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EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA PROTECCIÓN SOCIAL EN
EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA
PROTECCIÓN SOCIAL
EN AMÉRICA LATINA
Guillermo Sunkel
Preparado como apoyo al documento “La protección social de cara al futuro:
acceso, financiamiento y solidaridad” a ser presentado en el XXXI Período de
Sesiones de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), a
realizarse del 20-24 de marzo, 2006 en Montevideo, Uruguay. Este documento no
ha sido necesariamente sometido a edición oficial.
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Asesoría General en Seguridad Social
El papel de la familia en la protección social
en América Latina
Guillermo Sunkel
Resumen
La familia ha sufrido profundas transformaciones en las últimas décadas.
Entre ellas: se han diversificado las formas familiares, se ha transformado el
modelo de hombre proveedor-mujer cuidadora, se ha desarrollado una
tendencia creciente a las familias con jefatura femenina y se ha reducido el
tamaño promedio de las familias. Sin embargo, la familia se mantiene como
un pilar clave en el régimen de bienestar. El régimen tiene una orientación
“familista” que no libera a la mujer de las responsabilidades familiares y en la
política social persiste el modelo tradicional de hombre proveedor-mujer
cuidadora. Por su parte, ante las insuficiencias del sistema de protección
social las familias juegan roles claves en la producción y reproducción del
bienestar. En respuesta a situaciones adversas las familias movilizan sus
activos. En las familias más pobres se moviliza el trabajo – de la mujer, de los
hijos o bien se opta por la inmigración – que es comúnmente considerado su
más importante activo. Además, en la década del noventa ha aumentado la
demanda social sobre la familia. Procesos de distinto tipo – como el
envejecimiento de la población, la permanencia de los hijos en la familia de
origen y la fecundidad adolescente – han tenido impacto sobre las estructuras
familiares, generando nuevas responsabilidades que la familia se ha visto
llevada a asumir. Todo lo cual indica que se requieren nuevas opciones de
política hacia la familia. El presente trabajo examina el papel de la familia en
la protección social y concluye destacando algunas áreas de intervención en
una agenda de “políticas para la familia”. Estas incluyen: la conciliación de la
vida laboral y la vida familiar, la conciliación con los nuevos arreglos
familiares y algunas prioridades de acción para las familias pobres que
enfrentan riesgos sociales.
I. La familia se ha transformado profundamente en las últimas décadas 1
El tema de familia – tradicionalmente ausente de la discusión sobre políticas
públicas – ha entrado recientemente al debate no solo debido a la crítica
feminista de la política social sino también porque la propia familia se ha
vuelto problemática. En el modelo parsoniano la familia nuclear de la postguerra aparecía como una institución tremendamente estable e impermeable
1
Quisiera reconocer los aportes de Irma Arriagada al tema de las estructuras familiares, los que
me han sido de gran utilidad.
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
a los cambios, imagen que se convirtió en un lugar común durante décadas
tanto en las ciencias sociales como en la cultura política. Sin embargo, en las
últimas décadas grandes transformaciones en su estructura y
comportamiento hacen que la familia nuclear con hombre proveedor/mujer
cuidadora ya no sea el modelo clásico. En este sentido, se ha planteado que
en los países más desarrollados – pero también en América Latina – existe
una crisis de la familia patriarcal. Esta noción hace referencia al
debilitamiento de un modelo de familia basado en el ejercicio estable de la
autoridad/ dominación sobre toda la familia del hombre adulto cabeza de
familia. Castells, por ejemplo, destaca los siguientes indicadores de esta
crisis: la frecuencia creciente de las crisis matrimoniales y la disolución de los
hogares de las parejas casadas, por divorcio o separación; el retraso en la
formación de parejas y la vida en común sin matrimonio; la variedad creciente
de estructuras de hogares, con lo que se diluye el predominio del modelo
clásico de la familia nuclear tradicional (parejas casadas en primeras nupcias
y sus hijos); la tendencia creciente a que nazcan más niños fuera del
matrimonio y a que las mujeres limiten el número de hijos y retrasen el
primero (Castells, 1999). El autor señala que no se trata de la disolución de la
familia, como a veces se plantea, sino más bien del fin de la familia como la
hemos conocido hasta ahora. No sólo de la familia nuclear (un artefacto
moderno), sino la basada en la dominación patriarcal que ha sido la regla
durante milenios (Castells, 1999).
En una línea concordante, y pensando en América Latina, Elizabeth Jelin se
pregunta: “La imagen, convertida ya en lugar común, es que la familia está
‘en crisis’. Pero, ¿qué familia está en crisis? Si se habla del modelo
tradicional ‘ideal’ del papá que trabaja afuera, la mamá que limpia y atiende a
los hijos.. no hay dudas que hay una situación de crisis. Esa familia ‘normal’
está atravesada por mamás que trabajan, por divorcios y formación de
nuevas parejas con hijos convivientes y no convivientes (‘los míos’, ‘los
tuyos’, ‘los nuestros’), por transformaciones ligadas al proceso de
envejecimiento (viudez y hogares unipersonales). A esto se agregan otras
formas de familia más alejadas del ideal de la familia nuclear completa:
madres solteras y madres con hijos sin presencia masculina, padres que se
hacen cargo de sus hijos después del divorcio, personas que viven solas pero
que están inmersas en densas redes familiares. Todas ellas son familias”
(Jelin, 1998: 17-18). En esta sección se examinan cuatro tendencias claves
que se han desarrollado en la década del noventa generando cambios en la
estructura y comportamiento de “la” familia en América Latina.
A. La diversificación de las formas familiares
Una primera tendencia es la diversificación de las formas familiares y los
estilos de convivencia (Gráfico 1). Dentro de una clasificación armada a partir
de las encuestas de hogares para la década del noventa (Recuadro 1), la
familia nuclear biparental con hijos, que en principio representa el modelo
tradicional de la post-guerra, se mantiene como el modelo predominante de
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
familia: en el año 1990 este representaba el 46,3% de todas las formas
familiares en América Latina, proporción que disminuyó a un 42,8% el año
2002. La reducción de la participación de la familia nuclear biparental con
2
hijos se produce en todos los países de la región . Sin embargo, este modelo
coexiste con otras formas familiares.
La familia extendida, que es el modelo predominante de la sociedad preindustrial, no desaparece –como se sostenía en la teoría de la modernización
– con los procesos de industrialización y urbanización manteniendo una
presencia significativa todavía a fines del siglo XX. Así, en la década del
noventa las familias extensas representan poco menos de un cuarto de todas
las familias latinoamericanas. En este sentido, es significativo que en varios
países de la región – como Argentina, Colombia, Nicaragua, Panamá y
Paraguay – la familia extensa incluso aumente su participación. Ello puede
responder al hecho “que las familias extendidas oculten otros núcleos
familiares secundarios: hijos/as que no habían logrado constituir sus propias
familias y, en especial, la existencia de madres adolescentes” (Arriagada,
2002: 152). También pueden ocultar a adultos mayores que han buscado
protección a través de nuevos arreglos familiares.
Gráfico 1
AMÉRICA LATINA (PROMEDIO SIMPLE, 18 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LAS
FAMILIAS SEGÚN TIPO, ZONAS URBANAS, 1990-2002
(En porcentajes)
Se produce también un aumento de la participación de las familias nucleares
monoparentales, principalmente encabezadas por mujeres, las que
representan un 9,7% de las familias latinoamericanas en 1990 y un 11,3% el
año 2002. Además, aumenta la participación de los hogares unipersonales de
3
6,7% en 1990 a 8,4% el 2002.
2
Para la información detallada por país al Panorama Social 2002 – 2003, CEPAL.
Respecto a la distinción familia/hogar Irma Arriagada ha señalado: “El concepto de hogar incluye
el concepto de familia. Así todas las familias son hogares, pero no todos los hogares son familias.
Para que un hogar sea considerado ‘familia’ al menos un miembro del hogar debe tener relaciones
de parentesco con quien se declara jefe del hogar encuestado”, Arriagada, 2002, p.152
3
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
Junto a las formas señaladas coexisten también las familias nucleares sin
hijos, que corresponden principalmente a familias de adultos mayores cuyos
hijos ya han constituido sus propios hogares, las familias compuestas y los
hogares sin núcleo conyugal. Además, “al incrementarse la frecuencia de
separaciones y divorcios, las familias complejas han aparecido como un
nuevo fenómeno en la región. Estas familias resultan del divorcio, la nulidad
del matrimonio, la viudez o la ruptura de la convivencia de hecho y la
constitución de nuevos vínculos” (Arriagada, 2002: 152). Todos estos
arreglos familiares, varios de los cuales no son capturados por las categorías
estadísticas de las encuestas de hogares, confirman la tendencia a una
creciente diversificación de las formas familiares.
Por último, “la estructura de las familias latinoamericanas varía notablemente
según el nivel de ingresos percibidos. Por ejemplo, constituir un hogar
unipersonal requiere recursos económicos de los que no disponen todos los
que quisieran vivir solos. En el extremo opuesto hay un mayor porcentaje de
familias pobres que son extendidas y compuestas. El número de hijos marca
la diferencia entre las familias nucleares pertenecientes a los quintiles más
pobre y más rico.. habitualmente en los hogares pobres hay mayor número
de hijos que son dependientes económicos y por otro lado, hay menor
número de aportantes económicos al hogar” (Arriagada, 2001: 22).
B. La transformación del “male breadwinner model”
La familia biparental con hijos puede ser definida como aquella en la que
están presentes “ambos padres viviendo juntos con sus hijos matrimoniales,
la madre ama de casa a tiempo completo y el padre ganando el pan”
(Giddens, 2000: 71). Corresponde al denominado “male breadwinner model”
(modelo “hombre proveedor”) que ha sido predominante desde el período de
post-guerra hasta comienzos del siglo XXI. Sin embargo, este modelo ha
sufrido una profunda transformación en las últimas décadas producto de la
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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masiva incorporación de la mujer al mercado laboral con lo cual se está
transitando - a pesar de la ausencia de políticas que incentiven este proceso
– del “modelo hombre proveedor” al “dual earner model” (familias de doble
ingreso).
Gráfico 2
AMÉRICA LATINA (PROMEDIO SIMPLE, 18 PAÍSES): OCUPACIÓN DEL
CÓNYUGE EN FAMILIAS NUCLEARES BIPARENTALES, ZONAS URBANAS,
ALREDEDOR DE 1990 Y 2002
(En porcentajes)
En la década de los años noventa se observa una clara tendencia en las
familias nucleares biparentales a que ya no sea solo el hombre quien genera
los ingresos familiares (Gráfico 2). En promedio para América Latina, la
participación laboral del cónyuge aumenta en diez puntos porcentuales
pasando de 37% en 1990 a 47,6% en el 2002. Es decir, actualmente en casi
la mitad de las familias nucleares biparentales latinoamericanas la mujer ha
dejado de ser una “ama de casa a tiempo completo” para ingresar al mercado
laboral y constituirse en un nuevo aportante al ingreso familiar. El aumento en
la participación laboral de la mujer en este tipo de familia se produce en todos
los países latinoamericanos, especialmente en Venezuela, Panamá, México,
Costa Rica, Chile, Brasil y Bolivia (donde está por sobre los diez puntos
porcentuales). Se trata, sin duda, de un cambio de envergadura que ha
tenido impactos profundos en la estructura y comportamiento de este tipo de
familia.
De hecho, en la actualidad una alta proporción de las familias en América
Latina está intentando buscar un equilibrio entre las responsabilidades
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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laborales y aquellas relacionadas con el cuidado del hogar. Las familias se
encuentran navegando en un territorio incierto donde, por una parte, existe la
expectativa que las madres asuman la responsabilidad principal por los
cuidados del hogar y, por otro lado, que todos los adultos participen en el
mercado laboral. Pero mientras se ha ampliado el acceso de la mujer al
trabajo remunerado, lo que consume tiempo que tradicionalmente ella
dedicaba a cubrir las responsabilidades familiares, no se ha producido un
cambio equivalente en la redistribución del tiempo que los hombres dedican
al trabajo y al hogar. Así, en diversos tipos de arreglos familiares los padres
intentan buscar soluciones privadas al problema: “¿Quién cuida a los hijo/as
si trabajamos por ingresos?” Las soluciones privadas a este problema están
generando a su vez nuevos problemas relacionados con el costo y la calidad
de cuidados no parentales de los hijos/as pequeños.
Además, la relación trabajo-familia genera diversos conflictos al interior de la
propia familia y no solo en trabajo doméstico. En el plano psicosocial, genera
conflictos en la socialización del rol sexual, el que se produce cuando los
roles aprendidos por cada sexo en una cultura no coinciden con el
desempeño cotidiano de los mismos; en la alternancia de roles, conflicto que
se produce en los hombres que tienden a sentirse menos masculinos si
comparten las tareas domésticas y en las mujeres que tienen complejos de
culpa por pasar poco tiempo con sus hijos; en la competencia entre los
cónyuges, conflicto que ocurre en mayor medida cuando es la mujer quien
obtiene ventaja en la comparación, puesto que la educación tradicional
enseña que es el hombre quien debe sustentar económicamente a la familia;
4
y en la restricción de la vida social y el tiempo libre. La intensificación del
conflicto trabajo-familia puede estar fundamentalmente determinado por las
características del mercado laboral pero es al interior de la propia familia
donde esta se manifiesta con particular fuerza. Es claro, entonces, que se
requieren nuevos modelos de política social que superen el esquema de
hombre proveedor/mujer cuidadora y que por esa vía permitan generar una
diversidad de programas orientados a apoyar los esfuerzos de las familias
para combinar responsabilidades laborales y familiares.
C. La tendencia creciente a las familias con jefatura femenina
En la década de los años noventa se observa también una tendencia
creciente a las familias con jefatura femenina (Gráfico 3). La jefatura
femenina aumenta para el total de las familias latinoamericanas de 24% en
1994 a 28% en el 2002. Es decir, actualmente más de un cuarto de las
familias en América Latina están encabezadas por mujeres. Existe un
predominio muy claro de la jefatura femenina en las familias nucleares
monoparentales donde este llega en promedio al 86% en el 2002. En el caso
de las familias extensas y compuestas (consideradas en conjunto) la jefatura
4
Para un mayor desarrollo de este tema, véase: Francisco Gracia, Pilar González y José M. Pieró,
“ El trabajo en relación con otros ámbitos de la vida”, en José M. Pieró (ed.), Tratado de psicologí
social del trabajo, Madrid, 1992;
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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femenina llega en promedio al 40% en el 2002. Esta situación presenta
variaciones entre los distintos países alcanzando una proporción más baja en
Ecuador (29%) y la proporción más alta en El Salvador (47,1%). También se
observa que en promedio un 49% de los hogares unipersonales están
constituidos por mujeres. Esta situación presenta algunas variaciones
significativas puesto que en países como Argentina y Uruguay los hogares
unipersonales están constituidos principalmente por mujeres (64,9% y 63,5%
respectivamente) mientras que en Venezuela sólo llegan al 29,3%.
Gráfico 3
AMÉRICA LATINA (PROMEDIO SIMPLE, 14 PAÍSES): JEFATURA FEMENINA
SEGÚN TIPO DE HOGAR, ZONAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1994 Y 2002
(En porcentajes)
Por otro lado, se observa que solo un 4% de las familias nucleares
biparentales tienen jefatura femenina. Este dato contrasta con lo planteado
anteriormente en el sentido que la mujer aporta al ingreso familiar en casi la
mitad de este tipo de familias. Esto sugiere que el concepto de jefatura de
hogar tal como se considera en las encuestas de hogares plantea problemas
analíticos. De hecho, en las encuestas de hogares se considera que el jefe
de hogar es la persona que se designa a si misma como jefe o que está
designada o reconocida como tal por los demás miembros del hogar, con
independencia del proceso real de toma de decisiones y de la composición
del aporte económico. “Así, la definición, de carácter subjetivo, responde a
expectativas culturales sobre quién se considera la autoridad en la toma de
decisiones, o sobre quién es el dueño de los activos, y está mediada por
normas sociales que moldean los roles masculinos, como actores
económicos y proveedores, y los femeninos, como responsables del cuidado
y la crianza de los hijos” (Arriagada, 2002: 153). A ello se agrega el hecho
que en este tipo de encuestas no se considera la categoría de jefatura
compartida.
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
Como una forma de enfrentar las limitaciones analíticas de la definición de
jefatura familiar Arriagada ha propuesto “la consideración simultánea de
jefatura femenina/masculina de facto y de jure, ligando el concepto de jure al
que se usa habitualmente en censos y encuestas y el concepto de facto al
que se determina por el mayor aporte al ingreso familiar. Al realizar la
comparación siguiendo los criterios de jure y de facto, se aprecia una mayor
invisibilidad de las mujeres en la definición tradicional de jefatura de hogar, y
se comprueba que en todos los países de América Latina el porcentaje de
hogares cuyo aporte económico principal es realizado por una mujer supera
al de hogares con jefatura femenina, excepto en el Nicaragua, donde el
porcentaje es el mismo” (Arriagada, 2002: 153)
Flexibilizando el criterio se podría plantear que el mero hecho de aportar al
ingreso familiar, independientemente de la cantidad del aporte, implica un
cambio en el proceso de toma de decisiones y en el lugar de quien ejerce la
autoridad. Desde esta perspectiva, es claro que si la mujer ha dejado de ser
una “ama de casa a tiempo completo” para ingresar al mercado laboral y
constituirse en un nuevo aportante al ingreso familiar en casi la mitad de las
familias nucleares biparentales debiera haber un cambio correlativo en el
sexo del jefe de hogar. O al menos debiera considerarse como jefatura
compartida. Todo lo cual indica que los datos sobre jefatura de hogar en
familias nucleares biparentales implican una significativa subestimación de la
jefatura femenina.
D. La reducción del tamaño promedio de las familias
Por último, una cuarta tendencia es la reducción del tamaño promedio de las
familias (gráfico 4). Entre 1987 y 1999 esta tendencia se registra en todos los
países latinoamericanos aunque con variaciones significativas. Uruguay es el
que registra el menor tamaño promedio por hogar (3,2 personas en 1999)
mientras que Honduras y Guatemala se sitúan en el extremo opuesto (4,8
personas en 1999).
La reducción del tamaño de las familias se encuentra asociado a distintos
fenómenos. Primero: a la caída en la tasa de fecundidad. La caída en la tasa
de fecundidad ha sido general para toda la región aunque ha tenido
diferencias por países dependiendo de la etapa de la transición demográfica
en que se encuentran. La tendencia general es que mientras más avanzada
la transición demográfica (por ejemplo, Argentina y Uruguay) menor es el
tamaño del hogar. Los países que se encuentra en la etapa avanzada de la
transición demográfica se caracterizan porque la población mayor de 60 años
representa más del 10% de la población del país. Tienen, además, bajas
5
tasas de natalidad y mortalidad.
5
Para una tipología de las etapas de transición demográfica en América Latina, véase: Panorama
Social 1999-200, CEPAL
50
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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Segundo: el tamaño de las familias depende del nivel socioeconómico. Si se
comparan las familias pertenecientes al quintil de ingresos más pobre con el
quintil más rico se aprecia que en algunos países (como Guatemala y
México) los hogares más pobres tienen casi tres personas adicionales que
los más ricos (Arriagada, 2004: 456). En parte, esta situación se debe a que
en los sectores de menores ingresos hay una proporción más alta de familias
extendidas y compuestas. Pero el tamaño de las familias nucleares también
es mayor en los sectores más pobres, lo cual solo puede obedecer a factores
de orden cultural.
Gráfico 4
AMÉRICA LATINA (PROMEDIO SIMPLE, 17 PAÍSES): TAMAÑO MEDIO DE
LAS FAMILIAS URBANAS, ALREDEDOR DE 1986 Y 1999
(Número de personas)
Tercero: la reducción del tamaño de las familias también está asociado al
aumento de la jefatura femenina en la medida que el menor número de hijos
significa una disminución del trabajo doméstico y, por consiguiente, un
aumento de las posibilidades de opción laboral y de autonomía de la mujer.
Por último, en esta tendencia también inciden factores como las uniones más
tardías, la postergación de la maternidad y el distanciamiento entre los hijos.
Como lo ha señalado Arriagada, se trata de procesos ligados a la modernidad
tardía que se “expresarán en un incremento de la individualización que
resaltará las demandas personales por sobre las institucionales, de la
secularización de la acción colectiva y de reflexividad en la toma de
decisiones individuales y de diversidad cultural de opciones de vida”
(Arriagada, 2004: 456).
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
II. Sin embargo, la familia es un pilar clave en el régimen de bienestar
latinoamericano
Durante las últimas décadas del siglo XX la familia en América Latina ha sido
afectada por profundas transformaciones. Giddens ha planteado que en la
actualidad hay “instituciones que parecen iguales que siempre desde fuera, y
llevan los mismos nombres, pero por dentro son bastante diferentes.
Seguimos hablando de la nación, la familia, el trabajo, la tradición, la
naturaleza, como si todos fueran igual que en el pasado. No lo son. La parte
exterior permanece, pero por dentro han cambiado – y esto está ocurriendo
no sólo en los Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia sino prácticamente en
todas partes. Son lo que llamo instituciones caparazón. Son instituciones que
se han vuelto inadecuadas para las tareas que están llamadas a cumplir”
(Giddens, 2000: 30-31).
En relación con la situación de la familia, el mismo autor señala que “una
minoría de gente vive ahora en lo que podríamos llamar la familia estándar de
los años cincuenta – ambos padres viviendo junto con sus hijos
matrimoniales, la madre ama de casa a tiempo completo y el padre ganando
el pan. En algunos países más de una tercera parte de todos los nacimientos
tienen lugar fuera del matrimonio, mientras que la proporción de gente sola
ha crecido de manera exponencial y parece probable que lo haga aún más.
En muchas sociedades, como Estados Unidos o Gran Bretaña, el matrimonio
sigue siendo muy popular – se han calificado, adecuadamente, como
sociedades de mucho divorcio y mucho matrimonio. En Escandinavia, por el
contrario, una proporción alta de la gente que vive junta, incluida la que tiene
hijos, no está casada” (Giddens, 2000: 71).
La pregunta es: ¿si la familia ha sufrido profundas transformaciones en las
últimas décadas convirtiéndose en lo que Giddens denomina una “institución
caparazón” que hace posible que, a pesar de su creciente diversidad, esta
siga siendo considerada como “familia”? En su análisis cultural comparativo
Ronald Inglehart plantea que: “La familia es un concepto simple y tan
universal como podría ser. Sin embargo, sabemos que se refiere a una
familia nuclear en Noruega – y a una muy pequeña – mientras que en Nigeria
puede incluir un pueblo completo y a veces dos o tres. Pero cualquiera sea el
contenido operacional que se le asigne la familia es muy importante para la
gente en forma universal. A pesar de las diferencias en la definición
operacional, el concepto tiene un significado esencial (un “core meaning”) en
todas la sociedades. Es difícil pensar otra explicación posible a este
extremadamente bajo grado de variación en las respuestas de casi cien mil
encuestados a través del mundo” (Inglehart y otros, 2004).
Los estudios de Inglehart no aportan elementos que permitan determinar cual
es ese significado esencial (o “core meaning”) que se le atribuye a la familia
en todas las sociedades. Lo que acá se plantea es que a pesar de sus
profundas transformaciones y su creciente diversidad la familia mantiene un
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
significado esencial que se origina en que esta constituye un pilar clave del
régimen de bienestar latinoamericano. En los capítulos III y IV se examinan
los roles que la familia ha estado llevada a desempeñar en la protección de
sus miembros y la producción del bienestar ante las insuficiencias del sistema
de protección social. Previo a ello es necesario examinar el “lugar” de la
familia en el régimen de bienestar latinoamericano y la manera en que esta
es concebida en las políticas sociales. Para ello se comienza con una
discusión del enfoque sobre regímenes de bienestar, el que se centra en la
distribución de responsabilidades entre el Estado, el mercado y la familia.
A. Regímenes de bienestar
Los estados de bienestar occidentales han emprendido diversos tipos de
reforma desde comienzos de los años 80. Hacia fines de los 90 el estudio de
las reformas del sector público se expandió a la investigación comparativa de
los estados de bienestar. Inicialmente, esos estudios se desarrollaron para
explicar por qué la expansión del estado de bienestar era tan profundamente
distinta entre países relativamente similares. Estas variaciones han sido
destacadas por los influyentes trabajos de Esping-Andersen quien establece
una distinción entre tres regimenes de bienestar: liberal, socialdemócrata y
6
conservador. Para el autor estos regimenes “se distinguen entre sí de
acuerdo con la distribución de responsabilidades sociales entre el Estado, el
mercado y la familia (los que constituyen la “tríada del bienestar”) y, como
elemento residual, las instituciones sin fines de lucro del ‘tercer sector’”
(Esping-Andersen, 2001: 207-8). Se diferencian también “en las hipótesis
fundamentales sobre las insuficiencias del mercado laboral y de la familia”
(Esping-Andersen, 2001: 202).
El régimen de bienestar socialdemócrata agrupa a los países escandinavos
(Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia). Según Esping-Andersen, este tipo
de régimen “ejemplifica la idea de quienes consideran que los sistemas
privados de bienestar social se caracterizan por la desigualdad y la
inadecuación, por lo que buscan sustituirlos por un régimen de protección
pública integral” (Esping-Andersen, 2001: 202) El régimen socialdemócrata
se orienta hacia la cobertura universal de los ciudadanos, tiene una amplia
provisión de servicios sociales y niveles generosos de beneficios. En
términos de principios el régimen socialdemócrata tiende al igualitarismo
intentado reducir al mínimo la distribución desigual de recursos según el
origen familiar. Asimismo, tiende a la promoción del bienestar en base a la
ciudadanía en vez de la demostración de necesidades o la dependencia en la
relación laboral.
Junto con el acento en un sistema de protección pública e integral y el
objetivo de excluir al mercado de la prestación de servicios sociales el
régimen de bienestar socialdemócrata se distingue porque incentiva la
6
Véase, especialmente: Esping-Andersen, Gosta (1999), Social Foundations of Postindustrial
Economies, Oxford University Press, Inglaterra.
53
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
“desfamilización” (de-familialization). En su acepción mas general, la
“desfamilización” se entiende como una colectivización de las necesidades de
las familias, o si se prefiere como una mayor responsabilidad del conjunto de
la sociedad para procurar el bienestar y satisfacción vital a los miembros de
las familias. Más específicamente, la “desfamilización” hace referencia a
aquellas políticas que minimizan la dependencia del individuo (y en particular
de la mujer) en la familia y que, a la inversa, maximizan el control del
individuo sobre los recursos económicos independientemente de las
reciprocidades familiares o conyugales. La “desfamilización” no es una
política “anti-familia” sino más bien un tipo política que incentiva la
independencia económica de la mujer liberándola de las responsabilidades
familiares que restringen su participación en el mercado laboral. En ese
sentido, la “desfamilización” hace referencia a un estado de bienestar
“amistoso” con la mujer.
El régimen de bienestar conservador incluye los países de Europa continental
(Alemania, Holanda, Austria, Francia, Italia y España). Este tipo de régimen –
influenciado históricamente por el estatismo, el corporativismo tradicional y el
catolicismo– “se caracteriza por proteger individualmente a los trabajadores,
asegurándoles la ocupación mediante estrictas normas de contratación y
despido” (Esping-Andersen, 2001: 203) El régimen conservador se estructura
a partir de sistemas de seguro social vinculados al empleo y dado que se
asume que “la familia depende del varón como su principal proveedor, la
seguridad laboral de éste es de fundamental importancia”. Sin embargo, los
planes de seguro privado son escasos.
En el régimen conservador el estado tiene un rol mínimo de intervención a
través de la política social aunque de hecho interviene para proteger a
quienes no logran obtener el bienestar a través del mercado. Por lo tanto,
subyace un concepto de protección jerárquica orientada hacia quienes no
logran funcionar como trabajadores mercantilizados (“commodified labour”,
en los términos de Esping-Andersen). Los principios no son – como en el
régimen socialdemócrata - el igualitarismo y la ciudadanía sino más bien la
asociación de los derechos sociales a la clase y el estatus. La estratificación
social sería así una noción central para distinguir entre los programas
sociales segmentados del régimen conservador y los programas universales
que contribuyen a la solidaridad de la ciudadanía del régimen
socialdemócrata. Por otro lado, el “tercer sector” juega un papel residual que
se refleja en el rol de la iglesia y las organizaciones religiosas en la provisión
de ciertos arreglos de servicio social. Alemania es una notable excepción en
la medida que la prestación de una importante proporción de los servicios de
salud está en manos de asociaciones sin fines de lucro. (Esping-Andersen,
2001: 209).
Junto con el acento en la protección social a través del empleo y un rol
mínimo de intervención estatal en la promoción del bienestar el régimen
conservador se distingue porque es “explícitamente ‘familista’, en el sentido
de que, asegurado el ingreso, suponen que la familia puede hacerse cargo de
54
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
la mayoría de las funciones relacionadas con el bienestar” (Esping-Andersen,
2001: 203) El “familismo” combina el sesgo de la protección social hacia el
hombre proveedor (“male breadwinner model”) con la centralidad de la familia
como protectora y responsable última del bienestar de sus miembros
7
(principio de subsidariedad). Existe la prescripción legal de que los padres
son responsables por sus hijos lo que implica, por ejemplo, que no se dará
asistencia social a los hijos si es que los padres están en condiciones
económicas de poder mantenerlos. Dado que se asume el modelo de familia
con hombre proveedor – y con ingreso garantizado – el régimen conservador
des-incentiva la asistencia y transferencias hacia las familias. Tampoco se
hace cargo de otras situaciones familiares, como es el caso de las madres
solteras.
El régimen de bienestar liberal agrupa a los países anglosajones (Estados
Unidos, Reino Unido, Nueva Zelandia y Australia). Este tipo de régimen se
caracteriza por un estado residual, la individualización de los riesgos y la
promoción de soluciones de mercado. La política liberal es “residual” en el
sentido que tiene una definición estrecha de quien tiene derecho a los
beneficios sociales, lo que está muy en sintonía con la visión del siglo XIX de
“dar alivio a los pobres”. Tiene un enfoque de asistencia social basado en
necesidades y, en consecuencia, un sesgo hacia la focalización. Para ello
desarrolla medios e instrumentos que permitan determinar y/o demostrar las
necesidades de las personas/hogares. Luego, la política liberal es “residual”
en el sentido que adhiere a una concepción estrecha de los riesgos que
debieran ser considerados como sociales. “El enfoque más residual y
focalizado que aplican los países anglosajones en el ámbito de la protección
social se basa en la hipótesis de que los problemas relacionados con las
fallas de mercado suelen limitarse a casos especiales, como las madres
solteras, que tienen dificultades objetivas para satisfacer sus necesidades en
mercados normales” (Esping-Andersen, 2001: 203)
Combinado con este acento en un estado residual, el régimen de bienestar
liberal promueve el mercado como el pilar central de la tríada. “Los estados
de bienestar liberales tienen en común la adopción de un componente de
tributación negativa, que ofrece un piso mínimo de ingreso a los pobres y a
los trabajadores de bajos sueldos, junto con el incremento de los incentivos a
los sectores de mayores ingresos para que contraten servicios pagados”
(Esping-Andersen, 2001: 208). Por otro lado, en la evolución histórica de este
tipo de régimen destaca que la protección social del sector privado se ha ido
desplazando desde “la cobertura colectiva de riesgos – los planes de seguro
social por empresa – a la suscripción individual de planes de pensión y salud
y a la prestación de servicios por el mercado” (Esping-Andersen, 2001: 208)
7
El principio de subsidariedad viene de las enseñanzas sociales de la Iglesia Católica que
proponen que las personas necesitadas solamente debieran obtener asistencia de bienestar en
caso que no puedan obtener ayuda de sus familias, amigos u organizaciones no
gubernamentales.
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
Cuadro 1
RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS REGÍMENES DE BIENESTAR
B. El “familismo” latinoamericano
¿Cómo se distribuyen las responsabilidades sociales entre el estado, el
mercado y la familia en el régimen de bienestar en América Latina? Los
sistemas de seguridad social son impulsados en América Latina por el estado
desarrollista el que, junto con el crecimiento económico y la industrialización,
se planteó objetivos de mejoramiento social que redundaran en una mejor
calidad de vida de la población. Basados en los criterios de universalidad,
solidaridad e integralidad los sistemas de seguridad social tenían un énfasis
redistributivo cumpliendo una función compensatoria de las desigualdades
sociales.
Los programas que surgieron de esta concepción de la seguridad social eran
de tres tipos: a) Los seguros sociales – sistemas de pensiones de vejez e
invalidez, seguros de desempleo, de salud, accidentes, de maternidad, etc. –
que fueron la piedra angular del sistema de bienestar social sustentado en el
aporte del trabajador/a, el empleador/a y el estado con una concepción
solidaria; b) La asistencia social –servicios para superar la pobreza de grupos
carentes de recursos, preferentemente programas tendientes a promover el
pleno empleo o empleo temporal, programas de alimentación-nutrición, salud,
etc.– que eran complementarios a los seguros para la población que no tenía
acceso a estos por no tener un empleo formal; y, c). Las subvenciones
sociales –subsidios familiares (por cargas), para la vivienda, educación, etc.–
que funcionaban como derechos consagrados de manera individual.
De esta manera el estado se transformó en proveedor de servicios sociales
que se consideraban estratégicos para el desarrollo social de la población. En
este contexto se comienza a desarrollar un régimen de bienestar social que
buscaba garantizar al total de la población un mínimo nivel de vida que se
conciliara con el proyecto de desarrollo que se pretendía alcanzar. En este
régimen el estado debe garantizar el pleno empleo pues, en la sociedad
salarial, el empleo es el factor clave de inclusión e integración social. La
condición de trabajador opera como garantía de acceso a los derechos y
beneficios sociales y es la base de la política redistributiva o de garantías
sociales que era implementado mediante asignaciones familiares o seguros
sociales.
56
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
La noción de pleno empleo ha sido criticada desde la perspectiva feminista, la
que señala que este fue un fenómeno eminentemente masculino pues se
tendía a asimilar al varón como proveedor y a la mujer como dueña de casa,
siendo las mujeres (en tanto establecían un vínculo legal con el trabajador
asalariado) beneficiarias pasivas e indirectas de la seguridad social (Pautassi
2005; Marco 2004). Al mismo tiempo, se fortaleció un tipo de estructura
familiar –la familia nuclear– que se presentaba como funcional al desarrollo.
“La búsqueda por establecer a los hombres en un lugar, crear las condiciones
para que formaran sus propios núcleos familiares y se hicieran responsables
de ellos, se daría en forma paralela a los requerimientos de una emergente
demanda de mano de obra, también estable, por parte de la industria
naciente.. Las nuevas factorías requerían de una población trabajadora
estable, responsable, que perseverara en el trabajo y tuviese necesidad de
conservarlo. Estas condiciones se cumplirían con hombres que se
identificaran con su empresa y estuvieran comprometidos con una familia que
dependiera de ellos directamente” (Olavarría, 2002: 58).
Se crea de esta manera un modelo de seguridad familiar que, por un lado,
favorece a un tipo particular de familia (la familia nuclear) y, por otro,
discrimina a las mujeres de manera directa a través de la reproducción de
ciertos roles de género que las deja a cargo del cuidado familiar. Las mujeres
se transforman en dependientes y subordinadas de sus maridos accediendo
a la seguridad social de manera indirecta. Además, el sistema de seguridad
social basado en la noción de pleno empleo deja afuera a aquellos sectores –
principalmente a los sectores más pobres– que trabajaban en el sector
informal.
En definitiva, hasta fines de los 80 la región mantuvo altos niveles de
protección al empleo pero que solo alcanzaba a los trabajadores del sector
formal por lo que el sistema era de muy baja cobertura. Los sistemas de
protección social vinculados al empleo suponían que el núcleo de la fuerza de
trabajo era masculino y, en consecuencia, que la familia depende del varón
como su principal proveedor. De esta manera, si bien la universalidad de la
cobertura, la igualdad, la solidaridad y la integralidad de las prestaciones
fueron principios que estuvieron en la base de los sistemas tradicionales de
seguridad social, todos ellos estaban condicionados por la seguridad laboral
del varón. Este régimen de bienestar podría ser caracterizado como
“familista” en el sentido que combina el sesgo de la protección social hacia el
hombre proveedor con la centralidad de la familia como protectora y
responsable última del bienestar de sus miembros. El régimen supone que,
asegurado el ingreso, la familia puede hacerse cargo de la mayoría de las
8
funciones relacionadas con el bienestar.
8
El régimen tiene diferencias con el tipo conservador de Esping-Andersen porque el estado tenía
un fuerte rol de intervención a través de la política social transformándose en un proveedor de
servicios sociales estratégicos. Sin embargo, entre esos servicios no estaban aquellos que
incentivarían la incorporación de la mujer al mercado laboral.
57
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
Las reformas estructurales que se implementaron luego de la crisis de los
ochenta significaron un cambio radical del paradigma que organizó la
concepción de políticas públicas de seguridad social (Uthoff 2002; Pautassi
2002). En efecto, se produce un cambio desde un modelo de seguridad social
que disponía de un paquete amplio de previsiones provistas por el estado,
tanto en términos de servicios, regulación y financiamiento, a una concepción
de protección social que implica una acción más restringida del Estado. Ello
se expresa en la vinculación entre aportes y beneficios, en el descenso de los
niveles de cobertura, en la exclusión de amplios grupos sociales y en la
privatización de la administración del sistema. La tendencia que prima no
apunta a ampliar la cobertura sino claramente a transferir más riesgos a la
esfera individual (Pautassi, 2002). Se sigue que existe un desplazamiento de
las previsiones que antiguamente proveía el Estado hacia las personas, las
familias y las redes sociales para satisfacer la necesidad de protección social.
Los principios sobre los que se construyó el sistema de seguridad social – la
universalidad, la solidaridad y la integralidad – son ahora sustituidos por una
visión eminentemente técnica que se apoya en el concepto de eficiencia
financiera. El nuevo sistema se basa en una concepción individual del sujeto
que aporta a su bienestar y en el que, en base a sus ingresos, podrá
extender la red de beneficios a su familia. Se va gestado así un régimen de
bienestar que alcanza a los trabajadores del sector formal y a quienes,
dependiendo de sus ingresos, pueden acceder a seguros sociales a través
del mercado.
Por su parte, la política social de los años 90 ha tenido un enfoque de
asistencia social basado en necesidades el que es implementado a través de
la focalización. Ello ha originado una amplia gama de programas sociales
orientados a aliviar o mitigar la pobreza a través de transferencias monetarias
9
o la entrega de bienes y servicios hacia los más necesitados. Además,
supone que las funciones de la política social pueden ser separadas y
llevadas a cabo por otros sectores como el mercado o el sector informal. En
este sentido, destaca que en “diversos países de la región se están llevando
a cabo reformas que transfieren al sector privado responsabilidades en la
ejecución de ciertas etapas de la implementación de las políticas sociales.
Así sucede con el caso de la salud previsional, donde si bien la legislación
9
La focalización cobró vigor en la década del 80 cuando organismos como el Banco
Mundial, en el marco de propuestas privatizadoras de las políticas sociales, abogaron por
concentrar el gasto público social en los grupos más vulnerables mediante programas
focalizados, y por desmantelar los servicios universales, evaluados negativamente mediante
un giro analítico que extrapoló la regresividad de programas como los de pensiones a la
generalidad de los programas universales. Se articuló una perspectiva global sobre política
social: en tanto que la provisión universal era muy costosa e ineficiente, la focalización
permitiría a los gobiernos reducir la pobreza con más eficiencia y menor costo. El carácter
radical de esta perspectiva condujo a discusiones, incluso en el Banco Mundial, y la visión
sobre política social se ha visto erosionada por consideraciones de muy diversa índole,
formuladas incluso en el seno del propio Banco Mundial y de otros organizmos (Sojo, 2003).
58
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
puede fijar contribuciones obligatorias a los asalariados, permite que estos
elijan aquellas instituciones – públicas o privadas – que administrarán esos
recursos y las que prestarán la atención de salud en caso necesario, como
sucede en Chile, Argentina, Colombia y Perú. En materia de pensiones, un
sistema regulatorio público, que establece el ahorro obligatorio, permite que
sean empresas privadas las que administren los fondos de pensiones (en
Chile, Argentina, Colombia y Perú y Uruguay)” (Franco, 1996: 14).
En definitiva, a diferencia del régimen de bienestar que predominó en
América Latina hasta los años ochenta donde el estado tenía un rol
protagónico en la provisión de servicios sociales, en el paradigma que
emerge en la década del noventa el estado pierde ese protagonismo mientras
el mercado se constituye en un pilar central de la tríada. Por su parte, se
mantiene la orientación “familista” en tanto el régimen no absorbe el peso de
la protección familiar liberando a la mujer de las responsabilidades familiares
y promoviendo su participación en el mercado del trabajo. La masiva
incorporación de la mujer al mercado del trabajo se ha producido sin que el
estado haya generado las condiciones para el desarrollo de este proceso.
Además, se ha producido un desplazamiento hacia las familias de
previsiones que antiguamente proveía el estado, lo que constituye a la familia
en el otro pilar central de la tríada.
C. La persistencia del “male breadwinner model” en la política social
A pesar de las grandes transformaciones que atraviesan la estructura y el
comportamiento de las familias en las últimas décadas, el modelo de familia
parsoniano de la post-guerra - con hombre proveedor/mujer cuidadora - sigue
siendo el patrón que orienta el diseño de la política social en América Latina.
“Los programas del Estado cuentan con una interlocutora preferencial, que
está integralmente a cargo de la ‘casa’. Lo anterior se debe, por una parte, a
que en países con alto gasto social, el acceso a programas y subsidio
requiere de la dedicación de un tiempo que no es menor de parte de las
mujeres a la ‘recolección’ de estos en diversas ‘ventanillas’ estatales, a lo que
hay que sumar el traslado de los hijos a las escuelas, los centros de salud..”
(Schkolnik, 2004: 113) En lo que sigue interesa examinar la persistencia del
“male breadwinner model” en un tipo de política –los programas de
transferencia condicionada– orientada a la protección social y la superación
de la pobreza que surgió en la década del noventa.
Los programas de transferencia condicionada (PTC), que han marcado un
cambio importante en términos de diseño de políticas públicas, se proponen
la transformación de ciertas conductas familiares mediante el cumplimiento
10
de metas. Así, los programas establecen condiciones para la entrega de
asistencia. De esta manera, se generan incentivos a las familias que deben
producir cambios significativos en el comportamiento de estos, los que deben
10
Para un análisis de los programas de transferencia condicionados, véase Villatoro, 2004.
59
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
impactar de manera estratégica en las causas de la pobreza. Entre las
principales características de los programas destaca que son intervenciones
multidimensionales, lo que implica que todas las iniciativas agregan a la
complementación de los ingresos monetarios en el corto plazo objetivos de
acumulación de capital humano en al menos una de sus dimensiones. Las
diferencias radican en las dimensiones seleccionadas para la intervención
(educación, salud y/o alimentación) y su combinación.
La unidad básica de intervención de los PTC es la familia y, más
precisamente, la mujer. Si bien las PTC tratan de ampliar el capital humano
de todos los miembros de la familia el rol de administración y gestión de los
beneficios recae preferentemente en las mujeres. En algunos programas las
mujeres han llegado a ser las destinatarias directas de estos, las que además
han debido desempeñarse como promotoras sociales de este tipo de
beneficios, con las consecuencias que esto trae aparejado en términos de
tiempo y de relaciones familiares. La entrega de transferencias a las mujeres
hace que en las familias participantes de los PTC sean ellas quienes asumen
el rol de provisión familiar. Ello implica un mayor reconocimiento de su papel
al interior de la familia y un creciente empoderamiento psicológico de éstas.
Además, se debe considerar que la entrega de transferencias se dirige a las
madres, lo que ha provocado una transformación parcial de los roles en la
familia debido a que el ingreso estable es provisto ahora por las mujeres. Sin
embargo, ello no ha cambiado sustancialmente el poder de decisión al interior
de la familia puesto que los patrones de género anteriores a la intervención
siguen primando (Villatoro 2004; Gonzalez de la Rocha 2005).
Por otro lado, el que toda la responsabilidad recaiga en la mujer hace que se
homologue familia a mujer lo cual a su vez revela la ausencia de una visión
integral respecto de todos los miembros de la familia. Además, al no tomar en
cuenta los diferentes planos y roles que desempeñan la mujeres se las ha
recargado con labores comunitarias de promoción social. Se presupone que
las mujeres están dispuestas y disponibles para servir, aparte de sus familias,
a la comunidad. Así las mujeres son utilizadas dentro del marco de un
proyecto de desarrollo, donde ellas son el factor de ajuste para la
implementación de políticas de promoción social de los grupos vulnerables.
Se considera el trabajo femenino como trabajo gratuito y sin reconocimiento y
beneficios sociales, utilizando el tiempo de las mujeres como un bien
disponible sin pagar por él. En este sentido, destaca que los PTC atacan las
causas de la pobreza pero no atacan las causas de la inequidad de género,
anteponiendo mayores exigencias y responsabilidades al rol de madre en
contextos de vulnerabilidad económica.
Por último, al tomar como base de intervención a la familia los PTC
reconocen ciertos tipos de arreglos familiares como válidos y a los cuales se
les diseñan apoyos respecto de las funciones que esa familia debería
desempeñar. En este sentido, las críticas respecto de su bajo impacto sobre
la equidad de género señalan que los modelos de familia que transportan
estas políticas siguen ligando las mujeres a la reproducción (biológica y
60
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
cotidiana) aún cuando hay un mayor reconocimiento y empoderamiento
femenino en algunas áreas.
III. Las familias responden frente a los riesgos sociales movilizando sus
activos
Las familias han sido consideradas como objeto de las políticas sociales y en
tanto receptoras de beneficios sociales. Sin embargo, las familias también
han jugado roles claves en la protección de sus miembros y en la producción
del bienestar. La teoría de la modernización sostenía que la familia (y la
comunidad) eran los principales proveedores del bienestar hasta el
surgimiento de la sociedad industrial. Pero, según esta visión, uno de los
rasgos claves de las tendencias sociales del siglo XX fue la pérdida de
funciones de la familia las que habrían sido transferidas total o parcialmente a
otras instituciones especializadas de la sociedad. Ello se habría manifestado,
en particular, en la declinación de las actividades productivas de la unidad
familiar, en la transferencia de buena parte de las funciones de socialización
y educación y en un desplazamiento de las responsabilidades en la
protección de sus miembros y en la producción del bienestar. De esta
manera, la familia “moderna” –esto es, la familia nuclear– habría quedado
limitada a las funciones de integración emocional y consumo.
Pero: ¿es esa descripción adecuada? La investigación más reciente sobre
familia indica que esa descripción es históricamente incorrecta,
especialmente en América Latina. La investigación feminista ha mostrado que
el modelo de familia clásico del período de post-guerra nunca dejó de ser una
unidad productora y proveedora de servicios sociales debido en gran medida
al trabajo de la mujer en el ámbito doméstico. Por otro lado, los estudios
sobre redes sociales que se vienen realizando desde los años setenta y que
abarcan una gran variedad de temas –como las formas de inserción en el
mercado de trabajo, las estrategias matrimoniales, las redes de conocimiento
y de amistad, la conformación de identidades étnicas y las redes de
solidaridad y ayuda mutua– “subrayan el papel de las redes familiares de
solidaridad como formas alternativas o complementarias de los servicios
sociales tradicionales. Se trata de un cambio en la tendencia prevaleciente,
ya que desde los años cincuenta se había asistido a un período de
eclipsamiento del interés por la solidaridad familiar. Se suponía gracias a la
difusión de las relaciones salariales y de la seguridad social, la familia se iría
despojando de sus funciones ligadas a la sobrevivencia y sus vínculos se
orientarían exclusivamente a objetivos de tipo afectivo” (Kaztman y otros,
1999: 75). Investigaciones realizadas a partir de los años setenta relativizan
tal pasaje y detectan una diversificación de las formas de solidaridad familiar.
En el caso latinoamericano, “la atención ha estado dirigida a las redes de
subsistencia de los sectores pobres. Se trata de relaciones establecidas entre
familiares, vecinos y amigos, que habitan en la misma área física y
comparten la situación de carencia. Si en el caso europeo el recurso a las
redes de auto ayuda aparece como una alternativa a los servicios sociales, el
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
déficit de políticas públicas lleva a que en América Latina se la haya
considerado como la única opción que les quedaba a los marginales para
sobrevivir” (Kaztman y otros, 1999: 76).
En esta sección interesar profundizar en esta perspectiva de análisis
examinando algunas de estas formas de solidaridad familiar. Para ello, se
comienza con una discusión del enfoque activos/vulnerabilidad, el que se
centra en los recursos con que cuentan los hogares para enfrentar riesgos
sociales. Luego se analizan algunas de las principales estrategias que las
familias utilizan para responder frente a situaciones de crisis y vulnerabilidad.
A. El enfoque activos/vulnerabilidad
La aproximación activos/vulnerabilidad se plantea como una contribución al
debate sobre estrategias de reducción de la pobreza sostenibles a nivel local
que fortalezcan las propias soluciones innovadoras de las personas en vez
de sustituirlas, bloquearlas o destruirlas. Desde el punto de vista de la política
social “una de las principales virtudes de este enfoque es el supuesto de que
cualquier acción intencional dirigida a incidir sobre los comportamientos y
mecanismos espontáneos será más efectiva y viable si tiene en cuenta tales
comportamientos y no si se opone a ellos. Es mejor estimular las estrategias
y soluciones con que los individuos, grupos e instituciones responden a
situaciones de carencia, que hacerlo mediante instrumentos que pueden ser
inobjetables de acuerdo a lógicas técnicas, pero que minimizan, erosionan o
bloquean los mecanismos que operan naturalmente en la trama social
(Kaztman y otros, 1999: 3-4). De hecho, la evaluación de programas y
políticas sociales se encuentra a menudo con resistencias u obstáculos que,
en rigor, son fruto de otras lógicas diferentes a la razón técnica. Es decir, la
lógica que guía los procesos de decisión al interior de la familia o el grado de
involucramiento de los individuos en acciones comunitarias pueden operar
como factores de resistencia al cambio cuando este es resultado de
decisiones puramente técnicas.
Una segunda virtud de la aproximación activos/vulnerabilidad es que supone
un avance con respecto a políticas o programas sociales que tienen efectos
solo en el corto plazo. “El objetivo de la política social es estrecho cuando se
limita a mejorar transitoriamente las condiciones sociales de una población.
Planes de emergencia, medidas compensatorias, y programas de auxilio ante
situaciones de extrema deprivación, son adoptados frecuentemente como
solución a grandes cambios estructurales.. No obstante, sin perjuicio de
reconocer el beneficio de esa acción inmediata, su carácter transitorio hace
que los resultados de la política desaparezcan cuando el estímulo deja de
actuar.. En cambio, la política social tiene un efecto mayor cuando es capaz
de afectar positivamente en el largo plazo la generación de activos de
individuos y familias, cuando estimula el encadenamiento positivo de la
interacción entre activos.. La más efectiva función que se le debe pedir a la
política social es la de quebrar los círculos viciosos de la pobreza y de su
reproducción intergeneracional. Ello implica no solo dotar a los individuos con
62
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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un mayor y más efectivo conjunto de activos, sino que los mismos tengan
condiciones de reproducirse” (Kaztman y otros, 1999: 4).
El enfoque considera que tras la distribución de pobres y no pobres en una
sociedad se encuentra una estructura profunda de recursos que denomina
activos de los hogares. Los activos de un hogar se componen del conjunto de
recursos que en una instancia dada pueden ser movilizados en busca de
mejoras en el bienestar o bien para evitar caídas en el nivel de bienestar de
un hogar. En contraste con la visión convencional, las investigaciones de
Caroline Moser – que han sido fundamentales para el desarrollo de este
enfoque - muestran que los hogares pobres manejan un complejo y
diversificado portafolio de activos y que para el diseño de políticas sociales es
tan importante observar lo que los pobres tienen como lo que no tienen. Los
activos son de distinto tipo y nivel tanto tangibles como intangibles. Moser
(1996), por ejemplo, clasifica los activos en cinco tipos: trabajo, comúnmente
considerado como el más importante activo de los pobres; capital humano,
que incluye la salud (que determina la capacidad de trabajo) así como la
educación (que determina el ingreso); activos productivos, que para los
hogares pobres es principalmente la vivienda; relaciones del hogar, que es un
mecanismo para aunar ingresos y compartir el consumo; y capital social, que
se refiere a la reciprocidad al interior y entre los hogares la que está basada
en la confianza asociada a los lazos sociales.
Luego, existe una estrecha relación entre la posesión de activos y la
vulnerabilidad de los hogares. Moser define la vulnerabilidad como la
“inseguridad en el bienestar de los individuos, hogares y comunidades frente
a un contexto en proceso de cambio y, de manera implícita, la capacidad de
respuesta y resistencia frente a los riesgos que enfrentan durante esos
cambios negativos. Los cambios en el contexto que amenazan el bienestar
pueden ser ecológicos, económicos, sociales y políticos y pueden tomar la
forma de shocks repentinos, tendencias de largo plazo o cambios
estacionales” (Moser, 1998: 3). Siguiendo esta definición “el análisis de la
vulnerabilidad implica identificar no solo la amenaza sino también la
‘resistencia’ o capacidad de respuesta para explotar las oportunidades y, en
ese resistir, la capacidad de recuperarse de los efectos negativos de un
contexto en proceso de cambio. Los medios de resistencia son los activos
que los individuos, hogares o comunidades pueden movilizar cuando se
encuentran enfrentados a situaciones adversas” (Moser, 1998: 3). La
estrecha relación entre vulnerabilidad y posesión de activos significa que
mientras más activos tienen las personas menos vulnerables son y, a la
inversa, que la inseguridad aumenta en la medida que disminuyen los
activos. Esta relación ha sido planteada a través de una matriz de
activos/vulnerabilidad en la se precisan algunos indicadores de aumento y
disminución de la vulnerabilidad (Cuadro 2).
En la búsqueda de mejorar la capacidad de acción de los programas antipobreza Moser analiza las respuestas de los hogares y examina el desarrollo
de múltiples estrategias que los individuos y los hogares ponen en
funcionamiento ante situaciones de crisis, cambios económicos e
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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institucionales radicales y condiciones de vulnerabilidad. En esta perspectiva
“la habilidad de los hogares para evitar o reducir la vulnerabilidad depende no
solamente de su dotación inicial de activos sino también de su habilidad para
transformar efectivamente esos activos en ingresos, alimentos o otras
necesidades básicas” (Moser, 1996: 2). Los activos pueden ser
transformados de dos maneras distintas: a través de la intensificación de
estrategias existentes y a través del desarrollo de nuevas y diversificadas
estrategias.
Por otro lado, la manera - y la efectividad – con que los activos son utilizados
y las estrategias seleccionadas para enfrentar la adversidad económica están
determinadas por factores a nivel del hogar y de la comunidad. A nivel del
hogar situaciones relacionadas con el ciclo de vida – nacimiento, casamiento,
muerte - pueden afectar la estructura y composición de las familias y con ello
su capacidad para responder a cambios externos. Al mismo tiempo,
asimetrías en los derechos y obligaciones en términos de género y edad se
manifiestan en diferencias en la capacidad para enfrentar dificultades
económicas. Por su lado, la capacidad de la comunidad para responder a
cambios en el contexto externo puede depender de su “stock” de capital
social, es decir, la confianza, normas y redes de reciprocidad que están
incrustadas en las relaciones sociales (Moser, 1996).
Cuadro 2
MATRIZ DE ACTIVOS/VULNERABILIDAD: INDICADORES DE AUMENTO Y
DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD PARA EL INDIVIDUO, EL HOGAR Y
LA COMUNIDAD
En definitiva, el enfoque activos/vulnerabilidad se caracteriza porque coloca a
la familia y sus recursos como eje explicativo de fenómenos dinámicos de
producción y reproducción de la pobreza o más en general de producción y
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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reproducción del bienestar de los hogares. Con este enfoque se han venido
realizando en los últimos años un conjunto de investigaciones que intentan
identificar los activos así como los usos que las familias hacen de los activos
en respuesta a situaciones adversas. Así, se han realizado investigaciones
sobre las estrategias que las familias despliegan para enfrentar situaciones
de inseguridad alimentaria (Corbett, J. 1988, Davies, S. 1993 y Deveraux, S.
1993), shocks catastróficos de salud (Prescott Nicholas, 1999) o caídas de
ingreso y pobreza (Moser 1996, Zaffaroni 1999, Gaviria 2002). También se
han estudiado situaciones familiares particulares, como es el caso de las
madres solteras (Lokshin y otros, 2000), y la capacidad (o modos) de
respuesta de las familias ante crisis sistémicas, como ocurrió en Argentina
(Fiszbein y otros, 2003; World Bank, 2001) y Rusia (Lokshin y Yemstov,
2001) hace algunos años.
De este conjunto de investigaciones –orientadas por la pregunta: ¿qué
recursos tienen los hogares y como los movilizan para enfrentar situaciones
de vulnerabilidad?– surgen algunas herramientas analíticas que es necesario
mencionar. En primer lugar, la distinción entre estrategia de afrontamiento y
de adaptación (Davies 1991). En las investigaciones sobre inseguridad
alimentaria la noción de estrategia de afrontamiento (coping strategy) es
entendida como una respuesta a corto plazo frente a un problema no habitual
de acceso a alimentos; la estrategia de adaptación es definida como un
cambio permanente del modo a través del cual se obtienen los alimentos.
Ante una crisis de salud o una caída en el ingreso del jefe de hogar la familia
puede desarrollar una estrategia de afrontamiento. Pero si esa crisis de salud
o ese problema de ingresos se vuelve permanente entonces la familia
necesariamente desarrollará una estrategia de adaptación cuyo objetivo será
mantener las prácticas habituales en un contexto que ha cambiado. En
segundo lugar, la distinción entre estrategias de generación de ingresos y de
modificación del consumo. En las investigaciones sobre inseguridad
alimentaria las “estrategias de generación de ingresos” son definidas como
aquellas acciones orientadas a la adquisición de alimentos; las “estrategias
de modificación de consumo” como aquellas orientadas a evitar la
disminución de los recursos alimentarios. Ante una crisis de ingresos –que
puede ocurrir porque el jefe/a de hogar perdió su trabajo o bien porque tuvo
una caída en sus ingresos– la familia desarrollará estrategias de generación
de ingresos incorporando nuevos miembros de la familia al mercado laboral,
vendiendo bienes, usando ahorros, etc. También desarrollará estrategias de
modificación de consumo que implican cambios en los patrones de
alimentación o en el acceso a varios tipos de servicios (educación, salud).
Pero, tercero: ¿Cómo se despliegan en el tiempo estas acciones? La noción
de “secuencia de la estrategia” es una herramienta útil para explorar si estas
respuestas siguen una secuencia lineal, si estas siguen distintas “etapas” en
el tiempo que pueden ser aisladas o bien si se generan distintas respuestas
simultáneamente (Deveraux, 1993).
65
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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B. La movilización de activos
En esta sección se examinan algunos aspectos relevantes de una estrategia
de afrontamiento ante una situación de crisis de ingresos generada por la
pérdida de empleo del jefe/a de hogar. En particular, se consideran tres
modalidades de generación de ingresos que se basan en el uso del trabajo
en tanto activo. Por cierto, está fuera de los alcances de este trabajo dar
cuenta de la diversidad de respuestas que componen una estrategia y la
manera como estas se despliegan en el tiempo.
i) El trabajo de la mujer
Diversos estudios coinciden en destacar la importancia del trabajo como
activo, especialmente en las familias pobres. Cuando disminuye el ingreso
familiar – específicamente, cuando el jefe de hogar pierde el empleo - la
respuesta más común es que las mujeres ingresen al mercado laboral. El
Gráfico 5 da cuenta de la tasa de participación de la mujer en familias
nucleares biparentales cuando el jefe de hogar está ocupado y desocupado
en tres países de la región. La tasa de participación laboral de la mujer
cuando el jefe de hogar está ocupado – es decir, en familias de doble ingreso
– fluctúa entre 44,8% en Nicaragua y 49,3% en Argentina, lo que esta cerca
del promedio latinoamericano para las familias nucleares biparentales (véase
sección B, Capítulo I). Por otro lado, la tasa de participación de la mujer
aumenta significativamente cuando el jefe de hogar esta desocupado:
asciende a 84,5% en Panamá, 79,7% en Argentina y 61,7% en Nicaragua.
Gráfico 5
PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER (CÓNYUGE) EN FAMILIAS
NUCLEARES BIPARENTALES CON HIJOS, CON JEFE DE HOGAR
OCUPADO Y DESOCUPADO, TOTAL NACIONAL, ALREDEDOR DE 2002
(En porcentajes)
66
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
Esta respuesta de la mujer – que es una forma de solidaridad familiar para
compensar o sustituir la pérdida de ingresos del hombre jefe de hogar –se da
en todos los estratos socio-económicos, pero muy especialmente en los más
pobres. Por ejemplo, en los sectores más pobres de Argentina la
participación laboral de la mujer aumenta en 34,1% cuando el jefe de hogar
está desocupado; en 34,3% en Panamá; y en 21,1% en Nicaragua. Por
cierto, la contribución de la mujer al ingreso familiar depende de las
oportunidades laborales. A su vez, las oportunidades laborales están
condicionadas por el nivel educacional y la necesidad de equilibrar el empleo
con las responsabilidades familiares. Aunque se requiere de un análisis mas
pormenorizado, es evidente que las mujeres de sectores pobres –enfrentadas
a una situación de pérdida del empleo del jefe de hogar – se ven forzadas a
aceptar empleos precarios con bajos ingresos y extensas jornadas laborales.
Trabajan en el sector informal y sus ingresos son menores que los del
hombre.
Pero a diferencia de la mujer que ingresa al mercado laboral cuando el jefe
de hogar está ocupado, lo que es un intento por lograr mayores niveles de
bienestar y puede contribuir a que las familias salgan de la pobreza, la mujer
que sale a trabajar en respuesta a una situación de desocupación del jefe de
hogar constituye más bien una opción por mantener a la familia fuera de la
pobreza y reducir su vulnerabilidad. Se trata de una estrategia de
afrontamiento orientada a adecuarse a los impactos negativos de la pérdida
de ingresos una vez que este se ha materializado.
ii) El trabajo de los hijos
Para protegerse frente a la pérdida de ingresos del jefe hogar las familias además de movilizar el trabajo de la mujer - buscarán aumentar el número de
trabajadores. En familias biparentales con hijos la movilización de fuerza de
trabajo adicional esta relacionada con el ciclo de vida y la edad de los hijos.
Diversos estudios han mostrado que en las familias más pobres, aquellas
donde los trabajadores adultos no logran satisfacer las necesidades básicas
de la familia, es común que los niños sean movilizados para ingresar al
mercado laboral (Moser, 1996). Según un estudio de la OIT, la tasa de
ocupación infantil (personas entre 5 y 17 años como porcentaje del total de
personas en el grupo de edad) varía considerablemente entre los países de
la región, desde el menor nivel del 5% que se registra en Chile hasta el más
alto, del 20% observado en Guatemala (Panorama Laboral 2004: 75). Para la
OIT, los países deben redoblar los esfuerzos que realizan para erradicar lo
que denomina “el trabajo infantil por abolir”: este es aquel que “contradice los
convenios internacionales y/o las legislaciones nacionales en esta materia,
porque ponen en peligro su escolaridad, su salud mental y física, y su
desarrollo” (Panorama Laboral, 2004: 73). Existen tres normas
internacionales sobre trabajo infantil de las cuales interesa destacar el
Convenio número 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al
empleo. Este “compromete a los Estados que lo ratifican a determinar la edad
mínima para admisión al empleo, siendo flexible al permitir que ésta dependa
67
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
del nivel de desarrollo del país y el tipo de trabajo realizado por los niños y
niñas. Insta a establecer la edad mínima, de modo que no sea inferior a la
edad de finalización de la escolaridad obligatoria, ni menor a 15 años,
permitiendo que en países donde la economía y el sistema educacional no
están suficientemente desarrollados sea, en principio de 14 años con el
objetivo de ser incrementada a 15 años” (Panorama Laboral, 2004: 73-74).
Cuadro 3
PARTICIPACIÓN LABORAL DE ADOLESCENTES ENTRE 15 Y 19 AÑOS QUE
VIVEN EN FAMILIAS NUCLEARES BIPARENTALES, SEGÚN NIVEL
EDUCATIVO DEL JEFE DE HOGAR, CON JEFE DE HOGAR OCUPADO Y
DESOCUPADO, TOTAL NACIONAL, ALREDEDOR DEL 2002
(En porcentajes)
Algunas encuestas de hogares no registran información sobre el trabajo de
menores de 15 años por lo que no es posible profundizar en un tema que
debe ser prioritario en las políticas sociales de los gobiernos. El Cuadro 3 da
cuenta de la tasa de participación laboral de jóvenes adolescentes entre 15 y
19 años que viven en familias nucleares biparentales cuando el jefe de hogar
está ocupado y desocupado en tres países de la región. Se utiliza el nivel
educativo del jefe de hogar como proxy de nivel socio-económico. En primer
lugar, se observa que la tasa de ocupación de los jóvenes adolescentes varía
considerablemente entre los tres países, alcanzando su nivel máximo en
Nicaragua y su nivel mínimo en Argentina, lo que puede estar relacionado
con los diferentes niveles de desarrollo de los tres países. En seguida, existe
una fuerte asociación entre trabajo adolescente y nivel socio-económico. En
Argentina y Panamá las mayores tasas de ocupación de los adolescentes se
dan en los sectores más pobres y tienden a disminuir considerablemente en
los sectores medios y altos. La excepción es Nicaragua donde la tasa de
participación laboral de los adolescentes de sectores medios y altos es
notoriamente alta. Tercero, la tasa de participación de los adolescentes
aumenta cuando el jefe de hogar está desempleado en los sectores más
pobres –donde el jefe de hogar tiene educación primaria y secundaria– pero
no ocurre en los sectores medios y altos – donde el jefe de hogar tiene
educación superior. Ello indica que una respuesta común ante la pérdida de
ingresos en los sectores más pobres es la incorporación de los jóvenes
68
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
adolescentes al mercado del trabajo, es decir, que cuando se vuelven
adolescentes los hijos se convierten en activos que son movilizados sobre
todo en hogares pobres.
Cuadro 4
PARTICIPACIÓN LABORAL DE JÓVENES ENTRE 20 Y 29 AÑOS QUE VIVEN
EN FAMILIAS NUCLEARES BIPARENTALES, CON JEFE DE HOGAR
OCUPADO Y DESOCUPADO, TOTAL NACIONAL, ALREDEDOR DEL 2002
(En porcentajes)
Como es de esperar, la tasa de ocupación de los jóvenes entre 20 y 29 años
que aún viven en su familia de origen –es decir, que no han formado un
hogar autónomo – es mucho más alta que la de los jóvenes adolescentes. Se
observa también que las variaciones por países y por nivel socio-económico
han disminuido considerablemente. Por último, se ratifica la tendencia a que
la tasa de participación aumenta cuando el jefe de hogar está desocupado, lo
que sin duda constituye una estrategia familiar para afrontar la pérdida de
ingresos.
iii) Los emigrantes
Otra respuesta frente a la pérdida de ingresos, el empleo precario y las
limitadas posibilidades de progreso económico es la emigración de
trabajadores hacia el exterior en busca de mejores condiciones económicas
para ellos y sus familias. Aunque la migración voluntaria es un fenómeno
complejo que responde a diversos factores entre los fenómenos de “empuje”
destaca el insuficiente crecimiento económico en los últimos 15 o 20 años en
la mayoría de los países de la región que genera pocos empleos, muchos de
ellos precarios, y el lento aumento de los salarios reales e ingresos. El alto
nivel y la persistencia de la pobreza, el desempleo crónico, subempleo e
informalidad de la región son los principales incentivos para buscar mejores
oportunidades laborales en el extranjero.
El perfil de los emigrantes de América Latina y el Caribe se caracteriza
porque tiene un sesgo masculino en la emigración laboral extrarregional
aunque un rasgo particular de la migración intrarregional latinoamericana es
el predominio de las mujeres. Desde el punto de vista de la composición
69
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
etaria la migración latinoamericana está compuesta mayoritariamente por
adultos. Por otro lado, aunque existen variaciones en el grado de calificación
y las ocupaciones de emigrantes según países la evidencia empírica
disponible muestra que la mayor parte de los trabajadores de la región que
emigra a los países desarrollados se inserta en las franjas menos calificadas
de la estructura ocupacional (Panorama Laboral, 2004).
Según un estudio de la CEPAL, las remesas tienen un impacto en el
bienestar de las familias receptoras, en particular de las familias pobres
(Panorama Social, 2005). El estudio señala “que, en 9 de 11 países
analizados, el 50% o más de las personas que residen en hogares receptores
se encontrarían bajo la línea de pobreza si no contaran con el aporte de estos
ingresos. Más notable aún es el efecto de reducción de la extrema pobreza
en los hogares receptores que tienen estos ingresos provenientes del
exterior. Las áreas urbanas de Uruguay presentan el ejemplo extremo, ya
que cuando se consideran las remesas como parte del ingreso de los
hogares, ninguno de ellos queda bajo la línea de indigencia. En Ecuador
(área urbana), El Salvador, México y República Dominicana, el porcentaje de
personas indigentes en cuyos hogares se reciben remesas equivale a menos
de la mitad del que se registraría si no las recibieran, y en Bolivia, Honduras y
Perú equivale aproximadamente a la mitad. El importante efecto que tienen
las remesas en el poder adquisitivo de los hogares se percibe claramente al
observar que el promedio de remesas que reciben los hogares es similar o
superior a la línea de indigencia en la mayoría de los países estudiados.. Por
lo tanto, en un conjunto significativo de hogares bastan las remesas recibidas
para salir de la condición de pobreza extrema” (Panorama Social, 2005: 1415).
El monto de las remesas que envían los inmigrantes a sus familias y países
de origen en América Latina ha crecido significativamente en años recientes.
Según CEPAL, en varios países las remesas en dinero equivalen al 10% del
producto interno bruto (PIB), lo que sugiere una elevada dependencia de
estos flujos como motores de la economía (Panorama Social, 2005). Los
porcentajes más elevados se dan en Haití (29%), Nicaragua (18%), Guayana
y Jamaica (17%) y El Salvador (16%). Por otro lado, el aporte de las remesas
habría permitido que no menos de 2,5 millones de latinoamericanos salieran
de la pobreza en el 2002 (Panorama Social, 2005).
Un estudio de la OIT señala algunas de las motivaciones de los inmigrantes
para enviar remesas a sus países de origen. Entre ellas: (a) “El emigrante...
envía remesas para ayudar a sus parientes como forma de solidaridad o
‘responsabilidad’ familiar. Busca proteger a sus familiares de ciclos
económicos adversos, del desempleo o simplemente de los bajos salarios en
los países de origen. Si es el jefe de hogar, las remesas pueden ser
entendidas como parte de la obligación implícita de contribuir a financiar el
gasto familiar”; (b) “Los emigrantes tienen un nivel educacional relativo más
alto que otros miembros de la familia debido a una inversión generalmente
realizada por la familia; en este contexto, el envío de remesas es percibido
70
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
por el emigrante y la familia receptora como el retorno de una inversión previa
en el emigrante, que lo dejó mejor equipado para tener éxito en el exterior. La
remesa sería como el ‘dividendo’ para la familia de esta inversión”; y, (c) “La
emigración es como una estrategia racional de diversificación internacional
de fuentes de ingresos, una suerte de ‘seguro’ familiar. La familia decide
diversificar geográficamente las fuentes de ingresos y ‘envía’ a uno de sus
miembros a trabajar en el exterior, a mercados donde las posibilidades de
empleo y el nivel de salarios e ingresos son mejores. Así, la remesa es el
equivalente al pago (en flujo) de adquirir este seguro” (Panorama Laboral
2004: 50).
Desde esta perspectiva, el envío de remesas es concebido como una forma
de solidaridad familiar o un “seguro” que permite a las familias enfrentar
ciclos económicos adversos, el desempleo y los bajos salarios. Se requeriría
de un estudio más pormenorizado para indagar como se decide acerca de
esta estrategia familiar (por ejemplo: ¿quién emigra –el jefe/a de hogar,
ambos miembros de la pareja, un hijo?) y cuales son los impactos sociales
que las migraciones tienen sobre las familias que las viven (por ejemplo:
¿cuál es el impacto de la emigración del jefe de hogar sobre la madre y los
hijos que permanecen en el país de origen? ¿cuáles son los nuevos arreglos
familiares que resultan de la emigración de los jefes de hogar? ¿cómo afecta
la cohesión de las familias?). Aunque se requiere más investigación para
conocer los aspectos sociales de la inmigración es claro que en gran medida
esta es una estrategia familiar para enfrentar situaciones de riesgo y
vulnerabilidad.
IV. La demanda social a la familia ha aumentado en la década de los
años noventa
Investigaciones recientes indican que la individualización y la desregulación
han provocado en los últimos años un aumento en la demanda social a la
11
familia (Guell, 1999). A la inversa de lo que plantea la teoría de la
modernización, esta perspectiva –desarrollada en algunos informes recientes
del PNUD– sostiene que la familia estaría operando como “amortiguador” o
“fusible” de la modernización asumiendo responsabilidades que antaño
asumía el estado. “Hoy día se vuelve a insistir que para superar el problema
de la droga y la delincuencia la clave y responsabilidad básica radica en la
familia. Lo mismo se oye respecto de la delincuencia, de la educación o de la
sexualidad. Ante la dificultad de generar un discurso de responsabilidad
pública, por ejemplo frente a la sexualidad, independiente del derecho a la
autonomía en el campo de la intimidad, se renuncia a ello afirmando que se
trata de un tema privado. Y cuando en una sociedad con públicos y
ciudadanías ‘débiles’ se dice ‘privado’, en los hechos se está diciendo
‘familia’. Es, sin duda, bueno que la familia asuma mayores
11
Esta perspectiva ha sido desarrolla en recientes informes del PNUD. Véase: PNUD
(1998), Desarrollo Humano en Chile. Las paradojas de la modernización, Santiago.
71
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
responsabilidades en este campo, pero ¿la sociedad le otorga recursos para
el ejercicio de estas responsabilidades?” (Guell, 1999: 7) La hipótesis es que
mientras por una parte surgen nuevas demandas de la sociedad hacia la
familia, ésta no cuenta con nuevos recursos para enfrentarlas, lo que genera
tensiones e incertidumbre al interior de ella.
En esta sección se analizan tres tipos de demandas sobre la familia que han
cobrado particular fuerza en la década del noventa: el tema de los adultos
mayores producto de la tendencia demográfica hacia el envejecimiento de la
población; la prolongación de la permanencia de los hijos en su familia de
origen asociado al “síndrome de autonomía postergada”; y el caso de las
madres adolescentes que representa un caso especial dentro de una
tendencia general de descenso de la tasa de fecundidad. Lo que se intenta
dar cuenta es el impacto que estas demandas tienen sobre la estructura
familiar, el que se encuentra asociado a las nuevas responsabilidades de
protección que la familia se ha visto llevada a asumir.
A. El apoyo familiar a los adultos mayores
Diversos estudios revelan que el envejecimiento de la población en América
Latina ha tenido un fuerte impacto en la estructura familiar (Panorama Social
1999-2000, CEPAL; Saad, 2003; Rodríguez, 2005; Goldani, 1992). En
particular, las familias han debido asumir nuevas responsabilidades como
consecuencia de la existencia de sistemas de seguridad social con escaso
desarrollo y el hecho que la mayor parte de los países de la región no han
logrado establecer sistemas específicos de protección para adultos mayores
que se han vuelto dependientes ya sea por razones económicas o de salud.
Así, se ha dejado que las familias resuelvan el problema de la protección de
los adultos mayores por sí mismas desarrollando estrategias de solidaridad
intergeneracional que implican una redefinición de la pertenencia a los
hogares. Es decir, las familias han asumido la responsabilidad por la
asistencia económica y el cuidado de los adultos mayores mientras el Estado
y las organizaciones de la sociedad civil han jugado un rol secundario
(Panorama Social,1999-2000).
72
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
Gráfico 6
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y
ENVEJECIMIENTO DOMÉSTICO, TOTAL NACIONAL, ALREDEDOR DEL
2000,
(En porcentajes)
Como primera aproximación destaca que el envejecimiento doméstico (usado
como indicador de la proporción de hogares con uno o más adultos mayores)
está bastante más extendido que el envejecimiento demográfico (adultos
mayores como porcentaje del total de la población) (Rodríguez, 2005). Esta
mayor extensión –que da cuenta de la distribución de los adultos mayores a
nivel de los hogares– se verifica en todos los países independientemente de
la etapa de la transición demográfica en la que se encuentren (Gráfico 6). En
los países que se encuentran en la etapa más avanzada de la transición,
donde la proporción de adultos mayores está por sobre el 10% de la
población (Uruguay, Argentina y Chile) el envejecimiento doméstico es casi
tres veces superior al demográfico. Ello significa, por ejemplo, que en casi la
mitad de los hogares uruguayos vive al menos un adulto mayor. Por su parte,
en países que se encuentran en una etapa incipiente de la transición
demográfica, donde la proporción de adultos mayores se encuentra en
alrededor del 5%, el envejecimiento doméstico puede llegar a ser casi cinco
veces superior al demográfico (como en Panamá, Nicaragua y Honduras). En
estos casos, la proporción de hogares con adultos mayores alcanza
aproximadamente un cuarto del total de los hogares.
73
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
Cuadro 5
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS
MAYORES SEGÚN ARREGLO RESIDENCIAL, ÁREAS URBANAS, 1997
(En porcentajes)
Al examinar la distribución de los adultos mayores según arreglo residencial
resaltan tres aspectos. En primer lugar, el que una escasa proporción de
adultos mayores viven solos en América Latina. Salvo las excepciones de
Uruguay y Argentina (y en cierta medida también Bolivia), donde la
proporción de adultos mayores que viven solos es significativamente mayor
(17,1% y 16,7% respectivamente), los valores extremos se encuentran en
Brasil (9,9%) y Nicaragua (5,5%). Esta situación contrasta fuertemente con lo
que ocurre en los países desarrollados donde “Según una investigación de
alcance mundial llevada a cabo por las Naciones Unidas y basada en datos
de principios de los años noventa, el 9% de los adultos mayores de la región
vivía solo contra un 25% en Europa, Oceanía y América del Norte”
(Rodríguez, 2005: 34)
En segundo lugar, destaca que la gran mayoría de los adultos mayores en
América Latina vive en hogares multigeneracionales (es decir, hogares donde
conviven personas de 60 años y más con personas menores de 60 años).
Nuevamente con las excepciones de Uruguay y Argentina, donde la
proporción de hogares multigeneracionales es significativamente menor, los
valores extremos en los restantes países fluctúan entre el 67% y el 87%. Al
respecto “Diversos estudios muestran que los adultos mayores reciben apoyo
de redes informales, siendo las familias las más importantes. Y entre los
apoyos que reciben el más relevante es la corresidencia con hijos u otros
parientes. La corresidencia involucra, además de albergue y comida, tiempo y
servicios para los adultos mayores, convirtiéndose en una fuente de múltiples
apoyos para los adultos mayores sin ingresos. Entre los adultos mayores de
la región la situación doméstica predominante es la corresidencia
intergeneracional intrafamiliar” (Rodríguez, 2005: 24).
74
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
Por último, el impacto del envejecimiento sobre los arreglos residenciales y la
calidad de vida de los miembros de la familia tiene una doble cara. La imagen
más extendida es aquella según la cual una creciente proporción de adultos
mayores que no están en condiciones de mantener sus propios hogares
debido a la insuficiencia de sus pensiones o al deterioro de su salud no tiene
otra opción sino entrar en arreglos residenciales con otras personas
(principalmente sus hijos u otros parientes) construyendo hogares
multigeneracionales. La corresidencia es entendida aquí como un “favor” o
una transferencia unidireccional de jóvenes a adultos. Los adultos mayores
pasarían a vivir en los hogares de sus hijos u otros parientes generando
nuevos gastos y tensiones en familias que se encuentran enfrentando el
ingreso masivo de la mujer al mercado laboral y a las cuales les resulta difícil
proporcionar el cuidado que los adultos mayores a menudo requieren.
Pero esa imagen del impacto del envejecimiento sobre los arreglos familiares,
la que ciertamente da cuenta de una tendencia, no toma en cuenta los
aportes que los adultos mayores a menudo hacen a los grupos familiares. En
primer lugar, la readecuación de los arreglos familiares no significa
necesariamente que los adultos mayores se vayan a vivir a los hogares de
sus hijos u otros parientes. A menudo ocurre que los hijos adultos que no
perciben suficientes ingresos o que deben pagar arriendos muy caros deben
mudarse con sus propias familias al hogar de sus padres. Esos casos
representan una tendencia contraria en la dirección de la solidaridad
intergeneracional, de adultos mayores a jóvenes. Luego, aunque las
pensiones sean insuficientes para mantener al grupo familiar completo, estas
pueden ser la única fuente de ingresos en el hogar cuando los trabajos son
inestables y representan una alta proporción del ingreso familiar total. Según
datos de CEPAL, los adultos mayores contribuyen casi la mitad del ingreso
familiar en uno de cada tres hogares multigeneracionales. Por último, los
adultos mayores que gozan de buena salud no son una carga y pueden
contribuir al cuidado de los hijos menores de la familia cuando la madre
trabaja fuera del hogar.
En definitiva, la importancia de los arreglos residenciales multigeneracionales
(particularmente los familiares), e independientemente de la dirección de la
transferencia de los recursos, indica que en América Latina y el Caribe la
familia juega un papel clave en materia de protección durante la vejez. La
debilidad de sistemas públicos de protección para los adultos mayores ha
llevado a las familias a desarrollar estrategias de solidaridad
intergeneracional situación que, como se ha señalado, contrasta fuertemente
con lo que ocurre en países desarrollados donde los adultos mayores tienden
a vivir en hogares unipersonales o en parejas.
B. El apoyo familiar a los jóvenes en la “etapa de salida”
Desde el lado de los jóvenes también surgen presiones que impactan sobre
la estructura familiar. Un estudio reciente realizado por CEPAL-OIJ –al igual
que otras investigaciones realizadas por Institutos de Juventud en diversos
75
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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países de la región– resalta el fenómeno de prolongación de la permanencia
en la familia de origen, que se ha denominado como el “síndrome de la
autonomía postergada”, y que se refiere a la dificultad de los jóvenes para
independizarse. Este fenómeno implica que actualmente las familias estarían
alargando el período de protección de sus hijos, en circunstancias que la
tendencia hace algunas décadas atrás era – por el contrario– que los hijos
adelantaran la edad en que buscaban autonomizarse respecto de sus padres.
El impacto del “síndrome de autonomía postergada” sobre la estructura
familiar se aprecia con claridad en los arreglos familiares de los jóvenes en
“etapa de salida”. Estos corresponden a aquellos jóvenes que se encuentran
en condiciones de ingresar al mercado laboral y, por tanto, de independizarse
tanto económica como residencialmente. Se podría considerar que la “etapa
de salida” comienza con los hijos mayores de 18 años. Sin embargo,
teniendo en cuenta las actuales demandas por mayor calificación impuestas
por el mercado laboral consideramos como “etapa de salida” el momento en
que finaliza la juventud, es decir, el segmento de los 25 a 29 años.
Comparando dos puntos en el tiempo se aprecia una clara tendencia a que
una creciente proporción de jóvenes entre 25 y 29 años prolongue su
permanencia en la familia de origen (Gráfico 7 ). En catorce de los diecisiete
países considerados en el año 2002 hay una mayor proporción de jóvenes en
“etapa de salida” que viven con sus padres respecto a lo que ocurría en 1990.
Chile es el país donde el “síndrome de la autonomía postergada” es más
evidente: 50,4% de los jóvenes entre 25 y 29 años aún viven con sus padres.
Pero las proporciones también son muy altas en Uruguay (47,1%), Argentina
(46%) y Guatemala (45,9%). En los restantes países los extremos fluctúan
entre 28% (Honduras) y 44% (Venezuela). Los tres países en que esta
tendencia no se verifica son –México, Panamá y Paraguay– aunque la
variación durante la década es poco significativa.
¿A que responde el “síndrome de la autonomía postergada”? Al contrario de
lo que cabría esperar, este fenómeno no responde fundamentalmente a
factores asociados al mercado laboral pues, como lo indica el estudio
CEPAL-OIJ, durante la década del noventa “el conjunto de los jóvenes
registró un leve aumento de su participación laboral” (CEPAL-OIJ, 2004:
210). Ciertamente, en algunos segmentos la familia puede estar operando
como una red de protección contre el desempleo y subempleo juveniles, la
precariedad de quienes logran ocuparse y las bajas remuneraciones. Pero la
clave parece estar más bien en factores socio-culturales. El estudio citado
señala que si bien se ha producido un inicio más temprano de las relaciones
sexuales se advierte una creciente postergación de la iniciación nupcial,
reflejada en el aumento de la proporción de solteras al finalizar la juventud en
todos los países latinoamericanos. A ello se agrega que los jóvenes que han
constituido su propia familia representan una proporción relativamente baja
del total. En definitiva, tenemos la paradoja que los jóvenes estarían en
condiciones materiales de independizarse pero, por factores socio-culturales,
optan por prolongar su permanencia en la familia de origen.
76
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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Gráfico 7
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): JÓVENES ENTRE 25 Y 29 AÑOS QUE VIVEN
EN SU FAMILIA DE ORIGEN, TOTAL NACIONAL, ALREDEDOR DE 1990 Y
2002
(Porcentajes)
Por otro lado, resalta que la permanencia en el hogar de origen no es
homogénea. La información sobre los jóvenes entre 25 y 29 años que viven
con sus padres revela que existen diferencias significativas según el tipo de
familia del cual estos provienen (Gráfico 8). En los dieciocho países
considerados la permanencia en la familia de origen se da en una proporción
mucho mayor cuando esta es de tipo nuclear monoparental; le sigue en una
posición intermedia los jóvenes que provienen de familias extensas y/o
compuestas; por último, los jóvenes que provienen de familias nucleares
biparentales tienden a permanecer con la familia de origen en una proporción
mucho menor.
77
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
Gráfico 8
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): JÓVENES ENTRE 25 Y 29 AÑOS QUE VIVEN
CON SUS PADRES SEGÚN TIPO DE FAMILIAS, TOTAL NACIONAL,
ALREDEDOR DEL 2002
(Porcentajes)
Para extraer conclusiones respecto a estas diferencias según tipo de familia
se requeriría de un análisis más pormenorizado. Sin embargo, siguiendo la
lógica del análisis sobre los arreglos residenciales de los adultos mayores se
puede plantear un par de hipótesis. La primera es que efectivamente existe
una tendencia a prolongar el período de protección de los hijos sobre la base
de estrategias de solidaridad intergeneracional, de padres a hijos. Ya sea por
dificultades de inserción al mercado laboral, por las demandas de mayor
formación impuesta por la mayor competitividad en el empleo o por los
factores socio-culturales antes mencionados, la familia de origen alargaría el
período de protección como un “favor” o una transferencia unidireccional. Los
hijos en “etapa de salida” se quedarían viviendo en el hogar de sus padres
generando gastos y tensiones en familias que ya se encuentran presionadas
por distintos tipos de conflictos. Se trata de una postergación de la autonomía
de los jóvenes. Pero también de nuevas responsabilidades que debe asumir
la familia ante las nuevas condiciones impuestas por la competitividad en el
empleo.
Por otro lado, dado que la permanencia en la familia de origen ocurre en
mucho mayor medida en los núcleos monoparentales y en los extensas y/o
78
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
compuestas, que son precisamente aquellas donde hay una mayor incidencia
de la pobreza, se hace necesario considerar el aporte que los jóvenes hacen
a su familia de origen. Datos proporcionados por el estudio CEPAL-OIJ
indican que el 40,5% de los jóvenes de 15 a 29 años además de trabajar
estudian, 23% solo estudian, 13% no estudian ni trabajan, algo más de un
13% se dedican exclusivamente a los quehaceres domésticos y 9,3% solo
trabajan. Desde esta perspectiva, la participación en las labores domésticas y
en el trabajo remunerado, ambos factores que se diferencian
significativamente según sexo, solo pueden ser considerados como aportes
que los jóvenes hacen a sus grupos familiares. Por ejemplo, “alrededor de un
cuarto de las mujeres jóvenes de 15 a 29 años se dedican a quehaceres
domésticos (25,6%), en tanto que en los hombres esa proporción no alcanza
al 2%. Así, un grupo importante de mujeres jóvenes está desarrollando
trabajo doméstico, esencial para el funcionamiento de sus hogares” (CEPALOIJ, 2004: 89-90). En el caso del trabajo doméstico, pero también del trabajo
remunerado, se trataría de una solidaridad intergeneracional pero en sentido
inverso, de jóvenes a adultos, que puede ser considerada como una
estrategia desarrollada precisamente en aquellos tipos de familias que
requieren optimizar el uso de sus recursos para enfrentar situaciones de
pobreza y diversos riesgos sociales.
En definitiva, la mayor permanencia de los jóvenes en “etapa de salida”
responde a un fenómeno de “autonomía” postergada que impone nuevas
responsabilidades y presiones en las familias. A través de estrategias de
solidaridad intergeneracional las familias estarían alargando el período de
protección de sus hijos como respuesta factores socio-culturales y del
mercado laboral. Por otro lado, en el caso de aquellas familias más
vulnerables y con mayor incidencia de la pobreza es significativo el aporte de
los propios jóvenes a sus familias de origen lo que respondería a una
estrategia de protección de determinadas familias contra los riesgos sociales.
C. El apoyo familiar a las madres adolescentes
Diversos estudios han mostrado que las tasas de fecundidad en América
Latina han caído fuertemente en todas las edades, salvo entre las menores
de 20 años. “La evidencia reciente proporcionada por censos y encuestas
especializadas (www.measuredhs.com) sugiere que la fecundidad
adolescente aumentó en los últimos años en la mayoría de los países, en
particular entre las menores de 18 años” (Rodriguez, 2005). Ello implica que
el cambio en los niveles reproductivos no se ha manifestado en los patrones
de inicio de la maternidad y que, por tanto, la tasa de fecundidad adolescente
tiene una autonomía relativa respecto a la fecundidad total (Rodriguez, 2005).
Esta tendencia al aumento de la fecundidad adolescente en América Latina
en la última década también ha tenido un fuerte impacto sobre la estructura
familiar. En primer lugar, la maternidad temprana aún se asocia a procesos
de formación de pareja y de hogar autónomo (gráfico Nº 9). A excepción de
Chile y Bolivia, donde la condición de cónyuge de las madres adolescentes
79
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es significativamente menor (17,7% y 31,4% respectivamente), en los
restantes países esta posición dentro del hogar fluctúa entre 39,6% (Ecuador)
y 48,9% (Costa Rica). La posición de jefa de hogar entre las madres
adolescentes es poco significativa es poco significativa en todos los países
con la excepción de Bolivia donde llega al 10%.
Gráfico 9
AMÉRICA LATINA (9 PAÍSES): MADRES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
SEGÚN RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE HOGAR
(En porcentajes)
En segundo lugar, la maternidad adolescente se asocia muy fuertemente a la
cohabitación con padres o suegros y, en menor medida, con otros parientes
(principalmente abuelos). Nuevamente con la excepción de Chile, donde un
63,1% de las madres adolescentes viven con sus padres o suegros, la
proporción varía entre 33% (Brasil) y 47,1% (Guatemala). Si a la condición de
cohabitación con padres o suegros agregamos aquella de quienes viven con
otros parientes se obtiene que en promedio un 52,2% de madres
adolescentes no ha logrado formar un hogar autónomo. A su vez, estas
madres adolescentes se ven en dificultades para enfrentar la crianza de
manera independiente pues la cohabitación implica añadir un tercer actor en
tanto la crianza se desarrolla al margen del hogar parental.
De las dos tendencias destacadas sin duda la tendencia creciente (y más
preocupante) es la maternidad adolescente que no va asociada a procesos
de formación de pareja y de construcción de un hogar autónomo. Es la
maternidad que debe ser asumida en condiciones de cohabitación donde una
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
de las familias de los progenitores pasa a asumir la responsabilidad por la
asistencia económica y a compartir la crianza. La situación es preocupante
por varias razones. En primer lugar, la actividad principal que realizan las
madres adolescentes son las labores domésticas (Gráfico 10). Ello implica,
por una parte, que existe una baja compatibilidad entre maternidad y
permanencia en el sistema escolar. La maternidad temprana se asocia con
deserción escolar sin que esto signifique que la principal causa de salida
precoz del sistema escolar sea la maternidad, pues en la mayor parte de los
casos la deserción es previa al embarazo (Cepal-Oij, 2004: 92). Esta menor
probabilidad de seguir estudiando evidentemente limita las posibilidades de
desarrollo futuro de la madre adolescente y su futura inserción a un trabajo
de calidad. Por otro lado, se observa que una proporción relativamente
pequeña de las madres adolescentes que fluctúa entre el 14% (Guatemala) y
el 21,5% (Panamá) ha ingresado al mercado del trabajo. Sin embargo, dado
sus bajos niveles de escolaridad es evidente que ellas solo pueden acceder a
trabajos precarios posiblemente como una forma de compensar por los
múltiples apoyos prestados a través de la cohabitación. A su vez, la
participación en esos trabajos precarios solo puede ser un obstáculo para
una mayor certificación y calificación para un mercado laboral crecientemente
competitivo.
Gráfico 10
AMÉRICA LATINA (7 PAÍSES): MADRES ADOLESCENTES DE 15 A 19 AÑOS
SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD
(En porcentajes)
En segundo lugar, la maternidad adolescente fuera de uniones o matrimonio
–y, por tanto aquella que no va asociada a procesos de formación de un
hogar autónomo – es altamente estratificada. Entre los grupos
socioeconómicos superiores menos del 5% de las muchachas ha sido madre
a los 17 años, mientras que entre los grupos socioeconómicos
desaventajados la incidencia alcanza entre un 20 y un 35% de las
81
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
muchachas, dependiendo del país. Esto lleva a la reproducción
intergeneracional de la pobreza, por cuanto una fracción importante de las
muchachas pobres tiene su primer hijo a una edad en que debieran estar
recién terminando la secundaria, truncando con ello su progresión educativa.
Por último, la maternidad adolescente no está cubierta por los programas de
protección social. A excepción de algunos programas recientes destinados a
retener a las madres adolescentes en la escuela la maternidad temprana no
es considerada un “riesgo” a cubrir por los programas de protección social.
Así, son las familias de los adolescentes, en particular las familias de los
progenitores de los adolescentes, las que deben asumir “parte importante de
la responsabilidad de la crianza así como el apoyo a sus hijos para evitar que
la maternidad/paternidad temprana trunque sus proyectos de vida”
(Rodríguez, 2005: 42). En definitiva, al igual que con los adultos mayores y
los jóvenes en “etapa de salida”, en el caso de las madres adolescentes
también son las familias las que deben desarrollar estrategias para responder
frente a nuevas responsabilidades que no están suficientemente cubiertas
por los sistemas públicos de protección social.
V. Pero se requieren nuevas opciones de política hacia la familia
En los dos capítulos anteriores se han examinado los modos en que la familia
responde ante situaciones de vulnerabilidad ya sea movilizando sus activos o
construyendo nuevos arreglos familiares. ¿Significa esto una sobreestimación
de los “sistemas informales” de protección social? Restituir a la familia como
el pilar olvidado de la protección social no significa exaltar los rasgos
positivos de una institución que en los últimos años ha sido objeto de un
aumento en la demanda social y que precariamente asume nuevas
responsabilidades. La sobreestimación de los rasgos positivos de este
proceso es una lectura liberal que ciertamente está presente en los análisis
de algunas instituciones. La lectura opuesta de este proceso señala que todo
esto es simplemente evidencia de la desprotección social de amplios
sectores de la población que no están integrados a los mecanismos formales
de protección social.
Lo que aquí se afirma es diferente: apunta a la necesidad de reconocer el
hogar y la familia como una red básica de protección. Resaltar que la
producción y reproducción del bienestar depende en buena medida de las
capacidades de la familia para hacer uso de los recursos y oportunidades
disponibles no implica en modo alguno centrar la responsabilidad en quienes
padecen situaciones de vulnerabilidad y deprivación. La existencia de
desigualdades en el acceso a las oportunidades y a los recursos es un
problema de la sociedad en su conjunto que tiene claras implicancias para la
política social. En efecto, es responsabilidad de la sociedad definir e
implementar políticas que aseguren equidad en el acceso a las
oportunidades, asumiendo la existencia de sectores que parten de dotaciones
diferentes y que por tanto requieren de estímulos y de apoyos también
82
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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diferentes para aprovecharlas. Estos no deben sin embargo anular o
desconocer la responsabilidad de los individuos y las familias, ya que hacerlo
implicaría dejar de lado un factor esencial para salir de esa “zona de
fragilidad” que es la vulnerabilidad, como es el desarrollo de sus
capacidades. Ello implica también que las políticas sectoriales que se
orientan a responder a una necesidad específica sin considerar la situación
de la familia en forma integral, pueden generar efectos no deseados y hasta
inversos a los buscados. Es el caso de los programas que en lugar de
potenciar las capacidades existentes las ignoran y, a través de ello, de algún
modo contribuyen a anularlas.
A. Modelos de política de familia
¿Cuales son los principales modelos de políticas hacia la familia que se han
implementado en América Latina? En un trabajo reciente Goldani plantea una
tipología de tres tipos de políticas hacia la familia. En primer lugar, las
“políticas de familia” que son definidas como “el conjunto de medidas o
instrumentos que intentan intervenir en el modelo de familia existente,
tratando de ‘conformar’ estructuras familiares para lograr un cierto modelo
ideal de familia. Este ideal correspondería tanto a los valores culturales
dominantes como a una concepción de desarrollo económico y del papel que
se le atribuye a la población en este modelo” (Goldani, 2005: 326).
Paradigmático de este tipo de políticas fueron las medidas tendientes al
control de la natalidad en la región en la década de los años sesenta, las que
fueron promovidas por la Alianza para el Progreso y las visiones
funcionalistas. En este tipo de políticas la familia es objeto de intervención en
tanto se busca un “ajuste” entre el modelo de desarrollo y el tipo de familia
que le sería funcional (la familia nuclear). En este tipo de políticas la familia
está por sobre sus miembros, es decir, se protege un arreglo familiar por
sobre los sujetos.
En segundo lugar, las “políticas referidas a la familia” que son entendidas
como “el conjunto de medidas e instrumentos de políticas públicas cuyo
objetivo es fortalecer las funciones que cumplen las familias”, destacándose
entre ellas “la reproducción y socialización de sus miembros, filiación y la
herencia, garantizar de las condiciones materiales de vida, la construcción de
la subjetividad de sus integrantes (sistemas de valores, actitudes, ideologías
y personalidades” (Goldani, 2005: 327). Este es el tipo de política más
extendida en la región en el cual “cabría un conjunto amplio de políticas
públicas, que van desde las políticas universales de educación, salud.. hasta
las políticas focalizadas en el combate a la pobreza, la violencia doméstica,
entre otras” (Goldani, 2005: 327). Existe, por tanto, una continuidad en las
políticas referidas a la familia en diversos modelos de desarrollo, donde la
diferencia ha estado más bien en el tipo de cobertura.
Goldani sugiere que un “problema que presentan estas políticas públicas
‘referidas a familia’ estaría en la noción de familia que manejan los diversos
programas sociales. Esta continua siendo de un tipo fijo, y muchas veces
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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idealizado, de familia nuclear, aunque otras veces, al tratarse de programas
para individuos en las familias (el joven, el anciano, la mujer), se reconocen
las diferencias e inequidades al interior de la familia” (Goldani, 2005). Pero
además, plantea que las rápidas transformaciones en la estructura del
empleo y las estructuras familiares han levantado una serie de demandas y
requerimientos que por la rigidez de las definiciones de familia las políticas
públicas no han podido integrar (Goldani, 2005). Así, “los programas de
seguridad social, de salud, o de vivienda social, así como las normas que
regulan la herencia, estaban basados en una exigencia de relaciones
familiares formalmente establecidas, lo cual resulta discriminatorio y desigual
para quienes optan por otra forma de establecimiento de familias. En la
medida en que aumenta la cohabitación como forma estable de pareja, se
requiere una transformación en los criterios de titularidad de derechos que se
adapte a las realidades cambiantes” (Jelin, 2005: 76).
Goldani concluye “que en lugar de optar por una política pública ‘de’ familia –
.. que trata de redefinir las estructuras familiares –, o de una política pública
‘referida a la familia’ – que.. busca ‘fortalecer’ las funciones sociales de la
familia –, deberíamos hablar de nuevas políticas públicas orientadas ‘para la
familia’. Estas nuevas políticas partirían de una concepción amplia de familia
y, al mismo tiempo, representarían una nueva articulación entre el trabajo
para el mercado, el trabajo doméstico y la provisión de bienestar por parte del
estado (Goldani, 2005: 328). El tipo de elementos que se integran en la
perspectiva de las “políticas para la familia” incluyen: a) la emergencia de
nuevos arreglos familiares, donde destaca la cohabitación como alternativa al
matrimonio; b) la redefinición del cuidado y la protección intergeneracionales,
conformando un reparto más equitativo de las responsabilidades
reproductivas; c) una mayor conciliación entre trabajo y reproducción
doméstica que no rezague o postergue social, cultural y económicamente a
las mujeres; y, d) un ajuste a los nuevos fenómenos emergentes que han
reordenado el espectro de posibilidades de los sujetos, como son el divorcio y
la consecuente mayor fragilidad de los arreglos familiares, los avances de la
tecnología (fertilización asistida), la migración, etc.
Cabe destacar que la propuesta de “políticas para la familia” se sustenta en
una concepción de derechos, pues su vulneración pone en tela de juicio el
grado de legitimidad de políticas públicas que excluyen, discriminan o
postergan a sujetos o familias que no calcen con los modelos o paradigmas
socio-culturales de lo que es una familia para el Estado. Desde esta
perspectiva, Goldani opta por la noción de derechos humanos basados en el
género, proponiendo modelos que buscarían una mayor equidad de género
en la definición de los arreglos familiares, lo que sería determinante para el
diseño e implementación de las “políticas públicas para las familias”.
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
B. Algunas áreas de intervención en una agenda de “políticas para la
familia”
A partir de los aspectos analizados en este trabajo, y tomando en
consideración la propuesta de “políticas para la familia” basada en una
concepción de derechos que no excluye a familias que no calcen con los
paradigmas de lo que es una familia para el estado, interesa concluir
resaltando algunos temas que debieran ser prioritarios en una agenda de
políticas.
i) Conciliación entre vida laboral y vida familiar
La CEPAL ha destacado que en las últimas décadas se produjeron
transformaciones significativas en el paradigma de producción que
caracterizó el capitalismo industrial y que transformaron los patrones del
1
empleo. Paralelamente, las mujeres emergieron en el escenario público,
incorporándose masivamente al mercado de trabajo con dobles jornadas, en
el hogar y en el mundo laboral. En una sociedad que ha asignado a las
mujeres en forma exclusiva las tareas domésticas y de cuidado familiar, y el
trabajo reproductivo en la esfera privada, y donde el hombre ha de ser el
proveedor económico, estos procesos han generado profundas tensiones en
las formas de conciliar el trabajo y la familia que se habían consolidado
durante siglos. Este modelo está cambiando. Si antes la familia debía ser el
soporte del sistema productivo mediante la división de roles y funciones, hoy
esta división se presenta como un obstáculo y una carga para las exigencias
de producción individual para el mercado. Esto produce una fuerte tensión
entre vida familiar y vida laboral.
En la actualidad una alta proporción de las familias en América Latina está
intentando buscar un equilibrio entre las responsabilidades laborales y
familiares. Las familias se encuentran navegando en un territorio incierto
donde aún existe la expectativa que las madres asuman la responsabilidad
principal en los cuidados del hogar y, por otro lado, que todos los adultos
participen en el mercado laboral. Pero mientras ha aumentado la
participación de la mujer en el mercado laboral, lo que consume tiempo que
tradicionalmente dedicaba a la familia, no se ha producido un cambio
equivalente en la redistribución del tiempo que los hombres asignan al trabajo
y al hogar. Las soluciones privadas a este problema están generando a su
vez nuevos problemas relacionados con el costo y la calidad de los cuidados
no parentales de los hijos/as pequeños.
El conflicto trabajo-familia tiene consecuencias negativas. Entre ellas es
posible mencionar los mayores riesgos de deterioro de la salud de los padres
que trabajan, un mal desempeño en la función parental, la tensión
psicológica, la ansiedad, la irritación frecuente, la depresión, el estrés laboral
1
Varios de los párrafos que se incluyen en esta y la próxima sección han sido tomados del
Panorama Social de América Latina 2004, CEPAL.
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
y los diversos problemas psicosomáticos. La dificultad derivada de la
ejecución de múltiples roles no solo afecta a las personas, sino también a las
empresas. La insatisfacción con el trabajo, el menor desempeño y
compromiso con la organización, junto con mayores niveles de ausentismo y
rotación, pueden ser efectos derivados de las tensiones provocadas por el
desempeño simultáneo de los roles laboral y familiar.
La flexibilidad laboral que se expresa en la oferta de trabajos a tiempo parcial
y temporal, ha sido en la práctica un incentivo para el ingreso o retorno de las
mujeres al mercado de trabajo, por cuanto permite combinar las tareas
domésticas, en particular el cuidado infantil, con el trabajo remunerado.
Representa sin duda un instrumento importante porque permite continuar en
contacto con el mercado y las actividades remuneradas. Sin embargo, es
necesario cautelar que dicha flexibilidad no agudice desigualdades laborales
y domésticas de hombres y mujeres al aumentar las brechas salariales entre
este tipo de empleo y los de tiempo completo, ni constituye una forma de
precarizar el empleo en general.
A partir de las consideraciones anteriores se puede inferir que existen
campos de intervención orientados a la a definición e implementación de
políticas de conciliación trabajo-familia. Estas medidas pueden ser
concebidas bajo el concepto de “des-familización” (Esping-Andersen) el que
hace referencia a aquellos sistemas de protección que incentivan la
independencia económica de la mujer liberándola de las responsabilidades
familiares que restringen su participación en el mercado laboral. Incluyen:
Medidas relacionadas con la organización del tiempo de trabajo, que incluyen
la flexibilización de horarios y la regulación de la extensión y duración de la
jornada, la regulación del trabajo domiciliario y el teletrabajo.
Servicios de asistencia en labores domésticas, como el apoyo a las
necesidades familiares y domésticas, la ampliación de la cobertura a los
niños en edad escolar y preescolar.
Medidas de asesoramiento y apoyo profesional, como los permisos
parentales cuando nacen o hay hijos enfermos.
ii) Conciliación con los nuevos arreglos familiares
La CEPAL ha destacado que existen fuertes interrelaciones entre las
decisiones que se toman en las familias y la propia sociedad. Al estado no le
es indiferente que las familias decidan tener menos hijos y que las mujeres
decidan acceder al mercado del trabajo, y dividir su tiempo entre el cuidado
de sus hijos y de sus mayores y su actividad profesional. Estas y otras
decisiones, así como las pautas de comportamiento de las familias, pueden
suponer cambios en la demanda de los bienes y servicios públicos, y pueden
modificar las políticas públicas en un sentido y otro. Hay algunos ámbitos
especialmente significativos en esta interrelación entre familia y política
pública.
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
Asesoría General en Seguridad Social
En primer lugar, cuando se trata de familia y de políticas de conciliación, no
solo se piensa en los hijos sino también en la existencia de personas
dependientes en el seno de la familia, sobre todo los adultos mayores. La
población dependiente, según las pirámides poblacionales y el aumento de la
esperanza de vida, tiende a crecer. La modificación del equilibrio entre
personas jóvenes dependientes y personas mayores dependientes pone de
manifiesto la necesidad de una revisión de los apoyos de las políticas
públicas destinadas a ayudar a aquellas familias con personas dependientes
a cargo.
En segundo lugar, por razones de distinto tipo las familias se han visto
llevadas a tomar decisiones importantes como retrasar el matrimonio,
disminuir la tasa de natalidad, ampliar los años de instrucción y, por lo tanto,
retrasar el ingreso a la población activa. En lo que respecta a este último
aspecto, en algunos casos la maternidad es uno de los condicionantes por
los que la mujer se ve obligada a abandonar la actividad remunerada, sobre
todo cuando se acompaña de otros factores como la subsidariedad del
salario femenino, es decir, cuando su ingreso no es el principal de la familia y
cuando el empleo femenino es precario e informal. Por otro lado, la
fecundidad adolescente –especialmente en los sectores de menores
recursos– ha tenido un impacto en las estructuras familiares y debe ser
considerado como un tema prioritario en las políticas públicas.
En tercer lugar, en la actualidad ha aumentado la cantidad de hogares
monoparentales con jefas, por lo que entran y permanecen en el mercado de
trabajo muchas mujeres con hijos e hijas menores, lo que advierte sobre la
dificultad de muchas familias para compatibilizar las responsabilidades
familiares con las laborales. Las guarderías, los centros de educación infantil
y los colegios deberían ser uno de los recursos principales para ayudar a
compatibilizar familia y trabajo. Sin embargo, a menudo las mujeres se ven
obligadas a buscar estrategias individuales basadas en la red familiar.
iii) Prioridades de acción para las familias pobres que enfrentan riesgos
sociales
El estudio de las respuestas de las familias pobres ante situaciones de
adversidad económica revela su precariedad. Las estrategias que estas
familias implementan son insuficientes para contrarrestar la erosión de su
base de activos y meramente constituyen una opción por mantener a su
familia fuera de la pobreza y reducir su vulnerabilidad. Hay diversas acciones
que podrían apoyar a las familias pobres en sus intentos por reducir la
vulnerabilidad.
En primer lugar, aquellas intervenciones que intentan apoyar a los hogares
en su rol de red de protección requieren tomar en cuenta dos aspectos. Por
una parte, estas deben dar prioridad a intervenciones estructurales que
tienen efectos de largo plazo (por ejemplo, fortaleciendo su base de activos)
en vez de centrarse en medidas compensatorias de corto plazo. Por otro
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Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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lado, dado que una proporción importante de los hogares más pobres están
encabezados por mujeres es importante focalizar la intervención en esas
mujeres o sus hijos.
Segundo: es necesario eliminar las restricciones al trabajo de la mujer. Como
se ha destacado, ante situaciones de caída de ingresos del jefe de hogar en
hogares biparentales la respuesta más común es que la mujer ingrese al
mercado laboral como una forma de reducir la vulnerabilidad del hogar. Sin
embargo, es necesario considerar las restricciones a su capacidad para
responder a múltiples responsabilidades, lo que puede dañar el desarrollo de
sus hijos. Para promover el bienestar de las familias se requieren
intervenciones para reducir esas limitaciones: por ejemplo, una mayor
provisión para el cuidado de los niños.
Tercero: dado que entre sus estrategias las familias más pobres a menudo
movilizan a los niños como fuente de generación de ingresos se debe
intervenir para erradicar lo que la OIT denomina “el trabajo infantil por abolir”.
La aspiración de un mundo sin trabajo infantil debiera ser incluida en los
programas sociales como una de las condiciones para la entrega de
prestaciones.
Por último: es necesario que la política social integre capital humano y capital
social. Aumentar la productividad de los sectores pobres requiere una política
social comprensiva e integral que reconozca la compleja interdependencia
del capital humano y social. En la última década la política social ha asumido
la importancia del capital humano en el desarrollo económico. Pero se
requiere un reconocimiento mayor de la importancia del capital social en el
desarrollo económico. Los efectos que tiene la erosión del capital social en
períodos de adversidad económica plantea la necesidad de combinar
creativamente la práctica individual con la participación comunitaria, el
desarrollo humano con el desarrollo social.
88
Comentarios de Seguridad Social - Nº11, Abril - Junio 2006
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