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Decreto reglamentario 1066 de 2015

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Decreto reglamentario 1066 de 2015
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DEL INTERIOR
DECRETO NÚMERO 1066 DE 2015
(26 de mayo de 2015)
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior”
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de
políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos
jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado.
Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las
principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema
legal y para afianzar la seguridad jurídica.
Que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación
orgánica del sistema nacional regulatorio.
Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma
naturaleza.
Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias
preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las
normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones
vigentes sobre la materia.
Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica,
en algunos casos, la simple actualización de la normativa compilada, para que se
ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en
aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria.
Que en virtud de sus características propias, el contenido material de este decreto
guarda correspondencia con el de los decretos compilados; en consecuencia, no
puede predicarse el decaimiento de las resoluciones, las circulares y demás actos
administrativos expedidos por distintas autoridades administrativas con fundamento
en las facultades derivadas de los decretos compilados.
Que la compilación de que trata el presente decreto se contrae a la normatividad
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Administrativo del Interior”
vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de
disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153
de 1887.
Que por cuanto este decreto constituye un ejercicio de compilación de
reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se
entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada
artículo se indica el origen del mismo.
Que las normas que integran el Libro 1 de este Decreto no tienen naturaleza
reglamentaria, como quiera que se limitan a describir la estructura general
administrativa del sector.
Que durante el trabajo compilatorio recogido en este Decreto, el Gobierno verificó
que ninguna norma compilada hubiera sido objeto de declaración de nulidad o de
suspensión provisional, acudiendo para ello a la información suministrada por la
Relatoría y la Secretaría General del Consejo de Estado.
Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario
que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se
hace necesario expedir el presente Decreto Reglamentario Único Sectorial.
Por lo anteriormente expuesto,
DECRETA:
LIBRO 1
ESTRUCTURA DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL INTERIOR
PARTE 1
SECTOR CENTRAL
TÍTULO 1
El Ministerio del Interior
Artículo 1.1.1.1. Cabeza del sector. El Ministerio del Interior tendrá como objetivo,
dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir,
coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia
de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación
con las entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos,
población LGBTI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana,
acción comunal, la libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión
o credo, consulta previa, derecho de autor y derechos conexos, los cuales se
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desarrollarán a través de la institucionalidad que comprende el Sector
Administrativo.
Igualmente, el Ministerio del Interior coordinará las relaciones entre la Rama
Ejecutiva y la Rama Legislativa, para el desarrollo de la Agenda Legislativa del
Gobierno Nacional.
TÍTULO 2
Fondos Especiales
Artículo 1.1.2.1 Fondo de seguridad y convivencia ciudadana – FONSECON.
Artículo 1.1.2.2 Fondo de Protección de Justicia
Artículo 1.1.2.3 Fondo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas.
TÍTULO 3
Órganos de Asesoría, Coordinación y Orientación
Artículo 1.1.3.1.
Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo.
Artículo 1.1.3.2.
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
Artículo 1.1.3.3.
Comité de Gerencia.
Artículo 1.1.3.4.
Comisión de Personal.
Artículo 1.1.3.5.
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.
Artículo 1.1.3.6
Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los
Procesos Electorales
(Decreto 2821 de 2013)
Artículo 1.1.3.7.
Comisión Intersectorial para el Avance de la Población
Afrocolombiana, Palenquera y Raizal
(Decreto 4181 de 2007, Decreto 4401 de 2008)
Artículo 1.1.3.8.
Comisión Intersectorial para la promoción, respeto y
garantía de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario en el Departamento de Arauca
(Decreto 1722 de 2002, Decreto 0285 de 2013)
Artículo 1.1.3.9.
Comité Interinstitucional para la reglamentación de los
Convenios de Derecho Público Interno
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(Decreto 1321 de 1998)
Artículo 1.1.3.10. Comité Técnico del Sistema Integrado de Emergencias y
Seguridad, SIES
(Decreto 4708 de 2009)
Artículo 1.1.3.11. Comisión Consultiva de Alto Nivel y Comisiones
Consultivas Departamentales y del Distrito Capital de
Bogotá para las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
(Decreto 3770 de 2008, Capítulos 1 y 2, artículos 1 al 13)
Artículo 1.1.3.12. Comisión para el Desarrollo Integral de la Política Indígena
del Departamento del Cauca
(Decreto 982 de 1999)
Artículo 1.1.3.13. Mesa Regional Amazónica
(Decreto 3012 de 2005)
Artículo 1.1.3.14. Mesa de Concertación para el Pueblo Awa
(Decreto 1137 de 2010)
Artículo 1.1.3.15. Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT).
(Decreto 2890 de 2013)
Artículo 1.1.3.16. Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
(Decreto 1396 de 1996)
Artículo 1.1.3.17. Comité Interinstitucional de Participación, CIP.
(Decreto 2231 de 1995)
PARTE 2
SECTOR DESCENTRALIZADO
TÍTULO 1
Entidades Adscritas
Artículo 1.2.1.1. Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la
Democracia. Establecimiento público del orden nacional, dotado de personería
jurídica y patrimonio independiente, que tiene como objeto financiar programas que
hagan efectiva la participación ciudadana, mediante la difusión de sus
procedimientos, la capacitación de la comunidad para el ejercicio de las instituciones
y mecanismos reconocidos en esta ley, así como el análisis y evaluación del
comportamiento participativo y comunitario.
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(Decreto 695 de 2003, artículo 1)
Artículo 1.2.1.2. Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca
del Río Páez y Zonas Aledañas “Nasa Kiwe”. Establecimiento público del orden
nacional dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio que tiene por objeto adelantar proyectos y programas para la atención de las
necesidades básicas de los habitantes de los municipios, así como la reconstrucción
y rehabilitación de la zona afectada a que se refiere el Decreto 1178 de 1994.
(Decreto 1179 de 1994, artículo 1)
Artículo 1.2.1.3. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Unidad Administrativa
Especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente. Le compete el diseño, dirección, administración y ejecución de las
políticas gubernamentales en materia de derechos de autor; llevar el registro
nacional de las obras literarias y artísticas y ejercer la inspección y vigilancia sobre
las sociedades de gestión colectiva de los derechos reconocidos en la Ley 23 de
1982 y demás disposiciones; otorgar las reservas de nombres de medios de
comunicación y determinar la fijación o exención de caución a los medios escritos
de conformidad con las Leyes 23 de 1982 y 29 de 1944, respectivamente.
(Decreto 2041 de 1991, artículos 1 y 2)
Artículo 1.2.1.4. Unidad Nacional de Protección UNP. Unidad Administrativa
Especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera y patrimonio propio, que tiene el carácter de organismo nacional de
seguridad, cuyo objetivo es articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio
de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus
actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias,
culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado,
activista de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario
o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o
en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar
riesgo extraordinario, como el liderazgo sindical, de ONGs y de grupos de personas
desplazadas, y garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas que
se otorgan. Se exceptúan del campo de aplicación del objetivo de la Unidad los
programas de competencia de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría
General de la Nación y el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley
de Justicia y Paz.
(Decreto 4065 de 2011, artículos 1 y 3)
Artículo 1.2.1.5. Dirección Nacional de Bomberos. Es una Unidad Administrativa
Especial del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa,
financiera y patrimonio propio, cuyo objetivo es dirigir, coordinar y acompañar la
actividad de los cuerpos de bomberos del país, para la debida implementación de
las políticas y normativa que se formule en materia de gestión integral del riesgo
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades
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y la atención de incidentes con materiales peligrosos, que permitan prestar de
manera eficiente este servicio público esencial.
(Ley 1575 de 2012, artículos 5 y 6; Decreto 350 de 2013, artículos 1 y 2)
Artículo 1.2.1.6 Imprenta Nacional de Colombia. Empresa Industrial y Comercial
del Estado, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía
administrativa, cuyo objetivo es la edición, impresión, divulgación y
comercialización, como garante de la seguridad jurídica, de las normas,
documentos, publicaciones, impresos y demás necesidades de comunicación
gráfica, de todas las entidades nacionales que integran las ramas del poder público
en Colombia.
(Ley 109 de 1994, artículos 1 y 2)
LIBRO 2
RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL
INTERIOR
PARTE 1
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO 1
Objeto y Ámbito de Aplicación
Artículo 2.1.1.1. Objeto. El objeto de este decreto es compilar la normatividad
vigente del sector administrativo del interior expedida por el Gobierno Nacional, en
ejercicio de las facultades reglamentarias conferidas por el numeral 11 del artículo
189 de la Constitución Política, para la cumplida ejecución de las leyes de este
sector.
Artículo 2.1.1.2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto aplica a las entidades
del Sector Administrativo del Interior y rige en todo el territorio nacional.
PARTE 2
ASUNTOS DE GOBIERNO, GESTIÓN TERRITORIAL, VÍCTIMAS Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
TÍTULO 1
Gobierno y Gestión Territorial
CAPÍTULO 1
Ordenamiento Territorial
Artículo 2.2.1.1.1. Definición. La Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), es
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un organismo de carácter técnico asesor, que tiene como función evaluar, revisar y
sugerir al Gobierno Nacional y a las Comisiones Especiales de Seguimiento al
Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la
República y de la Cámara de Representantes, la adopción de políticas, desarrollos
legislativos y criterios para la mejor organización del Estado en el territorio.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 1)
Artículo 2.2.1.1.2. Conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial.
La Comisión de Ordenamiento Territorial estará conformada por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
El Ministro del Interior o su delegado, quien la presidirá.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o su delegado.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, o su delegado.
El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), o su delegado.
Un delegado de las CAR.
Un experto de reconocida experiencia en la materia designado por el Gobierno
Nacional.
7. Un experto de reconocida experiencia en la materia designado por cada una de
las Cámaras Legislativas, previa postulación que hagan las respectivas
Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial.
8. Dos expertos académicos especializados en el tema designados por el sector
académico.
Parágrafo 1. El miembro de que trata el numeral 5 del presente artículo será
designado por los Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales,
escogido de entre estos, por convocatoria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Esta designación se hará por un periodo institucional de dos (2) años,
contados a partir del 1° de noviembre de 2011.
Parágrafo 2. El experto designado por el Gobierno Nacional de que trata el numeral
6 del presente artículo, será el Director General o, en su ausencia, el Director de
Desarrollo Territorial Sostenible del Departamento Nacional de Planeación.
Parágrafo 3. Los miembros de que trata el numeral 8 del presente artículo serán
designados por la Asociación Colombiana de Universidades "ASCUN", previa
postulación de los candidatos que hagan las universidades legalmente reconocidas
en el país, a razón de uno (1) en representación de las universidades públicas y uno
(1) en representación de las universidades privadas. Esta designación se hará por
un periodo institucional de dos (2) años, contados a partir del 1° de noviembre de
2011.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 2)
Artículo 2.2.1.1.3. Servicios ad honórem. Los miembros de la Comisión de
Ordenamiento Territorial y de las Comisiones Regionales de Ordenamiento
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Territorial prestarán sus servicios ad honórem.
Parágrafo 1. En el evento que el delegado de las CAR sea separado en forma
definitiva de su cargo, los directores de las CAR designarán a otro representante,
para el período restante.
Parágrafo 2. Cuando se pierda la condición de integrante de la Comisión de
Ordenamiento Territorial o se dé el retiro voluntario de alguno de los miembros de
las universidades o de los expertos designados por cada una de las cámaras se
procederá a designar un nuevo representante que ejercerá por el período restante
de los dos (2) años definido para el representante inicial.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 3)
Artículo 2.2.1.1.4. Reuniones. Previa convocatoria del Presidente de la Comisión
de Ordenamiento Territorial, esta sesionará de manera ordinaria cada seis (6)
meses o, de manera extraordinaria, cuando se requiera con la frecuencia necesaria
para el cabal cumplimiento de sus funciones.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 4)
Artículo 2.2.1.1.5. Funciones de la COT. Son funciones de la Comisión de
Ordenamiento Territorial, las siguientes:
1. Asesorar al Gobierno Nacional y a las Comisiones Especiales de Seguimiento
al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la
República y de la Cámara de Representantes, en la definición de políticas y
desarrollos legislativos relativos a la organización territorial del Estado.
2. Asesorar a los departamentos, distritos y municipios, de forma que promueva la
integración entre estos y se puedan coordinar con más facilidad los procesos
de integración.
3. Establecer los parámetros de diferenciación entre las diversas instancias de
asociaciones que promueven el desarrollo regional, dentro del marco de la
Constitución y la ley.
4. Revisar, evaluar y proponer diferentes políticas sectoriales que tengan
injerencia directa con el ordenamiento territorial, a iniciativa propia, del Gobierno
Nacional y de las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de
la Cámara de Representantes.
5. Propiciar escenarios de consulta o concertación con los actores involucrados en
el ordenamiento territorial.
6. Presentar anualmente a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso
de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y
de la Cámara de Representantes, un informe sobre el estado y avances del
ordenamiento territorial.
7. En el año siguiente de la conformación y puesta en marcha de la COT elaborar
una propuesta de codificación y compilación de las normas jurídicas vigentes
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en Colombia sobre la organización territorial del Estado y las entidades
territoriales.
8. Darse su propio reglamento.
9. Las demás que le asignen la Constitución y la ley.
Parágrafo. El Gobierno Nacional difundirá ampliamente la propuesta de
codificación y compilación de que trata el numeral 7 del presente artículo, en
escenarios que faciliten la participación de todos los ciudadanos y de las
autoridades nacionales, territoriales y demás esquemas asociativos.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 5)
Artículo 2.2.1.1.6. Secretaría Técnica. El Departamento Nacional de Planeación
ejercerá la Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 6)
Artículo 2.2.1.1.7. Responsabilidades de la secretaría técnica de la Comisión
de Ordenamiento Territorial. En virtud del apoyo logístico, técnico y especializado
que debe brindar a la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, para el cabal
desarrollo de sus funciones, tendrá las siguientes responsabilidades:
De orden logístico:
1. Invitar a las deliberaciones de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, a
los ministros, jefes de departamento administrativo, servidores públicos,
expertos académicos de diferentes universidades e instituciones de
investigación del sector privado o a quien se considere necesario, cuando deban
tratarse asuntos de su competencia o cuando se requieran conceptos
especializados.
2. Adelantar las acciones requeridas que permitan llevar a cabo los escenarios de
consulta o concertación con los actores involucrados en el ordenamiento
territorial.
3. Conformar el comité especial interinstitucional integrado por las entidades del
orden nacional competentes en la materia, con el fin de prestar conjuntamente
el apoyo logístico, técnico y especializado que requiera la Comisión para el
desarrollo de sus funciones.
4. Preparar para aprobación previa de los miembros de la Comisión de
Ordenamiento Territorial, COT, la agenda de trabajo de cada una de las
sesiones.
5. Apoyar la definición del plan de acción que oriente a la Comisión de
Ordenamiento Territorial en el cumplimiento de sus funciones.
6. Apoyar la elaboración del Reglamento Interno de la Comisión de Ordenamiento
Territorial, COT.
7. Elaborar las actas de las reuniones de la Comisión de Ordenamiento Territorial,
COT, tramitar su firma y custodiar el archivo de las mismas.
De orden técnico:
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1. Apoyar a la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, en la elaboración,
evaluación y revisión de la política de ordenamiento territorial y en la formulación
de recomendaciones relacionadas con las políticas, desarrollos legislativos y
criterios para la mejor organización del Estado en el territorio.
2. A petición de la Comisión de Ordenamiento Territorial, conceptuar sobre los
proyectos de ley, documentos de política e instrumentos relacionados con el
ordenamiento territorial y la mejor organización del Estado en el territorio.
3. Presentar a consideración de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, los
parámetros de diferenciación entre las diversas instancias asociativas que
promueven el desarrollo regional, dentro del marco de la Constitución y la ley.
4. Apoyar a la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, en la elaboración de
los estudios técnicos y asesoría para promover la integración entre las
entidades territoriales, que permitan coordinar con mayor facilidad los procesos
de integración.
5. Apoyar los estudios sobre las diferentes políticas sectoriales que tengan
injerencia directa con el ordenamiento territorial.
6. Apoyar la elaboración de los documentos técnicos de análisis y de desarrollo de
temáticas que requiera la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, en el
desempeño de sus funciones.
7. Elaborar y presentar a consideración de la Comisión de Ordenamiento
Territorial, COT, el informe anual sobre el estado y avances del ordenamiento
territorial.
8. Emitir los conceptos que sobre los diversos temas se requieran para el cabal
desarrollo de las funciones de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT.
9. Elaborar y presentar a consideración de la Comisión de Ordenamiento Territorial
los conceptos técnicos sobre la definición de límites entre las entidades
territoriales, que le sean solicitados por las Comisiones Especiales de
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del
Senado de la República y de la Cámara de Representantes.
10. Apoyar la elaboración de la propuesta de codificación y compilación de las
normas jurídicas vigentes en Colombia sobre la organización territorial del
Estado y las entidades territoriales, de que trata el numeral 7 del artículo
2.2.1.1.5.
De seguimiento:
1. Apoyar a la COT en la definición de indicadores y mecanismos de seguimiento
al ordenamiento territorial, a las políticas, instrumentos y mecanismos
establecidos en la ley.
2. Promover la creación de un observatorio del ordenamiento territorial que cuente
con información que permita soportar técnicamente las evaluaciones, las
revisiones y las sugerencias que se formulen al Gobierno Nacional y a las
Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes para la adopción de políticas, desarrollos legislativos y criterios
para la mejor organización del Estado en el territorio.
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3. Hacer seguimiento a los esquemas asociativos territoriales y proponer su
fortalecimiento.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 7)
Artículo 2.2.1.1.8. Subsecretaría Técnica. La Subsecretaría Técnica de la
Comisión de Ordenamiento Territorial, estará en cabeza de los Secretarios de las
Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y
Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de
Representantes, por periodos alternados de dos (2) años.
Parágrafo. Además de las funciones asignadas por la Comisión de Ordenamiento
Territorial, COT, y la Secretaría Técnica, la Subsecretaria Técnica tendrá como
responsabilidad servir de enlace entre la Comisión Nacional de Ordenamiento
Territorial y las Comisiones de Ordenamiento de Senado y Cámara de
Representantes.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 8)
Artículo 2.2.1.1.9. Comisiones regionales de ordenamiento territorial. Las
asambleas departamentales y los concejos municipales y distritales, mediante
ordenanzas y acuerdos, respectivamente, crearán las Comisiones Regionales de
Ordenamiento Territorial que, de acuerdo con su jurisdicción, les corresponda.
Parágrafo. La Comisión de Ordenamiento Territorial establecerá la integración y
funciones de las Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial y la forma de
articulación con los diferentes niveles y entidades de gobierno.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 9)
Artículo 2.2.1.1.10. Conformación de las comisiones departamentales de
ordenamiento territorial. La Comisión Departamental de Ordenamiento Territorial,
estará conformada por:
1. El Gobernador o su delegado, quien la presidirá.
2. El Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, o la instancia similar, o su
delegado.
3. El Director Departamental del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), o su
delegado.
4. El Director de la CAR respectiva, o su delegado.
5. Un experto de reconocida experiencia en la materia, designado por el Gobierno
Departamental.
6. Dos expertos de reconocida experiencia en la materia, designados por la
Asamblea Departamental respectiva.
7. Dos expertos académicos especializados en el tema, designados por el sector
académico del departamento.
Parágrafo 1. Las Asambleas Departamentales regularán lo atinente a la
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designación de los miembros de que trata el numeral 6 del presente artículo.
Parágrafo 2. Los miembros de que trata el numeral 7 del presente artículo serán
designados por las universidades con presencia en el departamento, en el marco
de la autonomía universitaria. Esta designación se hará por un periodo de dos (2)
años, contados a partir del 1° de noviembre de 2011.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.2.1.1.11. Funciones de las comisiones departamentales de
ordenamiento territorial. Sin perjuicio de lo que disponga la Comisión de
Ordenamiento Territorial, COT, son funciones de las Comisiones Departamentales
de Ordenamiento Territorial, asesorar al gobierno departamental en el proceso de
descentralización, en la integración de los diferentes esquemas asociativos
territoriales y proponer políticas sectoriales con injerencia en el ordenamiento
territorial, acorde con los principios de subsidiariedad, concurrencia,
complementariedad y coordinación, eficiencia, gradualidad, equilibrio entre
competencias, recursos y responsabilidad.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 11)
Artículo 2.2.1.1.12. Secretaría técnica y reuniones de las comisiones
departamentales de ordenamiento territorial. Las asambleas departamentales
determinarán lo relacionado con la designación y responsabilidades de la secretaría
técnica y las reuniones de las Comisiones Departamentales de Ordenamiento
Territorial.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 12)
Artículo 2.2.1.1.13. Conformación de las comisiones municipales y distritales
de ordenamiento territorial. Las Comisiones Municipales y Distritales de
Ordenamiento Territorial, estarán conformadas por:
1. El alcalde municipal o distrital, o su delegado, quien la presidirá.
2. El Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, o la instancia similar, o su
delegado.
3. Un delegado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
4. Un delegado del Director de la CAR respectiva.
5. Un experto de reconocida experiencia en la materia designado por el gobierno
municipal o distrital.
6. Dos expertos de reconocida experiencia en la materia designados por el concejo
municipal o distrital respectivo.
7. Dos expertos académicos especializados en el tema, designados por el sector
académico del municipio o distrito.
Parágrafo 1. Los Concejos municipales y distritales regularán lo atinente a la
designación de los miembros de que trata el numeral 6 del presente artículo.
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Parágrafo 2. Los miembros de que trata el numeral 7 del presente artículo serán
designados por las universidades que hagan presencia en el municipio o distrito, en
el marco de la autonomía universitaria. Esta designación se hará por un periodo de
dos (2) años, contados a partir del 1° de noviembre de 2011.
Cuando en el municipio o distrito no existan universidades, los expertos académicos
serán designados por el sector académico del departamento.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 13)
Artículo 2.2.1.1.14. Funciones de las comisiones municipales y distritales de
ordenamiento territorial. Sin perjuicio de lo que disponga la Comisión de
Ordenamiento Territorial, COT, son funciones de las Comisiones Municipales y
Distritales de Ordenamiento Territorial, asesorar al gobierno municipal y distrital en
el proceso de descentralización, en la integración de los diferentes esquemas
asociativos territoriales y proponer políticas sectoriales con injerencia en el
ordenamiento territorial, acorde con los principios de subsidiariedad, concurrencia,
complementariedad, coordinación, eficiencia, gradualidad, equilibrio entre
competencias y recursos y responsabilidad.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 14)
Artículo 2.2.1.1.15. Secretaría técnica y reuniones de las comisiones
municipales y distritales de ordenamiento territorial. Los concejos municipales
y distritales determinarán lo relacionado con la designación y responsabilidades de
la secretaría técnica y las reuniones de las comisiones de Ordenamiento Territorial
de su jurisdicción.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 15)
Artículo 2.2.1.1.16. Concepto previo para constitución de región administrativa
y de planificación. La Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de
Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República, conforme
a su competencia y previo el cumplimento de los requisitos y procedimientos
establecidos por su Mesa Directiva, emitirá concepto cuando se presente solicitud
de los gobernadores interesados en constituir, mediante convenio, una Región
Administrativa y de Planificación.
(Decreto 3680 de 2011, artículo 16; Decreto 141 de 2015, artículo 1)
CAPÍTULO 2
De la liquidación de honorarios de Concejales de Bogotá D.C.
Artículo 2.2.1.2.1. Liquidación de honorarios de Concejales de Bogotá D. C.
Únicamente para efectos de la liquidación de los honorarios de los Concejales del
Distrito Capital a que aluden los artículos 34 del Decreto-Ley 1421 de 1993 y 58 de
la Ley 617 de 2000, la remuneración mensual del Alcalde Mayor de Bogotá está
conformada por la asignación básica, los gastos de representación, la prima técnica
y la doceava parte de la bonificación de dirección que el Alcalde Mayor disfrute.
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(Decreto 2721 de 2006, artículo 1)
Artículo 2.2.1.2.2. Conservación. Lo establecido en el presente Capítulo no
modifica lo dispuesto en el Decreto 4353 de 2004.
(Decreto 2721 de 2006, artículo 2)
CAPÍTULO 3
De la cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones
y fundaciones o instituciones de utilidad común, en los departamentos
Artículo 2.2.1.3.1. Aplicación. La cancelación de personerías jurídicas de las
asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común, que
tengan su domicilio principal en el departamento, y que por competencia legal le
correspondan a los Gobernadores, se regirán por las disposiciones del presente
Capítulo.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 1; Decreto-Ley 2150 de 1995, artículo 40)
Artículo 2.2.1.3.2. Contenido de los estatutos. Los estatutos de la entidad
deberán contener, por lo menos:
1. Su nombre, precedido de la denominación jurídica correspondiente a su
naturaleza, según se trate de asociación o corporación, fundación o
institución de utilidad común;
2. Domicilio;
3. Duración;
4. Objeto o finalidad de la entidad, indicando expresamente que es una
entidad sin ánimo de lucro;
5. Órganos de administración, determinando su composición, modo de
elección o designación, funciones y quórum deliberatorio y decisorio;
6. Determinación de la persona que ostentará la representación legal de la
entidad;
7. Revisor Fiscal. En el caso de las fundaciones o instituciones de utilidad
común deberá ser contador titulado con su respectivo número de
matrícula;
8. Patrimonio y disposiciones para su conformación, administración y
manejo;
9. Disposiciones sobre disolución, liquidación y destinación del remanente
de los bienes a una institución de utilidad común o carente del ánimo de
lucro que persiga fines similares.
Parágrafo.- El contenido de los estatutos en ningún caso podrá ser contrario al
orden público, a las leyes o a las buenas costumbres.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 3)
Artículo 2.2.1.3.3. Cancelación de la personería jurídica. El Gobernador del
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Departamento podrá cancelar, de oficio o a petición de cualquier persona, la
personería jurídica de las asociaciones o corporaciones y fundaciones o
instituciones de utilidad común, o la inscripción de sus dignatarios, incluyendo la del
representante legal, además de los casos previstos en la ley, cuando sus
actividades se desvíen del objetivo de sus estatutos, o sean contrarias al orden
público, a las leyes o a las buenas costumbres.
La solicitud de cancelación de la personería jurídica se dirigirá al Gobernador
acreditando la prueba de configuración de la causal invocada y formulando los
hechos y los fundamentos legales. Con la firma de la solicitud se entenderá que la
queja se presentar bajo la gravedad del juramento.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 7)
Artículo 2.2.1.3.4. Procedimiento. Una vez recibida la queja, el Gobernador, a
través de la dependencia respectiva de la Gobernación, ordenará investigar si
efectivamente la acusación es cierta, disponiendo la práctica de las pruebas que
considere pertinentes. De toda la documentación que configura el expediente, se
dará traslado al representante legal de la entidad poniéndolo a su disposición en la
dependencia respectiva de la Gobernación, para que dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes haga los descargos y solicite pruebas, las cuales serán
ordenadas por el Gobernador siempre y cuando sean pertinentes para el
esclarecimiento de los hechos.
Parágrafo.- Cuando la cancelación sea de oficio, el Gobernador no requerirá de
queja sino que ordenará la respectiva investigación siguiendo el procedimiento
establecido en este artículo.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 8)
Artículo 2.2.1.3.5. Congelación de fondos. Si la actuación que se le atribuye a la
entidad es grave y afecta los intereses de la misma o de terceros, el Gobernador
podrá congelar transitoriamente los fondos de ésta, mientras se adelanta la
investigación y se toma una decisión, excepto para ordenar los pagos de salarios y
prestaciones sociales y los gastos estrictamente necesarios para el funcionamiento
de la entidad, los cuales requieren previa autorización del Gobernador.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 9)
Artículo 2.2.1.3.6. Término de la investigación. La investigación incluyendo
descargos, práctica de pruebas y decisión, que deba tomarse, se realizará en un
término máximo de un mes, contado a partir de la fecha en que se ordene la
investigación por parte del Gobernador.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 10)
Artículo 2.2.1.3.7. Cancelación de la inscripción de dignatarios. La cancelación
de la inscripción de cualquiera de los dignatarios, incluyendo la del representante
legal, podrá decretarse cuando se compruebe su responsabilidad en los hechos
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objeto de la investigación.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 11)
Artículo 2.2.1.3.8. Sustanciación, providencia y recurso. La dependencia
respectiva de la Gobernación estudiará y sustanciará las solicitudes de cancelación
de personerías jurídicas, así como las de cancelación de inscripción de dignatarios,
de las entidades de que trata este Capítulo.
Las decisiones que recaigan sobre estos asuntos, se adoptarán mediante resolución
motivada del Gobernador, contra la cual procede el recurso de reposición.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 12; Decreto-Ley 2150 de 1995, artículo 40)
Artículo 2.2.1.3.9. Notificación. Expedida la resolución que cancele la personería
jurídica y la inscripción de dignatarios, se notificará al representante legal o a los
dignatarios de la entidad, según sea el caso, en los términos contemplados en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 13; Decreto-Ley 2150 de 1995, artículos 40 y 42)
Artículo 2.2.1.3.10. Publicación. Las resoluciones de cancelación de personería
jurídica y de inscripción de dignatarios, se publicarán en la Gaceta Departamental.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 14; Decreto-Ley 2150 de 1995, artículos 40 y 42)
Artículo 2.2.1.3.11. Disolución y liquidación. Las asociaciones o corporaciones y
fundaciones o instituciones de utilidad común, se disolverán por decisión de la
Asamblea General, conforme a los reglamentos y estatutos o cuando se les cancele
la personería jurídica.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 17)
Artículo 2.2.1.3.12. Liquidador. Cuando la entidad decrete su disolución, en ese
mismo acto nombrará un liquidador, o en su defecto, lo será el último representante
legal inscrito. Así mismo, la entidad designará el liquidador cuando se decrete la
cancelación de la personería jurídica; si no lo hiciere, lo será el último representante
legal inscrito y a falta de éste, el Gobernador lo designará.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 18)
Artículo 2.2.1.3.13. Publicidad. Con cargo al patrimonio de la entidad, el liquidador
publicará tres (3) avisos en un periódico de amplia circulación nacional, dejando
entre uno y otro, un plazo de quince (15) días, en los cuales informará a la
ciudadanía sobre el proceso de liquidación, instando a los acreedores a hacer valer
sus derechos.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 19)
Artículo 2.2.1.3.14. Liquidación. Para la liquidación se procederá así:
Quince días después de la publicación del último aviso se liquidará la entidad,
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pagando las obligaciones contraídas con terceros, y observando las disposiciones
legales sobre prelación de créditos.
Si cumplido lo anterior queda un remanente de activo patrimonial, éste pasará a la
entidad que haya escogido la Asamblea o a una similar, como figure en los
estatutos.
Cuando ni la Asamblea ni los estatutos hayan dispuesto sobre este aspecto, dicho
remanente pasará a una entidad de beneficencia que tenga radio de acción en el
respectivo municipio.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 20)
Artículo 2.2.1.3.15. Certificaciones. La dependencia respectiva de la Gobernación
certificará los hechos que consten en los correspondientes expedientes de las
entidades a que se refiere el presente Capítulo, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al recibo de la solicitud.
Las Gobernaciones expedirán certificaciones especiales sobre existencia y
representación de personerías jurídicas de que trata este Capítulo, con destino a
las Cámaras de Comercio, de lo que consten en sus archivos con anterioridad al 2
de enero de 1997.
Parágrafo.- Las solicitudes de certificaciones a que se refiere este artículo se
deberán acompañar del pago correspondiente.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 21; Decreto 427 de 1996, artículo 8; Decreto Ley
019 de 2012, artículo 25)
Artículo 2.2.1.3.16. Recibo de solicitudes y verificación de requisitos. En el acto
de recibo de las solicitudes sobre cancelación de personería jurídica y de inscripción
de dignatarios, se verificará la existencia de la información y documentación ya
relacionada y en caso de estar incompleta se devolverá al interesado para que la
complemente.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 22; Decreto-Ley 2150 de 1995, artículos 40 y 42)
Artículo 2.2.1.3.17. Aplicación de otras disposiciones. Los Gobernadores
ejercerán la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común que
tengan su domicilio principal en el respectivo Departamento, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1318 de 1988 y 1093 de 1989 y demás normas que los
modifiquen y adicionen. Si dichas entidades tienen fines educativos, científicos,
tecnológicos, culturales, de recreación o deportes, se dará aplicación al Decreto 525
de 1990 y demás normas que lo modifiquen y adicionen, no solo en cuanto a la
inspección y vigilancia de éstas, sino también en lo relativo al reconocimiento y
cancelación de personería jurídica y demás aspectos tratados en el mismo.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 23; concordante con el Decreto – Ley 2150 de 1995,
artículo 45; modificado por la Ley 537 de 1999)
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Artículo 2.2.1.3.18. Inspección y vigilancia. Además de lo previsto en los
Decretos 1318 de 1988 y 1093 de 1989, para ejercer la inspección y vigilancia sobre
las instituciones de utilidad común, el Gobernador podrá ordenar, a través de la
dependencia respectiva de la Gobernación, visitas a las dependencias de la entidad
y pedir la información y documentos que considere necesarios. Así mismo, podrá
asistir, directamente o a través de un delegado, a las sesiones que realicen las
Asambleas de dichas entidades, con domicilio principal en el Departamento, en las
cuales se elijan representantes legales o demás dignatarios.
(Decreto 1529 de 1990, artículo 24)
CAPÍTULO 4
De los procedimientos para la coordinación de funciones administrativas
entre el nivel nacional y el nivel territorial
Artículo 2.2.1.4.1. Responsabilidades del gobernador. El gobernador de cada
departamento deberá coordinar y articular el desarrollo de las políticas nacionales
de carácter sectorial entre las diferentes entidades del nivel nacional en su territorio,
haciendo uso de los instrumentos de planificación y concertación interinstitucional.
(Decreto 1188 de 2003, artículo 1)
Artículo 2.2.1.4.2. Actuación del gobernador. El gobernador de cada
departamento, de conformidad con la Constitución Política y la Ley, actuará en
concordancia con los municipios y demás entes territoriales dentro del ámbito de su
competencia, ejerciendo la coordinación, seguimiento y complemento de la gestión
de los municipios para la eficiente prestación de los servicios a su cargo.
(Decreto 1188 de 2003, artículo 2)
Artículo 2.2.1.4.3. Articulación de políticas sectoriales. Para el desarrollo
efectivo del principio de coordinación, las entidades del nivel nacional deberán
articular la aplicación de las políticas sectoriales a su cargo en el nivel territorial, en
primera instancia con los gobernadores de cada departamento, para que éstos
hagan lo propio con los municipios, en segunda instancia.
(Decreto 1188 de 2003, artículo 3)
Artículo 2.2.1.4.4. Estrategias de seguimiento. Cada gobernador deberá
promover, desarrollar y aplicar estrategias de seguimiento a la gestión de los
asuntos sectoriales del nivel nacional dentro de su territorio, y proponer o hacer
recomendaciones al gobierno nacional sobre su ejecución en el ámbito de su
competencia.
(Decreto 1188 de 2003, artículo 4)
Artículo 2.2.1.4.5. Gestión de proyectos. Los gobernadores, en coordinación con
los respectivos alcaldes dentro de su territorio, promoverán ante la Nación la gestión
de proyectos de iniciativa o interés municipal de impacto regional o subregional, de
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manera articulada con las políticas nacionales de carácter sectorial, en el ámbito de
su territorio, ajustados a los respectivos planes de desarrollo, sin perjuicio de la
respectiva autonomía consagrada a cada ente territorial.
(Decreto 1188 de 2003, artículo 5)
Artículo 2.2.1.4.6. Espacios institucionales. Las entidades del orden nacional
propiciarán regularmente espacios institucionales de análisis, de discusión, y
elaboración de recomendaciones sobre la aplicación del presente Capítulo con los
gobernadores y alcaldes, con el fin de adoptar y proponer las iniciativas
gubernamentales de carácter administrativo necesarias para su cumplimiento.
(Decreto 1188 de 2003, artículo 6)
TÍTULO 2
Víctimas
CAPÍTULO 1
Víctimas por Desaparición Forzada
Artículo 2.2.2.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto implementar un
conjunto de medidas que contribuyan a la localización, identificación, inhumación y
homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, así como brindar apoyo
económico y asistencia psicosocial a sus familiares durante el proceso de entrega
del cuerpo o restos humanos de la víctima, bajo los principios de dignidad, intimidad
personal, igualdad y no discriminación, sin perjuicio de las demás obligaciones de
atención y asistencia psicosocial que se le deben brindar a los familiares por su
condición de víctimas, acorde con lo establecido en la normatividad vigente.
(Decreto 303 de 2015, artículo 1)
Artículo 2.2.2.1.2. Generalidades. Para los efectos del presente capítulo se
entenderá que:
1. Se considera víctima, acorde con lo consagrado en el artículo 2º de la Ley 1408
de 2010, los familiares de la víctima directa, que incluyen al cónyuge, compañero
o compañera permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero
civil de la víctima directa de desaparición forzada, así como otros familiares que
hubieren sufrido un daño directo como consecuencia de la desaparición forzada.
2. La condición de víctima se adquiere con independencia de que se identifique,
aprehenda, procese o condene al autor de delito de desaparición forzada y sin
consideración a la relación familiar existente entre el autor y la víctima.
(Decreto 303 de 2015, artículo 2)
Artículo 2.2.2.1.3. Principios. Las medidas dispuestas en este capítulo serán
adoptadas e implementadas con absoluto respeto de los derechos fundamentales
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de las víctimas y sus familiares, de conformidad con lo establecido en la
Constitución Política, los tratados internacionales en materia de Derechos
Humanos, y en particular por los siguientes principios:
1. Dignidad humana. Las autoridades públicas adoptarán medidas para garantizar
y respetar la dignidad humana de todas las personas y se obligan a actuar con
toda consideración y respeto en su trato con los familiares de las víctimas y los
bienes jurídicos objeto de regulación.
2. Intimidad personal. Las autoridades públicas adoptarán medidas para garantizar
el respeto y la garantía del derecho a la intimidad de los familiares de las víctimas
y, por tanto, solo podrán pedir aquella información relativa a la vida privada de
las personas, cuyo conocimiento resulte indispensable para los fines establecidos
en este decreto.
3. Igualdad y no discriminación. Las autoridades públicas adoptarán medidas para
garantizar el respeto y la garantía del derecho a la igualdad, y procederán a
brindar la misma protección y trato a los familiares de las víctimas, sin distinción
de etnia, identidad de género, orientación sexual, cultura, edad, origen nacional
o familiar, lengua, religión, discapacidad, opinión política o filosófica, condición
social o económica, entre otras.
4. Enfoque diferencial. Las autoridades públicas deberán adoptar medidas que
reconozcan las particularidades poblacionales, principalmente de los sujetos de
especial protección constitucional, es decir, aquellos que por sus características
culturales, étnicas, de género, orientación sexual, situación de discapacidad,
condición económica, social, física o mental, se encuentren en circunstancias de
vulnerabilidad y vulneración manifiesta y que requieren una atención y protección
diferenciada y la implementación de políticas de acción afirmativa, acordes con
su situación.
5. Gratuidad. Las acciones de atención, asistencia, acompañamiento y asesoría a
que hace referencia este capítulo, no acarrearán costo alguno para las víctimas.
(Decreto 303 de 2015, artículo 3)
Artículo 2.2.2.1.4. Objeto del banco. El Banco de Perfiles Genéticos de
Desaparecidos de que trata el artículo 4 de la Ley 1408 de 2010, tiene como objeto
la administración y procesamiento de la información de los perfiles genéticos
obtenidos de las personas, cuerpos o restos humanos de las víctimas de
desaparición y de las muestras biológicas de referencia tomadas a los familiares de
estas.
En desarrollo de su objeto, el Banco deberá indexar, organizar, centralizar y
almacenar la información de los perfiles genéticos, así como realizar el cruce de
información para la identificación de las personas desaparecidas.
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(Decreto 303 de 2015, artículo 4)
Artículo 2.2.2.1.5. Dirección. El Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos
funcionará bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación.
(Decreto 303 de 2015, artículo 5)
Artículo 2.2.2.1.6. Estructura. Para el desarrollo de su objeto y con base en la
plataforma tecnológica utilizada en el proceso de identificación de víctimas de
desaparición, el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos contará con un
Administrador a nivel nacional y unos Administradores a nivel local de información.
(Decreto 303 de 2015, artículo 6)
Artículo 2.2.2.1.7. Administrador Nacional. La Administración Nacional del Banco
estará a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la
información primaria será la que actualmente se encuentra registrada en los
módulos de la plataforma Combined DNA Index System –CODIS, referentes a los
índices de desaparecidos, grupo familiar y elementos personales.
(Decreto 303 de 2015, artículo 7)
Artículo 2.2.2.1.8. Funciones del Administrador Nacional. El Administrador
Nacional tendrá las siguientes funciones:
1. Asesorar, en conjunto con los administradores locales, el diseño de los
procedimientos y protocolos técnicos que sean del caso implementar, referentes
a las condiciones de seguridad, niveles de acceso, controles, responsabilidad y
consulta de la información que el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos
administra, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por las entidades
estatales con competencia forense cuando soliciten tener acceso a dicha
información para el desarrollo de los procesos de identificación de víctimas de
desaparición forzada a su cargo.
2. Asesorar el diseño de los procedimientos y protocolos, que sean del caso
implementar, de obligatorio cumplimiento por parte de los laboratorios estatales
de genética forense, referentes al procesamiento, indexación, organización e
ingreso al Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos, de la información de
los perfiles genéticos obtenidos de las muestras biológicas tomadas de los
cuerpos o restos humanos de las víctimas y de las muestras biológicas de
referencia obtenidas de los familiares de las mismas.
3. Asesorar el diseño de los procedimientos y protocolos, que sean del caso
implementar, referente a la centralización y almacenamiento, en la base de datos
genéticos única, de la información genética producida por los laboratorios
estatales de genética, así como de los distintos laboratorios de genética con la
competencia técnica en identificación humana.
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4. Asesorar el diseño del procedimiento y protocolo, que sea del caso implementar,
para la creación y administración de un módulo dentro del Registro Nacional de
Desaparecidos sobre las muestras biológicas tomadas de los cuerpos o restos
humanos de las víctimas, de las muestras biológicas de referencia obtenidas de
los familiares de las mismas y de los perfiles obtenidos a partir de dichas
muestras, con el fin de que los familiares se mantengan informados de los
procesos de identificación y utilización de sus muestras, así como de los
resultados y pormenores de los análisis.
5. Crear e implementar nuevos módulos o índices que contribuyan a la identificación
de personas desaparecidas y al desarrollo e implementación del objeto del
Banco.
6. Elaborar y enviar un reporte trimestral sobre la gestión y resultados obtenidos por
el Banco, con destino al Fiscal General de la Nación, al Comité Interinstitucional
de Genética Forense y a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
7. Las demás funciones que les sean asignadas por la Fiscalía General de la
Nación, en el marco del ejercicio de las atribuciones de dirección y coordinación
que dicha Entidad ostenta, y que contribuyan de forma directa a la
implementación del objeto del Banco.
(Decreto 303 de 2015, artículo 8)
Artículo 2.2.2.1.9. Administradores locales. La Administración Local del Banco
de Perfiles Genéticos de Desaparecidos será ejercida por los laboratorios de
genética forense del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la
Nación, de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional
de Colombia, y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o
quienes hagan sus veces, los cuales apoyarán el desarrollo del objeto del Banco y
las funciones asignadas al Administrador Nacional, acorde con las directrices
emitidas por la Fiscalía General de la Nación.
(Decreto 303 de 2015, artículo 9)
Artículo 2.2.2.1.10. Comité Interinstitucional de Genética Forense. Con el fin de
contar con un órgano técnico y científico que oriente, recomiende y asesore a la
Fiscalía General de la Nación, en temas relacionados con el cumplimiento del objeto
asignado al Banco, créase el Comité Interinstitucional de Genética Forense, el cual
estará integrado por:
1. El Director o Coordinador del Grupo Nacional de Genética Forense del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o quien haga sus veces.
2. El Director o Coordinador del Grupo de Genética del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Fiscalía General de la Nación, o quien haga sus veces.
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3. El Director o Coordinador del Laboratorio de Genética Forense de la Dirección de
Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, o quien haga
sus veces.
Parágrafo. El Comité Interinstitucional de Genética Forense sesionará, por lo
menos, una vez cada trimestre, previa convocatoria realizada por el Administrador
Nacional del Banco o a solicitud de cualquiera de sus integrantes.
(Decreto 303 de 2015, artículo 10)
Artículo 2.2.2.1.11. Funciones. El Comité Interinstitucional de Genética Forense
tendrá, en relación con el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos, las
siguientes funciones:
1. Ser el órgano técnico y científico que orienta, recomienda y asesora el
cumplimiento e implementación del objeto asignado al Banco de Perfiles
Genéticos de Desaparecidos.
2. Revisar y realizar recomendaciones a las propuestas del Administrador Nacional.
3. Asesorar la elaboración del Manual de Funcionamiento del Banco de Perfiles
Genéticos de Desaparecidos, documento que deberá contener reglas,
procedimientos de administración y funciones del Banco, así como directrices
científicas para la recolección de muestras biológicas del desaparecido y de los
cuerpos o restos humanos de las víctimas; recolección de muestras biológicas
de referencia a familiares de las víctimas en el territorio nacional o fuera de él;
procesamiento de las muestras para la obtención de los perfiles genéticos;
controles de calidad y trazabilidad; ingreso de los perfiles genéticos;
conservación, protección, almacenamiento y destrucción de las muestras
biológicas, en cumplimiento de los estándares internacionales y mediante
criterios éticos y legales de privacidad, resguardo de la cadena de custodia y uso
exclusivo de la información genética para fines de identificación.
4. Asesorar la actualización del Formato Único de Consentimiento Informado para
la Toma de Muestras Biológicas con uso exclusivo para fines de identificación,
bajo estándares internacionales.
5. Elaborar informes de recomendaciones sobre la implementación, administración
y adquisición de infraestructura tecnológica que el Banco requiera para el
desarrollo de su misión.
6. Emitir recomendaciones sobre la creación, implementación y alimentación de
nuevos módulos o índices, que contribuya a la identificación de personas
desaparecidas y al desarrollo e implementación del objeto del Banco.
7. Emitir recomendaciones sobre necesidades de capacitación, investigación y
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desarrollos técnico -científicos en genética forense.
8. Designar anualmente, acorde con lo consagrado en el reglamento del Comité, la
secretaría técnica de forma rotativa entre las instituciones que conforman el
Comité.
9. Darse su propio reglamento.
Parágrafo 1. El Comité Interinstitucional de Genética Forense consultará a un
Comité de Bioética de reconocida trayectoria en aquellos temas que considere
necesario, y especialmente para la elaboración y actualización del Manual
mencionado en el numeral 3 del presente artículo, y para la actualización del
Formato Único de Consentimiento Informado para la Toma de Muestras Biológicas.
Parágrafo 2. La elaboración del Manual mencionado en el numeral 3 del presente
artículo, deberá realizarse en un plazo de seis (6) meses a partir del 20 de febrero
de 2015. Este Manual será de obligatorio cumplimiento por parte de los laboratorios
estatales de genética forense.
(Decreto 303 de 2015, artículo 11)
Artículo 2.2.2.1.12. Convenios. La Fiscalía General de la Nación podrá celebrar
los convenios nacionales o internacionales que sean convenientes para el desarrollo
de la misión del Banco, acorde con las necesidades que el Comité Interinstitucional
de Genética Forense manifieste.
(Decreto 303 de 2015, artículo 12)
Artículo 2.2.2.1.13. Criterios orientadores. En las actividades de indexación,
organización, centralización y almacenamiento de la información de los perfiles
genéticos y en la toma, almacenamiento y protección de las muestras biológicas de
referencia de los familiares de las víctimas, se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
1. Consentimiento Informado. En el procedimiento de toma de muestras biológicas
de referencia, los muestradantes manifestarán su libre consentimiento mediante la
suscripción del Formato Único de Consentimiento Informado para la Toma de
Muestras Biológicas, una vez informados y orientados previa y plenamente, sobre
el procedimiento a seguir, el tipo, uso y destinación de la muestra.
En todos los casos se entregará constancia de la toma a la persona que suministra
la muestra.
Los laboratorios acreditados para el análisis de las muestras verificarán y
supervisarán el cumplimiento integral de este criterio por parte de los responsables
asignados para la toma de muestras.
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2. Finalidad de la Información. La información recopilada, administrada y
centralizada por el Banco solamente será usada con fines de búsqueda e
identificación de personas desaparecidas.
Se prohíbe su utilización para otros fines tales como investigaciones científicas o
análisis médicos, entre otros, salvo que el donante de la muestra manifieste
expresamente su autorización para participar en esa clase de estudios.
3. Gratuidad. La toma de muestras biológicas, el procesamiento, indexación y
producción de los perfiles genéticos, así como el ingreso y cruces de información,
entendidos como fases del proceso de identificación de desaparecidos basado en
perfiles genéticos, serán gratuitos.
4. Acceso a la Información y Hábeas Data. El muestradante de la muestra biológica
tendrá derecho a conocer, actualizar y solicitar rectificación de la información
aportada en el Formato Único de Consentimiento Informado para la Toma de
Muestras Biológicas, así como de la etapa en que se encuentra el procesamiento
de la muestra, acorde con la normatividad vigente en la materia.
El acceso a esta información se realizará por intermedio del Registro Nacional de
Desaparecidos, para lo cual, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses asegurará los medios y mecanismos de acceso que estime pertinentes,
de conformidad con los principios descritos en este capítulo.
El muestradante tendrá acceso a los resultados de las pruebas genéticas derivadas
de la muestra biológica de referencia aportada por intermedio de la autoridad judicial
a cargo del proceso de identificación, a la cual le será remitido el respectivo informe
pericial.
(Decreto 303 de 2015, artículo 13)
Artículo 2.2.2.1.14. Eliminación de perfil genético y destrucción de las
muestras biológicas. Para la eliminación del perfil genético y la destrucción de las
muestras biológicas de referencia de los familiares de las víctimas, se requerirá
solamente de manifestación expresa, proferida en cualquier tiempo, por el
muestradante de la muestra.
Para la eliminación del perfil genético y la destrucción de las muestras biológicas
obtenidas de los cuerpos o restos humanos de las víctimas, se requerirá orden
emitida por la autoridad judicial competente.
(Decreto 303 de 2015, artículo 14)
Artículo 2.2.2.1.15. Muestras previamente tomadas. Las muestras biológicas de
referencia aportadas por los familiares de las víctimas y que hayan sido tomadas
con anterioridad al 20 de febrero de 2015, gozarán de las garantías en el presente
Capítulo.
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Administrativo del Interior”
(Decreto 303 de 2015, artículo 15)
Artículo 2.2.2.1.16. Aporte directo de muestras biológicas de referencia. Los
familiares de personas desaparecidas que deseen de manera voluntaria y de forma
directa, aportar al Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos sus muestras
biológicas de referencia con miras a la búsqueda de su familiar, deberán presentar
al momento de la toma, copia de la denuncia de desaparición instaurada ante la
autoridad judicial competente y el Certificado de Registro de Persona Desaparecida
emitido por el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres–
SIRDEC.
(Decreto 303 de 2015, artículo 16)
Artículo 2.2.2.1.17. Apoyo de laboratorios acreditados. La Fiscalía General de
la Nación, en el ejercicio de las facultades de dirección y coordinación del Banco de
Perfiles Genéticos de Desaparecidos, previo concepto favorable del Comité
Interinstitucional de Genética Forense, podrá contratar laboratorios de genética
acreditados por la norma ISO 17025, o aquella que la modifique o adicione, para
tomar muestras de fluidos y restos humanos, obtener perfiles genéticos con fines
de identificación, y enviar esta información al Banco por el medio más idóneo, de
conformidad con los criterios y directrices establecidos por el Comité
Interinstitucional de Genética Forense.
(Decreto 303 de 2015, artículo 17)
Artículo 2.2.2.1.18. Comisión de búsqueda de personas desaparecidas. La
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas apoyará el cumplimiento de los
derechos de las víctimas y sus familiares, así como el cumplimiento de los principios
consagrados en el presente Decreto, relacionados con el manejo, protección y uso
de la información registrada en el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos.
Una vez la Comisión reciba el reporte trimestral emitido por el Banco a que hace
referencia el numeral 6 del artículo 2.2.2.1.8, lo divulgará ampliamente.
Adicionalmente, la Comisión convocará por lo menos una vez al año, a la Fiscalía
General de la Nación, al Comité Interinstitucional de Genética Forense, a los
familiares de víctimas, representantes de la sociedad civil y organismos
internacionales acreditados en Colombia, a una jornada de socialización del Informe
emitido por el Banco.
(Decreto 303 de 2015, artículo 18)
Artículo 2.2.2.1.19. Información del proceso. Los familiares de la víctima recibirán
oportunamente, por parte de la autoridad judicial competente, la información relativa
al proceso de entrega del cuerpo o restos humanos de su familiar.
Esta entrega se realizará, previa concertación con los familiares, en condiciones de
dignidad, bajo el respeto de sus creencias religiosas, tradiciones culturales y de
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acuerdo con lo señalado en el protocolo elaborado para tal efecto por la Comisión
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, acorde con lo consagrado en el
parágrafo 3o del artículo 7o de la Ley 1408 de 2010.
(Decreto 303 de 2015, artículo 19)
Artículo 2.2.2.1.20. Proceso de entrega. El proceso de entrega de los cuerpos o
restos humanos de las víctimas que resulten identificadas, inicia con la
comunicación de la identificación plena de la víctima, por parte de la autoridad
judicial competente, al cónyuge o compañero(a) permanente y familiares de la
víctima en concordancia con lo establecido en el artículo 2o de la Ley 1408 de 2010.
Este acto de comunicación será ingresado, por la autoridad judicial competente, en
el Registro Nacional de Desaparecidos, con indicación de los datos de fecha, hora
y medio de comunicación utilizado.
En caso de no ubicarse inicialmente a los familiares de la víctima plenamente
identificada, la Fiscalía General de la Nación realizará las acciones necesarias para
la ubicación de los familiares, con miras a la entrega del cuerpo o restos humanos.
La autoridad judicial competente, de ser necesario y al advertir un riesgo
extraordinario o extremo, tomará las medidas y realizará las coordinaciones
pertinentes, para garantizar la seguridad de los familiares durante el proceso de
entrega de los cuerpos o restos humanos.
(Decreto 303 de 2015, artículo 20)
Artículo 2.2.2.1.21. Participación en procesos de exhumación. La autoridad
judicial competente a cargo de la investigación comunicará por escrito, al cónyuge
o compañero(a) permanente y familiares de la víctima en concordancia con lo
establecido en el artículo 2º de la Ley 1408 de 2010, la realización de la diligencia
de exhumación en la que presumiblemente se halle su familiar desaparecido,
dejando constancia en la carpeta del caso.
En la comunicación se señalará el término que tienen estos para informar, de
manera consciente y voluntaria, su interés de participar en la diligencia.
Parágrafo 1. La autorización para la participación de los familiares en las diligencias
de exhumación será proferida por la autoridad judicial competente, siempre y
cuando se satisfagan los criterios objetivos establecidos por la Fiscalía General de
la Nación, en concordancia con lo establecido en los artículos 7º, parágrafo 2º, y 8º
de la Ley 1408 de 2010, de manera que la diligencia se puede realizar en
condiciones de seguridad, garantía de su integridad y acompañamiento psicosocial.
Parágrafo 2. La notificación de la autorización o denegación para participar en las
diligencias de exhumación se realizará por escrito y de forma oportuna a los
familiares, por el medio más idóneo, dejando constancia de ella en la carpeta del
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caso.
(Decreto 303 de 2015, artículo 21)
Artículo 2.2.2.1.22. Alcance. La atención psicosocial dirigida a los familiares de las
víctimas que resulten identificadas, se proporcionará durante todo el proceso de
entrega del cuerpo o restos humanos de su familiar y se realizará acorde con los
enfoques, principios y criterios establecidos en el Programa de Atención Psicosocial
y Salud Integral a Víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social.
Esta atención deberá coordinarse con la Fiscalía General de la Nación, el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo, la
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y representantes de
los familiares de las víctimas. Adicionalmente, incluirán estrategias de articulación
con las organizaciones no gubernamentales especializadas en atención psicosocial.
Parágrafo. Cuando la atención se dirija a los pueblos y comunidades indígenas,
pueblos Rom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras serán
consultados previamente, de conformidad con las disposiciones constitucionales y
demás normatividad aplicable.
(Decreto 303 de 2015, artículo 22)
Artículo 2.2.2.1.23. Comunicación. La Fiscalía General de la Nación será la
encargada de comunicar a los familiares de la víctima sobre el proceso de entrega
de su familiar, para lo cual atenderá el principio de acción sin daño establecido en
el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Adicionalmente, remitirá copia de la comunicación al Ministerio de Salud y
Protección Social, con indicación de los datos de identificación y ubicación de los
familiares que asistirán a la diligencia de entrega y de quienes no pudieren asistir,
con el objeto de activar los mecanismos de atención dispuestos en el Programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, de acuerdo con los mecanismos
de operación y financiación del mismo.
De este acto de comunicación se dejará constancia en la carpeta del caso y se
remitirá copia con destino al Registro Nacional de Desaparecidos.
(Decreto 303 de 2015, artículo 23)
Artículo 2.2.2.1.24. Monitoreo y seguimiento. El Ministerio de Salud y Protección
Social desarrollará herramientas de seguimiento y monitoreo a la atención
psicosocial brindada a los familiares de las víctimas identificadas, de acuerdo con
lo establecido en el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas.
(Decreto 303 de 2015, artículo 24)
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Artículo 2.2.2.1.25. Medidas orientadoras. La prestación de la atención
psicosocial, durante el proceso de entrega de cuerpos o restos humanos de víctimas
identificadas, tendrá en cuenta los parámetros consagrados en el artículo 137 de la
Ley 1448 de 2011 o en las normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o
sustituyan, así como los siguientes:
1. Consentimiento Informado. Los familiares de la víctima deberán suscribir un
documento donde conste que otorgan su consentimiento informado, el cual será
elaborado y recepcionado por el profesional que integra el equipo
interdisciplinario, quien le presentará el Programa de Atención Psicosocial y
Salud Integral a Víctimas –PAPSIVI y le indicará, según las fases de atención
psicosocial, el plan de atención a seguir con el propósito de mitigar el impacto y
afectación a la integridad psicológica y moral de las personas, familias o
comunidades victimizadas.
2. Profesional Calificado. Las personas que prestarán directamente la atención
psicosocial deberán ser profesionales calificados, con experiencia certificada en
atención de víctimas, situaciones traumáticas y conocimiento sobre intervención
en casos de desaparición forzada.
3. Valoración Preliminar. Los profesionales encargados de la atención psicosocial
valorarán conjuntamente con los familiares de las víctimas la necesidad de
atención; el tipo de atención, individual, familiar o grupal; y el momento de la
atención, antes, durante o después del proceso de entrega del cuerpo o restos
humanos de la víctima.
4. Duración. La atención y tratamiento psicosocial estará sujeta a las necesidades
particulares de las víctimas y afectados, teniendo en cuenta el concepto emitido
por el equipo de profesionales encargados de la atención.
(Decreto 303 de 2015, artículo 25)
Artículo 2.2.2.1.26. Definición. Se entiende por apoyo económico, el valor
asignado al cónyuge o compañero(a) permanente y a los familiares de la víctima
que resulte plenamente identificada, para solventar los gastos funerarios, de
desplazamiento, hospedaje y alimentación durante todo el proceso de entrega del
cuerpo o restos humanos de su familiar, a cargo de la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, se entiende por familiares de la
víctima que resulte plenamente identificada, los señalados en el artículo 2º de la Ley
1408 de 2010.
(Decreto 303 de 2015, artículo 26)
Artículo 2.2.2.1.27. Procedimiento inicial. La autoridad judicial competente a
cargo de la investigación comunicará, de forma oportuna, a la Unidad Administrativa
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Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, sobre la
identificación plena, el inicio del proceso de entrega y la fecha de realización de la
diligencia en la cual se efectuará la entrega del cuerpo o restos humanos de una
víctima de desaparición forzada.
En la comunicación se indicarán los datos de identificación y ubicación de los
familiares que asistirán a la diligencia de entrega y se remitirá copia del Certificado
de Registro de Persona Desaparecida emitido por el Sistema de Información Red
de Desaparecidos y Cadáveres–SIRDEC. De este acto se dejará constancia en la
carpeta del caso.
Parágrafo 1. La determinación de los familiares que asistirán al proceso de entrega
se realizará acorde con los criterios establecidos por la autoridad judicial en
coordinación con la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.
Parágrafo 2. El procedimiento para la asignación de recursos y la determinación de
los gastos funerarios a que hace relación este artículo será establecido por la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, dentro de los seis (6) meses siguientes al 20 de febrero de 2015.
Parágrafo 3. Para los fines de este artículo, las autoridades judiciales, las que
cumplen funciones de Policía Judicial, las entidades y organizaciones que
conforman la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y demás
entidades autorizadas que registran personas reportadas como desaparecidas,
aportarán de forma continua, oportuna y permanente al Registro Nacional de
Desaparecidos, la información referente a denuncias recepcionadas
correspondientes a personas reportadas como desaparecidas.
(Decreto 303 de 2015, artículo 27)
Artículo 2.2.2.1.28. Entrega de recursos. La Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas comunicará a los familiares de la
víctima plenamente identificada, la fecha y forma como podrán reclamar el apoyo
económico a que hace referencia este capítulo.
Para este propósito, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, activará el procedimiento para la asignación de
los recursos económicos a que hace referencia este capítulo, los cuales deberán
ser garantizados previamente a la diligencia de entrega del cuerpo o restos
humanos de la víctima, por ser esta la finalidad de su asignación.
(Decreto 303 de 2015, artículo 28)
Artículo 2.2.2.1.29. Colaboración para generar mapas. La Fiscalía General de la
Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la cartografía
básica disponible del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, generará la cartografía
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temática de la ubicación de los cuerpos o restos humanos de personas
desaparecidas forzadamente.
(Decreto 303 de 2015, artículo 29)
Artículo 2.2.2.1.30. Procedimiento inicial. La Fiscalía General de la Nación, en el
marco de las investigaciones del delito de desaparición forzada de personas,
evaluará la inclusión de la información geográfica y cartográfica básica que permita
señalar la presunta ubicación de los cuerpos o restos de personas desaparecidas
forzadamente y la georreferenciación de los sitios de los hallazgos mediante
técnicas satelitales.
Esta inclusión se realizará como parte de las actividades del programa metodológico
previsto en el artículo 207 de la Ley 906 de 2004 o en el curso de la investigación
en el marco de la Ley 600 de 2000 o de las normas que las modifiquen, adicionen
o sustituyan, y de conformidad con el Plan Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas.
Parágrafo. La georreferenciación se llevará a cabo mediante el empleo de
dispositivos de posicionamiento satelital personales o navegadores, y en los casos
que sea posible, mediante un levantamiento topográfico realizado por personal
técnico de la Fiscalía General de la Nación.
(Decreto 303 de 2015, artículo 30)
Artículo 2.2.2.1.31. Cartografía básica. La Fiscalía General de la Nación, a través
del Cuerpo Técnico de Investigación, dispondrá de las medidas y herramientas
técnicas y tecnológicas necesarias para garantizar que los fiscales encargados de
las investigaciones por el delito de desaparición forzada de personas puedan
acceder y obtener la información cartográfica básica disponible en el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, para identificar la presunta ubicación de los cuerpos o
restos humanos.
Parágrafo 1. Para este fin, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi promoverán la realización de convenios interadministrativos
dirigidos a:
1. Garantizar el acceso y uso de la información cartográfica disponible, con destino
a las investigaciones penales del delito de desaparición forzada de personas.
2. Transferir conocimientos y capacitar a las autoridades encargadas de la
investigación penal en el uso de información geográfica, cartográfica y
georreferenciada y demás requerimientos que surjan del empleo de esta
información en los procesos penales.
Parágrafo 2. En los casos en que la información cartográfica disponible presente
inconvenientes por desactualización o falta de cobertura en el área de interés, se
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podrá recurrir a otras fuentes, entre ellas, al Banco Nacional de Imágenes o visores
de entidades nacionales e internacionales.
Parágrafo 3. De manera progresiva, la Fiscalía General de la Nación adelantará las
acciones que le permitan crear un Sistema de Información Geográfica que
contribuya a los fines de la Ley 1408 de 2010 y del presente capítulo.
Parágrafo 4. Las autoridades departamentales y municipales, la Procuraduría
General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías Municipales
contribuirán al suministro de información que permita identificar zonas donde
presuntamente se ubiquen cuerpos o restos humanos de personas desaparecidas
forzadamente.
(Decreto 303 de 2015, artículo 31)
Artículo 2.2.2.1.32. Finalidad. Las autoridades de policía competentes en las áreas
geográficas identificadas, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación,
emprenderán acciones de coordinación que permitan la preservación y protección
de las áreas geográficas identificadas.
Para dar inicio a la coordinación de esas acciones, la Fiscalía General de la Nación
deberá suministrar previamente la identificación del área y la información geográfica
localizada sobre la cartografía básica, donde se señale la presunta ubicación de
cuerpos o restos humanos de personas desaparecidas forzadamente.
Parágrafo. En concordancia con lo consagrado en la Constitución Política, se
entiende por autoridad de policía competente en el área geográfica identificada el
gobernador o el alcalde.
(Decreto 303 de 2015, artículo 32)
Artículo 2.2.2.1.33. Coordinación de la protección de las áreas geográficas
identificadas. La autoridad de policía competente en el lugar objeto de
preservación y protección diseñará y definirá, en coordinación con la Fiscalía
General de la Nación, las autoridades civiles, indígenas, afrocolombianas, fuerza
pública y demás autoridades competentes en el área geográfica identificada, los
mecanismos de coordinación, estrategias, temporalidad de las medidas y
determinación de las autoridades responsables de ejecutar las acciones, en
consideración de las particularidades de cada caso.
Parágrafo. Las medidas de protección implementadas respetarán las disposiciones
constitucionales y legales de la protección diferencial a los pueblos y comunidades
indígenas, pueblos Rom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras.
(Decreto 303 de 2015, artículo 33)
Artículo 2.2.2.1.34. Medios de suministro de información. La Fiscalía General
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de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el
Consejo Superior de la Judicatura, en el marco del principio de colaboración
armónica, diseñarán conjuntamente y pondrán en funcionamiento una línea
telefónica gratuita y un aplicativo en sus páginas web institucionales, con el objeto
de que los familiares de víctimas, las organizaciones sociales, las unidades
académicas o cualquier persona, puedan suministrar información sobre el sitio
probable de ubicación de cuerpos o restos humanos de personas desaparecidas.
Para este propósito, las entidades descritas tomarán como referencia las
herramientas existentes, especialmente aquellas que se encuentren en
funcionamiento en la Fiscalía General de la Nación.
Parágrafo 1. Para el funcionamiento de las herramientas a que hace referencia este
artículo, las entidades enunciadas elaborarán un protocolo de recepción y
evaluación de la información que incorpore criterios de confidencialidad y seguridad.
Parágrafo 2. Las anteriores herramientas se establecen sin perjuicio de la
utilización y disposición de otros canales de comunicación con fines de recepción
de información.
(Decreto 303 de 2015, artículo 34)
Artículo 2.2.2.1.35. Remisión de la información. Las entidades responsables de
la línea telefónica gratuita y del aplicativo web se encargarán de remitir la
información recepcionada sobre la posible ubicación de cuerpos o restos humanos
de personas desaparecidas a la Sección de Análisis Criminal del Cuerpo Técnico
de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, o a quien haga sus veces, por
el medio más idóneo, oportuno y confidencial.
La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y las entidades que la
integran, al momento de recibir o conocer información sobre la posible ubicación de
cuerpos o restos humanos de personas desaparecidas, se encargarán de remitir la
información recepcionada a la Sección de Análisis Criminal del Cuerpo Técnico de
Investigación de la Fiscalía General de la Nación, o a quien haga sus veces, por el
medio más idóneo, oportuno y confidencial.
Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo anterior, todas las autoridades públicas del orden
nacional, departamental, distrital o municipal, que tengan conocimiento o
información de sitios o lugares donde se presuma la ubicación de cuerpos o restos
humanos de personas desaparecidas, deberán reportarlo inmediatamente a la
Sección de Análisis Criminal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía
General de la Nación, o a quien haga sus veces, por el medio más idóneo, oportuno
y confidencial.
Parágrafo 2. El Eje Temático de Desaparición y Desplazamiento Forzados de la
Fiscalía General de la Nación, o a quien haga sus veces, suministrará, a los
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familiares de las víctimas y a sus representantes acreditados ante la autoridad
competente a cargo de la investigación, información sobre el seguimiento y las
acciones a adelantar en el sitio probable de ubicación de su pariente desaparecido.
(Decreto 303 de 2015, artículo 35)
Artículo 2.2.2.1.36. Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente
capítulo se adoptarán las siguientes definiciones:
1. Cadáver. Hace referencia a un cuerpo humano sin vida en cualquier estado sea
fresco, descompuesto, conservado, momificado o adipocira, esqueletizado o
mixto, completo o incompleto. Para efectos jurídicos, y previo a su inhumación,
su deceso debe estar certificado por un médico o funcionario competente.
2. Osario Común o Fosa Común. Lugar donde se inhuman más de tres (3)
cadáveres que por diversas razones no tienen tumba o bóveda individual.
3. Tumba o Bóveda Múltiple. Lugar debidamente definido con capacidad para
inhumar hasta tres (3) cadáveres.
(Decreto 303 de 2015, artículo 36)
Artículo 2.2.2.1.37. Medidas generales para la preservación de cadáveres. Los
administradores de los cementerios de naturaleza pública, privada o mixta, con el
fin de preservar los cadáveres no identificados o identificados no reclamados,
deberán adoptar las siguientes medidas hasta que éstos sean entregados a sus
familiares:
1. Serán tratados respetuosamente y conforme a los principios de humanidad.
2. Serán inhumados de manera individualizada, garantizando en todo momento su
ubicación, custodia, recuperación y posterior individualización.
3. El cadáver será inhumado con todos los elementos asociados al mismo.
4. Serán inhumados o exhumados solo por orden de autoridad judicial competente.
5. Se prohíbe su cremación.
6. Se prohíbe su inhumación en osarios comunes o fosas comunes.
7. Se llevará documentación rigurosa sobre la ubicación del cadáver.
Parágrafo. Cada ente territorial, por intermedio de las Secretarías de Gobierno o,
en su defecto, por la autoridad de Gobierno correspondiente, asegurará el
cumplimiento de lo señalado en este artículo, e informará anualmente a la Comisión
de Búsqueda de Personas Desaparecidas sobre el seguimiento al mismo.
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(Decreto 303 de 2015, artículo 37)
Artículo 2.2.2.1.38. Obligación de realización de examen médico-legal. Se
prohíbe la inhumación de cadáveres no identificados sin la previa realización de la
respectiva inspección técnica, necropsia médico-legal y orden de autoridad judicial
competente, de acuerdo con lo establecido en la normatividad penal vigente.
(Decreto 303 de 2015, artículo 38)
Artículo 2.2.2.1.39. Examen médico-legal. La necropsia médico legal tiene como
fin determinar la causa, el mecanismo y la manera de muerte, y a fin de lograr la
posterior identificación del cadáver, los peritos forenses deberán obtener, como
mínimo y de acuerdo con el tipo de caso, la siguiente información: datos
bioantropométricos, edad, sexo, talla y ancestro; fotografía de filiación; reseña de
Iofoscopia forense; toma de muestras biológicas para identificación genética; carta
dental con fines de identificación forense; descripción detallada y registro fotográfico
del cuerpo, de las señales particulares, los objetos y prendas asociadas al mismo.
Parágrafo 1. Esta información será recaudada bajo los parámetros definidos en las
reglas del procedimiento penal sobre cadena de custodia y remitida a la autoridad
judicial competente, conforme a la normatividad penal vigente.
Parágrafo 2. Adicionalmente y de manera obligatoria, el funcionario que realice el
examen médico-legal ingresará al Registro Nacional de Desaparecidos toda la
información recaudada.
Parágrafo 3. La Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses mantendrán actualizados, de conformidad con los
avances científicos, técnicos y normativos, sus manuales de criminalística sobre la
información científica, con fines de identificación forense, que debe ser recaudada
antes de la inhumación del cadáver, y de identificación de cadáveres, referente a
los procedimientos con fines de identificación humana que deben ser aplicados
antes de la inhumación del cadáver no identificado. Estos documentos deberán
divulgarse ampliamente por medios idóneos.
Parágrafo 4. Las instituciones de educación superior, en el marco de su autonomía,
y en desarrollo de los programas académicos del área de la salud que hayan
decidido ofrecer, podrán fomentar que sus estudiantes se capaciten en la
elaboración de exámenes médico-legales, toma de muestras biológicas y
levantamiento de información relevante con fines de identificación.
(Decreto 303 de 2015, artículo 39)
Artículo 2.2.2.1.40. Conservación de los elementos asociados al cadáver no
identificado. Tanto el funcionario que realice el levantamiento o inspección del
cadáver, como el funcionario que realice el examen médico-legal, deberán llevar
una custodia rigurosa de todos los elementos asociados al cadáver no identificado,
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incluidas sus respectivas prendas de vestir y elementos asociados con el cuerpo,
los cuales serán entregados a la administración del cementerio bajo los parámetros
definidos en el procedimiento penal sobre cadena de custodia, debidamente
embalados, de forma que se garantice su conservación para posteriores fines de
identificación.
Adicionalmente, y de manera obligatoria, el funcionario que realice el examen
médico-legal ingresará al Registro Nacional de Desaparecidos toda la información
recaudada sobre los elementos asociados al cadáver.
(Decreto 303 de 2015, artículo 40)
Artículo 2.2.2.1.41. Lugares de inhumación. La alcaldía del municipio o distrito
donde es hallado el cadáver dispondrá de un lugar para la inhumación, conservación
y custodia de los cadáveres no identificados o identificados no reclamados.
Para este propósito, la respectiva alcaldía podrá celebrar acuerdos o convenios con
las administraciones de cementerios de naturaleza privada, conforme a las normas
vigentes de contratación pública.
(Decreto 303 de 2015, artículo 41)
Artículo 2.2.2.1.42. Centros de almacenamiento. Con el objeto de custodiar los
cadáveres no identificados o identificados no reclamados en reducción esquelética
provenientes de exhumaciones realizadas en cementerios o fosas clandestinas, la
alcaldía del municipio o distrito donde se realizó la exhumación del cadáver
dispondrá, en el marco de su autonomía, de centros de almacenamiento al interior
de los cementerios públicos municipales o distritales.
Para este propósito, la respectiva alcaldía podrá adelantar las acciones pertinentes,
con las administraciones de cementerios de naturaleza privada, conforme a las
normas vigentes de contratación pública.
La construcción, mantenimiento y administración de estos centros se realizará con
sujeción a la normatividad vigente y las disposiciones emitidas por el Ministerio de
Salud y Protección Social, en el marco de su competencia.
(Decreto 303 de 2015, artículo 42)
Artículo 2.2.2.1.43. Obligaciones de los administradores de los cementerios.
Los administradores de los cementerios de naturaleza pública, privada o mixta,
deberán tomar las siguientes medidas respecto de los cadáveres no identificados o
identificados no reclamados:
1. Las tumbas o bóvedas donde se inhumen cadáveres no identificados deberán
encontrarse debidamente marcadas y de acuerdo con los parámetros
establecidos en este capítulo.
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2. La elaboración de diagramas y planos sobre la ubicación exacta de las tumbas
o bóvedas.
3. El diligenciamiento de un libro de registro de inhumaciones, el cual deberá
mantenerse actualizado.
4. El mantenimiento y conservación de las tumbas o bóvedas.
5. En caso de hechos de alteración en la rotulación, profanación, destrucción,
desaparición o alteración de la integridad de la tumba o bóveda, se deberá
presentar la respectiva denuncia penal e informar de estos hechos al Registro
Nacional de Desaparecidos.
Parágrafo. Previo a la inhumación, los administradores de los cementerios deberán
registrar, en el libro de registro de cadáveres inhumados que debe llevar cada
cementerio, que con el cadáver se han inhumado todos los elementos asociados al
mismo, bajo los parámetros de la cadena de custodia.
Copia de este registro se remitirá al Registro Nacional de Desaparecidos.
(Decreto 303 de 2015, artículo 43)
Artículo 2.2.2.1.44. Inhumación de cadáveres en tumbas o bóvedas múltiples.
La inhumación de cadáveres en tumbas o bóvedas múltiples solo procede en
situaciones asociadas a desastres, que impliquen que la población se vea afectada
por el número de cuerpos en descomposición, declaratoria que será realizada por
la autoridad competente, acorde con la normatividad vigente.
Parágrafo. Respecto de las tumbas o bóvedas múltiples, los administradores de los
cementerios garantizarán que los cadáveres se ubiquen de manera individualizada,
de tal forma que esta individualización perdure a pesar de los cambios previsibles
producto del proceso de descomposición, y que sean embalados y colocados en un
orden reconocible, preferiblemente en hilera.
(Decreto 303 de 2015, artículo 44)
Artículo 2.2.2.1.45. Marcación de tumbas o bóvedas. La marcación de las tumbas
o bóvedas donde sean inhumados cadáveres no identificados o identificados no
reclamados deberá ser indeleble y permanente para facilitar su posterior ubicación
e incluirá la siguiente información:
1. Fecha de inhumación, el número del respectivo protocolo de necropsia o acta
de inspección o el número único de noticia criminal y el número de la tumba o
bóveda.
2. En el caso de cadáveres identificados no reclamados, además de la información
anterior, se incluirá el nombre completo del occiso.
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DECRETO NÚMERO
DE 2015
Continuación del Decreto “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
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Parágrafo. Los administradores de los cementerios garantizarán el mantenimiento
y conservación de la información consignada en las tumbas o bóvedas, y tendrán
en cuenta los requerimientos desarrollados por la Comisión de Búsqueda de
Personas Desaparecidas, acorde con lo consagrado en el parágrafo 1º del
artículo 11 de la Ley 1408 de 2010.
(Decreto 303 de 2015, artículo 45)
Artículo 2.2.2.1.46. Obligación de comunicar. Cuando el ingreso de los
cadáveres, no identificados o identificados no reclamados, no haya sido por
remisión de la Fiscalía General de la Nación o del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, los administradores de los cementerios deberán
informar inmediatamente de esta situación a las siguientes autoridades, a fin de que
se adelante el proceso de inspección técnica al cadáver, el examen médico-legal-y
demás procedimientos necesarios para recabar la información que permita su
posterior identificación:
1. Fiscalía General de la Nación.
2. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
3. Procuraduría General de la Nación o Defensoría del Pueblo o la respectiva
Personería.
(Decreto 303 de 2015, artículo 46)
Artículo 2.2.2.1.47. Libro de registro. Los administradores de los cementerios
mantendrán actualizado un libro de registro de los cadáveres no identificados o
identificados no reclamados que ingresen o sean inhumados en el cementerio, en
el cual conste de manera individualizada la información que permita su posterior
ubicación, incluyendo:
1. Fecha (hora, día, mes y año) del ingreso.
2. Nombre, cargo y firma del funcionario del cementerio que recibió el cadáver.
3. Identificación de la autoridad, cargo, nombre y firma del funcionario que entrega
al cementerio el cadáver y los elementos asociados al cuerpo, para su
inhumación.
Estos elementos se entregarán bajo los parámetros de cadena de custodia, y
se inhumarán con el cadáver bajo los mismos parámetros.
4. El número de marcación del cadáver o placa metálica del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses.
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DE 2015
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5. El número de la correspondiente necropsia practicada por el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o en su defecto, por un centro médico
oficial. En ausencia de lo anterior, el número del acta de inspección o el número
único de noticia criminal. En todos los casos se indicará cuál es el número
registrado.
6. El número de identificación de marcación de la tumba o bóveda donde ha sido
inhumado el cadáver, con la indicación de si se trata de una tumba o bóveda
individual o múltiple.
7. Para el caso de cadáveres que no han sido remitidos por la Fiscalía General de
la Nación o por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
indicación de las autoridades a las que se les comunicó el ingreso del cadáver
al cementerio, fecha y medio de comunicación utilizado.
8. Información sobre el traslado o cambio de ubicación del cadáver dentro del
cementerio, previa autorización emitida por la autoridad judicial competente.
9. Identificación de la autoridad, cargo, nombre y firma del funcionario a quien se
le entrega el cadáver y los elementos asociados al cuerpo, para los casos de
exhumación.
10. En caso de que posterior a su inhumación la autoridad competente comunique
la obtención de la identificación del cadáver, se registrará el nombre completo y
documento de identidad del occiso.
Parágrafo. Los administradores de los cementerios propenderán por sistematizar
la información a que hace referencia este artículo.
(Decreto 303 de 2015, artículo 47)
Artículo 2.2.2.1.48 Garantía de permanencia. La exhumación de los cadáveres no
identificados o identificados no reclamados solamente procederá previa
autorización emitida por la autoridad judicial competente.
(Decreto 303 de 2015, artículo 48)
Artículo 2.2.2.1.49 Seguridad. Cuando lo estimen conveniente, y a fin de garantizar
la custodia de las tumbas y/o bóvedas, los administradores de los cementerios, las
autoridades sanitarias, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de
la Nación, la Defensoría del Pueblo, la respectiva Personería y la Comisión de
Búsqueda de Personas Desaparecidas, podrán solicitar a las autoridades
competentes civiles, militares o de policía, la vigilancia de estos sitios de
inhumación.
(Decreto 303 de 2015, artículo 49)
Artículo 2.2.2.1.50 Seguimiento. Las autoridades sanitarias departamentales,
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municipales o distritales, en el marco de sus competencias y de acuerdo con la
normatividad vigente, vigilarán el cumplimiento de lo establecido en este Capítulo.
Cada ente territorial, por intermedio de las Secretarías de Gobierno o, en su defecto,
por la autoridad de Gobierno correspondiente, asegurará el cumplimiento de lo
señalado en este capítulo.
(Decreto 303 de 2015, artículo 50)
Artículo 2.2.2.1.51. Registro Nacional de Desaparecidos. A los efectos de
actualización del Registro Nacional de Desaparecidos, el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses podrá solicitar a los administradores de los
cementerios la remisión de la información relacionada con los cadáveres no
identificados o identificados no reclamados que se encuentren inhumados o bajo
custodia de sus cementerios.
(Decreto 303 de 2015, artículo 51)
Artículo 2.2.2.1.52. Transición. Se concede un término de dieciocho (18) meses,
contados a partir del 20 de febrero de 2015, para que los cementerios cumplan con
las disposiciones consagradas en los artículos 2.2.2.1.41, 2.2.2.1.43, 2.2.2.1.45 y
2.2.2.1.47.
(Decreto 303 de 2015, artículo 52)
Artículo 2.2.2.1.53. Declaración. El Gobierno Nacional, por intermedio de la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, en coordinación con el Centro de Memoria Histórica, declarará como
Santuario de la Memoria el lugar donde se presuma la existencia de cuerpos o
restos de las personas desaparecidas forzadamente, incluyendo los que por sus
condiciones geográficas y topográficas resulte imposible realizar exhumaciones,
para lo cual y de manera previa efectuará las siguientes actuaciones:
1. Recepcionará la información emitida por la Fiscalía General de la Nación
referente a la indicación del lugar donde presumiblemente se ubican cuerpos o
restos de personas desaparecidas forzadamente.
2. Solicitará a la alcaldía del municipio o distrito del respectivo lugar un estudio
sobre la naturaleza jurídica del predio y la titularidad del mismo, con el fin de
determinar las acciones a seguir que permitan la declaratoria como santuario
de la memoria.
3. Convocará a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y en caso
de ser posible su identificación y ubicación, a los familiares de las víctimas cuyos
cuerpos o restos humanos se encuentran presuntamente inhumados en el lugar,
con el objeto de acordar dicha declaratoria.
Parágrafo 1. La declaratoria de santuario de la memoria podrá llevarse a cabo una
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DECRETO NÚMERO
DE 2015
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vez sean agotadas, en el marco del Plan Nacional de Búsqueda, todas las acciones
técnicas e investigativas tendientes a la recuperación de los cuerpos o restos de
personas desaparecidas forzadamente allí inhumados.
Parágrafo 2. La declaración de que trata este artículo no exime a las autoridades
judiciales de continuar con las acciones que permitan la localización y exhumación
de los cuerpos o restos humanos de personas desaparecidas forzadamente.
Parágrafo 3. Cuando el lugar donde se presume la existencia de cuerpos o restos
humanos de personas desaparecidas forzadamente se ubique en territorio de
pueblos y comunidades indígenas, pueblos Rom, comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras y para los efectos de lo preceptuado en
este artículo, se tendrá en cuenta las consideraciones de las comunidades que se
encuentran en estos territorios.
(Decreto 303 de 2015, artículo 53)
Artículo 2.2.2.1.54. Monumento. El Gobierno Nacional, por intermedio de la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación Integral a las
Víctimas, en coordinación con el Centro de Memoria Histórica, los familiares de las
víctimas y la comunidad, definirán las características del monumento que se erigirá
en honor a las víctimas de desaparición forzada en los lugares declarados como
Santuarios de la Memoria, que tenga como propósito devolver la dignidad a las
personas desaparecidas y promover acciones que cumplan con el deber de
recordar.
Para este propósito, se convocará a la Comisión de Búsqueda de Personas
Desaparecidas y a un experto de conservación en restos humanos del Instituto
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
Parágrafo 1. En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, pueblos Rrom,
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y para los efectos de
lo preceptuado en este artículo, se tendrá en cuenta las consideraciones de las
comunidades que se encuentran en estos territorios.
Parágrafo 2. Los monumentos a que hace referencia este artículo, se erigirán con
cargo a los recursos del presupuesto de la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, conforme a disponibilidad
presupuestal.
(Decreto 303 de 2015, artículo 54)
Artículo 2.2.2.1.55. Preservación, mantenimiento y protección. La preservación,
mantenimiento y protección de los lugares declarados Santuarios de la Memoria,
así como de los monumentos que allí se erijan, será coordinada por la alcaldía del
municipio o distrito del lugar donde se ubiquen, quien podrá solicitar, cuando lo
considere conveniente, el apoyo de las autoridades de policía y militares.
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No se podrá intervenir o alterar las condiciones de los Santuarios de la Memoria,
salvo en los casos en que sea necesario para realizar actividades de localización o
exhumación de cuerpos o restos humanos. El incumplimiento de esta disposición
acarreará las sanciones previstas en la legislación penal vigente.
Parágrafo. Cuando los santuarios y monumentos se encuentren en territorios de
pueblos y comunidades indígenas, pueblos Rom, comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras y para los efectos de lo preceptuado en
este artículo, se tendrá en cuenta las consideraciones de las comunidades que se
encuentran en estos territorios.
(Decreto 303 de 2015, artículo 55)
Artículo 2.2.2.1.56. Placa conmemorativa. La autoridad competente a cargo de la
diligencia de entrega de cuerpos o restos humanos de víctimas identificadas,
comunicará la realización efectiva de dicha diligencia a la Secretaría de Gobierno
del municipio o distrito del domicilio de los familiares a quienes se les hizo la entrega,
dentro de los quince (15) días posteriores a su realización y por el medio que
considere más idóneo, dejando constancia en su respectivo despacho.
Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepción de la comunicación, la
Secretaría de Gobierno o quien haga sus veces, en el marco de su autonomía,
consultará a los familiares y obtendrá su consentimiento escrito a fin de ubicar, en
el lugar previamente determinado por la Alcaldía del municipio o distrito, con la
participación de los familiares, una placa conmemorativa en la cual se grabará: el
nombre de la persona, y en caso de estar disponible, la edad aproximada, el oficio,
el número de hijos y el nombre del grupo armado al que se le impute el hecho, texto
que será encabezado por la frase “Víctima de Desaparición Forzada” y finalizado
por la frase “Nunca Más”. Para los cuerpos que no puedan ser identificados
aparecerá la leyenda “persona no identificada”.
Parágrafo 1. La preservación, mantenimiento y protección de las placas estará a
cargo de la Alcaldía del municipio o distrito de ubicación de la misma, y concurrirán
para este efecto las autoridades civiles, de policía y militares competentes.
Parágrafo 2. La entrega de la placa se realizará en el marco de una ceremonia
pública que contará con la participación de los familiares, y tendrá una convocatoria
amplia, si la familia así lo desea.
Parágrafo 3. Cuando las placas se ubiquen en territorios de pueblos y comunidades
indígenas, pueblos Rom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y
palenqueras y para los efectos de lo preceptuado en este artículo, se tendrá en
cuenta las consideraciones de las comunidades que se encuentran en estos
territorios.
(Decreto 303 de 2015, artículo 56)
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Artículo 2.2.2.1.57. Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La
Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas velará por el cumplimiento de
las obligaciones previstas en este Capítulo, para lo cual solicitará informes
periódicos a las autoridades correspondientes, y llevará un registro público de los
lugares declarados como Santuarios de la Memoria, de los monumentos edificados
y de las placas conmemorativas ubicadas en homenaje a las víctimas de la
desaparición forzada.
El Gobierno Nacional en su conjunto impulsará y promoverá la participación de las
organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de los derechos humanos y
de los organismos internacionales acreditados en Colombia, en la supervisión de
los Santuarios de la Memoria, de los monumentos allí erigidos y de las placas
conmemorativas ubicadas.
(Decreto 303 de 2015, artículo 57)
Artículo 2.2.2.1.58. Conmemoración. En la última semana del mes de mayo, en el
marco de la Semana de los Detenidos-Desaparecidos, y el treinta (30) de agosto de
cada año, en el marco del Día Internacional de los Desaparecidos, las autoridades
nacionales, departamentales, municipales y distritales, en todos los niveles de la
administración pública, realizarán conferencias, talleres y jornadas de reflexión
sobre el derecho a la memoria, a la verdad, a la vida y al respeto por los derechos
humanos, como homenaje a las víctimas de desaparición forzada.
Las Secretarías de Gobierno departamentales, municipales y distritales velarán por
el cumplimiento de lo consagrado en este artículo, en los territorios de su
competencia.
(Decreto 303 de 2015, artículo 58)
Artículo 2.2.2.1.59. Difusión. La Comisión de Búsqueda de Personas
Desaparecidas articulará lo pertinente para desarrollar un documental sobre el
derecho a la memoria, a la verdad, a la vida y al respeto por los derechos humanos,
como homenaje a las víctimas de desaparición forzada, con la participación de la
Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), el cual se divulgará en las fechas
establecidas en este capítulo.
Para el diseño del contenido del material audiovisual, la Comisión de Búsqueda de
Personas Desaparecidas tendrá en cuenta los aportes de las organizaciones de
familiares, organizaciones defensoras de los derechos humanos y organismos
internacionales acreditados en Colombia.
(Decreto 303 de 2015, artículo 59)
Artículo 2.2.2.1.60. Medidas educativas. En las fechas establecidas en este
capítulo, y de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), en los
establecimientos educativos públicos y privados se realizarán foros, conferencias,
talleres y jornadas de reflexión sobre el derecho a la memoria, a la verdad, a la vida
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y al respeto por los derechos humanos, como homenaje a las víctimas de
desaparición forzada.
Adicionalmente, presentarán los resultados de los procesos pedagógicos
adelantados durante el año académico de los estudiantes, tendientes a promover la
restitución y el ejercicio pleno de los derechos, el desarrollo de competencias
ciudadanas y científico-sociales en los niños, niñas y adolescentes del país, y a
propender por la reconciliación y la garantía de no repetición de hechos que atenten
contra su integridad o violen sus derechos, en concordancia con lo establecido en
el numeral 7 del artículo 145 de la Ley 1448 de 2011.
Las secretarías de educación departamentales, distritales o municipales o, en su
defecto, la autoridad correspondiente, velarán por el cumplimiento de lo consagrado
en este artículo, en los territorios de su competencia.
Las medidas del presente artículo podrán integrarse como una de las actividades
de los proyectos pedagógicos transversales definidos por el artículo 2.3.3.1.6.3 del
Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Educación, o por las
normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.
(Decreto 303 de 2015, artículo 60)
CAPÍTULO 2
Víctimas de la Trata de Personas
Artículo 2.2.2.2.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto reglamentar las
competencias, beneficios, procedimientos y trámites que deben adelantar las
entidades responsables en la adopción de las medidas de protección y asistencia a
las personas víctimas del delito de la trata de personas.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 1)
Artículo 2.2.2.2.2. Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se
entenderá que:
1. Víctima. Es víctima directa del delito de trata contemplado en el artículo 3 de la
Ley 985 de 2005, aquella persona que haya sido captada, trasladada, acogida
o recibida en el territorio nacional o en el exterior, con el fin de obtener provecho
económico o cualquier otro beneficio para sí o para otras personas, con fines
de explotación, vulnerando su autonomía personal, conservando dicha calidad
aun cuando ésta haya dado su consentimiento. Se considera víctima indirecta
quien tenga vínculos en primer grado de consanguinidad o primero civil, o sea
cónyuge o compañero(a) permanente de la víctima directa de la trata de
personas, o de acuerdo con la relación de dependencia expresada por la
víctima, salvo cuando sea el presunto victimario. La condición de víctima se
adquiere independientemente de que se identifique, aprehenda, procese o
condene al autor o perpetrador del delito de la trata de personas y dicha
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conducta se ejecute individual o colectivamente.
Parágrafo. Cuando la víctima de la trata de personas pertenezca a algún grupo
étnico se deberá consultar previamente con las respectivas autoridades del grupo
al que pertenezca la víctima, con el objetivo de que en el proceso de asistencia y
protección al que hace referencia el presente decreto se respete su autonomía y
demás derechos establecidos en la Constitución Política y los Tratados
Internacionales, en virtud del Convenio N° 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de
1991 y demás normas que lo modifiquen, deroguen o sustituyan.
2. Trata externa: Se refiere a la trata de personas que involucra el desplazamiento
de la víctima con fines de explotación fuera del territorio nacional.
3. Trata interna: Se refiere a la trata de personas que involucra el desplazamiento
de la víctima con fines de explotación dentro del territorio nacional.
4. Repatriación: Es el proceso mediante el cual se realizan las gestiones
tendientes a lograr el retorno de la víctima al país de origen en condiciones de
seguridad y con el consentimiento de ésta.
5. Programas de asistencia y protección a víctimas de la trata de personas:
Corresponde al conjunto de medidas, mecanismos y proyectos a cargo de las
entidades con competencia en el tema, que están encaminados a garantizar la
prestación de servicios de protección y asistencia a las víctimas de la trata de
personas, así como a sus familiares hasta el primer grado de consanguinidad,
primero civil y al cónyuge o compañero (a) permanente.
6. Asistencia inmediata: Es aquella que se presta de manera urgente a la víctima
de la trata de personas, una vez se tiene conocimiento de su situación por la
autoridad competente.
7. Programa de asistencia inmediata: Es la acción del Estado encaminada a
garantizar, como mínimo, los siguientes servicios: retorno de las víctimas a su
lugar de origen, si éstas lo solicitan; seguridad, alojamiento digno, asistencia
médica, psicológica y material, e información y asesoría jurídica respecto de los
derechos y procedimientos legales a seguir en los términos del artículo 7 de la
Ley 985 de 2005.
8. Asistencia mediata: Es aquella que se presta a la víctima una vez ésta interpone
la denuncia ante la autoridad competente, brindándole la atención suficiente
tanto física, como mental y social, así como acompañamiento jurídico, para su
restablecimiento o estabilización integral.
9. Programa de asistencia mediata: Es el conjunto de medidas, mecanismos y
proyectos a cargo de las entidades con competencia en el tema, que están
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encaminados a garantizar la prestación de los servicios de la oferta institucional
para el restablecimiento de los derechos de las víctimas de la trata de personas.
El alcance de la asistencia mediata implica la coordinación y articulación
interinstitucional e intersectorial para prestar una atención adecuada.
10. Asistencia material: Comprende uno de los beneficios que se brindan a la
víctima en el programa de asistencia inmediata, tales como kit de aseo,
lavandería, alimentación, traslado desde o hacia su lugar de origen de
conformidad con los tratados,' transportes para trámites, trámite de
documentos, objetos tangibles que se entregan a la víctima, de acuerdo a su
necesidad primaria.
11. Asistencia médica y psicológica inmediata: Consiste en la valoración del estado
de salud física y mental que se realiza a la víctima en el territorio nacional,
encaminada a establecer su situación para determinar y realizar las acciones
de atención en salud con el fin de contrarrestar las afectaciones sufridas.
12. Asistencia médica y psicológica mediata: Consiste en la prestación de servicios
en salud física y mental a las víctimas de la trata de personas de acuerdo con
la normatividad vigente que regula el Sistema General de Seguridad Social en
Salud - SGSSS.
13. Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano: Es el proceso mediante el cual
se busca complementar la educación de la persona o prepararla para participar
en trabajos determinados. Reúne el conjunto de enseñanza de habilidades,
conocimientos, destrezas y técnicas, encaminadas a lograr un mejor
desempeño laboral, de acuerdo con los intereses y habilidades personales y los
requerimientos del mercado local.
14. Seguridad: Consiste en actividades de tipo preventivo y reactivo frente a
situaciones que pongan en riesgo la integridad física y psicológica de las
víctimas de la trata de personas, para lo cual se realizan acompañamientos con
policía hasta el arribo de la víctima a su lugar de origen y domicilio. Así mismo,
la policía del sector donde reside la victima efectúa revistas periódicas y
verificaciones de condiciones de seguridad con el propósito de conocer las
necesidades de seguridad y actuar en prevención.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 2)
Artículo 2.2.2.2.3. Principios. Son principios rectores en las competencias,
beneficios, procedimientos, trámites y demás acciones que sean pertinentes en la
ruta de atención y protección, los consagrados constitucionalmente y:
1. Buena Fe: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de lealtad, la cual se presumirá en todas las
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gestiones que se adelanten con relación a· los trámites y procedimientos
establecidos en el presente capítulo.
Dignidad: Las autoridades públicas y los particulares deberán garantizar el
derecho a la vida humana en condiciones dignas, como principio fundante de
todo ordenamiento jurídico, para lo cual propenderán porque las víctimas del
delito de trata de personas tengan la posibilidad de auto determinarse para el
desarrollo de su proyecto de vida.
Participación. Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a ser oídas y
participar en todo programa que se dirija a satisfacer el retorno, la seguridad, el
alojamiento, la asistencia médica y psicológica, la asesoría jurídica, la
educación, la capacitación y la búsqueda de empleo o la generación de
ingresos.
Intimidad. Las autoridades públicas adoptarán medidas para garantizar el
respeto del derecho a la intimidad de las víctimas y, por tanto, sólo podrán pedir
aquella información relativa a la vida privada de las personas cuyo conocimiento
resulte estrictamente indispensable para los fines establecidos en este capítulo.
Así mismo, comprende la obligación de las entidades y organismos de no
revelar información personal de la víctima, garantizando la protección a la
identidad.
Confidencialidad de la información. Las autoridades públicas adoptarán
medidas para garantizar la confidencialidad de la información proporcionada por
la víctima de la trata de personas y la obtenida en las acciones del programa de
asistencia y protección.
Interés superior de los niños, ras niñas y los adolescentes. Se entiende por
interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas
las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus
derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes.
Igualdad y no discriminación. Las autoridades públicas garantizarán la atención
y protección a las víctimas de la trata de personas sin distinción de raza, etnia,
identidad de. género, orientación sexual, cultura, edad, origen nacional, lengua,
religión, opinión política o filosófica, condición física, psicológica, social o
económica, entre otras, de tal manera que se deben abstener de realizar
cualquier comportamiento que tenga como objetivo o consecuencia crear un
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, en razón de ser
víctima de la trata de personas.
Información. Las víctimas del delito de la trata de personas, durante todas las
etapas del proceso de asistencia y protección, tendrán derecho al acceso a la
información, la cual deberá ser clara; completa, veraz y oportuna, teniendo en
cuenta las características individuales de cada persona en relación con sus
derechos, mecanismos y procedimientos contemplados en el presente capítulo
y que para su garantía debe considerar, entre otras, las siguientes situaciones:
8.1. Si la víctima se encuentra en el territorio de un país cuyo idioma no
comprende, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinará con las
entidades correspondientes para facilitar los mecanismos necesarios que
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garanticen la comprensión de la información.
8.2. Si la víctima es persona con discapacidad sensorial (auditiva, visual y/o
sordo o con ceguera), el Ministerio de Salud y Protección Social y/o las
Secretarías Departamentales y Distritales de Salud coordinarán con las
entidades correspondientes para facilitar los mecanismos necesarios que
garanticen la comprensión de la información.
Parágrafo 1. Cuando la víctima, por su condición de discapacidad mental o
cognitiva o afectación de su salud mental, como consecuencia del delito de la trata
de personas no tenga disposición plena de su voluntad para tomar decisiones
autónomas, las mismas serán adoptadas por sus familiares, representante legal,
judicial o quien haga sus veces, salvo cuando cualquiera de ellos sea el presunto
victimario; cuando la víctima o cualquiera de las personas antes mencionadas no
puedan decidir por ellas, lo hará la autoridad competente.
Parágrafo 2. Cuando se trate de un niño, niña o adolescente lo hará la autoridad
competente (Defensor de Familia, Comisario de Familia o Inspector de Policía), sin
perjuicio de que cuente con representante legal.
9. Corresponsabilidad. Todas las entidades estatales tanto del nivel nacional como
territorial tienen la responsabilidad de asistir integralmente a las víctimas de la
trata de personas conforme a sus competencias y responsabilidades.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 3)
Artículo 2.2.2.2.4. Competencia. Sin perjuicio de las atribuciones específicas que
les asignen la Constitución Política y la ley a otras entidades públicas, son
competentes para el desarrollo del programa de asistencia y protección a víctimas
de la trata de personas en cuanto a la gestión y ejecución, las siguientes:
1.












A nivel nacional:
Ministerio del Interior.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ministerio de Salud y Protección Social.
Ministerio de Trabajo.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF.
Policía Nacional - Interpol.
Fiscalía General de la Nación.
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
Defensoría del Pueblo.
Registraduría Nacional del Estado Civil.
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
- ICETEX.
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2. A nivel territorial:
Departamentos, distritos, municipios y sus entidades descentralizadas, en el ámbito
de sus competencias.
3. Organismos de control:
 La Defensoría del Pueblo adelanta acciones de gestión directa e inmediata con
las instituciones para asegurar el respeto por los derechos de las víctimas de la
trata de personas, así como su competencia en materia de asistencia jurídica;
 La Procuraduría General de la Nación vigila la acción de las instituciones que
tienen obligaciones frente a la asistencia de las víctimas de la trata de personas;
 Contraloría General de la República ejercerá, dentro del marco de sus
funciones, control expedito sobre la utilización de los recursos de la cuenta
especial destinada a la lucha contra la trata de personas.
4. Organismos que adelantan funciones de investigación, protección a víctimas y
testigos intervinientes en el proceso penal.
La Fiscalía General de la Nación, conforme a sus facultades legales, brindará
protección a testigos y víctimas de la trata de personas y a sus familiares hasta el
primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, primero civil, y al cónyuge,
compañero o compañera permanente, durante todo el proceso penal o mientras
subsistan los factores de riesgo que lo justifiquen.
5. Instancias que adelantan funciones en materia de coordinación y seguimiento:



Comité Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas.
Comités Departamentales, Distritales y/o Municipales de Lucha contra la Trata
de Personas y sus respectivas Secretarias Técnicas.
El Ministerio del Interior.
Estas responsabilidades deberán entenderse como interdependientes y necesarias
para la adecuada y efectiva prestación de los servicios que integran este programa.
Parágrafo. Sin perjuicio de las demás funciones establecidas en el artículo 15 de la
Ley 985 de 2005, a nivel nacional, el Comité Interinstitucional para la Lucha contra
la Trata de Personas será el ente encargado de efectuar el seguimiento y
coordinación de las medidas que se desarrollen dentro del programa de protección
y asistencia integral a las víctimas de la trata de personas. A nivel territorial, esta
función será desarrollada por los respectivos comités departamentales, distritales
y/o municipales.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 4)
Artículo 2.2.2.2.5. Iniciación programa de protección y asistencia inmediata.
Este programa inicia con la recepción de la información del caso, la cual puede
provenir de cualquier fuente; información que debe constituir indicio del cual se
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infiera la existencia de fines de explotación a una persona, y deberá contener los
datos necesarios para identificar a la víctima del delito de la trata de personas, para
cuyo efecto se diligenciará el formato de reporte de casos que diseñe el Ministerio
del Interior. La autoridad que reciba la información o la víctima diligenciará el formato
a que se refiere el inciso anterior y así mismo, le dará a conocer sus derechos y
deberes, sin perjuicio de trasladar la información al Ministerio del Interior y a la
autoridad que deba intervenir.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 5)
Artículo 2.2.2.2.6. Alcances del programa de protección y asistencia
inmediata. Este programa debe garantizar la prestación como mínimo de los
siguientes servicios: retorno de las víctimas a su lugar de origen si éstas lo solicitan,
seguridad, alojamiento digno, asistencia médica, psicológica, y material e
información y asesoría jurídica respecto de los derechos y procedimientos legales
a seguir en los términos del artículo 7 de la Ley 985 de 2005.
Parágrafo. La asistencia inmediata se prestará sin requisito previo de denuncia de
la víctima. En el evento que se llegare a comprobar que la víctima brindó información
falsa para ingresar a cualquiera de los programas aquí previstos, será investigada
conforme a las leyes. Así mismo, la autoridad que conozca del hecho informará a la
Fiscalía y demás autoridades competentes para que se inicie la investigación
correspondiente.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 6)
Artículo 2.2.2.2.7. Coordinación ante la noticia de una víctima de trata interna.
Cuando alguna entidad, en virtud de sus competencias, tenga conocimiento de una
víctima de la trata interna, informará inmediatamente al Ministerio del Interior, quien
deberá coordinar y articular con el respectivo comité departamental, distrital o
municipal para dar inicio al programa de protección y asistencia inmediata, conforme
a la ruta diseñada por el Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de
Personas. En aquellos municipios y distritos donde no se haya creado el respectivo
comité, asumirá la coordinación el comité departamental de la respectiva jurisdicción
y excepcionalmente el Comité Interinstitucional.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 7)
Artículo 2.2.2.2.8. Responsable de la repatriación. Corresponde al Ministerio de
Relaciones Exteriores, de acuerdo con las disposiciones de la Parte 2, Título 1,
Capítulo 9, Sección 1 del Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de
Relaciones Exteriores, proporcionar ayuda o socorro a un connacional colombiano
que así lo requiera, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 76 de 1993, 985 y
991 de 2005.
En el evento que la víctima mayor de edad no desee retornar al país de origen, o se
concluya que hacerlo constituye un riesgo extraordinario o extremo para su
integridad personal o la de su familia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través
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de las oficinas consulares respectivas, orientará a la víctima teniendo en cuenta que
son las autoridades locales del país donde ella se encuentre las competentes para
tomar decisiones migratorias, de acuerdo a su correspondiente legislación.
Para el caso de las personas mayores de edad con discapacidad mental o cognitiva
o que como consecuencia del delito de la trata de personas no tengan disposición
plena de su voluntad para tomar la decisión de retornar a su país de origen, ésta
será tomada por su curador, o en su defecto por sus padres o las personas
designadas por éstos, su cónyuge o compañero o compañera permanente, los
demás familiares en orden de proximidad, prefiriendo los ascendientes y colaterales
mayores, las personas designadas por el juez o el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.
En el caso de los niños, niñas y adolescentes se privilegiará su interés superior y su
condición de sujetos de derechos y, en consecuencia, se coordinará el traslado
inmediato con la Dirección General del ICBF, a través del delegado ante el Comité
Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 8)
Artículo 2.2.2.2.9. Repatriación de la víctima extranjera al país de origen.
Cuando la víctima de la trata de personas sea extranjera y haya sido trasladada a
Colombia, las autoridades competentes prestarán la protección y asistencia a que
hubiere lugar y gestionarán inmediatamente, en coordinación con el consulado del
respectivo país, el retorno a su lugar de origen.
En todo caso, se pondrá en conocimiento de la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia la situación particular del extranjero, con el fin de adelantar los
trámites correspondientes para regularizar su permanencia en el país y así proceder
con la salida a su país de origen; o en caso de ser su voluntad expresa de
permanecer en el territorio nacional se le dará la orientación e información adecuada
para su permanencia en el mismo de forma regular.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 9)
Artículo 2.2.2.2.10. Recepción de la víctima de trata externa. Consiste en el
conjunto de medidas tendientes a organizar y llevar a cabo el recibimiento de la
víctima a su llegada del extranjero. El Ministerio del Interior articulará la presencia
de la Policía Nacional, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, la
Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes que considere
necesario, según lo demande el caso particular. Estas medidas incluyen la
orientación básica acerca de sus derechos y deberes, según el contenido del
programa de asistencia y protección inmediata, en condiciones de confianza y
seguridad para la víctima.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.2.2.2.11. Expedición de la documentación para el retorno al lugar de
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origen. El Ministerio del Interior y las entidades territoriales, en el ámbito de sus
competencias, adelantarán ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, o el
Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de extranjeros, las gestiones
necesarias para la expedición, de manera prioritaria, de los documentos de
identificación de la víctima de la trata de personas, requeridos tanto para el retorno
a su lugar de origen como para el ejercicio de sus derechos.
En caso de trata externa, este trámite lo gestionará el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en cuanto se requiera para su retorno al país.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.2.2.2.12. Alojamiento digno. Consiste en garantizar a las víctimas, por
el término establecido en la asistencia inmediata, un espacio seguro y con
instalaciones cómodas para un hospedaje adecuado, el cual contará con recurso
humano especializado, cuando se requiera. En ningún caso, los alojamientos
pueden ser espacios que priven a las víctimas de su libertad. Este alojamiento
deberá contar con infraestructura de servicios básicos para una estadía digna.
El Ministerio del Interior será la entidad encargada de coordinar y articular con los
comités departamentales, distritales y/o municipales el ofrecimiento del alojamiento
digno a las víctimas del delito de la trata de personas, tanto interna como externa,
para cuyo efecto se podrán celebrar los convenios y/o contratos a que haya lugar,
bajo los principios de coordinación, concurrencia, corresponsabilidad y
subsidiaridad.
El Ministerio de Salud y Protección Social determinará las condiciones mínimas
encaminadas a proveer un alojamiento, digno a las víctimas. El seguimiento al
cumplimiento de tales condiciones estará a cargo de la secretaría técnica del comité
correspondiente.
En aquellos municipios y distritos donde no se haya creado el respectivo comité,
asumirá la coordinación el comité departamental de la respectiva jurisdicción y
excepcionalmente el Comité Interinstitucional, esto en concordancia con el artículo
2.2.2.2.34
(Decreto 1069 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.2.2.2.13. Servicio de transporte. El Ministerio del Interior, con cargo al
Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas de que trata la Ley 985
de 2005 y los artículos 2.7.1.3.1 al 2.7.1.3.6 o la norma que los modifique, derogue
o sustituya, o al rubro establecido para el efecto, destinará recursos para la
prestación del servicio de transporte a las víctimas de la trata de personas, ya sea
directamente o mediante contrato o convenio, a fin de brindar este servicio en los
traslados que deban realizar para efectos del desarrollo del programa de asistencia
inmediata y/o mediata.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 13)
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Artículo 2.2.2.2.14. Asistencia médica y psicológica inmediata. Cuando una
víctima ingrese al programa de asistencia y protección de que trata el presente
decreto y no se encuentre afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
contará con una valoración de su estado de salud física y mental, la cual será
brindada por la Institución Prestadora de Servicios de Salud que defina la entidad
territorial competente en coordinación con el Comité Departamental; Distrital o
Municipal de Lucha contra la Trata de Personas. Posterior a la atención inicial, y
una vez la víctima haya establecido su domicilio, se adelantará el procedimiento
establecido en el artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.
Si la víctima está afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la
atención se brindará por parte de la Institución Prestadora de Servicios de Salud
que determine la entidad promotora de salud en coordinación con el Comité
Departamental, Distrital o Municipal de Lucha contra la Trata de Personas.
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud no podrán imponer barreras
administrativas derivadas de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
El costo de la atención inmediata deberá ser asumido por la Entidad Promotora de
Salud a la que esté afiliada la víctima y, en caso de no estarlo, por la entidad
territorial hasta tanto se surta la afiliación al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, la cual deberá realizarse en los términos establecidos por la normatividad
vigente.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.2.2.2.15. Responsabilidad de la atención médica y psicológica en las
medidas de asistencia inmediata. La prestación de servicios de atención en salud
física y mental a las víctimas de la trata de personas estará a cargo de la Empresa
Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, o quien haga sus veces, del Sistema
General de Seguridad Social en Salud a la cual sea afiliada la víctima, de acuerdo
a las competencias institucionales establecidas en la normatividad vigente.
En caso de que la víctima de la trata de personas decida trasladarse a otro lugar, la
secretaría de salud municipal o distrital del lugar de recepción deberá coordinar con
el distrito o municipio del otro lugar a fin de garantizar la continuidad y oportunidad
en la prestación de los servicios de salud física y mental.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.2.2.16. Asesoría jurídica. La Defensoría del Pueblo, de acuerdo a sus
funciones, brindará a las víctimas, de manera gratuita, inmediata y especializada,
información, asesoría y orientación jurídica respecto de sus derechos y
procedimientos legales a seguir.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 16)
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Artículo 2.2.2.2.17. Iniciación de programas de protección y asistencia
mediata. Para la iniciación del programa de asistencia mediata se requiere, además
de haber culminado el programa de asistencia inmediata, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 2.2.2.2.37, que la víctima de la trata de personas y la
entidad o entidades que le brindarán la asistencia firmen una acta única en la cual
se determinen los objetivos de tal atención y los compromisos de la víctima, quien
deberá igualmente cumplir con los requisitos establecidos en el parágrafo primero
del artículo 7 de la Ley 985 de 2005. El Ministerio del Interior diseñará el modelo de
formato de acta de compromiso.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.2.2.2.18. Programa de asistencia mediata. El Ministerio del Interior y
los comités departamentales, distritales y/o municipales, a través de los alcaldes y
gobernadores, en su condición de presidentes, en conjunto con quien ejerza la
secretaría técnica de los mismos, tendrán a su cargo la articulación y coordinación
de las entidades encargadas de los programas de asistencia.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.2.2.2.19. Entidades competentes para la asistencia mediata. La
asistencia mediata estará a cargo de las entidades que conforman el comité
municipal de la entidad territorial en la cual se encuentre la víctima, y demás
organismos competentes, y en el evento que la atención y protección desborde las
capacidades de estas entidades y organismos se acudirá a las que conforman el
comité departamental.
En aquellos municipios donde se encuentra la víctima que no tengan conformado o
no esté activo el comité municipal, se acudirá al comité departamental.
Estas competencias estarán enmarcadas en los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.2.2.2.20. Asistencia médica y psicológica mediata. La prestación de
servicios en salud física y mental a las víctimas de la trata de personas interna y/o
externa se hará en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, de acuerdo con las competencias institucionales establecidas en la
normatividad vigente.
Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social actualizará los modelos y
protocolos de atención integral en salud a víctimas de violencia de género y sexual,
que incluirán las actuaciones de las instituciones de salud y de su personal para los
casos de la trata de personas.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 20)
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Artículo 2.2.2.2.21. Acompañamiento jurídico y representación judicial. La
asistencia jurídica y representación judicial a que tienen derecho las víctimas de la
trata de personas, estará en cabeza de la Defensoría del Pueblo del lugar en donde
éstas establezcan su domicilio.
La representación judicial de la víctima dentro de un proceso jurídico corresponde
a la Defensoría del Pueblo, a través de la designación de defensores públicos, para
que las represente judicial o extrajudicialmente en los procesos derivados de los
hechos constitutivos de la trata de personas, salvo que la víctima asuma su
representación por intermedio de un defensor de confianza.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 21)
Artículo 2.2.2.2.22. Educación. Se garantizará el acceso de las víctimas al sistema
educativo oficial, desde preescolar hasta la media. Las secretarías de educación de
las entidades territoriales certificadas organizarán la oferta educativa de manera que
desde los establecimientos educativos se ofrezcan modelos educativos pertinentes,
con el fin de posibilitar su acceso, adaptabilidad y continuidad en el sistema
educativo.
Parágrafo. Se priorizará a las víctimas del delito de trata de personas en las líneas
de créditos y subsidios ofrecidos por el ICETEX, en la medida que la implementación
de este Capítulo cuente con recursos adicionales que fortalezcan estos beneficios.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 22)
Artículo 2.2.2.2.23. Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Se
propenderá para que las víctimas del delito de trata de personas tengan acceso a
la oferta pública y privada de programas de capacitación y formación para el trabajo
y el desarrollo humano, con el fin de desarrollar en ellas las competencias
(habilidades, destrezas y conocimientos) que les permitan desempeñarse en una
actividad productiva bien sea como empleados o como trabajadores independientes
dueños de sus propios negocios.
En aquellas zonas del país donde no exista oferta de programas de capacitación y
formación para el trabajo y el desarrollo humano, o la misma sea insuficiente para
atender a esta población, las gobernaciones y alcaldías, con el apoyo técnico del
Ministerio de Trabajo y del SENA, gestionarán y apoyarán el diseño de los
programas, garantizando previamente su inclusión en los planes de acción anuales
que formula el comité departamental, distrital y/ o municipal respectivo.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.2.2.2.24. Responsabilidad en formación para el trabajo y desarrollo
humano. El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - en coordinación con el
Ministerio del Trabajo, serán los principales responsables de ofrecer cupos en los
programas de formación para el trabajo y desarrollo humano a las víctimas de la
trata de personas, tanto de sus cursos presenciales como de los cursos virtuales;
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certificar, si hay lugar a ello, las competencias y cualificaciones de la experiencia
laboral de las víctimas de la trata de personas; y asistirlas mediante la orientación
ocupacional apropiada a su condición. Las gobernaciones y/o alcaldías gestionarán
el acceso de la víctima a programas de formación para el trabajo y desarrollo
humano, en articulación con el Ministerio del Trabajo y los comités departamentales,
distritales y/o municipales para la lucha contra la trata de personas, o quien haga
sus veces.
Parágrafo. La acción estatal contra la trata de personas propenderá, dentro del
marco jurídico vigente, por el trabajo conjunto y armónico con organizaciones de la
sociedad civil y del sector privado en general, y en tal sentido, atendiendo lo
señalado en la Ley 985 de 2005, se evaluará la posibilidad de vincular a estas
organizaciones y al sector privado y productivo para efectos de promover la
integración e inserción laboral de las víctimas de la trata de personas a proyectos
productivos.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.2.2.2.25. Proyectos de generación de ingresos. Las gobernaciones y
alcaldías, con el apoyo técnico del Ministerio del Trabajo, las organizaciones de la
sociedad civil y el sector privado, promoverán la integración de las víctimas a
proyectos productivos o la vinculación a un empleo formal. El Ministerio del Trabajo
facilitará el acceso de esta población al Servicio Público de Empleo, de tal manera
que puedan recibir los servicios requeridos para una gestión de empleo que les
permita aumentar sus probabilidades de inserción en el mercado de trabajo.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 25)
Artículo 2.2.2.2.26. Asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes
víctimas del delito de trata de personas. Para la asistencia y protección de los
niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de trata de personas se aplicarán los
principios rectores previstos en el artículo 2.2.2.2.3 del presente decreto, los
consagrados en la Constitución Política, en la Ley 1098 de 2006 y demás normas
que garantizan la protección y restablecimiento de los derechos de esta población.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 26)
Artículo 2.2.2.2.27. Principio de corresponsabilidad. Se entenderá que en la
asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de trata
de personas se aplicará el principio de corresponsabilidad previsto en el artículo 10
de la Ley 1098 de 2006, con el fin de lograr la articulación y trabajo armónico de las
diferentes entidades del Estado para el cumplimiento de las medidas de asistencia
y protección que en beneficio de los niños, niñas y adolescentes tomen las
autoridades competentes, sin perjuicio de las competencias y funciones
constitucionales y legales propias de la familia, la sociedad y las entidades del
Estado.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 27)
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Artículo 2.2.2.2.28. Protección integral e interés superior. En los casos en que
la víctima sea un niño, niña o adolescente, los procedimientos, servicios, medidas y
demás acciones prevalente y legalmente establecidas para su protección y
asistencia, se adelantarán teniendo en cuenta los principios de protección integral
e interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, con sujeción a los
artículos 44 y 45 de la Constitución Política y el Código de la Infancia y Adolescencia
y demás normas pertinentes.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 28)
Artículo 2.2.2.2.29. Restablecimiento de derechos. En cuanto al restablecimiento
de derechos del niño, niña o adolescente, se deberán disponer las medidas de
protección respectivas, conforme al Capítulo II, Título II, Libro Primero del Código
de la Infancia y la Adolescencia, en atención a los lineamientos determinados por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así mismo, las demás entidades
competentes en el tema deberán implementar las acciones pertinentes para la
atención de esta población, en coordinación con el ICBF.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.2.2.2.30. Programa de asistencia y protección inmediata y mediata
a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas. Para la
asistencia y protección inmediata y mediata de los niños, niñas y adolescentes
víctimas de la trata de personas, la autoridad administrativa competente conforme
lo dispone el Código de la Infancia y la Adolescencia o las normas que lo modifiquen,
adicionen o deroguen, deberá adelantar el Proceso Administrativo de
Restablecimiento de Derechos, donde tomará las medidas de protección,
interpondrá las acciones judiciales pertinentes y garantizará la atención requerida
acorde con lo dispuesto en los lineamientos técnicos elaborados por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
Las entidades del Estado competentes para la garantía y restablecimiento de los
derechos de los niños· niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas,
deberán, en coordinación con el ICBF, implementar las acciones, medidas, planes
y proyectos necesarios para garantizar la asistencia y protección inmediata y
mediata.
Parágrafo. Cuando el niño, niña o adolecente es víctima de la trata en el territorio
nacional, en un municipio o departamento diferente al de su residencia habitual, el
ICBF gestionará su regreso inmediato y la autoridad administrativa competente
adelantará el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, donde
tomará las medidas de restablecimiento de derechos a que haya lugar y garantizará
que se brinde la asistencia y protección necesarias.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 30)
Artículo 2.2.2.2.31. Asistencia médica y psicológica en los servicios de
urgencia en el caso de niños, niñas y adolescentes. Cuando se trate de niños,
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niñas o adolescentes víctimas de la trata de personas, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, en coordinación con las entidades competentes, deberá
garantizar como mínimo asistencia médica y psicológica prestada por personas
especializadas, alojamiento temporal en lugares adecuados, reincorporación al
sistema educativo, asesoramiento jurídico durante todo el proceso legal a su
representante legal, y reintegración del niño, niña o adolescente previa valoración
del entorno familiar, con el propósito de evitar la revictimización del menor, dada su
vulnerabilidad, sus derechos y necesidades especiales.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 31)
Artículo 2.2.2.2.32. Asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes
colombianos víctimas de la trata de personas que se encuentran en territorio
extranjero. Cuando un niño, niña o adolescente colombiano víctima de la trata de
personas se encuentre en territorio extranjero, la Oficina Consular procurará su
seguridad e informará al Ministerio de Relaciones Exteriores y al ICBF para
gestionar las acciones tendientes a la repatriación; a su llegada al país deberá estar
presente la autoridad administrativa competente establecida en el artículo 96 de la
Ley 1098 de 2006 o un representante, quien lo recibirá.
Parágrafo. Una vez el niño, niña o adolescente víctima de la trata de personas se
encuentre en territorio nacional, corresponde a la autoridad administrativa
competente adelantar el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos,
donde tomará las medidas a que haya lugar, y garantizará que se brinde la
asistencia y protección necesaria.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 32)
Artículo 2.2.2.2.33. Asistencia y protección de los niños, niñas y adolescentes
extranjeros víctimas de la trata de personas que se encuentran en Colombia.
Cuando un niño, niña o adolescente extranjero víctima de la trata de personas se
encuentre en el territorio nacional, la autoridad que inicialmente tenga conocimiento
del hecho informará al ICBF, con el fin de que la autoridad administrativa
competente establecida en el artículo 96 de la Ley 1098 de 2006 adelante el Proceso
Administrativo de Restablecimiento de Derechos, tome las medidas de
restablecimiento de derechos a que haya lugar, garantice la asistencia y protección
necesarias, y gestione inmediatamente su repatriación a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en coordinación con el consulado del país de origen.
Parágrafo Cuando los niños, niñas y adolescentes extranjeros víctimas de la trata
de personas no cuenten con documento de viaje, el lCBF y el Ministerio de
Relaciones Exteriores coordinarán con el consulado del país de origen, para su
inmediata expedición.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.2.2.2.34. Comités departamentales, distritales y/o municipales. Los
comités departamentales, distritales y/o municipales tendrán las siguientes
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funciones:
1. Adoptar e implementar la ruta de protección y asistencia diseñada por el Comité
Interinstitucional para la Lucha contra la Trata de Personas.
2. Gestionar, en el ámbito de sus competencias, la asignación de recursos en el
presupuesto de la respectiva entidad territorial, destinados a la protección y
asistencia de víctimas de la trata de personas en su jurisdicción.
3. Presentar los informes y estadísticas requeridos por el Comité Interinstitucional
para la Lucha contra la Trata de Personas, sobre los casos atendidos
bimestralmente, en coordinación con el Ministerio del Interior; resaltando los
casos emblemáticos que permitan la retroalimentación, mejora e insumos para
el diseño de políticas públicas.
4. Promover ante los entes territoriales la celebración de convenios con
organizaciones no gubernamentales para la atención a las víctimas de la trata
de personas.
5. Hacer seguimiento a los casos de trata de personas ubicados en su jurisdicción,
informando de su avance a la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional
para la Lucha contra la Trata de Personas.
6. Incluir dentro de sus planes de acción los lineamientos de la Estrategia Nacional
contra la trata de personas y desarrollar acciones en concordancia con la
misma.
7. Conceptuar acerca del incumplimiento de la víctima a los compromisos
adquiridos e informar de ello al Ministerio del Interior.
8. Obrar de manera coordinada con el Comité Interinstitucional para la Lucha
contra la Trata de Personas.
9. Darse su propio reglamento.
Parágrafo 1. El Ministerio del Interior hará el seguimiento y evaluará el plan de
acción de los comités departamentales, distritales y/o municipales.
Parágrafo 2. En aquellos departamentos, distritos y municipios donde no se hayan
creado los respectivos comités de lucha contra la trata de personas, el Comité
interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas gestionará, en
coordinación con los gobernadores y alcaldes, su creación y puesta en
funcionamiento.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 34)
Artículo 2.2.2.2.35. Apropiación de recursos. Los gobernadores y alcaldes, en el
ámbito de sus competencias constitucionales y legales, gestionarán ante las
asambleas departamentales y concejos municipales y distritales la apropiación de
los recursos necesarios para la atención de las víctimas de la trata de personas.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 35)
Artículo 2.2.2.2.36. Reuniones de los comités departamentales, distritales y/o
municipales. Los comités se reunirán de manera ordinaria una vez cada dos meses
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y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan; de dichas reuniones
se dejará constancia en un acta firmada por todos los asistentes al comité.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 36)
Artículo 2.2.2.2.37. Duración de cada una de las etapas de asistencia. La
duración de cada una de las etapas será la siguiente.
Asistencia inmediata: Esta etapa tendrá una duración de hasta cinco (5) días
calendario, contados a partir del momento en que la víctima de la trata de personas
es acogida por el programa de asistencia inmediata. Este término podrá ser
prorrogado hasta por 5 días calendario más, en casos excepcionales, según lo
determine la autoridad a cargo de la asistencia, de lo cual deberá informar a
secretaría técnica del respectivo comité.
Asistencia mediata: Esta etapa tendrá una duración de hasta seis (6) meses,
contados a partir de la terminación de la etapa de asistencia inmediata; término que
podrá ser prorrogado para casos excepcionales hasta por un término de tres (3)
meses, según lo determine el Comité Interinstitucional, departamental, distrital o
municipal.
Parágrafo. En materia de atención en salud física y mental, la víctima, de acuerdo
al principio de continuidad, consagrado en la Ley 1438 de 2011, una vez haya
ingresado al Sistema General de Seguridad Social en Salud tiene vocación de
permanencia y no debe, en principio, ser separado del Sistema mismo cuando esté
en peligro su calidad de vida e integridad; de igual manera el derecho a la seguridad
social en salud es irrenunciable. En caso de que la víctima de la trata de personas
adquiera capacidad económica o sea vinculada laboralmente, deberá hacer
transición del Régimen Subsidiado al Régimen Contributivo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2.2.2.2.14 de este capítulo y en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 37)
Artículo 2.2.2.2.38. Seguimiento y evaluación. Implica la observación y
evaluación continua de los programas de asistencia en sus distintos componentes,
por parte de las entidades responsables, quienes deberán hacer seguimiento al
servicio prestado, desde el inicio del mismo hasta su finalización, de acuerdo con la
naturaleza de la asistencia y los términos establecidos en el artículo 2.2.2.2.37,
salvo los términos previstos en disposiciones especiales, e informarán de ello a la
secretaría técnica del respectivo comité departamental, distrital o municipal, y ésta
a su vez a la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Lucha contra
la Trata de Personas, información que estará sujeta a verificación.
Lo anterior, con el fin de que el Ministerio del Interior determine las fortalezas y
debilidades, y el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas programadas, y así
poder tomar los correctivos necesarios para mejorar, en este caso la asistencia
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brindada, si hubiere lugar a ello.
Las víctimas podrán participar en la evaluación de los programas de asistencia
brindados.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 38)
Artículo 2.2.2.2.39. Causales de terminación. Las entidades responsables de
brindar los programas de asistencia y protección mediata e inmediata tendrán en
cuenta las siguientes causales de terminación de éstos:
1. Por cumplimiento de los objetivos del programa de asistencia, teniendo en
cuenta los propuestos en cada una de las etapas, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 2.2.2.2.5 al 2.2.2.2.25.
2. Por renuncia voluntaria de la víctima en cualquier momento de la ejecución de
los programas de protección y asistencia, conforme a lo establecido en el
presente capítulo y salvo aquellos programas que sean irrenunciables de
acuerdo con la ley.
3. Cuando como resultado del proceso penal, en cualquier etapa, se establezca
que los hechos no constituían un delito de trata de personas o no era víctima
del mismo.
4. Por el incumplimiento de la víctima a los compromisos adquiridos en el
programa de asistencia mediata y según lo previsto en el artículo 2.2.2.2.17,
previo concepto del comité departamental, distrital o municipal respectivo.
Cuando el comité departamental, distrital o municipal tenga conocimiento de alguna
situación de incumplimiento de la víctima a los compromisos adquiridos, éste deberá
reunirse de manera extraordinaria y emitir un concepto al respecto e informar de ello
al Ministerio del Interior.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 39)
Artículo 2.2.2.2.40. No aceptación de beneficios. Cuando la víctima no se
acogiere a ninguno de los programas que el Estado brinda, deberá firmar un acta
en la cual, en lo posible, consten las razones de tal situación.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 40)
Artículo 2.2.2.2.41. Vigilancia, seguimiento y control. La Procuraduría General
de la Nación y la Contraloría General de la República, conforme a sus competencias
constitucionales y legales, vigilarán y harán seguimiento y control sobre las
actuaciones de las entidades e instituciones que intervengan en el desarrollo del
programa de protección y asistencia a víctimas de la trata de personas.
Parágrafo. Los funcionarios que de manera injustificada retarden, obstruyan, u
omitan el trámite o la decisión que les corresponda para el cumplimiento del
programa de protección y asistencia estarán sujetos a las sanciones disciplinarias,
de conformidad con lo establecido en el Código Disciplinario Único y demás normas
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complementarias.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 41)
Artículo 2.2.2.2.42. Recursos presupuestales. Para la ejecución de lo dispuesto
en este capítulo se contará con los recursos establecidos en el artículo 20 de la Ley
985 de 2005 y/o en el rubro asignado por el Ministerio del Interior con el presupuesto
de las entidades del orden nacional de conformidad con sus competencias en
atención a víctimas de trata de personas, y con los recursos que asignen los
departamentos, distritos y municipios en el marco de su autonomía administrativa y
presupuestal.
(Decreto 1069 de 2014, artículo 42)
TÍTULO 3
Convivencia Ciudadana
CAPÍTULO 1
Estatuto del Aficionado al Fútbol
Artículo 2.2.3.1.1 Objeto. Este capítulo del Aficionado al Fútbol en Colombia tiene
como finalidad promover la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol
profesional y aficionado en el país, así como la protección de los derechos de los
aficionados y el cumplimiento de sus deberes.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 1)
Artículo 2.2.3.1.2 Instancias competentes. La prevención de la violencia y la
promoción de la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol es una
responsabilidad del Estado, a través de las autoridades nacionales,
departamentales y municipales, de los organizadores del fútbol, por conducto de la
Federación Colombiana de Fútbol, Colfútbol, la División Mayor del Fútbol, Dimayor,
la División Aficionada del Fútbol, Difútbol, de las barras, de los aficionados, de los
medios de comunicación, así como de aquellos que de cualquier forma, promuevan,
organicen, coordinen o participen de los eventos deportivos.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 2)
Artículo 2.2.3.1.3 De la seguridad, comodidad y convivencia. Los clubes
organizadores de los partidos y las instituciones administradoras, propietarias o
encargadas de los estadios, en coordinación con las autoridades pertinentes, deben
garantizar condiciones de seguridad y comodidad para los asistentes a los eventos
deportivos, así como promover la convivencia entre los diferentes actores que
participan del evento de fútbol, de acuerdo con los lineamientos y directrices que se
emitan por la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el
Fútbol y las autoridades competentes.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 3)
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Artículo 2.2.3.1.4 De la aplicación. La Comisión Nacional de Seguridad,
Comodidad y Convivencia en el Fútbol y las comisiones locales de cada ciudad
deben desarrollar estrategias que permitan el efectivo cumplimiento de este
capítulo, de acuerdo con las competencias establecidas en la Ley 1270 de 2009.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 4)
Artículo 2.2.3.1.5 Definiciones. Para una correcta aplicación e interpretación de
este capítulo, se establecen las siguientes definiciones:
Aficionado al fútbol: Persona que pertenece a la afición de un club deportivo o al
fútbol como deporte y lo sigue con pasión y entusiasmo.
Es aquella persona que apoye o se asocie a cualquier organismo del deporte del
fútbol o entidad de práctica deportiva de fútbol y acompañe su práctica.
Barras organizadas: Se considera barra organizada, para los efectos de este
capítulo, el grupo de aficionados que se organice bajo cualquiera de las
modalidades legales vigentes, con el fin de apoyar el deporte del fútbol. Cualquiera
fuere el modelo de organización, la barra organizada debe contar con un
representante legal acreditado.
Barras populares: Se entiende por barras populares aquellos grupos de
aficionados que se ubican en tribunas reconocidas como tales e instauran en las
ciudades relaciones tendientes a fomentar las manifestaciones populares y
culturales específicas, tales como festejos y carnavales, entre otras.
Barrismo social: El barrismo social son acciones encaminadas a redimensionar las
formas de expresión y las prácticas de los integrantes de las barras de fútbol que
inciden negativamente en los ámbitos individual, comunitario y colectivo, y de
potenciar los aspectos positivos que de la esencia del barrismo deben rescatarse.
Esta propuesta se fundamenta en procesos formativos tales como el diálogo de
saberes, que recogen valores sociales, normas, creencias, ideales y sentimientos,
y le permiten a los barristas resignificar la realidad que los sumerge en su pasión
por el mundo del fútbol, y a asumir así su identidad como sujetos sociales y
participativos.
Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol: La
Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, es un
organismo asesor del Gobierno Nacional en la implementación de políticas, planes
y programas, así como en la ejecución de estrategias dirigidas a mantener la
seguridad, comodidad y convivencia en la organización y práctica de este
espectáculo deportivo.
Comisión Técnica para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el
Fútbol: Es un Grupo Técnico de Apoyo para la Comisión Nacional de Seguridad,
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Comodidad y Convivencia en el Fútbol conformado por un delegado de cada una
de las entidades que la integran, que tiene como fin actuar como instancia asesora
permanente de la mencionada comisión, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.2.3.2.5.
Principio de enfoque diferencial: Reconoce que hay poblaciones con
características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y
situación de discapacidad, el cual facilita la planeación, atención y apropiación
orientada a diferentes sujetos y colectivos, a partir de sus características y
necesidades propias.
Organizador: Se entiende por tal a los dirigentes, entre ellos los clubes
profesionales o aficionados, empresarios, empleados o dependientes de las
entidades que tengan bajo su cargo la organización, promoción y control de
cualquier tipo de espectáculo de fútbol.
Pilares del barrismo social: Los pilares para trabajar una política pública de
barrismo social en Colombia son los siguientes: Educativo, cultural, económico,
participativo, social, deportivo-recreativo y ambiental.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 5)
Artículo 2.2.3.1.6 Seguridad y comodidad de los aficionados. El aficionado tiene
derecho a la seguridad y a la comodidad en los lugares en los que son realizados
los eventos deportivos, antes, durante y después de la ejecución de los mismos.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 6)
Artículo 2.2.3.1.7 Instalaciones adecuadas. El aficionado tiene derecho a disfrutar
y contar con instalaciones deportivas adecuadas para todas las personas,
incluyendo las que se encuentren en situación de discapacidad, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1270 de 2009 y sus decretos reglamentarios y particularmente
lo dispuesto en el Capítulo 3 del presente Título y demás normas pertinentes.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 7)
Artículo 2.2.3.1.8 Ubicación de los aficionados. El aficionado tiene derecho a ser
ubicado en el escenario deportivo conforme lo indica la información registrada en la
boleta de ingreso al evento de fútbol. Los organizadores de los eventos de fútbol
profesional y aficionado y los clubes deportivos son los responsables de garantizar
la citada ubicación.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 8)
Artículo 2.2.3.1.9 Permanencia en el evento deportivo. El aficionado tiene
derecho a permanecer en el estadio o en las instalaciones deportivas donde se
realice el partido de fútbol hasta que el evento finalice por completo, salvo que el
mismo incurra en alguna infracción contemplada en la normatividad vigente.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 9)
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Artículo 2.2.3.1.10 Elementos de animación. Los aficionados tienen derecho a
ingresar al escenario deportivo los elementos de animación que hayan sido
previamente autorizados por la respectiva comisión local de seguridad, comodidad
y convivencia, los cuales deben estar expresos en los protocolos de seguridad y
convivencia establecidos en el Capítulo 3 del presente Título.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.2.3.1.11 De las quejas y reclamos. El aficionado tiene derecho a que
las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol
establezcan un mecanismo de recepción de quejas y reclamos, con ocasión del
evento deportivo y a que estas sean tramitadas y resueltas oportuna y
satisfactoriamente.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 11)
Artículo 2.2.3.1.12 Servicios sanitarios. El aficionado tiene derecho a que en
todas las tribunas existan servicios sanitarios suficientes, de acuerdo con el aforo
que presente el espectáculo. Dichos servicios deben ser cómodos y estar en
óptimas condiciones.
En caso de que una tribuna no cuente con los servicios sanitarios mencionados, la
comisión local de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol no podrá habilitar
esta tribuna hasta que los servicios mencionados se instalen debidamente.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.2.3.1.13 Servicios de alimentación e hidratación. El dueño o
administrador del escenario deportivo debe garantizar que en todas las tribunas
existan estaciones de suministro de alimentos y bebidas. El organizador del evento
deportivo debe habilitar los espacios de alimentación e hidratación mencionados.
La Secretaría de Gobierno local o quien tenga la competencia, verificará que los
precios de los alimentos y las bebidas guarden proporción con los valores del
mercado y, así mismo, se cumpla con las normas establecidas para la preparación
y manipulación de los alimentos, como también la presentación personal de sus
operarios.
En el evento que una tribuna no cuente con los servicios de alimentación e
hidratación mencionados, la comisión local de seguridad, comodidad y convivencia
en el fútbol no podrá habilitar esta tribuna hasta que los servicios mencionados se
instalen debidamente.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 13)
Artículo 2.2.3.1.14 Protocolo de manejo de estadio y barras. El aficionado tiene
derecho a que las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el
fútbol implementen y mantengan actualizado semestralmente el Protocolo de
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Seguridad y Convivencia y los Planes Tipo de Emergencia, Contingencia y
Evacuación, los cuales deben incluir la cuantificación y cualificación de los recursos
humanos, técnicos y logísticos necesarios para la realización de los eventos
deportivos.
Parágrafo 1. Para la implementación de los mismos, las comisiones locales de
seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol deberán tener en cuenta las
recomendaciones realizadas por la Comisión Técnica Nacional de Seguridad,
Comodidad y Convivencia en el Fútbol.
Parágrafo 2. El protocolo de Seguridad y Convivencia y los Planes Tipo de
Emergencia, Contingencia y Evacuación contarán con la firma del respectivo
alcalde, del comandante de la policía y del presidente del club o los clubes
profesionales de la localidad.
Parágrafo 3. Cuando no se cuente con el Protocolo de Seguridad y Convivencia y
los Planes Tipo de Emergencia, Contingencia y Evacuación, la comisión local de
seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol no podrá habilitar el escenario para
partidos con asistencia de público, hasta cuando esté debidamente aprobado, en
los términos que reglamenta este capítulo.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.2.3.1.15 Atención de emergencias. El aficionado tiene derecho a que
dentro del estadio exista servicio médico y paramédico, así como la logística y los
recursos estipulados por los planes tipo para atención y prevención de emergencias
aprobado por la comisión local de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol.
Las autoridades locales y los organizadores del evento deben garantizar que no
falte este servicio en ningún espectáculo deportivo.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.2.3.1.16 Publicación de información. El aficionado tiene derecho a
conocer el calendario y el sistema de juego del torneo de fútbol, Colfútbol, Dimayor
y Difútbol publicarán este documento en su página web oficial.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 16)
Artículo 2.2.3.1.17 Conocimiento de aficionados excluidos. El aficionado tiene
derecho a conocer de parte de las autoridades correspondientes, la relación de los
aficionados que no pueden asistir a los estadios, con antelación a la vigencia de la
sanción, y con indicación de la causal. La comisión local de seguridad, comodidad
y convivencia en el fútbol deberá hacer pública esta información e igualmente,
reportar a las demás ciudades para que las mismas hagan lo correspondiente.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 17)
Artículo 2.2.3.1.18 De las actas de las comisiones locales. El aficionado tiene
derecho a conocer las actas o apartes de las mismas, en las cuales se plasma lo
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ocurrido en las sesiones que semanalmente realizan las comisiones locales de
seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol y en las que se incluye la restricción
o no de la entrada de aficionados de cierto club al escenario deportivo, los elementos
que se permitirá ingresar al espectáculo, el horario en que se abrirán las puertas, el
dispositivo de seguridad establecido para el espectáculo, entre otras medidas que
se tengan previstas para el partido. La comisión local de seguridad, comodidad y
convivencia en el fútbol de la ciudad en que se realizará el partido, se encargará de
hacerlas públicas, mínimo con veinticuatro horas de anticipación al evento
deportivo.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 18)
Artículo 2.2.3.1.19 Seguridad y presencia policial y logística. El aficionado tiene
derecho a la seguridad dentro y fuera de los estadios y demás lugares de realización
de los partidos. Los aficionados tienen derecho a que dicha seguridad se garantice
con la presencia de la Policía Nacional y la logística dentro del escenario deportivo,
a cargo del organizador, quienes deben disponer de personal capacitado y
debidamente identificado.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 19)
Artículo 2.2.3.1.20 Venta oportuna de boletería. El aficionado tiene derecho a que
el club promueva la venta de entradas 72 horas antes del juego, y a que los precios
y los puestos de venta de la boletería sean publicados oportunamente en las
páginas oficiales de los clubes, con suficiente anterioridad.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 20)
Artículo 2.2.3.1.21 De los puestos de requisa. Los aficionados tienen derecho a
que las requisas que se realicen con ocasión al evento deportivo se hagan
respetando los principios de la dignidad humana y procuren por el respeto de la
tranquilidad y la comodidad del aficionado.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 21)
Artículo 2.2.3.1.22 De la violencia en el fútbol. El aficionado tiene derecho a que
la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, con la
participación de las respectivas comisiones locales, diagnostique las causas de la
violencia en el fútbol y proponga soluciones acordes con las expresiones del
barrismo social. El aficionado tiene derecho a que dicha Comisión Nacional recopile
los datos, las estadísticas y la información que resulte necesaria para formular las
políticas públicas que permitan alcanzar los fines propuestos y para que se
conforme un observatorio de la violencia y convivencia en el fútbol.
Las autoridades regionales y locales, especialmente, las comisiones locales de
seguridad, comodidad y convivencia en el futbol, tienen la obligación de participar
en la elaboración del diagnóstico de las causas de la violencia en el fútbol en su
jurisdicción, así como de diseñar estrategias para prevenir y atender las situaciones
que se deriven de la misma.
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Parágrafo 1o. Los aficionados y las barras tienen derecho a participar en la
conformación del observatorio de violencia y convivencia en el fútbol que deben
empezar a construir las autoridades locales, regionales y nacionales.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 22)
Artículo 2.2.3.1.23 Medidas de solución. El aficionado tiene derecho a pedir el
reporte de las medidas y actividades adelantadas por las autoridades competentes,
especialmente a las respectivas comisiones locales, de la implementación de las
medidas pedagógicas, los espacios de encuentro y reflexión en los que se estudien
los problemas sociales que afectan a la juventud e inciden negativamente en el
comportamiento de los aficionados y sus respectivas propuestas de solución a estos
problemas.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 23)
Artículo 2.2.3.1.24 Convivencia y participación. El aficionado tiene derecho a que
las autoridades locales, regionales y nacionales desarrollen actividades que
promuevan la convivencia, participación y el ejercicio de la ciudadanía acorde con
los pilares del barrismo social. Las comisiones locales de seguridad, comodidad y
convivencia en el fútbol, incluirán en su agenda, el diagnóstico de las causas de la
violencia en el fútbol en su jurisdicción y participarán en conjunto con la Comisión
Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol en el diseño de las
estrategias para prevenir y atender este fenómeno.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 24)
Artículo 2.2.3.1.25 Observatorio de violencia. El aficionado tiene derecho a que
la respectiva comisión local de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol
diseñe un mecanismo que permita construir una memoria de incidencias de
violencia asociada al futbol, con su respectivo archivo, donde esté recopilada
estadística y narrativamente las incidencias de comportamiento de los hinchas y sus
barras.
Igualmente, las comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el
fútbol promoverán la realización de investigaciones sociales acerca de la violencia,
como base del diagnóstico de la situación de la violencia asociada al fútbol en su
localidad.
La Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, será la
encargada de recopilar esta información y diseñar el Observatorio Nacional de
Violencia asociada al fútbol.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 25)
Artículo 2.2.3.1.26 Derecho de asociación. El aficionado tiene derecho a
asociarse en forma de barra organizada, cuyo delegado debidamente acreditado lo
represente ante las diferentes instancias e instituciones, en las condiciones que lo
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prevé la Ley 1270 de 2009 y demás normas pertinentes.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 26)
Artículo 2.2.3.1.27 Colaboración en prevención. El aficionado tiene el deber de
promover la convivencia en el fútbol y de colaborar en la prevención de los actos
ilícitos y violentos cometidos con ocasión del evento deportivo, especialmente los
actos de violencia entre aficionados.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 27)
Artículo 2.2.3.1.28 Registro de aficionados. El aficionado tiene el derecho de
registrarse ante el club de su preferencia o ante la Dimayor, según sea el caso.
Cuando se trate de aficionados asociados como barra organizada, su representante
legal deberá mantener el registro actualizado de sus asociados o miembros, el cual
deberá contener lo estipulado en el artículo 3º, numeral 4, de la Ley 1270 de 2009.
Este registro deberá hacerse en primera instancia ante el club de fútbol al cual
pertenece el aficionado o la barra y será deber de la Dimayor consolidar y mantener
actualizada la base de datos única nacional.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 28)
Artículo 2.2.3.1.29 De la promoción de la convivencia. Las barras organizadas y
populares, así como los aficionados, deben generar y apoyar la construcción de
acuerdos entre pares, con el propósito de minimizar los niveles de intolerancia no
solo durante el desarrollo de los partidos sino también durante los desplazamientos
entre ciudades e igualmente, en los días en los cuales no haya partidos, condiciones
estas que deben ser parte fundamental de los acuerdos.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 29)
Artículo 2.2.3.1.30 Condiciones de acceso y permanencia en el estadio. El
aficionado debe respetar las condiciones de acceso y permanencia en el recinto
deportivo, sin perjuicio de otras condiciones previstas en la ley o señaladas por las
comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol y ocupar el
sitio asignado en la tribuna.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 30)
Artículo 2.2.3.1.31 De los elementos de animación y el comportamiento en el
escenario deportivo. El aficionado debe respetar la normatividad que limita el porte
de objetos, bebidas o sustancias prohibidas o susceptibles de generar o posibilitar
la práctica de actos violentos; de dar consentimiento para la requisa personal de
prevención y seguridad; no portar o mostrar carteles, banderas, símbolos u otras
señales con mensajes incitadores de violencia, inclusive de carácter racista o
xenófobo; no entonar cánticos discriminatorios, racistas o xenófobos; no arrojar
objetos en el interior del recinto deportivo, salvo los que estén previamente
aprobados por la comisión local de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol;
no portar o utilizar fuegos artificiales o cualquier otro elemento no autorizado por las
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citadas comisiones.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 31)
Artículo 2.2.3.1.32 De la promoción de la convivencia. El aficionado, en aras de
promover la convivencia, se abstendrá de incitar o practicar actos de violencia en el
estadio o con ocasión del partido de fútbol, cualquiera que sea su naturaleza; y de
invadir o incitar la invasión de cualquier forma del área restringida a los
competidores.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 32)
Artículo 2.2.3.1.33 Desplazamientos seguros. Los aficionados y las barras deben
realizar los desplazamientos a otras ciudades en condiciones que garanticen la vida
e integridad de sus miembros y a través de un comportamiento que contribuya al
buen desarrollo de los partidos. Esto implica prevenir el ataque a vehículos que
transporten aficionados, el hurto de banderas o elementos de animación dentro y
fuera de los estadios y cualquier tipo de enfrentamiento. Igualmente, los aficionados
y las barras, sin perjuicio de los deberes y obligaciones propias de los
transportadores, velarán porque en los vehículos no se presente sobrecupo, no
viajen menores de edad sin tutoría cuando haya lugar a ello, ni se transporten
elementos prohibidos o se realicen conductas sancionables.
Parágrafo. Las barras deberán informar a las comisiones locales de seguridad,
comodidad y convivencia en el fútbol correspondientes, el trayecto, así como el
número de vehículos y aficionados que viajan a la ciudad del encuentro deportivo,
con el fin de que la Policía Nacional pueda realizar el acompañamiento
correspondiente para garantizar la seguridad de las barras organizadas que viajan
a diferentes ciudades del país.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 33)
Artículo 2.2.3.1.34 Sanciones por incumplimiento. El incumplimiento de lo
estipulado en el presente capítulo dará lugar a las sanciones previstas en las Leyes
1445 y 1453 de 2011, reglamentadas por el Decreto 079 de 2012 y demás normas
pertinentes.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 34)
Artículo 2.3.2.2.35 De las conductas que atentan contra la seguridad,
comodidad y convivencia con ocasión de los eventos deportivos. El aficionado
que incurra en conductas que atenten contra la seguridad, comodidad y convivencia
en los escenarios deportivos, o con ocasión de los partidos de fútbol, será
sancionado conforme a la ley.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 35)
Artículo 2.2.3.1.36 De la participación en las comisiones locales de seguridad,
comodidad y convivencia en el fútbol. La barra organizada de aficionados
debidamente inscrita ante su club, tendrá derecho a participar en las comisiones
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locales de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol, según lo previsto en la
Ley 1270 de 2009, a través de su delegado debidamente acreditado.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 36)
Artículo 2.2.3.1.37 De la política pública de barrismo social. El aficionado tiene
derecho a que el Gobierno Nacional gestione la formulación de una política pública
de barrismo social en el país, en la cual los aficionados tengan el derecho y el deber
de participar activamente.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 37)
Artículo 2.2.3.1.38 Plan Decenal. La Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad
y Convivencia en el Fútbol, con la participación de las comisiones locales,
promoverá la realización de un Plan Decenal para la Seguridad, Comodidad y
Convivencia en el Fútbol. El aficionado y las barras tienen derecho a participar en
la elaboración de dicho plan.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 38)
Artículo 2.2.3.1.39 Modelo de organización. La Comisión Nacional de Seguridad,
Comodidad y Convivencia en el Fútbol diseñará un modelo de organización para las
barras, de acuerdo con las disposiciones previstas en el numeral 5 del artículo 3º
de la Ley 1270 del 2009.
(Decreto 1007 de 2012, artículo 39)
CAPÍTULO 2
Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol
Artículo 2.2.3.2.1 Comisiones locales de seguridad, comodidad y convivencia
en el fútbol. Los Alcaldes de Distritos o Municipios, en donde se lleven a cabo
competencias de fútbol profesional, conformarán, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 7º de la Ley 1270 de 2009, las Comisiones Locales de Seguridad,
Comodidad y Convivencia en el Fútbol.
(Decreto 1267 de 2009, artículo 1)
Artículo 2.2.3.2.2 Sesiones. Una vez conformadas las respectivas Comisiones
Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, las mismas deberán
sesionar de manera ordinaria, una vez por semana.
(Decreto 1267 de 2009, artículo 2)
Artículo 2.2.3.2.3 Reporte de medidas adoptadas. Las Comisiones Locales de
Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en desarrollo de sus funciones,
deberán reportar mensualmente a la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad
y Convivencia en el Futbol, las medidas adoptadas en materia de seguridad,
comodidad y convivencia alrededor del fútbol profesional.
Parágrafo 1. Las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en
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DE 2015
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Administrativo del Interior”
el Fútbol, podrán solicitar asesoría al grupo técnico de apoyo a que se refiere el
artículo 2.2.3.2.5 del presente decreto.
Parágrafo 2. En todo caso, las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y
Convivencia en el Fútbol, reportarán acerca de las medidas adoptadas, de manera
extraordinaria, cuando sean requeridas por la Comisión Nacional.
(Decreto 1267 de 2009, artículo 3)
Artículo 2.2.3.2.4 Informes. Los informes de que trata el presente decreto deberán
ser remitidos a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Seguridad,
Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en cabeza de Coldeportes.
(Decreto 1267 de 2009, artículo 4)
Artículo 2.2.3.2.5 Grupo técnico de apoyo. La Comisión Nacional de Seguridad,
Comodidad y Convivencia en el Fútbol tendrá un grupo técnico de apoyo
conformado por un delegado de cada una de las entidades que lo integran con el
fin de actuar como instancia asesora, permanente de la Comisión Nacional.
(Decreto 1267 de 2009, artículo 5)
CAPÍTULO 3
Protocolo Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Futbol
Artículo 2.2.3.3.1. Adopción Protocolo. Adoptar el Protocolo Nacional para la
Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que figura como documento
anexo al presente Decreto.
(Decreto 1717 de 2010, artículo 1)
Artículo 2.2.3.3.2. Implementación. El Protocolo para la Seguridad, Comodidad y
Convivencia en el Fútbol, deberá ser implementado por las Comisiones Locales
para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol presididas por los
respectivos Alcaldes, quienes son jefes de la administración local, según lo
dispuesto por el artículo 314 de la Constitución Política.
(Decreto 1717 de 2010, artículo 2)
Artículo 2.2.3.3.3. Aplicación. El Protocolo para la Seguridad, Comodidad y
Convivencia en el Fútbol será implementado y ejecutado de forma inmediata, sin
perjuicio de señalar que, tal como lo establecía el Decreto 1717 de 2010, los
numerales 3.12, 3.13 y 3.17, debían ser implementados de forma progresiva y el
plazo máximo para su cumplimiento, aplicación y ejecución totales era el 31 de julio
del año 2011; y los numerales 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.14,
3.15, 3.16, 3.18, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.25, 4.4, 5.8.2 literal k) y 5.8.22.3 debían
ser implementados de forma progresiva y el plazo máximo para su cumplimiento,
aplicación y ejecución totales era el 31 de julio del año 2012.
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Continuación del Decreto “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior”
Parágrafo. La Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en
el Fútbol, evaluará el cumplimiento de las presentes disposiciones. En caso de
incumplimiento, la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia
en el Fútbol, previo concepto emitido por la Comisión Técnica para la Seguridad,
Comodidad y Convivencia en el Fútbol, recomendará al respectivo Alcalde, el cierre
temporal o definitivo del estadio que no ofrezca las condiciones mínimas de
seguridad requeridas para la realización del espectáculo deportivo.
(Decreto 1717 de 2010, artículo 3)
Artículo 2.2.3.3.4. Informe. Tal como lo establecía el Decreto 1717 de 2010, para
el 1° de febrero de 2011, cada Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y
Convivencia en el Fútbol, debía elaborar un informe en el que se muestre de forma
detallada el plan de implementación que se empleará para aplicar lo dispuesto en
el presente protocolo. Este informe debió ser dirigido por escrito a la Comisión
Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol.
En adelante, cada Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en
el Fútbol, deberá presentar un informe escrito semestral dirigido a la Comisión
Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en el que se
muestren los avances en la implementación de lo dispuesto este protocolo.
(Decreto 1717 de 2010, artículo 4)
PARTE 3
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN
TÍTULO 1
Asuntos Electorales
CAPÍTULO 1
Certificado Electoral
Artículo 2.3.1.1.1. Definición de Certificado Electoral. El Certificado Electoral es
un instrumento público que contiene la declaración del Presidente de la mesa de
votación, del Registrador Distrital o Municipal del Estado Civil o del Cónsul del lugar
donde se haya inscrito la cédula de ciudadanía, según sea el caso, en el sentido de
expresar que el ciudadano que en él aparece, cumplió con el deber de votar en las
elecciones correspondientes.
(Decreto 2559 de 1997, artículo 1)
Artículo 2.3.1.1.2. Alcance. El Certificado Electoral elaborado por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, que haya sido suscrito por el Presidente de la respectiva
mesa de votación, el Registrador Distrital o Municipal del Estado Civil o el Cónsul
del lugar donde se encuentre inscrita la cédula de ciudadanía, según sea el caso,
se podrá utilizar por una vez para cada beneficio consagrado en las Leyes 403 de
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Continuación del Decreto “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
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1997 y 815 de 2003.
(Decreto 2559 de 1997, artículo 2; Decreto 2616 de 2003, artículo 25)
Artículo 2.3.1.1.3. Certificado electoral sustitutivo. Conforme lo establece el
artículo 4º de la Ley 403 de 1997, el certificado electoral sustitutivo, es un
instrumento público que contiene la declaración del Registrador Distrital o Municipal
del Estado Civil o del Cónsul del lugar donde está inscrita la cédula de ciudadanía,
que encuentra justificada y aceptada la abstención electoral en los comicios
correspondientes, por parte del ciudadano que en él aparece.
Parágrafo. Solamente se aceptará la justificación de abstención electoral, cuando
el ciudadano, dentro de los 15 días siguientes, acredite de manera fehaciente
razones de fuerza mayor o caso fortuito.
(Decreto 2559 de 1997, artículo 3)
Artículo 2.3.1.1.4. Efectividad de los beneficios. Para el votante, los beneficios
establecidos en la Ley 403 de 1997 sólo podrán hacerse efectivos a partir de la
entrega del Certificado Electoral o del Certificado Electoral Sustitutivo, por parte de
la autoridad electoral correspondiente.
(Decreto 2559 de 1997, artículo 4)
Artículo 2.3.1.1.5 De los certificados. La Registraduría Nacional del Estado Civil
señalará, mediante resolución de carácter general, los requisitos que deberán
contener los certificados electorales y pondrá a disposición de la autoridad electoral
correspondiente, un número de formatos igual al que corresponda al registro de
votantes en la respectiva mesa de votación o Consulado, según sea el caso, los
cuales deberán contener como mínimo los siguientes datos: el Departamento,
Municipio, Corregimiento, Inspección de Policía o Consulado, zona, puesto, mesa,
la fecha de las elecciones y su número de cédula de ciudadanía. El certificado
electoral no contendrá el nombre del ciudadano.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, pondrá a disposición de los
Registradores Distritales o Municipales, o de los Cónsules del país los formatos para
la expedición del Certificado Electoral Sustitutivo, de conformidad con la cifra que
para el efecto le informen los respectivos registradores o cónsules.
(Decreto 2559 de 1997, artículo 5; Decreto 1355 de 2000, artículo 1)
Artículo 2.3.1.1.6. Procedimiento. Una vez el Presidente del Jurado haya
registrado que el ciudadano ha votado en los términos del artículo 114 del Decreto
2241 de 1986, procederá a firmar y entregar el certificado electoral al respectivo
titular.
El jurado de votación deberá depositar en el sobre correspondiente los formatos que
no hayan sido utilizados para el efecto y entregarlos a los funcionarios delegados
de la Registraduría.
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Si el certificado electoral no es reclamado por el elector en la mesa de votación,
podrá solicitarlo en la Registraduría Distrital o Municipal del Estado Civil o en el
Consulado del lugar donde tenga inscrita la cédula de ciudadanía, en donde también
se expedirán las copias adicionales solicitadas.
(Decreto 2559 de 1997, artículo 6)
CAPÍTULO 2
Estudiantes de Educación Superior Jurados de Votación
Artículo 2.3.1.2.1 Lista de estudiantes. Los representantes legales de las
Instituciones de Educación Superior, previa solicitud por parte de los Registradores
Distritales, Municipales y Auxiliares, deberán enviar la lista de los estudiantes
matriculados, mayores de dieciocho (18) años, para que presten el servicio como
jurados de votación.
La lista que remita la Institución de Educación Superior deberá contener el nombre
completo, el número de cédula de ciudadanía y la dirección de residencia de cada
estudiante.
(Decreto 1794 de 2007, artículo 1)
Artículo 2.3.1.2.2 Capacitación. La Registraduría Nacional del Estado Civil y los
Rectores de las Instituciones de Educación Superior, establecerán de manera
conjunta los programas de capacitación de los estudiantes para que desempeñen
eficazmente la labor como jurados de votación.
(Decreto 1794 de 2007, artículo 2)
CAPÍTULO 3
Número de Representantes a la Cámara por Circunscripciones Territoriales y
Circunscripciones Especiales
Artículo 2.3.1.3.1. Número de Representantes a la Cámara por Circunscripción
Territorial. En las elecciones que se realicen el próximo 9 de marzo de 2014, cada
Departamento y el Distrito Capital de Bogotá, elegirá el número de Representantes
a la Cámara que a continuación se señala:
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Bogotá, D. C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
2 (Dos)
17 (Diecisiete)
2 (Dos)
7 (Siete)
2 (Dos)
18 (Dieciocho)
6 (Seis)
6 (Seis)
5 (Cinco)
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Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Chocó
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vaupés
Vichada
(Decreto 2897 de 2013, artículo 1)
2 (Dos)
2 (Dos)
4 (Cuatro)
4 (Cuatro)
5 (Cinco)
7 (Siete)
2 (Dos)
2 (Dos)
2 (Dos)
4 (Cuatro)
2 (Dos)
5 (Cinco)
3 (Tres)
5 (Cinco)
5 (Cinco)
2 (Dos)
3 (Tres)
4 (Cuatro)
7 (Siete)
3 (Tres)
6 (Seis)
13 (Trece)
2 (Dos)
2 (Dos)
Artículo 2.3.1.3.2. Circunscripciones especiales. En las elecciones que se
realicen el próximo 9 de marzo de 2014, se elegirán cinco (5) Representantes a la
Cámara distribuidos así: dos (2) por la circunscripción de las comunidades afrodescendientes, uno (1) por la circunscripción de las comunidades Indígenas, y dos
(2) por la circunscripción internacional. En esta última, solo se contabilizarán los
votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el
exterior.
(Decreto 2897 de 2013, artículo 2)
CAPÍTULO 4
Circunscripción Internacional para la Cámara de Representantes
Artículo 2.3.1.4.1. Elector. Para efectos de este decreto, se considera elector al
ciudadano colombiano mayor de dieciocho (18) años que resida en el exterior y que
se encuentre incorporado en el censo electoral respectivo.
(Decreto 11 de 2014, artículo 1)
Artículo 2.3.1.4.2. Requisitos para ser elector. Para ejercer el derecho al voto en
el exterior, los ciudadanos deberán:
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1. Inscribirse previamente para votar según los requisitos establecidos en el
artículo 2.3.1.5.3.
2. En el momento de ejercer el derecho al sufragio deberán presentar la cédula de
ciudadanía.
3. Estar en pleno uso de sus derechos políticos, conforme la legislación nacional.
(Decreto 11 de 2014, artículo 2)
Artículo 2.3.1.4.3. De la inscripción de los colombianos residentes en el
exterior. Para la inscripción de los ciudadanos colombianos residentes en el
exterior, con el fin de ejercer el derecho al voto en las elecciones para el Congreso
de la República, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
Para los colombianos residentes en el exterior a los cuales sea posible tomarles
impresiones dactilares:
1. Diligenciar el formulario a través de los medios físicos o electrónicos
establecidos para tal fin.
2. Formalizar la inscripción personalmente en la sede de la Embajada, Consulado
o Consulado ad honórem, enrolando la huella digital, presentando para ello la
cédula de ciudadanía válida o pasaporte vigente. Si no es posible tomar la huella
del índice derecho se deberá probar con cada uno de los diez (10) dedos hasta
poder capturar la impresión dactilar, dejando la debida anotación.
Para los colombianos residentes en el exterior a los cuales no sea posible tomarles
impresiones dactilares:
3. La Registraduría Nacional del Estado Civil pondrá a disposición del Ministerio
de Relaciones Exteriores (Embajadas y Consulados de Colombia) los
formularios necesarios para elaborar la inscripción manualmente e impartirá las
instrucciones pertinentes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 8 de
enero de 2014.
Parágrafo. La presentación personal aquí ordenada se cumplirá ante el funcionario
de la Embajada o Consulado correspondiente, quien expedirá el comprobante de la
inscripción donde conste el número de la cédula inscrita y el número del puesto de
votación.
(Decreto 11 de 2014, artículo 3)
Artículo 2.3.1.4.4. Acceso a la información electrónica. Tanto la Registraduría
Nacional del Estado Civil como las Embajadas u Oficinas Consulares de Colombia
deberán contar con acceso a la información registrada electrónicamente.
(Decreto 11 de 2014, artículo 4)
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Artículo 2.3.1.4.5. Periodo de inscripción. A partir del 8 de enero de 2014 y hasta
la fecha que indique la Registraduría Nacional del Estado Civil, la inscripción se
llevará a cabo en el horario hábil establecido, previo diligenciamiento del formulario
a través de los medios físicos o electrónicos establecidos para tal fin.
(Decreto 11 de 2014, artículo 5)
Artículo 2.3.1.4.6. Actualización del censo electoral. Para la actualización y
conformación del censo electoral de los ciudadanos colombianos inscritos en el
exterior, cada Embajada, Oficina Consular y Consulado ad honórem enviará las
inscripciones adelantadas manualmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil
quien las ingresará a la base de datos establecida para tal fin.
Parágrafo. De las listas de los inscritos, cada Embajada y/u Oficina Consular
deberá enviar, una vez diligenciado la totalidad del formulario, copia digitalizada
para el procesamiento de la inscripción y al día siguiente del cierre de inscripción de
cédulas de ciudadanía (2 meses antes de la respectiva elección). Estos formularios
originales deberán ser remitidos en un solo envío diplomático a la Registraduría
Nacional del Estado Civil guardando el archivo de la imagen digitalizada.
(Decreto 11 de 2014, artículo 6)
Artículo 2.3.1.4.7. Conjunto de elementos y documentos para la jornada
electoral. La Registraduría Nacional del Estado Civil de acuerdo con la información
registrada en la base de datos de inscripción de votantes, enviará la tarjeta electoral
con el conjunto de elementos y documentos necesarios para la realización de la
jornada electoral en el exterior, con una antelación mínima de ocho (8) días al inicio
de la jornada electoral, a las Embajadas, Oficinas Consulares y Consulados ad
honórem.
(Decreto 11 de 2014, artículo 7)
Artículo 2.3.1.4.8. Divulgación y publicidad del calendario y el proceso
electoral. El calendario y proceso electoral serán establecidos por la Registraduría
Nacional del Estado Civil. Una vez establecidos el calendario y el proceso electoral,
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores a
través de sus páginas web (incluidas las de las Embajadas y oficinas consulares),
o los medios que dispongan las Embajadas y Oficinas Consulares, divulgará tanto
el calendario como el proceso.
(Decreto 11 de 2014, artículo 8)
Artículo 2.3.1.4.9. Comunicación de las elecciones al Estado receptor. La
comunicación de las elecciones al Estado Receptor se hará de la siguiente manera:
1. Los Embajadores mediante nota diplomática informarán al Estado Receptor con
una antelación no inferior a los cuarenta y cinco (45) días calendario, acerca de
las elecciones indicando el calendario electoral y en la misma solicitarán
autorización para su realización.
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Continuación del Decreto “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
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2. Las Oficinas Consulares y Consulados ad honórem deberán comunicar con una
antelación de treinta (30) días calendario, la realización de las elecciones a las
autoridades competentes de su circunscripción, así como la ubicación de las
diferentes mesas de votación.
3. Se solicitará colaboración a las autoridades locales del Estado receptor, para
efectos del mantenimiento del orden público en el perímetro del lugar de
realización de la votación, antes, durante y después de la jornada electoral.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo indicado en el presente artículo, la jornada electoral
deberá respetar los procedimientos y mecanismos establecidos por parte del Estado
Receptor.
(Decreto 11 de 2014, artículo 9)
Artículo 2.3.1.4.10. Tarjeta electoral. La tarjeta electoral corresponderá al modelo
diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
(Decreto 11 de 2014, artículo 10)
Artículo 2.3.1.4.11. Jurados de votación. Los jurados en el exterior serán
designados por el Embajador, Jefe de Oficina Consular y Cónsul ad honórem a
razón de dos (2) principales y dos (2) suplentes, con el fin de garantizar una
presencia mínima durante el día de (2) jurados por mesa. Los principales podrán
convenir con los suplentes el cumplimiento de la función alternándose entre sí.
Parágrafo 1°. Solo cuando no haya sido posible cubrir la totalidad de las mesas de
votación con los ciudadanos colombianos residentes en las localidades donde se
encuentren los puestos de votación, los Embajadores y Cónsules podrán designar
como jurados de votación a servidores públicos que presten sus servicios en la
Embajada o en la Oficina Consular, salvo que estos cumplan funciones electorales.
Quedan igualmente excluidos para ejercer como jurados de votación las personas
señaladas para el efecto en el artículo 104 del Código Electoral.
Parágrafo 2°. Los ciudadanos elegidos como jurados principales y suplentes no
podrán ser mayores de sesenta (60) años.
Parágrafo 3°. Los jurados de votación designados por el Embajador, Jefe de Oficina
Consular o Consulado ad honórem, podrán ser designados para cada día de la
jornada electoral.
(Decreto 11 de 2014, artículo 11)
Artículo 2.3.1.4.12. Designación de testigos electorales. Para garantizar la
transparencia de las votaciones, los partidos o movimientos políticos con o sin
personería jurídica, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que
inscriban candidatos a corporaciones públicas o promuevan el voto en blanco, que
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Continuación del Decreto “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
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hayan inscrito candidatos, tendrán derecho a presentar ante los Embajadores y
Jefes de Oficina Consular de Colombia en el exterior, listas de personas de
reconocida honorabilidad para que actúen como testigos electorales a razón de uno
(1) por cada mesa de votación para cada día en que se cumplan las votaciones.
Parágrafo. La acreditación de los testigos electorales se surtirá conforme a lo
establecido en las resoluciones que para el efecto expida el Consejo Nacional
Electoral, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 1475 de 2011.
(Decreto 11 de 2014, artículo 12)
Artículo 2.3.1.4.13. Facultades para la habilitación de puestos de inscripción.
Facúltese a los Embajadores, Jefes de Oficina Consular y Cónsules ad honórem de
Colombia acreditados ante otros Estados, para habilitar puestos de inscripción en
las sedes diplomáticas, oficinas consulares y oficinas donde habitualmente prestan
sus servicios los consulados ad honórem.
(Decreto 11 de 2014, artículo 13)
Artículo 2.3.1.4.14. Facultades para la habilitación de puestos de votación.
Facúltese a los Embajadores y Jefes de Oficina Consular de Colombia acreditados
ante otros Estados, para habilitar puestos de votación en las sedes diplomáticas y
consulares o en los sitios donde autorice la Registraduría Nacional del Estado Civil,
en los cuales los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior
puedan participar en las elecciones para la Cámara de Representantes del
Congreso de la República.
Parágrafo. Los Consulados Ad honorem, en virtud de su función de colaboración,
estarán facultados para habilitar puestos de votación el día domingo en las sedes
donde habitualmente atienden al público.
(Decreto 11 de 2014, artículo 14)
Artículo 2.3.1.4.15. Duración de la jornada electoral. La jornada electoral se
desarrollará durante la semana anterior a la elección en el territorio nacional de
lunes a domingo únicamente en la mesa de votación establecida para tal fin ubicada
en las instalaciones de las Embajadas y/u Oficinas Consulares, sin perjuicio de lo
establecido en el parágrafo del artículo precedente.
(Decreto 11 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.3.1.4.16. Conformación de la circunscripción internacional. La
Circunscripción Internacional estará conformada por los colombianos residentes en
el exterior y que hagan parte del censo electoral, podrán elegir el número de curules
que se determinen por la Constitución Política para la Cámara de Representantes.
En tal circunscripción, solo se escrutarán los votos depositados fuera del territorio
nacional por ciudadanos residentes en el exterior, previamente inscritos en el censo
electoral correspondiente.
(Decreto 11 de 2014, artículo 16)
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Artículo 2.3.1.4.17. Representantes a la cámara por la circunscripción
internacional. Para ser elegido Representante a la Cámara a través de la
Circunscripción Internacional se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio,
tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección y demostrar ante las
autoridades una residencia mínima en el extranjero de cinco (5) años continuos,
contados dentro del término de los últimos diez (10) años previos al día de las
elecciones.
Parágrafo. Para efectos del presente artículo, entiéndase por residencia el lugar
donde una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión
u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo.
(Decreto 11 de 2014, artículo 17)
Artículo 2.3.1.4.18. De las inhabilidades e incompatibilidades. Los
Representantes a la Cámara elegidos a través de esta circunscripción están sujetos
al régimen general de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas.
(Decreto 11 de 2014, artículo 18)
Artículo 2.3.1.4.19.
De la residencia. Quienes sean elegidos para la
Circunscripción Internacional a la Cámara de Representantes, deberán residir en el
territorio nacional mientras ejerzan su condición de Representantes a la Cámara.
Para los Representantes a la Cámara por la Circunscripción Internacional, que para
el momento de la inscripción de candidaturas se encuentren ejerciendo su cargo,
no le será aplicable el requisito de residencia mínima establecida en el presente
decreto.
(Decreto 11 de 2014, artículo 19)
Artículo 2.3.1.4.20. Candidatos. Los candidatos de los colombianos residentes en
el exterior que aspiren a ser elegidos por la Circunscripción Internacional a la
Cámara de Representantes, requieren demostrar ante las autoridades electorales
colombianas el cumplimento de los requisitos mínimos necesarios, lo cual se
entiende cumplido bajo gravedad de juramento con la formalización del acto de
inscripción ante el funcionario competente, según lo establecido por el artículo
2.3.1.4.21 del presente decreto.
(Decreto 11 de 2014, artículo 20)
Artículo 2.3.1.4.21. De la inscripción de candidatos. Para la inscripción como
candidatos a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Internacional, los
partidos y movimientos políticos, movimientos políticos con personería jurídica,
movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, con facultad de
postulación de candidatos a cargos y corporaciones públicas, podrán inscribir
candidatos a Representantes a la Cámara por la Circunscripción Internacional,
previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos,
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así como que no se encuentren incursos en causales de inhabilidad o
incompatibilidad, de conformidad con lo establecido por la normatividad vigente.
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de las sanciones
establecidas en la normatividad vigente.
Parágrafo. Los candidatos de los partidos, movimientos políticos, grupos
significativos de ciudadanos y movimientos sociales con derecho de postulación,
que no tengan personería jurídica reconocida, serán inscritos por un comité
integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la Registraduría
Nacional del Estado Civil o ante la Embajada u Oficina Consular correspondiente al
lugar de su residencia, por lo menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la
respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas
de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del Comité, así
como la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de
recolección de firmas de apoyo.
(Decreto 11 de 2014, artículo 21)
Artículo 2.3.1.4.22. Del plazo para inscripción de candidaturas. Los plazos para
la inscripción de candidatos por la Circunscripción Internacional para la Cámara de
Representantes, serán los mismos previstos para las otras circunscripciones.
(Decreto 11 de 2014, artículo 22)
Artículo 2.3.1.4.23. Horario. Las votaciones principiarán a las ocho 8 a. m. del
respectivo país y se cerrarán a las cuatro 4 p. m. del respectivo país
(Decreto 11 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.3.1.4.24. Presentación de jurados. A las siete y treinta (7:30 a. m.) de
la mañana del respectivo país, del día de las elecciones, los ciudadanos designados
como jurados de votación se harán presentes en el lugar en donde esté situada la
mesa y procederán a su instalación.
(Decreto 11 de 2014, artículo 24)
Artículo 2.3.1.4.25. Verificación. Antes de comenzar las votaciones se abrirá la
urna y se mostrará al público, a fin de que pueda cerciorarse de que está vacía y de
que no contiene doble fondo ni artificios adecuados para el fraude.
(Decreto 11 de 2014, artículo 25)
Artículo 2.3.1.4.26. Proceso de la votación. El Jurado le exigirá al connacional la
cédula de ciudadanía, la examinará, verificará su identidad y buscará el número de
la cédula en la lista de sufragantes. Si figurare, le permitirá depositar el voto y
registrará que el ciudadano ha votado. Este registro se efectuará de acuerdo con
las instrucciones que imparta la Registraduría Nacional del Estado Civil al Ministerio
de Relaciones Exteriores.
(Decreto 11 de 2014, artículo 26)
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Artículo 2.3.1.4.27. Cierre de la jornada electoral. Una vez cerrada la votación,
hechos los escrutinios de cada mesa y firmadas las actas, los jurados harán entrega
de estas y demás documentos que sirvieron para las votaciones al Embajador, Jefe
de Oficina Consular o su delegado que deberá ser parte de la planta de personal
del Ministerio de Relaciones Exteriores, o Cónsul ad honórem correspondiente que
inmediatamente los enviará, en sobre debidamente cerrado y sellado, al Consejo
Nacional Electoral, para que sean tenidos en cuenta en el escrutinio general.
(Decreto 11 de 2014, artículo 27)
Artículo 2.3.1.4.28. Proceso de escrutinio. Los procedimientos serán conforme a
las disposiciones legales y de acuerdo con los instructivos que para el efecto expida
la Organización Electoral en coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
(Decreto 11 de 2014, artículo 28)
Artículo 2.3.1.4.29. Envío de resultados parciales. Las Embajadas, Oficinas
Consulares y Cónsules ad honórem deberán enviar diariamente a la Organización
Electoral, los resultados parciales del escrutinio de la mesa ubicada dentro de las
sedes autorizadas, los cuales no podrán ser publicados sino una vez finalizada la
jornada electoral en territorio colombiano.
(Decreto 11 de 2014, artículo 29)
Artículo 2.3.1.4.30. Resultados. Los resultados del cómputo de votos que realicen
los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos
para cada candidato. Del acta se extenderán tres (3) ejemplares iguales que se
firmarán por los miembros del jurado de votación.
(Decreto 11 de 2014, artículo 30)
Artículo 2.3.1.4.31. Entrega del material electoral. Inmediatamente después de
terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las
once de la noche 11 p. m., del respectivo país, del día de las elecciones, las actas
y documentos que sirvieron para la votación serán entregados por el Jurado al
Embajador, Jefe de Oficina Consular o su delegado o Cónsul ad honórem, bajo
recibo y con indicación del día y la hora de la entrega.
(Decreto 11 de 2014, artículo 31)
Artículo 2.3.1.4.32. Estímulos al votante en el exterior. Los colombianos que
ejerzan el derecho al sufragio en el exterior tendrán derecho a los incentivos
previstos en la legislación vigente.
Parágrafo. Los ciudadanos que voten en el exterior, y posteriormente se radiquen
en Colombia, accederán a los estímulos contemplados para los ciudadanos que
voten en el territorio nacional, en las mismas condiciones en que se encuentran
establecidos en la ley.
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(Decreto 11 de 2014, artículo 32)
Artículo 2.3.1.4.33. Apoyo estatal para seguimiento legislativo. La Cámara de
Representantes hará un estimativo trimestral y ponderado del valor asignado para
traslados aéreos de los Representantes por las demás circunscripciones, el cual
será tenido en cuenta para asignar con cargo al presupuesto del Congreso de la
República y en forma equitativa, el monto para los traslados al exterior, hacia el
lugar de residencia familiar en el exterior o donde inscribieron su candidatura, los
Representantes elegidos por la Circunscripción Internacional, previo cumplimiento
del trámite establecido en el numeral 6 del artículo 136 de la Constitución Política.
Parágrafo 1°. Para efectos del presente Capítulo, entiéndase por residencia
familiar, el lugar de habitación del núcleo familiar de una persona.
Parágrafo 2°. Solo uno de los miembros que conforman la Unidad de Trabajo
Legislativo de cada Representante a la Cámara para la Circunscripción
Internacional, podrá ser designado para prestar sus servicios de apoyo legislativo
en el exterior.
(Decreto 11 de 2014, artículo 33)
Artículo 2.3.1.4.34. Verificación. El Congreso de la República deberá verificar el
cumplimiento de la aplicación del presente Capítulo en lo concerniente a los
beneficios de los Representantes a la Cámara por la Circunscripción Internacional.
(Decreto 11 de 2014, artículo 34)
Artículo 2.3.1.4.35. Responsabilidad de los embajadores y cónsules en las
elecciones. Los Embajadores y Cónsules serán los responsables del cumplimiento
de las instrucciones dadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en relación
con el procedimiento electoral que se realice en el exterior.
Toda infracción, omisión o extralimitación de la Constitución y las leyes que rigen el
proceso electoral por parte de los Embajadores y Cónsules o de cualquier otro
servidor público o particular con funciones públicas que participe en el
procedimiento electoral que se realice en el exterior, dará lugar a las sanciones
contenidas en las normas legales vigentes.
(Decreto 11 de 2014, artículo 35)
Artículo 2.3.1.4.36. Prohibición. Ninguna persona podrá votar simultáneamente
por un candidato a la Cámara de circunscripción territorial y por un candidato a la
Cámara de circunscripción especial.
(Decreto 11 de 2014, artículo 36)
Artículo 2.3.1.4.37. Situaciones no reguladas. Todas situaciones no reguladas en
el presente Capítulo se regirán en la forma prevista en el Código Electoral vigente
o aquellas normas que lo modifiquen, reglamenten, aclaren o sustituyan.
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(Decreto 11 de 2014, artículo 37)
Artículo 2.3.1.4.38. Transitorio. Todos los actos relacionados con el proceso
electoral en el exterior, incluyendo las inscripciones de ciudadanos y candidatos
realizadas con anterioridad al 8 de enero de 2014 tendrán plena validez.
(Decreto 11 de 2014, artículo 38)
CAPÍTULO 5
Circunscripción Nacional Especial por Comunidades Indígenas para el
Senado
Artículo 2.3.1.5.1 Conformación del Senado de la República. En los comicios
que se realicen el próximo 9 de marzo de 2014, se elegirán cien (100) Senadores
por Circunscripción Nacional.
Adicionalmente, se elegirán por Circunscripción Nacional Especial dos (2)
Senadores más por las Comunidades Indígenas, a los cuales se aplicará el sistema
de cuociente electoral.
(Decreto 2787 de 2013, artículo 1)
CAPÍTULO 6
Diputados a elegir por cada Departamento
Artículo 2.3.1.6.1 Conformación de asambleas departamentales. En las
elecciones que se realicen el 25 de octubre de 2015, cada departamento elegirá el
número de diputados a las asambleas departamentales que a continuación se
señala:
Departamentos y número de Diputados.
Amazonas 11, Antioquia 26, Arauca 11, Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina 11, Atlántico 14, Bolívar 14, Boyacá 16, Caldas 14, Caquetá 11,
Casanare 11, Cauca 13, Cesar 11, Chocó 11, Córdoba 13, Cundinamarca 16,
Guainía 11, Guaviare 11, Huila 12, La Guajira 11, Magdalena 13, Meta 11, Nariño
14, Norte de Santander 13, Putumayo 11, Quindío 11, Risaralda 12, Santander 16,
Sucre 11, Tolima 15, Valle del Cauca 21, Vaupés 11, Vichada 11.
(Decreto 2552 de 2014, artículo 1)
CAPÍTULO 7
Ventanilla Única Electoral Permanente
Artículo 2.3.1.7.1 Ventanilla Única Electoral Permanente - VUEP. Créase la
Ventanilla Única Electoral Permanente para recibir, tramitar y suministrar
información frente a las solicitudes de antecedentes e informaciones disciplinarias,
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judiciales y fiscales que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica,
y los grupos significativos de ciudadanos, presenten sobre sus posibles candidatos
para que puedan avalarlos e inscribirlos para cargos y corporaciones de elección
popular a las elecciones ordinarias y atípicas, para las consultas populares internas
e interpartidistas de los partidos, movimientos políticos con personería jurídica y los
grupos significativos de ciudadanos, para la toma de decisiones y la escogencia de
sus candidatos, para la elección de las directivas de los partidos y para la
presentación de ternas para alcalde o gobernador por suspensión o falta absoluta
de los mandatarios territoriales elegidos popularmente, cuando a ello hubiera lugar.
Los candidatos al Congreso de la República por los movimientos sociales tramitarán
ante el Ministerio del Interior las solicitudes.
Parágrafo 1. La información incluirá:
1. Las investigaciones activas relacionadas con los delitos tipificados en el inciso
7 del artículo 107 de la Constitución Política, que serán solicitadas a la Fiscalía
General de la Nación. En el caso de los miembros del Congreso de la República,
se solicitará a la Sala de Casación Penal de Corte Suprema de Justicia.
2. Las sentencias condenatorias en Colombia, que serán solicitadas a la Policía
Nacional, y en el caso de los miembros del Congreso de la República, se
solicitará a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Las
sentencias condenatorias existentes en el exterior, serán solicitadas al
Ministerio de Relaciones Exteriores.
3. Certificación sobre órdenes de captura nacional vigentes e información sobre
notificaciones de INTERPOL, que serán solicitadas a través de la Dirección
Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional.
Parágrafo 2. La información también podrá ser requerida ante otras autoridades,
de acuerdo con su competencia.
(Decreto 0513 de 2015, artículo 1)
Artículo 2.3.1.7.2 Responsabilidad. La información que sea suministrada a través
de la Ventanilla Única Electoral Permanente no exime a los partidos y movimientos
políticos con personería jurídica, los movimientos sociales y los grupos significativos
ciudadanos, de su responsabilidad de recabar información por otros medios o
mecanismos legales.
(Decreto 0513 de 2015, artículo 2)
Artículo 2.3.1.7.3 Competencia. La Ventanilla Única Electoral Permanente
funcionará en la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal del Ministerio del Interior, para las elecciones ordinarias, atípicas y
las consultas internas de los partidos y movimientos políticos para la escogencia de
sus candidatos. Así mismo, para la elección de las directivas de los partidos y
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movimientos políticos, y la presentación de ternas para alcalde o gobernador por
suspensión o falta absoluta de los mandatarios territoriales elegidos popularmente,
cuando a ello hubiera lugar
(Decreto 0513 de 2015, artículo 3)
Artículo 2.3.1.7.4 Trámite y término. El Ministerio del Interior recepcionará y
tramitará ante las entidades pertinentes las solicitudes de antecedentes
disciplinarios, judiciales y fiscales y las certificaciones que emitirá Corte Suprema
de Justicia –Sala de Casación Penal-, la Fiscalía General de la Nación y la Policía
Nacional, que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, los
movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos presenten sobre sus
posibles candidatos. Las entidades procurarán dar respuesta al Ministerio del
Interior dentro de un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, y le remitirán las
respuestas con la información pertinente. El Ministerio recopilará la información y
remitirá la misma inmediatamente a los peticionarios.
La solicitud presentada Ministerio del Interior por los partidos y movimientos políticos
con personería jurídica, los movimientos sociales y grupos significativos de
ciudadanos, deberán proporcionarse cumpliendo los requisitos y protocolos que las
instituciones fijen para su expedición, y se enviará al correo electrónico que este
disponga para el efecto. Las entidades no validarán datos de los partidos y
movimientos políticos, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos
que no sean remitidos por la Ventanilla Única Electoral Permanente. Las solicitudes
individuales que se reciban de los partidos y movimientos políticos, movimientos
sociales y grupos significativos de ciudadanos en las diferentes entidades serán
devueltas sin trámite alguno.
(Decreto 0513 de 2015, artículo 4)
CAPÍTULO 8
Trashumancia Electoral
Artículo 2.3.1.8.1. Verificación de la plena identidad. La Registraduría Nacional
del Estado Civil, conforme a sus competencias de manera inmediata y oficiosa,
cruzará la información de la inscripción con el Archivo Nacional de Identificación y
la base de datos de las huellas digitales, con el propósito de verificar la plena
identificación de los ciudadanos que inscriben sus cédulas de ciudadanía para votar
en los diferentes procesos electorales.
Parágrafo. Las cédulas inscritas desde el 25 de octubre de 2014 hasta el 19 de
junio de 2015, surtirán, igualmente, el procedimiento aquí previsto. Para tales
efectos, la Registraduría Nacional del Estado Civil procurará adelantar dicha
actividad dentro de un plazo no mayor a diez (10) días contados a partir de dicha
fecha.
(Decreto 1294 de 2015, artículo 1)
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Artículo 2.3.1.8.2. Exclusión de inscripción de cédulas por irregularidades. La
Registraduría Nacional del Estado Civil, acorde con sus competencias, con el fin de
determinar la existencia o no de irregularidades frente a la identidad de quien se
inscribe, cruzará la información con el Archivo Nacional de Identificación y la base
de datos de las huellas digitales.
(Decreto 1294 de 2015, artículo 2)
Artículo 2.3.1.8.3. Cruces de información. La Registraduría Nacional del Estado
Civil, de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información suministrada por el
ciudadano, al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes
procesos electorales, con las siguientes bases de datos:
•
•
•
•
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales - SISBEN, administrada por el Departamento Nacional de
Planeación - DNP.
Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social - BDUA del
FOSYGA, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social.
Base de Datos de los Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional
para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE.
Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social-DPS.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir
a la Registraduría Nacional del Estado Civil el cruce de información con cualquier
base de datos pública o privada que se considere útil para establecer la residencia
electoral.
(Decreto 1294 de 2015, artículo 3)
Artículo 2.3.1.8.4. Potestad de entregar información. De conformidad con el
literal b) del artículo 13 de la Ley 1581 de 2012, todas las entidades responsables
del tratamiento de datos deberán entregar la información y deberán ponerla a
disposición de la Registraduría Nacional del Estado Civil, dentro de los cinco (5)
días siguientes a la solicitud.
La Organización Electoral indicará la información requerida para el respectivo cruce
de bases de datos y tratará la información recibida conforme a los principios y
disposiciones de protección de datos previstos en la ley.
(Decreto 1294 de 2015, artículo 4)
Artículo 2.3.1.8.5. Entrega de resultados al Consejo Nacional Electoral. La
Registraduría Nacional del Estado Civil remitirá al Consejo Nacional Electoral,
dentro de los diez (10) primeros días de cada mes calendario durante el periodo de
inscripciones, y dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de las
inscripciones de cédulas, el resultado del cruce de base de datos.
(Decreto 1294 de 2015, artículo 5)
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Artículo 2.3.1.8.6. Decisión y notificación. El Consejo Nacional Electoral, con
base en la información indicada en el artículo precedente, tomará la decisión que
corresponda, la cual será notificada de conformidad con las normas legales
pertinentes.
Parágrafo. El procedimiento y las decisiones del Consejo Nacional Electoral tienen
carácter policivo administrativo. Estas últimas son de cumplimiento inmediato, sin
perjuicio de los recursos que legalmente procedan.
(Decreto 1294 de 2015, artículo 6)
Artículo 2.3.1.8.7. Comisión a otras autoridades. Para la efectiva verificación de
residencia electoral, en desarrollo de las investigaciones que adelante el Consejo
Nacional Electoral, y en virtud de la colaboración armónica que debe existir entre
los diferentes órganos del Estado, podrá acudir a las autoridades administrativas o
judiciales para que, acorde con sus competencias, brinden la cooperación que
resulte pertinente.
(Decreto 1294 de 2015, artículo 7)
Artículo 2.3.1.8.8. Trashumancia histórica. Las inscripciones realizadas con
anterioridad al 25 de octubre de 2014, podrán ser verificadas de conformidad con lo
establecido en el presente capítulo. Para tales efectos, el Consejo Nacional
Electoral, dentro de sus competencias, fijará los criterios que definan el fenómeno
de la trashumancia histórica y la verificación tendiente a dar cumplimiento al artículo
316 de la Constitución Política.
(Decreto 1294 de 2015, artículo 8)
TÍTULO 2
De la Participación Ciudadana y la Acción Comunal
CAPÍTULO 1
Constitución de Organismos Comunales
Artículo 2.3.2.1.1. Número mínimo de afiliados y/o afiliadas. De conformidad con
la delimitación del territorio establecida en el artículo 12 de la Ley 743 de 2002 y
para efectos de la constitución de los organismos comunales se requiere:
1. La Junta de Acción Comunal que se constituya por barrio, conjunto residencial,
sector o etapa del mismo, en las capitales de departamento y en la ciudad de
Bogotá, D. C., requiere un número mínimo de setenta y cinco (75) afiliados;
2. La Junta de Acción Comunal que se constituya en las divisiones urbanas de las
demás cabeceras de municipio y en las de corregimientos e inspecciones de
policía, requiere un número mínimo de cincuenta (50) afiliados;
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3. La Junta de Acción Comunal que se constituya en las poblaciones en que
no exista delimitación por barrios, requiere un número mínimo de treinta (30)
afiliados;
4. La Junta de Acción Comunal que se constituya en los caseríos o veredas
requiere un número mínimo de veinte (20) afiliados;
5. Las Juntas de Vivienda Comunitaria requieren un mínimo de diez (10) familias
afiliadas;
6. Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal requieren para su conformación
un número plural superior del sesenta por ciento (60%) de las Juntas de Acción
Comunal existentes en su territorio. El mismo porcentaje se requerirá para la
creación de Federaciones Departamentales y Distritales en relación con las
Asociaciones de Juntas de Acción Comunal y para la Confederación Nacional
en relación con las Federaciones.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 1)
Artículo 2.3.2.1.2. Constitución de más de una Junta de Acción Comunal en un
mismo territorio. Las entidades de inspección, control y vigilancia autorizarán la
constitución de más de una Junta de Acción Comunal en un mismo territorio,
siempre y cuando se den las siguientes condiciones:
1. Que la nueva Junta cuente con el número mínimo de afiliados requeridos para
la constitución del organismo comunal, sin que ello afecte la existencia de la
Junta previamente constituida, y
2. Que la extensión del territorio dificulte la gestión del organismo comunal
existente; que las necesidades de la comunidad que constituya la nueva Junta
de Acción Comunal sean diferentes de las del resto del territorio, o que exista
una barrera de tipo físico que dificulte la interacción comunitaria.
Parágrafo 1. Con el fin de verificar las anteriores condiciones, la entidad de
inspección, control y vigilancia citará y escuchará al representante legal de la Junta
de Acción Comunal existente. Si transcurridos diez (10) hábiles, contados a partir
de la citación, el representante legal no la atendiere, se entenderá que está de
acuerdo con la conformación de la nueva Junta.
El concepto del representante legal de la Junta existente no será de obligatoria
observancia, se tendrá como un elemento de juicio por parte de la entidad de
inspección, control y vigilancia para tomar la decisión respectiva.
Parágrafo 2. La Junta de Acción Comunal ya constituida conservará la titularidad
sobre el patrimonio comunal adquirido antes de la conformación de la nueva
Junta.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 2)
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Artículo 2.3.2.1.3. Número mínimo para subsistir. Ningún organismo de acción
comunal de primer grado al tenor del literal a) del artículo 8º de la Ley 743 de 2002,
podrá subsistir con un número plural de afiliados o familias afiliadas inferior del
cincuenta por ciento (50%) del requerido para su constitución.
Respecto de los organismos de segundo, tercer y cuarto grado, estos no podrán
subsistir con un número plural inferior del sesenta por ciento (60%) de las
organizaciones afiliadas requerido para su constitución.
Parágrafo. En el evento en que la organización comunal no cuente con el número
mínimo para subsistir, se entenderá suspendida su personería jurídica. El
representante legal está obligado a informar el hecho a la entidad de inspección,
control y vigilancia correspondiente dentro de los tres (3) meses siguientes a su
ocurrencia, sin perjuicio de que pueda hacerlo cualquiera de los dignatarios del
organismo comunal. Una vez se produzca el hecho generador de la suspensión,
quienes obren en representación del organismo comunal, responderán individual y
patrimonialmente por las obligaciones contraídas y los perjuicios que se llegaren a
causar.
La personería jurídica de la organización comunal que no cumpla con los requisitos
señalados por la ley y el presente decreto durante un período de dos (2) meses,
será cancelada por la entidad de inspección, control y vigilancia.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 3)
Artículo 2.3.2.1.4. Reconocimiento de Personería Jurídica. Para que las
entidades de inspección, control y vigilancia competentes de conformidad con la ley,
reconozcan la personería jurídica a las organizaciones comunales, se requiere que
estas presenten la siguiente documentación:
1. Certificación expedida por la autoridad competente, relacionada con la
delimitación del territorio en la cual desarrollará su actividad el organismo de
acción comunal.
2. Relación en que se detalle el nombre y documento de identificación de los
afiliados y/o afiliadas al organismo comunal.
3. Acta de constitución y de elección de directivas y de aprobación de estatutos,
debidamente suscritas por el presidente y secretario de la Asamblea General.
Adicionalmente, el acta correspondiente a la elección de directivas debe estar
firmada por los miembros del tribunal de garantías nombrados por la
organización comunal para tal fin.
4. Copia de los estatutos.
Parágrafo 1. Si no se presenta la totalidad de los requisitos exigidos en este artículo,
y hasta tanto ello se efectúe, la entidad de inspección, control y vigilancia denegará
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la inscripción y el reconocimiento de la personería jurídica a la organización comunal
solicitante.
Parágrafo 2. Sin el reconocimiento de personería jurídica por parte de la entidad de
inspección, control y vigilancia, la organización comunal no puede desarrollar su
objeto social ni ejercer legalmente sus derechos ni contraer obligaciones.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 4)
Artículo 2.3.2.1.5. Requisitos de afiliación. Para afiliarse a una Junta de Acción
Comunal se requiere:
1.
2.
3.
4.
Ser persona natural;
Residir en el territorio de la Junta;
Tener más de 14 años;
No estar incurso en ninguna causal de impedimento de las contempladas en el
artículo 25 de la Ley 743 de 2002;
5. Poseer documento de identificación.
Parágrafo. Para efecto de la aplicación del numeral 2 se entenderá por residencia
el lugar donde esté ubicada la vivienda permanente de la persona que solicita la
afiliación o desarrolle actividad económica permanente en calidad de propietario de
un establecimiento de comercio ubicado en el territorio de la Junta de Acción
Comunal.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 5)
Artículo 2.3.2.1.6. Afiliación a junta de vivienda comunitaria. Para afiliarse a una
Junta de Vivienda Comunitaria se requiere que ningún miembro del núcleo familiar
sea propietario de vivienda.
Parágrafo. Al interior de la Junta de Vivienda Comunitaria cada familia designará
un representante de entre sus miembros, con derecho a voz y voto.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 6)
Artículo 2.3.2.1.7. Afiliación organismos de 2º, 3º, y 4º grado. Para afiliarse a un
organismo de segundo, tercer o cuarto grado se requiere:
1. Ser organismo de acción comunal del grado inmediatamente inferior del cual se
desea afiliar y tener personería jurídica otorgada por la entidad que ejerce la
inspección, control y vigilancia correspondiente;
2. Que el organismo interesado desarrolle su actividad dentro del territorio de la
organización a la cual se desea afiliar;
3. Que la solicitud de afiliación se haya aprobado en Asamblea General del
organismo interesado.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 7)
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Artículo 2.3.2.1.8. Requisitos de los delegados. Son requisitos para ser delegado
ante un organismo de grado superior.
1. Ser afiliado a un organismo de acción comunal;
2. Ser elegido como tal por el órgano competente del organismo comunal, de
conformidad con sus estatutos;
3. Estar inscrito y reconocido como delegado por parte de la entidad que ejerce la
inspección, control y vigilancia, quien expedirá la respectiva certificación;
4. Los demás que establezcan los estatutos
(Decreto 2350 de 2003, artículo 8)
Artículo 2.3.2.1.9. Número de delegados. Las organizaciones de acción comunal
estarán representadas ante la organización de grado inmediatamente superior por
un número plural de delegados, cada uno con voz y voto, así:
1. Las Juntas de Acción Comunal, 4 delegados;
2. Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal en los departamentos de
Amazonas, Arauca, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina,
Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada y en los Distritos Especiales
de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, 10 delegados.
Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal en aquellos departamentos que
cuenten con un número de municipios menor de quince (15), a excepción de los
anteriores, 8 delegados.
Las Asociaciones de Juntas de Acción Comunal en los demás departamentos,
en Bogotá, D. C., así como en los municipios de categoría especial y de primera
categoría, en los cuales se haya dado división territorial en comunas y
corregimientos y las asociaciones de municipios y las provincias cuando estas
últimas sean reglamentadas, 5 delegados;
3. Federaciones de Acción Comunal, 10 delegados
Parágrafo 1. El Presidente de la Junta Directiva o del Consejo Comunal de una
organización comunal tendrá, por derecho propio, la calidad de delegado ante el
organismo de grado inmediatamente superior. Los demás delegados serán elegidos
de conformidad con lo establecido en sus estatutos.
Parágrafo 2. Las funciones de los delegados serán establecidas en los estatutos
de cada organismo comunal.
Parágrafo 3. Para ser elegido dignatario de un organismo de segundo, tercer y
cuarto grado deberá ser delegado de una organización afiliada.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 9)
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Artículo 2.3.2.1.10. Actualización de estatutos. Las organizaciones comunales
adecuarán sus estatutos a lo dispuesto en la Ley 743 de 2002 y en el presente
Capítulo.
Corresponde a las entidades que ejercen inspección, control y vigilancia a los
organismos comunales, asesorar y apoyar el proceso de actualización estatutaria.
Parágrafo. Las organizaciones comunales que se constituyan con posterioridad al
20 de agosto de 2003 deben observar lo dispuesto en la Ley 743 de 2002 y en la
presente reglamentación.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 10)
Artículo 2.3.2.1.11. Conflictos organizativos. Se entiende por conflictos
organizativos aquellos que se presentan al interior de un organismo comunal entre
los dignatarios, entre estos y los afiliados o afiliadas y entre los mismos afiliados o
afiliadas y que tienen como causa asuntos de carácter comunal.
Las actuaciones de la Comisión de Convivencia y Conciliación de las
organizaciones comunales en relación con los conflictos organizativos en el
ámbito del correspondiente organismo, se desarrollarán de acuerdo con el
procedimiento que se establece en los siguientes artículos, y con plena observancia
de los principios de informalidad, celeridad y gratuidad.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 11)
Artículo 2.3.2.1.12. Términos. Los términos contemplados en el parágrafo 2º del
artículo 46 de la Ley 743 de 2002, se contarán a partir del momento de la
presentación de la solicitud ante la Comisión de Convivencia y Conciliación que
contará con quince (15) días para determinar si el conflicto puesto a su
consideración es o no de su competencia.
La solicitud deberá presentarse por escrito y anexando las pruebas que las partes
consideren pertinentes.
En el evento de avocarse conocimiento del conflicto, la Comisión tendrá un término
máximo de cuarenta y cinco (45) días para adelantar las audiencias conciliatorias y
recaudar los elementos de juicio que estime necesarios a fin de intentar que las
partes lleguen a un acuerdo conciliatorio.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 12)
Artículo 2.3.2.1.13. Citación. En el momento en que se avoque conocimiento del
conflicto, la Comisión citará a las partes a audiencia indicando el objeto, hora y fecha
de la misma.
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En el evento de que una de las partes o ambas no asistan a la audiencia conciliatoria
la Comisión fijará nueva fecha y hora para su realización. La inasistencia a esta
segunda audiencia sin justificación hará presumible la inexistencia de ánimo
conciliatorio y la Comisión ordenará por medio de acta el archivo de la solicitud.
En caso de justificarse la inasistencia a la audiencia conciliatoria, la Comisión de
Convivencia y Conciliación podrá fijar una tercera y última fecha para la realización
de la misma, siempre y cuando no se exceda el término de cuarenta y cinco (45)
días que tiene la Comisión para procurar el acuerdo conciliatorio.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 13)
Artículo 2.3.2.1.14. Desarrollo de la audiencia. Reunidas la Comisión de
Convivencia y Conciliación y las partes, estas últimas tendrán la palabra para
exponer los hechos que originaron el conflicto y las pruebas que sustentan su
versión. A continuación la Comisión analizará las declaraciones y los elementos de
prueba y expondrá una fórmula conciliatoria de arreglo.
Las partes tendrán la facultad de acoger en todo o parcialmente la fórmula expuesta
o de rechazar totalmente la fórmula conciliatoria.
Si las partes acogen en su totalidad la fórmula presentada por la Comisión,
suscribirán un acuerdo de compromiso y se dará por terminado el procedimiento
conciliatorio.
Parágrafo. En el evento en que las partes acojan parcialmente la fórmula
conciliatoria expuesta por la Comisión o la rechacen totalmente, la Comisión fijará
una nueva fecha y hora para adelantar una nueva audiencia con el objeto de lograr
el acuerdo sobre la totalidad del conflicto, siempre y cuando no se exceda del
término de cuarenta y cinco (45) días previstos en la ley.
Una vez transcurrido el término de los cuarenta y cinco (45) días, sin que se haya
logrado un acuerdo total, la Comisión dará traslado al organismo comunal de grado
inmediatamente superior, o en su defecto a la entidad estatal encargada de la
inspección, control y vigilancia respectiva, quienes aplicarán el procedimiento
previsto en los anteriores artículos.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 14)
Artículo 2.3.2.1.15. Conflictos comunitarios. Para efectos de reglamentar la
competencia de la Comisión de Convivencia y Conciliación en el conocimiento de
los conflictos comunitarios, estos se entenderán como aquellos que se presentan
entre los miembros de la comunidad dentro del territorio en el cual el organismo
comunal ejerce su acción, que sean susceptibles de transacción, conciliación,
desistimiento o querella.
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Parágrafo. Para conocer de estos conflictos, se requiere que los miembros de la
Comisión de Convivencia y Conciliación se capaciten como conciliadores en
equidad, de conformidad con lo establecido en las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998,
y demás que las hayan modificado, aclarado o adicionado.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 15)
Artículo 2.3.2.1.16. Conciliadores en equidad. La Asamblea General de los
organismos comunales seleccionarán entre sus afiliados las personas a ser
formadas y nombradas como conciliadores en equidad. Los miembros designados
serán puestos a consideración del Tribunal Superior del Distrito Judicial
correspondiente o del Juez Primero de mayor jerarquía del municipio, quienes los
elegirán, de conformidad con lo establecido en los artículos 82 de la Ley 23 de 1991
y 106 de la Ley 446 de 1998.
El nombramiento de los conciliadores en equidad por parte de las autoridades
judiciales antes mencionadas se hará una vez cumplido el proceso de formación de
los mismos, el cual podrá ser desarrollado por organizaciones cívicas interesadas o
por autoridades municipales o departamentales, teniendo en cuenta el marco teórico
de capacitación fijado por el Ministerio del Interior
Parágrafo. La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en equidad podrá
suspenderlos de oficio, a petición de parte o por solicitud del Ministerio del Interior
temporal o definitivamente, en el ejercicio de sus facultades para actuar, en los
siguientes eventos:
1. Cuando decidan sobre la solución de un conflicto, sin observar los principios
que rigen la conciliación en equidad.
2. Cuando cobren emolumentos por el servicio de la conciliación.
3. Cuando tramiten asuntos ajenos a su competencia.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 16)
Artículo 2.3.2.1.17. Procedimiento. El procedimiento a seguir por parte de la
Comisión de Convivencia y Conciliación de los organismos comunales en materia
de conciliación en equidad frente a los conflictos comunitarios deberá regirse por
principios de informalidad y celeridad que orienten a las partes para que logren un
arreglo amigable.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 17)
Artículo 2.3.2.1.18. Actas. De la actuación adelantada por la Comisión de
Convivencia y Conciliación y por las partes, en desarrollo de los procedimientos de
conciliación, se dejará constancia en actas que serán suscritas por todos los
intervinientes.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 18)
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Artículo 2.3.2.1.19. Archivo. Las Comisiones de Convivencia y Conciliación
deberán llevar un archivo de las solicitudes y de las actas de las audiencias
realizadas. Las partes podrán pedir copias de las mismas, las cuales se presumirán
auténticas
(Decreto 2350 de 2003, artículo 19)
Artículo 2.3.2.1.20. Ejercicio ad honorem. El ejercicio de las funciones de
conciliador en equidad se realizará en forma gratuita, teniendo en cuenta que el
nombramiento constituye especial reconocimiento al ciudadano de connotadas
calidades.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 20)
Artículo 2.3.2.1.21. Asuntos susceptibles de impugnación. De conformidad con
el literal a) del artículo 47 de la Ley 743 de 2002, podrán ser objeto de impugnación:
1. La elección de dignatarios comunales;
2. Las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, administración y
vigilancia de los organismos comunales
(Decreto 2350 de 2003, artículo 21)
Artículo 2.3.2.1.22. Instancias. El proceso de impugnación se desarrollará en dos
instancias. La primera será adelantada por el organismo comunal de grado
inmediatamente superior, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, y la
segunda, en caso de apelación, será de conocimiento de la entidad encargada de
la inspección, control y vigilancia del organismo comunal que desarrolló la primera
instancia.
Parágrafo 1. El fallo de primera instancia debe ser expedido en un término no mayor
de cuatro (4) meses, contados a partir del momento en que se avoque
el conocimiento por parte del organismo de grado superior.
Parágrafo 2. Si la impugnación se presenta contra la elección de dignatarios de la
Confederación Nacional de Acción Comunal o una decisión de sus órganos de
dirección, administración y vigilancia, el proceso se desarrollará ante el Ministerio
del Interior como entidad encargada de ejercer la inspección, vigilancia y control de
dicho organismo comunal.
Parágrafo 3. Si la impugnación se presenta contra la elección de dignatarios o una
decisión de un órgano de dirección, administración o vigilancia de un organismo de
primer, segundo o tercer grado que carezca de organismo comunal de grado
inmediatamente superior, el proceso se desarrollará en primera instancia por la
entidad encargada de ejercer la inspección, control y vigilancia, respectiva, y en
caso de apelación se aplicará lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 743 de 2002.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 22)
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Artículo 2.3.2.1.23. Órganos de impugnación. Los organismos de segundo, tercer
y cuarto grado, determinarán en sus estatutos, el órgano y conformación del mismo,
que adelantará los procesos de impugnación, sus causales, los requisitos de la
demanda, los términos, el procedimiento y las sanciones correspondientes, en los
términos del artículo 48 de la Ley 743 de 2002.
Parágrafo. En los estatutos de los organismos comunales a que hace referencia el
presente artículo se podrá asignar el conocimiento de las demandas de
impugnación a la Comisión de Convivencia y Conciliación
(Decreto 2350 de 2003, artículo 23)
Artículo 2.3.2.1.24. Impedimentos. No podrán conocer del proceso de
impugnación contra elección de dignatarios o contra las decisiones adoptadas por
los órganos de dirección, administración y vigilancia de los organismos de acción
comunal, quienes sean cónyuges o compañeros permanentes o tengan relación de
parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero
civil con el impugnante, el dignatario cuya elección se impugna o los dignatarios que
expidieron la decisión atacada.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.3.2.1.25. Funciones de las entidades de inspección, control y
vigilancia. Son funciones las siguientes:
1. Conocer en segunda instancia de las demandas de impugnación contra la
elección de dignatarios de organismos comunales y las decisiones adoptadas
por los órganos de dirección, administración y vigilancia de los organismos
comunales.
2. Realizar el registro sistematizado de los organismos de acción comunal sobre
los que ejerza inspección, control y vigilancia, de conformidad con lo establecido
en los artículos 63 y 64 de la Ley 743 de 2002.
3. Expedir los actos administrativos de reconocimiento, suspensión y cancelación
de la personería jurídica de los organismos comunales.
4. Expedir a través de actos administrativos la inscripción y reconocimiento de los
órganos de dirección, administración y vigilancia y de dignatarios de los
organismos comunales.
5. Certificar sobre los aspectos materia de registro cuando así lo soliciten los
organismos comunales o sus afiliados o afiliadas.
6. Remitir trimestralmente al Ministerio del Interior una relación detallada de las
novedades en los aspectos materia de registro.
7. Brindar asesoría técnica y jurídica a los organismos comunales y a sus afiliados
o afiliadas.
8. Absolver las consultas y las peticiones presentadas por los organismos de
acción comunal, sus afiliados o afiliadas, de su jurisdicción.
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9. Vigilar la disolución y liquidación de las organizaciones de acción comunal.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 25)
Artículo 2.3.2.1.26. Registro de los Organismos de Acción Comunal. El registro
sistematizado de información de los organismos comunales de responsabilidad de
la entidad de inspección, control y vigilancia contendrá los siguientes aspectos:
1.
2.
3.
4.
5.
Denominación de la organización comunal.
NIT o Personería Jurídica.
Reconocimiento de Dignatarios.
Nombre del Representante Legal y documento de identidad.
Nombre y profesión u oficio de los miembros de los órganos de
dirección, administración y vigilancia.
6. Dirección, teléfono y e-mail.
7. Ubicación (territorio).
8. Nombre de los afiliados o afiliadas y documento de identidad.
Parágrafo 1. El registro de información será actualizado con base en la información
suministrada por las organizaciones de acción comunal de la respectiva jurisdicción.
Parágrafo 2. En el registro sistematizado, así como en el reporte trimestral a que
hace referencia el numeral 6 del artículo 2.3.1.5.25 del presente decreto, se debe
incluir la siguiente información respecto de la entidad de inspección, control y
vigilancia:
1. Nombre de la Entidad.
2. NIT.
3. Representante de la entidad.
4. Dependencia.
5. Nombre jefe dependencia.
6. Cargo.
7. Dirección, teléfono, e-mail.
8. Jurisdicción.
9. Norma de delegación.
10. Número de organizaciones vigiladas.
11. Consolidados estadísticos de las organizaciones comunales.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 26)
Artículo 2.3.2.1.27. Registro de libros. Los libros a que hace referencia el artículo
57 de la Ley 743 de 2002, deben ser registrados por las organizaciones comunales
en las respectivas entidades de inspección, control y vigilancia.
Parágrafo. Las organizaciones de acción comunal en materia contable deberán
aplicar los principios o normas de contabilidad generalmente aceptadas en
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Colombia y, en lo que corresponda a su naturaleza, las disposiciones del Decreto
2649 de 1993 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 27)
Artículo 2.3.2.1.28. Empresas o Proyectos Rentables. Los organismos de acción
comunal podrán conformar Comisiones Empresariales tendientes a la constitución
de empresas o proyectos rentables en beneficio de la comunidad, cuya organización
y administración serán materia de reglamentación en sus estatutos.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 28)
Artículo 2.3.2.1.29. Apoyo a las Empresas o Proyectos Rentables. La Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias fomentará, apoyará y
promoverá la constitución y desarrollo de empresas y/o proyectos productivos de
carácter solidario de iniciativa de las organizaciones comunales, los cuales deberán
ser presentados por estas al Sistema Público Territorial de apoyo al Sector de la
Economía Solidaria, a través de las Secretarías de las gobernaciones o alcaldías,
responsables de promover la participación comunitaria, de acuerdo con la
reglamentación que para tal efecto expida el Departamento Administrativo.
Parágrafo. Las empresas y/o proyectos productivos rentables de iniciativa comunal
deberán cumplir con la normatividad vigente propia de las actividades que se
proponen desarrollar.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 29; Decreto 4122 de 2011, artículo 1 y 4)
Artículo 2.3.2.1.30. Proyectos comunales. Será responsabilidad de las entidades
territoriales analizar la viabilidad de los proyectos rentables que los organismos
comunales les presenten, teniendo en cuenta su impacto regional y la generación
de empleo e ingresos a la comunidad. Los proyectos viables de mayor prioridad
podrán obtener financiación con cargo a recursos del presupuesto de las entidades
territoriales, en los términos que establezca cada departamento o municipio.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 30)
Artículo 2.3.2.1.31. Programas de Vivienda por Autogestión. Las organizaciones
de acción comunal interesadas en desarrollar proyectos de mejoramiento o de
autoconstrucción de vivienda podrán beneficiarse de los subsidios y programas que
adelanta el Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social a través del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Banco Agrario de Colombia y las Cajas
de Compensación.
Para el acceso a estos subsidios y programas, las organizaciones comunales
deberán observar y cumplir las formalidades establecidas en las normas que
regulan la política de vivienda de interés social urbana y rural, en especial las Leyes
3º de 1991 y 546 de 1999, sus decretos reglamentarios y demás normas que las
modifiquen o adicionen
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(Decreto 2350 de 2003, artículo 31)
Artículo 2.3.2.1.32. Capacitación comunal. El Ministerio del Interior, de forma
coordinada con la Confederación Nacional de Acción Comunal, orientará la
formación en materia comunal.
Parágrafo 1. La organización comunal adoptará a través de su estructura comunal
la estrategia de Formación de Formadores para la capacitación de sus afiliados, en
cooperación con las entidades de Control, Inspección y Vigilancia y establecerá los
mecanismos para su implementación.
Parágrafo 2. Una vez implementada la estrategia de formación comunal, será
requisito para ser dignatario de un organismo comunal acreditar dentro del año
siguiente a su nombramiento una formación académica de 20 horas las cuales
deben ser certificadas por el organismo de grado inmediatamente superior o, si él
no existiere, por la entidad de inspección, control y vigilancia.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 32)
Artículo 2.3.2.1.33. Cultura y pedagogía ciudadana. La Organización Comunal
propenderá al desarrollo y difusión de una cultura y pedagogía ciudadana en los
niños y niñas, a fin de auspiciar una mayor participación comunitaria en el progreso
y fortalecimiento de la sociedad civil. De igual manera, promoverá una mayor
participación de las mujeres en la acción comunal.
(Decreto 2350 de 2003, artículo 33)
CAPÍTULO 2
De la Vigilancia, Inspección y Control
Artículo 2.3.2.2.1. Definiciones. Para efectos de la vigilancia, inspección y control
a que se refiere la Ley 743 de 2002, se entiende por:
Vigilancia: Es la facultad que tiene el Estado para hacer seguimiento a las
actuaciones de las organizaciones comunales, con el fin de velar por el
cumplimiento de la normatividad vigente.
Inspección: Es la facultad que tiene el Estado para verificar y/o examinar el
cumplimiento de la normatividad legal vigente de los organismos comunales en
aspectos jurídicos, contables, financieros, administrativos, sociales y similares.
Control: Es la facultad que tiene el Estado para aplicar los correctivos necesarios, a
fin de subsanar situaciones de orden jurídico, contable, financiero, administrativo,
social y similar de las organizaciones comunales, como resultado del ejercicio de la
inspección y/o vigilancia.
(Decreto 890 de 2008, artículo 1)
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Artículo 2.3.2.2.2. Finalidades de la vigilancia. La vigilancia tiene las siguientes
finalidades:
1. Velar porque las organizaciones comunales apliquen en todos sus trámites y
actuaciones los principios que rigen la ley comunal, de acuerdo con lo señalado
en los artículos 3º y 20 de la Ley 743 de 2002.
2. Velar porque se respeten los derechos de los afiliados a las organizaciones
comunales y cumplan con sus deberes.
3. Velar porque la organización tenga sus estatutos actualizados.
4. Velar porque se conformen los cuadros directivos.
5. Velar por el cumplimiento de las funciones de los distintos órganos de la
organización comunal.
6. Velar porque los procesos que tengan a su cargo las organizaciones comunales
se realicen de acuerdo con el procedimiento establecido y respetando los
derechos de los afiliados.
7. Velar por la conservación del patrimonio de la organización comunal.
8. Velar porque la organización tenga un plan de trabajo anual para cada órgano.
9. Velar porque los diferentes órganos de las organizaciones comunales rindan
informes semestrales de gestión a sus afiliados.
10. Promover actividades con los afiliados encaminadas a sensibilizarlos para que
participen activamente en el mejoramiento de la organización.
(Decreto 890 de 2008, artículo 2)
Artículo 2.3.2.2.3. Finalidades de la inspección. La inspección tiene las siguientes
finalidades:
1. Hacer recomendaciones a las organizaciones comunales en orden al
cumplimiento debido del ordenamiento jurídico de acuerdo a los resultados de
las auditorías.
2. Determinar la situación legal y organizativa de la organización comunal, para
adoptar oportunamente medidas eficaces en defensa de los intereses de los
afiliados.
3. Velar porque las quejas, peticiones y reclamos de la comunidad que se formulen
en interés del buen funcionamiento de la entidad, sean atendidas oportuna y
adecuadamente.
4. Propender porque los procesos de liquidación se realicen de acuerdo con las
disposiciones legales y asegurando los derechos de los afiliados y de los
acreedores y deudores de la organización.
5. Llevar un registro actualizado de los recursos económicos y de otros órdenes
de las organizaciones comunales, que se encuentren en inventarios, cuentas
corrientes, de ahorro etc.
(Decreto 890 de 2008, artículo 3)
Artículo 2.3.2.2.4. Finalidades del control. El control tiene las siguientes
finalidades:
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1. Restablecer los derechos de los afiliados que hayan resultado vulnerados.
2. Asegurar el buen funcionamiento de la organización, velando por la
preservación de la naturaleza jurídica, en orden a hacer prevalecer sus valores,
principios y características esenciales.
3. Evitar que se presenten violaciones a las normas legales y estatutarias.
4. Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones comunales, de
los terceros y de la comunidad en general.
5. Velar por la correcta destinación de los recursos de las organizaciones
comunales.
6. Velar por el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de
guiar la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas.
(Decreto 890 de 2008, artículo 4)
Artículo 2.3.2.2.5. Niveles. Existen dos niveles de autoridades que ejercen
vigilancia, inspección y control sobre los organismos comunales, de acuerdo al
grado al que pertenezcan:
Primer nivel: Lo ejerce Ministerio del Interior, sobre las federaciones
departamentales y municipales de acción comunal y la Confederación Comunal
Nacional.
Segundo nivel: Lo ejercen las correspondientes dependencias de los
departamentos, distritos y municipios, sobre las juntas y asociaciones de acción
comunal.
(Decreto 890 de 2008, artículo 5)
Artículo 2.3.2.2.6. Entes competentes para adelantar la investigación y aplicar
la sanción. En ejercicio de las facultades que otorga el artículo 50 y demás normas
de la Ley 743 de 2002, la investigación administrativa consiguiente y la aplicación
de la sanción que corresponda será competencia de la respectiva dependencia
estatal de inspección, control y vigilancia, de conformidad con el procedimiento
previsto en este Capítulo, en concordancia con el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Decreto 890 de 2008, artículo 6)
Artículo 2.3.2.2.7. Facultades. Para desarrollar las anteriores finalidades las
dependencias estatales de inspección, vigilancia y control tendrán las siguientes
facultades:
1. Revisar los libros contables, de actas y de afiliados de las organizaciones
comunales.
2. Solicitar copia de los informes presentados a la asamblea.
3. Diseñar y aplicar instrumentos que permitan realizar revisiones periódicas al
cumplimiento de la ley y los estatutos de las organizaciones.
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4. Investigar y dar trámite a las peticiones, quejas y reclamos que las personas
presenten, relacionadas con las organizaciones comunales.
5. Realizar auditorías a las organizaciones comunales, cuando lo considere
necesario, de oficio o a petición de parte.
6. Practicar visitas de inspección a las organizaciones comunales, con el fin de
determinar su situación legal y organizativa, para adoptar oportunamente
medidas eficaces en defensa de los intereses de los afiliados.
7. Verificar la conformación de los cuadros de dignatarios de las organizaciones
comunales.
8. Verificar que los procesos de disolución por voluntad de los miembros de la
organización se realicen de conformidad con la normatividad vigente.
9. Revisar, excepcionalmente y a petición de parte, las actuaciones de las
comisiones de convivencia y conciliación cuando se presenten de manera
notoria y ostensible violaciones al debido proceso y/o se tomen decisiones por
vías de hecho, siempre y cuando no exista otro mecanismo de defensa de los
derechos de los afiliados.
10. Sancionar con suspensión o cancelación de la personería jurídica, según el
caso, a las organizaciones comunales que estén incumpliendo la Ley 743 de
2002, sus decretos reglamentarios o sus estatutos.
11. Ordenar la inscripción de la persona que o solicite en la organización comunal
respectiva, en los términos del artículo 23 de la Ley 743 de 2002; inscripción
que una vez ordenada producirá efectos inmediatos.
12. Autorizar la constitución de juntas de acción comunal en asentamientos
humanos.
13. Autorizar la constitución de asociaciones cuando dos o más territorios vecinos
no cuenten con el número de organismos comunales suficientes de primer
grado, o para anexarse a una preexistente.
14. Designar al último representante legal o en su defecto a otro miembro de la junta
directiva, en el caso de la declaratoria de nulidad de la elección, para que
adelante todas las diligencias necesarias para la realización de la asamblea
general de elección de nuevos dignatarios y ejecute los actos estrictamente
necesarios tendientes a proteger el patrimonio de la organización comunal.
15. Convocar a asamblea general en los siguientes casos:
a) Cuando se declare la nulidad de la elección de dignatarios;
b) Cuando se haya cumplido el procedimiento establecido en los estatutos para
convocatorias sin que estas se hayan llevado a cabo y exista clamor general
de la comunidad para la realización de las mismas.
16. Las demás facultades que determine la Constitución, la ley o el Gobierno
Nacional.
(Decreto 890 de 2008, artículo 7)
Artículo 2.3.2.2.8. Conductas. Serán objeto de investigación y sanción la violación
de las normas consagradas en la Constitución Política, la ley y los estatutos de las
correspondientes organizaciones comunales.
(Decreto 890 de 2008, artículo 8)
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Administrativo del Interior”
Artículo 2.3.2.2.9. Clases de sanciones. De acuerdo con los hechos investigados
y teniendo en cuenta las competencias y procedimientos establecidos en la ley y/o
estatutos de los organismos de acción comunal, la autoridad de inspección,
vigilancia y control podrá imponer las siguientes sanciones, de acuerdo a la
gravedad de las conductas:
1. Suspensión del afiliado y/o dignatario hasta por el término de 12 meses;
2. Desafiliación del organismo de acción comunal hasta por el término de 24
meses;
3. Suspensión temporal de dignatarios de organismos de acción comunal, hasta
tanto se conozcan los resultados definitivos de las acciones instauradas, cuando
se presenten las situaciones contempladas en el artículo 50 de la Ley 743 de
2002;
4. Suspensión de 1a personería jurídica hasta por un término de 6 meses, el cual
podrá ser prorrogado por igual término y por una sola vez;
5. Cancelación de la personería jurídica;
6. Congelación de fondos.
(Decreto 890 de 2008, artículo 9)
Artículo 2.3.2.2.10. Diligencias preliminares. Cuando por cualquier medio el
Ministerio del Interior o la entidad territorial que ejerce funciones de vigilancia,
inspección y control sobre los organismos comunales, según corresponda,
conozcan de la existencia de un presunto incumplimiento de las obligaciones
impuestas por la ley y sus reglamentos a un organismo de acción comunal, podrán,
de oficio o a petición de parte, solicitar la explicación pertinente o disponer visitas al
organismo correspondiente.
Para estos efectos, mediante auto, la entidad que ejerce la función de inspección,
control y vigilancia respectiva, designará un funcionario, quien solicitará la
información que considere pertinente o practicará las visitas necesarias para
verificar el cumplimiento de la ley o sus reglamentos.
Parágrafo. Cuando se realice una visita se levantará acta, la cual deberá ser
firmada por el o los funcionarios que la practican y el dignatario y/o afiliado del
organismo de acción comunal que reciba la visita. En caso de negativa del
dignatario y/o afiliado para firmar el acta respectiva, esta será firmada por un testigo.
El acta deberá ser notificada al representante legal en un plazo no mayor de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de la fecha de realización de la visita.
(Decreto 890 de 2008, artículo 10)
Artículo 2.3.2.2.11. Requerimiento. Cuando se compruebe que el organismo de
acción comunal correspondiente no cumple con las obligaciones de las normas
legales y sus reglamentos, y según la gravedad y tipo de incumplimiento, se
procederá a consignar las exigencias necesarias y se concederá un plazo no mayor
de quince (15) días hábiles para su cumplimiento, contados a partir de la
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notificación. Si transcurrido dicho plazo, el organismo de acción comunal
correspondiente no ha realizado los correctivos solicitados, se procederá a
adelantar la investigación correspondiente, según el procedimiento previsto en el
presente Capítulo, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Decreto 890 de 2008, artículo 11)
Artículo 2.3.2.2.12. Formulación de cargos y presentación de descargos. Si de
las diligencias practicadas se concluye que existe mérito para adelantar la
investigación, el Ministerio del Interior y de Justicia o la entidad territorial que ejerce
funciones de vigilancia, inspección y control sobre los organismos comunales,
según corresponda, ordenará mediante auto motivado, la apertura de investigación.
En caso contrario, se ordenará el archivo del expediente.
El auto de apertura de investigación, deberá determinar en forma objetiva y
ordenada los cargos que resultaren de la investigación, señalando en cada caso las
disposiciones legales y/o reglamentarias que se consideren infringidas.
El auto de apertura de investigación deberá notificarse personalmente al
representante legal de la entidad o a su apoderado y se pondrá a su disposición el
expediente.
Si no pudiere hacerse la notificación personal, esta se hará de conformidad con lo
señalado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Parágrafo. Una vez surtida la notificación, el presunto infractor, directamente o por
medio de apoderado, podrá presentar sus descargos en forma escrita y solicitar la
práctica de pruebas y aportar las que tenga en su poder, en los términos de que
trata el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Decreto 890 de 2008, artículo 12)
Artículo 2.3.2.2.13. Pruebas. El Ministerio del Interior o la entidad territorial que
ejercen funciones de vigilancia, inspección y control sobre los organismos
comunales, según corresponda, decretará la práctica de pruebas que considere
conducentes, o las solicitadas por el investigado, conforme a lo previsto en los
artículos 40 y 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
(Decreto 890 de 2008, artículo 13)
Artículo 2.3.2.2.14. Decisión. Vencida la etapa probatoria, habiéndose dado
oportunidad a los interesados para dar sus opiniones, y con base en las pruebas e
informes disponibles, procederá dentro de los quince (15) días siguientes y
mediante resolución debidamente motivada, a imponer la sanción correspondiente,
si es del caso. Si se encuentra que no se ha incurrido en violación de las
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obligaciones legales, se dictará acto administrativo que así lo declare y se ordenará
archivar el expediente contra el presunto infractor.
(Decreto 890 de 2008, artículo 14)
Artículo 2.3.2.2.15. Notificación de sanciones y recursos. Las sanciones
impuestas mediante resolución motivada, deberán notificarse personalmente al
representante legal o a su apoderado, dentro del término de los cinco (5) días
hábiles posteriores a su expedición. Contra el acto administrativo en mención
proceden los recursos de ley, conforme a lo dispuesto en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo 1. Si no pudiere hacerse la notificación en forma personal, se deberá
surtir por aviso, conforme con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Parágrafo 2. En el texto de toda notificación se indicarán los recursos que
legalmente proceden contra las decisiones de que se trate, las autoridades ante
quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.
(Decreto 890 de 2008, artículo 15)
Artículo 2.3.2.2.16. Traslado de las diligencias. Cuando del resultado de una
investigación se encontrare que existen conductas cuya sanción es de competencia
de otra autoridad, deberán remitirse a ella las diligencias adelantadas para o de su
competencia.
(Decreto 890 de 2008, artículo 16)
Artículo 2.3.2.2.17. Prescripción de la acción. Las conductas en las que pudieren
incurrir los afiliados y/o dignatarios de los organismos de acción comunal,
susceptibles de investigación de carácter disciplinario, prescribirán en un término de
tres (3) años, contados desde la ocurrencia del hecho u omisión. En el evento en
que la conducta sea de carácter permanente o continuado, el término se empezará
a contar desde la realización del último acto.
(Decreto 890 de 2008, artículo 17)
Artículo 2.3.2.2.18. Requisitos para inscripción de dignatarios. Para efectos de
la inscripción de dignatarios, por parte de la dependencia estatal de Inspección,
Control y Vigilancia, se deberán acreditar los siguientes requisitos:
1. Original del Acta de Asamblea General, suscrita por el Presidente y Secretario
de la Asamblea, así como por los miembros del Tribunal de Garantías, de la
elección de dignatarios o en su defecto, copia de la, misma, certificada por el
Secretario del organismo de acción comunal.
2. Listado original de asistentes a la Asamblea General.
3. Planchas o listas presentadas.
4. Los demás documentos que tengan relación directa con la elección.
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5. El cumplimiento de los requisitos mínimos para la validez de la Asamblea
General, tales como el quórum, participación del tribunal de garantías, entre
otros.
Parágrafo. En lo que se refiere a los organismos de acción comunal de segundo,
tercero y cuarto grado, se deberá acreditar la calidad de delegado, mediante
certificación expedida por la respectiva dependencia estatal de inspección, control
y vigilancia, para efectos de la elección e inscripción de los dignatarios elegidos.
(Decreto 890 de 2008, artículo 18)
Artículo 2.3.2.2.19. Elección directa de dignatarios. Mientras no sea regulada en
los estatutos internos de cada organismo de acción comunal, la elección directa de
dignatarios, esta se entenderá válida cuando en ella participen un número de
afiliados igual o superior al treinta por ciento (30%) de los mismos.
(Decreto 890 de 2008, artículo 19)
PARTE 4
DERECHOS HUMANOS
TÍTULO 1
Programa de Protección
CAPÍTULO 1
Víctimas y Testigos
Artículo 2.4.1.1.1. Objeto. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos, en
el marco de la Ley 975 de 2005, tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad,
libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de riesgo como
consecuencia directa de su condición de víctima o testigo, dentro del proceso de
Justicia y Paz, o para impedir que intervenga en el mismo.
Parágrafo. Las medidas de protección a que se refiere el presente capítulo deberán
coadyuvar favorablemente en garantía del acceso a los derechos a la verdad, a la
justicia y a la reparación.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 1)
Artículo 2.4.1.1.2. Población objeto. Se considera como beneficiario del programa
de que trata el presente Capítulo a toda víctima, en los términos que ha definido el
artículo 5° de la Ley 975 de 2005, o testigo, que se encuentre en situación de riesgo
extraordinario o extremo que atente contra su vida, integridad, libertad y seguridad.
El programa dará un énfasis en prevención y protección hacia las mujeres,
atendiendo a lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-496 de
2008 y el Auto 092 de seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en lo relacionado
con el impacto desproporcionado sobre las mujeres.
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(Decreto 1737 de 2010, artículo 2)
Artículo 2.4.1.1.3. Principios. El Programa de Protección para Víctimas y Testigos
en el ámbito de la Ley 975 de 2005, se regirá por los siguientes principios:
Autonomía. El Programa goza de autonomía en la evaluación del cumplimiento de
los requisitos exigidos para ser beneficiario, en la determinación de las medidas de
protección que se consideren apropiadas para amparar a las víctimas y testigos que
se hallen en situación de amenaza o de riesgo y en la adecuación institucional y
presupuestal necesaria para garantizar el logro de los fines propuestos, respetando
y aplicando las competencias establecidas por la Constitución Nacional y por la Ley
975 de 2005.
Colaboración Armónica. Las entidades del Estado responsables de la protección de
las Víctimas y Testigos deben articularse de acuerdo con las competencias
institucionales que establecen el artículo 113 de la Constitución Nacional y las leyes
y atender pronta, oportuna y efectivamente las decisiones que se adopten por los
Comités Territoriales de Justicia Transicional, que consagra el artículo 173 de la Ley
1448 de 2011
Responsabilidad Territorial. El Programa será complementario a las
responsabilidades y deberes de protección y garantía de la vida, la integridad, la
seguridad y la libertad personal, que la Constitución y la ley asignan a los entes
territoriales y a otras entidades del Estado, sin suplantar ni disminuir las
competencias establecidas.
Consentimiento. La aceptación de medidas preventivas y protectivas, tanto
individuales como colectivas, será tomada de manera libre y voluntaria por el
beneficiario.
Concertación. La víctima podrá sugerir medidas alternativas o complementarias a
las dispuestas por el Programa, el que determinará su conveniencia, viabilidad y
aplicabilidad.
Factores Diferenciales. Para la aplicación del Programa de Protección establecido
en el presente decreto se tendrán en consideración las características de la
población objeto en términos de género, edad y etnia, y la índole del delito según lo
señala el inciso 2° del artículo 38 de la Ley 975 de 2005.
Celeridad. Para garantizar una atención efectiva a la población objeto de protección,
las entidades del Estado responsables deberán adoptar de manera oportuna y
contingente, con celeridad y diligencia, las medidas tendientes a la protección de la
vida, integridad, seguridad y libertad de las víctimas y testigos.
Confidencialidad. Toda actuación e información relativa a la protección de personas
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beneficiarias de este programa, en cualquiera de sus etapas, tendrá carácter
reservado. Las personas que integran la población objeto del mismo también están
obligadas a guardar dicha reserva.
Temporalidad. Las medidas de protección, individuales o colectivas, serán de
carácter temporal y tendrán una vigencia determinada por el resultado que arroje el
estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza.
Proporcionalidad. Para la aplicación de las medidas de protección, deberán tenerse
en cuenta los principios y garantías constitucionales las cuales deberán guardar
correspondencia y pertinencia con el nivel de riesgo.
Buena fe. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Nacional, los funcionarios
públicos deberán presumir la buena fe de las víctimas y testigos, en todas las
gestiones que adelantan ante las entidades. Corresponde al Estado demostrar si
hay falsedad en la acción del solicitante.
Salvaguarda de derechos. El Programa propenderá por la protección de los
derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personales, evitando generar con
su actuación riesgos adicionales.
Parágrafo. La violación de los principios que genere una vulneración de los
derechos fundamentales de la víctima puede acarrear sanciones penales y
disciplinarias.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 3)
Artículo 2.4.1.1.4. Definiciones. Para la adopción y aplicación de las medidas y
protección a que se refiere el presente capítulo, se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:
Víctima. Persona que individual o colectivamente haya sufrido daños directos tales
como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad
física, psíquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de
acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por grupos
armados organizados al margen de la ley. También se tendrá por víctima al
cónyuge, compañero o compañera permanente, y familiar en primer grado de
consanguinidad, primero civil de la víctima directa cuando a esta se le hubiere dado
muerte o estuviere desaparecida. Lo anterior en el entendido que lo aquí establecido
no excluye como víctimas a otros familiares que hubieren sufrido un daño como
consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de la ley penal, cometida por
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.
Testigo. Es la persona que tiene conocimiento de la comisión de un delito
perpetrado por grupos armados al margen de la ley, en el marco de la Ley 975, y
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que en concepto del fiscal delegado de justicia y paz competente, tenga o pueda
tener un aporte sustancial a la investigación que adelanta y que afronte un riesgo
extraordinario o extremo para su vida e integridad personal.
En caso de que concurran las calidades de testigo –desmovilizado o testigo–
postulado será remitido a la autoridad correspondiente de brindar la protección.
Amenaza. Es el anuncio o indicio de acciones que puedan llegar a causar daño a la
vida, integridad, libertad o seguridad de una persona o de su familia. La amenaza
puede ser directa cuando está expresamente dirigida contra la víctima o indirecta
cuando se presume inminencia de daño como resultado de situaciones emergentes,
en el contexto de la víctima. La amenaza está constituida por un hecho o una
situación de carácter externo y requiere la decisión o voluntariedad de causar un
daño.
Vulnerabilidad. Está determinada por el nivel de exposición que la víctima tiene al
riesgo, y está constituida por el conjunto de factores que impiden a la víctima, por
sus propios medios, evitar la materialización de la amenaza o asumir la mitigación
de los impactos derivados de su existencia. La vulnerabilidad también está asociada
a los factores diferenciales.
Capacidad. Recursos tanto institucionales como sociales y personales, que
permiten hacer frente a un riesgo.
Enfoque diferencial. Expresa el reconocimiento y acciones del Estado para
contrarrestar o minimizar la forma distinta, a veces incluso desproporcionada, en
que la violencia y las amenazas afectan a determinados grupos sociales en relación
con sus características particulares de edad, género, etnia, salud, discapacidad u
opción sexual. Estas diferencias, determinadas de manera cultural, social e
histórica, resultan decisivas en la aplicación de todos los dispositivos de prevención
y protección establecidos en este decreto y en la forma como las entidades deben
establecer su trato con los sectores mencionados, a fin de evitar ahondar en la
discriminación y el daño causado.
Riesgo. Es la probabilidad objetiva de que un peligro contra un individuo o un grupo
de individuos se materialice en daño o agresión. El riesgo está determinado por la
gravedad e inminencia de la amenaza, en relación con la vulnerabilidad de la víctima
y las capacidades institucionales y sociales. El riesgo está limitado a un espacio y
momento determinados.
Riesgo Extraordinario. Es aquel que atenta contra el derecho a la seguridad
personal de la víctima o testigo en el marco de la Ley 975 de 2005 y que se adecúa
a las siguientes características:
– Que sea específico e individualizable.
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– Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos y no
en suposiciones abstractas.
– Que sea presente, no remoto ni eventual.
– Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes o intereses
jurídicos valiosos, integridad física, psíquica y sexual para la víctima o testigo.
– Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso.
– Que sea claro y discernible.
– Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la
generalidad de los individuos.
– Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la
situación por la cual se genera el riesgo.
Riesgo Extremo. Es aquel que, además de ser extraordinario, es también grave,
inminente y dirigido contra la vida o la integridad de la víctima o testigo.
Mapa de riesgo. Es una herramienta metodológica de identificación de franjas
poblacionales, municipios o territorios de grupos étnicos afectados, que deberán ser
priorizados para la atención de prevención y protección frente a situaciones de
amenaza en que se encuentra la población objeto del Programa, objeto del presente
decreto.
Estudio de nivel de riesgo. Es el resultado del análisis técnico de seguridad sobre la
gravedad e inminencia de la amenaza en que se encuentra una persona natural,
familia o grupo de personas, así como de las condiciones particulares de
vulnerabilidad que les afectan, en relación directa con la amenaza. El Estudio de
nivel de riesgo tomará en consideración los factores de diferenciación determinados
en el presente decreto, con el fin de que las entidades encargadas adopten medidas
que no sólo contrarresten o mitiguen la amenaza sino que adicionalmente
disminuyan los factores de vulnerabilidad de la víctima o testigo y potencien sus
capacidades, individuales, grupales o comunitarias y les garanticen mecanismos de
participación, de conformidad con la Sentencia T-496 de 2008.
Medidas complementarias de carácter asistencial. Son aquellas orientadas a la
atención de necesidades primarias tales como salud, educación, recreación,
teniendo en cuenta el enfoque diferencial y de género. Igualmente incluyen el apoyo
sicosocial y orientación jurídica.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 4)
Artículo 2.4.1.1.5. Órganos que integran el programa de protección para
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víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 de 2005. El Programa contará con
los siguientes órganos para su dirección, ejecución, evaluación y seguimiento:
1. Dirección.
2. Grupos Interinstitucionales de Apoyo.
3. Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo.
4. Grupo Departamental de Medidas Complementarias.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 5)
Artículo 2.4.1.1.6. Dirección del programa de protección para víctimas y
testigos de la Ley 975 de 2005. La Dirección del Programa de Protección para
Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, estará a cargo del Ministerio del Interior
a través de la Dirección de Derechos Humanos.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 6)
Artículo 2.4.1.1.7. Funciones de la dirección del programa de protección para
víctimas y testigos:
1. Orientar las políticas, definir los procedimientos, diseñar e impulsar los planes
del Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005,
tendientes a garantizar la plena aplicación de los principios contenidos en el
presente decreto.
2. Servir de enlace entre las entidades del Estado competentes para garantizar la
concurrencia armónica de las instituciones públicas a nivel nacional,
departamental y municipal, responsables de adoptar e implementar las medidas
y para garantizar su participación en las diferentes etapas de este Programa, en
los términos del presente decreto.
3. Servir de órgano de articulación interinstitucional con otras entidades para
proveer atención integral a la población beneficiaria, teniendo en cuenta criterios
de enfoque de género y diferencial.
4. Hacer seguimiento y evaluación al Programa de Protección para Víctimas y
Testigos, al funcionamiento y determinaciones del Grupo Técnico de Evaluación
de Riesgo - GTER y al impacto de las medidas.
5. Brindar asistencia técnica a las autoridades de orden territorial en la aplicación
de los diferentes dispositivos de prevención y protección previstos en el
presente decreto.
6. Servir de órgano de segunda instancia que conocerá y decidirá las
impugnaciones a las decisiones que sean adoptadas por los Grupos Técnicos
de Evaluación de Riesgo - GTER, sobre la vinculación o no al Programa, las
medidas adoptadas y la desvinculación.
7. Coordinar estrategias de capacitación, orientación y asistencia técnica
necesaria y oportuna a entidades encargadas de operar el Programa.
8. Definir las medidas políticas de prevención previstas a nivel nacional.
9. Orientar las acciones de prevención a nivel departamental y municipal, a
desarrollar por parte de las entidades territoriales responsables, a partir del
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mapa de riesgo aprobado.
10. Disponer los ajustes a las medidas de protección adoptadas, cuando las
circunstancias así lo requieran.
11. Preparar un informe cada cuatro meses para el Comité Interinstitucional de
Justicia y Paz, sobre el seguimiento del Programa.
12. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento del objeto del
Programa.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 7)
Artículo 2.4.1.1.8. De los grupos interinstitucionales de apoyo. La Dirección
contará con dos grupos interinstitucionales de apoyo, el Grupo Técnico de
Elaboración del Mapa de Riesgo y el Grupo Interinstitucional de Protección.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 8)
Estos grupos asesores apoyarán, adicionalmente, a la Dirección en el desarrollo de
las funciones que le han sido asignadas en el marco de este Programa.
Artículo 2.4.1.1.9. Del Grupo Técnico de Elaboración del Mapa de Riesgo. El
Grupo Técnico de Elaboración del Mapa de Riesgo estará integrado por la Policía
Nacional y el Observatorio de la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 9)
Artículo 2.4.1.1.10. De las funciones del Grupo Técnico de Elaboración del
Mapa de Riesgo. El Grupo Técnico de Elaboración del Mapa de Riesgo tendrá
como función recopilar información, elaborar y actualizar el Mapa de Riesgo para
presentación ante el Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, y para ser utilizado
como insumo para la toma de decisiones por parte de los diferentes órganos que
conforman este Programa.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.4.1.1.11. El Grupo Interinstitucional de Protección. El Grupo
Interinstitucional de Protección estará integrado por representantes de la Dirección
de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Dirección de Justicia Transicional
del Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Agricultura, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de
Salud y Protección Social, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos,
Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, y la Unidad de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas.
La Secretaría Técnica estará a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior.
Parágrafo. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación
participarán en esta instancia en cumplimiento de los deberes que le señala la Ley
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24 de 1992, como garante de los derechos de las víctimas pero no tomará parte en
las decisiones.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 11; Decreto 4800 de 2011, artículo 220)
Artículo 2.4.1.1.12. De las funciones del Grupo Interinstitucional de
Protección. El Grupo Interinstitucional de Protección tendrá las siguientes
funciones:
1. Elaborar y aprobar los Protocolos de atención individual y colectiva de
protección a víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 de 2005, con enfoque
diferencial y de género.
2. Sugerir a las entidades encargadas de la ejecución de medidas de protección,
la adopción de otras medidas de protección, además de las existentes, que
considere pertinentes.
3. Presentar a la Dirección del Programa, cada dos meses, un documento de
análisis y seguimiento tanto del funcionamiento como de la implementación de
las medidas de protección individuales y colectivas adoptadas.
4. Adoptar las medidas de protección colectivas, de acuerdo a lo establecido en el
protocolo, las cuales se coordinarán con el Grupo Departamental de Medidas
Complementarias, para su ejecución.
5. Recomendar ajustes a las políticas y procedimientos de evaluación de riesgo,
prevención, protección y aplicación del enfoque de género diferencial, sobre la
base de las experiencias recogidas y sistematizadas.
6. Coadyuvar en la coordinación de estrategias de capacitación, orientación, y
asistencia técnica necesaria a las entidades encargadas de operar el
Programa.
7. Desarrollar estrategias de difusión del Programa dirigidas a la población
víctima.
8. Expedir su propio reglamento.
Parágrafo 1. La Defensoría del Pueblo participará en esta instancia en
cumplimiento de los deberes que le señala la Ley 24 de 1992, como garante de los
derechos de las víctimas y de las minorías étnicas, pero no tomará parte en las
decisiones.
Parágrafo 2. Las entidades que componen los grupos asesores deberán delegar
ante la Secretaría Técnica, los funcionarios principales y suplentes que
representarán a cada una de las entidades.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.4.1.1.13. Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo. En desarrollo del
principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado, el Grupo Técnico
de Evaluación de Riesgo –GTER– estará conformado por la Fiscalía General de la
Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la
Nación y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
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a Víctimas.
Parágrafo 1. Las entidades que componen el Grupo Técnico de Evaluación de
Riesgo deberán delegar ante la Secretaría Técnica, los funcionarios principales y
suplentes que representarán a cada una de las entidades.
Parágrafo 2. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación
participarán, con voz pero sin voto, conforme a lo establecido en la Ley 24 de 1992,
como garantes de los derechos de las víctimas.
Parágrafo 3. El Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo deberá estar compuesto
por lo menos de dos (2) psicólogos especializados en protección a víctimas.
Parágrafo 4. En caso de discrepancia en la valoración del riesgo la medida se
tomará a favor de la víctima.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 13; Decreto 4800 de 2011, artículo 221)
Artículo 2.4.1.1.14. Distribución Territorial de los Grupos Técnicos de
Evaluación de Riesgo. El Programa contará con regionales del Grupo Técnico de
Evaluación de Riesgo, las cuales estarán ubicadas en las ciudades que se señalan
a continuación y tendrán la siguiente comprensión territorial:
Medellín. Comprende los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.
Barranquilla. Comprende los departamentos de Atlántico, Guajira, Bolívar, Sucre y
Magdalena.
Cali. Comprende los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
Bucaramanga. Comprende los departamentos de Santander, Norte de Santander y
Cesar.
Pereira. Comprende los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío.
Bogotá. Comprende los departamentos de Huila, Boyacá, Tolima, Arauca,
Casanare, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vichada, Vaupés, Guainía, Guaviare,
San Andrés, Meta y Cundinamarca.
Parágrafo 1. La Dirección del Programa podrá crear nuevas regionales del Grupo
Técnico de Evaluación de Riesgo - GTER, determinadas por la dinámica del proceso
de Justicia y Paz.
Parágrafo 2. La Secretaría Técnica del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo GTER, estará a cargo de la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General
de la Nación de Bogotá y contará con Secretarías delegadas a cargo de las
Unidades Regionales de esta Oficina.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 14)
Artículo 2.4.1.1.15. Funciones del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo GTER. El Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo - GTER, deberá:
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1. Aplicar las disposiciones, criterios y metodologías sobre la evaluación de riesgo
presentes en el Protocolo Único de Protección para Víctimas y Testigos de la
Ley 975 de 2005.
2. Evaluar y determinar el nivel de riesgo de las víctimas y/o testigos definidos en
la Ley 975 de 2005, reportado por cualquier funcionario público o autoridad
territorial, tomando como base la gravedad e inminencia de la amenaza, el
grado de vulnerabilidad y los factores diferenciales presentes en la persona
afectada.
3. Determinar si la víctima, para quien se solicitan medidas, se encuentra dentro
de la definición de población objeto del Programa previsto en el presente
Capítulo.
4. Adoptar las medidas que correspondan, de acuerdo con el nivel de riesgo en
cada caso.
5. En los casos en que el Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo - GTER, advierta
la existencia de riesgos para una colectividad, informará a la Dirección del
Programa y a la Secretaría Técnica del Grupo Interinstitucional de Protección
para que se adopten las medidas preventivas y protectivas a que haya lugar,
las cuales serán presentadas en el marco del Grupo Departamental de medidas
complementarias.
6. Notificar a los interesados a través de las Secretarías Técnicas delegadas, las
decisiones adoptadas por el Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo en cada
caso.
7. Resolver en primera instancia, los recursos de reposición interpuestos en contra
de las decisiones de este Grupo, sobre vinculación o no al Programa y las
medidas adoptadas.
8. Realizar reevaluaciones, cada seis meses, a los casos vinculados al Programa,
o cuando se manifieste la existencia de nuevos hechos de riesgo. Lo anterior
atendiendo el principio de temporalidad.
9. Presentar informe mensual a la Dirección del Programa y al Grupo
Interinstitucional de Protección sobre la gestión y decisiones adoptadas.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.4.1.1.16. Grupo Departamental de Medidas Complementarias. En
aplicación al principio de responsabilidad territorial, se crean los Grupos
Departamentales de Medidas Complementarias.
Estará integrado por el Gobernador o su Secretario de Gobierno o del Interior del
Departamento, la Policía Nacional, la Dirección Seccional de Fiscalías y la
Defensoría del Pueblo.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 16)
Artículo 2.4.1.1.17. De las funciones del Grupo Departamental de Medidas
complementarias. El Grupo Departamental de Medidas Complementarias tendrá
las siguientes funciones:
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DE 2015
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1. Definir e implementar las medidas complementarias, a las medidas de
protección individuales asignadas por cada una de las instancias del Programa
de Protección.
2. Poner en marcha los dispositivos de protección a municipios, franjas
poblaciones y territorios colectivos de grupos étnicos, teniendo en cuenta el
enfoque de género y diferencial, que adopte el Grupo Interinstitucional de
Protección.
3. Establecer un diálogo con las comunidades, particularmente con las
organizaciones de víctimas y de mujeres, a fin de identificar los factores de
vulnerabilidad y las potenciales amenazas que les afectan.
4. Ejecutar las medidas enunciadas en el artículo de dispositivos poblacionales.
Parágrafo 1. La Dirección del Programa, a fin de garantizar la concurrencia
institucional, brindará la información necesaria al Grupo Departamental de Medidas
Complementarias, sobre las funciones que le corresponde cumplir en el marco de
este Programa; de igual manera, aportará la información de carácter no reservado,
relacionada con el riesgo y la problemática de las víctimas en su jurisdicción.
Parágrafo 2. Los Gobernadores en cada departamento, atenderán los
requerimientos de implementación de medidas complementarias definidas por el
Comité Departamental, cuando la ejecución sea de su competencia.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 17)
Artículo 2.4.1.1.18. Análisis del Mapa de Riesgo. El Grupo Interinstitucional de
Protección analizará y adoptará las medidas de protección que considere
necesarias, en coordinación con el Grupo Departamental de Medidas
Complementarias correspondiente.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 18)
Artículo 2.4.1.1.19. Actualización del Mapa de Riesgo. El Grupo Técnico de
Elaboración de Mapa de Riesgo, deberá presentar cada cuatro (4) meses, la
actualización del Mapa de Riesgo, con el objeto de ajustar la priorización de los
municipios, franjas poblacionales y territorios colectivos de grupos étnicos para la
atención preventiva, según la dinámica del proceso de Justicia y Paz.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 19)
Artículo 2.4.1.1.20. Dispositivos de protección. Para efectos de garantizar una
respuesta oportuna, en términos de prevención, atención individual y colectiva, con
enfoque diferencial y de género, el Programa de Protección para Víctimas y Testigos
de la Ley 975 de 2005, tendrá tres dispositivos de protección:
1. Medidas de carácter general.
2. Dispositivos colectivos y poblacionales.
3. Dispositivos individuales.
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(Decreto 1737 de 2010, artículo 20)
Artículo 2.4.1.1.21. Medidas de carácter general. Son las que contribuyen a crear
un ambiente favorable de protección para todas las víctimas, al fortalecimiento de
la institucionalidad, y a la sensibilización e información de la ciudadanía respecto a
los derechos de las víctimas y la preservación de su dignidad. A ese propósito
corresponden las siguientes medidas.
1. La Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho
dará a conocer a los servidores públicos de los diferentes niveles territoriales,
las rutas o protocolos de atención y protección existentes, encaminadas a
orientar y apoyar a las víctimas para la reclamación de sus derechos, acceso a
la justicia y las garantías que se deben brindar a todo nivel para generar el
respeto a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal.
2. La Dirección del Programa pondrá en marcha una campaña de sensibilización
de un año de duración, a través de los medios de comunicación y mediante
actividades pedagógicas y foros públicos, reiterando el compromiso y
responsabilidad del Estado en el tema de protección. La campaña enfatizará el
trato digno a las víctimas desde los servidores del Estado, con un
reconocimiento especial a las mujeres víctimas, grupos étnicos y otros sectores
sociales que comportan factores de diferenciación. Igualmente, buscará difundir
e informar sobre los procedimientos y responsabilidades del Programa.
3. Las autoridades nacionales, departamentales y municipales, incrementarán sus
acciones contra los diversos grupos y factores delincuenciales que generan
amenaza y constreñimiento contra las víctimas de justicia y paz.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 21)
Artículo 2.4.1.1.22. Dispositivos colectivos y poblacionales. Está dirigido a
municipios, franjas poblacionales y territorios colectivos de grupos étnicos que
hayan sido priorizados en el Mapa de Riesgo. Su atención estará a cargo del Grupo
Departamental de Medidas Complementarias, bajo la coordinación del Gobernador
o su Secretario del Interior o de Gobierno y con acompañamiento del Grupo
Interinstitucional de Protección. Entre las medidas a disponer por parte de las
autoridades anteriormente señaladas están:
1. Asegurar el control del área geográfica señalada, con acciones investigativas,
de apoyo a la población y de contención de la amenaza proveniente de grupos
armados ilegales que estén generando constreñimiento y ataques contra las
víctimas, las cuales estarán a cargo de la Policía Nacional.
2. Definir planes de prevención y protección con mecanismos de seguimiento y
concertación entre la comunidad y las autoridades. Los planes incluirán
actividades que involucren a las comunidades en la autoprotección, el
fortalecimiento comunitario y la orientación para el acceso a la justicia. Cuando
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se trate de territorios colectivos de grupos étnicos, las medidas de prevención y
de contención de la amenaza, serán previamente concertadas con sus
autoridades tradicionales.
3. Desarrollar con cargo al Plan Básico de Salud, programas de impacto
psicosocial con refuerzo del tejido social y con atención dirigida a asegurar la
aplicación del enfoque de género y diferencial.
4. Desarrollar actividades de educación comunitaria en mecanismos de acceso a
la justicia, derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos sexuales y
reproductivos, rutas de atención en violencia de género y abusos sexuales,
entre otros.
Parágrafo 1. El Gobernador o su Secretario del Interior o de Gobierno, solicitará la
intervención de las Fuerzas Militares, cuando la Policía Nacional no esté en
capacidad por sí sola de atender los requerimientos de que trata este artículo.
Parágrafo 2. Se pondrá en conocimiento del Ministerio de Defensa Nacional, las
conclusiones del Mapa de Riesgo, con el fin de que coordine los esfuerzos
necesarios.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 22)
Artículo 2.4.1.1.23. Dispositivos individuales. El Dispositivo Individual consiste
en el conjunto de medidas y medios de protección específicos, adecuados y
suficientes, para evitar que se materialice el riesgo extraordinario o extremo sobre
una víctima o testigo, en el marco de la Ley 975 de 2005.
Este Dispositivo será aplicado por la Fiscalía General de la Nación o la Policía
Nacional, de acuerdo con la asignación de medidas que determine el respectivo
Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo– GTER. En todos los casos, la atención
individual del riesgo se basará integralmente en los procedimientos, criterios e
instancias de articulación interinstitucional, previstos en el presente Capítulo y
especificadas en el Protocolo Único de Protección para Víctimas y Testigos de
justicia y paz.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 23)
Artículo 2.4.1.1.24. Etapas del dispositivo Individual. El Dispositivo Individual
contempla cuatro etapas.
1. Asistencia inicial.
2. Evaluación y calificación de riesgo.
3. Determinación y ejecución de las medidas de protección.
4. Terminación de la protección.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 24)
Artículo 2.4.1.1.25. Asistencia inicial. La asistencia inicial consiste en satisfacer
las necesidades de la víctima o testigo solicitante y su núcleo familiar, en materia
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de seguridad, hospedaje, alimentación, aseo, transporte, vestuario, asistencia
médica de urgencia y demás aspectos que permitan su protección en condiciones
de dignidad, atendiendo el enfoque diferencial y de género.
La asistencia inicial se activará por parte de la Policía Nacional en el nivel municipal
o departamental, a solicitud del interesado, de cualquier servidor público, o de oficio
y se mantendrá hasta tanto se notifique la decisión adoptada por el Grupo Técnico
de Evaluación de Riesgo.
Las medidas de seguridad a cargo de la Policía Nacional, podrán ser
autoprotección, rondas policiales y plan padrino.
Parágrafo 1. Todos los servidores públicos tendrán la obligación de poner en
conocimiento de la Policía Nacional cualquier situación de riesgo o amenaza en
contra de una víctima o testigo, en el marco de la Ley 975 de 2005 con el fin de
activar el procedimiento establecido en este artículo, y de la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de que disponga la correspondiente investigación de los hechos
denunciados.
Parágrafo 2. Si la víctima manifiesta reserva de confianza por razones de seguridad
hacia cualquier entidad vinculada con el desarrollo de este Programa, el personero
municipal o el representante del Ministerio Público, acompañarán el procedimiento.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 25)
Artículo 2.4.1.1.26. Finalización de la asistencia inicial. La asistencia inicial
concluirá cuando se presenten alguna de las siguientes situaciones:
1. Cuando se adopten las medidas de protección por parte del Grupo Técnico de
Evaluación de Riesgos– GTER o la Dirección del Programa. En cualquier caso,
se deberá dejar constancia de tales circunstancias en acta que deberá ser
notificada al beneficiario de protección.
2. Cuando el beneficiario de la asistencia inicial manifieste su voluntad de no
querer continuar recibiendo la asistencia, su manifestación deberá constar por
escrito.
3. Cuando el beneficiario de la asistencia inicial incumpla las obligaciones
adquiridas o haga mal uso de ellas.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 26)
Artículo 2.4.1.1.27. Evaluación y calificación del riesgo individual. El Grupo
Técnico de Evaluación de Riesgos– GTER, a través de la Policía Nacional o la
Fiscalía General de la Nación, realizarán la evaluación y calificación de riesgo, con
el fin de asignar, de considerarse necesario, las medidas de seguridad estipuladas
en el presente Capítulo.
Una vez puesto el caso en conocimiento del GTER, este contará con un plazo
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máximo de quince (15) días hábiles para realizar la evaluación y calificación del
riesgo y decidir sobre las medidas de protección correspondientes; plazo que
excepcionalmente podrá ser prorrogado, previa motivación.
Cuando se establezca que este Programa no es competente para evaluar el caso,
la Secretaría Técnica, previo concepto del GTER, remitirá al Programa competente
e informará a la Policía Nacional para que se suspenda la asistencia inicial
estipulada en el artículo 2.4.1.1.25.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 27)
Artículo 2.4.1.1.28. Certificación. Los fiscales delegados de la Unidad de Justicia
y Paz certificarán sumariamente la calidad de víctima o testigo en el procedimiento
de la Ley 975 de 2005, como requisito para acceder a este programa, tomando
como referencia el reporte de hechos atribuibles a grupos armados organizados al
margen de la ley y la valoración de las entrevistas a los testigos de un hecho
atribuible a grupos armados organizados al margen de la ley.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 28)
Artículo 2.4.1.1.29. Determinación y ejecución de las medidas. Cuando el Grupo
Técnico de Evaluación de Riesgo– GTER, haya determinado que la víctima
solicitante se encuentra en situación de riesgo extraordinario o extremo, se aplicarán
las siguientes medidas:
1. Autoprotección. Es la orientación que se imparte, con el propósito de dar a
conocer a la víctima o testigo, las formas y procedimientos más indicados para
prevenir actos contra su vida, libertad e integridad personal.
2. Rondas de la Policía Nacional. Son los patrullajes periódicos preventivos
realizados por la Policía Nacional para brindar seguridad al entorno de la
residencia o sede de la organización a la cual pertenece la víctima o testigo.
3. Plan Padrino. Es la asignación de la responsabilidad individual a un funcionario
de Policía, el cual establecerá una permanente comunicación con la víctima o
testigo, con el fin de reportar o monitorear la situación de seguridad y prevenir
hechos en su contra.
4. Medios de Comunicación. Son los equipos de comunicación entregados como
elementos para la protección, con el objeto de permitir el acceso a la
comunicación oportuna y efectiva del beneficiario con los organismos del Estado
que participan en el Programa de Protección, con el fin de comunicar una
situación de emergencia, dar cuenta de su situación de seguridad y evitar el
riesgo que supone utilizar otro medio de comunicación.
5. Chalecos Antibalas. Es una prenda blindada asignada a la víctima o testigo,
para la protección del cuerpo humano.
6. Esquemas móviles. Son los recursos físicos y humanos otorgados a los
beneficiarios del Programa con el propósito de evitar agresiones contra su vida.
7. Reubicación. Es el traslado definitivo de la víctima o testigo en riesgo en el
marco de la Ley 975 de 2005, de la zona de riesgo a otro sitio del país, evento
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en el cual se le brinda apoyo para la estabilización socioeconómica. En todo
caso, la Fiscalía General de la Nación, garantizará la seguridad y subsistencia
del protegido, hasta tanto se implemente la medida de la que trata este numeral.
Parágrafo 1. La aplicación de las medidas de protección dispuestas por el Grupo
Técnico de Evaluación de Riesgo– GTER, se formalizarán mediante acta de
compromiso suscrita entre el beneficiario de las medidas y el representante de la
entidad competente, en la cual se harán constar las obligaciones que adquiere el
protegido y las consecuencias de su desacato o el mal uso que haga de ellas.
Parágrafo 2. Las medidas enunciadas en los numerales del 1 al 6 no son
excluyentes en su implementación.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 29)
Artículo 2.4.1.1.30. Reevaluación del riesgo. El Grupo Técnico de Evaluación de
Riesgo– GTER, reevaluará el riesgo de las personas vinculadas al Programa cada
seis (6) meses.
Consecuentemente con el resultado de la reevaluación del riesgo, las medidas de
protección asignadas se podrán suspender, retirar, renovar o modificar, para lo cual
se tendrá en cuenta el procedimiento establecido en el artículo 42 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 30)
Artículo 2.4.1.1.31. Entidades competentes. En los términos del presente
capítulo, la ejecución de las medidas de protección tendrán los siguientes
responsables principales:
1. Medidas políticas. Estarán bajo el liderazgo del Ministerio del Interior, a través
de la Dirección de Derechos Humanos.
2. Asistencia Inicial. A cargo de la Policía Nacional, conforme a lo estipulado en el
artículo 2.4.1.1.25 del presente decreto.
3. Medidas de dispositivos individuales. A cargo de la Fiscalía General de la
Nación: estarán la reubicación, chalecos antibalas y medios de comunicación.
4. Las medidas de autoprotección. Las rondas policiales y el plan padrino, estarán
a cargo de la Policía Nacional.
5. La medida de esquemas móviles. Serán asumidas conjuntamente por la Fiscalía
General de la Nación y la Policía Nacional.
6. Medidas complementarias. A cargo del Grupo Departamental de Medidas
Complementarias, conformado por el Gobernador o su Secretario del Interior, la
Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de
Reparación y Reconciliación –CNRR–, cuando esta tenga representación en
dicho departamento.
7. Seguimiento y monitoreo. A cargo de la Procuraduría General de la Nación y el
Grupo Interinstitucional de Protección.
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(Decreto 1737 de 2010, artículo 31)
Artículo 2.4.1.1.32. Medidas complementarias. Para la aplicación de las medidas
complementarias se buscará integrar la atención a las necesidades de las víctimas
y testigos, con el propósito de salvaguardar sus derechos afectados y buscar su
bienestar emocional y familiar, por tal razón, deberán concurrir todas las entidades
competentes en la ejecución de programas orientados a dar respuesta a estas
necesidades. Igualmente se podrán convocar entidades sin ánimo de lucro que
colaboren con estos propósitos.
En desarrollo de este artículo, las entidades que hacen parte del Programa podrán
celebrar convenios o contratos con el fin de garantizar la aplicación de las medidas
complementarias.
Parágrafo. En todas las medidas complementarias implementadas, la autoridad a
cargo se asegurará de la adecuada aplicación del enfoque de género y diferencial.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 32)
Artículo 2.4.1.1.33. Evaluación sobre la pertinencia y contenido de las medidas
complementarias. Cuando la situación de amenaza amerite el traslado de la
víctima o testigo y/o se afecten de manera decidida sus derechos o los de su grupo
familiar a la educación, la salud y la estabilidad emocional, el Grupo Técnico de
Evaluación de Riesgo– GTER, remitirá el caso al Grupo Departamental de Medidas
Complementarias, a fin de asegurar las acciones de garantía de restitución de los
derechos afectados y de preservar el bienestar personal y familiar.
El Grupo Departamental de Medidas Complementarias valorará la asignación de
medidas complementarias, a fin de asegurar los medios necesarios, en el marco de
las competencias institucionales, garantizar la protección de los demás derechos
afectados, brindar la asistencia psicológica a la persona amenazada y a su familia
y asegurar la debida orientación jurídica, en el marco de la Ley 975, para la
reclamación de sus derechos y el acceso a la justicia.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 33)
Artículo 2.4.1.1.34. Terminación de la protección. El Grupo Técnico de
Evaluación de Riesgo, podrá determinar la terminación de la protección cuando se
presente una de las siguientes causales:
1. Cuando de la reevaluación se determine la disminución del riesgo a nivel
mínimo u ordinario.
2. Por renuncia voluntaria del beneficiario.
3. Por la ejecución de la reubicación definitiva.
4. Cuando el protegido es cobijado por una medida de aseguramiento privativa de
la libertad.
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Parágrafo. En caso de que la medida de aseguramiento se profiera contra el titular,
las medidas de protección que se estén brindando o beneficios pendientes por
entregar, deberán ejecutarse respecto de su grupo familiar acogido por extensión.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 34)
Artículo 2.4.1.1.35. Exclusión unilateral. El Grupo Interinstitucional de Protección
podrá determinar la exclusión unilateral del protegido y su grupo familiar por el
incumplimiento de las obligaciones adquiridas con este Programa, previo informe
del GTER respectivo.
Las causales de incumplimiento de las obligaciones adquiridas con el programa de
protección, serán establecidas dentro del Protocolo de Protección Individual y serán
manifestadas al protegido, mediante acto administrativo, al ingreso a este
Programa.
Parágrafo 1. En el caso, en el cual se incumplan los compromisos adquiridos por el
protegido en la medida de reubicación definitiva, se entenderá que la persona
asume el riesgo por el cual fue incluida en el programa y se obliga a restituir los
dineros otorgados para la ejecución de tal medida.
Parágrafo 2. Para la exclusión unilateral se adoptará el procedimiento establecido
en el artículo 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Parágrafo 3. En todo caso, contra los actos administrativos que definan lo
establecido en el presente capítulo, procederán los recursos de reposición y en
subsidio apelación, en los términos de los artículos 74 a 81 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 35)
Artículo 2.4.1.1.36. Recursos. La ejecución de las medidas definidas en el
presente Capítulo para el funcionamiento del Programa de Protección para Víctimas
y Testigos, estarán sujetas a los recursos que para el efecto se apropien en el
Presupuesto General de la Nación y estén contenidos en el Marco de Gastos de
Mediano Plazo.
Para tal fin el Ministerio del Interior presentará al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, las necesidades presupuestales para ejecución de este Programa.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 36)
Artículo 2.4.1.1.37. Proyección de recursos. La Policía Nacional y la Fiscalía
General de la Nación presentarán oportunamente a la Dirección del Programa, la
proyección de recursos para el cumplimiento de las funciones asignadas para cada
vigencia fiscal.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 37)
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Artículo 2.4.1.1.38. Destinación de recursos. Los recursos que se apropian en la
ley de Presupuesto General de la Nación a las instituciones comprometidas en la
ejecución de las medidas definidas en el presente Capítulo, serán destinados al
cumplimiento de las funciones del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de
la Ley 975 de 2005.
(Decreto 1737 de 2010, artículo 38)
CAPÍTULO 2
Prevención y Protección de los Derechos a la Vida, la Libertad, la Integridad
y la Seguridad de personas, grupos y comunidades
Artículo 2.4.1.2.1. Objeto. Organizar el Programa de Prevención y Protección de
los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos
y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo
como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas,
públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo, en cabeza
de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 1)
Artículo 2.4.1.2.2. Principios. Además de los principios constitucionales y legales
que orientan la función administrativa, las acciones en materia de prevención y
protección, se regirán por los siguientes principios:
1. Buena fe: Todas las actuaciones que se surtan ante el programa, se ceñirán a
los postulados de la buena fe.
2. Causalidad: La vinculación al Programa de Prevención y Protección, estará
fundamentada en la conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las
actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias.
Los interesados en ser acogidos por el programa deben demostrar, siquiera
sumariamente, dicha conexidad.
3. Complementariedad: Las medidas de prevención y protección se
implementarán sin perjuicio de otras de tipo asistencial, integral o humanitario
que sean dispuestas por otras entidades.
4. Concurrencia: La Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la
Policía Nacional y demás autoridades del orden nacional, los municipios y
departamentos aportarán las medidas de prevención y protección de acuerdo
con sus competencias y capacidades institucionales, administrativas y
presupuestales, para la garantía efectiva de los derechos a la vida, libertad,
integridad y seguridad personal de su población objeto.
5. Consentimiento: La vinculación al Programa de Prevención y Protección
requerirá de la manifestación expresa, libre y voluntaria por parte del protegido
respecto de la aceptación o no de su vinculación.
6. Coordinación: El Programa de Prevención y Protección actuará ordenada,
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sistemática, coherente, eficiente y armónicamente con la Policía Nacional,
demás autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para la
prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad, y la
seguridad personal de su población objeto.
7. Eficacia: Las medidas tendrán como propósito prevenir la materialización de los
riesgos o mitigar los efectos de su eventual consumación.
8. Enfoque Diferencial: Para la Evaluación de Riesgo, así como para la
recomendación y adopción de las medidas de protección, deberán ser
observadas las especificidades y vulnerabilidades por edad, etnia, género,
discapacidad, orientación sexual, y procedencia urbana o rural de las personas
objeto de protección.
9. Exclusividad: Las medidas de protección estarán destinadas para el uso
exclusivo de los protegidos del programa.
10. Goce Efectivo de Derechos: Para su planeación, ejecución, seguimiento y
evaluación el Programa de Prevención y Protección tendrá en cuenta el
conjunto de derechos constitucionales fundamentales de los que son titulares
los protegidos, en el marco del principio de correlación entre deberes y
derechos.
11. Idoneidad: Las medidas de prevención y protección serán adecuadas a la
situación de riesgo y procurarán adaptarse a las condiciones particulares de los
protegidos.
12. Oportunidad: Las medidas de prevención y protección se otorgarán de forma
ágil y expedita.
13. Reserva Legal: La información relativa a solicitantes y protegidos del Programa
de Prevención y Protección es reservada. Los beneficiarios de las medidas
también están obligados a guardar dicha reserva.
14. Subsidiariedad: Los municipios, departamentos y demás entidades del Estado
del orden nacional y territorial, de acuerdo con sus competencias y capacidades
institucionales, administrativas y presupuestales, y en el marco de la
colaboración administrativa y el principio de subsidiariedad, adoptarán las
medidas necesarias para prevenir la violación de los derechos a la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad o la protección de estos derechos.
15. Temporalidad: Las medidas de protección tienen carácter temporal y se
mantendrán mientras subsista un nivel de riesgo extraordinario o extremo, o en
tanto la persona permanezca en el cargo, según el caso. Las medidas de
prevención son temporales y se mantendrán en tanto persistan las amenazas o
vulnerabilidades que enfrenten las comunidades o grupos.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 2; Decreto 1225 de 2012, artículo 1)
Artículo 2.4.1.2.3. Definiciones. Para efectos del presente Capítulo se entenderá
por:
1. Activista: Persona que interviene activamente en la defensa de los derechos
humanos. La acreditación de una persona como activista, se efectuará mediante
certificación que expida por la respectiva organización o grupo al que pertenece
o por una autoridad legalmente reconocida.
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2. Activista Sindical: Persona que interviene activamente en la defensa de los
intereses laborales de un grupo de personas organizadas en un sindicato o con
la expectativa seria y real de asociarse como tal. La acreditación de una persona
como activista sindical será expedida por la respectiva organización social o
sindical.
3. Amenaza: Factor del riesgo que comprende las situaciones o hechos externos
con la potencialidad de causar daño a una persona, grupo o comunidad, a través
de una acción intencionada y por cualquier medio.
4. Capacidad: Comprende los recursos, destrezas y habilidades, tanto
institucionales como sociales, con los que cuenta una persona, un grupo o una
comunidad, para enfrentar una amenaza, con el objeto de evitar o mitigar un
riesgo.
5. Dirigente o Representante: Persona que ocupa un cargo directivo o ejerce la
representación de una organización o grupo al que pertenece. La acreditación
de una persona como dirigente o representante será expedida por la misma
organización o grupo del que hace parte.
6. Dirigentes políticos: Personas que siendo miembros activos de un partido o
movimiento político reconocido por el Consejo Nacional Electoral, hacen parte
de sus directivas estatutarias, o que, cuentan con aval para participar en
representación del mismo en elecciones para ocupar un cargo de
representación popular. La acreditación de una persona como dirigente político,
será expedida, según el caso por el Consejo Nacional Electoral, o por el
respectivo Partido o Movimiento Político.
7. Dirigente Sindical: Persona que siendo miembro activo de una organización
sindical legalmente reconocida, ejerce a su vez, un cargo directivo. La
acreditación de una persona como Dirigente Sindical se efectuará con el registro
de la estructura organizativa del sindicato, según las certificaciones expedidas
por el Ministerio del Trabajo, con base en los documentos depositados por las
organizaciones sindicales.
8. Evaluación de Riesgo: Proceso mediante el cual se realiza un análisis de los
diferentes factores de riesgo a fin de determinar el nivel del mismo, que para los
presentes efectos puede ser ordinario, extraordinario o extremo.
9. Medidas de protección: Acciones que emprende o elementos físicos de que
dispone el Estado con el propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos
a la vida, integridad, libertad, y seguridad personal de los protegidos.
10. Medidas de prevención en el marco del Programa: Acciones que emprende o
elementos físicos de que dispone el Estado para el cumplimiento del deber de
prevención en lo que se refiere a la promoción del respeto y garantía de los
derechos humanos de los sujetos protegidos del programa.
11. Núcleo Familiar: Hace referencia al cónyuge o compañero (a) permanente, a los
hijos y a los padres del solicitante o protegido, quienes de manera excepcional,
podrán ser beneficiarios de medidas si ostentan un nivel de riesgo extraordinario
o extremo y exista nexo causal entre dicho nivel de riesgo y la actividad o función
política, social o humanitaria del tal solicitante o protegido.
12. Prevención: Deber permanente del Estado colombiano consistente en adoptar,
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Continuación del Decreto “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior”
13.
14.
15.
16.
en el marco de una política pública articulada, integral y diferencial, todas las
medidas a su alcance para que, con plena observancia de la ley, promueva el
respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, grupos y
comunidades sujetos a su jurisdicción.
Protección: Deber del Estado colombiano de adoptar medidas especiales para
personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o
extremo, que sean objeto de este Programa, con el fin de salvaguardar sus
derechos.
Recursos Físicos de soporte a los esquemas de seguridad: Son los elementos
necesarios para la prestación del servicio de protección de personas y
consisten, entre otros, en vehículos blindados o corrientes, motocicletas,
chalecos antibalas, escudos blindados, medios de comunicación y demás que
resulten pertinentes para el efecto.
Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un daño al que se encuentra expuesta
una persona, un grupo o una comunidad, como consecuencia directa del
ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o
humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, en unas condiciones
determinadas de modo, tiempo y lugar.
Riesgo Extraordinario: Es aquel que las personas, como consecuencia directa
del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o
humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, no están obligadas a soportar
y comprende el derecho de recibir del Estado la protección especial por parte
del Programa, respecto de su población y siempre que reúna las siguientes
características:
16.1. Que sea específico e individualizable.
16.2. Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y
manifiestos y no en suposiciones abstractas.
16.3. Que sea presente, no remoto ni eventual.
16.4. Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes jurídicos
protegidos.
16.5. Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del
caso.
16.6. Que sea claro y discernible.
16.7. Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la
generalidad de los individuos.
16.8. Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona
de la situación por la cual se genera el riesgo.
17. Riesgo Extremo: Es aquel que se presenta al confluir todas las características
señaladas para el riesgo extraordinario y que adicionalmente es grave e
inminente.
18. Riesgo Ordinario: Es aquel al que están sometidas todas las personas, en
igualdad de condiciones, por el hecho de pertenecer a una determinada
sociedad; genera para el Estado la obligación de adoptar medidas de seguridad
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pública y no comporta la obligación de adoptar medidas de protección.
19. Servidor público: Persona que hace parte de las corporaciones públicas, los
empleados y trabajadores del Estado, de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios
20. Testigo: Es la persona que tiene conocimiento directo y presencial de la
comisión de una violación a los derechos humanos o una infracción al Derecho
Internacional Humanitario y que, en tal virtud, su vida, libertad, integridad o
seguridad se encuentra en riesgo extraordinario o extremo, independientemente
de que se hayan o no iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales
y administrativos, en concordancia con la normatividad vigente.
22. Víctima: Persona que individual o colectivamente ha sufrido un daño, como
consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Para los efectos
del presente Capítulo, también se considera víctima a aquella persona a que se
refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, sin tener en cuenta la limitación
temporal a que esta norma se refiere, indistintamente que en los casos de
reclamación de tierras o de reparación, se empleen otros procedimientos
judiciales o administrativos para acceder a dicha reclamación. La acreditación
de dicha calidad podrá hacerse mediante la inscripción en el Registro Único de
Víctimas a que se refiere el capítulo 2 de la mencionada ley o haciendo uso de
otros mecanismos.
23. Vulnerabilidad: Es el nivel de exposición a la amenaza, pérdida, daño o
sufrimiento de personas, grupos o comunidades. La vulnerabilidad puede estar
asociada a condiciones de discriminación.
24. Zona de Riesgo: Es aquella área geográfica en donde puede materializarse el
riesgo para la persona, grupo o comunidad sujeto de las medidas de prevención
y/o protección.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 3)
Artículo 2.4.1.2.4. Prevención. El Ministerio del Interior asesorará técnicamente a
las entidades territoriales en la formulación de políticas de derechos humanos y
Derecho Internacional Humanitario y en la incorporación de un enfoque de derechos
en los diferentes instrumentos de planeación y sus estrategias de implementación
en el ámbito municipal y departamental. Para ello, la Unidad Nacional de Protección
apoyará al Ministerio del Interior.
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 31 de la
Ley 1448 de 2011.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 4)
Artículo 2.4.1.2.5. Protección. La población objeto de protección del Programa de
que trata este Capítulo podrá serlo en razón a su situación de riesgo extraordinario
o extremo, o en razón del cargo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 5)
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Artículo 2.4.1.2.6. Protección de personas en situación de
extraordinario o extremo. Son objeto de protección en razón del riesgo:
riesgo
1. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de
oposición.
2. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de
derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o campesinas.
3. Dirigentes o activistas sindicales.
4. Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales.
5. Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos.
6. Miembros de la Misión Médica.
7. Testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al
Derecho Internacional Humanitario.
8. Periodistas y comunicadores sociales.
9. Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, incluyendo dirigentes, líderes, representantes de
organizaciones de población desplazada o de reclamantes de tierras en
situación de riesgo extraordinario o extremo.
10. Servidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el
diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos y paz del
Gobierno Nacional.
11. Ex servidores públicos que hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño,
coordinación o ejecución de la Política de Derechos Humanos o de Paz del
Gobierno Nacional.
12. Dirigentes del Movimiento 19 de Abril M-19, la Corriente de Renovación
Socialista, CRS, el Ejército Popular de Liberación, EPL, el Partido
Revolucionario de los Trabajadores, PRT, el Movimiento Armado Quintín Lame,
MAQL, el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, el
Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados, MIR, COAR y
las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independientes del
Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de la ciudad de Medellín, que
suscribieron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional en los años 1994 y 1998
y se reincorporaron a la vida civil.
13. Apoderados o profesionales forenses que participen en procesos judiciales o
disciplinarios por violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho
internacional humanitario.
14. Docentes de acuerdo a la definición estipulada en la Resolución 1240 de 2010,
sin perjuicio de las responsabilidades de protección del Ministerio de Educación
estipuladas en la misma.
15. Servidores públicos, con excepción de aquellos mencionados en el numeral 10
del presente artículo, y los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación
y la Fiscalía General de la Nación quienes tienen su propio marco normativo
para su protección.
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Parágrafo 1. La protección de las personas mencionadas en los numerales 1 a 14
será asumida por la Unidad Nacional de Protección.
Parágrafo 2. La protección de las personas mencionadas en el numeral 15 será
asumida por la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, así: La Policía
Nacional asignará los hombres o mujeres que adelantarán actividades de protección
y la Unidad Nacional de Protección de manera subsidiaria, los recursos físicos y los
escoltas, en aquellos casos en que la entidad correspondiente a la que pertenece
el respectivo funcionario, no cuente con los medios o partidas presupuestales
necesarias. Las medidas de protección serán adoptadas por la Policía Nacional y la
Unidad Nacional de Protección sólo en los casos en que las entidades a las que
están vinculados los servidores públicos hayan agotado los mecanismos internos
necesarios e idóneos para preservar la seguridad de sus funcionarios.
Parágrafo 3. Seguridad de diputados y concejales en zonas rurales. El Comando
General de las Fuerzas Militares asignará responsabilidades concretas a los
Comandantes de Fuerza en la ejecución de acciones colectivas que permitan
proteger la vida e integridad personal de los diputados y concejales en zonas
rurales.
Parágrafo 4. Todos los servidores públicos pondrán en conocimiento situaciones
de riesgo o amenaza contra las personas objeto del Programa de Protección, de
manera urgente, por medio físico, vía telefónica o correo electrónico a la Unidad
Nacional de Protección y a las demás entidades competentes, con el fin de activar
los procedimientos establecidos en los programas de protección o para el
despliegue de actividades tendientes a preservar la seguridad de las personas por
parte de la Fuerza Pública.
Parágrafo 5. La Unidad Nacional de Protección facilitará la presentación de los
testigos que estén bajo su protección, ante la autoridad judicial o disciplinaria o
permitirá a esta su acceso, si así lo solicitaren, para lo cual adoptará las medidas
de seguridad que requiera el caso.
Parágrafo 6. La Unidad Nacional de Protección adelantará, a solicitud de la Agencia
Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas, la
evaluación del riesgo de las personas de que trata el artículo 2.3.2.1.4.4 del Decreto
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República o demás normas que
lo modifiquen y que se encuentren en el proceso de reintegración a su cargo. Como
resultado de un riesgo extraordinario o extremo, de manera excepcional la Unidad
Nacional de Protección, implementará las medidas de protección previstas en el
presente Capítulo, cuando la Agencia Colombiana para la Reintegración de
Personas y Grupos Alzados en Armas haya otorgado los apoyos económicos para
traslado, de su competencia.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 6; Decreto 1225 de 2012, artículo 2; Decreto 2096
de 2012, artículo 14)
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Artículo 2.4.1.2.7. Protección de personas en virtud del cargo. Son personas
objeto de protección en virtud del cargo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Presidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.
Vicepresidente de la República de Colombia y su núcleo familiar.
Los Ministros del Despacho.
Fiscal General de la Nación.
Procurador General de la Nación.
Contralor General de la República.
Defensor del Pueblo en el orden nacional.
Senadores de la República y Representantes a la Cámara.
Gobernadores de Departamento.
Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de
Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.
11. Alcaldes distritales y municipales.
Parágrafo 1. La protección de los ex presidentes y ex vicepresidentes de la
República de Colombia, su cónyuge supérstite, hijos y familiares estará a cargo de
la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección, con arreglo a lo dispuesto
en el Decreto 1700 de 2010, o la norma que lo modifique o compile.
Parágrafo 2. La protección de las personas mencionadas en los numerales 1 al 9
será asumida por la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. La
asignación de los recursos físicos será asumida por la entidad o corporación a la
cual estos se encuentran vinculados.
Parágrafo 3. Para la protección de las personas mencionadas en los numerales 1
y 2 de este artículo, la Secretaría para la Seguridad Presidencial seleccionará el
personal de la Unidad Nacional de Protección.
Parágrafo 4. La protección de las personas mencionadas en los numerales 10 y 11
será asumida por la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional, así: la
Policía Nacional asignará los hombres o mujeres que adelantarán actividades de
protección y la Unidad Nacional de Protección los recursos físicos y los escoltas, en
aquellos casos en que se implementen esquemas de protección con vehículo;
siempre y cuando la entidad o corporación a la cual se encuentran vinculados,
certifique no contar con las apropiaciones presupuestales correspondientes para la
adquisición de recursos físicos.
Parágrafo 5º. Servicio Extraordinario de Protección. La Policía Nacional, a través
de la Dirección de Protección y Servicios Especiales, adoptará medidas transitorias
de protección a Jefes de Estado y Jefes de Gobierno de visita en el país, así como
a representantes de la Misión Diplomática en cumplimiento de funciones propias,
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previa solicitud que para el efecto tramitará la Presidencia de la República o el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Parágrafo 6. El Director de la Unidad Nacional de Protección reglamentará,
mediante protocolos, la asignación de medidas de seguridad a los servidores de la
Unidad Nacional de Protección que este determine.
Parágrafo 7. La protección de los embajadores y cónsules extranjeros acreditados
en Colombia estará a cargo de la Policía Nacional en lo que concierne a la
asignación de los hombres o mujeres de protección, para lo cual se tendrán en
cuenta criterios de reciprocidad y acuerdos generales o específicos de cooperación
en temas de seguridad. El suministro de los recursos físicos estará a cargo de cada
misión diplomática.
Parágrafo 8. El Director General de la Policía Nacional de Colombia organizará
internamente la asignación de medidas de protección para los Oficiales Generales
activos, retirados y demás servidores de la Institución que así lo requieran. Así
mismo, el Comandante General de las Fuerzas Militares organizará internamente el
tema en relación con los miembros de las Fuerzas Militares en servicio activo o en
retiro que lo necesiten.
Parágrafo 9. La protección de las autoridades religiosas será asumida por la Policía
Nacional y los recursos físicos estarán a cargo de la congregación religiosa
correspondiente.
Parágrafo 10. La adopción de medidas de protección para el núcleo familiar de las
personas mencionadas en el presente artículo, dependerá del resultado de la
respectiva evaluación de riesgo que realice la Policía Nacional a cada miembro del
núcleo familiar de forma individual, para lo cual se tendrá en cuenta la existencia del
nexo causal entre el nivel de riesgo y el cargo del protegido o solicitante.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 1; Decreto 1225 de 2012, artículo 3)
Artículo 2.4.1.2.8. Articulación de la estrategia de protección. La Unidad
Nacional de Protección tendrá a su cargo la administración de la base de datos
única, que permita ejercer un control de las medidas de protección dispuestas para
las personas en razón del riesgo o del cargo y coordinará la implementación de las
mismas.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 8)
Artículo 2.4.1.2.9. Medidas de emergencia. En casos de riesgo inminente y
excepcional, el Director de la Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, sin
necesidad de la evaluación del riesgo, contemplando un enfoque diferencial,
medidas provisionales de protección para los usuarios del Programa e informará de
las mismas al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas –
Cerrem en la siguiente sesión, con el fin de que este recomiende las medidas
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definitivas, si es del caso.
Con el propósito de adoptar estas medidas de protección de emergencia, el
Programa hará una valoración inicial del riesgo al que está expuesto el peticionario,
disponiendo en forma inmediata la realización de la evaluación del Riesgo, que
permita ajustar o modificar las decisiones adoptadas inicialmente.
En todo caso, para adoptar medidas provisionales de protección se deberán realizar
los trámites presupuestales respectivos.
En circunstancias en que sea aplicable la presunción constitucional de riesgo, para
el caso de la población desplazada, incluidas víctimas en los términos del artículo
3° de la Ley 1448 de 2011, que intervienen en procesos de restitución de tierras, el
Director de la Unidad Nacional de Protección deberá adoptar medidas de esta
naturaleza.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 9)
Artículo 2.4.1.2.10. Medidas de prevención. Son medidas de prevención las
siguientes:
1. Planes de Prevención y Planes de Contingencia: La Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior con el apoyo de la Unidad Nacional de
Protección, los departamentos y los municipios concurrirán en la formulación de
los planes de prevención y de contingencia contemplando un enfoque
diferencial, que tendrán por objeto contrarrestar las amenazas, disminuir las
vulnerabilidades, potenciar las capacidades institucionales y sociales y
fortalecer la coordinación institucional y social para la disminución del riesgo.
Los Planes de Prevención y Contingencia determinarán las estrategias y
actividades a implementar; las entidades llamadas a desarrollarlas en el marco
de sus competencias, así como los diferentes indicadores de gestión, producto
e impacto para determinar su oportunidad, idoneidad y eficacia.
2. Curso de Autoprotección: Herramienta pedagógica que tiene el propósito de
brindar a las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo,
contemplando un enfoque diferencial, elementos prácticos que permitan
disminuir sus vulnerabilidades e incrementar sus capacidades a fin de realizar
una mejor gestión efectiva del mismo.
3. Patrullaje: Es la actividad desarrollada por la Fuerza Pública con un enfoque
general, encaminada a asegurar la convivencia y seguridad ciudadana y dirigido
a identificar, contrarrestar y neutralizar la amenaza.
4. Revista policial: Es la actividad desarrollada por la Policía Nacional con un
enfoque particular, preventivo y disuasivo, encaminada a establecer una
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interlocución periódica con el solicitante de la medida.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.4.1.2.11. Medidas de protección. Son medidas de protección:
1. En virtud del riesgo.
1.1. Esquema de protección: Compuesto por los recursos físicos y humanos
otorgados a los protegidos del Programa para su protección.
Tipo 1: Esquema individual corriente para brindarle seguridad a una sola persona,
e incluye:
• 1 vehículo corriente
• 1 conductor
• 1 escolta
Tipo 2: Esquema individual blindado para brindarle seguridad a una sola persona, e
incluye:
• 1 vehículo blindado
• 1 conductor
• 1 escolta
Tipo 3: Esquema individual reforzado con escoltas, para brindarle seguridad a una
sola persona, e incluye:
• 1 vehículo corriente o blindado
• 1 conductor
• 2 escoltas
Tipo 4: Esquema individual reforzado con escoltas y vehículo, para brindarle
seguridad a una sola persona, e incluye:
• 1 vehículo blindado
• 1 vehículo corriente
• 2 conductores
• Hasta 4 escoltas
Tipo 5: Esquema colectivo, para brindarle protección a un grupo de 2 o más
personas, e incluye:
• 1 vehículo corriente o blindado
• 1 conductor
• 2 escoltas.
Parágrafo 1. En ningún caso el personal asignado por la Policía Nacional para el
cumplimiento de labores de protección, podrá conducir los vehículos asignados al
esquema.
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1.2. Recursos Físicos de soporte a los esquemas de seguridad: Son los elementos
necesarios para la prestación del servicio de protección de personas y consisten
entre otros en vehículos blindados o corrientes, motocicletas, chalecos
antibalas, escudos blindados, medios de comunicación y demás que resulten
pertinentes para el efecto.
1.3. Medio de Movilización: Es el recurso que se otorga a un protegido en procura
de salvaguardar su vida, integridad, libertad y seguridad, durante los
desplazamientos. Estos pueden ser de las siguientes clases:
• Tiquetes aéreos internacionales. Consiste en la asignación de un tiquete aéreo
internacional para el protegido del programa y, si es necesario, su núcleo
familiar; el cual se brindará como una medida de protección excepcional. Se
suministrará por una sola vez, cuando el nivel de riesgo sea extremo y la
persona o el núcleo familiar sean admitidos por el país receptor por un período
superior a un año.
• Tiquetes aéreos nacionales. Consiste en la entrega de tiquetes aéreos en rutas
nacionales y se otorgan al protegido y si es necesario, a su núcleo familiar,
cuando frente a una situación de riesgo debe trasladarse a una zona que le
ofrezca mejores condiciones de seguridad, o cuando su presencia sea
necesaria en actuaciones de orden administrativo en el marco de su protección.
• Apoyo de transporte terrestre o fluvial o marítimo. Consiste en el valor que se
entrega al protegido del programa, para sufragar el precio del contrato de
transporte, para brindar condiciones de seguridad en la movilidad. El valor que
se entrega al protegido del Programa para sufragar el costo de transporte, no
podrá superar la suma correspondiente a 4 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, por cada mes aprobado.
1.4. Apoyo de Reubicación Temporal: Constituye la asignación y entrega mensual
al protegido de una suma de dinero de entre uno (1) y tres (3) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, según las particularidades del grupo familiar del
caso, para facilitar su asentamiento en un lugar diferente a la zona de riesgo.
Este pago se aprobará hasta por tres (3) meses y el monto se determinará
tomando en consideración el número de personas del núcleo familiar con los
que se reubica el protegido. Esta medida de protección es complementaria a las
ayudas que buscan suplir el mínimo vital otorgadas por otras entidades del
Estado.
De manera excepcional, se podrá otorgar este apoyo por tres meses
adicionales, por la mitad del monto inicialmente aprobado, siempre y cuando de
manera sumaria se alleguen soportes idóneos, para determinar que la situación
de riesgo persiste.
1.5. Apoyo de trasteo: Consiste en el traslado de muebles y enseres de las personas
que en razón de la situación de riesgo extraordinario o extremo deban trasladar
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su domicilio.
1.6. Medios de Comunicación: Son los equipos de comunicación entregados a los
protegidos para permitir su contacto oportuno y efectivo con los organismos del
Estado, el Programa de Prevención y Protección, a fin de alertar sobre una
situación de emergencia, o para reportarse permanentemente e informar sobre
su situación de seguridad.
1.7. Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad: Consiste
en los elementos y equipos de seguridad integral, para el control del acceso a
los inmuebles de propiedad de las organizaciones donde se encuentre su sede
principal. En casos excepcionales, podrán dotarse estos elementos a las
residencias de propiedad, de los protegidos del Programa de Prevención y
Protección.
En todos los casos, esta medida se implementará conforme a las
recomendaciones de una valoración arquitectónica realizada por la Unidad
Nacional de Protección.
Parágrafo 2. Se podrán adoptar otras medidas de protección diferentes a las
estipuladas en este Capítulo, teniendo en cuenta un enfoque diferencial, el nivel de
riesgo y el factor territorial. Así mismo, se podrán implementar medidas
psicosociales en desarrollo de lo previsto en el artículo 16, numeral 9 del DecretoLey 4065 de 2011.
Parágrafo 3. Cada una de las medidas de protección se entregarán con un manual
de uso y la Unidad Nacional de Protección realizará seguimiento periódico a la
oportunidad, idoneidad y eficacia de las medidas, así como al correcto uso de las
mismas, para lo cual diseñará un sistema de seguimiento y monitoreo idóneo.
2. En virtud del Cargo.
Esquema de protección: Son los recursos físicos y humanos otorgados por el
Programa a las personas para su protección. Estos esquemas pueden ser de varios
tipos:
Tipo A: Conformado por un hombre o mujer de protección.
Tipo B: Conformado por dos (2) hombres o mujeres de protección.
Tipo C: Conformado por tres (3) hombres o mujeres de protección.
Tipo D: Conformado por cuatro (4) hombres o mujeres de protección.
Tipo E: Conformado por cinco (5) hombres o mujeres de protección.
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Tipo F: Conformado por seis (6) hombres o mujeres de protección.
Tipo G: Conformado por un número indeterminado de hombres o mujeres de
protección.
Parágrafo. Procedencia de los Recursos Físicos. Los recursos físicos para la
prestación de las medidas de protección a las poblaciones objeto en virtud del cargo,
serán suministrados por las entidades del Estado o corporaciones públicas
correspondientes, de conformidad con los acuerdos específicos realizados en cada
evento.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 11; Decreto 1225 de 2012, artículo 4)
Artículo 2.4.1.2.12. Objeto. La Estrategia de Prevención tendrá como propósito
evitar la consumación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario, así como mitigar los efectos generadores del
riesgo y la adopción de garantías de no repetición.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 12)
Artículo 2.4.1.2.13. Implementación de la estrategia de prevención a nivel
territorial. En cada entidad territorial se integrará una mesa territorial de prevención
con el objeto de coordinar las acciones de implementación de la estrategia de
prevención, en el marco de sus competencias con las siguientes atribuciones:
1. Realizar un proceso de identificación de riesgos permanente.
2. Proyectar Escenarios de Riesgo.
3. Formular planes de prevención y contingencia frente a los escenarios de riesgo
identificados.
4. Velar por la implementación de las estrategias y acciones incorporadas en los
planes de prevención y de protección, por parte de las entidades responsables.
5. Hacer seguimiento a la implementación de los mencionados planes y realizar
los ajustes a los mismos cuando las condiciones así lo requieran.
6. Generar espacios de trabajo entre las autoridades y las comunidades en aras
de mejorar los procesos de gestión del riesgo.
Parágrafo. Las Mesas Territoriales serán coordinadas por la autoridad de gobierno
departamental, distrital o municipal correspondiente y en ellas participarán las
demás entidades y dependencias del Estado con competencia en esta materia.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 13)
Artículo 2.4.1.2.14. Apoyo a la estrategia de prevención. La Unidad Nacional de
Protección apoyará la implementación y la puesta en marcha de la estrategia de
prevención definida por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior, y tendrá las siguientes responsabilidades.
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1. Apoyar a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior en la
actividad de priorizar las zonas de intervención para la acción preventiva por
parte del Programa.
2. Apoyar el trabajo de asistencia técnica a las entidades territoriales, grupos
poblacionales y comunidades en situación de riesgo para que desarrollen los
planes de prevención y de contingencia que elabore la Dirección de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior.
3. Apoyar el proceso de Identificación y análisis de riesgo.
4. Participar en la formulación de los planes de prevención.
5. Participar en la formulación de los planes de contingencia.
6. Apoyar la implementación del plan de prevención y de contingencia en los temas
que son de su competencia.
7. Realizar labores de apoyo al seguimiento de la implementación de los planes
de prevención y de los planes de contingencia y requerir su ajuste de acuerdo
a las necesidades y las estrategias allí definidas.
8. Participar bajo la coordinación de la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y con las autoridades de fuerza pública y las autoridades
civiles nacionales y territoriales, estrategias preventivas para situaciones
particulares de riesgo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 14)
Artículo 2.4.1.2.15. Entidades o instancias con responsabilidades en la
Estrategia de Prevención.
1.
2.
3.
4.
Ministerio del Interior.
Unidad Nacional de Protección.
Ministerio de Defensa Nacional.
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas.
5. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
6. Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales
7. Gobernaciones.
8. Alcaldías.
9. Procuraduría General de la Nación.
10. Defensoría del Pueblo.
11. Personerías distritales y municipales.
12. Fiscalía General de la Nación.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 15)
Artículo 2.4.1.2.16. Instancias con responsabilidades en la Estrategia de
Prevención.
1. La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas.
2. Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la
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ley.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 16)
Artículo 2.4.1.2.17. Responsabilidades de la Dirección de Derechos Humanos
del Ministerio del Interior en el marco de la estrategia de prevención. La
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior tiene a su cargo las
siguientes actividades:
1. Liderar la formulación de la política pública en materia de prevención de
violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario contra los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad
personal.
2. Coordinar con los departamentos y municipios el diseño, la implementación,
seguimiento y evaluación de planes de prevención y planes de contingencia
dirigidos a evitar la consumación de los riesgos, y mitigar los efectos de su
materialización.
3. Someter a consideración del Ministro del Interior proyectos de Acto legislativo,
leyes, Decretos y resoluciones dirigidos a salvaguardar los derechos a la vida,
la libertad, la integridad y la seguridad personal.
4. Realizar investigaciones académicas y estudios dirigidos a identificar problemas
de política pública y alternativas de solución para la garantía efectiva de los
derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
5. Adelantar estudios e investigaciones académicas en materia de derechos
humanos y Derecho Internacional Humanitario.
6. Hacer seguimiento y evaluar la implementación de la política pública de
prevención.
7. Realizar los ajustes requeridos a la política pública de prevención de violaciones
a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
8. Asesorar técnicamente a las entidades territoriales en la formulación de las
políticas públicas de prevención, el diseño de sus instrumentos de
implementación y mecanismos de seguimiento, evaluación y monitoreo.
9. Desarrollar, en coordinación con entidades competentes estrategias para
impulso de una cultura de respeto y garantía de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 17)
Artículo 2.4.1.2.18. Responsabilidades del Ministerio de Defensa Nacional, en
el marco de la estrategia de prevención. El Ministerio de Defensa Nacional, las
Fuerzas Militares y de Policía desarrollarán las siguientes acciones en el marco del
programa de prevención:
1. Implementar, la política integral de derechos humanos de la fuerza pública en
las zonas focalizadas para la elaboración de los planes de prevención y
protección.
2. Participar, a través de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en el
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DE 2015
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proceso de Identificación, análisis y advertencia de riesgo .y hacer seguimiento
permanente a la evolución de los actores que generan amenaza en la zona.
3. Contrarrestar, de acuerdo con sus competencias internas, los factores
amenazantes en el territorio.
4. Participar en la formulación de planes de prevención y de contingencia.
5. Generar espacios de acercamiento entre las comunidades y la fuerza pública.
6. Evaluar en conjunto con el programa de prevención y con la mesa territorial los
avances en la implementación de las acciones de prevención, enmarcadas en
los planes formulados, que son de su competencia y los resultados obtenidos.
7. Definir, en coordinación con el Programa de Prevención y Protección y las
autoridades civiles nacionales y territoriales, estrategias preventivas para
situaciones particulares de riesgo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 18)
Artículo 2.4.1.2.19. Responsabilidades de la Secretaría Técnica de la CIAT en
el marco de la estrategia de prevención. La Secretaría Técnica de la Comisión
Intersectorial de Alertas Tempranas tendrá a su cargo las siguientes actividades:
1. Participar en el proceso de identificación y análisis de riesgo aportando la
información fruto de las alertas tempranas emitidas.
2. Hacer seguimiento a la evolución de los actores que generan amenaza en la
zona.
3. Procurar la emisión las alertas tempranas y recomendaciones necesarias a las
entidades concernidas para salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la
integridad y seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de
riesgo en las zonas focalizadas.
4. Reportar al programa de prevención y a las comunidades los avances en la
implementación de las acciones de prevención, enmarcadas en los planes
formulados, que son de su competencia y los resultados obtenidos.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 19)
Artículo 2.4.1.2.20. Atribuciones de los departamentos en el marco de la
estrategia de prevención. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 287,
298 y 305 de la Constitución Política, las acciones que las gobernaciones tendrán
las siguientes atribuciones.
1. Participar en el proceso de focalización territorial para la implementación del
programa de prevención en su territorio.
2. Capacitar a su personal en el uso de las metodologías de identificación y gestión
de riesgo.
3. Servir de enlace entre las autoridades del nivel municipal y el nivel nacional para
el desarrollo del programa de prevención.
4. Generar espacios de acercamiento entre las comunidades y las autoridades
tanto civiles como de fuerza pública.
5. Participar en el proceso de identificación y análisis de riesgo.
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6.
7.
8.
9.
Participar en la formulación de planes de prevención.
Participar en la formulación de un plan de contingencia.
Implementar el plan de prevención en los temas que son de su competencia.
Generar espacios de rendición de cuentas con autoridades y comunidades para
presentar los avances en la implementación de los programas de prevención en
su Departamento.
10. Implementar las estrategias y actividades que por competencia, o en virtud de
los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad, se
identifiquen a su cargo en los planes de prevención y contingencia.
11. Definir, en coordinación con el Programa de Prevención del Ministerio del
Interior y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias preventivas para
situaciones particulares de riesgo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 20)
Artículo 2.4.1.2.21. Atribuciones de los municipios en el marco de la estrategia
de prevención. Acorde con los artículos 287, 311 y 315 de la Constitución Política
y de la Ley 136 de 1994 corresponde al municipio desarrollar las siguientes
atribuciones en el marco de sus competencias. Las alcaldías distritales o
municipales tendrán a su cargo:
1. Participar en el proceso de focalización territorial para la implementación del
programa de prevención en su territorio.
2. Capacitar a su personal en el uso de las metodologías de identificación y gestión
de riesgo del programa de prevención.
3. Generar espacios de acercamiento entre las comunidades y las autoridades
tanto civiles como de fuerza pública.
4. Realizar el proceso de convocatoria para adelantar el proceso de Identificación
y análisis de riesgo.
5. Participar en el proceso de identificación y análisis de riesgo.
6. Participar en la formulación de planes de prevención.
7. Participar en la formulación de los planes de contingencia.
8. Incorporar los planes de prevención y contingencia a los planes destinados a
mantener la seguridad y el orden público en el municipio y reportar su avance a
la oficina regional del Ministerio del Interior.
9. Implementar los planes de prevención y contingencia en los temas que son de
su competencia.
10. Reportar al programa de prevención, los riesgos que se ciernen sobre las
personas, grupos y comunidades y las medidas que se vienen implementando.
11. Requerir de manera precisa y motivada al departamento o las instituciones del
orden nacional, para que, en virtud de los principios de concurrencia,
complementariedad y subsidiaridad, apoyen la implementación de aquellas
estrategias y actividades contenidas en los mismos y que por razones objetivas
y justificadas no puedan ser ejecutadas por el municipio.
12. Generar espacios de rendición de cuentas con autoridades y comunidades para
presentar los avances en la implementación de los programas de prevención en
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su municipio.
13. Definir, en coordinación con el Programa de Prevención del Ministerio del
Interior y las autoridades civiles y de fuerza pública, estrategias preventivas para
situaciones particulares de riesgo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 21)
Artículo 2.4.1.2.22. Coordinación del Ministerio del Interior con el sistema de
alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en el marco de la estrategia de
prevención. El Ministerio del Interior, dentro del principio de colaboración armónica,
solicitará a la Defensoría del Pueblo que dentro del marco de sus funciones legales:
1. Participe en el proceso de identificación y análisis de riesgo, aportando insumos
por parte de los analistas del Sistema de Alertas Tempranas SAT y las quejas
interpuestas por los ciudadanos respecto a la vulneración de sus derechos
humanos que son de conocimiento de los defensores regionales, entre otras.
2. Emita informes de riesgo y notas de seguimiento cuando las circunstancias de
riesgo así lo ameriten.
3. Requiera a las entidades del orden nacional, departamental y municipal para la
salvaguarda de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad
de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 22)
Artículo 2.4.1.2.23. Coordinación del Ministerio del Interior con la Procuraduría
General de la Nación en el marco de la estrategia de prevención. El Ministerio
del Interior, dentro del principio de colaboración armónica, solicitará la Procuraduría
General de la Nación que dentro del marco de sus funciones legales:
1. Proteja y asegure la efectividad de los derechos humanos de las personas,
grupos y comunidades que de acuerdo con los planes de prevención y
contingencia se encuentren en situación de riesgo.
2. Vele por el ejercicio diligente de las entidades del orden nacional y territorial en
la ejecución de los planes de prevención y contingencia.
3. Haga seguimiento a la conducta oficial de los servidores públicos encargados
de ejecutar las estrategias de los planes de prevención y protección de las
personas, grupos y comunidades en riesgo.
4. Genere directrices para la participación de las procuradurías regionales y
provinciales en la estrategia de prevención.
5. Inste a las autoridades públicas de los diferentes niveles territoriales para el
cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades en el marco de la
estrategia de prevención.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 23)
Artículo 2.4.1.2.24. Coordinación del Ministerio del Interior con las personerías
distritales y municipales en el marco de la estrategia de prevención. El
Ministerio del Interior, dentro del principio de colaboración armónica, solicitará a las
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personerías distritales y municipales que dentro del marco de sus funciones legales:
1. Implemente las acciones incorporadas en los planes de prevención y de
contingencia que sean de su competencia.
2. Haga seguimiento a la implementación de los planes de prevención y de
contingencia.
3. Reporte a la Procuraduría General de la Nación, por conducto de las
Procuradurías regionales o provinciales, las situaciones de incumplimiento en
la implementación de los planes de prevención o contingencia que puedan
afectar los derechos de las personas, grupos o comunidades en situación de
riesgo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 24)
Artículo 2.4.1.2.25. Coordinación de la estrategia de protección. La
coordinación general de la Estrategia integral de protección estará a cargo de la
Unidad Nacional de Protección, sin perjuicio de las competencias que se establecen
en el presente Capítulo y en normas especiales, para las distintas autoridades
responsables.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 25)
Artículo 2.4.1.2.26. Entidades e instancias intervinientes en el marco de la
estrategia de protección. Participan en una o varias etapas de la estrategia de
protección las siguientes entidades e instancias:
1. Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
2. Unidad Nacional de Protección.
3. Policía Nacional.
4. Ministerio de Defensa Nacional.
5. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
6. Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación a Víctimas.
7. Gobernaciones.
8. Alcaldías.
9. Grupo de Valoración Preliminar.
10. Comité de Evaluación del Riesgo y de Recomendación de Medidas.
11. Fiscalía General de la Nación.
12. Defensoría del Pueblo.
13. Procuraduría General de la Nación.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 26)
Artículo 2.4.1.2.27. Responsabilidades de la Dirección de Derechos Humanos
del Ministerio del Interior. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del
Interior tiene a su cargo las siguientes actividades:
1. Formular los lineamientos de la política pública en materia de protección de
personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.
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2. Hacer seguimiento y evaluar la implementación de la política pública de
protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo.
3. Realizar los ajustes requeridos a la política pública de protección de personas
en situación de riesgo extraordinario o extremo.
4. Proponer los criterios, parámetros, metas y programas a ser aplicados por el
Programa de Prevención y Protección.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 27)
Artículo 2.4.1.2.28. Responsabilidades de la Unidad Nacional de Protección.
Serán las siguientes:
1. Recibir y tramitar las solicitudes de protección e información allegadas.
2. Informar a los solicitantes de protección, de los procesos que se surten para
determinar el ingreso o no al programa de protección, y orientarlos respecto de
las instituciones concernidas y las medidas que puedan ser complementarias
para cada caso en particular.
3. Analizar y verificar la documentación relacionada con las solicitudes de
protección.
4. Coordinar con las entidades competentes la implementación de medidas
preventivas a las que haya lugar.
5. Solicitar, a quien corresponda y según el caso, información complementaria
para analizar la situación particular de riesgo del peticionario.
6. Atender y tramitar las solicitudes de emergencia y activar la presunción
constitucional de riesgo, cuando aplique; así como hacer seguimiento a la
respuesta brindada por las autoridades competentes.
7. Dar traslado a las autoridades competentes de las solicitudes de protección o
información, que no sean de su competencia.
8. Realizar una entrevista personal con el solicitante, para ampliar la información
relacionada con su situación particular del nivel de riesgo.
9. Requerir la elaboración de la evaluación del riesgo al grupo de trabajo
encargado y entregar, la información referente a la caracterización inicial del
peticionario y la verificación y análisis realizados.
10. Presentar, ante el Grupo de Valoración Preliminar, la petición de protección, el
análisis de la situación junto con el caso, con el resultado de la evaluación del
riesgo, en el nivel territorial.
11. Presentar ante el Cerrem el caso con las recomendaciones sobre el nivel de
riesgo y de medidas, sugeridas por el Grupo de Evaluación Preliminar a fin de
que se determine el nivel de riesgo.
12. Adoptar e implementar las medidas de Protección a implementar previa
recomendación del Cerrem.
13. Hacer seguimiento periódico a la implementación, al uso y a la oportunidad,
idoneidad y eficacia de las medidas de protección.
14. Informar al peticionario la decisión tomada y los motivos que la sustentaron
respecto de la solicitud de medidas de protección.
15. Dar traslado a la Fiscalía General de la Nación de las amenazas que reporten
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los peticionarios de protección y hacer seguimiento al avance de los procesos.
16. Coordinar con las autoridades de la fuerza pública y las autoridades civiles
nacionales y territoriales, la implementación de estrategias de protección para
situaciones particulares de riesgo.
Parágrafo. La Unidad Nacional de Protección, a través del Director General, podrá
vincular al Programa de Protección que esta lidera, de forma excepcional, a otras
personas, en casos de extrema gravedad y urgencia, y con el fin de evitar daños
irreparables en los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad
personales, siempre y cuando dicha responsabilidad no esté asignada de manera
específica a otra entidad. Así mismo podrá vincular a ex servidores públicos quienes
tengan un riesgo extraordinario o extremo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 28; Decreto 1225 de 2012, artículo 5)
Artículo 2.4.1.2.29. Atribuciones de la Policía Nacional. De conformidad con el
artículo 218 de la Constitución Política y la Ley 62 de 1993, corresponde a la Policía
Nacional:
1. Elaborar mapas de riesgo, por grupos poblacionales, y actualizarlos cuando las
circunstancias lo ameriten, y por lo menos semestralmente.
2. Participar de forma permanente en las diferentes instancias del programa de
protección.
3. Implementar las medidas de prevención y protección, en el marco de lo
dispuesto en los artículos 2.4.1.2.9 a 2.4.1.2.11, así:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Cursos de autoprotección;
Patrullajes;
Rondas policiales;
Esquemas de protección, en lo relacionado con hombres y mujeres de
protección, con su respectivo armamento.
4. Apoyar al Programa de Prevención y Protección en las funciones de su
competencia.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 29)
Artículo 2.4.1.2.30. Atribuciones de la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Serán sus atribuciones las
siguientes:
1. Brindar información relacionada con la inscripción de la población en situación
de desplazamiento en el Registro Único de Víctimas.
2. Adoptar medidas en el marco de su competencia y articular los servicios
estatales dirigidos a grupos vulnerables que contribuyan a la protección de los
protegidos del Programa de Prevención y Protección en virtud del riesgo.
3. Participar en los espacios interinstitucionales en que puedan aportar
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información para analizar casos y peticiones de protección.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 30)
Artículo 2.4.1.2.31. Atribuciones de las Gobernaciones. De conformidad con lo
dispuesto en los artículos 287, 298 y 305 de la Constitución Política las
gobernaciones tendrán a su cargo las siguientes atribuciones en materia de los
programas de protección dentro del marco de sus competencias:
1. Orientar a los solicitantes de protección y brindar información sobre los servicios
institucionales en materia de protección.
2. Servir de enlace entre el nivel nacional y el municipal en asuntos relacionados
con la protección.
3. Estructurar los servicios estatales para grupos y personas vulnerables e incluir
a protegidos como parte de la atención integral del Estado, cuando a ello haya
lugar.
4. Brindar oportunamente la información que se requiera por parte del programa
de protección.
5. Apoyar técnica y logísticamente, dentro del marco de sus competencias, a los
municipios de su jurisdicción que así lo requieran, en la protección de las
personas, grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o
extremo, de acuerdo con los principios de concurrencia, complementariedad y
subsidiaridad.
6. Definir, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección y las autoridades
civiles y de fuerza pública, estrategias de protección para situaciones
particulares de riesgo.
7. Desarrollar las actividades de su competencia, en el marco de la Ruta de la
Protección de la Población en Situación de Desplazamiento.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 31)
Artículo 2.4.1.2.32. Atribuciones de las alcaldías. Las alcaldías distritales y
municipales, como primera autoridad de policía del municipio, y responsable del
orden público tendrán las siguientes atribuciones responsabilidades en materia de
protección, dentro del marco de sus competencias, de conformidad con los artículos
311 y 315 de la Constitución Política y 91 de la Ley 136 de 1994:
1. Orientar a los solicitantes de protección y brindar información sobre los servicios
institucionales en materia de protección.
2. Diseñar y poner en ejecución, en el marco de los servicios distrital o municipal,
planes, programas o proyectos dirigidos a proteger a las personas, grupos o
comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo.
3. Apropiar como gasto social prioritario para la implementación de las políticas de
protección, el destinado a salvaguardar los derechos a la vida, la integridad, la
libertad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades en situación de
riesgo extraordinario o extremo.
4. Brindar oportunamente la información que se requiera por parte del programa
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de protección.
5. Definir, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección y las autoridades
civiles y de fuerza pública, estrategias de protección para situaciones
particulares de riesgo.
6. Desarrollar las actividades de su competencia, en el marco de la Ruta de la
Protección de la Población en Situación de Desplazamiento.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 32)
Artículo 2.4.1.2.33. Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información
– CTRAI. Encargado de la recopilación y análisis de información in situ. Podrá estar
conformado por personal de la Unidad Nacional de Protección y de la Policía
Nacional.
El Director de la Unidad Nacional de Protección determinará la conformación del
CTRAI, para lo cual coordinará previamente con la Policía Nacional su participación
dentro del mismo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 33)
Artículo 2.4.1.2.34. Conformación del Grupo de valoración preliminar. El Grupo
de Valoración Preliminar tendrá carácter permanente y estará conformado por:
1.
2.
3.
4.
5.
El delegado de la Unidad Nacional de Protección, quien lo coordinará.
El delegado del Ministerio de Defensa Nacional.
El delegado de la Policía Nacional.
El delegado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
El delegado de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas.
Parágrafo 1. Participarán de manera permanente, como invitados especiales:
1. Un representante del Fiscal General de la Nación.
2. Un representante del Procurador General de la Nación, y
3. Un representante del Defensor del Pueblo.
4. El delegado de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas
Tempranas CIAT.
Parágrafo 2. Participará cualquier autoridad pública del nivel nacional,
departamental, distrital o municipal, en calidad de invitados, cuando así lo decidan
los miembros del Grupo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 34)
Artículo 2.4.1.2.35. Atribuciones del Grupo de valoración preliminar. Son
atribuciones del Grupo de valoración preliminar:
1. Analizar la situación de riesgo de cada caso, según la información provista por
el CTRAI.
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2. Presentar al CERREM la determinación sobre el nivel de riesgo y un concepto
sobre las medidas idóneas a implementar.
3. Elaborar, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, la evaluación y
reevaluaciones de nivel riesgo, contados estos a partir del momento en que el
solicitante expresa su consentimiento por escrito para tal fin.
4. Darse su propio reglamento.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 35; Decreto 1225 de 2012, artículo 6)
Artículo 2.4.1.2.36. Conformación del Comité de Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas – Cerrem –. Son miembros permanentes del Cerrem
quienes tendrán voz y voto:
1. El Director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior,
quien lo presidirá o su delegado.
2. El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, o quien haga sus veces,
o su delegado.
3. El Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, o su delegado.
4. El Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, o su
delegado.
5. El Coordinador del Oficina de Derechos Humanos de la Inspección General de
la Policía Nacional, o su delegado.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 36)
Artículo 2.4.1.2.37. Invitados permanentes. Serán invitados permanentes a las
sesiones del Cerrem, quienes tendrán solo voz:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Un delegado del Procurador General de la Nación.
Un delegado del Defensor del Pueblo.
Un delegado del Fiscal General de la Nación.
Un representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos.
Un delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACNUR, cuando se trate de casos de población desplazada.
Cuatro (4) delegados de cada una de las poblaciones objeto del Programa de
Prevención y Protección, quienes estarán presentes exclusivamente en el
análisis de los casos del grupo poblacional al que representan
Delegados de entidades de carácter público cuando se presenten casos
relacionados con sus competencias.
Representante de un ente privado, cuando el Comité lo considere pertinente.
Parágrafo 1. Los miembros del Comité no podrán presentar o estudiar solicitudes
de protección sin el lleno total de los requisitos establecidos por el Programa de
Prevención y Protección.
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Parágrafo 2. Los delegados de la población objeto participarán suministrando la
información que posean sobre cada caso llevado a consideración del Cerrem, y que
sirva a este como insumo para la adopción de medidas de protección.
Parágrafo 3. Los miembros del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación
de Medidas – Cerrem podrán invitar a las entidades públicas que prestan asistencia
técnica en enfoque diferencial, quienes participarán con derecho a voz.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 37)
Artículo 2.4.1.2.38. Funciones del Cerrem. El Comité de Evaluación del Riesgo y
Recomendación de Medidas tiene por objeto la valoración integral del riesgo, la
recomendación de medidas de protección y complementarias. Ejercerá las
siguientes funciones:
1. Analizar los casos que le sean presentados por el Programa de Protección,
teniendo en cuenta el concepto y recomendaciones del Grupo de Valoración
Preliminar y los insumos de información que las entidades del Comité aportan
en el marco de sus competencias.
2. Validar la determinación del nivel de riesgo de las personas que pertenecen a
la población objeto del presente decreto a partir del insumo suministrado por el
Grupo de Valoración Preliminar.
3. Recomendar al Director la Unidad Nacional de Protección las medidas de
protección.
4. Recomendar, de manera excepcional, medidas de protección distintas a las
previstas en el artículo 2.4.1.2.11, numeral 1.1., conforme al parágrafo 2°, del
citado artículo.
5. Recomendar al Director de la Unidad Nacional de Protección, el ajuste de las
medidas de prevención y protección, cuando a ello hubiere lugar, en virtud de
los resultados de la revaluación del riesgo.
6. Recomendar al Director de la Unidad Nacional de Protección, la finalización o
suspensión de las medidas de protección cuando a ello hubiere lugar.
7. Definir la temporalidad de las medidas de prevención y de protección.
8. Darse su propio reglamento.
9. Las demás que sean necesarias para el desarrollo de su objeto.
Parágrafo 1. La Secretaría Técnica del Cerrem será ejercida por un funcionario de
la Unidad Nacional de Protección.
Parágrafo 2. Las deliberaciones, recomendaciones y propuestas del Comité serán
consignadas en un acta, que suscribirán quien lo preside y el secretario técnico y
servirán de soporte a la decisión que adopte el Director de la Unidad Nacional de
Protección mediante acto administrativo.
Parágrafo 3. El Comité sesionará de manera ordinaria, por lo menos una vez al
mes, y de forma extraordinaria, cuando las necesidades de protección lo ameriten,
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previa convocatoria efectuada por quien lo preside o su secretario técnico.
Parágrafo 4. Habrá quórum deliberatorio cuando asistan tres de sus miembros. Y
habrá quórum decisorio con el voto de la mitad más uno de los miembros asistentes.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 38)
Artículo 2.4.1.2.39. Procedimientos de la estrategia de prevención. La
Estrategia de Prevención tomará en cuenta los siguientes criterios de
procedimiento, que deberán adoptarse a las condiciones propias de la región y del
grupo poblacional respectivo:
1. Identificación de las poblaciones o zonas que de acuerdo con el nivel de
afectaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad
deben ser objeto de implementación de plan de prevención.
2. Identificación y análisis de riesgo, a partir del análisis de amenazas,
vulnerabilidades y las capacidades que conducen a la proyección de escenarios
de riesgo, contemplando un enfoque diferencial.
3. Formulación de un plan de prevención, que incluya la definición de estrategias
y acciones que buscan contrarrestar amenazas y vulnerabilidades y potenciar
las capacidades tanto institucionales como sociales para gestionar el nivel de
riesgo.
4. Formulación de un plan de contingencia, a fin de contar con una alternativa de
acción en caso de que se inicie la consumación del riesgo y se puedan
salvaguardar los derechos de la población potencialmente afectada.
5. Implementación del plan de prevención, por parte de los responsables que se
identificaron en la fase de diseño, en los tiempos programados y con los
recursos necesarios para tal efecto.
6. Seguimiento a la implementación de los planes de prevención y de los planes
de contingencia y ajuste a las estrategias y acciones allí definidas.
7. Formulación de recomendaciones a las autoridades competentes para la
implementación efectiva de los instrumentos de prevención.
8. Socialización de los resultados de los planes de prevención y protección,
especialmente con las poblaciones y comunidades objeto de los mismos.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 39)
Artículo 2.4.1.2.40. Procedimiento ordinario del programa de protección. El
procedimiento ordinario del programa de protección es el siguiente:
1. Recepción de la solicitud de protección y diligenciamiento del formato de
caracterización inicial del solicitante, por parte de la Unidad Nacional de
Protección.
2. Análisis y verificación de la pertenencia del solicitante a la población objeto del
programa de protección y existencia del nexo causal entre el riesgo y la
actividad que este desarrolla.
3. Traslado al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información – Ctrai.
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4.
5.
6.
7.
Presentación del trabajo de campo del Ctrai al Grupo de Valoración Preliminar.
Análisis de caso en el Grupo de Valoración Preliminar.
Valoración del caso por parte del Cerrem.
Adopción de medidas de prevención y protección por parte del Director de la
Unidad Nacional de Protección mediante acto administrativo.
8. El contenido o parte del contenido del acto administrativo de que trata el numeral
anterior será dado a conocer al protegido mediante comunicación escrita de las
medidas de protección aprobadas. En los casos en que el Comité de Evaluación
del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM no recomiende medidas
en razón a que el riesgo del peticionario fue ponderado como ordinario, se dará
a conocer tal situación a través de comunicación escrita.
9. Implementación de las medidas de protección, para lo cual se suscribirá un acta
en donde conste la entregada de estas al protegido.
10. Seguimiento a la implementación.
11. Reevaluación.
Parágrafo 1. La realización de la evaluación del riesgo, cuando haya lugar a ella,
es un requisito sine qua non para que el caso pueda ser tramitado y se puedan
asignar medidas de protección.
Parágrafo 2. El nivel de riesgo de las personas que hacen parte del Programa de
Protección será revaluado una vez al año, o antes si existen nuevos hechos que
puedan generar una variación del riesgo.
Parágrafo 3. Las medidas de protección solo podrán ser modificadas por el Cerrem
cuando exista una variación de las situaciones que generaron el nivel de riesgo.
Parágrafo 4. Los casos de servidores y ex servidores públicos, surtida la instancia
del Grupo de Valoración Preliminar, serán presentados individualmente ante un
Comité especial conformado por el Director de la Unidad Nacional de Protección o
su delegado, el Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional
o su delegado, y el Subdirector de Evaluación de Riesgo de la Unidad Nacional de
Protección o su delegado, quienes definirán las medidas a implementar.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 1; Decreto 1225 de 2012, artículos 7 y 8)
Artículo 2.4.1.2.41. Procedimiento para la activación de la presunción
constitucional de riesgo. Se aplicará la presunción constitucional de riesgo, a
favor de las víctimas de desplazamiento forzado, incluidas víctimas en los términos
del artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, que intervienen en procesos de restitución
de tierras, en caso de manifestar por sí o por interpuesta persona que se encuentran
en situación de riesgo extraordinario o extremo, en virtud de lo cual:
1. La información presentada deberá demostrar que la persona es efectivamente
desplazada por la violencia y acredite por cualquier medio estar inscrita en el
Registro Único de Víctimas.
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2. Información, consistente y verosímil, de una amenaza, de un acto de violencia,
o de hechos concretos que indiquen que el peticionario o su núcleo familiar, se
encuentran en riesgo. Si la autoridad competente considera que los hechos no
son ciertos o consistentes, deberá verificar y demostrar el motivo por el cual
llega a esa conclusión.
3. De tratarse de personas que no son dirigentes, líderes o representantes,
además de las condiciones de consistencia y veracidad del relato de los hechos
deberán acreditar, mediante evidencias fácticas, precisas y concretas su
situación de riesgo.
4. Se adoptarán medidas de protección de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 2.4.1.2.9.
5. La presunción deberá ser confirmada o desvirtuada mediante una evaluación
del riesgo, a partir del cual se modificarán, mantendrán o suspenderán las
respectivas medidas.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 41)
Artículo 2.4.1.2.42. Ruta de la Protección. En ejercicio de las atribuciones que en
el Programa de Prevención y Protección deben desarrollar las Gobernaciones y
Alcaldías Distritales y/o Municipales, se implementará una ruta de protección
específica para proteger oportuna y efectivamente los derechos a la vida, libertad,
integridad o seguridad personal de líderes, dirigentes, representantes y población
desplazada acreditada como tal en el Registro Único de Víctimas, mediante la
articulación y coordinación del nivel municipal, departamental y nacional y en
aplicación de los principios de subsidiariedad, complementariedad e inmediatez.
Para activar esta ruta de protección, los líderes, dirigentes, representantes y la
persona en situación de desplazamiento que solicita protección debe acudir ante la
Secretaría del Interior y/o de Gobierno municipal del lugar donde se encuentre, y
dichas autoridades deben implementar las medidas de prevención y protección a
que haya lugar, efectuando una valoración preliminar del riesgo que puede ser
solicitada al Grupo de Valoración Preliminar señalado en el presente decreto. En
caso de que en dicha valoración preliminar del riesgo determine la necesidad de
otras medidas de protección que no estén al alcance de la entidad municipal, se
remitirá el caso a la Secretaría del Interior y/o Gobierno del Departamento y este a
su vez, en caso de no contar con dicha capacidad lo remitirá al Programa de
Prevención y Protección.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 42)
Artículo 2.4.1.2.43. Procedimiento para la implementación de las medidas de
protección para personas en razón del cargo. El procedimiento para la
implementación de las medidas de protección para personas en razón del cargo,
consta de las siguientes etapas:
1. Identificación y verificación de la calidad del protegido por parte de la Policía
Nacional.
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2. Evaluación de riesgo.
3. Implementación de la medida por parte de la Policía Nacional y coordinación
con la Unidad Nacional de Protección en relación con el suministro de recursos
físicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4.1.2.7 del presente
Decreto.
4. Supervisión del uso de la medida.
5. Notificación de la finalización de la medida una vez el protegido se separe del
cargo.
Parágrafo 1. La Policía Nacional adelantará la evaluación de riesgo exclusivamente
en relación con las personas mencionadas en el artículo 2.4.1.2.7 del presente
Decreto y reglamentará internamente el procedimiento para el cumplimiento de las
funciones definidas en la presente norma.
Parágrafo 2. La Policía Nacional podrá adoptar de manera preventiva y con carácter
transitorio las medidas de protección que se estimen pertinentes cuando quiera que
existan elementos de juicio que permitan determinar la existencia de un riesgo
inminente contra la vida, integridad, libertad o seguridad personal del solicitante de
que trata el artículo 2.4.1.2.7, debiendo dar inicio de manera inmediata al
procedimiento de evaluación del riesgo que permitirá ratificar, modificar o finalizar
las medidas adoptadas inicialmente.
Parágrafo 3 El procedimiento de evaluación del riesgo establecido en el presente
artículo, se realizará una vez al año o antes si existen nuevos hechos que puedan
generar una variación en la ponderación del riesgo. En todo caso la persona estará
obligada a facilitar a la Policía Nacional la realización de todas las etapas del
procedimiento en mención.
Parágrafo 4. Las medidas de protección podrán ser finalizadas con la separación
del cargo, sin que para ello se requiera de una nueva evaluación del riesgo.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 43; Decreto 1225 de 2012, artículo 9)
Artículo 2.4.1.2.44. Suspensión de las medidas de protección. El Director de la
Unidad Nacional de Protección podrá suspender las medidas de protección
adoptadas, previa consulta y autorización del Cerrem, en las siguientes
circunstancias:
1. Uso indebido de las medidas asignadas. Se considera que existe uso indebido
de las medidas de protección por parte del protegido, cuando:
1.1.
1.2.
Autoriza el empleo del esquema de protección o de las medidas asignadas
al mismo por personas diferentes a las determinadas por las autoridades
definidas en este Decreto, salvo en el caso en que se aprueben como
extensivas para el núcleo familiar.
Exige u obliga al personal que cumple labores de protección a desarrollar
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actividades que no tienen relación con el servicio de seguridad.
Agrede física o verbalmente o intenta hacerlo al personal que está asignado
a su esquema de protección.
1.4. Abandona o evade el esquema de protección, desplazándose a lugares sin
el acompañamiento del personal asignado para la seguridad.
1.5. Impide el acompañamiento del esquema de protección en lugares cerrados
o abiertos al público, poniendo en riesgo su vida.
1.6. Ejecuta conductas que implican riesgo para su vida e integridad personal o
la de su esquema, tales como:
–
Conducir vehículos bajo el efecto de bebidas embriagantes o
sustancias alucinógenas.
–
Irrespetar la normatividad de tránsito.
–
Transportar o manipular explosivos, pólvora o armas sin el
correspondiente permiso.
1.7. No hace uso de las medidas otorgadas por el Programa.
1.8. Autoriza permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento
de la entidad a cargo de su protección.
1.9. Desatiende las observaciones o recomendaciones de autoprotección y
seguridad que formule el personal de su esquema de seguridad o por los
organismos de seguridad del Estado.
1.10. Ejecuta conductas punibles, contravencionales o disciplinables haciendo uso
de los medios físicos y humanos dispuestos para su protección.
1.11. Usufructúa comercialmente los medios de protección dispuestos en su favor.
1.12. Causa daño intencionalmente a los medios de protección físicos y humanos
asignados por el Programa.
1.13. Acude injustificadamente a lugares en donde se ponga en riesgo su
seguridad.
1.14. Exige que el personal asignado a esquemas de protección incumpla la
normatividad de tránsito o irrespete las señales de tránsito.
1.15. Retorna a la zona de riesgo sin informar oportunamente a las autoridades
señaladas en este Capítulo.
2. A solicitud del protegido. En el caso en el cual el protegido solicite la suspensión
de las medidas de protección, lo deberá hacer por escrito ante la Unidad
Nacional de Protección.
3. Para el caso de los funcionarios públicos por licencia, salvo la licencia por
maternidad.
1.3.
Parágrafo. La reincidencia en el uso indebido de las medidas definidas en el
numeral 1 de este artículo, traerá como consecuencia la finalización de las medidas
de protección.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 44)
Artículo 2.4.1.2.45. Procedimiento para la suspensión de medidas. En caso que
el Programa de Protección, en el marco de sus funciones de seguimiento, identifique
que un protegido de medidas está incurriendo en alguna de las situaciones de uso
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indebido, conforme al artículo 2.4.1.2.44 frente a una o varias de las medidas que
le fueron asignadas, se surtirá el siguiente procedimiento:
1. Notificación por escrito al protegido de la situación encontrada.
2. El protegido tendrá la oportunidad de controvertir los hechos, por escrito, en un
plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibe la
notificación.
3. Presentación ante el Cerrem de la novedad frente a uso indebido de las
medidas.
4. Recomendación del Cerrem frente a la suspensión o continuidad de las
medidas.
5. Adopción de la decisión por parte del Director de la Unidad Nacional de
Protección, mediante acto administrativo.
6. Notificación de la decisión al protegido.
7. Implementación de la decisión.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 45)
Artículo 2.4.1.2.46. Finalización de las medidas de protección. El respectivo
Comité podrá recomendar la finalización de las medidas de protección, en los
siguientes casos:
1. Por el resultado de la valoración de nivel de riesgo, si de este se concluye que
la medida de protección ha dejado de ser necesaria o que no la amerita, en
atención a la realidad del riesgo que pese sobre el protegido del programa.
2. Cuando se establezca falsedad en la información o pruebas aportadas para la
vinculación al Programa o la adopción de medidas.
3. Cuando el protegido no permite la reevaluación del riesgo.
4. Por solicitud expresa y libre de la persona, caso en el cual la Unidad Nacional
de Protección le explicará el riesgo que corre, en términos de su vida, integridad,
libertad y seguridad personal, en cuyo caso se deberá dejar constancia escrita
de ello.
5. Vencimiento del período o cargo por el cual fue adoptada la medida o su
prórroga.
6. Por imposición de medida de aseguramiento o pena privativa de la libertad que
se cumpla en establecimiento de reclusión o con el beneficio de detención
domiciliaria.
7. Por imposición de sanción de destitución en proceso disciplinario debidamente
ejecutoriado, para el caso de funcionarios públicos.
8. Por muerte del protegido.
Parágrafo 1. Las medidas de protección implementadas en favor de los
Magistrados de las Altas Cortes se mantendrán hasta por seis (6) meses después
del vencimiento de su periodo constitucional o la renuncia a su cargo, prorrogables
hasta por otro tanto previa valoración del riesgo individual. En el caso de los
Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, las medidas se
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mantendrán por un año, prorrogable por un periodo igual previa valoración del riesgo
individual.
En los demás casos de personas protegidas en razón del cargo, las medidas
asignadas podrán extenderse hasta por tres (3) meses más, de manera inmediata,
después de que el funcionario cese en el ejercicio de sus funciones, sin que medie
evaluación del riesgo, término que podrá prorrogarse por una sola vez hasta por el
mismo período, ajustando las medidas a su nueva condición. En los casos en que
su nivel de riesgo sea extraordinario o extremo, habrá lugar al procedimiento de
revaluación para determinar la continuidad de las medidas.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 46; Decreto 1225 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.4.1.2.47. Compromisos del Programa de Prevención y Protección.
Corresponde a la Unidad Nacional de Protección:
1. Entregar las medidas de prevención y protección recomendadas por el Cerrem.
2. Entregar los elementos destinados para la protección en buen estado.
3. Manejar de forma reservada la información relacionada con su situación
particular.
4. Notificar las decisiones adoptadas.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 47)
Artículo 2.4.1.2.48. Compromisos del protegido. Son compromisos de las
personas protegidas por el Programa:
1. Acatar las recomendaciones formuladas por el Programa de Prevención y
Protección y los organismos de seguridad del Estado.
2. No solicitar ni aceptar inscripción en otro programa de protección del Estado
durante la vigencia de las medidas.
3. Conservar los elementos entregados en buen estado y hacer buen uso de ellos.
4. Usar los elementos o apoyos entregados, exclusivamente como medida de
protección.
5. Colaborar con los organismos de investigación, de control y seguridad del
Estado, para el esclarecimiento de los hechos que motiven sus amenazas.
6. Seguir las recomendaciones de autoprotección, sugeridas por el Programa.
7. Informar mínimo con 24 horas de antelación, sobre cualquier desplazamiento
que requiera coordinación institucional en diferentes lugares del país.
8. Abstenerse de asumir conductas que puedan poner en peligro su seguridad.
9. Reportar a la Unidad Nacional de Protección los incidentes de seguridad que se
presenten y que pongan en peligro su vida, integridad, libertad y seguridad o la
de su núcleo familiar.
10. Dar respuesta a los requerimientos que en relación con el mal uso de las
medidas de protección le hagan la Unidad Nacional de Protección, la Policía
Nacional, con el fin de controvertir o aclarar las razones y pruebas sobre el uso
e implementación de las medidas de protección.
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11. Reportar de inmediato a la Unidad Nacional de Protección la pérdida, hurto o
daño, de cualquier elemento suministrado.
12. Colaborar con la autoridad que haya asignado la medida de protección para la
verificación del debido uso de las medidas de protección.
13. Colaborar con la Unidad Nacional de Protección para la realización de la
evaluación del riesgo y las posteriores reevaluaciones del mismo.
14. Mantener la reserva y confidencialidad de la información relacionada con su
situación particular.
15. Suscribir un acta de compromiso al momento de recibir las medidas de
protección, en donde se señalarán los elementos entregados y el estado de los
mismos, sus beneficios y compromisos, el lapso de la medida adoptada y las
consecuencias por uso indebido de los mismos.
16. Devolver los elementos entregados, como medida de protección, una vez
finalice su vinculación al Programa de Protección.
17. Poner en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección los hechos por los
cuales teme por su vida, integridad, libertad y seguridad.
18. Asumir el valor correspondiente al deducible del seguro que ampara cualquier
elemento suministrado por el Programa, en caso de reposición por pérdida,
hurto o daño, del mismo, en los casos que se compruebe culpa grave del
protegido.
19. Las demás inherentes a la naturaleza del beneficiario del servicio de protección
y las que recomiende el respectivo Comité.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 48)
Artículo 2.4.1.2.49. Cooperación. En desarrollo de las actividades de los
programas de prevención y protección, los ejecutores del mismo podrán celebrar
convenios de cooperación con otras entidades públicas o privadas y con organismos
nacionales e internacionales, con sujeción a las normas legales vigentes, con el fin
de recibir asistencia técnica o apoyo a través del suministro de recursos y medios
destinados a la protección de los beneficiarios.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 49)
Artículo 2.4.1.2.50. Reglamentación. El Ministerio del Interior reglamentará lo
pertinente a la aplicación efectiva del presente Capítulo, mediante protocolos y
reglamentos generales y específicos para cada población objeto, teniendo en
cuenta un enfoque diferencial, desarrollando mecanismos periódicos de evaluación
del Programa. Así mismo reglamentará los criterios para el estudio, análisis y
posterior decisión respecto de las recomendaciones sobre las medidas de
protección que realicen los beneficiarios, así como los plazos para su
implementación.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 50)
Artículo 2.4.1.2.51. No inclusión. El Programa de Prevención y Protección de la
Unidad Nacional de Protección, no incluirá el Programa de Protección a Víctimas y
Testigos de la Ley 975 de 2005 ni el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas
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y Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal de la Fiscalía General de la Nación.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 51)
Artículo 2.4.1.2.52. Vigencia y Transición. Todas las disposiciones normativas
que se refieran al Departamento Administrativo de Seguridad DAS y al programa de
protección del Ministerio del Interior, salvo el Programa de Protección para Víctimas
y Testigos, de que trata la Ley 975 de 2005, se entenderán referidas a la Unidad
Nacional de Protección.
(Decreto 4912 de 2011, artículo 52)
CAPÍTULO 3
Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y
sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano
Artículo 2.4.1.3.1. Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto unificar el
Programa Especial de Protección Integral para dirigentes, miembros y
sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano, con el fin
de atender los requerimientos de protección presentados por aquellas personas que
por razones de vinculación ideológica o partidista, con una de tales agrupaciones
políticas, se encuentren en una situación de riesgo extraordinario o extremo.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 1)
Artículo 2.4.1.3.2. Principios. Además de los principios constitucionales y legales
que orientan la función administrativa, las acciones en materia de prevención y
protección de la población objeto del Programa Especial de Protección Integral para
dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista
Colombiano, se regirán por los siguientes principios:
1. Buena Fe: Todas las actuaciones que se surtan ante el programa, se ceñirán a
los postulados de la buena fe.
2. Causalidad: La vinculación al Programa Especial de Protección Integral, estará
fundamentada en la conexidad directa entre el riesgo y el ejercicio de las
actividades, funciones políticas o vinculación ideológica o partidista. Los
interesados en ser acogidos por el programa deben demostrar, siquiera
sumariamente, dicha conexidad.
3. Complementariedad: Las medidas de prevención y protección se
implementarán sin perjuicio de otras de tipo asistencial, integral, humanitario o
de rehabilitación que sean dispuestas por otras entidades.
4. Concurrencia: La Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la
Policía Nacional y demás autoridades del orden nacional, los municipios y
departamentos aportarán las medidas de prevención y protección, de acuerdo
con sus competencias y capacidades institucionales, administrativas y
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presupuestales, para la garantía efectiva de los derechos a la vida, libertad,
integridad y seguridad personal de su población objeto.
5. Consentimiento: La vinculación al Programa Especial de Protección Integral
requerirá de la manifestación expresa, libre y voluntaria por parte de la persona
solicitante respecto de la aceptación o no de su vinculación.
6. Coordinación: Las autoridades competentes dentro del Programa Especial de
Protección Integral actuarán en forma ordenada, sistemática, coherente,
eficiente y armónica, para la prevención, protección y superación de las
situaciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad de su población objeto.
7. Eficacia: Las medidas tendrán como propósito prevenir la materialización de los
riesgos y mitigar los efectos de su eventual consumación.
8. Enfoque diferencial: Para la evaluación del riesgo, así como para la
recomendación y adopción de las medidas de protección, deberán ser
observadas las especificidades y vulnerabilidades por edad, etnia, género,
discapacidad, orientación sexual y procedencia urbana o rural de las personas
objeto de protección.
9. Exclusividad: Las medidas dispuestas por el Programa Especial de Protección
Integral estarán destinadas para el uso exclusivo de los protegidos del
Programa.
10. Goce efectivo de derechos: La planeación, ejecución, seguimiento y evaluación
del Programa Especial de Protección Integral tendrá en cuenta el conjunto de
derechos constitucionales fundamentales de los que son titulares las personas
protegidas en el marco del principio de correlación entre deberes y derechos.
11. Idoneidad: Las medidas de prevención y protección serán adecuadas a la
situación de riesgo extraordinario o extremo y procurarán adaptarse a las
particularidades de las personas protegidas.
12. Oportunidad: Las medidas se otorgarán en forma ágil y expedita.
13. Reserva legal: La información relativa a las personas solicitantes y protegidas
del Programa Especial de Protección Integral es reservada. Las personas
beneficiarias de las medidas están obligadas a guardar dicha reserva.
14. Temporalidad: Las medidas de prevención y protección tienen carácter temporal
y se mantendrán mientras persista un nivel de riesgo extraordinario o extremo
de las personas beneficiarias.
15. Subsidiariedad: El municipio, o en su defecto el departamento, de acuerdo con
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sus competencias y capacidades institucionales, administrativas y
presupuestales, y en el marco de la colaboración administrativa y el principio de
subsidiariedad, adoptará las medidas necesarias para prevenir la violación de
los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad o la protección de
los derechos de esta población.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 2)
Artículo 2.4.1.3.3. Definiciones. Para efectos del presente Capítulo se entenderá
por:
1. Dirigente: Persona que ocupa un cargo directivo o ejerce la representación de
los grupos políticos objeto del Programa Especial de Protección Integral. La
acreditación de una persona como dirigente será expedida por la misma
organización política de la que hace parte.
2. Medidas de prevención en el marco del Programa Especial de Protección
Integral: Acciones que emprende el Estado, o elementos físicos con los que este
cuenta para el cumplimiento del deber de prevención, en lo que se refiere a la
promoción del respeto y garantía de los derechos humanos de la población
objeto del Programa.
3. Medidas de protección: Acciones que emprende el Estado o elementos físicos
de los que este dispone con el propósito de prevenir riesgos y proteger los
derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personal de los protegidos.
4. Medidas de restablecimiento y rehabilitación: Acciones que emprende o apoya
el Estado, y que tienen por finalidad hacer cesar o mitigar las consecuencias de
la amenaza o vulneración de los Derechos Humanos de la población objeto del
Programa y para restablecer las condiciones alteradas por la situación de riesgo
extraordinario o extremo al que han sido sometidos.
5. Medidas Materiales de Protección: Son medidas de protección material,
aquellas otorgadas por el Programa Especial de Protección Integral,
encaminadas a proteger la vida, integridad, seguridad y libertad de su población
objeto, diferentes a aquellas conferidas por las demás entidades competentes
para la superación de las condiciones de vulnerabilidad y el restablecimiento de
las condiciones alteradas por la situación de riesgo extraordinario o extremo al
que ha sido sometida la población beneficiaria.
6. Miembro: Persona afiliada a los grupos políticos objeto del Programa Especial.
La Membrecía será acreditada por la misma organización política de la que hace
parte.
7. Riesgo extraordinario: Es aquel que las personas, como consecuencia directa
del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o
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humanitarias, o en razón al ejercicio de su cargo, no están obligadas a soportar
y comprende el derecho de recibir del Estado la protección especial por parte
del Programa, respecto de su población y siempre y que reúna las siguientes
características:
a) Que sea específico e individualizable.
b) Que sea concreto, fundado en acciones o hechos particulares y manifiestos
y no en suposiciones abstractas.
c) Que sea presente, no remoto ni eventual.
d) Que sea importante, es decir, que amenace con lesionar bienes jurídicos
protegidos.
e) Que sea serio, de materialización probable por las circunstancias del caso.
f) Que sea claro y discernible.
g) Que sea excepcional en la medida en que no debe ser soportado por la
generalidad de los individuos.
h) Que sea desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de
la situación por la cual se genera el riesgo.
8. Riesgo extremo: Es aquel que se presenta al confluir todas las características
señaladas para el riesgo extraordinario y que adicionalmente es grave e
inminente.
9. Sobreviviente: Persona que pertenece o perteneció al grupo político Unión
Patriótica y del Partido Comunista Colombiano y que ha sufrido un daño.
10. Vulnerabilidad: Es el nivel de exposición a la amenaza, pérdida, daño o
sufrimiento de la población objeto del Programa. La vulnerabilidad puede estar
asociada a condiciones de discriminación política.
Parágrafo. La protección de los miembros, dirigentes y sobrevivientes de la Unión
Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, será asumida por la Unidad Nacional
de Protección.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 3)
Artículo 2.4.1.3.4. Medidas de Emergencia. En casos de riesgo inminente y
excepcional, el director de la Unidad Nacional de Protección podrá adoptar, sin
necesidad de evaluación de riesgo, contemplando un enfoque diferencial, medidas
provisionales de protección para las personas beneficiarias del Programa Especial
de Protección Integral e informará de las mismas al Comité de Evaluación de Riesgo
y Recomendación de Medidas (Cerrem) en la siguiente sesión, con el fin de que
este recomiende las medidas definitivas, si es del caso.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 4)
Artículo 2.4.1.3.5. Medidas de Prevención. Son medidas de prevención las
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siguientes:
1. Curso de autoprotección: Herramienta pedagógica que tiene el propósito de
brindar a la población beneficiaria en situación de riesgo contemplando un
enfoque diferencial, elementos prácticos que permitan disminuir sus
vulnerabilidades e incrementar sus capacidades a fin de realizar una mejor
gestión efectiva del mismo.
2. Patrullaje: Es la actividad desarrollada por la Fuerza Pública con un enfoque
general, encaminada a asegurar la convivencia y seguridad ciudadana y dirigido
a identificar, contrarrestar y neutralizar la amenaza.
3. Revista policial: Es la actividad desarrollada por la Policía Nacional con un
enfoque particular, preventivo y disuasivo, encaminada a establecer una
interlocución periódica con el solicitante de la medida.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 5)
Artículo 2.4.1.3.6. Medidas de protección. Son medidas de protección, a cargo de
la Unidad Nacional de Protección, las siguientes:
1. Esquema de protección: Compuesto por los recursos físicos y humanos
otorgados a los protegidos del Programa para su protección.
Tipo 1: Esquema individual corriente para brindarle seguridad a una sola persona,
e incluye:
-- 1 vehículo corriente
-- 1 conductor
-- 1 escolta
Tipo 2: Esquema individual blindado para brindarle seguridad a una sola persona, e
incluye:
-- 1 vehículo blindado
-- 1 conductor
-- 1 escolta
Tipo 3: Esquema individual reforzado con escoltas, para brindarle seguridad a una
sola persona, e incluye:
-- 1 vehículo corriente o blindado
-- Conductor
-- 2 escoltas
Tipo 4: Esquema individual reforzado con escoltas y vehículo, para brindarle
seguridad a una sola persona, e incluye:
-- 1 vehículo blindado
-- 1 vehículo corriente
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-- 2 conductores
-- Hasta 4 escoltas
Tipo 5: Esquema colectivo, para brindarle protección a un grupo de 2 o más
personas, e incluye:
-- 1 vehículo corriente o blindado
-- 1 conductor
-- 2 escoltas
2. Recursos físicos de soporte a los esquemas de seguridad: Son los elementos
necesarios para la prestación del servicio de protección de personas y consiste
en vehículos blindados o corrientes, motocicletas, escudos blindados, entre
otros.
3. Medio de movilización: Es el recurso que se otorga a una persona protegida en
procura de salvaguardar su vida, integridad, libertad y seguridad, durante los
desplazamientos. Estos pueden ser de las siguientes clases:
a) Tiquetes aéreos internacionales: Consiste en la asignación de un tiquete
aéreo internacional para la persona protegida del programa y, si es necesario,
su núcleo familiar; el cual se brindará como una medida de protección
excepcional. Se suministrará por una sola vez, cuando el nivel de riesgo sea
extremo y la persona o el núcleo familiar sean admitidos por el país receptor por
un período superior a un año.
b) Tiquetes aéreos nacionales: Consiste en la entrega de tiquetes aéreos en
rutas nacionales y se otorgan a la persona protegida del programa, y si es
necesario, a su núcleo familiar, cuando frente a una situación de riesgo debe
trasladarse a una zona que le ofrezca mejores condiciones de seguridad, o
cuando su presencia sea necesaria en actuaciones de orden administrativo o
judicial en el marco de su protección.
c) Apoyo de transporte terrestre, fluvial o marítimo: Consiste en el valor que se
entrega a la persona protegida del programa, para sufragar el precio del contrato
de transporte, para brindar condiciones de seguridad en la movilidad. El valor
que se entrega a una persona protegida del programa para sufragar el costo de
transporte, no podrá superar la suma correspondiente a cuatro (4) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, por cada mes aprobado.
4. Apoyo de reubicación temporal: Constituye la asignación y entrega mensual a
la persona protegida de una suma de dinero entre uno (1) y tres (3) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, según las particularidades del grupo
familiar del caso, para facilitar su asentamiento en un lugar diferente a la zona
de riesgo. Este pago se aprobará hasta por tres (3) meses y el monto se
determinará tomando en consideración el número de personas del núcleo
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familiar con los que se reubica el protegido. Esta medida de protección es
complementaria a las ayudas que buscan suplir el mínimo vital otorgadas por
otras entidades del Estado. De manera excepcional, se podrá otorgar este
apoyo por tres (3) meses adicionales, por la mitad del monto inicialmente
aprobado, siempre y cuando de manera sumaria se alleguen soportes idóneos,
para determinar la situación de riesgo que persiste.
5. Apoyo de trasteo: Consiste en el traslado de muebles y enseres de las personas
que en razón del riesgo extremo o extraordinario deban trasladar su domicilio.
6. Medios de comunicación: Son los equipos de comunicación entregados a las
personas beneficiarias para permitir su contacto oportuno y efectivo con los
organismos del Estado y con el Programa Especial de Protección Integral, con
el fin de alertar su situación de emergencia o para reportarse de manera
permanente e informar sobre su situación de seguridad.
7. Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad: Consiste
en los elementos y equipos de seguridad integral para el control del acceso a
los inmuebles donde funcionan las sedes de las organizaciones políticas
beneficiarias del Programa Especial de Protección Integral o donde residen los
dirigentes, miembros y sobrevivientes que conforme al riesgo así lo requieran.
En todos los casos, esta medida se implementará conforme a las
recomendaciones de una valoración arquitectónica realizada por la Unidad
Nacional de Protección.
8. Actividades para autoprotección: Corresponde al apoyo que se brinda para la
realización de talleres y eventos, regionales y nacionales sobre autoprotección
que generen escenarios de seguridad basada en la recomposición de
confianzas, tejidos de coordinación y comunicación, que creen una cultura de
autoprotección y seguridad entre los beneficiarios del Programa.
9. Atención Psicosocial: Consiste en la atención inmediata individual (consulta
terapéutica) o colectiva (talleres) para proveer herramientas de afrontamiento y
fortalecimiento ante las condiciones que han tenido que enfrentar en razón de
las situaciones de riesgo y amenaza.
Parágrafo 1. La Unidad Nacional de Protección podrá asignar las medidas de
protección descritas en el numeral 3, literales b) y c), y numerales 4, 5, 6, 8 y 9 del
presente artículo, sin necesidad de evaluación de riesgo, siempre y cuando dichas
medidas sean aprobadas y concertadas por el Cerrem, salvo que dicho estudio lo
estimare necesario para poder adoptar una decisión sobre el particular.
Parágrafo 2o. Los apoyos de que tratan los numerales 8 y 9 del presente artículo
constituyen una medida con enfoque diferencial, la cual tiene como objetivo
contribuir a reducir los riesgos y vulnerabilidades a las que pueden estar sometidos
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los miembros, dirigentes y sobrevivientes de la Unión Patriótica incluidos los
militantes del Partido Comunista Colombiano, en concordancia con el artículo
16, numeral 9, del Decreto 4065 de 2011.
Parágrafo 3o. Las medidas de que tratan los numerales 1, 2, 3, literal a), y 7 del
presente artículo, tendrán como condición obligatoria para su asignación, la
realización de la evaluación de riesgo, la cual deberá ponderar un riesgo
extraordinario o extremo y llevarse el caso ante el Cerrem.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 6)
Artículo 2.4.1.3.7. Procedimientos. Los procedimientos para hacer efectivas las
medidas dispuestas en los artículos 2.4.1.3.4 a 2.4.1.3.6, serán adoptados por el
Cerrem, en el marco de los principios, definiciones y propósitos que en el presente
Capítulo se establecen.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 7)
Artículo 2.4.1.3.8 Conformación del Comité de Evaluación de Riesgo y
Recomendación de Medidas (CERREM). Para efectos del Programa Especial de
Protección Integral para Dirigentes, Miembros y Sobrevivientes de la Unión
Patriótica y el Partido Comunista Colombiano, el Cerrem estará conformado así:
-
-
El Director de la Unidad Nacional de Protección, o su delegado, quien lo
presidirá.
El Director de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, o
su delegado, quien oficiará como secretario técnico.
El Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, o su delegado.
El Director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a la Víctimas, o su delegado.
El Coordinador del Grupo de Derechos Humanos de la Inspección General de
la Policía Nacional.
El Presidente Nacional de la Unión Patriótica, o su delegado.
El Secretario General del Partido Comunista Colombiano, o su delegado.
El Presidente de la Corporación Reiniciar, peticionaria del caso de la Unión
Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o su
delegado.
El Director de la Comisión Colombiana de Juristas, peticionaria del caso de la
Unión Patriótica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o su
delegado.
Cuando el Cerrem deba analizar y aprobar las medidas de restablecimiento y
rehabilitación, se invitará con voz pero sin voto, a los respectivos delegados de los
ministerios, departamentos y unidades administrativas especiales que resulten
competentes.
Asistirán como invitados especiales, con voz pero sin voto, en calidad de
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organismos de control del Estado los siguientes:
- Un delegado del Procurador General de la Nación.
- Un delegado del Defensor del Pueblo.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 8)
Artículo 2.4.1.3.9. Reuniones. El Comité se reunirá de manera ordinaria cada
treinta (30) días, previa citación por parte del Director de la Unidad Nacional de
Protección, por conducto de la Dirección de Derechos Humanos como Secretaría
Técnica, y de manera extraordinaria cuando así lo solicite cualquiera de sus
miembros.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 9)
Artículo 2.4.1.3.10. Quórum. El Comité podrá deliberar con la mitad más uno de
sus integrantes y las decisiones se adoptarán por consenso, salvo situaciones
excepcionales en las que el propio Comité considere necesario decidir por votación,
en cuyo caso la decisión correspondiente se adoptará por mayoría simple de los
asistentes.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 10)
Artículo 2.4.1.3.11. Grupo de Valoración Preliminar. El Grupo de Valoración
Preliminar tendrá carácter permanente y estará conformado por:
-
Un delegado de la Unidad Nacional de Protección, quien lo coordinará.
Un delegado del Ministerio de Defensa Nacional.
Un delegado de la Policía Nacional.
Un delegado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos
Un delegado de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.
Un delegado que represente a la Unión Patriótica y al Partido Comunista
Colombiano.
Parágrafo 1. Participarán de manera permanente, como invitados especiales, con
derecho a voz:
-
Un representante del Fiscal General de la Nación.
Un representante del Procurador General de la Nación.
Un representante del Defensor del Pueblo.
El delegado de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Alertas
Tempranas (CIAT).
Parágrafo 2. Participará cualquier autoridad pública a nivel nacional,
departamental, distrital o municipal, en calidad de invitados cuando así lo decidan
los miembros del Grupo.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 11)
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Artículo 2.4.1.3.12. Medidas de Restablecimiento y Rehabilitación. Son aquellas
acciones que emprende o apoya el Estado, y que tienen por finalidad hacer cesar o
mitigar las consecuencias de la amenaza o vulneración de los Derechos Humanos
de la población objeto del Programa y para restablecer las condiciones alteradas
por la situación de riesgo extraordinario o extremo al que han sido sometidas; entre
las cuales están las siguientes:
1. Apoyos para Proyectos Productivos: Constituye una subvención por valor
total de doce (12) salarios mínimos legales mensuales vigentes de un proyecto
económico que propende por la estabilidad socioeconómica de la persona que
en razón del riesgo extraordinario o extremo ha debido trasladar su domicilio. El
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) será la entidad
encargada de asignar dichos apoyos, previa certificación por parte de la Unidad
Nacional de Protección respecto del traslado de la persona en razón al riesgo
extraordinario o extremo que padece.
2. Apoyo para vivienda: Equivale al subsidio de vivienda dispuesto por el
Gobierno nacional para vivienda urbana o rural de interés social y se otorga a
las personas que en razón del riesgo extraordinario o extremo se han
establecido social y económicamente en otro domicilio. El Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio será la entidad encargada de asignar estos
apoyos, previa certificación por parte de la Unidad Nacional de Protección
respecto del traslado de la persona en razón al riesgo extraordinario o extremo
que padece.
3. Atención médica y psicológica: Corresponde a la atención para rehabilitación
física y psicológica de los beneficiarios del Programa Especial de Protección
Integral del presente decreto, que han sobrevivido a atentados personales y han
quedado con algún grado de discapacidad. Dicha atención se garantizará en el
marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, previa certificación
por parte de la Unidad Nacional de Protección respecto de la vinculación de la
persona al Programa de Protección.
Parágrafo. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, con el
apoyo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, coordinará
la implementación de estas medidas con las instituciones legalmente competentes.
Para tal efecto, se podrán celebrar convenios interadministrativos.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 12)
Artículo 2.4.1.3.13. Marco de aplicación. En aquellos aspectos no regulados por
el presente Capítulo, se aplicará, en lo que resulte pertinente, las disposiciones del
Capítulo anterior y aquellas disposiciones que los modifiquen, adicionen o
deroguen.
(Decreto 2096 de 2012, artículo 13)
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TÍTULO 2
Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos
CAPÍTULO 1
Personería Jurídica Especial de las Iglesias, Confesiones y Denominaciones
Religiosas, sus Federaciones y Confederaciones y Asociaciones de
Ministros
Artículo 2.4.2.1.1. Requisitos. Las iglesias, confesiones y denominaciones
religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, para la
obtención de su personería jurídica especial, deberán presentar ante la Oficina
Asesora Jurídica del Ministerio del Interior la correspondiente petición acompañada
de documentos fehacientes en los que conste su fundación o establecimiento en
Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación , los estatutos
donde se señalen sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, esquema de
organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de sus
requisitos para su válida designación.
La personería jurídica se reconocerá cuando se acrediten debidamente los
requisitos exigidos y no se vulneren los preceptos de la Ley 133 de 1994 o los
derechos constitucionales fundamentales.
Reconocida la personería jurídica especial, oficiosamente el Ministerio del Interior
hará su anotación en el Registro Público de Entidades Religiosas.
Parágrafo 1. Los datos de denominación e identificación deben propender por su
singularidad y distinción de las demás, sin que sean permisibles denominaciones
iguales o similares.
Parágrafo 2. Las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus
federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros, constituidas en el
exterior, deberán acreditar la autorización de las correspondientes autoridades
religiosas competentes para su establecimiento en el país. A ese efecto, tales
autorizaciones y el reconocimiento de las firmas deberán estar autenticadas ante
los respectivos funcionarios competentes y con el lleno de los requisitos
establecidos en el artículo 251 del Código General del Proceso.
(Decreto 782 de 1995, artículo 1)
Artículo 2.4.2.1.2. Duración. La duración de la personería jurídica especial de las
iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y
confederaciones y asociaciones de ministros que regula el presente Capítulo, a
menos que los estatutos dispongan otra cosa, es indefinida, pero se disolverá y
liquidará por decisión de sus miembros adoptada conforme a sus estatutos, o por
decisión judicial.
(Decreto 782 de 1995, artículo 2)
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Artículo 2.4.2.1.3. Domicilio. El domicilio de las iglesias, confesiones y
denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de
ministros será el distrito o municipio que se indique en sus estatutos. Sin embargo,
éstos podrán disponer que sus actividades religiosas se extiendan a todo el territorio
de la República de Colombia.
(Decreto 782 de 1995, artículo 3)
Artículo 2.4.2.1.4. Reformas Estatutarias. Las reformas estatutarias serán
adoptadas por el órgano competente de las iglesias, confesiones y denominaciones
religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros con el
lleno de los requisitos estatutarios, y solamente entrarán a regir cuando el Ministerio
del Interior las declare conformes con las Leyes 25 de 1992 y 133 de 1994, y con
los derechos constitucionales fundamentales.
(Decreto 782 de 1995, artículo 4)
Artículo 2.4.2.1.5. Personería Jurídica. La personería jurídica especial de las
iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y
confederaciones y asociaciones de ministros se reconocerá mediante resolución
motivada suscrita por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior
y por el abogado encargado del estudio de la solicitud y documentación respectiva.
Así mismo, se rechazarán las solicitudes que no reúnan los requisitos establecidos
por este Capítulo o violen la Ley 133 de 1994 o los derechos constitucionales
fundamentales. Contra esa resolución proceden los recursos de reposición y
apelación ante el Ministro del Interior.
(Decreto 782 de 1995, artículo 5)
Artículo 2.4.2.1.6. Publicidad. La resolución mediante la cual se reconozca
personería jurídica especial, para su validez, deberá ser publicada a costa del
interesado en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con el pago de
los derechos correspondientes, debiéndose allegar el original del recibo a la Oficina
Asesora Jurídica del Ministerio del Interior.
(Decreto 782 de 1995, artículo 6)
Artículo 2.4.2.1.7. Personería jurídica de la iglesia católica. El Estado continúa
reconociendo personería jurídica a la Iglesia Católica y a las entidades eclesiásticas
erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el artículo IV del concordato
de 1973, aprobado por la Ley 20 de 1974.
Parágrafo. La acreditación de la existencia y representación de las entidades de
que trata el artículo IV del Concordato se realizará mediante certificación emanada
de la correspondiente autoridad eclesiástica.
(Decreto 782 de 1995, artículo 7; Decreto 1396 de 1997, artículo 1)
Artículo 2.4.2.1.8. Personería jurídica de derecho público eclesiástico. De
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conformidad con el artículo 11 de la Ley 133 de 1994, el Estado seguirá
reconociendo personería jurídica de derecho público eclesiástico a las entidades
erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el inciso 1 del artículo IV del
Concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974.
Las personas jurídicas de derecho público eclesiástico de que trata este artículo son
entre otras, las siguientes: la Conferencia Episcopal de Colombia; la Conferencia de
Superiores Mayores Religiosos; las diócesis y demás circunscripciones
eclesiásticas que les sean asimilables a éstas en el derecho canónico como las
arquidiócesis, el ordinariato castrense, las prelaturas, los vicariatos apostólicos, las
prefecturas apostólicas y las abadías; los seminarios mayores, las parroquias; y las
comunidades religiosas como los institutos religiosos, los institutos seculares y las
sociedades de vida apostólica tanto de derecho pontificio como diocesano.
(Decreto 782 de 1995, artículo 8)
Artículo 2.4.2.1.9. Sujetos de Registro. Además de lo dispuesto en los artículos
anteriores, son sujetos de registro oficioso cuando se otorgue personería jurídica
especial, las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones o
confederaciones, y asociaciones de ministros.
(Decreto 782 de 1995, artículo 11)
Artículo 2.4.2.1.10. Objeto del Registro. El Registro Público de Entidades
Religiosas, que puede llevarse en medio magnético, debe reflejar los actos
administrativos que haya proferido el Ministerio del Interior respecto de las entidades
sujetas a su registro.
Así mismo, se indicará el nombre e identificación del representante legal y la
dirección del lugar en donde funciona la sede principal de las entidades que gocen
de personería jurídica especial.
Cuando la entidad haya celebrado Convenios de Derecho Público Interno, se
insertará en el Registro el decreto correspondiente.
El Ministerio del Interior reglamentará el funcionamiento del Registro Público de
Entidades Religiosas.
(Decreto 782 de 1995, artículo 12)
Artículo 2.4.2.1.11. Objeto. Es potestativo del Estado colombiano celebrar
Convenios de Derecho Público Interno con las iglesias, confesiones y
denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones, especialmente
para regular lo establecido en los literales d) y g) del artículo 6, en el inciso 2 del
artículo 8 de la Ley 133 de 1994 y en el artículo 1 de la Ley 25 de 1992.
Además, el Estado colombiano de conformidad con los criterios establecidos en el
artículo 2.4.2.1.12, podrá celebrar con las asociaciones de ministros convenios de
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derecho público interno para impartir enseñanza e información religiosa y ofrecer
asistencia y atención religiosa por medio de capellanías o de instituciones similares
a los miembros de las iglesias y confesiones religiosas y aquellas otras personas
que así lo soliciten cuando se encuentren en establecimientos públicos oficiales
docentes, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y similares.
(Decreto 782 de 1995, artículo 13)
Artículo 2.4.2.1.12 Requisitos. Solamente estarán capacitadas para celebrar
convenios de derecho público interno las entidades religiosas con personería
jurídica especial o de derecho público eclesiástico.
El Estado ponderará la procedencia de la celebración de Convenios de Derecho
Público Interno con las entidades religiosas atendiendo el contenido de sus
estatutos, el número de sus miembros, su arraigo y su historia.
Los convenios de derecho público interno que versen sobre nulidad matrimonial,
requieren que la entidad religiosa acredite poseer reglamentación sustantiva y
procesal, en la que se garantice el pleno respeto de los derechos constitucionales
fundamentales.
(Decreto 782 de 1995, artículo 14)
Artículo 2.4.2.1.13 Competencia para negociar los convenios. Corresponde al
Ministerio del Interior la competencia administrativa relativa a la negociación y
desarrollo de los Convenios de Derecho Público Interno, sin perjuicio de los
contratos a que se refiere el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 y del Estatuto
General de Contratación, Ley 80 de 1993.
Cuando en el curso de las negociaciones se traten materias asignadas a otros
ministerios o departamentos administrativos, el Ministerio del Interior podrá requerir
la asesoría correspondiente.
Una vez acordados los términos de los convenios con la entidad religiosa, el
Ministerio del Interior los remitirá, para control previo de legalidad a la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
Una vez suscritos, el Gobierno Nacional dictará decreto contentivo de los términos
de los mismos, el cual regirá con su publicación en el Diario Oficial.
Parágrafo. La negociación de convenios de derecho público interno con las
personas jurídicas de derecho público eclesiástico enunciadas en el artículo
2.4.2.1.8 del presente Decreto, se hará siempre por intermedio de la Conferencia
Episcopal de Colombia.
(Decreto 782 de 1995, artículo 15)
Artículo 2.4.2.1.14 Terminación. Los Convenios de Derecho Público Interno
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podrán darse por terminados por mutuo acuerdo entre las partes o unilateralmente
por el Estado, por cualquiera de las siguientes causas:
1. Por la cancelación o terminación de la personería jurídica especial o pública
eclesiástica, esta última por las autoridades respectivas de la Iglesia Católica.
2. Por incumplimiento de los compromisos adquiridos, cuando los mismos vulneren
las Leyes 25 de 1992 y 133 de 1994 o los derechos constitucionales
fundamentales.
Parágrafo. La causal a que se refiere el numeral 2 se declarará por decreto del
Gobierno Nacional, previa sentencia judicial en firme sobre la ocurrencia de la
misma.
(Decreto 782 de 1995, artículo 16)
Artículo 2.4.2.1.15 Certificaciones de las personerías jurídicas especiales . El
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior y el abogado a quien
se le asigne el estudio, con base en el Registro Público de Entidades Religiosas,
expedirán certificaciones para acreditar la existencia y vigencia de las personerías
jurídicas especiales; sobre la representación legal de las mismas; y sobre la vigencia
del decreto contentivo de los convenios de derecho público interno que celebre el
Estado colombiano con esas mismas entidades y con las de derecho público
eclesiástico. Tales certificaciones tendrán vigencia de un (1) año contados a partir
de la fecha de su expedición.
El representante legal de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus
federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, que hayan celebrado
Convenio de Derecho Público Interno con el Estado colombiano, expedirá
certificación en la que conste números y fecha de la Personería Jurídica Especial y
del Convenio de Derecho Público Interno, nombre e identificación de los ministros
de culto autorizados para celebrar matrimonios con efectos civiles y áreas de su
jurisdicción.
La Registraduría Nacional del Estado Civil, inscribirá en el registro civil la
información suministrada en el acta de matrimonio celebrado por los ministros de
culto autorizados, en la forma acordada en los Convenios de Derecho Público
Interno.
Parágrafo 1. Los certificados tendrán un costo equivalente a un cuarto del salario
mínimo legal diario. Los datos sobre las consignaciones serán definidos por el
Ministerio del Interior, de común acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Parágrafo 2. La entidad competente para expedir certificaciones sobre la existencia
y representación de las personas jurídicas de derecho público eclesiástico
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enunciadas en el artículo 2.4.2.1.8 del presente Decreto, se determinará por
acuerdo, ya sea tratado internacional o convenio de derecho público interno,
celebrado con la autoridad competente de la Iglesia Católica.
(Decreto 782 de 1995, artículo 17; Decreto 1455 de 1997, artículo 1 y 2)
Artículo 2.4.2.1.16 Terminación. La terminación de cualquier convenio de derecho
público interno se hará por decreto del Gobierno Nacional.
(Decreto 782 de 1995, artículo 18)
Artículo 2.4.2.1.17 Inscripción. La inscripción de las entidades de que trata el
artículo IV del concordato en el Registro Público de Entidades Religiosas creado por
la Ley 133 de 1994, estará sujeta a lo que en el marco del régimen concordatario,
acuerden las Altas Partes Contratantes.
En todo caso, la inscripción en el Registro Público de Entidades Religiosas carece
de efectos sobre el reconocimiento y la acreditación de la personería jurídica de
estas entidades.
(Decreto 1396 de 1997, artículo 2)
Artículo 2.4.2.1.18 Entidades exceptuadas. Las entidades eclesiásticas a que se
refiere el artículo IV del concordato se entienden comprendidas entre las entidades
exceptuadas por el artículo 45 del Decreto-Ley 2150 de 1995.
(Decreto 1396 de 1997, artículo 3)
CAPÍTULO 2
Requisitos y trámite para reconocer Personería Jurídica Especial
Artículo 2.4.2.2.1 Documentos fehacientes. Para efectos de lo previsto en el
artículo 9º de la Ley 133 de 1994 y en el artículo 2.4.2.1.1, entiéndese por
documentos fehacientes necesarios para la obtención de personería jurídica
especial por parte de las iglesias, confesiones, denominaciones religiosas, sus
federaciones, confederaciones y asociaciones de ministros, ante el Ministerio del
Interior, los siguientes:
1.
2.
3.
4.
Acta de constitución de la entidad;
Estatutos y reglamento interno;
Acta de aprobación de estatutos y de reglamento interno;
Acta de designación de dignatarios con indicación del nombre, documento de
identidad y cargo respectivo;
5. Acta de designación del representante con indicación del nombre documento
de identidad y período de ejercicio;
6. Constancia de la designación de los lugares destinados permanente y
exclusivamente para culto, indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere,
nombre y documento de identidad del Ministro de Culto responsable;
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7. Constancia de la determinación de las filiales indicando la ciudad, dirección y
teléfono si lo hubiere;
8. Relación aproximada del número de sus miembros;
9. Acta de creación de los institutos de formación y estudios teológicos, si los
hubiere, indicando la ciudad, dirección, teléfono si lo hubiere, nombre y
documento de identidad del director de los mismos;
10. Personería jurídica adquirida conforme al régimen de derecho privado, si la
hubiere.
Parágrafo. Las actas y constancias de que trata el presente artículo deberán ser
expedidas por el representante y secretario de la entidad religiosa, con sus
respectivas firmas y documento de identidad.
(Decreto 1319 de 1998, artículo 1)
Artículo 2.4.2.2.2 Acta de constitución. El acta de constitución de las iglesias,
confesiones, denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y
asociaciones de ministros, deberá contener como mínimo:
1. Lugar, fecha y hora de celebración de la Asamblea Constitutiva;
2. Orden del día con el contenido de los temas a tratar;
3. Nombre y documento de identidad de quienes participaron;
4. Relación de los asuntos discutidos y aprobados por los participantes;
5. Las firmas de quienes participaron y la aprobaron.
(Decreto 1319 de 1998, artículo 2)
Artículo 2.4.2.2.3 Estatutos. Las normas estatutarias de las iglesias, confesiones,
denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de
ministros, deben contener como mínimo los siguientes aspectos:
1. Nombre de la entidad religiosa;
2. Domicilio principal y el de las filiales cuando las tuviere;
3. Duración, que de no especificarse se entenderá indefinida para todos los
efectos legales;
4. Fines religiosos y su carácter confesional específico;
5. Antecedentes históricos en el país y/o en el exterior;
6. Régimen de funcionamiento;
7. Derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros;
8. Causales de suspensión, retiro y expulsión;
9. Esquema de organización;
10. Órganos representativos con expresión de sus facultades, requisitos para su
válida designación y período;
11. Clases de asambleas, su convocatoria y quórum;
12. Designación del representante, funciones y período de ejercicio;
13. Procedimiento para modificar los estatutos y reglamento interno;
14. Los ministerios que desarrolla;
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15. Cómo se le confiere las órdenes religiosas;
16. Requisitos para la designación de cargos pastorales;
17. Normas sobre disolución y liquidación, y
18. Pautas sobre destinación del remanente de los bienes de la entidad religiosa,
una vez disuelta y liquidada.
(Decreto 1319 de 1998, artículo 3)
Artículo 2.4.2.2.4 Estudio de la documentación. La Oficina Asesora Jurídica
verificará y estudiará en un término no mayor de sesenta (60) días contados a partir
de la fecha de radicación de la respectiva solicitud de personería jurídica especial,
la documentación aportada por la entidad religiosa.
En el evento de no encontrarse la solicitud conforme a lo establecido en las normas,
el solicitante contará con el término de treinta (30) días para hacer los respectivos
ajustes, el cual correrá a partir de la fecha de la respectiva comunicación oficial
efectuada por la Oficina Asesora Jurídica.
(Decreto 1319 de 1998, artículo 4)
Artículo 2.4.2.2.5 Archivo. La Oficina Asesora Jurídica expedirá acto
administrativo que ordene el archivo de la solicitud de personería jurídica especial,
cuando haya transcurrido el término a que se refiere el inciso segundo del artículo
anterior, sin dar cumplimiento al requerimiento de ajustar o completar la
documentación aportada.
Esta decisión se notificará al interesado, quien podrá presentar posteriormente una
nueva solicitud.
(Decreto 1319 de 1998, artículo 5)
Artículo 2.4.2.2.6 Otorgamiento. El Ministro del Interior otorgará, mediante
resolución, las personerías jurídicas especiales a las iglesias, confesiones,
denominaciones religiosas, sus federaciones, confederaciones y asociaciones de
ministros, previo estudio de la respectiva solicitud por parte de la Oficina Asesora
Jurídica.
El acto administrativo de reconocimiento de la personería jurídica especial, se
notificará al representante legal o a su apoderado, en los términos previstos en los
artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
(Decreto 1319 de 1998, artículo 6)
Artículo 2.4.2.2.7 Término para el otorgamiento. El Ministro del Interior, a su vez,
dispondrá de un término de treinta (30) días una vez surtido el procedimiento de que
trata el artículo 2.4.2.2.4, para el de la personería jurídica especial a las entidades
religiosas solicitantes
(Decreto 1319 de 1998, artículo 7)
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Artículo 2.4.2.2.8 Rechazo. El Ministro del Interior rechazará, mediante resolución,
la solicitud de personería jurídica especial, cuando como resultado del estudio a
cargo de la Oficina Asesora Jurídica se determine que las actividades que desarrolla
la entidad religiosa están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 133 de 1994,
conforme lo establece su artículo 5º. Contra el acto administrativo que rechace la
solicitud de personería jurídica especial, procederá el recurso de reposición.
(Decreto 1319 de 1998, artículo 8)
CAPÍTULO 3
Extensión de los Efectos Jurídicos de las Personerías Jurídicas Especiales
Artículo 2.4.2.3.1 Extensión de los efectos jurídicos. Los efectos jurídicos de las
Personerías Jurídicas Especiales reconocidas por el Ministerio del Interior, de
conformidad con lo previsto en la Ley 133 de 1994, se podrán extender a sus entes
religiosos afiliados o asociados mediante Resolución expedida por este Ministerio
en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, previa solicitud de los interesados y una vez se
presente la Certificación de que trata el artículo siguiente.
(Decreto 505 de 2003, artículo 1)
Artículo 2.4.2.3.2 Acreditación del carácter religioso. El ente con Personería
Jurídica Especial acreditará el carácter religioso de la afiliada o asociada, mediante
Certificación que indicará el objeto religioso exclusivo de la entidad afiliada o
asociada y el cumplimiento de los requisitos contenidos en los artículos 2.4.2.2.1,
2.4.2.2.2 y 2.4.2.2.3 del presente decreto, acompañando como información anexa
los siguientes documentos:
1. Acta de fundación de la afiliada o asociada.
2. Nombre de la afiliada o asociada y de sus representantes, con sus respectivos
datos de identificación.
3. Estatutos de la afiliada o asociada, cuando estos fueren diferentes a los del ente
que la ampara.
4. Autorización de la afiliada o asociada para que el ente con personería jurídica
especial realice el trámite.
(Decreto 505 de 2003, artículo 2)
Artículo 2.4.2.3.3 Certificados de existencia y representación legal. El Ministerio
del Interior inscribirá en el registro público de entidades religiosas la información
contenida en la Certificación, así como el nombre de quien la otorga, y expedirá a
solicitud de los interesados los certificados de existencia y representación de las
entidades con Personería Jurídica Especial y el de sus afiliadas o asociadas.
El certificado de existencia y representación señalará la calidad de afiliada o
asociada, expresando el nombre de la entidad religiosa con Personería Jurídica
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Especial que la ampara.
(Decreto 505 de 2003, artículo 3)
Artículo 2.4.2.3.4 Afiliación y asociación entre entidades. Los entes religiosos a
los cuales se les haya reconocido Personería Jurídica Especial antes de la vigencia
del Decreto 505 de 2003, podrán afiliarse o asociarse entre sí, de forma que los
efectos jurídicos de la Personería Jurídica Especial otorgada a un solo ente religioso
se extienda a los demás afiliados o asociados, en todo sometidos a las
disposiciones del presente Capítulo.
(Decreto 505 de 2003, artículo 4)
Artículo 2.4.2.3.5 Fines religiosos de las afiliadas y asociadas. Los entes
religiosos con Personería Jurídica Especial velarán por que sus afiliadas o
asociadas, respecto de las cuales se haya expedido Certificación, desarrollen fines
exclusivamente religiosos dentro de un marco de seriedad, respetabilidad y
permanencia. Así mismo, se obligan al igual que la afiliada o asociada, a dar aviso
al Ministerio del Interior del cambio de representación, extinción o cualquiera
novedad relevante en la existencia y funcionamiento de la entidad.
(Decreto 505 de 2003, artículo 5)
Artículo 2.4.2.3.6. Permanencia. El procedimiento establecido para la expedición
de Personerías Jurídicas Especiales continuará vigente, de conformidad con lo
establecido en este Título, en el cual se compilan los Decretos Reglamentarios de
la Ley 133 de 1994.
(Decreto 505 de 2003, artículo 6)
PARTE 5
GRUPOS ÉTNICOS
TÍTULO 1
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
CAPÍTULO 1
De la reglamentación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel y de los
requisitos para el registro de Consejos Comunitarios y Organizaciones
Artículo 2.5.1.1.1. Conformación. La Comisión Consultiva de Alto Nivel para las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, prevista en el
artículo 45 de la Ley 70 de 1993, adscrita al Ministerio del Interior, se integrará de
la siguiente manera:
1.
El Viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos o su delegado,
quien la presidirá.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
El Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.
El Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media o su delegado
El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado.
El Viceministro de Minas o su delegado.
El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
El Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social o su
delegado.
El Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi o su delegado.
El Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, o su
delegado.
El Gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o su
delegado.
El Director de la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de
Tierras y Usos Agropecuarios - UPRA o su delegado.
Los dos (2) Representantes a la Cámara elegidos por circunscripción
especial para las Comunidades Negras, de que trata la Ley 649 de 2001.
Los representantes de los Consejos Comunitarios de las Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de conformidad con lo
señalado en el artículo 2° del presente decreto.
Parágrafo. El Ministerio del Interior cursará invitación a los siguientes funcionarios,
cuando los temas a consideración por parte de la Comisión Consultiva de Alto Nivel
así lo ameriten:
1.
2.
3.
4.
5.
Los Viceministros de Vivienda o de Agua y Saneamiento Básico.
Los Viceministros de Turismo o de Desarrollo Empresarial.
El Viceministro de Transporte o de Infraestructura.
El Viceministro General o de las Tecnologías y Sistemas de la Información.
El Viceministro General o Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
6
El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios o de Protección
Social.
7.
El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
8.
El Director del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 1; Decreto 4145 de 2011, artículo 1)
Artículo 2.5.1.1.2 Criterios para la asignación de representantes de los
consejos comunitarios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras, ante la comisión consultiva de alto nivel. Para la representación
de los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras, los departamentos en los que existan Consultivas
Departamentales tendrán derecho a un delegado, por derecho propio, y uno más,
de acuerdo con los criterios siguientes:
1. De acuerdo con su Población.
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Un (1) consultivo adicional por cada doscientos cincuenta mil habitantes
afrocolombianos autorreconocidos, de conformidad con el censo de población
vigente, o fracción superior a ciento veinticinco mil que tengan en exceso sobre los
primeros doscientos cincuenta mil.
Un (1) consultivo adicional en los casos en que la población departamental de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, de acuerdo con
el censo de población vigente, sea superior al 50% del total de la población del
respectivo departamento;
2. De acuerdo con el territorio colectivo.
Un (1) consultivo adicional por cada quinientas mil hectáreas tituladas a las
comunidades negras del respectivo departamento, o fracción de doscientas
cincuenta mil hectáreas que tengan en exceso sobre las primeras quinientas mil.
Parágrafo 1. El Distrito Capital de Bogotá contará con dos (2) representantes ante
la Comisión Consultiva de Alto Nivel.
Parágrafo 2. Ningún departamento podrá contar con más de seis (6) representantes
ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel.
Parágrafo 3. La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, con base en los nuevos criterios
establecidos en el presente Capítulo, determinará, mediante resolución motivada,
el número de representantes ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel, que le
corresponde a cada departamento.
Parágrafo 4. La Comisión Consultiva de Alto Nivel podrá invitar a sus sesiones a
los servidores públicos y a las demás personas que considere puedan contribuir al
adecuado desarrollo de sus funciones.
Parágrafo 5. En los casos en que los representantes de las entidades públicas que
integran la Comisión Consultiva de Alto Nivel, deleguen la representación en otro
funcionario, este deberá estar revestido de plenos poderes para tomar decisiones
en nombre de la entidad que representa.
Parágrafo 6. De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 731 de
2002, en las asambleas generales y en las juntas de los Consejos Comunitarios, así
como en las Comisiones Consultivas Departamentales, Regionales y de Alto Nivel,
deberá haber una participación no menor del 30% de mujeres afrocolombianas
rurales.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 2)
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Artículo 2.5.1.1.3. Invitados permanentes. La Comisión Consultiva de Alto Nivel
tendrá como invitados permanentes a sus sesiones a tres (3) líderes
afrocolombianos, de Comunidades Negras, Raizales o Palenqueras, ex integrantes
de la Comisión Especial para las Comunidades Negras, encargada de la
reglamentación del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, creada
mediante el Decreto 1332 de 1992.
Parágrafo. Los invitados permanentes a que alude el artículo anterior tendrán voz
pero no tendrán voto.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 3)
Artículo 2.5.1.1.4. Elección de representantes de los consejos comunitarios de
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, ante la
Comisión Consultiva de Alto Nivel: Los representantes designados por los
Consejos Comunitarios ante las Comisiones Consultivas Departamentales y Distrital
de Bogotá, designarán de entre sus miembros, los representantes de las mismas
comunidades ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel.
Parágrafo. Las respectivas Secretarías Técnicas de las Comisiones Consultivas
Departamentales y Distrital de Bogotá comunicarán a la Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior, la designación de los representantes de las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel,
para los efectos de su integración.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 4)
Artículo 2.5.1.1.5. Funciones de la Comisión Consultiva de Alto Nivel. La
Comisión Consultiva de Alto Nivel tendrá las siguientes funciones:
1. Servir de instancia de diálogo, concertación e interlocución entre las
comunidades que representan y el Gobierno Nacional.
2. Constituirse en mecanismo de difusión de la información oficial hacia las
comunidades que representan y de interlocución con niveles directivos del
orden nacional.
3. Promover, impulsar, hacer seguimiento y evaluación a las normas que
desarrollan los derechos de las comunidades que representan.
4. Contribuir a la solución de los problemas de tierras que afectan a las
comunidades que representan de todo el país e impulsar los programas de
titulación colectiva que se adelanten en favor de estas comunidades.
5. Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades y entidades
nacionales y territoriales para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos
sociales, económicos, políticos, culturales y territoriales de las comunidades
que representan.
6. Buscar consensos y acuerdos entre las comunidades que representan y el
Estado, dentro del marco de la democracia participativa y de la utilización de los
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DE 2015
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mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, sin detrimento de la
autonomía de la administración pública.
7. Servir de espacio para el debate de los proyectos; de decretos reglamentarios
de la Ley 70 de 1993, antes de que los mismos sean sometidos a la
consideración del Gobierno Nacional. A ese efecto la Comisión deberá
promover la difusión y consulta de tales proyectos con las organizaciones de
base de las comunidades negras.
8. Servir de instancia de consulta previa de medidas legislativas o administrativas,
del ámbito nacional susceptibles de afectar directamente a las Comunidades
Negras, Raizales, Afrocolombianas o Palenqueras, de conformidad con la Ley
21 de 1991, aprobatoria del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 5)
Artículo 2.5.1.1.6. Funcionamiento. La Comisión Consultiva de Alto Nivel se dará
su propio reglamento interno, en el cual regulará su funcionamiento, las sesiones
ordinarias y extraordinarias, el procedimiento para su convocatoria y la integración
de subcomisiones.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 6)
Artículo 2.5.1.1.7. Secretaría técnica de la Comisión Consultiva de Alto Nivel.
Será ejercida por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 7)
Artículo 2.5.1.1.8. Conformación de las comisiones consultivas
departamentales y del Distrito Capital de Bogotá. En los departamentos en
donde existan consejos comunitarios que representen a las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, y en Bogotá, D. C., se conformará una
Comisión Consultiva, integrada de la siguiente manera:
–
–
–
–
–
–
–
–
El Gobernador del respectivo departamento o el Secretario de Gobierno, el
Interior o quien haga sus veces, quien la presidirá.
Un representante de los alcaldes de los municipios con presencia de
Comunidades Negras del respectivo departamento, escogido por ellos mismos.
Un representante de los rectores de las universidades públicas.
El Gerente Regional del Incoder.
El Director de la respectiva Corporación Autónoma Regional.
El delegado departamental o coordinador seccional de la Secretaría de
Integración Social.
Un Delegado del Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Los delegados de los consejos comunitarios y las organizaciones de
comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, de
conformidad con el artículo 2.5.1.1.11 del presente Capítulo; los cuales tendrán
el mismo periodo de los consultivos de alto nivel.
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Parágrafo 1°. La Comisión Consultiva Distrital de Bogotá, D. C., se conformará en
su caso, por el Alcalde Mayor o el Secretario de Gobierno, quien la presidirá; un (1)
representante de los alcaldes locales; el Secretario de Integración Social; el Director
del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, el Director del Instituto
Distrital de Cultura y Turismo, Recreación y Deportes y las organizaciones de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Parágrafo 2°. Cuando los temas a consideración por parte de la Comisión
Consultiva Distrital de Bogotá, D. C., así lo ameriten, la Secretaría Técnica cursará
invitación a los siguientes funcionarios: – Los Secretarios de Hacienda, de
Desarrollo Económico, Educación, Salud, Integración Social, Cultura, Recreación y
Deporte, Ambiente y Hábitat. – El Director del Instituto de Desarrollo Urbano.
Parágrafo 3°. Las Comisiones Consultivas Departamentales y Distrital de Bogotá,
D. C., podrán invitar a sus sesiones a los servidores públicos y a las demás personas
que consideren pueden contribuir para el adecuado desarrollo de sus funciones.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 8)
Artículo 2.5.1.1.9. Secretaría técnica de las comisiones consultivas
departamentales y de la distrital de Bogotá. Será ejercida por la dependencia
responsable del tema étnico de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, en el respectivo departamento o en el Distrito Capital; a falta de esta,
por la Secretaría de Gobierno, del Interior o la entidad que haga sus veces.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 9)
Artículo 2.5.1.1.10. Número de integrantes. Las Comisiones Consultivas
Departamentales y Distrital de Bogotá, estarán integradas por un número no
superior a treinta (30) representantes designados por los consejos comunitarios de
las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del respectivo
departamento o de Bogotá, D. C., según sea el caso. Para ello, podrán observarse
criterios de zonificación, municipalización, cuencas, agremiación o localidades, de
tal forma que se adecuen a las dinámicas particulares. En todo caso deberá
garantizarse la participación equitativa de los Consejos Comunitarios.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 10)
Artículo 2.5.1.1.11. Elección. La elección de los representantes de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ante las
Comisiones Consultivas, Departamentales y Distrital de Bogotá, se hará en sesión
pública convocada y presidida por el gobernador del respectivo departamento, el
Alcalde Mayor de Bogotá D. C., o su delegado, según corresponda.
Parágrafo. Para los efectos de la elección, dentro de un término de treinta (30) días,
previos a la misma, se harán tres (3) avisos, por un medio de amplia difusión dentro
del respectivo Departamento o Distrito Capital. Los avisos indicarán la fecha, hora,
sitio y motivo de la convocatoria, y los requisitos para ser candidato.
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(Decreto 3770 de 2008, artículo 11)
Artículo 2.5.1.1.12. Funciones. Las Comisiones Consultivas Departamentales y la
del Distrito Capital tendrán las siguientes funciones:
1.
Servir de instancia de diálogo, concertación e interlocución entre las
comunidades que representan y el Gobierno Departamental o Distrital.
2.
Constituirse en mecanismo de difusión de la información oficial hacia las
comunidades que representan y de interlocución con niveles directivos del
orden departamental o distrital.
3.
Promover, impulsar, hacer seguimiento: y evaluación a las normas que
desarrollan los derechos de las comunidades que representan.
4.
Contribuir a la solución de los problemas de tierras que afectan a las
comunidades de su departamento o distrito, e impulsar los programas de
titulación colectiva que se adelanten en favor de estas comunidades.
5.
Establecer mecanismos de coordinación con las autoridades y entidades
departamentales, distritales y territoriales para hacer efectivo el cumplimiento
de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y territoriales de
las comunidades que representan
6.
Buscar consensos y acuerdos entre las comunidades que representan y el
Estado, dentro del marco de la democracia participativa y de la utilización de
los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria.
7.
Servir de instancia de consulta previa de medidas legislativas o
administrativas, del ámbito Departamental o Distrital, según proceda,
susceptibles de afectar directamente a las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, de conformidad con la Ley 21 de
1991, aprobatoria del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 12)
Artículo 2.5.1.1.13. Funcionamiento. Cada Comisión Consultiva establecerá su
reglamento interno, en el cual determinará sus reglas de funcionamiento.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 13)
Artículo 2.5.1.1.14. Registro Único. La Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, o la dependencia que haga sus
veces, llevará un Registro Único de Consejos Comunitarios y Organizaciones de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Sólo podrán inscribirse en tal Registro, aquellas organizaciones que cumplan con
los siguientes requisitos:
1. Tener dentro de sus objetivos reivindicar y promover los derechos humanos,
territoriales, sociales, económicos, culturales, ambientales y/o políticos de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, desde la
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
perspectiva étnica, dentro del marco de la diversidad etnocultural que
caracteriza al país;
Tengan más de un año de haberse conformado como tales;
Allegar el formulario único de registro, debidamente diligenciado, el cual será
suministrado por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, o la
dependencia que haga sus veces;
Acta de constitución de la organización, con la relación de sus integrantes, con
sus respectivas firmas, número de documento de identidad, domicilio, en
número no inferior a quince (15) miembros;
Los Estatutos de la organización, los cuales no podrán omitir los siguientes
aspectos:
I. Estructura interna de la organización.
II. Procedimiento para la elección de sus representantes y dignatarios.
III. Procedimiento para la toma de decisiones;
Nombres de sus voceros o representantes elegidos democráticamente;
Plan de actividades anual;
Dirección para correspondencia.
Parágrafo. En los Estatutos de las organizaciones a que alude el presente artículo,
se deberá establecer expresamente que las personas que integran la organización,
deben ser miembros de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o
Palenqueras.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 14)
Artículo 2.5.1.1.15. Registro de Consejos Comunitarios. Para la inscripción de
los Consejos Comunitarios se requiere:
1. Diligenciar el Formulario Único de Registro, el cual será suministrado por la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior;
2. Copia del acta de elección de la Junta del Consejo Comunitario, suscrita por el
Alcalde, o certificación del registro de la misma en el libro que para tal efecto
lleva la Alcaldía respectiva, de conformidad con el parágrafo 1o del
artículo 2.5.1.2.9 del presente Decreto;
3. Copia de la resolución de adjudicación del respectivo territorio colectivo o
certificación en que conste que la solicitud de adjudicación del mismo se
encuentra en trámite.
Parágrafo 1. La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, o quien haga sus veces, será la
única entidad competente para expedir la respectiva resolución de inscripción de
Consejos Comunitarios. Para ello, deberá verificar la documentación presentada y
de encontrarla conforme a los requerimientos procederá a expedir la respectiva
resolución.
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Parágrafo 2. Las Alcaldías Municipales deberán remitir en un término no mayor a
treinta (30) días, a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, o quien haga
sus veces, la información sobre las novedades y modificaciones en el registro de
que trata el parágrafo 1o del artículo 2.5.1.2.9 del presente Decreto.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 15)
Artículo 2.5.1.1.16. Requisitos de Ingreso y Permanencia en el Registro Único
de Consejos Comunitarios y de Organizaciones de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras. Para ingresar y permanecer en el
Registro Único de Consejos Comunitarios y de Organizaciones de Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, se deberá contar con la
respectiva resolución expedida por la Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y cumplir con lo establecido en
el artículo 2.5.1.1.17.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 16)
Artículo 2.5.1.1.17. Actualización de documentos. Las organizaciones de base
de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de que trata el
presente capítulo, deberán actualizar anualmente su plan de actividades, la relación
de sus miembros, y los datos relacionados con la dirección y representación legal
de la respectiva organización, y reportar tal información a la Dirección de Asuntos
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, dentro de los
tres (3) primeros meses de cada año.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 17)
Artículo 2.5.1.1.18. Reporte de cambios en la estructura de administración,
dirección y/o representación. Cuando los Consejos Comunitarios o las
Organizaciones de Base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o
Palenqueras produzcan cambios, totales o parciales, en su Junta, del
Representante Legal o en cualquiera de sus órganos de dirección o administración,
éstos deberán ser informados a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, dentro de un término de treinta (30) días.
Parágrafo. Cuando se trate de novedades en la Junta de los consejos comunitarios,
la información deberá ser remitida por la respectiva alcaldía a la Dirección de
Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras,
dentro de los términos establecidos en el parágrafo 2o del artículo 2.5.1.1.15.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 18)
Artículo 2.5.1.1.19. Suspensión del registro. La Dirección de Asuntos para
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior, procederá a suspender, previo el procedimiento previsto en el artículo 42 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, hasta
por un término de seis (6) meses, mediante resolución motivada, a las
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organizaciones que incumplan lo establecido en el artículo 2.5.1.1.17. Las
organizaciones que, vencidos los seis (6) meses de suspensión que le fue impuesta,
continúen sin reportar la actualización de su información, serán retiradas
definitivamente del registro único, mediante resolución motivada.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 19)
Artículo 2.5.1.1.20. Subcomisiones. Para su operatividad, las comisiones
consultivas se organizarán en subcomisiones.
Parágrafo. La Comisión Consultiva de Alto Nivel tendrá una Subcomisión de
Consulta Previa, de que trata la Ley 21 de 1991; integrada por cinco (5) consultivos
delegados por los voceros de las comunidades negras ante dicha instancia, para la
coordinación y realización de los procesos de consulta de las medidas legislativas
o administrativas del orden nacional, la cual desarrollará sus funciones de
conformidad con las orientaciones y delegaciones que le impartan los delegados de
las comunidades negras ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 20)
Artículo 2.5.1.1.21. Instancias de representación. Son instancias de
representación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras:
1. Los consejos comunitarios, en su doble condición de autoridad de
administración interna de los territorios colectivos, y de organización de base
por excelencia;
2. Las organizaciones de base de que trata el presente capítulo;
3. Las comisiones consultivas departamentales, distrital de Bogotá, y de Alto Nivel,
y
4. Las comisiones pedagógicas nacional y departamentales, según proceda.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 21)
Artículo 2.5.1.1.22. Período. El período de los representantes de las
organizaciones de base de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras, y de los Consejos Comunitarios, ante las Comisiones Consultivas
departamentales, Distrital de Bogotá y de Alto Nivel será institucional de tres (3)
años, contados a partir del primero (1o) de noviembre de 2008.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 22)
Artículo 2.5.1.1.23. Cesación se la Representación. Vencido el período de los
representantes de las organizaciones de base de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y de los Consejos Comunitarios, ante las
Comisiones Consultivas departamentales, distrital de Bogotá y de Alto Nivel, sin que
estos hayan sido reemplazados o ratificados mediante el procedimiento de elección
contemplado en el artículo 2.5.1.1.11 del presente capítulo, cesarán
automáticamente en el ejercicio de la representación.
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DE 2015
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(Decreto 3770 de 2008, artículo 23)
Artículo 2.5.1.1.24. Reelección. A partir del período que inicia el primero (1o) de
noviembre de 2012, los representantes de las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ante las Comisiones Consultivas, no
podrán ser reelegidos en forma inmediata.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 24)
Artículo 2.5.1.1.25. Elecciones simultáneas. Los representantes de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ante las
Comisiones Consultivas no podrán ser elegidos simultáneamente, durante su
respectivo período como Consultivo, a más de un espacio institucional en
representación de dichas comunidades, incluida las Subcomisión de Consulta
Previa de que trata el artículo 2.5.1.1.20.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 25)
Artículo 2.5.1.1.26. Representación en espacios institucionales. Para todos los
efectos que se requiera la nominación, designación o elección de representantes de
las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras, para acceder
a espacios institucionales de concertación o interlocución entre el Estado y dichas
comunidades, se deberá informar con una antelación no inferior de quince (15) días
a los delegados de dichas Comunidades para que en su espacio autónomo
Nacional, Departamental o Distrital procedan a la nominación, designación o
elección; decisión que en todo caso se podrá tomar por consenso o por votación,
caso en el cual deberá realizarse con al menos la mitad más uno de los votos de los
consultivos.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 26)
Artículo 2.5.1.1.27. Acreditación afiliación en salud. Los representantes de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ante las
Comisiones Consultivas de Alto Nivel, Departamentales y Distrital de Bogotá, al
momento de su posesión deberán acreditar su afiliación al régimen contributivo o al
subsidiado de salud.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 27)
Artículo 2.5.1.1.28. Sesiones y domicilio de las Comisiones. La Comisión
Consultiva de Alto Nivel, las Comisiones Consultivas Departamentales y la Distrital
de Bogotá, sesionarán, de manera ordinaria, dos (2) veces al año; su domicilio será
el que determine su reglamento interno.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 28)
Artículo 2.5.1.1.29. Actualización de documentos. A partir del año 2009, los
Consejos Comunitarios deberán, dentro de los primeros tres (3) meses de cada año,
actualizar el reglamento interno y el censo de su comunidad, de acuerdo con las
novedades que se hayan presentado durante el año anterior, y reportar dicha
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información a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior. Para los efectos del reporte de la
información del censo de la comunidad, la Dirección de Asuntos para Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras suministrará los respectivos
formularios. En caso de no haber novedades, así deberán reportarlo dentro del
precitado término.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 29)
Artículo 2.5.1.1.30. Financiación. Las instituciones públicas del nivel nacional,
departamental, municipal y del Distrito de Bogotá, destinarán los recursos
económicos, técnicos y logísticos suficientes para el buen funcionamiento de las
Comisiones Consultivas, según sus competencias y necesidades específicas de
interlocución y concertación.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 30)
Artículo 2.5.1.1.31. Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se
entiende por:
1. Consejo Comunitario. Es la máxima autoridad de administración interna de las
tierras de comunidades negras.
2. Organizaciones de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras. Son asociaciones comunitarias integradas por personas de las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales o Palenqueras; que
reivindican y promueven los derechos étnicos y humanos de estas
comunidades.
3. Organizaciones de Segundo Nivel. Son asociaciones de consejos comunitarios,
constituidos de conformidad con el Capítulo siguiente, y las organizaciones que
agrupan a más de dos (2) organizaciones, inscritas en el Registro Único de la
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras del Ministerio del Interior, siempre y cuando el área de influencia
de dichas organizaciones corresponda a más de la tercera parte de los
departamentos donde existan comisiones consultivas.
(Decreto 3770 de 2008, artículo 31)
CAPÍTULO 2
Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva
de las tierras de las Comunidades Negras
Artículo 2.5.1.2.1 Principios. El presente Capítulo se fundamenta en los principios
y derechos de que trata la Constitución Política y las leyes 70 de 1993 y 21 de 1991,
y dará aplicación a los principios de eficacia, economía y celeridad, con el objeto de
lograr la oportuna efectividad de los derechos reconocidos en dichas normas.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 1)
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Artículo 2.5.1.2.2 Ámbito de la aplicación. El presente Capítulo se aplicará en las
zonas señaladas en la Ley 70 de 1993.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 2)
Artículo 2.5.1.2.3 Definición. Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo
Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de
administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de
acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás que
le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.
En los términos del numeral 5o., artículo 2o. de la Ley 70 de 1993, Comunidad Negra
es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura
propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro
de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia e identidad que
las distinguen de otros grupos étnicos.
Al Consejo Comunitario lo integran la Asamblea General y la Junta del Consejo
Comunitario.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 3)
Artículo 2.5.1.2.4 La Asamblea General. Para los efectos del presente Capítulo,
la Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y estará
conformada por las personas reconocidas por éste, de acuerdo con su sistema de
derecho propio y registradas en el censo interno.
La Asamblea se reunirá ordinariamente cada año para la toma de decisiones, para
el seguimiento y evaluación de las labores de la Junta del Consejo Comunitario y
para tratar temas de interés general y, extraordinariamente, cuando vaya a solicitar
el título colectivo o cuando lo estime conveniente.
La Asamblea en la cual se elija la primera Junta del Consejo Comunitario, será
convocada por las organizaciones comunitarias existentes reconocidas por la
comunidad. En adelante, convoca la Junta del Consejo Comunitario, si ésta no lo
hiciera oportunamente, lo hará la tercera parte de los miembros de la Asamblea
General de acuerdo con el sistema de derecho propio de la misma.
Las convocatorias deberán hacerse con un mínimo de treinta (30) días de
anticipación.
La toma de decisiones en la Asamblea General del Consejo Comunitario se hará,
preferiblemente, por consenso. De no lograrse éste, se procederá a decidir por la
mayoría de los asistentes.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 4)
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Artículo 2.5.1.2.5 Quórum de la Asamblea General. El quórum mínimo para
sesionar la Asamblea General será de la mitad más uno de sus integrantes. En el
evento de no existir quórum en la fecha y hora convocadas, los asistentes podrán
fijar fecha y hora para una nueva Asamblea, la cual sesionará con la tercera parte
de los asambleístas reconocidos y registrados en el censo interno.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 5)
Artículo 2.5.1.2.6 Funciones. Funciones de la Asamblea General:
1. Nombrar las personas que la presidan, las cuales deberán ser diferentes a los
miembros de la Junta del Consejo Comunitario.
2. Elegir los miembros de la Junta del Consejo Comunitario y revocar su mandato
de acuerdo con el reglamento que establezca la Asamblea.
3. Determinar el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y disciplinario de la
Junta del Consejo Comunitario.
4. Aprobar el reglamento de usos y traspasos del usufructo de las tierras
asignadas a los individuos o a las familias, cumpliendo las condiciones previstas
en el artículo 7o. de la Ley 70 de 1993 y de acuerdo con el sistema de derecho
propio de la comunidad.
5. Aprobar o improbar los planes de desarrollo económico, social y cultural que
formule la Junta del Consejo Comunitario.
6. Decidir sobre los temas que por mandato de este capítulo y los reglamentos
internos de la comunidad sean de su competencia.
7. Aprobar la delimitación de las Tierras de las Comunidades Negras que serán
solicitadas en propiedad colectiva, con base en la propuesta formulada por la
Junta del Consejo Comunitario.
8. Proponer mecanismos y estrategias de resolución de conflictos de acuerdo con
las costumbres tradicionales de la comunidad.
9. Reglamentar y velar por la aplicación de normas del sistema de derecho propio
de las comunidades negras.
10. Determinar mecanismos internos que fortalezcan la identidad étnico-cultural y
que promuevan la organización comunitaria.
11. Velar por el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales de
conformidad con la legislación ambiental y las prácticas tradicionales de
producción y demás que garanticen el manejo sustentable de los recursos
naturales.
12. Elegir al representante legal de la comunidad, en cuanto persona jurídica.
13. Darse su propio reglamento.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 6)
Artículo 2.5.1.2.7 La Junta del Consejo Comunitario. La Junta del Consejo
Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración
interna de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer
las funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las
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demás que le asigne el sistema de derecho propio de la comunidad. Sus integrantes
son miembros del Consejo Comunitario, elegidos y reconocidos por éste.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 7)
Artículo 2.5.1.2.8 Conformación y Periodo de la Junta del Consejo
Comunitario. El período de la Junta del Consejo Comunitario vence el 31 de
diciembre de cada tres (3) años a partir del primero de enero de 1996.
Debe ser representativa y será conformada teniendo en cuenta las particularidades
de cada comunidad negra, sus estructuras de autoridad y la organización social de
las mismas.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 8)
Artículo 2.5.1.2.9 Elección. La elección de los miembros de la Junta del Consejo
Comunitario se hará por consenso. En caso de no darse, se elegirá por mayoría de
los asistentes a la Asamblea General del Consejo Comunitario. La elección se
llevará a cabo en la primera quincena del mes de diciembre, de la cual se dejará
constancia en el acta respectiva.
Sus miembros sólo podrán ser reelegidos por una vez consecutiva.
Parágrafo 1. Las Actas de Elección de la Junta del Consejo Comunitario se
presentarán ante el alcalde municipal donde se localice la mayor parte de su
territorio, quien la firmará y registrará en un libro que llevará para tal efecto, en un
término no mayor de cinco (5) días. Dicha acta constituirá documento suficiente para
los efectos de representación legal.
La Alcaldía Municipal enviará copia de las actas a los Gobernadores y alcaldes de
las entidades territoriales involucradas y a la Dirección de Asuntos para las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del
Interior.
Parágrafo 2. La Alcaldía Municipal respectiva resolverá en primera instancia sobre
las solicitudes de impugnación de los actos de elección de que trata el presente
artículo, las cuales deberán ser presentadas dentro de los dos (2) meses siguientes
a dicha elección.
La Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras del Ministerio del Interior conocerá en segunda instancia las
solicitudes de impugnación y se hará seguimiento a los procedimientos y trámites
que sobre esta materia se adelanten ante el Tribunal Contencioso Administrativo
competente.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 9)
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Artículo 2.5.1.2.10 Requisitos. Requisitos para ser elegido miembro de la Junta
del Consejo Comunitario:
1. Pertenecer a la comunidad negra respectiva.
2. Ser nativo del territorio de la comunidad para la cual se elige, reconocido por
ésta y registrado en el censo interno, o tener residencia permanente por un
período no inferior a diez (10) años y haber asumido las prácticas culturales de
la misma.
3. No estar desempeñando cargos públicos con excepción de la labor docente.
4. Ser mayor de edad y ciudadano en ejercicio.
5. Las que definan los reglamentos internos de las comunidades, que no sean
contrarias a la Constitución y la Ley.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 10)
Artículo 2.5.1.2.11 Funciones de la Junta del Consejo Comunitario. Son
funciones de la Junta del Consejo Comunitario, entre otras, las siguientes.
1. Elaborar el informe que debe acompañar la solicitud de titulación, según lo
dispuesto en los artículos 8o. y 9o. de la Ley 70 de 1993.
2. Presentar a la Asamblea General del Consejo Comunitario, para su aprobación,
la propuesta de delimitación del territorio que será solicitado en titulación
colectiva.
3. Diligenciar ante el Incoder la titulación colectiva de las tierras de la comunidad
negra respectiva.
4. Velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva
y por la integridad de los territorios titulados a la comunidad.
5. Ejercer el gobierno económico de las Tierras de las Comunidades Negras según
sus sistemas de derecho propio y la legislación vigente.
6. Delimitar y asignar en usufructo áreas de uso y aprovechamiento individual,
familiar y comunitario en el territorio titulado colectivamente, reconociendo las
que han venido ocupando tradicionalmente y con base en el reglamento que
expida la Asamblea General del Consejo Comunitario.
7. Presentar y gestionar planes de desarrollo para su comunidad, previa
autorización de la Asamblea General del Consejo Comunitario.
8. Crear y conservar el archivo de la comunidad, llevar libros de actas, cuentas y
de registro de las áreas asignadas y los cambios que al respecto se realicen; y
hacer entrega de esta información a la siguiente Junta del Consejo Comunitario
al finalizar su período.
9. Presentar a consideración de la Asamblea General del Consejo Comunitario,
para su aprobación, el reglamento de administración territorial y manejo de los
recursos naturales, y velar por su cumplimiento.
10. Administrar, con base en el reglamento y las normas vigentes, el uso,
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, y concertar la
investigación en las Tierras de las Comunidades Negras.
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11. Presentar, concertar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos y programas con
entidades públicas y privadas para el desarrollo económico, social y cultural de
su comunidad.
12. Hacer de amigables componedores en los conflictos internos, ejercer funciones
de conciliación en equidad y aplicar los métodos de control social propios de su
tradición cultural.
13. Propender por el establecimiento de relaciones de entendimiento intercultural.
14. Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General del
Consejo Comunitario.
15. Determinar mecanismos de coordinación con las diferentes autoridades, con
otras comunidades y con grupos organizados existentes en la comunidad.
16. Darse su propio reglamento y establecer las funciones de cada uno de sus
miembros.
17. Las demás que le fije la Asamblea General del Consejo Comunitario y el
reglamento interno.
(Decreto 1745 de 1995 artículo 11; Decreto 1300 de 2003 artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.12 Funciones del Representante Legal del Consejo
Comunitario. Son funciones del Representante Legal del Consejo Comunitario,
entre otras, las siguientes:
1. Representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.
2. Presentar ante el Incoder previo aval de la Asamblea General y de la Junta del
Consejo Comunitario, la solicitud de titulación colectiva del territorio de la
comunidad que representa.
3. Presentar, ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de Minas
y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y explotación de
recursos naturales, en beneficio de la comunidad, previa aprobación de la Junta
del Consejo Comunitario; exceptuándose, los usos por ministerio de la Ley,
respecto de los recursos naturales renovables.
4. Las demás que le asigne la ley y el reglamento interno.
5. Previa aprobación de la Junta del Consejo Comunitario, celebrar convenio o
contratos y administrar los beneficios derivados de los mismos.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 12; Decreto 1300 de 2003 artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.13 Conformación, carácter y sede. Para los efectos de la
aplicación de los artículos 8 y 17 de la Ley 70 de 1993, en un término improrrogable
de treinta (30) días a partir de la expedición del Decreto 1745 de 1995, el Ministro
del Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Gerente General del Instituto Colombiano
de Desarrollo Rural, Incoder y el Director General del Instituto Geográfico "Agustín
Codazzi", IGAC, designarán los funcionarios de las respectivas entidades que la
integran.
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La Comisión tiene carácter técnico y transitorio, con sede en la capital de la
República y puede sesionar en cualquier lugar del ámbito de aplicación del presente
Capítulo, cuando las circunstancias lo ameriten.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 13; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.14 Unidades de Apoyo de la Comisión Técnica. Para mayor
operatividad, se integrarán Unidades de Apoyo conformadas por funcionarios
designados tanto por el ministro, los gerentes o directores de las entidades que
hacen parte de la Comisión Técnica, como por el Director General de la Corporación
Autónoma Regional competente.
A las Unidades de Apoyo les corresponde, de manera subsidiaria, allegar la
información y realizar las diligencias que la Comisión Técnica considere necesarias
para hacer la evaluación y emitir los conceptos de que trata la ley.
En ningún caso estas Unidades de Apoyo están facultadas para emitir el concepto
previo a que hacen referencia los artículos 8 y 17 de la Ley 70 de 1993.
Parágrafo. Cuando las solicitudes traten sobre recursos naturales no renovables,
harán parte de las Unidades de Apoyo funcionarios designados por el Ministro de
Minas y Energía.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 14; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.15 Funciones de la Comisión Técnica. En territorios ocupados
por una comunidad negra, en los términos que establece la Ley 70 de 1993, y hasta
tanto no se le haya adjudicado a ésta en debida forma la propiedad colectiva, a la
Comisión le corresponde:
1. Evaluar técnicamente y emitir concepto previo sobre.
a) Las solicitudes de titulación colectiva de las Tierras de las Comunidades
Negras;
b) El otorgamiento de licencia ambiental, autorización, concesión o permiso
para la ejecución de proyectos, obras o actividades que lo requieran y cuya
competencia corresponda al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a las Corporaciones Autónomas Regionales, a las entidades
territoriales o a cualquier otra autoridad del Sistema Nacional Ambiental;
c) La celebración de cualquier contrato u otorgamiento de título que tenga por
objeto el aprovechamiento de los recursos naturales;
d) El acceso, por cualquier medio legal, a los recursos genéticos ubicados
dentro del ámbito de aplicación de la Ley 70 de 1993.
2. Determinar los límites del territorio que será otorgado mediante el título de
propiedad colectiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.5.1.2.23;
3. Verificar que las solicitudes de titulación individual no se encuentran en
territorios ocupados por una comunidad negra, y sean susceptibles de ser
titulados colectivamente.
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Parágrafo 1. La entidad que recibe las solicitudes de que tratan los literales b), c) y
d) del numeral 1 de este artículo, deberá verificar preliminarmente si se encuentran
dentro de un territorio susceptible de ser titulado colectivamente a una comunidad
negra y, en caso positivo, procederá a remitirlo a la Comisión Técnica para que
emita el concepto respectivo.
En todo caso, la comunidad involucrada podrá hacer valer sus derechos ante la
entidad competente o ante la Comisión Técnica.
Parágrafo 2. Se entiende como explotación de los recursos naturales el uso,
aprovechamiento o comercialización de cualquier recurso natural renovable o no
renovable, así como el acceso a los recursos genéticos.
Para todos los casos señalados en los literales b), c) y d) del numeral 1 del presente
artículo, se debe hacer, además, la consulta previa a la comunidad involucrada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 15)
Artículo 2.5.1.2.16 Reglamento. La Comisión Técnica elaborará su reglamento, en
un término máximo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de su instalación
en el cual establecerá su procedimiento operativo.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 16)
Artículo 2.5.1.2.17 Competencia. De conformidad con lo establecido en la Ley 70
de 1993, la Ley 160 de 1994 en sus disposiciones concordantes y el artículo 1o.,
inciso tercero, del Decreto 2664 de 1994, cuya compilación se encuentra en el Libro
2, Parte 14, Título 10 del Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de
Agricultura y Desarrollo Rural, corresponde al Incoder titular colectivamente tierras
baldías a Comunidades Negras, en calidad de "Tierras de las Comunidades
Negras".
(Decreto 1745 de 1995, artículo 17; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.18 Áreas adjudicables. Son adjudicables las áreas ocupadas por
la comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley 70 de
1993, con especial consideración a la dinámica poblacional, sus prácticas
tradicionales y las características particulares de productividad de los ecosistemas.
Parágrafo. Dentro del título colectivo podrán incluirse áreas tituladas
individualmente con anterioridad a miembros de la comunidad respectiva si los
interesados así lo solicitaren.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 18)
Artículo 2.5.1.2.19 Áreas inadjudicables. Las titulaciones de que trata el presente
capítulo comprenden.
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Administrativo del Interior”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Los bienes de uso público.
Las áreas urbanas de los municipios.
Las tierras de resguardos indígenas.
El subsuelo.
Los predios de propiedad privada.
Las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional.
Las áreas del sistema de parques nacionales.
Los baldíos que hubieren sido destinados por entidades públicas para adelantar
planes viales u otros de igual significación para el desarrollo económico y social
del país o de la región, previo cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
9. Los baldíos que constituyan reserva territorial del Estado (Decreto 2664 de
1995, art. 9o., literal d), cuya compilación se encuentra en el Libro 2, Parte 14,
Título 10 del Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de
Agricultura y Desarrollo Rural).
10. Los baldíos donde estén establecidas comunidades indígenas o que
constituyan su hábitad (Ley 160 de 1994, art. 69, inciso final), y
11. Las reservas indígenas y los territorios tradicionales utilizados por pueblos
indígenas nómadas y seminómadas o agricultores intinerantes para la caza,
recolección u horticultura que se hallaren ubicados en zona de reserva forestal
a la fecha de vigencia de la ley 160 de 1994 (Ley 160 de 1994, art. 85,
parágrafos 5 y 6).
(Decreto 1745 de 1995, artículo 19)
Artículo 2.5.1.2.20 Solicitud de titulación. Para iniciar el trámite de titulación
colectiva de Tierras de las Comunidades Negras, la comunidad presentará por
escrito la solicitud respectiva ante la regional del Incoder correspondiente, a través
de su representante legal, previa autorización de la Asamblea General del Consejo
Comunitario.
Se anexará copia del acta de elección de la Junta del Consejo Comunitario, con la
constancia de registro del alcalde respectivo de que trata el artículo 2.5.1.2.9; del
acta donde se autoriza al representante legal para presentar dicha solicitud y del
informe que debe contener los siguientes pasos:
1. La descripción física del territorio que se solicita en titulación, indicando:
a) Nombre de la comunidad o comunidades, ubicación, vías y medios de
acceso; especificando departamento, municipio, corregimiento y veredas.
b) Afirmación de ser baldío ocupado colectivamente por Comunidades Negras;
c) Descripción general de los linderos con relación a los puntos cardinales, con
su croquis respectivo, relacionando los nombres de las personas o
comunidades colindantes y determinación aproximada del área;
d) Composición física del área, señalando accidentes geográficos;
2. Antecedentes etnohistóricos. Narración histórica de cómo se formó la comunidad,
cuáles fueron sus primeros pobladores, formas de organización que se han
dado y sus relaciones socioculturales.
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DE 2015
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3. Organización social: especificando relaciones de parentesco y formas de
organización interna de la comunidad.
4. Descripción demográfica de la comunidad: nombre de las comunidades
beneficiarias y estimativo de la población que las conforman.
5. Tenencia de la tierra dentro del área solicitada:
a) Tipo de tenencia de personas de la comunidad;
b) Formas de tenencia de personas ajenas a la misma.
6. Situaciones de conflicto: problemas que existan por territorio o uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, indicando sus causas y posibles
soluciones.
7. Prácticas tradicionales de producción, especificando:
a) Formas de uso y aprovechamiento individual y colectivo de los recursos
naturales;
b) Formas de trabajo de los miembros de la comunidad;
c) Otras formas de uso y apropiación cultural del territorio.
Parágrafo. El Incoder podrá iniciar de oficio el trámite de titulación, para lo cual la
Gerencia Regional solicitará por escrito, a la Junta del Consejo Comunitario
respectivo, el informe de que trata este artículo, dando cumplimiento a lo establecido
en el presente Decreto, e informará a la Dirección de Asuntos para las Comunidades
Negras, al Instituto Colombiano de Antropología y a la Comisión Consultiva
Departamental o regional respectiva, con el fin de que presten su colaboración en
la elaboración del contenido de la solicitud.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 20; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.21 Iniciación del trámite y publicidad de la solicitud. Radicada
la solicitud por el Incoder, el Gerente Regional ordenará, en un plazo no superior a
cinco (5) días, mediante auto iniciar las diligencias administrativas tendientes a la
titulación de Tierras de las Comunidades Negras y hacer la publicación de la
solicitud. Dentro de esta etapa se ordenarán las siguientes diligencias:
1. Publicar la solicitud por una (1) vez, en emisora radial con sintonía en el lugar
de ubicación del inmueble, o en su defecto, en la misma forma en un periódico
de amplia circulación, en la región donde se encuentre ubicado el territorio
solicitado en titulación.
2. Fijar un término de cinco (5) días hábiles el aviso de la solicitud en un lugar
visible y público de la alcaldía municipal, de la inspección de policía o del
corregimiento, a los que corresponda el territorio solicitado en titulación y en la
respectiva oficina del Incoder que adelante el trámite.
El aviso contendrá:
a) El nombre de la comunidad peticionaria;
b) El nombre del territorio solicitado en titulación colectiva;
c) El carácter legal en el que se solicita la titulación;
d) La extensión aproximada;
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e) Los linderos y nombres de los colindantes del inmueble.
Parágrafo. En el expediente se dejará constancia de las diligencias anteriores,
debiendo agregarse los ejemplares de los avisos de la solicitud, la certificación
expedida por el administrador de la emisora o el representante local o regional del
diario, según el caso, debidamente autenticadas, y una constancia de autoridad
competente en el caso de no existir oficinas de inspección de policía o corregidurías,
si a ello hubiere lugar.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 21; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.22. Visita. Dentro de los diez (10) días siguientes de cumplida la
publicación de la solicitud, el Gerente Regional del Incoder expedirá la resolución
mediante la cual se ordenará la visita a la comunidad, señalando la fecha, que no
podrá exceder los sesenta (60) días contados a partir de la radicación de la solicitud,
y los funcionarios que la efectuarán. Dicha resolución se notificará al representante
legal del Consejo Comunitario interesado y al Procurador Delegado para Asuntos
Ambientales y Agrarios, y contra ella no procede recurso alguno. Cuando aparezcan
involucradas comunidades indígenas, deberá notificarse la visita a su representante
legal. Además se notificará por edicto el cual deberá contener la naturaleza del
trámite administrativo, el nombre de la comunidad solicitante, la denominación,
ubicación, linderos y colindantes del bien solicitado en titulación y la fecha señalada
para la práctica de la visita. El edicto se fijará en un lugar visible y público de la
correspondiente oficina del Incoder, de la alcaldía municipal y del corregimiento o
inspección de policía, por un término de cinco (5) días hábiles que se comenzarán
a contar desde la primera hora hábil del respectivo día que se fije, y se desfijará al
finalizar la hora laborable del correspondiente despacho. Los originales se
agregarán al expediente.
La visita tendrá como fin:
1. Delimitar el territorio susceptible de titularse como Tierras de las Comunidades
Negras.
2. Recopilar la información sociocultural, histórica y económica del grupo en
estudio.
3. Realizar el censo de la población negra que incluya familias y personas por
edad, sexo y tiempo de permanencia en el territorio.
4. Determinar terceros ocupantes del territorio dentro de las Tierras de las
Comunidades Negras, señalando: ubicación, área, explotación, tiempo de
ocupación y tenencia de la tierra.
5. Concertar con los habitantes de la zona la delimitación de las Tierras de las
Comunidades Negras.
Parágrafo 1. De la visita se levantará un acta firmada por los funcionarios, el
representante legal del Consejo Comunitario y los terceros interesados que se
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hagan presentes en la misma, en la cual se consignarán sucintamente los anteriores
aspectos y las constancias que las partes consideren pertinentes.
Parágrafo 2. En el evento de encontrarse que dentro del territorio solicitado en
titulación colectiva habitan dos o más comunidades negras, indígenas u otras, se
adelantará un proceso de concertación para la delimitación del territorio de cada
una de ellas, de lo cual se dejará constancia en el acta correspondiente.
Si en el plazo de un mes después de haberse firmado el acta, se logra un acuerdo
entre las comunidades, estas deberán informar de ello a la oficina respectiva del
Incoder para que se continúe con el proceso de titulación.
En caso de no llegarse a un acuerdo entre las comunidades, se deberá conformar
una comisión mixta con representantes de las comunidades involucradas y sus
organizaciones, el Incoder, la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y cuando sea pertinente, la Dirección de
Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, para que en un término de noventa (90) días
se proceda a definir la delimitación del respectivo territorio.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 22; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.23. Informe técnico de la visita. En un término no mayor de treinta
(30) días hábiles después de concluida la visita, los funcionarios que la practicaron
deberán rendir un informe técnico que contenga los siguientes aspectos.
1. Nombre, ubicación y descripción del área física, determinando la calidad de los
suelos y zonas susceptibles de aprovechamiento agropecuario, minero y
forestal.
2. Aspectos etnohistóricos de la comunidad.
3. Descripción sociocultural.
4. Descripción demográfica (censo y listado de personas y familias).
5. Aspectos socioeconómicos.
6. Tenencia de la tierra:
a) Características de la tenencia;
b) Tipo de explotación.
7. Plano y linderos técnicos del área que será otorgada mediante el título de
propiedad colectiva.
8. Estudio de la situación jurídica de los territorios objeto de titulación.
9. Alternativas con miras a solucionar los problemas de tenencia de tierra de los
campesinos de escasos recursos económicos que resulten afectados con la
titulación del territorio a la comunidad negra.
10. Otros aspectos que se consideren de importancia.
11. Conclusiones y recomendaciones.
Parágrafo 1. El Incoder realizará por medio de funcionarios de su dependencia, o
con personas naturales o jurídicas vinculadas por contrato, el plano a que hace
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referencia este artículo. Podrá además aceptar planos aportados por la comunidad
o elaborados por otros organismos públicos o privados, siempre que se ajusten a
las normas técnicas expedidas por la Junta Directiva del Incoder.
Parágrafo 2. El Incoder hará entrega de una copia del informe técnico de la visita a
la Junta del Consejo Comunitario respectivo en un término no superior a treinta (30)
días, contados a partir de su presentación.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 23; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.24 Oposición a la titulación colectiva. A partir del auto que
acepta la solicitud de titulación colectiva, y hasta el momento de la fijación del
negocio en lista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5.1.2.27, quienes se
crean con derecho, conforme a la ley, podrán formular oposición a la titulación,
acompañando al escrito respectivo la prueba en que funden su pretensión. Vencido
dicho término, precluye la oportunidad para oponerse a la solicitud de titulación.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.25 Trámite de la oposición. Con base en el memorial de oposición
y las pruebas que presente el opositor, el Incoder ordenará dar traslado al
representante legal de la comunidad peticionaria y al Procurador Agrario por tres (3)
días, para que formulen las alegaciones correspondientes, soliciten la práctica de
las pruebas que pretendan hacer valer y adjunten los documentos pertinentes.
Vencido el término del traslado, se decretarán las pruebas que fueren admisibles o
las que el Incoder de oficio considere necesarias, para lo cual se señalará un término
de diez (10) días hábiles.
Vencido el término probatorio y practicadas las pruebas en que se funde la
oposición, se procederá a resolver sobre la misma.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 25; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.26 Resolución de la oposición. Cuando el opositor alegare que
el inmueble objeto de la solicitud de titulación es de propiedad privada, o reclame
dominio sobre el mismo, total o parcialmente, deberá aportar las pruebas que para
el efecto exija el régimen legal vigente, y en la inspección ocular que se practique
en el trámite de oposición, se procederá a verificar si el predio cuya propiedad
demanda el opositor se halla incluido en todo o en parte dentro del territorio
solicitado en titulación, así como a establecer otros hechos o circunstancias de las
que pueda deducirse su dominio.
Si de los documentos aportados por el opositor y demás pruebas practicadas no
llegare a acreditarse propiedad privada, conforme a lo exigido en las normas citadas
en el inciso anterior, se rechazará la oposición y se continuará el procedimiento.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 26)
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Artículo 2.5.1.2.27 Revisión previa al concepto de la Comisión
Técnica. Recibido el informe técnico del funcionario que realizó la visita, y elaborado
el plano respectivo, el Incoder verificará la procedencia legal de la titulación colectiva
y fijará el negocio en lista por cinco (5) días hábiles en la oficina del Incoder que
adelante el procedimiento, y mediante auto ordenará enviar el expediente a la
Comisión Técnica.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 27; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.28 Evaluación de las solicitudes y determinación de los límites
del territorio por parte de la Comisión Técnica. La Comisión Técnica de que trata
el artículo 2.5.1.2.13, con base en la solicitud presentada, el informe del Consejo
Comunitario y las diligencias adelantadas por el Incoder, hará la evaluación técnica
de la solicitud y determinará los límites del territorio que será otorgado mediante el
título de propiedad colectiva a la comunidad negra correspondiente.
Si con los documentos señalados anteriormente no hay suficientes elementos de
juicio para que la Comisión Técnica haga la evaluación, ésta podrá realizar por sí o
por intermedio de las Unidades de Apoyo las diligencias que considere convenientes
o solicitar a las entidades públicas y privadas que aporten las pruebas que estime
necesarias.
En todo caso la evaluación deberá realizarse en un término de treinta (30) días
contados a partir del momento en que reciba el expediente de parte del Incoder.
Si hubiere lugar a la realización de pruebas adicionales este término se contará a
partir de la obtención de las mismas.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 28; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.29 Resolución constitutiva. Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo del concepto de la Comisión Técnica, del Incoder,
mediante resolución motivada, titulará en calidad de Tierras de las Comunidades
Negras, los territorios baldíos ocupados colectivamente por la respectiva
comunidad.
Dicha providencia contendrá, entre otros, los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
Designación de la comunidad beneficiaria.
Ubicación, área y linderos del territorio que se titula a la comunidad negra.
Carácter y régimen legal de las Tierras de las Comunidades Negras.
Nombre de terceros encontrados en el momento de la vista dentro del terreno
que se titula, tiempo de posesión y tipo de explotación.
5. Indicación de las principales normas especiales que regulan la propiedad y
administración de las Tierras de las Comunidades Negras, así como las normas
generales relacionadas con la conservación de los recursos naturales y demás
que determinan la legislación ambiental y la Ley 70 de 1993.
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Parágrafo 1. Si concluido el trámite se establece que no se dan los requisitos
señalados por la Ley 70 de 1993 para decretar tal titulación, el Incoder así lo
declarará mediante resolución motivada.
Parágrafo 2. Esta providencia se notificará al representante legal del Consejo
Comunitario y al Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, y
contra ella proceden los recursos de ley.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 29; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.30 Publicación y registro. Las resoluciones a que se refieren los
artículos precedentes, se publicarán en el Diario Oficial y por una vez en un medio
de comunicación de amplia difusión en el lugar donde se realiza la titulación y se
inscribirá, en un término no mayor de diez (10) días, en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos correspondiente al lugar de ubicación del territorio titulado. El
Registrador devolverá al Incoder el original y una copia de la resolución, con la
correspondiente anotación de su registro.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 30; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.31 Gratuidad. Los servicios de titulación colectiva en favor de las
comunidades negras de que trata el presente Capítulo, por mandato de la Ley 70
de 1993, serán gratuitos y por la inscripción y publicación de las resoluciones de
titulación que expida el Incoder no se cobrará derecho alguno.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 31; Decreto 1300 de 2003, artículo 24)
Artículo 2.5.1.2.32 Manejo y administración. El territorio titulado como Tierras de
las Comunidades Negras será manejado y administrado por la Junta del Consejo
Comunitario con base en el reglamento interno aprobado por la Asamblea General.
La Junta del Consejo Comunitario deberá establecer mecanismos de administración
y manejo que garanticen la equidad y justicia en el reconocimiento y asignación de
áreas de trabajo para las familias, que evite la concentración de las tierras en pocas
manos y que permita un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del
cual se beneficien todos los integrantes de la comunidad, en cumplimiento de la
función social y ecológica de la propiedad, conforme se reglamente el Capítulo IV
de la ley 70 de 1993.
El reglamento deberá considerar una distribución equitativa de las zonas agrícolas,
forestales, mineras y de los recursos hidrobiológicos, respetando las áreas que al
momento de la visita sean usufructuadas por cada familia, reservando sectores para
adjudicaciones futuras, y cumpliendo con las disposiciones legales vigentes y el
sistema de derecho propio de las comunidades.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 32)
Artículo 2.5.1.2.33 Enajenación. Solo podrán enajenarse el usufructo sobre las
áreas correspondientes a un grupo familiar o a un miembro de la comunidad por
parte del titular o titulares de este derecho con la aprobación de la junta del Consejo
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Comunitario por las causas establecidas en la Ley 70 de 1993 y en el reglamento
interno del Consejo Comunitario.
El ejercicio del derecho preferencial de adquisición de usufructo únicamente podrá
recaer en otro miembro de la comunidad respectiva o en su defecto en otro miembro
del grupo étnico con el propósito de preservar la integridad de las Tierras de las
Comunidades Negras y la entidad cultural de las mismas.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 33)
Artículo 2.5.1.2.34. Poseedores de mala fe. Las ocupaciones que se adelanten
por personas no pertenecientes al grupo étnico negro sobre las tierras adjudicadas
en propiedad colectiva a las Comunidades Negras de que trata la Ley 70 de 1993
no darán derecho al interesado para obtener la titulación ni el reconocimiento de
mejoras y para todos los efectos legales se considerará como poseedor de mala fe.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 34)
Artículo 2.5.1.2.35 Elementos básicos para el concepto previo. La Comisión
Técnica deberá verificar.
1. Si el proyecto objeto de la solicitud de otorgamiento de licencia ambiental,
concesión, permiso, autorización o de celebración de contratos de
aprovechamiento y explotación de los recursos naturales y genéticos, se
encuentran en zonas susceptibles de ser tituladas como Tierras de
Comunidades Negras, a fin de hacer efectivo el derecho de prelación de que
trata la ley.
2. Si el proyecto se encuentra dentro de las áreas señaladas en el artículo 6o. de
la Ley 70 de 1993.
3. Si el proyecto trata de especies vedadas o prohibidas, de acuerdo con la
legislación vigente.
4. Los demás que la Comisión Técnica considere conveniente.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 35)
Artículo 2.5.1.2.36. Procedimiento. A partir de la vigencia del Decreto 1745 de
1995, la autoridad ambiental o minera competente, hará llegar a la Comisión un
concepto técnico preliminar, en un término no superior a treinta (30) días siguientes
a la admisión de la solicitud.
Recibida la información anterior, la Comisión procederá a solicitar a las entidades o
autoridades las pruebas e informaciones pertinentes que deberán serle remitidas en
un plazo no mayor de treinta (30) días, so pena de causal de mala conducta. La
Comisión Técnica emitirá concepto en un término no superior a sesenta (60) días,
contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud por parte de la misma y
procederá a remitirlo a la entidad competente para que se surta el trámite respectivo.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 36)
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Artículo 2.5.1.2.37. Derecho preferencial de aprovechamiento de los Recursos
Naturales. Cuando la Comisión Técnica determine que las solicitudes de
otorgamiento de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones de
aprovechamiento de recursos naturales renovables, se presentan sobre tierras
susceptibles de ser tituladas colectivamente a Comunidades Negras, solo podrán
ser otorgadas en beneficio de la comunidad respectiva, previo cumplimiento del
procedimiento establecido en este capítulo, a través del Consejo Comunitario, o en
caso de no haberse conformado este, de los representantes de las comunidades
negras involucradas.
Para el caso de las solicitudes de exploración y explotación minera, una vez la
Comisión Técnica verifique que se encuentra en territorio susceptible de ser titulado
como Tierras de las Comunidades Negras, la Comisión Técnica informará, por
escrito, al Consejo Comunitario respectivo o en caso de no haberse constituido éste,
a los representantes de las comunidades involucradas, para posterior ejercicio del
derecho de prelación a que se refiere el artículo 27 de la Ley 70 de 1993.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 37)
Artículo 2.5.1.2.38 Obligatoriedad del concepto. El concepto técnico favorable no
obliga a la entidad encargada de resolver la solicitud, pero si fuere desfavorable no
podrá concederse la licencia, concesión, permiso o autorización al peticionario.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 38)
Artículo 2.5.1.2.39 Apoyo a la identificación de zonas con condiciones
similares. El Gobierno Nacional apropiará los recursos necesarios para que las
organizaciones de base de comunidades negras identifiquen las zonas con
condiciones similares a que se refiere el artículo 1o. de la Ley 70 de 1993 y para
que desarrollen los procesos de investigación y consulta concernientes a precisar
la realidad territorial, económica, sociocultural y ambiental de las comunidades
negras en dichas áreas.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 39)
Artículo 2.5.1.2.40 Fomento al desarrollo. Con miras a propender por el desarrollo
económico, social, cultural y ambiental de las comunidades negras de que trata este
capítulo, las entidades integrantes del Sistema Nacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural Campesino, creado por la Ley 160 de 1994, adoptarán programas
especiales para dar cumplimiento a las actividades de que trata el artículo 3o. de la
misma ley.
Los planes, programas y proyectos de desarrollo económico, social, cultural y
ambiental de los Consejos Comunitarios se incluirán y armonizarán con los planes
de desarrollo de los entes territoriales respectivos.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 40)
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Artículo 2.5.1.2.41 Apoyo al proceso organizativo de las Comunidades Negras.
El Estado, a través de la Dirección de Asuntos para las Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y las demás
entidades competentes, garantizará las condiciones para que las comunidades
beneficiarias del presente Capítulo se organicen con miras a acceder a la titulación
colectiva y propendan por su desarrollo social y cultural.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 41)
Artículo 2.5.1.2.42 Divulgación. La Dirección de Asuntos para las Comunidades
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior y las
demás entidades competentes, a través de los medios de comunicación, de las
Corporaciones Autónomas Regionales, de las alcaldías municipales, de las
organizaciones de base de las comunidades negras y, en general, de todos los
sectores sociales existentes en territorios de comunidades negras, divulgará el
contenido de este Capítulo, a fin de preparar las condiciones que hagan posible su
aplicación inmediata.
(Decreto 1745 de 1995, artículo 42)
CAPÍTULO 3
Procedimiento de elección del representante y suplente de las Comunidades
Negras ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas
Regionales
Artículo 2.5.1.3.1 Convocatoria. Para la elección del representante y suplente de
las comunidades negras a que se refiere el artículo 56 de la Ley 70 de 1993, ante
el Consejo Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, el Director
General de la respectiva Corporación formulará invitación pública a los respectivos
Consejos Comunitarios, en la cual se indicarán los requisitos para participar en la
elección, así como el lugar, fecha y hora para la celebración de la reunión en la cual
se hará la elección.
La convocatoria se publicará en una sola oportunidad en un diario de amplia
circulación regional o nacional con treinta (30) días de anterioridad a la fecha de
realización de la elección, y se difundirá por una sola vez por medio radial o
televisivo.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 1).
Artículo 2.5.1.3.2 Requisitos. Los Consejos Comunitarios que aspiren a participar
en la elección del representante y suplente, ante el Consejo Directivo, allegarán a
la Corporación Autónoma Regional respectiva, con anterioridad mínima de quince
(15) días a la fecha de la elección, los siguientes documentos:
1. Certificación expedida por el alcalde municipal correspondiente, en la que
conste la ubicación del Consejo Comunitario, la inscripción de la Junta y de su
representante legal;
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2. Certificación expedida por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder,
sobre la existencia de territorios colectivos legalmente titulados o en trámite de
adjudicación a las comunidades negras de la respectiva jurisdicción;
3. Allegar original o copia del documento en el cual conste la designación del
miembro de la comunidad postulado como candidato.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 2).
Artículo 2.5.1.3.3 Revisión de la documentación. La Corporación Autónoma
Regional revisará los documentos presentados y verificará el cumplimiento de los
requisitos exigidos. Posteriormente, elaborará un informe al respecto, el cual será
presentado el día de la reunión de elección.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 3).
Artículo 2.5.1.3.4 Plazo para la celebración de la reunión de elección. La
elección del representante y suplente, de los Consejos Comunitarios ante los
Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales, se realizará por
los representantes legales de los Consejos Comunitarios y se llevará a cabo dentro
de los primeros quince (15) días del mes de septiembre del año anterior a la
iniciación del período respectivo.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 4).
Artículo 2.5.1.3.5 Elección. Las comunidades negras, en la reunión pertinente,
adoptarán la forma de elección de su representante y suplente ante los Consejos
Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Cuando a la elección no asistiere ningún representante legal de los consejos
comunitarios o por cualquier causa imputable a los mismos, no se eligieren sus
representantes, el Director General de la Corporación Autónoma Regional dejará
constancia del hecho en un acta y realizará una nueva convocatoria pública dentro
de los quince (15) días calendario siguientes, aplicando el procedimiento previsto
en el presente decreto.
Parágrafo 1. En este último evento, deberá continuar asistiendo al Consejo
Directivo el representante de los Consejos Comunitarios que se encuentre en
ejercicio del cargo y hasta tanto se elija su reemplazo.
Parágrafo 2. Independientemente de la forma de elección que adopten las
comunidades negras, su representante y suplente ante el Consejo Directivo de la
respectiva Corporación Autónoma Regional, serán en su orden los que obtengan la
mayor votación.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 5).
Artículo 2.5.1.3.6 Trámite de la elección. El trámite será el siguiente:
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1. El Director General de la Corporación Autónoma Regional instalará la reunión
para elección dentro de la hora fijada en la convocatoria pública y procederá a
dar lectura del informe resultante de la revisión de la documentación aportada
por los Consejos Comunitarios participantes.
Los representantes legales de los Consejos Comunitarios que hayan cumplido
los requisitos consignados en el presente decreto tendrán voz y voto, en la
reunión de elección del representante y suplente;
2. Instalada la reunión de elección por el Director General, los representantes
legales de los Consejos Comunitarios se procederá a efectuar la designación
del presidente y secretario de la reunión;
3. Los candidatos podrán intervenir en la reunión, con el fin de exponer los
aspectos que consideren pertinentes;
4. Se procederá a la elección de representante y suplente, de conformidad con lo
establecido en el presente Capítulo.
De la reunión se levantará un acta que será suscrita por el Presidente y Secretario
designados por los representantes legales de los Consejos Comunitarios.
Parágrafo. La Corporación Autónoma Regional respectiva prestará el apoyo
logístico necesario para llevar a buen término la reunión de elección.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 6).
Artículo 2.5.1.3.7 Período del representante. El período del representante y
suplente de los Consejos Comunitarios ante el Consejo Directivo de las
Corporaciones Autónomas Regionales será de tres (3) años. Se iniciará el 1o de
enero del año siguiente al de su elección y concluirá el 31 de diciembre del tercer
año de dicho período.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 7).
Artículo 2.5.1.3.8 Faltas temporales. Constituyen faltas temporales de los
representantes de las comunidades negras, las siguientes:
1. Incapacidad física transitoria;
2. Ausencia forzada e involuntaria;
3. Decisión emanada de autoridad competente.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 8).
Artículo 2.5.1.3.9 Faltas absolutas. Constituyen faltas absolutas de los
representantes de las comunidades negras, las siguientes:
1. Renuncia;
2. Declaratoria de nulidad de la elección;
3. Condena a pena privativa de la libertad;
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4. Interdicción judicial;
5. Incapacidad física permanente;
6. Inasistencia a dos reuniones consecutivas del Consejo Directivo sin justa causa;
7. Muerte.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 9).
Artículo 2.5.1.3.10 Forma de suplir las faltas temporales y absolutas. En casos
de falta temporal del representante de las comunidades negras, lo reemplazará su
suplente por el término que dure la ausencia.
En caso de falta absoluta del representante, el suplente ejercerá sus funciones por
el tiempo restante.
(Decreto 1523 de 2003, artículo 10).
TÍTULO 2
Comunidades Indígenas, Rom y Minorías
CAPÍTULO 1
Protección Integral de los Derechos
Artículo 2.5.2.1.1. Objeto. El presente Capítulo tiene por objeto establecer un
marco normativo para la protección integral de los derechos del grupo étnico Rom
o Gitano.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 1)
Artículo 2.5.2.1.2 Ámbito de aplicación. El presente Capítulo se aplica al grupo
étnico Rom o Gitano.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 2)
Artículo 2.5.2.1.3. Principios. Las disposiciones enunciadas en el presente
Capítulo se interpretarán con arreglo a los principios de la justicia, la democracia, el
respeto a los derechos humanos, la igualdad, la diversidad étnica y cultural, la no
discriminación, la buena administración pública y la buena fe, además de tener un
enfoque de derechos y a acciones afirmativas.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 3)
Artículo 2.5.2.1.4. Definiciones. Para efectos de este Capítulo se tendrán en
cuenta las siguientes definiciones específicas del grupo étnico Rom o Gitano.
1. Identidad cultural: Se es Rom o Gitano por descendencia patrilineal, la cual
permite la ubicación de una persona en un determinado grupo de parentesco,
configurado fundamentalmente en torno a la autoridad emanada de un hombre
de reconocido prestigio y conocimiento, el cual a su vez, a través de diferentes
alianzas, se articula a otros grupos de parentesco, en donde todos comparten,
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entre otros aspectos, la idea de un origen común, una tradición nómada, un
idioma, un sistema jurídico la kriss Romaní, unas autoridades, una organización
social, el respeto a un complejo sistema de valores y creencias, un especial
sentido de la estética que conlleva a un fuerte apego a la libertad individual y
colectiva, los cuales definen fronteras étnicas que los distinguen de otros grupos
étnicos.
Sin perjuicio de la descendencia patrilineal, los hijos e hijas de una mujer Romny
y padre gadzho (no Gitano) que vivan en kumpeñy serán considerados como
Rom.
2. Instituciones político sociales. Dentro de la estructura político social del grupo
étnico Rom o Gitano, se distinguen las siguientes instituciones:
2.1. De la Kumpania. Kumpania (Kumpañy plural): Es el conjunto de grupos
familiares configurados patrilinealmente (patrigrupos), que a partir de alianzas
de diverso orden optan por compartir espacios para vivir cerca o para itinerar
de manera conjunta. En Colombia se ubican generalmente en sitios
específicos de centros urbanos, ciudades principales e intermedias del país.
2.2. De la Kriss: Tribunal en el que se reúnen los gitanos mayores (Seré
Romengue) de determinada Kumpania con el propósito de resolver una
controversia y tratar asuntos internos.
2.3. De la kriss Romaní. Es el sistema propio del grupo étnico Rom o Gitano, el
cual está compuesto por una serie de normas y valores culturales que todos
los miembros del grupo étnico tienen el deber de acatar y hacer cumplir.
2.4. De los Seré Romengué. Sero Rom (Sere Romengue plural), es el hombre
casado, con hijos, sobre el cual, por su prestigio, conocimiento de la tradición,
capacidad de construir consensos, habilidad en la palabra, recae la autoridad
de un determinado patrigrupo o grupo familiar extenso.
3. Nomadismo. Para los Rom, el acto físico de ir de un lugar a otro es apenas un
aspecto de su identidad cultural y de su estilo de vida. Dado que el nomadismo
significa ante todo una manera de ver el mundo, una actitud particular respecto a
la vivienda, al trabajo y a la vida en general, el nomadismo sustenta y da vida a
una cosmovisión particular y radicalmente diferente a la que ostentan los pueblos
sedentarios. El grupo étnico Rom o Gitano continúa siendo nómada aun cuando
no esté realizando desplazamientos permanentemente por cuanto el nomadismo,
además, es un estado que hace parte de su espiritualidad e imaginario colectivo.
4. Romaní o Romanés. Literalmente, lengua gitana o idioma Romanés. El idioma de
los gitanos pertenece a la familia de las lenguas indoeuropeas. La Shib Romani
(Lengua gitana) actualmente es hablada como lengua materna en varios países
incluyendo Colombia, por aproximadamente doce millones de Gitanos en todo el
mundo, en toda América cuatro millones y en América Latina dos millones y
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medio. La Shib Rromani se ha transmitido desde hace siglos exclusivamente por
tradición oral.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 4)
Artículo 2.5.2.1.5. Asentamientos y circulación. En razón a que el grupo étnico
Rom ha desarrollado históricamente su conciencia étnica a partir del nomadismo,
sea este real o simbólico, se le reitera el derecho a la libre circulación por todo el
territorio nacional, salvo las limitaciones legales. La formulación de políticas públicas
y de programas gubernamentales destinados a este pueblo debe tener en
consideración la amplia movilidad geográfica e itinerancia de sus Kumpañy.
Parágrafo. Se reconocen Kumpañy en los departamentos de Norte de Santander,
Antioquia, Santander, Córdoba, Sucre, Valle del Cauca, Atlántico, Tolima, Nariño, y
en la ciudad de Bogotá, D. C., teniendo en cuenta que por su nomadismo, la
ubicación de las Kumpañy ya reconocidas puede cambiar en determinado momento,
se debe verificar la información con los Seré Romengue.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 5)
Artículo 2.5.2.1.6. Reconocimiento como grupo étnico. El Estado colombiano
reconoce a los Rom o Gitanos como un grupo étnico con una identidad cultural
propia, que mantiene una conciencia étnica particular, que posee su propia forma
de organización social, posee su propia lengua y que ha definido históricamente sus
propias instituciones políticas y sociales.
El Estado colombiano valora las contribuciones que históricamente el grupo étnico
Rom o Gitano ha realizado al proceso de conformación de la nacionalidad
colombiana y como parte de la riqueza étnica y cultural de la Nación se le debe
garantizar adecuadamente la conservación y desarrollo de su cultura y de su forma
de vida.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 6)
Artículo 2.5.2.1.7. Planes de desarrollo de las entidades territoriales. Las
entidades territoriales sin perjuicio de su autonomía deberán tener en cuenta en la
elaboración de sus planes de desarrollo, las políticas y estrategias que el Plan
Nacional de Desarrollo establezca para la protección y atención del grupo étnico
Rom, cuando sus Kumpañy se encuentren en su jurisdicción.
Parágrafo. Las Secretarías de Asuntos Étnicos o las dependencias que hagan sus
veces de las Gobernaciones y Alcaldías, buscarán incluir acciones de atención
diferencial para el grupo étnico Rom o Gitano dentro de los planes, programas y
proyectos que formulen.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 7)
Artículo 2.5.2.1.8. Registro de Kumpañy. El Ministerio del Interior llevará el
registro de las Kumpañy del país, y de sus representantes elegidos por los
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miembros de cada una de ellas, de acuerdo al procedimiento interno que para ello
establezcan, quienes serán los representantes ante las instituciones del Estado.
Parágrafo. Los miembros de los cargos dignatarios, directivos y de autoridad de las
Kumpañy, deberán en su totalidad pertenecer étnicamente al grupo étnico Rom o
Gitano, desde el marco de los usos y costumbres, según las definiciones
establecidas en este Capítulo.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 8)
Artículo 2.5.2.1.9. Requisitos para el registro. El representante de la Kumpania
deberá presentar por escrito la solicitud de registro ante la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, o la dependencia que haga
sus veces, la cual deberá acompañar con los siguientes documentos:
1. Reglamento interno.
2. Acta de elección del representante de la Kumpania, acompañada por el listado
de asistentes que contengan las respectivas firmas.
3. Dirección para correspondencia.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 9)
Artículo 2.5.2.1.10. Conformación. La Comisión Nacional de Diálogo, será el
espacio de interlocución con el Estado colombiano y el grupo étnico Rom o Gitano,
el cual estará integrado por:
Por parte de las entidades:
1. El Ministerio del Interior, quien lo presidirá.
2. El Ministerio de Salud y Protección Social.
3. El Ministerio de Educación Nacional.
4. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
5. El Ministerio de Cultura.
Por parte de las Kumpañy:
La Comisión estará integrada por los representantes de las Kumpañy y de las
organizaciones legalmente constituidas.
Parágrafo 1. A las sesiones de la Comisión Nacional de Diálogo, se invitará a los
organismos de control.
Parágrafo 2. Cuando los temas a consideración por parte de la Comisión Nacional
de Diálogo, así lo ameriten, la Secretaría Técnica cursará invitación a las entidades
del Estado y organizaciones sociales correspondientes.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 10)
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Artículo 2.5.2.1.11. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica de la Comisión
Nacional de Diálogo, será ejercida por la Dirección de Asuntos indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior, o la dependencia que haga sus veces.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 11)
Artículo 2.5.2.1.12. Funciones de la Comisión Nacional de Diálogo. La Comisión
Nacional de Diálogo tendrá las siguientes funciones:
1. Ser la instancia de diálogo, concertación e interlocución entre el grupo étnico
Rom o Gitano y el Gobierno Nacional.
2. Difundir la información oficial hacia los miembros del grupo étnico y las
entidades territoriales.
3. Contribuir en la solución de los problemas de educación y salud del grupo étnico
Rom o Gitano.
4. Establecer mecanismos de coordinación con las entidades del nivel nacional y
territorial, para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.5.2.1.13. Acceso a vivienda. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, proporcionará a través de las diferentes convocatorias que establezca el
Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA, el acceso a una vivienda digna al
grupo étnico Rom o Gitano, mediante la asignación del Subsidio Familiar de
Vivienda de interés Prioritario.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 13)
Artículo 2.5.2.1.14. Inclusión educativa. El Ministerio de Educación Nacional en
coordinación con las secretarías de educación de las entidades territoriales
certificadas orientará en el marco de su política de inclusión y equidad, la atención
pertinente a la población estudiantil Rom.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 14)
Artículo 2.5.2.1.15. Promoción para la educación superior. El Icetex tendrá en
cuenta a la población Rom en el diseño de sus políticas de promoción de la
Educación Superior a través del otorgamiento de créditos educativos.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.5.2.1.16. Protección y promoción de prácticas culturales. El
Ministerio de Cultura creará, en concertación con el grupo étnico Rom o Gitano,
mecanismos para proteger y promover las prácticas culturales y tradicionales de
este grupo étnico.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 16)
Artículo 2.5.2.1.17. Día Internacional Rom o Gitano. Los Ministerios del Interior y
de Cultura, fomentarán actividades para la conmemoración del 8 de abril como "Día
Internacional Rom o Gitano”.
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(Decreto 2957 de 2010, artículo 17)
Artículo 2.5.2.1.18. Acceso de la población Rom o Gitana al Sistema General
de Seguridad Social Integral. Para garantizar el derecho de acceso y participación
de la población Rom en el Sistema General de Seguridad Social Integral, el
Ministerio de la Protección Social, en consulta con el grupo étnico Rom o Gitano,
implementará las medidas administrativas y normativas necesarias. En todo caso
se tendrán en cuenta las condiciones de equidad e igualdad, el respeto por las
características socioculturales, itinerancia y amplia movilidad geográfica de los
patrigrupos familiares y Kumpañy y demás características que desarrollen el
enfoque diferencial para este grupo étnico.
La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, o la
entidad que haga sus veces hará la identificación de la población.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 18)
Artículo 2.5.2.1.19. Subsidios régimen subsidiado. Para el otorgamiento de los
subsidios en el régimen subsidiado, la autoridad tradicional y legítima de cada
kumpania, elaborará un listado censal y lo mantendrá actualizado. El listado deberá
ser verificado y registrado en las bases de datos como población especial Rom por
el respectivo ente territorial donde tenga asentamiento la Kumpania, no existiendo
otro requisito legal para la vinculación de estos al Sistema General de Seguridad
Social en Salud.
La inclusión en la ficha del Sisbén no será requisito para la afiliación al Régimen
Subsidiado.
El Ministerio de Salud y Protección Social, de manera concertada con la población
Rom y sus organizaciones representativas, definirá a través del Sistema Obligatorio
de la Garantía de la Calidad (SOGC), las condiciones mínimas en que se deberán
prestar los servicios de salud de la población Rom, de tal manera que se propenda
por la conservación de sus condiciones étnicas y culturales, a la vez que se
mantienen las condiciones de calidad en los servicios prestados por las entidades.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 19)
Artículo 2.5.2.1.20. Concertación de prioridades y metas en salud. Las
administraciones territoriales deberán concertar con el grupo étnico Rom o Gitano
las prioridades y metas en salud establecidas en el Plan Nacional de Salud Pública,
las cuales formarán parte del Plan de Salud Territorial, de acuerdo con lo
establecido en la Resolución 425 de 2008 y las normas que la modifiquen, adicionen
o sustituyan.
Las acciones de salud pública para el grupo étnico gitano deberán cubrir a todos los
miembros de la respectiva kumpania, que sea objeto de cada programa.
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Cada kumpania y la respectiva entidad territorial, deberán establecer indicadores
interculturales, cualitativos y cuantitativos, de la situación de salud pública de la
población, y mecanismos de seguimiento y monitoreo, con el fin de verificar el efecto
de estas acciones de salud, el impacto de los recursos y la adopción de medidas
tendientes a conservar o recuperar la salud de sus integrantes.
Las entidades territoriales deberán registrar en actas los resultados de la
concertación con los representantes de las Kumpañy residentes en su jurisdicción,
como requisito para la aprobación del Plan de Salud Territorial.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 20)
Artículo 2.5.2.1.21. Interpretación de la norma. Nada de lo contenido en el
presente Capítulo se interpretará en el sentido de menoscabar o suprimir los
derechos que el grupo étnico Rom o Gitano tiene actualmente o pueda adquirir en
el futuro.
(Decreto 2957 de 2010, artículo 21)
TÍTULO 3
Consulta previa para actos administrativos y legislativos de carácter general
y consulta previa para proyectos, obras o actividades
CAPÍTULO 1
Consulta previa con las Comunidades Indígenas y Negras para la
explotación de los recursos naturales dentro de su territorio
Artículo 2.5.3.1.1. Objeto. La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto
económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad
indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio,
conforme a la definición del artículo 2.5.3.1.2 del presente decreto, y las medidas
propuestas para proteger su integridad.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 1)
Artículo 2.5.3.1.2. Determinación de territorio. La consulta previa se realizará
cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de resguardo
o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades
negras. Igualmente, se realizará consulta previa cuando el proyecto, obra o
actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular
y permanente por dichas comunidades indígenas o negras, de conformidad con lo
establecido en el siguiente artículo.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 2)
Artículo 2.5.3.1.3. Identificación de comunidades indígenas y negras. Cuando
el proyecto, obra o actividad se pretenda realizar en zonas no tituladas y habitadas
en forma regular y permanente por comunidades indígenas o negras susceptibles
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de ser afectadas con el proyecto, le corresponde al Ministerio del Interior certificar
la presencia de dichas comunidades, el pueblo al que pertenecen, su representación
y ubicación geográfica. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER,
certificará sobre la existencia de territorio legalmente constituido.
Las anteriores entidades expedirán dicha certificación dentro de los quince (15) días
hábiles siguientes a la radicación de la solicitud que para el efecto haga el interesado
en el proyecto obra o actividad, la cual contendrá:
1.
2.
3.
4.
Identificación del interesado;
Fecha de la solicitud;
Breve descripción del proyecto, obra o actividad;
Identificación del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad,
acompañada de un mapa que precise su localización con coordenadas
geográficas o con sistemas Gauss.
Parágrafo 1. De no expedirse las certificaciones por parte de las entidades previstas
en este artículo, en el término señalado, podrán iniciarse los estudios respectivos.
No obstante, si durante la realización del estudio el interesado verifica la presencia
de tales comunidades indígenas o negras dentro del área de influencia directa de
su proyecto, obra o actividad, deberá integrarlas a los estudios correspondientes,
en la forma y para los efectos previstos en este decreto e informará al Ministerio del
Interior para garantizar la participación de tales comunidades en la elaboración de
los respectivos estudios.
Parágrafo 2. En caso de existir discrepancia en torno a la identificación del área de
influencia directa del proyecto, obra o actividad, serán las autoridades ambientales
competentes quienes lo determinen.
Parágrafo 3. Las certificaciones de que trata el presente artículo se expedirán
transitoriamente, mientras el Ministerio del Interior en coordinación con el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi-IGAG y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER elaboran una cartografía georreferenciada a escala apropiada respecto
de las áreas donde existan comunidades indígenas o negras de las que trata la Ley
70 de 1993, en los términos de ocupación territorial de que tratan los artículos
2.5.3.1.2 y 2.5.3.1.3. La cartografía de que trata este parágrafo deberá ser
actualizada cada seis (6) meses.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 3)
Artículo 2.5.3.1.4. Extensión del procedimiento. Cuando los estudios
ambientales determinen que de las actividades proyectadas se derivan impactos
económicos, sociales o culturales sobre las comunidades indígenas o negras, de
conformidad con las definiciones de este Capítulo y dentro del ámbito territorial de
los artículos 2.5.3.1.2 y 2.5.3.1.3, se aplicará el procedimiento establecido en los
artículos siguientes.
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(Decreto 1320 de 1998, artículo 4)
Artículo 2.5.3.1.5. Participación de las Comunidades Indígenas y Negras en la
elaboración de los estudios ambientales. El responsable del proyecto, obra o
actividad que deba realizar consulta previa, elaborará los estudios ambientales con
la participación de los representantes de las comunidades indígenas o negras.
Para el caso de las comunidades indígenas con la participación de los
representantes legales o las autoridades tradicionales y frente a las comunidades
negras con la participación de los miembros de la Junta del Consejo Comunitario o,
en su defecto, con los líderes reconocidos por la comunidad de base.
El responsable del proyecto, obra o actividad acreditará con la presentación de los
estudios ambientales, la forma y procedimiento en que vinculó a los representantes
de las comunidades indígenas y negras en la elaboración de los mismos, para lo
cual deberá enviarles invitación escrita.
Transcurridos veinte (20) días de enviada la invitación sin obtener respuesta de
parte de los pueblos indígenas o comunidades negras, el responsable del proyecto,
obra o actividad informará al Ministerio del Interior para que verifique dentro de los
diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación, si existe voluntad de
participación de los representantes de dichas comunidades y lo informará al
interesado.
En caso que los representantes de las comunidades indígenas y/o negras se
nieguen a participar, u omitan dar respuesta dentro de los términos antes previstos,
el interesado elaborará el estudio ambiental prescindiendo de tal participación.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 5)
Artículo 2.5.3.1.6. Términos de referencia. Dentro de los términos de referencia
que expida la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o la autoridad ambiental
competente, para la elaboración de los estudios ambientales se incluirán los
lineamientos necesarios para analizar el componente socioeconómico y cultural de
las comunidades indígenas o negras.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 6)
Artículo 2.5.3.1.7. Proyectos que cuentan con términos de referencia
genéricos. Cuando el proyecto, obra o actividad, cuente con términos de referencia
genéricos expedidos por la autoridad ambiental respectiva, el interesado deberá
informar al Ministerio del Interior sobre la participación de las comunidades
indígenas o negras susceptibles de ser afectadas, en la elaboración de los estudios.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 7)
Artículo 2.5.3.1.8. Solicitud de licencia ambiental o de establecimiento del plan
de manejo ambiental. Cuando se pretenda desarrollar un proyecto, obra o
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actividad dentro del ámbito territorial previsto en los artículos 2.5.3.1.2 y 2.5.3.1.3
de este decreto, a la solicitud de licencia ambiental o de establecimiento del Plan de
Manejo Ambiental, se anexará las certificaciones de que trata el artículo 2.5.3.1.3
del presente decreto.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 8)
Artículo 2.5.3.1.9. Proyectos que no cuentan con términos de referencia
genéricos. Recibida la solicitud de términos de referencia y establecida la
necesidad de hacer consulta previa, la autoridad ambiental competente al momento
de expedirlos, informará al Ministerio del Interior sobre la participación de las
comunidades indígenas y/o negras susceptibles de ser afectadas, en la elaboración
de los estudios.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 9)
Artículo 2.5.3.1.10. Contenido de los estudios ambientales frente al
componente socioeconómico y cultural. En relación con el componente
socioeconómico y cultural, los estudios ambientales deberán contener por lo menos
lo siguiente:
1. En el diagnóstico ambiental de alternativas:
Características de la cultura de las comunidades indígenas y/o negras. Este
elemento se tendrá en cuenta por parte de la autoridad ambiental para escoger
la alternativa para desarrollar el estudio de impacto ambiental.
2. En el estudio de impacto ambiental o plan de manejo ambiental:
2.1. Características de la cultura de las comunidades indígenas y/o negras;
2.2. Los posibles impactos sociales, económicos y culturales que sufrirán las
comunidades indígenas y/o negras estudiadas, con la realización del
proyecto, obra o actividad;
2.3. Las medidas que se adoptarán para prevenir, corregir, mitigar, controlar o
compensar los impactos que hayan de ocasionarse.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 10)
Artículo 2.5.3.1.11. Comunicación a la comisión técnica de que trata la Ley 70
de 1993. Hasta cuando se adjudique en debida forma la propiedad colectiva de las
comunidades negras susceptibles de ser afectadas por el proyecto, obra o actividad,
la autoridad ambiental competente remitirá copia del auto de iniciación de trámite a
la Comisión Técnica de que trata el artículo 8º de la Ley 70 de 1993, para que emita
el concepto exigido en el artículo 17 de la misma ley.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 11)
Artículo 2.5.3.1.12. Reunión de consulta. Dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha de la solicitud de licencia ambiental o de establecimiento del
Plan de Manejo Ambiental, la autoridad ambiental competente comprobará la
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participación de las comunidades interesadas en la elaboración del estudio de
Impacto Ambiental, o la no participación, y citará a la reunión de consulta previa que
deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes al auto que así lo ordene
preferiblemente en la zona donde se encuentre el asentamiento.
Dicha reunión será presidida por la autoridad ambiental competente, y deberá contar
con la participación del Ministerio del Interior. En ella deberán participar el
responsable del proyecto, obra o actividad y los representantes de las comunidades
indígenas y/o negras involucradas en el estudio.
Sin perjuicio de sus facultades constitucionales y legales, podrán ser igualmente
invitados la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las
demás entidades del Estado que posean interés en el asunto, de conformidad con
la naturaleza del impacto proyectado.
Parágrafo 1. Cuando para un proyecto, obra o actividad hayan de consultarse
varias comunidades indígenas y negras se realizará una sola reunión de consulta,
salvo cuando no sea posible realizarla en conjunto por existir conflictos entre ellas.
Parágrafo 2. La reunión se celebrará en idioma castellano, con traducción a las
lenguas de las comunidades indígenas y negras presentes, cuando sea del caso.
De ella se levantará un acta en la que conste el desarrollo de la misma, que será
firmada por los representantes de las comunidades indígenas y negras; Igualmente
será firmada por los representantes de la autoridad ambiental competente, del
Ministerio del Interior y de las autoridades de control que asistan a ella.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 12)
Artículo 2.5.3.1.13. Desarrollo de la reunión. En la reunión de consulta se seguirá
el siguiente procedimiento:
1. Instalada la reunión y verificada la asistencia, el responsable del proyecto, obra
o actividad hará una exposición del contenido del estudio respectivo, con
especial énfasis en la identificación de los posibles impactos frente a las
comunidades indígenas y a las comunidades negras, y la propuesta de manejo
de los mismos;
2. Acto seguido, se escuchará a los representantes de las comunidades indígenas
y negras consultadas;
3. Si existe acuerdo en torno a la identificación de impactos y a las medidas
propuestas dentro del plan de manejo ambiental, y las demás a que hubiere
lugar, según el caso, en lo relacionado con las comunidades indígenas y negras,
se levantará la reunión dejando en el acta constancia expresa del hecho;
4. En caso de no existir acuerdo sobre las medidas propuestas dentro del plan de
manejo ambiental y las demás a que hubiere lugar, la autoridad ambiental
competente suspenderá la reunión por una sola vez, con el fin de que las partes
evalúen las propuestas. Si después de reanudada la reunión, se llegare a un
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acuerdo deberá darse aplicación a lo establecido en el literal anterior, en caso
de que continúe el desacuerdo, se procederá de conformidad con el siguiente
literal del presente artículo;
5. En caso de no existir acuerdo respecto de las medidas contenidas en el Plan de
Manejo Ambiental, se dará por terminada la reunión dejando en el acta
constancia expresa de tal hecho y la autoridad ambiental competente decidirá
sobre el particular en el acto que otorgue o niegue la licencia ambiental;
6. Si cualquiera de las comunidades indígenas o negras involucradas no asiste a
la reunión de consulta, deberá justificar su inasistencia ante la autoridad
ambiental, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha programada para su
celebración. En caso de que no exista justificación válida se entenderá que se
encuentra de acuerdo con las medidas de prevención, corrección, mitigación,
control o compensación de los impactos que se le puedan ocasionar;
7. Justificada la inasistencia, la autoridad ambiental, dentro de los quince (15) días
siguientes, citará a una nueva reunión para el efecto;
8. Agotado el objeto de la reunión, la autoridad ambiental competente, la dará por
terminada, dejando constancia de lo ocurrido en el acta y continuará con el
trámite establecido en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1753 de 1994
compilado en el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el objeto de tomar una decisión sobre el
otorgamiento o negación de la licencia ambiental o del establecimiento del plan
de manejo ambiental.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 13)
Artículo 2.5.3.1.14. Documento de evaluación y manejo ambiental. Cuando
quiera que se den los supuestos del artículo 2.5.3.1.2 del presente decreto para los
proyectos, obras o actividades cobijados por lo dispuesto en las disposiciones que
hayan sustituido el Decreto 883 de 1997, se deberá realizar la consulta previa con
las comunidades indígenas y negras.
En tal caso, el documento de evaluación y manejo ambiental deberá elaborarse de
conformidad con lo establecido en los artículos 2.5.3.1.5 y 2.5.3.1.10, numeral 2. El
interesado antes de elaborar el documento de evaluación y manejo ambiental
deberá informar al Ministerio del Interior para que constate la participación de las
comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas en la elaboración
de los estudios.
La consulta previa se realizará una vez elaborado el documento de evaluación y
manejo ambiental y con anterioridad a la entrega ante la autoridad ambiental
competente, en las formas y condiciones establecidas en los artículos 2.5.3.1.11 y
2.5.3.1.12. Para tal fin, se deberá dar aviso oportunamente a la autoridad ambiental
competente.
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Dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación del documento de
evaluación y manejo ambiental, la autoridad ambiental competente se pronunciará
indicando si es procedente o no dar inicio a las obras.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 14)
Artículo 2.5.3.1.15. Permisos de uso, aprovechamiento o afectación de
Recursos Naturales Renovables. Cuando se pretenda desarrollar un proyecto,
obra o actividad dentro del ámbito territorial previsto en los artículos 2.5.3.1.2 y
2.5.3.1.3, a la solicitud presentada ante la autoridad ambiental competente para
acceder al uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables
que no vayan implícitos dentro de una licencia ambiental, se anexarán las
certificaciones de que trata el artículo 2.5.3.1.3.
Recibida la solicitud y establecida la necesidad de hacer consulta previa, la
autoridad ambiental competente informará al Ministerio del Interior para efectos de
su coordinación. Igualmente, la autoridad ambiental competente deberá dar
aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.5.3.1.11 cuando sea del caso.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 15)
Artículo 2.5.3.1.16. Reunión de consulta. Dentro de los quince (15) días
siguientes a la fecha de recibo de la solicitud de aprovechamiento, uso o afectación
de los recursos naturales renovables, la autoridad ambiental competente citará a
una reunión de consulta, que deberá celebrarse dentro de los quince (15) días
siguientes al auto que así lo ordena, en el lugar que ella determine, preferiblemente
en la zona en donde se encuentre el asentamiento.
Deberá participar en tal reunión, el interesado, los representantes de las
comunidades indígenas y negras involucradas y el Ministerio del Interior, igualmente
serán invitados a asistir la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del
Pueblo. Podrán asistir también otras entidades del Estado que posean interés en el
asunto.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 16)
Artículo 2.5.3.1.17. Desarrollo de la reunión de consulta. La reunión de consulta
se desarrollará de la siguiente manera:
1. Instalada la reunión y verificada la asistencia, el interesado expondrá las
condiciones técnicas en que pretende usar, aprovechar o afectar los recursos
naturales renovables;
2. Acto seguido se escuchará a los representantes de las comunidades indígenas
o negras consultadas y se determinarán los impactos que se pueden generar
con ocasión de la actividad y las medidas necesarias para prevenirlos,
corregirlos, mitigarlos controlarlos o compensarlos;
3. En esta reunión se aplicará lo dispuesto en los numerales 6 y 7 del artículo
2.5.3.1.13;
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4. Agotado el objeto de la reunión, la autoridad ambiental competente la dará por
terminada, dejando constancia de lo ocurrido en el acta y continuará con el
trámite establecido en las normas vigentes, con el objeto de tomar una decisión
sobre el otorgamiento o negación del permiso de uso, aprovechamiento o
afectación de los recursos naturales renovables.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 17)
Artículo 2.5.3.1.18. Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en los
artículos 2.5.3.1.14 a 2.5.3.1.18 no se aplicará cuando se trate de licencias
ambientales que contengan permisos, concesiones y autorizaciones para el
aprovechamiento de los recursos naturales.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 18)
Artículo 2.5.3.1.19. Comunicación de la decisión. El acto administrativo que
otorgue o niegue la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo
ambiental o el permiso de uso, aprovechamiento o afectación de los recursos
naturales renovables deberá ser comunicado a los representantes de las
comunidades indígenas y negras consultadas.
(Decreto 1320 de 1998, artículo 19)
CAPÍTULO 2
Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa
Artículo 2.5.3.2.1. Definición y objetivo. Adóptase el Protocolo de Coordinación
Interinstitucional para la Consulta Previa como mecanismo de coordinación entre
las entidades públicas, destinado a facilitar el enlace de las responsabilidades
correspondientes y a compartir criterios e información actualizada que sirvan de
soporte para la expedición de las certificaciones de presencia de comunidades
étnicas y para el desarrollo mismo de la Consulta Previa.
(Decreto 2613 de 2013, artículo1)
Artículo 2.5.3.2.2. Continuidad. El Protocolo de Coordinación Interinstitucional
para la Consulta Previa funcionará de manera permanente y podrá activarse cada
vez que se requiera, de conformidad con las normas establecidas en este decreto.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 2)
Artículo 2.5.3.2.3. Campo de aplicación. El Protocolo de Coordinación
Interinstitucional para la Consulta Previa se aplicará, entre otros, en los siguientes
casos:
1. En los proyectos prioritarios, presentados y monitoreados por el gerente de
Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (Pines), de acuerdo con lo
establecido en el documento Conpes 3762, sobre lineamientos de política para
el desarrollo de proyectos de interés nacional y estratégicos;
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2. En proyectos concretos que enfrenten dificultades de gestión durante el
desarrollo de la consulta previa, cuando lo solicite el Gerente de los PINES. En
estos casos se convocarán las instancias requeridas y, si se considera
conveniente, un comité de respuesta inmediata;
3. Cuando el Comité Técnico o el Gerente de los PINES consideren conveniente
asignar a ciertas entidades tareas específicas sobre asuntos que no son objeto
de consulta, pero que favorecen la dinamización de la misma.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 3)
Artículo 2.5.3.2.4. Certificación de presencia de comunidades étnicas. La
Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior ejercerá la competencia
exclusiva de certificación de presencia de comunidades étnicas para efectos de
celebración de consultas previas.
El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) suministrará oportunamente a
la Dirección de Consulta Previa la información actualizada relativa a los resguardos
legalmente constituidos y en proceso de constitución, de comunidades indígenas y
de títulos colectivos de comunidades negras.
No obstante, el Incoder conservará la potestad de certificación en asuntos ajenos al
ámbito de la consulta previa.
La Dirección de Consulta Previa podrá solicitar a cualquier autoridad pública
información necesaria para la expedición de la certificación de presencia de
comunidades étnicas. Los requerimientos deberán responderse de manera
expedita.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 4)
Artículo 2.5.3.2.5. Oportunidad para la solicitud de certificado de presencia de
comunidades étnicas. Las entidades públicas o ejecutores de los PCA que
requieran la certificación de presencia de comunidades étnicas elevarán la solicitud
en los siguientes momentos, según el sector de que se trate:
1. Hidrocarburos–La Agencia Nacional de Hidrocarburos y/o el titular del contrato,
solicitará la certificación una vez se hayan adjudicado y suscrito los contratos
de las áreas hidrocarburíferas ofrecidas en los procesos competitivos o de
asignación directa;
2. Transmisión de energía–La Unidad de Planeación Minero Energética solicitará
la certificación una vez se adopte mediante resolución del Ministerio de Minas y
Energía, las obras definidas en el Plan de Expansión de la UPME;
3. Generación de Energía–El ejecutor del PCA, solicitará la certificación a partir de
la inscripción en fase 2 del registro de proyectos de generación de la UPME;
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4. Infraestructura–Las entidades del sector solicitarán la certificación una vez se
publiquen en el Secop la contratación de los estudios o estructuraciones de los
proyectos o cuando el proyecto ha sido declarado de utilidad pública o de interés
social.
El Gobierno Nacional podrá definir la pertinencia de establecer momentos
específicos de solicitud de certificado de presencia de comunidades étnicas en otros
sectores.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 5)
Artículo 2.5.3.2.6. Información necesaria para expedir la solicitud de
certificación de presencia de comunidades étnicas. Para la expedición del
certificado de presencia de comunidades étnicas, la Dirección de Consulta Previa
requerirá de la entidad responsable del PCA o del ejecutor del proyecto, la
descripción del proyecto y su área de influencia.
La Dirección de Consulta Previa podrá solicitar otros insumos que se requieran para
adelantar el proceso de certificación.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 6)
Artículo 2.5.3.2.7. Entidades encargadas de suministrar la información para la
identificación de presencia de comunidades étnicas. Para la identificación de
presencia de comunidades étnicas, la Dirección de Consulta Previa se valdrá, entre
otras, de la información suministrada por las siguientes entidades:
1. El Incoder suministrará de manera expedita a la Dirección de Consulta Previa
las bases de datos sobre resguardos indígenas y títulos colectivos de
comunidades negras. No será necesaria una certificación adicional por parte del
Incoder;
2. Las autoridades municipales o distritales proveerán a la Dirección de Consulta
Previa de información sobre el carácter urbano o rural de un predio según el
Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento Territorial
o Plan de Ordenamiento Territorial del respectivo municipio o distrito.
La Dirección de Consulta previa podrá acudir a la verificación de campo, cuando la
información suministrada por otras entidades o por el ejecutor de la POA no sea
suficiente para determinar la presencia de comunidades étnicas.
La información solicitada por la Dirección de Consulta Previa será atendida por las
demás instituciones del Estado de manera expedita.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 7)
Artículo 2.5.3.2.8. Reuniones previas. La puesta en marcha del Protocolo en cada
caso concreto, no impide la celebración de reuniones con los sectores concernidos,
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convocadas por los diferentes ministerios o por el gerente de los PINES, destinadas
a debatir los alcances y consecuencias del proyecto.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 8)
Artículo 2.5.3.2.9. Reunión de coordinación. Una vez certificada la presencia de
comunidades étnicas en la zona de influencia del POA, y previo a iniciar el contacto
con ellas, la Dirección de Consulta Previa podrá realizar una reunión de
coordinación entre las distintas entidades públicas y organizaciones involucradas
con el fin de determinar el plan de trabajo y de optimizar los recursos para la
realización de la consulta.
Si se trata de un proyecto PINE, la coordinación la dirigirá el gerente del comité
técnico del sector correspondiente.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 9)
Artículo 2.5.3.2.10. Convocatorias. La Dirección de Consulta Previa es la
autoridad encargada de realizar las convocatorias y de dirigir las reuniones de
consulta previa.
La Dirección de Consulta Previa dirigirá las reuniones del proceso de consulta,
garantizará la participación de todos los sujetos involucrados y buscará, en lo
posible, la suscripción de acuerdos entre las autoridades, los responsables del POA
y las comunidades étnicas.
Si durante el desarrollo de la consulta surgen temas que requieren tratamiento
especializado de una autoridad no convocada por la Dirección de Consulta Previa,
esta podrá citarla para que intervenga en las discusiones.
No obstante, si los temas a que se refiere el inciso anterior son ajenos al objeto de
la consulta, la Dirección podrá remitirlos a las autoridades competentes para que
estas presten el apoyo correspondiente.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.5.3.2.11. Intervención de la autoridad ambiental competente en la
consulta previa. La autoridad ambiental competente deberá participar en aquellas
reuniones del proceso de consulta previa en que se prevea la identificación de
impactos y medidas de manejo de aquellos proyectos para los que se deba expedir
licencia ambiental.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.5.3.2.12. Comité de seguimiento. Con la protocolización de la consulta
previa se dispondrá la creación de un Comité de Seguimiento que estará integrado,
entre otros, por la Dirección de Consulta Previa, el ejecutor del proyecto, los
organismos de control, autoridades ambientales y los representantes de las
comunidades.
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El comité tendrá a su cargo la verificación del cumplimiento de los compromisos
adquiridos en la consulta. Para estos efectos deberá reunirse periódicamente con
la comunidad étnica consultada.
Una vez el Comité de Seguimiento verifique el cumplimiento de los compromisos de
la consulta, solicitará a la Dirección de Consulta Previa que convoque a las partes
a la Reunión de Cierre de Consulta Previa.
(Decreto 2613 de 2013, artículo 12)
PARTE 6
ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS
TÍTULO 1
Dirección Nacional de Derecho de Autor
CAPÍTULO 1
Registro Nacional del Derecho de Autor
Artículo 2.6.1.1.1. Registro Nacional del Derecho de Autor. El Registro Nacional
del Derecho de Autor es competencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional del Derecho de Autor, con carácter único para todo el territorio
nacional.
(Decreto 460 de 1995, artículo 1)
Artículo 2.6.1.1.2. Objeto. Para los efectos del artículo 3 de la Ley 44 de 1993, el
Registro Nacional del Derecho de Autor es un servicio que presta el Estado a través
de la Unidad Administrativa Especial - Dirección Nacional del Derecho de Autor,
cuya finalidad es la de brindarle a los titulares del derecho autor y derechos conexos
un medio de prueba y de publicidad a sus derechos así como a los actos y contratos
que transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley, y garantía de
autenticidad y seguridad a los títulos de derecho de autor y de derechos conexos y
a los actos y documentos que a ellos se refiere.
(Decreto 460 de 1995, artículo 2)
Artículo 2.6.1.1.3. Protección. La protección que se brinda a las obras literarias y
artísticas, así como a las interpretaciones y demás producciones salvaguardadas
por el derecho conexo, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad, y en
consecuencia el registro que aquí se reglamenta será para otorgar mayor seguridad
jurídica a los autores y titulares.
(Decreto 460 de 1995, artículo 3)
Artículo 2.6.1.1.4. Presunción de veracidad. Los datos consignados en el
Registro Nacional del Derecho de Autor se presumirán ciertos, hasta tanto se
demuestre lo contrario.
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(Decreto 460 de 1995, artículo 4)
Artículo 2.6.1.1.5. Inscripción y reproducción. Las inscripciones realizadas en el
Registro Nacional del Derecho de Autor son de carácter público y, en consecuencia,
pueden ser consultadas en virtud del derecho de petición y conforme a sus
principios reguladores.
La reproducción de las obras editadas o inéditas y la consulta de las obras inéditas
inscritas sólo se podrá realizar por los autores de ellas, por sus derechohabientes
que acrediten tal calidad y por las autoridades judiciales o por quienes ellos
dictaminen.
(Decreto 460 de 1995, artículo 5)
Artículo 2.6.1.1.6. Correcciones. El Jefe de la Oficina de Registro de la Dirección
Nacional del Derecho de Autor podrá, de oficio o a solicitud de parte, corregir los
simples errores mecanográficos o numéricos cometidos al realizar una inscripción,
atendiendo lo dispuesto sobre el particular en el Régimen de Instrumentos Públicos.
Las cancelaciones, adiciones o modificaciones de las inscripciones efectuadas en
el Registro Nacional del Derecho de Autor, solo procederán a solicitud del autor y
de los derechohabientes que demuestren tal calidad, quienes deberán allegar la
documentación que soporte su petición, o en virtud de orden judicial.
(Decreto 460 de 1995, artículo 6)
Artículo 2.6.1.1.7. Cumplimiento del Estatuto. Para todos los efectos, el Registro
Nacional del Derecho de Autor deberá ajustarse en lo posible, a la forma y términos
prescritos en el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos.
(Decreto 460 de 1995, artículo 7)
Artículo 2.6.1.1.8. Requisitos de inscripción. Para efectuar la inscripción en el
Registro Nacional del Derecho de Autor de las obras literarias y artísticas, el
interesado deberá diligenciar los formatos elaborados al efecto por la Unidad
Administrativa Especial - Dirección Nacional del Derecho de Autor, en los cuales se
consignará la siguiente información:
1. El nombre, nacionalidad, documento de identificación y residencia habitual del
autor o autores de la obra, así como la fecha de fallecimiento y seudónimo si es
del caso.
Tratándose de obras seudónimas, deberá indicarse el nombre del editor a quien
corresponderá el ejercicio de los derechos patrimoniales del autor, a menos que
el seudónimo esté registrado conforme a las disposiciones relativas al estado
civil de las personas, en cuyo caso los derechos le corresponderán al autor. En
este evento, deberá allegarse copia de la respectiva declaración de seudónimo
efectuada ante notario.
Para las obras anónimas, sólo será necesario indicar el nombre del editor, quien
ejercerá los derechos hasta que el autor decida salir del anonimato;
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2. Título de la obra y de los anteriores, si los hubiere tenido;
3. Indicar si la obra es inédita o editada, original o derivada, individual o colectiva,
en colaboración, una traducción, y en general cualquier carácter que pueda
reportar;
4. Año de creación;
5. Nombre, nacionalidad, documento de identificación y dirección habitual del
solicitante, manifestando si actúa en nombre propio o como representante de
otro, en cuyo caso deberá acompañar la prueba de su representación;
6. En el evento de inscribirse un titular de los derechos patrimoniales diferente del
autor, deberá mencionarse su nombre o razón social, según el caso,
acreditando el documento mediante el cual adquirió tales derechos.
Parágrafo 1. Para los efectos de la inscripción en el Registro Nacional del Derecho
de Autor de los programas de ordenador, se deberán tramitar los formatos
preestablecidos con fundamento en la información solicitada por el Capítulo 3 de
este Título.
Parágrafo 2. Si la petición de inscripción es relativa a obras literarias editadas,
incluidos los programas de ordenador, obras audiovisuales o fonogramas, deberá
allegarse a la oficina de Registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, un
ejemplar de la obra o producción.
(Decreto 460 de 1995, artículo 8)
Artículo 2.6.1.1.9. Otras obligaciones. Si la obra literaria fuere editada se deberá
indicar, además de lo señalado en el artículo anterior, lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
Fecha y país de su primera publicación;
Nombre o razón social del editor y del impresor, así como su dirección;
Número de edición y tiraje;
Tamaño, número de páginas, edición rústica o de lujo y demás circunstancias
que contribuyan a identificarla perfectamente.
(Decreto 460 de 1995, artículo 9)
Artículo 2.6.1.1.10. Del registro de obras inéditas. Si la obra literaria fuere inédita,
deberá allegarse a la Oficina de Registro de la Dirección Nacional del Derecho de
Autor, junto con el formato de inscripción correspondiente, un ejemplar de ella, sin
enmiendas, mutilaciones, raspaduras o entrerrenglones y debidamente empastada.
Si la obra es manuscrita, ésta deberá allegarse en forma clara y legible.
(Decreto 460 de 1995, artículo 10)
Artículo 2.6.1.1.11. Del registro Inscripción de obras musicales. Si se tratase de
una obra musical con letra o sin ella, deberá mencionarse adicionalmente el género
y ritmo musical al cual pertenece, allegando una copia de la partitura y, de la letra
si la tuviere.
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Si lo pretendido es la inscripción de la letra de la composición musical por sí sola
sin allegar la partitura, se tramitará la solicitud de registro en el formato de
inscripción de obras literarias.
(Decreto 460 de 1995, artículo 11)
Artículo 2.6.1.1.12. Del registro de obras audiovisuales. Tratándose de obras
audiovisuales, se deberá indicar, además de lo mencionado en el artículo 2.6.1.1.8,
lo siguiente:
1. El nombre y dirección del Director, del autor del guión o libreto, del autor de la
obra musical y del autor de los dibujos si se trataré de una película animada;
2. Nombre y dirección del productor audiovisual;
3. El nombre de los artistas principales;
4. Nacionalidad, fecha de terminación, metraje y duración;
5. Una breve relación del argumento, diálogo, escenario y música.
(Decreto 460 de 1995, artículo 12)
Artículo 2.6.1.1.13. Del registro de obras artísticas. Para el registro de obras
artísticas, tales como cuadros, esculturas, pinturas, dibujos, grabados, obras
fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, además de
la información solicitada en el artículo 2.6.1.1.8, deberá efectuarse por escrito una
descripción completa y detallada de la obra a registrar de tal manera que pueda
diferenciarse de otra obra de su mismo género. Junto con el formato de inscripción
se acompañarán tantas fotografías como sean necesarias para identificarla
perfectamente o una copia de la obra.
(Decreto 460 de 1995, artículo 13)
Artículo 2.6.1.1.14. Del registro de obras de arquitectura, ingeniería y afines.
Para el registro de obras de arquitectura, ingeniería, mapas, croquis y obras
plásticas relativas a la geografía, ingeniería, a la topografía y a la arquitectura o a
las ciencias en general, deberá mencionarse, además de la información solicitada
en el artículo 2.6.1.1.8, la clase de obra de que se trate y una descripción de las
características identificativas de la misma. Igualmente, deberá allegarse tantas
fotografías como sean necesarias para identificar sus elementos esenciales o una
copia de la obra.
(Decreto 460 de 1995, artículo 14)
Artículo 2.6.1.1.15. Del registro de obras obras escénicas y similares. Para el
registro de obras escénicas tales como las teatrales, pantomímicas, coreográficas,
dramáticas o dramático-musicales, deberá, además de lo mencionado en el artículo
2.6.1.1.8, indicarse en el formato preestablecido por la Dirección Nacional del
Derecho de Autor la clase de obra de que se trate, su duración y una breve
descripción del contenido de la misma. Junto con dicha información, deberá
allegarse un extracto o resumen por escrito de la obra o un ejemplar de la misma,
según el caso.
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(Decreto 460 de 1995, artículo 15)
Artículo 2.6.1.1.16. Del registro de fonogramas. Para el registro de fonogramas,
deberá tramitarse el formato preestablecido al efecto por la Unidad Administrativa
Especial - Dirección Nacional del Derecho de Autor el cual deberá contener la
siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Título del fonograma;
Nombre, identificación y dirección del productor fonográfico;
Año de la primera fijación;
Título de las obras fijadas en el fonograma y sus autores;
Nombre de los artistas, intérpretes o ejecutantes;
Indicación de si el fonograma es inédito o publicado;
Nombre, documento de identificación y residencia habitual del solicitante,
manifestando si actúa a nombre propio o como representante de otro, en cuyo
caso deberá acompañar la prueba de su representación.
(Decreto 460 de 1995, artículo 16)
Artículo 2.6.1.1.17. Del registro de actos y contratos. Para el registro de los actos
y contratos relacionados con el derecho de autor y los derechos conexos, deberá
indicarse lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Partes intervinientes;
Clase de acto o contrato;
Objeto;
Determinación de la cuantía si es del caso;
Término de duración del contrato;
Lugar y fecha de la firma;
Nombre, documento de identificación y residencia habitual del solicitante,
manifestando si actúa a nombre propio o como representante de otro, en cuyo
caso deberá acompañar la prueba de su representación;
8. Cualquier otra información que el solicitante considere relevante mencionar.
Parágrafo 1. Tratándose de actos o contratos que impliquen enajenación del
derecho de autor y los derechos conexos, deberá allegarse copia de la escritura
pública o del documento privado reconocido ante notario o quien haga sus veces,
en que conste dicha circunstancia.
Parágrafo 2. Los actos y contratos que no impliquen enajenación del derecho de
autor y los derechos conexos, se acreditarán allegando copia simple del documento
en donde ello conste.
Parágrafo 3. Para el registro de los pactos, convenios o contratos que celebren las
sociedades de gestión colectiva colombianas con sus similares extranjeras,
referidos en el artículo 29 de la Ley 44 de 1993, será necesario remitir una copia
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auténtica del documento. Si el instrumento a registrar fue suscrito en el exterior o
en idioma diferente al español, se deberán observar los requisitos que sobre el
particular determine el Código General del Proceso.
Parágrafo 4. Para los contratos y demás actos sujetos al impuesto de timbre,
deberá acreditarse su pago de conformidad con lo que las disposiciones tributarias
determinen.
(Decreto 460 de 1995, artículo 17)
Artículo 2.6.1.1.18. Del registro de poderes generales. Para el registro de
poderes de carácter general a que se refiere el literal d) del artículo 3 de la Ley 44
de 1993, deberá elevarse una petición a la Oficina de Registro de la Dirección
Nacional del Derecho de Autor, la cual contendrá la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
Nombre, identificación y dirección del poderdante y del apoderado;
Objeto del poder;
Duración, si es del caso;
Lugar y fecha de la firma;
Nombre, documento de identificación y residencia habitual del solicitante,
manifestando si actúa a nombre propio o como representante de otro, en cuyo
caso deberá acompañar la prueba de su representación.
6. Cualquier otra información que el solicitante considere relevante mencionar.
Parágrafo 1. Junto con la solicitud de inscripción deberá allegarse copia de la
escritura pública correspondiente.
Parágrafo 2. Si el poder fue otorgado en el exterior o en idioma diferente al español
se deberán observar los requisitos que al efecto establezca el Código General del
Proceso.
(Decreto 460 de 1995, artículo 18)
Artículo 2.6.1.1.19. Del registro de providencias. Para el registro de providencias
judiciales, administrativas o arbitrales que impliquen entre otras, la constitución,
declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida
cautelar o traslación de derechos, o cualquier otra providencia que disponga la
cancelación de una inscripción deberá elevarse una solicitud ante la Oficina de
Registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, la cual contendrá la
siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nombre de la autoridad que emitió la providencia;
Parte o partes intervinientes;
Clase de providencia;
Objeto;
Lugar y fecha del pronunciamiento;
Nombre y dirección del solicitante;
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7. Cualquier otra información que el solicitante considere oportuno mencionar.
Parágrafo. Junto con la solicitud de inscripción correspondiente, deberá allegarse
copia de la respectiva providencia en firme.
(Decreto 460 de 1995, artículo 19)
Artículo 2.6.1.1.20. Constancia del registro. Una vez realizada la inscripción, se
dejará constancia de ella en el libro de registro correspondiente por orden numérico
y cronológico y posteriormente se expedirá y entregará un certificado al interesado.
(Decreto 460 de 1995, artículo 20)
Artículo 2.6.1.1.21 Entrega de ejemplares. Surtido el trámite de inscripción de la
obra editada, incluido el soporte lógico (software), obras audiovisuales y fonogramas
ante la Oficina de Registro de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, los
ejemplares a ella entregados de conformidad con el parágrafo 2 del artículo
2.6.1.1.8, serán remitidos a la Biblioteca Nacional de Colombia, en los términos y
procedimientos que al efecto establezcan ambas entidades.
Parágrafo. Las obras editadas, obras audiovisuales y fonogramas, que por este
concepto entregue la Oficina de Registro de la Dirección Nacional del Derecho de
Autor a la Biblioteca Nacional de Colombia, serán el sustento probatorio del registro
que de ellas se efectuó.
(Decreto 460 de 1995, artículo 21)
Artículo 2.6.1.1.22. Del depósito legal. Para los efectos del artículo 7 de la Ley 44
de 1993, se entiende por Depósito Legal la obligación que se le impone a todo editor
de obras impresas, productor de obras audiovisuales y productor de fonogramas en
Colombia y a todo importador de obras impresas, obras audiovisuales y
fonogramas, de entregar para su conservación en las entidades y por las cantidades
determinadas en el artículo 2.6.1.1.25, ejemplares de la obra impresa, audiovisual
o fonograma producidos en el país o importados, con el propósito de guardar
memoria de la producción literaria, audiovisual y fonográfica y acrecentar el
patrimonio cultural.
(Decreto 460 de 1995, artículo 22)
Artículo 2.6.1.1.23. Definiciones. Para los efectos del Depósito Legal de que trata
el presente capítulo se entenderá por:
Obras Impresas
1. Impreso de carácter monográfico: publicación completa en una sola parte o que
se piensa completar con un número determinado de partes, publicadas por
separado y que no pertenece a una serie. Los impresos de carácter monográfico
abarcan: libros, folletos, pliegos sueltos.
Libro: Reunión de muchas hojas de papel, vitela, u otras, ordinariamente
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impresas, que se han cosido o encuadernado juntas con cubierta de papel,
cartón, pergamino u otra piel, y que forman un volumen.
Folleto: Obra impresa, no periódica, que no consta de bastantes hojas para
formar un libro.
Pliego: Pieza suelta de papel impresa por uno o ambos lados;
2. Publicación seriada: publicación que aparece en partes sucesivas, a intervalos
regulares o irregulares, cada una de las cuales presenta designaciones
numéricas o cronológicas y que pretende continuarse indefinidamente. Las
publicaciones seriadas incluyen periódicos o diarios; anuarios, revistas,
memorias, actas, entre otros, de entes corporativos;
3. Material cartográfico: cualquier material que presente la totalidad o una parte de
la tierra o de cualquier cuerpo celeste. Los materiales cartográficos abarcan:
mapas o planos en dos o tres dimensiones; cartas aeronáuticas, de navegación
o celestes; atlas; globos; diagramas en bloque; fotografías aéreas con fines
cartográficos; vistas a ojo de pájaro; croquis, grabados topográficos; imágenes
aéreas, espaciales y terrestres; modelos de relieve; entre otros;
4. Música: Serie de pentagramas en donde están impresas todas las partes
instrumentales y/o vocales de una obra musical, colocados uno debajo de otro
en forma vertical, de modo que las partes puedan leerse simultáneamente. Así
mismo, los pentagramas para una de las voces o instrumentos que participan
en una obra musical. Incluye: partituras abreviadas, partituras cortas, partituras
de bolsillo, partes de piano del director, partituras vocales, partituras para piano,
partituras corales, partituras y partes en general.
Fonogramas
5. Grabación sonora o fonograma: Dentro de las grabaciones sonoras se
encuentran: discos, cintas (abiertas carrete a carrete, cartuchos, cassettes),
grabaciones en película (excepto las destinadas a acompañar imágenes
visuales), y bandas sonoras.
Obra audiovisual
6. Obras audiovisuales: Toda obra que consiste en una serie de imágenes fijadas
y relacionadas entre si, acompañadas o no de sonidos, susceptible de hacerse
visible y, si va acompañada de sonidos, susceptible de hacerse audible.
Software y base de datos
7. Archivo de datos legibles por máquina: cuerpo de información codificado por
métodos que requieren el uso de una máquina (típicamente una computadora)
para el procesamiento. Pertenecen a esta categoría: archivos almacenados en
cinta magnética, módulos de disco, tarjetas de marca sensible, documentos
fuente en caracteres de reconocimiento óptico;
El término de datos legibles por máquina, se refiere tanto a los datos
almacenados en forma legible por máquina como a los programas usados para
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procesar esos datos;
8. Material gráfico: representación en dos dimensiones, puede ser opaca o
destinada a ser vista o proyectada, sin movimiento, por medio de un aparato
óptico. Los materiales gráficos abarcan: carteles, diagramas, diapositivas,
dibujos técnicos, estampas, estereografías, fotobandas, fotografías,
reproducciones de obras de arte, tarjetas nemotécnicas, tarjetas postales y
transparencias.
9. Microforma: Término genérico para cualquier medio, ya sea transparente u
opaco, que contenga microimágenes, como las microfichas, microfilmes,
microopacos, etc.
(Decreto 460 de 1995, artículo 23)
Artículo 2.6.1.1.24. Responsable del depósito legal. La Biblioteca Nacional de
Colombia será la entidad responsable del Depósito Legal.
(Decreto 460 de 1995, artículo 24)
Artículo 2.6.1.1.25. Del depósito legal. El Depósito Legal se deberá efectuar
observando lo siguiente:
1. Tratándose de obras impresas de carácter monográfico, publicaciones seriadas,
material cartográfico, material gráfico, microformas, soporte lógico (software),
música o archivo de datos legible por máquina, entre otros, el editor deberá
entregar dos (2) ejemplares a la Biblioteca Nacional de Colombia, un (1)
ejemplar a la Biblioteca del Congreso y un (1) ejemplar a la Biblioteca de la
Universidad Nacional de Colombia.
Si la obra ha sido editada en lugar diferente al Departamento de Cundinamarca,
deberá además entregarse otro ejemplar a la biblioteca departamental donde
tenga asiento principal el editor;
2. Si la obra impresa de carácter monográfico es una edición de alto valor
comercial como los libros arte, el editor estará exento del depósito legal en
tirajes menores de 100 ejemplares. En tirajes de 100 a 500 ejemplares, deberá
entregar un (1) ejemplar a la Biblioteca Nacional de Colombia, y de 500 o más,
dos (2) ejemplares a la Biblioteca Nacional de Colombia;
3. Tratándose de obras impresas importadas, el importador estará obligado a
depositar un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Colombia;
4. Tratándose de obras audiovisuales, el productor, videograbador o importador,
según sea el caso, deberá entregar un ejemplar a la Biblioteca Nacional de
Colombia;
5. Tratándose de fonogramas, el productor fonográfico o importador, según sea el
caso, deberá entregar un ejemplar a la Biblioteca Nacional de Colombia;
Parágrafo. La Biblioteca Nacional de Colombia podrá rechazar los ejemplares
entregados en calidad de Depósito Legal cuando no se encuentren en condiciones
adecuadas para su conservación y preservación.
(Decreto 460 de 1995, artículo 25)
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Artículo 2.6.1.1.26. Plazo para efectuar el depósito legal. El Depósito Legal de
las diferentes obras impresas, obras audiovisuales y fonogramas deberá efectuarse
dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a su publicación, comunicación
pública, reproducción o importación, respectivamente.
(Decreto 460 de 1995, artículo 26)
Artículo 2.6.1.1.27. Multas. La omisión del Depósito Legal en los términos
establecidos en este capítulo, ocasionará al editor, productor de obras
audiovisuales, productor fonográfico, videograbador, o importador, según el caso,
una multa igual a diez (10) veces el valor comercial de cada ejemplar no depositado,
la cual será impuesta por el Director General de la Dirección Nacional del Derecho
de Autor mediante resolución motivada.
Parágrafo 1. La Biblioteca Nacional de Colombia deberá informar, dentro de los
diez (10) primeros días de cada trimestre, a la Dirección Nacional del Derecho de
Autor sobre los editores, productores de obras audiovisuales y de fonogramas, y los
importadores de obras impresas, obras audiovisuales y fonogramas, que no hayan
cumplido con el Depósito Legal en los términos del presente Capítulo, indicando el
nombre del representante legal, su domicilio y teléfono.
Parágrafo 2. El procedimiento de imposición de la multa será regulado por el
Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional del
Derecho de Autor, conforme a lo establecido al efecto en la ley y en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
(Decreto 460 de 1995, artículo 27)
Artículo 2.6.1.1.28. Custodia y conservación de publicaciones periódicas. Las
publicaciones periódicas que sean entregadas en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 63 de la Ley 44 de 1993, a la Dirección Nacional del Derecho de Autor,
serán remitidas a la Biblioteca Nacional de Colombia para su custodia y
conservación en el término y bajo los procedimientos que conjuntamente
establezcan las dos Entidades, previa las anotaciones a que haya lugar en la
respectiva reserva de nombre para constatar su uso.
(Decreto 460 de 1995, artículo 28)
Artículo 2.6.1.1.29. Listado de obras depositadas. La Biblioteca Nacional de
Colombia deberá remitir al Instituto Caro y Cuervo dentro de los cinco (5) primeros
días de cada mes, un listado de las obras depositadas, acompañado del nombre del
autor, del editor y del impresor, número de edición, fecha de tiraje y demás datos
que sean necesarios para la elaboración del Anuario Bibliográfico Nacional por parte
del Instituto Caro y Cuervo.
(Decreto 460 de 1995, artículo 29)
Artículo 2.6.1.1.30. Regulaciones especiales. El Director de la Biblioteca Nacional
de Colombia podrá establecer, mediante resolución motivada, exigencias
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especiales para algunas categorías de obras o producciones sujetas a Depósito
Legal, o reducir o ampliar el número de ejemplares a entregar, así como contratar
con otras personas o entidades cuando sea necesario por motivos de preservación
y conservación, siempre y cuando no se le ocasione al depositante condiciones
financieras o prácticas de difícil cumplimiento.
(Decreto 460 de 1995, artículo 30)
Artículo 2.6.1.1.31. Informe del ISBN. La Cámara Colombiana del Libro como
responsable de llevar el Número Internacional Normalizado para Libros o ISBN en
Colombia, deberá entregar trimestralmente a la Biblioteca Nacional de Colombia, un
listado de las obras inscritas durante ese lapso.
(Decreto 460 de 1995, artículo 31)
Artículo 2.6.1.1.32. Reproducciones. Con el único propósito de procurar la mejor
conservación de las obras o producciones depositadas actualizándolas de acuerdo
con las tecnologías existentes, la Biblioteca Nacional de Colombia podrá efectuar
una reproducción de los ejemplares allí entregados.
(Decreto 460 de 1995, artículo 32)
CAPÍTULO 2
Sociedades de gestión colectiva o de derechos conexos y la entidad
recaudadora
Artículo 2.6.1.2.1. Gestión de derechos patrimoniales de autor y conexos. Los
titulares de derecho de autor o de derechos conexos podrán gestionar individual o
colectivamente sus derechos patrimoniales, conforme a los artículos 4° de la Ley 23
de 1982 y 10 de la Ley 44 de 1993.
Se entiende por gestión colectiva del derecho de autor o de los derechos conexos,
la desarrollada en representación de una pluralidad de sus titulares, para ejercer
frente a terceros los derechos exclusivos o de remuneración que a sus afilados
correspondan con ocasión del uso de sus repertorios.
A los efectos de una gestión colectiva será necesario formar sociedades sin ánimo
de lucro, con personería jurídica y autorizadas por la Unidad Administrativa Especial
Dirección Nacional de Derecho de Autor, y sometidas a su inspección y vigilancia,
de conformidad con el artículo 43 de la Decisión Andina 351 de 1993. Para tal efecto,
deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 45 de
la Decisión Andina 351 de 1993, en el Capítulo III de la Ley 44 de 1993 y las demás
condiciones señaladas en este decreto. Dichas sociedades podrán ejercer los
derechos confiados a su gestión y tendrán las atribuciones y obligaciones descritas
en la ley.
La gestión individual será la que realice el propio titular de derecho de autor o de
derechos conexos, no afiliado a ninguna sociedad de gestión colectiva.
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Parágrafo. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos
conexos facultadas conforme a este artículo, podrán autorizar a terceros,
determinados usos de los repertorios que administran sin necesidad de
especificarlos. Cuando un titular de derecho de autor o de derechos conexos decida
gestionarlos de manera individual, deberá especificar en el contrato respectivo cuál
es el repertorio que representa y la forma de utilización del mismo.
A los fines de lo señalado en los artículos 160 y 162 de la Ley 23 de 1982 y 2°, literal
c), de la Ley 232 de 1995, las autoridades administrativas sólo exigirán y aceptarán
autorizaciones y comprobantes de pago expedidos por personas diferentes a las
sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos,
cuando se individualice el repertorio de obras, interpretaciones, ejecuciones
artísticas o fonogramas que administra dicha persona, y se acredite que la misma
es la titular o representante del titular de tales obras o prestaciones.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 1)
Artículo 2.6.1.2.2. Constitución. Conforme a lo dispuesto en la legislación de
derecho de autor, los titulares de derecho de autor o de derechos conexos, podrán
formar sociedades de gestión colectiva sin ánimo de lucro.
Las sociedades de gestión colectiva constituidas conforme a la ley, tendrán la
obligación de admitir a cualquier titular de derechos que acredite ejercer la titularidad
de mínimo una (1) obra, interpretación, ejecución o fonograma que sea explotado
públicamente.
Parágrafo 1°. En ningún caso las sociedades de gestión colectiva podrán negarse
a la administración de los derechos patrimoniales que se les demande en los
términos de este artículo.
Parágrafo 2°. Para aquellos afiliados que no sean fundadores, las sociedades de
gestión colectiva categorizarán a sus miembros conforme a los ingresos obtenidos
por la utilización de sus obras, interpretaciones ejecuciones o fonogramas, según
sea el caso, estableciendo para cada categoría sus derechos y obligaciones y las
formas de elegir y ser elegido.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 2)
Artículo 2.6.1.2.3. Finalidad. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de
autor o de derechos conexos, tendrán principalmente las siguientes finalidades:
1. Administrar los derechos de los socios y los confiados a su gestión, de acuerdo
con las leyes que regulen la materia y a lo estipulado en sus estatutos;
2. Procurar los mejores beneficios para sus afiliados;
3. Coadyuvar en el fomento de la producción intelectual y el mejoramiento de la
cultura nacional.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 3)
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Artículo 2.6.1.2.4. Tarifas. Las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor
o de derechos conexos, deberán expedir reglamentos internos en donde se precise
la forma como se fijarán las tarifas por concepto de las diversas utilizaciones de las
obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas.
En las tarifas que se deriven de dichos reglamentos, se enunciará la categoría del
usuario, la forma de uso autorizada y el valor que deberá pagar el usuario por dicho
uso.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 4; Decreto 1258 de 2010, artículo 48)
Artículo 2.6.1.2.5. Publicación. Las sociedades de gestión colectiva de derecho
de autor o de derechos conexos, deberán publicar las tarifas generales, sus
modificaciones y adiciones en su sitio web y mantenerlas disponibles en su domicilio
social.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 5)
Artículo 2.6.1.2.6. Negociación con los usuarios. Las tarifas publicadas en los
términos del anterior artículo, servirán como base de negociación en caso de que
los usuarios o las organizaciones de estos, soliciten a la sociedad de gestión
colectiva la concertación de la tarifa.
En caso de existir desacuerdo entre las sociedades de gestión colectiva de derecho
de autor o de derechos conexos con los usuarios u organizaciones de usuarios en
relación con las tarifas, los puntos de discrepancia podrán ser sometidos a
cualquiera de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y en caso de
que dicha modalidad no fuere convenida, las diferencias podrán ser conocidas por
la justicia ordinaria en los términos de los artículos 242 y 243 de la Ley 23 de 1982.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 6)
Artículo 2.6.1.2.7. Criterios para establecer las tarifas. Por regla general, las
tarifas a cobrar por parte de las sociedades de gestión colectiva, deberán ser
proporcionales a los ingresos que obtenga el usuario con la utilización de las obras,
interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas, según sea el caso.
Cuando exista dificultad para determinar o establecer los ingresos del usuario
obtenidos con ocasión del uso de las obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas
o fonogramas, o cuando la utilización de estas tenga un carácter accesorio respecto
de la actividad principal del usuario, las tarifas se sujetarán a uno o a varios de los
siguientes criterios:
1. La categoría del usuario, cuando esta sea determinante en el tipo de uso o
ingresos que podría obtenerse por la utilización de las obras, interpretaciones,
ejecuciones artísticas o fonogramas administrados por la sociedad de gestión
colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.
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2. La capacidad tecnológica, cuando esta sea determinante en la mayor o menor
intensidad del uso de las obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o
fonogramas, según sea el caso.
3. La capacidad de aforo de un sitio.
4. La modalidad e intensidad del uso de las obras, interpretaciones, ejecuciones
artísticas o fonogramas, según sea el caso, en la comercialización de un bien o
servicio.
5. Cualquier otro criterio que se haga necesario en razón de la particularidad del
uso y tipo de obra, interpretación, ejecución artística o fonograma que se
gestiona, lo cual deberá estar debidamente soportado en los reglamentos a que
hace referencia el inciso primero del artículo 2.6.1.2.4.
Parágrafo. En todo caso, las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor
o de derechos conexos, mantendrán tarifas como contraprestación por el uso de las
obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas que les han sido
encargadas, cuando la utilización de estas no genere ingresos al usuario.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 7)
Artículo 2.6.1.2.8. Certificación de no uso. En los casos de los establecimientos
de comercio que no utilicen obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o
fonogramas, las personas que los administren, podrán requerir a las sociedades de
gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos una certificación en
tal sentido, para cuyo efecto otorgarán a estas las facilidades de inspección
necesarias y, en tal caso, la sociedad de gestión colectiva de derecho de autor o de
derechos conexos tendrá la obligación de expedir oportuna y gratuitamente la
certificación que así lo haga constar. En caso de iniciar cualquier uso de repertorio,
el establecimiento estará obligado a obtener la autorización correspondiente y, en
ningún caso, podrá exhibir la certificación antes aludida para oponerse a la acción
de la entidad de gestión para licenciar el uso de su repertorio, y obtener el pago
correspondiente.
Parágrafo. Corresponde al utilizador de las obras exhibir ante la autoridad
competente las autorizaciones que hubiere obtenido en forma individual o a través
de la gestión colectiva para el uso de las obras, interpretaciones, ejecuciones
artísticas o fonogramas.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 8)
Artículo 2.6.1.2.9. Legitimación. Las sociedades de gestión colectiva de derecho
de autor o de derechos conexos, una vez obtengan personería jurídica y
autorización de funcionamiento, estarán legitimadas en los términos que resulten de
sus estatutos para ejercer los derechos confiados a su gestión, y hacerlos valer en
toda clase de procedimientos administrativos y judiciales.
Para acreditar dicha legitimación, la sociedad de gestión colectiva únicamente
deberá aportar al inicio del proceso copia de sus estatutos y certificado de existencia
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y representación legal expedido por la Unidad Administrativa Especial Dirección
Nacional de Derecho de Autor.
Corresponderá al demandado acreditar la falta de legitimación de la sociedad de
gestión colectiva.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 9)
Artículo 2.6.1.2.10. Prueba de existencia. Para todos los efectos legales, será
prueba suficiente de la existencia y representación legal de las sociedades de
gestión colectiva, la certificación que expida la Unidad Administrativa Especial
Dirección Nacional de Derecho de Autor, la cual tendrá una vigencia de seis (6)
meses.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 10)
Artículo 2.6.1.2.11. Inspección y vigilancia. Las sociedades de gestión colectiva
de derecho de autor o de derechos conexos, deberán ajustarse en el ejercicio y
cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales y estatutarias, a lo estipulado
en la Decisión Andina 351 de 1993, en la Ley 44 de 1993, en el presente capítulo,
y en las demás normas pertinentes, hallándose sometidas a la inspección y
vigilancia de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de
Autor.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 11)
Artículo 2.6.1.2.12. Facultades de inspección y vigilancia. Sin perjuicio de las
demás atribuciones que establezcan las disposiciones comunitarias, la ley o las
normas reglamentarias, y en el marco de las funciones de inspección y vigilancia, la
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, respecto
de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos,
estará facultada, entre otras, para:
1. Reconocer personería jurídica y otorgar autorización de funcionamiento a las
sociedades de gestión colectiva.
2. Iniciar investigaciones y, si es del caso, imponer sanciones administrativas.
3. Conocer de las impugnaciones que se presenten contra los actos de elección
realizados por la Asamblea General y las Asambleas Seccionales, y los actos
de administración del Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva
de derecho de autor o de derechos conexos.
4. Ejercer control de legalidad a los estatutos adoptados por las sociedades de
gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos.
5. Inscribir, o de ser el caso, negar la inscripción, de los miembros del Consejo
Directivo, de los integrantes del Comité de Vigilancia, del Gerente, del
Secretario, del Tesorero y del Revisor Fiscal de las sociedades de gestión
colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.
6. Ejercer control de legalidad al presupuesto aprobado por las sociedades de
gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos.
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7. Realizar auditorías periódicas o extraordinarias a las sociedades de gestión
colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, con el fin de analizar su
situación contable, económica, financiera, administrativa o jurídica.
8. Solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional o periódica, y en la forma,
detalle y términos que la Dirección Nacional de Derecho de Autor determine, la
información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica,
financiera y administrativa de las sociedades de gestión colectiva de derecho
de autor o de derechos conexos.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2.6.1.2.40 al 2.6.1.2.49, la
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor también
podrá ejercer las facultades señaladas en los literales e), g) y h) respecto de la
entidad recaudadora de que trata el artículo 27 de la Ley 44 de 1993.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 12)
Artículo 2.6.1.2.13. De la información financiera. En cumplimento del artículo 42
de la Ley 44 de 1993, las sociedades de gestión colectiva deberán ajustar la
presentación de sus informes trimestrales de actividades a lo establecido en el
Manual de Buenas Prácticas Contables para las Sociedades de Gestión Colectiva
de Derecho de Autor o de Derechos Conexos, y demás actos administrativos que la
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, expida a
dichos efectos. El incumplimiento de ese mandato dará lugar a las sanciones de tipo
administrativo establecidas en el artículo 38 de la Ley 44 de 1993.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 13)
Artículo 2.6.1.2.14. Competencia. El reconocimiento de la personería jurídica y la
autorización de funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva de derecho de
autor o de derechos conexos, serán concedidas en un solo acto por la Unidad
Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante
resolución motivada y previa concurrencia de los requisitos establecidos en la ley y
en el presente decreto.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 14)
Artículo 2.6.1.2.15. Requisitos. Además de los requisitos exigidos en el artículo 45
de la Decisión Andina 351 de 1993, el reconocimiento de la personería jurídica y la
autorización de funcionamiento de que trata el presente decreto, se sujetarán al
cumplimiento de las siguientes condiciones:
1. Que la solicitud sea suscrita y presentada por la persona que hubiere sido
autorizada por los fundadores, indicando su nombre, identificación y dirección
donde recibirá notificaciones.
2. Que la solicitud contenga la denominación y domicilio de la futura sociedad.
3. Copia del acta o actas de la sesión o sesiones en donde conste la voluntad
inequívoca de los fundadores para constituir y pertenecer a la Sociedad de
Gestión Colectiva, la aprobación de sus estatutos, la elección del representante
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legal y demás dignatarios, las cuales deberán allegarse debidamente suscritas
por el Presidente y Secretario de las sesiones.
Relación de por lo menos cien (100) socios, titulares de derecho de autor o de
derechos conexos, con indicación de su residencia y documento de identidad.
Cada socio debe acreditar que ejerce la titularidad de mínimo una (1) obra,
interpretación o fonograma que sea utilizada públicamente, observando que la
misma se ubique dentro del género de obras o prestaciones que se gestionarán
colectivamente.
Copia de los estatutos debidamente adoptados por la asamblea general, los
cuales además de las exigencias del artículo 23 de la Ley 44 de 1993, deberán
contener:
a) Los derechos que la Sociedad gestionará en nombre de sus socios y
representados.
b) Los derechos y obligaciones de los afiliados de conformidad con el monto
de sus recaudaciones.
c) Normas que permitan el fácil ingreso de titulares de derechos y una
adecuada participación en la Sociedad.
Que se alleguen las hojas de vida de los miembros principales y suplentes del
Consejo Directivo, Presidente, Gerente, Comité de Vigilancia, Secretario,
Tesorero, Revisor Fiscal, de los delegados seccionales si los hubiere, y de
aquellas personas vinculadas con las actividades de la Sociedad, respecto de
las cuales la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de
Autor, considere necesario tener su hoja de vida.
Que se acredite que todas y cada una de las obras, interpretaciones,
ejecuciones o fonogramas de los asociados, se encuentran debidamente
documentadas, entendiéndose por documentación, lo siguiente:
a) Nombre de las obras, interpretaciones, ejecuciones artísticas o fonogramas,
identificación de los correspondientes autores, artistas intérpretes o
ejecutantes y productores de fonogramas, según el caso.
b) Completa identificación de los derechohabientes, si los hubiere, a través del
acto que los acredite como tales.
c) Definición de las reglas de intercambio de documentación e información
entre las sociedades de gestión que representen.
Que se alleguen las tarifas o aranceles a cobrar por las diversas utilizaciones
de obras, interpretaciones, ejecuciones o fonogramas.
Que se suministren los reglamentos de distribución de las remuneraciones que
se recauden por la utilización de las obras, interpretaciones, ejecuciones o
fonogramas administrados, y se indiquen las fechas en que la sociedad
efectuará las correspondientes distribuciones.
Que se acompañen por lo menos los reglamentos de previsión social,
contabilidad, tesorería, cartera, recaudo, distribución y anticipos a afiliados.
La Sociedad deberá presentar un estudio de prospectiva económica, a través
del cual se proyecten sus expectativas en cuanto a las sumas de recaudo,
gastos administrativos y distribución, de los primeros tres (3) años de
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funcionamiento. Las cifras descritas por dicho estudio deben ajustarse a los
parámetros establecidos por el artículo 21 de la Ley 44 de 1993.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 15)
Artículo 2.6.1.2.16. Oposiciones. Con el objeto de que se puedan surtir
oposiciones por parte de terceros interesados respecto a la solicitud de personería
jurídica y la autorización de funcionamiento de una sociedad de gestión colectiva de
derecho de autor o de derechos conexos, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al recibo de la documentación completa a que hace alusión el artículo
anterior, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial
Dirección Nacional de Derecho de Autor, autorizará a costa del peticionario, la
publicación de un aviso en un diario de amplia circulación nacional sobre la intención
de la sociedad de gestión colectiva de obtener la personería jurídica y la autorización
de funcionamiento, en el cual se exprese, al menos, el nombre de la sociedad, su
domicilio principal, la calidad de las personas que asocia y los derechos que
pretende gestionar.
Parágrafo. A partir de la ejecutoria del acto que autorice la publicación de que trata
este artículo, el peticionario cantará con un plazo de diez (10) días hábiles para
realizar la primera publicación. Si esta primera publicación no se realiza dentro de
este plazo se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 16)
Artículo 2.6.1.2.17. Publicación del aviso. El aviso será publicado en dos (2)
ocasiones con un intervalo de siete (7) días hábiles, con el propósito de que terceros
interesados puedan presentar, personalmente o por medio de apoderado, ante el
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial Dirección
Nacional de Derecho de Autor, oposiciones en relación con dicha intención, las que
deberán presentarse a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de la última publicación.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 17)
Artículo 2.6.1.2.18. Calidad de tercero interesado. Se considera parte interesada
la persona natural o jurídica que demuestre sumariamente un interés en las resultas
de la decisión, en el entendido que podría resultar afectada con la misma. Además,
la aposición deberá fundarse en que la solicitud de autorización de funcionamiento
presentada es contraria a la ley.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 18)
Artículo 2.6.1.2.19. Contenido de la oposición. La oposición deberá contener, por
lo menos, los siguientes requisitos:
1. Un relato detallado de los hechos.
2. Enunciación de las causales de oposición, mencionando las normas legales o
estatutarias que se estimen violadas.
3. Petición y aporte de las pruebas que se pretendan hacer valer.
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4. Dirección del oponente para notificaciones.
5. Nombre, identificación, calidad y firma de quien suscribe la oposición.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 19)
Artículo 2.6.1.2.20. Admisión, inadmisión o rechazo de la oposición. A partir de
la fecha de recibo de la oposición, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad
Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, tendrá un término
de quince (15) días hábiles para admitirla o rechazarla.
La inadmitirá por una sola vez, cuando su contenido o sus anexos no se ajusten a
lo requerido en el artículo anterior, evento en el cual deberá ajustarse en un término
no superior a tres (3) días hábiles so pena de rechazo.
La rechazará, cuando se presente fuera del término, cuando quien presente la
oposición no reúna la calidad de tercero interesado, o cuando no hubiese sido
corregida en el término correspondiente.
Admitida la oposición se dará traslado a quien hubiere solicitado el reconocimiento
de personería jurídica y autorización de funcionamiento.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 20)
Artículo 2.6.1.2.21. Contestación a la oposición. Una vez el peticionario tenga
conocimiento de la existencia de la oposición, contará con un término de diez (10)
días hábiles para pronunciarse sobre la misma, así como para aportar y solicitar las
pruebas que considere pertinentes.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 21)
Artículo 2.6.1.2.22. Decreto de pruebas. Dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al vencimiento del plazo descrito en el artículo anterior, el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional
de Derecho de Autor, podrá decretar la práctica de pruebas, de oficio o a petición
de parte interesada, o aceptar las que le fueren presentadas, así como la realización
de visitas a las instalaciones que se hubieren dispuesto para el funcionamiento de
la futura sociedad de gestión colectiva, en cuanto lo considere útil para la
verificación de los hechos que contribuyan a dilucidar el asunto de la oposición.
En el auto que decrete pruebas, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad
Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, señalará el término
para la práctica de las mismas, que en todo caso no podrá exceder de quince (15)
días hábiles contados a partir de la ejecutoria del auto que las decrete.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 22)
Artículo 2.6.1.2.23. Resolución de la oposición. La resolución que decida la
oposición presentada, será proferida por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, dentro de
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los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento del término de la etapa
probatoria.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 23)
Artículo 2.6.1.2.24. Resolución de la solicitud de personería jurídica y de
autorización de funcionamiento. De no haberse presentado oposición alguna a la
solicitud, el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección
Nacional de Derecho de Autor, proferirá resolución negando o concediendo la
respectiva personería jurídica y autorización de funcionamiento a la Sociedad
solicitante, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo
establecido en el artículo 2.6.1.2.17.
Si se hubieren presentado oposiciones, el Director General de la Unidad
Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, resolverá la
solicitud de personería jurídica y de autorización de funcionamiento dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria del acto que resuelva la
oposición.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 24)
Artículo 2.6.1.2.25. Criterios de la resolución. El acto que resuelva la solicitud de
personería jurídica y de autorización de funcionamiento se expedirá teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
1. Que de los datos aportados y de la información recopilada, se desprenda que
la sociedad reúne las condiciones necesarias para asegurar la correcta
administración de los derechos cuya gestión le va a ser encomendada.
2. Que sea comprobada la probidad e idoneidad de los miembros del consejo
directivo, comité de vigilancia, gerente, secretario, tesorero, revisor fiscal, y de
aquellas personas que participen en la gestión del derecho de autor o de los
derechos conexos.
3. Que los estatutos de la Sociedad se encuentran acordes con la ley. De ser así,
la resolución que conceda la personería jurídica y la autorización de
funcionamiento impartirá su aprobación.
4. Que sea representativo el volumen del repertorio que se aspira a administrar.
5. Que cuente con los medios adecuados para el cumplimiento de sus fines.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 25)
Artículo 2.6.1.2.26. Competencia. La Unidad Administrativa Especial Dirección
Nacional de Derecho de Autor, a través de la Oficina Asesora Jurídica, conocerá de
las impugnaciones que se presenten contra los actos de elección realizados por la
Asamblea General y las Asambleas Seccionales, y los actos de administración del
Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de
derechos conexos.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 39)
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Artículo 2.6.1.2.27. Legitimidad para impugnar. Cualquier afiliado de las
sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, podrá
impugnar ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de
Autor los actos descritos en el artículo anterior.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 40)
Artículo 2.6.1.2.28. Causales. Los actos descritos en el artículo 2.6.1.2.26 serán
impugnables cuando se opongan a la ley y/o a los estatutos de la correspondiente
sociedad de gestión colectiva, sin perjuicio de la competencia de la justicia ordinaria
sobre los mismos hechos.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 41)
Artículo 2.6.1.2.29. Término para presentar la impugnación. La impugnación
deberá presentarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de
ocurrencia de los actos que se impugnan.
Parágrafo. Cuando el acto impugnado implique efectos particulares para algún
miembro de la sociedad de gestión colectiva, el término para interponer la
impugnación se contará desde el día siguiente a la notificación del acto.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 42)
Artículo 2.6.1.2.30. Contenido de la impugnación. La impugnación deberá
contener por lo menos, los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nombre, identificación, calidad y firma de quien suscribe la impugnación.
Dirección del impugnante para notificaciones.
Nombre de la Sociedad y órgano social que lo emitió.
Identificación precisa del acto que se impugna.
Un relato detallado de los hechos.
Enunciación de la causal de impugnación, mencionando las normas legales o
estatutarias que se estimen violadas.
7. Petición y aporte de las pruebas que se pretendan hacer valer.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 43)
Artículo 2.6.1.2.31. Anexos de la impugnación. A la impugnación deberán
anexarse los siguientes documentos:
1. Copia del acto que se impugna, que será de obligatoria expedición por parte del
secretario de la Sociedad, o constancia de haber elevado la correspondiente
petición.
2. Constancia expedida por la secretaría de la Sociedad en donde figure la
condición de miembro del impugnante. Esta constancia, igualmente será de
obligatoria expedición.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 44)
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Artículo 2.6.1.2.32. Suspensión provisional. El Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, de oficio o a petición de parte, podrá suspender el acto que se impugna
cuando este sea manifiestamente contrario a la ley o a los estatutos, con el fin de
evitar un perjuicio grave. La petición de suspensión por parte del interesado, deberá
presentarse junto con la solicitud de impugnación, exponiendo las razones en las
cuales se apoya según la naturaleza del acto cuya impugnación se solicita.
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica decidirá la suspensión dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la presentación de impugnación.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 45)
Artículo 2.6.1.2.33. Efectos de la impugnación. La sola presentación de la
impugnación no afecta la validez y efectos de los actos que se impugnan, a menos
que estos se suspendan por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en los términos
del artículo anterior.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 46)
Artículo 2.6.1.2.34. Admisión o rechazo de la impugnación. A partir de la fecha
de recibo de la impugnación el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, tendrá un término
de diez (10) días hábiles para dictar auto, admitiéndola o rechazándola.
La inadmitirá por una sola vez, cuando su contenido o sus anexos no se ajusten a
lo requerido, evento en el cual deberá ajustarse en un término no superior a tres (3)
días hábiles so pena de rechazo.
La rechazará, cuando se presente fuera del término, cuando el impugnante no
demuestre su legitimidad para actuar, el acto impugnado no sea objeto de tal
procedimiento, o cuando no hubiese sido corregida en el término correspondiente.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 47)
Artículo 2.6.1.2.35. Traslado de la impugnación. Una vez notificada de la
admisión de la impugnación, la sociedad de gestión colectiva de derecho de autor
o de derechos conexos, contará con un término de diez (10) días hábiles para
pronunciarse sobre los hechos y cargos de la misma, así como para aportar y
solicitar las pruebas que considere pertinentes.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 48)
Artículo 2.6.1.2.36. Decreto y práctica de pruebas. Dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes al vencimiento del plazo descrito en el artículo anterior, el Jefe de
la Oficina Asesora Jurídica, podrá decretar la práctica de pruebas de oficio, o
aceptar las que le fueren presentadas, en cuanto lo considere útil para la verificación
de los hechos que contribuyan a dilucidar el asunto de la impugnación.
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En el auto que decrete pruebas, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica señalará el
término para la práctica de las mismas, que en todo caso no podrá exceder de
quince (15) días hábiles contados desde la ejecutoria del auto que las decrete.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 49)
Artículo 2.6.1.2.37. Decisión. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica proferirá la
resolución que decida sobre la validez o nulidad de los actos objeto de la
Impugnación en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados partir del
vencimiento del término probatorio.
Cuando no se hubiere solicitado la práctica de pruebas, o cuando el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica no considere necesario su realización de oficio, el término
para resolver se contará desde el vencimiento del plazo descrito en el artículo
2.6.1.2.35.
Parágrafo. La resolución deberá ser debidamente motivada, citando los hechos de
la controversia, las pruebas en su conjunto, las normas legales y estatutarias
aplicables, los argumentos de las partes y el análisis de las peticiones de manera
que no quede cuestión pendiente entre estas y los mismos hechos, y determinará
la imposición de sanciones respecto de la Sociedad si es del caso, conforme el
artículo 47 de la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena y el artículo 38 de la Ley
44 de 1993.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 50)
Artículo 2.6.1.2.38. Mérito ejecutivo. Las resoluciones que impongan sanciones
de multa prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva en los términos que
señale la ley.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 51)
Artículo 2.6.1.2.39. Acciones legales. Sin perjuicio de las decisiones
administrativas que la Dirección Nacional de Derecho de Autor tome con
fundamento en los resultados de la impugnación, las sociedades de gestión
colectiva, a través de su representante legal, deberán ejercer las acciones legales
pertinentes cuando de los hechos de la impugnación pudiere generarse algún tipo
de responsabilidad en las personas involucradas.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 52)
Artículo 2.6.1.2.40. Constitución y finalidad. A los efectos del artículo 27 de Ley
44 de 1993, la entidad recaudadora constituida por las sociedades de gestión
colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, con personería jurídica y
autorización de funcionamiento expedidas por la Unidad Administrativa Especial
Dirección Nacional de Derecho de Autor, tiene por finalidad exclusiva garantizar el
debido recaudo de las remuneraciones provenientes de la comunicación al público
de las obras musicales, las interpretaciones, ejecuciones artísticas o los fonogramas
musicales.
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(Decreto 3942 de 2010, artículo 53)
Artículo 2.6.1.2.41. Personería jurídica y autorización de funcionamiento. La
ventanilla única de que trata el artículo 47 del Decreto-Ley 019 de 2012 o la entidad
recaudadora, deberá obtener de la Unidad Administrativa Especial Dirección
Nacional de Derecho de Autor, personería jurídica y autorización de funcionamiento,
previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Acta del Consejo Directivo o de la Asamblea General de cada una de las
sociedades de gestión colectiva o titulares de derecho de autor o de derechos
conexos que constituyen la ventanilla única o la entidad recaudadora, donde
conste su voluntad inequívoca de autorizar su conformación y de pertenecer a
esta. En caso de que se trate de un gestor individual, comunicación escrita
indicando su voluntad inequívoca de autorizar su conformación y de pertenecer
a esta.
2. Copia del acta en donde conste la constitución y aprobación de los estatutos de
la ventanilla única o de la entidad recaudadora, suscrita por los representantes
legales de las sociedades de gestión colectiva y de los demás titulares que la
integran.
3. Copia de los estatutos debidamente aprobados.
4. Copia de las tarifas o del mecanismo previsto para la fijación de mismas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Decreto-Ley 019 de 2012,
definidas para la ventanilla única o la entidad recaudadora.
5. Copia de los reglamentos de contabilidad, tesorería, cartera, recaudo y
distribución.
Parágrafo. El reglamento de distribución deberá indicar la fecha en la cual la
ventanilla única o la entidad recaudadora efectuará los respectivos repartos a las
sociedades o titulares que la integren.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 54; Decreto 2717 de 2012, artículo 1)
Artículo 2.6.1.2.42. Régimen estatutario. Los estatutos de la entidad recaudadora
deberán contener cuando menos:
1. Denominación, domicilio y ámbito territorial de sus actividades.
2. El Objeto Social, el cual deberá contener la atribución de la entidad para
recaudar las sumas debidas por los usuarios a las sociedades de gestión
colectiva de autores de obras musicales y a las sociedades de gestión colectiva
de artistas intérpretes o ejecutantes de obras musicales y productores de
fonogramas, por concepto de la comunicación pública de sus repertorios.
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3. Derechos y obligaciones de las sociedades que la conforman y forma de
ejercicio del derecho al voto.
4. Determinación del sistema y procedimiento de elección de sus directivas.
5. Formas de dirección, organización, administración y vigilancia interna.
6. Composición de los órganos de dirección y control y fijación de sus funciones.
7. Duración de cada ejercicio económico y financiero.
8. Reglas para su disolución y liquidación.
9. Reglas para la administración de sus activos y pasivos, expedición y ejecución
de sus presupuestos, y presentación de sus informes financieros.
10. Procedimientos para la reforma de sus estatutos.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 56)
Artículo 2.6.1.2.43. Reconocimiento. El Director de la Unidad Administrativa
Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, mediante resolución motivada,
dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud,
y una vez la Oficina Asesora Jurídica establezca el cumplimiento de las exigencias
señaladas en el artículo anterior, reconocerá personería jurídica y autorización de
funcionamiento a la entidad recaudadora e impartirá aprobación a sus estatutos o,
en caso contrario, negará la solicitud.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 57)
Artículo 2.6.1.2.44. Control de legalidad sobre el régimen estatutario. Los
estatutos que adopte la entidad recaudadora, así como sus futuras modificaciones,
se someterán al control de legalidad ante el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, a los
que una vez revisados y hallados acorde con la ley, impartirá su aprobación.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 58)
Artículo 2.6.1.2.45. Gastos de administración. El treinta por ciento (30%) máximo
de gastos de administración determinado por el artículo 21 de la Ley 44 de 1993
deberá cubrir la parte que le corresponda a cada Sociedad de gestión colectiva por
los gastos de administración de la entidad recaudadora. En consecuencia, en el
treinta por ciento (30%) máximo de los gastos de cada sociedad integrante de la
entidad recaudadora, deberán incluirse los gastos de la sociedad y de la entidad
recaudadora en su parte correspondiente.
Parágrafo. Con el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en este
artículo, la entidad recaudadora que se constituya con sujeción al artículo 27 de la
Ley 44 de 1993, deberá ajustar la presentación de sus informes financieros a lo
establecido en el Manual de Buenas Prácticas Contables para las sociedades de
gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, y demás actos
administrativos que la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de
Derecho de Autor expida a dichos efectos. El incumplimiento de este mandato dará
lugar a las sanciones de tipo administrativo establecidas en el artículo 38 de la Ley
44 de 1993.
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(Decreto 3942 de 2010, artículo 59)
Artículo 2.6.1.2.46. De la información financiera. La entidad recaudadora deberá
remitir a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor,
la siguiente información:
1. Informes semestrales de actividades operacionales, discriminados mes a mes,
dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al término de cada
semestre.
Con el respectivo informe se deberá allegar:
a) Balance y anexos,
b) Informe de gestión colectiva,
c)
Análisis del presupuesto frente al real ejecutado.
Los semestres se contarán a partir del primero de enero de cada año.
2. Copia de los siguientes estados financieros comparados a 31 de diciembre del
año inmediatamente anterior, dentro de los tres primeros meses de cada año:
a) Balance general,
b) Estado de flujo de efectivo,
c)
Notas explicativas de los mismos,
d) Dictamen del revisor fiscal.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 60)
Artículo 2.6.1.2.47. Investigaciones. Con el objeto de verificar el cumplimento de
las normas legales, estatutarias y reglamentarias, la Unidad Administrativa Especial
Dirección Nacional de Derecho de Autor, de oficio o por queja presentada por un
miembro o por un usuario, está facultada para investigar la entidad recaudadora
descrita en el artículo 27 de la Ley 44 de 1993, para lo cual podrá solicitar las
informaciones y documentos, practicar las pruebas y realizar las visitas que sean
necesarias. En caso de encontrar algún tipo de irregularidad podrá imponer a la
entidad recaudadora las sanciones descritas por el artículo 38 de la Ley 44 de 1993.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 61; Decreto 1258 de 2012, artículo 48)
Artículo 2.6.1.2.48. Adecuación para la organización recaudadora. Si al 25 de
octubre de 2010 las sociedades de gestión colectiva facultadas para gestionar obras
musicales, interpretaciones artísticas, ejecuciones o fonogramas, hubieren
conformado una entidad recaudadora, esta se adecuará a lo dispuesto en el
presente capítulo, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de
esa fecha.
Parágrafo. El no cumplimiento de lo dispuesto en este artículo impedirá que la
entidad recaudadora que ya se hubiere constituido continúe desarrollando su objeto
social.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 62)
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Artículo 2.6.1.2.49. Norma de clausura. Lo no resuelto por los artículos 2.6.1.2.40
a 2.6.1.2.48, se definirá por la Decisión Andina 351 de 1993, la Ley 44 de 1993, y
las demás normas que regulen la gestión colectiva de derecho de autor o de
derechos conexos.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 63)
Artículo 2.6.1.2.50. Adecuación. Las sociedades de gestión colectiva de derecho
de autor o de derechos conexos que en la actualidad cuenten con autorización de
funcionamiento, deberán ajustarse, en lo que resulte necesario a lo descrito en el
presente Capítulo.
Los documentos que se requieran para estos efectos, y que reposen en la Unidad
Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, no se exigirán
nuevamente.
Parágrafo. El no cumplimiento de lo dispuesto en este artículo dejará sin efecto la
autorización de funcionamiento ya concedida.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 64)
Artículo 2.6.1.2.51. Ingresos financieros. Cuando los estatutos de las sociedades
de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos o de la entidad
recaudadora permitan la realización de inversiones para la consecución de
rendimientos financieros tendientes a mantener el poder adquisitivo del dinero, tales
rendimientos deberán acrecer los rubros de donde fueron tomados los dineros
objeto de la inversión.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 65)
Artículo 2.6.1.2.52. Asistencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección
Nacional de Derecho de Autor a las Asambleas y Consejos Directivos. En
desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, la Unidad Administrativa
Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá designar un representante
que asista con voz pero sin voto a las asambleas generales o seccionales, o a las
reuniones del consejo directivo de las sociedades de gestión colectiva de derecho
de autor o de derechos conexos o de la entidad recaudadora.
(Decreto 3942 de 2010, artículo 66)
CAPÍTULO 3
Inscripción de soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho
de Autor
Artículo 2.6.1.3.1 Soporte lógico. De conformidad con lo previsto en la Ley 23 de
1982 sobre Derechos de Autor, el soporte lógico (software) se considera como una
creación propia del dominio literario.
(Decreto 1360 de 1989, artículo 1)
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Artículo 2.6.1.3.2 Elementos. El soporte lógico (software) comprende uno o varios
de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción de
programa y el material auxiliar.
(Decreto 1360 de 1989, artículo 2)
Artículo 2.6.1.3.3 Definiciones. Para los efectos del artículo anterior se entiende
por:
1. "Programa de computador": La expresión de un conjunto organizado de
instrucciones, en lenguaje natural o codificado, independientemente del medio
en que se encuentre almacenado, cuyo fin es el de hacer que una máquina
capaz de procesar información, indique, realice u obtenga una función, una
tarea o un resultado específico.
2. "Descripción de Programa: Una presentación completa de procedimientos en
forma idónea, lo suficientemente detallada para determinar un conjunto de
instrucciones que constituya el programa de computador correspondiente.
3. "Material auxiliar": Todo material, distinto de un programa de computador o de
una descripción de programa, creado para facilitar su comprensión o aplicación,
como por ejemplo, descripción de problemas e instrucciones para el usuario.
(Decreto 1360 de 1989, artículo 3)
Artículo 2.6.1.3.4 Obra inédita. El soporte lógico (software), será considerado
como obra inédita, salvo manifestación en contrario hecha por el titular de los
derechos de autor.
(Decreto 1360 de 1989, artículo 4)
Artículo 2.6.1.3.5 Requisitos. Para la inscripción del soporte lógico (software) en
el Registro Nacional del Derecho de Autor, deberá diligenciarse una solicitud por
escrito que contenga la siguiente información:
1. Nombre, identificación y domicilio del solicitante, debiendo manifestar si habla a
nombre propio o como representante de otra en cuyo caso deberá acompañar
la prueba de su representación.
2. Nombre e identificación del autor o autores.
3. Nombre del productor.
4. Título de la obra, año de creación, país de origen, breve descripción de sus
funciones, y en general, cualquier otra característica que permita diferenciarla
de otra obra de su misma naturaleza.
5. Declaración acerca de si se trata de obra original o si por el contrario, es obra
derivada.
6. Declaración acerca de si la obra es individual, en colaboración, colectiva,
anónima, seudónima o póstuma.
(Decreto 1360 de 1989, artículo 5)
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Artículo 2.6.1.3.6 Requisitos adicionales. A la solicitud de que trata el artículo
anterior, deberá acompañarse por lo menos uno de los siguientes elementos: el
programa de computador, la descripción de programa y/o el material auxiliar.
(Decreto 1360 de 1989, artículo 6)
Artículo 2.6.1.3.7 Protección. La protección que otorga el derecho de autor al
soporte lógico (software), no excluye otras formas de protección por el derecho
común.
(Decreto 1360 de 1989, artículo 7)
CAPÍTULO 4
De la autorización de los titulares del derecho de reproducción o de la
sociedad de gestión colectiva que lo represente
Artículo 2.6.1.4.1. Autorización en establecimientos educativos. Los
establecimientos educativos que ofrezcan educación formal en cualquiera de sus
niveles, preescolar, básica, media o las instituciones que ofrecen educación
superior, o educación para el trabajo y el desarrollo humano, y las entidades de
derecho público o privado que ofrezcan programas de capacitación dirigidos a
terceros o a sus propios servidores, empleados o trabajadores, en los que se preste
el servicio de reprografía deben contar con la autorización de los titulares del
derecho de reproducción o de la sociedad de gestión colectiva que lo represente,
para garantizar la debida protección del derecho de autor.
(Decreto 1070 de 2008, artículo 1)
Artículo 2.6.1.4.2. Autorización en establecimientos de comercio. Las
empresas o establecimientos de comercio que presten el servicio de reprografía,
deben igualmente contar con la autorización de los titulares del derecho de
reproducción o de la sociedad de gestión colectiva que los represente, para los
mismos fines indicados en el artículo anterior.
(Decreto 1070 de 2008, artículo 2)
CAPÍTULO 5
De los espectáculos públicos de las artes escénicas: cumplimento del
derecho de autor y funciones de inspección, vigilancia y control de la Unidad
Administrativa Especial - Dirección Nacional de Derecho de Autor
Artículo 2.6.1.5.1. Objeto. El objeto del presente Capítulo es establecer medidas
de formalización de los espectáculos públicos de las artes escénicas, el
cumplimento del derecho de autor y las funciones de inspección, vigilancia y control
de la Unidad Administrativa Especial -Dirección Nacional de Derecho de Autor sobre
las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor, derechos conexos y
entidades recaudadoras.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 1)
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Artículo 2.6.1.5.2. Condiciones para la aplicación de la deducción por
inversiones. La aplicación de la deducción por inversiones de que trata el artículo
4° de la Ley 1493 de 2011, estará sujeta a las siguientes condiciones:
1. El responsable del proyecto de infraestructura deberá presentar ante el Comité
de Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas
(CIEPA), previsto en el artículo 2.6.1.5.3 de este Capítulo, un proyecto de inversión
en infraestructura de escenarios para la presentación y realización de espectáculos
públicos de las artes escénicas. Para el efecto, se entiende por proyecto de
infraestructura el conjunto de estudios, diseños y obras de arquitectura e ingeniería,
así como la dotación de elementos e instalaciones necesarios para el desarrollo de
los mencionados espectáculos.
Los proyectos presentados deberán estar orientados a la construcción, adecuación
y/o mantenimiento de escenarios para la realización de espectáculos públicos de
las artes escénicas, en alguna(s) de las siguientes modalidades:
1.1 Diseño, construcción, modificación y reparación de edificaciones, estructuras,
instalaciones y equipos que garanticen la estabilidad, resistencia y preserven la
seguridad, la salubridad y el bienestar de los asistentes a los espectáculos
públicos de las artes escénicas, conforme a lo dispuesto en la Ley 400 de 1997
y sus decretos reglamentarios.
1.2 Diseño, construcción, modificación, reparación y dotación de instalaciones,
equipos, elementos artísticos o de otra índole, necesarios para la realización de
espectáculos públicos de las artes escénicas.
1.3 Diseño, dotación y modernización de escenarios con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) requeridas para la realización de
espectáculos públicos de las artes escénicas, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1341 de 2009.
2. Cuando el proyecto reúna las condiciones señaladas en el inciso anterior, el
Comité de Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes
Escénicas (CIEPA), lo calificará como un proyecto de infraestructura de escenarios
para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas que da derecho
a la deducción por inversiones prevista en el artículo 4° de la Ley 1493 de 2011.
3. La deducción se deberá solicitar en la declaración del Impuesto sobre la Renta y
Complementarios correspondiente al año gravable en que se realiza la inversión, y
la base de su cálculo corresponde a los gastos, adquisiciones y/o aportes
efectuados para el desarrollo del/los proyecto(s) de infraestructura de escenarios
para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas. Cuando estos
proyectos tomen más de un período gravable para su diseño y/o construcción, la
deducción se aplicará sobre la base de la inversión efectuada en cada año gravable.
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Parágrafo 1. Las inversiones aceptables para efectos de lo previsto en este artículo
deberán realizarse preferiblemente en dinero. Las inversiones en especie deberán
valorarse de conformidad a las disposiciones previstas en el Estatuto Tributario.
Parágrafo 2. Los recursos de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos
de las artes escénicas de que trata el artículo 7° de la Ley 1493 de 2011, no podrán
hacer parte de las deducciones solicitadas en las declaraciones del Impuesto sobre
la Renta y Complementarios como inversiones beneficiarias del artículo 4° de la
precitada ley.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 2; Decreto 1240 de 2013, artículos 8 y 9, modifica
el numeral 1º y adiciona el parágrafo 2)
Artículo 2.6.1.5.3. Comité de Inversión en Infraestructura (CIEPA). Créase el
Comité de Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes
Escénicas (CIEPA), que tendrá a su cargo la revisión y calificación de los proyectos
de infraestructura de escenarios para la realización de espectáculos públicos de las
artes escénicas que otorga el derecho a la deducción por inversiones de que trata
el artículo 4° de la Ley 1493 de 2011. El CIEPA estará integrado por delegados del
Ministerio de Cultura y la secretaría Técnica del Comité la ejercerá la Dirección de
Artes de este Ministerio o quien haga sus veces.
Los proyectos de infraestructura deberán ser inscritos ante el Ministerio de Cultura.
Una vez radicados, el CIEPA deberá decidir dentro de los dos (2) meses siguientes,
aprobando u objetando la solicitud.
Parágrafo 1°. El Comité adoptará su propio reglamento y los procedimientos para
verificar la inversión realizada.
Parágrafo 2°. La deducción por inversiones reglamentada en este artículo solo
aplicará para las personas naturales o jurídicas que financien proyectos aprobados
previamente por el Comité de Inversión en Infraestructura para Espectáculos
Públicos de las Artes Escénicas.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 3)
Artículo 2.6.1.5.4. Criterios para la revisión y aprobación de proyectos. El
Comité de Inversión en Infraestructura para Espectáculos Públicos de las Artes
Escénicas (CIEPA), revisará y calificará los proyectos de infraestructura de
escenarios para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas que
otorgan derecho a la deducción por inversiones, atendiendo a los siguientes criterios
mínimos:
1. El proyecto deberá estar enfocado en la construcción, adecuación y/o
mantenimiento de escenarios cuya vocación, finalidad, actividad principal y giro
habitual consiste en la presentación y circulación de espectáculos públicos de
las artes escénicas.
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2. Presupuesto detallado, calculado en pesos colombianos.
3. Estrategias de financiación para concluir el proyecto.
4. Viabilidad técnica en el diseño del proyecto así como en la fase de factibilidad,
atendiendo a los componentes jurídico, arquitectónico, económico, social,
ambiental y cultural.
5. Los demás requisitos que establezca el Comité de Inversión en Infraestructura
para Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, de acuerdo con la
modalidad del proyecto.
Parágrafo. Los proyectos de infraestructura presentados ante el CIEPA deberán
venir acompañados de los estudios de factibilidad o preinversión que permitan
verificar los criterios de que trata este artículo.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 4)
Artículo 2.6.1.5.5. Servicios artísticos excluidos de IVA. Los servicios artísticos
excluidos de IVA por el artículo 6° de la Ley 1493 de 2011 son los siguientes:
1. Dirección artística de las artes escénicas representativas;
2. Servicios de interpretación, ejecución, composición y realización artística de
música, danza, teatro, circo, magia y todas sus prácticas derivadas;
3. Realización de diseños y planos técnicos con los requisitos de iluminación y
sonido;
4. Elaboración de libretos y guiones de las artes representativas. No incluye
televisión y cine;
5. Diseño, creación y construcción de escenarios, tarimas, y equipos de
iluminación, sonido y audiovisuales;
6. Diseño y elaboración de vestuario, zapatería, maquillaje y tocados de las artes
representativas. No incluye televisión y cine.
Parágrafo. Las actividades descritas en los numerales 3, 5 y 6, deberán estar
asociadas exclusivamente a la escenografía de los espectáculos públicos de las
artes escénicas.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 5)
Artículo 2.6.1.4.6. Administración de recursos. Los recursos de la contribución
parafiscal asignados a los municipios y distritos conforme a lo establecido en el
artículo 13 de la Ley 1493 de 2011, no harán unidad de caja y su administración
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deberá hacerse en cuentas de ahorros separadas de los demás recursos del
presupuesto de la entidad distrital o municipal.
Los rendimientos financieros de los mencionados recursos que se generen una vez
entregados a la entidad territorial, se invertirán para los mismos fines que fueron
transferidos, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1493 de 2011.
Parágrafo. Los valores recaudados en cada vigencia que excedan el monto de la
apropiación, serán girados por el Ministerio de Cultura a los municipios y distritos en
el primer trimestre de la siguiente vigencia.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 6)
Artículo 2.6.1.5.7. Hecho generador y base gravable de la contribución
parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas. De conformidad
con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1493 de 2011, el hecho generador de
la contribución parafiscal cultural, será la venta de boletería o entrega de derechos
de asistencia a los espectáculos públicos de las artes escénicas,
independientemente de la fecha en que se realice el espectáculo.
La contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas estará
a cargo de los productores, quienes son los responsables de su recaudo,
declaración y pago. La contribución parafiscal corresponde al 10% del valor de la
boletería o derecho de asistencia, cualquiera sea su denominación o forma de pago,
cuyo precio individual sea igual o superior a 3 UVT.
La base gravable de la contribución parafiscal está constituida por el precio
individual de la boleta o derecho de asistencia.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 6-1; Decreto 1240 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.6.1.5.8. Responsables de la contribución parafiscal de los
espectáculos públicos de las artes escénicas. Los productores permanentes y
ocasionales de los espectáculos públicos de las artes escénicas serán los
responsables del recaudo, cuando sea el caso, y presentación y pago de la
declaración de la contribución parafiscal de que trata el artículo 7° de la Ley 1493
de 2011.
Parágrafo 1°. Los responsables de la contribución parafiscal y los agentes
retenedores deberán efectuar el pago de la contribución en la cuenta que disponga
el Ministerio de Cultura, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, y podrán hacer uso de transferencias electrónicas de fondos, abonos en
cuenta y demás medios que para el efecto disponga el Ministerio de Cultura.
Parágrafo 2°. Los responsables de la contribución parafiscal de los espectáculos
públicos de las artes escénicas deducirán de la contribución parafiscal a consignar,
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el monto de las retenciones que les hayan efectuado, según lo establecido en los
artículos 2.6.1.5.12 al 2.6.1.5.20 del presente Capítulo.
Parágrafo 3°. Los responsables de la contribución parafiscal de los espectáculos
públicos de las artes escénicas deberán llevar en su contabilidad dos cuentas
especiales denominadas “Contribución Para fiscal de los Espectáculos Públicos de
las Artes Escénicas por Pagar”, y otra denominada “Retención en la Fuente
Contribución Para fiscal de los Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas”, que
se afectarán respectivamente con los valores causados de la contribución y con el
valor retenido por parte de los agentes de retención, las cuales se cancelarán
cuando se presente y pague la contribución.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 7; Decreto 1240 de 2013, artículo 11)
Artículo 2.6.1.5.9. Presentación de la declaración de la contribución parafiscal
de los espectáculos públicos de las artes escénicas. Los sujetos pasivos de la
contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas que sean
productores permanentes según lo establecido en la Ley 1493 de 2011, presentarán
una declaración bimestral ante el Ministerio de Cultura, a través del mecanismo
electrónico dispuesto por esta entidad.
Parágrafo 1. Los períodos bimestrales para la declaración de la contribución
parafiscal de que trata este artículo son: enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio;
julio-agosto; septiembre-octubre; y noviembre-diciembre. En cada vigencia fiscal, la
declaración de la contribución parafiscal deberá ser presentada dentro de los
mismos plazos establecidos por el Gobierno Nacional para presentar la declaración
del IVA.
Parágrafo 2. Los productores ocasionales presentarán una declaración por cada
espectáculo público que realicen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
su realización. Además, deberán constituir las garantías o pólizas de seguro que
reglamente el Ministerio de Cultura, las cuales deberán amparar el pago de la
contribución parafiscal.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 8)
Artículo 2.6.1.5.10. Contenido de la declaración de la contribución parafiscal
de los espectáculos públicos de las artes escénicas. La declaración de la
contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas de que
trata el artículo 2.6.1.5.6 del presente Capítulo, deberá contener:
1. El formulario que para el efecto prescriba el Ministerio de Cultura, debidamente
diligenciado y suscrito por el productor.
2. La información necesaria para la identificación y ubicación del productor.
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3. La discriminación de los factores necesarios para determinar el hecho
generador en los espectáculos públicos de las artes escénicas realizados en el
bimestre.
4. La información del pago correspondiente.
5. Un anexo que contenga el listado en el que se discrimine el pago de la
contribución parafiscal según la entidad territorial donde se hayan realizado los
espectáculos públicos de las artes escénicas, en el formato que para el efecto
adopte el Ministerio de Cultura. Este se presentará junto con la declaración y
hace parte integral de la misma.
Parágrafo 1. Las declaraciones de que trata este artículo deben contener la
información del pago correspondiente de la contribución parafiscal de las artes
escénicas. Las declaraciones que se remitan sin pago se entenderán como no
presentadas.
Parágrafo 2. Las declaraciones que omitan el diligenciamiento del anexo que
contiene el listado que discrimine el pago de la contribución parafiscal, según la
entidad territorial de que trata el numeral 5 del presente artículo, se entenderán
como no presentadas.
Parágrafo 3. El Ministerio de Cultura mediante resolución deberá implementar los
mecanismos tecnológicos necesarios para capturar y sistematizar la información y
definirá la fecha de entrada en vigencia del mecanismo de que trata este artículo.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 9)
Artículo 2.6.1.5.11. Espectáculos con entrega anticipada de boletería. Cuando
se realicen espectáculos públicos de las artes escénicas con entrega anticipada de
boletería, los productores permanentes y ocasionales deberán presentar la
declaración y pago de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las
artes escénicas en los plazos establecidos en la Ley 1493 de 2011 y en el presente
Capítulo.
Por su parte, los agentes retenedores de boletería presentarán la declaración de
retención, en la que se incluyan las retenciones efectuadas por este concepto en el
periodo.
Para estos efectos, se entiende que existe entrega anticipada de boletería, cuando
el adquirente transfiere el valor de la boleta o derecho de asistencia, en forma previa
al momento en que se realice el espectáculo público de las artes escénicas.
En caso de que el espectáculo público no se realice, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 2.6.1.5.4 del presente Capítulo.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 10; Decreto 1240 de 2013, artículo 12)
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Artículo 2.6.1.5.12. Retención de la contribución parafiscal de los
espectáculos públicos de las artes escénicas. Los agentes de retención
definidos en el artículo 2.6.1.5.13, realizarán la retención prevista en el artículo 9°
de la Ley 1493 de 2011. La retención de la contribución parafiscal de los
espectáculos públicos de las artes escénicas aplicable por los agentes de retención,
a título de contribución parafiscal de las artes escénicas, tendrá una tarifa del diez
por ciento (10%) sobre el valor total de la boletería o derechos de asistencia
generados en el correspondiente mes, cuyo precio o costo individual sea igual o
superior a 3 UVTS.
La retención de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes
escénicas, se realizará sobre los ingresos que perciben los operadores de boletería
a nombre del productor, la cual deberá causarse en el momento de la venta de la
respectiva boleta al público, o de la entrega del derecho de asistencia.
No formará parte de la base de retención el valor de la retribución que recibe el
operador de boletería ni el importe de los gastos asociados a la comercialización o
distribución que se cobra por parte de ellos.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 11; Decreto 1240 de 2013, artículo 13)
Artículo 2.6.1.5.13. Agentes de retención. Son agentes de retención de la
contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, quienes
se encarguen de la venta de boletas o entrega de derechos de asistencia a dichos
espectáculos, la cual se practica según lo establecido en el artículo anterior.
Parágrafo 1. Para los efectos del presente decreto, se denominan operadores de
boletería a las personas naturales o jurídicas, que contratan los productores de
espectáculos públicos de las artes escénicas para la comercialización de las boletas
o entrega de derechos de asistencia, a través de las herramientas informáticas, el
sistema en línea y los diferentes canales de venta y entrega implementados para tal
fin”.
Para efectos del control y fiscalización por parte de la autoridad tributaria, el
operador de boletería designado será el encargado de realizar la impresión del total
de la boletería, la cual para efectos tributarios equivaldrá a una factura de venta.
Parágrafo 2. Los agentes de retención deberán llevar una cuenta denominada
“Retención en la Fuente Contribución Para fiscal de los Espectáculos Públicos de
las Artes Escénicas por Pagar”, la cual se afectará con los valores retenidos de la
contribución y con los pagos realizados.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 12; Decreto 1240 de 2013, artículo 14)
Artículo 2.6.1.5.14. Autorización de operadores de boletería en línea. El
Ministerio de Cultura deberá autorizar al operador de boletería de espectáculos
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públicos de las artes escénicas, para que adopte la venta y distribución de boletería
por el sistema en línea, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Que en el objeto social se encuentre expresamente consagrado la explotación de
un software especializado en venta y asignación al público de boletería de ingreso
a espectáculos públicos de carácter artístico, cultura o deportivo.
2. Que se permita el acceso total a los servidores locales o remotos, que almacenan
la información de venta y distribución de boletería y/o de facturación, con el fin de
permitir a las autoridades tributarias su inspección y extraer por parte de estas la
información que se requiera para una debida auditoría y control de la contribución
parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas.
3. El operador de boletería de espectáculos públicos de las artes escénicas deberá
acreditar, como indicador de solvencia económica, el patrimonio líquido o las
garantías financieras o de compañía de seguros que establezca el Ministerio de
Cultura mediante resolución, entidad que para el efecto tendrá en cuenta como
criterios la cobertura del operador de boletería en el territorio (local, regional o
nacional) y el volumen de operaciones.
Previamente a la autorización de los operadores de boletería, el Ministerio de
Cultura realizará la inspección de los equipos físicos y remotos utilizados por los
operadores de boletería, a fin de establecer si estos cumplen con los requerimientos
tecnológicos adecuados para la boletería que se comercializa en línea.
Parágrafo. En el marco de las competencias y el régimen sancionatorio que le
asigna la Ley 1493 de 2011 a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN), y la Ley 1480 de 2011 a la Superintendencia de Industria y Comercio, estas
entidades realizarán las actuaciones e investigaciones correspondientes a los
agentes de retención que operan en línea sin la debida autorización del Ministerio
de Cultura.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 13; Decreto 1240 de 2013, artículo 15)
Artículo 2.6.1.5.15. Pago de la retención de la contribución parafiscal de los
espectáculos públicos de las artes escénicas. El pago de la retención de la
contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas deberá
ser efectuado en la cuenta que disponga el Ministerio de Cultura, previa autorización
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 14)
Artículo 2.6.1.5.16. Presentación de la declaración de retención de la
contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas.
Los agentes de retención deberán presentar en forma mensual y por vía electrónica
ante el Ministerio de Cultura, la declaración de retención de la contribución parafiscal
de los espectáculos públicos de las artes escénicas, en los plazos que señale el
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Gobierno Nacional para la retención en la fuente. En la declaración mensual se
deben incluir las retenciones de la contribución parafiscal de los espectáculos de las
artes escénicas efectuadas en los términos del artículo 9° de la Ley 1493 de 2011,
realizadas durante el mes anterior al de la respectiva declaración.
Parágrafo 1°. La presentación de la declaración de retención de la contribución
parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas, será obligatoria en
todos los casos, siempre y cuando en el mes se hayan realizado operaciones
sujetas al mismo.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 15)
Artículo 2.6.1.5.17. Contenido de la declaración de retención de la contribución
parafiscal de los espectáculos públicos de las artes escénicas. La declaración
de retención de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes
escénicas de que trata el artículo 2.6.1.5.16, deberá contener:
1. El formulario que para el efecto prescriba el Ministerio de Cultura, debidamente
diligenciado y suscrito por el agente retenedor.
2. La información necesaria para la identificación y ubicación del agente retenedor.
3. La discriminación de los factores necesarios para determinar el hecho
generador en los espectáculos públicos de las artes escénicas realizados en el
bimestre.
4. La información del pago correspondiente.
5. Un anexo que contenga el listado en el que se discrimine el pago de la
contribución parafiscal según la entidad territorial donde se hayan realizado los
espectáculos públicos de las artes escénicas, en el formato que para el efecto
adopte el Ministerio de Cultura.
Parágrafo 1. Las declaraciones de que trata este artículo deben contener la
información del pago correspondiente de la contribución parafiscal de las artes
escénicas. Las declaraciones que se remitan sin pago se entenderán como no
presentadas.
Parágrafo 2. Las declaraciones que omitan el diligenciamiento del anexo que
contiene el listado que discrimine el pago de la contribución parafiscal según la
entidad territorial de que trata el numeral 5 del presente artículo, se entenderán
como no presentadas.
Parágrafo 3. El Ministerio de Cultura mediante resolución deberá implementar los
mecanismos tecnológicos necesarios para capturar y sistematizar la información y
definirá la fecha de entrada en vigencia del mecanismo de que trata este artículo.
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(Decreto 1258 de 2012, artículo 16)
Artículo 2.6.1.5.18. Normatividad aplicable al sistema de retenciones. La
retención de la contribución parafiscal de los espectáculos públicos de las artes
escénicas se regirá, en lo aquí no regulado, por las normas específicas de retención
en la fuente del impuesto de renta, consagradas en el Estatuto Tributario.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 17)
Artículo 2.6.1.5.19. Deber de información y conservación por parte de los
operadores. Los operadores deberán conservar por el término de cinco (5) años
contados a partir de la presentación del espectáculo público, la información relativa
a cada evento, cuyas boletas les haya correspondido administrar y vender, en
especial la relativa al total de boletas que se encontraban disponibles para la venta,
discriminando los valores de estas y la cantidad de pases de cortesía. Igualmente,
deberán conservar el total de boletas no vendidas por cada espectáculo de las artes
escénicas y deberán suministrar la información que requiera el Ministerio de Cultura
o la DIAN, para efectos de control y recaudo, según sus competencias.
Parágrafo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en
cumplimiento del artículo 14 de la Ley 1493 de 2011, deberá imponer a los
operadores de boletería las sanciones de que trata el artículo 651 del Estatuto
Tributario, en caso de que incumplan el deber de información de que trata este
artículo.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 18; Decreto 1240 de 2013, artículo 16, adicionó
parágrafo)
Artículo 2.6.1.5.20. Administración y control. Corresponde a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales la administración y control de la retención de la
contribución parafiscal, para efectos de la investigación, determinación, control,
discusión y cobro para lo cual le serán aplicables las normas de procedimiento y
sanciones, contempladas en el Estatuto Tributario.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 19)
Artículo 2.6.1.5.21. Beneficios. Las administraciones tributarias no iniciarán o
suspenderán los procesos en curso respecto de la determinación oficial de los
impuestos derogados por la Ley 1493 de 2011 para los espectáculos públicos de
las artes escénicas sobre los años 2011 y anteriores, y ordenarán su archivo
siempre y cuando los contribuyentes hayan declarado y pagado los impuestos
correspondientes al año 2011.
Los contribuyentes que no hubieren estado al día en el cumplimiento de las
obligaciones señaladas en el inciso anterior y que hubiesen declarado y pagado los
impuestos de los periodos gravables del año 2011 a más tardar dentro de los tres
meses siguientes a la promulgación de la Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011,
tendrán el mismo tratamiento de los contribuyentes cumplidos.
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Parágrafo. La constancia de la declaración y pago servirá como soporte para la
revocatoria, suspensión y/o archivo de las actuaciones de determinación del
impuesto generadas con anterioridad a la expedición de la Ley 1493 de 2011.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 20; Decreto 1240 de 2013, artículo 17)
Artículo 2.6.1.5.22. Reporte de información. Para efectos de cruce de información
y seguimiento, los municipios y distritos reportarán mensualmente por vía
electrónica al Ministerio de Cultura, el listado de espectáculos públicos autorizados
y realizados en su respectiva jurisdicción.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 22)
Artículo 2.6.1.4.23. Base de datos de productores de espectáculos públicos de
las artes escénicas. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Artes o
quien haga sus veces, administrará la base de datos de los productores de
espectáculos públicos de las artes escénicas, la cual se alimentará con la
información del formulario de inscripción que estos diligencien. El Ministerio de
Cultura deberá implementar los mecanismos tecnológicos necesarios para capturar
y sistematizar la información.
El Ministerio de Cultura mediante acto de carácter general, fijará los requisitos,
documentos e informaciones que deban acreditar los sujetos de registro. El aporte
de la información tiene carácter obligatorio, su manejo y administración por parte de
la entidad se encuentra sujeta al cuidado y reserva que las normas superiores
prevean.
Parágrafo. Cuando el productor del espectáculo público de las artes escénicas no
esté registrado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1493 de
2011, en este Capítulo y en la reglamentación que para el efecto disponga el
Ministerio de Cultura, solidariamente deberán declarar y pagar la contribución
parafiscal de las artes escénicas los artistas, intérpretes o ejecutantes y quienes
perciban los beneficios económicos del espectáculo público de las artes escénicas.
Parágrafo transitorio. El registro de productores de espectáculos públicos de las
artes escénicas deberá hacerse mediante el diligenciamiento y la entrega en físico
del formulario de registro prescrito por el Ministerio de Cultura, hasta tanto se
desarrollen los mecanismos tecnológicos necesarios para capturar y sistematizar la
información.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 23)
Artículo 2.6.1.4.24. Permiso para la realización de espectáculos públicos de
las artes escénicas en escenarios habilitados. El reconocimiento de la categoría
habilitado de que trata el artículo 16 de la Ley 1493 de 2011, deberá ser decidido
por la autoridad municipal o distrital competente en un término máximo de un (1)
mes, contado a partir de la entrega de los requisitos estipulados en la norma
precitada, por parte del responsable del escenario.
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Administrativo del Interior”
El reconocimiento del escenario en la categoría de habilitado por parte de la
autoridad municipal o distrital competente, otorgará un permiso permanente por un
periodo de dos (2) años para la realización de espectáculos públicos de las artes
escénicas, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones sobre modificación de
las condiciones de riesgo en alguno de los eventos programados, conforme a lo
establecido en el parágrafo 1° del artículo 16 de la Ley 1493 de 2011.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 24)
Artículo 2.6.1.4.25. Permiso para la realización de espectáculos públicos de
las artes escénicas en escenarios no habilitados. Todo espectáculo público que
se realice en lugares distintos a los escenarios reconocidos como habilitados por la
autoridad municipal o distrital competente, deberá acreditar los requisitos para
escenarios no habilitados previstos en el artículo 17 de la Ley 1493 de 2011.
El acto por medio del cual se otorgue el respectivo permiso o autorización para la
realización de un espectáculo público de las artes escénicas en un escenario no
habilitado, deberá quedar ejecutoriado y en firme por parte de la autoridad distrital
o municipal correspondiente, al menos veinticuatro (24) horas antes de la realización
del evento.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 25)
Artículo 2.6.1.4.26. Ausencia de requisitos adicionales. Las autoridades
municipales y distritales no podrán exigir requisitos, permisos ni certificaciones
adicionales a los contemplados en la Ley 1493 de 2011 para la realización de
espectáculos públicos de las artes escénicas.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 26)
Artículo 2.6.1.4.27. Planes de Emergencias y Contingencia. Conforme a lo
dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley 1493 de 2011, la autoridad competente
en cada municipio y distrito deberá definir los planes de emergencias y contingencia
para la prevención y mitigación de riesgos en los espectáculos públicos de las artes
escénicas en escenarios habilitados y no habilitados. Los planes de emergencias y
contingencia contendrán el análisis integral de los riesgos para responder a las
situaciones de desastre, calamidad o emergencia, y determinarán las medidas de
prevención, mitigación y respuesta. La definición de estos planes deberá considerar
las siguientes variables:
1. El número de personas y la complejidad del espectáculo público de las artes
escénicas.
2. La naturaleza de las edificaciones, instalaciones y espacios, a fin de diferenciar
los de propiedad o administración privada o pública, los escenarios habilitados
o no habilitados, así como la distinción de los espacios o bienes de uso público.
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3. El carácter permanente, las modalidades de frecuencia, o la naturaleza temporal
de las actividades.
4. El señalamiento de los lugares y las condiciones para el ingreso y salida de
infantes y/o adolescentes.
5. El señalamiento de los lugares y las condiciones para el ingreso y salida de
personas discapacitadas.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 27)
Artículo 2.6.1.4.28. Ventanilla única. Para la creación de la ventanilla única de
registro y atención a los productores de los espectáculos públicos de las artes
escénicas, las capitales de departamento tendrán en cuenta los siguientes
lineamientos generales:
1. La ventanilla única será de carácter virtual y/o físico y deberá ser administrada
por la entidad municipal o distrital competente en autorizar los espectáculos
públicos de las artes escénicas.
2. En virtud de los principios de colaboración entre las entidades públicas y de
eficiencia de la gestión administrativa, las entidades municipales y distritales
competentes en el trámite de autorización para la presentación de espectáculos
públicos, compartirán la información registrada, sin exigir documentación o
información adicional al productor del espectáculo, de conformidad con lo
ordenado por los artículos 13 y 26 del Decreto-ley 2150 de 1995.
3. Mediante la utilización de la ventanilla única y el trámite electrónico, los
solicitantes y las entidades municipales y distritales competentes en el trámite
de autorización para la presentación de espectáculos públicos, dispondrán del
número de radicación del respectivo trámite, y podrán consultar virtualmente el
estado del procedimiento, recibiendo por este medio las comunicaciones,
observaciones y conceptos pertinentes.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 28)
Artículo 2.6.1.4.29. Generación de recursos para la financiación de la
infraestructura cultural a cargo de las entidades públicas del orden territorial.
Las Entidades Públicas del orden territorial que tengan a su cargo infraestructura
cultural para la realización de espectáculos públicos, según lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 1493 de 2011, podrán crear unidades especiales, con el fin de
canalizar y administrar los recursos obtenidos por la prestación de servicios y
actividades culturales.
La unidad especial adscrita tendrá como función, la gestión y creación de planes,
programas y proyectos con fines comerciales, tendientes a financiar sus gastos de
funcionamiento y el desarrollo de las actividades inherentes a su naturaleza y objeto.
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(Decreto 1258 de 2012, artículo 29)
Artículo 2.6.1.4.30. Cumplimiento de derecho de autor para espectáculos
públicos de las artes escénicas. En concordancia con los artículos 13, 15 y 54 de
la Decisión Andina 351 de 1993 y 12, 158, 159 y 160 de la Ley 23 de 1982, las
autoridades competentes del ente municipal o distrital y los responsables de los
escenarios habilitados deberán verificar previamente el cumplimiento de los
derechos de autor por parte de los productores de espectáculos públicos de las
artes escénicas, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 17 y en
el artículo 22 de la Ley 1493 de 2011.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 30)
Artículo 2.6.1.4.31. Autorizaciones, constancias y comprobantes de pago de
derecho de autor. Para efecto de lo dispuesto en los artículos 17 y 22 de la Ley
1493 de 2011, las autorizaciones, constancias o comprobantes de pago de derecho
de autor deberán provenir de los titulares de las obras que se pretendan ejecutar en
el espectáculo público o de la sociedad de gestión colectiva que los represente. La
autorización, constancia o comprobante proveniente directamente del titular de los
derechos de autor en virtud de la gestión individual, solamente tendrá validez ante
las autoridades competentes y los responsables de los escenarios habilitados
cuando se individualice el repertorio de las obras, interpretaciones o ejecuciones
artísticas o fonogramas administradas por el gestor individual que serán ejecutadas
en el espectáculo público y se acredite que el mismo es titular o representante del
titular de tales obras o prestaciones.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 31)
Artículo 2.6.1.4.32. Competencia de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. En ejercicio de las facultades de
inspección, vigilancia y control, la Unidad Administrativa Especial - Dirección
Nacional de Derecho de Autor podrá, de oficio o a petición de parte, adelantar
investigaciones, solicitar informaciones y documentos, realizar las visitas que sean
necesarias e imponer sanciones, cuando a ello hubiere lugar, a las sociedades de
gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos y entidades
recaudadoras, a los miembros del Consejo Directivo, a los integrantes del Comité
de Vigilancia, al Gerente, al Secretario, al Tesorero, al revisor fiscal o a los demás
administradores de las mismas.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 32)
Artículo 2.6.1.4.33. Diligencias preliminares. El Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica, de oficio o a solicitud de parte, podrá ordenar el inicio de diligencias
preliminares, para lo cual designará uno o varios investigadores, quienes podrán
solicitar las informaciones, adelantar visitas administrativas y practicar las pruebas
que consideren pertinentes para verificar el cumplimiento de las normas legales y
estatutarias.
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El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica podrá requerir al quejoso para que
complemente su queja con más información o aporte las pruebas en que
fundamenta su solicitud, so pena de archivar de plano la petición.
Parágrafo. El término de las diligencias preliminares no podrá exceder de cincuenta
(50) días hábiles, prorrogables por una sola vez por un término de treinta (30) días
hábiles.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 33)
Artículo 2.6.1.4.34. Apertura de la investigación. Dentro del término de duración
de las diligencias preliminares, el funcionario o funcionarios investigadores
presentarán al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica un Informe Evaluativo del
resultado de las mismas. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes al recibo del Informe Evaluativo, ordenará, mediante
resolución motivada, la apertura de investigación y formulación de cargos o el
archivo del expediente.
Los cargos deberán ser calificados determinando objetiva y ordenadamente los que
resultaren de la investigación y señalando en cada caso las disposiciones legales
y/o estatutarias que se consideren infringidas.
En caso de ausencia temporal o definitiva del representante legal inscrito ante la
Dirección Nacional de Derecho de Autor, la resolución de apertura de investigación
y formulación de cargos, la que pone fin a la investigación, la que decide los recursos
en vía gubernativa y las demás a que haya lugar, se notificará por los medios
establecidos en la ley a cualquiera de los miembros del Consejo Directivo.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 34)
Artículo 2.6.1.4.35. Descargos. La parte investigada dispondrá de un término de
diez (10) días hábiles para presentar los descargos y solicitar y aportar las pruebas
que considere pertinentes y conducentes.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 35)
Artículo 2.6.1.4.36. Decreto y práctica de pruebas. Dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al vencimiento del plazo para presentar descargos y solicitar y
aportar pruebas, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica decretará las pruebas
solicitadas por las partes y las que considere necesarias para el esclarecimiento de
los hechos.
En el auto que decrete pruebas, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica señalará el
término para la práctica de las mismas, el cual será hasta de quince (15) días hábiles
contados desde la ejecutoria del auto que las decreta. Este término podrá ampliarse
hasta por quince (15) días hábiles.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 36)
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Artículo 2.6.1.4.37. Alegatos de conclusión. Las partes dispondrán de un término
de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la finalización del
período probatorio, para presentar alegatos de conclusión.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 37)
Artículo 2.6.1.4.38. Decisión. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al
vencimiento del plazo para presentar alegatos de conclusión, el Jefe de la Oficina
Asesora Jurídica proferirá la resolución motivada que decida la investigación.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 38)
Artículo 2.6.1.4.39. Sanciones. Una vez comprobadas las infracciones a las
normas legales, o estatutarias, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica podrá imponer
las sanciones establecidas en el artículo 47 de la Decisión Andina 351 de 1993, en
concordancia con el artículo 38 de la Ley 44 de 1993 y demás normas concordantes.
Parágrafo. La suspensión o cancelación de la personería jurídica de que trata el
artículo 38 de la Ley 44 de 1993, implica a su vez la suspensión o cancelación de la
autorización de funcionamiento, respectivamente.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 39)
Artículo 2.6.1.4.40. Cancelación de la personería jurídica y la autorización de
funcionamiento. La cancelación de la personería jurídica y la autorización de
funcionamiento a las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de
derechos conexos, se decretará si sobreviene o se pone de manifiesto algún hecho
que no garantice la adecuada gestión de los derechos confiados, o cuando la
sociedad incumpliere gravemente las obligaciones legales o estatutarias.
En el acto administrativo que cancele la personería jurídica y la autorización de
funcionamiento a una sociedad de gestión colectiva de derecho de autor o de
derechos conexos, se podrá fijar un plazo razonable para subsanar los hechos que
dieron origen a la sanción, sin que dicho plazo sea superior a 12 meses, al término
del cual y según proceda, se impondrá una sanción de menor grado o se confirmará
la cancelación de la personería jurídica y la autorización de funcionamiento.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 40)
Artículo 2.6.1.4.41. Mérito ejecutivo. Las resoluciones que impongan sanciones
de multa prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva en los términos que
señale la ley.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 41)
Artículo 2.6.1.4.42. Acciones legales. Sin perjuicio de las decisiones
administrativas que la Dirección Nacional de Derecho de Autor tome con
fundamento en los resultados de la investigación, las sociedades de gestión
colectiva deberán ejercer las acciones legales pertinentes cuando de los hechos de
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DE 2015
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la investigación pudiere generarse algún tipo de responsabilidad en las personas
involucradas.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 42)
Artículo 2.6.1.4.43. Toma de posesión. El Director de la Unidad Administrativa
Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor podrá ordenar, mediante
resolución motivada, la toma de posesión de una sociedad de gestión colectiva o de
una entidad recaudadora cuando se configure una o varias de las causales descritas
en el artículo 31 de la Ley 1493 de 2011.
Parágrafo. Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán en lo pertinente a
las entidades recaudadoras.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 43)
Artículo 2.6.1.4.44. Objetivo de la toma de posesión. La toma de posesión tendrá
por objeto establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación; si es posible
colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se
pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones para la
gestión de los derechos confiados a la sociedad.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 44)
Artículo 2.6.1.4.45. Principios de la toma de posesión. La toma de posesión se
regirá por los siguientes principios:
1. La toma de posesión sólo podrá adoptarse por las causales previstas en la ley.
2. La misma tendrá por objeto la protección de la gestión de los derechos de autor
y derechos conexos y de los asociados.
3. Cuando se trate de toma de posesión para administración, las decisiones que
se adopten tomarán en cuenta la posibilidad real de subsanar las causas que
dieron lugar a la toma de posesión.
4. La decisión de toma de posesión será de cumplimiento inmediato a través de la
persona designada para el efecto por el Director de la Dirección Nacional de
Derecho de Autor. Si no se puede notificar personalmente al representante legal
de la resolución de toma de posesión, se notificará por un aviso que se fijará en
lugar público de las oficinas del domicilio social de la sociedad o la entidad
recaudadora. El recurso de reposición no suspenderá la ejecución de la medida.
5. El Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor designará a un
administrador o liquidador, según fuere el caso, quien podrá ser una persona
natural o jurídica, el cual podrá actuar tanto durante la etapa inicial, como en la
administración o liquidación y podrá contar con una junta asesora. Si lo
considera pertinente, el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor
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podrá encargar a una entidad fiduciaria para que se encargue, de forma
temporal, de la administración de la sociedad.
6. La separación de los administradores y del revisor fiscal por causa de la toma
de posesión al momento de la misma o posteriormente, da lugar a la terminación
del contrato de trabajo por justa causa y por ello no generará indemnización
alguna.
7. El administrador o liquidador desarrollará las actividades que le sean confiadas
bajo la inmediata supervisión de la Dirección Nacional de Derecho de Autor.
8. El administrador o liquidador designado ejercerá funciones públicas transitorias,
sin perjuicio de la aplicabilidad, cuando sea del caso, de las reglas del derecho
privado a los actos que ejecuten en nombre de la sociedad objeto de la toma de
posesión.
9. Las medidas que se podrán adoptar incluyen, entre otras, separar del cargo de
empleados y administradores de la sociedad, suscribir y dar por terminados
acuerdos de representación recíproca con otras sociedades de gestión
colectiva, suscribir y dar por terminados contratos con los usuarios, representar
a la sociedad en las entidades recaudadoras, expedir o modificar los
reglamentos internos que sean necesarios, así como todas aquellas que
considere pertinentes y que estén directamente relacionadas con la gestión
encomendada.
10. Los honorarios del administrador o del liquidador serán fijados por la Dirección
Nacional de Derecho de Autor con cargo a los gastos administrativos de la
sociedad y no podrán exceder el doble de la remuneración que se encuentre
devengando el gerente general de la sociedad al momento de la toma de
posesión.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 45)
Artículo 2.6.1.4.46. Toma de posesión para liquidación. Dentro de un término no
superior a dos (2) meses, prorrogables por dos (2) meses contados a partir de la
toma de posesión para liquidación, el liquidador emitirá un informe sobre la situación
de la sociedad, el cual deberá incluir las recomendaciones que considere
pertinentes. Una vez rendido este informe, el Director de la Dirección Nacional de
Derecho de Autor determinará dentro de los treinta (30) días siguientes, si la
sociedad debe ser objeto de liquidación, si se pueden tomar medidas para que la
misma pueda desarrollar su objeto social o si pueden adoptarse otras medidas que
permitan subsanar las causas que dieron lugar a la toma de posesión.
En los dos últimos casos, el Director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor
determinará el programa que se seguirá con el fin de lograr el cumplimiento de la
medida y en el cual se señalarán los plazos para su cumplimiento. Dicho programa
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podrá ser modificado cuando las circunstancias lo requieran, evento que se
comunicará a los interesados.
En el evento de que se disponga la liquidación de la sociedad, la toma de posesión
se mantendrá hasta que termine la existencia legal de la entidad o hasta que se
entreguen los activos remanentes al liquidador designado la Dirección Nacional de
Derecho de Autor, una vez pagado el pasivo externo.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 46)
Artículo 2.6.1.4.47. Efectos de la toma de posesión para liquidación. La toma
de posesión para liquidación conlleva:
1. La disolución de la entidad.
2. La separación de los administradores y directores de la sociedad intervenida.
En la decisión de toma de posesión el Director de la Dirección Nacional de
Derecho de Autor podrá abstenerse de separar determinados directores o
administradores.
3. La separación del revisor fiscal, salvo que en razón de las circunstancias que
dieron lugar a la intervención, el Director de la Dirección Nacional de Derecho
de Autor decida no removerlo. Lo anterior sin perjuicio de que posteriormente
pueda ser removido por el Director de la Dirección Nacional de Derecho de
Autor. El reemplazo del revisor fiscal será designado por el Director de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor.
4. Las actuaciones tendrán como finalidad la liquidación total del patrimonio social.
5. La formación de la masa de bienes.
(Decreto 1258 de 2012, artículo 47)
TÍTULO 2
Dirección Nacional de Bomberos de Colombia
CAPÍTULO 1
De la Junta Nacional de Bomberos de Colombia
Artículo 2.6.2.1.1. Naturaleza. La Junta Nacional de Bomberos de Colombia es un
organismo decisor de los recursos del Fondo Nacional de Bomberos y asesor de la
Dirección Nacional de Bomberos.
(Decreto 352 de 2013, artículo 1)
Artículo 2.6.2.1.2. Integración. La Junta Nacional de Bomberos de Colombia
estará integrada por:
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1. El Ministro del Interior, quien la presidirá o su delegado, quien solo podrá ser un
viceministro.
2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
3. El Director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres o
quien haga sus veces.
4. El Director General de la Autoridad Aeronáutica de Colombia o su delegado
quien deberá ser el Jefe del Grupo de Bomberos Aeronáuticos a Nivel Nacional.
5. Un Alcalde elegido por la Federación Nacional de Municipios.
6. Un Gobernador elegido por la Federación Nacional de Departamentos.
7. El Presidente de la Confederación Nacional de Bomberos o su delegado.
8. Cuatro (4) delegados de las Juntas Departamentales de Bomberos del país.
9. Un (1) delegado de los Cuerpos de Bomberos Oficiales del país, elegido entre
ellos mismos.
10. Un delegado de la Federación de Aseguradores Colombianos.
Parágrafo. Cuando así lo requiera, la Junta Nacional de Bomberos de Colombia,
podrá invitar a cualquier persona natural o jurídica de derecho público o privado,
para escucharlo en sesión ordinaria o extraordinaria actuando, con voz y sin voto.
(Decreto 352 de 2013, artículo 2)
Artículo 2.6.2.1.3. Funciones de la Junta Nacional de Bomberos. Son funciones
de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia, las siguientes:
1. Aprobar los proyectos presentados a financiar o cofinanciar con recursos del
Fondo Nacional de Bomberos.
2. Formular los lineamientos y los reglamentos generales de orden técnico
administrativo y operativo, para que sean insumo para las determinaciones de
la Dirección Nacional de Bomberos.
3. Formular los lineamientos generales de orden técnico, administrativo y
operativo que deben cumplir los cuerpos de bomberos y sus integrantes, para
la prestación del servicio público esencial de la gestión integral del riesgo contra
incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la
atención de incidentes con materiales peligrosos.
4. Proponer la política general, los planes y programas del sector.
5. Establecer las directrices y criterios para la administración y ejecución de los
recursos del Fondo Nacional de Bomberos de Colombia, de conformidad con lo
establecido en los artículos 34 y 35 de la Ley 1575 de 2012.
6. Emitir concepto sobre los planes anuales de acción que hayan sido remitidos
por las Delegaciones Departamentales de Bomberos.
7. Aprobar los proyectos de que trata el artículo 34 de la Ley 1575 de 2012.
8. Reglamentar y unificar en el nivel nacional grados, insignias y distintivos de los
Bomberos de Colombia.
9. Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos aprobados por la Junta
Nacional de Bomberos.
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10. Servir como organismo asesor, sobre los asuntos de su competencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1575 de 2012.
11. Las demás funciones que les asigne la ley o el gobierno.
Parágrafo. El concepto que emita la Junta Nacional de Bomberos al Plan Anual de
Acción no implica la aprobación automática de los proyectos en él contenidos. La
aprobación de los mismos requiere la previa viabilidad técnica, pertinencia y
viabilidad financiera y operativa emitida por la Dirección Nacional de Bomberos.
(Decreto 352 de 2013, artículo 3)
Artículo 2.6.2.1.4. Secretaria técnica. La Junta Nacional de Bomberos de
Colombia tendrá como Secretaría Técnica a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos.
(Decreto 352 de 2013, artículo 4)
Artículo 2.6.2.1.5. Funciones de la secretaría técnica. Son funciones de la
Secretaría Técnica de la Junta Nacional de Bomberos, las siguientes:
1. Convocar a las sesiones de la Junta Nacional de Bomberos, previa instrucción
del Presidente de la misma.
2. Preparar el orden del día de cada sesión y comunicarlo a cada uno de sus
miembros, de manera previa a cada sesión.
3. Presentar a la Junta los insumos requeridos para el buen desarrollo de las
sesiones de esta.
4. Responder por la gestión documental de las actas y demás documentos de la
Junta Nacional de Bomberos, garantizando su adecuada administración y
custodia.
5. Prestar apoyo operativo a la Junta Nacional de Bomberos, en todas las acciones
requeridas para garantizar su adecuado funcionamiento.
6. Las demás que se consideren necesarias para garantizar el correcto
funcionamiento de la Junta Nacional de Bomberos.
(Decreto 352 de 2013, artículo 5)
Artículo 2.6.2.1.6. Reuniones. La Junta Nacional de Bomberos de Colombia se
reunirá de manera ordinaria cada tres (3) meses, previa convocatoria del
Presidente, por conducto de la Secretaría Técnica y de forma extraordinaria, cuando
las necesidades lo exijan; la citación se hará con la remisión del orden del día.
De cada sesión se levantará un acta, la cual es responsabilidad de la Secretaría
Técnica, en donde deben quedar consignados todos los aspectos tratados en cada
reunión y debe ser suscrita por el Presidente y el Secretario Técnico, la cual se
aprobará dentro de la sesión inmediatamente siguiente.
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Parágrafo. Se podrá sesionar de manera virtual únicamente para sesiones
extraordinarias, dejando constancia de la reunión en el acta correspondiente, donde
se plasmarán las decisiones y demás asuntos tratados en la misma.
(Decreto 352 de 2013, artículo 6)
Artículo 2.6.2.1.7. Quórum deliberatorio y decisorio. La Junta Nacional de
Bomberos requiere para deliberar de la asistencia de la mayoría absoluta de sus
integrantes y para la toma de decisiones, la mayoría absoluta de sus asistentes.
(Decreto 352 de 2013, artículo 7)
Artículo 2.6.2.1.8. Régimen de contratación. Atendiendo la naturaleza de los
recursos que integran el Fondo Nacional de Bomberos, la ejecución de los mismos,
debe hacerse respetando los principios de la Contratación Estatal y de la Ejecución
Fiscal, en consecuencia, los procesos de contratación se llevarán a cabo con base
en lo establecido en el Estatuto General de Contratación Pública y sus normas
reglamentarias.
(Decreto 352 de 2013, artículo 8)
PARTE 7
FONDOS
TITULO 1
Fondos especiales
CAPITULO 1
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Artículo 2.7.1.1.1. Naturaleza jurídica. De conformidad con el artículo 122 de la
Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 7 de la Ley 1421 de 2010, y prorrogado
por el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1738 de 2014, el Fondo Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, es una cuenta especial, sin
personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior como un sistema
separado de cuenta.
(Decreto 399 de 2011, artículo 1)
Artículo 2.7.1.1.2. Objetivos del Fondo. El FONSECON tendrá como objeto
recaudar y canalizar recursos tendientes a propiciar la seguridad y convivencia
ciudadana para garantizar la preservación del orden público y todas aquellas
acciones tendientes a fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial,
en el marco de la Política y la Estrategia Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
(Decreto 399 de 2011, artículo 2)
Artículo 2.7.1.1.3. Origen de recursos. Los recursos del FONSECON serán los
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DE 2015
Continuación del Decreto “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
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que recaude la Nación por concepto de la contribución especial del 5% de que trata
la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999,
782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.
(Decreto 399 de 2011, artículo 3)
Artículo 2.7.1.1.4. Gastos operativos. El FONSECON podrá destinar recursos a
gastos operativos, logísticos y de administración, que sean estrictamente
necesarios y estén directamente relacionados, para evaluación, aprobación y
seguimiento de los programas y proyectos. En ningún caso estos gastos podrán
superar el 1.5% del Plan Anual de Inversiones de que trata el numeral 3 del artículo
2.7.1.1.6.
(Decreto 399 de 2011, artículo 4)
Artículo 2.7.1.1.5. Comité evaluador. El Ministerio del Interior creará un Comité
Evaluador responsable de evaluar técnicamente los programas y proyectos
presentados a consideración del Fondo por las entidades del orden nacional y
territorial, y de recomendar su aprobación, con su debida sustentación técnica, al
ordenador del gasto del FONSECON.
El Comité estará conformado por los miembros que el Ministerio designe, de
acuerdo con el tipo de programa o proyecto objeto de estudio.
(Decreto 399 de 2011, artículo 5)
Artículo 2.7.1.1.6. Dirección, administración y ordenación del gasto del
FONSECON. La dirección, administración y ordenación de gastos del FONSECON
estará a cargo del Ministerio del Interior, el cual, en ejercicio de tales funciones
deberá:
1. Realizar las operaciones y actividades administrativas, financieras, contables y
presupuestales, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias.
2. Procurar que ingresen efectivamente los recursos provenientes de las distintas
fuentes de financiación previstas en la ley.
3. Elaborar un Plan Anual de Inversiones del FONSECON, en el cual se
establezcan los programas y proyectos que se ejecutarán en la respectiva
anualidad y se prioricen las inversiones que se requieran para dar cumplimiento
a la política de seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno
Nacional.
4. Ejecutar los recursos de acuerdo con el Plan Anual de Inversiones del
FONSECON.
5. Procurar la adecuada y cumplida ejecución de los recursos que hayan sido
destinados a la financiación y cofinanciación de proyectos.
6. Suministrar la información que requieran los organismos de control u otras
autoridades del Estado, sobre la ejecución de los recursos del FONSECON.
7. Las demás inherentes a la administración y ordenación del gasto del Fondo.
(Decreto 399 de 2011, artículo 6)
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Continuación del Decreto “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
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Artículo 2.7.1.1.7. Ejecución. Los programas y proyectos podrán ser ejecutados
por el Ministerio del Interior o mediante contratos o convenios con entidades de
derecho público. Estas podrán proferir los actos administrativos y adelantar los
procesos necesarios para la realización del correspondiente objeto.
(Decreto 399 de 2011, artículo 7)
Artículo 2.7.1.1.8. Responsabilidad. La financiación o cofinanciación de
programas y proyectos no exime a las entidades nacionales, departamentales,
distritales y/o municipales, de cumplir sus obligaciones constitucionales y legales en
la preservación de la seguridad y la convivencia ciudadana, y el orden público.
(Decreto 399 de 2011, artículo 8)
Artículo 2.7.1.1.9. Fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana FONSET. De acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 418 de 1997,
prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1998, 782 de 2002, 1106
de 2006, 1421 de 2010, artículo 6° y la Ley 1738 de 2014, artículo 8, todo municipio
y departamento deberá crear un fondo cuenta territorial de seguridad y convivencia
ciudadana, con el fin de recaudar los aportes y efectuar las inversiones de que trata
la mencionada ley.
Parágrafo. El Ministerio del Interior diseñará y pondrá en funcionamiento, un
sistema que le permita verificar la creación de los FONSET en las entidades
territoriales y realizar seguimiento a las inversiones que las entidades territoriales
realizan con los recursos de los FONSET. El sistema debe permitir conocer los
recursos que anualmente ingresan a cada fondo cuenta territorial de seguridad, así
como los proyectos y actividades que se financian con éstos.
(Decreto 399 de 2011, artículo 9)
Artículo 2.7.1.1.10. Naturaleza jurídica y administración de los FONSET. Los
FONSET son fondos cuenta y deben ser administrados como una cuenta especial
sin personería jurídica. Serán administrados por el Gobernador o Alcalde, según el
caso, quienes podrán delegar esta responsabilidad en el Secretario de Gobierno, o
quien haga sus veces.
(Decreto 399 de 2011, artículo 10)
Artículo 2.7.1.1.11. Recursos de la contribución especial. De conformidad con
el inciso 2° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, todas las personas naturales o
jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público
o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de
la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad
pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento 5% del valor
total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.
De acuerdo con el inciso 3° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, las concesiones
de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o
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fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de
seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil
del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión.
Según el inciso 5° del artículo 6° de Ley 1106 de 2006, se causará el tres por ciento
(3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades territoriales con el
propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones.
De conformidad con el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, en los
casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación con
organismos multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su
mantenimiento, los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esa
contribución.
En cumplimiento del parágrafo 2° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, los socios,
copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren los
contratos a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago
de la contribución del cinco por ciento (5%), a prorrata de sus aportes o de su
participación.
Para los efectos previstos en el artículo anterior, y de conformidad con el artículo
121 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la Ley 1421 de 2010 y 1738 de 2014, la
entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo,
si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele el contratista.
Parágrafo. Las adiciones en valor a todos los contratos a que se refiere el artículo
6° de la Ley 1106 de 2006 están gravadas con la contribución prevista en dicha
norma.
(Decreto 399 de 2011, artículo 11)
Artículo 2.7.1.1.12. Imposición de tasas y sobretasas. Para efectos de la
imposición de tasas o sobretasas destinadas a la seguridad y la convivencia
ciudadana, el recaudo de los recursos que tengan ocurrencia en un hecho
generador de origen distrital o municipal será destinado exclusivamente al Fondo
Territorial de Seguridad Distrital o Municipal correspondiente. En el evento en que
la asamblea departamental imponga un gravamen sobre un hecho generador del
nivel distrital o municipal, estos recursos serán destinados al fondo cuenta distrital
o municipal donde se causen. En ningún caso podrá haber duplicidad del mismo
gravamen, es decir, no podrá gravarse por más de un ente territorial un mismo
hecho generador, a cargo de un mismo sujeto pasivo.
(Decreto 399 de 2011, artículo 1; Decreto 577 de 2011, artículo 12)
Artículo 2.7.1.1.13. Aportes voluntarios de los municipios y departamentos.
Adicionales a los recursos contemplados en la Ley 418 de 1997, prorrogada,
modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006,
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1421 de 2010 y 1738 de 2014, los municipios, distritos y departamentos, podrán
asignar en sus respectivos presupuestos aportes provenientes de otras fuentes o
recursos distintos a los establecidos en la ley para los fondos territoriales de
seguridad y convivencia ciudadana. Dichos recursos serán incorporados al Fondo
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana y destinados a financiar el Plan
Integral de Seguridad y Convivencia de que trata el presente Capítulo.
(Decreto 399 de 2011, artículo 13)
Artículo 2.7.1.1.14. Aportes de gremios y personas jurídicas. De conformidad
con lo establecido en la Ley 1421 de 2010, los Fondos de Seguridad y Convivencia
Ciudadana de las Entidades Territoriales, previo estudio y aprobación de los
Comités Territoriales de Orden Público, podrán recibir aportes de gremios y
personas jurídicas cuyo origen lícito deberá estar debidamente soportado,
destinados a propiciar y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, cuando
así se haya previsto en el presupuesto del departamento, distrito o municipio. Los
Comités deberán registrar contablemente los aportes de los gremios y personas
jurídicas destinadas a financiar la seguridad y la convivencia ciudadana velarán por
la correcta destinación de los recursos. Los aportes, una vez contabilizados,
ingresarán al Fondo de la entidad territorial para ser utilizados de manera prioritaria
en los programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la política se
seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno Nacional. En ningún
caso, los aportes se asignarán con criterio de contraprestación de servicios de
seguridad y convivencia, ni podrán ser destinados para prestar directamente
servicios de seguridad o convivencia a favor de quienes lo realizan.
Adicionalmente, cada departamento, distrito o municipio deberá llevar el registro
contable de los aportes o donaciones de particulares destinados a los FONSET y
reportarlos en los informes, remitidos a la Contaduría General de la Nación en el
Formato Único Territorial.
(Decreto 399 de 2011, artículo 14)
Artículo 2.7.1.1.15. Asignación de recursos de los Fondos de Seguridad y
Convivencia Ciudadana. Los recursos de los FONSET se deben destinar
prioritariamente a los programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la
política integral de seguridad y convivencia ciudadana, la cual deberá articularse
con la política se seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno
Nacional.
Parágrafo. El FONSET podrá destinar recursos a gastos operativos, logísticos y
de administración, que sean estrictamente necesarios, para la formulación,
diagnóstico, diseño, aprobación, implementación, desarrollo y evaluación de los
programas y proyectos. En ningún caso estos gastos podrán superar el 1,5% del
Plan Anual de Inversiones definido por el respectivo Gobernador o Alcalde.
(Decreto 399 de 2011, artículo 15)
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Artículo 2.7.1.1.16. Políticas integrales de seguridad y convivencia ciudadana.
En cada departamento, distrito o municipio, el Gobernador o Alcalde respectivo
deberá formular una Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que
contemple los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los
representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial a
nivel territorial. Esta política se articulará con la Política y Estrategia de Seguridad y
Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno Nacional y deberá ser aprobada
por el respectivo Comité Territorial de Orden Público.
(Decreto 399 de 2011, artículo 16)
Artículo 2.7.1.1.17. Comités territoriales de orden público. En cada
departamento, distrito o municipio, habrá un Comité Territorial de Orden Público
encargado de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los
recursos apropiados para los FONSET. La destinación prioritaria de los FONSET
será dar cumplimiento a las Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, articulada con la Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
El Comité estará integrado, de acuerdo con la representación de fuerza pública,
organismos de seguridad y policía judicial que operen en el respectivo departamento
o municipio, por el Comandante de la Guarnición Militar o quien haga sus veces o
su delegado, el Comandante de la Policía, el Director Seccional de la Unidad
Nacional de Protección (UNP) o su delegado operativo y/o la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, según corresponda, el Director Seccional del Cuerpo
Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el Gobernador
o el Alcalde Municipal, según el caso o como su delegado el Secretario de Gobierno
o quien haga sus veces, quien lo presidirá.
(Decreto 399 de 2011, artículo 17)
Artículo 2.7.1.1.18. Funciones de los comités de orden público. Son funciones
de estos Comités:
1. Coordinar el empleo de la fuerza pública en el marco de formulación de la
política integral de seguridad y convivencia ciudadana que se articulará con la
política nacional de seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno
Nacional.
2. Coordinar la implementación de los planes integrales de seguridad.
3. Aprobar los planes integrales y programas de seguridad y convivencia
ciudadana, atendiendo las necesidades de seguridad en cada jurisdicción, en el
marco de lo establecido en este decreto y de las políticas integrales de
seguridad y convivencia ciudadana.
4. Recomendar al Gobernador o Alcalde, los programas y proyectos que se
ejecutarán en la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se
requieran para dar cumplimiento a la política integral de seguridad y convivencia
ciudadana.
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5. De acuerdo con lo anterior, preparar, para aprobación del Gobernador o Alcalde
el Plan Anual de Inversiones del fondo cuenta.
6. Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades
competentes la implementación del Sistema SIES en la respectiva jurisdicción
y efectuar seguimiento al mismo.
(Decreto 399 de 2011, artículo 18)
Artículo 2.7.1.1.19. Remisión de informes. De conformidad con los lineamientos
establecidos por la Contaduría General de la Nación, los informes de captación,
ejecución e inversión de los recursos de los Fondos de Seguridad y Convivencia
Ciudadana de las entidades territoriales serán remitidos a través del Formulario
Único Territorial que se remite regularmente a la Contaduría General de la Nación,
quien los remitirá al Ministerio del Interior.
(Decreto 399 de 2011, artículo 19)
CAPITULO 2
Fondo Nacional de Bomberos
Artículo 2.7.1.2.1. Fondo Nacional de Bomberos de Colombia. El Fondo
Nacional de Bomberos de Colombia es una cuenta especial de la Nación, manejada
por la Dirección Nacional de Bomberos, con independencia patrimonial,
administrativa, contable y estadística.
(Decreto 527 de 2013, artículo 1)
Artículo 2.7.1.2.2. Objeto. El Fondo Nacional de Bomberos de Colombia tiene fines
de interés público, asistencia social y de atención de la gestión integral del riesgo
contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades
y la atención de incidentes con materiales peligrosos para fortalecer los cuerpos de
bomberos.
(Decreto 527 de 2013, artículo 2)
Artículo 2.7.1.2.3. Recursos del Fondo Nacional de Bomberos de Colombia. El
Fondo Nacional de Bomberos de Colombia se financiará con las fuentes a que se
refiere el artículo 35 de la Ley 1575 de 2012.
(Decreto 527 de 2013, artículo 3)
Artículo 2.7.1.2.4. Destinación de los recursos del Fondo. Los recursos del
Fondo serán destinados a financiar o cofinanciar:
1. Los planes, programas y proyectos que tengan fines de interés público y
asistencia social y de atención de la gestión integral del riesgo contra incendio,
los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención
de incidentes con materiales peligrosos.
2. Proyectos de los cuerpos de bomberos que hayan sido aprobados por la Junta
Nacional de Bomberos, atendiendo a su viabilidad técnica, jurídica, a su
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pertinencia y a la disponibilidad financiera y operativa, con destino a la
implementación de planes y programas de educación de la población en materia
de gestión integral del riesgo contra incendio y demás calamidades conexas,
capacitación de las unidades bomberiles, e infraestructura física y
equipamiento.
3. Podrá financiar o cofinanciar la creación, funcionamiento y sostenimiento del
Registro Único Nacional de Estadísticas de Bomberos.
4. Implementación y puesta en marcha de la Escuela Nacional y de las Escuelas
Regionales de Bomberos.
5. Los demás que determine la Junta Nacional de Bomberos de Colombia.
(Decreto 527 de 2013, artículo 4)
Artículo 2.7.1.2.5. Base de cálculo del aporte sobre las pólizas de seguros. El
aporte de las entidades aseguradoras definido en el numeral 1 del artículo 35 de la
Ley 1575 de 2012, se liquidará sobre el valor de las primas emitidas en los ramos
de hogar, incendio, terremoto, minas y petróleo, de acuerdo a la definición que se
encuentra en el Plan Único de Cuentas para el sector asegurador (Resolución
número 2300 de 1990 y normas que lo modifiquen o adicionen), expedido por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Para obtener el valor neto a pagar se tendrán en cuenta los ajustes o
compensaciones a que haya lugar con referencia a las primas emitidas negativas
de períodos anteriores, las cuales se originan cuando el valor de las cancelaciones
o anulaciones de pólizas es mayor que el monto total de primas emitidas del período
que corresponda.
(Decreto 527 de 2013, artículo 5)
Artículo 2.7.1.2.6. Pago de aportes. Las compañías de seguros deberán
consignar, dentro de los diez (10) primeros días hábiles de cada mes, el valor de los
aportes a que se refiere el artículo 2.7.1.2.5 y que correspondan a las primas
emitidas en el mes inmediatamente anterior, en la cuenta que para tal efecto
constituya la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
(Decreto 527 de 2013, artículo 6)
Artículo 2.7.1.2.7. Dirección y administración del Fondo. La dirección y
administración del Fondo será ejercida por el Director Nacional de Bomberos o su
delegado. Para cuyo efecto, deberá:
1. Suscribir los actos, contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de
su objeto.
2. Realizar las operaciones las actividades administrativas, financieras y contables
del Fondo, de acuerdo con las normas que regulan estas materias.
3. Velar para que ingresen efectivamente al Fondo los recursos provenientes de
las distintas fuentes de financiación.
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4. Ejecutar los recursos del Fondo, atendiendo las directrices y decisiones que
imparta la Junta Nacional del Bomberos de Colombia.
5. Velar por la adecuada y cumplida ejecución de los recursos del Fondo que
hayan sido destinados a la financiación o cofinanciación de proyectos o
programas.
6. Elaborar la proyección anual de ingresos y gastos y los indicadores de gestión.
7. Rendir informes que requieran los organismos de control u otras autoridades
del Estado.
8. Las demás inherentes a la administración del Fondo.
Parágrafo. La Junta Nacional de Bomberos aprobará los proyectos a financiar o
cofinanciar con los recursos del Fondo Nacional de Bomberos.
(Decreto 527 de 2013, artículo 7)
Artículo 2.7.1.2.8. De la subcuenta de solidaridad bomberil. La Subcuenta de
Solidaridad Bomberil de que trata el artículo 42 de la Ley 1575 de 2012 estará
constituida dentro del Fondo Nacional de Bomberos de Colombia, será administrada
por el Director Nacional de Bomberos o por quien este delegue, y tendrá como
propósito financiar los proyectos de los diferentes cuerpos bomberiles del país,
dando prioridad a aquellos que presten sus servicios en los municipios de menos
de 50.000 habitantes.
(Decreto 527 de 2013, artículo 8)
Artículo 2.7.1.2.9. De los recursos de la subcuenta de solidaridad bomberil. La
Subcuenta de Solidaridad Bomberil estará constituida por el 30% del valor de los
contratos o convenios suscritos por los cuerpos de bomberos para verificar el
cumplimiento de las normas técnicas de seguridad humana que se exigen como
requisito previo para la expedición de licencias de construcción, de acuerdo con lo
establecido en el parágrafo segundo del artículo 42 de la Ley 1575 de 2012.
Estos recursos deberán ser girados por los cuerpos de bomberos a la Subcuenta
de Solidaridad Bomberil, en un plazo no superior a un mes, contado desde la fecha
en la cual le hayan ingresado.
(Decreto 527 de 2013, artículo 9)
Artículo 2.7.1.2.10. Vigilancia, control y giro oportuno de recursos. La Dirección
Nacional de Bomberos, en su calidad de administrador del Fondo, informará a la
Superintendencia Financiera de Colombia, cada seis (6) meses, con corte a junio y
diciembre de cada año, el valor de los aportes girados por las entidades
aseguradoras, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 35 de la Ley 1575 de
2012, para lo de su competencia. Este informe deberá ser presentado dentro del
mes siguiente a cada corte semestral.
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Adicionalmente, las compañías de seguros deberán remitir mensualmente al
administrador del Fondo Nacional de Bomberos de Colombia, un reporte que
contenga la siguiente información:
1. El valor total de las primas emitidas en el mes inmediatamente anterior en los
ramos de hogar, incendio, terremoto, minas y petróleo o la denominación que
en su portafolio de pólizas esté registrada en la Superintendencia Financiera de
Colombia;
2. El aporte efectuado en el mes al Fondo Nacional de Bomberos de Colombia.
Parágrafo. La Contraloría General de la República ejercerá control fiscal sobre tos
recursos que hagan parte del Fondo Nacional de Bomberos de Colombia, así como
sobre la Subcuenta de Solidaridad Bomberil, de acuerdo a lo establecido en el
parágrafo 2° del artículo 35 de la Ley 1575 de 2012.
(Decreto 527 de 2013, artículo 10)
Artículo 2.7.1.2.11. Sujeción a recursos. La implementación de las estrategias a
realizar con recursos del Fondo Nacional de Bomberos estará sujeta a los recursos
que para tal efecto se apropien en el Presupuesto General de la Nación.
(Decreto 527 de 2013, artículo 11)
Artículo Transitorio. Ejecución de los recursos con afectación de la Subcuenta
Bomberos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Los
recursos de la Subcuenta Bomberos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1575 de 2012,
continuarán ejecutándose hasta su agotamiento y liquidación, en los mismos
términos y condiciones que se venían ejecutando.
(Decreto 527 de 2013, artículo transitorio)
CAPÍTULO 3
Del Fondo Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas cuenta
especial
Artículo 2.7.1.3.1. Denominación y naturaleza jurídica. La cuenta especial
creada por el artículo 20 de la Ley 985 de 2005 se denominará "Fondo Nacional
para la Lucha contra la Trata de Personas", y funcionará sin personería jurídica y
como un sistema separado de cuenta a cargo del Ministerio del Interior.
(Decreto 4319 de 2006, artículo 1)
Artículo 2.7.1.3.2. Objetivos del Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata
de Personas. La inversión de los recursos del Fondo tendrá como objetivo atender
gastos tendientes a propiciar la prevención, protección y asistencia de las víctimas
y posibles víctimas de la trata de personas, el fortalecimiento de la investigación
judicial y la acción policiva y el fortalecimiento de la cooperación internacional.
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Parágrafo 1. Los programas y proyectos que se formulen para el cumplimiento de
los objetivos del Fondo, podrán ser ejecutados directamente por el Ministerio del
Interior o mediante contratos o convenios con entidades de derecho público. Tales
entidades o dependencias públicas podrán adelantar los actos administrativos y
contractuales necesarios para la realización del correspondiente objeto.
Parágrafo 2º. La participación del Fondo en la financiación y/o cofinanciación de los
programas y proyectos, no exime a las Instituciones que hacen parte del Comité
Interinstitucional Para la Lucha Contra la Trata de Personas, a que puedan incluir
en sus presupuestos los rubros destinados a acciones contra la Trata de Personas
definidos en la Estrategia Nacional contra la Trata de Personas.
(Decreto 4319 de 2006, artículo 2)
Artículo 2.7.1.3.3. Administración del Fondo Nacional para la Lucha contra la
Trata de Personas. La dirección, administración y ordenación del gasto del Fondo
estará a cargo de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la lucha
contra la Trata de Personas, quien deberá atender los lineamientos y programas
que se definan en la Estrategia Nacional para la correspondiente vigencia.
(Decreto 4319 de 2006, artículo 3)
Parágrafo. La Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional estará a cargo del
Ministro del Interior, quien podrá delegarla en un empleado público de nivel directivo
o en la dependencia que para el efecto aquél designe.
Artículo 2.7.1.3.4. Funciones de dirección, administración y ordenación del
gasto del Fondo Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas. La
Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional tendrá las siguientes funciones en
relación con la dirección, administración y ordenación del gasto:
1. Realizar las operaciones y las actividades administrativas, financieras y
contables del Fondo, de acuerdo con las disposiciones legales y
reglamentarias.
2. Velar para que ingresen efectivamente al Fondo los recursos provenientes de
las distintas fuentes de financiación.
3. Ejecutar los recursos del Fondo, atendiendo las directrices que le señale el
Comité Interinstitucional para la Lucha Contra la Trata de Personas acorde con
la Estrategia Nacional.
4. Velar por la adecuada y cumplida ejecución de los recursos del Fondo que
hayan sido destinados a la financiación o cofinanciación de proyectos o
programas.
5. Elaborar la proyección anual de ingresos y gastos y los indicadores de gestión.
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6. Rendir informes que requieran los organismos de control u otras autoridades
del Estado, y
7. Las demás inherentes a la administración y ordenación del gasto del Fondo.
(Decreto 4319 de 2006, artículo 4)
Artículo 2.7.1.3.5. Administración del Fondo. El Ministerio del Interior adelantará
los trámites contractuales, contables, presupuestales y demás propios de la
administración del Fondo, a través de sus dependencias competentes, de acuerdo
con los manuales internos de procedimientos.
(Decreto 4319 de 2006, artículo 5)
Artículo 2.7.1.3.6. Recursos provenientes de donaciones y de cooperación
internacional. La administración y ejecución de los recursos provenientes de
donaciones y de cooperación internacional se someterán a las reglas señaladas en
el Decreto Reglamentario Único del Sector Administrativo de Planeación Nacional,
en el cual se compiló el Decreto 1510 de 2013.
(Decreto 4319 de 2006, artículo 6)
LIBRO 3
DISPOSICIONES FINALES
PARTE 1
DEROGATORIA Y VIGENCIA
Artículo 3.1.1. Derogatoria Integral. Este decreto regula íntegramente las materias
contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3 de la Ley
153 de 1887, quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza
reglamentaria relativas al sector administrativo del interior que versan sobre las
mismas materias, con excepción, exclusivamente, de los siguientes asuntos:
1) No quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos relativos a la
creación y conformación de comisiones intersectoriales, comisiones
interinstitucionales, consejos, comités, sistemas administrativos y demás
asuntos relacionados con la estructura, configuración y conformación de las
entidades y organismos del sector administrativo.
2) Tampoco quedan cobijados por la derogatoria anterior los decretos que
desarrollan leyes marco.
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DECRETO NÚMERO
DE 2015
Continuación del Decreto “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo del Interior”
3) Igualmente, quedan excluidas de esta derogatoria las normas de naturaleza
reglamentaria de este sector administrativo que, a la fecha de expedición del
presente decreto, se encuentren suspendidas por la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, las cuales serán compiladas en este decreto, en caso de recuperar
su eficacia jurídica.
Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones
compiladas en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el
entendido de que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto
compilatorio.
Artículo 3.1.2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación en el
Diario Oficial.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá D. C., a los
Ministro del Interior,
JUAN FERNANDO CRISTO BUSTOS
Página 289
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