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre
de 1997 y se dictan otras disposiciones”, y Ley 782 de 23 de diciembre de 2002 “por medio de la cual se
prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se
modifican algunas de sus disposiciones”.
43
Dicho decreto establece “beneficios jurídicos socioeconómicos” y de otra índole para los
“organizaciones armadas al margen de la ley” que se hayan sometido al programa de desmovilización. El
artículo 13 del Decreto contempla que “tendrán derecho al indulto, suspensión condicional de la ejecución
de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o la resolución inhibitoria, según
el estado del proceso, los desmovilizados que hubieren formado parte de organizaciones armadas al
margen de la ley, respecto de los cuales el Comité Operativo para la Dejación de las Armas –CODA–
expida la certificación”. A su vez, el artículo 21 de dicho Decreto excluye del goce de estos beneficios a
“quienes estén siendo procesados o hayan sido condenados por delitos que de acuerdo a la Constitución
Política, a la ley o a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia no puedan recibir esta
clase de beneficios. Cfr. Decreto No. 128 emitido el 22 de enero de 2003, “por el cual se reglamenta la
ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de
reincorporación a la sociedad civil”.
44
De acuerdo con uno de sus considerandos “es necesario fijar condiciones de procedimiento
específicas para facilitar la desmovilización colectiva de grupos armados organizados al margen de la ley,
en el marco de acuerdos con el Gobierno Nacional”. Cfr. Decreto No. 3360 emitido el 24 de noviembre de
2003 “por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y
por la Ley 782 de 2002”.
48
95.19 El 25 de febrero de 2000 se emitió el Decreto No. 324 “Por el cual se crea el
Centro de coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensas ilegales y
demás grupos al margen de la ley”46.
95.20 El 22 de junio de 2005 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley
No. 975, llamada “Ley de Justicia y Paz”, “por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley,
que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan
otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, la cual fue sancionada y publicada
el 25 de julio de 200547.
Respecto del contexto histórico de Pueblo Bello y al momento de la masacre
95.21 El corregimiento de Pueblo Bello era un caserío dedicado mayormente a la
agricultura, situado al suroeste de la ciudad de San Pedro de Urabá y al noreste de la
ciudad de Turbo, ubicado en el municipio del mismo nombre, que se encuentra en el
Urabá antioqueño, zona que forma la parte oeste del Departamento de Antioquia.
Dicho Departamento limita con los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar,
Santander, Boyacá, Caldas, Risaralda y Chocó48.
95.22 En los años cincuenta se construyó una carretera al mar, mediante la cual se
comunicó a Medellín con el golfo de Urabá. Dicha carretera conllevó la valorización
de las tierras de la región y la convergencia de las fuerzas económicas – madera,
ganado y banano – que determinarían la estructura económica de Urabá y, en
consecuencia, su situación política y social. Los negociantes de tierra y ganado
adquirieron los predios y desplazaron a los campesinos, lo cual llevó al crecimiento
de la ganadería en esta región49.
45
De acuerdo con uno de sus considerandos “es necesario fijar condiciones, que de manera precisa y
clara, permitan establecer competencias, asignar funciones y desarrollar los procedimientos para acceder
a los beneficios a que se refiere la Ley [418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y
la Ley 782 de 2002], una vez iniciado el proceso de desmovilización voluntaria”. Cfr. Decreto No. 2767
emitido el 31 de agosto de 2004 “por el cual se reglamenta la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada
por la Ley 548 de 1999 y la Ley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la vida civil”.
46
Cfr. Decreto No. 324 emitido el 25 de febrero de 2000 “por el cual se crea el Centro de
coordinación de la lucha contra los grupos de autodefensas ilegales y demás grupos al margen de la ley.”
47
Cfr. Ley 975 emitida el 25 de julio de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la
reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos
humanitarios”.
48
Cfr. declaración jurada rendida por el perito Alfredo Molano Bravo el 22 de agosto de 2005
(expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folio 2671); mapa político
de Colombia. Ubicación geográfica de la zona del Urabá Antioqueño; Mapa del Urabá Antioqueño. División
por zonas (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexos 1.1 y 1.2, folios 785 y
786); testimonio rendido ante la Corte Interamericana por el señor Rubén Díaz Romero durante la
audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de 2005, y declaraciones rendidas ante fedatario público
(affidávit) por la señora María Cecilia Ruiz de Álvarez y los señores Eliécer Manuel Meza Acosta, Venidlo
José Ricardo Herrera, Pedro Luis Escobar Duarte y Euclides Manuel Calle Álvarez (expediente sobre
declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folios 2703, 2713, 2715, 2720 y 2729).
49
Cfr. declaración jurada rendida por el perito Alfredo Molano Bravo el 22 de agosto de 2005
(expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folios 2671 y 2672).
49
95.23 Durante el período comprendido entre 1960 y 1990, con la llegada a Urabá
de una gran empresa bananera en los años sesenta, la vía entre Chigorodó y Turbo
se convirtió en el muy rentable llamado ‘Eje Bananero’. Con esto, los ganaderos que
habían adquirido tierras en los años cincuenta y que no se convirtieron en
empresarios agrícolas, tuvieron que migrar con su ganado a zonas limítrofes con el
Eje, causando nuevos conflictos de tierras. El crecimiento de Pueblo Bello y San
Pedro de Urabá, entre otros, fue uno de los resultados de este período50.
95.24 Frente a este desarrollo surgieron, en los años setenta, algunas corrientes
políticas campesinas que pretendían llevar a cabo una reforma agraria y reclamaban
una mejora de los servicios públicos por parte del Estado, y que recurrieron a la
invasión de grandes latifundios. Por otra parte, las demandas populares fueron
respaldadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante
“FARC”) y el Ejército de Liberación Popular (en adelante “ELP”), para quienes esta
región era de gran importancia estratégica, ya que además de ser una zona donde
cobraban “impuestos de guerra” a los comerciantes y ganaderos, constituía un
corredor hacia el Eje Bananero, donde la guerrilla tenía gran influencia sindical y
política51.
95.25 Como reacción a la insurgencia guerrillera, el paramilitarismo se extendió a la
región de Urabá. Fidel Castaño Gil, líder de grupos paramilitares en esta región, era
un importante hacendado y ganadero en el municipio de Valencia en el occidente de
Córdoba, donde tenía varias fincas, entre éstas “Las Tangas”52.
95.26 A su vez, ante la fuerza alcanzada por las guerrillas, así como ante la
agitación social y política, y la declaración de paros cívicos y laborales, el gobierno
creó en 1988 la Brigada XI en Montería, la Brigada Móvil Número Uno y la Jefatura
Militar de Urabá (supra párr. 95.6)53.
95.27 Entre 1988 y 1990 hubo más de veinte masacres de campesinos y
sindicalistas cometidas por paramilitares. En el mismo lapso, Fidel Castaño llevó a
cabo varias masacres desde sus propiedades54.
95.28 Las instalaciones militares en los alrededores de Pueblo Bello consistían en un
retén en la vía que conduce de Pueblo Bello a San Pedro de Urabá, y en la base
militar de San Pedro de Urabá; esta última perteneciente al Batallón de Infantería
No. 32 "Francisco de Paula Vélez" con sede en Carepa, Antioquia. A su vez, existían
tanto el Batallón de Infantería "Francisco de Paula Vélez" con sede en San Pedro de
Urabá, como el Batallón Voltígeros con sede en Carepa. Por otro lado, existía un
50
Cfr. declaración jurada rendida por el perito Alfredo Molano Bravo el 22 de agosto de 2005
(expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folio 2672).
51
Cfr. declaración jurada rendida por el perito Alfredo Molano Bravo el 22 de agosto de 2005
(expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folios 2674 y 2675).
52
Cfr. declaración jurada rendida por el perito Alfredo Molano Bravo el 22 de agosto de 2005
(expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folios 2673 y 2674).
53
Cfr. declaración jurada rendida por el perito Alfredo Molano Bravo el 22 de agosto de 2005
(expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folio 2675).
54
Cfr. declaración jurada rendida por el perito Alfredo Molano Bravo el 22 de agosto de 2005
(expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folio 2675), e informe
rendido por la Dirección General de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el
12 de septiembre de 1990 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 5.2, folios
1534 a 1547).
50
Comando de Policía con sede en San Pedro de Urabá, cuyo Departamento se
encontraba ubicado en Carepa55.
95.29 Dado que tanto la guerrilla como el Estado usaron a la población civil para
respaldar acciones militares, ésta se convirtió en uno de los objetivos centrales de la
confrontación56.
Los hechos de enero de 1990
95.30 Entre el 13 y 14 de enero de 1990 un grupo de aproximadamente 60 hombres
fuertemente armados, pertenecientes a una organización paramilitar creada por Fidel
Antonio Castaño Gil denominada "los tangueros" por la relación de éstos con su finca
“Las Tangas”, salieron de la finca "Santa Mónica" de su propiedad, ubicada en el
municipio de Valencia, Departamento de Córdoba. Su propósito era realizar un
ataque en el corregimiento de Pueblo Bello, para secuestrar a un grupo de individuos
presuntamente colaboradores de la guerrilla con base en una lista de la que eran
portadores57.
95.31 La motivación personal de Fidel Castaño para realizar dicho ataque habría
sido que a finales de diciembre de 1989 la guerrilla habría robado varias cabezas de
ganado de su propiedad y las habrían transportado a través de Pueblo Bello hacia
otra localidad. En razón de este hecho, Fidel Castaño habría considerado que los
habitantes de Pueblo Bello fueron autores o cómplices de dicho robo. Además, en
fecha no determinada el “mayordomo” de la finca “Las Tangas” habría sido asesinado
en la plaza de Pueblo Bello58.
55
Cfr. sentencia de 31 de julio de 2000 emitida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación en la investigación radicada
bajo el No. 008-120607 (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo C-10, folios 664 y 670);
sentencia de 9 de febrero de 2001 emitida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación
(expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, anexo 2, folio 1740), y mapa titulado
“Bases Militares Urabá Antioqueño (1990)” (expediente de documentos recibidos durante la audiencia
pública, folio 2749).
56
Cfr. declaración jurada rendida por el perito Alfredo Molano Bravo el 22 de agosto de 2005
(expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folio 2674).
57
Cfr. sentencia ordinaria emitida de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de
Medellín (expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folios 344, 364, 365 y 389),
sentencia de 30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional (expediente de
anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folios 419, 450 y 463); sentencia de casación de 8 de
marzo de 2001 emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (expediente de
anexos a la demanda, tomo II, anexo C4, folios 482 y 504); sentencia de 9 de febrero de 2001 emitida
por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría Genera de la Nación (expediente de anexos al escrito de
contestación de la demanda, folio 1739); testimonio del señor Ángel Emiro Jiménez Romero rendido ante
la Corte Interamericana durante la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de 2005, y
declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por los señores Eliécer Manuel Meza Acosta,
Benildo José Ricardo Herrera, Manuel Dolores López Cuadro y Robinson Petro Pérez y por las señoras
María Cecilia Ruiz de Álvarez y Edilma de Jesús Monroy Higuita el 16 de agosto de 2005 (expediente sobre
declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folios 2701, 2711, 2738, 2742, 2716, 2725).
58
Cfr. sentencia ordinaria emitida de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de
Medellín (expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folio 389); informe de
“Apoyo Investigativo” de 6 de octubre de 2004, emitido por el Cuerpo Técnico de Investigación de la
Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (expediente de prueba para
mejor resolver presentada por el Estado, folios 5683 a 5689); testimonio del señor Rubén Díaz Romero
rendido ante la Corte Interamericana durante la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de 2005,
y declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por los señores Eliécer Manuel Meza Acosta,
Pedro Luis Escobar Duarte y Euclides Manuel Calle Álvarez y por las señoras María Cecilia Ruiz de Álvarez
51
95.32 El 14 de enero de 1990, entre las 20:30 y las 22:50 horas de la noche,
incursionó violentamente en el corregimiento de Pueblo Bello dicho grupo de
paramilitares, en dos camiones marca Dodge-600, aparentemente hurtados,
divididos en cuatro grupos. Cada grupo estaba al mando de un “jefe de comisión” y
tenía funciones específicas: ocupar el centro de la población y “capturar” a las
personas “sospechosas”; cubrir las vías de escape aledañas a Pueblo Bello; y
bloquear las vías que de Pueblo Bello conducen a Turbo y a San Pedro de Urabá.
Dichos paramilitares portaban armas de fuego de diferente calibre, vestían de civil,
así como prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, y llevaban en el cuello
trapos rojos y rosados59.
95.33 Los paramilitares saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus ocupantes y
sacaron de sus casas a un número indeterminado de hombres, a quienes llevaron a
la plaza del pueblo. Asimismo, algunos miembros del grupo armado ingresaron a la
iglesia ubicada frente a dicha plaza, donde ordenaron a las mujeres y niños que
permanecieran en el interior y a los hombres que salieran y se dirigieran a la plaza.
Allí los colocaron boca abajo en el suelo y, lista en mano, escogieron a 43 hombres
que fueron amarrados, amordazados y obligados a abordar los dos camiones
utilizados para el transporte de los paramilitares60.
y Edilma de Jesús Monroy Higuita el 16 de agosto de 2005 (expediente sobre declaraciones rendidas o
autenticadas ante fedatario público, folios 2701, 2723, 2726, 2716 y 2730).
59
Cfr. resolución de 27 de noviembre de 1991 emitida por la Procuraduría Delegada para la
Defensa de los Derechos Humanos (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo 1, folio
1685), sentencia de 9 de febrero de 2001 emitida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la
Nación (expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, anexo 2, folio 1739); sentencia
de 30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional (expediente de anexos al
escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folio 450); sentencia ordinaria emitida de 26 de mayo de 1997
emitida por el Juzgado Regional de Medellín (expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II,
anexo C2, folios 344, 364, 365 y 389); sentencia de 30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de
Decisión del Tribunal Nacional (expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folios
419, 450, 451 y 463); sentencia de casación de 8 de marzo de 2001 emitida por la Sala de Casación Penal
de la Corte Suprema de Justicia (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo C4, folio 482);
informe rendido por la Dirección General de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) el 12 de septiembre de 1990 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo
5.2, folios 1535 y 1536); testimonios de los señores Ángel Emiro Jiménez Romero y Mariano Manuel
Martínez rendidos ante la Corte Interamericana durante la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre
de 2005, y declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por los señores Eliécer Manuel Meza
Acosta, Benildo José Ricardo Herrera, Manuel Dolores López Cuadro y Robinson Petro Pérez y por las
señoras María Cecilia Ruiz de Álvarez, Leovigilda Villalba Sánchez y Edilma de Jesús Monroy Higuita el 16
de agosto de 2005 (expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folios
2700, 2701, 2705, 2711, 2738, 2742, 2716, 2725 y 2741).
60
Cfr. sentencia ordinaria emitida de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de
Medellín (expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folio 344, 345 y 389),
sentencia de 30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional (expediente de
anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folios 419, 451 y 463); resolución de 27 de
noviembre de 1991 emitida por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo 2, folio 1685), sentencia de 9 de febrero
de 2001 emitida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación (expediente de anexos al
escrito de contestación de la demanda, folio 1739); testimonio de los señores Mariano Manuel Martínez y
Ángel Emiro Jiménez Romero rendidos ante la Corte Interamericana durante la audiencia pública
celebrada el 19 de septiembre de 2005, y declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits) por las
señoras Leovigilda Villalba Sánchez, María Cecilia Ruiz de Álvarez y Edilma de Jesús Monroy Higuita, y por
los señores Eliécer Manuel Meza Acosta y Benildo José Ricardo Herrera el 16 de agosto de 2005
(expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folios 2700, 2701, 2705,
2710, 2711, 2716 y 2725).
52
95.34 Por otra parte, algunos de los paramilitares incendiaron un establecimiento
comercial y una vivienda, presuntamente propiedad del sujeto de nombre
"Asdrúbal", a quien no habían logrado capturar61.
95.35 Fueron secuestradas las siguientes personas: José del Carmen Álvarez
Blanco, Fermín Agresott Romero, Víctor Argel Hernández, Genor Arrieta Lora,
Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Diómedes Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco,
Jorge Fermín Calle Hernández, Jorge Arturo Castro Galindo, Benito Genaro Calderón
Ramos, Juan Miguel Cruz (o Cruz Ruiz), Ariel Dullis Díaz Delgado, Camilo Antonio
Durango Moreno, César Augusto Espinoza Pulgarín, Wilson Uberto Fuentes Miramón,
Andrés Manuel Flórez Altamiranda, Santiago Manuel González López, Carmelo
Manuel Guerra Pestana, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Lucio Miguel Úrzola Sotelo,
Ángel Benito Jiménez Julio, Miguel Ángel López Cuadro, Mario Melo Palacio, Carlos
Antonio Melo Uribe, Juan Bautista Meza Salgado, Pedro Antonio Mercado Montes,
Manuel de Jesús Montes Martínez, José Encarnación Barrera Orozco, Luis Carlos
Ricardo Pérez, Miguel Antonio Pérez Ramos, Raúl Antonio Pérez Martínez, Benito José
Pérez Pedroza, Elides Manuel Ricardo Pérez, José Manuel Petro Hernández, Luis
Miguel Salgado Berrío, Célimo Arcadio Hurtado, Jesús Humberto Barbosa Vega,
Andrés Manuel Peroza Jiménez, Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel Escobar
Duarte, Ovidio Carmona Suárez, Ricardo Bohórquez Pastrana y Jorge David Martínez
Moreno. De éstos, los 37 primeros se encuentran desaparecidos. Por su parte, los
señores Andrés Manuel Peroza Jiménez, Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel
Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez, Ricardo Manuel Bohórquez Pastrana y Jorge
David Martínez Moreno fueron privados de su vida (infra párr. 95.75). A su vez,
Manuel de Jesús Montes Martínez, José Encarnación Barrera Orozco y Miguel Antonio
Pérez Ramos eran niños al momento de los hechos62.
95.36 Los dos camiones, con las personas secuestradas, salieron de Pueblo Bello
aproximadamente a las 23:30 horas y se desplazaron nuevamente hacia la finca
“Santa Mónica” por el camino que comunica Pueblo Bello con San Pedro de Urabá en
una zona declarada “de emergencia y de operaciones militares”63.
61
Cfr. sentencia ordinaria emitida de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de
Medellín (expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folio 344, 345 y 365), y
sentencia de 30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional (expediente de
anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folio 450).
62
Cfr. sentencia ordinaria de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de Medellín
(expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folios 393, 396 y 397); sentencia de
30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional (expediente de anexos al
escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folios 440 y 443); sentencia de 9 de febrero de 2001 emitida
por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación (expediente de anexos al escrito de
contestación de la demanda, anexo 2, folios 1739 y 1740); comunicación "Concepto Precalificatorio" de 17
de octubre de 1995 dirigida por la Procuraduría en lo Judicial Penal a la Fiscalía Regional de Medellín
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 6419 a 6420); certificados de
nacimiento de Manuel de Jesús Montes Martínez y José Encarnación Barrera Orozco (expediente de prueba
para mejor resolver presentada por el Estado y por los representantes, folios 968 y 2697), y partida de
bautismo de Miguel Antonio Pérez Ramos (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos,
tomo III, folio 1122).
63
Cfr. sentencia ordinaria emitida de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de
Medellín (expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folio 365); sentencia de 30
de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional (expediente de anexos al
escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folios 450 y 451); sentencia de casación de 8 de marzo de
2001 emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (expediente de anexos a la
demanda, tomo II, anexo C4, folio 482); informe rendido por la Dirección General de Inteligencia del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el 12 de septiembre de 1990 (expediente de anexos al
escrito de solicitudes y argumentos, anexo 5.2, folio 1536); Decreto No. 0678 de 4 de abril de 1988, por
el cual "se dictan medidas conducentes al restablecimiento del orden público en la zona del Urabá
53
95.37 El retén ubicado entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá tenía por función
controlar el tránsito de vehículos y personas. La requisa consistía en solicitar los
documentos de identidad a los transeúntes, revisar los vehículos, sus ocupantes y
carga y de todo tipo de tránsito durante los paros armados. Cuando se declaraba un
paro armado los retenes militares de la zona funcionaban de seis de la mañana a
seis de la tarde y luego de esa hora se cerraba el paso a todo vehículo hasta el día
siguiente64.
95.38 Aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del 15 de enero de 1990,
llegaron a la finca “Santa Mónica”, donde fueron recibidos por Fidel Castaño Gil,
quien ordenó que los individuos secuestrados fueran conducidos hasta una playa del
río Sinú, ubicada en la finca “Las Tangas”. Una vez allí, Fidel Castaño Gil dispuso
retirar los camiones y que los detenidos fueran divididos en dos grupos de tres a
cinco personas para interrogarlos “sobre un ganado que se le había perdido días
antes [...] y sobre la muerte de Humberto Quijano [...]”65.
95.39 Durante dichos interrogatorios, a algunos de los secuestrados les cortaron las
venas, las orejas, los órganos genitales o les "chuzar[on]" los ojos66.
95.40 Como resultado de esos primeros actos, habrían perdido la vida 20 personas.
Los sobrevivientes habrían sido trasladados a una arboleda para evitar que fueran
vistos. Alrededor de las siete de la mañana del 15 de enero de 1990, Fidel Castaño
Gil procedió personalmente con el interrogatorio; los sobrevivientes habrían sido
"golp[eados] a patadas y puñetazos", hasta su muerte67.
95.41 Posteriormente, los paramilitares trasladaron los cadáveres a las fincas “Las
Tangas”. Cerca de 22 cadáveres fueron transportados hacia otra playa del Río Sinú
en la misma finca "Las Tangas", donde habrían sido enterrados68. No obstante, a la
Antioqueño" (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo I, anexo 2.5, folio 898), y
testimonio del señor Ángel Emiro Jiménez Romero rendido ante la Corte Interamericana durante la
audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de 2005.
64
Cfr. testimonios de los señores Mariano Martínez, Ángel Emiro Jiménez y Rubén Díaz Romero, así
como de la señora Nancy Guerra rendidos ante la Corte Interamericana durante la audiencia pública
celebrada el 19 de septiembre de 2005.
65
Cfr. sentencia ordinaria emitida de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de
Medellín (expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folio 365); sentencia de 30
de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional (expediente de anexos al
escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folios 451 y 452), e informe rendido por la Dirección General
de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el 12 de septiembre de 1990
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 5.2, folio 1537).
66
Cfr. sentencia de 30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional
(expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folio 452), y sentencia ordinaria
emitida de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de Medellín (expediente de anexos al
escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folio 365).
67
Cfr. sentencia de 30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional
(expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folios 452 y 453).
68
Cfr. sentencia ordinaria emitida de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de
Medellín (expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folio 345) y sentencia de 30
de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional (expediente de anexos al
escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folios 420 y 452); sentencia de casación de 8 de marzo de
2001 emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (expediente de anexos a la
demanda, tomo II, anexo C4, folio 482), e informe rendido por la Dirección General de Inteligencia del
54
fecha de la presente Sentencia no se conoce el paradero de 37 de las presuntas
víctimas (supra párr. 95.35).
95.42 En la mañana del 15 de enero de 1990 varios familiares de las personas
secuestradas se dirigieron a la base militar de San Pedro de Urabá con el fin de
obtener información sobre el paradero de los desaparecidos. En la base fueron
recibidos por el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido, quien les indicó que los
camiones que transportaban a las personas retenidas en Pueblo Bello no habían
pasado por el retén militar y mencionó que los pobladores de Pueblo Bello
“cambiaron gente por ganado”. Los familiares de las presuntas víctimas recibieron
poca ayuda de las autoridades en la búsqueda de los desaparecidos69.
95.43 Aproximadamente una semana después de ocurridos los hechos, algunos
familiares de las personas desaparecidas, acompañados por personal de la
Procuraduría, revisaron la base militar para verificar si los secuestrados se
encontraban allí, pero no encontraron a nadie70.
95.44 Ocho días después de los hechos, hombres vestidos de militar,
supuestamente provenientes de la base militar de Carepa, llegaron a Pueblo Bello en
helicóptero y, con base en una lista, repartieron sobres con 50.000,00 pesos entre
familiares de las personas desaparecidas pero muchas de ellas no los recibieron71.
En relación con las actuaciones de investigación y los procedimientos judiciales y
administrativos realizados a nivel interno
Jurisdicción penal militar
95.45 El 24 de enero de 1990 el Distrito Especial de Urabá No. 9 del Departamento
de Policía de Antioquia informó a los técnicos investigadores de la Procuraduría
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el 12 de septiembre de 1990 (expediente de anexos al
escrito de solicitudes y argumentos, anexo 5.2, folio 1537).
69
Cfr. sentencia de 31 de julio de 2000 emitida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación (expediente de anexos a la
demanda, tomo II, anexo C10, folio 662); testimonios de los señores Rubén Díaz Romero, Mariano Manuel
Martínez, Ángel Emiro Jiménez Romero y José Daniel Álvarez y de la señora Blanca Libia Moreno Cossio
rendidos ante la Corte Interamericana durante la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de
2005, y declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por los señores Eliécer Manuel Meza
Acosta, Genaro Benito Calderón Ruiz, Manuel Dolores López Cuadro, Euclides Manuel Calle Álvarez y
Benildo José Ricardo Herrera, así como por las señoras Leovigilda Villalba Sánchez, María Cecilia Ruiz de
Álvarez y Edilma de Jesús Monroy Higuita (expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante
fedatario público, folios 2701, 2704, 2706, 2704, 2712, 2719, 2726, 2730, 2735, 2739).
70
Cfr. testimonio del señor Mariano Manuel Martínez rendido ante la Corte Interamericana durante
la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de 2005, y declaraciones rendidas ante fedatario
público (affidávit) por el señor Eliécer Manuel Meza Acosta y por la señora Leovigilda Villalba Sánchez
(expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folios 2701, 2706 y
2707).
71
Cfr. testimonios de los señores Mariano Manuel Martínez y Ángel Emiro Jiménez Romero rendidos
ante la Corte Interamericana durante la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de 2005, y
declaración rendida ante fedatario público (affidávits) por la señora Leovigilda Villalba Sánchez el 16 de
agosto de 2005 (expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folio
2707).
55
Nacional que había dado aviso a la Jefatura Civil y Militar de Urabá sobre los hechos
acaecidos en Pueblo Bello72.
95.46 El 30 de enero de 1990 el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar dispuso
abrir una indagación preliminar “con el fin de determinar si hubo violación de la ley
penal por parte de las tropas acantonadas en San Pedro de Urabá”73.
95.47 Entre el 30 de enero y el 3 de abril de 1990 el Juzgado 21 de Instrucción
Penal Militar llevó a cabo diligencias probatorias, principalmente recepción de
declaraciones, tendientes a determinar la posible conducta omisiva de miembros de
las Fuerzas Militares en los hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, así como a
determinar la existencia de “trochas carreteables” por las cuales se podía haber
evitado el paso por el retén militar74.
95.48 El 20 de abril de 1990 el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar resolvió:
Abstenerse de abrir la correspondiente investigación penal por presuntas irregularidades
en que haya podido incurrir algún miembro de la Compañía orgánica del Batallón de
Infantería No. 32 "Francisco de Paula Vélez" [...]
Compulsar copia de la publicación del periódico El Espectador sobre la entrevista de
MARIANO VALENZUELA AGUILAR, de las declaraciones de los particulares ABEL
ANTONIO LARA QUEVEDO y DIVA DEL SOCORRO ARROYO BLANCO y del Teniente de la
Policía EVELIO MONTAÑA PERDOMO, al Juzgado de Instrucción Criminal de Reparto,
para que se investigue el presunto falso testimonio en que incurrió el edil VALENZUELA
AGUILAR75.
[Dicho Juzgado hizo las siguientes consideraciones: Se deduce que al haber pasado los
camiones desocupados por el retén de San Pedro de Urabá a Pueblo Bello, éstos
pudieron ser hurtados por el grupo paramilitar de Fidel Castaño o alguna columna
subversiva, y luego de perpetrar el secuestro de los campesinos, éstos pudieron llegar a
algún camino determinado pasando la gente haciendo uso de algún otro medio de
transporte y regresando los vehículos por el retén desocupados, ya que los que son
conocedores de la región, manifiestan que no hay caminos carreteables sino trochas...]
El [juzgado se abstiene de abrir la correspondiente investigación penal, ya que se
establece que ningún miembro militar de la compañía acantonada incurrió en alguna
conducta punible...]
95.49 El 21 de agosto de 1990 se publicó una nota periodística en un periódico
nacional sobre la participación de militares en algunas masacres. En dicha nota se
72
Cfr. oficio de 24 de enero de 1990 emitido por el Distrito Especial de Urabá No. 9 del
Departamento de Policía de Antioquia, dirigido a los técnicos investigadores de la Procuraduría Nacional
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 7083 a 7084).
73
Cfr. resolución de 30 de enero de 1990 emitida por el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 7227).
74
Cfr. declaraciones rendidas ante el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar por los militares Álvaro
Gómez Luque, Néstor Barrera Vega, Manuel José de la Cruz, Gabriel Jaime Espitia, Jorge Humberto Ochoa
Álvarez, Elmer de Jesús Ospina Bedoya, José Julian Rodríguez Tamayo, Luis Hames Trujillo García,
Humberto Gutiérrez Grajales, John Salgar Castaño, Omai Vergara Atehortua y Edwin Cardona Patiño;
declaración del policía Evelio Montaña Perdomo; y declaraciones de los particulares Julio Sánchez Sánchez,
Rosa Helena Orozco Jiménez, Rosmira Mendoza Restrepo, José Guerrero Palacio, José Freddy Hincapié
Careth, Marino Valenzuela Aguilar, Abel Antonio Lara Quevedo y Diva del Socorro Arroyo Blanco
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 7228 a 7269).
75
Cfr. resolución de 18 de agosto de 1990 emitida por el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, folios 1755a a 1755e).
56
citó una carta de un suboficial de nombre Silva, responsable de un retén en Puerto Bello,
provincia de Urabá (noroeste de Colombia), en la que el militar declara que sus
superiores le ordenaron que saliera de la zona, donde después se encontraron los
cuerpos de 42 campesinos en la finca de un traficante de droga [...]Según la carta del
suboficial Silva, fechada 14 de enero [de 1990], esos campesinos 'debieron pasar
obligatoriamente por el retén'76.
95.50 El 28 de agosto de 1990 el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar, con base
en un oficio y en una nota de prensa de 21 de agosto de 1990, resolvió:
PRIMERO: REVOCAR el auto de fecha veinte (20) de abril de mil novecientos noventa
(1990).
SEGUNDO: Practíquense todas las diligencias a que haya lugar tendientes al
esclarecimiento de los hechos y a determinar el mérito de la posible apertura de la
investigación77.
95.51 El 8 de noviembre de 1990 el CP. Edison Silva Molina rindió declaración ante
el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar78.
95.52 El 13 de noviembre de 1990 el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar
resolvió:
PRIMERO: Abstenerse de abrir investigación penal por cuanto el hecho que se investiga
no ha sido cometido por ningún militar [...]79
[Consideró que la declaración de Silva no aporta ningún elemento de valor que permita
continuar las diligencias]
95.53 El 9 de marzo de 1994 el Comandante del Ejército Nacional dirigió un oficio al
Comandante de la Decimoséptima Brigada de Carepa en Antioquia, mediante el cual
manifestó que
[a] fin de que se adelante la correspondiente investigación a que haya lugar, adjunto
envío a ese Comando las diligencias, junto con la Resolución No. 006 del 27-NOV-91,
emitida por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, así
como el auto de la Fiscalía Regional Delegada de Medellín, de fecha 04-FEB-94, para que
se establezca la responsabilidad penal del personal militar que para el día 14-ENE-90
integraba un retén, vía a San Pedro de Urabá, el cual permitió el paso de dos camiones
hurtados de placas IB-3544 y UU-0783, con cuarenta y tres campesinos secuestrados y
conducidos desde el Corregimiento de Pueblo Bello Municipio de Turbo, por un grupo
armado de aproximadamente treinta hombres, facilitándoles así con la omisión, la
desaparición de los secuestrados […]80
95.54 El 23 de marzo de 1994 la Ayudantía del Comando de la Decimoséptima
76
Cfr. nota de prensa de 21 de agosto de 1990 (expediente de prueba para mejor resolver
presentada por el Estado, folio 6479).
77
Cfr. resolución de 28 de agosto de 1990 emitida por el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, folio 1755g).
78
Cfr. declaración rendida por Edinson Silva Molina ante el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar
el 8 de noviembre de 1990 (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio
6483).
79
Cfr. resolución de 13 de noviembre de 1990 emitida por el Juzgado 21 de Instrucción Penal
Militar (expediente de anexos a la contestación de la demanda, folios 1756 a 1757).
80
Cfr. oficio de 9 de marzo de 1994 dirigido por el Comandante del Ejército General al señor
Brigadier General Comandante de la Décima Séptima Brigada, Carepa, Antioquia (expediente de prueba
para mejor resolver presentada por el Estado, folio 6804).
57
Brigada recibió las copias referidas en la comunicación de 9 de marzo de 1994 (supra
párr. 95.53). Dicho Comando las remitió al Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar
para que “adelant[ara] la correspondiente investigación a que [hubiere] lugar.”81
95.55 El 11 de septiembre de 1995 el Juzgado 21 de Instrucción Penal Militar
resolvió "abstenerse de abrir investigación [...] por no haberse establecido infracción
a la ley penal". Esta decisión se fundamentó en las diligencias que obraban en el
expediente correspondiente a la investigación adelantada por la Procuraduría General
de la Nación y que en su opinión existían “varias alternativas que permitían a los
bandidos desviarse por otras carreteras para elud[i]r el control militar”82.
Jurisdicción Penal Ordinaria
a)
Primeras diligencias de carácter investigativo y actuaciones de
órganos administrativos y jurisdiccionales
95.56 El 15 de enero de 1990, luego de haberse dirigido a la base militar de San
Pedro de Urabá con el fin de obtener información sobre el paradero de las presuntas
víctimas hasta ese momento desaparecidas (supra párr. 95.35), algunos de sus
familiares denunciaron los hechos ocurridos en Pueblo Bello ante el Municipio de
Turbo. En consecuencia, la Personería Municipal ordenó la remisión de copia de las
actuaciones a los Jueces de Instrucción Criminal radicados en Turbo y a la
Procuraduría Regional de Apartadó83.
95.57 El 15 de enero de 1990 el Secretario de Gobierno del Departamento de
Antioquia remitió un informe de orden público a la Gobernadora de dicho
Departamento, mediante el cual informó, con base en “información […] recibida del
Alcalde del Municipio de Turbo”, sobre los hechos ocurridos el día anterior en Pueblo
Bello. Además, indicó que “había hablado telefónicamente con el General Clavijo[,
quien le] comunicó que se estaban adelantando las investigaciones pertinentes”.84
95.58 El 16 de enero de 1990 el Juzgado 65 de Instrucción Criminal de Turbo recibió
las actuaciones relacionadas con los hechos de Pueblo Bello, que le correspondieron
por reparto.
Dos días después, con base en la comunicación emitida por la
Personería Municipal de Turbo (supra párr. 95.56), ordenó la práctica de diligencias
preliminares "con el fin de establecer la existencia del hecho, aportar las pruebas
conducentes, y a lograr la individualización de todos y cada uno de los autores o
partícipes del hecho […]"85.
81
Cfr. nota de 23 de marzo de 1994 extendida por la Ayudantía del Comando de la Decimoséptima
Brigada de Carepa, Antioquia (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio
6805).
82
Cfr. resolución de 11 de septiembre de 1995 emitida por el Juzgado 21 de Instrucción Penal
Militar (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 6825 a 6828).
83
Cfr. informe secretarial de 15 de enero de 1990 emitido por la Personería Municipal de Turbo
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 6031 y 6032).
84
Cfr. nota de 15 de enero de 1990 emitida por el Secretario de Gobierno a la Gobernadora de
Antioquia (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 5.3, folios 1557 y 1558).
85
Cfr. constancia secretarial (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado,
folio 6171), y resolución de 18 de enero de 1990 emitida por el Juzgado 65 de Instrucción Criminal
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 6171).
58
95.59 El mismo 16 de enero de 1990 la Dirección Seccional de Instrucción Criminal
de Medellín remitió al Juzgado de Orden Público de reparto un informe de los sucesos
ocurridos en Pueblo Bello, emitido por la Secretaría de Gobierno del Departamento
de Antioquia (supra párr. 95.57), para que asumiera la investigación al respecto86.
95.60 El 17 de enero de 1990 la Alcaldía Municipal de Turbo emitió un comunicado a
la opinión pública que establecía, inter alia, que:
El Alcalde Municipal de Turbo se permite informar que el día domingo 15 de enero del
presente año […] un grupo de desconocidos […] incursionó violentamente en el
Corregimiento de Pueblo Bello […] secuestrando […] a 40 campesinos […] a quienes se
llevaron en dos caminos, por la vía que conduce al Municipio de San Pedro de Urabá […]
[…] se solicita la valiosa colaboración de la ciudadanía […] informando a la autoridades
de los hechos o pistas que puedan finalizar con el rescate de los […] desaparecidos, con
la plena seguridad de que se les garantizará la más absoluta reserva87.
95.61 El 17 de enero de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín
recibió las actuaciones relacionadas con los hechos de Pueblo Bello, que le fueron
remitidas por el Juzgado Primero de Orden Público de esa ciudad. Un día después, el
Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín dispuso la práctica de diligencias
preliminares para identificar o individualizar a los autores o partícipes del hecho
delictivo88.
95.62 El 23 de enero de 1990 el Jefe del Puesto Operativo de Apartadó del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (en adelante “DAS”) remitió un
oficio a la Visitaduría Delegada de Derechos Humanos y a la Procuraduría Regional
de la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual informó:
[en días anteriores, ni] en el corregimiento de Pueblo Bello, ni en ninguna otra
jurisdicción, [habían] adelantado operativos de ninguna naturaleza, por carecer de
medios de transporte, material de guerra, personal suficiente para tal fin; y que esta
zona (Pueblo Bello), se considera de alto riesgo y zona roja.
Esta Jefatura expidió misión No. 008 de fecha 15 de enero de 1990, tendientes a
investigar sobre la presunta desaparición o secuestro de las 39 personas en el
corregimiento de Pueblo Bello, con resultados negativos hasta el momento.
De igual forma, se ordenó despliegue de inteligencia, en los municipios de Apartadó y
Turbo, con iguales resultados […]89
95.63 El 29 de enero de 1990 el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial de la Seccional
de Instrucción Criminal del Departamento de Antioquia, con base en las
declaraciones de 29 testigos, informó a la Jueza Cuarta de Orden Público de Medellín
86
Cfr. oficio de 16 de enero de 1990 emitido por la Dirección Seccional de Instrucción Criminal de
Medellín (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 5931 a 5933).
87
Cfr. comunicado a la opinión pública emitido por la Alcaldía Municipal de Turbo de 17 de enero de
1990 (expediente de documentos recibidos durante la audiencia pública, folio 2750).
88
Cfr. constancia secretarial de 17 de enero de 1990 (expediente de prueba para mejor resolver
presentada por el Estado, folio 5953), y resolución de 18 de enero de 1990 emitida por el Juzgado Cuarto
de Orden Público de Medellín (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio
5935).
89
Cfr. oficio de 23 de enero de 1990 emitido por el Jefe del Puesto Operativo de Apartadó del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), dirigido a la Visitaduría Delegada de Derechos
Humanos y a la Procuraduría Regional de la Procuraduría General de la Nación (expediente de prueba para
mejor resolver presentada por el Estado, folio 6137).
59
de lo ocurrido en Pueblo Bello el 14 de enero de 1990. El Cuerpo Técnico de la Policía
Judicial hizo notar que
[…] en el trayecto de Pueblo Bello a San Pedro de Urabá, existen dos retenes Militares,
el primero a la altura del corregimiento de San José y el otro a la altura de San Pedro de
Urabá (Entrada) […]
Asimismo, informó que se había establecido que los vehículos utilizados para
trasladar a los campesinos habían sido hurtados "el mismo día de los hechos".
Por otra parte, dicho informe estableció que
[…] el día Martes 16 [de enero de 1990] varios de los ofendidos se dirigieron a San
Pedro, con el fin de solicitarle colaboración al Comandante del Ejército y manifiestan los
ofendidos que les contestó: "No vengan a a[v]eriguar nada que aquí no hay nadie, a
caso no recuerdan que cuando el robo del ganado ninguno de Ustedes dijo nada,
cambiaron vidas humanos por animales y retírense"[…]90
95.64 El 31 de enero de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín en
comisión en Turbo, teniendo en cuenta las pruebas recolectadas hasta ese momento
[…], ordenó el allanamiento de la finca "Las Tangas", y libró oficio a la Jefatura
Militar del Urabá para que procediera al registro y allanamiento de dicha hacienda91.
95.65 El 1º de febrero de 1990 el Departamento de Policía de Córdoba dirigió a la
Dirección Operativa de la Policía Nacional un informe sobre el hallazgo de los dos
camiones con placas UU-07-83 y IB-35-44, los cuales fueron encontrados en la tarde
del 15 de enero de 1990 en la vía que conduce de Montería a Arboletes. A dichos
camiones se le practicó exploración criminalística por parte del Cuerpo Técnico de la
Policía Judicial, con el fin de localizar “líquidos y fluidos orgánicos como sangre y
elementos que hayan sido empleados en la comisión de ilícitos dando resultados
negativos, localizando sólo manchas de plátanos”92.
95.66 El 2 de febrero de 1990 el Jefe Militar del Urabá informó al Juzgado Cuarto de
Orden Público que el 15, 16 y 17 de enero de 1990 se habían realizado operaciones
de registro en la finca "Las Tangas", con resultados negativos. Asimismo, comunicó
que la inspección realizada el 31 de enero y 1º de febrero de 1990 tampoco había
arrojado resultados positivos93.
90
Cfr. informe de 29 de enero de 1990 emitido por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial de la
Seccional de Instrucción Criminal, Departamento de Antioquia (expediente de anexos al escrito de
solicitudes y argumentos, tomo V, anexo 5.5, folios 1564 a 1566).
91
Cfr. resolución de 31 de enero de 1990 emitida por el Juzgado Cuarto de Orden Público de
Medellín (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 6039), y oficio de 31
de enero de 1990 emitido por el Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín (expediente de prueba para
mejor resolver presentada por el Estado, folio 6040).
92
Cfr. informe de 1º de febrero de 1990 emitido por la Policía de Córdoba a la Dirección Operativa
de la Policía Nacional (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 5.7, f. 1573).
93
Cfr. oficio de 2 de febrero de 1990 dirigido por la Jefatura Militar del Urabá al Juez Cuarto de
Orden Público (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 6186 a 6187).
60
95.67 El 1º y 3 de febrero de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín
recibió las declaraciones de dos personas quienes hablaron de la presunta relación
entre paramilitares y militares en la tarde del día de los hechos94.
95.68 El 6 de febrero de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público ordenó el registro
y allanamiento de las fincas “Linares”, “Villa Nueva”, “Quetendama” y “Las Tangas”,
y libró oficio a tales efectos a la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Además,
declaró abierta la investigación por violación al Decreto No. 180 de 1988 (Estatuto
para la defensa de la Democracia), con base en las diligencias hasta entonces
realizadas95.
95.69 Por medio de oficio fechado 22 de febrero de 1990, la Jefatura Militar de
Urabá informó al Juez Cuarto de Orden Público de Medellín los avances que esa
unidad había llevado a cabo con el fin de encontrar a las 43 personas desaparecidas
en Pueblo Bello. Dicho oficio aclara que
[…] el Oficial Teniente FABIO ENRIQUE RINCON PULIDO no fue el Comandante del retén
ubicado en la salida de San Pedro para la época de los hechos, sino que fue quien
atendió a la comisión de Derechos Humanos cuando fueron a verificar si habían o no
retenidos allí.
El personal que conformó el retén el día [14 de enero de 1990] comandado por el
Subteniente BARRERA VEGA, NESTOR ENRIQUE fue: Cabo Primero SILVA MOLINA
EDISON, Soldado RODRIGUEZ TAMAYO JOSE, Soldado TRUJILO GARCIA LUIS, Soldado
SALGAR CASTAÑO JHON, Soldado CARDONA PATIÑO EDWIN, Soldado VERGARA
ATEHORTUA OMAIRO, Soldado OSPINA ECHEVERRIA GABRIEL, Soldado ORTIZ
GRAJALES HUMBERTO, Soldado OSPINA BEDOYA HELMER, Soldado OCHOA ALVAREZ
JORGE y Soldado MURIEL JOSE […]96
95.70 El 4 de abril de 1990 el paramilitar Rogelio de Jesús Escobar Mejía se
presentó voluntariamente ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
y confesó haber participado en los hechos de Pueblo Bello, así como en otros hechos
relacionados con el grupo paramilitar “los tangueros”. Su confesión contribuyó al
hallazgo de los cadáveres en las fincas “Las Tangas” y “Jaraguay” (infra párr.
95.74)97.
95.71 El 10 de abril de 1990 la jueza a cargo del Juzgado Séptimo de Instrucción
Criminal Radicado, acompañada de varios miembros del Cuerpo Técnico de Policía
Judicial, se apersonó a la finca "Jaraguay", colindante con la finca "Las Tangas", para
94
Cfr. declaración de Jairo Zuluaga Quiceno y declaración de Guillermo Nicolás Narváez Ramos
rendido ante el Juzgado Cuarto de Orden Público (expediente de prueba para mejor resolver presentada
por el Estado, folios 4554 a 4562).
95
Cfr. resolución de 6 de febrero de 1990 emitida por el Juzgado Cuarto de Orden Público de
Medellín (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 6162), y oficios de 6
de febrero de 1990 dirigidos por el Juzgado Cuarto de Orden Público al Director Nacional de Instrucción
Criminal al Director Seccional de Institución Criminal (expediente de prueba para mejor resolver
presentada por el Estado, folios 6163 y 6165).
96
Cfr. oficio de 22 de febrero de 1990 emitido por la Jefatura Militar de Urabá, dirigido al Juez
Cuarto de Orden Público de Medellín (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo
V, anexo 5.6, folios 1569 a 1572).
97
Cfr. sentencia ordinaria de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de Medellín
(expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folio 345), e informe rendido por la
Dirección General de Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el 12 de
septiembre de 1990 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 5.2, folio 1523).
61
efectuar un “levantamiento” de cadáveres. El resultado de la diligencia fue el
hallazgo de cuatro cadáveres en estado de osamenta98.
95.72 El 12 de abril de 1990 se trasladaron el Juez y Secretario del Juzgado 19 de
Instrucción Criminal Radicado a la finca "Las Tangas", para llevar a cabo una
diligencia de exhumación de cadáveres. En esta ocasión fueron encontrados cuatro
cadáveres. Respecto de uno de ellos, los peritos que participaron en la diligencia
estimaron que, por el estado de descomposición en que se hallaba, debía haberse
encontrado enterrado por aproximadamente dos meses y medio. El acta respectiva
no señaló el estado en que se encontraban los demás cadáveres y mencionó que
"pese a la revisión minuciosa de los bolsillos de las prendas de vestir de los
cadáveres no se encontró documento que los identifi[cara]"99.
95.73 El 16 de abril de 1990 el Juez y Secretario del Juzgado 15 de Instrucción
Criminal Radicado fueron a la finca "Las Tangas" para practicar un “levantamiento”
de cadáveres. En el curso de esta diligencia se localizaron ocho fosas, cada una de
las cuales contenía restos de cadáveres, los cuales se encontraban maniatados hacia
atrás. Los restos hallados fueron en su mayoría restos óseos, algunos de los cuales
se encontraban en completo estado de descomposición100.
95.74 Como resultado de las exhumaciones realizadas en las fincas "Las Tangas" y
"Jaraguay" en abril de 1990 (supra párrs. 95.71 a 95.73) fueron encontrados 24
cadáveres, los cuales fueron llevados al Hospital San Jerónimo de Montería para su
reconocimiento por familiares de las personas desaparecidas en Pueblo Bello. Los
familiares que acudieron no recibieron ninguna información o colaboración por parte
de las autoridades del Estado o del personal del hospital, y debieron proceder por sí
mismos al examen de los cadáveres, que se encontraban en estado de
descomposición y tirados en el anfiteatro101.
95.75 El 19 de abril de 1990, luego de acudir al Anfiteatro del Hospital San Jerónimo
de Montería, cuatro habitantes de Pueblo Bello rindieron declaración y manifestaron
98
Cfr. acta de levantamiento de cadáveres de 10 de abril de 1990 emitida por el Juzgado Séptimo
de Instrucción Criminal Radicado (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo V,
anexo 7.1, folios 1641 y 1642).
99
Cfr. acta de levantamiento de cadáveres de 12 de abril de 1990 emitida por el Juzgado 19 de
Instrucción Criminal Radicado (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo V,
anexo 7.2, folios 1643 a 1644).
100
Cfr. diligencia de levantamiento de cadáveres de 16 de abril de 1990 emitida por el Juzgado 15
de Instrucción Criminal Radicado (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo V,
anexo 7.3, folios 1645 a 1647).
101
Cfr. acta de levantamiento de cadáveres de 10 de abril de 1990 emitida por el Juzgado Séptimo
de Instrucción Criminal Radicado (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo V,
anexo 7.1, folios 1641 a 1642); acta de levantamiento de cadáveres de 12 de abril de 1990 emitida por el
Juzgado 19 de Instrucción Criminal Radicado (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, tomo V, anexo 7.2, folios 1643 a 1644); diligencia de levantamiento de cadáveres de 16 de
abril de 1990 emitida por el Juzgado 15 de Instrucción Criminal Radicado (expediente de anexos al escrito
de solicitudes y argumentos, tomo V, anexo 7.3, folios 1645 1647); testimonios de los señores Mariano
Manuel Martínez, Rubén Díaz Romero y José Daniel Álvarez Ruiz, y de la señora Blanca Libia Moreno
Cossio rendidos ante la Corte Interamericana durante la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre
de 2005, y declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por los señores Benildo José Ricardo
Herrera, Pedro Luis Escobar Duarte, Euclides Manuel Calle Álvarez, Genaro Benito Calderón Ruiz y Manuel
Dolores López Cuadro, y por las señoras Leovigildo Villalba Sánchez y María Cecilia Ruiz de Álvarez el 16
de agosto de 2005 (expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folios
2702, 2709, 2713, 2717, 2723, 2730, 2735 y 2738).
62
haber reconocido los cadáveres de los señores Ricardo Bohórquez, Andrés Manuel
Peroza Jiménez, Juan Luis Escobar Duarte, Leonel Escobar Duarte, Ovidio Carmona
Suárez y Jorge David Martínez Moreno102.
95.76 En fecha no determinada, los cadáveres no identificados fueron enterrados en
una fosa común en el cementerio de San Antonio, en Montería103.
95.77 En fecha no determinada, los presuntos paramilitares Ramiro Enrique Álvarez
Porras, Héctor de Jesús Narváez Alarcón, Luis Ángel Gil Zapata, Pedro Hernán Ogaza
Pantoja, Tarquino Rafael Morales Díaz y Elkin de Jesús Tobón Zea fueron capturados
en la finca “Las Tangas” y rindieron declaración indagatoria ante el Juzgado Cuarto
de Orden Público el 20 de abril de 1990104.
95.78 El 24 y 25 de abril de 1990 Rogelio de Jesús Escobar Mejía se presentó
nuevamente ante el DAS a rendir declaración. El 26 de abril de 1990 Rogelio de
Jesús Escobar Mejía rindió declaración indagatoria ante el Juzgado Cuarto de Orden
Público y confesó hechos relacionados con los hechos de Pueblo Bello.
Posteriormente, el 15 y el 29 de mayo y el 12 de junio de 1990 dicha persona rindió
declaración ante el Juzgado Primero de Orden Público105.
95.79 Por nota de 12 de septiembre de 1990 la Jefatura de la Dirección General de
Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) suministró a la
Jueza Primera de Orden Público información relacionada con los hechos ocurridos en
Pueblo Bello. Entre los documentos que acompañaron esta nota se encontraba el
"informe rendido de manera libre y espontánea" por Rogelio de Jesús Escobar Mejía.
La Dirección General de Inteligencia señaló que dicho testimonio había servido de
base para la operación que permitió el hallazgo de varias fosas comunes en las fincas
"Jaraguay" y "Las Tangas" en jurisdicción de Valencia (Córdoba), y se refirió a la red
de comunicaciones que en ese entonces existía en las fincas de Fidel Castaño Gil:
[…] La organización permanece en estrecho contacto gracias a un sistema de
comunicaciones que enlaza a todas las haciendas de FIDEL CASTAÑO, así:
102
Cfr. comunicación "Concepto Precalificatorio" de 17 de octubre de 1995 dirigida por la
Procuraduría en lo Judicial Penal a la Fiscalía Regional de Medellín (expediente de prueba para mejor
resolver presentada por el Estado, folios 6419 y 6420); sentencia ordinaria emitida de 26 de mayo de
1997 emitida por el Juzgado Regional de Medellín (expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo
II, anexo C2, folios 393 y 397), y sentencia de 30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión
del Tribunal Nacional (expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folio 443).
103
Cfr. testimonio del señor José Daniel Álvarez Ruiz rendido ante la Corte Interamericana durante
la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de 2005; informe de 24 de noviembre de 2003 emitido
por el Área de Identificación a Personas de la Fiscalía General de la Nación (expediente de prueba para
mejor resolver presentada por el Estado, folios 5653 a 5660), y nota de 17 de septiembre de 2002 emitida
por ASFADDES dirigida a la Coordinación de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario (expediente de documentos recibidos durante la audiencia pública, folios 2753 a 2755).
104
Cfr. resolución de 15 de mayo de 1990 emitida por el Juzgado Cuarto de Orden Público de
Medellín (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 6998), y resolución de
16 de mayo de 1990 emitida por el Juzgado Segundo Superior de Montería (expediente de prueba para
mejor resolver presentada por el Estado, folio 6900).
105
Cfr. declaración de 25 de abril de 1990 rendida por Rogelio de Jesús Escobar Mejía ante el DAS;
declaraciones de 26 de abril de 1990, 15 y 29 de mayo de 1990 y 12 de junio de 1990 rendidas por
Rogelio de Jesús Escobar Mejía ante el Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín (expediente de
prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 3523 a 3597, 4547, 5221 a 5295, 5312 a
5319, 5324 a 5336, y 6976 a 6995).
63
[…] 6. El Puesto de Policía del municipio de Valencia tiene a su disposición una
frecuencia para comunicarse con la organización de FIDEL CASTAÑO, avisando
oportunamente de la presencia de sospechosos o de la realización de operativos en las
fincas del grupo paramilitar.
Asimismo, dicho informe concluye con “sugerencias para la acción operativa e
investigativa” que requería la situación, en los siguientes términos:
A.
Antes de difundir el presente informe a las instancias judiciales competentes, es
conveniente que el Señor Jefe del DAS […] sostenga una reunión con […] el Director
Nacional de Instrucción Criminal y Procurador General de la Nación, a fin de proyectar
las diligencias de exhumación de cadáveres con la máxima reserva.
B.
Para la exhumación de los cadáveres, se aconseja que intervenga el Cuerpo
Élite de la Policía Nacional, sin que tengan conocimiento del operativo autoridades con
jurisdicción de Urabá y en Córdoba, debido a que existen indicios sobre la cooperación
de algunas de ellas con la organización criminal que dirige FIDEL ANTONIO CASTAÑO
GIL.
[…] D. Las diligencias de excavación y exhumación de cadáveres deben concentrarse
especialmente en la finca Las Tangas, por existir allí la fosa común con 20 ó 22
cadáveres de los 42 campesinos secuestrados en Pueblo Bello106.
95.80 El 21 de octubre de 1994 el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
General de la Nación informó que el 18 de octubre de 1994 se habían iniciado
trabajos de levantamiento de cadáveres en el cementerio de San Antonio, en
Montería. La realización de excavaciones había sido dispuesta por la Fiscalía Regional
de Medellín. El procedimiento fue suspendido debido a que las excavaciones fueron
dificultadas por problemas de agua, por lo que el terreno no se encontraba apto para
realizar una excavación técnica107.
95.81 El 23 de marzo de 1995 la Fiscalía Regional de Medellín comisionó al Cuerpo
Técnico de Investigaciones para que coordinara con la División Criminalística de
Santa Fe de Bogotá, para realizar la exhumación e identificación de cadáveres que
no había podido realizarse en 1994 (supra párr. 95.80)108.
95.82 El 21 de abril de 1995 el Cuerpo Técnico de Investigaciones informó que
desde el 27 de marzo hasta el 7 de abril del mismo año se habían exhumado 13
cadáveres109.
95.83 El 17 de junio de 1997 la Sección Nacional de Identificación del Cuerpo
Técnico de Investigación, División Criminalística, emitió un informe sobre el análisis
de los restos óseos de los cadáveres exhumados en 1995 (supra párr. 95.81). De
acuerdo con este informe se analizaron 13 cadáveres, 12 de los cuales pertenecían a
106
Cfr. informe rendido por la Dirección General de Inteligencia del Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS) el 12 de septiembre de 1990 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, anexo 5.2, folios 1552 a 1555).
107
Cfr. testimonio del señor José Daniel Álvarez Ruiz rendido ante la Corte Interamericana durante
la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de 2005, e informe de 21 de octubre de 1994 emitido
por la Sección Centro Nacional de Identificación del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General
de la Nación (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 6380).
108
Cfr. resolución de 23 de marzo de 1995 emitida por la Fiscalía Regional de Medellín (expediente
de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 6391 a 6392).
109
Cfr. informe de 21 de abril de 1995 emitido por la Unidad de Investigación del Cuerpo Técnico de
Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación (expediente de prueba para mejor resolver presentada
por el Estado, folio 6393).
64
personas de sexo masculino. En este estudio se presentó una evaluación sobre la
edad aproximada, el sexo, la raza, la causa de muerte, la estatura y la placa dental
de los cadáveres. Asimismo, se elaboraron reconstrucciones gráficas de los cráneos y
se recomendó la realización de pruebas de ADN. No consta que esos restos
correspondieran a los de las personas desaparecidas en Pueblo Bello110.
b)
Resoluciones y sentencias en la jurisdicción penal ordinaria
95.84 El 9 de mayo de 1990 el Juzgado Primero de Orden Público resolvió:
Primero.- Abstenerse de proferir medida de aseguramiento en contra de los sindicados
Héctor de Jesús Narváez Alarcón, Luis Ángel Gil Zapata, Ramiro Enrique Álvarez Porras,
Tarquino Rafael Morales Díaz, Pedro Hernán Ogaza Pantoja y Elkin de Jesús Tobón Zea
[…debido a que no existe la más mínima evidencia de que los sindicados sean los
presuntos autores o partícipes de la muerte violenta de los cadáveres encontrados en las
fosas comunes, pues no existe la prueba legalmente producida en el proceso de la cual
surja un indicio grave de responsabilidad].
Segundo.- Oficiar al señor Director de la Cárcel Nacional Las Mercedes de esta ciudad,
informándole que los sindicados referidos en el punto anterior, quedan en libertad en lo
que concierne al Juzgado, pero a partir de la fecha de este auto quedan a órdenes del
Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín. En el mismo sentido, ofíciese al citado
despacho judicial111.
[El despacho consideró que bien que era evidente que se había violado la ley penal, pues
se encontraba plenamente demostrado el hallazgo de varios cadáveres en fosas
comunes y con señales de haber sido torturados antes de darles muerte violenta, en la
investigación no existía la más mínima evidencia de que los sindicados fuesen los
presuntos autores o partícipes de los hechos investigados, ya que no existía prueba de la
que surja un indicio grave de responsabilidad. Entonces, al considerarse que no están
dadas las exigencias para dictar medidas de aseguramiento, el juzgado se abstiene de
proferir tales medidas. Sin embargo, no ordena la libertad de los detenidos, sino que los
pone a órdenes del Juzgado Cuarto de Orden Público ya que los sindicados habían sido
solicitados por este último juzgado]
95.85 El 15 de mayo de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público dictó resolución
sobre la situación jurídica de Fidel Castaño Gil, Ramiro Enrique Álvarez Porras,
Héctor de Jesús Narváez Alarcón, Luis Ángel Gil Zapata, Pedro Hernán Ogaza
Pantoja, Tarquino Rafael Morales Díaz, Elkin de Jesús Tobón Zea y Rogelio de Jesús
Escobar Mejía. Al respecto resolvió:
1. PROFERIR medida de aseguramiento consistente en DETENCION PREVENTIVA en
contra de RAMIRO ENRIQUE ALVAREZ PORRAS, HECTOR DE JESUS NARVAEZ ALARCON,
LUIS ANGEL GIL ZAPATA, PEDRO HENAN OGAZA PANTOJA, ELKIN DE JESUSS TOBON y
ROGELIO DE JESUS ESCOBAR MEJIA [...] por la violación al decreto 180 de 1988, art. 1≡
y 7≡, por secuestro, homicidio múltiple y hurto calificado y agravado [...]
3. ABSTENERSE de decretar medida de aseguramiento en contra del señor TARQUINO
MORALES DIAZ [...]
110
Cfr. informe de 17 de junio de 1997 emitido por la Sección Nacional de Identificación del Cuerpo
Técnico de Investigación, División Criminalística (expediente de prueba para mejor resolver presentada
por el Estado, folios 4372 a 4505), y declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit) por los
señores Manuel Dolores López Cuadro y Robinson Petro Pérez el 16 de agosto de 2005 (expediente sobre
declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folios 2739 y 2745).
111
Cfr. resolución de 9 de mayo de 1990 emitida por el Juzgado Primero de Orden Público
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 6894 a 6899).
65
4. ORDENASE la captura de Fidel Castaño Gil, para ser vinculado a este plenario como
presunto autor intelectual y material de los hechos [...]
5. Ordenar de todos los medios posibles la comparecencia del Teniente FABIO RINCON
QUIÑONES para ser vinculado en esta investigación mediante indagatoria.112
[Luego de enumerar todas las pruebas, el Juzgado consideró que existía indicio grave en
contra de los procesados (salvo de Tarquino Morales Díaz) y por ello profiere medidas de
aseguramiento. Entre las pruebas que fundamentan la orden de comparecencia de
Rincón Quiñones se encuentran la declaración de Escobar Mejía, y las declaraciones de
Jairo Zuluaga Quicero y Nicolás Narváez. También se menciona la declaración de Dennis
Beltrán Caravajal, quien dijo haber visto con posterioridad a los hechos de Pueblo Bello a
una de las víctimas en compañía de un teniente del ejército.]
95.86 La defensa interpuso un hábeas corpus contra la resolución de 15 de mayo de
1990 (supra párr. 95.85), alegando que el Juzgado Cuarto de Orden Público había
emitido resolución sobre la situación jurídica de los imputados en exceso del término
legal de detención de los mismos. El 16 de mayo de 1990 el Juzgado Segundo
Superior de Montería dio lugar al recurso y dispuso la libertad inmediata de los
detenidos113
95.87 El 30 de mayo de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público ordenó la captura
de Ramiro Enrique Álvarez Porras, Héctor de Jesús Narváez Alarcón, Luis Ángel Gil
Zapata, Pedro Hernán Ogaza Pantoja, Elkin de Jesús Tobón Zea y Rogelio de Jesús
Escobar Mejía114.
95.88 El 10 de julio de 1990 el Juzgado Primero de Orden Público resolvió sobre la
situación jurídica de Rogelio de Jesús Escobar Mejía, y no le concedió el beneficio de
la libertad condicional115.
95.89 El 19 de octubre de 1990 el Juzgado Cuarto de Orden Público se pronunció
sobre la conexidad planteada por el Juez Primero de Orden Público entre los hechos
delictivos que instruía este último por el secuestro del señor Manuel Alfonso Ospina
Ospina, con los adelantados por el Juzgado Cuarto de Orden Público en relación con
los hechos de Pueblo Bello. Al respecto, consideró que los diversos episodios
delictuosos estaban envueltos en una misma motivación finalista y, en consecuencia,
resolvió:
PRIMERO: Enviar el proceso que por Violación al Decreto 180 de 1988 se adelanta en
contra de FIDEL CASTAÑO GIL y otros, al Juzgado Primero de Orden Público por
concurrencia y ello en razón de la conexidad analizada [...]116
95.90 El 7 de diciembre de 1990 el Juzgado Primero de Orden Público concedió la
gracia de la libertad condicional a Rogelio de Jesús Escobar Mejía, quien "no obstante
112
Cfr. resolución de 15 de mayo de 1990 emitida por el Juzgado Cuarto de Orden Público de
Medellín (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 6996 a 7011).
113
Cfr. resolución de 16 de mayo de 1990 emitida por el Juzgado Segundo Superior de Montería
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 6900 a 6903).
114
Cfr. oficio No. 17 de 31 de enero de 1992 emitido por la Fiscalía 83 de Instrucción de Orden
Público (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 7022).
115
Cfr. oficio No. 17 de 31 de enero de 1992 emitido por la Fiscalía 83 de Instrucción de Orden
Público (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 7020).
116
Cfr. resolución de 19 de octubre de 1990 emitida por el Juzgado Cuarto de Orden Público
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 5347 a 5351).
66
encontrarse detenido en los procesos que existían en el Juzgado Cuarto de Orden
Público y [Juzgado Primero de Orden Público] [...] prestó una colaboración eficaz,
más que suficiente para identificar perfectamente a los autores intelectuales, y
además autores materiales"117.
95.91 El 31 de marzo de 1992 la Fiscalía 83 de Instrucción de Orden Público solicitó
la captura de Jesús Antonio Roa, Manuel Ospina, Rodrigo Restrepo, Telesforo
Morroco, Jairo Mantilla, Hernán Vegadiso Sosa, Iván Rojas y cinco hermanos de este
último. Asimismo, solicitó identificar e individualizar a los siguientes alias: "Suqui",
"Tarquino", "Grillo", "Arlex", "Patecumbia", "El Mosco", "Chico", "Roberto", "Chucho",
"Peludo", "El Brujo", "Mauro" y "Cociaca"118.
95.92 El 31 de marzo de 1992 la Fiscalía 83 de Instrucción de Orden Público informó
que se había encontrado el cuaderno original del expediente correspondiente a las
actuaciones ante la jurisdicción de Orden Público, el cual había permanecido
extraviado por un cierto tiempo119.
95.93 El 11 de marzo de 1993 el Juzgado Regional de Medellín dictó sentencia
condenatoria anticipada en el radicado No. 153 (1227) contra José Otoniel Vanegas
Pérez, por haber confesado su participación en el secuestro y homicidio del señor
Manuel Alfonso Ospina Ospina.120
95.94 El 23 de julio de 1993 la Fiscalía Regional Delegada de Medellín resolvió:
1)
PROFERIR MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA, como
responsable de violar las disposiciones del Dcto 180/88, Homicidio con fines terroristas
art 29, Secuestro en su modalidad de extorsivo art 22, Concierto para delinquir art 7,
Instrucción y entrenamiento art 15, Distribución ilegal de Uniformes e insignias art 19,
porte ilegal de armas de Uso Privativo Dcto 3664 art 2, Homicidio múltiple art 323 del
C.P. en conexidad y con sujeción al art 26 del C.P., de Fidel Castaño Gil de las notas y
condiciones civiles conocidas en autos, sin que pueda gozar de libertad.
2)
DECRETAR EL EMBARGO Y SECUESTRO de las fincas Jaraguay y Las Tangas […]
3)
Actívese la captura del implicado. […]121
95.95 El 23 de agosto de 1993 la Fiscalía Regional de Medellín resolvió:
Adicionar su resolución de julio veintitrés del corriente año, en el sentido de la medida
de aseguramiento en contra de Fidel Castaño Gil, también se profiere por el punible de
Secuestro múltiple que consagra el art 22 del Dcto 180/88, adoptado como legislación
permanente por el art 4 del Dcto 2266/911.122
117
Cfr. resolución de 17 de diciembre de 1990 emitida por el Juzgado Primero de Orden Público
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 5352 a 5360).
118
Cfr. oficio no. 034 de 31 de marzo de 1992 emitido por la Fiscalía 83 de Instrucción de Orden
Público (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 7017).
119
Cfr. oficio no. 034 de 31 de marzo de 1992 emitido por la Fiscalía 83 de Instrucción de Orden
Público (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 7017).
120
Cfr. sentencia anticipada de 11 de marzo de 1993 emitida por el Juzgado Regional del Medellín
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 6257 a 6278).
121
Cfr. resolución de 23 de julio de 1993 emitida por la Fiscalía Regional Delegada de Medellín
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 6287 y 6298).
122
Cfr. resolución de 23 de agosto de 1993 emitida por la Fiscalía Regional Delegada de Medellín
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 6299 a 6300).
67
95.96 El 19 de noviembre de 1993 la Fiscalía Regional Delegada de Medellín
resolvió:
[…] SEGUNDO: Igualmente, se DECRETA LA DETENCIÓN PREVENTIVA de FIDEL
CASTAÑO (A. RAMBO), en su calidad de autor por violación al art. 1º del decreto 1194
de 1989; por la conformación del grupo paramilitar; […] violación al decreto 180 de
1988, en su art. 22, por el secuestro de Ricardo Bohórquez, Andrés Manuel Pedroza
Jiménez, entre otros, para un total de 43 afectados con ese proceder; múltiple homicidio
reglado por el art. 29 de la misma normatividad, agravado por los literales d, e y f,
donde los ofendidos fueron aquellos secuestrados, violación al art. 2º del Decreto 3664
de 1986 y violación al art. 19 del decreto 180 de 1988.
TERCERO: Advertir que los nombrados no son acreedores a gozar de ninguna gracia
excarcelatoria. En consecuencia, deberán reactivarse las órdenes de captura en contra
de FIDEL CASTAÑO (A. RAMBO).123
95.97 El 4 de febrero de 1994 la Dirección Regional de Medellín de la Fiscalía
General de la Nación dispuso que se expidieran las copias de la indagación
disciplinaria al Comando Superior del Ejército para constatar la posible
responsabilidad de militares en los hechos. En particular, dicha Dirección consideró
que de haber “personal militar involucrado por cualquier circunstancia dentro de los
hechos[, ] no es del resorte de esta Fiscalía determinar su responsabilidad por el
fuero que los cobija por el servicio activo que prestaban, máxime si estaban en [el]
llamado Orden Público que amerita servicio activo permanente[. D]e ahí la decisión
del señor Fiscal, que la responsabilidad penal la determine un Funcionario de la
Justicia Castrense”124.
95.98 El 17 de octubre de 1995 la Procuraduría en lo Judicial Penal emitió "Concepto
Precalificatorio" con relación al proceso en el que se investigaron el secuestro y
homicidio de Manuel Alfonso Ospina Ospina, así como el secuestro y homicidio de 43
personas en Pueblo Bello. La Procuraduría consideró que existía mérito más que
suficiente para solicitar a la Fiscalía Regional Delegada de Medellín que profiriera
resolución acusatoria en contra de Fidel Antonio Castaño Gil, Elkin Henao, José
Aníbal Rodríguez Urquijo, Rogelio de Jesús Escobar Mejía, Mario Alberto Álvarez
Porras, Francisco Javier Álvarez Porras y Héctor Castaño Gil por, inter alia, los
siguientes hechos punibles: secuestro múltiple, homicidio múltiple agravado,
terrorismo, y hurto agravado y calificado125.
95.99 El 17 de noviembre de 1995 la Fiscalía Regional Delegada de Medellín emitió
resolución de acusación de varias personas por el secuestro del señor Manuel Alfonso
Ospina Ospina y los hechos acaecidos en Pueblo Bello, en los siguientes términos:
1≡. PROFERIR RESOLUCION DE ACUSACION en contra de Fidel Antonio Castaño Gil […]
como pretenso autor responsable del Secuestro Extorsivo Agravado […] donde es
ofendido el doctor Manuel Alfonso Ospina Ospina, Secuestro múltiple […] porque con su
acción se causó zozobra, homicidio múltiple [agravado], son ofendidos Ricardo
123
Cfr. resolución de 23 de septiembre de 1993 emitida por la Fiscalía Regional Delegada de
Medellín (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 6316 a 6322).
124
Cfr. nota de 9 de febrero de 1994 dirigida por la Dirección Regional de Medellín al Procurador
Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos (expediente de prueba para mejor resolver
presentada por el Estado, folios 4832 y 4834).
125
Cfr. comunicación "Concepto Precalificatorio" de 17 de octubre de 1995 dirigida por la
Procuraduría en lo Judicial Penal a la Fiscalía Regional de Medellín (expediente de prueba para mejor
resolver presentada por el Estado, folios 6408 a 6423).
68
Bohorquez, José del Carmen Álvarez Blanco, Cristóbal Arroyo, Mario y Daniel Melo
Palacio, Jesús Humberto Barbosa y otras más, [porte ilegal de armas de uso privativo de
las Fuerzas Militares] en concurso […]
2≡. PROFERIR RESOLUCION DE ACUSACION contra Rogelio de Jesús Escobar Mejía […]
como coautor de Secuestro extorsivo agravado […] donde es ofendido el doctor Manuel
Alfonso Ospina Ospina, autor material [del delito de pertenencia a grupos armados],
coautor [del delito de destrucción de documentos de identidad], autor [del delito de
porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares] autor [del delito de utilización
de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares]; por los hechos ocurridos en Pueblo
Bello autor del Secuestro múltiple [con finalidad terrorista], [terrorismo], homicidio
múltiple Agravado, autor de Hurto agravado y calificado […],[incendio], [pertenencia a
grupos armados], en concurso heterogéneo […]
3≡. PROFERIR RESOLUCION DE ACUSACION en contra de José Aníbal Rodríguez Urquijo,
Mario Alberto Álvarez Porras, Francisco Javier Álvarez Porras y Elkin Henao Cano […] son
responsables como coautores del Secuestro extorsivo agravado […], homicidio agravado
[…] donde es ofendido el doctor Manuel Alfonso Ospina Ospina, autores materiales [del
delito de pertenencia a grupos armados], coautores [del delito de destrucción de
documentos de identidad], de manera concursal […]
4≡. PROFERIR RESOLUCION DE ACUSACION en contra de por los sucesos en Pueblo
Bello a Héctor de Jesús Narváez Alarcón, Luis Ángel Gil Zapata, Elkin de Jesús Tobón
Zea, Pedro Hernán Hogaza Pantoja […] como autores de secuestro múltiple […],
[terrorismo] y coautores de los homicidios múltiples agravado […],[pertenencia a grupos
armados], [porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares], [utilización de
prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares], autores del Hurto agravado y
calificado […], [incendio], Delitos en concurso heterogéneo […], ofendidos los habitantes
de Pueblo Bello, entre otros Juan Luis y Leonel Escobar Duarte.
5≡. PROFERIR RESOLUCION DE ACUSACION en disfavor de Jhon Darío Henao Gil y
Manuel Salvador Ospina Cifuentes […] ya que fueron quienes entregaron la lista para
que sacaran a la gente de Pueblo Bello, por, Secuestro múltiple […], [terrorismo], y
coautores de los homicidios múltiples agravado […], [pertenencia a grupos armados] y
[porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares], [utilización de prendas
privativas de las Fuerzas Militares]
6≡.- PRECLUIR LA INSTRUCCION a Fidel Antonio Castaño Gil, por [promover, financiar,
organizar, fomentar la formación o ingreso de personas a grupos armados].
7≡. PRECULIR LA INSTURCCION […] a Rafael Tarquino Morales Días, por el secuestro y
homicidio de los habitantes de Pueblo Bello, por [terrorismo y concierto para delinquir],
hurto calificado y Agravado.
8≡. PRECLUIR LA INSTRUCCION en favor de Ramiro Enrique Álvarez Porras […] en
relación con el secuestro y homicidio de los habitantes de Pueblo Bello, por [terrorismo y
concierto para delinquir], hurto calificado y Agravado,
9≡. PRECLUIR LA INSTRUCCION a Héctor Castaño Gil […] por Concierto Para Delinquir,
secuestro y homicidio […] donde es ofendido Manuel Alfonso Ospina Ospina, homicidios
[…] occisos Hernando Arango y Jorge Osorno.- […]126
95.100
La defensa interpuso ante la Fiscalía General de la Nación un recurso
de apelación y consulta proferida por la Fiscalía Regional Delegada de Medellín el 17
de noviembre de 1995 (supra párr. 95.99)127.
126
Cfr. resolución de 17 de noviembre de 1995 emitida por la Fiscalía Regional Delegada de Medellín
(expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo C9, folios 530 a 620).
127
Cfr. resolución de 11 de marzo de 1996 emitida por la Fiscalía General de la Nación (expediente
de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 6679).
69
95.101
El 11 de marzo de 1996 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional,
de la Fiscalía General de la Nación resolvió la apelación y consulta interpuesta. Al
respecto, decidió:
PRIMERO: CONFIRMAR las resoluciones acusatorias objeto de apelación […]
SEGUNDO: REVOCAR la preclusión de investigación decretada a favor de Rafael Tarquino
Morales Díaz y, en su lugar, proferir resolución de acusación contra el antes citado de
condiciones civiles y personales conocidas en autos, por violación al Libro II, Título IV,
Capítulo IV, denominado genéricamente “Del encubrimiento” […]
TERCERO: Decretar medida de aseguramiento de conminación contra el antes citado,
por violación al art. 176 del Código Penal, que prevé la punibilidad de arresto que oscila
entre seis meses y cuatro años. […]
CUARTO: REVOCAR la preclusión de investigación decretada a favor de Ramiro Enrique
Álvarez Porras y en su lugar proferir RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN contra el antes
citado, de condiciones civiles y personales conocidas en autos, por violación al art. 2 del
decreto 1194/89 […]
QUINTO: Decretar medida de aseguramiento de detención preventiva contra el señor
Ramiro Enrique Álvarez Porras, por violación al art. 2 del decreto 1194/89 […]
SEXTO: CONFIRMAR la preclusión de investigación decretada en primera instancia a
favor de Fidel Antonio Castaño Gil, por violación al decreto 1194/89 […]
SÉPTIMO: CONFIRMAR la preclusión de investigación decretada a favor de Héctor
Castaño Gil […]128.
95.102
El 29 de noviembre de 1996 el Juzgado Regional de Medellín dictó
sentencia respecto del señor José Aníbal Rodríguez Urquijo por su participación en el
secuestro y homicidio del señor Manuel Alfonso Ospina Ospina129.
95.103
Con posterioridad a la realización de las primeras diligencias de
investigación, el 26 de mayo de 1997 el Juzgado Regional de Medellín dictó sentencia
de primera instancia por los hechos relacionados con el supuesto secuestro del
senador Manuel Alfonso Ospina Ospina sucedido en Medellín el 15 de noviembre de
1988, y la supuesta desaparición de 43 hombres del corregimiento de Pueblo Bello
acaecida el 14 de enero de 1990. Respecto de este último hecho resolvió declarar
penalmente responsable a seis personas, a saber, Fidel Antonio Castaño Gil, Rogelio
de Jesús Escobar Mejía, Héctor de Jesús Narváez Alarcón, Pedro Hernán Ogaza
Pantoja, John Darío Henao Gil y Manuel Salvador Ospina. Los delitos por los que
fueron condenados a cumplir penas de entre 25 y 30 años son, entre otros,
secuestro y homicidio múltiple, utilización de prendas de uso privativo de las fuerzas
militares, terrorismo y pertenencia a un grupo armado130.
95.104
La defensa de los condenados y el apoderado de la parte civil,
representante del señor José Daniel Álvarez, interpusieron un recurso de apelación
contra la sentencia de 26 de mayo de 1997 (supra párr. 95.103)131.
128
Cfr. resolución de 11 de marzo de 1996 emitida por la Fiscalía General de la Nación (expediente
de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 6679 a 6703).
129
Cfr. sentencia anticipada de 9 de noviembre de 1996 emitida por el Juzgado Regional de Medellín
(expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo C1, folios 315 a 338).
130
Cfr. sentencia ordinaria de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de Medellín
(expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folios 339 a 416).
131
Cfr. sentencia de 30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional
(expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folios 417 a 480).
70
95.105
El 30 de diciembre de 1997 la Sala de Decisión del Tribunal Nacional
se pronunció respecto de la apelación de la sentencia del 26 de mayo de 1997 (supra
párr. 95.103) y decidió “no acceder a declarar la invalidación pretendida por el
procesado Ogazza Pantoja”. Asimismo, resolvió, inter alia, “decretar [...] nulidad
parcial de lo actuado, en lo concerniente [...] al homicidio de los moradores de
Pueblo Bello cuyos cadáveres no fueron identificados”, por lo que redujo las penas de
los condenados a 19 y 28 años de prisión. Además, revocó la disposición que en
primera instancia absolvía a algunos de los procesados por el delito de hurto e
incendio y la que ordenaba la investigación de Fidel Castaño por el delito de
terrorismo. Asimismo, ordenó a tres de los condenados a pagar solidariamente a
favor de un poblador de Pueblo Bello “la indemnización por los perjuicios de índole
material causados por el [hecho] punible de incendio.” Finalmente, absolvió a varios
de los imputados por el delito de porte de armas de uso privativo de las Fuerzas
Militares y por el de terrorismo132.
95.106
El defensor de Pedro Hernán Ogazza Pantoja interpuso recurso de
casación contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Nacional
el 30 de diciembre de 1997 (supra párr. 95.105), por considerar que había incurrido
en supuestos errores de hecho por falso juicio de identidad en la apreciación de la
prueba única testimonial de cargo, consistente en el testimonio de Rogelio de Jesús
Escobar Mejía. El 8 de marzo de 2001 la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia resolvió no casar el fallo impugnado133.
c)
Continuación de las diligencias
jurisdicción penal ordinaria
de
investigación
en
la
95.107
Con posterioridad al dictado de la sentencia de 8 de marzo de 2001
(supra párr. 95.106), el proceso penal continuó con diversas actuaciones de la
Fiscalía General de la Nación. El 27 de marzo de 2002 la Fiscalía 8 de la Unidad de
Fiscalía Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializado de Medellín dictó
resolución inhibitoria. Al respecto la Fiscalía consideró que:
En la ley se supedita la duración de la investigación previa a la existencia de la prueba
para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en calidad de parte al imputado,
lo que se libra al criterio del Fiscal que debe definir la situación con base en los
resultados y elementos de juicio obtenidos en su desarrollo […] El control de iniciar o no
investigación previa [que] se difiere al Fiscal entraña una facultad o medio, al igual que
la potestad para practicar pruebas destinadas al cumplimiento del cometido de esta fase
investigativa […] por lo tanto esta Delegada en uso de esa facultad no procederá [a] la
investigación previa y en su lugar [procederá] a dictar Resolución Inhibitoria ya que de
entrada se trata de investigar a indeterminadas personas (N.N.), donde no hay nombres
de los implicados, donde los testigos no pueden aportar prueba nueva del hecho
denunciado. Observa este despacho que generalizar sin precisar en particular, sin
sindicar directamente y el principio a la dignidad humana sufre afrenta cuando la
investigación previa se prolonga indefinidamente.
Analicemos detenidamente lo ordenado y tenemos que no es suficiente para endilgarle la
autoría de los hechos aquí denunciados a alguna persona en particular; pues no se ha
identificado o individualizado a nuevos copartícipes, después de transcurridos tres (03)
132
Cfr. sentencia de 30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional
(expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folios 417 a 480).
133
Cfr. sentencia de casación de 8 de marzo de 2001 emitida por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo C4, folios 481 a 508).
71
años de la Apertura de la Investigación Previa y más cuando los procesados conocidos
fueron ya enjuiciados y condenados; luego en estas circunstancias es improcedente
continuar indefinidamente con esta preliminar en el despacho sin tener pruebas
sobrevivientes, pero se estará a la expectativa a que en el futuro se acerque alguno de
los ofendidos a denunciar a alguien en particular que no haya sido enjuiciado y por ende
condenado, como o autor o partícipe de los hechos investigados […]134
95.108
El 17 de septiembre de 2002 ASFADDES solicitó a la Coordinación de
la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía
General de la Nación que la investigación por los hechos de Pueblo Bello fuera
asumida por dicha unidad “para que desde allí se coordin[ara] la diligencia de
exhumación de los cadáveres y el proceso de identificación técnica de los mismos,
garantizando la correspondiente custodia de la prueba.135”
95.109
En enero de 2003 el señor José Daniel Álvarez, familiar de una de las
presuntas víctimas, reiteró su solicitud presentada en agosto de 2002 ante el
Juzgado Primero Penal del Círculo Especializado de Medellín. Asimismo, manifestó
que “la tardanza en la respuesta est[aba] ocasionando retraso en el proceso de
identificación de los cuerpos que se enc[ontraba] adelantando el C.T.I. de la Fiscalía
General de la Nación.” En dicha nota solicitó al mencionado Juzgado que ordenara:
[…] a la División de Criminalística del CTI con sede en Bogotá realizar la diligencia de
exhumación de los cadáveres de la fosa común del Cementerio San Antonio de Montería
con el objeto de procurar su plena identificación y, en particular, de determinar cuáles
de ellos corresponden efectivamente a las víctimas de la desaparición colectiva de
Pueblo Bello. Esta orden es necesario impartirla ya que, según las manifestaciones
recientes del CTI, requiere de una base legal para poder adelantar esta nueva diligencia
respetando debidamente lo procedimientos establecidos y en particular la cadena de
custodia de la prueba. […] Debo subrayar la urgencia de practicar lo antes posible esta
prueba ya que se nos ha informado que en el cementerio Antonio y en particular en la
zona donde está ubicada la fosa común donde reposan los restos de nuestros seres
queridos por identificar, se tiene previsto desarrollar un proyecto de pavimentación que
de llevarse a cabo afectaría para siempre la posibilidad de identificar a las víctimas de la
desaparición forzada.
[…] suspender el proyecto de pavimentación que se tiene previsto desarrollar en la
destinada como fosa común del mismo […] 136
95.110
El 21 de febrero de 2003 la Fiscalía Primera de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario solicitó información a
ASFADDES sobre la ubicación de la fosa común en el cementerio de San Antonio,
Montería, donde podrían hallarse cadáveres que aún se encontraban sin identificar
en relación con los hechos de Pueblo Bello137.
134
Cfr. resolución inhibitoria de 27 de marzo de 2002 emitida por la Fiscalía 8 de la Unidad de
Fiscalía Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializados de Medellín (expediente de anexos al
escrito de solicitudes y argumentos, tomo V, anexo 7.4, folios 1648 a 1650).
135
Cfr. nota de 17 de septiembre de 2002 emitida por ASFADDES y dirigida a la Unidad de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario (expediente de documentos recibidos durante la audiencia
pública, folios 2752 a 2755).
136
Cfr. nota de enero de 2003 emitido por el señor José Daniel Álvarez y dirigida al Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Medellín (expediente de documentos recibidos durante la audiencia
pública, folios 2756 a 2757).
137
Cfr. resolución de 21 de febrero de 2003 emitida por la Fiscalía Primera de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (expediente de anexos al escrito de solicitudes y
argumentos, tomo V, anexo 7.5, folios 1653 y 1654).
72
95.111
El 21 de febrero de 2003 la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, consideró que
[…] Existe no sólo en nuestra legislación interna, sino en los distintos estamentos del
orden internacional, un principio jurídico-filosófico dirigido a darle una verdadera
protección y promoción al respeto por los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario. Nos referimos precisamente al postulado del "Derecho a Conocer la
Verdad" […]
[…] nos hemos quedado a mitad de camino en cuanto al total esclarecimiento de los
[hechos], toda vez que este despacho vislumbra la posibilidad de enriquecer el universo
probatorio, ordenando se practiquen ciertas diligencias judiciales que así lo ameritan y
que nos dan posibilidad de acercarnos a lo verdaderamente ocurrido […]
y decidió en consecuencia ordenar la nulidad parcial de lo actuado, inclusive hasta la
providencia que dispuso el cierre del ciclo investigativo, y continuar por lo tanto con
la investigación en etapa de instrucción. Por tanto, para impulsar la investigación
ordenó la práctica de las siguientes pruebas:
PRIMERO: Contáctese personal de ASFADDES, a fin de que amplíen y aclaren lo
manifestado en su última comunicación, especialmente en lo referente a la ubicación de
la fosa común, situada en el cementerio de San Antonio, del municipio de Montería
Córdoba, donde posiblemente existen algunos de los cadáveres que aún se encuentran
sin identificar […]
SEGUNDO: Ofíciese al administrador del cementerio de San Antonio, para que informe si
efectivamente se tiene dispuesto un proyecto de pavimentación en terrenos
pertenecientes al citado campo santo. De ser ello cierto deberá informar todo lo
concerniente de dicho proyecto, manifestando qué autoridad, institución o entidad lo
ordena y para cuándo está proyectada su ejecución.
TERCERO: Por Secretaría, ofíciese a la Dirección Nacional de Criminalística, con sede en
Bogotá, informando de la continuación de la presente investigación y solicitando
informar qué funcionarios judiciales son conocedores de la misma.
CUARTO: Una vez obtenida dicha información se procederá a decidir acerca de la
viabilidad de ordenar la diligencia de exhumación, a llevarse a cabo en el cementerio de
San Antonio, del municipio de Montería, a fin de posibilitar la plena identificación de los
cadáveres […]
QUINTO: Reactivar todas las órdenes de captura que se han ordenado a través de la
foliatura y no se han hecho efectivas […]138
95.112
El 15 mayo de 2003 ASFADDES, la Comisión Colombiana de Juristas y
la Corporación “Opción Legal” solicitaron una reunión con la titular de la Unidad de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, para hablar sobre las
exhumaciones previstas para el 20 de mayo de 2003, ya que, en esas fechas, las
condiciones del terreno no eran óptimas por razones climatológicas139.
95.113
El 1º de junio de 2003 ASFADDES y la Comisión Colombiana de
Juristas remitieron una nota al Fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de
Medellín, mediante la cual solicitaron:
138
Cfr. resolución de 21 de febrero de 2003 emitida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo V,
anexo 7.5, folios 1651 a 1654).
139
Cfr. nota de 15 de marzo de 2003 emitida por ASFADDES, Comisión Colombiana de Juristas y la
Corporación Opción Legal y dirigida a la Unidad de Derechos Humanos y de Derecho Internacional
Humanitario (expediente de documentos recibidos durante la audiencia pública, folios 2758 y 2759).
73
a) Que la diligencia de exhumación pendiente de realizar sea acordada y coordinada
con los familiares de las víctimas y de los peticionarios.
b) Que para efectos de la realización de la diligencia de exhumación se haga uso de los
elementos ya agotados de búsqueda e identificación de las víctimas por parte del Cuerpo
Técnico de Investigaciones de Bogotá.
c) Que la diligencia de exhumación cuente con la presencia de técnicos y expertos en
recolección de evidencia de este tipo de manera que sea posible la identificación de los
restos de las víctimas desaparecidas.
d) Que en dicha diligencia se garantice la presencia de los familiares de las víctima y
de los peticionarios.
e) Que se nos suministre información sobre la investigación […]140.
95.114
Entre el 19 y el 25 de agosto de 2003 el Área de Identificación del
Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación realizó una
inspección judicial en el cementerio San Antonio, Montería, para exhumar los
cadáveres de 18 personas presuntas víctimas de los hechos de Pueblo Bello. El
resultado de las diligencias fue negativo141.
95.115
El 13 de febrero de 2004 la Fiscalía 42 de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ordenó la reactivación de
las órdenes de captura de Rogelio de Jesús Escobar Mejía, Fidel Antonio Castaño Gil,
Mario Alberto Álvarez Porras, Ramiro Enrique Álvarez Porras, Francisco Javier Álvarez
Porrras, Elkin Henao Cano, Jhon Darío Henao Gil, Manuel Salvador Ospina Cifuentes
y Elkin de Jesús Tobón. Asimismo, ordenó que se tratara de individualizar a los alias
"Tarquino", "Suqui", "Grillo", "Patecumbia", "Mosco", "Chino", "Roberto", "Peludo",
"Brujo", "Marlon", "Cosiaca", "Ariel Mantilla", "Nequi Espinosa (a. Álvaro)", así como
a Jaime Aparicio (a. Arles), Fernando García (a. Noventa), Sergio Rojas y León Yesid
Henao, en relación con los hechos de Pueblo Bello142.
95.116
En mayo de 2004 se realizaron nuevamente excavaciones en el
cementerio de San Antonio, en Montería, pero no se encontraron cadáveres
correspondientes a los campesinos presuntamente desaparecidos por los hechos de
Pueblo Bello143.
95.117
El 23 de agosto de 2004 investigadores del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario se apersonaron al cementerio San Antonio, en Montería, para revisar las
obras de construcción, traslado y demolición de bóvedas. El 27 de agosto de 2004
procedieron a demarcar la dimensión total de la fosa común donde supuestamente
se hallaban los cadáveres de 18 de las presuntas víctimas de Pueblo Bello. Al
respecto informaron que
140
Cfr. nota de 1º de junio de 2003 emitido por ASFADDES y la Comisión Colombiana de Juristas y
dirigida a la Fiscalía de la Unidad de Derechos Humanos de Medellín (expediente de documentos recibidos
durante la audiencia pública, folio 2760).
141
Cfr. informe de 24 de noviembre de 2003 emitido por el Área de Identificación del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Fiscalía General de la Nación (expediente de prueba para mejor resolver presentada
por el Estado, folios 5653 a 5660).
142
Cfr. resolución de 13 de febrero de 2004 emitida por la Fiscalía 42 de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (expediente de prueba para mejor resolver
presentada por el Estado, folio 5661).
143
Cfr. testimonio del señor José Daniel Álvarez Ruiz rendido ante la Corte Interamericana durante
la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de 2005, e informe "Actividad Investigativa caso
Pueblo Bello" emitido por la Fiscalía General de la Nación (expediente de prueba para mejor resolver
presentada por el Estado, anexo V, folios 7280 a 7291).
74
[s]e inicia[ron] las labores de excavación realizando la extracción [...] [Los días] 29, 30,
31 de agosto y 1 de septiembre, se continuó con las labores de excavación, encontrando
varias evidencias como son: ataúdes de niños, bolsas plásticas delgadas, transparentes
y de color negro, que contenían restos óseos [...] luego se saca[ron] a parte las bolsas
que contuvieran restos óseos con características similares a las que utilizaron para
inhumar los cuerpos traídos de la exhumación realizada en la finca [L]as [T]angas y que
al parecer pertenecían a los desaparecidos de Pueblo Bello. A todos los restos óseos que
cumplieran estas características, se les realizó el estudio de comparación de CARTA
DENTAL y ANALISIS OSEO, para entrar a descartar por parte del Antropólogo OSCAR
JOAQUIN HIDALGO DAVILA y la Odontóloga ADRIANA MARIA CASTAÑO GARCIA.
En total, se encontraron 121 “elementos (sic) ataúdes, bolsas plásticas y bolsas de
fibra sintéticas”. De este total, fueron seleccionados 18 cadáveres/elementos que
tenían características similares a los cuerpos que se estaban buscando procedentes
de las fincas “Las Tangas” y que habían sido inhumados en dicho cementerio del
barrio P5 de Montería144.
95.118
El 2 de septiembre de 2004 investigadores del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario se dirigieron al Juzgado Especializado de Montería donde fueron
atendidos por el Juez Especializado quien los contactó con una persona que tenía
conocimiento de cómo ocurrieron los hechos investigados, pero que no quiso
identificarse ni declarar por razones de seguridad145.
95.119
El mismo 2 de septiembre de 2004 investigadores del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario se trasladaron a la cárcel de Montería, donde se
entrevistaron con el señor Pedro Hernán Ogaza Pantoja, quien no quiso colaborar
con la ubicación de los cuerpos que se encuentran enterrados en la finca “Las
Tangas”. A propósito de la entrevista con el señor Ogaza Pantoja, los investigadores
agregaron:
Se le preguntó si conocía el paradero de ROGELIO DE JESUS ESCOBAR MEJIA y
respondió que a él le llegó una información a la cárcel donde le dijeron que a ROGELIO
lo habían matado por los lados de Tierralta Córdoba, pero que no sab[ía] si le hicieron
levantamiento o está desaparecido146.
95.120
El 29 de septiembre de 2004 investigadores del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario se trasladaron al Municipio de Apartadó, donde tomaron declaraciones a
seis familiares de las personas desaparecidas147.
144
Cfr. informe de “Apoyo Investigativo” de 6 de octubre de 2004, emitido por el Cuerpo Técnico de
Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 5678 a 5689).
145
Cfr. informe de “Apoyo Investigativo” de 6 de octubre de 2004, emitido por el Cuerpo Técnico de
Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 5678 a 5689).
146
Cfr. informe de “Apoyo Investigativo” de 6 de octubre de 2004, emitido por el Cuerpo Técnico de
Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 5678 a 5689).
147
Cfr. informe de “Apoyo Investigativo” de 6 de octubre de 2004, emitido por el Cuerpo Técnico de
Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 5678 a 5689).
75
95.121
El 16 de mayo de 2005 la Fiscalía 36 de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dispuso la práctica de la
siguientes pruebas
Verificar la información respecto de la muerte del señor ROGELIO DE JESUS ESCOBAR
MEJIA, sindicado y colaborador, pues fue testigo presencial de los hechos y quien
permitió esclarecer la presente investigación.
Reestablecer el contacto con el informante que conoce la posible ubicación de la playa
Guacimal y/o Caudillo, ello a través del Doctor CARLOS MARTINEZ, Juez Especializado, a
fin de tratar de obtener su declaración.
Localizar al actual funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones FERNANDO
VANEGAS, quien posiblemente tenga información respecto de los hechos y lograr su
declaración.
Entrevistar en la Cárcel Municipal al señor PEDRO HERNAN OGAZA PANTOJA, condenado
dentro de este proceso como autor material [...]148
95.122
El 13 de junio de 2005 investigadores del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario informó sobre las diligencias adelantadas en el esclarecimiento de los
hechos del 14 de enero de 1990, respecto de la posible ubicación de los cuerpos de
las personas secuestradas y la determinación del paradero y posible muerte de
Rogelio de Jesús Escobar Mejía149.
95.123
En agosto de 2005 la Unidad Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario de Medellín intentó realizar exhumaciones en la
Finca “Las Tangas”, pero las suspendieron por razones climáticas150.
95.124
Al momento de dictar la presente Sentencia, la investigación se
encuentra pendiente a cargo de la Fiscalía 42 de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Procedimiento administrativo disciplinario
95.125
En razón de la publicación de un artículo periodístico el 16 de enero de
1990, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la
Nación, ordenó iniciar de oficio el 19 de enero de 1990 la indagación preliminar sobre
la presunta violación de los derechos humanos a raíz de los sucesos de Pueblo Bello,
y ordenó la recepción de declaraciones y la práctica de visitas sobre lugares,
batallones, guarniciones militares y domicilios privados151.
148
Cfr. resolución de 16 de mayo de 2005 emitida por la Fiscalía 36 de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (expediente de prueba para mejor resolver
presentada por el Estado, folio 5690).
149
Cfr. informe de “Apoyo Investigativo” de 6 de octubre de 2004, emitido por el Cuerpo Técnico de
Investigación de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 5693 a 5697).
150
Cfr. testimonios del señor José Daniel Álvarez Ruiz y de la señora Elva Beatriz Silva Vargas
rendidos ante la Corte Interamericana durante la audiencia pública celebrada el día 19 septiembre de
2005, y documento sobre el área explorada en agosto de 2005 en la Finca "Las Tangas" (expediente de
documentos recibidos durante la audiencia pública).
151
Cfr. resolución de 19 de enero de 1990 emitida por la Oficina de Investigaciones Especiales de la
Procuraduría General de la Nación (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado,
anexo 6105).
76
95.126
El 26 de enero de 1990 la Viceprocuraduría General de la Nación
solicitó a la Jefatura Militar del Urabá la realización de “operaciones de registro en los
sitios: la finca “Las Tangas, Municipio Moñitos, Las Cruces y El Pescadito, con el fin
de dar con el paradero de más de 39 personas presuntamente desaparecidas o
secuestradas en el Corregimiento de Pueblo Bello. [...] Lo anterior se pide con base
en informaciones suministradas por algunos familiares de las víctimas.”152
95.127
El 5 de febrero de 1990 la Décima Primera Brigada del Ejército
Nacional informó que las tropas de esa unidad operativa habían efectuado una
operación de registro "en la finca Las Tangas [...] y en la quebrada Pescado, con el
fin de localizar a los [...] campesinos del corregimiento de Pueblo Bello [...] con
resultados negativos"153.
95.128
El 12 de febrero de 1990 la Viceprocuraduría General de la Nación
decidió, con base en las diligencias hasta entonces realizadas, remitir la indagación
preliminar a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares “con el objeto de
que se disp[usiera] lo conducente, al existir una posible infracción al Decreto No.
085/89, en que hubiera podido incurrir el Señor Capitán ALVARO GOMEZ LUQUE,
Comandante de la Base Militar de San Pedro de Urabá”154.
95.129
El 30 de abril de 1990 la Procuraduría Delegada para la Defensa de los
Derechos Humanos declaró, con fundamento en las diligencias preliminares
practicadas, la apertura formal de averiguación disciplinaria, tendiente a clarificar la
conducta de los Oficiales del Ejército Nacional Capitán Álvaro Gómez Luque y
Subteniente Néstor Enrique Barrera Vega, quienes al momento de los hechos se
desempeñaban como Comandantes de la Base Militar de San Pedro de Urabá y del
Retén de Control de esa misma localidad, respectivamente155.
95.130
El 3 de octubre de 1990 la Procuraduría Provincial de Apartadó
procedió a realizar una diligencia de inspección judicial en las instalaciones de la
Base Militar de la localidad de San Pedro de Urabá. Posteriormente, se realizó una
inspección aérea de Pueblo Bello y el camino hasta San Pedro de Urabá. Con base en
dicha inspección se formuló un “dictamen pericial estratégico”156.
95.131
El 6 de octubre de 1990 el Mayor Marco Aurelio Quintero Torres, Oficial
Táctico del Ejército Nacional, emitió un informe sobre un “envío concepto táctico”,
mediante el cual indicó, inter alia, que existen trochas, como “las que salen de San
152
Cfr. oficio de 26 de enero de 1990 emitido por la Procuraduría General de la Nación (expediente
de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 6147).
153
Cfr. oficio de 5 de febrero de 1990 emitido por la Décima Primero Brigada del Ejército Nacional
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 4987).
154
Cfr. resolución de 12 de febrero de 1990 emitida por la Viceprocuraduría General de la Nación
(expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 4978 a 4983).
155
Cfr. resolución de 30 de abril de 1990 emitida por la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos Humanos (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 5030 a
5032).
156
Cfr. diligencia de inspección judicial de 3 de octubre de 1990 emitida por la Procuraduría
Provincial de Apartadó (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 5158 a
5161), y dictamen pericial estratégico de 5 de octubre de 1990 emitido por Teniente Martías Hernán
Bagett, perito estratégico (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios
5167 a 5168).
77
Vicente del Congo y Maquencal, [que] pasa[n] por el margen derecho del poblado [y]
converg[en] de nuevo a la carretera principal adelante del caserío[, como] la que se
desprende del carreteable que va a San José de Mulatos y de nuevo llega al
carreteable que va a Santa Catalina, El Carmelo, Canaletes, entre otros”157.
95.132
El 6 de octubre de 1990 el Mayor Jairo Antonio Puerto Medina del
Ejército Nacional, con base en la inspección realizada el 3 de octubre de 1990 (supra
párr. 95.130), elaboró un dictamen topográfico en el que expuso ciertas
apreciaciones resultantes de un reconocimiento aéreo en la zona que conduce de
Pueblo Bello al Departamento de Córdoba158.
95.133
El 16 de julio de 1991 la Procuraduría Delegada para la Defensa de los
Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, “teniendo en cuenta lo
complejo de los hechos materia de investigación y dada la gravedad e importancia
de los mismos”, resolvió “comisionar a la Oficina de Investigaciones Especiales […]
con amplias facultades legales, para la práctica de la diligencia de Inspección de [las]
rutas o carreteables para la verificación [de las trochas o desvíos existentes en la
carrera que de Pueblo Bello conduce a San Pedro de Urabá, y si por éstos podían
movilizarse los camiones que transportaban los campesinos víctimas de la
desaparición el 14 de enero de 1990, hasta el lugar donde fueron encontrados los
vehículos en el sitio Las Cruces]”159.
95.134
El 9 de agosto de 1991 la Oficina de Investigaciones Especiales de la
Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación dispuso acceder a la
colaboración requerida por la Procuraduría Delegada y en consecuencia inspeccionar
la zona donde se encuentra ubicado dicho trayecto160.
95.135
El 3 de septiembre de 1991 la Oficina de Investigaciones Especiales de
la Policía Judicial de la Procuraduría General de la Nación presentó el informe en
cumplimiento del Auto Comisatorio de 9 de agosto de 1991 (supra párr. 95.134) en
el cual expusieron las conclusiones de la inspección de la carretera y trochas entre
Pueblo Bello y San Pedro de Urabá161.
95.136
El 27 de noviembre de 1991 la Procuraduría Delegada para la Defensa
de los Derechos Humanos resolvió:
PRIMERO: Absolver de los cargos formulados al señor Capitán del Ejército Nacional
Álvaro Gómez Luque […] en su condición de Comandante de la Base Militar de San Pedro
de Urabá, por los hechos aquí investigados, sucedidos presuntamente en esa localidad,
la noche del 14 de enero de 1990, después de perpetrado el secuestro de 43 campesinos
en el corregimiento de Pueblo Bello del Municipio de Turbo (Ant.), en la fecha
mencionada [...]
157
Cfr. informe "Envío concepto táctico" de 6 de octubre de 1990 emitido por el Mayor Marco Aurelio
Quintero Torres, Oficial Táctico del Ejército Nacional (expediente de prueba para mejor resolver
presentada por el Estado, folio 5165).
158
Cfr. dictamen topográfico de 6 de octubre de 1990 emitido por el Mayor Jairo Antonio Puerto
Medina (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 5169 a 5170).
159
Cfr. resolución de 16 de julio de 1991 emitida por la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos Humanos (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo C11, folio 683).
160
Cfr. resolución de 9 de agosto de 1991 de la Oficina Investigaciones Especiales de la Policía
Judicial (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo C12, folios 684 a 686).
161
Cfr. Informe de 3 de septiembre de 1991 de la Oficina Investigaciones Especiales de la Policía
Judicial (expediente de anexos a la demanda, tomo III, anexo C13, folios 687 a 710).
78
SEGUNDO: Absolver al Teniente del Ejército Nacional Néstor Enrique Barrera Vega […]
en su condición de Comandante del Retén Militar de San Pedro de Urabá, por los hechos
aquí investigados, perpetrados presuntamente en ese Puesto de Control Militar, la noche
del 14 de enero de 1990, después de perpetrado el secuestro de 43 campesinos en el
corregimiento de Pueblo Bello de la localidad, en la fecha mencionada […]
[La Procuraduría decide absolverlos debido a “la duda que surge en este informativo
sobre la responsabilidad disciplinaria que puedan tener los oficiales […] involucrados en
los hechos materia de averiguación”.]
[… Dichos cargos son “[H]aber asumido una conducta omisiva en el hecho de realizar
indebidamente el control de la población civil ni haber impedido la marcha de los
vehículos, ni capturar a los plagiarios, decomisar las armas procurando en sí la liberación
de los secuestrados y protegido sus vidas, en el retén Militar bajo su mando de la
localidad de San Pedro de Urabá, la noche del domingo 14 de enero del presente año,
permitiendo el tránsito de los camiones hurtados de placas IB-3544 y UU-0783, por el
retén Militar de San Pedro de Urabá, en los cuales eran transportados los 43 campesinos
que fueron secuestrados en el corregimiento de Pueblo Bello del Municipio de Turbo
Antioquia, por un grupo armado de aproximadamente 30 individuos, que incursionaron
violentamente en ese Corregimiento a eso de las 8:40 P.M. el día mencionado,
facilitando la desaparición de los campesinos […] en razón a que tales vehículos no
fueron sometidos a requisa alguna por [los militares investigados], ni por los militares a
su cargo, con lo cual se hubiera podido neutralizar la acción delictiva de los autores del
ilícito, quienes inmediatamente después de cometido el hecho tomaron rumbo a la finca
Santa Mónica, pasando tanto por el retén como por la Base Militar de San Pedro de
Urabá…]
TERCERO: […] expídanse las copias autenticadas de [la versión de Rogelio de Jesús
Escobar Mejía y de los testimonios rendidos por Jairo Zuluaga Quiceno y Guillermo
Nicolás Narváez Ramos] para los fines [de indagar por separado la posible colaboración
que hubiesen podido prestarle el Teniente Quiñones y otros dos militares a los autores
del Secuestro para el presunto tránsito por San Vicente del Congo y San Pedro, así como
para clarificar la conducta del Teniente y los cuatro soldados en San Pedro de Urabá] […]
QUINTO: Contra esta decisión, procede el recurso de Reposición que deberá
interponerse por escrito motivado en el momento de la notificación personal o dentro de
los cinco (5) días siguientes a la misma […]162
95.137
Entre noviembre de 1991 y mayo de 1993 miembros de Amnistía
Internacional enviaron comunicaciones a la Procuraduría General de la Nación y
distintos ministerios del Poder Ejecutivo, en las que solicitaron que se prosiguieran
las investigaciones respecto de la desaparición de los campesinos de Pueblo Bello163.
95.138
El 13 de junio de 1992 el Procurador Delegado de Derechos Humanos
comunicó al Director General de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de
Relaciones Exteriores que “los testigos que habían declarado tener conocimiento
directo de los vínculos existentes entre miembros del Ejército Nacional y el grupo de
paramilitares comandados por Fidel Castaño (al parecer autores materiales de los
hechos), ya no habitan en la Inspección de Pueblo Bello y se desconocen sus
actuales lugares de residencia”164.
162
Cfr. resolución de 27 de noviembre de 1991 emitida por la Procuraduría Delegada para la
Defensa de los Derechos Humanos (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo 1, folios
1685 a 1736).
163
Cfr. cartas de Amnistía Internacional (expediente de prueba para mejor resolver presentada por
el Estado, folios 4723 a 4725 y 5705 a 5708).
164
Cfr. nota de 13 de junio de 1992 emitida por el Procurador Delegado de Derechos Humanos por
el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el
Estado, folios 4735 y 4736).
79
95.139
El 3 de julio de 1992 el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido rindió
declaración ante la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos
sobre los hechos de Pueblo Bello en la cual manifestó, inter alia, que él atendió
personalmente a los familiares que presentaron la denuncia de los hombres
desaparecidos en Pueblo Bello; que es falso que él les hubiera dicho a tales
familiares “que cambiaron gente por ganado”, y que al día siguiente de la denuncia
él fue con su pelotón y otro más para Pueblo Bello para “prestar seguridad al pueblo
porque temían que se volvieran a meter”165.
95.140
El 6 de agosto de 1992 ASFADDES solicitó a la Procuraduría Delegada
para la Defensa de los Derechos Humanos que ordenara la exhumación de los
cadáveres que aún se encontraban en una fosa común en la finca “Las Tangas”166.
95.141
El 20 de septiembre de 1996 la Procuraduría Delegada para la Defensa
de los Derechos Humanos consideró que
aunque los hechos que se ventilan en la [...] indagación preliminar fueron ya objeto de
decisión de fondo, absolviendo a los presuntos implicados [por] conducta omisiva, sin
embargo se consideró entonces que existían indicios para disponer la apertura de una
nueva indagación preliminar, ahora por conducta activa [...]
Aunque de la valoración de las pruebas que conforman esta nueva indagación preliminar
se colige que no surge por el momento mérito suficiente para proceder[...], y […]
contrario sensu sí podría disponerse el archivo de las diligencias, empero, con miras a
darle mayor claridad a la decisión que haya de proferirse y ante la necesidad de
rec[au]dar mayores elementos de juicio que coadyuven en la misma, resulta procedente
ampliar el término de indagación preliminar hasta por seis (6) meses dentro del cual se
practicarán [diversas] diligencias.167
95.142
El 12 de febrero de 1998 la Procuraduría Delegada para los Derechos
Humanos dispuso la práctica de una serie de diligencias con el fin de esclarecer los
hechos del 14 de enero de 1990, a saber:
[O]ficiar a la Fiscalía General de la Nación y al Instituto de Medi[ci]na Legal para que, en
asocio de [esa] Delegada, se proced[iera] a la localización de [las fosas comunes
ubicadas en la Finca Las Tangas y en la rivera del río Sinú], se proceda a la exhumación
correspondiente [e] identificación de los cadáveres con el fin de establecer si dentro de
ellos aparece alguno de los 43 desaparecidos el 14 de enero de 1990 […]
[Ubicar] al señor ROGELIO DE JESUS ESCOBAR MEJIA con el fin de que, vistas las
fotografías [de los oficiales y suboficiales que se encontraban en la zona para la época
de los hechos],ya que al teniente FABIO RINCON PULIDO se le recepcionó versión libre,
se llevará a cabo reconocimiento fotográfico para que indique si entre [esas] personas
aparece[…] el Teniente Quiñones al que se ha referido en sus diversas declaraciones, lo
mismo para que diga si entre esas fotografías reconoce a los suboficiales a los que
mencionó como aquellos que permitieron el paso por uno de los retenes militares
instalados cuando eran movilizadas las 43 personas secuestradas en Pueblo Bello.
165
Cfr. declaración rendida el 3 de julio de 1992 ante la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos Humanos (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 4713 y
4720).
166
Cfr. nota de 6 de agosto de 1992 dirigida por ASFADDES a la Procuraduría Delegado de
Derechos Humanos (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 4704 y
4705).
167
Cfr. resolución de 20 de septiembre de 1996 emitida por la Procuraduría Delegada para la
Defensa de los Derechos Humanos (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado,
folios 6383 y 6384).
80
[Ampliar] su declaración para que precise el sitio exacto donde se encontraba ubicado el
retén militar por el que transitaron los dos camiones en que se movilizaron los 43
secuestrados, [utilizando] el mapa elaborado por las [F]uerzas [A]rmadas para señalar
las diversas vías que pudieron utilizarse en ese desplazamiento, desde [Pueblo] Bello
hasta la Finca Las Tangas.
[Cumplir igual diligencia] con los dos conductores que en la noche del 14 de enero de
1990 movilizaron personal militar entre ese[…] corregimiento y la base militar, para
precisar si entre estos aparecen las fotografías de los militares que se dicen prestaron
vigilancia a los dos hombres que se movilizaban en una camioneta negra (al parecer
entre ellos FIDEL CASTAÑO GIL) [...]
[Establecer] si en alguna época, ELKIN HENAO [...], quien fuera oficial del [E]jército
Nacional, durante la época en que perteneció a esa fuerza, estuvo en los mismos
destacamentos militares, cursos u operativos con alguno de los oficiales del [E]jército
que se encontraban en la zona de Pueblo Bello para el 14 de enero de 1990 [...]168
95.143
El 16 de agosto de 1998 la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos Humanos ordenó iniciar investigación disciplinaria contra el Teniente
Fabio Enrique Rincón Pulido. En su resolución, advirtió que la investigación debía
contraerse a la conducta de desaparición forzada de personas, sin que se pudiera
extender a las posibles torturas y homicidio múltiple dado que éstas últimas habrían
prescrito169.
95.144
El 10 de marzo de 1999 la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos Humanos formuló cargos contra el Teniente del Ejército Nacional, Fabio
Enrique Rincón Pulido, por haber presuntamente
procedi[do] a brindar su colaboración a los plagiarios –al parecer de manera concertadapara que pudieran proseguir sin ninguna clase de dificultad con rumbo hacia su destino
final en la finca denominada ‘Las Tangas’, ubicada en el Departamento de Córdoba,
donde fueron encontrados en unas fosas comunes, los cadáveres de algunas de esas
personas, permaneciendo desaparecidas, ‘en estado de indefinición’ respecto de la
suerte que hayan podido correr las […] personas170.
95.145
El 31 de julio de 2000 la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos dictó fallo de primera instancia en la investigación
disciplinaria seguida en contra del Teniente del Ejército Nacional Fabio Enrique
Rincón Pulido, mediante el cual resolvió:
PRIMERO: ABSOLVER de toda responsabilidad disciplinaria al teniente del Ejército
Nacional FABIO ENRIQUE RINCON PULIDO [...] de los cargos que se le imputaron por
presunta participación activa con ocasión de los hechos acaecidos en Pueblo Bello el 14
de enero de 1990, y conforme a los razonamientos que se dejaron plamados en la parte
motiva [...]
168
Cfr. resolución de 12 de febrero de 1998 emitida por la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos Humanos (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 4251 a
4254).
169
Cfr. resolución de 16 de agosto de 1998 emitida por la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos Humanos (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 4522 a
4534).
170
Cfr. resolución de 10 de marzo de 1999 emitida por la Procuraduría Delegada para la Defensa de
los Derechos Humanos (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 5796 a
5805).
81
TERCERO: En el evento de no ser apelada la presente decisión, procede el grado
jurisdiccional de Consulta [...]171
[Los cargos formulados al imputado fueron: "El día 14 de enero de 1990, cuando se
produjo la retención de 43 personas residentes en la localidad de Pueblo Bello, Municipio
[…] de Turbo, Departamento de Antioquia, por parte de un grupo de hombres
fuertemente armados quienes luego de privarlas de su libertad las trasladaron en dos
camiones con dirección a San Pedro de Urabá (Ant.), donde se encontraba adscrito a la
Base Militar de ese Municipio, procediendo a brindar su colaboración a los plagiarios - al
parecer previamente concertada - para que pudieran proseguir sin ninguna clase de
dificultad con rumbo hacia su destino final en la finca denominada 'Las Tangas', ubicada
en el Departamento de Córdoba, donde fueron encontrados en unas fosas comunes, los
cadáveres de algunas de las personas, permaneciendo desaparecidas 'en estado de
indefinición' respecto de la suerte que hayan podido correr" las 43 personas.]
[Al resolver lo anterior, dicha Procuraduría consideró que: “se deduce que no obstante
existir algunos elementos de prueba que permitieron, al proferir el auto de cargos,
inferir la presunta colaboración del teniente FABIO ENRIQUE RINCON PULIDO en los
hechos materia de esta averiguación, se hace evidente que del análisis procedente
surgen una serie de dudas razonables en cuanto a la participación por acción del
mencionado teniente en los hechos investigados, dudas que no se pudieron eliminar y
por consiguiente, deben ser resultas en favor del disciplinado miembro de la Institución
Militar.” Sin embargo, la Procuraduría añadió que “no encuentra razón alguna para que
el testigo [Escobar Mejía] hubiera mentido en relación con la colaboración que dice le
prestó al grupo paramilitar al cual pertenecía, un oficial del Ejército Nacional […] que
prestaba sus servicios en el retén que para la fecha de los hechos se había instalado en
San Pedro de Urabá”.]
[Asimismo, consideró que “como quiera que el único oficial con el grado de Teniente que
aparece reportado como de aquellos que prestó servicio en el mencionado retén de la
entrada a San Pedro de Urabá fue el Teniente Néstor Enrique Barrera Vega, y este ya
fue investigado y absuelto por estos mismos hechos dentro del Radicado […] que
culminó con la Resolución No. 006 del 27 de Noviembre de 1991, en el que se decidió
absolverlo de toda responsabilidad disciplinaria, es evidente que frente a este servidor
del Estado ha operado el fenómeno jurídico de la Cosa Juzgada (Art. 11/Let 200 de
1995) y por lo mismo, no es dable dirigir ningún tipo de investigación en su contra.”]
95.146
El 27 de octubre de 2000 se envió el expediente a la Sala Disciplinaria
de la Procuraduría General de la Nación para que ahí se resolviera el grado
jurisdiccional de consulta, lo cual procedía por la falta de apelación de la sentencia de
31 de julio de 2000172.
95.147
El 9 de febrero de 2001 la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General
de la Nación, en consulta sobre la decisión de 31 de julio de 2000 proferida en
primera instancia por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los
Derechos Humanos, resolvió:
PRIMERO: Confirmar la decisión de primera instancia proferida el día 31 de julio de 2000
por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos,
por la cual se absolvió del cargo formulado al Teniente del Ejército Nacional FABIO
ENRIQUE RINCÓN PULIDO […]173
171
Cfr. sentencia de 31 de julio de 2000 emitida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación en la investigación radicada
bajo el No. 008-120607 (expediente de anexos a la demanda, tomo II, anexo C10, folio 621).
172
Cfr. nota de 27 de octubre de 2000 emitida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado,
folio 5895).
173
Cfr. sentencia de 9 de febrero de 2001 emitida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría Genera
de la Nación (expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, folios 1739 a 1754).
82
[La Sala Disciplinaria consideró que las pruebas que obran dentro de la investigación no
proporcionan la certeza probatoria requerida para emitir un fallo sancionatorio en contra
del disciplinado. Coincide con la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de
los Derechos Humanos en cuanto a que el testimonio de Rogelio de Jesús Escobar Mejía
"no ofrece entera credibilidad para sustentar un fallo condenatorio". También se
descartan las otras pruebas de cargo (declaraciones), que "no resisten un análisis
objetivo que permitan sostener el cargo formulado". La Sala agregó: "Por último, se
encuentra probado pericialmente que existen varias trochas en el trayecto que de Pueblo
Bello conduce a San Pedro de Urabá, lo que permite concluir que los camiones en los
cuales se transportaron a las personas, no necesariamente debieron pasar por San
Pedro de Urabá, localidad en donde se hallaba la Base Militar y en donde eventualmente
se montaba un retén". La Sala estimó "en armonía con lo considerado por la
Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, que se
presenta una duda razonable en relación con la conducta del disciplinado, la cual debe
ser resuelta a su favor".]
Procesos contencioso administrativos
a)
Primer grupo
desaparecidas
de
familiares
de
las
personas
muertas
o
95.148
El 18 de diciembre de 2001 algunos familiares de los señores José del
Carmen Álvarez Blanco, Jesús Humberto Barbosa Vega, Santiago Manuel González
López y Ángel Benito Jiménez Julio, en nombre propio y en representación de los
menores de edad, formularon demanda de reparación directa “contra la nación
colombiana – Ministerio de Defensa Nacional”, ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Antioquia, Medellín, en la que manifestaron que
la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es
administrativamente responsable por los daños extrapatrimoniales, inclusive aquellos
derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva, causados a las personas
incluidas en la relación […] como consecuencia de la violación de los derechos a la vida,
a la integridad personal, a la seguridad y a la libertad derivados de la desaparición
forzada colectiva de que fueron víctimas: Álvarez [Blanco] José del Carmen, Barbosa
Vega Jesús Humberto, González López Santiago Manuel y Jiménez Julio Ángel Benito en
hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en el corregimiento de Pueblo Bello del
municipio de Turbo (Antioquia).
[…] la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es
administrativamente responsable por los daños extrapatrimoniales, inclusive aquellos
derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva, causados [a] las personas
incluidas en la relación […] como consecuencia de la violación de los derechos a una
efectiva protección judicial, a las garantías judiciales, a la verdad y a la justicia
derivados de la desaparición forzada colectiva de que fueron víctimas: Álvarez Ruiz José
del Carmen, Barbosa Vega Jesús Humberto, González López Santiago Manuel y Jiménez
Julio Ángel Benito en hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en el corregimiento de
Pueblo Bello del municipio de Turbo (Antioquia)174.
95.149
El 27 de mayo de 2002 la demanda fue admitida por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Antioquia, Medellín175.
174
Cfr. demanda interpuesta el 18 de diciembre de 2001 por los familiares de los señores José del
Carmen Álvarez Ruiz, Jesús Humberto Barbosa Vega, Santiago Manuel González López y Ángel Benito
Jiménez Julio, ante el Tribunal Contencioso – Administrativo de Antioquia, Medellín (expediente de prueba
para mejor resolver presentada por los representantes, folios 7305 a 7342).
175
Cfr. informe presentado por el apoderado en el proceso contencioso-administrativo (expediente
de prueba para mejor resolver presentada por los representantes, folio 7469). Hecho no controvertido.
83
95.150
El 21 de noviembre de 2002 algunos familiares de los señores José del
Carmen Álvarez Blanco, Genor José Arrieta Lora, Jesús Humberto Barbosa Vega,
Ricardo Manuel Bohórquez Pastrana, Jorge Fermín Calle Hernández, César Augusto
Espinosa Pulgarín, Andrés Manuel Florez Altamiranda, Wilson Uberto Fuentes
Miramón, Santiago Manuel González López, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Carmelo
Manuel Guerra Pestana, Ángel Benito Jiménez Julio, Mario Melo Palacios, Raúl Pérez
Martínez, Benito Pérez Pedroza, Andrés Manuel Peroza Jiménez, José Manuel Petro
Hernández, Elides Ricardo Pérez, Luis Miguel Salgado Berrío y Célimo Arcadio
Hurtado, en nombre propio y en representación de los menores de edad, ampliaron
la demanda de reparación directa contra la nación colombiana – Ministerio de
Defensa Nacional, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Medellín,
en la que manifestaron que
[…] la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es
administrativamente responsable por los daños y perjuicios de todo orden patrimoniales
y no patrimoniales, inclusive aquellos derivados de la alteración de su vida de relación
familiar, social y afectiva, causados y futuros de que son titulares las personas incluidas
en la relación […] como consecuencia de la desaparición forzada colectiva de que fueron
víctimas: Álvarez [Blanco] José del Carmen, Arrieta Lora Genor José, Barbosa Vega
Jesús Humberto, Bohórquez Pastrana Ricardo Manuel, Calle Hernández Jorge Fermín,
Espinosa Pulgarín César Augusto, Florez Altamiranda Andrés Manuel, Fuentes Miramón
Wilson Humberto, González López Santiago Manuel, Gutiérrez Arrieta Miguel Ángel,
Guerra Pestana Carmelo Manuel, Jiménez Julio Ángel Benito, Melo Palacios Mario, Pérez
Martínez Raúl, Pérez Pedroza Benito Antonio, Perosa Jiménez Andrés Manuel, Petro
Hernández José Manuel, Pérez Elides Ricardo, Salgado Berrio Luis Miguel y Urrutia
Hurtado Celimo Arcadio en hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en el corregimiento
de Pueblo Bello del municipio de Turbo (Antioquia)176.
95.151
El 19 de enero de 2004 el Tribunal Contencioso Administrativo de
Antioquia, Medellín ordenó la práctica de pruebas177 y no constan actuaciones
posteriores al momento de dictar la presente Sentencia.
b)
Segundo grupo de familiares de las personas muertas o
desaparecidas
95.152
El 18 de diciembre de 2001 algunos familiares de los señores Genor
José Arrieta Lora, Jesús Humberto Barbosa Vega, José Encarnación Barrera Orozco,
Diómedes Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, Benito Genaro Calderón Ramos,
Jorge Fermín Calle Hernández, Ariel Dullis Díaz Delgado, Camilo Antonio Durango
Moreno, Juan Luis Escobar Duarte, Leonel Escobar Duarte, César Augusto Espinosa
Pulgarín, Andrés Manuel Flores Altamiranda, Wilson Fuentes Miramón, Miguel Ángel
Gutiérrez Arrieta, Miguel Ángel López Cuadro, Jorge David Martínez Moreno, Mario
Melo Palacios, Carlos Melo, Manuel de Jesús Montes Martínez, Juan Bautista Meza
Salgado, Raúl Pérez Martínez, Miguel Antonio Pérez Ramos, Luis Carlos Ricardo Pérez
y Lucio Miguel Úrzola Sotelo, en nombre propio y en representación de los menores
de edad, formularon demanda de reparación directa contra la nación colombiana –
Ministerio de Defensa Nacional, ante el Tribunal Contencioso Administrativo de
Antioquia, Medellín, en la que manifestaron que
176
Cfr. demanda interpuesta el 21 de noviembre de 2002 ante el Tribunal Contencioso –
Administrativo de Antioquia, Medellín (expediente de prueba para mejor resolver presentada por los
representantes, folios 7343 a 7385).
177
Cfr. informe presentado por el apoderado en el proceso contencioso-administrativo (expediente
de prueba para mejor resolver presentada por los representantes, folio 7469). Hecho no controvertido.
84
la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es
administrativamente responsable por los daños extrapatrimoniales, inclusive aquellos
derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva, causados a las personas
incluidas en la relación […] como consecuencia de la violación de los derechos a la vida,
a la integridad personal, a la seguridad y a la libertad derivados de la desaparición
forzada colectiva de que fueron víctimas: Arrieta Lora Genor José, Barbosa Vega Jesús
Humberto, Barrera Orozco Diómedes, Barrera Orozco José Encarnación, Barrera Orozco
Urías, Calderón Ramos Benito Genaro, Calle Hernández Jorge Fermín, Díaz Delgado Ariel
Dullis, Durango Moreno Camilo Antonio, Escobar Duarte Juan Luis, Escobar Duarte
Leonel, Flores Altamiranda Andrés Manuel, Fuentes Miramón Wilson, López Cuadro
Miguel Ángel, Martínez Moreno Jorge David, Melo Palacios Mario, Melo Palacios Carlos,
[…] Montes Martínez y Urzola Sotelo Lucio Miguel, en hechos ocurridos el 14 de enero de
1990, en el corregimiento de Pueblo Bello del municipio de Turbo (Antioquia).
la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es
administrativamente responsable por los daños extrapatrimoniales, inclusive aquellos
derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva, causados a las personas
incluidas en la relación […] como consecuencia de la violación de los derechos a una
efectiva protección judicial, a las garantías judiciales, a la verdad y a la justicia
derivados de la desaparición forzada colectiva de que fueron víctimas: Arrieta Lora
Genor José, Barbosa Vega Jesús Humberto, Barrera Orozco Diómedes, Barrera Orozco
José Encarnación, Barrera Orozco Urías, Calderón Ramos Benito Genaro, Calle
Hernández Jorge Fermín, Díaz Delgado Ariel Dullis, Durango Moreno Camilo Antonio,
Escobar Duarte Juan Luis, Escobar Duarte Leonel, Flores Altamiranda Andrés Manuel,
Fuentes Miramón Wilson, López Cuadro Miguel Ángel, Martínez Moreno Jorge David,
Melo Palacios Mario, Melo Palacios Carlos, […] Montes Martínez y Urzola Sotelo Lucio
Miguel, , en hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en el corregimiento de Pueblo
Bello del municipio de Turbo (Antioquia)178.
95.153
El 19 de noviembre de 2002 la demanda fue admitida por el Tribunal
Contencioso Administrativo de Antioquia, Medellín179.
95.154
El 30 de enero de 2003 el Tribunal Administrativo de Antioquia notificó
al Ministerio de Defensa la demanda interpuesta el 18 de diciembre del mismo año
(supra párr. 95.152)180.
95.155
El 4 de junio de 2003 se presentó una corrección y adición a la
demanda presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia,
Medellín, integrándola en un solo escrito, respecto de los familiares de los señores
Genor José Arrieta Lora, José del Carmen Álvarez Blanco, Cristóbal Manuel Arroyo
Blanco, Jesús Humberto Barbosa Vega, Diómedes Barrera Orozco, Urías Barrera
Orozco, José Encarnación Barrera Orozco, Benito Genaro Calderón Ramos, Jorge
Fermín Calle Hernández, Jorge Arturo Castro Galindo, Ariel Dullis Díaz Delgado,
Camilo Antonio Durango Moreno, Juan Luis Escobar Duarte, Leonel Escobar Duarte,
César Augusto Espinosa Pulgarín, Andrés Manuel Florez Altamiranda, Wilson Uberto
Fuentes Miramón, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Santiago Manuel González López,
Ángel Benito Jiménez Julio, Miguel Ángel López Cuadro, Mario Melo Palacios, Manuel
178
Cfr. demanda interpuesta el 18 de diciembre de 2001 ante el Tribunal Contencioso –
Administrativo de Antioquia, Medellín (expediente de prueba para mejor resolver presentada por los
representantes, folios 7386 a 7423).
179
Cfr. auto de admisión de la demanda presentada por el Ministerio de Defensa (expediente de
prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folio 3723), e informe del caso Pueblo Bello
presentado por el apoderado en el proceso contencioso-administrativo (expediente de prueba para mejor
resolver presentada por los representantes, anexo 5, folios 7469 a 7578).
180
Cfr. informe presentado por el apoderado de los demandantes en el proceso contenciosoadministrativo (expediente de prueba para mejor resolver presentada por los representantes, folio 7469).
Hecho no controvertido.
85
de Jesús Montes Martínez, Pedro Antonio Mercado Montes, Jorge David Martínez
Moreno, Juan Meza Salgado, Raúl Pérez Martínez, Miguel Antonio Pérez Ramos, Luis
Carlos Ricardo Pérez, Luis Miguel Salgado Berrío, Lucio Miguel Úrzola Sotelo. En este
escrito se manifestó que
la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es
administrativamente responsable por los daños extrapatrimoniales, inclusive aquellos
derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva, causados a las personas
incluidas en la relación […] como consecuencia de la violación de los derechos a la vida,
a la integridad personal, a la seguridad y a la libertad derivados de la desaparición
forzada colectiva de que fueron víctimas: Arrieta Lora Genor José, Álvarez Blanco José
del Carmen, Arroyo Blanco Cristóbal Manuel, Barbosa Vega Jesús Humberto, Barrera
Orozco Diomedez, Barrera Orozco Urías, Barrera Orozco José Encarnación, Calderón
Ramos Benito Genaro, Calle Hernández Jorge Fermín, Castro Galindo Jorge Arturo, Díaz
Delgado Ariel Dullis, Durango Moreno Camilo Antonio, Escobar Duarte Juan Luis, Escobar
Duarte Leonel, Espinosa Pulgarín César Augusto, Florez Altamiranda Andrés Manuel,
Fuentes Miramón Wilson Humberto, Gutiérrez Arrieta Miguel Ángel, González López
Santiago Manuel, Jiménez Julio Ángel Benito, López Cuadros Miguel Ángel, Melo Palacios
Mario, Montes Martínez Manuel de Jesús, Mercado Montes Pedro Antonio, Martínez
Moreno Jorge David, Meza Salgado Juan Bautista, Pérez Martínez Raúl, Pérez Ramos
Miguel Antonio, Ricardo Pérez Luis Carlos, Salgado Berrio Luis Miguel y Urzola Sotelo
Lucio Miguel, en hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en el corregimiento de Pueblo
Bello del municipio de Turbo (Antioquia).
la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional es
administrativamente responsable por los daños extrapatrimoniales, inclusive aquellos
derivados de la alteración de la vida familiar, social y afectiva, causados a las personas
incluidas en la relación […] como consecuencia de la violación de los derechos a una
efectiva protección judicial, a las garantías judiciales, a la verdad y a la justicia
derivados de la desaparición forzada colectiva de que fueron víctimas: Arrieta Lora
Genor José, Álvarez Blanco José del Carmen, Arroyo Blanco Cristóbal Manuel, Barbosa
Vega Jesús Humberto, Barrera Orozco Diomedez, Barrera Orozco Urías, Barrera Orozco
José Encarnación, Calderón Ramos Benito Genaro, Calle Hernández Jorge Fermín, Castro
Galindo Jorge Arturo, Díaz Delgado Ariel Dullis, Durango Moreno Camilo Antonio,
Escobar Duarte Juan Luis, Escobar Duarte Leonel, Espinosa Pulgarín César Augusto,
Florez Altamiranda Andrés Manuel, Fuentes Miramón Wilson Humberto, Gutiérrez Arrieta
Miguel Ángel, González López Santiago Manuel, Jiménez Julio Ángel Benito, López
Cuadros Miguel Ángel, Melo Palacios Mario, Montes Martínez Manuel de Jesús, Mercado
Montes Pedro Antonio, Martínez Moreno Jorge David, Meza Salgado Juan Bautista, Pérez
Martínez Raúl, Pérez Ramos Miguel Antonio, Ricardo Pérez Luis Carlos, Salgado Berrio
Luis Miguel y Urzola Sotelo Lucio Miguel, en hechos ocurridos el 14 de enero de 1990, en
el corregimiento de Pueblo Bello del municipio de Turbo (Antioquia)181.
95.156
El 9 de julio de 2003 el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
presentó la contestación de la demanda182.
95.157
El 23 de marzo de 2004 la adición de la demanda fue admitida por el
Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Medellín y fijó en lista la acción
hasta el 26 de mayo de 2004183.
181
Cfr. demanda interpuesta el 4 de junio de 2003 ante el Tribunal Contencioso – Administrativo de
Antioquia, Medellín (expediente de anexos al escrito de alegatos finales presentados por los
representantes, folios 7424 a 7467).
182
Cfr. contestación de la demanda interpuesta el 9 de julio de 2003 por el Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional (expediente de prueba para mejor resolver presentada por el Estado, folios 3735 a
3744).
183
Cfr. informe del caso Pueblo Bello presentado por el apoderado en el proceso contenciosoadministrativo (expediente de prueba para mejor resolver presentada por los representantes, anexo 5,
folios 7469 a 7478). Hecho no controvertido.
86
95.158
Al momento de dictar la presente Sentencia, no constan actuaciones
posteriores en este proceso contencioso administrativo.
En relación con las presuntas víctimas y sus familiares
95.159
La relación de las presuntas víctimas y sus familiares se encuentra
consignada en el Anexo II de la presente Sentencia.
Con respecto a los daños causados a los familiares de las presuntas víctimas
y las costas y gastos
95.160
Los habitantes de Pueblo Bello estuvieron sometidos a condiciones de
terror y angustia la noche del 14 de enero de 1990, varios de ellos presenciaron
cómo los paramilitares se llevaban a sus familiares y a las personas secuestradas184.
95.161
Los familiares de las presuntas víctimas han sufrido daños materiales e
inmateriales como consecuencia directa de los hechos; ha afectado su salud física y
psicológica, ha impactado sus relaciones sociales y laborales, ha alterado la dinámica
de sus familias y, en algunos casos, ha puesto en riesgo la vida e integridad personal
de algunos de sus miembros, perdieron sus bienes y recibieron múltiples amenazas
por parte de los paramilitares. La impunidad parcial existente en este caso ha
causado y sigue causando sufrimiento a los familiares de las presuntas víctimas.
Como consecuencia de los hechos, en especial los daños sufridos por las familias, el
miedo de los familiares a que se repitieran hechos similares y las amenazas recibidas
por algunos de ellos, varias familias de Pueblo Bello se desplazaron internamente.
Esta situación se ha manifestado de diferentes maneras: hay personas o familias que
se han desplazado temporalmente y han regresado al corregimiento; otras se vieron
forzadas a desplazarse en forma intermitente desde el momento de los hechos o
posteriormente. Además, hay quienes se vieron obligados a salir de Colombia185.
184
Cfr. sentencia ordinaria emitida de 26 de mayo de 1997 emitida por el Juzgado Regional de
Medellín (expediente de anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C2, folio 344, 345, 365 y 389),
sentencia de 30 de diciembre de 1997 emitida por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional (expediente de
anexos al escrito de la demanda, tomo II, anexo C3, folios 419, 451, 452, 463 y 464); resolución de 27 de
noviembre de 1991 emitida por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos
(expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo 1, folio 1685); sentencia de 9 de febrero
de 2001 emitida por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación (expediente de anexos al
escrito de contestación de la demanda, anexo 2, folio 1739); informe rendido por la Dirección General de
Inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) el 12 de septiembre de 1990
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 5.2, folio 1537); testimonio de los
señores Mariano Manuel Martínez y Ángel Emiro Jiménez Romero rendidos ante la Corte Interamericana
durante la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de 2005, y declaraciones rendidas ante
fedatario público (affidávits) por las señoras Leovigilda Villalba Sánchez, María Cecilia Ruiz de Álvarez y
Edilma de Jesús Monroy Higuita, y por los señores Eliécer Manuel Meza Acosta y Benildo José Ricardo
Herrera el 16 de agosto de 2005 (expediente sobre declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario
público, folios 2700, 2701, 2705, 2710, 2711, 2716 y 2725).
185
Cfr. testimonio de los señores Mariano Manuel Martínez, José Daniel Álvarez, Rubén Díaz Romero
y Ángel Emiro Jiménez Romero y de las señoras Blanca Libia Moreno Cossio y Nancy Amparo Guerra López
rendidos ante la Corte Interamericana durante la audiencia pública celebrada el 19 de septiembre de
2005, y declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávits) por las señoras Leovigilda Villalba
Sánchez, María Cecilia Ruiz de Álvarez y Edilma de Jesús Monroy Higuita, y por los señores Eliécer Manuel
Meza Acosta, Pedro Luis Escobar Duarte, Euclides Manuel Calle Álvarez, Genaro Benito Calderón Ruiz,
Manuel Dolores López Cuadro y Benildo José Ricardo Herrera el 16 de agosto de 2005 (expediente sobre
declaraciones rendidas o autenticadas ante fedatario público, folios 2703, 2704, 2708, 2713, 2717, 2718,
2722, 2727, 2730, 2734, 2739, 2740 y 2744).
87
95.162
La Comisión Colombiana de Juristas, ASFADDES y CEJIL han incurrido
en gastos relacionados con el trámite del presente caso a nivel interno y ante los
órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en
representación de algunos de los familiares de los presuntas víctimas186.
VIII
OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR (ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA)
LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5 Y 7 DE LA MISMA
(DERECHOS A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA LIBERTAD PERSONAL)
Alegatos de la Comisión
96.
En relación con la responsabilidad del Estado en el presente caso, la Comisión
manifestó lo siguiente:
a) el Estado ha jugado un papel importante en el desarrollo de los llamados
grupos paramilitares o de autodefensa, a quienes permitió actuar con
protección legal y legitimidad en las décadas de los setenta y ochenta y es
responsable de manera general por su existencia y fortalecimiento. Estos
grupos fueron en gran parte creados con el fin de combatir grupos armados
disidentes. Finalmente, el 25 de mayo de 1989 la Corte Suprema de Justicia
quitó el respaldo legal a la vinculación de los paramilitares con la defensa
nacional, tras lo cual el Estado adoptó una serie de medidas legislativas para
criminalizar las actividades de estos grupos y de quienes los apoyen. A pesar
de esto, el Estado hizo poco para desmantelar la estructura que había creado
y fomentado y, de hecho, los lazos permanecieron a diferentes niveles, en
algunos casos, solicitando o permitiendo a los paramilitares la ejecución de
ciertos actos ilícitos con el entendido de que no serán objeto de investigación
o juzgamiento ni sanción. En este contexto, y según estableciera la Comisión
en su Segundo y Tercer Informes sobre la Situación de los Derechos Humanos
en Colombia, el accionar ilegal de los grupos paramilitares o de justicia
privada contó, desde sus orígenes, con la tolerancia y colaboración de
agentes del Estado;
b) los objetivos del grupo paramilitar liderado por Fidel Castaño, conocido como
“los tangueros”, se encontraban ligados a la persecución y eliminación de
presuntos colaboradores de la guerrilla mediante un modus operandi que
incluía la tortura, el asesinato selectivo y las masacres. En esos años, la finca
“Las Tangas” era escenario de entrenamientos paramilitares por parte de
mercenarios extranjeros y miembros de la Fuerza Pública. Los “tangueros”
contaban con el respaldo económico de ganaderos y comerciantes de la
región, personalidades de la vida política local e, incluso, de la Fuerza Pública
la cual contaba, a partir del año 1987, con la presencia de la XI Brigada del
Ejército en Montería, y
c) en el presente caso existen elementos de prueba que apuntan a la
complicidad de agentes del Estado en la comisión de los hechos materia del
186
Cfr. comprobantes de costas y gastos realizados por la Comisión Colombiana de Juristas, CEJIL y
ASFADDES (anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo V, anexo 6.2 a 6.6, folios 1575 a 1639).
88
presente caso, tanto por acción como por omisión. Asimismo, los actos de los
particulares comprometen su responsabilidad conforme al derecho
internacional. Para ello es suficiente la demostración de que ha habido apoyo
o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en
la Convención. Por lo tanto, le son imputables a éste tanto las violaciones a
la Convención Americana cometidas como resultado de los actos u omisiones
de sus propios agentes como aquéllos cometidos por particulares involucrados
en la desaparición, tortura y ejecución de las presuntas víctimas.
97.
Respecto de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, la Comisión
alegó que:
a) el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, la libertad
y la integridad personales en perjuicio de las 43 presuntas víctimas, por
acción de civiles con la aquiescencia y colaboración de agentes del Estado;
b) los tribunales internos establecieron la responsabilidad de diez particulares
por el asesinato de seis de las 43 presuntas víctimas, cuyos cuerpos fueron
recuperados e identificados. Tras 14 años no se ha esclarecido el paradero de
37 de las presuntas víctimas, por lo que resulta razonable inferir que éstas
fueron ejecutadas extrajudicialmente, y
c) la desaparición forzada o involuntaria constituye una violación múltiple y
continuada de varios derechos de la Convención, pues no sólo produce una
privación arbitraria de la libertad, sino que pone en peligro la integridad
personal, la seguridad personal y la propia vida del detenido. Si bien Colombia
no es parte de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas y, por ende, no le resulta aplicable, corresponde hacer referencia a
la definición de desaparición forzada allí contenida.
98.
Respecto del artículo 19 de la Convención Americana, la Comisión alegó que
el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la
plena vigencia de los derechos del niño. En el presente caso, los niños Manuel de
Jesús Montes Martínez y José Encarnación Barrera Orozco no fueron objeto de las
medidas especiales de protección que su condición de vulnerabilidad en razón de su
edad requería. No sólo las instancias estatales encargadas de hacer cumplir la ley no
actuaron para prevenir que acontecieran los presentes hechos, ni para individualizar
y sancionar los responsables, sino que las agencias estatales encargadas –
específicamente de la protección a la infancia – no intervinieron ni en la prevención
ni en alguna clase de solución del caso. Es manifiesto que el Estado, por conducto de
sus agentes, los hizo víctimas de una desaparición forzada.
Alegatos de los representantes
99.
En relación con la responsabilidad del Estado en el presente caso, los
representantes alegaron que:
a) en la época de los hechos las desapariciones forzadas en Urabá se practicaron
de manera sistemática y tenían por objeto generar terror en la población para
que las personas no colaboraran o apoyaran a las guerrillas. La gran mayoría
fueron realizadas por grupos paramilitares con el apoyo y aquiescencia de
89
miembros de la Fuerza Pública y, a veces, con la participación directa de
éstos;
b) la actuación de las autoridades colombianas en el caso de las desapariciones
ocurridas en la región de Urabá entre 1990 y 1993 se caracterizó por no
realizar investigaciones serias para esclarecer los hechos, y
c) los hechos del presente caso se realizaron en un contexto de alta
militarización en la zona de Urabá como parte de un “plan militar de
exterminio y aniquilamiento de las guerrillas que actuaban en esa zona,
objetivo alcanzable según ese plan mediante ataques a la población civil que
real o presuntamente apoyaba a las guerrillas”. Dicho plan se desarrolló en
distintos planos y bajo distintos aspectos: por un lado, había una comunidad
de propósitos entre las fuerzas militares en la zona y las fuerzas de policía,
con los grupos paramilitares y, por otro, existía una alta militarización de la
zona que tuvo su máxima expresión en el establecimiento de la jefatura
militar, por el Decreto No. 678 de 1988.
100. En relación con los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana los
representantes alegaron que:
a) pese al excepcional control militar de la región, los grupos paramilitares
tuvieron toda la libertad y cooperación de las autoridades militares para
ejecutar los hechos de Pueblo Bello. De hecho, hubo participación directa en
la privación de la libertad de las 43 presuntas víctimas por parte de miembros
de la compañía “Francisco de Paula Vélez”, ubicada a la entrada de San Pedro
de Urabá;
b) las 43 presuntas víctimas fueron privadas ilegal y arbitrariamente de su
libertad, torturadas, y desaparecidas. Dado el largo tiempo transcurrido sin
que sus familiares hayan tenido ninguna información acerca de su paradero,
habría que inferir que las 37 personas que continúan desaparecidas fueron
ejecutadas por el grupo paramilitar;
c) las seis presuntas víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en
las fincas “Las Tangas” y “Paraguay”, fueron ejecutadas por los paramilitares
después de ser cruelmente torturadas. El Estado no realizó las diligencias
judiciales necesarias para esclarecer estos hechos, vulnerando nuevamente el
derecho a la vida de las presuntas víctimas;
d) el Estado ha incumplido la doble obligación de respetar y de garantizar el
derecho a la integridad personal respecto de las presuntas víctimas y sus
familiares. Las presuntas víctimas privadas ilegal y arbitrariamente de su
libertad, fueron introducidas y transportadas en camiones, incomunicadas y
desaparecidas por el grupo paramilitar; fueron sometidas a vejámenes y
maltratos físicos, en el momento de la retención frente a sus familiares,. Este
grupo pudo incursionar y actuar en Pueblo Bello gracias al apoyo y
colaboración de miembros del Ejército. Por tanto, el Estado es responsable
por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas
víctimas, así como por la falta de investigación sufrida por sus familiares, y
e) los familiares de las presuntas víctimas han sufrido un profundo pesar,
angustia, incertidumbre e impotencia como consecuencia de la detención
90
ilegal y arbitraria de las presuntas víctimas, de sus desapariciones forzadas y
de la falta de actuación del Estado para sancionar en un tiempo razonable a
todos los responsables de los hechos y para devolverles a sus familiares. Los
familiares de las seis presuntas víctimas cuyos cuerpos fueron identificados
sufren el dolor que produce la certeza de la ejecución extrajudicial y del
padecimiento de sus seres queridos.
101. Respecto del artículo 19 de la Convención Americana los representantes
alegaron que:
a) cuatro presuntas víctimas eran niños al momento en que fueron detenidos
ilegal y arbitrariamente, tratados cruel e inhumanamente, torturados,
desaparecidos, y con toda seguridad, ejecutados por el grupo paramilitar que
actuó con aquiescencia y colaboración de agentes de la Fuerza Pública y que
lo hizo en desarrollo de sus objetivos;
b) dados los hechos y el contexto en que éstos se produjeron, las
disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño se
agrupan como: a) disposiciones que garantizan al niño el derecho a medidas
especiales de protección y b) disposiciones que garantizan al niño medidas
especiales de protección en contextos de conflicto armado;
c) las disposiciones contenidas en los artículos 2, 3.2, 6, 9.1 y 37 de la
Convención sobre los Derechos del Niño establecen medidas especiales de
protección referentes a la no discriminación, a la garantía a la supervivencia y
al desarrollo del niño, a la prohibición de la tortura y a las condiciones que
deben observarse en casos de privación de la libertad de los niños y las
medidas referentes al derecho del niño a no ser separado de sus padres
contra la voluntad de éstos;
d) al permitir y no prevenir la comisión de estos actos ni haber realizado las
actuaciones necesarias para asegurar el regreso de los cuatro niños al lado de
sus padres y al haber brindado su aquiescencia y colaboración para que esos
actos pudieran ser realizados por el grupo paramilitar, el Estado no garantizó
las especiales medidas de protección a las que tenían derecho los niños
presuntas víctimas, e incumplió con el deber de respetarlas, y
e) el Estado no implementó ninguna medida tendiente a proteger a las
presuntas víctimas en su condición de personas civiles niños.
Alegatos del Estado
102. En relación con su responsabilidad por los hechos del presente caso, el Estado
manifestó lo siguiente:
a) niega cada uno de los cargos y en especial ser responsable de manera
general por la existencia y fortalecimiento de grupos delictivos;
b) no es posible atribuir responsabilidad al Estado por la expedición de
normatividad que dio fundamento legal a la creación de los grupos armados
de autodefensa ilegales. El Estado cumplió con sus deberes de prevención. Su
91
esfuerzo para combatir, prohibir, prevenir, y castigar adecuadamente las
actividades de estos grupos queda comprobado en la adopción de medidas
legislativas y judiciales para combatirlos;
c) no le es imputable la responsabilidad en este caso concreto, ni por infracción
de sus obligaciones convencionales, ya sea por tolerancia o apoyo del poder
público en los hechos de Pueblo Bello;
d) en la investigación, sanción y juzgamiento de los autores y coautores de los
hechos de Pueblo Bello se aplicaron normas legislativas, tales como el Decreto
No. 2666 de 1991, que elevó a legislación permanente disposiciones sobre
porte ilegal de armas, terrorismo y agravación punitiva, y ampliación de
modalidades delictivas;
e) las investigaciones disciplinarias y penales en el presente caso no encontraron
agentes del Estado vinculados en grado o modalidad algunas con los grupos
delictivos, y
f) el “contexto” con el que comienzan los “Fundamentos de hecho” de la
demanda nada aporta al caso concreto, por lo que no puede erigirse en
pretendida base fáctica para una condena del Estado.
103. Respecto de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana, el Estado
manifestó que:
a) no puede existir responsabilidad internacional objetiva del Estado por el sólo
hecho de que un grupo armado ilegal viole los derechos humanos de manera
flagrante. La imputación de la violación al deber de protección no conlleva
automáticamente la imputación por la infracción del de garantía, aunque, por
supuesto, los dos pueden darse igualmente. En cada caso se tendrá que
determinar la calidad de la infracción. Se trata de la racionalidad de la
respuesta del derecho a la infracción;
b) para poder atribuir responsabilidad al Estado por hechos cometidos
directamente por particulares, es imperioso tener en cuenta las estructuras
de la imputación del hecho al Estado, las cuales devienen de las obligaciones
consagradas en la Convención. Sólo cuando se demuestre que el
comportamiento de los integrantes del grupo armado ilegal es imputable por
acción o por omisión a los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas,
porque incumplieron los deberes convencionales frente a los hechos de los
particulares, podrá atribuirse al Estado la responsabilidad internacional. Por el
contrario, si se establece que los hechos no son imputables a los militares, no
hay base jurídica para reprochar al Estado la violación de los derechos
humanos en concreto;
c) las estructuras de imputación de responsabilidad del Estado constituyen
numerus clausus, pues son enumeración cerrada de los eventos en los cuales
la infracción del deber convencional es imputable al Estado en cuestión. Este
presupuesto constituye una garantía al principio de certeza jurídica;
d) en el caso de Pueblo Bello los militares tenían deberes de seguridad y
protección respecto de los habitantes de dicho corregimiento, es decir, tenían
92
posición de garante. Sin embargo, esto no es suficiente para imputar
responsabilidad. Se necesita que esté demostrado que ellos infringieron esos
deberes por acción o por omisión. Del análisis de la imputación personal a los
miembros de las Fuerzas Armadas no se podrá afirmar que ellos crearon un
riesgo jurídicamente desaprobado, que ellos infringieron su deber, pues el
conocimiento de la “situación de riesgo actualizante” del deber es algo que no
se ha probado en absoluto en este proceso;
e) no existe prueba suficiente del posible “apoyo” o “tolerancia” de los miembros
de las Fuerzas Armadas de Colombia a los integrantes del grupo armado ilegal
que irrumpió en Pueblo Bello. Frente al deber de prevenir la violación de los
derechos humanos por parte de terceros, el Estado ha cumplido con este
deber genérico y con los pertinentes en el caso concreto;
f) en el presente caso no existe prueba de la responsabilidad del Estado ni
presunción de imputabilidad de los hechos por la violación de los derechos a
la vida y a la integridad y libertad personal en los hechos de Pueblo Bello,
porque no existió participación de sus agentes. Por tanto, el Estado tampoco
es responsable por el delito de desaparición forzada de personas;
g) los derechos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención se
encontraban y encuentran debidamente protegidos por las leyes del Estado y
garantizados por las autoridades. En el presente caso la autoridad judicial
investigó y sancionó a los responsables, con criterios y modalidades de
participación y dosificación punitiva, coherentes con la gravedad de los
hechos;
h) sorprende que la Comisión base su acusación contra el Estado en las propias
resoluciones de la justicia colombiana, cuando estas instancias, en diversas
ocasiones, exoneraron de responsabilidad al Estado. La Comisión carece
totalmente de prueba que responsabilice al Estado de los ilícitos que se le
vienen imputando;
i)
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado exige establecer
prioridades teniendo en cuenta las restricciones de recursos y las
disponibilidades efectivas de un Estado, las cuales pueden convertirse en
limitantes válidas al goce de un derecho cuando responden a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad. Esto cobra aún más relevancia tratándose
del deber de prevención a cargo del Estado. En estos eventos la obligación del
Estado es de medio y no de resultado, lo cual supone un deber de diligencia
en el sentido de tomar razonablemente las previsiones y cautelas para evitar
la violación de un derecho por parte de terceros;
j)
resulta imposible reprochar al Estado la infracción al deber genérico de
prevención y la lesión de este deber en el caso concreto. La actividad militar
de la zona demuestra la diligencia del Estado en la prevención de cualquier
atentado contra los derechos humanos de los habitantes de la región. No sólo
se trataba de presencia militar pertinente y proporcional de acuerdo con la
capacidad estatal para la defensa de los derechos humanos, sino también de
operativos constantes de persecución a los miembros de grupos armados
presentes en esa región del país. Los militares presentes en la zona no
tuvieron conocimiento alguno de los hechos, ni éstos les fueron conocibles;
93
k) el único instrumento probatorio con el que se ha pretendido sustentar una
posible participación de los militares es el testimonio de Rogelio de Jesús
Escobar Mejía, el cual carece de toda virtualidad para poder destruir la
presunción de inocencia de los militares. Además, su testimonio no puede
fundamentar un fallo condenatorio de la Corte, pues su contenido no ha sido
probado;
l)
el primer elemento general necesario para el juicio de responsabilidad
internacional del Estado es la existencia de un deber específico y la
comprobación de la infracción a ese deber;
m) la investigación de la responsabilidad internacional de Colombia por los
hechos ocurridos en Pueblo Bello debe partir del análisis de los deberes
asumidos por el Estado. De acuerdo con la Convención éste se encuentra
obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos y a garantizar a
todos los sujetos su libre y pleno ejercicio. Cada uno de estos deberes puede
ser descompuesto en otros más concretos. Estos deberes se conocen como
derechos de defensa del ciudadano frente al Estado y son derechos de
acciones negativas del Estado. Pero existen también derechos a acciones
positivas del Estado, a prestaciones;
n) la determinación de la posición de garante no es el único elemento del juicio
de imputación individual al agente estatal. Se necesita, además, que el
agente haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado, y esto se traduce
en la lesión al deber de protección respecto de la población de Pueblo Bello.
No se ha probado que los militares presentes en la zona crearan un riesgo
jurídicamente desaprobado por infringir los deberes resultantes de su
actividad, ni porque conocieran con claridad la situación de riesgo actualizante
del deber. Tampoco existen elementos de prueba que permitan colegir la
cognoscibilidad. Por el contrario, existen elementos dentro del proceso que
apuntan al total desconocimiento por parte de los militares de la situación
concreta de peligro y de una posibilidad de ataque a la población;
o) no existe una única vía de acceso a la finca a la que fueron trasladadas las
personas secuestradas en Pueblo Bello. Por el contrario, está probado que hay
otras vías de acceso desde Pueblo Bello a la finca “Las Tangas”, a través de
las cuales se pudo evadir la presencia y control militares, y
p) el Sistema Interamericano reconoce de manera expresa la posibilidad de que
los derechos sean objeto de limitaciones cuando así lo demande el ejercicio
de los derechos de los demás, por razones de seguridad colectiva o por
motivos de bienestar general (artículos 32, 13, 15 y 22 de la Convención).
Sin embargo, una cosa es la limitación al ejercicio de derechos, admisible
como figura en abstracto bajo condiciones normales, y otra bien distinta la
supresión del derecho que por su naturaleza es inaceptable.
104. Respecto del artículo 19 de la Convención Americana, el Estado alegó que ya
que no existe prueba de su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida,
la libertad y la integridad personales en los hechos de Pueblo Bello, entonces el
Estado tampoco ha incumplido la obligación de respeto de los derechos del niño.
94
Consideraciones de la Corte
105.
El artículo 1.1 de la Convención establece:
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
106.
El artículo 4.1 de la Convención dispone que
[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente.
107.
Los incisos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención establecen:
1.
moral.
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y
2.
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano.
108.
El artículo 7 de la Convención dispone:
1.
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2.
Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las
condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o
por las leyes dictadas conforme a ellas.
3.
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4.
Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su
detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5.
Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho
a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de
que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren
su comparecencia en el juicio.
6.
Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueron ilegales. En los Estados
Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su
libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los
recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
109. Según lo establecido en el capítulo anterior (supra párrs. 95.30 a 95.41), el
14 de enero de 1990 un grupo de aproximadamente 60 hombres fuertemente
armados, pertenecientes a una organización paramilitar denominada "los tangueros",
provenientes de una finca ubicada en el municipio de Valencia, Departamento de
Córdoba, ingresaron en el corregimiento de Pueblo Bello, en el Departamento de
Antioquia. Los miembros del grupo armado se movilizaron en dos camiones e
ingresaron en Pueblo Bello entre las 20:30 y las 22:50 horas de la noche, divididos
en cuatro grupos. Dichos paramilitares bloquearon las vías que de Pueblo Bello
95
conducen a Turbo y a San Pedro de Urabá, portaban armas de fuego de diferente
calibre, vestían de civil y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y llevaban
en el cuello trapos rojos y rosados. Los paramilitares saquearon algunas viviendas,
maltrataron a sus ocupantes y sacaron de sus casas y de una iglesia a un número
indeterminado de hombres, a quienes llevaron a la plaza del pueblo. Allí los
colocaron boca abajo en el suelo y, con base en una lista que portaban, escogieron a
43 hombres, presuntas víctimas del presente caso, quienes fueron amarrados,
amordazados y obligados a abordar los dos camiones utilizados para transporte. Los
dos camiones, con las personas secuestradas, salieron de Pueblo Bello
aproximadamente a las 23:30 horas y se desplazaron nuevamente hacia la finca
“Santa Mónica”, donde llegaron aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del 15
de enero de 1990 y donde fueron recibidos por Fidel Castaño Gil, quien ordenó que
los individuos secuestrados fueran conducidos hasta una playa del río Sinú, ubicada
en la finca “Las Tangas”, también en el Departamento de Córdoba. Una vez allí, las
presuntas víctimas fueron interrogadas y sujetas a diversos actos de tortura. Los
paramilitares habrían matado violentamente a las personas secuestradas y
trasladaron algunos de los cadáveres a la finca "Las Tangas", donde fueron
inhumados. A la fecha sólo seis de las 43 presuntas víctimas han sido identificadas y
sus restos entregados a sus familiares. Las otras 37 personas se encuentran
desaparecidas.
110. Con el propósito de determinar si existe responsabilidad internacional de
Colombia por la violación a los artículos 7, 5 y 4 de la Convención, en relación con el
artículo 1.1 de la misma, la Corte estima pertinente analizar el presente caso de
acuerdo con la estructura de las obligaciones que impone dicho tratado a los Estados
Partes y en atención a las circunstancias y particularidades propias de los hechos del
mismo, en el siguiente orden: a) la responsabilidad de los Estados en el marco de la
Convención Americana; b) los deberes de prevención y de protección de los derechos
a la libertad personal, integridad personal y vida; c) la obligación de investigar
efectivamente los hechos derivado de la obligación de garantía, y d) el derecho a la
integridad personal de los familiares de las presuntas víctimas.
a)
La responsabilidad de los Estados en el marco de la Convención
Americana
111. Este Tribunal ya ha establecido que la responsabilidad internacional de los
Estados, en el marco de la Convención Americana, surge en el momento de la
violación de las obligaciones generales, de carácter erga omnes, de respetar y hacer
respetar –garantizar– las normas de protección y de asegurar la efectividad de los
derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona,
recogidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado187. De estas obligaciones generales
derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades
de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la
situación específica en que se encuentre. En este sentido, el artículo 1.1 es
fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos
por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte en todo su alcance. En
efecto, dicho artículo impone a los Estados Partes los deberes fundamentales de
respeto y garantía de los derechos, de tal modo que todo menoscabo a los derechos
187
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 111, y Condición Jurídica y Derechos
de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. Serie A
No. 18, párr. 140.
96
humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del
Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública,
constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad
internacional en los términos previstos por la misma Convención y según el Derecho
Internacional general. Es un principio de Derecho internacional que el Estado
responde por los actos y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su
carácter oficial, aun si actúan fuera de los límites de su competencia188.
112. La responsabilidad internacional del Estado se funda en “actos u omisiones de
cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la
Convención Americana”189, y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional
atribuido al Estado. En estos supuestos, para establecer que se ha producido una
violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar,
como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su
intencionalidad y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los
cuales se atribuyen los hechos violatorios190. Es suficiente que exista una obligación
del Estado que haya sido incumplida por éste.
113. La Corte también ha reconocido que puede generarse responsabilidad
internacional del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos
humanos cometidos por terceros o particulares, en el marco de las obligaciones del
Estado de garantizar el respeto de esos derechos entre individuos. En este sentido,
este Tribunal ha considerado que
dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares
en principio no atribuibles al Estado. [Las obligaciones erga omnes de respetar y hacer
respetar las normas de protección, a cargo de los Estados Partes en la Convención,]
proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas
a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de
adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos
humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de responsabilidad al Estado
por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u
omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas
obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención191.
114. La Corte ha señalado la existencia de dichos efectos de la Convención en
relación con terceros en ejercicio de sus funciones contenciosa192 y consultiva193, así
188
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 108; Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 72, y Caso “Cinco Pensionistas”.
Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 63.
189
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 110; Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri, supra nota 188, párr. 71, y Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003.
Serie C No. 99, párr. 142.
190
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 110; Caso 19 Comerciantes.
Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 141, y Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de
noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 41.
191
192
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 111.
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 112; Caso de la Comunidad Moiwana,
supra nota 7, párr. 211; Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 108;
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 188, párr. 91; Caso 19 Comerciantes, supra nota
190, párr. 183; Caso Maritza Urrutia, supra nota 190, párr. 71; Caso Bulacio. Sentencia de 18 de
septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 111, y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 189, párr.
81.
97
como al haber ordenado medidas provisionales para proteger a miembros de grupos
o comunidades de actos y amenazas causados por agentes estatales y por terceros
particulares194.
115. Colombia alegó que la determinación de una infracción a un deber estatal que
comprometa su responsabilidad se debe realizar a través de lo que llama unas
“estructuras cerradas de imputación que subyacen al contenido obligacional de la
Convención”. Específicamente el Estado argumentó lo siguiente:
La existencia de un catálogo de deberes negativos y positivos en la Convención conlleva
la posibilidad de deducir responsabilidad ante su lesión o infracción por parte del Estado
en cuestión. Para poder, sin embargo, establecer la violación de los deberes consagrados
en la Convención se hace irrenunciable atender a las estructuras de imputación. Es
decir, la determinación de responsabilidad estatal está estrictamente ligada, de forma
más exacta, condicionada, a la constatación de la infracción concreta del deber y no
simplemente a la afirmación de ese deber.
[…] las estructuras de imputación de responsabilidad al Estado constituyen numerus
clausus, esto es, que son enumeración cerrada de los eventos en los cuales la infracción
del deber convencional es imputable al Estado en cuestión. […] Por fuera de las
estructuras de imputación es imposible realizar algún tipo de deducción de
responsabilidad estatal. Se violaría un derecho del Estado si se desatiende el carácter
cerrado de dichas estructuras; de nuevo, este carácter es garantía de certeza, pues así
no sólo se maximiza la protección de los derechos convencionales, sino que también se
asegura al Estado los eventos de su responsabilidad internacional. La certeza es también
un derecho predicable del Estado195.
116. Al respecto, la Corte ya ha establecido que la responsabilidad estatal bajo la
Convención Americana sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el
Estado haya tenido la oportunidad de reparar el daño ocasionado por sus propios
medios, y la atribución de la misma a un Estado por actos de agentes estatales o de
particulares deberá determinarse atendiendo a las particularidades y circunstancias
de cada caso196, así como a los correlativos deberes especiales de prevención y
protección aplicables al mismo. Si bien esta atribución se realiza con base en el
Derecho Internacional, las diversas formas y modalidades que pueden asumir los
hechos en situaciones violatorias de derechos humanos hacen poco menos que
ilusoria la pretensión de que el Derecho Internacional defina en forma taxativa –o
cerrada o numerus clausus– todas las hipótesis o situaciones –o estructuras– de
193
En su opinión consultiva sobre Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados,
la Corte señaló que “[…] se debe tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos
humanos entre particulares. Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos
humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (erga
omnes). Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del
Drittwirkung, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes
públicos como por los particulares en relación con otros particulares. Cfr. Condición Jurídica y Derechos de
los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03, supra nota 187, párr. 140.
194
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 112; Caso de las Penitenciarias de
Mendoza. Medidas Provisionales. Resolución de 18 de junio de 2005; Caso del Pueblo Indígena Sarayaku.
Medidas Provisionales. Resolución de 6 de julio de 2004; Caso de la Comunidad Kankuamo. Medidas
Provisiones. Resolución de 5 de julio de 2004; Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó.
Medidas Provisionales. Resolución de 6 de marzo de 2003. Serie E No. 4, p. 169; Caso de la Comunidad
de Paz de San José Apartadó. Medidas Provisionales. Resolución de 18 de junio de 2002. Serie E No. 4, p.
141, y Caso de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales. Resolución de 18 de junio de 2002. Serie
E No. 4, p. 53.
195
Cfr. alegatos finales escritos presentados por el Estado (expediente de fondo, tomo IV, págs. 17,
18 y 32, folios 898, 899 y 913).
196
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 113.
98
atribuibilidad o imputabilidad al Estado de cada una de las posibles y eventuales
acciones u omisiones de agentes estatales o de particulares.
117. De tal manera, al interpretar y aplicar la Convención, la Corte debe prestar
atención a las particulares necesidades de protección del ser humano, destinatario
último de las normas contenidas en el tratado de referencia. En razón del carácter
erga omnes de las obligaciones convencionales de protección a cargo de los Estados,
no resulta posible determinar su alcance en función de una visión centrada en la
voluntad soberana de aquéllos y de los efectos de las relaciones meramente
interestatales. Dichas obligaciones incumben a todos los sujetos del Derecho
Internacional y los supuestos de incumplimiento deberán determinarse en cada caso
en función de las necesidades de protección, para cada caso en particular.
118. Una vez señaladas las obligaciones del Estado en el marco de la Convención y
las hipótesis generales de atribución de responsabilidad internacional al Estado, la
Corte procederá a analizar la posible violación de los derechos a la libertad personal,
la integridad personal y la vida de las presuntas víctimas y sus familiares, en el
marco de las obligaciones de prevención, de protección y de investigación derivadas
del artículo 1.1 de la Convención en relación con las normas que reconocen esos
derechos, a saber los artículos 7, 5 y 4 de dicho tratado.
b)
Los deberes de prevención y de protección de los derechos a la
libertad, integridad personal y vida de las presuntas víctimas
119. Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter angular
en la Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido tratado, esos
derechos forman parte del núcleo inderogable, pues se encuentran consagrados
como unos de los que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público
u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes.
120. Este Tribunal ha señalado que el derecho a la vida juega un papel
fundamental en la Convención Americana, por ser el corolario esencial para la
realización de los demás derechos197. Los Estados tienen la obligación de garantizar
la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones
de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes
atenten contra él198. El cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4
de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo
presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación
negativa), sino que además, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre
ejercicio de los derechos humanos, requiere que los Estados adopten todas las
197
Cfr. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 153 citando
Caso Myrna Mack Chang, sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, párr. 152; Caso Juan
Humberto Sánchez, supra nota 189, párr. 110, y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y
otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.
198
Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 192, párr. 153 citando Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, Comentario General 6/1982, párr. 3 en Compilation of General Recommendations
Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N.Doc.HRI/GEN/1/Rev 1 en 6 (1994); Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 14/1984, párr. 1 en Compilation of General
Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N.Doc.HRI/GEN/1/Rev 1 en 18 (1994);
Cfr. asimismo, Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, Serie C No. 101, párr.
152; Caso Juan Humberto Sánchez, Sentencia de 7 de junio de 2003, Serie C No. 99, párr. 110, y Caso de
“los Niños de la Calle.” (Villagrán Morales y otros), supra nota 197, párr. 144.
99
medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación
positiva). Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo
involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben
resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas199.
En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias, no sólo a
nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y
el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la
privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para
prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e
investigar efectivamente estas situaciones (infra párrs. 125 a 127 y 142 a 146).
121. En el presente caso, el Estado reconoció que “los miembros de la Fuerza
Pública eran garantes para el respeto, protección y garantía de los derechos
humanos de los habitantes del corregimiento de Pueblo Bello”. No obstante, sostuvo
que “los deberes […] convencionales no pueden ser una carga insoportable para los
Estados; éste no puede ser garante de todo en toda parte[. …] La capacidad de
reacción estatal estaba limitada por una situación crítica de orden público, que
imposibilitaba una cobertura total del territorio, por lo demás muy extenso. […
E]xistían fuerzas militares en esa zona, por lo que el Estado […] sí había tomado
medidas genéricas de protección, precisamente aquellas acordes con la capacidad de
reacción del Estado”. Además, el Estado alegó que
la existencia de una competencia material, funcional y territorial de los servidores
públicos en el área en que sucedieron los incidentes no se discute, pues los miembros de
las Fuerzas Armadas hacían presencia con una base y un retén militar en la zona. De
este modo, es claro que los deberes que los miembros de las Fuerzas Armadas de
Colombia tenían en el supuesto en análisis eran de protección de la población y de
garantía de seguridad en dicha región, deberes que se deben concretar en el marco de
la imputación personal. [Según el Estado, si bien] la presencia de los militares en la
zona y la asunción de la seguridad en ella, en especial y respecto del retén, sobre la
garantía de los derechos de las personas que transitaban por esta ruta, fundamentan en
el caso concreto el deber general de respeto y protección de los derechos de la
población[,…] ello [no es] suficiente para determinar la responsabilidad del Estado[,
pues] a los efectos de poder imputar algún tipo de responsabilidad a los militares
garantes [se debe probar] que el sujeto haya creado un riesgo jurídicamente
desaprobado, primer elemento de la denominada teoría de la imputación objetiva,
ampliamente reconocida en la dogmática penal.
[Para saber si ha infringido sus deberes convencionales] porque sus agentes han
intervenido, por acción u omisión, en los hechos de los particulares y afectado así
derechos y libertades reconocidos por la Convención, es de lógica jurídica establecer la
imputación personal al agente200.
122. Al respecto, la Corte no es un tribunal penal en el que pueda determinarse la
responsabilidad penal de los individuos 201. En este sentido, según lo señalado
anteriormente acerca de la responsabilidad de los Estados bajo la Convención (supra
199
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 232; Caso Huilce Tecse. Sentencia de
3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 66, y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota
17, párr. 129.
200
Cfr. escrito de alegatos finales escritos presentados por el Estado (expediente de fondo, tomo IV,
págs. 36 y 51 a 53, folios 917 y 932 a 934).
201
Cfr. Caso Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 55;
Caso Fermín Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párrs. 61 y 62; Caso Castillo
Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 90; Caso de la “Panel Blanca”
(Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 71, y Caso Suárez
Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 37.
100
párrs. 111 a 118), ésta no debe ser confundida con la responsabilidad criminal de
individuos particulares202. Por ende, en este proceso no es posible limitar la
definición de las obligaciones de garantía estatales a estructuras específicas para la
determinación de responsabilidades penales –individuales por antonomasia–;
tampoco es necesario definir los ámbitos de competencia de cada miembro o unidad
de las Fuerzas Armadas destacadas en la zona, ni de estructuras penales o criterios
de imputación penal individual tales como la creación de un riesgo jurídicamente
desaprobado, el carácter individual de la posición de garante o la concreción de un
resultado típico, según lo pretende el Estado.
123. Por otro lado, para la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable
por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de
su jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales
de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los
Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar
medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se
encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e
inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades
razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o
hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de
determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es automáticamente
atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y
a la concreción de dichas obligaciones de garantía.
124. En este sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha entendido que el
artículo 2 del Convenio Europeo también impone a los Estados una obligación
positiva de adoptar medidas de protección, en los siguientes términos:
62.
La Corte recuerda que la primera oración del artículo 2.1 obliga al Estado no
sólo a abstenerse de privar intencional e ilegalmente de la vida, sino también a tomar
pasos apropiados para salvaguardar las vidas de quienes se encuentren bajo su
jurisdicción (Ver caso L.C.B. vs Reino Unido. Sentencia de 9 de junio de 1998, Reports
1998-III, pág. 1403, párr. 36). Esto conlleva un deber primario del Estado de asegurar
el derecho a la vida, a través del establecimiento de disposiciones de derecho penal
efectivas para disuadir la comisión de delitos contra las personas, apoyadas por una
maquinaria de implementación de la ley para la prevención, supresión y castigo del
incumplimiento de esas disposiciones. También se extiende, en ciertas circunstancias, a
una obligación positiva de las autoridades de tomar medidas preventivas operativas para
proteger a un individuo o grupo de individuos, cuya vida esté en riesgo por actos
criminales de otros individuos (ver la sentencia de Osman […], pág. 3153, párr. 115).
63.
Teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación y adopción de
políticas públicas en las sociedades modernas, la impredictibilidad de la conducta
humana y las elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas en función de
prioridades y recursos, dicha obligación positiva debe ser interpretada de forma que no
imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada. Por consiguiente, no
todo alegado riesgo a la vida impone a las autoridades la obligación convencional de
tomar medidas operativas para prevenir que aquel riego llegue a materializarse. Para
que surja esa obligación positiva, debe ser establecido que al momento de los hechos las
autoridades sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato
para la vida de un individuo identificado o de algunos individuos respecto de actos
criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las medidas dentro del
alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para evitar
202
En este sentido, cfr. European Court of Human Rights, Case of Adali v. Turkey, judgment of 31
March 2005, Application No. 38187/97, para. 216, y Avsar v. Turkey, judgment of 10 July 2001,
Application No. 25657/94, para. 284.
101
dicho riesgo (ver la sentencia de Osman […], pág. 3159, párr. 116). (Traducción de la
Secretaría)203
125. En el presente caso, la Corte reconoce que el Estado adoptó varias medidas
legislativas para prohibir, prevenir y castigar las actividades de los grupos de
autodefensa o paramilitares (supra párrs. 95.8 a 95.20) y, en atención a la situación
particular del Urabá antioqueño, región donde está ubicado el corregimiento de
Pueblo Bello, el conocimiento de la situación de riesgo y de la necesidad de controlar
la zona se materializó en la adopción de una serie de medidas en este sentido, a
saber: la creación en 1988 de la Brigada XI en Montería y la Brigada Móvil Número
Uno, y la emisión del Decreto No. 0678 de 14 de abril de 1988 para el
“restablecimiento del orden público” en esa zona y que creó la Jefatura Militar del
Urabá Antioqueño (supra párrs. 95.6, 95.7 y 95.26). Por ende, es claro que las
autoridades estatales tenían conocimiento de la posibilidad de que aquél riesgo
específico derivado de las actividades de personas o grupos paramilitares, se viera
concretado en situaciones que afectaran a la población civil.
126. Sin embargo, esas medidas no se vieron traducidas en la desactivación
concreta y efectiva del riesgo que el propio Estado había contribuido a crear. Con la
interpretación que durante años se le dio al marco legal, el Estado propició la
creación de grupos de autodefensas con fines específicos, pero éstos se desbordaron
y empezaron a actuar al margen de la ley. De este modo, al haber propiciado la
creación de estos grupos el Estado creó objetivamente una situación de riesgo para
sus habitantes y no adoptó todas las medidas necesarias ni suficientes para evitar
que éstos puedan seguir cometiendo hechos como los del presente caso. La
declaratoria de ilegalidad de éstos debía traducirse en la adopción de medidas
suficientes y efectivas para evitar las consecuencias del riesgo creado. Esta situación
de riesgo, mientras subsista, acentúa los deberes especiales de prevención y
protección a cargo del Estado en las zonas en que exista presencia de grupos
paramilitares, así como la obligación de investigar con toda diligencia actos u
omisiones de agentes estatales y de particulares que atenten contra la población
civil.
203
Cfr. European Court of Human Rights, Kiliç v. Turkey, judgment of 28 March 2000, Application
No. 22492/93, paras. 62 and 63; Osman v. the United Kingdom judgment of 28 October 1998, Reports of
Judgments and Decisions 1998-VIII , paras. 115 and 116. Texto original en inglés:
62. The Court recalls that the first sentence of Article 2 § 1 enjoins the State not only to refrain from
the intentional and unlawful taking of life, but also to take appropriate steps to safeguard the lives of
those within its jurisdiction (see the L.C.B. v. the United Kingdom judgment of 9 June 1998, Reports
1998-III, p. 1403, § 36). This involves a primary duty on the State to secure the right to life by
putting in place effective criminal-law provisions to deter the commission of offences against the
person, backed up by law-enforcement machinery for the prevention, suppression and punishment of
breaches of such provisions. It also extends in appropriate circumstances to a positive obligation on
the authorities to take preventive operational measures to protect an individual or individuals whose
life is at risk from the criminal acts of another individual (see the Osman judgment […], p. 3159, §
115).
63. Bearing in mind the difficulties in policing modern societies, the unpredictability of human
conduct and the operational choices which must be made in terms of priorities and resources, the
positive obligation must be interpreted in a way which does not impose an impossible or
disproportionate burden on the authorities. Accordingly, not every claimed risk to life can entail for
the authorities a Convention requirement to take operational measures to prevent that risk from
materialising. For a positive obligation to arise, it must be established that the authorities knew or
ought to have known at the time of the existence of a real and immediate risk to the life of an
identified individual or individuals from the criminal acts of a third party and that they failed to take
measures within the scope of their powers which, judged reasonably, might have been expected to
avoid that risk (see the Osman judgment […], pp. 3159-60, § 116).
102
127. La falta de efectividad en la desarticulación de las estructuras paramilitares
surge además de las motivaciones y características de la legislación adoptada a
partir de 1989 y hasta la actualidad (supra párrs. 95.8 a 95.20), así como también
del análisis de la intensidad cuantitativa y cualitativa de violaciones de derechos
humanos cometidas por paramilitares en la época de los hechos y en años
subsiguientes, actuando por sí mismos o en connivencia o colaboración con agentes
estatales, vis-à-vis los altos índices de impunidad en que quedaban ese tipo de
hechos.
128. En ese sentido, la Corte tiene presente que se ha documentado durante
varios años la existencia en Colombia de numerosos casos de vinculación entre
paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, en relación con hechos similares a los
del presente caso204. Según el informe conjunto rendido en 1994 por los Relatores
Especiales de Naciones Unidas sobre la tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, “aunque la Procuraduría General estima inapropiado afirmar la
existencia de una política planificada de ‘violación sistemática’ de los derechos
humanos, señaló en su tercer informe sobre los derechos humanos que las
violaciones habían sido tan numerosas, frecuentes y graves en los últimos años que
no podían tratarse como si fuesen meros casos aislados o individuales de mala
conducta por parte de oficiales de graduación media o inferior sin imputar ninguna
responsabilidad política a la jerarquía civil y militar. Por el contrario, incluso cuando
no se había adoptado ninguna decisión en el sentido de perseguir a la población civil
inerme, el Gobierno y el alto mando militar eran responsables de las acciones y
omisiones de sus subordinados”205. A su vez, el informe rendido por el Relator
Especial sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias en 1989 señala que:
[…] información adicional recibida por el Relator Especial parecería indicar que las
principales regiones donde operan los llamados paramilitares son áreas de fuerte
presencia militar, no habiéndose hasta el momento informado de enfrentamientos entre
éstos y las fuerzas del orden. […] la información con que se cuenta muestra que el
incremento de las ejecuciones sumarias o arbitrarias durante los últimos años, ha estado
íntimamente ligado al incremento de la actividad de los llamados grupos paramilitares.
204
Cfr. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2001/15, 20 de marzo de 2001, párrs. 131, 134
y 254; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005, párrs. 9, 45,
61, 62, 73, 84, 87, 112 a 116; Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2004/13, 17 de febrero de
2004, párrs. 22, 24, 26, 59, 65 y 73; Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2003/13, 24 de
febrero de 2003, párrs. 34, 74 y 77; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2002/17, 28 de
febrero de 2002, párrs. 202, 211, 356 y 365; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2000/11, 9 de
marzo de 2000, párrs. 25 y 111; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/1998, 9 de marzo de
1998/16, párrs. 21 y 29; Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/1998/16, 9 de marzo de 1998,
párrs. 27, 28, 29, 34, 42, 46 y 88.
205
Cfr. Informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S.
Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, Sr. Bacre Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 1994/37 y 1994/82 de
la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Visita de los
Relatores Especiales a la República de Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, E/CN.4/1995/111 de 16
de enero de 1995, párr. 109.
103
[…] Los asesinatos colectivos, que en la mayoría de los casos afectan a campesinos
indefensos, constituyen un fenómeno muy reciente y muestran el alarmante crecimiento
de la violencia en Colombia.
[…] las principales víctimas de las matanzas ocurridas entre 1988 y 1989 han sido los
campesinos. En 1988, 50 de las 73 matanzas fueron contra campesinos, esto es, casi
70 % del total [15 de ellas fueron en Antioquia]. En 1989, 11 de las 21 masacres
ocurridas fueron contra campesinos [6 de ellas fueron en Antioquia]. […] Las áreas
rurales son las más perturbadas por la violencia […]206
129. Además, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos hace constante referencia en sus informes al alto índice de impunidad de
las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario cometida
como consecuencia de procesos penales y de investigaciones disciplinarias abiertos
en contra de miembros de la Fuerza Pública y de paramilitares que no desembocan
en el establecimiento de responsabilidades ni en las correspondientes sanciones207.
En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en el año
1997, se señala:
Tanto las autoridades colombianas como las organizaciones no gubernamentales están
de acuerdo en aceptar que la falta de investigación y juzgamiento de los delitos
constitutivos de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de guerra es uno de
los factores que más ha contribuido a sostener la abundancia y reiteración de conductas
con las cuales se afectan los derechos protegidos por los instrumentos internacionales.
El Defensor del Pueblo afirmó que el difícil panorama de los derechos humanos en su
país "tiene como uno de sus ingredientes básicos la impunidad, que es un poderoso
elemento de retroalimentación de la violencia y lleva a algunos a tomar justicia por
propia mano, con lo que se configura un círculo vicioso casi irrompible208.
130. Esta situación no fue percibida únicamente en ese año, pues ya en dicho
informe conjunto de 1994 de los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre sus
visitas a Colombia, se advertía que la debilidad existente en el sistema de
administración de justicia a principios de los años noventa se plasmaba en los altos
índices de impunidad, los cuales “correspond[ía]n a la justicia penal, tanto ordinaria
como militar, mientras que la Procuraduría General de la Nación, dentro de sus
competencias en materia disciplinaria, y la justicia administrativa estarían
206
Cfr. Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
Informe sobre la visita a Colombia realizada por el Relator Especial sobre ejecuciones sumarias o
arbitrarias (11 de octubre de 1989), 24 de enero de 1990, E/CN.4/1990/22/Add.1, párrs. 20 y 26.
207
Cfr. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005, párr. 92;
Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2004/13, 17 de febrero de 2004, párrs. 26, 27, 28 y 77; Informe
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los
derechos humanos en Colombia en el año 2002, E/CN.4/2003/13, 24 de febrero de 2003, párr. 77;
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2002/17, 28 de febrero de 2002, párr. 211, 212 y 365;
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de
los derechos humanos en Colombia en el año 2000, E/CN.4/2001/15, 20 de marzo de 2001, párrs. 57,
142, 206 y 254, e Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2000/11, 9 de marzo de 2000, párr. 27,
47, 146 y 173.
208
Cfr. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia en el año 1997, E/CN.4/1998, 9 de marzo de 1998, párr.
117.
104
funcionando de manera relativamente satisfactoria”209. A pesar de que la impunidad
afectaba al sistema judicial en general, los mayores problemas surgían en la fase
investigativa de los delitos, la cual corre a cargo de la Fiscalía General de la Nación.
Asimismo, existía un papel excesivo asignado a las fuerzas militares en funciones de
policía judicial – creadas en virtud de una legislación de excepción – por carecer de
la independencia necesaria para llevar a cabo las investigaciones de manera
objetiva.
131. La Corte considera que es dentro del contexto descrito en que sucedieron los
hechos del caso, que debe determinarse la observancia por parte del Estado de sus
obligaciones convencionales de respeto y garantía de los derechos de las presuntas
víctimas. Las partes han discutido varios supuestos particulares acerca de cómo se
configuró la responsabilidad del Estado en este caso.
132. El Estado alegó un supuesto conflicto de derechos que matizaría sus deberes
convencionales de protección y respeto de los derechos humanos según los principios
de razonabilidad y proporcionalidad. Manifestó que el principio de proporcionalidad
debe tenerse en cuenta al realizar el ejercicio de imputación de responsabilidad
internacional al Estado, puesto que para enfrentar “las dificultades producto de la
tensión entre derechos constitucionales resulta necesario un ejercicio de ponderación
que permita armonizar los bienes constitucionales en caso de colisión”. Además
señaló que dicho principio debe ser tenido en cuenta, pues es posible que en el
supuesto de un hecho concreto se trate de una colisión de deberes, como por
ejemplo en el supuesto de la existencia de ataques simultáneos de grupos armados
ilegales a diferentes poblaciones. Más específicamente, el Estado argumentó lo
siguiente:
Los militares presentes en la zona, los del retén y la base, cubrían un área determinada
y prestaban la seguridad de unos caminos concretos, de modo que la exigencia de una
mayor cobertura o simplemente de otra actividad atentaría contra el mismo plan de
seguridad diseñado para la zona y que ya había sopesado las diferentes variantes y
posibilidades de defensa. Por algo el retén estaba ubicado allí y no en otra parte! Si, por
ejemplo, los militares hubiesen realizado visitas de control a las poblaciones cercanas,
habrían descuidado el punto central de vigilancia que también servía a la protección de
otros derechos, precisamente de aquellos de los habitantes de la zona en que se
encontraban. Tampoco se les puede exigir desarrollar una estrategia que ponga en
peligro su propia vida, pues ésta sería a todas luces ineficaz e incompatible con el
objetivo estatal de seguridad y control210.
133. Ciertamente el principio de proporcionalidad constituye un importante criterio
o herramienta de aplicación e interpretación de normativa interna y de instrumentos
internacionales, para determinar la atribución de responsabilidad al Estado. Ello
depende de la naturaleza del derecho que se alega violado, de las limitaciones
generales o específicas que admita su goce y ejercicio, y de las particularidades de
cada caso. Sin embargo, el presente caso no constituye una decisión acerca de la
legitimidad de una injerencia, restricción o limitación estatal en la esfera de un
209
Cfr. Informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S.
Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, Sr. Barce Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 1994/37 y 1994/82 de
la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Visita de los
Relatores Especiales a la República de Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, E/CN.4/1995/111 de 16
de enero de 1995, párr. 78.
210
Cfr. escrito de alegatos finales escritos presentados por el Estado (expediente de fondo, tomo IV,
pág. 108, folio 988).
105
derecho individual protegido por la Convención, en atención a determinados fines en
una sociedad democrática211. Tampoco se trata de determinar la necesidad del uso
de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad estatales, en casos en que deba
determinarse el carácter arbitrario de la muerte de personas y sea necesario juzgar
la proporcionalidad de las medidas tomadas para controlar una situación de
afectación del orden público o un estado de emergencia212. En estas hipótesis sí
tendría clara aplicación el principio de proporcionalidad.
134. En el presente caso, el Estado no ha demostrado que sus fuerzas de
seguridad se hayan visto limitadas por tener que adoptar medidas para proteger a
otra población de un ataque simultáneo al ocurrido en Pueblo Bello el día de los
hechos; sólo se limitó a alegar que “no se tenía conocimiento preciso de la existencia
de este grupo en esa zona específica, toda vez que la Fuerza Pública estaba
desarrollando todo su accionar en contra del frente 5 de las FARC, y otro del EPL,
quienes desarrollaban su accionar delictivo fuertemente en la zona”. Según fue
señalado (supra párrs. 125 a 127), la declaratoria de ilegalidad de los grupos
paramilitares implicaba que el Estado dirigiera sus acciones de control y seguridad
también contra aquéllos y no solamente contra la guerrilla. De manera que si, tal
como lo alega el Estado, en ese momento y en esa zona sus fuerzas de seguridad
dirigían todo su accionar contra grupos guerrilleros, ello significaría que el Estado
descuidó esos otros deberes de prevención y protección de los habitantes de esa
zona respecto de los grupos paramilitares. En este tipo de situaciones, de violencia
sistemática y de graves violaciones de los derechos en cuestión, en una zona
declarada de emergencia y de operaciones militares (supra párrs. 95.1 a 95.15,
95.21 a 95.29 y 127 a 131), los deberes de adoptar medidas positivas de prevención
211
En este sentido, cfr., inter alia, Caso Palamara Iribarne, supra nota 11, párr. 197; Caso Ricardo
Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 153; Caso Acosta Calderón. Sentencia
de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 74; Caso Tibi, supra nota 192, párr. 180; Condición
Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre
de 2003. Serie A No. 18, párrs. 84, 85 y 143; La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de
1985. Serie A No. 5, párrs. 45 y 54; Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica
Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4,
párrs. 54-55. Ver también, European Court of Human Rights, Sunday Times v. United Kingdom,
judgement of 26 April 1979, Series A 30; Observer and Guardian v. United Kingdom, judgement of 26
November 1991, Series A 216; Goodwin v. United Kingdom, judgement of 27 Mars 1996, Reports 1996-II
483; Jersild v. Denmark, judgement of 23 September 1994, Series A 298; Communist Party of Turkey
and Others v. Turkey, judgement of 30 January 1998, Reports 1998; Handyside v. United Kingdom,
Judgement of 7 December 1976, Series A, No. 24; (1979-80) 1 EHRR 737, para. 48; Müller and Others v.
Switzerland, judgement of 24 May 1988, Series A 133; The “Belgian linguistic” case v. Belgium,
judgement of 23 July 1968, Series A 6; Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom, judgement
of 28 May 1985, Series A 94; Hoffmann v. Austria, judgement of 23 June 1993, Series A 255-C; Marckx v.
Belgium, judgement of 13 June 1979, Series A 31; and Vermeire v. Belgium, judgement of 29 November
1991, Series A 214-C.
212
Cfr. Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párrs. 79 y 108;
Caso Neira Alegría y otros. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, párrs. 69 y 72; Garantías
Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 107; El Hábeas Corpus Bajo
Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 42. Ver también, European
Court of Human Rights, McCann and Others v. United Kingdom, judgement of 27 September 1995, Series
A 324, para. 149. See also, Andronicou and Constantinou v. Cyprus, judgement of 9 October 1997,
Reports 1997; Osman v. v. United Kingdom, judgement of 28 October 1998, Reports 1998. Asimismo, cfr.
Human Rights Committee, General Comment No. 6/16; Suárez Guerrero v. Colombia, No. 45/1979;
Herrera Rubio v. Colombia 161/1983; Sanjuán brothers v. Colombia, No. 181/1984; Baboeram et al. v.
Suriname, Nos. 146, 148-154/1983; Bleier v. Uruguay, No. 30/1978; Dermit Barbato v. Uruguay, No.
84/1981; Miango Muiyo v. Zaire, No. 194/1985.
106
y protección a cargo del Estado se ven acentuados y revestidos de importancia
cardinal en el marco de las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 de la
Convención, por lo que no tendría aplicación alguna dicho principio de
proporcionalidad ni han sido demostradas las hipótesis planteadas por el Estado.
135. En este caso ciertamente no ha sido probado que las autoridades estatales
tuvieran conocimiento previo específicamente del día y hora del ataque a la
población de Pueblo Bello y de las modalidades del mismo. Por ejemplo, no han sido
aportados elementos probatorios que demuestren que habitantes de dicha localidad
hayan denunciado actos de intimidación o amenazas previos a dicho ataque. A su
vez, contrario a lo alegado por el Estado, es irrelevante a los efectos de este proceso
determinar si los habitantes de Pueblo Bello habían denunciado el supuesto robo de
un ganado, que habría motivado una venganza del grupo paramilitar liderado por
Fidel Castaño Gil, pues ello no condicionaría en modo alguno el deber de protección
estatal.
136. Por otro lado, la Comisión y los representantes han alegado la supuesta
participación directa de miembros del Ejército o de la policía en la incursión en
Pueblo Bello en la noche del 14 de enero de 1990, específicamente en la privación
arbitraria de libertad de las cuarenta y tres personas. Este alegato descansa
principalmente en la declaración del señor Mariano Martínez, quien dijo haber visto al
menos doce militares activos adscritos a la base militar ubicada en San Pedro de
Urabá, quienes habrían actuado conjuntamente con el grupo de paramilitares en la
incursión en el pueblo esa noche. Esta hipótesis no fue planteada por la Comisión al
presentar la demanda y lo único que refiere a la presencia de agentes estatales junto
con los paramilitares esa noche en Pueblo Bello es ese testimonio, el cual ha sido
valorado por la Corte (supra párr. 70) llegando a la conclusión que no se encuentra
corroborado por los testimonios o declaraciones de otras personas que estuvieran
presentes la noche de ese día en Pueblo Bello.
137. Además, existe una controversia entre las partes en lo que respecta a si los
camiones que transportaban al grupo de aproximadamente 60 paramilitares y a las
presuntas víctimas, desde Pueblo Bello hacia la finca “Las Tangas” en el
Departamento de Córdoba, pasaron o no por el retén militar ubicado en San Pedro
de Urabá o si habrían pasado por caminos, trochas o vías alternas.
138. La Corte observa que no hay controversia acerca de la existencia y ubicación
del retén militar en la entrada de San Pedro de Urabá y de una base militar en esa
localidad, ni de que había desviaciones, caminos y trochas en el camino principal
entre Pueblo Bello y San Pedro de Urabá; además, la prueba que obra en el
expediente no es concluyente en cuanto a si esas otras vías eran transitables por
camiones con esas características (supra párrs. 80 a 84, 95.130 a 95.132 y 95.135).
Independientemente de la vía recorrida por esos camiones, este Tribunal considera
que Colombia no adoptó las medidas de prevención suficientes para evitar que un
grupo de aproximadamente 60 paramilitares ingresara al Municipio de Pueblo Bello,
en horas en las que estaba restringida la circulación de vehículos, y luego saliera de
dicha zona, después de haber detenido al menos a las 43 presuntas víctimas del
presente caso, quienes fueron asesinadas o desaparecidas posteriormente. Es decir,
la movilización de un número considerable de personas por esas zonas, cualquiera
que haya sido la ruta tomada, revela que el Estado no adoptó las previsiones
razonables para controlar las rutas disponibles en la zona.
107
139. Lo anteriormente expuesto conlleva a señalar que el Estado no adoptó, con la
debida diligencia, todas aquellas medidas necesarias para evitar que operaciones de
esta envergadura pudiesen llevarse a cabo en una zona declarada “de emergencia y
de operaciones militares”, situación esta última que coloca al Estado en una posición
especial de garante, debido a la situación del conflicto armado que imperaba en esa
zona y que habría llevado al propio Estado a adoptar medidas particulares.
140. La Corte observa que si bien la masacre de Pueblo Bello ocurrida en enero de
1990 fue organizada y perpetrada por miembros de grupos paramilitares, aquélla no
habría podido ejecutarse si hubiere existido protección efectiva de la población civil
en una situación de riesgo razonablemente previsible por parte de miembros de las
Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado. Ciertamente no existen pruebas ante
este Tribunal que demuestren que el Estado dirigiera directamente la ejecución de la
masacre o que existiese un nexo entre miembros del Ejército y los grupos
paramilitares o una delegación de funciones públicas de aquél a éstos. No obstante,
la responsabilidad por los actos de los miembros del grupo paramilitar en este caso
en particular es atribuible al Estado en la medida en que éste no adoptó
diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función
de las circunstancias descritas. Por las razones expuestas en los párrafos anteriores,
la Corte concluye que el Estado no cumplió con su obligación de garantizar los
derechos humanos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención, por haber
faltado a sus deberes de prevención y protección, en perjuicio de las personas
desaparecidas y privadas de su vida en este caso.
141. Corresponde además determinar si, a la luz de las obligaciones de garantía
establecidas en el artículo 1.1 de la Convención, esa situación fue debidamente
investigada en los procedimientos internos abiertos al efecto.
c)
La obligación de investigar efectivamente los hechos derivada de la
obligación de garantía
142. La obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en la
Convención no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer
posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una
conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz
garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (supra párr. 120). De tal
manera, de esa obligación general de garantía deriva la obligación de investigar los
casos de violaciones de esos derechos; es decir, del artículo 1.1 de la Convención en
conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado.
143. En particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición
previa para la realización de los demás derechos (supra párrs. 119 a 120), una de
esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el
deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los
derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una
investigación seria, imparcial y efectiva213, que no se emprenda como una simple
213
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párrs. 219 y 223; Caso de la Comunidad
Moiwana, supra nota 7, párr. 145, y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 188, párr. 131.
108
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa214. Esta investigación debe ser
realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de
la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos
los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando
están o puedan estar involucrados agentes estatales215.
144. Ciertamente durante el proceso de investigación y el trámite judicial, las
víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias
oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los
hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa
compensación216. No obstante, la investigación debe tener un sentido y ser asumida
por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad
pública busque efectivamente la verdad217.
145. La realización de una investigación efectiva es un elemento fundamental y
condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o
anulados por esas situaciones, como lo son en el presente caso los derechos a la
libertad personal, integridad personal y vida. Esta apreciación es válida cualquiera
sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los
particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en
cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la
responsabilidad internacional del Estado218.
146. La Corte reconoce las difíciles circunstancias por las que atravesaba y
atraviesa Colombia, en las que su población y sus instituciones hacen esfuerzos por
alcanzar la paz. Sin embargo, las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles
sean, no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones
establecidas en ese tratado, que subsisten particularmente en casos como el
presente219. El Tribunal ha sostenido que al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas
a realizar ejecuciones extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no
sancionar efectivamente, en su caso, a los responsables, el Estado viola sus
obligaciones de respetar y garantizar los derechos reconocidos por la Convención a la
presunta víctima y sus familiares, impide que la sociedad conozca lo ocurrido220 y
214
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 223; Caso de la Comunidad Moiwana,
supra nota 7, párr. 146; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C
No. 120, párr. 61, y Caso Bulacio, supra nota 192, párr. 112.
215
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 237; Caso de la Comunidad Moiwana,
supra nota 7, párr. 203, y Caso Hermanas Serrano Cruz, supra nota 214, párr. 170.
216
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 219; Caso de la Comunidad Moiwana,
supra nota 7, párr. 147, y Caso Hermanas Serrano Cruz, supra nota 214, párr. 63.
217
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 219; Caso de la Comunidad Moiwana,
supra nota 7, párr. 146, y Caso Hermanas Serrano Cruz. supra nota 214, párr. 61.
218
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párrs. 137 y 232; Caso Huilca Tecse.
Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 66; Caso “Instituto de Reeducación del Menor”,
supra nota 17, párr. 158; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 188, párr. 129, y Caso 19
Comerciantes, supra nota 192, párr. 153.
219
Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 10, párr. 170; Caso de la “Masacre de
Mapiripán”, supra nota 7, párr. 238, y Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 153.
220
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 238; Caso de la Comunidad Moiwana,
supra nota 7, párr. 153, y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 189, párr. 134.
109
reproduce las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a
repetirse221.
147. En tal sentido, en el marco de la obligación de proteger el derecho a la vida
bajo el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales, leída en conjunto con el artículo 1 del mismo, la Corte Europea de
Derechos Humanos ha desarrollado la teoría de la “obligación procesal” de efectuar
una investigación oficial efectiva en casos de violaciones a aquél derecho. En el caso
Ergi vs. Turquía, el referido tribunal europeo decidió que, aunque no existían pruebas
fehacientes de que las fuerzas de seguridad habían causado la muerte de la víctima, el
Estado había faltado a su deber de protección del derecho a la vida de la víctima,
tomando en cuenta la conducta de las fuerzas de seguridad y la falta de una
investigación adecuada y efectiva, por lo que había incurrido en violación del artículo 2
del Convenio Europeo222. A una conclusión similar llegó la Corte Europea en los casos
Akkoç y Kiliç, ambos contra Turquía, luego de determinar el limitado alcance y corta
duración de las investigaciones oficiales llevadas a cabo en relación con la muerte del
esposo de la peticionaria 223.
148. Para determinar si la obligación de proteger los derechos a la vida, a la
integridad personal y a la libertad personal por la vía de una investigación seria de lo
ocurrido, se ha cumplido a cabalidad, es preciso examinar los procedimientos
abiertos a nivel interno destinados a dilucidar los hechos ocurridos en Pueblo Bello y
a identificar a los responsables de las desapariciones de 37 personas y las
privaciones de libertad y, posteriormente de vida de seis personas cuyos cadáveres
se han identificado. Este examen debe hacerse a la luz de lo que dispone el artículo
25 de la Convención Americana y de los requerimientos que impone el artículo 8 de
la misma para todo proceso, y se efectuará en profundidad en el próximo capítulo de
esta sentencia (infra párrs. 169 a 212). Para los efectos de la determinación de las
violaciones de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención, materia de análisis en los
párrafos precedentes, baste decir que la Corte considera que las investigaciones
realizadas en Colombia respecto de los sucesos de Pueblo Bello, en procedimientos
llevados a cabo por la justicia penal ordinaria y la militar, la justicia disciplinaria y la
contencioso administrativa, muestran graves fallas que han socavado la efectividad
de la protección prevista en la normativa nacional e internacional aplicable en este
tipo de casos y han llevado a la impunidad de ciertos hechos delictuosos que
constituyen, a la vez, graves violaciones de los derechos humanos consagrados en
las disposiciones de la Convención citadas en este párrafo considerativo.
149. La Corte no puede dejar de advertir que los hechos objeto de esta sentencia
forman parte de una situación en que prevalece un alto índice de impunidad en
hechos criminales perpetrados por paramilitares (supra párrs. 129 y 130). Las
actuaciones ilegales de estos grupos no encuentran en la judicatura una respuesta
adecuada y fiel a los compromisos internacionales del Estado y ello conduce a la
creación de un campo fértil para que estos grupos que operan al margen de la ley
sigan cometiendo hechos como los del presente caso.
221
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 238; Caso de los Hermanos Gómez
Paquiyauri, supra nota 188, párr. 130, y Caso Myrna Mack Chang, supra nota 197, párr. 156.
222
Cfr. European Court of Human Rights, (Chamber), Ergi v. Turkey, judgment of 28.07.1998, Reports
of Judgments and Decisions, n. 81, paras. 85-86.
223
Cfr. European Court of Human Rights, Akkoç v. Turkey, judgment of 10 October 2000, paras. 77
to 99; Kiliç v. Turkey, judgment of 28 March 2000, paras. 78 to 83.
110
150. Por todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado no ha cumplido con su
obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en los artículos 4, 5 y 7
de la Convención respecto de las personas desaparecidas y privadas de su vida en
este caso, al no realizar una investigación seria, completa y efectiva de los hechos
motivo de esta sentencia.
*
151. A las situaciones antes descritas de falta de debida diligencia en la protección,
incluso preventiva, de los habitantes de Pueblo Bello, y en las investigaciones
abiertas al efecto, se añade que fue el propio Estado el que creó una situación de
riesgo que después no controló ni desarticuló (supra párrs. 125 a 128). De tal
manera, si bien los actos cometidos por los paramilitares contra las presuntas
víctimas del presente caso son hechos cometidos por particulares, la responsabilidad
por aquéllos actos es atribuible al Estado en razón del incumplimiento por omisión de
sus obligaciones convencionales erga omnes de garantizar la efectividad de los
derechos humanos en dichas relaciones interindividuales, y se ve concretada y
agravada por no haber suprimido o resuelto efectivamente la situación de riesgo
propiciada por la existencia de esos grupos y por haber continuado propiciando sus
acciones a través de la impunidad. Por ende, el Estado es responsable por la
privación arbitraria de la libertad e integridad personales, así como de la vida, de las
43 personas secuestradas en el corregimiento de Pueblo Bello el día 14 de enero de
1990 y posteriormente desaparecidas o privadas de su vida.
152. En relación con la determinación de las violaciones cometidas en el presente
caso, ha sido probado que las 43 personas fueron arbitrariamente privadas de su
libertad; que seis de ellas fueron privadas de su vida y que las otras 37 se
encuentran desaparecidas. Ciertamente no existe prueba de los actos específicos a
que fueron sometidas cada una de esas personas antes de ser privadas de su vida o
desaparecidas. No obstante, el propio modus operandi de los hechos del caso y las
graves faltas a los deberes de investigación permiten inferir que las personas
secuestradas fueron objeto de tortura o graves tratos crueles, inhumanos o
degradantes, pues ha sido probado que a algunos de ellos les cortaron las venas, las
orejas, los órganos genitales y les "chuzaron" los ojos, incluso habrían sido
"golpeados a patadas y puñetazos" hasta su muerte (supra párrs. 95.39 y 95.40). En
la menos cruel de las situaciones, fueron sometidas a graves actos contrarios a la
integridad personal al presenciar los actos proferidos contra otras personas y sus
homicidios, lo cual les hizo prever su fatal destino. De tal manera, sería incoherente
limitar la determinación de los actos contrarios a la integridad personal a sólo
algunas de las presuntas víctimas.
153. Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que, por haber
faltado a sus deberes de prevención, protección e investigación, el Estado tiene
responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a
la libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la
Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en razón del
incumplimiento de sus obligación de garantizar esos derechos, en perjuicio de las
seis personas privadas de la vida, a saber: Andrés Manuel Peroza Jiménez, Juan Luis
Escobar Duarte, José Leonel Escobar Duarte, Ovidio Carmona Suárez, Ricardo
Bohórquez Pastrana y Jorge David Martínez Moreno, así como de las 37
desaparecidas, a saber: José del Carmen Álvarez Blanco, Fermín Agresott Romero,
Víctor Argel Hernández, Genor Arrieta Lora, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco,
111
Diómedes Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, Jorge Fermín Calle Hernández,
Jorge Arturo Castro Galindo, Benito Genaro Calderón Ramos, Juan Miguel Cruz (o
Cruz Ruiz), Ariel Dullis Díaz Delgado, Camilo Antonio Durango Moreno, César
Augusto Espinoza Pulgarín, Wilson Uberto Fuentes Miramón, Andrés Manuel Flórez
Altamiranda, Santiago Manuel González López, Carmelo Manuel Guerra Pestana,
Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Lucio Miguel Úrzola Sotelo, Ángel Benito Jiménez
Julio, Miguel Ángel López Cuadro, Mario Melo Palacio, Carlos Antonio Melo Uribe,
Juan Bautista Meza Salgado, Pedro Antonio Mercado Montes, Manuel de Jesús
Montes Martínez, José Encarnación Barrera Orozco, Luis Carlos Ricardo Pérez, Miguel
Antonio Pérez Ramos, Raúl Antonio Pérez Martínez, Benito José Pérez Pedroza, Elides
Manuel Ricardo Pérez, José Manuel Petro Hernández, Luis Miguel Salgado Berrío,
Célimo Arcadio Hurtado y Jesús Humberto Barbosa Vega.
d)
El derecho a la integridad personal de los familiares de las personas
desaparecidas y privadas de la vida
154. Esta Corte ha señalado, en reiteradas oportunidades224, que los familiares de
las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas.
En esta línea, este Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad
psíquica y moral de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento propio
que éstos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las
violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores
actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos225.
155. En el presente caso, la Corte tuvo por probado que los paramilitares que
incursionaron en Pueblo Bello saquearon algunas viviendas, maltrataron a sus
ocupantes y sacaron de sus casas a un número indeterminado de hombres, a
quienes llevaron a la plaza del pueblo. Asimismo, algunos miembros del grupo
armado ingresaron a la iglesia ubicada frente a dicha plaza, donde ordenaron a las
mujeres y niños que permanecieran en el interior y a los hombres que salieran y se
dirigieran a la plaza. Varios de ellos presenciaron cómo los paramilitares se llevaban
a sus familiares y fueron testigos de cómo sus familiares fueron amarrados,
amordazados y obligados a abordar los dos camiones utilizados para el transporte de
los paramilitares (supra párrs. 95.33 y 95.160). Estos hechos constituyen actos
contrarios a la integridad personal de los familiares de las personas desaparecidas y
privadas de la vida.
156. En los días siguientes de sucedidos los hechos, los familiares se dedicaron a
buscar a sus seres queridos y a denunciar lo acontecido. Acudieron no sólo a los
retenes y bases militares, sino también se dirigieron a las autoridades municipales de
Turbo, ciudad donde permanecieron en condiciones muy precarias por varios días en
espera de alguna respuesta. Al no obtenerla, regresaron a Pueblo Bello.
157. Más de tres meses después de sucedidos los hechos del caso, varios de los
familiares de las presuntas víctimas acudieron al Hospital de Montería para realizar
un reconocimiento de cadáveres. Sin embargo, no contaron con apoyo por parte de
224
Cfr. Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 60; Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra
nota 7, párrs. 144 y 146, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 214, párrs. 113 y 114.
225
Cfr. Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 60, Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra
nota 7, párrs. 144 y 146, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 214, párr 113 y 114.
112
las autoridades y, en su gran mayoría, no pudieron reconocer a sus familiares pues
únicamente seis de las personas desaparecidas fueron identificadas (supra párrs.
95.74 y 95.75). Las condiciones en que se encontraban los cuerpos, descompuestos
y en bolsas de plástico colocadas en el suelo, así como el hecho de haber observado
el estado y heridas de los cadáveres, ha ocasionado en los familiares de las personas
desaparecidas y privadas de la vida un gran sufrimiento y dolor al suponer que sus
seres queridos hubieran corrido la misma suerte que aquéllos.
158. En el presente caso, no se ha llevado a cabo una investigación completa y
efectiva sobre los hechos de enero de 1990. Además, surge del expediente que son
pocos los familiares que fueron llamados a declarar por parte de las autoridades y
que, además, su participación en los procedimientos internos ha sido muy limitada
(infra párr. 185). Ya en otras oportunidades el Tribunal ha considerado que la
ausencia de recursos efectivos es una fuente de sufrimiento y angustia adicionales
para las víctimas y sus familiares226.
159. Asimismo, es necesario destacar que luego de los hechos de enero de 1990,
varios habitantes de Pueblo Bello han salido de Colombia o se vieron desplazados de
dicho corregimiento (supra párr. 95.161 e infra párr. 225), debido al miedo y
angustia ocasionados por los hechos y a la situación posterior, y han enfrentado los
efectos del fenómeno del desplazamiento forzado interno. Algunos de ellos han
tenido que regresar contra su voluntad por no encontrar medios de subsistencia
fuera de esta localidad.
160. Como se observa, los familiares de las personas presuntamente
desaparecidas y privadas de la vida han sufrido graves daños como consecuencia de
los hechos de enero de 1990, de la desaparición y/o privación de la vida de las
mismas, por la falta de eficacia en la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos
y, en algunos casos, por el miedo de vivir en Pueblo Bello. Todo lo anterior, además
de haber afectado su integridad física, psíquica y moral, ha impactado sus relaciones
sociales y laborales, ha alterado la dinámica de sus familias (supra párrs. 95.160 y
95.161).
161. Más allá de lo anterior, el hecho de que aún hoy, dieciséis años después de
sucedidos los hechos, 37 de esas 43 personas continúen desaparecidas, ha
ocasionado que los familiares no hayan contado con la posibilidad de honrar
apropiadamente a sus seres queridos fallecidos. En casos que involucraban la
desaparición forzada de personas, el Tribunal ha afirmado que la violación del
derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una
consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno227, que les causa un severo
sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta por no haber sido establecida
toda la verdad de los hechos y como un efecto de la impunidad parcial.
162. Así, la Corte estima que los familiares inmediatos individualizados en este
proceso deben ser considerados a su vez como víctimas de la violación del derecho a
la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en relación
con el artículo 1.1 de dicho tratado.
226
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 145; Caso de la Comunidad Moiwana,
supra nota 7, párr. 94, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 214, párrs. 113 a 115.
227
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 59; Caso Gómez Palomino, supra nota 10,
párr. 61, y Caso 19 Comerciantes, supra nota 192, párr. 211.
113
*
*
*
163. En relación con la alegada violación del artículo 19 de la Convención (supra
párrs. 98 y 101), la Corte considera que ésta ha sido considerada dentro de las faltas
a los deberes de prevención, protección e investigación declaradas como fundamento
de la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 (supra párrs. 118 y 153).
IX
ARTÍCULOS 8.1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO
(GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL)
164.
Alegatos de la Comisión
a) las actuaciones judiciales llevadas adelante por el Estado para esclarecer la
responsabilidad de civiles y militares en la desaparición forzada y ejecución
extrajudicial de las presuntas víctimas no satisfacen los requisitos previstos
en la Convención Americana relativos a las garantías del debido proceso y la
debida protección judicial;
b) si bien el 26 de mayo de 1997, transcurridos siete años de los hechos, se
profirió una condena en primera instancia contra diez personas, del caso se
desprende la participación de aproximadamente 60 personas. Sólo tres de los
diez condenados cumplen pena privativa de libertad; la mayoría de las
órdenes de captura proferidas contra las personas condenadas en ausencia no
han sido ejecutadas. La falta de vinculación de varios de los partícipes en los
hechos, sumada a la falta de ejecución de la captura de la mayoría de las
personas condenadas in abstentia, constituyen una manifestación de retardo
en la administración de justicia;
c) desde la resolución de 30 de diciembre de 1997 del Tribunal Nacional, la
investigación de los copartícipes no incluidos en la resolución de acusación
original permanece abierta, tras catorce años de ocurridos los hechos. Una
investigación penal debe realizarse prontamente para proteger los intereses
de las presuntas víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los
derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea
considerada sospechosa;
d) la asignación de parte de la investigación a la justicia penal militar viola los
derechos a la protección judicial y a las garantías al debido proceso. En el
presente caso se verificó la intervención de la justicia militar en el
juzgamiento de un miembro del Ejército presuntamente involucrado en los
hechos. La jurisdicción penal militar no satisface los estándares de
independencia e imparcialidad requeridos por el artículo 8.1 de la Convención,
como foro para examinar, juzgar y sancionar casos que involucran violaciones
de los derechos humanos. Esto ha sido materia de pronunciamiento de la
Corte, así como de otros organismos internacionales. El sistema de justicia
militar no forma parte del Poder Judicial del Estado: quienes toman las
decisiones no son jueces de la carrera judicial y la Fiscalía General no cumple
su papel acusatorio en el sistema de la justicia militar. Además, la Corte
114
Constitucional de Colombia se ha pronunciado sobre la jurisdicción de los
tribunales militares para examinar casos relativos a violaciones de derechos
humanos y, de acuerdo con estos pronunciamientos, la gravedad de las
violaciones cometidas en este caso hace inapropiado el juzgamiento en el
ámbito de la jurisdicción militar de los agentes estatales involucrados, y
e) el Estado no ha adoptado las medidas necesarias para la recuperación de la
totalidad de los cuerpos de las presuntas víctimas. Estas violaciones impiden
que se satisfaga el derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto.
165.
Alegatos de los representantes
a) el Estado ha incumplido su deber de investigar y sancionar de manera
imparcial y en un tiempo razonable a todos los responsables de los hechos de
Pueblo Bello, de conformidad con los artículos 8, 25 y 1 de la Convención;
b) la protección activa de los derechos consagrados en la Convención se
enmarca en el deber del Estado de garantizar el libre y pleno ejercicio de los
derechos de todas las personas bajo su jurisdicción y requiere que el Estado
adopte las medidas necesarias para castigar la violaciones a los derechos
humanos y prevenir que se vulnere alguno de estos derechos por parte de sus
propias fuerzas o de terceros que actúen con su aquiescencia;
c) la sola existencia de tribunales y leyes destinados a cumplir las obligaciones
consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención no es suficiente; las
obligaciones son afirmativas y los Estados deben realizar una investigación
exhaustiva de todos los responsables de las violaciones de los derechos
humanos, tanto de los autores directos como de los autores intelectuales;
d) el Estado ha privado a los familiares de las presuntas víctimas el acceso a un
recurso sencillo y rápido. La jurisdicción ordinaria ha sido extremadamente
tardía y ha demostrado su ineficacia para identificar, juzgar y sancionar a
todos los responsables de los hechos. Esas investigaciones no han sido
seriamente conducidas a efectos de garantizar a los familiares de las
presuntas víctimas el derecho a conocer el paradero de sus seres queridos;
e) respecto del proceso ante la justicia ordinaria:
i.
sólo han sido condenadas cinco personas. Estos resultados son
insuficientes, ineficaces e inadecuados a la luz de las obligaciones del
Estado;
ii. la sentencia proferida por el Tribunal Nacional el 30 de diciembre de 1997
destaca las deficiencias con que se tramitó la investigación, por lo que
declaró la nulidad de parte de la misma. Esa consideración hecha por las
propias autoridades judiciales internas indica la ineficacia y poca seriedad
con que se tramitaron las investigaciones en el orden interno. Pese a la
orden de reiniciar las investigaciones, la jurisdicción interna sólo procedió
a hacerlo casi dos años después de la decisión;
iii. la investigación aún no ha dado cumplimiento a lo ordenado por el
Tribunal y la expectativa de eficacia de las investigaciones es escasa dado
el largo tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos, y
iv. las autoridades internas nunca han asumido las investigaciones como un
deber propio en cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales y
115
de conformidad con sus compromisos internacionales en materia de
prevención de las violaciones de los derechos humanos;
f) en relación con el proceso ante la jurisdicción penal militar:
i.
la jurisdicción militar no reúne las características de independencia e
imparcialidad establecidas en el artículo 8 de la Convención;
ii. el sometimiento de la investigación de los miembros de la Fuerza Pública a
la jurisdicción militar despojó a lo familiares de las presuntas víctimas del
derecho de acceder a un recurso judicial efectivo que les garantizara el
ejercicio de sus derechos y permitiera el esclarecimiento de los hechos y
el establecimiento de las responsabilidades estatales, y
iii. en esta jurisdicción se decidió sin mayores investigaciones declarar que no
existían pruebas que indicaran la responsabilidad de miembros de la
Fuerza Pública en los hechos, y
g) las reclamaciones de orden indemnizatorio iniciadas por los familiares de las
presuntas víctimas ante los tribunales contencioso administrativos no han
concluido, por lo que hasta el momento no se les ha indemnizado en el nivel
interno por los daños causados con los hechos.
166.
Alegatos del Estado
a) el Estado cuenta con instrumentos jurisdiccionales adecuados para el pleno
ejercicio de las garantías judiciales en toda su extensión;
b) en Colombia ha existido un régimen de responsabilidad del Estado creciente y
progresivo, hasta llegar incluso a consagrarse en algunos casos la
responsabilidad estatal independiente de toda culpa, es decir, una
responsabilidad objetiva. El régimen de indemnización de perjuicios siempre
ha evolucionado a favor de los prejuiciados, fortalecido con la acumulación de
responsabilidad entre el funcionario y la administración, para que el
prejuiciado pueda perseguir a cualquiera de las dos personas: la jurídica y la
natural;
c) el Estado posee un ordenamiento jurídico estructurado, sistémico e integral
con finalidades y ámbitos de protección específicos pero complementarios,
activados y puestos en marcha desde el momento en que sucedieron los
hechos de Pueblo Bello. Éstos aún no han sido agotados no por ineficacia,
sino por la complejidad e interés del Estado y de sus autoridades judiciales en
agotar todas las medidas a su alcance para identificar y hallar los cuerpos de
las presuntas víctimas, así como a los responsables de los hechos punibles;
d) en relación la jurisdicción penal militar:
i. la justicia penal militar es una institución del Estado de Derecho en
Colombia, y para hablar de una violación a las disposiciones convencionales
en esta jurisdicción deben analizarse las circunstancias y procedimientos en
un caso concreto y no de manera genérica. El estándar de eficacia de un
recurso interno está dado por su capacidad para producir el resultado para
el que ha sido concebido. Estas conclusiones requieren un examen de
validez de todo el procedimiento para determinar la coherencia y
congruencia de las decisiones con la realidad probatoria de la investigación
116
llevada a cabo por la justicia penal militar. Además, la jurisdicción
constitucional de Colombia ha contribuido eficazmente a la defensa de los
derechos humanos en este sentido, redefiniendo las fronteras de la
legítima concepción del fuero militar;
ii. de acuerdo con la Constitución Política, los órganos que administran
justicia en Colombia incluyen la justicia penal militar. La ley podrá atribuir
función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades
administrativas. Dicha Constitución establece que los órganos de
administración de justicia y como tal la Justicia Penal Militar, sólo están
sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad
judicial; por lo tanto, como administrador de justicia, el juez penal militar
es independiente, autónomo, permanente y de libre acceso, y sus
sentencias son susceptibles de recursos extraordinarios como los de
casación y revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Por ende, el solo
conocimiento de un hecho por la justicia penal militar no es causa de
impunidad, y
iii. en este caso no es acertado poner en tela de juicio la actividad de la
justicia penal militar, más aún si las conclusiones a las que se llegaron en
diferentes instancias judiciales coinciden;
e) en relación la jurisdicción penal ordinaria:
i.
desde las primeras diligencias investigativas el Estado ha procurado la
ubicación de las personas desaparecidas;
ii. en la jurisdicción ordinaria se han realizado las investigaciones y
calificaciones y se han impuesto las sanciones acordes con la legislación
aplicable al momento de los hechos punibles. Las investigaciones han
buscado abarcar la totalidad de los responsables y de las presuntas
víctimas, determinar el impacto social de los hechos delictivos e identificar
el fin criminal. No hay impunidad, ya que los responsables directos de la
organización, planeación y autoría material fueron condenados a penas
ejemplarizantes; el máximo perpetrador de las violaciones fue llevado ante
la justicia, juzgado y condenado; y las sentencias anticipadas son cosa
juzgada en relación con los hechos objeto de la confesión, pero no en
relación con hechos nuevos o diferentes a los comprendidos en la misma, y
iii. la jurisdicción no ha sido agotada. Los esfuerzos para encontrar los
responsables, sin importar su grado de autoría continúan, así como la
recuperación de los cuerpos de las presuntas víctimas. La investigación de
este caso se encuentra en el Comité Especial de Impulso a Investigaciones,
medida administrativa que representa el máximo esfuerzo e interés del
Estado por investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones
de derechos humanos;
f) el plazo de duración de los procesos penales respectivos es razonable, ya que
trata de un caso de gran complejidad. Los derechos de las presuntas víctimas
a conocer la verdad de lo ocurrido y a la reparación integral han sido
igualmente garantizados en la medida de las posibilidades estatales y del
117
estado de los procesos judiciales que aún cursan en las jurisdicciones
internas.
g) en el proceso disciplinario los cargos contra los agentes del Estado fueron por
omisión en el cumplimiento de sus deberes y se fundamentaron en pruebas
testimoniales, en informes técnicos evaluativos, así como en un acta de visita
a la Base Militar de San Pedro de Urabá. En este proceso se realizaron varias
pruebas técnicas con el fin de comprobar las posibles conductas tolerantes o
aquiescentes de los miembros de las Fuerzas Militares; sin embargo, el
fallador de instancia no tuvo la convicción necesaria para la condena y
resolvió absolver a los disciplinados, y
h) el Estado no ha incumplido con el deber de respeto del derecho a la garantía
y protección judiciales. Colombia tiene resultados precisos y contundentes
que dan buena cuenta de su interés en la investigación y sanción eficaz de los
delitos atentatorios contra los derechos humanos reconocidos en la
Convención.
Consideraciones de la Corte
167.
El artículo 8.1 de la Convención Americana establece:
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulado contra
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter.
168.
El artículo 25 de la Convención dispone:
1.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones
oficiales.
2.
Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en
que se haya estimado procedente el recurso.
169. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados
Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de
violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser
sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1),
todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a
toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)228.
228
Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 11, párr. 163; Caso de la Comunidad Moiwana, supra
nota 7, párr. 142, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 214, párr. 76.
118
170. El Tribunal ha constatado que, en relación con los hechos del presente caso,
fueron abiertos procesos penales en las jurisdicciones penales militar y ordinaria,
procesos contencioso administrativos y procedimientos disciplinarios. En
consecuencia, en el presente capítulo la Corte analizará la debida diligencia en la
conducción de estas acciones oficiales de investigación, así como otros elementos
adicionales para determinar si los procesos y procedimientos han sido desarrollados
con respeto de las garantías judiciales, en un plazo razonable, y si han constituido un
recurso efectivo para asegurar los derechos de acceso a la justicia, la verdad de los
hechos y la reparación de los familiares.
171. En relación con la razonabilidad del plazo, este Tribunal ha señalado que el
derecho de acceso a la justicia no se agota con el trámite de procesos internos, sino
que éste debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas
víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de
lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables229. Ciertamente la
Corte ha establecido, respecto al principio del plazo razonable contemplado en el
artículo 8.1 de la Convención Americana, que es preciso tomar en cuenta tres
elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un
proceso: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado y c)
conducta de las autoridades judiciales230. No obstante, la pertinencia de aplicar esos
tres criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de
las circunstancias de cada caso231. En efecto, dadas las particularidades del presente
caso, la Corte analizará la razonabilidad de la duración de cada uno de los
procedimientos, cuando ello resulte posible y pertinente.
Jurisdicción penal ordinaria
172. Según fue establecido, diversos juzgados de instrucción criminal y juzgados
de orden público adelantaron investigaciones y “diligencias preliminares” en relación
con los hechos del caso (supra párrs. 95.56 a 95.83).
173. En primer lugar, en el marco de esta investigación es palpable la falta de
utilización de técnicas apropiadas para la recuperación de los restos en la escena del
crimen durante las diligencias de exhumación de cadáveres en las fincas “Las
Tangas” y “Jaraguay", realizadas con base en la información aportada por el
paramilitar confeso Rogelio de Jesús Escobar Mejía (supra párrs. 95.70 a 95.74).
174. Como resultado de las exhumaciones realizadas entre el 10 y el 16 de abril de
1990 en dichas fincas, fueron encontrados 24 cadáveres, que fueron trasladados al
Hospital San Jerónimo de Montería. De tales actuaciones sólo constan dos actas y
una diligencia de levantamiento de cadáveres en el acervo probatorio (supra párrs.
95.71 a 95.73). Por otro lado, según el acta de levantamiento de cadáveres de fecha
12 de abril de 1990, suscrita por el Juzgado 19 de Instrucción Criminal Radicado, en
229
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 216; Caso de las Hermanas Serrano
Cruz, supra nota 214, párr. 66, y Caso 19 Comerciantes, supra nota 192, párr. 188.
230
Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 10, párr. 166; Caso de la “Masacre de
Mapiripán”, supra nota 7, párr. 217, y Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 160. En igual
sentido cfr. European Court of Human Rights. Wimmer v. Germany, no. 60534/00, § 23, 24 May 2005;
Panchenko v. Russia, no. 45100/98, § 129, 8 February 2005, y Todorov v. Bulgaria, no. 39832/98, § 45,
18 January 2005.
231
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 214. En igual sentido, Caso García
Asto y Ramírez Rojas, supra nota 10, párr. 167.
119
la recuperación de los restos encontrados en la finca “Las Tangas” realizada ese
mismo día se indicó que
[…] al comienzo de la labor, se utilizó una máquina buldózer al parecer perteneciente al
propietario del predio rural y la que fue operada por un miembro del cuerpo Elite [de la
Policía Nacional], debiendo suspenderse la utilización de la misma por desperfectos
mecánicos. Es de anotar que el lugar de la diligencia es a la orilla del río Sinú, margen
izquierda, procediéndose a la utilización de picas y palas para la remoción de la tierra
[…]232
Es evidente que este proceder pudo haber ocasionado la destrucción o pérdida de
evidencia, aunque tampoco obra prueba que demuestre que así haya sido.
175. Por otro lado, es clara la negligencia de las autoridades encargadas de las
exhumaciones y del personal del hospital durante las diligencias de reconocimiento
de cadáveres en el Hospital San Jerónimo de Montería. Los familiares de las personas
desaparecidas en Pueblo Bello recibieron poca o ninguna información o colaboración
por parte de esas autoridades, por lo que debieron proceder por sí mismos al
examen de los cadáveres, que se encontraban en estado de descomposición y
tirados en el piso del anfiteatro de dicho hospital (supra párr. 97.74). Este hecho no
fue controvertido por el Estado. Los testimonios de las señoras Leovigilda Villalba
Sánchez y María Cecilia Ruiz de Álvarez y de los señores Euclides Manuel Calle
Álvarez, Genaro Benito Calderón Ruiz y Manuel Dolores López Cuadro (supra párr. 65
b), d), g), h) e i)) son más que elocuentes en este sentido.
176. El 19 de abril de 1990 cuatro habitantes de Pueblo Bello rindieron declaración
y manifestaron haber reconocido los cadáveres de los señores Ricardo Bohórquez,
Andrés Manuel Peroza Jiménez, Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel Escobar
Duarte, Ovidio Carmona Suárez y Jorge David Martínez Moreno (supra párr. 97.75).
A pesar de no haber sido reconocidos ni identificados, el resto de cadáveres fueron
enterrados en una fosa común en el cementerio de San Antonio, en Montería. Las
autoridades encargadas de la investigación no intentaron reiniciar la búsqueda de
cadáveres en esos u otros predios. Las siguientes diligencias se realizaron entre el 27
de marzo y el 7 de abril de 1995, cuando el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la
Fiscalía General de la Nación efectuó trabajos de excavación y levantamiento de 12
cadáveres en dicho cementerio, cuyos restos óseos no fueron examinados sino hasta
junio de 1997 (supra párrs. 95.82 y 95.83). No obstante, estas diligencias no
concluyeron con ninguna identificación de las personas desaparecidas en Pueblo
Bello.
177. En este sentido, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación
Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas,
este Tribunal ha especificado los principios rectores que es preciso observar cuando
se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las
autoridades estatales que conducen una investigación deben intentar como mínimo,
inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio
relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación
penal de los responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones
en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y
momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber
232
Cfr. acta de levantamiento de cadáveres de 12 de abril de 1990 emitida por el Juzgado 19 de
Instrucción Criminal Radicado (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, tomo V,
anexo 7.2, folio 1643).
120
causado la muerte, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y
homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen,
se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por
profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados233.
178. La negligencia de las autoridades judiciales encargadas de examinar las
circunstancias de la masacre mediante la recolección oportuna de pruebas in situ, no
puede ser subsanada con las tardías diligencias probatorias para buscar y exhumar
restos mortales en el cementerio de San Antonio de Montería y en otras localidades,
que la Fiscalía General de la Nación reinició a partir de febrero de 2003, es decir,
más de 13 años después de ocurridos los hechos. Las insuficiencias señaladas
pueden ser calificadas como graves faltas al deber de investigar los hechos, pues han
afectado una efectiva o mejor identificación de los cuerpos encontrados y la
determinación del paradero de 37 de las 43 presuntas víctimas que permanecen
desaparecidas.
179. Por otro lado, en esta investigación fueron evacuados elementos probatorios
que indicaban o hacían referencia a esa posible participación de miembros del
Ejército en los hechos; por ejemplo, un informe de 29 de enero de 1990 del Cuerpo
Técnico de la Policía Judicial, las declaraciones de testigos y en particular los de
Rogelio de Jesús Escobar Mejía (supra párrs. 95.63, 95.70, 95.78, 65 a) a d), y 66
a). Sin embargo, tal como fue señalado, no consta en el acervo probatorio que haya
sido recibida la comparecencia de un oficial del Ejército ordenada por uno de los
Juzgados, ni las razones por las cuales no se efectuó posteriormente esa
comparecencia (supra párr. 95.85). En las resoluciones dictadas en 1993 la Fiscalía
Regional Delegada de Medellín únicamente ordenó medidas de aseguramiento en
contra de Fidel Castaño Gil y otros presuntos paramilitares y no contra funcionarios
públicos. Aún más relevante es el hecho de que el 4 de febrero de 1994 la Dirección
Regional de Medellín de la Fiscalía General de la Nación se abstuviera de conocer
acerca de la posible responsabilidad de militares en los hechos en razón del “fuero
que los cobija por el servicio activo que prestaban, máxime si estaban en [el]
llamado Orden Público que amerita servicio activo permanente. De ahí la decisión
del señor Fiscal, que la responsabilidad penal la determine un Funcionario de la
Justicia Castrense” (supra párr. 95.97).
180. Desde el 19 de octubre de 1990 la investigación que adelantaba el Juzgado
Cuarto de Orden Público en contra de Fidel Castaño Gil y otros, fue remitida al
Juzgado Primero de Orden Público para que continuara su tramitación en conjunto
con la investigación que instruía este último por el secuestro del señor Manuel
Alfonso Ospina Ospina, por considerar que “los diversos episodios delictuosos
estaban envueltos en una misma motivación finalista”. El Tribunal no considera que
la acumulación de esas investigaciones por estos hechos, ocurridos en momentos y
circunstancias bastante distintas, haya contribuido a producir mejores resultados en
el esclarecimiento de los hechos.
181. El 26 de mayo de 1997 el Juzgado Regional de Medellín dictó sentencia de
primera instancia, en la cual seis personas fueron condenadas por los hechos de
Pueblo Bello por la comisión de varios delitos y a diferentes penas privativas de
233
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 224; Caso de la Comunidad Moiwana,
supra nota 7, párr. 149, y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 189, párr. 127 y 132. En igual
sentido, Manual Sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y
Sumarias de las Naciones Unidas, Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991).
121
libertad (supra párr. 95.103). La sentencia fue apelada y el 30 de diciembre de 1997
fue confirmada por la Sala de Decisión del Tribunal Nacional, aunque modificada en
algunos aspectos, y finalmente quedó en firme luego de que la Corte Suprema de
Justicia dictara sentencia de casación en marzo de 2001 (supra párrs. 95.104 a
95.106).
182. Al resolver la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia,
en la sentencia de 30 de diciembre de 1997 el Tribunal Nacional determinó errores
en lo actuado hasta ese momento y decretó la nulidad parcial “en lo concerniente […]
al homicidio de los moradores de Pueblo Bello cuyos cadáveres no fueron
identificados”, con lo cual la investigación quedó abierta (supra párr. 95.105). Por
ende, en términos reales la desaparición de las otras 37 personas permanece en la
impunidad.
183. Es relevante destacar la impunidad parcial que impera en este caso, pues la
mayoría de los aproximadamente 60 paramilitares que participaron en la incursión
en Pueblo Bello no han sido vinculados a las investigaciones, identificados ni
procesados. Han sido dictadas varias medidas de aseguramiento y órdenes de
captura sin resultado alguno y, de las seis personas condenadas, únicamente dos se
encuentran cumpliendo pena privativa de libertad. El Estado no ha demostrado las
medidas concretas tendientes a capturar a los indiciados ni para hacer efectivas esas
condenas en ausencia, ni los obstáculos específicos que haya encontrado. En este
sentido, únicamente constan oficios de la Fiscalía General de la Nación reactivando
las órdenes de captura (supra párr. 95.115).
184. En relación con el presente caso, la Corte reconoce que el asunto que se
investiga por los órganos judiciales internos es complejo y que a la fecha hay
algunos resultados concretos en las investigaciones y en el proceso penal que, si
bien son insuficientes, han derivado en la condenatoria de varios miembros del grupo
paramilitar que ejecutó la masacre (supra párrs. 95.103, 95.105 y 95.106).
Ciertamente la masacre fue perpetrada en el contexto del conflicto armado que vive
internamente Colombia, comprendió un gran número de víctimas – que fueron
privadas de su vida o desaparecidas – y tuvo lugar en una región remota del país,
entre otros factores. Sin embargo, en este caso la complejidad del asunto está ligada
a las faltas verificadas en la misma investigación.
185. Por otro lado, ha sido probado que uno de los familiares de las personas
desaparecidas y privadas de la vida se constituyó en parte civil en dicho proceso
penal y, al igual que ASFADDES, ha intentado impulsar el proceso en varias
oportunidades (supra párrs. 95.104, 95.108 a 95.113). No obstante, en razón de lo
señalado anteriormente respecto del carácter de deber propio que deben guardar las
investigaciones en este tipo de hechos, mal podría sostenerse que en un caso como
el presente deba considerarse la actividad procesal del interesado como un criterio
determinante para definir la razonabilidad del plazo del proceso penal.
186. Por otro lado, si bien con la sentencia de casación de 8 de marzo de 2001 se
alcanzaron resultados parciales respecto de la privación de la vida de las seis
personas cuyos cuerpos fueron identificados, en realidad la desaparición de las otras
37 personas permanece abierta y en la fase de investigación desde hace más de 16
años.
187. En síntesis, la impunidad parcial y la falta de efectividad del proceso penal en
este caso se reflejan en dos aspectos: en primer lugar, la gran mayoría de los
122
responsables no han sido vinculados a las investigaciones o no han sido identificados
ni procesados, si se toma en cuenta que participaron en la masacre alrededor de 60
hombres. En segundo lugar, la impunidad se refleja en el juicio y condena en
ausencia de los paramilitares que se han visto beneficiados con la acción de la
justicia que los condena pero no hace efectiva la sanción.
188. La Corte considera que la investigación y proceso adelantados en la
jurisdicción penal ordinaria no han representado un recurso efectivo para garantizar,
en un plazo razonable, el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las
personas desaparecidas y privadas de la vida con plena observancia de las garantías
judiciales.
Jurisdicción penal militar
189. Con respecto al carácter de la jurisdicción penal militar, este Tribunal ya ha
establecido que en un Estado democrático de derecho dicha jurisdicción ha de tener
un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses
jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas
militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas
que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden
militar234, independientemente de que para la época de los hechos la legislación
colombiana facultaba a los órganos de dicha jurisdicción a investigar hechos como
los del presente caso.
190. Al respecto, el mismo Estado mencionó una sentencia de 2001 de la Corte
Constitucional de Colombia al hablar de “los avances que en materia de derechos
humanos se han alcanzado en Colombia frente a la vigencia y correcto entendimiento
del fuero militar”235. Desde 1997 dicha Corte Constitucional ya se había pronunciado
sobre los alcances de la competencia de la jurisdicción penal militar e indicó, inter
alia, que
[…] para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar […] el hecho
punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco
de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. […S]i
desde el inicio el agente tiene propósitos criminales, y utiliza entonces su investidura
para realizar el hecho punible, el caso corresponde a la justicia ordinaria, incluso en
aquellos eventos en que pudiera existir una cierta relación abstracta entre los fines de la
Fuerza Pública y el hecho punible del actor. [… E]l vínculo entre el hecho delictivo y la
actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad
inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad. En estas
circunstancias, el caso debe ser atribuido a la justicia ordinaria, dada la total
contradicción entre el delito y los cometidos constitucionales de la Fuerza Pública236.
191. En cuanto a la indagación preliminar abierta en enero de 1990 por el Juzgado
21 de Instrucción Penal Militar para “determinar si hubo violación de la ley penal por
parte de las tropas acantonadas en San Pedro de Urabá”, menos de tres meses
después dicho Juzgado resolvió abstenerse de abrir investigación penal (supra párr.
234
Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 11, párr. 124; Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra
nota 7, párr. 202, y Caso Lori Berenson Mejía. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119,
párr. 142.
235
Cfr. alegatos finales escritos presentados por el Estado (expediente de fondo, tomo IV, pág. 129,
folio 1009).
236
Cfr. sentencia C-358 de 5 de agosto de 1997, emitida por la Corte Constitucional, pág. 33.
123
95.48). Si bien fue reabierta en agosto de 1990 con base en lo que habría narrado
un oficial de dicho Batallón (supra párr. 95.49), tres meses después el Juzgado
mencionado se limitó a recibir el testimonio de dicho oficial y, una vez más, resolvió
“abstenerse de abrir investigación penal por [considerar que] el hecho que se
investiga[ba] no ha[bía] sido cometido por ningún militar”. Finalmente, luego de que
en febrero de 1994 la Fiscalía General de la Nación se abstuviera de investigar
cualquier vinculación de militares en los hechos (supra párrs. 95.53 y 95.97), en
septiembre de 1995 dicho Juzgado se abstuvo una vez más de abrir investigación
alguna (supra párr. 95.55).
192. Al analizar esas indagaciones preliminares adelantadas por dicho órgano
penal militar, la Corte estima que esos pocos actos de investigación, así como la
celeridad con que fueron llevados a cabo, evidencian poco o ningún interés de la
jurisdicción penal militar en realizar una investigación seria y exhaustiva de los
hechos ocurridos en Pueblo Bello, respecto de los cuales dicho Juzgado no consideró
más que una hipótesis acerca del desarrollo de los mismos, omitió actos de
investigación relevantes y no abrió formalmente una investigación penal. No consta
en el acervo probatorio de este caso que en esas diligencias preliminares dicho
Juzgado haya recibido declaraciones que podrían haber sido relevantes, como las de
Rogelio de Jesús Escobar Mejía, ni que haya ordenado pruebas pertinentes como la
búsqueda de las personas secuestradas o la exhumación e identificación de los
cuerpos enterrados en la finca “Las Tangas”. Tampoco surge de las resoluciones del
Juzgado que esas declaraciones o pruebas evacuadas en las otras instancias hayan
sido evaluadas o consideradas al momento de dictar las resoluciones; únicamente
consta que el Juzgado se limitó a recibir las declaraciones de 12 militares, unos
pocos familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida y habitantes de
la zona, un policía y un concejal de Turbo. Tampoco consta que los familiares de las
personas desaparecidas y privadas de la vida hayan tenido participación en estas
diligencias. Ante la celeridad de este procedimiento –inexplicable ante la complejidad
del asunto– se hace innecesario analizar la razonabilidad del tiempo que duraron
estas investigaciones. En todo caso, la jurisdicción penal militar no era la vía
apropiada para investigar hechos como los cometidos en el presente caso, por lo que
la investigación realizada pudo haber dejado a posibles responsables de los hechos
en la impunidad.
193. En consecuencia, la jurisprudencia de este Tribunal, la propia jurisprudencia
de la Corte Constitucional de Colombia, la gran celeridad y el total desinterés con
que actuaron los órganos de la jurisdicción penal militar para esclarecer los hechos
del caso, permiten concluir que además de que esta jurisdicción no era la vía
adecuada, no constituyó un recurso efectivo para investigar las graves violaciones
cometidas en perjuicio de las 43 víctimas de Pueblo Bello, ni para establecer la
verdad de los hechos y juzgar y sancionar a sus responsables. Las actuaciones en
esta vía fueron gravemente negligentes y no se investigó seriamente a miembros de
las Fuerzas Armadas que pudieran estar vinculados con los hechos.
Procedimiento disciplinario
194. La Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la
Nación ordenó iniciar de oficio el 19 de enero de 1990 una indagación preliminar a
raíz de los sucesos de Pueblo Bello; ordenó la recepción de declaraciones y la
práctica de visitas sobre lugares, batallones, guarniciones militares y domicilios
privados; y el 26 de enero de 1990 la Viceprocuraduría solicitó a la Jefatura Militar
del Urabá, con base en informaciones suministradas por algunos familiares, la
124
realización de operaciones de registro en la finca “Las Tangas” y otras localidades
(supra párrs. 95.125 y 95.126).
195. El 12 de febrero de 1990 la Viceprocuraduría General de la Nación decidió,
con base en las diligencias hasta entonces realizadas, remitir la indagación preliminar
a la Procuraduría Delegada para la Defensa los Derechos Humanos, "con el objeto de
que se disp[usiera] lo conducente, al existir una posible infracción al Decreto No.
085/89 [que establecía el Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares], en que
hubiera podido incurrir el Señor Capitán Álvaro Gómez Luque, Comandante de la
Base Militar de San Pedro de Urabá". El 30 de abril del mismo año dicha Procuraduría
Delegada decidió abrir “formal averiguación disciplinaria”, tendiente a aclarar la
conducta de los oficiales del Ejército Nacional que al momento de los hechos se
desempeñaban como Comandantes de la Base Militar de San Pedro de Urabá y del
Retén de Control de esa misma localidad (supra párrs. 95.128 y 95.129).
196. A partir de entonces, se realizaron y evacuaron diversas diligencias de
investigación (supra párrs. 95.130 a 95.135). El 27 de noviembre de 1991 la
Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos resolvió absolver
de los cargos formulados a quienes fungían como Comandantes de la Base Militar y
del Retén Militar de San Pedro de Urabá, ante la “duda que surg[ía] en [ese]
informativo sobre la responsabilidad disciplinaria que puedan tener los oficiales”. En
esta resolución la Procuraduría dedica gran parte de su análisis a cuestionar y
desvirtuar el valor probatorio de la declaración rendida por Rogelio de Jesús Escobar
Mejía, a pesar de lo cual manifestó que “tampoco es dable desechar del todo la
presunta participación de un Teniente y otros militares a que alude, dado que su
dicho converge indiciariamente en parte, con lo referido por los testigos […]” (supra
párr. 95.136).
197. Posteriormente, el 20 de septiembre de 1996 la Procuraduría Delegada
dispuso la apertura de una nueva indagación preliminar por posible conducta activa
de los oficiales investigados (supra párr. 95.141). El 12 de febrero de 1998 la
Procuraduría Delegada dispuso la práctica de una serie de diligencias (supra párr.
95.142) y el 16 de agosto del mismo año dispuso iniciar investigación disciplinaria
contra el Teniente Fabio Enrique Rincón Pulido. El 31 de julio de 2000 la Procuraduría
Delegada Disciplinaria absolvió a dicho oficial de toda responsabilidad disciplinaria, lo
cual fue confirmado seguidamente, el 9 de febrero de 2001 (supra párrs. 95.145 y
95.147).
198. Es de anotar, asimismo, que estos procedimientos tardaron aproximadamente
11 años desde los primeros actos procedimentales hasta la resolución en consulta de
la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, lo cual dista de poder
considerarse como un recurso desarrollado en un plazo razonable.
199. A su vez, es relevante considerar la naturaleza de las faltas investigadas y los
fines del órgano a cargo de la investigación.
200. La Corte valora la seriedad y diligencia de la investigación realizada por la
Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, al haber
ordenando la práctica y recepción de elementos probatorios pertinentes y
constituyéndose así en la única vía interna que investigó la posible vinculación de
miembros de las Fuerzas Militares colombianas en los hechos de Pueblo Bello, incluso
bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas. Sin embargo, el objeto de
estas investigaciones se circunscribió únicamente a la determinación de las
125
responsabilidades individuales de carácter disciplinario de un total de tres oficiales
del Ejército por dichos hechos. Las investigaciones realizadas no descartaron
categóricamente la participación de miembros de las Fuerzas Armadas o de otros
cuerpos estatales de seguridad en la masacre e incluso dejaron abierta la duda en
este sentido: si bien la Procuraduría consideró en ambos procedimientos que la
declaración de Escobar Mejía no era una prueba suficiente para imputar
responsabilidad disciplinaria a los oficiales investigados, a quienes absolvió por dudas
a su favor, es claro que en sus resoluciones no cerró la hipótesis de la implicación de
las Fuerzas Militares en los hechos. Incluso en la resolución de 31 de julio de 2000 la
Procuraduría deja abierta la duda respecto de la responsabilidad del oficial a cargo
del retén con base en lo declarado por Escobar Mejía, aunque consideró que no podía
continuar la investigación (supra párr. 95.145). A pesar de ello, las otras
jurisdicciones tampoco consideraron estas hipótesis dentro de sus respectivas
indagaciones o investigaciones.
201. En cuanto a la naturaleza de las faltas investigadas, los cargos formulados en
la primera parte del procedimiento contra los dos oficiales encargados de la base y el
retén militares fueron “omisión al ‘No cumplir con el debido celo y oportunidad las
obligaciones y deberes del servicio’”. En la segunda parte de la investigación, es
destacable que la Procuraduría investigara la posible desaparición forzada de
personas vis-à-vis el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia (prohibición
de las desapariciones forzadas) y varias normas internacionales, a saber: de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención Americana y del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A pesar de ello, las normas
específicas en que se centró esa segunda investigación fueron varios artículos del
señalado Decreto No. 085 de 1989 (Régimen Disciplinario de las Fuerzas Militares),
además de que no entró a considerar las posibles torturas y homicidio múltiple por
estimar que estas conductas habrían prescrito.
202. En la jurisdicción disciplinaria, las mayores dificultades de la Procuraduría
General de la Nación en sus investigaciones, a principios de los años noventa, eran
las probatorias, ya que “con frecuencia se produc[ía] ocultamiento de pruebas o se
trata[ba] de desviar la investigación.”237 Por otro lado, cuando las fuerzas armadas
eran informadas de hechos que conllevarían una sanción disciplinaria para alguno de
sus miembros, la jurisdicción penal militar “se apresura[ba]n a conocerlos y tomar
una decisión favorable, que imp[edía] que la Procuraduría General de la Nación
pu[dier]a continuar con su labor en el mismo sentido: una vez que el mecanismo de
control interno de las fuerzas armadas ha[bía] proferido un fallo, éste goza[ba] del
privilegio de la cosa juzgada”238.
237
Cfr. informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S.
Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, Sr. Barce Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 1994/37 y 1994/82 de
la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Visita de los
Relatores Especiales a la República de Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, E/CN.4/1995/111 de 16
de enero de 1995, párr. 98.
238
Cfr. informe conjunto del Relator Especial encargado de la cuestión de la tortura, Sr. Nigel S.
Rodley, y del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o
arbitrarias, Sr. Barce Waly Ndiaye, presentado en cumplimiento de las resoluciones 1994/37 y 1994/82 de
la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Visita de los
Relatores Especiales a la República de Colombia del 17 al 26 de octubre de 1994, E/CN.4/1995/111 de 16
de enero de 1995, párr. 99.
126
203. La Corte observa que el procedimiento desarrollado en esta sede
administrativa tuvo por objeto la determinación de la responsabilidad individual de
funcionarios públicos por el cumplimiento de sus deberes en función de la prestación
de un servicio. Ciertamente la existencia misma de un órgano dentro de la
Procuraduría General de la Nación para la atención de casos de violaciones de
derechos humanos reviste un importante objetivo de protección y sus resultados
pueden ser valorados en el tanto coadyuven al esclarecimiento de los hechos y el
establecimiento de este tipo de responsabilidades. No obstante, una investigación de
esta naturaleza tiende a la protección de la función administrativa y la corrección y
control de los funcionarios públicos, por lo que puede complementar pero no sustituir
a cabalidad la función de la jurisdicción penal en casos de graves violaciones de
derechos humanos.
204. En conclusión, dado que el procedimiento disciplinario adelantado por la
Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos tampoco
constituyera una investigación completa de los hechos, y en atención a las
limitaciones propias de este tipo de procedimiento –en razón de la naturaleza del
tipo de faltas investigadas y de los fines del órgano a cargo de la misma–, dicho
procedimiento no constituyó un recurso efectivo y suficiente para los propósitos
señalados.
Procesos contencioso administrativos
205. En relación con los hechos del presente caso, a partir del año 2001 los
familiares de 39 de las víctimas de la masacre de Pueblo Bello han presentado
demandas de reparación directa ante el Tribunal Contencioso Administrativo de
Antioquia, en Medellín. Los objetos de dichas demandas son que se declare a “la
Nación Colombiana – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional […]
administrativamente responsable” por los daños y perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales, “inclusive aquellos derivados de la alteración de la vida familiar,
social y afectiva”, causados a los familiares como consecuencia de la violación de “los
derechos a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, a la libertad, [a una
efectiva protección judicial, a las garantías judiciales, a la verdad y a la justicia]
derivados de la desaparición forzada colectiva de que fueron objeto las víctimas […]”.
206. En el caso de la “Masacre de Mapiripán” la Corte estimó que la reparación
integral de una violación a un derecho protegido por la Convención no puede ser
reducida al pago de compensación a los familiares de la víctima. De tal manera, tomó
en cuenta algunos de los resultados alcanzados en los procesos contencioso
administrativos incoados por familiares de las víctimas de ese caso, por considerar
que las indemnizaciones fijadas en esas instancias por daños patrimoniales y morales
estaban contenidas en los más amplios conceptos de reparaciones por daños
materiales e inmateriales. Así, el Tribunal señaló que esos resultados podían ser
considerados al momento de fijar las reparaciones pertinentes, “a condición de que lo
resuelto en esos procesos haya hecho tránsito a cosa juzgada y que sea razonable en
las circunstancias del caso”239. Al establecer la responsabilidad internacional del
Estado con motivo de la violación a los derechos humanos consagrados en los
artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, un aspecto sustancial de la
controversia ante la Corte no es si en el ámbito interno se emitieron sentencias o se
llegó a acuerdos conciliatorios por responsabilidad administrativa o civil de un órgano
239
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 214.
127
estatal, en relación con las violaciones cometidas en perjuicio de los familiares de las
personas desaparecidas o privadas de su vida, sino si los procesos internos
permitieron que se garantizara un verdadero acceso a la justicia conforme a los
estándares previstos en la Convención Americana240.
207. Al respecto, la Corte Europea de Derechos Humanos analizó los alcances de la
responsabilidad civil en relación con las exigencias de la protección internacional en el
caso Yasa versus Turquía, y consideró que
una acción administrativa […] es un recurso que se basa en la responsabilidad objetiva
del Estado, en particular por actos ilícitos de sus agentes, cuya identificación no es, por
definición, un prerequisito para promover una acción de esta naturaleza. Sin embargo,
las investigaciones que los Estados Partes están obligados […] a llevar a cabo en casos
de agresión mortal deben ser capaces de conducir a la identificación y castigo de los
responsables […].
Tal obligación no puede ser satisfecha mediante una simple
indemnización de daños […]. De otra manera, […] la obligación del Estado de identificar
a los responsables de la agresión mortal podría desvanecerse241. (Traducción de la
Secretaría).
208. En el mismo sentido, en el caso Kaya versus Turquía la Corte Europea de
Derechos Humanos decidió que la violación de un derecho protegido por la Convención
no podía ser remediada exclusivamente por el establecimiento de la responsabilidad
civil y el correspondiente pago de compensación a los familiares de la víctima242.
209. En el presente caso, las demandas fueron interpuestas a partir del año 2000 y
no consta que alguno de los procesos haya culminado con sentencias, acuerdos o
desistimientos. Es decir, que los procesos han sido intentados por los familiares de
las personas desaparecidas y privadas de la vida 11 o 12 años después de sucedidos
los hechos, tiempo que no es atribuible al Estado, por lo que no cabría analizar la
duración de los mismos en relación con el momento en que sucedieron los hechos. A
su vez, en casos de violaciones de derechos humanos el deber de reparar es uno
propio del Estado, por lo que si bien las víctimas o sus familiares deben tener
amplias oportunidades también en la búsqueda de una justa compensación, este
deber no puede descansar exclusivamente en su iniciativa procesal o en la
aportación privada de elementos probatorios. De tal manera, en los términos de la
obligación de reparación que surge como consecuencia de una violación de la
Convención (infra párrs. 227 a 229), el proceso contencioso administrativo no
constituye per se un recurso efectivo y adecuado para reparar en forma integral esa
violación.
210. En consecuencia, puesto que dichos procesos contencioso administrativos se
encuentran en trámite y no han producido resultados concretos al momento de dictar
la presente Sentencia, la Corte considera irrelevante, en las circunstancias del
240
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 211.
241
Cfr. European Court of Human Rights. Yasa v. Turkey [GC], judgment of 2 September 1998,
Reports of Judgments and Decisions 1998-VI, § 74. Texto original en inglés:
"an administrative-law action is a remedy based on the strict liability of the State, in particular for the
illegal acts of its agents, whose identification is not, by definition, a prerequisite to bringing an action
of this nature. However, the investigations which the Contracting States are obliged […] to conduct in
cases of fatal assault must be able to lead to the identification and punishment of those responsible
[…]. That obligation cannnot be satisfied merely by awarding damages […]. Otherwise, […] the State's
obligation to seek those guilty of fatal assault might thereby disappear".
242
Cfr. European Court of Human Rights. Kaya v. Turkey [GC], judgment of 19 February 1998,
Reports of Judgments and Decisions 1998-I, § 105.
128
presente caso, analizar más profundamente los alcances y características de la
jurisdicción contencioso administrativa como un recurso útil y efectivo para los
efectos de un caso de esta naturaleza, así como tampoco evaluar su aplicación en el
presente caso.
*
*
*
211. Una vez analizados cada uno de los procedimientos abiertos a nivel interno en
relación con los hechos de Pueblo Bello, así como la interacción general de esos
procedimientos en el contexto de impunidad imperante en el período en que fueron
aplicados, se concluye que el conjunto de las faltas a los deberes de protección y de
investigación ya establecidas han coadyuvado a la impunidad de la mayoría de los
responsables de las violaciones cometidas. Un ataque a la población civil de las
proporciones subrayadas en este caso no pudo pasar desapercibida por los mandos
militares de las zonas de donde salieron y por donde transitaron los paramilitares. Si
bien han sido condenados algunos de los paramilitares responsables de la masacre,
subsiste una impunidad generalizada en el presente caso, en la medida en que no ha
sido determinada toda la verdad de los hechos ni la totalidad de las
responsabilidades intelectuales y materiales por los mismos. Además, es un hecho
relevante que la mayoría de los paramilitares condenados no se encuentren
cumpliendo la condena impuesta por no haberse hecho efectivas las órdenes de
captura libradas en su contra.
212. La Corte concluye que los procesos y procedimientos internos no han
constituido, ni individualmente ni en conjunto, recursos efectivos para garantizar el
acceso a la justicia, la determinación del paradero de las personas desaparecidas y
de toda la verdad de los hechos, la investigación y sanción de los responsables y la
reparación de las consecuencias de las violaciones. Por ende, el Estado es
responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación
con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de las personas
desaparecidas y privadas de la vida del presente caso.
X
ARTÍCULO 13 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
(LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN)
Alegatos de la Comisión
213.
La Comisión no alegó la violación del artículo 13 de la Convención Americana.
214.
Alegatos de los representantes
a) el derecho a la verdad tiene fundamento en una multiplicidad de derechos
reconocidos en la Convención (artículos 13, 25 y 1.1). El derecho a la verdad
surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte,
ha sido desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y
su reconocimiento puede constituir un medio de reparación;
129
b) el derecho a la verdad se relaciona también con el derecho a la libertad de
expresión, ya que por un lado toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho
de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en
las que aberrantes delitos llegaron a cometerse. Por otro lado, nada puede
impedir a los familiares de las presuntas víctimas conocer lo que aconteció;
tal acceso a la verdad supone no coartar su libertad de expresión, y
c) después de catorce años de ocurridos los hechos, ni los familiares ni la
sociedad conocen una versión completa de lo sucedido. Tampoco existe una
sentencia definitiva que identifique y sancione a todos los responsables. Esta
falta de información constituye una violación a la obligación del Estado de
proporcionar información a la sociedad sobre cuestiones que son de
indiscutible interés público y al derecho a la verdad de los familiares de las
presuntas víctimas.
Alegatos del Estado
215. Pese a que el Estado no hizo referencia a la alegada violación del artículo 13
de la Convención Americana, en sus alegatos finales manifestó que se opone al
alegato de los representantes de que el Estado que habría infringido el derecho de
las presuntas víctimas, de sus familiares y de la sociedad a conocer la verdad de los
hechos y la garantía del derecho a la libertad de expresión.
Consideraciones de la Corte
216.
El artículo 13 de la Convención Americana dispone que:
1.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
2.
El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a.
el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b.
la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la
moral públicas.
3.
No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información
o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación
de ideas y opiniones.
4.
Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con
el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y
la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
217. La Corte observa que los representantes fundamentaron su pretensión de que
se declare al Estado responsable de la violación del artículo 13 de la Convención, en
relación con los artículos 1.1 y 25 de la misma, con base en que el derecho a la
130
verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana estaría contenido en esas
normas.
218. Tal como la Corte ha establecido anteriormente, y reiterado recientemente en
el Caso Palamara Iribarne vs. Chile, las infracciones al artículo 13 de la Convención
pueden presentarse bajo diferentes hipótesis, según conduzcan a la supresión de la
libertad de expresión o sólo impliquen restringirla más allá de lo legítimamente
permitido243. No toda trasgresión al artículo 13 de la Convención implica la supresión
radical de la libertad de expresión, que tiene lugar cuando, por medio del poder
público se establecen medios para impedir la libre circulación de información, ideas,
opiniones o noticias. Ejemplos son la censura previa, el secuestro o la prohibición de
publicaciones y, en general, todos aquellos procedimientos que condicionan la
expresión o la difusión de información al control del Estado. En tal hipótesis, hay una
violación tanto del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos
a estar bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de
una sociedad democrática244.
219. En cuanto al llamado derecho a la verdad, este Tribunal lo ha entendido como
parte del derecho de acceso a la justicia, como una justa expectativa que el Estado
debe satisfacer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares
y como una forma de reparación. Por ende, en su jurisprudencia la Corte ha
analizado el derecho a la verdad dentro de los artículos 8 y 25 de la Convención, así
Según fue
como en el capítulo relativo a otras formas de reparación245.
recientemente señalado en el caso Blanco Romero vs. Venezuela, la Corte no estima
que el derecho a la verdad sea un derecho autónomo consagrado en los artículos 8,
13, 25 y 1.1 de la Convención, como fuera alegado por los representantes. El
derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus
familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los
hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la
investigación y el juzgamiento246.
220. En el presente caso, los representantes no han demostrado la manera
concreta en que el Estado habría coartado la libertad de expresión de los familiares
de las personas desaparecidas y privadas de la vida, ya sea porque la haya
suprimido o restringido más allá de lo legítimamente permitido. En consonancia con
su jurisprudencia, el derecho a la verdad de los familiares fue considerado al declarar
la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1
del mismo instrumento (supra párrs. 170, 171, 178, 182, 183, 187, 192, 204, 211 y
212), así como en las reparaciones (infra párrs. 265 a 273). En consecuencia, la
Corte considera que el Estado no violó el artículo 13 de la Convención Americana.
243
Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 11, párr. 68; Caso Ricardo Canese, supra nota 211, párr.
77, y La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párrs. 53 y 54.
244
Cfr. Caso Palamara Iribarne, supra nota 11, párr. 68; Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de
febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 152, y La Colegiación Obligatoria de Periodistas, supra nota 243,
párr. 54.
245
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 95; Caso Gómez Palomino, supra nota 10,
párr. 78, y Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 297.
246
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 62; Caso de las Hermanas Serrano Cruz,
supra nota 214, párr. 62, y Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, párr. 97.
131
XI
ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
(LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y DE RESIDENCIA)
Alegatos de la Comisión
221.
La Comisión no alegó la violación del artículo 22 de la Convención Americana.
Alegatos de los representantes
222. En sus alegatos expresados durante la audiencia pública los representantes
manifestaron que:
a)
los hechos del 14 de enero de 1990 en Pueblo Bello han obligado a los
familiares de las presuntas víctimas a desplazarse forzadamente de su
lugar de vida y de trabajo, sin que después de quince años de ocurridos
los hechos hayan podido regresar con tranquilidad al corregimiento, y sin
que en la mayoría de los casos hayan podido recuperar las condiciones y
calidad de vida que tenían antes, y
b)
en el presente caso el Estado no ha garantizado el derecho de los
familiares de las presuntas víctimas a vivir y permanecer en Pueblo Bello,
ni ha restablecido las condiciones ni proporcionado los medios que les
permitan regresar voluntariamente, sin miedo, con seguridad y dignidad al
corregimiento.
223. En sus alegatos finales escritos, además de corroborar lo alegado en la
audiencia pública, los representantes alegaron que:
a)
aun cuando no hicieron referencia al desplazamiento de los familiares de
las presuntas víctimas en su escrito de solicitudes y argumentos, los
hechos presentados en la demanda, explicados, aclarados y probados
tanto por la Comisión como por los representantes durante el proceso
ante este Tribunal, permiten establecer el hecho del desplazamiento
forzado interno, y de este modo, la violación del artículo 22.1 de la
Convención, la cual puede ser declarada por la Corte en aplicación del
principio iura novit curia, y
b)
la forma en que el grupo paramilitar incursionó en Pueblo Bello, la
ausencia absoluta de respuesta de las autoridades en los días
inmediatamente siguientes a la incursión, y el copamiento posterior de los
paramilitares del corregimiento y de la región del Urabá en el contexto del
conflicto armado, obligaron a los familiares de las presuntas víctimas a
abandonar el pueblo, dejando abandonadas –en muchos de los casos– sus
pertenencias, sus casas y sus tierras. En otros casos, los familiares
fueron obligados a vender o a regalar sus bienes.
Alegatos del Estado
224. El Estado no hizo referencia a la supuesta violación del artículo 22 de la
Convención Americana.
132
Consideraciones de la Corte
225. La supuesta violación del artículo 22 de la Convención en perjuicio de los
familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, en razón del
desplazamiento interno al que se vieran forzados, fue alegada por primera vez por
los representantes durante la exposición de sus alegatos finales orales en la
audiencia pública. La Corte observa que, tal como fue establecido en los hechos
probados, varios familiares de dichas personas sufrieron diversas formas de
desplazamiento relacionadas con los hechos del caso (supra párr. 95.161). No
obstante, estos hechos no forman parte del cuadro fáctico presentado por la
Comisión en la demanda. Dichos desplazamientos sucedieron en diferentes
momentos, pero todos ocurrieron con anterioridad a la presentación del caso ante la
Corte, por lo que tampoco podrían calificarse como hechos nuevos en el proceso ni
podría considerarse que los representantes no los conocían al momento de presentar
sus solicitudes y argumentos. Además de lo anterior, si bien las presuntas víctimas,
sus familiares o representantes tienen la posibilidad de presentar sus propias
solicitudes, argumentos y pruebas en el proceso ante este Tribunal (supra párr. 54 a
56), en atención a los principios de contradictorio, defensa y lealtad procesal, dicha
facultad no los exime de presentarlos en la primera oportunidad procesal que se les
concede para esos efectos, sea en su escrito de solicitudes y argumentos. En
consecuencia, puesto que los hechos que fundamentan el alegato de los
representantes no están contenidos en la demanda, y éstos no alegaron esa
supuesta violación del artículo 22 de la Convención en el momento procesal
oportuno, la Corte no analizará estos alegatos ni se pronunciará al respecto.
XII
REPARACIONES
(Aplicación del Artículo 63.1 de la Convención Americana)
226. De acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas en los capítulos
anteriores, la Corte declaró, con base en los hechos del caso, la violación de los
artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2, 8.1 y 25 de la Convención Americana, todos en
relación con el artículo 1.1 de dicho tratado. La Corte ha señalado reiteradamente
que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño
comporta el deber de repararlo adecuadamente247. A tales efectos, el artículo 63.1 de
la Convención Americana establece que:
[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención,
la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad
conculcados.
Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y
el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
227. Dicho artículo refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los
principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la
responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito
imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste
247
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 67; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párr. 246, y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 112.
133
por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber
de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación248.
228. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación
internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in
integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la
violación. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal
internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el
respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias producidas por
las infracciones y se establezca, inter alia, el pago de una indemnización como
compensación por los daños ocasionados249. La obligación de reparar, que se regula
en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los
beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida
por el Estado obligado invocando disposiciones de su derecho interno250.
229. Las reparaciones consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer
los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del
daño ocasionado en los planos material e inmaterial. Las reparaciones no pueden
implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores251.
230. A la luz de los criterios anteriores y de las circunstancias del presente caso, la
Corte procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por los
representantes respecto de las reparaciones, con el objeto de disponer las medidas
tendientes a reparar los daños en el presente caso.
A)
BENEFICIARIOS
Alegatos de la Comisión y de los representantes
231. Son beneficiarios las 43 víctimas (supra párr. 95.35) mencionadas por la
Comisión en su demanda, así como sus familiares.
232.
Alegatos del Estado
a)
el Estado no reconoce responsabilidad alguna en los hechos que
fundamentan el presente caso y, por tanto, no reconoce obligación
procesal alguna de reparar;
b)
el Estado se atiene a las pruebas que se alleguen a la Corte, respecto de
la identificación de los beneficiarios, y
248
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 68; Caso García Asto y Ramírez Rojas
supra nota 10, párr. 247, y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 112.
249
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 69; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párr. 248, y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 113.
250
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 69; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párr. 248, y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 113.
251
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 70; Caso Gómez Palomino, supra nota 10,
párr. 114, y Caso Palamara Iribarne, supra nota 11, párr. 235.
134
c)
los representantes presentan como posibles beneficiarios a personas que
no han sido cobijadas por la jurisprudencia de la Corte con la presunción
de padecimiento, razón por la cual, y al no haber prueba específica que
demuestre el padecimiento cierto que sufrieron por la muerte o
desaparición de los 43 pobladores de Pueblo Bello, deben ser excluidos de
toda consideración pecuniaria. En ese sentido, el Estado solicitó negar las
indemnizaciones solicitadas a favor de parientes lejanos, pues no se
aportó prueba que demuestre realmente el perjuicio con ocasión de la
estrecha relación familiar.
Consideraciones de la Corte
233. La Corte procederá a determinar cuáles personas deben considerarse “parte
lesionada” en los términos del artículo 63.1 de la Convención Americana y
consecuentemente acreedoras de las reparaciones que fije el Tribunal, tanto en
relación con el daño material como con el daño inmaterial, cuando corresponda.
234. En primer término, la Corte considera como “parte lesionada” a las 37
personas desaparecidas y a las seis personas privadas de su vida, en su carácter de
víctimas de las violaciones señaladas anteriormente (supra párr. 95.35 y 153).
235. Además, este Tribunal considera como “parte lesionada” a los familiares
inmediatos de las 43 víctimas, en su propio carácter de víctimas de la violación a los
derechos consagrados en los artículos 5.1, 8 y 25 de la Convención Americana, en
relación con el artículo 1.1 de la misma (supra párrs. 154 a 162 y 212). De
conformidad con su jurisprudencia252, este Tribunal considera como familiares
inmediatos adecuadamente identificados de las personas desaparecidas y privadas
de su vida, a saber, madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, compañeras,
hijas e hijos, a quienes se hace referencia en un documento expedido por autoridad
competente que acredite su parentesco, como lo es un certificado de nacimiento o,
en su caso, un acta de bautismo, presentado ante este Tribunal.
236. Los familiares de las víctimas serán acreedores de las reparaciones que el
Tribunal fije por concepto de daño inmaterial y/o material, en su propio carácter de
víctimas de las violaciones a la Convención declaradas, así como de aquellas que fije
la Corte en su carácter de derechohabientes de las 37 víctimas desaparecidas o seis
privadas de su vida.
237. En lo que se refiere a los familiares inmediatos de quienes no se ha aportado
documentación oficial o que la aportada no acredite el parentesco, este Tribunal
dispone que la compensación que les corresponda por el daño inmaterial sufrido se
ceñirá a los parámetros de los familiares identificados de las víctimas (supra párr.
236 e infra párr. 240), siempre que se presenten ante las autoridades competentes
del Estado, dentro de los veinticuatro meses siguientes a la fecha de notificación de
esta Sentencia y aporten la información oficial necesaria para su identificación y
comprobación de parentesco.
238. Las señoras Yoliva del Carmen Romero Benítez, Nayibe Romero Benítez y
María Elena Jiménez Zabala, quienes eran hijas de crianza del señor Ángel Benito
Jiménez Julio, serán asimiladas, para efectos de su participación en la distribución de
252
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 257; Caso de la Comunidad Moiwana,
supra nota 7, párr. 178, y Caso Masacre Plan de Sánchez, supra nota 246, párr. 63.
135
la indemnización, a la condición de hijas del mismo. La señora Luz Dary Delgado
Pérez, sobrina del señor Raúl Antonio Pérez Martínez, era su hermana de crianza, por
lo que será asimilada, para efectos de su participación en la distribución de la
indemnización, a la condición de hermana.
239. Además, las señoras Macrina Onelia Martínez Paternina, madre de Manuel de
Jesús Montes Martínez; Dora Isabel Tuberquia Petro, compañera Genor José Arrieta
Lora; Gloria de Jesús Petro Pérez, compañera de Luis Miguel Salgado Berrío, y
Dormelina Barba Monterrosa, compañera de Andrés Manuel Perosa Jiménez,
recibirán una indemnización adicional en consideración de que estaban embarazadas
al momento de la desaparición de sus familiares.
240. La distribución de las indemnizaciones entre los familiares de las personas
privadas de la vida o desaparecidas, por concepto del daño material e inmaterial
correspondiente a dichas personas, se hará de la siguiente manera253:
a)
el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización se repartirá por
partes iguales entre los hijos de la víctima y el restante cincuenta por ciento
(50%) de la indemnización deberá ser entregado a quien fuera cónyuge, o
compañera permanente de la víctima, al momento de la privación de la vida o
desaparición de ésta. En el caso de la esposa y la compañera permanente del
señor Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta y del señor Ricardo Bohórquez Pastrana,
así como de las compañeras del señor Juan Miguel Cruz y del señor Benito
José Pérez Pedroza, la indemnización correspondiente se les repartirá entre
ellas en partes iguales.
b)
en el caso de que la víctima no tuviere hijos o hijas, ni cónyuge o
compañera o compañero permanente, la indemnización se distribuirá de la
siguiente manera: el cincuenta por ciento (50%) se les entregará a sus
padres. Si uno de ellos ha muerto, la parte que le corresponde acrecerá a la
del otro. El restante cincuenta por ciento (50%) se repartirá en partes iguales
entre las hermanas y los hermanos de la víctima, y
c)
en el evento que no existieren familiares en alguna o algunas de las
categorías definidas en los literales anteriores, lo que le hubiere
correspondido a los familiares ubicados en esa o esas categorías,
corresponderá proporcionalmente a la parte que les corresponda a los
restantes.
241. En el caso de los familiares de las personas presuntamente desaparecidas y
privadas de la vida, acreedores de las indemnizaciones que se establecen en la
presente Sentencia, que hubieren fallecido, que fallezcan antes de que les sea
entregada la indemnización respectiva, se aplicarán los mismos criterios de
distribución de la indemnización indicados en el párrafo anterior.
242. De conformidad con las anteriores consideraciones, los nombres y parentesco
de las personas desaparecidas y privadas de su vida y sus familiares identificados en
este proceso son los que se indican en el Anexo II de la presente Sentencia.
253
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 72; Caso de la “Masacre de Mapiripán”,
supra nota 7, párr. 259, y Caso 19 Comerciantes, supra nota 192, párr. 230.
136
B)
DAÑO MATERIAL
Alegatos de la Comisión
243. La Comisión solicitó a la Corte que fije en equidad el monto de la
indemnización correspondiente al daño emergente y al lucro cesante. Al respecto,
manifestó que los familiares de las presuntas víctimas sufrieron consecuencias
múltiples por la pérdida de sus hijos, hermanos, compañeros y padres, quienes
constituían, en muchos de los casos, el sostén económico del núcleo familiar.
Incluso, los familiares sobrevivientes se convirtieron en víctimas del desplazamiento,
la persecusión y el temor. Además, debieron absorber pérdidas materiales y dejar de
percibir sus ingresos habituales y necesarios para su subsistencia.
244.
Alegatos de los representantes
a) en cuanto al daño emergente solicitaron que la Corte ordene al Estado a
pagar una indemnización compensatoria a favor de los familiares de las
presuntas víctimas por los prejuicios patrimoniales que han sufrido por la
detención, desaparición, tortura y posterior ejecución de éstas, ya que:
i.
ii.
iii.
los familiares realizaron numerosas gestiones tendientes a
encontrar a las presuntas víctimas, y esas gestiones implicaron
gastos de desplazamiento;
los familiares han adelantado múltiples gestiones ante distintas
autoridades, judiciales y no judiciales, tendientes a lograr el
esclarecimiento de los hechos y la recuperación de sus seres
queridos, y
los familiares de las seis presuntas víctimas cuyos cuerpos fueron
encontrados, incurrieron, además, en los gastos de entierro.
b) en cuanto al lucro cesante manifestaron que:
i.
ii.
iii.
las presuntas víctimas eran campesinos que se dedicaban a cultivar
la tierra y a otras labores agropecuarias en pequeña escala. En
consecuencia, no llevaban una contabilidad rigurosa desde la
perspectiva de las exigencias contables y tributarias comúnmente
aceptadas y exigidas por el Estado;
cuando no se tiene certeza de los ingresos percibidos por una
persona, como en el presente caso, puede recurrirse a un método
que parta del mínimo vital que requiere una persona para subsistir
junto con su familia. En Colombia se establece un salario mínimo
que pretende responder al mínimo de ingresos que requiere una
familia para satisfacer sus necesidades básicas. Se debe tener en
cuenta el salario que habrían devengado en su momento,
convertidos a un valor presente, y
de acuerdo con los cálculos de salarios, y a la edad de las
presuntas víctimas al momento en que se produjo su detención, el
valor total a indemnizarlas es de $10,536,596,944 (US$
4,100,991).
137
245.
Alegatos del Estado
a)
solicitó a la Corte que se abstenga, por ser improcedente, de ordenarle
el reconocimiento y pago de indemnización alguna, a título de reparación,
hasta que se pronuncien las autoridades judiciales nacionales, ante quienes
cursan los procesos pertinentes. Esto sin desconocer la inoponibilidad de
limitantes de derecho interno a las decisiones de la Corte;
b)
en caso de considerar procedente una cuantificación de los daños
materiales, el Estado se atendría a las pruebas que se allegaran a la Corte, y
c)
debe presumirse la falta de ingreso laboral de quienes eran menores
de edad al momento de su desaparición, a falta de prueba que demuestre lo
contrario. Lo mismo respecto de quienes, siendo mayores de edad, no habían
alcanzado la edad de 25 años, desde la cual la legislación interna tiene por
completo emancipados del sustento paterno a los jóvenes. Para quienes eran
mayores de 25 años es posible presumir un ingreso equivalente al salario
mínimo legalmente establecido, y que se actualiza anualmente. Esto, respecto
de los ingresos que presumiblemente hubieran recibido las víctimas desde el
momento de los hechos hasta el momento de la emisión de la sentencia. Para
el cálculo de los ingresos futuros habría que aplicar la tabla de expectativa de
vida en Colombia en zonas rurales, actualizando el valor del salario mínimo en
porcentajes de la inflación en el país de los últimos dos años, y traer ese
resultado a valor presente. En ambos casos habría que restar un 25%, según
la jurisprudencia de la Corte.
Consideraciones de la Corte
246. La Corte determinará en este acápite lo correspondiente al daño material,
para lo cual fijará un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias
patrimoniales de las violaciones que han sido declaradas en la presente Sentencia254,
tomando en cuenta las circunstancias del caso, la prueba ofrecida, su jurisprudencia
y los alegatos relevantes presentados por la Comisión, los representantes y el
Estado.
247. La Corte considera que el daño material debe estimarse con base en
elementos de prueba que permitan acreditar un perjuicio cierto255. En el presente
caso, el Tribunal se encuentra imposibilitado para determinar los daños materiales
ocasionados a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de su vida
pues, en las circunstancias del presente caso, algunos de dichos familiares tuvieron
que desplazarse de Pueblo Bello, por lo que es comprensible el hecho de que no
cuenten con los comprobantes debidos. Es posible que varios de ellos se hayan visto
obligados a salir abruptamente de sus hogares llevando consigo sólo lo
indispensable. Además, no obran pruebas suficientes para determinar los ingresos
dejados de percibir por la mayoría de las víctimas. A su vez, respecto de los niños
Manuel de Jesús Montes Martínez, José Encarnación Barrera Orozco y Miguel Antonio
Pérez Ramos, no hay un hecho cierto que permita establecer la actividad o profesión
254
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 78; Caso Gómez Palomino, supra nota 10,
párr. 124; Caso Palamara Iribarne, supra nota 11, párr. 238.
255
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 276; Caso “Instituto de Reeducación
del Menor”, supra nota 17, párr. 288; Caso Molina Theissen. Sentencia de 4 de mayo de 2004. Serie C No.
106, párr. 57, y Caso Bulacio, supra nota 192, párr. 84.
138
que desarrollarían en el futuro.
248. Sin embargo, en atención al contexto y las circunstancias del caso, tomando
en consideración la expectativa de vida en Colombia en 1990 y que las actividades
agrícolas que realizaban la mayoría de las personas desaparecidas y privadas de su
vida contribuían a la subsistencia de sus familias, la Corte fija en equidad256 las
compensaciones a los familiares por concepto de la pérdida de ingresos de aquéllas
43 personas, según se consigna en el Anexo I de la presente Sentencia.
249. Además, la Corte presume que los familiares de las seis víctimas privadas de
la vida, y cuyos restos les fueron entregados, asumieron los gastos de entierro, por
lo cual la Corte fija en equidad una indemnización de US $5.000,00 (cinco mil
dólares de los Estados Unidos de América) a cada familia de dichas víctimas. Dicho
monto ha sido sumado al consignado en el Anexo I de la presente sentencia.
250. La Corte se abstiene de ordenar indemnizaciones a favor de los familiares de
las 37 personas desaparecidas y de las seis privadas de su vida en este proceso,
respecto de otras pérdidas de carácter material en que hayan incurrido. Sin
embargo, el Tribunal aclara que la determinación de las reparaciones en esta
instancia internacional no obstaculiza ni precluye la posibilidad de esos familiares de
plantear los reclamos pertinentes ante las autoridades nacionales.
251. Respecto de los procesos de reparación directa incoados por familiares de las
personas desaparecidas y de las privadas de su vida que se encuentran pendientes
ante la jurisdicción contencioso administrativa colombiana (supra párrs. 95.148 a
95.158), la Corte fija en esta Sentencia las reparaciones pertinentes,
independientemente de su estado actual. Al momento en que el Estado haga efectivo
el pago de las mismas, deberá comunicarlo a los tribunales que estén conociendo
dichos procesos para que resuelvan lo conducente.
C)
DAÑO INMATERIAL
Alegatos de la Comisión y de los representantes
252. Solicitaron que en razón de las graves circunstancias del presente caso, la
Corte ordene el pago de una compensación conforme a equidad y en consideración a
las características de la desaparición y muerte de las presuntas víctimas.
253.
Alegatos del Estado
a) el Estado solicitó a la Corte que se abstenga, por ser improcedente, de
ordenarle el reconocimiento y pago de indemnización alguna, a título de
reparación, hasta que se pronuncien las autoridades judiciales nacionales,
ante quienes cursan los procesos pertinentes; lo anterior sin desconocer la
inoponibilidad de limitantes de derecho interno a las decisiones de la Corte;
b) en caso de considerar procedentes las medidas de compensación, el Estado se
atendría a las pruebas que se allegaran a la Corte, respecto a la cuantificación
de los daños inmateriales, y
256
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 80; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párr. 261, y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 125.
139
c) Colombia encuentra loables las motivaciones que han llevado a la Corte a
acoger patrones para daños morales. Sin embargo, respecto de los montos
en materia de indemnización de perjuicios por responsabilidad estatal, el
Consejo de Estado colombiano ha venido fijando ciertos montos diferentes a
los de la Corte Interamericana al encontrar que el Estado ha causado un daño
antijurídico en favor de un particular, los cuales deben ser tomados en
cuenta.
Consideraciones de la Corte
254. El daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones
causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores
muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no
pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas. No siendo posible
asignar al daño inmaterial un preciso equivalente monetario, sólo puede, para los
fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de
dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero que el
Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de
equidad o mediante formas de compensación tales como el otorgamiento o la
prestación de determinados bienes o servicios. Y, en segundo lugar, mediante la
realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, tales como la
transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos
humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no
vuelvan a ocurrir257, que tengan como efecto la recuperación de la memoria de las
víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos.
255. Tal como lo ha señalado la Corte en otros casos258, el daño inmaterial infligido
a las víctimas resulta evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda
persona sometida a actos brutales en el contexto del presente caso, experimente un
profundo sufrimiento, angustia moral, terror e inseguridad, por lo que este daño no
requiere pruebas.
256. Según fue establecido, antes de ser desaparecidas y privadas de la vida, las
43 personas fueron privadas de libertad y objeto de actos contrarios a su integridad
personal (supra párr. 95.33).
Por su parte, los familiares de las personas
desaparecidas y privadas de la vida han sufrido daños como consecuencia de la
desaparición o muerte de las mismas, por la falta de apoyo de las autoridades
estatales en la búsqueda efectiva de los desaparecidos y el miedo a iniciar o
continuar con las búsquedas de sus familiares. Puesto que la mayoría de esas
personas se encuentran desaparecidas, los familiares inmediatos no han contado con
la posibilidad de honrar apropiadamente a sus seres queridos. La ausencia de una
investigación completa y efectiva sobre los hechos y la impunidad parcial constituyen
una fuente de sufrimiento y angustia adicionales para los familiares. Todo lo anterior,
además de haber afectado su integridad psíquica, ha impactado sus relaciones
sociales y laborales, ha alterado la dinámica de sus familias y, en algunos casos, ha
257
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 86; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párr. 267, y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 130.
258
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 283; Caso Tibi, supra nota 192, párr.
244, y Caso “Instituto de Reeducación del Menor”, supra nota 17, párr. 300.
140
puesto en riesgo la vida e integridad personal de algunos de sus miembros (supra
párr. 95.161).
257. En cuanto a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la
vida, la Corte reitera que el sufrimiento ocasionado a la víctima “se extiende a los
miembros más íntimos de la familia, en especial aquellos que estuvieron en contacto
Además, el Tribunal ha presumido que los
afectivo estrecho con la víctima”259.
sufrimientos o muerte de una persona acarrean a sus hijas, hijos, cónyuge o
compañera, madre, padre, y hermanas y hermanos un daño inmaterial, por lo cual
no es necesario demostrarlo260.
258. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la
sentencia constituye per se una forma de reparación. No obstante, debido a la
gravedad de los hechos del presente caso y la situación de impunidad parcial, la
intensidad del sufrimiento causado a las víctimas, las alteraciones de sus condiciones
de existencia y las demás consecuencias de orden no material o no pecuniario
producidas, la Corte estima necesario ordenar el pago de una compensación por
concepto de daño inmaterial, conforme a equidad261, la cual deberá ser entregada
según lo estipulado en los párrafos 236, 237 y 240 de la presente Sentencia, y de
conformidad con los siguientes parámetros:
a)
por cada una de las 37 víctimas desaparecidas y las seis privadas de
su vida, la Corte fija la cantidad de US$ 30.000,00 (treinta mil dólares de los
Estados Unidos de América);
b)
al momento de su desaparición eran menores de edad tres de las
víctimas, a saber, Manuel de Jesús Montes Martínez, José Encarnación Barrera
Orozco y Miguel Antonio Pérez Ramos. En consecuencia, es de presumir que
los sufrimientos causados por los hechos del caso asumieron características
de particular intensidad en relación con dichos niños. Por tal motivo, la
compensación del daño a que se refiere el párrafo anterior, debe ser
compensado en equidad en cada caso, además, por la cantidad de US$
5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), que acrecerá
a la suma indicada anteriormente;
c)
para los familiares inmediatos de las víctimas, la Corte considera que
el daño correspondiente debe ser compensado mediante el pago a su favor de
las sumas que se indican a continuación:
i.
US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de
América) en el caso de la madre, del padre, de la cónyuge o de la
compañera permanente y de cada hija e hijo, de las 37 víctimas
desaparecidas;
259
Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 214, párr. 159; Caso de los Hermanos
Gómez Paquiyauri, supra nota 188, párr. 218, y Caso 19 Comerciantes, supra nota 192, párr. 249.
260
Cfr. Caso 19 Comerciantes, supra nota 192, párr. 229; Caso Maritza Urrutia, supra nota 190,
párr. 169; Caso Myrna Mack Chang, supra nota 197, párrs. 245 y 264, y Caso Bulacio, supra nota 192,
párr. 98.
261
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 87; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párr. 268, y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 131.
141
ii.
US$ 8.000,00 (ocho mil dólares de los Estados Unidos de
América) en el caso de la madre, del padre, de la cónyuge o de la
compañera permanente y de cada hija e hijo, de las seis víctimas
privadas de su vida;
iii.
US$ 500,00 (quinientos dólares de los Estados Unidos de
América) en el caso de cada hermana o hermano de los desaparecidos
y privados de la vida, y
iv.
estas cantidades serán acrecidas mediante el pago de US$
2.000,00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América) para las
señoras Macrina Onelia Martínez Paternina, madre de Manuel de Jesús
Montes Martínez, Dora Isabel Tuberquia Petro, compañera de Genor
José Arrieta Lora, Gloria de Jesús Petro Pérez, compañera de Luis
Miguel Salgado Berrío, y Dormelina Barba Monterrosa, compañera de
Andrés Manuel Perosa Jiménez, quienes estaban embarazadas al
momento de la desaparición de ellos.
259. Con base en lo anterior, las sumas por concepto de compensación de los
daños inmateriales ocasionados por las violaciones declaradas en el presente caso, a
favor de las personas desaparecidas y privadas de la vida, así como de sus
familiares, se indican en el Anexo II de la presente Sentencia.
D) OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN
(Medidas de satisfacción y garantías de no repetición)
Alegatos de la Comisión
260.
Solicitó que la Corte ordene al Estado que:
a) adopte las medidas necesarias para localizar los restos de las presuntas
víctimas a fin de que sus familiares completen el duelo por la desaparición
de sus seres queridos y así, posibilitar de alguna medida la reparación del
daño causado;
b) lleve a término una investigación judicial exhaustiva de los hechos de este
caso, en la que se identifique a todos los responsables, tanto materiales
como inmateriales, así como a los agentes del Estado cuya aquiescencia
hizo posible la comisión de las violaciones a la Convención y, como
consecuencia de esta investigación judicial, sancione a los responables
penalmente;
c) haga público el resultado del proceso judicial con el fin de coadyuvar al
derecho a la verdad de los familiares de las presuntas víctimas y de la
sociedad colombiana en su conjunto;
d) adelante el cumplimiento efectivo de las órdenes de detención dictadas
por las autoridades judiciales, y
e) efectúe, en consulta con los familiares, un reconocimiento simbólico
destinado a la recuperación de la memoria histórica de las víctimas
desaparecidas.
Alegatos de los representantes
261.
Solicitaron que la Corte ordene al Estado que:
142
a) realice una investigación que esclarezca los hechos, individualice los
partícipes y permita llevarlos a un juicio en donde se establezcan las
responsabilidades y se impongan las sanciones que corresponden a la
gravedad de los hechos;
b) realice todas las acciones que sean necesarias para establecer la suerte de
todas las personas desaparecidas y entregar sus restos a los familiares;
c) complete la investigación iniciada en la justicia ordinaria, en forma efectiva y
conforme a las obligaciones internacionales que éste ha asumido libremente;
d) pida perdón a los familiares, a través del Presidente de la República, en un
acto público transmitido por los canales estatales de televisión de cobertura
nacional y en los de cobertura regional en los departamentos de Córdoba y
Antioquia. Este acto deberá contar con la participación de las más altas
autoridades militares, de policía, judiciales y con todos los familares de las
presuntas víctimas, los miembros de la comunidad afectada, las
organizaciones peticionarias, la comunidad nacional de derechos humanos, así
como de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
e) garantice los recursos suficientes para construir un polideportivo en el
corregimiento de Pueblo Bello en memoria de las presuntas víctimas y para el
restablecimiento a la comunidad por los daños causados. El polideportivo
deberá llevar una placa con los nombres de las presuntas víctimas
y
denominarse “A la memoria de las víctimas de Pueblo Bello,” indicar en la
placa la fecha de los hechos, la mención genérica de que en ella participaron
grupos paramilitares con la aquiescencia y colaboración de miembros de la
Fuerza Pública y consignar el hecho de que la Corte Interamericana encontró
el Estado responsable por la masacre, indicando la fecha de la sentencia;
f) tome las medidas necesarias y oportunas para que los terrenos donde fueron
torturadas y asesinadas las presuntas víctimas se conviertan en parques
nacionales de propiedad pública para tener presentes los hechos, sus autores,
al menos de manera genérica, mencionado que grupos paramilitares con la
aquiescencia y colaboración de miembros de la Fuerza Pública cometieron los
hechos y que estas actuaciones dieron lugar a la responsabilidad del Estado
por las violaciones, y a preservar la memoria y dignidad de las presuntas
víctimas. En el caso de que la propiedad, posesión o tenencia legitima de la
fincas donde ocurieron los hechos no correspoda a los integrantes, familares
o testaferros del grupo paramilitar dirigido, entre otros, por Fidel Castaño,
Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, el Estado deberá compensar e
indemnizar a los propietarios, poseedores, y tenedores de buena fe, para
obtener la propiedad y control sobre dichos terrenos. Previamente a cualquier
destinación de los terrenos, el Estado deberá asegurar que la búsqueda de los
37 campesinos detenidos y desaparecidos en Pueblo Bello se realizará en
condiciones de seguridad adecuada, y
g) divulgue la Sentencia de la Corte en medios impresos y audiovisuales con el
objetivo de que los hechos ocurridos no se vuelvan a repetir. El Estado se
debe comprometer con la divulgación de la misma y su difusión, pues de esta
manera se garantizará el derecho de la sociedad a conocer la verdad.
143
262. Asimismo, los representantes alegaron que la Corte debe ordenar al Estado
que se comprometa a garantizar la no repetición de los hechos, para lo cual deberá:
a)
crear un Grupo o Comisión de la Verdad integrada por personas expertas
y de reconocida credibilidad que contribuya a esclarecer el alcance y
extensión del fenómeno paramilitar en la región de Urabá, que sugiera
medidas para erradicar los grupos paramilitares, para que no se vuelva a
recurrir a su utilización bajo ninguna circunstancia y que ayude
desentrañar los nexos y apoyos que estos grupos han tenido en la zona.
Para la realización de su trabajo se le otorgará a dicho grupo un plazo de
seis meses, al cabo del cual deberá rendir su informe a la Corte en
audencia pública con presencia de las partes;
b)
llevar a cabo medidas legislativas, administrativas y del orden que
correspondan:
i.
ii.
iii.
para desmantelar los grupos paramilitares, en particular los
dirigidos por Carlos Castaño, Fidel Castaño y Salvatore Mancuso.
En este sentido debe ordenarse al Estado que promueva la
desvinculación de la Fuerza Pública de todos los miembros sobre
los cuales existen acusaciones creibles y consistentes de sus nexos
con los grupos paramilitares;
para garantizar que mantendrá abiertas las investigaciones en la
justicia ordinaria hasta encontrar los cuerpos de las 37 víctimas no
identificadas hasta el momento y lograr que todos los partícipes
serán individualizados y llevados ante la justicia, juzgados con
todas las garantías y, de ser encontrados responsables,
sancionados con penas proporcionales a la gravedad de las
violaciones cometidas, y
para garantizar por mecanismos y procedimientos respetuosos de
los derechos humanos, la restitución de los bienes, tanto muebles
como inmuebles, que fueron abandonados por sus propietarios,
poseedores o tenedores, quienes se vieron obligados a
desplazarse.
c)
tramitar las causas penales conforme a los estándares establecidos tanto
en la Convención Americana como en la Convención Interamericana para
prevenir y sancionar la Desaparición Forzada, y en todo caso, debe
comprometerse a tramitarla en sede civil y no militar. Al respecto,
además, solicitaron a la Corte que recomiende al Estado depositar el
instrumento de ratificación de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada de Personas;
d)
no hacer uso de figuras como la amnistía, la prescripción y el
establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que
pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la
sentencia ejecutoriada, y
e)
asegurar a los familares que emprenderá una búsqueda seria y exhaustiva
de las presuntas víctimas para que éstas puedan retornar al seno de sus
familias o sus restos les sean entregados a aquéllos.
144
263.
Alegatos del Estado
a)
las investigaciones penales continúan y con el acompañamiento de los
peticionarios, en su condición de parte civil, se han realizado importantes
diligencias para lograr la plena identificación de las presuntas víctimas así
como para localizar sus restos mortales;
b)
los responsables se encuentran plenamente identificados y reconocidos
como tales por la sociedad, teniendo en cuenta la publicidad que se ha
dado a la sentencias condenatorias dictadas en los procesos relacionados
con el caso;
c)
las autoridades hacen los máximos esfuerzos para lograr la captura de los
declarados responsables en estos hechos por las autoridades judiciales, y
d)
todas las instituciones del Estado tienen la voluntad férrea e
inquebrantable de luchar contra todos los grupos armados ilegales. La
eficacia de la Fuerza Pública se encuentra reflejada en sus resultados
operacionales obtenidos con apego y respeto a los derechos humanos, los
principios
humanitarios,
los
mandatos
constitucionales
y
los
procedimientos legales.
Consideraciones de la Corte
264. En este apartado el Tribunal determinará las medidas de satisfacción que
buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, y dispondrá
Estas medidas tienen especial
medidas de alcance o repercusión pública262.
relevancia en el presente caso por la extrema gravedad de los hechos.
a)
Obligación del Estado de investigar los hechos del caso, identificar,
juzgar y sancionar a los responsables
265. La Corte ha establecido en esta Sentencia que las investigaciones conducidas
por Colombia sobre la masacre en Pueblo Bello ocurrida el 14 de enero de 1990 han
incumplido los estándares de acceso a la justicia y protección judicial establecidos en
la Convención Americana (supra párr. 169 a 212).
266. La Corte reitera que el Estado está obligado a combatir tal situación de
impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición
crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas
y de sus familiares, quienes tienen derecho a conocer la verdad de los hechos263.
Este derecho a la verdad, al ser reconocido y ejercido en una situación concreta,
constituye un medio importante de reparación y da lugar a una justa expectativa de
las víctimas, que el Estado debe satisfacer264.
262
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 93; Caso García Asto y Ramírez Rojas,
supra nota 10, párr. 276, y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 136.
263
Cfr. Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 76; Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra
nota 7, párr. 297, y Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 203.
264
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 95; Caso de la “Masacre de Mapiripán”,
supra nota 7, párr. 297, y Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota 7, párr. 204.
145
267. A la luz de lo anterior, el Estado debe realizar inmediatamente las debidas
diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la
investigación para determinar la responsabilidad intelectual y material de todos los
autores de la masacre y de las personas responsables por acción o por omisión del
incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados. El Estado
debe llevar a término el proceso penal en la jurisdicción penal ordinaria, de forma
que permita el esclarecimiento de todos los hechos y la sanción de los responsables,
así como la ejecución efectiva de las condenas que ya han sido impuestas. Los
resultados de estos procesos deberán ser públicamente divulgados por el Estado, de
manera que la sociedad colombiana pueda conocer la verdad acerca de los hechos
del presente caso.
268. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el
presente caso, Colombia debe: a) remover todos los obstáculos, de facto y de jure,
que mantengan la impunidad; b) utilizar todos los medios disponibles para hacer
expedita la investigación y los procedimientos respectivos, y c) otorgar las garantías
de seguridad adecuadas a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de
la vida, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados
judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y
actuales pobladores de Pueblo Bello.
269. El Estado debe adoptar las medidas administrativas, legislativas y
cualesquiera otras pertinentes, con el fin de que las violaciones a derechos humanos
cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen
todas las garantías judiciales, con el fin de combatir la impunidad parcial que existe
en este caso y así evitar la repetición de hechos tan graves como los que ocurrieron
en la masacre de Pueblo Bello. El Estado debe informar a la Corte cada seis meses
sobre las medidas adoptadas al respecto y, en particular, sobre los resultados
obtenidos.
b)
Búsqueda, identificación y sepultura de las víctimas de la masacre de
Pueblo Bello
270. La Corte considera indispensable que, para efectos de las reparaciones, el
Estado busque e identifique a las víctimas desaparecidas. Pese a que el Tribunal ha
tomado en consideración las acciones emprendidas por el Estado para recuperar los
restos de las personas desaparecidas, éstas no han sido suficientes ni efectivas. El
Estado deberá completar dichas labores, así como cualquier otra que resulte
necesaria, para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos
posibles, tomando en cuenta las normas pertinentes en la materia, tales como las
establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación
Eficaces de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, así como en el Informe
del Secretario General sobre derechos humanos y ciencia forense presentado de
conformidad con la resolución 1992/24 de la Comisión de Derechos Humanos del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
271. Independientemente de estas acciones específicas, el Estado debe garantizar
que las entidades oficiales correspondientes hagan uso de estas normas como parte
de su instrumental para efectos de la búsqueda e identificación de personas
desaparecidas o privadas de su vida.
272. Para hacer efectiva y viable la identificación de las víctimas desaparecidas de
la masacre de Pueblo Bello, la recuperación de los restos de aquéllas y la entrega a
146
sus familiares, el Estado deberá publicar en un medio de radiodifusión, uno de
televisión y uno de prensa escrita, todos ellos de cobertura nacional y regional en los
departamentos de Córdoba y Urabá, un anuncio mediante el cual se solicite al
público que aporte información para estos efectos y se indiquen las autoridades
encargadas de estas gestiones.
273. Cuando se encuentren e identifiquen restos mortales el Estado deberá
entregarlos a la brevedad posible a sus familiares, previa comprobación genética de
filiación, para que puedan ser honrados según sus respectivas creencias. Además, el
Estado deberá cubrir los gastos de entierro de éstas, de común acuerdo con los
familiares de las mismas.
c)
Tratamiento médico o psicológico adecuado a los familiares
274. La Corte estima que es preciso disponer una medida de reparación que
busque reducir los padecimientos físicos y psíquicos de los familiares inmediatos de
las personas desaparecidas o privadas de su vida. Con tal fin, el Tribunal dispone la
obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio
de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran dichas
personas, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de
la notificación de la presente Sentencia a quienes ya están identificados, y a partir
del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están
actualmente, y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión de
medicamentos. Al proveer el tratamiento psicológico se deben considerar las
circunstancias y necesidades particulares de cada persona, de manera que se les
brinden tratamientos colectivos, familiares e individuales, según lo que se acuerde
con cada uno de ellos y después de una evaluación individual.
d)
Garantías estatales de seguridad para los familiares y ex habitantes
del municipio de Pueblo Bello que decidan regresar
275. La Corte es consciente de que algunos de los miembros de Pueblo Bello no
desean regresar al pueblo debido a que tienen temor de seguir siendo amenazados
por los paramilitares. Es posible que esta situación no cambie hasta que se complete
una investigación y un proceso judicial efectivos, que tengan como resultado el
esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. En el momento en
que los ex habitantes decidan regresar a Pueblo Bello, el Estado deberá garantizarles
su seguridad. A tales efectos, el Estado deberá enviar representantes oficiales a
dicho corregimiento periódicamente, para verificar el orden y realizar consultas con
los residentes del pueblo. Si durante esas reuniones los habitantes del corregimiento
expresan preocupación en relación con su seguridad, el Estado debe adoptar las
medidas necesarias para garantizarla, las cuales serán diseñadas en consulta con los
destinatarios de las medidas.
276. Además, dado que muchos de los habitantes de Pueblo Bello perdieron sus
bienes materiales como consecuencia de los hechos del presente caso (supra párr.
95.161), este Tribunal considera que el Estado debe implementar, tal como lo ha
hecho en otros casos265, un programa habitacional de vivienda adecuada para los
familiares que regresen a Pueblo Bello.
265
Cfr. Caso de la Masacre de “Plan de Sánchez”, supra nota 246, párr. 105.
147
e)
Disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional
277. Como una medida de satisfacción para las víctimas y garantía de no
repetición de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido, el
Estado deberá reconocer públicamente, con presencia de altas autoridades, su
responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, y emitir una disculpa
a los familiares de las personas desaparecidas y privadas de su vida por haber
incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la libertad personal,
integridad personal y vida de esas personas, como consecuencia de las faltas del
Estado a sus deberes de prevención, protección e investigación, así como por las
violaciones a los derechos de acceso a la justicia, protección judicial y garantías
judiciales cometidas en su perjuicio.
f)
Monumento
278. El Estado deberá construir un monumento apropiado y digno para recordar los
hechos de la masacre de Pueblo Bello, como medida para prevenir que hechos tan
graves ocurran en el futuro. Dicho monumento deberá ser instalado en un lugar
público apropiado en Pueblo Bello, dentro del año siguiente a la notificación de la
presente Sentencia.
g)
Publicación de las partes pertinentes de la presente Sentencia
279. La Corte estima que, como medida de satisfacción266, el Estado debe publicar
dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente
Sentencia, por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la
Sección de esta Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de
página correspondientes, así como la parte resolutiva de la misma.
XIII
COSTAS Y GASTOS
Alegatos de la Comisión
280. Solicitó a la Corte que, una vez escuchados los representantes, ordene al
Estado el pago de las costas y gastos debidamente probados por aquéllos y en
atención a las características especiales del presente caso.
281.
Alegatos de los representantes
a) la Comisión Colombiana de Juristas ha incurrido en gastos por su labor desde
1997, tanto doméstica como internacional, los cuales ascendieron a un total
de US$ 36.023.69 (treinta y seis mil veintitrés dólares de los Estados Unidos
de América, con sesenta y nueve centavos);
b) ASFADDES ha incurrido en gastos desde abril de 1994, los que han incluido el
costo de pruebas judiciales, otras diligencias de exhumación y honorarios del
abogado que ha actuado como parte civil en el proceso penal, los cuales
ascienden a un total de 61.500.000 pesos colombianos o US $ 26.287,11
266
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 101; Caso García Asto y Ramírez Rojas
supra nota 10, párr. 282, y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 142.
148
(veintiséis mil doscientos ochenta y siete dólares de los Estados Unidos de
América, con once centavos), y
c) CEJIL ha incurrido en gastos en los cuatro años de litigio ante el Sistema
Interamericano, los cuales ascienden a un total de US$ 25.503,23 (veinticinco
mil quinientos tres dólares con veintitrés centavos).
Alegatos del Estado
282. Aunque solicitó a la Corte que determine que el pago de las costas y gastos
sea asumido por cada una de las partes intervinientes, alegó que para el
reconocimiento de costas y gastos la Corte ha condicionado a que sean sólo los
gastos necesarios y razonables, según las particularidades del caso y los
efectivamente realizados o causados a cargo de la víctima o sus representantes. De
cualquier forma su reconocimiento procede sobre bases de equidad.
Consideraciones de la Corte
283. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores267, las costas y
gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el
artículo 63.1 de la Convención Americana. En cuanto a su reembolso, corresponde al
Tribunal apreciar prudentemente su alcance, que comprende los gastos generados
ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como los generados en el curso del
proceso ante el sistema interamericano, teniendo en cuenta la acreditación de los
gastos hechos, las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción
internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser
realizada con base en el principio de equidad y tomando en cuenta los gastos
señalados y comprobados por las partes, siempre que su quantum sea razonable.
284. La Corte toma en cuenta que algunos de los familiares de las víctimas
desaparecidas y privadas de la vida en los hechos de Pueblo Bello actuaron a través
de representantes, tanto ante la Comisión como ante la Corte. En este caso ha sido
establecido que únicamente algunos familiares han rendido testimonio en el proceso
penal y que sólo José Daniel Álvarez, hijo de una de las víctimas, se ha constituido
en parte civil en dicho proceso penal.
285. En razón de lo anterior, no es posible asignar una compensación por concepto
de costas y gastos directamente a los familiares de las víctimas, para que éstas la
distribuyeran entre quienes les hayan brindado asistencia legal, como ha sido la
práctica de este Tribunal en algunos casos recientes268, por lo que estima equitativo
ordenar al Estado que reintegre la cantidad de US$ 15.000,00 (quince mil dólares de
los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda colombiana, a la
Comisión Colombiana de Juristas por concepto de costas y gastos en que incurrieron
en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de
protección de los derechos humanos; la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil dólares
de los Estados Unidos de América) a ASFADDES por concepto de costas y gastos en
que incurrieron en el ámbito interno e internacional; y la cantidad de US$ 8.000,00
(ocho mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda
267
Cfr. Caso Blanco Romero y otros, supra nota 10, párr. 114; Caso García Asto y Ramírez Rojas
supra nota 10, párr. 286, y Caso Gómez Palomino, supra nota 10, párr. 150.
268
Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán”, supra nota 7, párr. 325; Caso Yatama. Sentencia de 23
de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 265, y Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre
de 2004. Serie C No. 117, párr. 145.
149
colombiana a CEJIL por concepto de costas y gastos en que incurrió en el proceso
internacional.
XIV
MODALIDADES DE CUMPLIMIENTO
286. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, Colombia deberá efectuar el
pago de las indemnizaciones y compensaciones por concepto de daño material e
inmaterial (supra párrs. 248, 249, 258 y 259), el reintegro de costas y gastos (supra
párr. 285), el acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad y la
construcción de un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la
masacre de Pueblo Bello (supra párrs. 277 y 278), dentro del plazo de un año,
contado a partir de la notificación de la misma. Asimismo, el Estado deberá efectuar
la publicación de las partes pertinentes de esta Sentencia (supra párr. 279), dentro
del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la misma.
287. A su vez, Colombia deberá realizar inmediatamente las debidas diligencias
para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para
identificar, juzgar y sancionar a los responsables por los hechos de la masacre (supra
párrs. 265 a 268). Asimismo, debe realizar inmediatamente las debidas diligencias
para buscar e identificar a las víctimas privadas de la vida y desaparecidas (supra
párrs. 270 a 273). Además, el Estado deberá realizar, en un plazo razonable, las
acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los
familiares de las personas presuntamente desaparecidas y privadas de la vida, así
como otros ex pobladores de Pueblo Bello, que se hayan visto desplazados, puedan
regresar, en caso de que así lo deseen (supra párrs. 275 y 276). Asimismo, el
Estado deberá adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los
derechos humanos sean efectivamente investigadas en procesos en los que se
otorguen todas las garantías judiciales, y deberá informar a la Corte cada seis meses
sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. Finalmente, en cuanto al
tratamiento médico debido a los familiares, éste deberá brindarse en forma
inmediata a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que el Estado
realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el
tiempo que sea necesario (supra párr. 274).
288. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de las personas
desaparecidas y privadas de la vida, y de sus familiares de será hecho directamente
a ellos, según lo dispuesto en los párrafos 247, 248 y 258 y en los Anexos I y II de
la presente Sentencia.
289. Los pagos correspondientes al reintegro de costas y gastos se realizarán
según lo dispuesto en el párrafo 285 de la presente Sentencia.
290. El Estado deberá cumplir sus obligaciones de carácter pecuniario mediante el
pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda
nacional del Estado, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre
ambas monedas que esté vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de
América, el día anterior al pago.
291. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia bajo los conceptos de
indemnizaciones por daño material e inmaterial, así como por reintegro de costas y
gastos, no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales
150
actuales o futuros. Por ende, deberán ser entregados a los beneficiarios en forma
íntegra conforme a lo establecido en esta Sentencia.
292. Por lo que toca a las indemnizaciones ordenadas a favor de los niños y niñas,
el Estado deberá depositarlas en una institución financiera colombiana solvente. La
inversión se hará dentro del plazo de un año, en dólares estadounidenses y en las
condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica
bancaria, mientras los beneficiarios sean menores de edad. Podrá ser retirada por
aquéllos cuando alcancen la mayoría de edad, en su caso, o antes si así conviene al
interés superior del niño, establecido por determinación de una autoridad judicial
competente. Si no se reclama la indemnización una vez transcurridos diez años
contados a partir de la mayoría de edad, la suma será devuelta al Estado, con los
intereses devengados.
293. Si por causas atribuibles a los familiares de las personas desaparecidas y
privadas de la vida que son beneficiarios de las indemnizaciones no fuese posible que
éstos las reciban dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su
favor en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria colombiana
solvente, en dólares estadounidenses y en las condiciones financieras más favorables
que permitan la legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de diez años la
indemnización no ha sido reclamada, la cantidad será devuelta al Estado con los
intereses devengados.
294. En caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la
cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Colombia.
295. Conforme a su práctica constante, y en ejercicio de sus facultades y el
cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, la Corte se
reserva la facultad inherente a sus atribuciones de supervisar el cumplimiento
íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el
Estado haya ejecutado lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de un año,
contado a partir de la notificación de esta Sentencia, Colombia deberá rendir a la
Corte un primer informe sobre las medidas adoptadas para acatar esta Sentencia.
XV
PUNTOS RESOLUTIVOS
296.
Por tanto,
LA CORTE
DECLARA,
por unanimidad que:
1.
El Estado violó, en perjuicio de Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel Escobar
Duarte, Andrés Manuel Peroza Jiménez, Jorge David Martínez Moreno, Ricardo
Bohórquez Pastrana y Ovidio Carmona Suárez, los derechos a la vida, a la integridad
personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2
de la Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los
151
derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en razón del incumplimiento
de su obligación de garantizar esos derechos, por haber faltado a sus deberes de
prevención, protección e investigación, en los términos de los párrafos 111 a 153 de
esta Sentencia.
2.
El Estado violó, en perjuicio de Manuel de Jesús Montes Martínez, Andrés
Manuel Flórez Altamiranda, Juan Bautista Meza Salgado, Ariel Dullis Díaz Delgado,
Jorge Fermín Calle Hernández, Santiago Manuel González López, Raúl Antonio Pérez
Martínez, Juan Miguel Cruz, Genor José Arrieta Lora, Célimo Arcadio Hurtado, José
Manuel Petro Hernández, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Luis Miguel Salgado Berrío,
Ángel Benito Jiménez Julio, Benito José Pérez Pedroza, Pedro Antonio Mercado
Montes, Carmelo Manuel Guerra Pestana, César Augusto Espinoza Pulgarín, Miguel
Ángel López Cuadro, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Diómedes Barrera Orozco, José
Encarnación Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, José del Carmen Álvarez Blanco,
Camilo Antonio Durango Moreno, Carlos Antonio Melo Uribe, Mario Melo Palacio,
Víctor Argel Hernández, Fermín Agresott Romero, Jesús Humberto Barbosa Vega,
Benito Genaro Calderón Ramos, Jorge Arturo Castro Galindo, Wilson Uberto Fuentes
Marimón, Miguel Antonio Pérez Ramos, Elides Manuel Ricardo Pérez, Luis Carlos
Ricardo Pérez y Lucio Miguel Urzola Sotelo, los derechos a la vida, a la integridad
personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2
de la Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los
derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en razón del incumplimiento
de su obligación de garantizar esos derechos, por haber faltado a sus deberes de
prevención, protección e investigación, en los términos de los párrafos 111 a 153 de
esta Sentencia.
3.
El Estado violó, en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y
privadas de la vida, el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1
de la Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los
derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, por las razones expuestas
en los párrafos 154 a 162 de esta Sentencia.
4.
El Estado violó, en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y
privadas de la vida, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial,
para garantizar el acceso a la justicia, consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la
Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los
derechos establecida en el artículo 1.1 de la misma, en los términos de los párrafos
169 a 212 de esta Sentencia.
5.
El Estado no violó, en perjuicio de los familiares de las personas
desaparecidas y privadas de la vida, el derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana, por las razones
expuestas en los párrafos 217 a 220 de esta Sentencia.
6.
Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.
Y DECIDE,
152
por unanimidad, que:
7.
El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y
completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la
responsabilidad de todos los partícipes en la masacre, así como la de quienes
hubiesen sido responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la
obligación estatal de garantizar los derechos violados, en los términos de los párrafos
265 a 268 y 287 de esta Sentencia.
8.
El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los
derechos humanos cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los
que se otorguen todas las garantías judiciales, con el fin de evitar la repetición de
hechos tan graves como los que ocurrieron en la masacre de Pueblo Bello. El Estado
debe informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas y los
resultados obtenidos, en los términos de los párrafos 269 y 287 de esta Sentencia.
9.
El Estado debe adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar
e identificar a las víctimas desaparecidas, así como para entregar los restos mortales
a sus familiares y cubrir los gastos de entierro de aquéllos, en un plazo razonable.
Para estos efectos, deberá completar las acciones emprendidas para recuperar los
restos de las personas desaparecidas, así como cualesquiera otras que resulten
necesarias, para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos
posibles, tomando en cuenta las normas internacionales pertinentes en la materia,
en los términos de los párrafos 270 a 273 y 287 de esta Sentencia.
10.
El Estado debe garantizar que, independientemente de las acciones
específicas señaladas en el punto resolutivo anterior, las entidades oficiales
correspondientes hagan uso de dichas normas internacionales como parte de su
instrumental para efectos de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas
o privadas de la vida, en los términos de los párrafos 270 y 271 de esta Sentencia.
11.
El Estado debe proveer un tratamiento médico o psicológico, según sea el
caso, a todos los familiares de las 37 personas desaparecidas y de las seis privadas
de la vida que lo requieran, a partir de la notificación de la presente Sentencia a
quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su
identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea
necesario, en los términos de los párrafos 274 y 287 de esta Sentencia.
12.
El Estado deberá realizar las acciones necesarias para garantizar las
condiciones de seguridad para que los familiares de las personas desaparecidas y
privadas de la vida, así como otros ex pobladores de Pueblo Bello, que se hayan
visto desplazados, puedan regresar a tal localidad, en caso que así lo deseen, en los
términos de los párrafos 275, 276 y 287 de esta Sentencia.
13.
El Estado debe realizar, en el plazo de un año, contado a partir de la
notificación de la presente Sentencia, un acto de disculpa pública y reconocimiento
153
de responsabilidad internacional, en relación con las violaciones declaradas en la
misma y de desagravio a las personas desaparecidas, a las privadas de la vida y a
sus familiares, por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la
vida, a la integridad personal y a la libertad personal de esas personas, como
consecuencia de las faltas del Estado a sus deberes de prevención, protección e
investigación, así como por las violaciones a los derechos de acceso a la justicia,
protección judicial y garantías judiciales cometidas en su perjuicio, en presencia de
altas autoridades del Estado, en los términos de los párrafos 277 y 286 de la
presente Sentencia.
14.
El Estado debe construir, en el plazo de un año, contado a partir de la
notificación de esta Sentencia, un monumento apropiado y digno para recordar los
hechos de la masacre de Pueblo Bello, en los términos de los párrafos 278 y 286 de
esta Sentencia.
15.
El Estado debe publicar, dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la
notificación de la presente Sentencia, por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario
de circulación nacional, la sección de esta Sentencia denominada Hechos Probados,
sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la
misma, en los términos de los párrafos 279 y 286 de esta Sentencia.
16.
El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el Anexo I de la presente
Sentencia, a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la
vida, por concepto de daño material, en los términos de los párrafos 234 a 241, 246
a 251, 286, 288 y 290 a 294 de la misma.
17.
El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el Anexo II de la presente
Sentencia, a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la
vida, por concepto de daño inmaterial, en los términos de los párrafos 234 a 241,
254 a 259, 286, 288 y 290 a 294 de la misma.
18.
El Estado debe pagar las cantidades fijadas por concepto de costas y gastos,
en los términos de los párrafos 283 a 286, 289, 291 y 294 de la presente Sentencia.
19.
La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia y dará por
concluido el presente caso una vez que el Estado haya ejecutado lo dispuesto en la
misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta
Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas
adoptadas para darle acatamiento, en los términos del párrafo 295 de la misma.
El Juez Antônio A. Cançado Trindade hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente
Razonado, el cual acompaña la presente Sentencia.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa
Rica, el 31 de enero de 2006.
154
Sergio García Ramírez
Presidente
Oliver Jackman
Alirio Abreu Burelli
Cecilia Medina Quiroga
Antônio A. Cançado Trindade
Diego García-Sayán
Manuel E. Ventura Robles
Juan Carlos Esguerra Portocarrero
Juez ad hoc
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Comuníquese y ejecútese,
Sergio García Ramírez
Presidente
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
155
Anexo I
Daños materiales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Nombre del desaparecido o privado de su vida
Manuel de Jesús Montes Martínez
Andrés Manuel Flórez Altamiranda
Juan Bautista Meza Salgado
Juan Luis Escobar Duarte
José Leonel Escobar Duarte
Ariel Dullis Díaz Delgado
Jorge Fermin Calle Hernández
Santiago Manuel González López
Raúl Antonio Pérez Martínez
Andrés Manuel Peroza Jiménez
Juan Miguel Cruz
Genor José Arrieta Lora
Célimo Arcadio Hurtado
José Manuel Petro Hernández
Cristóbal Manuel Arroyo Blanco
Luis Miguel Salgado Berrío
Ángel Benito Jiménez Julio
Benito José Pérez Pedroza
Pedro Antonio Mercado Montes
Carmelo Manuel Guerra Pestana
César Augusto Espinoza Pulgarín
Miguel Ángel López Cuadro
Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta
Diómedes Barrera Orozco
José Encarnación Barrera Orozco
Urías Barrera Orozco
José del Carmen Álvarez Blanco
Camilo Antonio Durango Moreno
Jorge David Martínez Moreno
Carlos Antonio Melo Uribe
Mario Melo Palacio
Víctor Argel Hernández
Fermín Agresott Romero
Jesús Humberto Barbosa Vega
Ricardo Bohórquez Pastrana
Benito Genaro Calderón Ramos
Ovidio Carmona Suárez
Jorge Arturo Castro Galindo
Wilson Uberto Fuentes Marimón
Miguel Antonio Pérez Ramos
Elides Manuel Ricardo Pérez
Luis Carlos Ricardo Pérez
Lucio Miguel Urzola Sotelo
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Monto
80.400,00
57.300,00
74.100,00
74.500,00
84.800,00
73.500,00
68.100,00
39.300,00
67.800,00
75.100,00
49.400,00
73.500,00
47.500,00
43.500,00
63.400,00
62.800,00
32.300,00
49.400,00
63.000,00
43.300,00
67.000,00
53.200,00
55.700,00
67.100,00
81.100,00
67.900,00
40.200,00
76.300,00
78.700,00
75.900,00
60.400,00
69.200,00
74.100,00
62.900,00
35.800,00
73.800,00
78.300,00
61.800,00
43.600,00
80.100,00
67.600,00
70.200,00
75.500,00
156
Anexo II
Daños inmateriales
Nombre
Parentesco
Monto
1. Manuel de Jesús Montes Martínez
Jorge Adalberto Montes Berrío
Macrina Onelia Martínez Paternina
Noemí del Carmen Montes Martínez
Javier Donais Montes Martínez
Ana Carmela Montes Martínez
Libia Esther Montes Martínez
Nilson Montes Cruz
Neder de Jesús Montes Cruz
Desaparecido
Padre
Madre
Hermana
Hermano
Hermana
Hermana
Hermano
Hermano
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
35.000,00
10.000,00
12.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2. Andrés Manuel Flórez Altamiranda
Eridia Gutiérrez Mesa
César Eliecer Flórez Gutiérrez
Melkin Flórez Gutiérrez
Eduardo Manuel Flórez Gutiérrez
José de los Santos Flórez Tavera
Albertina Altamiranda Ramos
Emilse del Carmen Flórez Altamiranda
Enilda Ester Flórez Altamiranda
Mónica Flórez Altamiranda
Miriam Edith Flórez Altmiranda
Eberto Flórez Altamiranda
Manuela Flórez Altamiranda
Desaparecido
Esposa
Hijo
Hijo
Hijo
Padre
Madre
Hermana
Hermana
Hermana
Hermana
Hermano
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3. Juan Bautista Meza Salgado
Eliécer Manuel Meza Acosta
Sara Faustina Salgado Ramírez
Víctor Manuel Meza Salgado
José Nemecio MezaSalgado
María Mercedes Meza Salgado
Samuel Antonio Meza Salgado
Orfa Rosa Meza Salgado
Daniel Enrique Meza Salgado
Eliécer Manuel Meza Salgado
Elsa Meza Salgado
Desaparecido
Padre
Madre
Hermano
Hermano
Hermana
Hermano
Hermana
Hermano
Hermano
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
4. Juan Luis Escobar Duarte
5. José Leonel Escobar Duarte
Pedro Luis Escobar Bedoya
Virgelina Duarte Giraldo
Pedro Luis Escobar Duarte
Fanny del Socorro Escobar Duarte
Luz Emilce Escobar Duarte
P.V. *
P.V.
Padre
Madre
Hermano
Hermana
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
30.000,00
12.000,00
12.000,00
1,000,00
1,000,00
1,000,00
157
Ovidio de Jesús Escobar Duarte
Hermano
US $
1,000,00
6. Ariel Dullis Díaz Delgado
Rubén Díaz Romero
Amira Luisa Delgado Mestra
José Elías Díaz Delgado
Sara María Díaz Delgado
David Euclides Díaz Delgado
Abner Díaz Delgado
Gladys Díaz Delgado
Eneyda Díaz Delgado
Desaparecido
Padre
Madre
Hermano
Hermana
Hermano
Hermano
Hermana
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
7. Jorge Fermin Calle Hernández
Euclides Manuel Calle Álvarez
Nilda del Carmen Hernández
Jorge Enrique Calle Hernández
Herminia Edit Calle Hernández
Amaury Alfonso Calle Hernández
Marta Lina Calle Hernández
Guillermo Enrique Calle Hernández
María Patricia Calle Hernández
Rafael Andrés Calle Hernández
Alfonso Ramón Calle Hernández
Nilda Rosa Calle Hernández
Desaparecido
Padre
Madre
Hermano
Hermana
Hermano
Hermana
Hermano
Hermana
Hermano
Hermano
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
8. Santiago Manuel González López
Manuel José González Díaz
Delfina Lucía López Ruíz
Leovigilda Rosa Villalba Sánchez
Debier Antonio González Villalba
Onasis José González Villalba
Delia Lucía González Villalba
Leda González Villalba
Luz Gladys González Salgado
Enil Antonio González López
Rafael Antonio González López
Rosa Isabel González López
Manuel José González López
Celso Manuel González López
Nely del Carmen González López
Elio José González López
Ena Luz González López
Desaparecido
Padre
Madre
Esposa
Hijo
Hijo
Hija
Hija
Hija
Hermano
Hermano
Hermana
Hermano
Hermano
Hermana
Hermano
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
9. Raúl Antonio Pérez Martínez
Ginibeldo Pérez García
Desaparecido
Padre
US $
US $
30.000,00
10.000,00
* Privado de su vida (P.V.)
158
Islia María Martínez Cubillo
Alfaima Romero Arrieta
Yesica Andrea Pérez Romero
Inelta María Pérez Martínez
Enriqueta Pérez Martínez
Luz Dary Delgado Pérez
Lázaro Maria Pérez Palencia
Luis Arturo Pérez Martínez
Giniveldo Pérez Martínez
Gloria Ester Pérez Martínez
Marcos Fidel Pérez Martínez
Antonio María Pérez Martínez
Madre
Compañera
Hija
Hermana
Hermana
Hermana
Hermano
Hermano
Hermano
Hermana
Hermano
Hermano
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
10. Andrés Manuel Peroza Jiménez
Leonidas Manuel Peroza Meza
Dioselina María Jiménez Ortega
Dormelina del Carmen Barba Monterrosa
Cleider Duban Peroza Barba
Ismael Antonio Osorio Jiménez
Emerita del Carmen Osorio Jiménez
Nafer Enrique Osorio Jiménez
Matilde Esther Osorio Jiménez
María del Carmen Morelo Jiménez
Nora Isabel Jiménez Barbas
P.V.
Padre
Madre
Compañera
Hijo
Hermano
Hermana
Hermano
Hermana
Hermana
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
6.000,00
6.000,00
8,000.00
6.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
11. Juan Miguel Cruz
Zunilda Peralta
Digna Peralta
Jaime Miguel Cruz Peralta
Uberney Cruz Peralta
Aydeth del Carmen Cruz Peralta
Judith del Carmen Cruz Peralta
Desaparecido
Compañera
Compañera
Hijo
Hijo
Hija
Hija
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
5,000.00
5,000.00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
12. Genor José Arrieta Lora
Dora Isabel Tuberquia Petro
Jose Calazans Arrieta Marimón
Josefa Lora Erazo
Clímaco Emiro Arrieta Lora
Fanny de Jesús Arrieta Lora
Arcelio Arrieta Lora
Ana Arcilia Arrieta Lora
Gil de Jesús Arrieta Lora
Argenida Arrieta Lora
Luz Eneida Arrieta Lora
Cehima Arrieta Lora
Ana Delfa Arrieta Lora
Nabor Enriques Arrieta Lora
Desaparecido
Compañera
Padre
Madre
Hermano
Hermana
Hermano
Hermana
Hermano
Hermana
Hermana
Hermana
Hermana
Hermano
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
159
13. Célimo Arcadio Hurtado
Manuel Luciano Hurtado Largo
Lina Fabiola Hurtado Largo
Doris Celina Largo
Otalvaro Hurtado Largo
Desaparecido
Hijo
Hija
Esposa
Hijo
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
14. José Manuel Petro Hernández
Rafaela Josefa Pérez Pedroza
Gloria de Jesús Petro Pérez
Jhon Jader Petro Pérez
Robinson Petro Pérez
Luz Erley Petro Pérez
Yarley Petro Pérez
Yeimy Luz Petro Pérez
Desaparecido
Compañera
Hija
Hijo
Hijo
Hija
Hija
Hija
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15. Cristóbal Manuel Arroyo Blanco
Clímaco Arroyo Díaz
María Concepción Blanco Yèpes
Diva del Soccorro Arroyo Blanco
Desaparecido
Padre
Madre
Hermana
US
US
US
US
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
16. Luis Miguel Salgado Berrío
Gloria de Jesús Petro Pérez
José María Salgado Sotelo
Eleodora Isabel Berrío Plaza
Roberto Antonio Salgado Berrío
Luis Alberto Salgado Herrera
Miriam Rosa Patron Berrío
Lucina Salgado Berrío
Elizabeth Salgado Berrío
María Magdalena Salgado Berrío
Desaparecido
Compañera
Padre
Madre
Hermano
Hermano
Hermana
Hermana
Hermana
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
12.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
17. Ángel Benito Jiménez Julio
Ana Eloína Romero Mercado
Bartolo Jiménez Guerra
Amada Villadiego Julio
Yoliva del Carmen Romero Benitez
Adalberto José Jiménez Romero
Alonso Jiménez Romero
Ana Daicet Jiménez Romero
Aída Luz Jiménez Romero
Arbiris de Jesús Jiménez Romero
Nayibe Romero Benítez
María Elena Jiménez Zabala
Ángel Benito Jiménez Toro
Graciela del Carmen Jiménez Julio
Florencia del Carmen Jiménez Villadiego
Desaparecido
Esposa
Padre
Madre
Hija
Hijo
Hijo
Hija
Hija
Hijo
Hija
Hija
Hijo
Hermana
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
160
18. Benito José Pérez Pedroza
Norma Elisa Machado Petro
Norbey Enrique Pérez Machado
Laureana María Peralta Cuava
Arbey Antonio Pérez Peralta
Desaparecido
Compañera
Hijo
Compañera 2
Hijo
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
30.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
19. Pedro Antonio Mercado Montes
Jesús María Mercado Mejía
Julia Rosa Montes Molina
Jorge Eliécer Mercado Montes
Elizabeth Mercado Montes
Jesús María Mercado Montes
Lucelly del Carmen Mercado Montes
Nelson Enrique Mercado Montes
Otoniel Mercado Montes
Edelma Mercado Montes
Luz Senaida Mercado Montes
Desaparecido
Padre
Madre
Hermano
Hermana
Hermano
Hermana
Hermano
Hermano
Hermana
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
20. Carmelo Manuel Guerra Pestana
José Miguel Guerra Sierra
Margarita Pestana Luna
Marlene Antonia Velásquez Carvajal
Nancy Amparo Guerra López
Carmen Guerra Márquez
Desaparecido
Padre
Madre
Compañera
Hija
Hija
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
21. César Augusto Espinosa Pulgarín
Ligia Margarita Pulgarín González
José Javier Espinosa Restrepo
Wilder Frank Espinosa Pulgarín
Johan Albeiro Espinosa Hernández
Celia del Carmen Hernández Orozco
Adriana Patricia Espinosa Pulgarín
Zulema Ivone Espinosa Pulgarín
Bibiana Farley Hernández Pulgarín
Desaparecido
Madre
Padre
Hermano
Hijo
Compañera
Hermana
Hermana
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
22. Miguel Ángel López Cuadro
Ester María Cuadro Prieto
Daniel López Galarcio
Mery de Jesús López Cuadro
Desaparecido
Madre
Padre
Hermana
US
US
US
US
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
23. Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta
Juan Gutiérrez Salgado
Elena Emperatriz Arrieta Marimón
Miguel Ángel Guitiérez Garnaud
Ediltrudis Sofía Garnaud Causil
Carmen Elina Gutiérrez Flórez
Desaparecido
Padre
Madre
Hijo
Compañera
Hija
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
161
Manuela Del Rosario Flórez Altamiranda
Francisca Gutiérrez Arrieta
Josefa del Carmen Gutiérrez Arrieta
María Soledad Gutiérrez Arrieta
Alina Elena Gutiérrez Arrieta
Emperatriz del Carmen Gutiérrez Arrieta
Erasmo Manuel Gutiérrez Arrieta
Esposa
Hermana
Hermana
Hermana
Hermana
Hermana
Hermano
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
5.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
24. Diómedes Barrera Orozco
25. José Encarnación Barrera Orozco
26. Urías Barrera Orozco
Benjamín Torcuarto Barrera Morelo
María de las Mercedes Orozco Cabrera
Elizabeth Barrera Orozco
Astrid María Barrera Orozco
Enor Javier Barrera Orozco
Leida Barrera Orozco
William Barrera Orozco
María Antonia Barrera Orozco
Rita Inés Barrera Páez
Arol Isacc Barrera Orozco
Benjamín Ernesto Barrera Gómez
Pabla del Socorro Barrera Gómez
Desaparecido
Desaparecido
Desaparecido
Padre
Madre
Hermana
Hermana
Hermano
Hermana
Hermano
Hernana
Hermana
Hermano
Hermano
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
27. José del Carmen Álvarez Blanco
Juan Álvarez
Maria Blanco Yepes
María Cecilia Ruiz Romero
José Daniel Álvarez Ruiz
Joel David Álvarez Ruiz
Richard Ned Álvarez Ruiz
Emilse Álvarez Ruiz
Álvaro Antonio Álvarez Saya
Benicio Javier Álvarez Ruiz
Juana Benita Álvarez Blanco
Ramón Antonio Álvarez Blanco
Ana María Álvarez Blanco
Desaparecido
Padre
Madre
Esposa
Hijo
Hijo
Hijo
Hija
Hijo
Hijo
Hermana
Hermano
Hernana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
28. Camilo Antonio Durango Moreno
Abel Ángel Durango Rueda
Blanca Libia Moreno Cossio
Desaparecido
Padre
Madre
US $
US $
US $
30.000,00
10.000,00
10.000,00
29. Jorge David Martínez Moreno
Mariano Manuel Martínez Pacheco
Servia Cecilia Álvarez Moreno
Teresa Isabel Martínez Moreno
Loida Cecilia Martínez Álvarez
P.V.
Padre
Madre
Hermana
Hermana
US
US
US
US
US
30.000,00
6.000,00
6.000,00
500,00
500,00
$
$
$
$
$
162
Ismael Emiro Martínez Moreno
Ledys Judith Martínez Álvarez
Hermano
Hermana
US $
US $
500,00
500,00
30. Carlos Antonio Melo Uribe
31. Mario Melo Palacio
US $
US $
30.000,00
30.000,00
US $
US $
10.000,00
20.000,00
Ana Sofía Palacio
María Esperanza Melo Uribe
Eurípides Melo Uribe
Rosa Elena Melo Uribe
Alfonso Melo Palacio
Eligio Melo Palacio
Desaparecido
Desaparecido
Madre de
Carlos
Padre
Madre de
Mario
Hermana
Hermano
Hermana
Hermano
Hermano
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
32. Víctor Argel Hernández
Desaparecido
US $
30.000,00
33. Fermín Agresott Romero
Sonia Isabel Puentes
Rosa Agresott Romero
Ana Petrona Romero Torres
Juan Agresott Hernández
Yicelis Smith Agresott Puentes
Gredit del Carmen Agresott Puentes
Gaminso Oscar Agresott Romero
Carlos Arturo Agresott Romero
Desaparecido
Compañera
Hermana
Madre
Padre
Hija
Hija
Hermano
Hermano
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
34. Jesús Humberto Barbosa Vega
Wilmer Alberto Barbosa Martínez
Ana Mercedes Martínez López
Andreina Barbosa Martínez
Alcides Barbosa
Ana Edilma Vega Alvernia
Wilson Barbosa Vega
Edgard Barbosa Vega
Ana Delia Barbosa Vega
Desaparecido
Hijo
Esposa
Hija
Padre
Madre
Hermano
Hermano
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
500,00
500,00
500,00
35. Ricardo Bohórquez Pastrana
Domingo Manuel Bohórquez Meza
Lila Meza Meza
Rosa Elena Orozco Cabrera
Ricardo Manuel Bohórquez Orozco
Ismael José Bohórquez Pastrana
Manuel Bohórquez Arias
Josefa Pastrana Medrano
Rita María Bohórquez Pastrana
P.V.
Hijo
Esposa
Compañera
Hijo
Hermano
Padre
Madre
Hermana
US
US
US
US
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
$
$
$
$
30.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
500,00
6.000,00
6.000,00
500,00
Ana Graciela Uribe
Luis Antonio Melo
163
36. Benito Genaro Calderón Ramos
Genaro Benito Calderón Ruiz
Ana Dominga Ramos Noble
Solfaro Elías Calderón Ramos
Juan Carlos Caldrón Ramos
Robert Quinto Calderón Ramos
Martha Cecilia Calderón Ramos
Rodolfo Antonio Calderón Ramos
Justo Segundo Calderón Herrera
Desaparecido
Padre
Madre
Hermano
Hermano
Hermano
Hermana
Hermano
Hermano
US
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37. Ovidio Carmona Suárez
P.V.
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30.000,00
38. Jorge Arturo Castro Galindo
Daniel Antonio Castro Polo
Dálida María Galindo Verona
Daniel Antonio Castro Galindo
Alfonso Policarpo Castro Galindo
Tomás Andrade Castro Galindo
Desaparecido
Padre
Madre
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Hermano
Hermano
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30.000,00
10.000,00
10.000,00
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500,00
39. Wilson Uberto Fuentes Marimón
Ely Calixto Fuentes Martínez
Margarita Marimón Muñoz
Nasly Cecilia Fuentes Macea
Katy Milena Fuentes Macea
Sofía del Carmen Macea Álvarez
Elsa Primitiva Fuentes Marimón
Nora Sofía Fuentes Marimón
Estrella Margarita Fuentes Marimón
Armando Calixto Fuentes Marimón
Betty del Socorro Fuentes Marimón
Eliy Calixto Fuentes Marimón
Desaparecido
Padre
Madre
Hija
Hija
Esposa
Hermana
Hermana
Hermana
Hermano
Hermana
Hermana
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500,00
40. Miguel Antonio Pérez Ramos
Daniel Antonio Pérez Muentes
María de la Cruz Ramos Fajardo
Enilda Isabel Pérez Ramos
Hernán José Pérez Ramos
Teofila María Pérez Ramos
Enady del Carmen Pérez Ramos
Álvaro de Jesús Pérez Ramos
Luis Alberto Pérez Ramos
Gloria Luz Pérez Ramos
Olfy Yaneth Pérez Ramos
Aída de la Cruz Pérez Ramos
Desaparecido
Padre
Madre
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Hermana
Hermana
Hermano
Hermano
Hermana
Hermana
Hermana
Desaparecido
Desaparecido
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41. Elides Manuel Ricardo Pérez
42. Luis Carlos Ricardo Pérez
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30.000,00
30.000,00
164
Benildo José Ricardo Herrera
Bertha Antonia Pérez López
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20.000,00
Carmenza Velásquez Estitt
Elquin Darío Ricardo Velásquez
Elber José Ricardo Velásquez
Mirian Luz Ricardo Pérez
Magalis Del Carmen Ricardo Pérez
Marivel Ricardo Pérez
Marina del Carmen Ricardo Pérez
Modesta Antonia Ricardo Pérez
Madis de Jesús Ricado Pérez
Miladys de Jesús Ricardo Pérez
Padre
Madre
Esposa de
Elides
Hijo de Elides
Hijo de Elides
Hermana
Hermana
Hermana
Hermana
Hermana
Hermana
Hermana
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1,000,00
43. Lucio Miguel Urzola Sotelo
Francisco Miguel Urzola Figueroa
Margarita Cecilia Sotelo Padilla
Everlides María Urzola Sotelo
Guido de Jesús Urzola Sotelo
Marledis del Carmen Urzola Sotelo
Edinso Emilio Urzola Sotelo
Aliza Margod Urzola Sotelo
Desaparecido
Padre
Madre
Hermana
Hermano
Hermana
Hermano
Hermana
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30.000,00
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500,00
500,00
VOTO RAZONADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE
1.
He concurrido con mi voto a la adopción de la Sentencia que viene de adoptar la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de Pueblo Bello
versus Colombia. Dada la importancia del caso y la complejidad de la materia tratada
en la presente Sentencia, me veo en la obligación de dejar constancia de mis
reflexiones sobre la misma, como fundamento de mi posición sobre sus múltiples
aspectos. El eje central de éstos últimos atañe al derecho de acceso (lato sensu) a la
justicia y las garantías del debido proceso legal, tomados necesariamente en conjunto.
Antes de pasar al examen de la parte medular de mis consideraciones, permítome
trazar una breve línea de consideraciones previas sobre el amplio alcance del deber
general de garantía (artículo 1(1) de la Convención Americana) y las obligaciones erga
omnes de protección de los derechos convencionalmente consagrados.
I.
Prolegomena: El Amplio Alcance del Deber General de Garantía
(Artículo 1(1) de la Convención Americana)
y las Obligaciones Erga Omnes de Protección.
2.
Los hechos del presente caso, e incluso algunas carencias de su acervo
probatorio, han puesto de aún mayor relieve la relevancia del deber general de garantía
consagrado en el artículo 1(1) de la Convención Americana, sobre todo en una situación
de violencia crónica en la cual se inserta el presente caso. En la presente Sentencia en
el caso de la Masacre de Pueblo Bello, La Corte ha subrayado el amplio alcance del
deber general de garantía del artículo 1(1) de la Convención Americana, que hace con
que "la acción u omisión de cualquier autoridad pública constituye un hecho imputable
al Estado, que compromete su responsabilidad internacional en los términos previstos
por la misma Convención y según el derecho internacional general" (párr. 111)
1
.
3.
que
En uno de los peritajes rendidos en el presente caso ante esta Corte, se señaló
"con el desarrollo del narcotráfico, la guerra irregular encontró una
fuente inagotable de recursos logísticos, por lo que se introdujo otro modelo: el
paramilitarismo crudo, financiado por los narcotraficantes y asesorado por las
fuerzas de inteligencia (...)" (párr. 65(k)).
La generalización del conflicto ha causado el desplazamiento poblacional forzado (párrs.
65(l) y 66(c)), y la Corte, en la presente Sentencia, ha dado como hecho probado que
"entre 1988 y 1990 hubo más de veinte masacres de campesinos y sindicalistas
cometidas por paramilitares" (párr. 95(27)). En toda la Sentencia la Corte subraya el
deber de debida diligencia del Estado, incluso para que esta situación - una verdadera
.
Cf., sobre este punto específico, recientemente, A.A. Cançado Trindade, "La Convention
Américaine relative aux Droits de l'Homme et le droit international général", in Droit international,
droits de l'homme et juridictions internationales (eds. G. Cohen-Jonathan y J.-F. Flauss),
Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 59-71.
1
2
tragedia, de la mayor complejidad, que flagela el país, con toda su muy respetable
tradición jurídica2, - no hubiera sido siquiera creada.
4.
Una situación como ésta pone en clarísimo relieve el carácter erga omnes de las
obligaciones convencionales de protección de la persona humana. Lo Corte lo ha
expresamente reconocido, con acierto, en la presente Sentencia (párrs. 117, 123 y
151). La Corte ha además determinado el exacto momento de surgimiento de la
responsabilidad internacional del Estado bajo la Convención Americana:
"(...) La responsabilidad internacional de los Estados, en el marco de la
Convención Americana, surge en el momento de la violación de las obligaciones
generales, de carácter erga omnes, de respetar y hacer respetar - garantizar las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí
consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona, recogidas en los
artículos 1(1) y 2 de dicho tratado" (párr. 111)3.
5.
La obligación general de garantía (artículo 1(1), al igual que la obligación
general de armonización del derecho interno con la Convención, del artículo 2) abarca
todos los derechos protegidos por la Convención, y revela el carácter erga omnes de
protección de las obligaciones específicas de salvaguardia de cada uno de estos
derechos. La obligación general de garantía del artículo 1(1) de la Convención
demuestra, además, que los propios tratados de derechos humanos como la
Convención Americana proveen la base jurídica para la exigibilidad del cumplimiento de
las obligaciones erga omnes, como lo señalé en mi Voto Razonado en el caso Las
Palmeras (Sentencia sobre excepciones preliminares, del 04.02.2000), referente a
Colombia4.
6.
Y, como vengo sosteniendo en el seno de esta Corte hace años, urge promover
el desarrollo doctrinal y jurisprudencial del régimen jurídico de las obligaciones erga
omnes de protección de los derechos de la persona humana5. Como ponderé en mis
.
Tradición jurídica ésta que, en medio a todos los conflictos que afligen el país, sigue viva
en los estudios que desarrollan las nuevas generaciones de juristas colombianos, que se dedican
a cultivar temas de la mayor relevancia, como, e.g., el de la justicia transicional (incluyendo la
memoria colectiva, reparación, justicia y democracia); cf., e.g., los ensayos al respecto, de varios
autores, in: 7 Revista Estudios Socio-Jurídicos - Universidad del Rosario/Bogotá (agosto de 2005)
- número especial, pp. 21-40 y 200-543.
2
3
.
En mi Voto Razonado en el célebre caso de "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo
Bustos y Otros versus Chile, fondo, Sentencia del 05.02.2001), sostuve que "la responsabilidad
internacional de un Estado Parte en un tratado de derechos humanos surge al momento de la
ocurrencia de un hecho - acto u omisión - ilícito internacional (tempus commisi delicti), imputable
a dicho Estado, en violación del tratado en cuestión" (párr. 40). Del mismo modo, en mi Voto
Disidente en el caso El Amparo (interpretación de Sentencia, 1997), al sostener la tesis de la
responsabilidad internacional objetiva del Estado, mantuve mi posición en el sentido de que el
tempus commisi delicti es el del puro inicio de una situación de violación de los derechos de la
persona humana (párr. 5).
.
4
Párrs. 14, 2 y 6-7 del referido Voto.
.
Cf., e.g., mis Votos Razonados en las Sentencias en cuanto al fondo, del 24.01.1998,
párr. 28, y sobre reparaciones, del 22.01.1999, párr. 40, en el caso Blake versus Guatemala; y
cf. A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. II, Porto
5
3
Votos Concurrentes en las resoluciones sobre medidas provisionales de protección de
esta Corte en los casos de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó versus
Colombia (del 18.06.2002), y de la Prisión de Urso Branco versus Brasil (del
07.07.2004), se impone claramente el reconocimiento de los efectos de la Convención
Americana vis-à-vis terceros (el Drittwirkung), sin lo cual las obligaciones
convencionales de protección se reducirían a poco más que letra muerta.
7.
Subsiste, pues, incólume la tesis de la responsabilidad internacional objetiva del
Estado, también en circunstancias del las del presente caso de la Masacre de Pueblo
Bello versus Colombia, y aún más en dichas circunstancias, cuando para la
configuración de la situación crónica (la creación del así-llamado "paramilitarismo") de
alto riesgo contribuyó originalmente el propio Estado. También en mi Voto Concurrente
en el caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó versus Colombia
(resolución sobre medidas provisionales de protección del 06.03.2003), me permití
insistir en la necesidad del "reconocimiento de los efectos de la Convención Americana
vis-à-vis terceros (el Drittwirkung)"6, y agregué que
"la protección de los derechos humanos determinada por la Convención
Americana, de ser eficaz, abarca no sólo las relaciones entre los individuos y el
poder público, sino también sus relaciones con terceros (grupos clandestinos,
paramilitares, u otros grupos de particulares). Esto revela las nuevas
dimensiones de la protección internacional de los derechos humanos, así como el
gran potencial de los mecanismos de protección existentes, - como el de la
Convención Americana, - accionados para proteger colectivamente los miembros
de toda una comunidad, aunque la base de acción sea la lesión - o la
probabilidad o inminencia de lesión - a derechos individuales" (párr. 4).
8.
Cabe recordar que, en su memorable Opinión Consultiva n. 18, de trascendencia
histórica, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados (del
17.09.2003), la Corte Interamericana correctamente sostuvo que los derechos
protegidos por la Convención Americana deben ser respetados tanto en las relaciones
entre los individuos y el poder público estatal, como en las relaciones inter-individuales,
siendo aquí exigible el deber de garantía de los Estados Partes (párr. 140) bajo el
artículo 1(1) de la Convención. La normativa convencional de protección tiene, pues,
efectos en relación con terceros (particulares), configurándose así el carácter erga
omnes de las obligaciones de protección (el Drittwirkung). En mi Voto Concurrente en
aquella Opinión Consultiva n. 18 de la Corte, me permití recordar que dichas
obligaciones erga omnes, caracterizadas por el jus cogens (del cual emanan)7 como
siendo dotadas de un carácter necesariamente objetivo, abarcan, por lo tanto, a todos
los destinatarios de las normas jurídicas (omnes), tanto a los integrantes de los
órganos del poder público estatal como a los particulares (párr. 76). Y proseguí:
Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed., 1999, pp. 412-420.
.
6
Cf. párrs. 2-3 del referido Voto.
.
En este mismo Voto, me permití precisar que "por definición, todas las normas del jus
cogens generan necesariamente obligaciones erga omnes. Mientras el jus cogens es un concepto
de derecho material, las obligaciones erga omnes se refieren a la estructura de su desempeño por
parte de todas las entidades y todos los individuos obligados. A su vez, no todas las obligaciones
erga omnes se refieren necesariamente a normas del jus cogens" (párr. 80).
7
4
"A mi modo de ver, podemos considerar tales obligaciones erga omnes
desde dos dimensiones, una horizontal y otra vertical, que se complementan. Así,
las obligaciones erga omnes de protección, en una dimensión horizontal, son
obligaciones atinentes a la protección de los seres humanos debidas a la
comunidad internacional como un todo8. En el marco del derecho internacional
convencional, vinculan ellas todos los Estados Partes en los tratados de derechos
humanos (obligaciones erga omnes partes), y, en el ámbito del derecho
internacional general, vinculan todos los Estados que componen la comunidad
internacional organizada, sean o no Partes en aquellos tratados (obligaciones
erga omnes lato sensu). En una dimensión vertical, las obligaciones erga omnes
de protección vinculan tanto los órganos y agentes del poder público (estatal),
como los simples particulares (en las relaciones inter-individuales).
Para la conformación de esta dimensión vertical han contribuido
decisivamente el advenimiento y la evolución del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos. Pero es sorprendente que, hasta la fecha, estas dimensiones
horizontal y vertical de las obligaciones erga omnes de protección hayan pasado
enteramente desapercibidas de la doctrina jurídica contemporánea. Sin embargo,
las veo claramente configuradas en el propio régimen jurídico de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Así, por ejemplo, en cuanto a la dimensión
vertical, la obligación general, consagrada en el artículo 1(1) de la Convención
Americana, de respetar y garantizar el libre ejercicio de los derechos por ella
protegidos, genera efectos erga omnes, alcanzando las relaciones del individuo
tanto con el poder público (estatal) cuanto con otros particulares9" (párrs. 7778).
9.
No es mi intención reiterar aquí todo lo que ya he escrito en mis numerosos
Votos en el seno de esta Corte sobre la materia, sino dejar bien clara mi posición al
respecto, en cuanto al amplio alcance del deber general de garantía del artículo 1(1) de
la Convención. Quisiera concluir estos prolegómenos refiriéndome a dos aspectos
adicionales muy concretos. El primer se refiere a lo que denomino el sentido amplio y
autónomo de los deberes generales de los artículos 1(1) y 2 de la Convención
Americana, que se suman a los deberes convencionales específicos atinentes a cada
uno de los derechos por ella protegidos. En mi referido Voto Razonado en el caso de la
Masacre de Mapiripán versus Colombia (Sentencia del 15.09.2005), señalé, sobre este
punto específico, que
"El deber general del artículo 1(1) de la Convención - de respetar y hacer
respetar, sin discriminación alguna, los derechos por ella protegidos - no es un
`accesorio' de las disposiciones atinentes a los derechos convencionalmente
consagrados, tomados uno a uno, individualmente. No se viola la Convención
Americana solamente y en la medida en que se violó un derecho específico por
ella protegido, sino también cuando se deja de cumplir uno de los deberes
generales (artículos 1(1) y 2) en ella estipulados.
El artículo 1(1) de la Convención Americana es mucho más que un
simple `accesorio', es un deber general que se impone a los Estados Partes y
.
CtIADH, caso Blake versus Guatemala (Fondo), Sentencia del 24.01.1998, Voto
Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade, párr. 26, y cf. párrs. 27-30.
8
.
Cf., al respecto, en general, la resolución adoptada por el Institut de Droit International
(I.D.I.) en la sesión de Santiago de Compostela de 1989 (artículo 1), in: I.D.I., 63 Annuaire de
l'Institut de Droit International (1989)-II, pp. 286 y 288-289.
9
5
que abarca el conjunto de los derechos protegidos por la Convención. Su
violación continuada puede acarrear violaciones adicionales de la misma, que se
suman a las violaciones originales. El artículo 1(1) es, de ese modo, dotado de un
amplio alcance. Refiérase a un deber permanente de los Estados, cuyo
incumplimiento puede acarrear nuevas víctimas, generando per se violaciones
adicionales, sin que sea necesario relacionarlas con los derechos originalmente
vulnerados. En mi hermenéutica del artículo 1(1) - así como del artículo 2 - de la
Convención, que maximiza la protección de los derechos humanos bajo la
Convención, vengo insistiendo, en el seno de esta Corte, desde mi Voto Disidente
en el caso Caballero Delgado y Santana versus Colombia (reparaciones,
Sentencia del 29.01.1997). (...)
Negar el amplio alcance de los deberes de protección bajo los artículos
1(1) y 2 de la Convención - o minimizarlos mediante una interpretación
atomizada y desagregadora de dichos deberes - equivaldría a privar la
Convención de su effect utile. La Corte Interamericana no puede apartarse de su
jurisprudence constante al respecto, y tiene el deber de velar por la preservación
de los altos estándares de protección construidos a lo largo de los años en su
jurisprudencia. No se puede frenar su notable construcción jurisprudencial10 al
respecto, y cualquier intento con este propósito contaría con mi más firme
oposición. Tal construcción da expresión a un Derecho en evolución, que no
admite retrocesos" (párrs. 2-3 y 5).
10.
Entiendo que, en cuanto al artículo 1(1) de la Convención, el presente caso de la
Masacre de Pueblo Bello versus Colombia da testimonio elocuente de ese señalamiento
que me permití formular en el anterior caso supracitado, en lo que atañe al sentido
amplio y autónomo de aquel deber general. En suma, la responsabilidad internacional
objetiva del Estado se configura de igual modo en casos, como los de la Masacre de
Pueblo Bello, en que se impone el necesario reconocimiento del Drittwirkung, poniendo
en claro relieve el carácter erga omnes de las obligaciones convencionales de
protección.
11.
El segundo aspecto atañe a un otro argumento del Estado demandado - en el
sentido de que "las estructuras de imputación de responsabilidad" al Estado
constituirían numerus clausus (cf. párr. 103(c) de la presente Sentencia) - que me
parece insostenible. La Corte lo ha correctamente desestimado (párr. 116). A mi juicio,
lo que es numerus clausus es el elenco taxativo de las modalidades de aceptación de la
competencia contenciosa de la Corte Interamericana (siendo inadmisibles restricciones
adicionales no previstas en el artículo 62 de la Convención)11, y no la operación de
atribución de responsabilidad internacional al Estado demandado.
12.
Dicha atribución debe tener presentes las circunstancias factuales, que varían de
caso a caso. No es, pues, una operación mecánica, que pueda regirse por numerus
clausus. Sobre la cuestión, me permití ponderar, en mi supracitado Voto Razonado en
el caso de la Masacre de Mapiripán (2005), que
.
Que he buscado sintetizar recientemente; cf., v.g., A.A. Cançado Trindade, "The CaseLaw of the Inter-American Court of Human Rights: An Overview", in Studi di Diritto Internazionale
in Onore di G. Arangio-Ruiz, vol. III, Napoli, Edit. Scientifica, 2004, pp. 1873-1898.
10
.
Cf. CtIADH, Sentencias sobre los casos Hilaire, Benjamin y Otros, y Constantine y Otros
versus Trinidad y Tobago (del 01.09.2001), Votos Razonados del Juez A.A. Cançado Trindade,
párrs. 21-33 (en los tres Votos).
11
6
"La atribución de responsabilidad internacional a un Estado se efectúa
mediante una operación mental juiciosa de los integrantes del órgano judicial
internacional competente, después de la cuidadosa determinación de los hechos
del caso concreto; no se trata de una simple aplicación mecánica de
determinadas formulaciones de preceptos que, de todos modos, se revisten de
carácter supletivo" (párr. 10).
13.
Con estas breves consideraciones previas en mente, paso a la parte medular de
mis reflexiones en el presente Voto Razonado, relativas a la correcta decisión tomada
por la Corte en el presente caso de la Masacre de Pueblo Bello de haber determinado
conjuntamente las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, de
conformidad con su jurisprudence constante. Mis reflexiones al respecto abordan los
siguientes aspectos de la materia: a) los artículos 25 y 8 de la Convención en los planos
ontológico y hermenéutico; b) génesis del derecho a un recurso efectivo ante los
tribunales nacionales en el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos; c) la irrelevancia de la alegación de dificultades de derecho interno; d) el
derecho a un recurso efectivo en la construcción jurisprudencial de la Corte
Interamericana; e) la indisociabilidad entre el acceso a la justicia (derecho a un recurso
efectivo) y las garantías del debido proceso legal (artículos 25 y 8 de la Convención
Americana); f) la indisociabilidad entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana
en la jurisprudence constante de la Corte Interamericana; g) la indisociabilidad entre
los artículos 25 y 8 de la Convención Americana como un avance jurisprudencial
intangible; h) la superación de las vicisitudes en cuanto al derecho a un recurso
efectivo en la construcción jurisprudencial de la Corte Europea; i) el derecho de acceso
a la justicia lato sensu; y j) el derecho al Derecho como un imperativo del jus cogens.
II.
Los Artículos 25 y 8 de la Convención Americana,
en los Planos Ontológico y Hermenéutico.
14.
Es axiomático que los derechos protegidos bajo los tratados de derechos
humanos tienen, cada uno de ellos, contenido material propio, del cual naturalmente
advienen sus distintas formulaciones, - como es el caso de los artículos 25 y 8 de la
Convención Americana. Estamos aquí en un plano esencialmente ontológico. A pesar de
que son dotados de contenido material propio, algunos de dichos derechos han tenido
que pasar por una larga evolución jurisprudencial hasta alcanzar su autonomía. Ese es
el caso, por ejemplo, del derecho a un recurso efectivo, bajo el artículo 25 de la
Convención Americana y el artículo 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos
(cf. infra). Es igualmente el caso del artículo 8 de la Convención Americana y el artículo
6 de la Convención Europea.
15.
El sentido de que hoy se revisten estas disposiciones convencionales es fruto de
una construcción jurisprudencial, y hoy son entendidas, y deben ser apreciadas, a la luz
de dicha construcción, de conformidad con el principio del derecho intertemporal, - y no
de manera estática, ateniéndose tan sólo a lo que motivó, hace varios años, su
formulación original. El hecho de que los derechos protegidos son dotados de contenido
material propio y de autonomía no significa que no puedan, o no deban, ser
relacionados unos con los demás, en razón de las circunstancias del cas d'espèce; todo
lo contrario, dicha interrelación es, a mi juicio, la que proporciona, a la luz de la
indivisibilidad de todos los derechos humanos, una protección más eficaz. Pasamos aquí
7
del plano ontológico al plano hermenéutico. Formulada esta precisión, paso a la
trayectoria del derecho a un recurso efectivo en el tiempo.
III.
Génesis del Derecho a un Recurso Efectivo ante los
Tribunales Nacionales en el Corpus Juris del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos.
16.
Los travaux préparatoires de la Declaración Universal de Derechos Humanos
siguieron etapas distintas. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
decidió por la elaboración de un proyecto en abril/mayo de 1946, cuando designó una
"comisión nuclear" para los estudios iniciales. Paralelamente, la UNESCO condujo
consultas (en 1947) a pensadores de la época sobre las bases de una futura
Declaración Universal12. El proyecto de Declaración propiamente dicho fue preparado en
el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por un Grupo de
Trabajo que lo elaboró entre mayo de 1947 y junio de 1948. A partir de septiembre de
1948, el proyecto de Declaración pasó al examen de la III Comisión de la Asamblea
General de Naciones Unidas, para en fin ser aprobado en 10 de diciembre de aquel año
por la propia Asamblea13. Una de las disposiciones más relevantes de la Declaración
Universal de 1948 encuéntrase en su artículo 8, según el cual toda persona tiene
derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes contra los
actos violatorios de los derechos fundamentales que le son otorgados por la
Constitución o por la ley.
17.
El referido artículo 8 de la Declaración Universal consagra, en último análisis, el
derecho de acceso a la justicia (en el plano del derecho interno), elemento esencial en
toda sociedad democrática. El proyecto de artículo que se transformó en el mencionado
artículo 8 de la Declaración Universal, a pesar de su relevancia, sólo fue insertado en el
texto en la etapa final de los travaux préparatoires de la Declaración Universal, cuando
la materia ya se encontraba bajo examen en la III Comisión de la Asamblea General de
Naciones Unidas. Sin embargo, significativamente no encontró objeción alguna,
habiendo sido aprobado en la III Comisión por 46 votos a cero y tres abstenciones, y
en el plenario de la Asamblea General por unanimidad. La iniciativa, tardía pero tan
exitosa, provino de Delegaciones de los Estados latinoamericanos. Se puede incluso
considerar que el artículo 8 (sobre el derecho a un recurso efectivo) representa la
contribución latinoamericana par excellence a la Declaración Universal.
18.
La disposición del artículo 8 de la Declaración Universal de 1948 se inspiró, en
efecto, en la disposición equivalente del artículo XVIII de la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre de ocho meses antes (abril de 1948)14. El argumento
.
UNESCO, Los Derechos del Hombre - Estudios y Comentarios en torno a la Nueva
Declaración Universal, México/ Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1949, pp. 233-246.
12
.
Para un relato, cf. A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos
Humanos, vol. I, 2a. ed., Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed., 2003, capítulo I, pp. 51-77.
13
.
Dicha iniciativa latinoamericana se influenció fuertemente en los principios que rigen el
recurso de amparo, ya entonces consagrado en las legislaciones nacionales de muchos países de
la región. Tanto fue así que, en la Conferencia de Bogotá de abril de 1948, la referida Declaración
Americana tuvo su artículo XVIII adoptado por unanimidad de las 21 Delegaciones presentes.
Sobre el legado de la Declaración Americana de 1948, cf. A.A. Cançado Trindade, "O Legado da
14
8
básico que conllevó a la inserción de esta disposición en las Declaraciones Americana y
Universal de 1948 consistió en el reconocimiento de la necesidad de llenar una laguna
en ambas: proteger los derechos del individuo contra los abusos del poder público,
someter todo y cualquier abuso de todos los derechos individuales al juicio del Poder
Judicial en el plano do derecho interno15.
19.
En suma, la consagración original del derecho a un recurso efectivo ante los
jueces o tribunales nacionales competentes en la Declaración Americana (artículo
XVIII) fue transplantada para la Declaración Universal (artículo 8), y, de esta última,
para las Convenciones Europea y Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13 y
25, respectivamente), así como para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las
Naciones Unidas (artículo 2(3)). El artículo 8 de la Declaración Universal, y las
disposiciones correspondientes en los tratados de derechos humanos vigentes, como el
artículo 25 de la Convención Americana, establecen el deber del Estado de proveer
recursos internos adecuados y eficaces; siempre he sostenido que dicho deber
constituye efectivamente un pilar básico no sólo de tales tratados como del propio
Estado de Derecho en una sociedad democrática, y su aplicación correcta tiene el
sentido de perfeccionar la administración de la justicia (material y no sólo formal) en
nivel nacional.
20.
Además, esta disposición-clave encuéntrase íntimamente vinculada a la
obligación general de los Estados, consagrada igualmente en los tratados de derechos
humanos, de respetar los derechos en éstos consagrados, y asegurar el libre y pleno
ejercicio de los mismos a todas las personas bajo sus respectivas jurisdicciones16.
Encuéntrase además vinculada a las garantías del debido proceso legal (artículo 8 de la
Convención Americana)17, en la medida en que asegura el acceso a la justicia. De ese
modo, mediante la consagración del derecho a un recurso efectivo ante los jueces o
tribunales nacionales competentes, de las garantías del debido proceso, y de la
obligación general de garantía de los derechos protegidos, la Convención Americana
Declaração Universal de 1948 e o Futuro da Proteção Internacional dos Direitos Humanos", 14
Anuario Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional (1999) pp. 197-238.
.
Cf. A. Verdoodt, Naissance et signification de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, Louvain, Nauwelaerts, [1963], pp. 116-119; A. Eide et alii, The Universal Declaration of
Human Rights - A Commentary, Oslo, Scandinavian University Press, 1992, pp. 124-126 e 143144; R. Cassin, "Quelques souvenirs sur la Déclaration Universelle de 1948", 15 Revue de droit
contemporain (1968) n. 1, p. 10; R. Cassin, "La Déclaration Universelle et la mise en oeuvre des
droits de l'homme", 79 Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye (1951)
pp. 328-329.
15
.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1(1); Convención Europea de
Derechos Humanos, artículo 1; Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, artículo
2(1).
16
.
Sobre la protección judicial y las garantías del debido proceso legal bajo la Convención
Americana, cf. A. A. Cançado Trindade, "The Right to a Fair Trial under the American Convention
on Human Rights", in The Right to Fair Trial in International and Comparative Perspective (ed. A.
Byrnes), Hong Kong, University of Hong Kong, 1997, pp. 4-11; A.A. Cançado Trindade, "Judicial
Protection and Guarantees in the Recent Case-Law of the Inter-American Court of Human Rights",
in Liber Amicorum in Memoriam of Judge J.M. Ruda, The Hague, Kluwer, 2000, pp. 527-535.
17
9
(artículos 25, 8 y 1(1)), y otros tratados de derechos humanos, atribuyen funciones de
protección al derecho interno de los Estados Partes.
21.
Es importante que los avances jurisprudenciales en este sentido, alcanzados por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el presente, sean preservados y
aún más desarrollados en el futuro, - y jamás frenados mediante una hermenéutica
desagregadora, - en beneficio de las personas protegidas. La relevancia del deber de
los Estados de proveer recursos internos adecuados y eficaces no hay jamás que ser
minimizada. El derecho a un recurso efectivo ante los jueces o tribunales nacionales
competentes en el ámbito de la protección judicial - al cual la Declaración Universal
1948 dio proyección mundial - es mucho más relevante de lo que hasta recién se
supuso. El deber de los Estados Partes de proveer aquellos recursos en el ámbito de su
derecho interno y de asegurar a todas las personas bajo sus jurisdicciones la garantía
del libre y pleno ejercicio de todos los derechos consagrados en los tratados de
derechos humanos, así como todas las garantías del debido proceso legal, asumen una
especial importancia aún mayor, en un continente como el nuestro (comprendiendo las
tres Américas), marcado por casuismos que no raramente privan los individuos de la
protección del Derecho.
IV.
La Irrelevancia de la Alegación de Dificultades de Derecho Interno.
22.
Cabe tener siempre presente que, al ratificar los tratados de derechos humanos,
los Estados Partes contraen, a la par de las obligaciones específicas relativas a cada uno
de los derechos protegidos, la obligación general de adecuar su ordenamiento jurídico
interno a las normas internacionales de protección. Las dos Convenciones de Viena
sobre Derecho de los Tratados (de 1969 y 1986, respectivamente) prohíben que una
Parte invoque disposiciones de su derecho interno para intentar justificar el
incumplimiento de un tratado (artículo 27). Este es un precepto, más de que del
derecho de los tratados, del derecho de la responsabilidad internacional del Estado,
firmemente cristalizado en la jurisprudencia internacional. Según esta última, las
supuestas o alegadas dificultades de orden interno son un simple hecho, y no eximen
los Estados Partes en tratados de derechos humanos de la responsabilidad internacional
por el no-cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas18. Este principio
básico, judicialmente reconocido, encuéntrase debidamente codificado precisamente en
el artículo 27 de las dos Convenciones de Viena supracitadas.
23.
De ese modo, no pueden los Estados en cuestión invocar supuestas dificultades
o lagunas de derecho interno, por cuanto están obligados a armonizar este último con
la normativa de los tratados de derechos humanos en que son Partes (Convención
Americana sobre Derechos Humanos, artículo 2; Pacto de Derechos Civiles y Políticos
de Naciones Unidas, artículo 2(2); entre otros). Siendo así, si invocan supuestas
.
A jurisprudência tanto da antiga Corte Permanente de Justiça Internacional (CPJI) como
da Corte Internacional de Justiça (CIJ) assinala que as obrigações internacionais devem ser
cumpridas de boa fé, não podendo os Estados invocar, como justificativa para seu
descumprimento, disposições de direito constitucional ou interno. CPJI, caso das Comunidades
Greco-Búlgaras (1930), Série B, n. 17, p. 32; CPJI, caso dos Nacionais Polacos de Danzig (1931),
Série A/B, n. 44, p. 24; CPJI, caso das Zonas Livres (1932), Série A/B, n. 46, p. 167; CIJ, caso
da Aplicabilidade da Obrigação de Arbitrar sob o Convênio de Sede das Nações Unidas (caso da
Missão da OLP), ICJ Reports (1988) pp. 31-32, par. 47.
18
10
dificultades o lagunas de derecho interno, para dejar de proveer recursos internos
simples y rápidos y eficaces para dar aplicación efectiva a las normas internacionales de
protección de los derechos humanos, están incurriendo en una violación adicional de los
tratados de derechos humanos en que son Partes.
V.
El Derecho a un Recurso Efectivo en la Construcción Jurisprudencial
de la Corte Interamericana.
24.
Hace casi una década, en mi Voto Disidente en el caso Genie Lacayo versus
Nicaragua (Solicitud de Revisión de Sentencia, Resolución del 13.09.1997)19, procedí a
un análisis del contenido material y el alcance del artículo 25 (derecho a un recurso
efectivo) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el
artículo 8(1) (debido proceso legal) de la Convención, así como con los deberes
generales (de garantía del ejercicio de los derechos protegidos y de armonización del
derecho interno con el derecho convencional internacional) consagrados,
respectivamente, en los artículos 1(1) y 2 de la Convención (párrs. 18-23 del referido
Voto). Al contrario de lo establecido por la Corte en aquel caso, - la cual abordara estas
disposiciones convencionales bajo la óptica de la justicia formal y no material, - concluí
por la ocurrencia de una violación, por el Estado demandado, de los artículos 25, 8(1),
1(1) y 2 de la Convención "tomados en conjunto" (párr. 28).
25.
En la misma línea de razonamiento, también en mi anterior Voto Disidente en el
caso Caballero Delgado y Santana versus Colombia (reparaciones, Sentencia del
29.01.1997)20, desarrollé una hermenéutica integradora de los artículos 8, 25, 1(1) y 2
de la Convención Americana, de nuevo tomándolos en conjunto (párrs. 2-4 y 7-9 del
referido Voto), y sosteniendo, al contrario de la Corte, la violación por el Estado
demandado de estas cuatro disposiciones convencionales relacionadas inter se. Sobre
el derecho a un recurso efectivo bajo el artículo 25 de la Convención, en particular, me
permití formular, en mi supracitado Voto Disidente en el caso Genie Lacayo versus
Nicaragua, el siguiente señalamiento:
"El derecho a un recurso sencillo y rápido y efectivo ante los jueces o
tribunales nacionales competentes, consagrado en el artículo 25 de la
Convención, es una garantía judicial fundamental mucho más importante de lo
que uno pueda prima facie suponer21, y que jamás puede ser minimizada.
Constituye, en última instancia, uno de los pilares básicos no sólo de la
Convención Americana, como del propio Estado de Derecho en una sociedad
democrática (en el sentido de la Convención). Su correcta aplicación tiene el
.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CtIADH), Serie C, n. 45, Solicitud de
Revisión de la Sentencia del 29.01.1997, Resolución del 13.09.1997, pp. 3-25.
19
20
.
CtIADH, Sentencia del 29.01.1997 (reparaciones), Serie C, n. 31, pp. 3-43.
.
Su importancia fue señalada, por ejemplo, en el Informe de la Comisión de Juristas de la
OEA para Nicaragua, de 04.02.1994, pp. 100 y 106-107, párrs. 143 y 160, publicado seis años
después; cf. A.A. Cançado Trindade, E. Ferrero Costa y A. Gómez-Robledo, "Gobernabilidad
Democrática y Consolidación Institucional: El Control Internacional y Constitucional de los Interna
Corporis - Informe de la Comisión de Juristas de la OEA para Nicaragua (04.02.1994)", 67 Boletín
de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales (2000) n. 137, pp. 603-669.
21
11
sentido de perfeccionar la administración de la justicia a nivel nacional, con los
cambios legislativos necesarios a la consecución de este propósito.
El origen - poco conocido - de ésta garantía judicial es latinoamericano:
de su consagración originalmente en la Declaración Americana sobre los
Derechos y Deberes del Hombre (de abril de 1948)22, fue transplantada a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (de diciembre de 1948), y de ahí
a las Convenciones Europea y Americana sobre Derechos Humanos (artículos 13
y 25, respectivamente), así como al Pacto de Derechos Civiles y Políticos de
Naciones Unidas (artículo 2(3)). Bajo la Convención Europea de Derechos
Humanos, en particular, ha generado un considerable jurisprudencia23, a la par
de un denso debate doctrinal.
Se podría argumentar que, para que el artículo 25 de la Convención
Americana pueda tener efectos vis-à-vis actos del Poder Legislativo, por ejemplo,
se requiere la incorporación de la Convención Americana en el derecho interno de
los Estados Partes. Tal incorporación es indudablemente deseable y necesaria,
pero, por el hecho de no haberla efectuado, un Estado Parte no estaría por eso
eximido de aplicar siempre la garantía judicial estipulada en el artículo 25.
Encuéntrase éste íntimamente ligado a la obligación general del artículo 1(1) de
la Convención Americana, el cual, a su vez, atribuye funciones de protección al
derecho interno de los Estados Partes.
Los artículos 25 y 1(1) de la Convención se refuerzan mutuamente, en el
sentido de asegurar el cumplimiento de uno y de otro en el ámbito del derecho
interno. Los artículos 25 y 1(1) requieren, conjuntamente, la aplicación directa de
la Convención Americana en el derecho interno de los Estados Partes. En la
hipótesis de supuestos obstáculos de derecho interno, entra en operación el
artículo 2 de la Convención, que requiere la
armonización con ésta del
derecho interno de los Estados Partes. Éstos últimos se encuentran obligados,
por los artículos 25 y 1(1) de la Convención, a establecer un sistema de recursos
internos sencillos y rápidos, y a dar aplicación efectiva a los mismos24. Si de facto
no lo hacen, debido a supuestas lagunas o insuficiencias del derecho interno,
incurren en violación de los artículos 25, 1(1) y 2 de la Convención" (párrs. 1821).
26.
Poco después de los mencionados casos Genie Lacayo y Caballero Delgado y
Santana, la Corte Interamericana, por primera vez en el caso Castillo Páez versus Perú
(Sentencia sobre el fondo, del 03.11.1997), precisó el contenido material y el alcance
.
Al momento en que, paralelamente, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas todavía preparaba el Proyecto de Declaración Universal (de mayo de 1947 hasta junio de
1948), como relatado, en un fragmento de memoria, por el rapporteur de la Comisión (René
Cassin); la inserción de la disposición sobre el derecho a un recurso efectivo ante las
jurisdicciones nacionales en la Declaración Universal (artículo 8), inspirado en la disposición
correspondiente de la Declaración Americana (artículo XVIII), se efectuó en los debates
subsiguientes (de 1948) de la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Cf. R.
Cassin, "Quelques souvenirs sur la Déclaration Universelle de 1948", 15 Revue de droit
contemporain (1968) n. 1, p. 10.
22
23
.
Cf. infra.
.
La cuestión de la eficacia de los recursos internos se encuentra íntimamente ligada a la
propia administración de justicia y a la operación de los órganos nacionales competentes para
reparar las violaciones de los derechos protegidos.
24
12
del artículo 25 de la Convención, que concluyó haber sido violado, en combinación con
el artículo 1(1) de la misma, por el Estado demandado. En las palabras de la propia
Corte, la disposición del artículo 25 sobre el derecho a un recurso efectivo ante los
jueces o tribunales nacionales competentes "constituye uno de los pilares básicos, no
sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad
democrática en el sentido de la Convención" (párr. 82)25.
27.
Desde entonces ha sido esta la posición de la Corte al respecto, reiterada en sus
decisiones de fondo en los casos Suárez Rosero versus Ecuador (Sentencia del
12.11.1997, párr. 65), Blake versus Guatemala (Sentencia del 24.01.1998, párr. 102),
Paniagua Morales y Otros versus Guatemala (Sentencia del 08.03.1998, párr. 164),
Castillo Petruzzi y Otros versus Perú (Sentencia del 30.05.1999, párr. 184), Cesti
Hurtado versus Perú (Sentencia del 29.09.1999, párr. 121), "Niños de la Calle"
(Villagrán y Otros versus Guatemala, Sentencia del 19.11.1999, párr. 234), Durand y
Ugarte versus Perú, Sentencia del 16.98.2000, párr. 101), Cantoral Benavides versus
Perú (Sentencia del 18.08.2000, párr. 163), Bámaca Velásquez versus Guatemala
(Sentencia del 25.11.2000, párr. 191), Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni
versus Nicaragua (Sentencia del 31.08.2001, párr. 112), Hilaire, Constantine y
Benjamin y Otros versus Trinidad y Tobago (Sentencia del 21.06.2002, párr. 150),
Cantos versus Argentina (Sentencia del 28.11.2002, párr. 52), Juan Humberto Sánchez
versus Honduras (Sentencia del 07.06.2003), Maritza Urrutia versus Guatemala
(Sentencia del 27.11.2003, párr. 117), 19 Comerciantes versus Colombia (Sentencia
del 05.07.2004, párr. 193), Tibi versus Ecuador (Sentencia del 07.09.2004, párr. 131),
Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador (Sentencia del 01.03.2005, párr. 75),
Yatama versus Nicaragua (Sentencia del 23.06.2005, párr. 169), Acosta Calderón
versus Ecuador (Sentencia del 24.06.2005, párr. 93), y Palamara Iribarne versus Chile
(Sentencia del 22.11.2005, párr. 184).
VI.
La Indisociabilidad entre el Acceso a la Justicia
(Derecho a un Recurso Efectivo)
y las Garantías del Debido Proceso Legal
(Artículos 25 y 8 de la Convención Americana).
28.
En el día de la adopción por la Corte de la Sentencia de fondo (del 03.11.1997)
en el caso Castillo Páez, - punto de partida de esta lúcida jurisprudence constante de la
Corte Interamericana, - experimenté con satisfacción un sentimiento de realización de
un significativo avance en la jurisprudencia de la Corte, que pasó a situar el derecho a
un recurso efectivo en la posición de destaque que le corresponde, como expresión del
propio derecho de acceso a la justicia, - en su sentido lato sensu, entendido como el
derecho a la prestación jurisdiccional, abarcando pues, ineludiblemente, las garantías
del debido proceso legal, así como la fiel ejecución de la sentencia. Cómo, entonces,
dejar de relacionar el artículo 25 con el artículo 8 de la Convención? Al fin y al cabo,
cual sería la eficacia de las garantías del due process (artículo 8) si el individuo no
contara con el derecho a un recurso efectivo (artículo 25)? Y cual sería la eficacia de
este último sin las garantías del debido proceso legal?
29.
Lo cierto es que uno y otras se complementan, se completan, en el marco
jurídico del Estado de Derecho en una sociedad democrática. Es esta la sana
25
.
Énfasis acrecentado.
13
hermenéutica de estas dos disposiciones convencionales. Además, el día de la adopción
por la Corte de la Sentencia de fondo en el trágico caso Castillo Páez, me sentí
gratificado al constatar que el mencionado avance jurisprudencial de la Corte
Interamericana había liberado el artículo 25 - en la tradición del más lúcido
pensamiento jurídico latinoamericano26 - de la Convención Americana de las vicisitudes
experimentadas por el correspondiente artículo 13 de la Convención Europea (cf. infra).
Con acierto la Corte Interamericana subrayó la vinculación indeleble entre los artículos
25 y 8 de la Convención Americana, al ponderar, en su Sentencia (del 15.09.2005), en
el caso de la Masacre de Mapiripán, atinente a Colombia, que, como hace tiempo ha
venido sosteniendo,
"según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a
suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los
derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de
conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8(1)), todo ello
dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el
libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda
persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1(1)" (párr. 195).
30. Recientemente, en la audiencia pública del 01.12.2005 ante esta Corte en el caso
Ximenes Lopes versus Brasil, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) como los Representantes de la presunta víctima y sus familiares sostuvieran
una interpretación integradora de los artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana, a
ser tomados, en su entender, necesariamente en conjunto. La CIDH sostuvo27 que
"No puede desligarse el artículo 8(1) del 25 ni viceversa, dado que
responden definitivamente a un mismo esquema de responsabilidad en el ámbito
judicial (...)".
Según la CIDH, - recordando para esto la jurisprudencia "firme" y hoy convergente en
este particular de las Cortes Interamericana y Europea, - el "plazo razonable"
contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana está íntimamente ligado con
el recurso efectivo, sencillo y rápido contemplado en su artículo 25. Los Representantes
de la presunta víctima y sus familiares, a su vez, expresaron su respeto por la
jurisprudencia constante de la Corte Interamericana en ese particular hasta la fecha, y
su respaldo a la misma, que están determinados a seguir externando, por cuanto "la
lectura más clara de esa normativa dentro del sistema interamericano sería la de que
los dos artículos [artículos 8 y 25 de la Convención] deberían ser analizados en
conjunto". Es éste el punto de vista de los propios beneficiarios del sistema
interamericano de protección, tal como lo expresaron claramente, al igual que la CIDH,
en el procedimiento contencioso del caso Ximenes Lopes ante esta Corte.
31.
En un estudio que presenté en un Seminario Internacional del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre el Debido Proceso Legal, realizado hace
pocos años en Hong Kong, China, me permití recordar lo señalado en la Opinión
Consultiva n. 9 de la Corte Interamericana28, del 06.10.1987, en el sentido de que
26
.
Cf. nota (4) supra.
.
Como consta de la transcripción de la referida audiencia, depositada en los archivos de la
Corte y enviada a las partes en el cas d'espèce.
27
28
.
I.-A. Court H.R., Series A, n. 9, 1987, pp. 23-41.
14
recursos efectivos ante jueces o tribunales nacionales competentes (artículo 25(1) de la
Convención) como el habeas corpus y el amparo, y cualesquiera otros recursos que
sean indispensables para asegurar el respeto de derechos inderogables (no sujetos a
derogación bajo el artículo 27(2) de la Convención), son garantías judiciales
"esenciales", que deben ser ejercidas en el marco y a la luz de los principios del debido
proceso legal (bajo el artículo 8 de la Convención Americana)29. Así, en su novena
Opinión Consultiva, la Corte consideró como un todo indisociable lo dispuesto en los
artículos 25 y 8 de la Convención Americana.
32.
En el mismo Seminario en China, me permití agregar referencias a la
jurisprudencia desarrollada por la Corte (a partir de fines de 1997 y inicio de 1998),
particularmente a partir de los casos Loayza Tamayo versus Perú, Blake versus
Guatemala y Suárez Rosero versus Ecuador, en cuanto a relevantes aspectos del
debido proceso legal y del derecho a un recurso efectivo (artículos 25 y 8 de la
Convención Americana), que, en la "segunda generación" de casos sometidos al
conocimiento de la Corte (después de los casos iniciales sobre el derecho fundamental
a la vida), pasaron a ocupar una posición central en la consideración de las demandas
presentadas al Tribunal Interamericano30.
33.
Considero esta evolución jurisprudencial un patrimonio jurídico del sistema
interamericano de protección y de los pueblos de nuestra región, y me opongo
firmemente a cualquier intento de desconstruirlo. La Corte ha sido fiel a su posición de
vanguardia hasta la fecha. En su ya célebre Opinión Consultiva n. 16, sobre El Derecho
a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido
Proceso Legal (del 01.10.1999), que ha servido de inspiración a la jurisprudencia
internacional in statu nascendi sobre la materia (como ampliamente reconocido en la
bibliografía especializada), la Corte una vez más tomó en conjunto el derecho a un
recurso efectivo y las garantías del debido proceso legal (artículos 25 y 8 de la
Convención). Después de destacar la necesidad de interpretar la Convención en el
sentido de que "el régimen de protección de derechos humanos tenga todos sus efectos
propios (effet utile)" (párr. 58), - de conformidad con la interpretación necesariamente
evolutiva de todo el corpus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(párrs. 114-115), la Corte afirmó de forma clarísima y categórica:
"En opinión de esta Corte, para que exista 'debido proceso legal' es
preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus
intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros
justiciables" (párr. 117).
34.
O sea, en el entender de la Corte, - en una luminosa Opinión Consultiva que hoy
constituye un marco en su jurisprudencia y en toda su historia (juntamente con la
Opinión Consultiva n. 18 sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes
Indocumentados, de 2003), - simplemente no hay debido proceso sin el recurso
efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, y lo dispuesto en los
artículos 25 y 8 de la Corte encuéntrase ineluctablemente vinculado, no sólo en el plano
29
.
Paragraph 41.
.
Cf. A.A. Cançado Trindade, "The Right to a Fair Trial under the American Convention on
Human Rights", in The Right to Fair Trial in International and Comparative Perspective (ed. A.
Byrnes), Hong Kong/China, University of Hong Kong, 1997, pp. 4-11.
30
15
conceptual, sino también - y sobre todo - en el hermenéutico. La Corte agregó, en la
referida Opinión Consultiva n. 16 sobre El Derecho a la Información sobre la Asistencia
Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal (de 1999), que hay que
estar atento para asegurar y para que se pueda constatar que todos los justiciables
"disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un
debido proceso legal (...)" (párr. 119).
VII. La Indisociabilidad entre los Artículos 25 y 8 de la
Convención Americana en la Jurisprudence Constante
de la Corte Interamericana.
35.
En su jurisprudence constante, la Corte Interamericana ha consistentemente
unido, con el debido razonamiento, la consideración de las alegadas violaciones de los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana, como lo ejemplifican debidamente sus
Sentencias sobre los casos Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y Otros) versus Perú
(del 14.03.2001, párrs. 47-49), Las Palmeras versus Colombia (del 06.12.2001, párrs.
48-66), Baena Ricardo y Otros versus Panamá (del 02.02.2001, párrs. 119-143), Myrna
Mack Chang versus Guatemala (del 25.11.2003, párrs. 162-218), Maritza Urrutia
versus Guatemala (del 27.11.2003, párrs. 107-130, 19 Comerciantes versus Colombia
(del 05.07.2004, párrs. 159-206, Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú (del
08.07.2004, párrs. 137-156), Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador (del
01.03.2005, párrs. 52-107), Caesar versus Trinidad y Tobago (del 11.03.2005, párrs.
103-117), Comunidad Moiwana versus Suriname (del 15.06.2005, párrs. 139-167),
Comunidad Indígena Yakye Axa versus Paraguay (del 17.06.2005, párrs. 55-119),
Fermín Ramírez versus Guatemala (del 20.06.2005, párrs. 58-83), Yatama versus
Nicaragua (del 23.06.2005, párrs. 145-177), Masacre de Mapiripán versus Colombia
(del 15.09.2005, párrs. 193-241), y Gómez Palomino versus Perú (del 22.11.2005,
párrs. 72-86)31.
36.
Además de estas Sentencias, en otras la Corte ha sido particularmente enfática
en la necesidad de seguir una hermenéutica integradora (y jamás desagregadora) de
los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, tomándolos en conjunto. Por ejemplo,
en el caso Cantos versus Argentina (Sentencia del 28.11.2002), la Corte destacó la
importancia del derecho de acceso a la justicia, consagrado a un tiempo, lato sensu,
tanto en el artículo 25 como en el artículo 8(1) de la Convención, y agregó
prontamente que
"cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o
dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, (...)
debe entenderse contraria al precitado artículo 8(1) de la Convención"32.
37.
El artículo 8(1) encuéntrase, pues, en el correcto entendimiento de la Corte,
entrañablemente ligado al derecho a un recursos efectivo bajo el artículo 25 de la
.
Y cf. also, en el mismo sentido, sus Sentencias sobre los casos Niñas Yean y Bosico
versus República Domicana (del 08.09.2005, párr. 201), y Palamara Iribarne versus Chile (del
22.11.2005, párrs. 120-189.
31
32
.
Párrs. 50 y 52 de la referida Sentencia.
16
Convención. En esta misma línea de razonamiento, en el caso Hilaire, Constantine y
Benjamin y Otros versus Trinidad y Tobago (Sentencia del 21.06.2002) la Corte evocó
su obiter dictum en la Opinión Consultiva n. 16 (1999) en el sentido de que no hay
"debido proceso legal" si un justiciable no puede hacer valer sus derechos "en forma
efectiva" (i.e., si no tiene verdadero acceso a la justicia), y agregó que, "para que en
un proceso existan verdaderas garantías judiciales", se impone la observancia de
"todos los requisitos" que sirvan para "asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio
de un derecho" (párrs. 146-147).
38.
Es ésta la gran jurisprudencia constante de la Corte, construida pacientemente
en los últimos años, emancipadora del ser humano. Y es por eso que la defiendo
firmemente (pues me ha tomado un largo tiempo de reflexión y ha beneficiado
numerosos justiciables), del mismo modo que firmemente me opongo a los actuales
intentos en el seno de la Corte de desconstruirla, disociando los artículos 8 del 25,
aparentemente por puro diletantismo o cualquier otra razón que escapa a mi
comprensión. La jurisprudencia de la Corte en la línea de la posición que sostengo no se
agota ahí. En el célebre caso Bámaca Velásquez versus Guatemala (Sentencia del
25.11.2000), la Corte tomó expresamente en conjunto "las garantías consagradas en el
artículo 8 y la protección judicial establecida en el artículo 25 de la Convención" para
analizar las alegadas violaciones de derechos en el cas d'espèce (párr. 187). Y, en el
caso Myrna Mack Chang versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2003), la Corte afirmó
muy significativamente:
"(...) La Corte debe efectuar un examen del conjunto de las actuaciones
judiciales internas para obtener una percepción integral de las mismas y
establecer si dichas actuaciones contravienen los estándares sobre las garantías
y protección judiciales y el derecho a un recurso efectivo, que emergen de los
artículos 8 y 25 de la Convención"33.
39.
Solamente una hermenéutica integradora, como la que vengo sosteniendo y
construyendo en el seno de esta Corte hace más de una década, puede proporcionar
una visión necesariamente integral de la violación de uno o más derechos protegidos
bajo la Convención, con consecuencias directas para la determinación adecuada de las
reparaciones. Es ese un punto adicional que no hay que pasar aquí desapercibido.
También en otro caso célebre de esta Corte, que ya forma objeto de algunos libros a él
específicamente dedicados34, el de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y Otros
versus Guatemala, Sentencia del 19.11.1999), la Corte una vez más sostuvo que
"debe efectuar un examen del conjunto de las actuaciones judiciales
internas para obtener una percepción integral de tales actuaciones, y establecer
si resulta o no evidente que dichas actuaciones contravienen los estándares
sobre deber de investigar y derecho a ser oído y a un recurso efectivo que
emergen de los artículos 1(1), 8 y 25 de la Convención"35.
33
.
Párr. 201 de la referida Sentencia (énfasis agregado).
.
Cf., sobre el referido caso de los "Niños de la Calle", e.g.: CEJIL, Crianças e Adolescentes
- Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Rio de Janeiro, CEJIL/Brasil,
2003, pp. 7-237; Casa Alianza, Los Pequeños Mártires..., San José de Costa Rica, Casa
Alianza/A.L., 2004, pp. 13-196; entre varias otras publicaciones sobre el caso en aprecio.
34
35
.
Párr. 224 de la referida Sentencia (énfasis agregado), y cf. párr. 225.
17
40.
En la misma Sentencia en el histórico caso de los "Niños de la Calle", la Corte
agregó que
"Los artículos 25 y 8 de la Convención concretan, con referencia a las
actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, los alcances del (...)
principio de generación de responsabilidad por los actos de todos los órganos del
Estado" (párr. 220).
Es decir, las disposiciones de los artículos 25 y 8 de la Convención, tomadas en
conjunto, son fundamentales para la propia determinación del alcance del surgimiento
de la responsabilidad del Estado, inclusive por actos u omisiones del Poder Judicial (o
de cualquier otro poder o agente del Estado.
41.
En el caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras (Sentencia del
07.06.2003), la Corte advirtió que no pueden considerarse "efectivos" los recursos que,
por las "condiciones generales del país" en cuestión, o incluso por las "circunstancias
particulares" de un determinado caso, "resulten ilusorios" (párr. 121). O sea, el acceso
a la justicia y el ejercicio efectivo del derecho (con la fiel observancia de las garantías
judiciales) encuéntranse ineluctablemente vinculados. Y agregó la Corte en aquel caso:
"(...) En el caso en estudio ha quedado demostrado que la muerte del Sr.
Juan Humberto Sánchez se encuadró dentro de un patrón de ejecuciones
extrajudiciales (...), las cuales se caracterizan por ir acompañadas a su vez de
impunidad (...), en la cual los recursos judiciales no son efectivos, las
investigaciones judiciales tienen graves falencias y el transcurso del tiempo juega
un papel fundamental en borrar todos los rastros del delito, haciéndose de esta
manera ilusorio el derecho a la defensa y protección judicial en los términos
consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana" (párr. 135).
42.
Asimismo, en el caso Durand y Ugarte versus Perú (Sentencia del 16.08.2000),
la Corte tuvo presente el alegato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en el sentido de que "el fuero privativo militar no ofrecía las garantías mínimas
de independencia e imparcialidad requeridas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
8(1) de la Convención, y que, por lo tanto, no constituía un recurso efectivo para
proteger los derechos de las víctimas y sus familiares y remediar los daños causados,
violando también lo dispuesto en el artículo 25 de la misma" (párr. 120). Así, al
determinar la violación conjunta de los artículos 8(1) y 25(1) de la Convención, la Corte
concluyó, sobre este punto, en el caso Durand y Ugarte:
"En consecuencia, el artículo 8(1) de la Convención Americana, en
conexión con el artículo 25(1) de la misma, confiere a los familiares de las
víctimas el derecho a que la desaparición y muerte de estas últimas sean
efectivamente investigadas por las autoridades del Estado; se siga un proceso
contra los responsables de estos ilícitos; en su caso se les impongan las
sanciones pertinentes, y se reparen los daños y perjuicios que dichos familiares
han sufrido. Ninguno de estos derechos fue garantizado en el presente caso a los
familiares de los Srs. Durand Ugarte y Ugarte Rivera" (párr. 130).
43.
En la Sentencia que viene de adoptar la Corte Interamericana en el presente
caso de la Masacre de Pueblo Bello, el Tribunal ha sido fiel a su mejor jurisprudencia, al
tratar conjuntamente las alegadas - y comprobadas - violaciones de los artículos 25 y
8(1), en relación con el artículo 1(1) de la Convención Americana (párrs. 206 y 212).
18
Efectivamente, el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso legal
encuéntranse ineluctablemente interligados. Es lo que claramente se desprende, inter
alia, de la ponderación de la Corte de que, en el presente caso de la Masacre de Pueblo
Bello,
"la investigación y proceso adelantados en la jurisdicción penal ordinaria
no han representado un recurso efectivo para garantizar, en un plazo razonable,
el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas con plena
observancia de las garantías judiciales" (párr. 188).
VIII. La Indisociabilidad entre los Artículos 25 y 8
de la Convención Americana
como un Avance Jurisprudencial Intangible.
44.
Sin embargo, no hay que presuponer un progreso linear, constante e inevitable
en la jurisprudencia internacional al respecto, pues las instituciones son las personas
que están por detrás de ellas, y oscilan, pues, como las nubes o las olas, como es
propio de la condición humana. Hoy constato con nitidez que laborar en la protección
internacional de los derechos humanos es como el mito de Sísifo, una tarea que no
tiene fin. Es como estar constantemente empujando una roca hacia el alto de una
montaña, la cual vuelve a caer y vuelve a ser empujada hacia arriba. Entre avances y
retrocesos, se desarrolla la labor de protección.
45.
Al bajar la montaña para volver a empujar la roca hacia arriba, uno toma
conciencia de la condición humana, y de la tragedia que la circunda. Pero hay que
seguir luchando: en realidad, no hay otra alternativa:
"Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans
lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et
bientôt scellé par sa mort. (...) Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui (...)
soulève les rochers. (...) La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un
coeur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux"36.
A mis ojos, frenar los avances logrados por la hermenéutica integradora de la Corte
Interamericana, sobre la cuestión en aprecio, esposada por la Corte a partir de la
Sentencia Castillo Páez, sería como dejar caer la roca montaña abajo. En cuanto a la
materia en examen, hay que partir del todo para llegar a los detalles, y no vice-versa,
pues, de lo contrario, se incurre en el grave riesgo de divisar tan sólo unos pocos
árboles más cercanos, y perder de vista la floresta como un todo.
46.
Afortunadamente, en el presente caso de la Masacre de Pueblo Bello, hubo
consenso general en el seño de esta Corte en tratar conjuntamente, como debe ser, los
artículos 8(1) y 25 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1(1). En
ningún momento se cuestionó el razonamiento de la Corte en este sentido. Poco
después del avance anteriormente analizado, en este sentido de una hermenéutica
integradora en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, escribí, en mi Tratado de
Derecho Internacional de los Derechos Humanos (tomo II, 1999), en tono casi
premonitorio, que
36
.
A. Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, p. 168.
19
"É importante que este avanço na jurisprudência da Corte
Interamericana seja preservado e desenvolvido ainda mais no futuro. (...) No
sistema interamericano de proteção, a jurisprudência sobre a matéria encontrase em sua infância, e deve continuar a ser cuidadosamente construída. O direito
a um recurso efetivo ante os tribunais nacionais competentes no âmbito da
proteção judicial (artigos 25 e 8 da Convenção Americana) é muito mais
relevante do que até recentemente se supôs, em um continente, como o nosso,
marcado por casuísmos que muito freqüentemente privam os indivíduos da
proteção do direito. Requer considerável desenvolvimento jurisprudencial nos
próximos anos"37.
47.
Aún así, pensé que no tenía que volver a entrar en detalles sobre esta materia
(y en particular la íntima relación entre los artículos 25 y 8 de la Convención
Americana), para mí pacífica en la más lúcida doctrina jusinternacionalista, - incluso por
haber a ella - a la interpretación y aplicación de los tratados de derechos humanos dedicado un capítulo de no menos de 177 páginas en mi Tratado38. Hoy, al inicio de
2006, veo que no es así, ni siquiera en el seno de esta Corte. Hay que volver a empujar
la roca montaña arriba, aún sabiendo que mañana puede ella volver a caer.
48.
Efectivamente, la protección judicial (artículo 25) y las garantías judiciales
(artículo 8) forman conceptualmente un todo orgánico, y conforman el rule of law en
una sociedad democrática. Los recursos efectivos ante las instancias judiciales
nacionales competentes (el habeas corpus, el amparo en la mayoría de los países
latinoamericanos, el mandado de segurança en Brasil, entre otros, todos ellos en el
sentido del artículo 25 de la Convención Americana) deben ejercerse en el marco, y
según los principios, del debido proceso legal (consignados en el artículo 8 de la
Convención)39.
49.
Puede ocurrir que, en un determinado caso, se configure una violación de tan
sólo uno de los elementos constitutivos de ese cuadro de protección y garantías
judiciales, - pero esto en nada disminuye la fuerza de la hermenéutica integradora que
sostengo, en el sentido de, en principio, tomar necesariamente en conjunto lo dispuesto
en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, - que conforman, me permito
insistir, el rule of law en una sociedad democrática, - en relación con los deberes
generales estipulados en los artículos 1(1) y 2 de la Convención. Cualquier afirmación
en contrario requeriría, a mi modo de ver, una fundamentación que, en lo que me
consta, simplemente no existe, y tampoco sería mínimamente convincente.
50.
Los órganos de supervisión internacional de los derechos humanos, sin
apartarse de los cánones de la regla general de interpretación de los tratados (artículo
31(1) de las dos Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados, 1969 y 1986),
han desarrollado una interpretación teleológica, con énfasis en la realización del objeto
y fin de los tratados de derechos humanos, como la más apropiada para asegurar una
.
A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tomo II,
Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed., 1999, p. 67, párr. 70.
37
38
.
Cf. ibid., cap. XI, pp. 23-200.
.
Cf., en ese sentido, la novena Opinión Consultiva de la CtIADH, sobre Garantías Judiciales
en Estados de Emergencia (1987).
39
20
protección eficaz de dichos derechos. Al fin y al cabo, subyacente a la mencionada regla
general de interpretación estipulada en las dos Convenciones de Viena (artículo 31(1)),
encuéntrase el principio, con amplio respaldo en la jurisprudencia, según el cual hay
que asegurar a las disposiciones convencionales sus efectos propios (el llamado effet
utile). Este principio - ut res magis valeat quam pereat, - mediante el cual la
interpretación hay que propiciar efectos apropiados a un tratado, ha, en materia de
derechos humanos, asumido particular importancia en la determinación del amplio
alcance de las obligaciones convencionales de protección40.
51.
Tal interpretación es, en efecto, la que más fielmente refleja la naturaleza
especial de los tratados de derechos humanos, el carácter objetivo de las obligaciones
que estipulan, y el sentido autónomo de los conceptos en ellos consagrados (distintos
de los conceptos correspondientes en el marco de los sistemas jurídicos nacionales).
Como los tratados de derechos humanos incorporan conceptos con sentido autónomo,
fruto de evolución jurisprudencial, y como el objeto y fin de los tratados de derechos
humanos son distintos de los tratados clásicos (por cuanto son atinentes a las
relaciones entre el Estado y las personas bajo su jurisdicción), los postulados clásicos
de interpretación de los tratados en general se ajustan a esta nueva realidad41.
52.
Además, el artículo 29(b) de la Convención Americana prohíbe expresamente la
interpretación que limite el ejercicio de los derechos protegidos. Así, cualquier
reorientación en la jurisprudence constante de la Corte, integradora de los artículos 8 y
25 de la Convención Americana, sólo se justificaría en la medida en que proporcionara
una mayor protección de los derechos consagrados, lo que no es el caso. Hasta la
fecha, nunca oí, en los debates para mí preocupantes que hoy día se producen en el
seno de la Corte al respecto (que afortunadamente no se produjeron en el presente
caso), cualquier demostración en el sentido de que desvincular o "separar" el artículo 8
del 25 conllevaría a una protección más eficaz de los derechos consagrados en la
Convención Americana. Todo lo contrario, este entendimiento conllevaría a un
lamentable retroceso en la jurisprudencia de esta Corte, además de injustificable, aún
más ante la tendencia actual, en sentido contrario, de la jurisprudencia internacional en
general sobre la materia.
IX.
La Superación de las Vicisitudes en cuanto al Derecho
a un Recurso Efectivo en la Construcción Jurisprudencial
de la Corte Europea.
53.
Si otros órganos internacionales de supervisión de los derechos humanos han
incurrido en las incertidumbres de una interpretación fragmentadora, por que tendría la
Corte Interamericana que seguir este camino, abdicando de su jurisprudencia de
40
.
A.A. Cançado Trindade, Tratado..., tomo II, op. cit. supra n. (11), pp. 32-33 y 192.
.
Ibid., pp. 32-34; y cf. también R. Bernhardt, "Thoughts on the Interpretation of Human
Rights Treaties", in Protecting Human Rights: The European Dimension - Studies in Honour of
G.J. Wiarda (eds. F. Matscher y H. Petzold), Köln, C. Heymanns, 1988, pp. 66-67 y 70;71; Erik
Suy, "Droit des traités et droits de l'homme", in Völkerrecht als Rechtsordnung Internationale
Gerichtsbarkeit Menschenrechte - Festschrift für H. Mosler (eds. R. Bernhardt et alii), Berlin,
Springer-Verlag, 1983, pp. 935-947; J. Velu y R. Ergec, La Convention européenne des droits de
l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, p. 51.
41
21
vanguardia, que le ha valido el respeto de los beneficiarios de nuestro sistema de
protección así como de la comunidad académica internacional, y asumir una postura
distinta, que, incluso, ya ha sido abandonada por otros órganos que antes la seguían,
equivocadamente? Esto no me parece tener el menor sentido.
54.
Permítome ilustrar este punto con un ejemplo, extraído de la experiencia, de
ensayo y error, del sistema europeo de protección de los derechos humanos. En sus
primordios, sostenía la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos el
carácter "accesorio" del artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) de la Convención
Europea de Derechos Humanos, entendido - a partir de los años ochentas - como
garantizando un derecho sustantivo individual subjetivo. Gradualmente, en sus
sentencias en los casos Klass versus Alemania (1978), Silver y Otros versus Reino
Unido (1983), y Abdulaziz, Cabales y Balkandali versus Reino Unido (1985), la Corte
Europea empezó a reconocer el carácter autónomo del artículo 13. Finalmente, después
de años de hesitación y oscilaciones, la Corte Europea, en su sentencia del 18.12.1996
en el caso Aksoy versus Turquía (párrafos 95-100), determinó la ocurrencia de una
violación "autónoma" del artículo 13 de la Convención Europea.
55.
En un estudio pionero sobre la materia publicado en 1973, Pierre Mertens criticó
la "pobreza" de la jurisprudencia inicial de la Corte Europea, así como el carácter vago
de la doctrina europea de entonces sobre la materia, - distintas de la doctrina y práctica
latinoamericana más avanzadas, a partir de la adopción de la Declaración Americana de
1948, primer instrumento internacional a consagrar el derecho a un recurso efectivo42.
Siendo así, P. Mertens advirtió, hace más de tres décadas, que había que abrir camino
para que el derecho a un recurso efectivo (artículo 13 de la Convención Europea)
generase todos sus efectos en derecho interno de los Estados Partes. En realidad, la
"efectividad" de aquel derecho se mide a la luz de los criterios de las garantías del
debido proceso legal (artículo 6 de la Convención Europea); de ahí la conclusión de P.
Mertens, en el sentido de que los artículos 6 y 13 de la Convención Europea - que
corresponden a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana - deban ser
frecuentemente "invocados en conjunto" ("invoqués ensemble")43.
56.
En efecto, con el pasar de los años, la atención pasó a volverse a las relaciones
entre los artículos 13 y 6(1) de la Convención Europea, este último (derecho a un fair
trial) formando objeto de una vastísima jurisprudencia de la Corte Europea, a la par de
un denso debate doctrinal44. En un enfático pronunciamiento en el caso Kudla versus
Polonia (Sentencia del 18.10.2000), la Corte Europea de Derechos Humanos afirmó que
había llegado el momento de poner fin a las incertidumbres del pasado y admitir la
directa vinculación entre los artículos 6(1) y 13 de la Convención Europea (cf. párrs.
146-149 y 151). Y, en un significativo obiter dictum, la Corte Europea afirmó que
"(...) Article 13, giving direct expression to the State's obligation to
protect human rights first and foremost within their own legal system, establishes
.
P. Mertens, Le droit de recours effectif devant les instances nationales en cas de violation
d'un droit de l'homme, Bruxelles, Éd. de l'Univ. de Bruxelles, 1973, pp. 19-20, 24-25 y 27-29, y
cf. pp. 37-39.
42
43
.
Ibid., p. 93.
.
L.-E. Pettiti, E. Decaux y P.-H. Imbert, La Convention Européenne des droits de l'homme,
Paris, Economica, 1995, pp. 455-474.
44
22
an additional guarantee for an individual in order to ensure that he or she
effectively enjoys those rights. The object of Article 13, as emerges from the
travaux préparatoires [of the European Convencion on Human Rights], is to
provide a means whereby individuals can obtain relief at national level for
violations of their Convention rights before having to set in motion the
international machinery of complaint before the Court. From this perspective, the
right of an individual to trial within a reasonable time will be less effective if there
exists no opportunity to submit the Convention claim first to a national authority;
and the requirements of Article 13 are to be seen as reinforcing those of Article
6(1), rather than being absorbed by the general obligation imposed by that
Article not to subject individuals to inordinate delays in legal proceedings" (párr.
152).
57.
Y la Corte Europea concluyó, al respecto, en el referido caso Kudla versus
Polonia, que "the correct interpretation of Article 13 is that that provision guarantees an
effective remedy before a national authority for an alleged breach of the requirement
under Article 6(1) to hear a case within a reasonable time" (párr. 156). Por
consiguiente, la Corte determinó que en el caso concreto "there has been a violation of
Article 13 of the Convention in that the applicant had no domestic remedy whereby he
could enforce his right to a 'hearing within a reasonable time' as guaranteed by Article
6(1) of the Convention" (párr. 160).
58.
En realidad, en los últimos años (desde fines de los años setenta hasta la
fecha), la Corte Europea ha, en casos sucesivos, tomado en cuenta las exigencias del
debido proceso legal (artículo 6 de la Convención Europea) en correlación directa con
las del derecho a un recurso efectivo (artículo 13 de la Convención)45. El derecho a un
recurso efectivo, en la jurisprudencia europea en evolución, integra el Estado de
Derecho, no puede ser disociado del rule of law en una sociedad democrática46. Su
contenido material, como un derecho subjetivo y autónomo, lo caracteriza como "un
outil fondamental de la mise-en-oeuvre de la protection des droits de l'homme"47.
59.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha afortunadamente prescindido
de estas vicisitudes de la jurisprudencia de su homóloga europea, cuya posición actual,
sobre la materia en examen, es, como visto, similar a la de la Corte Interamericana.
Intentar disociar los artículos 25 y 8 de la Convención Americana sería, también por
esta razón, a mi juicio inadmisible, y constituiría un retroceso a la prehistoria de la
jurisprudencia de nuestra Corte. Es lamentable que, en lugar de seguir en la
.
Para ejemplos, cf. M. de Salvia, Compendium de la CEDH - Les principes directeurs de la
jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l'homme, Kehl/Strasbourg, Éd.
Engel, 1998, p. 280. - Desde el inicio, la Corte Europea ha rechazada una interpretación
restrictiva del artículo 6 de la Convención europea, dada su posición "central" y "prominente" en
la misma, y por estar vinculado a los propios principios generales del derecho, entre los cuales "el
principio fundamental del rule of law"; A. Grotrian, Article 6 of the European Convention on
Human Rights - The Right to a Fair Trial, Strasbourg, C.E., 1994, p. 6.
45
.
D.J. Harris, M. O'Boyle y C. Warbrick, Law of the European Convention on Human Rights,
London, Butterworths, 1995, p. 461.
46
.
A. Drzemczewski y C. Giakoumopoulos, "Article 13", in La Convention européenne des
droits de l'Homme - Commentaire article par article (eds. L.-E. Pettiti, E. Decaux y P.-H. Imbert),
Paris, Economica, 1995, pp. 474.
47
23
jurisprudencia avant garde de la Corte Interamericana al respecto, me vea en la
obligación de, en el seno de la Corte, seguir luchando para evitar un grave retroceso
jurisprudencial.
X.
El Derecho de Acceso a la Justicia Lato Sensu.
60.
En un Coloquio realizado en 1996 por la Universidad de Estrasburgo y la Cour de
Cassation sobre "Les nouveaux développements du procès équitable" en el sentido de
la Convención Europea de Derechos Humanos, J.-F. Flauss subrayó con acierto la
íntima relación del acceso a un tribunal (mediante un recurso efectivo) y el procès
équitable, y agregó que el derecho a la prestación jurisdiccional abarca incluso la fiel
ejecución de la Sentencia en favor de la víctima48. Sobre el particular, el Coloquio
concluyó reconociendo expresamente "l'intimité profonde" entre el acceso a la justicia
(mediante un recurso efectivo, sencillo y rápido) y el derecho a un procès équitable (las
garantías del debido proceso legal), en el marco del Estado de Derecho en una sociedad
democrática49.
61.
En los Informes que presenté, como entonces Presidente de la Corte
Interamericana, a los órganos competentes de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), e.g., los días 19.04.2002 y 16.10.2002, sostuve mi entendimiento
en el sentido del amplio alcance del derecho de acceso a la justicia a nivel internacional,
del derecho de acceso a la justicia lato sensu50. Tal derecho no se reduce al acceso
formal, stricto sensu, a la instancia judicial (tanto interna como internacional), sino
comprende, además, el derecho a la prestación jurisdiccional, y encuéntrase
subyacente a disposiciones interrelacionadas de la Convención Americana (como los
artículos 25 y 8), además de permear el derecho interno de los Estados Partes51. El
derecho de acceso a la justicia, dotado de contenido jurídico propio, significa, lato
sensu, el derecho a obtener justicia. Configúrase, así, en suma, como el derecho a la
propia realización de la justicia.
62.
Uno de los componentes principales de ese derecho es precisamente el acceso
directo a un tribunal competente, mediante un recurso efectivo y rápido, y el derecho a
.
J.-F. Flauss, "Les nouvelles frontières du procès équitable", in Les nouveaux
développements du procès équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de
l'Homme (Actes du Colloque du 22 mars 1996), Bruxelles, Bruylant, 1996, pp. 88-89.
48
.
G. Cohen-Jonathan, "Conclusions générales des nouveaux développements du procès
équitable au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme", in ibid., p. 172.
49
.
Cf. también A.A. Cançado Trindade, "El Derecho de Acceso a la Justicia Internacional y
las Condiciones para Su Realización en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos", 37 Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2003) pp. 53-83; A.A.
Cançado Trindade, "Hacia la Consolidación de la Capacidad Jurídica Internacional de los
Peticionarios en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos", 37 Revista
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2003) pp. 13-52.
50
.
En ese sentido, cf. E.A. Alkema, "Access to Justice under the ECHR and Judicial Policy - A
Netherlands View", in Afmaelisrit pór Vilhjálmsson, Reykjavík, Bókaútgafa Orators, 2000, pp. 2137.
51
24
ser prontamente oído por dicho tribunal, independiente e imparcial, a niveles tanto
nacional como internacional (artículos 25 y 8 de la Convención Americana). Como me
permití señalar en una obra reciente, podemos aquí visualizar un verdadero derecho al
Derecho, o sea, el derecho a un ordenamiento jurídico - a niveles tanto nacional como
internacional - que efectivamente salvaguarde los derechos fundamentales de la
persona humana52.
XI.
Epílogo: El Derecho al Derecho como un Imperativo del Jus Cogens.
63.
En su supracitada Opinión Consultiva n. 18, sobre la Condición Jurídica y
Derechos de los Migrantes Indocumentados (del 17.09.2003), la Corte Interamericana
advirtió con acierto que "el Estado debe garantizar que el acceso a la justicia sea no
sólo formal sino real" (párr. 126), lo que, a mi juicio, abarca el citado acceso mediante
un recurso efectivo, todas las garantías del debido proceso legal, hasta el cumplimiento
fiel y final de la sentencia. La misma Opinión Consultiva n. 18 sostuvo con lucidez que
el principio de la igualdad y no-discriminación integra hoy día el dominio del jus cogens
(párrs. 111-127).
64.
La indisociabilidad que sostengo entre los artículos 25 y 8 de la Convención
Americana (supra) conlleva a caracterizar como siendo del dominio del jus cogens el
acceso a la justicia entendido como la plena realización de la misma, o sea, como
siendo del dominio del jus cogens la intangibilidad de todas las garantías judiciales en el
sentido de los artículos 25 y 8 tomados conjuntamente. No puede haber duda de que
las garantías fundamentales, comunes al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario53, tienen una vocación universal al
aplicarse en todas y cualesquiera circunstancias, conforman un derecho imperativo
(perteneciendo al jus cogens), y acarrean obligaciones erga omnes de protección54.
65.
Posteriormente a su histórica Opinión Consultiva n. 18, sobre la Condición
Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, de 2003, la Corte ya podía y
debía haber dado este otro salto cualitativo adelante en su jurisprudencia. Me atrevo a
alimentar la esperanza de que la Corte lo hará lo más pronto posible, si realmente
sigue adelante en su jurisprudencia de vanguardia, - en lugar de intentar frenarla, - y
amplíe el avance logrado con fundamentación y coraje por su referida Opinión
Consultiva n. 18 en la línea de la contínua expansión del contenido material del jus
cogens.
.
A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tomo III,
Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed., 2002, cap. XX, p. 524, párr. 187.
52
.
E.g., artículo 75 del Protocolo I (de 1977) a las Convenciones de Ginebra (de 1949) sobre
Derecho Internacional Humanitario.
53
.
Cf., también en ese sentido, e.g., M. El Kouhene, Les garanties fondamentales de la
personne en Droit humanitaire et droits de l'homme, Dordrecht, Nijhoff, 1986, pp. 97, 145, 148,
161 y 241.
54
25
Antônio Augusto Cançado Trindade
Juez
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Fly UP