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Formación profesional: No debemos tropezar dos veces en la

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Formación profesional: No debemos tropezar dos veces en la
Formación
profesional:
No debemos
tropezar dos veces
en la misma piedra
Florentino Felgueroso
Universidad de Oviedo & Fedea
Sergi Jiménez-Martín
Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona GSE & Fedea
El ajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones
es uno de nuestros mayores retos para alcanzar un
crecimiento sostenible. Nuestro déficit en formación
profesional es enorme. El capítulo que le dedica el
anteproyecto de la LES adolece de un diagnóstico ajustado
a esta realidad y a sus causas. Por ello no deja de ser un
conjunto de buenas intenciones, la mayoría de las cuales ya
estaban previstas en anteriores leyes, pero no se abordan
los obstáculos que impidieron su desarrollo. Finalmente
se centra casi exclusivamente en el lado de la oferta de
formación, margina el sector privado del sistema, no
aborda los problemas de incentivos para que los mercados
puedan valorar un conjunto de actuaciones que suponen
un gasto burocrático excesivo y obvia la necesidad de otro
tipos de reformas, como la del mercado de trabajo, tan
necesarias o más para que aumente el rendimiento de la
inversión en formación.
La Formación Profesional en España: un
panorama bastante sombrío
España tiene déficits importantes en la formación
reglada inicial y en la formación no reglada, orientada al
aprendizaje a lo largo de la vida laboral. Estas deficiencias
no son recientes y, a lo largo de los últimos 15 años, se
han mantenido o incluso ampliado en comparación con
los países de nuestro entorno. Entre la larga lista de
evidencias que ilustran estos déficits, podemos destacar las
siguientes1:
- La tasa de abandono escolar en edad temprana
sigue siendo una de las mayores la OCDE y,
contrariamente a lo observado en los demás países
(incluídos los del sur de Europa), su evolución se ha
estancado en los últimos 15 años.
- Mientras que en otros países la estructura de la
oferta de cualificaciones tiene una forma de rombo,
en España se asemeja a un reloj de arena: tenemos
un déficit considerable en la proporción de personas
con un nivel educativo medio. En gran parte de los
países europeos este nivel se cubre una formación
profesional reglada de grado medio.
- Tenemos el mayor desajuste ocupacional de las
personas con educación superior de la OCDE.
Este desajuste se refleja esencialmente en la
elevada proporción de graduados que trabajan
en ocupaciones de rango inferior al que les
correspondería por su nivel educativo. No es un
hecho nuevo. Ya se documentó ampliamente a
mediados de los años 90 cuando se podía explicar
por la entrada masiva de titulados pertenecientes
a cohortes de mayor tamaño2. Este hecho, sin
embargo, parece haber empeorado aún más en la
última década, a pesar de la reducción progresiva en
1 Estos hechos están documentados en detalle en Felgueroso & JiménezMartín (2009a) en el que se compara la situación educativa y formativa
de la población española con los demás países de la UE. Para más
información sobre la situación española en el contexto de la OCDE, veáse
OECD (2009a).
2 Véase, por ejemplo, Dolado et al (2000)
la entrada de nuevos titulados. Para una proporción
considerable de graduados el desajuste se ha
convertido en permanente. Por ello, teniendo en
cuenta que se espera que el tamaño de las cohortes
de entrantes en el mercado de trabajo se siga
reduciendo en la próxima década, resultará muy
complicado cubrir el enorme déficit de técnicos y
profesionales que tenemos con la mayoría de los
países de la UE-15.
-Tenemos aún un desarrollo escaso de la formación
profesional no reglada, hecho agravado por la menor
educación de las cohortes de edad avanzada y por las
elevadas tasas de fracaso escolar de las últimas
cohortes. Esto se traduce en un déficit considerable
en formación en TICs e idiomas.
Con estos mimbres, si no se producen cambios decisivos
tanto en la oferta como en la demanda de formación
profesional, no podemos más que esperar que la apuesta
por un crecimiento sostenible basado en la mejora de
productividad mediante la adopción generalizada de
nuevas tecnologías esté condenada al fracaso.
¿Por qué tenemos estos déficits en formación
profesional?
En primer lugar, está el desajuste entre la demanda y
la oferta de cualificaciones: a la tradicional “estructura
piramidal” de nuestro modelo productivo se contrapone
Cuadro 1. Premio salarial educativo [en comparación con
un trabajador asalariado con un nivel inferior a la primera
etapa de secundaria (%)]
1995
2002
2006
2006*
1,0
0,6
2,1
2,1
Bachiller
22,2
18,8
15,0
15,2
FP grado medio
9,3
10,0
10,1
9,4
FP grado superior desajustado
14,5
11,5
11,6
10,8
FP grado superior ajustado
34,3
31,2
25,9
25,9
Diplomado desajustado
30,1
27,7
23,8
23,9
Diplomado ajustado
61,0
56,8
50,8
56,4
Titulado superior desajustado
40,8
36,9
33,1
35,5
Titulado superior ajustado
80,3
77,7
70,5
72,7
1,7
1,7
1,7
1,5
% trabajadores ajustados
1995
2002
2006
2006*
FP grado superior
25,7
35,6
32,1
34,5
Diplomados
47,9
41,6
33,7
47,6
Titulados superiores
60,8
48,7
41,2
50,4
Primera etapa secundaria
(Constante)
Nota: Tamaño de las empresas >= 10 trabajadores (*) Todos los tamaños
de empresa.
Fuente: Felgueroso & Jimenez (2009a) en base a datos de la Encuesta de
Estructura Salarial.
la estructura de “reloj de arena” de la segunda. En este
contexto, se produce una sobre-cualificación de los niveles
superiores que provoca un desplazamiento de los demás
niveles hacia ocupaciones que no corresponden tampoco
con su cualificación (ver Dolado et al., 2000). Como
resultado, el rendimiento de la formación profesional
reglada queda notablemente devaluado. Tal como se
puede observar en el cuadro que se acompaña en este
artículo, la FP tiene menores rendimientos salariales que
los niveles equivalentes de educación no profesional,
tanto en los niveles medios como en los superiores. Un
título universitario permite obtener un rendimiento
salarial superior al de la FP, aún cuando no se consiga un
ajuste ocupacional adecuado y se ocupe un puesto que le
corresponda a un graduado en FP.
En segundo lugar, nuestro modelo productivo ha generado
abundantes puestos de trabajo que requieren de escasa
educación reglada y cuyos salarios se han ido acercando a
los de niveles educativos superiores (véase en el cuadro
como el rendimiento de todos los niveles educativos ha ido
cayendo en relación con los de la primera etapa de
secundaria o menos), sin necesidad de una formación
profesional reglada, lo cual también ha contribuido a su
pérdida de valoración. Como consecuencia, una parte
sustancial de las últimas cohortes de entrantes ha
renunciado a obtener algún tipo de formación profesional
genérica que les facilite la movilidad ocupacional y
sectorial. En parte, esto es responsabilidad del propio
sistema de formación profesional que no sabido ofrecer un
nivel de FP reglada anterior a la edad escolar obligatoria.
En tercer lugar, España es uno de los países con una menor
participación de las empresas en el sistema de educación
reglada. Esto dificulta que la oferta se ajuste a sus
necesidades y no facilita la transición desde el sistema
educativo al mercado de trabajo, contribuyendo al
fenómeno de desplazamiento entre niveles educativos3.
En cuarto lugar, la falta de diferenciación (gran parte de las
ramas de la FP reglada más ofrecidas y demandadas
coinciden con estudios también impartidos en la
Universidad, tanto en las diplomaturas como en las
licenciaturas), combinada con el proceso de desplazamiento
también ha contribuido a la falta de atractivo de la FP,
especialmente la de grado medio.
En lo que respecta a la formación no reglada es bien sabido
que se ha caracterizado por un excesivo control por parte
de los agentes sociales y los servicios públicos de empleo,
junto a una escasa participación del sector privado y la
ausencia de un mercado de formación. A ello se añade la
falta de un sistema de evaluación rutinaria y, en el actual
contexto de niveles de protección y rigidez laboral, escasos
incentivos para la formación continua de empleados y
desempleados.
Finalmente, el sistema de formación carece de integración.
La escasa coordinación existente entre la gestión de la
3 Véase OECD (2009b)
Ley de Economía sostenible 83
formación reglada y no reglada impide una planificación de
la oferta eficiente en el corto, medio y largo plazo. En el
caso de la formación no reglada, la descoordinación es aún
más evidente, observándose una multiplicidad de cursos
que, con los mismos objetivos, tienen contenidos y
duraciones diferentes.
La formación profesional en el Anteproyecto de
Ley de Economía Sostenible (ALES): una breve
evaluación
El ALES, en su capítulo 8 aporta algunas líneas básicas de
actuación para corregir estas deficiencias. Todas ellas han
de ser aún desarrolladas para que se puedan concretar y
no permanezcan sólo en buenas intenciones. Sin embargo,
carece de un diagnóstico claro de los problemas que hemos
enunciado en la sección anterior y, sobre todo de sus causas.
Sin ello, es más que probable que las propuestas de reforma
del sistema de formación profesional no puedan llevarse a
cabo o no tengan efectividad.
En segundo lugar, gran parte de las medidas previstas,
como la intención de que el Catálogo Nacional de
Cualificaciones se convierta en referente de la oferta de
formación profesional, que los trabajadores sin titulaciones
puedan obtener certificados de profesionalidad, la creación
de una red de centros que permitan la integración de la FP,
que se creen comisiones paritarias para la planificación de
la oferta, que se genere una red de centros de orientación e
información, que se genere una mayor participación de la
empresas en el sistema formativo, etc., son todas ellas
buenas intenciones que ya se han ido repitiendo a lo largo
de esta década, con avances y, en cualquier caso, muy dispares entre regiones4. Las causas de este fracaso son
varias, pero una esencial es la ausencia voluntad de
cooperación entre los distintos agentes implicados en el
sistema de FP, incluyendo la descoordinación existente
entre las administraciones públicas educativas y laborales.
Por otra parte, no queda nada claro cómo se prevé resolver
dos aspectos básicos de la emisión de los certificados de
profesionalidad: que no genere un gasto excesivo en
términos burocráticos y que sean rápidamente reconocidos
y valorados en el mercado de trabajo.
Por otra parte, no queda nada claro cómo se prevé resolver
dos aspectos básicos de la emisión de los certificados de
profesionalidad: que no generen un gasto excesivo en
términos burocráticos y que sean rápidamente reconocidos
y valorados en el mercado de trabajo. El reconocimiento
de los certificados de competencias individuales podría
lograrse si viniera acompañado de una certificación de la
profesionalidad de las plantillas con un funcionamiento
similar a los certificados que garantizan normas de calidad
(tipo ISO). Este sistema debería gestionarse sin embargo
4 El “Nuevo Programa Nacional de Formación Profesional” para
1998-2002 ya definió las directrices básicas que había de conducir a
un sistema integrado de las distintas ofertas de formación profesional.
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional tenía como finalidad la creación de un Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, dotando de “unidad,
coherencia y eficacia a la planificación, ordenación y administración con
el fin de facilitar la integración de las distintas formas de certificación y
acreditación de las competencias y de las cualificaciones profesionales”.
desde el ámbito privado para evitar el peligro de incurrir
de nuevo en una de carga burocrática aún más excesiva,
dejando de respetar el espíritu principal que debería tener
la LES. En este sentido, también cabría incluso cuestionar
la necesidad de certificaciones de competencias de los
trabajadores que no estén en posesión de títulos de
formación. Si la intención real es que exista un
reconocimiento de las cualificaciones de nuestros
fontaneros (por poner un ejemplo), y que éstas puedan ser
homologadas con las de los fontaneros de otros países de
UE, es más que probable que los flujos migratorios que se
produzcan en la próxima década no se vayan a centrar en
este tipo de ocupaciones. El déficit ocupacional en España
se produce, en la actualidad, en otros niveles de
cualificación: los de técnicos y profesionales. Por ello,
resulta más importante dedicar concentrar nuestros
esfuerzos en que el Espacio Europeo de Educación Superior
funcione adecuadamente y, probablemente, en impulsar
un nuevo espacio educativo relacionado con la formación
profesional reglada.
Los cambios previstos en la etapa inicial de la FP reglada
inicial, introduciendo un programa de cualificación
profesional inicial (una FP de nivel 1 a los 15 años o al
haber superado 3º de ESO), son una vuelta al pasado que
nos parece acertada, dado el escaso éxito que han tenido
los programas de garantía social y el hecho de que, el actual
sistema no dispone de un nivel mínimo de formación
profesional reglada antes de la edad de escolarización
obligatoria. Esta medida también debería entrañar un
tracking o encauzamiento de estudiantes hacia la FP
antes de la finalización de la ESO, al igual que se hace en
numerosos países de la UE, encauzamiento que se puede
ver beneficiado por el sistema de pasarelas.
Por el contrario, la ley margina completamente la
participación del sector privado (no concertado), tanto en
la oferta (al no contemplar la posibilidad de “oficialización”
de sus cursos) como en la intermediación al referirse a
centros de orientación e información públicos. No alude
tampoco a mejoras en la gestión ni a la evaluación de la
formación continua y de la formación ocupacional, que
seguirán monopolizados por los agentes sociales (de la que
obtienen una importante vía de financiación) y por los
servicios públicos de empleo. También deja para el final,
escuetamente y sin ninguna concreción sustancial, la
participación de las empresas en el sistema formativo y la
financiación del sistema.
Finalmente, y, más importante, la mayoría de las medidas
se centran en la oferta formativa, obviando medidas que
puedan inducir cambios en la demanda. No sólo se trata
de una mejora en la calidad de la oferta de formación
profesional reglada que mejore la mala percepción social
que se tiene de ella. También tienen que mejorar las
expectativas sobre el rendimiento de la inversión en este
tipo de capital humano. Por el lado de la formación no
reglada, se debería reflexionar sobre la falta de
incentivos para su adquisición. Al margen de una mayor
diversificación de la oferta, más ajustada a las necesidades
de trabajadores y empresas (lo que difícilmente se podrá
conseguir sin un mayor desarrollo de un mercado de
formación privado), nuestras instituciones laborales
también son en gran parte responsable del funcionamiento
deficiente la formación no reglada.
Algunas propuestas
Con una vocación constructiva, y dada la limitación de
espacio, en esta sección comentamos brevemente una serie
medidas complementarias que podrían aumentar la eficacia
de las ya contempladas en el ALES.
En primer lugar creemos que el sistema de formación
profesional reglado debe avanzar decididamente
hacia el modelo de formación dual, que combine de
forma simultánea la formación en la escuela con la
formación en la empresa, en línea con el denominado
“modelo germánico” (ya implantado países como Alemania,
Dinamarca, Suiza y Austria). Este tiene al menos tres tipos
de ventajas que permitirían corregir algunos problemas
que tienen especial incidencia en el caso español: mejora la
transición desde la escuela al mercado de trabajo, garantiza
una experiencia profesional genérica (el primer empleo) y
específica (un mejor conocimiento de las habilidades de los
jóvenes antes de que se gradúen) y favorece una mayor
implicación de las empresas en el sistema reglado y por, lo
tanto, una mayor información acerca de las necesidades de
formación requerida por las empresas. Este sistema
permitiría en definitiva corregir dos de las principales
deficiencias en la adquisición de formación profesional
inicial en España: es demasiado genérica para aquellos
trabajadores que sólo la adquieren en el sistema reglado y
demasiado específico para los trabajadores que, habiendo
abandonado el sistema en la edad obligatoria, adquieren
formación en la empresa. Finalmente, el modelo dual
también conlleva, además de una mayor implicación de los
agentes sociales en la fijación de condiciones laborales
acordes con una relación laboral cuya prioridad es la
formación, un mayor participación de la administración en
el control de su calidad (lo que no ocurre con los actuales
contratos formativos).
En segundo lugar, no se puede aislar la reforma de la
formación profesional sin tener en cuenta aspectos como el
mercado laboral o los flujos migratorios. Por ejemplo, la
excesiva temporalidad de los entrantes en el mercado de
trabajo, los niveles de protección del empleo excesivos de
los trabajadores con más antigüedad en la empresa, la falta
de adaptación del sistema de prestaciones por desempleo a
las necesidades de formación y la escasa flexibilidad de la
jornada laboral desincentivan la formación continua en las
empresas. Esta reforma también debería reconsiderar la
gestión monopolista de la formación continua por parte de
los agentes sociales y de la formación ocupacional por parte
de los servicios públicos de empleo, abriendo la puerta al
sector privado con el objetivo de que se cree un verdadero
mercado formativo5. Por otra parte, debido a la considerable
disminución del tamaño de las cohortes de entrantes,
nuestro déficit en técnicos y profesionales, no se podrá
solucionar en el corto y medio plazo con la formación
profesional reglada, debiendo ser cubierta con nuevos
flujos inmigratorios.
Finalmente, también se requiere de una importante
reflexión sobre los salarios mínimos y, en especial,
sus efectos negativos sobre la formación recibida en las
empresas y sobre el abandono del sistema educativo hacia
sectores que requieren de escasa formación reglada (al
disminuir el coste de oportunidad de seguir estudiando).
España es uno de escasos países europeos cuyo salario
mínimo estatutario no tiene una diferenciación por edades,
por ello los salarios relativos de los más jóvenes son
especialmente elevados. Por una parte, políticas
exclusivamente basadas en las bonificaciones al empleo
juvenil pueden reducir los costes laborales, pero a su vez
incentivan el abandono escolar (por mantener los salarios
altos). Por otra parte, los convenios colectivos también
deben ser más sensibles con el problema del riesgo de
pirateo entre empresas asociado con la formación, tanto en
la fijación del salario de los contratos de formación como en
el posible reestablecimiento de un sistema de aprendizaje.
En este sentido, viene bien recordar lo que se ha perdido
por el camino a lo largo de las últimas décadas y como
regulaban la formación algunas ordenanzas como la de la
Industria Química (BOE, orden del 24 de julio de 1974,
Capítulo V, Aprendizaje y Formación Profesional):
Art. 46. Si el oficial procedente de Aprendiz rescindiese el
contrato de trabajo sin haber transcurrido tres años como
oficial … para obtener una colocación en otras empresas,
estará obligado a indemnizar a la que le costeó su formación
el importe de los gastos ocasionados, de acuerdo con los
años de formación recibidos … En el supuesto de que el
trabajador no indemnizara en su totalidad a la empresa que
costeó su formación, la nueva empresa contratante quedará
obligada subsidiariamente del abono.
¡Puro Becker!
Referencias
Dolado, Juan José, Florentino Felgueroso & Juan
Francisco Jimeno (2000): “Youth labour markets in
Spain : Education, training and crowding-out”, European
Economic Review, 44 (4/6), 943-956.
Felgueroso, Florentino & Sergi Jiménez-Martín (2009a):
The new growth model: How and with whom?, DT
2009-39, Fedea.
Felgueroso, Florentino & Sergi Jiménez-Martín (2009b):
“Adopción de las nuevas tecnologías, crecimiento sostenible
y reforma laboral ¿Qué va antes? ¿El huevo o la gallina?”
Libro electrónico “Propuesta para la Reactivación Laboral
en España”, Fedea (www.crisis09.es/propuesta).
OECD (2009a): Education at a Glance 2008: OECD
Indicators, OECD, Paris.
OECD (2009b): Learning for Jobs. OECD Policy Review of
Vocational Education and Training,OECD, Paris.
5 Sobre la relación entre formación profesional y reforma laboral, véase
Felgueroso y Jiménez-Martin (2009b)
Ley de Economía sostenible 85
Florentino
Felgueroso
Profesor de Economía en la Universidad de Oviedo y
Director de la Cátedra FEDEA-Santander de Capital
Humano y Empleo. Su investigación se han centrado
en la Economía Laboral y de la Educación. Es autor de
numerosas publicaciones sobre temas de empleo juvenil,
instituciones del mercado de trabajo y formación.
http://www.florentino-felgueroso.com
Sergi
Jiménez-Martín
Profesor de Economía en la Universitat Pompeu Fabra y
Director de la Cátedra FEDEA-LaCaixa de Economía de
la Salud. Sus áreas de especialización son la Economía del
trabajo, la Seguridad Social, y Economía de la Salud. Es
autor de contribuciones importantes, publicadas en revistas
de reconocido prestigio internacional, sobre Economía
de la Salud, Negociación Colectiva en España y sobre el
funcionamiento del mercado de trabajo en el entorno de
la edad de Jubilación. En esta última área destacan sus
contribuciones en la serie de volúmenes “Social Security
and Retirement in Spain” y el libro “Sistema de Pensiones y
mercado de trabajo en España”.
Ambos autores tienen varios trabajos conjuntos. Gran parte
de los argumentos de su artículo en este ebook se basan en
su último trabajo: “The new growth model: How and with
Whom?” (DT Fedea 2009-39).
http://www.econ.upf.edu/~jimenez
Ley de Economía sostenible 87
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