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RECONOCIENDO EL PASADO
RECONOCIENDO
EL PASADO
desafíos para combatir
la impunidad en Guatemala
COLECCIÓN ENFOQUE PAÍS
informe de investigación
RECONOCIENDO EL PASADO:
DESAFÍOS PARA COMBATIR LA IMPUNIDAD
EN GUATEMALA
Informe de investigación
Impunity Watch
RECONOCIENDO EL PASADO:
Desafíos para combatir la impunidad en Guatemala
Publicación de Impunity Watch
www.impunitywatch.org
Consorcio Impunity Watch – Guatemala
Fundación Centro de Documentación
e Investigación Maya CEDIM
ISBN: 978-99939-68-70-2
Diseño de interiores y portada: suggestie en illusie, Holanda.
Fotografía de portada: Elisabeth Biesemans, fotografía tomada en el Museo Achí de Rabinal, Baja Verapaz.
Este estudio ha sido posible gracias al apoyo financiero de:
Primera edición: noviembre 2008.
Derechos reservados por Impunity Watch. Se permite la reproducción parcial o total siempre y cuando se
cite la fuente.
ÍNDICE
Presentación
7
Agradecimientos
8
Introducción
11
Metodología de la investigación
15
I.
El Derecho a la Verdad
1. Marco normativo del derecho a la verdad
19
20
2.
Instituciones que inciden en el derecho a la verdad
2.1 La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH
2.2 La búsqueda de desaparecidos y las exhumaciones
2.3 Archivos y registros relevantes a la verdad
22
22
24
28
3.
Independencia y disposición de las Instituciones que inciden en el derecho a la verdad
3.1 Independencia y disposición de la CEH
3.2 Independencia y disposición en torno a las exhumaciones
3.3 Independencia y disposición de los archivos
30
30
33
36
4.
Factores sociales que inciden en el derecho a la verdad
38
5.
Voluntad política para promover la verdad
40
Obstáculos a la verdad
43
II. El Derecho a la Justica
1. Marco normativo del derecho a la justicia
1.1 Normativa internacional vigente en Guatemala en materia de derechos humanos
1.2 Estatus del derecho internacional en el ámbito jurídico interno
1.3 Tipificaciones nacionales
1.4 Participación de las víctimas y protección de testigos en el proceso penal
1.5 Leyes y procedimientos con la potencialidad de obstruir la persecución penal
1.6 Posibilidades que ofrece el marco normativo guatemalteco para esclarecer y juzgar graves
violaciones a los derechos humanos
45
47
47
48
48
50
51
53
2.
Respuesta del sistema penal a los delitos del enfrentamiento armado
2.1 El Ministerio Público
2.2 La Policía Nacional Civil
2.3 El Organismo Judicial
2.4 El rol de otras instituciones en casos por delitos graves
54
55
60
61
63
3.
Independencia y disposición del sistema penal
3.1 Falta de disposición para investigar y perseguir los delitos graves
66
66
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
5
4.
Voluntad política del Estado para promover la justicia
4.1 Organismo Legislativo
4.2 Organismo Ejecutivo
4.3 Asignación y ejecución del presupuesto del sistema de persecución penal
68
68
69
70
5.
Factores sociales que influyen en la búsqueda de justicia y la actuación del sistema de
persecución penal
71
Obstáculos a la justicia
74
III. El Derecho a la Reparación
1. Marco normativo de las reparaciones en Guatemala
79
80
2.
Instituciones responsables de las reparaciones
2.1 El Programa Nacional de Resarcimiento, PNR
2.2 La COPREDEH
82
82
90
3.
Voluntad política para promover las reparaciones
92
4.
Factores sociales que inciden en las reparaciones
93
Obstáculos a las reparaciones
IV. Medidas para la no repetición
1. Desmovilización o re-estructuración de grupos armados y su reincorporación a la vida civil
1.1. Los grupos guerrilleros
1.2. Grupos paramilitares
1.3. Desarticulación de grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad
1.4. Reducción y re-estructuración del Ejército
1.5. Reestructuración de la policía
6
95
99
100
100
101
102
103
104
2.
Depuración y destitución de funcionarios señalados de violaciones del pasado
105
3.
Investigación de antecedentes de quienes aspiran a cargos públicos
105
4.
Otras medidas destinadas a la no repetición
4.1. Ratificación del Estatuto de Roma
4.2. Enseñanza de la tragedia del enfrentamiento armado en las escuelas
4.3. Promoción de leyes que prohíben o penalizan cualquier forma de discriminación
4.4. Control de armas
4.5. Reformas al código militar y al sistema de inteligencia del Ejército
106
106
106
107
107
108
Obstáculos a las medidas para la no repetición
108
V.
Conclusiones
113
VI. Recomendaciones
119
Siglas
125
Anexos
129
Bibliografía
169
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
PRESENTACIÓN
Impunity Watch es una iniciativa internacional de investigación e incidencia política que busca reducir la impunidad
en casos de graves violaciones a los derechos humanos en países post-conflicto en los que la impunidad constituye
una amenaza para la paz sostenible y la (re) construcción de un estado democrático de derecho.
El trabajo de IW comprende tres distintas estrategias de intervención. La primera estrategia es la realización de una
investigación y análisis riguroso de los factores que inciden en la impunidad en determinados países post conflictos,
partiendo de una metodología especialmente diseñada por IW para este propósito. Sobre la base de los hallazgos de
investigación se pasa a la formulación de recomendaciones y propuestas de políticas públicas mediante un proceso
de consulta con actores variados de sectores clave relevantes a la temática. Posteriormente se inicia un trabajo de
cabildeo y lobby a nivel nacional e internacional para promover la implementación de las recomendaciones elaboradas.
Los hallazgos de la investigación también forman la base para sistemas de monitoreo para medir avances y retrocesos
en la impunidad, así como el grado de cumplimiento del Estado con sus obligaciones legales en materia de verdad,
justicia, reparación y medidas de no repetición.
El objetivo central de IW, en todas sus estrategias es apoyar y fortalecer el trabajo de las organizaciones de la
sociedad civil que luchan contra la impunidad, desde la convicción que la voz de estas organizaciones en el diseño e
implementación de políticas públicas y procesos de la justicia transicional es indispensable para que las políticas y
procesos respondan mejor a la realidad local y a las necesidades reales de las víctimas. Por ello, en la metodología de
investigación se adoptó el enfoque colaborativo de investigación (collaborative research), que supone la conformación
de un equipo interdisciplinario y el intercambio entre profesionales internacionales y nacionales.
Actualmente Impunity Watch implementa proyectos piloto en Guatemala y Serbia, en los que las distintas estrategias
se realizan como procesos simultáneos. La selección de estos dos países aparentemente muy diferentes, se hizo con el
propósito de demostrar la utilidad global de la metodología de IW, en diferentes contextos políticos y sociales (postconflicto, post-dictaduras militares y post-régimen autoritario comunista, tanto en el sur como en el norte). Asimismo,
el trabajo con parámetros metodológicos similares en contextos diferentes, sienta bases para un intercambio
estructurado sobre las diversas experiencias de impunidad y las estrategias exitosas aplicadas por el Estado y por las
organizaciones de la sociedad civil de estos países.
La selección de Guatemala obedece a que la impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos del pasado
ha incidido en obstruir la construcción de un estado de derecho democrático en el presente. Sin lugar a dudas, el
enfrentamiento armado interno que se vivió en el país entre 1960 y 1996, ha sido uno de los más terribles del continente
americano. La magnitud de la violencia y la saña con la que fueron cometidas las miles de violaciones a los derechos
humanos han dejado huellas profundas en las víctimas y sobrevivientes, así como en la sociedad guatemalteca en su
conjunto. Si bien desde la firma de la paz, el Estado guatemalteco ha realizado esfuerzos para promover los derechos
de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y medidas de no repetición, éstos han sido parciales y promovidos
sin una visión integral, por lo que su impacto ha sido muy débil. Son escasos los avances en llevar ante la justicia a
los responsables de las violaciones más graves cometidas durante el conflicto y tampoco han habido esfuerzos para
implementar las reformas institucionales necesarias para depurar la administración pública de personas señaladas
de estos crímenes. Los escasos avances en la justicia transicional y el no haber depurado a personas señaladas de
crímenes y delitos, ha impactado fuerte y negativamente en la transición democrática. Altos mandos militares y las
élites económicas y políticas dominantes, se han empeñado en mantener su dominio sobre un sistema excluyente,
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
7
racista y discriminador, impidiendo romper la impunidad vigente y superar las causas estructurales que provocaron el
enfrentamiento armado.
Impunity Watch nació en 2005, como un proyecto de la organización no gubernamental Holandesa Solidaridad y se
independizó como Fundación IW en 2008. Solidaridad trabaja desde hace varios años en Guatemala, acompañando
el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la impunidad y apoyando la voz de las víctimas
del enfrentamiento armado. La experticia y experiencia de sus socios en Guatemala han jugado un papel central tanto
en la concepción de Impunity Watch, como en la definición de sus estrategias de intervención y su metodología
de investigación. El trabajo de IW en Guatemala nace directamente de esta relación con las organizaciones y de la
convicción compartida de que es imperativo que Guatemala encuentre formas más eficaces y completas para
cumplir con los derechos a la verdad, justicia y reparación de las victimas y con las medidas de no repetición. Esto
es fundamental para que las víctimas puedan ser dignificadas y reparadas, pero también para establecer bases más
sólidas en la construcción de un estado democrático de derecho.
El proyecto en Guatemala está conformado como consorcio constituido por las organizaciones CALDH, CEDIM,
ICCPG e Impunity Watch; la FMM también participó en la etapa de investigación. Entre mayo 2007 y octubre 2008,
este consorcio llevó a cabo una investigación rigurosa y abarcadora, aplicando la metodología diseñada por IW para
identificar las causas profundas y multifacéticas de la impunidad respecto a los delitos graves y violaciones masivas
de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. El presente informe “Reconociendo el pasado:
desafíos para combatir la impunidad en Guatemala” presenta los avances, obstáculos y desafíos que enfrentan el
Estado y la sociedad guatemalteca en relación con el derecho de las víctimas del enfrentamiento armado a la verdad,
la justicia y la reparación y las garantías de no repetición. El informe también propone recomendaciones para avanzar
en esta materia y contribuir a la construcción del estado democrático de derecho en Guatemala.
La siguiente fase del proyecto IW Guatemala empieza ahora con el arranque de las actividades de lobby y cabildeo para
promover la implementación de las recomendaciones de este informe. Para ello consideramos indispensable fomentar
la creación de alianzas amplias de organizaciones, instituciones y personas comprometidas con la lucha contra la
impunidad. Será fundamental la participación de las víctimas del enfrentamiento armado y sus organizaciones en
estas alianzas, pues son ellos el corazón de este estudio y principal motivo para nuestro trabajo.
Además, se construirá un sistema de monitoreo que nos permitirá medir periódicamente avances y retrocesos en la
impunidad en Guatemala, así como el grado de cumplimiento del Estado respecto a los derechos de las víctimas a la
verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. Se espera que los hallazgos del monitoreo constituyan una
herramienta útil para conocer y revisar las estrategias de lucha contra la impunidad y generar información actualizada
para todos los sectores interesados.
Somos conscientes de que en el contexto actual que vive Guatemala, recuperar la agenda pendiente de la justicia
transicional no es tarea fácil. Los serios problemas de inseguridad, crimen organizado, pobreza y exclusión que viven
cotidianamente la mayoría de ciudadanos han llevado a perder de vista los problemas del pasado. Sin embargo,
consideramos que recuperar esta agenda pendiente constituye un reto importante para el gobierno del Presidente
Álvaro Colom, la sociedad civil guatemalteca y la comunidad internacional. Este reto implica también vincular la
impunidad por el pasado con la impunidad del presente, visibilizando las causas que provocan la presente crisis de
inseguridad y las persistentes condiciones de impunidad. Impunity Watch Guatemala espera que este estudio sea una
contribución en este sentido.
Agradecimientos
Este informe es producto del esfuerzo de muchas personas, organizaciones e instituciones. Impunity Watch agradece
el trabajo esmerado y profesional del equipo técnico de investigadores, integrado en diversos momentos del proceso,
por las jóvenes profesionales Mayling Orozco, Leily Santizo, Denise Phe Funchal, Liliana Parra y Jennifer Echeverría,
así como por Rodolfo Muñoz. En los últimos meses de trabajo, María Antonieta Cordón brindó un apoyo invaluable
como investigadora y, en particular, en compilar información sobre casos del conflicto armado que se encuentran en
investigación o han llegado a juicio.
Agradecemos también el aporte del equipo del Área de Estudios Sociopolíticos de FLACSO Guatemala, encabezado
por Paola Ortiz; a Juan Luis Velásquez y un equipo multidisciplinario de profesionales que generaron información y
análisis para comprender los recursos financieros que el Estado de Guatemala asigna al sistema de persecución penal
y otras instituciones relevantes para la justicia transicional, y a Iduvina Hernández por el aporte de sus conocimientos
y análisis para el tratamiento de los intereses arraigados que son fuente y causa de la impunidad.
8
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Directores y personal de las organizaciones que integran el consorcio de IW-Guatemala –CALDH, ICCPG y CEDIM–
brindaron su tiempo y conocimientos para orientar el trabajo y en sucesivas revisiones de los productos finales.
Colaboraron como lectores externos y participantes en diversas actividades de consulta y reflexión, Patricia González,
Rafael Herrarte, Ramón Cadena, Alfonso Huet, Franz Kernjak y Héctor Soto. Nuestro agradecimiento a ECAP por su
permanente disposición en el apoyo para la organización de entrevistas y reuniones con víctimas en el interior del
país. Anabella Sibrian, de la Plataforma Holandesa contra la Impunidad en Guatemala, acompañó el proceso en todo
momento.
Agradecemos a todos los funcionarios públicos y operadores de justicia que brindaron su tiempo para entrevistas y
especialmente a aquellos que incurrieron en riesgos para hablar con nosotros sobre temas que en Guatemala continúan
siendo de alto riesgo. Reconocemos en particular el esfuerzo de las nuevas autoridades del PNR que se esforzaron por
atender nuestras múltiples solicitudes de información.
Este trabajo tampoco hubiera sido posible sin la confianza depositada por Solidaridad Holanda, la cual creyó en la
idea e inició el proyecto, contagiando en el camino a otras agencias de cooperación como Hivos y Cordaid, quienes
aportaron no sólo el financiamiento necesario para hacer realidad esta iniciativa, sino que fueron un respaldo y apoyo
continuado a lo largo de la investigación.
La coordinación de la investigación estuvo a cargo inicialmente de Christine Beauchot y luego de Megan Thomas. En
la redacción del Informe final participaron Claudia Paz, Denis Martínez, Christine Beauchot, Megan Thomas y Marlies
Stappers. Marcie Mersky, Susan Kemp e Itziar Gonzalez Tanago leyeron los borradores finales y aportaron importantes
sugerencias para fortalecer el contenido, las conclusiones y recomendaciones. Marlies Stappers, coordinadora
general de Impunity Watch, acompañó el proceso en todo momento, aportando criterios y propuestas y animando
permanentemente al equipo de investigación y redacción del informe. Finalmente, queremos hacer una mención
especial a la labor de supervisión de la revisión y edición del informe final, por parte de Denis Martínez.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
9
INTRODUCCIÓN
En los últimos años la comunidad internacional ha tomado conciencia de manera creciente de que la impunidad
representa un gran desafío para países con un largo historial de violaciones a los derechos humanos y que es
imperativo unir esfuerzos para combatir la impunidad y apoyar el proceso de construcción de un Estado Democrático
en estos países. La creación del Tribunal Criminal Internacional para Ruanda, ICTR, el Tribunal Criminal Internacional
para la ex Yugoslavia, ICTY, así como la creación de la Corte Penal Internacional, CPI, son expresiones contundentes
de esta convicción. Otro hito en esta campaña internacional contra la impunidad lo constituyen el Conjunto de
Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad,
preparados por el relator especial de las Naciones Unidas, Louis Joinet en 1997. Estos principios fueron actualizados
por la experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad,
Diane Orentlicher, para la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 2005. La novedad de estos Principios es que
se refieren a la impunidad no meramente como un problema de ausencia de justicia, sino que también reconocen
los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las medidas de no repetición de manera integral y desde el
entendimiento de que en una cultura de impunidad, los fracasos sistémicos y específicos acumulativos impiden que
los Estados cumpla con sus obligaciones en estos ámbitos. Así, estos Principios conforman una agenda integral de
la justicia transicional que, al ser implementada en su conjunto, conduce a un combate efectivo de la impunidad.
Precisamente este abordaje integral motivó a Impunity Watch a desarrollar una metodología de investigación
alrededor de estos Principios.
Para aportar a la lucha contra la impunidad en Guatemala desde la perspectiva integral expuesta en los Principios
de las Naciones Unidas, Impunity Watch realizó una investigación rigurosa para examinar con detalle los avances,
obstáculos y desafíos que enfrentan el Estado y la sociedad guatemalteca en relación con el derecho de las víctimas
del enfrentamiento armado a la verdad, la justicia y la reparación, así como a las garantías de no repetición. Se analizó
de forma comprensiva el funcionamiento de las principales instituciones y órganos encargados de garantizar estos
derechos, prestando particular atención a los factores que explican la falta de actuación del sistema de persecución
penal contra los responsables de los crímenes del enfrentamiento armado. También se examinaron los factores
políticos y sociales que contribuyen o que obstaculizan el combate a la impunidad. En esta publicación se presentan
los principales hallazgos y conclusiones del estudio y una serie de recomendaciones para pautar un camino para
avanzar en esta materia y en la construcción del estado democrático de derecho en Guatemala.
Este informe está organizado en seis capítulos: 1) el derecho a la verdad; 2) el derecho a la justicia; 3) el derecho a
la reparación; 4) las garantías de no repetición; 5) conclusiones; y 6) recomendaciones. En los primeros capítulos se
examinan los avances y obstáculos que enfrentan las instituciones del Estado para cumplir con sus obligaciones, así
como el rol de las víctimas, la sociedad civil y la cooperación internacional para promover los derechos de las víctimas.
En el capítulo 6 se presentan una serie de recomendaciones que se centran en los nudos que, según los hallazgos de
este estudio, contribuyen a la impunidad. Las recomendaciones están dirigidas principalmente a las instituciones del
Estado, la sociedad civil guatemalteca y la cooperación internacional, y servirán de base para el trabajo de monitoreo
e incidencia que realizará IW en la siguiente fase del proyecto (2009-2010).
Para consultas más detalladas, el informe completo de la investigación se encuentra disponible en la página electrónica
p
y
g, donde también se puede consultar el instrumento metodológico, la base
de Impunity Watch www.impunitywatch.org
de datos que se construyó como resultado de la investigación, así como el informe del proyecto en Serbia y otros
documentos de interés sobre la temática.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
11
La tragedia del enfrentamiento armado
Entre 1960 y 1996 Guatemala vivió uno de los enfrentamientos armados más violentos y horrendos de América
Latina. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (Comisión de la Verdad) en su informe Guatemala Memoria del
Silencio, presentado en 1999, estimó que el saldo de muertos y desaparecidos en Guatemala llegó a más de 200 mil.
La Comisión señala que como parte de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado de Guatemala se
cometieron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales de mujeres, así como genocidio
contra grupos indígenas mayas. El Informe de la CEH explica que como parte de su estrategia, el Ejército de Guatemala
identificó a los grupos mayas como aliados de la guerrilla y enemigos internos, y “con la intención de destruir a los
grupos indígenas”, eliminó a líderes comunitarios, cometió masacres y actos criminales contra hombres, mujeres
y niños, así como torturas y actos crueles, inhumanos y degradantes para aterrorizar a la población y destruir la
cohesión social. El siguiente pasaje del Informe de la CEH ilustra la magnitud y la crueldad con que fueron cometidas
las violaciones a los derechos humanos:
“Las masacres no se limitaron a la eliminación masiva de individuos, sino que fueron cometidas mediante acciones
de barbarie de tal magnitud que, en una primera lectura, podrían provocar cierta incredulidad. Sin embargo, las
imágenes todavía vivas en los testigos de cuerpos degollados, cadáveres mutilados, mujeres embarazadas con sus
vientres abiertos a bayoneta o machete, cuerpos sembrados en estacas, olor a carne quemada de personas abrazadas vivas y perros devorando los cadáveres abandonados que no se pudieron enterrar, corresponden a lo realmente
acaecido. La reiteración de los hechos en decenas de comunidades, contados por miles de personas que dieron sus
testimonios en forma individual o colectiva y recogidas en otras fuentes plenamente registradas por la CEH, los
hace innegables. Asimismo, las exhumaciones realizadas en casos de masacres han aportado elementos de prueba
material sobre el grado de sevicia con que se realizaron”.1
La CEH concluyó que el Estado de Guatemala fue responsable del 93% de las violaciones a los derechos humanos
ocurridas durante el enfrentamiento armado, lo cual incluye al Ejército, a los grupos paramilitares y otras fuerzas de
seguridad: la guerrilla habría sido responsable del 3% y otros grupos sin identificar, el 4%. La Comisión estableció como
causas profundas del enfrentamiento armado la injusticia y desigualdad estructural que existen históricamente en el
país, el racismo contra los pueblos indígenas, la profundización de una institucionalidad excluyente y antidemocrática,
así como la renuencia del Estado a impulsar reformas sustantivas que pudieran reducir los conflictos estructurales.
Todo ello dentro del marco de la Guerra Fría, el anticomunismo y la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por el
gobierno de los Estados Unidos en la región centroamericana.
La transición democrática y el proceso de paz
Formalmente en Guatemala el proceso de transición democrática inició en 1985 con la promulgación de una nueva
constitución, la realización de elecciones generales y la instauración de un gobierno civil. Sin embargo, estos
acontecimientos ocurrieron bajo un régimen militar y con el enfrentamiento armado interno aún sin solución.
Desde sus inicios, las nuevas autoridades civiles enfrentaron reclamos para esclarecer la verdad, impartir justicia
y reparar a las víctimas por las violaciones cometidas, pero la respuesta del Estado a estos reclamos fue mínima.
Posteriormente el Estado de Guatemala inició un proceso de negociación con los grupos guerrilleros, agrupados en la
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, para poner fin al enfrentamiento armado. Las negociaciones
fueron acompañadas por la comunidad internacional y en algunos momentos participaron diversos actores de la
sociedad civil guatemalteca. Las negociaciones dieron como resultado un conjunto de Acuerdos sobre una serie de
temas para tratar las causas del conflicto y lograr la paz firme y duradera. Dentro de este marco global se encuentran
también estrategias de “justicia transicional” diseñadas para responder a las violaciones masivas a los derechos
humanos contra la población durante el conflicto. El avance del primer reto claramente afecta al segundo. Sin
embargo, en Guatemala operan factores económicos, políticos y sociales que inciden en un cumplimiento parcial
de los Acuerdos de Paz e influyen en la impunidad por los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos
durante el enfrentamiento.
1
12
CEH. 1999. Guatemala Memoria del Silencio. Capítulo II, Volumen 3, página 704. Guatemala: UNOPS.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Luego de 23 años de transición democrática y a doce años de la firma de la paz, si bien se han dado avances, es
crecientemente evidente que las transformaciones democráticas previstas en la Constitución y en los Acuerdos de Paz
no se han alcanzado. Los estudios y análisis de la situación político-social desde 1996, coinciden en concluir que las
élites dominantes guatemaltecas –económicas, políticas, sociales y militares– sobrevivieron el conflicto sin mayores
cambios, manteniendo sus fuentes de riqueza sin modificar sus rasgos de fondo. El resultado es un Estado débil que
sigue respondiendo a los intereses de minorías, mientras para la mayoría de la población, sobre todo maya, persisten
condiciones de vida precarias, sin un estado democrático de derecho ni instituciones capaces de garantizar la vida, la
seguridad y el bienestar. Debido a su oposición a cualquier transformación de las causas estructurales que originan
el conflicto, que se mantienen durante el enfrentamiento interno y hasta el día de hoy, estas élites tienen una fuerte
responsabilidad en los hechos sucedidos, por lo que actualmente tienen intereses contrapuestos al conocimiento de
la verdad, la impartición de justicia, las reparaciones de los daños causados, y las reformas institucionales y políticas
para alcanzar estos derechos. Así, el espacio para iniciativas políticas y sociales a favor de la justicia transicional sigue
claramente condicionado.
Durante la transición democrática y el período posterior a la firma de la paz no se realizaron las reformas
institucionales pertinentes, ni se juzgaron los crímenes cometidos durante el enfrentamiento armado, esto ha
incidido en que Guatemala enfrenta en la actualidad una situación alarmante de impunidad. Además esta pérdida de
oportunidad permitió el crecimiento y consolidación de los aparatos clandestinos criminales que surgieron durante
el enfrentamiento armado y que actualmente penetran las instituciones del Estado. Esta infiltración de grupos
criminales en las instituciones públicas frustra los esfuerzos del Estado y de la sociedad para la construcción del
estado democrático de derecho. La reciente creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, ha sido
una medida de emergencia para apoyar a un Estado débil que no ha realizado las reformas institucionales necesarias
para combatir la impunidad y la corrupción.
En el período post-conflicto no se han tomado medidas decisivas para lograr la transición de un Estado disfuncional
que responde a intereses de élites económicas, políticas y militares hacia un estado funcional que responde a sus
ciudadanos. La primacía de los grupos de interés, la corrupción y la utilización de los bienes públicos para beneficio
privado, significan que la lógica política dominante no está en función del diseño e implementación de políticas,
programas y proyectos de beneficio público. Esta situación se agrava por el recurso a la violencia para la defensa de los
intereses, especialmente en los casos de redes y grupos vinculados al narcotráfico, el contrabando y otras expresiones
del crimen organizado.
Persistente exclusión, racismo y discriminación
Al igual que la política y la economía, en los aspectos sociales Guatemala también evidencia cambios pero mantiene
esencias comunes con el pasado. En las últimas décadas se han formado profesionales, académicos y activistas
indígenas y es notorio el tránsito de mujeres mayas del espacio privado al espacio público. Pero la población indígena,
abrumadoramente Maya y que constituye más de la mitad de la población total, sigue viviendo en pobreza y carece
de representación significativa en los espacios de toma de decisión a todo nivel y en todas las esferas de la vida
nacional. La cultura y los idiomas indígenas siguen siendo considerados marginales, y la identidad, la política y la
riqueza dominantes del país siguen siendo ladinas.
Las relaciones de poder en el país evidencian continuidades inaceptables y que expresan la superficialidad de
la transición a una democracia electoral. Los mapas de la pobreza y exclusión social de la población indígena
mantienen su coincidencia territorial con el mapa del genocidio y de la impunidad. En aspectos cruciales
estas condiciones tienden a agravarse, pues estos territorios son ricos en recursos naturales crecientemente
apetecibles en el mundo contemporáneo, como lo son los minerales, las fuentes de agua para generar energía y
las tierras para cultivos de exportación y como insumo para biocombustibles. Está ampliamente documentado
que Guatemala continúa a la cola de América Latina en términos de distribución de la riqueza generada en el
país.
La persistente exclusión, marginación y pobreza de la mayoría de la población indígena tiene como explicación de
fondo la persistencia del racismo como componente esencial y arraigado en la ideología dominante. Según la CEH la
injusticia estructural, el racismo, una institucionalidad excluyente y antidemocrática, entre otras, fueron las causas
más profundas del enfrentamiento armado, y dado que aún no han sido resueltas, podemos afirmar que continúan
generando la conflictividad en el presente. Las mujeres, de manera acentuada si son pobres e indígenas, son quienes
menores oportunidades tienen en este estado de cosas. Lógicamente, la actuación de las instituciones estatales,
refleja y expresa esta ideología dominante.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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Los desafíos de la impunidad en la actualidad
A trece años de la firma de la paz, si bien ha habido esfuerzos importantes para esclarecer la verdad del pasado, los miles
de crímenes cometidos contra la población civil durante el enfrentamiento armado permanecen en la impunidad, la
gran mayoría no ha sido reparada y las instituciones implicadas no han experimentado reformas adecuadas. El Estado
de Guatemala no ha suscrito oficialmente el Informe de la CEH y algunas de las personas señaladas de responsables de
las violaciones a los derechos humanos, incluyendo el genocidio contra la población Maya, ocupan cargos públicos sin
que el Estado adopte medidas administrativas ni penales contra ellas. Esta situación de impunidad crea frustración y
temor en las víctimas y debilita la confianza de la población en las instituciones del Estado.
En el ámbito de la justicia, de las más de 600 masacres documentadas en el Informe de la CEH, el sistema de justicia
penal solamente ha condenado a los responsables materiales de tres masacres. Aunque desde el 2005 el Ministerio
Público cuenta con una unidad fiscal específica para investigar los delitos graves ocurridos durante el enfrentamiento
armado, la Unidad de Esclarecimiento Histórico, luego de tres años de existencia, esta Unidad no ha presentado ni una
sola acusación ante los tribunales guatemaltecos por delitos graves del enfrentamiento armado. Pero la impunidad y
la falta de actuación del sistema de persecución penal no se limitan a los crímenes del enfrentamiento armado, pues la
tasa de efectividad del sistema penal guatemalteco en la actualidad es alarmante y vergonzosa. Según cifras oficiales,
Guatemala tiene una tasa promedio de 5,000 homicidios al año y el sistema penal no es capaz de esclarecer y juzgar
ni siquiera el 5% de estas muertes.
Como se indicó antes, en el presente estudio se examinan en detalle los obstáculos que contribuyen a la actual situación
de impunidad en Guatemala, así como los avances y medidas que el Estado ha adoptado y que potencialmente pueden
contribuir a contrarrestar esta situación. Este estudio es un primer esfuerzo de Impunity Watch para identificar los
desafíos que enfrentan el Estado y la sociedad guatemalteca para combatir la impunidad y servirá de base para
posteriores estudios y para promover políticas públicas que garanticen el derecho de las víctimas a la verdad, la
justicia, la reparación y las medidas de no repetición.
14
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para realizar el presente estudio, Impunity Watch desarrolló una metodología organizada alrededor del Conjunto
de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha contra la Impunidad,
preparados por Louis Joinet y actualizados por Diane Orentlicher para la ONU en 2005, y en las obligaciones del
Estado conforme el derecho internacional de derechos humanos y el derecho humanitario. Los Principios se refieren
a los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como a las medidas
necesarias para garantizar la no repetición de las atrocidades sufridas por las víctimas. Estos derechos y garantías
se han denominado como derechos de la justicia transicional.
En una primera etapa de su trabajo, Impunity Watch ha examinado obstáculos y nudos en los procesos relativos a los
derechos a la verdad, la justicia y la reparación y medidas de no repetición mediante proyectos piloto en dos países:
Guatemala y Serbia. Para los estudios se establecieron seis áreas principales de investigación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Marco normativo nacional e internacional que regulan los procesos de justicia transicional;
Recursos y capacidades de las instituciones responsables de su implementación;
La independencia y disposición de dichas instituciones;
Los intereses arraigados de grupos de poder que se oponen o que obstruyen estos procesos;
Factores sociales que facilitan u obstaculizan estos procesos;
La voluntad política del Estado para promover estos procesos.
Estas áreas de investigación se definieron a raíz de una revisión documental sobre los obstáculos para vencer la
impunidad en países post-conflicto, consultas con expertos en la materia y tomando en cuenta la experiencia de
Impunity Watch. Luego se diseñó una metodología de investigación que incluye preguntas y sugerencias para recoger
la información en cada área de investigación y para cada uno de los derechos contemplados.
En relación con la No Repetición, se priorizaron tres tipos de medidas: 1) la desmovilización de los grupos armados
involucrados en el enfrentamiento armado y la reintegración de sus miembros a la vida civil, particularmente los
niños y menores de edad; 2) la depuración y la destitución de funcionarios señalados de estar vinculados a delitos y
violaciones ocurridas durante el enfrentamiento armado; y 3) la investigación de los antecedentes de personas que
aspiran a cargos públicos, para prevenir que quienes participan en violaciones a los derechos humanos ocupen dichos
cargos. Adicionalmente, se prestó atención a otras medidas generales destinadas a la No Repetición, como: a) la
tipificación en el Código Penal de nuevos delitos considerados como violaciones de derechos humanos en el derecho
internacional; b) la ratificación del Estatuto de Roma; c) reglamentos que establecen la enseñanza en las escuelas
de la tragedia del enfrentamiento armado; d) la promulgación de leyes para prohibir o penalizar cualquier forma de
discriminación; y e) reformas al código militar.
El estudio se realizó entre mayo del 2007 y noviembre 2008 y estuvo a cargo de un equipo de investigación integrado
por cuatro investigadoras y una coordinadora de proyecto; y a partir de enero 2008 fue conducida por una coordinadora
de investigación. Las investigadoras fueron propuestas por las organizaciones socias de Impunity Watch en Guatemala:
el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, CALDH, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
de Guatemala, ICCPG, el Centro de Documentación e Investigación Maya, CEDIM, y la Fundación Myrna Mack, FMM (que
colaboró en la parte inicial del proyecto). Adicionalmente, durante el desarrollo de la investigación el equipo contó con
el acompañamiento de expertos en metodología de la investigación y la asesoría permanente del equipo técnico de
Impunity Watch en Holanda y de los directores de las organizaciones socias en Guatemala.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
15
•
Instituciones y organizaciones estudiadas
Para indagar sobre los avances y obstáculos en cada uno de los derechos, se estudiaron las instituciones y organizaciones
relevantes para los temas de investigación. En relación con el derecho a la verdad se seleccionó la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico, por ser un compromiso contenido en los Acuerdos de Paz; los archivos del Ministerio de la
Defensa y de la Policía Nacional, por contener importante información relacionada a las violaciones a los derechos
humanos; y las tres organizaciones técnico forenses de la sociedad civil que realizan exhumaciones en Guatemala:
la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG, el Centro de Análisis Forenses y Ciencias
Aplicadas, CAFCA, y la Fundación de Antropología Forense, FAFG. Inicialmente se contempló investigar el trabajo de
exhumaciones de las dependencias forenses del Ministerio Público y del Organismo Judicial, y el recientemente creado
Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, pero se comprobó que en la práctica estas dependencias del Estado no
realizan exhumaciones por delitos del enfrentamiento armado.
En el derecho a la justicia se estudiaron tres instituciones del sistema penal: el Ministerio Público, MP, la Policía
Nacional Civil, PNC, y el Organismo Judicial, OJ. En el MP se estudió con mayor detalle la Fiscalía de Derechos Humanos
y la Unidad de Esclarecimiento Histórico por su competencia específica para investigar los casos de delitos graves del
enfrentamiento armado. En la PNC se investigó la labor de la División de Investigaciones Criminalísticas, DINC, por
ser la unidad especializada de investigación criminal que debe apoyar la función investigativa del Ministerio Público.
Además, se examinó el rol de otras instituciones que intervienen en algunas fases del proceso penal, como la Corte de
Constitucionalidad, CC, la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, PDH, y la Comisión Presidencial para los
Derechos Humanos, COPREDEH.
El análisis del derecho a la reparación se centró en el Programa Nacional de Resarcimiento, PNR, por ser la dependencia
gubernamental oficial para cumplir con esta tarea. También se analizó la COPREDEH por su rol en resarcir a víctimas de
los casos sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el seguimiento a los acuerdos de
solución amistosa, alcanzados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En relación con las medidas de
no repetición no se analizaron instituciones ni organizaciones en particular, sino todas las instituciones del Estado que
intervienen en la implementación de dichas medidas, y se realizaron consultas con instituciones del Estado como el
Ministerio de Educación para indagar algunos temas específicos.
En todas las instituciones y organizaciones estudiadas se solicitó información sobre presupuesto, recursos humanos y
materiales, capacitación y manuales de procedimientos; y en el caso del Ministerio Público también se solicitó información
sobre casos del enfrentamiento armado. Se enviaron cartas requiriendo la información, se realizaron llamadas y visitas
personales. Sin embargo, no en todas las instituciones fue posible obtener la información completa debido a que no hubo
respuesta oficial de las autoridades de la institución, por lo que fue necesario acudir directamente a las oficinas y unidades
específicas del Estado que trabajan los temas bajo estudio. En algunos casos el personal de las instituciones manifestó
no contar con la información sistematizada de acuerdo a la solicitud de IW, y mucha de la información se obtuvo a través
de entrevistas con funcionarios de dichas dependencias. En otros casos la información se obtuvo consultando informes o
estudios previos sobre el tema. En algunos casos fue imposible obtener la información requerida.
Adicionalmente, para examinar la voluntad política del Estado de Guatemala para promover los tres derechos y las
medidas de no repetición, se examinaron las iniciativas y programas del Organismo Ejecutivo en relación con el tema
y la labor legislativa y de auditoría pública que realiza el Congreso de la República, particularmente de la Comisión de
Derechos Humanos de dicho organismo.
•
Fuentes de información
Para realizar el estudio se consultaron distintas fuentes documentales y se realizaron una serie de entrevistas con
informantes clave. Entre las fuentes documentales se revisaron los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos y derecho humanitario internacional ratificados por Guatemala, así como el marco normativo guatemalteco;
se revisaron los Acuerdos de Paz; los informes de las Naciones Unidas sobre el tema, particularmente los informes
de la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos, OACNUDH, y de los relatores especiales de las Naciones Unidas de derechos humanos y de independencia
de jueces que ha visitado Guatemala. También se consultaron los informes de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y otros informes de derechos humanos, así como trabajos de investigaciones independientes y trabajos
previos sobre el tema.
Para conocer la percepción de los funcionarios públicos de las instituciones del Estado, de los representantes de las
organizaciones de derechos humanos y de las víctimas del enfrentamiento armado en relación con los temas de
estudio, IW encomendó al Área de Estudios Sociopolíticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en
16
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Guatemala, FLACSO, realizar entrevistas a profundidad con dichos actores. Lamentablemente no todos los informantes
concedieron entrevistas, particularmente las autoridades de más alta jerarquía. De esta cuenta se entrevistó
a 15 operadores de justicia, incluyendo fiscales, jueces y policías; ocho funcionarios y ex funcionarios de las otras
instituciones estudiadas, y 10 miembros de organizaciones de derechos humanos y técnicos forenses de la sociedad
civil. También se entrevistó a 35 víctimas del enfrentamiento armado en los departamentos de Alta Verapaz, El Quiché
y Huehuetenango, incluyendo las subregiones de Rabinal y el área Ixil. Todas las entrevistas fueron grabadas previa
autorización de los informantes y FLACSO produjo un informe con los resultados de las entrevistas que constituyó un
importante insumo para este estudio.
Para analizar el presupuesto y el gasto de las instituciones del Estado en relación con los tres derechos, IW contrató
los servicios de un consultor especializado en gasto público. Este estudio se dificultó porque es muy limitada la
institucionalidad estatal dedicada específicamente a velar por el cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia y
las reparaciones. También presentó dificultad el que no fuera posible obtener información presupuestaria desglosada,
lo cual habría permitido ubicar algunas asignaciones específicas al área de estudio.
Igualmente para el tema de los intereses arraigados, se encomendó realizar un estudio a una experta independiente,
quien enfrentó la dificultad de que no existe información sistematizada al respecto que permita, de manera
documentada, asignar responsabilidades a personas y entidades específicas en términos de grupos de interés que
obstaculizan el acceso a los derechos. Debido a estas limitaciones no fue posible profundizar sobre el tema y la
información que aparece en este estudio al respecto es escasa. Sin duda este es un tema de gran importancia por su
impacto político y social y requerirá mayor indagación en el futuro.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
17
I
EL DERECHO A LA VERDAD
De conformidad con los Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la
Lucha contra la Impunidad (2005), el derecho a la verdad comprende: a) conocer la verdad de las violaciones
de los derechos humanos, que implica facilitar el conocimiento de la sociedad sobre tales violaciones y las
circunstancias en que ocurrieron; b) el derecho a saber sobre las personas fallecidas o desaparecidas, que
incluye el derecho a acceder a información para revelar su paradero, localizarla y que se le entreguen los
restos a sus familiares; y, c) el acceso a la información (el deber de recordar) que se refiere a la preservación y
acceso a archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos, al derecho internacional
humanitario (Principios 2, 3 y 4).
Para el estudio del derecho a la verdad en Guatemala se seleccionaron comisiones no judiciales de investigación,
instituciones públicas y privadas de investigación forense y archivos especializados. Dentro del primer grupo se
encuentran la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) y el Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la
Memoria Histórica (REMHI).2 El estudió se centró en la CEH, ya que su creación se derivó de los Acuerdos de Paz.
En cuanto a las investigaciones forenses, en un principio se seleccionaron la Dirección de Investigaciones
Criminalísticas (DICRI), del Ministerio Público (MP); el Servicio Médico Forense (SMF) del Organismo Judicial (OJ);
y el Gabinete Criminalístico (GACRI) de la Policía Nacional Civil (PNC), por ser las entidades públicas que deberían
realizar investigaciones forenses. Sin embargo, la investigación preliminar de estas entidades reveló que a pesar de
su mandato, no han realizado investigaciones forenses de casos vinculados con el enfrentamiento armado. Por esta
misma razón, tampoco se examinó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), por un lado,
dado que se creó a fines de 2007 era demasiado tarde para ser incluido en esta investigación, y por otro porque hasta
mediados de 2008, todavía no se había involucrado en la investigación forense de crímenes del pasado. Sin embargo,
se hace referencia al mismo ya que, actualmente, es la institución estatal que concentra la investigación científica.
Por otra parte, se estudiaron las tres instituciones que vienen realizando exhumaciones en el país: el Centro de
Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y el Equipo
de Investigación Antropológico Forense de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG).
En cuanto a los archivos especializados, se seleccionaron dos de algunas de las instituciones responsables de
violaciones a derechos humanos: el Ministerio de la Defensa y la Policía Nacional. Adicionalmente, se seleccionaron
dos registros de datos sobre violaciones a derechos humanos: el Registro Nacional de Víctimas del Programa Nacional
de Resarcimiento (PNR) y el Registro Unificado de Atención a Casos de Desaparición Forzada y Otras Formas de
Desaparición (RUDFOR), de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).
Inicialmente también se había seleccionado archivos de organismos estatales que investigan casos de violaciones de
derechos humanos, como el Gabinete Criminalístico de la PNC, la DICRI, el Servicio Médico Forense, los archivos de
2
El Proyecto Interdiocesano “Recuperación de la Memoria Histórica” (REMHI) fue promovido en octubre de 1994 por la Oficina de Derechos Humanos del
Arzobispado de Guatemala (ODHAG) entre los Obispos de Guatemala para recoger testimonios sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas
durante el enfrentamiento armado. El objetivo era ofrecer insumos a la futura Comisión para el Esclarecimiento Histórico. En abril de 1995 se inició
la experiencia con las diócesis de El Quiché, La Verapaz, Petén, Los Altos, Huehuetenango, San Marcos, Sololá, Izabal, Escuintla y la Arquidiócesis de
Guatemala, que se comprometieron a facilitar e impulsar el trabajo. El REMHI presentó públicamente su informe llamado Guatemala: Nunca Más, el 24
de abril de 1998. ODHAG. Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica: Guatemala Nunca Más. Tomo IV. Víctimas del Conflicto.
Pág. XIX. Guatemala, 1998.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
19
entidades vinculadas a la búsqueda de la verdad como la CEH y las organizaciones que realizan prácticas forenses de
sociedad civil. Sin embargo, no se tuvo acceso a suficiente información como para analizar estos archivos.
En cuanto a los aspectos examinados, en el marco normativo, se abordó el derecho nacional e internacional aplicable
al derecho a la verdad, con el propósito de identificar aquellos aspectos que facilitan o dificultan su pleno ejercicio, así
también, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).
En las áreas de recursos y capacidades e independencia y disposición, las principales técnicas utilizadas fueron:
entrevistas con personas clave dentro de cada institución y organización y análisis documental. Esta información se
completó con bibliografía especializada en la materia. En el área de independencia y disposición, junto a las técnicas
de recopilación descritas, se realizó un estudio de percepción conducido por la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO), dirigido a funcionarios públicos, víctimas e integrantes de organizaciones no gubernamentales
especializadas en los temas relevantes para el presente estudio sobre sus percepciones en relación con los derechos
contemplados en la justicia transicional.
En el área de factores sociales, las principales fuentes fueron víctimas y organizaciones de víctimas. En el apartado de
voluntad política se priorizó en el análisis de iniciativas de ley, leyes y acuerdos gubernativos aprobados en relación
con el derecho a la verdad y se analizó las posturas de los partidos políticos y del Ejecutivo en torno a los mismos.
Para la recuperación de información, se hicieron ajustes a las variables e indicadores sugeridos en el instrumento
metodológico de IW, se identificaron y se seleccionaron las fuentes de información, se elaboraron guías de entrevistas
y matrices de vaciado para el caso del análisis documental. Los datos recolectados se vertieron en un cuadro de
resultados, para responder a las preguntas orientadoras propuestas en el instrumento metodológico.
1.
MARCO NORMATIVO DEL DERECHO A LA VERDAD
El derecho a la verdad no se encuentra expresamente reconocido en la Constitución Política de la República de
Guatemala (CPRG), pero se deriva de los artículos 1 y 2. El artículo 1 establece el deber del Estado de proteger a la
persona. De acuerdo con el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante
la Lucha contra la Impunidad (2005), el ejercicio pleno del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia contra la
repetición de violaciones a los derechos humanos, en consecuencia, su ejercicio es un presupuesto para que el Estado
cumpla con su función de proteger a la persona. Por otra parte, el artículo 2, señala que es deber del Estado garantizar
la justicia. El pleno esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos es un presupuesto para la justicia.
Adicionalmente, Guatemala ha ratificado convenios y tratados internacionales que garantizan el derecho a la verdad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que el derecho a la verdad se encuentra implícito en el
artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por Guatemala en 1978 (Decreto Legislativo
6-78), que dispone que “los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio...”.3 De acuerdo con la Comisión, para garantizar los derechos
del futuro, la sociedad debe aprender de los abusos cometidos en el pasado. Por ese motivo, el derecho a la verdad
implica tanto un derecho individual (de las víctimas y/o sus familiares) como un derecho de la sociedad.4 La Corte
Interamericana en varios casos contra el Estado de Guatemala, también ha inferido que el derecho a la verdad forma
parte del deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos.5
3
4
5
20
CIDH. Informe 136/99 de 22/12/1999, caso Ignacio Ellacuría y otros c/ El Salvador. Párr. 221.
CIDH. Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1985–1986, OEA/Ser.L//V/II.68, Doc. 8, revisión 1, 28 de septiembre de 1986. Pág. 205;
Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1987–1988, OEA/Ser.L/V/II. 74, Doc. 10, revisión 1, del 16 de septiembre de 1988. Pág. 359. La
CIDH en el caso Comerciantes Vr. Colombia, por la desaparición forzada de 19 comerciantes realizada por miembros del Ejército Nacional e integrantes
de un grupo “paramilitar” ha indicado: “Esta medida no sólo afecta a los familiares de las víctimas sino también la sociedad como un todo, de manera
que al conocer la verdad en cuanto a tales crímenes tenga la capacidad de prevenirlos en el futuro”.
CIDH. Sentencias del 24 de enero de 1998, caso Blake c/ Guatemala, párr. 97; sentencia del 25 de noviembre de 2000, caso Bamaca c/ Guatemala; sentencia del 25 de noviembre de 2003, caso Myrna Mack Chang c/ Guatemala; sentencia del 8 de julio de 2004, sentencia en el caso Molina Theissen c/
Guatemala (Reparación); caso Carpio Nicolle c/ Guatemala; sentencia del 1º de marzo de 2005.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
En consecuencia, existe un deber del Estado de facilitar y promover el conocimiento de la sociedad de las graves
violaciones a los derechos humanos y de las circunstancias en que se cometieron, como una condición para garantizar
la protección a las personas y el adecuado acceso a la justicia.
La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, también garantiza el derecho de las
víctimas a saber sobre las personas fallecidas o desaparecidas. Determina que es obligación de los Estados establecer
y mantener registros oficiales actualizados sobre sus detenidos y ponerlos a disposición de los familiares y cualquier
persona con interés legítimo.
Por otra parte, la Constitución regula el acceso a la información en los artículos 30, 31 y 35. El Artículo 30 establece el
carácter público de los actos de la administración y el derecho de las personas a obtener informes, copias, certificaciones
y la exhibición de los expedientes que deseen consultar, lo cual conlleva la obligación estatal de archivar y preservar
la información. El Artículo 31 regula el acceso a la información personal en archivos y registros estatales (habeas data),
que incluye el derecho a conocer lo que en ellos conste, la finalidad a que se dedica y su corrección, rectificación
y actualización. El artículo 35 regula la libre emisión del pensamiento y establece el libre acceso a las fuentes de
información estatales y la prohibición de limitar este derecho.
En los últimos diez años se han presentado once iniciativas de ley sobre el acceso a la información pública, y no ha sido
hasta en septiembre de 2008, que el Congreso aprobó el Decreto 57-2008, Ley de Libre Acceso a la Información, que
cobró vigencia en marzo de 2009. La ausencia de legislación específica ha provocado que el alcance de este derecho y
sus excepciones se hayan definido a través de la jurisprudencia.
Las excepciones al derecho a la información, relativas a asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de
datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad, se regulan en el artículo 30 de la Constitución.
Este tema es crucial en el caso de Guatemala, porque la información sobre doctrina militar, planes de campaña, mandos
y despliegue de las fuerzas armadas y de seguridad, es indispensable para el conocimiento de la verdad y el acceso a la
justicia, ya que, como estableció la CEH, fueron miembros del Ejército de Guatemala quienes cometieron la gran mayoría
de los delitos graves y violaciones, ocurridos durante el enfrentamiento armado interno.
En relación con el acceso a información militar, en Opinión Consultiva emitida en 2005, la Corte de Constitucionalidad,
determinó que el alcance de la excepción a la publicidad en asuntos militares y diplomáticos de seguridad nacional
abarca solamente aquella información que es parte de la política del Estado encaminada a preservar la integridad física
de la nación y de su territorio, con el fin de proteger los elementos conformantes del Estado de cualquier agresión de
parte de grupos extranjeros o nacionales beligerantes.6 En consecuencia, de acuerdo con la CC, máxima corte de la
nación, el acceso a la información militar es libre, salvo aquella cuya revelación implica riesgos o amenazas presentes
y futuras para preservar la integridad física de la nación y de su territorio puede ser considerada secreta. Una vez el
riesgo haya dejado de existir, no tiene razón continuar con la reserva.7
En 2005, a falta de la aprobación de una ley de acceso a la información por parte del Congreso, el Ejecutivo emitió el
Acuerdo Gubernativo 645-2005 “Normas Generales de Acceso a la Información Pública en el Organismo Ejecutivo y
sus dependencias”. Esta normativa no es aplicable al Congreso, por el principio de separación de poderes ni al MP, por
tratarse de un ente autónomo; pero sí a otras dependencias relevantes para el derecho a la verdad, como lo son la PNC,
el Ministerio de la Defensa, MINDEF y el PNR. El Acuerdo establece que la información que posean las dependencias
del Gobierno debe estar adecuadamente organizada, sistematizada y conservada, procurando que de forma progresiva
se haga mediante medios electrónicos (arts. 7 y 9). Del anexo No. 1 al anexo No. 1.9 se encuentran fotografías que
ilustran el estado calamitoso de archivos de dependencias oficiales, incluido el de la antigua Policía Nacional, como
un ejemplo del incumplimiento de esta normativa.
Por su parte, ese mismo año, el MINDEF emitió el Acuerdo Ministerial 06-2005, que establece en su artículo 4 una
clasificación arbitraria y restrictiva en cuanto a los niveles de seguridad de la información militar: a) Alto Secreto; b)
6
7
Resolución del 8/03/05. Expediente 2819-2004, opinión solicitada por el Presidente del Congreso para que la CC se pronunciara sobre si conforme el artículo 30 de la CPRG los actos administrativos relativos a compras y contrataciones realizados por el Ejército de Guatemala están exentos de publicidad.
Esta posición fue reiterada por la CC al confirmar la sentencia de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones, el 19 de julio de 2007, que denegó el amparo
interpuesto por Ríos Montt. La Sala Primera en su sentencia determinó que “…los documentos no se relacionan con políticas tendientes a preservar la
integridad física de la nación, ni el país se encuentra en una situación actual de riesgo inminente a su integridad y seguridad… por lo que los documentos
solicitados no pueden ser considerados Secreto Militar”. En consecuencia, el Ejército debía entregar la información solicitada por el MP al Juez Segundo de
Instancia Penal, como parte del proceso por genocidio presentado por la Asociación Justicia y Reconciliación, AJR. A principios de noviembre 2008, aún
no se había enviado el expediente al juzgado y la CC se encontraba conociendo un nuevo recurso interpuesto por la defensa.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
21
Secreto; c) Confidencial y d) Reservado. Esta normativa interna del MINDEF también incorpora como limitaciones de
acceso el que se trate de asuntos de seguridad pública, perjuicios a los intereses o prestigio de la nación, a actividades
gubernamentales o administrativas y por no convenir su difusión pública, todo lo cual será determinado por las
autoridades militares correspondientes. Adicionalmente, la normativa interna establece la necesidad de autorización
militar, incluso para acceder a información en manos del MINDEF que no es susceptible de ser catalogada de “seguridad
nacional”. Sin embargo, la Constitución no contempla las categorías instituidas por el MINDEF ni faculta a este ente
del Estado para reglamentar normas particulares en materia de información.
En otro orden de ideas el acceso público a la información durante el proceso penal es la regla en el sistema guatemalteco.8
Una vez agotada la investigación todas las fases posteriores son públicas, incluida la investigación ya concluida.
La presencia del público está permitida en el debate, salvo limitadas excepciones. En la etapa de investigación, las
partes deben tener acceso al proceso. En determinados casos el MP puede disponer reserva por un máximo de 10
días. Para aquellas víctimas que no son parte, la ley obliga al MP a brindarles asistencia, respeto y a que les informen
sobre el resultado de sus investigaciones. La aplicación de esta normativa ha sido problemática por cuanto sólo una
pequeña proporción de casos ha llegado a juicio, como se evidencia en el capítulo del derecho a la justicia en este
mismo informe. En cuanto al acceso de las partes a la información en la etapa de investigación, la experiencia de
Organizaciones de Sociedad Civil, OSC, querellantes consiste en demoras en la entrega de información solicitada,
desorden de los expedientes y pérdida de información. De acuerdo con la información recabada, muchas veces testigos
y sobrevivientes no son atendidos por funcionarios del MP como lo manda la ley.
Finalmente, de acuerdo con el Código Penal, constituyen delitos la destrucción de información, la negativa a
proporcionar información, la violación de correspondencia, y la revelación de secretos particulares y secretos de
Estado.9 Estas figuras se sancionan con penas mínimas (multa o prisión conmutable) y no previenen eficazmente
estas conductas porque la ley rara vez se aplica.
2.
INSTITUCIONES QUE INCIDEN EN EL DERECHO A LA VERDAD
En este apartado se exponen hallazgos y obstáculos encontrados en los esfuerzos realizados por conocer la verdad,
por llevar a la práctica el derecho de las víctimas a saber sobre las personas fallecidas o desaparecidas, y las medidas
implementadas para garantizar el acceso a la información y el deber de recordar.
2.1 La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH
Para conocer la verdad de las violaciones de los derechos humanos, que implica facilitar el conocimiento a la sociedad
sobre tales violaciones y las circunstancias en que ocurrieron, estudiamos la experiencia de la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico en Guatemala, CEH, que realizó su trabajo entre 1997 y 1999. La CEH se estableció a partir de
los Acuerdos de Paz, con el propósito de “…esclarecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los
derechos humanos y los hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento armado, elaborar un informe conteniendo
los resultados de las investigaciones realizadas y formular recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y
la concordia nacional en Guatemala”. Esta directriz fue refrendada por las partes en la Ley de Reconciliación Nacional
(LRN), que encomienda a la CEH “...el diseño de los medios encaminados a hacer posible el conocimiento y reconocimiento
de la verdad histórica acerca del periodo del enfrentamiento armado interno” y se estableció “...el deber de los organismos
o entidades del Estado para prestarle apoyo” (Decreto 145-96, articulo 10).
La CEH trabajó durante 18 meses, y el 25 de febrero de 1999 entregó el Informe Guatemala: Memoria del Silencio. Estuvo
integrada por el jurista alemán Christian Tomuschat, quien la coordinó, y dos ciudadanos guatemaltecos: Alfredo
Balsells Tojo, jurista, y Otilia Lux de Cotí, educadora y activista maya. Contó con una Oficina de Apoyo (OA) que
funcionó bajo la dirección de la oficina de Naciones Unidas, United Nations Office for Project Services, UNOPS.
8
9
22
Las actuaciones de investigación son la excepción a la publicidad procesal y es obligación del MP informar a la víctima sobre las actuaciones de la
investigación y de la resolución final del caso, aunque no se haya constituido dentro del mismo como parte procesal.
Artículos 217-223 del CP.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
La OA trabajó con personal mixto, guatemalteco y extranjero,10 y con una estructura flexible que se modificó según
las necesidades en las distintas fases del trabajo. Se establecieron 14 oficinas ubicadas en las áreas más afectadas
por violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia derivados del enfrentamiento armado interno. Este
despliegue fue indispensable para cumplir adecuadamente con su mandato, pues con una oficina centralizada, muchas
víctimas no hubieran tenido acceso a brindar su testimonio. Aún así, dado el aislamiento de muchas comunidades,
hubo personas que no se enteraron a tiempo o nunca supieron de la posibilidad de dar su testimonio.
La CEH operó con un presupuesto de US$9,796,167.00 donado por catorce países, incluyendo Guatemala, que aportó
8% del total.11 La Comisión realizó su trabajo en medio de una permanente incertidumbre financiera, pues se creó “...sin
ninguna previsión financiera”” y “por más esfuerzos que se realizaron, siempre operó con presupuesto menor al proyectado”. 12
Tabla 1
Comisión de Esclarecimiento Histórico
Contribuciones de países, organismos internacionales
y fundaciones (1997-1999)
País / Donante
Alemania
Austria
Bélgica
g
Canadá
Dinamarca
EEUU
Fundación Ford
Gran Bretaña
Guatemala
Italia/PNUD
Japón
Noruega
g
Países Bajos
j
Suecia
Suiza
Unión Europea
Total
Fundación Soros
MINUGUA
Fuente: Informe de la CEH
Monto del convenio en US$
498,500
250,000
135,920
424,037
900,000
1,500,000
100,000
200,000
803,034
216,500
750,000
1,496,180
1,117,564
1,085,457
50,000
268,975
9,796,167
10 vehículos en préstamo
Vehículos comunicaciones
Pese a que el mandato inicial de la CEH establecía que debía operar durante seis meses prorrogables por un período
igual, mediante prórrogas sucesivas extendió su trabajo a casi veinte meses. Aún así, la duración del mandato fue
insuficiente para recoger los testimonios de todas las víctimas que deseaban declarar13 y para realizar las investigaciones
específicas necesarias. Por ejemplo, la CEH reconoció en su informe que tuvo información sobre hechos de genocidio
en otras regiones además de las cuatro que investigó, pero que no pudo estudiarlas por la insuficiencia de recursos.14
La disyuntiva en aquel momento fue entre “…el deseo de recoger toda la verdad y la oportunidad política de rendir el
informe en menos tiempo posible”.15
La información recabada indica que la capacitación del personal que laboró en la CEH se centró en el mandato y
funciones de la Comisión y no sobre el contexto donde se iba a trabajar, especialmente, para los funcionarios
10
11
12
13
14
15
Tomuschat, Christian. Presentación. UNOPS. Sistematización de la experiencia de la Oficina de Apoyo de la CEH. “Las operaciones de la CEH en Guatemala”.
Pág. iii, 27. En su momento de máximo despliegue la OA contó con 273 profesionales, personal de apoyo y de seguridad, 142 guatemaltecos y 131 de otras
nacionalidades. Más del 75% del personal fueron profesionales de diversas disciplinas, entre ellos, traductores e intérpretes. Págs. 32 y ss
La CEH fue una de las Comisiones más grandes creadas hasta el año 2006, sólo superada por la de Sud África que contó con un presupuesto de
US$18,000,000 por año. Hayner, Priscila. Comisiones de la Verdad: resumen esquemático. CICR. 2006.
Tomuschat, Christian. Presentación. UNOPS. Sistematización de la experiencia de la Oficina de Apoyo de la CEH. “Las operaciones de la CEH en Guatemala”.
Pág. 28.
Entrevista realizada por IW a Rosalina Tuyuc, Coordinadora de CONAVIGUA. Guatemala, 2008.
CEH. Informe Guatemala: Memoria del Silencio. Tomo II. Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. UNOPS. Guatemala, 1999.
Pág. 835. Tomo IV. Consecuencias y efectos de la violencia. UNOPS. Guatemala, 1999. Pág. 51.
Ricardo Stein, citado por UNOPS. Op. Cit. Págs. 32 y ss.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
23
extranjeros,16 ni en aspectos más específicos como las dificultades de recoger testimonios de violaciones a los derechos
humanos en condiciones de multiculturalidad y persistencia de peligros.17 Esto supuso un obstáculo para las mujeres
víctimas de violencia y violación sexual a la CEH, ya que los investigadores no fueron entrenados para indagar sobre
delitos sexuales ni recibir este tipo de declaraciones. Así, a la culpa y estigmatización que sufren las víctimas de este
tipo de hechos,18 se sumó en algunos casos la tolerancia o “vergüenza” de los entrevistadores que no percibían la
violencia sexual como un hecho de suficiente gravedad o no se sentían cómodos de hablar sobre estos temas.19 Esta
falta de sensibilidad o de preparación por parte de los investigadores, provocó el silenciamiento de las víctimas20 y que
existiera un subregistro de esta violación a los derechos humanos. Mientras que la CEH logró documentar 11,598 casos
de tortura, apenas registró 1,465 casos de violación sexual.21
En la sistematización de la experiencia de la CEH se consigna que su personal visitó cerca de 2,000 comunidades,
contactó a más de 20,000 personas22, y recibió 7,338 testimonios, a través de los cuales documentaron 7,517 casos,
que dan cuenta de 42,265 víctimas23 de 61,648 violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia.24 La CEH
comprobó la responsabilidad del Estado (Ejército, Patrullas de Autodefensa Civil, PAC, comisionados militares, otras
fuerzas de seguridad y escuadrones de la muerte) en el 93% de las violaciones registradas. Atribuyó responsabilidad a
la guerrilla en el 3% de las violaciones y el 4% a otros grupos sin identificar. 25
2.2 La búsqueda de desaparecidos y las exhumaciones
“En años pasados significaba ser una víctima de dolor, de tristeza; pero ahora, luego del resultado de la exhumación
siento que soy víctima con esperanza, con ayuda, ya no tengo preocupaciones ni pena, más o menos tranquilo”.26
De acuerdo a los principios Joinet-Orentlicher, las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer la verdad acerca
de las circunstancias en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos y, en caso de fallecimiento o
desaparición, a saber la suerte que corrió la víctima y de ser posible a que se le entreguen los restos. Este derecho
implica una obligación estatal de investigar, proveer información y realizar las acciones necesarias para devolver los
restos a los familiares. La Convención Interamericana Sobre la Desaparición Forzada de Personas, también garantiza este
16
De acuerdo con Rocio Mezquita, quien trabajó en la CEH, una debilidad para el registro de la información en la base de datos, fue la falta de conocimiento de la historia, geografía e idiomas de Guatemala. Rocio Mezquita, en Ball, Patrick, et. al. MAKING THE CASE Investigating Large Scale Human
Rights Violations Using Information Systems and Data Analysis. Washington, AAAS, 2000. En: http://shr.aaas.org/mtc/pdf/introduction.pdf
p //
g/ /p /
p .
17 Entrevista realizada por IW a Eduardo Tercero, Guatemala, 2008. “La temática abordada en la inducción se refirió a los conocimientos de los objetivos
de la comisión, alcances y limitaciones del mandato, metodología de investigación, diseño de herramientas, manejo y seguridad de información, la
estructura del informe, la redacción y coherencia del mismo”. Ex Asistente de Operaciones de la CEH.
18 De acuerdo con el propio informe de la CEH, “el estigma que marca a las mujeres mayas víctimas de violación sexual provoca el horror al rechazo
familiar o comunitario. Algunas de las sobrevivientes de agresiones sexuales se desplazaron incluso a otra comunidad precisamente para no vivir la
vergüenza de estar marcadas como “mujer violada”. Estas mujeres han tenido que sobrevivir al miedo de “ser descubiertas”, y al pánico de que otros las
culpabilicen. CEH. Op. Cit. Tomo II. Pág. 22.
19 Se recomienda se realicen capacitaciones específicas sobre el tema de género para que las Comisiones de la Verdad puedan tratar adecuadamente el
tema. Nesiah, Vasuki. Comisiones de la Verdad y Género. Nueva York, ICTJ, 2006. Pág. 13.
20 Diez, Andrea. Eso no se Escucha. Inclusión de los hechos de violencia sexual en las causas por violaciones a los derechos humanos en Guatemala. ICCPG.
Guatemala, 2006.
21 El instrumento de recolección de información de la CEH, si incluía la violencia sexual, como una categoría independiente. Rocio Mezquita, en Ball,
Patrick, et. al. MAKING THE CASE Investigating Large Scale Human Rights Violations Using Information Systems and Data Analysis. Washington, AAAS,
2000. http://shr.aaas.org/mtc/pdf/introduction.pdf
p //
g/ /p /
p .
22 UNOPS. Op. Cit. Pág. iii, 27.
23 CEH. Informe Guatemala: Memoria del Silencio. Tomo XII. Anexo III. UNOPS. Guatemala, 1999. Pág.201.
24 En Latinoamérica, es el número de víctimas y violaciones a los derechos humanos más alto registrado por una Comisión de la Verdad. Hayner, Priscila.
Comisiones de la Verdad: resumen esquemático. Op. Cit.
25 Los resultados de la CEH en relación con el número total de víctimas y víctimas mortales son similares a los del REMHI. El número de víctimas mortales
(desaparición forzada y ejecución extrajudicial) registrado por el REMHI fue de 29,061 y por la CEH fue de 29,830. Sin embargo, en otras violaciones de
derechos humanos los registros difieren, por ejemplo, en violencia sexual, el REMHI registró 152 casos y la CEH 1,465.
26 Entrevista realizada a víctima del departamento de Huehuetenango.
24
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
derecho. Determina que es obligación de los Estados establecer y mantener registros oficiales actualizados sobre sus
detenidos y ponerlos a disposición de los familiares y cualquier persona con interés legítimo.27
Pese a estas obligaciones, las instituciones estatales encargadas de la investigación de graves violaciones a los
derechos humanos, fundamentalmente, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, han incumplido con su deber de
investigar y de proveer información a los familiares sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos y el paradero
de las personas desaparecidas. La CEH registró 6,159 casos de desaparición forzada, pero hasta mediados de 2008, el
MP no había solicitado apertura a juicio por ningún caso en que se hubiera tipificado este delito. Es más, de los 163
casos de graves violaciones cometidas durante el enfrentamiento armado denunciados a la Unidad de Esclarecimiento
Histórico, UEH, de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, en ninguno se ha completado la investigación, presentado
cargos y solicitado apertura a juicio.28 El Estado tampoco se ha ocupado de realizar acciones para ubicar, exhumar y
devolver los restos de las personas fallecidas o desaparecidas a sus familiares. Como se analiza en este apartado, casi
la totalidad de las exhumaciones de víctimas del conflicto armado interno han sido realizadas por organizaciones
forenses no gubernamentales, por iniciativa de las comunidades, los familiares y las organizaciones. El papel del MP
y el OJ se ha limitado a autorizar los procesos y ni siquiera ha desarrollado controles de calidad de los procesos y sus
resultados, de acuerdo a estándares internacionales.
Durante las últimas dos décadas, las investigaciones forenses estuvieron dispersas en varias entidades estatales: el
SMF del OJ, la DICRI del Ministerio Público, y el GACRI de la PNC. Estas entidades realizaban un trabajo descoordinado y
deficiente. Entre los principales problemas se encontraban deficiencias en el personal técnico, carencia de laboratorios
para peritación biológica, dictámenes incompletos y confusos, cadena de custodia deficiente, falta de reactivos, entre
otros,29 además sólo muy ocasionalmente alguna de ellas realizó exhumaciones de víctimas del conflicto armado
interno.30 A finales de la década de los 80, organizaciones de víctimas como Coordinadora Nacional de Viudas de
Guatemala, CONAVIGUA, Comunidades Étnicas Runujel Junam, CERJ y Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, iniciaron demandas
para que se investigaran cementerios clandestinos sobre los cuales había conocimiento entre la población, con el
propósito de encontrar a sus familiares desaparecidos. Derivado de éstas, el SMF del OJ, realizó algunas exhumaciones
de personas ejecutadas durante el conflicto armado interno. En estas primeras exhumaciones también participaron
jueces de paz y bomberos.31.
El entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, Edmundo Vásquez Martínez, instaló un equipo de
antropología forense en el OJ, integrado en su mayoría por forenses argentinos y estadounidenses. Estos expertos
internacionales intentaron fortalecer el trabajo antropológico forense dentro del SMF del OJ, pero parte del personal
de esa entidad rechazó realizar este tipo de exhumaciones,32 ni el nuevo presidente de la CSJ, Juan José Rodil Peralta,
mantuvo el apoyo político necesario.33
Hasta finales del 2007, se logró la creación del INACIF (Decreto 32-2006) entidad que debe concentrar las investigaciones
forenses, pero a julio de 2008, aún carecía de capacidad para realizar investigaciones antropológico-forenses de restos
de personas víctimas de masacres, desaparición forzada o ejecución extrajudicial durante el enfrentamiento armado
interno.
Las más de 900 exhumaciones practicadas en Guatemala hasta julio de 2008, han sido realizadas por organizaciones
no gubernamentales facultadas por ley para realizar esta labor, ya que está permitido el peritaje de expertos en
determinadas materias científicas, como es la antropológica forense.34 En estos casos, las ONG forenses funcionan
como auxiliares del MP, siempre y cuando sean designadas por éste para el efecto. Esta designación puede ser solicitada
por la victima o sus familiares, para quienes el trámite debe ser gratuito.35 En 2005, el MP emitió una instrucción general
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Artículo XI de la Convención. Guatemala depositó la ratificación de esta Convención en 2000. Guatemala aún no ha ratificado la Convención
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que establece el derecho de las víctimas a conocer la verdad
sobre las circunstancias de la desaparición forzada, los progresos y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida y; obliga a los
Estados Partes a tomar las medidas para garantizar tal derecho (art. 24).
Ver cuadro de casos ingresados en la UEH del MP Anexo No. 6
García Morales (Coord.). Reorganización del Servicio de Ciencias Forenses para la Administración de Justicia en Guatemala. ICCPG
G Guatemala, 2001. Pág. 92.
De acuerdo con la información proporcionada a IW, ni la DICRI ni el GACRI, cuentan o contaron con una Sección de Antropología Forense. Informe de
fecha 22 de febrero de 2008, remitido por la DICRI y de fecha 27 de febrero de 2000 remitido por el GACRI.
Ball, Patrick; Kobrack, Paul y Spirer, Herbert. State Violence in Guatemala, 1960-1996: a quantitive reflection. AAS CIDH. Guatemala, 1998.
Entrevista realizada por IW a José Suasnavar, Sub Director de FAFG. Guatemala, 2008.
Entrevista realizada por IW a Rosalina Tuyuc, Coordinadora de CONAVIGUA. Guatemala, 2008.
Arts. 225 al 237 CPP y la Instrucción General 12-2005.
En caso el fiscal no acepte su petición y exista auto de procesamiento, la víctima necesita la calidad de parte procesal para que el juez decida sobre la
discrepancia (art. 116) y en su caso participar en las diligencias de investigación que se ordene. La víctima no debe pagar los costos de las investigaciones forenses, ya que el servicio de justicia es gratuito. Ley de INACIF.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
25
que regula las exhumaciones forenses y otra para el procesamiento de la escena del crimen; ambas instrucciones
fueron propuestas e impulsadas por las organizaciones forenses de sociedad civil.
Actualmente, tres organizaciones de sociedad civil realizan exhumaciones en Guatemala: CAFCA, FAFG y ODHAG, las
cuales han realizado 962 exhumaciones y recuperado 5,469 osamentas, en los últimos 16 años. El mayor número de
exhumaciones se realizó en los años posteriores al informe de la CEH. Anteriormente, otras organizaciones realizaron
exhumaciones en los años inmediatos a la firma de la Paz, como CALDH y el Equipo de la Oficina de Paz y Reconciliación
de la Diócesis del Quiché,36 pero estos equipos dejaron de funcionar poco después y no se cuenta con información de
las exhumaciones que realizaron.
Tabla 2
Restos de víctimas del enfrentamiento armado interno exhumadas (1992-2007)
FAFG
1992-2007
AÑO
ODHAG
1997-2005
CAFCA
2000-2007
Total
1992
1993
1994
1995
34
177
84
2
34
177
84
2
1996
75
75
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
TOTAL
206
111
146
420
499
435
386
450
335
395
299
4054
170
285
101
40
40
2
23
37
70
376
396
247
509
661
589
530
528
476
434
351
5469
49
122
152
121
41
71
39
52
647
768
Fuente: Elaboración de IW con base a información sobre casos trabajados proporcionada por la FAFG, la ODHAG y CAFCA.
La Fundación de Antropología Forense de Guatemala, FAFG, fue creada en 1997, por parte de los integrantes del Equipo
de Antropología Forense de Guatemala, EAFG, un grupo de expertos que colaboraban con el OJ y que optaron por
formar un equipo independiente en 1992. FAFG es la más grande de las organizaciones forenses, con una planilla de
cerca de 90 personas a fines de 2007, y se dedica exclusivamente a la investigación antropológica forense. La ODHAG,
formó su equipo de investigación antropológico forense en 1997 y CAFCA formó el suyo en 1999; ambas organizaciones
realizan actividades de derechos humanos y justicia además de las exhumaciones.
Tabla 3
Exhumaciones realizadas por ONG forenses en los departamentos
más golpeados durante el enfrentamiento armado interno
Departamento
Quiché
Huehuetenango
Chimaltenango
g
Alta Verapaz
Baja Verapaz
Sololá
San Marcos
Petén
36
26
Número de
masacres
FAFG
1992-2007
344
89
70
62
28
16
15
13
461
13
115
34
84
8
3
15
ODHAG
1997-2005
CAFCA
2000-2007
27
4
10
20
1
3
3
Total
84
21
8
1
2
23
MINUGUA. Procedimiento de Exhumaciones en Guatemala, 1997-2000. Informe de Verificación. Guatemala, 2000. Pág. 8.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
572
38
125
62
85
11
29
18
Departamento
Izabal
Sacatepéquez
Otros
Total
Número de
masacres
FAFG
1992-2007
ODHAG
1997-2005
CAFCA
2000-2007
Total
3
1
3
4
2
1
1
2
27
7
742
2
74
669
7
146
3
962
Fuente: Elaboración propia IW con base a datos del PNR. La vida no tiene precio: Acciones y Omisiones de Resarcimiento en Guatemala
Primer Informe Temático 2006-2007. Editorial Magna Terra. Guatemala, 2007. Pág.82; información de casos proporcionada por el
Equipo de Investigación Antropológico Forense de la ODHAG y CAFCA; CEH. Guatemala: Memoria del Silencio. Tomo V. Conclusiones
y Recomendaciones. UNOPS. Guatemala, 1999.
Ninguna de las organizaciones forenses proporcionó datos sobre su presupuesto anual, pero las tres han trabajado
fundamentalmente con financiamiento internacional. En el caso de la FAFG y la ODHAG en 2006, recibieron
financiamiento del PNR.37 Con el cambio de gobierno en enero de 2008, las nuevas autoridades del PNR interrumpieron
el apoyo a exhumaciones, lo cual causó problemas a estas organizaciones. Este tipo de interrupción evidencia el
carácter circunstancial de las políticas de gobierno en su respuesta a los sucesos del conflicto armado, mismas que en
el caso de las exhumaciones, no han tenido carácter estratégico, sostenido, ni de largo plazo.
Los procesos de exhumación desarrollados por las OSC forenses incluyen acompañamiento psicosocial, ya sea porque
han desarrollado capacidad propia o mediante coordinación con organizaciones de sociedad civil especializadas,
como ECAP, la Asociación Utz K’aslemal, el Centro Maya Saq b’e, el GAM, FAMDEGUA y CONAVIGUA. Algunas de estas
organizaciones también acompañan a los familiares en la recuperación de su historia, generando espacios para que la
gente pueda hablar, compartir, rescatar y reflexionar sobre vivencias, trabajando a nivel familiar y comunitario.38 Los
equipos de atención psicosocial también “coordinan y facilitan el trabajo entre los forenses, las organizaciones de base
y los familiares. Ayudan a construir confianza, por ejemplo, para que se pueda realizar la entrevista antemortem y tomar
las muestras para el ADN”.39 Estas organizaciones acompañantes también brindan apoyo legal, prestando asesoría y
asistencia para tramitar la autorización de las exhumaciones y brindar apoyos materiales necesarios.
La autoridad judicial que designa los peritajes es la encargada de verificar que éstos se practiquen adecuadamente. Si
se determina que existió negligencia o incumplimiento, esta autoridad puede sustituir al perito designado. Este es el
principal mecanismo de control externo del trabajo en exhumaciones, pero las OSC forenses lo consideran insuficiente,
ya que la calidad de las pericias solamente se ha puesto a prueba en los pocos casos que han llegado a juicio. En uno
de los juicios por el caso de la masacre de Río Negro, por ejemplo, la defensa objetó el peritaje forense porque no había
sido suscrito por los antropólogos forenses sino por el médico forense del OJ. Pese a la objeción, en sentencia, el Tribunal
dio valor probatorio al peritaje.40 Para prevenir este tipo de objeciones y garantizar la solidez jurídica de los resultados,
los equipos forenses han considerado importante establecer una comisión de control de calidad de las investigaciones
antropológico-forense con base en parámetros internacionales.41
Por otro lado, en ninguna de las universidades de Guatemala se puede obtener la especialidad requerida para el trabajo
antropológico forense, así que las organizaciones mismas capacitan a sus equipos. La ausencia de oferta técnica
desde las universidades del país es una enorme limitación, no sólo para el trabajo que realizan las organizaciones
sociales, sino para los servicios forenses estatales, que no cuentan con personal capacitado. Tanto CAFCA como FAFG
han impartido diversos cursos a funcionarios de justicia.
Debido al escaso desarrollo de los servicios forenses en Guatemala, ninguna entidad cuenta con laboratorios de ADN,
aunque la FAFG está creando uno con financiamiento de la Embajada de los Países Bajos y de Estados Unidos. Más
allá de la necesidad de que exista este servicio específico y de la facultad que los entes no estatales cuenten con este
servicio especializado, es importante insistir en que el INACIF, como ente con el mandato para concentrar los servicios
técnico-científicos estatales, debiera contar con tecnología de ADN para atender las necesidades forenses en el país.
37
De acuerdo con el PNR la FAFG recibió Q.6,252,561 en el 2006 y Q4,692,580.59 en el 2007 y la ODHAG Q.993,417.00 en el 2006 y Q665,273.47 en el 2007.
PNR. Resarcimiento Resumen Cuantitativo. Guatemala, 2007.
38 Pérez Sales, Pau y Navarro García, Susana. Resistencias contra el olvido. Op. Cit. Pág. 83.
39 Entrevista realizada por IW a Franc Kernjak, Psicólogo de ECAP. Guatemala, 2008.
40 El tribunal consideró que el peritaje “se había realizado de acuerdo con los procedimientos autorizados en aquel momento y la prueba se había producido
en juicio”. Entrevista realizada por IW a Edgar Pérez, abogado de CALDH, que representaba a las víctimas. Guatemala, 2008.
41 Entrevista realizada por IW a Héctor Soto, Director Ejecutivo de CAFCA, Guatemala, 2008.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
27
2.3 Archivos y registros relevantes a la verdad
En este apartado examinaremos la situación general de los archivos estatales y, en concreto, un archivo y dos registros
relevantes a la búsqueda de la verdad por los crímenes y delitos del pasado: el archivo de la antigua Policía Nacional,
el Registro Unificado de Atención de Casos de Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición, RUDFOR, y el
Registro Nacional de Víctimas.
Previo a examinar las instituciones estatales que poseen archivos, registros o información relacionada con las violaciones
a derechos humanos ocurridas durante el enfrentamiento armado, es necesario tomar en cuenta el panorama general
de la política de archivos en el país. Si bien existe una cultura burocrática de registro en las instituciones públicas, es
hasta septiembre 2008 que se aprobaron directrices nacionales unificadas sobre el tratamiento de archivos y registros
estatales administrativos e históricos, y se reguló el acceso a la información contenida en los mismos.
El Decreto 1768 de 25 de junio de 1968 estableció la creación del Archivo General de Centro América, AGCA y obliga que
toda información de entidades estatales debe remitirse a dicha entidad cada diez años (artículo 9). Estos archivos
están a disposición del público sin autorización previa, salvo los del Ministerio de Relaciones Exteriores y del MINDEF,
que requieren autorización escrita y sellada (artículo 17). Pese a estas disposiciones, las entidades estatales no remiten
al AGCA su información y nadie les conmina a hacerlo. Adicionalmente, la directora del AGCA indicó que se han visto
obligados a rechazar la recepción de documentos debido a la falta de recursos materiales y humanos para procesarlos
y conservarlos. 42
En materia de archivos militares, la ley regula que el MINDEF es el órgano de comunicación entre el Ejército y los demás
organismos del Estado.43 Por lo tanto, el acceso a sus archivos debe realizarse a través de este ministerio, en donde
se encuentra el Servicio de Ayudantía General del Ejército, adscrita al Estado Mayor del Ejército que tiene a su cargo
garantizar y mantener el resguardo del Registro de la situación militar de los integrantes de la institución armada
y del Archivo General del Ejército (Artículo 15 de la Ley Orgánica del Ejército de Guatemala). En dicha Ayudantía se
deberían encontrar al menos los archivos militares de los últimos diez años. No fue posible recabar información sobre
este archivo, debido a que el MINDEF se negó a proporcionarla, demandando requisitos innecesarios, retrasando las
respuestas y, finalmente, negando el acceso a la información sobre el manejo y acceso a estos archivos.44
Respecto al análisis de los archivos especializados, un archivo clave para la búsqueda de información atinente a las
graves violaciones de derechos humanos en Guatemala es el de la antigua Policía Nacional, disuelta en 1997 en el
marco de los Acuerdos de paz. La ubicación de este archivo fue fortuita y ocurrió durante una investigación de la
PDH.45 Legalmente estos archivos pertenecen al Ministerio de Gobernación, entidad de la cual depende la Policía, pero
actualmente el archivo y sus instalaciones se encuentran clausurados y solamente el juez contralor puede autorizar el
acceso a víctimas, familiares o particulares (art. 117 CPP).
La importancia de este archivo para el acceso a la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos, motivó
que el Procurador solicitara ante un juez el acceso, custodia y resguardo del archivo. A través de tres resoluciones
42 Entrevista realizada por IW a Anna Carla Ericastilla S., Directora del Archivo General de Centro América. Guatemala, 2008.
43 Artículo 246, Constitución Política y el Decreto 72-90, Ley Orgánica del Ejército de Guatemala.
44 Para el presente estudio, se solicitó información al MINDEF reiteradamente: 6 de febrero 2008; 4 de marzo 2008; 7 de marzo 2008. Mediante el oficio
1491, el Ministro denegó la información solicitada el 4 de febrero argumentando que la información sobre el marco normativo que rige el Departamento
de Archivo de la institución sólo puede ser solicitada por el Ministerio Público y el Organismo Judicial. El 24 de marzo 2008 dirigimos otra carta al
Ministro de la Defensa en respuesta al oficio 1491, reiterando nuestra solicitud y aclarando que no estábamos solicitando información contenida en los
archivos militares, sino únicamente la reglamentación del acceso a dichos archivos. El 28 de abril de 2008 solicitamos el Manual de Inteligencia Militar
MC 30-28 AGC y el instrumento normativo que regula las funciones del Servicio de Ayudantía General del Ejercito (SAGE). Las peticiones no fueron
respondidas.
45 En junio de 2005 hubo una explosión de los depósitos militares del Ejército en la Brigada Mariscal Zavala en la zona 6 capitalina. Investigaciones
posteriores realizadas por la prensa develaron que en la misma zona, en las antiguas instalaciones de la Policía Nacional, se almacenaban explosivos
de la PNC, poniendo en riesgo los barrios residenciales aledaños. La PDH investigó y encontró el archivo de la antigua PN, en condiciones de desorden
y descomposición lamentables. Entrevista realizada por IW a Alejandro Rodríguez, Jefe de Asesores de la PDH. Guatemala, 2008. En el anexo no. 1 se
pueden apreciar imágenes de las condiciones en que se encuentra el archivo de la Policia Nacional.
28
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
judiciales se obtuvo la autorización para la inspección de los lugares y documentos.46 Si bien estas órdenes se
encuentran vigentes, la fragilidad jurídica que sustenta el acceso del Procurador a los archivos es evidente, ya que
las resoluciones podrían ser revocadas en cualquier momento. Por otra parte, en tanto que el archivo pertenece al
Ministerio de Gobernación, el acceso también depende de la voluntad política de quien presida dicha entidad.
La PDH para ordenar los millones de folios encontrados, creó en diciembre de 2005, el Proyecto de Recuperación del
Archivo Histórico de la Policía Nacional, PRAHPN, el esfuerzo más completo en curso por recuperar registros relevantes del
conflicto armado. Este archivo comprende registros que datan del siglo XIX, pero se está priorizando el ordenamiento y
análisis de la documentación de la década más violenta del enfrentamiento armado, entre 1975 a 1985.
En su primera fase el equipo del proyecto contabilizó 7,900 metros lineales de documentos equivalentes a 80 millones
de folios, y contó con un equipo de 166 personas para trabajar el acervo. A mediados de 2008, el PRAHPN había limpiado,
clasificado y realizado la descripción archivística de más de diez millones de documentos, luego de depurar el período
comprendido de 1960 a 1996.47 El costo del PRAHPN se estimaba en US$5.300.000 hasta 2007, monto proveniente
enteramente de la cooperación internacional.48 Dada la magnitud de la tarea, los coordinadores del proyecto estiman
que serían necesarios personal y recursos adicionales. Sin embargo, es actualmente, el trabajo de archivos sobre el
pasado que cuenta con más recursos humanos y materiales.
Dado que el PNUD, es la entidad que administra los fondos donados para el Proyecto, los trabajadores no son empleados
públicos sino trabajadores de esta institución, lo cual implica inestabilidad laboral, ausencia de carrera profesional y
obstáculos administrativos para acordar colaboraciones con entidades estatales.
Por otra parte, los dos registros especializados que registran víctimas de violaciones a los derechos humanos durante
el enfrentamiento armado son el Registro Unificado de Atención de Casos de Desaparición Forzada y otras Formas
de Desaparición, RUDFOR, también de la PDH, y el Registro Nacional de Víctimas, del PNR. El RUDFOR fue creado
en julio de 2007 mediante una disposición normativa interna de la PDH,49 como Unidad adscrita a la Procuradora
Adjunta I, responsable del tema de Desaparición Forzada, conjuntamente con el Grupo de Trabajo de Desaparición
Forzada.50 En este archivo se recopila, analiza y sistematiza información sobre desapariciones forzadas y otras formas
de desaparición ocurridas durante el enfrentamiento armado y sirve para establecer acciones para el seguimiento
de estos casos en coordinación con otras Unidades de la PDH. Hasta 2007 el RUDFOR había registrado 1,862 casos
que comprenden 1,894 hechos; el 85% (1,622) son desapariciones forzadas individuales, un 14% (257) desapariciones
colectivas y un 1% (15) otras formas de desaparición.51
Por otra parte, el RNV del PNR, fue creado en el 2005 y contiene información de los expedientes de solicitudes de
resarcimiento por violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento armado. Dado que el PNR es
dependencia de una Secretaría de la Presidencia, (SEPAZ), el acceso a la información del RNV ha estado normado
por el Acuerdo Gubernativo 645-2005 que establece las Normas Generales de Acceso a la Información Pública en el
Organismo Ejecutivo y sus Dependencias. Sin embargo, el RNV carece de una base normativa específica por lo cual,
46 En la Causa 58-05 el juez tercero de instancia civil resolvió: “autoriza al Procurador de los Derechos Humanos y las personas que él designe, a efecto de
que inspeccionen los lugares y documentos que se encuentran en los archivos y dependencias del archivo histórico de la policía nacional”. El 30 septiembre
2005 el juez tercero de instancia civil, constituido en Tribunal de Amparo, resolvió: “...el Director General de la Policía Nacional Civil deberá abstenerse de
trasladar los Archivos Históricos de la Policía Nacional del lugar donde se encuentran actualmente y se garantice, sin restricción alguna, al Procurador de
los Derechos Humanos y al personal que éste designe, el acceso al referido local y a los documentos que ahí se encuentren;” y el 13 de diciembre de 2005, el
juez quinto de instancia penal, en la C- 2-98 resolvió: “Declarar la CLAUSURA de los locales donde se encuentra el Archivo Histórico de la Policía Nacional;
nombrar como depositaria del local a la Oficial de la PNC encargada del Archivo; nombrar como peritos a las historiadoras propuestas por el Procurador de
los Derechos Humanos...”
47 PRAHPN, PDH. Informe General de Avances al 31 de diciembre 2007. Páginas 3 y 6. Hasta el 31 de mayo de 2008, se han escaneado 6,438,570 imágenes:
documentos: 6,000,000; libros: 5,128; documentos de la Secretaría de Bienestar Social: 344,456; documentos de la Sala de la Corte de Apelaciones de la
Niñez y la Adolescencia: 88,986. PRAHPN, PDH. Informe General de Avances, al 31 de mayo de 2008. Página. 13.
48 El proyecto recibe financiamiento de Suecia, Suiza, Holanda, Generalitat de Catalunya, Gobierno del País Vasco, OXFAM-UK y el Servicio Alemán de
Cooperación Social y Técnica. Rinde informes sobre sus fuentes de financiamiento y ejecución del gasto a la PDH en forma regular.
49 Acuerdo Número SG-066-2007 de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Formalmente se creó en 2007 mediante el Acuerdo, pero funciona desde 2006.
50 Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Guatemala, está conformado por organizaciones sociales, entre ellas la CIIDH, FAMDEGUA, GAM,
Movimiento Nacional de los Derechos Humanos, ODHAG y personas en lo individual. El 18 de mayo de 2006 lograron que se firmara un Acuerdo Político
Interinstitucional para el impulso de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En el mismo participaron entidades estatales
como la PDH y COPREDEH y entidades internacionales como la CICR y la OACNUDH. El Grupo ha impulsado en el Congreso la aprobación de la Ley para
la Creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición, (Iniciativa 3590).
Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada en Guatemala. Trifoliar Informativo. Guatemala, 2007.
51 PDH. Informe Estadístico Anual de la PDH sobre Casos de Desaparición Forzada y Otras. Guatemala, 2007. A agosto de 2008 se habían registrado 2,045
denuncias con 2,708 víctimas.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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en la práctica, no se permite el acceso. A fines de 2007, se habían ingresado 26,000 casos e información de 10,000
personas resarcidas.52
Tanto el RUDFOR como el RNV son entidades de reciente creación y carecen de políticas formales para brindar acceso
a la información. Ambas dependencias presentan serias debilidades en cuanto a la cantidad y calidad del recurso
humano: el equipo del RNV consta de apenas seis personas, la encargada y tres asistentes digitadores, mientras que el
RUDFOR tiene un personal de seis personas: un coordinador, un investigador hemerográfico, dos procesadores y dos
digitadores. Ni la PDH ni el PNR proporcionaron información sobre el presupuesto de sus respectivos archivos.
Asimismo, ninguno de los archivos estudiados cuenta con manuales de funciones que contengan perfiles de
contratación del personal. La ausencia de manuales implica que las contrataciones se hagan sin criterios definidos, lo
cual da margen a discrecionalidad y arbitrariedad en la selección del personal. Únicamente el personal de PRAHPN ha
tenido capacitación en archivística, gestionada por iniciativa del Proyecto y apoyada por la cooperación internacional.
Tanto el PRAHPN como el RUDFOR están centralizados en la capital, mientras que al RNV ingresan datos en trece de las
dieciséis sedes del PNR.53
En cada uno de estos tres archivos se registra la información con bases de datos específicas, no diseñadas para conformar
–eventualmente– una base horizontal que contenga toda la información sobre víctimas, victimarios y violaciones de
derechos humanos durante el enfrentamiento armado. Tampoco se ha tomado en cuenta cómo incorporar el acervo
de información recopilada por organizaciones de derechos humanos y las organizaciones forenses, aunque existen
acercamientos al respecto, 54 o la recomendación de la CEH de establecer una base de datos horizontal, que incluyera
la información de las organizaciones forenses.
Ante la ausencia de una política oficial sobre archivos y de una ley específica que regule el acceso a la información, cada
institución y organización a cargo de registros y archivos se ha regido por instrumentos internos propios, en el mejor
de los casos, pues algunas carecen del todo de reglamentación. Esto favorece que la información no se sistematice
y ordene o que se pueda ocultar, y que las víctimas y/o sus familiares que solicitan información se encuentren con
criterios distintos y estructuras organizativas que dificultan o niegan el acceso a la información.
A pesar de esta debilidad de la institucionalidad estatal, existen esfuerzos del PNR y de la PDH, por iniciar la construcción
de sistemas de información sobre violaciones a los derechos humanos, como lo son el RNV y el RUDFOR. Pero, con base
en la información proporcionada por estas instituciones, es posible afirmar que estos esfuerzos, con mayor debilidad
en el PNR, no cuentan con el soporte institucional y normativo necesario para facilitar a las víctimas y público en
general el acceso a la información. Adicionalmente, los constantes cambios de personal entorpecen y retardan dichos
esfuerzos.
3.
INDEPENDENCIA Y DISPOSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES QUE INCIDEN
EN EL DERECHO A LA VERDAD
3.1 Independencia y disposición de la CEH
El mandato de la CEH, negociado entre el gobierno y la URNG, impuso limitaciones al trabajo de la Comisión que
restringieron los alcances de su informe. No se le permitió individualizar responsabilidades por los delitos contra el
derecho internacional, no tuvo facultades coactivas para hacer comparecer a declarantes, ni se previeron audiencias
52
PNR. La vida no tiene precio: Acciones y Omisiones de Resarcimiento en Guatemala. Primer Informe Temático 2006-2007. Editorial Magna Terra. Guatemala,
2007. Página 77.
53 PNR. La vida no tiene precio: Acciones y Omisiones de Resarcimiento en Guatemala. Op. Cit. Pág. 63.
54 Existe una iniciativa entre el PNR, PRAHPN, RUDFOR, FAFG y CAFCA. El Primer Informe Temático del Programa Nacional de Resarcimiento: La Vida no tiene
Precio: Acciones y Omisiones del Resarcimiento en Guatemala. Noviembre 2007. Página 77. A mayo de 2008 estas organizaciones continúan reuniéndose.
Entrevista realizada por IW a José Suasnavar, Sub Director de FAFG. Guatemala, 2008.
30
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
públicas.55 Por otro lado, la CEH documentó las múltiples gestiones sin éxito realizadas para obtener información
de fuentes oficiales y especialmente del Ejército de Guatemala. O sea que no contó con toda la colaboración estatal
requerida.
Durante la creación de la CEH se previeron distintos mecanismos para garantizar su independencia: se estableció como
una comisión autónoma, ningún otro ente tenía autoridad sobre ella, ni podía revisar sus decisiones; y se previeron
inmunidades para el personal nacional e internacional contra arresto y detención y contra toda acción judicial respecto
a su trabajo; asimismo, todos los documentos de la CEH resultaban inviolables.
Otras garantías para su independencia fueron el procedimiento de nominación de los comisionados, uno, nombrado
por el Secretario General de la ONU y los otros, nombrados por éste, de común acuerdo con las partes; el procedimiento
de toma de decisiones, en el cual los comisionados siempre tenían la última decisión; los mecanismos de selección
de personal; y el respeto al criterio profesional fundamentado de los investigadores y miembros del equipo de la OA.56
Sin embargo, hubo presiones sobre el trabajo de la CEH. Así, en un determinado momento el gobierno amenazó al
profesor Tomuschat de que sería expulsado de Guatemala como persona non grata57. También se acusó al profesor
de extralimitarse en sus funciones por reclamar públicamente que el gobierno no le había facilitado la información
requerida.58 Junto a esto, algunos miembros del personal de la OA y los comisionados sufrieron intimidaciones y
amenazas.59
La CEH realizó su trabajo en un momento histórico difícil. El 26 de abril de 1998 asesinaron a Monseñor Juan José
Gerardi Conedera, dos días después de que presentara el informe “Guatemala, Nunca Más” del proyecto Recuperación
de la Memoria Histórica, REMHI, el cual ha sido uno de los aportes más importantes a la reconstrucción de la historia
reciente de Guatemala.60 El asesinato de Gerardi ocurrió cuando la CEH aún se encontraba recogiendo testimonios y su
muerte fue un mensaje tanto para el personal de la CEH como para víctimas y testigos.61
Una clara muestra de la falta de disposición del Estado de Guatemala a contribuir a la verdad fue la negativa de
entidades del Ejecutivo a prestarle a la CEH la colaboración acordada. El Ejército se negó a entregar toda la información
solicitada y permitió el acceso a algunos documentos con diversas limitaciones: se prohibía fotocopiar, fotografiar
o extraer documentos de las instalaciones militares, el acceso a los documentos se brindó en horarios limitados, y
no se permitió el acceso a todos los documentos. La CEH no recibió ni un sólo documento con información sobre
las actividades de los servicios de Inteligencia Militar, a pesar de que estos archivos eran de suma importancia para
la CEH porque los servicios de inteligencia fueron los encargados de investigar y, en muchos casos, de ejecutar a los
opositores políticos. 62
De la misma manera, la Policía Nacional Civil también negó la información fundamental a la Comisión, como lo
registra una carta enviada por los tres comisionados al Presidente de la República, en la cual afirman que: “la Comisión
tomó conocimiento verbal de que la solicitud de información había sido trasladada a la Policía Nacional, circunstancia
que nos fue confirmada por su Director General, Lic. Ángel Conte Cojulún. Aunque la Comisión esperaba información del
Ejército, debido a que según los antecedentes le cabría responsabilidad en todos estos casos de desapariciones colectivas,
acudimos con cierta esperanza a reuniones con el Director de la Policía Nacional, quien entregó, con fecha 9 de enero de
1998, antecedentes que obran en poder de ese servicio, relacionados con cuatro de los cinco casos”.63 Dichas afirmaciones
55
Varios analistas predijeron que una Comisión con un mandato tan débil no podría brindar los resultados esperados. Wilson, Richard. “Violent Truths:
The Politics of Memory in Guatemala,” in Negotiating Rights: The Guatemalan Peace Process, London: International Review of Peace Initiatives, 1997;
Tepperman, Jonathan D., “Truth and Consequences,” Foreign Affairs, March/April, 2002. Págs. 128-153
56 UNOPS. Op. Cit. Pág. 77.
57 Tomuschat, Christian. Clarification Comission in Guatemala. Human Rights Quartely. No. 23. 2001. Pág. 239.
58 “El gobierno consideró que la CEH se excedió en sus funciones” La Hora. 17 de marzo de 1999. “La CEH debe mantenerse dentro de sus funciones” El Grafico.
“Controversia, Ejecutivo CEH, Siglo XXI, 6 de enero de 1998.
59 Entrevista realizada por IW con Fabrizio Feliciano ex Jefe de Operaciones de la CEH. Guatemala, 2008. MINUGUA. Cuarto Informe del Secretario General,
A/54/526 1 de agosto de 1998 – 31 de octubre de 1999. Párrafo 19 y párrafo 61.
60 La vinculación entre ambos informes es muy estrecha, como señala Juan Hernández Pico, al explicar el móvil político del asesinato de Monseñor Juan
Gerardi “El informe REMHI seguía siendo un monumento a la memoria de las víctimas de este terrible conflicto armado que produjo tanta ofensa y tanta
humillación. Y seguía estimulando a la CEH para ser fiel a sus propósitos y servir a la verdad contribuyendo a fortalecer el Estado de Derecho”. Hernández
Pico, Juan. Terminar la guerra, traicionar la paz. Guatemala, 2005. Pág. 142. En un sentido similar, Samayoa, Claudia. Movilizando la memoria: a 10 años
del REMHI. ODHAG. Guatemala, 2008. Pág. 22.
61 Así lo señaló el Secretario General de la ONU, en su IV informe, A/54/526, del 1/08/98 al 31/10/99.
62 CEH. Guatemala, Memoria del Silencio. Tomo II. Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. UNOPS. Guatemala, 1999. Pág. 15.
63 Tomuschat, Christian; Lux de Cotí, Otilia; Balsells Tojo, Edgar; Comisión de Esclarecimiento Histórico, Carta al señor Álvaro Arzú, Presidente de la República.
Citado en: CEH. Guatemala: Memoria del Silencio. Tomo XII, Anexo III. UNOPS. Guatemala, 1999. Págs. 136-137
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
31
del entonces Director de la Policía Nacional demostraron ser falsas con el posterior hallazgo de los archivos de la
antigua Policía Nacional.
Por estas razones, la CEH calificó como precaria y no satisfactoria la colaboración brindada por parte del Ejército. Las
respuestas de dicha entidad, a las solicitudes puntuales de información fueron “…lentas, incompletas e insuficientes”.
En el mismo sentido, se refirió a “…la información proporcionada por el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional
y el Organismo Judicial”.64. De hecho, Christian Tomuschat, consideró que el aporte del gobierno de Guatemala al
esclarecimiento histórico fue cercano a nada.65
A pesar de que la colaboración del MINDEF y del Ejército, había sido ordenada por el Presidente de la República, éste
no accionó ni administrativa ni penalmente en contra de dichas entidades, por lo que toleró el ocultamiento de
información relevante para el esclarecimiento de la verdad. A este obstáculo contribuyó una debilidad del mandato,
pues la CEH no tenía facultades coercitivas para hacer comparecer a personas e instituciones, ni para exigir la entrega
de información.66 Así lo explicó la CEH: “El propio mandato de la Comisión, que no tenía poderes judiciales, le impidió
obligar a nadie a prestar testimonios, ya se tratare de particulares o de autoridades del Estado, aunque estas tenían la
obligación legal de apoyar a la Comisión, según el artículo 10 de la Ley de Reconciliación Nacional”.67
El resultado de la falta de colaboración fue que el informe se elaboró mayoritariamente con los testimonios de las
víctimas. No se tuvo suficiente acceso a información “oficial”, lo que hubiera permitido un mayor esclarecimiento
de la verdad. Es más, se perdió una valiosa oportunidad de abrir brecha en el acceso a la información relevante al
derecho a la verdad contenida en archivos y registros de dependencias estatales responsables de delitos durante el
enfrentamiento armado interno. Nueve años después de que la CEH rindiera su informe, las autoridades del MINDEF
continúan negando el acceso a esta información.
Otra muestra de la falta de disposición del Estado para favorecer la vigencia del derecho a la verdad fue la negativa
del gobierno del Presidente Álvaro Arzú a aceptar el informe y sus recomendaciones. Como señala el Informe de
Sistematización de la UNOPS “la posición del gobierno fue que el informe de la CEH constituía apenas ‘un aporte
para una tarea que apenas comienza, señalando además, que la mayoría de las recomendaciones estaban ya incluidas
en varios de los Acuerdos de Paz, … y negó iniciar la depuración del Ejército y la Policía Nacional, indicando que no
se implementará cualquier propuesta de depuración distinta a las contenidas en el Acuerdo Global sobre Derechos
Humanos…”.68
Por su parte, Gustavo Porras Castejón, Secretario Privado de la Presidencia y Leonel López Rodas, Presidente del
Congreso, señalaron que: la CEH se había excedido en su funcionar, lo cual “era evidente tan sólo con ver el tamaño
del informe producido” y por lo tanto, “al haberse excedido en sus funciones, no tenían la obligación moral de acatar las
recomendaciones elaboradas por la CEH”.69
Esta falta de disposición incidió en que no se conformara la Fundación por la Paz y la Concordia, tal como fue
recomendado por la CEH, como una entidad responsable de apoyar, impulsar y vigilar el cumplimiento de sus
recomendaciones. Por una parte, el Gobierno del PAN (1996-2000) señaló que: “…no era necesario ni conveniente instituir
nuevos entes que pudieran duplicar el funcionamiento de MINUGUA y/o de la Comisión de Acompañamiento”.70 En 2001,
el Presidente Portillo (2000-2004), emitió el Acuerdo 26-2001 que creaba la Fundación, pero el contenido “violaba el
fundamento y espíritu de la recomendación de la CEH, por lo que nunca se integró”.71 Este vacío fue importante, ya que con
la salida de MINUGUA en 2004, ninguna otra entidad le ha dado seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones
de la CEH.
Finalmente, existió una debilidad o falta de disposición respecto a los mecanismos de seguimiento y difusión de
los hallazgos de la CEH. Las conclusiones del informe solamente se tradujeron a siete idiomas mayas, en tanto
64 CEH. Informe Guatemala: Memoria del Silencio. Tomo I..Mandato y procedimiento de trabajo. UNOPS. Guatemala, 1999. Pág. 49-58, 76.
65 “One the whole, therefore, one may characterize the contribution made by the government of Guatemala, to the process or clarification as next to nothing.
Tomuschat, Christian. Clarification Comission in Guatemala. Human Rights Quartely. No. 23. 2001. Pág. 250.
66 Numeral romano I del apartado de Funcionamiento del Acuerdo de Creación de la CEH.
67 CEH. Guatemala: Memoria del Silencio. Tomo II. Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. UNOPS. Guatemala, 1999. Pág. 15.
68 UNOPS. Op. Cit. Pág. 172.
69 “El Gobierno consideró que la CEH se excedió en sus funciones”. La Hora, 17 de marzo de 1999. Citado En: UNOPS. Op. Cit. Pág. 172.
70 MINUGUA. Estado de cumplimiento de las recomendaciones de la CEH. Informe de Verificación. Guatemala 2004. Pág. 52.
71 Ibíd.
32
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
que el informe completo no se tradujo a ninguno.72 La divulgación principal se hizo en los meses que siguieron a la
presentación del informe, pero diez años después, es un material que difícilmente se encuentra disponible. A pesar
de ser una recomendación de la CEH, no fue hasta el año 2007 que se incluyeron en el Curriculum Nacional Base
algunos contenidos sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias del enfrentamiento armado. Sin embargo, su
incorporación y tratamiento es insuficiente, ya que solamente en sexto primaria se incluye como contenido el Informe
de la CEH y el REMHI, mientras que en básico no se incluye ninguna vez.73
Esta omisión no se circunscribe a la currícula. De acuerdo con Elizabeth Oglesby, “Los libros de texto de educación
media introducen la historia post-colonial guatemalteca con algunas páginas acerca de las dictaduras militares de los
siglos diecinueve y principio de los veinte y continúan con un párrafo del gobierno reformista de Jacobo Arbenz, así como un
párrafo acerca de la guerra fría y el surgimiento de la guerrilla de los sesenta. Invariablemente, los textos dejan la narrativa
histórica y continúan con acercamientos temáticos… tales como Acuerdos de Paz, cultura de paz, derechos humanos. Los
textos más recientes incluyen referencias a los reportes de las Comisiones de la Verdad, sin embargo, las referencias son
breves y limitadas a datos más breves”.74
A pesar de las limitaciones en su mandato, en la colaboración recibida del Estado e instituciones oficiales y del poco
seguimiento a sus recomendaciones, el Informe de la CEH es uno de los documentos más importantes de la historia
contemporánea de Guatemala. Como señaló el Representante Especial del Secretario General de la ONU en Guatemala,
“Creo que para el futuro esta Comisión habrá establecido en forma absolutamente contundente el hecho que un examen
profundo de los elementos estructurales del enfrentamiento, y sobre todo de los elementos estructurales de las violaciones
a los derechos humanos es un medio para llegar a la verdad…”.75
3.2 Independencia y disposición en torno a las exhumaciones
Para el caso de investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos, los principios internacionales
recomiendan que equipos independientes realicen las autopsias o exhumaciones, para garantizar su independencia.76
En este sentido, estudios comparados han documentado que el derecho de las víctimas a saber puede ser vulnerado
cuando el Estado realiza las exhumaciones, pues en algunos casos han ocurrido problemas de destrucción de
pruebas, bloqueo o disuasión del esfuerzo de los familiares, obstrucción de la identificación de los restos y acciones
re-victimización hacia sobrevivientes y familiares. Diversos estudios demuestran que en América Latina ha existido
una actuación sesgada de parte de las autoridades estatales.77 Lo anterior no niega que en un Estado de Derecho con
instituciones sólidas, el Estado debería contar con capacidades para realizar exhumaciones en casos de violaciones de
derechos humanos, sin que ello afectara los resultados.
Paralelamente, el que la labor forense la asuma la sociedad civil, podría favorecer que el Estado evadiera sus obligaciones
y que incidiera en que los servicios estatales no se reconstruyan y transformen para brindar un servicio adecuado.78
Tomando en cuenta las recomendaciones de los principios internacionales, es aconsejable que este servicio se
preste desde organizaciones no gubernamentales, lo que no exime al Estado guatemalteco de la necesidad de crear
condiciones y capacidades para garantizar la independencia y disposición de las organizaciones que realizan las
72
73
74
75
76
77
78
De acuerdo con las Recomendaciones de la CEH, las conclusiones y recomendaciones del Informe debían traducirse a todos los idiomas mayas y el
informe completo al menos a cinco: kiche, kaqchikel, mam, q’eqchi’, e ixil.
Ministerio de Educación. Curriculum Nacional Base, versión preliminar. Guatemala, 2007; Grupo focal realizado por CEDIM con maestros el 13 octubre
2007.
Oglesby, Elizabeth. Historical Memory and the limits of Peace Education: Examining Guatemalans Memory of Silence and the Politics of Curricula Design.
2004. Page 18.
www.cceia.org/resources/articlespapersreports/4996.html/res/id=saFile1/4996ElizabethOglesbyWorkingPaper.pdf. En el mismo sentido, Samayoa
considera que esta ausencia en el sistema educativo está generando repercusiones graves en la juventud actual, no sólo de olvido sino de desmemoria.
Movilizando la memoria: a 10 años del REMHI. Op. Cit. Pág. 87.
Citado en UNOPS. Op. Cit. Pág. 19
Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias. Recomendados por el Consejo Económico
y Social en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989. En el mismo sentido las recomendaciones de la CEH se orientan a que se continúe apoyando
el trabajo de las organizaciones no gubernamentales especializadas en antropología forense.
Pérez Sales, Pau y Navarro García, Susana. Balance global. Exhumaciones en América Latina: estado actual y retos pendientes. Pág. 331.
En este sentido, Lykes, Brinton y Mersky, Marcie. Reparaciones y Salud Mental: Intervenciones psicosociales hacia la sanación. En Revista Dos Mundos, No
17. Bogotá, Colombia, Mayo 2006. Pág. 13.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
33
exhumaciones de víctimas del enfrentamiento, dotándose de laboratorios para la identificación de restos humanos,
así como promoviendo la creación de estas especialidades a nivel universitario.
De la misma manera, el Estado debería proveer fondos para realizar el trabajo de exhumaciones. Al respecto, en 2006 y
2007, el PNR financió exhumaciones a través de FAFG y la ODHAG, pero este financiamiento se otorgó por proyectos y de
forma discontinua, sin estrategia priorizada. Hubo atrasos en la adjudicación de fondos, lo que implicó la suspensión
de actividades durante meses en el caso de FAFG y la disolución temporal del equipo forense de la ODHAG. Como
señaló Alfredo Ankerman, de CAFCA, el PNR: “No tiene (una) política de exhumaciones transparente… cambia los términos
de referencia de forma arbitraria, hay problemas con contratos y en cualquier momento los suspende.”79 Para garantizar
la independencia y el adecuado desempeño de los equipos forenses, el financiamiento estatal debe prestarse de
forma estable y permanente, a partir de una planificación previa de prioridades para realizar las exhumaciones y de
seguimiento de los casos ante la justicia.
Otro grave atentado en contra de la independencia de quienes trabajan por el derecho de las víctimas a saber
son las amenazas en contra de los equipos forenses. Entre 1998 y 2007 hubo diversos ataques contra dirigentes
de organizaciones de víctimas, los familiares y miembros de organizaciones de derechos humanos vinculadas a
este trabajo. Muchas de ellas fueron verificadas por MINUGUA80 y, más recientemente, por la Unidad de Protección
de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.81 El Director y Subdirector de FAFG presentaron más de 50
denuncias de ataques y amenazas de muerte ante el MP en 2007, evidenciando que en ocasiones los hechos han
tenido un patrón repetitivo. A pesar de esta situación, en 2007, la Sección de Defensores de la Fiscalía de DDHH,
ha dividido en doce procesos los casos de la FAFG para ese año, dispersando los hechos y dificultando la visibilidad
de los posibles patrones.82 Algunas amenazas se recibieron directamente por el trabajo realizado en cementerios
clandestinos de Quiché, Alta Verapaz y Sololá y por el caso de genocidio presentado ante la Audiencia Nacional
española.
Por otro lado, los esfuerzos de muchas familias que buscan saber lo ocurrido y recuperar los restos de sus familiares
asesinados, chocan con la burocratización del sistema de justicia, la negligencia para gestionar los casos y la
determinación de las autoridades de tratar las exhumaciones como trámite administrativo para devolver los restos de
las víctimas a los familiares. Con esta falta de disposición las autoridades incumplen su deber de investigar las graves
violaciones a los derechos humanos y de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares.
La burocratización implica la formalización de la investigación judicial, que recarga a los familiares de las víctimas
con trámites que son competencia de los funcionarios y requiere diligencias innecesarias que retardan el proceso.
Por ejemplo, se requiere que los familiares acrediten su relación de parentesco con certificaciones de la partida de
nacimiento, actas de bautizo u otros documentos, los cuales podrían ser requeridos por el fiscal al registro civil o
parroquial respectivo.83
Asimismo, a pesar de que se emitió la Instrucción General 12-2005 del Fiscal General, que señala que en la fase preparatoria
es competencia del fiscal la designación de peritos y que la prueba anticipada debe tener carácter excepcional, muchos
fiscales continúan requiriendo que el juez designe al perito como parte del procedimiento de prueba anticipada, lo cual
complica y retarda los procesos. Como explicó un abogado de derechos humanos entrevistado “…el código [procesal
penal] es bastante claro,… la Instrucción 12-2005 es bastante clara… los fiscales… siguen enviando los casos para que sea
el juez quien haga el discernimiento [de cargo para el peritaje forense en el caso de exhumaciones] cuando esto no es…
(necesario), el juez sólo podría hacerlo en caso de que sea prueba anticipada”.84
79
Entrevista realizada por IW a Alfredo Anckerman, Coordinador del Área Social de CAFCA y Miguel Ángel Morales, Encargado del Programa Forense de
CAFCA. Guatemala, 2008.
80 MINUGUA. Informe de Verificación. Procedimientos de Exhumación en Guatemala (1997 - 2000). Op cit. En el mismo sentido, Informe presentado por la Sra.
Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, en virtud de la resolución No.
2000/61 de la Comisión de Derechos Humanos E/CN.4/2003/104/Add.2, 6 de diciembre de 2002.
81 Se trataba de amenazas de muerte, amedrentamientos directos por vigilancia, cartas anónimas, llamadas telefónicas, persecuciones y robo de equipo
forense. Ver los informes de la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Informes de Verificación, años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
82 Datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), del período 2007, según su coordinadora, Claudia
Samayoa Pineda.
83 El Manual de Procedimientos para Investigaciones Antropológico Forenses en Guatemala, expresa como la presentación de estos documentos no debe
ser un requisito para autorizar una exhumación. Ministerio Público de Guatemala. Manual de Procedimientos para Investigaciones Antropológico Forenses
en Guatemala. Guatemala, 2005.
84 Entrevista realizada a abogado de derechos humanos, 2008.
34
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Desde la Instrucción del Fiscal General los procedimientos para autorizar una exhumación se han vuelto más ágiles;
generalmente, el plazo entre la solicitud de exhumación y su realización es de dos o tres meses, sin incluir el trabajo
de laboratorio y la devolución de los restos.85 En las primeras exhumaciones los trámites eran tan engorrosos que
en algunos casos duraron hasta cinco años.86 Ya autorizado el trámite puede haber demoras adicionales porque los
equipos forenses no tienen suficientes recursos para realizar la exhumación de inmediato, los laboratorios tienen
trabajo acumulado o carecen de capacidad para el análisis necesario.87
La negligencia también ha ocasionado que los expedientes se encuentren desordenados, desactualizados o
extraviados.88 En una investigación realizada por CALDH en septiembre de 2006, en la fiscalía del municipio de
Nebaj, Quiché, se analizaron 62 expedientes de exhumaciones, de los cuales 22 se encontraban extraviados y 12 no se
relacionaban con exhumaciones, a pesar de que así habían sido registrados.89
La mayoría de funcionarios de justicia consideran las exhumaciones como un trámite administrativo cuyo fin
consiste en devolver los restos de las víctimas a sus familiares.90 Como señaló el Juez de Paz de Rabinal “Yo creo
que lo principal es que den una cristiana sepultura de acuerdo a sus costumbres, ya no tanto saber quiénes fueron los
asesinos ni nada, ya hace más de veinte años, saber si estarán vivos también, entonces pienso que los restos nada más,
ese es el objetivo”.91
Algunas dependencias oficiales simplemente no han desarrollado su trabajo vinculado con estos casos, aunque tengan
mandato legal de hacerlo. De acuerdo con el artículo 112 del Código Procesal Penal, es función de la Policía investigar
los hechos punibles perseguibles de oficio y lo debe hacer por iniciativa propia o por orden del Ministerio Público. Sin
embargo, ninguna Unidad del Departamento de Investigaciones Criminalísticas está específicamente a cargo de los
crímenes ocurridos durante el enfrentamiento ni la Policía ha investigado de oficio estos casos. Como lo señala el
Comisario Ruiz, Jefe de la DINC de la Policía Nacional Civil. “Nosotros ya en ese caso… no tenemos nada que ver y la gente
pues reclama ese tipo de situación cuando nosotros hemos iniciado una investigación a través de una denuncia en relación
de los derechos humanos, nosotros la cursamos al Ministerio Público…”92
En otros casos, los funcionarios hacen todo lo posible por provocar que la víctima desista de su deseo de continuar
adelante con el proceso: “Cuando a usted un funcionario le dice que no tiene información, cuando un funcionario le dice
que es peligroso que él lleve el caso de nosotros, eso es una amenaza indirecta. O cuando el mismo fiscal en determinado
momento no da información o dice no tener información o dice haber abandonado el caso por temor. Yo creo que son casos
que los fiscales no quieren llevar, no quieren comprometerse. Entonces si ellos se sienten amenazados imagínese uno que
está presionando y presionando para avanzar un poco en el caso”.93
Así, el esclarecimiento de lo ocurrido muchas veces no está presente como objetivo de los funcionarios que autorizan
las exhumaciones ni tampoco lo está el aportar pruebas para que se haga justicia. Como se señaló arriba, de las 962
exhumaciones, solamente en seis casos ha habido juicio.94 De acuerdo con MINUGUA, incluso en los casos donde las
víctimas habían logrado identificar a los responsables, el Ministerio Público no realizó ninguna diligencia más allá de
85 Entrevistas realizadas por IW a Héctor Soto, Director de CAFCA; José Suasnavar, Sub Director de FAFG y Max Quirin, Acompañamiento legal en CONAVIGUA.
Guatemala, 2008.
86 Pérez Sales, Pau y Navarro García, Susana. Resistencias contra el olvido. Pág. 78. En el mismo sentido, MINUGUA, Procedimiento de Exhumaciones en
Guatemala, 1997-2000. Op cit. Pág. 14.
87 De acuerdo con entrevistas realizadas por IW a María José Ortiz, ex Directora del PNR, José Suasnavar, Sub Director de FAFG y Héctor Soto, Director
de CAFCA en algunos casos los familiares han solicitado al PNR que les financie la inhumación en nichos y el PNR se ha demorado en atender este
requerimiento.
88 MINUGUA. Procedimiento de Exhumaciones en Guatemala, 1997-2000. Op cit. Pág. 14.
89 Únicamente se examinaron casos de 1996-2001 porque a los casos mas recientes no se tuvo acceso. CALDH. Exhumaciones realizadas por la Fiscalía de
Nebaj. Guatemala, 2006.
90 Los entrevistados por IW de CAFCA y FAFG, coincidieron en este aspecto.
91 Citada en Navarro, Susana y Pérez, Pau. ¿Por qué las exhumaciones no conducen a procesos de justicia en Guatemala? Datos y reflexiones desde una perspectiva psicosocial. Op cit.
92 El artículo 112 del CPP señala que la Policía deberá investigar los hechos perseguibles de oficio.
93 Entrevista realizada a víctima de la ciudad capital. FLACSO. 2008 Percepciones sobre la impunidad relacionada con las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno – algunas nociones sobre la justicia transicional. Guatemala. Pág. 90.
94 Estos casos son, Masacre de Río Negro, Masacre de Plan de Sánchez, múltiples violaciones de derechos humanos en Tuluché, Familiares de Anabella
Garniga, Masacre de Pachalum. Navarro, Susana y Pérez, Pau. ¿Por qué las exhumaciones no conducen a procesos de justicia en Guatemala? Datos y reflexiones desde una perspectiva psicosocial. Op. Cit.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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la exhumación.95 Esta situación ha llevado a algunas personas a considerar que “el Ministerio Público lamentablemente
posee una estrategia basada en que no exista una política de investigación de los casos del pasado”.96
Después de la firma de la Paz se han realizado esfuerzos para que los familiares reciban los restos de sus seres queridos,
elemento esencial del derecho de las víctimas a saber. Organizaciones de sociedad civil han realizado la gran mayoría
de estos esfuerzos con el apoyo de la comunidad internacional, salvo las 228 exhumaciones apoyadas por el PNR, en
2006 y 2007. Pero el Estado no ha apoyado suficientemente esta tarea realizada por las organizaciones forenses ni ha
cumplido su responsabilidad de garantizar la seguridad de los peritos encargados de las exhumaciones quienes siguen
siendo víctimas de intimidaciones y amenazas.
3.3. Independencia y disposición de los archivos
Dada la enorme cantidad de documentos que se encuentran en archivos estatales como el Archivo Histórico de la
Policía Nacional o el Archivo General de Centro América, es posible afirmar que existe una tradición institucional
de registro. Esto sugiere que la información, con debilidades en cuanto a sistematización, existe también en otras
dependencias como el MINDEF. Si aún no es posible acceder a la información contenida en los archivos especializados
–RUDFOR y RNV– así como el PRAHPN, al menos los tres están siendo desarrollados con miras a proporcionar acceso,
especialmente a víctimas y sus acompañantes.
Sin embargo, los archivos del Ejército a cargo del MINDEF han sido caso aparte. El 25 de febrero de 2008, en conmemoración
del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas, el Presidente Álvaro Colom ofreció hacer públicos los archivos del Ejército
y hacer “… todos los esfuerzos que sean necesarios para llegar a la verdad” sobre las personas desaparecidas durante el
conflicto interno.97 La SEPAZ fue designada para recibir los archivos, pero el Secretario Orlando Blanco se quejó, siete
meses después del discurso presidencial, que el Ejército no había entregado nada. Tal y como hemos informado en este
capítulo, la institución castrense sustrae sus archivos de la normativa del Ejecutivo, hace caso omiso de instrucciones
directas del Presidente de la República, e incluso desatiende órdenes judiciales.
A pesar de la Ley de Acceso a la Información aprobada recientemente por el Congreso de la República, persiste la
cultura burocrática que tiende a ocultar información y la fragilidad institucional y normativa de los pocos archivos
públicos sobre violaciones a los derechos humanos (PRAHPN, RNV y RUDFOR), constituyen los principales obstáculos
para garantizar la independencia de los archivos relativos a las violaciones a los derechos humanos durante el
enfrentamiento armado interno.
La existencia de los archivos de la PN dentro de la PDH no garantizan su independencia. Un cambio de política en
dicha institución, la disminución del apoyo financiero de la comunidad internacional o la inseguridad legal en que
se encuentra laborando el personal del proyecto, constituyen factores de riesgo que podrían, en forma individual o
conjunta, provocar un retroceso e incluso el abandono del proyecto que ha abierto camino en cuanto a experiencia
y sistematización de información sobre el funcionamiento de la Policía Nacional durante el enfrentamiento armado
interno.
La situación más crítica se encuentra en el RNV, pues como parte del PNR, depende del Ejecutivo y tiene un sustento legal
frágil, y los constantes cambios en el PNR generan inestabilidad de las políticas de resarcimiento, principal motivación
de las víctimas para proporcionar información. Adicionalmente, según fuentes cercanas al PNR, en algunos momentos
las presiones políticas sobre el PNR en el sentido de apresurar su ejecución, han determinado que delitos como la
violación sexual, por ejemplo, se documentarán por medio de declaración jurada ante un notario. Si bien esto facilita el
acceso de la víctima a la reparación, no permite documentar el caso para fines de persecución penal.
Hasta el momento no ha habido interferencias externas evidentes que impidan el funcionamiento de estos archivos y
registros estatales. Sin embargo, ninguno de estos archivos cuenta con los recursos suficientes, tanto humanos como
materiales, para profesionalizar adecuadamente su trabajo y apresurarlo para dar acceso a la información, lo cual,
constituye un obstáculo por omisión.
95 MINUGUA. Procedimiento de Exhumaciones en Guatemala, 1997-2000. Op cit. Pág. 14.
96 Entrevista realizada a Juan de Dios, Coordinador de ADIVIMA. FLACSO. 2008 Percepciones sobre la impunidad relacionada con las violaciones a los
derechos humanos durante el conflicto armado interno – algunas nociones sobre la justicia transicional. Guatemala.
97 Prensa Libre “Álvaro Colom ofrece abrir archivos militares”, 26 de febrero de 2008. En: www.prensalibre.com
p
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reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
En el caso de los archivos del Ejército, las autoridades militares pasan de la omisión a la obstrucción. Como señala
un abogado de la ODHAG, “casos donde se requiere información al Ejército de algún asunto, hay un procedimiento
administrativo de muchas semanas, hay evasivas, nos responden mentiras, cosas por el estilo”.98
En primer lugar, la denegación de información ocurre incluso frente a requerimientos judiciales. Un ejemplo de esta
situación ha sido la negativa del MINDEF a brindar acceso a la información del Archivo General del Ejército solicitada
por el MP al juez segundo de instancia penal en el proceso por genocidio presentado por la Asociación para la Justicia y
Reconciliación, AJR con el acompañamiento de CALDH.99 El MINDEF basó su negativa para proporcionar la información
en el concepto de seguridad nacional, a pesar de haber sido requerida por el MP100 y pese a que posteriormente se
emitió una orden judicial en el mismo sentido.
En este mismo caso, el abogado defensor del General Ríos Montt imputado en el mismo, presentó un amparo ante la
Sala Primera de la Corte de Apelaciones y posterior apelación ante la CC, pero ambos tribunales superiores confirmaron
la resolución del juez contralor de la investigación.101 En el proceso de amparo el MINDEF compareció para manifestar
su oposición a presentar estos documentos. A pesar de que la orden judicial ha sido confirmada, el MINDEF no ha
entregado la información requerida. A mediados de 2008, el proceso aún se encuentra en suspenso por diversos
recursos.
En segundo lugar, la manipulación de los archivos también ha sido una práctica para limitar el acceso a la información.
Por ejemplo, en el caso Myrna Mack vrs. Estado de Guatemala, la CIDH concluyó que hubo diversas negativas de manera
sistemática para acceder a la información solicitada al MINDEF por la querellante y por las autoridades judiciales.
Incluso se entregó documentos alterados, argumentando que la información trataba de asuntos de seguridad nacional
conforme el artículo 30 de la Constitución.102
Un tercer recurso para obstruir el acceso a la información es la destrucción y sustracción de información. Tal es el
caso de los archivos del disuelto Estado Mayor Presidencial, EMP. Como se encuentra documentado en el informe de
la CEH, dentro del EMP funcionó una Unidad, denominada la Regional o el Archivo, que fue la encargada de recolectar,
analizar y sistematizar, información sobre las personas consideradas enemigas del Estado.103 El EMP fue disuelto en
2003, durante el gobierno del Presidente Alfonso Portillo,104 y se pretendió que sus archivos quedaran en poder del
MINDEF. Sin embargo, a través de un amparo interpuesto por la ODHAG y el GAM,105 los documentos finalmente fueron
puestos a disposición de la PDH en 2004 para su digitalización. La PDH comprobó que varios documentos habían sido
destruidos con una trituradora.106 También se evidenció sustracción de información, como por ejemplo, los reportes
semanales que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional enviaba al Jefe del EMP, que recogían el resumen de
los enfrentamientos entre unidades militares y guerrilleros. Mientras algunos documentos estaban completos (lo que
confirmó que dichos reportes contenían datos precisos sobre la fecha y hora, coordenadas, evento, incidentes, número
de bajas en ambos grupos, capturas y armamento), otros habían sido removidos, pues sólo aparecía el oficio en el cual
se informaba del traslado de los mismos107.
A pesar de que la CEH documentó que en el Archivo del EMP se registraba y procesaba información sobre opositores
políticos, esta información no se encontró entre los documentos digitalizados por la PDH, lo que demuestra que
98 Taller de Casos realizado por Impunity Watch. Ciudad de Guatemala, 13 de mayo, 2008.
99 Los documentos solicitados son los planes de campaña que documentan la actuación del Ejército de Guatemala entre 1982 y 1983: Plan Victoria 82, Plan
Sofía del 15 de julio de 1982, Asuntos Civiles Operación Ixil y Plan Firmeza 83. Con fecha 31 de enero de 2007 el juez segundo de primera instancia penal,
emitió una orden al Ministro de la Defensa de exhibir la documentación indicada.
100 Información proporcionada en el año 2008, por la Unidad de Esclarecimiento Histórico de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio
Público.
101 Sentencia 5 de marzo 2008 de la CC expediente 2290-07 y sentencia de 19 de julio 2007; amparo 26-07.
102 CIDH. Caso Myrna Mack Chang vrs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003.
103 Esta entidad se creó durante el gobierno de Enrique Peralta Azurdia (1963-1966) con el nombre de Centro Regional de Telecomunicaciones. Bajo el gobierno de Romeo Lucas García se llamó Servicios Especiales de Comunicaciones de la Presidencia de la República; bajo el gobierno de Efraín Ríos Montt,
Archivo General y Servicios de Apoyo de la Presidencia de la República; bajo el gobierno de Oscar Humberto Mejía Víctores, Secretaría de Inteligencia
de la Presidencia de la República; bajo el gobierno de Vinicio Cerezo, Departamento de Seguridad de la Presidencia; bajo el gobierno de Ramiro de León
Carpio, Secretaría de Inteligencia Estratégica de la Presidencia. CEH. Guatemala: Memoria del Silencio. Op. Cit. Tomo II. Las violaciones de los derechos
humanos y los hechos de violencia. Pág. 84 y ss.
104 El EMP fue disuelto mediante el Decreto 711-2003. Un mes antes se creó la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de
la República (SAAS). La disolución del EMP se encontraba prevista en el Acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una
sociedad democrática.
105 Inforpress. 12 de diciembre de 2003.
106 La denuncia fue presentada a la PDH en diciembre de 2003. PDH Comprueba Destrucción de Archivos, Prensa Libre, 24 de noviembre de 2004.
107 Testimonio de Iduvina Hernández, como responsable del proceso del Archivo del EMP, en 2004. Informe de Consultoría de Iduvina Hernández para
Impunity Watch, 2008.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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existen archivos paralelos y ocultos, dentro de entidades estatales o que dichos archivos han sido destruidos para la
eliminación de evidencias.
La base de datos encontrada en la Secretaría de Análisis Estratégico, SAE, es otra demostración de la existencia de
archivos paralelos. En 2000, en la SAE se descubrió un archivo electrónico conteniendo información parcial de una base
de datos sobre instituciones y activistas sociales, con registros desde 1976. El entonces Secretario de la SAE presentó la
denuncia ante el MP y entregó una copia de dicha base de datos a la PDH, dirigida en ese momento por Julio Arango,
la cual fue puesta a disposición del público para consulta. Sin embargo, según informó el nuevo Procurador, Sergio
Morales, dicha base de datos no se encontró cuando recibió la dirección de la PDH.108
En resumen, a 12 años de la firma de la Paz y 25 años después de ocurridas las peores violaciones de derechos humanos
en el marco del enfrentamiento armado interno, el Estado de Guatemala sigue sin garantizar el acceso a los archivos
oficiales que puedan contener información relevante sobre violaciones a los derechos humanos, y permite que
dependencias como el MINDEF, desacaten órdenes presidenciales y judiciales al respecto.
4.
FACTORES SOCIALES QUE INCIDEN EN EL DERECHO A LA VERDAD
Pese a la poca presencia de la temática del pasado en los espacios públicos, un estudio de opinión realizado a nivel
nacional en 2006, revela que 92% de los entrevistados conocían del enfrentamiento armado interno; 94% sabían
que existían personas desaparecidas y 85% conocían de la existencia de cementerios clandestinos. En cuanto a estos
últimos, casi el 80% de los entrevistados ha oído hablar de que se están buscando los cuerpos de desaparecidos y
asesinados durante la guerra y el 73% de ellos dijeron haberse enterado por los medios de comunicación, mientras
que un 21.7% dijo tener conocimiento directo de las exhumaciones, ya sea porque han ocurrido exhumaciones en su
municipio o porque tienen familiares o amigos desaparecidos.109
La CEH concluyó que el racismo fue un factor que determinó la estrategia contrainsurgente del Estado guatemalteco
durante los años más violentos del enfrentamiento armado. La CEH señala que “con las masacres, las operaciones de
tierra arrasada, el secuestro y ejecución de autoridades, líderes mayas y guías espirituales, no sólo se buscaba quebrar
las bases sociales de la guerrilla, sino desestructurar ante todo los valores culturales que aseguraban la cohesión y la
acción colectiva de las comunidades.”110 Hasta la fecha, el Estado de Guatemala sigue sin reconocer el prejuicio racista
que justificó el ensañamiento contrainsurgente contra las comunidades indígenas, y que persiste en la actualidad al
no actuar seriamente para que las víctimas –en su mayoría indígenas– puedan acceder a la verdad, la justicia y las
reparaciones.
La CEH analizó que una de las dificultades para resguardar la memoria es que debido a las campañas dirigidas a
deslegitimar, criminalizar y culpabilizar a las víctimas, muchas personas han optado por “negar u “olvidar” su
participación en actividades reivindicativas u organizaciones sociales, para no perjudicar su propia vida ni la de sus
familiares y amistades, para no correr el riesgo de ser juzgadas ni estigmatizadas socialmente”.111 Trece años después de la
firma de la paz, el silencio en torno a la participación en movimientos sociales o haber simpatizado o colaborado con
la guerrilla continúa siendo un mecanismo de autoprotección que impide reconstruir la historia de los actores, sus
esperanzas de cambio y sus luchas.
Los sobrevivientes y testigos encontraron diversos obstáculos para brindar información a la CEH: el miedo de las
personas a aportar su testimonio por las represalias, la persistente presencia de ex-militares, ex-patrulleros, excomisionados militares y, en menor grado, de simpatizantes de la guerrilla, en las comunidades.112
En la actualidad persiste el temor entre víctimas y sus familiares, porque no ha habido procesos de justicia y en
muchas comunidades conviven con sus victimarios, situación que en algunas regiones se exacerbó con el surgimiento
de los ex PAC. Como lo explica Vilma Duque (2007) “Llevar a cabo medidas de compensación a los ex PAC, sin haber
108 Iduvina Hernández. Ibíd.
109 Martínez, Aniorte; Juan Carlos (Coord.); Barczay, Daniel; Navarro, Susana y Pérez Sales, Pau. Exhumaciones, verdad y justicia en Guatemala: estudio de
opinión a nivel nacional. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), y Grupo de Acción Comunitaria (GAC) Guatemala, julio de 2008.
En proceso de publicación.
110 CEH. Guatemala: Memoria del Silencio. Conclusiones 31 y 32.
111 CEH. Guatemala: Memoria del Silencio. Tomo III. Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. UNOPS. Guatemala, 1999. Pág. 27.
112 UNOPS, Pág. 57 y entrevista realizada por IW a Rosalina Tuyuc, Coordinadora de CONAVIGUA. Guatemala, 2008.
38
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
iniciado procesos de resarcimiento y dignificación a las víctimas del conflicto armado, se convierte en una nueva forma
de agresión que evoca temores del pasado y abre viejas heridas. …La fuerte organización de los ex PAC a nivel comunitario
en complicidad con antiguas estructuras militares, se convierte en un factor de amenaza para las víctimas que demandan
justicia y juicio a los responsables, entre ellos algunos ex-patrulleros. Bloquea además procesos de exhumaciones, clave en
el proceso de reparación a las víctimas y recuperación de la memoria”.113 Los sobrevivientes expresan su temor a actuar en
procesos judiciales, a la vez que reafirman la importancia de la verdad:
“Es importante pero tenemos temor, porque uno de los comisionados aún vive en San Andrés, pienso que si uno de
los comisionados se entera de que estamos promoviendo algún proceso en contra de ellos puedan tener represalias
contra nosotras y nuestros hijos. Si no fuera por eso sería bueno que el pueblo supiera y que el pueblo y ellos supieran y decirles de frente y en su cara que por qué hicieron esa masacre o los crímenes, pero es una gran limitante el
temor.”114
Las mujeres víctimas de violencia sexual enfrentan serios obstáculos para la reconstrucción de memoria, pues además
del temor a las represalias, han tenido que vencer la vergüenza y estigmatización por los prejuicios culturales, sobre
todo al reproche social al culparlas por “dejarse” o “provocar” la agresión sexual.115 Aún superados estos obstáculos,
si las mujeres se atreven a denunciar, los hechos no siempre son recogidos por organizaciones de víctimas, de
derechos humanos o funcionarios de justicia porque es un tabú hablar sobre la sexualidad, se considera que no
existen suficientes pruebas o que es un delito secundario.116 Hasta la fecha, a pesar de que tanto sobrevivientes y
testigos, como perpetradores relatan que antes o durante las masacres hubo violencia sexual, estos hechos no han
sido tomados en cuenta para el procesamiento, enjuiciamiento y sanción de los responsables.117
La precaria situación económica de sobrevivientes y familiares también obstaculiza la búsqueda de la verdad, pues las
exhumaciones requieren tiempo y dinero, implican abandonar el trabajo y dejar de percibir ingresos.118 Así lo explicó
una víctima, cuando se le preguntó sobre obstáculos para acceder a la justicia: “Muchos, entre ellas el dinero, porque
nosotros necesitamos para poder ir y venir a diferentes lugares para declarar y muchas veces perdemos nuestro día de
trabajo”.119
Esta situación se agrava en el caso de las mujeres indígenas, quienes generalmente tienen menos ingresos, han tenido
menos acceso a la educación formal y tienden a ser más monolingües, debiendo enfrentar un sistema administrativo y
de justicia en castellano. Como lo explica una víctima: “Es una carga, el hecho de no haber ido a la escuela y no saber leer
y escribir, además no pensamos para hacer justicia (es como no tener las herramientas de acceder a la justicia). No fuimos
preparados para eso, es limitante el hecho de desconocer muchas cosas y sobre todo el no saber leer y escribir y sobre todo
el no dominar el español”.120
Para muchas víctimas del área rural sigue siendo difícil obtener los documentos legales requeridos para los trámites
de exhumaciones y para acceder a la reparación. Así lo expresa Rodrigo Emilio Pérez, “tal vez ha cometido errores los
de la municipalidad porque no nos quiere (ex)tender un documento de nuestros seres queridos que están, nos niegan el
derecho nos niega extender documentos”.121 En este sentido ha sido fundamental el apoyo de organizaciones locales
que dan acompañamiento legal para que los familiares logren reunir los documentos que necesitan para realizar una
exhumación.122 Desafortunadamente, el trabajo de estas organizaciones no se ha apoyado suficientemente.123
113 Duque, Vilma. De víctimas del conflicto a promotores de cambio: trabajo psicosocial y reconciliación en Guatemala. En: Revista Futuros No.19. Vol. V.
Guatemala, 2007.
114 Entrevista realizada a victima del departamento de Quiché, 2008.
115 Diez Andrea. “ESO NO SE ESCUCHA”. Inclusión de los Hechos de Violencia Sexual en las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos en Guatemala. ICCPG.
Guatemala, 2006. Pág. 16
116 Ibíd. Pág. 72.
117 Ibíd.
118 Entrevista realizada a víctima del departamento de Baja Verapaz, 2008.
119 Ibíd.
120 Entrevista realizada a víctima del departamento de Quiché, 2008.
121 Entrevista realizada a víctima del departamento de Quiché, 2008. Guatemala. En el mismo sentido, entrevista realizada a Diego Rivera, Asociación
Movimiento de Víctimas Integral del Norte de Quiché, ASOMOVIDINQ, 2008.
122 Entre estas organizaciones se encuentran, CONAVIGUA, FAMDEGUA, ADIVIMA, CONCODIG, ASOQANIL, GAM, ASOMOVIDIG, Movimiento de
Desarraigados, AVHIDESMI y KUMOOL
123 MINUGUA. Procedimiento de Exhumaciones en Guatemala, 1997-2000. Op cit. Pág. 14. Navarro García, Susana y Pérez Sales, Pau. ¿Por qué las exhumaciones
no conducen a procesos judiciales en Guatemala? Datos y Reflexiones desde una perspectiva Psicosocial. Op cit Pág. 97
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
39
Las diferencias idiomáticas y culturales entre las regiones del país inciden en que la población rural conozca lo
sucedido en sus comunidades, mientras que los pobladores urbanos desconocen esas realidades o bien rechazan el
conocimiento, lo cual redunda en escaso apoyo a las demandas de las víctimas y a su marginación. Vale anotar que la
marginalidad muchas veces ya existe por las condiciones de pobreza y étnico-culturales de las víctimas rurales. Por su
parte, las víctimas y sobrevivientes urbanos, especialmente en la capital, enfrentan otro tipo de problemas, como lo
es el aislamiento, pero tienen en común con las víctimas rurales la estigmatización y el temor. En la capital pareciera
ser más fuerte la idea de que el país puede y debe avanzar sin ver al pasado, posiblemente porque en la Ciudad de
Guatemala se concentran las visiones de las élites de poder y los discursos mediáticos que defienden los intereses de
los perpetradores de los crímenes y violaciones a los derechos humanos.124
Organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel clave en el acceso a la verdad. Su trabajo previo y colaboración
con la CEH fueron cruciales, pues diversas organizaciones habían acumulado datos sobre víctimas y perpetradores y
sirvieron de enlace entre la Comisión y las víctimas en todo el país. El proyecto interdioscesano Recuperación de la
Memoria Histórica, REMHI, se llevó a cabo en los años previos al trabajo de la CEH e involucró a miles de miembros
de pastoral social en la recolección de testimonios, estableciendo un parámetro indispensable para el trabajo de la
Comisión. También ha sido significativo el acompañamiento de organizaciones sociales a las víctimas para conocer
el paradero, circunstancias de muerte de sus familiares y poder recuperar los restos. Como hemos indicado antes,
organizaciones de la sociedad civil se han hecho cargo de lo fundamental del trabajo de exhumaciones de víctimas
realizado en el país. Igualmente, organizaciones de la sociedad civil se han constituido en querellantes adhesivos para
llevar adelante casos en el sistema penal, y en el curso de ese trabajo han llevado hasta la Corte de Constitucionalidad
los requerimientos de información, tal y como se explica en la sección de normativa de este capítulo.
5.
VOLUNTAD POLÍTICA PARA PROMOVER LA VERDAD
De conformidad con los Acuerdos de Paz y las recomendaciones de la CEH, para facilitar el derecho a la verdad, el
Congreso de la República, debía aprobar dos leyes específicas: la Ley de Acceso a la Información y una Ley para Constituir
la Fundación por la Paz y la Concordia, entidad responsable de impulsar y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones
de la CEH. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se cuenta con garantías legales de acceso a la información relevante
contenida en los archivos militares, puesto que la Ley de Acceso a la Información Pública aprobada en septiembre de
2008,125 no contiene indicaciones concretas al respecto. Tampoco se cuenta con la Fundación sugerida por la CEH, ni
existen esfuerzos concertados para crearla.
Entre 1996 –año de la firma de la paz– y 2007 fueron presentadas 11 iniciativas de ley en materia de acceso a la
información pública. Todas buscaban regular los mecanismos para que la ciudadanía tuviera acceso a la información,
pero no avanzaron en el proceso de aprobación. Adicionalmente, en su mayoría, presentaban problemas en cuanto a
la clasificación y el acceso a la información, así como a la discrecionalidad permitida a los funcionarios responsables.
La más evidente restrictiva fue la iniciativa 3263, Ley de Clasificación y Desclasificación de Información sobre asuntos
militares, diplomáticos y de seguridad nacional, entre cuyos ponentes se encontraban diputados que actualmente
pertenecen al partido oficial, UNE. Esta iniciativa ni siquiera contaba con procedimientos mínimos para la clasificación
y desclasificación de documentos, dejando a discreción del titular de la institución estatal la potestad para desclasificar
los documentos y luego de cinco años proceder a su destrucción, sin ninguna responsabilidad. Otras iniciativas, como la
Ley de Libre Acceso a la Información Pública y Privada, no contenían procedimientos para clasificar, desclasificar ni acceder
a la información, lo cual dejaba un amplísimo margen de discrecionalidad a los funcionarios.
124 Martínez Aniorte. Op. Cit.
125 Esta ley puede ser consultada en línea en http://www.congreso.gob.gt/archivos/decretos/2008/gtdcx57-0008.pdf
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/
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reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Tabla 4
Iniciativas de Ley de Acceso a la Información presentadas
Periodo
Nombre
1996-1999
Ley que Faculta el Derecho a la Libertad de
Acceso a las Fuentes de Información en la
Administración Pública
2
1996-1999
3
2000-2003
4
5
No.
Ponente
Partido
1956
Arístides Crespo
FRG
Ley de Registro Nacional de Archivos
2136
Zury Ríos
FRG
Ley del Sistema Nacional de Archivos;
2276
Zury Ríos
FRG
2000-2003
Ley de Libre Acceso a la Información Pública,
2641
Hugo Rolando Samayoa
2000-2003
Ley de Habeas Data
2339
Nineth Montenegro
URNG
6
2000-2003
Ley Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información
2624
Leonel López Rodas
PAN
1
7
2004-2007
Ley de Libre Acceso a la Información
2594
Organismo Ejecutivo
8
2004-2007
Ley de Participación Ciudadana
3550
Reynabel Estrada
9
2004-2007
Ley de Acceso a la Información Pública,
Clasificación y Desclasificación de la
información Estatal Reservada
3526
Eduardo Zachrisson y Nineth
Montenegro
2004-2007
Ley de Clasificación y Desclasificación
de Información de Asuntos Militares,
Diplomáticos de Seguridad Nacional y
Confidenciales
3263
Mario Taracena, Manuel
Baldizón, Salvador González,
Elmer González y Héctor Loaiza
PAN
3266
Mario Taracena, Manuel
Baldizón, Rubén Darío Morales,
Carlos Yat Sierra, Salvador
González, Héctor Loaiza, Elmer
González y Roberto Alfaro
PAN
10
11
2004-2007
Ley del Libre Acceso a la Información
GANA
GANA y
ANN
Fuente: Elaboración propia IW con datos proporcionados por el Congreso de la República.
Si bien en estos años no hubo voluntad política en el Congreso para aprobar la legislación necesaria para garantizar el
acceso a la información, el gobierno de Oscar Berger (2004-2008) intentó suplir la carencia a través de reglamentación
administrativa, para lo cual emitió el Acuerdo Gubernativo 645-2005 para todas las dependencias del Ejecutivo. Sin
embargo, ese mismo año el MINDEF emitió el Acuerdo Ministerial 06-2005 que, como se explica al inicio de este
capítulo, establece una clasificación de la información militar que es arbitraria e inconstitucional, la cual no ha sido
revisada por el Ejecutivo, ni se ha actuado en manera alguna para levantar las restricciones.
Fue hasta en septiembre de 2008, que finalmente se aprobó el Decreto 57-2008, en el contexto de grandes presiones
mediáticas y de la opinión pública por transparentar el uso de fondos públicos permitiendo el acceso a la información.
Los temas del pasado, de las violaciones de los derechos humanos y del acceso a la información de los archivos militares,
entre otros, estuvieron ausentes del debate. Esta ley entrará en vigor hasta marzo de 2009, para dar tiempo a que las
dependencias estatales –incluidos los tres organismos de Estado y todas las dependencias autónomas– instituyan
equipos de trabajo responsables de garantizar el acceso público a la información. Sin embargo, el punto en disputa
continúa siendo la información clasificada como de “seguridad nacional”, cuestión que ni el Acuerdo Gubernativo
645-2005 del Ejecutivo, ni la nueva Ley de Acceso a la Información Pública, definen con precisión. Esta omisión permite
que el Ministerio de la Defensa continúe decidiendo unilateralmente cuál información a su cargo no puede ser dada
a conocer.
En el tema de archivística existen dos propuestas de ley: la 2136, del año 1999; y la 2276 del año 2000, ambas presentadas
por la diputada Zury Ríos, del FRG. Estas iniciativas proponen la creación del Sistema Nacional de Archivos, el cual
comprende al conjunto de archivos administrativos, gubernativos y municipales del país. Para este fin proponen una
estructura organizativa, normativa y recursos específicos. La entidad responsable de la conservación de los archivos
vivos e históricos sería el Consejo Nacional de Archivos, adscrito al Ministerio de Cultura y Deportes. Para los efectos
del presente informe, estas iniciativas excluyen la posibilidad de que el referido Consejo pueda diseñar políticas
archivísticas respecto a temas relacionados con asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, lo cual
significa un impedimento muy serio para el rescate y conservación de dicha documentación. Estas iniciativas fueron
archivadas sin discusión parlamentaria.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
41
En cuanto al establecimiento de la Fundación por la Paz y la Concordia, durante el período de 1996-1999, diputados
del FDNG presentaron dos iniciativas de ley, una de las cuales no fue dictaminada126 y la segunda,127 presentada
conjuntamente con el PAN, solamente obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Paz y Desminado, pese a que
ambas fuerzas políticas contaban con el 61% de los votos en el Congreso de la República. Esto denota que el PAN, que
contaba con fuerza política suficiente, el respaldo del Ejecutivo y de la comunidad internacional, no tuvo voluntad
política para respaldar esta recomendación de la CEH, en concordancia con la decisión de su líder y Presidente de la
República, Alvaro Arzú, de no aceptar oficialmente el informe de la CEH.
Durante la Legislatura 2000-2004, cuando el partido de gobierno –FRG– contaba con 63 de los 113 diputados del
Congreso de la República y la iniciativa para dar vida a la Fundación se encontraba en segundo debate, solicitó el
retorno de este proyecto de ley a la Comisión de Paz y Desminado para su estudio y dictamen con el argumento de que
era una nueva legislatura y necesitaba conocer más a fondo la propuesta, la cual nunca recibió ni siquiera un dictamen
por la Comisión ni volvió a ser presentada al Pleno.
Durante el mismo periodo, el Presidente Alfonso Portillo, del FRG, creó la Comisión por la Paz y la Concordia a través
del Acuerdo Gubernativo 263-2001 pero ésta nunca llegó a integrarse porque la Instancia Multisectorial por la Paz y
la Concordia, integrada por organizaciones sociales de derechos humanos y de víctimas, consideró que su contenido
vulneraba el espíritu de las recomendaciones de la CEH, al no reflejar los consensos alcanzados por la sociedad civil.
El Procurador de los Derechos Humanos fue de la misma opinión y declinó formar parte de la Comisión creada por el
Ejecutivo.128
En cuanto al tema de los desaparecidos, durante la legislatura 2004-2008, los diputados Myrna Ponce (FRG) y Víctor
Sales (URNG), presentaron la iniciativa 3590,129 para crear una Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual
recibió dictamen favorable de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, debido en buena parte al fuerte cabildeo de
organizaciones sociales. La iniciativa se encuentra aún a la espera de dictamen por parte de la comisión de legislación
y puntos constitucionales del Congreso.
En síntesis, a pesar del fuerte respaldo internacional y de organizaciones sociales guatemaltecas, durante el período
1996-2007 únicamente fue aprobada una ley relacionada con el derecho a la verdad (respalda la formación de la CEH),
el Decreto 145-96, Ley de Reconciliación Nacional, misma que resultó de las negociaciones entre las partes previo a la
firma de la paz. No se ha aprobado la Ley de la Comisión para la Paz y la Concordia, a pesar de que en los períodos
1996-2000 y 2000-2004, se presentaron diversos proyectos relacionados con esta materia, sin que los partidos de
gobierno (PAN y FRG), que contaban con los votos necesarios para aprobarla, tuvieran la voluntad política de hacerlo.
Si bien el gobierno de la GANA no contaba con mayoría en el Congreso, tampoco manifestó mayores esfuerzos para
lograr los votos necesarios para aprobar estas leyes. Finalmente, a 12 años de la firma de la paz, en septiembre 2008,
se logró aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública, pero la misma no contiene consideraciones específicas sobre
información relevante al esclarecimiento de la verdad.
Por otra parte, se han aprobado leyes, que si bien no se refieren en forma directa al derecho a la verdad de hechos del
pasado, se orientan al fortalecimiento de la justicia para facilitar el acceso a la verdad. Tal es el caso del Decreto 32-2006;
Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF,130 y del Decreto 35-2007 que crea la Comisión Internacional Contra la
Impunidad, CICIG,131 cuya misión es el apoyo a la persecución penal de cuerpos ilegales y del crimen organizado. Como
hemos mencionado antes, el INACIF deberá contribuir a profesionalizar la investigación penal. La CICIG, por su parte,
deberá incidir en la capacidad de investigación y persecución penal de los organismos de justicia, pero es factible que
en el curso de su trabajo, esta Comisión pueda promover la investigación de grupos clandestinos organizados para
intimidar o agredir a víctimas, testigos o funcionarios que estén colaborando con la justicia para el esclarecimiento de
la verdad de hechos cometidos durante el enfrentamiento armado interno.
126 Iniciativa 2178. Creación de la Fundación por la Paz y la Concordia, presentada por diputados del FDNG Rosalina Tuyuc y Amílcar Méndez.
127 Iniciativa 2212. Creación de la Comisión para la Paz y la Concordia, presentada por los diputados Leonel López Rodas (PAN), Nineth Montenegro y
Rosalina Tuyuc (FDNG).
128 MINUGUA. Estado de Cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Op. Cit. Pág. 51.
129 La iniciativa se conoció en el Pleno el 18 de enero de 2007.
130 Debido a los altos niveles de impunidad existentes, en especial de hechos relacionados a muertes violentas, debido en parte a la situación deplorable
de los servicios forenses, se unificaron dichos servicios en una institución independiente.
131 La CICIG tiene como antecedente la propuesta de creación de la CICIACS (Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos), una
iniciativa de organizaciones sociales, retomada por el gobierno de Alfonso Portillo a través de un convenio con NNUU, con el fin de suplir las deficiencias del Ministerio Público y la Policía para enfrentar a estos grupos ilegales. La polémica sobre su instalación se debió a que se le otorgaban facultades
para realizar investigaciones y ejercer la acción penal. Estas facultades fueron declaradas inconstitucionales por la CC. La CICIG, únicamente puede ser
querellante adhesivo del Ministerio Público, no puede realizar la persecución penal de forma autónoma.
42
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
En cuanto a otros aspectos de la voluntad política del Estado de Guatemala para garantizar el derecho a la verdad, la
asignación de recursos materiales y humanos en la materia ha sido mínima e insuficiente. El Estado de Guatemala
aportó solamente el 8% del presupuesto de la CEH, no aporta ni un centavo al presupuesto del PRAHPN y los recursos
destinados a los registros de víctimas de la PDH y del PNR son insuficientes, evidenciando la poca prioridad otorgada
a estos procesos.132
Finalmente, diversos entes estatales pertinentes –particularmente el Ejército de Guatemala– no colaboraron con la CEH
en proporcionar información solicitada, negativas que transcurrieron sin que autoridad alguna actuara al respecto. El
Congreso no ha aprobado la iniciativa de ley 3590 para establecer la Comisión de Búsqueda de las Personas Desaparecidas
ni incluyó en la Ley de Acceso a la Información, aprobada recientemente, ningún elemento para garantizar el acceso a la
información requerida para hacer avanzar los procesos de justicia contra los responsables de las graves violaciones a
los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el enfrentamiento armado interno.
Obstáculos a la verdad
A pesar de los avances en el derecho a la verdad, en el presente estudio se identificaron una serie de obstáculos
que limitan el derecho de las víctimas y de la población en general en relación con el acceso a la verdad. Dentro de
estos obstáculos destacan 1) la falta de reconocimiento político y la limitada difusión del informe de la CEH; 2) el
poco respaldo del Estado para buscar a las personas desaparecidas y las exhumaciones; y 3) la poca colaboración de
las instituciones del Estado para abrir los archivos que contienen información relevante al enfrentamiento armado,
particularmente los archivos del Ejército.
Falta de reconocimiento político y difusión del Informe de la CEH
Ninguno de los gobiernos posteriores a la presentación del Informe de la CEH lo ha suscrito oficialmente, ni ha
impulsado su difusión, contradiciendo de esta manera los principios que inspiraron la creación de dicha Comisión, tal
como se recogía en los Acuerdos de Paz. El informe de la CEH es un instrumento histórico fundamental para preservar la
memoria del pasado trágico del país. Es importante que las víctimas, las nuevas generaciones y la población en general
conozcan la verdad de los hechos ocurridos durante el enfrentamiento armado como una medida de dignificación de
las víctimas y asegurar que estos hechos terribles no vuelvan a repetirse.
El reconocimiento del Informe de la CEH, implicaría no sólo que el Estado acepta su responsabilidad en los crímenes
ocurridos, sino también las causas históricas que originaron el enfrentamiento; entre ellas el racismo contra la
población maya y la estructura de desigualdad socioeconómica que persiste en el país. El reconocimiento de esto,
sería un primer paso para comprometerse a transformar las condiciones que propician el racismo y la desigualdad.
Falta de medidas para la búsqueda de desaparecidos
Una de las áreas donde el Estado prácticamente no ha realizado ningún esfuerzo es la búsqueda de las personas
desaparecidas. Ninguno de los gobiernos posteriores a la firma de la paz ha promovido la creación de un registro
unificado de datos sobre personas desaparecidas y el Congreso no ha aprobado una ley para crear la Comisión de
Búsqueda de Personas Desaparecidas. Con la creación de dicha comisión podrían iniciarse pasos concretos para crear
un registro unificado de datos sobre personas desaparecidas, informar a los familiares, y en caso de haber muerto
entregarles los restos. Además contribuiría para iniciar investigaciones y juicios contra los responsables, así como
medidas de reparación para los afectados.
La búsqueda de las personas desaparecidas es una medida humanitaria fundamental para cerrar las heridas de los
familiares de las víctimas y esclarecer el pasado. Siendo el Estado el principal responsable de las miles de desapariciones
forzadas ocurridas durante el enfrentamiento armado es sumamente importante que sus instituciones colaboren para
esclarecer el paradero de las víctimas y promover la reconciliación nacional. La falta de disposición para esclarecer
estos hechos representa una grave violación al derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general a
conocer la verdad de lo acontecido durante el enfrentamiento.
132 Información consignada antes en la sección sobre la CEH y sobre archivos y registros, de este capítulo.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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Falta de apoyo y protección al trabajo de exhumaciones
En relación con las exhumaciones, el Estado ha respaldado muy poco las exhumaciones que realizan las organizaciones
técnico-forenses de la sociedad civil. El gobierno no ha ofrecido el apoyo financiero adecuado y no ha garantizado la
seguridad de los técnicos forenses, las víctimas y los testigos. El Ministerio Público tampoco ha logrado la condena
en ninguno de los casos de amenazas que éstos han recibido. En muchas ocasiones, las víctimas y las organizaciones
enfrentan dificultades para tramitar la autorización de las exhumaciones, además, a pesar de las evidencias que
arrojan las mismas, el MP no inicia investigaciones de oficio como establece la ley.
El hecho de que no existen laboratorios de ADN en el país, también limita las investigaciones forenses, dado que
sólo se puede imputar a los responsables por las víctimas identificadas, de manera que si de una exhumación
correspondiente a una masacre de 100 personas, de Guatemala si sólo se identifica a dos, únicamente se pueden
imputar dos homicidios. La Fundación de Antropología Forense, FAFG, recientemente implementó un laboratorio de
ADN, apoyado por la cooperación internacional, sin embargo, esta es una responsabilidad que le correspondería al
Estado a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF.
Las exhumaciones tienen un alto valor emocional y espiritual para los familiares de las víctimas y los sobrevivientes
de la violencia, quienes al recuperar los restos de sus seres queridos tienen la posibilidad de enterrarlos dignamente y
visitarlos en un cementerio. Las exhumaciones también abren posibilidades para iniciar procesos judiciales contra los
responsables de los crímenes cometidos, y crean un ambiente propicio para que la comunidad y la sociedad en general
conozcan y reflexionen sobre los hechos trágicos ocurridos durante el enfrentamiento armado.
Limitado acceso y manejo de los archivos y falta de colaboración del Ministerio de la Defensa
El limitado acceso a los archivos del Estado, particularmente los archivos del Ministerio de la Defensa, representa uno
de los obstáculos más serios al derecho a la verdad. El Ministerio de la Defensa se niega reiteradamente a facilitar
información relacionada a las actividades del Ejército durante el enfrentamiento, aún cuando se trata de información
solicitada por orden judicial o por instrucciones del Presidente de la República.
Igualmente llama la atención que el sistema de persecución penal no inicie medidas penales contra el Ministerio de la
Defensa por esta negativa y que el Presidente de la República tampoco adopte acciones administrativas para asegurar
que el Ministerio de la Defensa cumpla con sus instrucciones.
En relación con los archivos de la Policía Nacional es positivo que estos estén siendo ordenados y analizados por un
proyecto específico, sin embargo aún no está claro cómo se va a garantizar su preservación y acceso público, además
el financiamiento actual depende exclusivamente de la cooperación internacional. Estos factores ponen en riesgo la
preservación de los mismos y su sostenibilidad.
Los archivos de las instituciones del Estado contienen importante información para esclarecer las violaciones a los
derechos humanos ocurridas durante el enfrentamiento armado y para facilitar las investigaciones judiciales. Por otro
lado, con esta información el Estado podría contar con pruebas fehacientes para adoptar medidas administrativas y
depurar y destituir a funcionarios implicados en violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.
A modo de conclusión
Para poder garantizar el derecho a la verdad en su integralidad, es importante que el Estado dé pasos más decididos
para asegurar que las víctimas, sus familiares y la sociedad en general conozcan los hechos ocurridos durante el
enfrentamiento armado; que los familiares de las personas desaparecidas sepan el paradero de sus seres queridos, y
que se preserven y pongan a disposición del público los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos
humanos.
Impunity Watch considera que un paso fundamental en este camino es que el gobierno reconozca ante la sociedad
guatemalteca su responsabilidad en los horrores ocurridos durante el enfrentamiento armado y muestre su voluntad
decidida hacia la transformación de las causas estructurales que originaron el conflicto, suscribiendo el Informe de
la CEH. La próxima conmemoración de los 10 años de entrega del Informe de la CEH el 25 de febrero 2009, ofrece
una oportunidad inmejorable para que el Presidente de la República en nombre del Estado de Guatemala afirme su
compromiso con las víctimas y con la superación de los obstáculos aquí mencionados, fortaleciendo los procesos ya
establecidos en materia del derecho a la verdad y emprendiendo activamente los procesos aún no iniciados.
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reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
II
EL DERECHO A LA JUSTICIA
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señala que los Estados deben de “poner fin a la
impunidad y de enjuiciar o extraditar, de conformidad con las obligaciones que han adquirido en virtud del derecho
internacional, a los responsables de todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario que constituyan delitos, incluidos el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de
guerra, para ponerlos a disposición de la justicia, promover la transparencia, el respeto del derecho internacional
y la justicia para las víctimas, desalentar la comisión de esos delitos y cumplir la obligación de los Estados de
proteger a todas las personas contra esa clase de delitos, conforme lo establecen los instrumentos internacionales
de derechos humanos de las Naciones Unidas”.133
En el Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la
Impunidad (en adelante el Conjunto de Principios) aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en el 2005, se señala que “los Estados emprenderán investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e
imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y adoptarán las medidas
apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y
condenados debidamente”.134 El Conjunto de Principios también destaca la responsabilidad de los Estados de garantizar
la amplia participación jurídica en el proceso judicial a las víctimas y a toda persona u organización no gubernamental
que tenga un interés legítimo en el proceso.
En este capítulo se examinan los avances, obstáculos y desafíos que enfrenta el Estado guatemalteco, particularmente
el sistema penal, para investigar, perseguir y juzgar a los responsables de los delitos graves conforme al derecho
internacional ocurridos durante el enfrentamiento armado. Para este análisis se toman como base los estándares
internacionales de lucha contra la impunidad, principalmente los contenidos en el Conjunto de Principios, así como las
obligaciones legales de Guatemala relativas al derecho de las víctimas a la justicia. También se examinan los esfuerzos
y vicisitudes de las víctimas guatemaltecas, así como de sus familiares y de las organizaciones que las acompañan,
para participar en el proceso penal y obtener justicia. El propósito de este capítulo es identificar los obstáculos a la
justicia y los factores que explican la impunidad por las atrocidades cometidas contra la población civil, en su mayoría
indígena, en el pasado reciente de Guatemala.
El capítulo está organizado en cinco secciones:
1.
Marco normativo relativo al derecho a la justicia para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
ocurridas durante el enfrentamiento armado.
2. Respuesta del sistema penal y de otras instancias del Estado que intervienen en el proceso penal a las graves
violaciones a los derechos humanos.
3. Independencia y disposición del sistema penal para investigar y juzgar los delitos del enfrentamiento armado.
133 Resolución 2005/81 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 21 de abril 2005.
134 Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la Impunidad. Principio 19.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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4. Voluntad política del los Organismos Ejecutivo y Legislativo para apoyar el derecho a la justicia para las víctimas
de las atrocidades cometidas durante el enfrentamiento armado.
5. Factores sociales que facilitan o impiden el acceso de las víctimas a la justicia.
Al final del capítulo se presentan los principales obstáculos en relación con el derecho a la justicia.
En la sección dos, sobre respuesta del sistema penal a los delitos graves, se analiza la labor del Ministerio Público,
MP, y el Organismo Judicial, OJ, por su competencia para investigar y juzgar los delitos graves ocurridos durante el
enfrentamiento armado. Con menor detalle se examina el rol de la Policía Nacional Civil, PNC, en las investigaciones
ya que según el proceso penal guatemalteco, la policía debe apoyar las pesquisas del MP, sin embargo, en la práctica
se comprobó que rara vez participa en las investigaciones en este tipo de casos. En esta sección también se revisa el
rol de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, IPDH, la Corte de Constitucionalidad, CC, y la Comisión
Presidencial Coordinadora de la Política Ejecutiva en Materia de Derechos Humanos, COPREDEH, por su competencia
para intervenir en algunas fases del proceso penal guatemalteco.
En la sección tres, sobre voluntad política, se presentan algunas de las iniciativas del Organismo Ejecutivo para facilitar
la labor del sistema penal y garantizar el derecho de las víctimas a la justicia. También se examina el rol del Congreso
en relación con la aprobación de la legislación necesaria para facilitar la investigación y persecución penal de los
delitos graves del pasado, particularmente la labor de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. En esta sección
también se analiza el presupuesto asignado y ejecutado por las instituciones que integran el sistema de persecución
penal para comprobar la voluntad política del Estado guatemalteco para apoyar o limitar el esclarecimiento y
juzgamiento de los delitos graves del pasado.
En la parte final del capítulo se examinan los principales obstáculos en el derecho a la justicia y se presenta una
breve reflexión sobre dichos obstáculos a modo de conclusión. Para obtener la información se consultó el derecho
internacional en materia de derechos humanos, derecho humanitario, derecho penal aplicable a las graves violaciones
a los derechos humanos y el marco normativo guatemalteco que regula el sistema penal. Se revisaron los Acuerdos
de Paz, los informes de las Naciones Unidas sobre el tema, particularmente los informes de la Misión de Verificación
de las Naciones Unidas en Guatemala, MINUGUA, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, y de los relatores especiales en
materia de derechos humanos y de independencia de jueces y magistrados, que han visitado Guatemala. Los informes
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH, y otros informes de derechos humanos realizados por organizaciones e investigadores de la sociedad
civil nacional e internacional, fueron consultados, así como investigaciones y trabajos previos sobre el sistema penal
guatemalteco e información pública sobre las instituciones bajo estudio.
En cuanto a la información de las instituciones del Estado, se solicitó información específica sobre presupuestos,
recursos humanos y materiales, manuales de procedimientos y procesos penales al MP, OJ, CC, IPDH, COPREDEH y la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Se enviaron cartas requiriendo la información, se realizaron llamadas
y visitas personales. Sin embargo no en todas las instituciones fue posible obtener la información solicitada porque
las autoridades responsables nunca respondieron formalmente a las solicitudes de Impunity Watch. Este formalismo
representó un obstáculo para obtener los datos, por lo que fue necesario acudir directamente a las oficinas y
unidades específicas que trabajan los temas bajo estudio. En muchos casos la información se logró obtener a través
de entrevistas a funcionarios de las instituciones bajo estudio, aunque no todos los funcionarios concedieron las
entrevistas solicitadas. Mucha de la información se completó consultando informes o estudios previos sobre el tema.
Adicionalmente, como se indicó en la introducción general de este Informe, IW solicitó al Área de Estudios Sociopolíticos
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, realizar entrevistas a funcionarios públicos de las
instituciones bajo estudio, a representantes de organizaciones de derechos humanos y a víctimas de delitos graves del
enfrentamiento armado para recoger su percepción sobre el derecho a la justicia. Todas las entrevistas fueron grabadas
previa autorización de los informantes y parte de los resultados de estas entrevistas se presentan en este capítulo (ver
anexo no. 2, lista de informantes entrevistados).
46
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
1.
MARCO NORMATIVO DEL DERECHO A LA JUSTICIA
En esta sección se analiza el marco normativo guatemalteco que permite investigar y juzgar a los presuntos responsables
de los delitos graves ocurridos en el enfrentamiento armado guatemalteco, así como las obligaciones del Estado hacia
las víctimas de dichos delitos. Para ello se examinan: a) los principales instrumentos y normas internacionales en
materia de derechos humanos y derecho humanitario aplicables a los mencionados delitos, así como la competencia
de instancias internacionales aceptadas por el Estado guatemalteco; b) las tipificaciones relevantes en el Código
Penal de Guatemala; c) las garantías que ofrece la legislación interna para facilitar la participación y protección de las
víctimas y los testigos en el proceso penal; y d) las leyes y procedimientos que limitan o que obstruyen la investigación
y persecución de los delitos graves cometidos durante el enfrentamiento. Finalmente se analizan las posibilidades que
ofrece el marco normativo guatemalteco para juzgar los delitos graves y violaciones del enfrentamiento.
1.1 Normativa internacional vigente en Guatemala en materia de derechos humanos
Guatemala ha dado importantes pasos en la ratificación de instrumentos internacionales relativos a la protección de
los derechos humanos en tiempo de guerra y de paz. Hasta junio 2008, el Estado guatemalteco había ratificado más
de 30 instrumentos internacionales multilaterales y bilaterales relevantes. Esto incluye los principales instrumentos
multilaterales de derechos humanos y derecho humanitario de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados
Americanos, entre ellos, los dos Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
la Convención de la ONU para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención de la ONU Contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los cuatro Convenios de Ginebra y sus Protocolos,
la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
y la Convención Interamericana Contra la Desaparición Forzada de Personas (ver anexo no. 3 y anexo no. 3.1, lista de
instrumentos internacionales ratificados por Guatemala).
En cuanto a órganos internacionales relevantes jurisdiccionales y no jurisdiccionales, el Estado de Guatemala aceptó
la competencia del Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas en 1945 y de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en 1987. El Tribunal Internacional de Justicia solamente faculta a Estados para presentar
denuncias contra otros Estados. El Estado de Guatemala no ha sido denunciado ante este tribunal por incumplimiento
de sus obligaciones bajo el derecho internacional. En el Sistema Interamericano, personas individuales o jurídicas
pueden presentar denuncias por violaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana. Mediante este
procedimiento la Comisión ha remitido a la Corte Interamericana siete casos que corresponden al enfrentamiento
armado que han resultado en condenas contra el Estado de Guatemala.135
Existe la posibilidad de presentar casos penales ante la jurisdicción nacional de aquellos Estados que tienen
competencia extraterritorial. Esto puede ser porque las víctimas de delitos del enfrentamiento guatemalteco son
sus nacionales, porque sus intereses nacionales son afectados por tales delitos o porque en virtud del principio de
jurisdicción universal han ampliado la competencia de su sistema de justicia para conocer de delitos internacionales
como genocidio o crímenes de lesa humanidad. En el primer supuesto, se presentó un caso en Bélgica por la
desaparición forzada de dos sacerdotes originarios de este país, el cual se encuentra en investigación. En el segundo y
tercer supuesto, es relevante la querella presentada por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, en 1999 ante las
autoridades españolas sobre los delitos contra españoles y guatemaltecos que ocurrieron en la Embajada de España
en 1980, y los delitos de genocidio, torturas, asesinatos y detención ilegal cometidos contra guatemaltecos entre los
años 1978 y 1986, que también se encuentra en la etapa de investigación.
Para la comisión de delitos y violaciones a los derechos humanos, en el 2000 Guatemala ratificó el Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aceptando la competencia del Comité de Derechos Humanos de
la ONU para recibir y examinar denuncias individuales de violaciones del Pacto y pronunciarse al respecto. Asimismo, en
el 2003 reconoció la competencia del Comité Contra la Tortura y del Comité Contra la Discriminación Racial para recibir
denuncias individuales y pronunciarse al respecto. En el 2007 aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención Contra
la Tortura que creó un Subcomité para la Prevención de la Tortura e instancias por país, denominadas “mecanismos
135 Los casos del enfrentamiento armado en que la Corte Interamericana ha emitido sentencia son el Caso Blake, Panel Blanca, Bámaca Velásquez, Myrna Mack,
Maritza Urrutia, Plan de Sánchez y Molina Theissen. Para mayor detalle sobre la sentencias consultar la pagina web de la CIDH www.corteidh.or/cr
/
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
47
nacionales”, ambos con mandato para efectuar visitas oficiales a los países miembros, visitar centros de privación de
libertad, hacer recomendaciones y asesorar a los Estados partes.
1.2 Estatus del derecho internacional en el ámbito jurídico interno
La Constitución establece que “en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por
Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno” (Artículo 46). Se ha argumentado que existe una contradicción
con el artículo constitucional 204, que dispone que “los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia
observarán obligadamente el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado”, pero la Corte de
Constitucionalidad a través de la jurisprudencia ha sentado criterio al establecer que los instrumentos internacionales
de derechos humanos ratificados por Guatemala ingresan al ordenamiento jurídico nacional con carácter de norma
constitucional. La posición en torno al estatus de las normas del derecho internacional consuetudinario (sea en
materia de derechos humanos o cualquier otra temática del derecho internacional público) no está explícitamente
regulada por el artículo 46 de la Constitución, sin embargo se puede argumentar que tales normas aplicarían de la
misma manera.
Guatemala todavía no ha aprobado la Convención de la ONU sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y de Lesa Humanidad, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional Contra la
Desaparición Forzada. La Convención sobre la Imprescriptibilidad está pendiente de aprobación en el Congreso desde
el 2006, y la iniciativa para ratificar el Estatuto de Roma se encuentra en el Congreso desde el 2002. La no ratificación
de la Convención sobre la Imprescriptibilidad podría ser entendida como un obstáculo a la justicia por los delitos
graves del pasado en cuanto que la norma interna tampoco establece la imprescriptibilidad de estos delitos (ver más
adelante la sección sobre tipificaciones nacionales).
En cuanto al Sistema Interamericano, la competencia de la Corte no es retroactiva, por lo que en los casos planteados
por peticionarios guatemaltecos no se puede denunciar al Estado de Guatemala por la comisión de violaciones de
derechos humanos ocurridas antes de 1987, sino solamente por violación posterior al debido proceso legal y denegación
de justicia en torno a delitos cometidos antes de esa fecha. A pesar de esta limitación, las decisiones de la Comisión y
los fallos de la Corte Interamericana en el caso de Guatemala han sentado precedentes importantes, como se señala
más adelante.
1.3 Tipificaciones nacionales
Como parte de los compromisos adquiridos en varios de los instrumentos internacionales que establecen la obligación
de los Estados de tipificar conductas delictivas en su legislación interna, en el Código Penal de Guatemala de 1973 se
tipificaron los delitos de genocidio e instigación al genocidio, delitos contra los deberes de la humanidad y el delito de
violación sexual. En 1995 se agregaron al Código Penal los delitos de ejecución extrajudicial (a través del Decreto 48-95)
y tortura (Decreto 58-95) y en 1996 se tipificó el delito de desaparición forzada (Decreto 33-96). Acusar en base a estas
tipificaciones más recientes por conducta cometida durante el enfrentamiento armado, o en base a las tipificaciones
del Código de 1973 para conductas anteriores, implicaría por lo tanto armar argumentos de la existencia previa de
tipicidad, por ejemplo basado en el derecho internacional.
En relación al delito de genocidio, el Código Penal establece que “comete delito de genocidio, quien, con el propósito
de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuare cualquiera de los siguientes hechos: 1)
muerte de miembros del grupo; 2) lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo; 3)
sometimiento del grupo o miembros del mismo, a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física, total
o parcial; 4) desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, a otro grupo; 5) medidas destinadas a esterilizar a
miembros del grupo o de cualquier otra manera impedir su reproducción. El responsable de genocidio será sancionado con
prisión de treinta a cincuenta años” (artículo 376). El código también establece sanciones de prisión de cinco a quince
años para quien instigue públicamente a cometer actos de genocidio (artículo 377). Estas definiciones no coinciden
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plenamente con lo establecido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio ratificada por
Guatemala en 1949.136
Los delitos contra los deberes de la humanidad se refieren a quien viole o infrinja “deberes humanitarios, leyes o
convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, heridos durante acciones bélicas, o que cometiere cualquier acto
inhumano contra población civil, o contra hospitales o lugares destinados a heridos será sancionado con prisión de veinte
a treinta años” (artículo 378). A través de esta norma, Guatemala incorporó al derecho interno una provisión que en
su redacción parece ser una mezcla del derecho interno, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
En cuanto a la violación sexual, esta fue tipificada como delito común en el Código Penal de 1973.137 Sin embargo, es
posible argumentar que aún cometida en los años antes de la jurisprudencia más reciente de los tribunales ad hoc
sobre la violación sexual, una violación sexual puede ser entendida dentro del marco de Código Penal como un acto
de genocidio (violación a la integridad física y mental) o una violación de los deberes de humanidad” – por ejemplo
del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra (atentado contra la integridad corporal), o como un crimen de lesa
humanidad (acto inhumano).
Los delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada fueron tipificados como parte de los compromisos
adquiridos en los Acuerdos de Paz. Actualmente, partiendo del día de la comisión de delitos consumados, según
la normativa nacional la responsabilidad penal prescribe a los 25 años cuando corresponde la pena de muerte (los
delitos de asesinato, ejecución extrajudicial, violación calificada, plagio o secuestro, desaparición forzada, entre
otros, con características especiales de peligrosidad, o de calidad de la víctima), y a los 20 años en los tipos penales
de interés para este estudio.138 Estos plazos se amplían cuando los responsables son funcionarios y empleados
públicos.139 Acudiendo a la amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, se
podría argumentar que aplicar la prescripción (u otorgar una amnistía) a tales delitos como genocidio, crímenes de
guerra y de lesa humanidad constituiría una violación de las obligaciones de Guatemala en la Convención Americana
de Derechos Humanos. Hasta la fecha el tema no ha sido sujeto de una determinación judicial a nivel nacional.
En cuanto a la desaparición forzada, existe el argumento de que tiene carácter de “delito continuo” mientras no se
ubica el cuerpo de la víctima y que por ende el período de prescripción inicia con la liberación o el aparecimiento de
la víctima.140 Este argumento no ha sido puesto a prueba ante tribunales penales nacionales e internacionales hasta
la fecha.
Estas conductas estaban prohibidas durante el enfrentamiento armado a través de otros tipos penales como el
asesinato, plagio, secuestro, detenciones irregulares y lesiones. Sin embargo, las implicaciones pueden tener un
efecto negativo debido a los requisitos probatorios. En los pocos casos penales juzgados por tribunales guatemaltecos
los delitos internacionales han sido tipificados como delitos comunes como el asesinato. En el caso de Río Negro,
por ejemplo, a pesar de que se exhumaron los restos de más de 170 personas masacradas, entre mujeres y niños, la
condena se dio por el asesinato de las dos mujeres que pudieron ser identificadas. Esta limitante no impide juzgar los
delitos, pero minimiza la expresión de gravedad de los hechos imputados.
136 Existen diferencias en el Código Penal de Guatemala: el Código no incluye entre los grupos protegidos a grupos raciales; su inciso 4º incluye adultos
mientras la Convención sólo menciona niños; el Código no se refiere a la destrucción del grupo como aparece en la Convención y la descripción de medidas para prevenir nacimientos es más detallada.
137 Para mayor detalle sobre este tema ver por ejemplo López, Fernando y Martin, Maria. 2007. Violencia de Género en Conflictos Armados. Estrategias para
la Persecución Penal. ICCPG. Guatemala. Pág. 51.
138 El artículo 107 del Código Penal dispone que la responsabilidad penal prescribe “por el transcurso de un período igual al máximo de duración de la pena
señalada, aumentada en una tercera parte, no pudiendo exceder dicho término de veinte años”. En los delitos aplicables por violaciones graves de derechos humanos cometidas en el conflicto interno, todos los delitos tienen penas iguales o superiores a los 25 años: asesinato 25 a 50 años, ejecución
extrajudicial 25 a 30, violación calificada 30 a 50, desaparición forzada 25 a 40, tortura 25 a 30.
139 Constitución Política, Artículo 155: “La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley
para la prescripción de la pena”. Cabe señalar que comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil que cometieron delitos durante el conflicto
armado, lo hicieron en calidad de funcionarios públicos, actuando en base a órdenes…
140 En relación con este tema, Fanuel García, de la Secretaría de Política Criminal del MP en una entrevista a IW expuso que “En el caso de la desaparición
forzada pues obviamente, a pesar de haber sido tipificada después del conflicto armado, pues mientras la persona no aparezca, obviamente es un delito
permanente, entonces se puede decir que todavía está cometido, es un delito continuado”. La manera en que uno podría comprobar que sigue dándose el
elemento circunstancial del tipo penal –un ataque sistematico o extenso contra la población civil– está por verse.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
49
1.4 Participación de las víctimas y protección de testigos en el proceso penal
El Código Procesal Penal de 1992 amplió las posibilidades de participación de las víctimas en el proceso penal e introdujo
la figura del querellante adhesivo. En los delitos de acción pública, “el agraviado” o su representante pueden solicitar
la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el MP. Este derecho puede ser ejercido por cualquier ciudadano
o asociación de ciudadanos, contra funcionarios o empleados públicos que hayan violado directamente derechos
humanos, en ejercicio de su función o con ocasión de ella, o cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios
públicos que abusen de su cargo. El Código define como agraviado: 1) a la víctima afectada por la comisión del delito;
2) al cónyuge, a los padres y a los hijos de la víctima y a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el
delito; 3) a los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios respecto a los
cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen; y 4) a las asociaciones en los delitos que afecten intereses
colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses.141
Con base en la figura de querellante adhesivo varias organizaciones de víctimas y de derechos humanos participan en
procesos penales por delitos graves del pasado. Esta figura permite colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación
de los hechos, solicitando la práctica de cualquier diligencia de investigación prevista por ley o la recepción de medios
de prueba aportados por el querellante mismo. El fiscal, por su parte, debe considerar las solicitudes hechas por el
querellante. Para resolver eventuales diferencias entre el fiscal y el querellante, interviene el juez de primera instancia
al convocar una audiencia, al término de la cual puede ordenar al MP la práctica de determinadas diligencias. El
querellante puede adherirse a la acusación del MP o bien objetarla si estima que el MP omite algún imputado, hecho
o circunstancia de interés para la decisión penal, requiriendo su ampliación o corrección, así como ofrecer medios de
prueba para el juicio oral y, durante el mismo, interrogar peritos y testigos y emitir sus conclusiones. El querellante
también puede impugnar las resoluciones.142
Sin embargo, la participación en el proceso penal tiene un alto costo para las víctimas, sus familiares y las
organizaciones que las acompañan. Las víctimas y las organizaciones invierten mucho tiempo y dinero en diligencias
que son responsabilidad del MP; además, en muchas ocasiones sufren intimidaciones, amenazas y ataques por
grupos interesados en que no se esclarezcan los hechos. Diferentes informes de derechos humanos dan cuenta de
este problema. Por ejemplo, en el Quinto Informe de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos (2001)
se señala que en septiembre del 2000, en las oficinas de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos
de Guatemala, FAMDEGUA, en la ciudad capital, cuatro hombres ingresaron a las áreas de trabajo, encañonaron a los
presentes, registraron el lugar y se llevaron equipo de cómputo y un vehículo de la organización. El equipo robado
contenía información sobre la actuación judicial en el caso de la masacre de Las Dos Erres, en el cual la organización
desempeñó un rol central en la búsqueda de justicia.143
En relación con la protección de testigos, en 1996 se emitió una Ley de Protección de Sujetos Procesales y Personas
Vinculadas a la Administración de Justicia Penal para crear el servicio de protección dentro del MP.144 El propósito es
ofrecer protección a operadores de justicia y empleados del OJ, MP y PNC; así como a testigos, peritos, consultores,
querellantes adhesivos y otras personas, que estén expuestos a riesgos por su intervención en procesos penales.
También incluye a periodistas en riesgo por su función informativa. La ley contempla la creación de una oficina
operativa de protección dentro del MP. Sin embargo, fue hasta en abril del 2007 que se creó la Oficina de Protección en
el MP para dar cumplimiento a lo establecido en la ley.145 Esto muestra la poca disposición de las autoridades del MP de
las administraciones anteriores para atender un asunto clave en el proceso penal, como lo es la protección de testigos
y operadores de justicia.
De acuerdo con los informes de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del
Movimiento de Derecho Humanos de Guatemala (2004-2008) y los informes de Amnistía Internacional, uno de los
sectores sociales que sufre mayores intimidaciones, amenazas y ataques son las personas que buscan la verdad y la
justicia. Por ejemplo, el 17 de julio del 2004 uno de los testigos de la masacre de Plan de Sánchez encontró frente a su
casa una caja con una amenaza que decía: “pronto serás muerto, por ser testigo de la masacre y por ser responsable de
la condena del Estado de Guatemala esta es tu querido premio, pronto serás asesinado, feliz aniversario del 18 de Julio”.146
También el personal del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH, la organización que ofrece asesoría
141
142
143
144
145
146
50
Código Procesal Penal, Artículo 117.
Código Procesal Penal, Artículos 337, 347, 378 y 382.
CIDH. 2001. Quinto Informe Sobre la Situación de Derechos Humanos en Guatemala. Capitulo VI. Derecho a la Integridad Personal. Pág. 27.
Congreso de la República, Decreto 70-96.
Memoria de Labores del MP. 2007. Guatemala.
Amnistía Internacional. Comunicado del 21 de julio 2004.
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legal en el caso, sufrió intimidaciones. En algunos casos de amenazas y ataques a defensores de derechos humanos,
los afectados han solicitado medidas cautelares a la CIDH, las cuales son tramitadas a través de COPREDEH. Pero a
pesar de los ataques y las amenazas, las víctimas y sus familiares, así como las organizaciones de derechos humanos,
continúan participando en el proceso penal, lo que evidencia su admirable valor y decisión en la búsqueda de justicia.
1.5 Leyes y procedimientos con la potencialidad de obstruir la persecución penal
1.5.1 Ley de Reconciliación Nacional
El 27 de diciembre de 1996 el Congreso emitió la Ley de Reconciliación Nacional atendiendo a uno de los compromisos
establecidos en los Acuerdos de Paz.147 Esta ley exime de responsabilidad penal a los autores de delitos políticos
y comunes conexos, pero “prohíbe otorgar extinción de la responsabilidad penal a los delitos de genocidio, tortura y
desaparición forzada y aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal
de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”, estableciendo así límites
en su aplicación. Asimismo, los supuestos en los cuales se puede aplicar la ley son numerus clausus, es decir, la norma
cita expresamente para qué delitos opera la amnistía. Es importante enfatizar que prima facie se excluye dos grupos
de delitos (i) genocidio, tortura y desaparición forzada (ii) delitos imprescriptibles o que no admiten extinción según
el derecho interno o los tratados internacionales ratificados.
Que estos grupos no reflejen necesariamente la misma manera en que el derecho internacional penal categoriza delitos
y que ambos tienen traslapes, no interfiere necesariamente con la aplicación de la provisión ni su espíritu. Un problema
potencial radica en que desafortunadamente limite la base legal de la no-prescripción a los tratados y el derecho
interno, así excluyendo una importante fuente de normas vinculantes, el derecho internacional consuetudinario (que
de hecho contiene el corpus juris sobre los crímenes de lesa humanidad y las provisiones del derecho internacional
humanitario aplicables en conflictos no internacionales que son consideradas costumbre y que van más allá de las
provisiones del Artículo 3 común a los convenios de Ginebra). Para estos y otros delitos fuera del grupo (i) abogados
guatemaltecos tendrán que encontrar una base en el derecho guatemalteco para la no prescripción.
En el marco de esta investigación, Impunity Watch revisó 58 casos en los que personas han solicitado la aplicación del
beneficio de la Ley de Reconciliación Nacional, observándose que la amnistía ha sido otorgada solamente a delitos
comunes por uso de nombre supuesto o portación ilegal de armas y municiones a favor de ex guerrilleros. En cambio,
cuando ha sido solicitada por militares por delitos como asesinato, homicidio, secuestro, violación calificada, e incluso
tráfico ilícito de estupefacientes, las Salas de Apelaciones siempre han negado el beneficio.
Sin embargo, si bien hasta la fecha se resuelve conforme a derecho, el trámite de invocar el beneficio de esta ley es
un factor que agrega lentitud injustificada a los procesos. Por ejemplo en el caso de desaparición forzada de siete
personas de la aldea El Jute, Chiquimula (1981), el proceso se ha interrumpido por casi dos años mientras el tribunal
delibera sobre la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional (ver anexo no. 4, solicitudes de aplicación de la Ley de
Reconciliación Nacional).
En relación a la aplicación de dicha Ley, Leopoldo Zeissig, Jefe de la Unidad de Averiguaciones Especiales del IPDH
señaló en una entrevista a IW que los tribunales deberían aceptar prima facie la calificación inicial del fiscal en torno
a si se trata o no de delitos excluidos de la Ley de Reconciliación Nacional: “el criterio de la Corte de Constitucionalidad
de que se le debe dar trámite a todos los casos en que se invoque (la Ley de Reconciliación Nacional) es ilegal porque los
artículos siete y ocho señalan que no puede aplicarse a casos donde existen delitos de crimen de lesa humanidad y los
artículos dos y cuatro son muy claros al señalar en qué figuras penales expresamente es aplicable”.148
147 Congreso de la República, Decreto 145-1996.
148 Entrevista realizada por IW el 3 de julio 2008 en Guatemala.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
51
1.5.2 Ley en Materia de Antejuicios
El antejuicio como garantía para proteger la función pública cuando existen acusaciones infundadas en contra de
un dignatario y funcionario público ha sido tergiversado en la legislación ordinaria y la jurisprudencia sentada por
la Corte de Constitucionalidad. Se ha tendido a considerar que el antejuicio tutela al funcionario público como una
garantía que obstaculiza la persecución penal –investigación–, e incluso como un mecanismo orientado a tutelar a los
funcionarios contra la simple sindicación de un hecho delictivo, lo cual es contrario a lo que establece la Constitución
guatemalteca.
La actual Ley en Materia de Antejuicio149 fue aprobada cuando Ríos Montt se desempeñaba como Presidente del
Congreso (2000-2003) y fue fuertemente apoyada por su partido político Frente Republicano de Guatemalteco, FRG,
que contaba con la mayoría de diputados en el Congreso durante esa legislatura. La ley establece que “un dignatario o
funcionario público sólo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva”
(Artículo 7) y contempla un procedimiento complejo para resolver el antejuicio, que incluye la participación del
Congreso, la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial, dependiendo del
funcionario que se trate. Un avance de esta ley es que un juez pesquisidor es responsable de los procesos de antejuicio
contra diputados y es la CSJ quien resuelva, ya que con anterioridad era el propio Congreso el que decidía sobre el
antejuicio contra los diputados. Sin embargo, el proceso es bastante lento.
Actualmente existe una iniciativa para sustituir la actual Ley en Materia de Antejuicio150 presentada por el Partido
Patriota y que avanza en el desarrollo e interpretación de esta institución jurídica. Permitiría que el Ministerio Público
realice la investigación sin que se declare con lugar el antejuicio, sin embargo no permite procesar al funcionario
público. En este sentido la propuesta protege contra la suspensión de actividades investigativas, pero repite otras
deficiencias de la Ley actual al limitar la persecución penal y procesamiento de un funcionario público para que se le
dicte prisión preventiva.
1.5.3 El Recurso de Amparo
El amparo como garantía de protección de los derechos humanos fundamentales ha sido tergiversado en su uso por
muchos abogados, dilatando y estancando procesos penales por delitos graves conforme al derecho internacional.
El caso por la masacre de las Dos Erres ilustra la gravedad del problema. La querella en este caso se inició en 1996, y
entre abril 2000 y junio 2003 se interpusieron 32 recursos de amparo y 28 apelaciones. Posteriormente se presentaron
otros recursos de amparo relacionados con el procedimiento establecido en la Ley de Reconciliación Nacional. En un
estudio particular sobre el caso de las Dos Erres, Rodríguez (2004) señala que mientras el promedio de tiempo para
resolver recursos de amparo en casos comunes es de 75 días, en el caso de Dos Erres alcanzó un promedio de 174 días;
y el promedio de tiempo para resolver apelaciones de sentencias de amparo es de 154 días, pero en el caso de los Dos
Erres fue de 324 días.151 El caso continúa en etapa de investigación después de catorce años de presentada la querella.
En muchos casos el amparo ha sido utilizado como un mecanismo para obstruir los procesos judiciales y retardar e
impedir el juzgamiento y condena de los responsables de los delitos graves del pasado y en aquellos en los que se
encuentran implicados funcionarios públicos. En el caso de la antropóloga Myrna Mack, por ejemplo, se interpusieron
14 amparos entre marzo de 1994 y julio 2002.
1.5.4 Marco jurídico y limitado acceso a la información
Otro factor que ha dificultado la investigación de los delitos graves es que hasta septiembre 2008 Guatemala no
contaba con una ley de acceso a la información pública. En los casos en que el MP y la autoridad judicial han solicitado
información de carácter militar al Ministerio de la Defensa, MINDEF, lo cual es competente conforme al Código Procesal
Penal, éste se ha negado a entregarla argumentando secreto militar. En otras ocasiones, por ejemplo cuando se le ha
solicitado la nómina de mandos de determinadas unidades militares en el momento de la comisión de los delitos, el
MINDEF ha respondido que la información ya no existe, pues fue incinerada por disposición administrativa del ejército
debido a su caducidad.
149 Congreso de la República, Decreto 82-2002.
150 Iniciativa 37-78.
151 Rodríguez, Alejandro. 2004. Impunidad. ICCPG. Guatemala. Págs. 74-77.
52
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
En la querella por parte de la Asociación de Justicia y Reconciliación, AJR, contra Ríos Montt, por ejemplo,152 como medio
de investigación el querellante adhesivo adjuntó documentación de carácter militar que fue requerida posteriormente
por el MP y el juez al MINDEF. El MINDEF denegó la solicitud argumentando que se trataba de información de carácter
confidencial.153 Esta solicitud al MINDEF generó el trámite de un proceso paralelo. La negativa de acatar la solicitud se
basó en el carácter de información resguardada cuya revelación “atentaría contra la seguridad nacional”, sin establecer
cómo el contenido de una documentación de 26 y 27 años de antigüedad podría afectar la seguridad de la nación.
Este argumento fue cuestionado por el juez contralor de la investigación y posteriormente por la Sala Primera de la
Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, tras la interposición de un amparo
por parte del abogado defensor de Ríos Montt, en el cual figuró como tercer interesado el Ministro de la Defensa. El
tribunal resolvió la improcedencia del amparo, debido a que la información denegada por el MINDEF no establecía en
qué radicaba la violación a la seguridad nacional y decretó que no existe ningún impedimento legal para cumplir con
la orden judicial.154 El abogado de Ríos Montt apeló la sentencia, pero la CC,155 confirmó el fallo de la Sala, enfatizando
la falta de acreditación del concepto de seguridad nacional bajo el cual el MINDEF niega acceso a la información. Este
es un resultado positivo, sin embargo ilustra los esfuerzos y retrasos que los funcionarios de justicia y los querellantes
adhesivos deben enfrentar para conseguir información clave en sus investigaciones.
En septiembre 2008, el Congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información, la cual entró en vigencia en marzo 2009.156
Se espera que esta ley facilite las diligencias judiciales para esclarecer los delitos graves del pasado. El artículo 24
de esta Ley establece que “en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a
investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad”.
1.6 Posibilidades que ofrece el marco normativo guatemalteco para esclarecer y juzgar
graves violaciones a los derechos humanos
A pesar de los obstáculos que representan los retrasos ocasionados por los trámites de la Ley de Reconciliación Nacional,
el alcance de la Ley en Materia de Antejuicios, el abuso del recurso de amparo, y el limitado acceso a información
pública, el ordenamiento jurídico guatemalteco ofrece posibilidades suficientes para que sean investigados,
perseguidos y juzgados tanto los autores materiales como los intelectuales de las atrocidades cometidas en el
enfrentamiento armado. Como se indicó anteriormente, las conductas que se cometieron durante el enfrentamiento
estaban tipificadas en el Código Penal a través de los delitos de genocidio, asesinato, lesiones, secuestro, detenciones
ilegales, violación, abusos deshonestos y delitos contra los deberes de humanidad. Por lo tanto no existe ningún
impedimento legal para que el sistema penal guatemalteco persiga y castigue a los responsables de la gran mayoría
de estas acciones.157
Esto lo confirmaron varios funcionarios y ex funcionarios públicos en entrevistas a IW. Fanuel García, de la Secretaría
de Política Criminal del MP, señaló que las leyes en materia sustantiva ofrecen “un ámbito relativamente favorable
para poder fundar los delitos, para poder aplicarse la justicia en este caso” (las violaciones graves ocurridas durante el
enfrentamiento). Señala que aunque existe discusión sobre el nombre de los delitos, las conductas son las mismas: “en
el caso de las ejecuciones extrajudiciales, pues no eran ejecuciones extrajudiciales [durante el enfrentamiento armado],
porque el delito de ejecución extrajudicial se reguló después, cuando ya había terminado el conflicto armado, entonces no
se puede acusar por ejemplo de ejecución extrajudicial, pero se puede juzgar por asesinato, por ejemplo. O sea, si bien no es
el tipo penal que subjetivamente debiera ser, pues se puede juzgar por asesinato en ese momento o en el caso de que fuera
genocidio, por genocidio”.158
152 Proceso penal 6665-2001, Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala.
153 Los documentos solicitados son los planes de campaña que documentan la actuación del Ejército de Guatemala durante el período comprendido de 1982
a 1983, estos son: Plan Victoria 82, Plan Sofía de fecha 15 de julio de 1982, Asuntos Civiles Operación Ixil y Plan Firmeza 83. Con fecha 31 de enero 2007 el
Juez Segundo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala emite orden al Ministro de la Defensa de exhibir la
documentación indicada, a petición del Ministerio Público.
154 Sentencia de fecha 19 de julio 2007, amparo 26-2007
155 Sentencia de fecha 5 de marzo 2008 de la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 2290-2007
156 Congreso de la República, Decreto 57-2008.
157 Habrá que analizar cómo los operadores de justicia abordarán el tema de la posible retroactividad para los delitos anteriores a 1973 o las nuevas tipificaciones en el Código Penal si es que llega a determinarse en casos concretos.
158 Entrevista realizada a Fanuel García, Secretaría de Política Criminal del MP.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
53
Rodolfo Rohrmoser, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad, indicó que en la persecución penal de los delitos
graves del pasado: “el asunto no es estrictamente de normas, en las normas que tenemos, a mi juicio, hay suficiente
material para accionar. El problema es que la judicatura no reaccione positivamente ante estas acciones por temor, por
desconocimiento o por falta de sensibilidad en materia de derechos humanos, porque el material jurídico existe”.159
Si bien existen aspectos normativos que deben ser mejorados, como precisar la tipificación de los crímenes de lesa
humanidad y de los crímenes de guerra en el Código Penal, regular de mejor manera el antejuicio, limitar el uso del
amparo y ofrecer mayor protección a las víctimas y los testigos; en este estudio se comprobó que el marco normativo
vigente en Guatemala ofrece a los fiscales y a los jueces elementos claros y suficientes para investigar y juzgar a los
responsables de los delitos graves cometidos en el enfrentamiento armado.
2.
RESPUESTA DEL SISTEMA PENAL A LOS DELITOS DEL ENFRENTAMIENTO
ARMADO
Durante los años en que ocurrieron las más graves violaciones a los derechos humanos en Guatemala (1978-1982), el
sistema judicial guatemalteco fue completamente ineficiente y no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y
hasta propiciando la violencia de la política contrainsurgente. Según el informe de la CEH:
…los tribunales de justicia se mostraron incapaces de investigar, procesar, juzgar y sancionar siquiera a un pequeño
número de los responsables de los más graves crímenes contra los derechos humanos o de brindar protección a las
víctimas. Actuaciones y omisiones del organismo judicial, tales como la denegación sistemática de los recursos
de exhibición personal, la permanente interpretación favorable a la autoridad, la indiferencia ante la tortura de
los detenidos y el establecimiento de límites al derecho a la defensa constituyeron algunas de las conductas que
evidencian la carencia de independencia de los jueces, que fueron constitutivas de graves violaciones del derecho al
debido proceso y de infracciones al deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos
humanos. Los contados jueces que, manteniendo su independencia, no abdicaron al ejercicio de su función tutelar,
fueron víctimas de actos represivos, incluyendo el asesinato y las amenazas, sobre todo en la década de los ochenta.160
Esta situación dejó en indefensión a los ciudadanos que acudían al sistema judicial, y aun más a quienes ni siquiera
tenían acceso a éste y que fueron los grupos sociales más afectados por la violencia, como los indígenas, las mujeres
y los niños de las áreas rurales.
A partir de 1992, Guatemala inició un importante proceso para reformar y modernizar su sistema judicial con la
aprobación de un nuevo Código Procesal Penal y una serie de reformas constitucionales en 1993. Estas reformas
promovieron la división de tareas de investigación, persecución y juzgamiento entre distintas instituciones: la Policía,
el Ministerio Público, y el Organismo Judicial; afirmaron las garantías procesales básicas que rigen el proceso penal,
como la presunción de inocencia y la obligación de los tribunales y autoridades que intervienen en los procesos penales
de observar los derechos humanos; e introdujeron la oralidad y publicidad en los juicios.161 A este proceso de reforma y
modernización, también han contribuido los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz y las recomendaciones
de la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, que se creó como parte de los compromisos de los Acuerdos de Paz,
y que presentó su informe Una nueva justicia para la paz, en 1998. La CEH también presentó algunas recomendaciones
específicas para dar cumplimiento a la Ley de Reconciliación Nacional, aprobar una ley de habeas data y para que el
Estado reconozca e integre el derecho consuetudinario indígena al sistema jurídico guatemalteco.162
También han sido importantes para el proceso la reforma del sistema judicial, las recomendaciones del Relator Especial
de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Magistrados, Param Cumaraswamy, en el año 2000; y las
recomendaciones de la Representante Especial del Secretario General para los defensores de los derechos humanos,
159 Entrevista realizada a Rodolfo Rohrmoser, ex Presidente de la CC.
160 CEH. 1999. Informe Guatemala: Memoria del Silencio. Tomo V. Conclusiones y Recomendaciones. Guatemala. Págs. 94-96.
161 La reforma de la justicia penal fue una recomendación del Relator para Guatemala en Derechos Humanos Christian Tomuschat, en su informe temático
de 1991. La propuesta normativa fue impulsada por el entonces Presidente de la CSJ Edmundo Vásquez Martínez, quien para su elaboración contó con el
apoyo de los juristas argentinos, Julio Maier y Alberto Binder.
162 En Guatemala muchos de los grupos indígenas mayas cuentan con sistemas propios de resolución de conflictos que han persistido por años y que no
han sido reconocidos plenamente por el Estado guatemalteco. Estos sistemas permiten a muchas comunidades resolver conflictos internos, particularmente en zonas donde el sistema de justicia del Estado estuvo ausente por años. Sin embargo, es poco conocido cómo estos sistemas pueden contribuir
a la reconciliación comunitaria local por los delitos graves ocurridos durante el enfrentamiento armado. Sin duda es un área de investigación que sigue
pendiente.
54
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Hina Jilani, en el 2002. Igualmente, las permanentes observaciones y recomendaciones de MINUGUA (1994-2004) y
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en su informe Justicia e inclusión social: los
desafíos de la democracia en Guatemala (2003).
Dentro de los principales cambios y avances en el sistema judicial guatemalteco en los últimos quince años destacan:
el establecimiento del Ministerio Público, como institución autónoma (1993); la creación de la Policía Nacional Civil, y
del Instituto de la Defensa Pública Penal (1997); la creación de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector
Justicia (1997); la modernización del Organismo Judicial, que incluye la separación de funciones jurisdiccionales y
administrativas en los tribunales, la creación de la Carrera Judicial y del Servicio Civil (1999); así como el despliegue
territorial progresivo del MP, la PNC, el OJ y el IDPP y; la instalación de Centros de Administración de Justicia en regiones
indígenas para facilitar el acceso de la población a estos servicios. En 1996, se derogó la jurisdicción militar para delitos
comunes cometidos por integrantes del ejército (Decreto 33-96), y en el 2006 se aprobó la Ley de Régimen Penitenciario
(Decreto 33-2006) y se creó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF.
Muchos de estos avances se han alcanzado con el apoyo económico y asesoría técnica de la cooperación internacional,
así como el permanente monitoreo y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca. Dentro de
los principales cooperantes del proceso de reforma y modernización del sistema judicial destacan el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo, los países miembros de la Unión Europea y el gobierno de los Estados Unidos.
La cooperación técnica se ha canalizado a través de programas y proyectos facilitados por las agencias de las Naciones
Unidas, principalmente la MINUGUA y el PNUD, y por USAID. La agenda de cooperación internacional ha seguido
principalmente como guía los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz.163
En el contexto del proceso de reforma y modernización del sistema judicial, y tomando en cuenta el marco normativo
vigente en Guatemala en materia de derechos humanos, a continuación se examina cómo el sistema penal guatemalteco
responde a los delitos graves ocurridos durante el enfrentamiento armado. Para ello, se analiza en detalle la labor del
MP, de la PNC y del OJ por su responsabilidad en la investigación, persecución y juzgamiento de estos delitos. También
se revisa el papel de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, y la
Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, en los procesos penales por los delitos graves del pasado ya que
estas instituciones tienen competencia para intervenir en algunas fases del proceso penal.
2.1 El Ministerio Público
En 1993, el MP se constituyó en una institución autónoma separada de la Procuraduría General de la Nación. Sus
atribuciones son: 1) investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los tribunales, según las
facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la República, y los Tratados y Convenios Internacionales; 2) ejercer
la acción civil en los casos previstos por la ley y asesorar a quien pretenda querellarse por delitos de acción privada de
conformidad con lo que establece el Código Procesal Penal; 3) dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en
la investigación de hechos delictivos; y 4) preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando
las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia.164
El MP está estructurado jerárquicamente y depende del Fiscal General, a quien en jerarquía le siguen los fiscales de
distrito y de sección, los agentes fiscales y los auxiliares fiscales. El Fiscal General es nombrado por el Presidente de
la República a partir de una nómina de seis candidatos propuestos por una Comisión de Postulación y es electo para
un período renovable de cuatro años.165 Tiene las mismas preeminencias e inmunidades que los magistrados de la CSJ
y solamente puede ser removido por el Presidente de la República “por causa justificada debidamente establecida”.166
Según la Ley en Materia de Antejuicio, le corresponde al Congreso declarar o no antejuicio en contra del Fiscal General.
163 Martínez, Denis. 2 y 3 de mayo 2007. Rol de la Cooperación Europea en la Promoción de los Acuerdos de Paz en Guatemala: Reforma Judicial y
Reestructuración de la Policía. Informe presentado en la Conferencia A Diez Años de los Acuerdos de Paz en Guatemala en el Parlamento Europeo. Bruselas.
Conferencia organizada por las redes CIFCA, CIDSE y Grupo Sur.
164 Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 40-94, Artículo 2.
165 La Comisión de Postulación la integra el Presidente de la CSJ, los Decanos de las Facultades de Derecho de las universidades del país, el Presidente de
la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Presidente del Tribunal de Honor también del Colegio de Abogados y Notarios
de Guatemala. Para ocupar el cargo se requiere ser guatemalteco, mayor de 40 años y haber desempeñado la función de magistrado de la Corte de
Apelaciones o ejercido la profesión de abogado por más de 10 años.
166 Constitución Política, Artículo 251.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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El MP cuenta con un Consejo que funciona como órgano asesor y contralor, presidido por el Fiscal General e integrado
por tres fiscales (de distrito, sección o agentes) electos por los fiscales y tres miembros electos por el Congreso de
entre los candidatos propuestos en la terna a Fiscal General. El Consejo tiene facultad para proponer al Fiscal General,
el nombramiento para los diferentes cargos fiscales; ratificar, modificar o dejar sin efecto las instrucciones del Fiscal
General y asesorarlo en las políticas institucionales. Además, tiene facultad para emitir decretos internos e intervenir
en procedimientos disciplinarios.
La carrera de los fiscales está establecida en la Ley Orgánica del MP y en un reglamento interno del Consejo del MP.167
Según dicha Ley, los nombramientos y ascensos de fiscales se realizan mediante concurso de aspirantes. El Consejo
del MP debe convocar públicamente a concurso los cargos disponibles y seleccionar a un jurado de cinco profesionales
de reconocida honorabilidad para realizar el proceso de selección. Este jurado es seleccionado de una nómina de
candidatos propuestos por la Unidad de Capacitación del MP, cuya función es evaluar a los aspirantes y emitir un
dictamen sobre las personas seleccionadas por orden de mérito. El jurado debe proponer al Consejo y al Fiscal General
una lista de candidatos que cumplan con las cualidades requeridas por orden de mérito. Al final del proceso, el Fiscal
General decide y realiza los nombramientos según el orden de mérito presentado. El reglamento también establece
criterios y procedimientos para reemplazos, traslados y remociones de personal.
Sin embargo, en la práctica muchos nombramientos y traslados de fiscales responden a criterios discrecionales de las
autoridades del MP. En una entrevista, ejemplar de la opinión espresada en la mayoría de entrevistas, un funcionario
del MP señaló: ““ya cuando hay varios (aspirantes al cargo) en la base de datos se escoge al que tenga cuello con el Fiscal
General, por compadrazgo o amigos del Consejo. No es por experiencia ni capacidad”.168 Este mismo funcionario indicó
que existen traslados sorpresivos de fiscales y muchos de estos traslados dependen de quien los solicite y son de
carácter discrecional.
Desde 1994 el MP ha presentado un desarrollo institucional paulatino y considerable. Actualmente está organizado
en tres áreas: fiscalías, investigación y administración. El área de fiscalías la conforman 56 fiscalías distritales y
municipales ubicadas en todos los departamentos del país (aunque solamente existen fiscalías municipales en 35 de
los 333 municipios del territorio nacional), y 25 fiscalías de sección. Algunas de las fiscalías distritales y municipales
cuentan con una Oficina de Atención Permanente, OAP, y una Oficina de Atención a la Víctima, OAV. El área de
investigación está a cargo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, DICRI, responsable de recolectar, analizar
y estudiar las evidencias que ayuden al esclarecimiento de los hechos que investigan las fiscalías distritales y de
sección. En el área administrativa, el MP cuenta con una serie de secretarías, departamentos y secciones que prestan
servicio administrativo, financiero y logístico a las áreas de fiscalías e investigaciones (ver anexo no. 5, organigrama
del MP).
2.1.1 Fiscalía de Derechos Humanos y Unidad de Esclarecimiento Histórico
En el 2005, el MP creó la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, FDH, con competencia para “investigar y
procesar penalmente a quienes se imputen hechos cometidos contra periodistas, sindicalistas, operadores de justicia,
activistas de derechos humanos, y todos aquellos hechos que afecten intereses, especialmente los que puedan derivar
de las actuaciones llevadas a cabo por la CEH; y de investigar los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos
clandestinos”.169 La FDH empezó a funcionar el 3 de marzo del año 2005. Anteriormente existía una Fiscalía de Derechos
Humanos que se dedicaba principalmente a gestionar los casos de ataques contra defensores de derechos humanos.
La FDH comprende cuatro unidades fiscales: 1) Unidad de delitos contra activistas de derechos humanos; 2) Unidad
de delitos contra operadores de justicia; 3) Unidad de delitos contra periodistas y sindicalistas y; 4) Unidad de casos
especiales, violaciones a los derechos humanos y esclarecimiento histórico. Como las otras fiscalías de sección, esta
fiscalía tiene competencia material en todo el territorio nacional, aunque su personal está establecido en las oficinas
de la ciudad capital.
Como parte de la FDH se creó la Unidad de casos especiales, violaciones a los derechos humanos y esclarecimiento
histórico (conocida en Guatemala como Unidad de Esclarecimiento Histórico, UEH, con competencia para gestionar
los casos de delitos graves ocurridos durante el enfrentamiento armado. Antes de la creación de esta Unidad, los casos
por delitos graves conforme al derecho internacional eran investigados y perseguidos por fiscalías distritales o por un
fiscal especial. Por ejemplo, la Fiscalía de Casos Especiales, ubicada en la ciudad capital estuvo a cargo de investigar
167 Ministerio Público, Acuerdo 3-96.
168 Entrevista realizada por IW. 1 de septiembre 2008 en Guatemala. Por razones de confidencialidad no se revela el nombre del informante
169 Consejo del MP, Decreto 03-2005
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los delitos denunciados en las dos querellas por genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra presentadas por
la Asociación para la Justicia y la Reconciliación, con la asesoría legal de CALDH, en 2000 y 2001, respectivamente.
Esta fiscalía permaneció vigente hasta la creación de la Unidad de Esclarecimiento Histórico y sus diligencias fueron
transferidas a dicha Unidad.
La creación de la Fiscalía de Derechos Humanos fue la respuesta del MP a las constantes demandas de las organizaciones
de derechos humanos para que los casos de delitos del enfrentamiento armado avanzaran, ya que la fiscalía especial
presentaba pocos resultados, además existía una creciente ola de ataques contra defensores de derechos humanos
que el MP no investigaba.
2.1.2 Personal y capacidades
Hasta septiembre 2008, en la Fiscalía de Derechos Humanos laboraban 37 personas bajo la dirección de una fiscal
de sección y el personal estaba distribuido de la siguiente manera: 7 en la Unidad de delitos contra operadores de
justicia, 6 en la Unidad de delitos contra activistas de derechos humanos, 9 en la Unidad de delitos contra periodistas
y sindicalistas, 8 en la Unidad de Esclarecimiento Histórico, y 8 personas laborando en la Jefatura de la Fiscalía. Los
pocos recursos humanos dedicados al tema de los delitos de todo el período del enfrentamiento armado contrasta
con la estructura y cantidad de personal asignado a otras fiscalías de sección, como la Fiscalía de Delitos Contra la
Vida que investiga delitos como homicidios, asesinatos y lesiones y que cuenta con 20 agencias en la ciudad capital;
cada agencia está integrada por 20 agentes fiscales, cuatro auxiliares y dos oficiales, lo cual equivale a un total de
26 personas por agencia, es decir aproximadamente 520 personas.170 Tomando en cuenta los recursos necesarios
conforme el nivel y gravedad del crimen actual, la falta de los recursos humanos comparables muestra la poca seriedad
en investigar delitos del pasado, de la magnitud y gravedad del genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Los salarios dentro de la fiscalía pueden ser considerados apropiados y suficientes para el promedio salarial de los
profesionales guatemaltecos. El personal de la FDH está sujeto a los criterios de la carrera fiscal y su salario corresponde
a los estándares generales del MP para los diferentes cargos fiscales. Un fiscal de distrito gana alrededor de 18,000
quetzales mensuales (aproximadamente US$ 2,500), un fiscal de sección 16,000 quetzales, un agente fiscal 13,500
quetzales, un auxiliar fiscal II entre 9 y 10,000 quetzales y un auxiliar I entre 7 y 8,000 quetzales (aproximadamente
US$ 1,000). Todo el personal devenga 16 salarios anuales y goza de un fondo de pensión.171
La UEH la integran dos agentes fiscales (uno de ellos actúa como Coordinador) que son abogados con maestría en
derechos humanos; cuatro auxiliares fiscales que tienen pensum cerrado; y dos oficiales, estudiantes de la carrera de
derecho. Aunque existen requisitos generales para ocupar los distintos cargos fiscales, no existen requisitos específicos
de formación académica, ni experiencia profesional en el campo de los derechos humanos, ni la antropológica-forense
para trabajar en esta Unidad.
La UEH, al igual que la Fiscalía de Derechos Humanos, está establecida en la ciudad capital y no cuenta con sedes
regionales, ni con traductores asignados. Esto representa un serio impedimento para la gran mayoría de las víctimas
y sus familiares, quienes residen en zonas rurales y aldeas alejadas; y muchas de ellas, principalmente mujeres, no
hablan español o tienen dificultad para expresarse en este idioma. El personal de la UEH es insuficiente para gestionar
los más de 1,600 casos que habían ingresado a la Unidad entre julio 2005 y septiembre 2008 debido a la complejidad
de los delitos que deben investigar y a la carga de trabajo para cada auxiliar fiscal.172 Además, en algunos casos la
Unidad ofrece asesoría a las fiscalías distritales que también están tramitando procesos penales de delitos graves
ocurridos durante el enfrentamiento. La UEH también gestiona “otros casos especiales” que le son asignados por el
Fiscal General, por ejemplo el asesinato de un auxiliar fiscal en Antigua Guatemala ocurrido en el 2006 y el asesinato
del fiscal de Chiquimula en el 2005, casos que debieran ser atendidos por la Unidad de delitos contra operadores de
justicia.173
170 Información proporcionada a IW por el Oficial Víctor Sagastume de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida el 27 de agosto 2008 en Guatemala.
171 De acuerdo a la Ley Orgánica del MP, para desempeñar el cargo de fiscal de distrito o de sección se requiere ser guatemalteco, mayor de 35 años, poseer
título de abogado y haber ejercido esta profesión o bien la de juez de primera instancia, agente o auxiliar fiscal por cinco años. Un agente fiscal debe
ser mayor de 30 años, ser abogado y haber ejercido esta profesión o la de juez de primera instancia o auxiliar fiscal por tres años. Un auxiliar fiscal debe
haber cerrado al menos pensum en la carrera de abogado y notario (Artículos 28, 43 y 46).
172 El 28 de agosto 2008 las autoridades del Programa Nacional de Resarcimiento, PNR, entregaron al Ministerio Público 1,460 expedientes de casos que
contienen violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el enfrentamiento armado. A esto se suman más de 160 casos que se gestionaban en
la UEH con anterioridad.
173 No fue posible establecer con precisión por qué la UEH está investigando estos “casos especiales”.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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En relación a la capacitación del personal, como se indicó antes, el MP cuenta con una Unidad de Capacitación que
ofrece cursos y talleres a los fiscales sobre diferentes temas, además la FDH ha organizado varias capacitaciones para
fiscales y jueces en regiones afectadas por el conflicto, con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales.
Sin embargo, según los funcionarios del sistema de justicia entrevistados, esta capacitación parece ser insuficiente o
no apropiada. Un funcionario del MP señaló en una entrevista a IW que “la experiencia que tenemos la hemos adquirido
de los propios expedientes, no con base en una capacitación específica”.174 En otra entrevista, un juez de primera instancia
que conoce dos casos por delitos graves conforme al derecho internacional, indicó que “los jueces tenemos un promedio
de seis a diez capacitaciones anuales…, pero no nos han capacitado respecto a delitos de genocidio, tortura, desaparición
forzada etc., pues no se le ha dado importancia porque el MP no los ha movido” (los procesos penales).175 A esto se suma
el constante cambio de autoridades y personal en la Fiscalía de Derechos Humanos. Desde su creación en el 2005, la
Fiscalía ha tenido tres Jefes de Sección.
El personal de la UEH ha mostrado limitada capacidad en el manejo de técnicas de investigación criminal. En la
mayoría de procesos penales, las evidencias y medios de prueba como testigos y documentos son aportados al MP por
los querellantes adhesivos y las pruebas científicas son realizadas y presentadas por las organizaciones antropológicoforenses de la sociedad civil. Esto tiene continuidad con el anterior desempeño de la Fiscalía de Casos Especiales. En
los procesos penales por genocidio las declaraciones testimoniales tuvieron que ser ampliadas en dos o tres ocasiones,
debido a que las preguntas dirigidas por el personal de la Fiscalía de Casos Especiales no eran adecuadas para establecer
los elementos centrales de los delitos investigados.
La cooperación internacional y organizaciones nacionales han capacitado o facilitado la capacitación en numerosas
ocasiones a los fiscales y auxiliares del MP en la investigación y persecución de delitos internacionales desde la firma
de la paz, sin que haya habido resultados positivos en el manejo de casos del conflicto armado por parte de esta
institución.176 Este es un problema generalizado en el MP, estudios previos han documentado la debilidad de los fiscales
para obtener pruebas científicas y presentarlas en las acusaciones. En la mayoría de los casos los fiscales basan sus
acusaciones en testimonios, tienen dificultades para contactar a los testigos y no los preparan apropiadamente para el
debate oral. En muchos casos los testigos se resisten a participar en el proceso penal por temor a represalias por parte
de los sindicados, y porque el MP no les ofrece seguridad ni protección, como se indicó anteriormente.177
Otro problema serio que enfrenta el MP, y la administración pública en general, es la falta de mecanismos efectivos
de supervisión de desempeño de personal sea para recompensar o disciplinar. El sistema disciplinario del MP es
insuficiente y no existen criterios explícitos para la depuración de los fiscales. No se establece correspondencia entre la
falta y la sanción a aplicar, lo cual queda a discreción de la autoridad sancionadora. En las últimas dos administraciones
del MP, hubo ausencia de faltas y sanciones tanto en la Ley Orgánica, como en los pactos colectivos firmados entre la
autoridad superior y el sindicato del MP.
En la anterior administración existió una enorme confusión en torno a si debían regirse por la Ley Orgánica del MP o
por el pacto colectivo. Inexplicablemente, hasta junio 2007, el sistema disciplinario previsto en la Ley Orgánica había
dejado de ser aplicado y se utilizaba lo previsto en el pacto colectivo.178 Pareciera entonces que la negociación con
el sindicato de la institución, que ha generado faltas y sanciones disciplinarias paralelas a las establecidas en la Ley
Orgánica, ha desnaturalizado el régimen disciplinario del MP. Un pacto colectivo debe establecer ventajas económicas
y sociales para un grupo de trabajadores porque con él se intenta también garantizar el desempeño y el buen servicio
a los ciudadanos.
Por otra parte, en el MP los traslados son ordenados “por razones de servicio”, y tampoco están claros los criterios de
evaluación de desempeño y ascenso de personal, dejando margen a la discrecionalidad por parte del Fiscal General.
Como lo expresó Carlos Castresana, Comisionado de la CICIG, en una entrevista pública: “otro problema serio radica en
que en el MP no hay un adecuado sistema para recompensar el trabajo bien hecho, tampoco sanción cuando los casos no
dan resultados”.179
174 Entrevista realizada por IW el 1 de septiembre 2008 en Guatemala. Por razones de confidencialidad no se revela el nombre del informante.
175 Entrevista realizada por IW el 16 de mayo 2008 en Guatemala, a Eduardo Cojulún, Juez del Juzgado de Primera instancia Penal Undécimo.
176 Por ejemplo el Centro Internacional de Justicia Transicional, las Naciones Unidaes y CALDH han ofrecido capacitaciones a los fiscales sobre temas como
técnicas de investigación, aspectos jurídicos, manejo de la escena del crimen incluyendo exhumaciones.
177 Al respecto se pueden consultar los siguientes estudios: Fundación Myrna Mack. 2004. Apuntes sobre los engranajes de la impunidad. Guatemala;
Svendsen, Kristin. 2007. Por ser mujer: limitantes del sistema de justicia ante las muertes violentas de mujeres y víctimas de delitos sexuales. ICCPG.
Guatemala.
178 Entrevista a Gloria Porras, ex Supervisora General del Ministerio Público.
179 Entrevista en Prensa Libre, 4 de mayo, 2008.
58
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
2.1.3 Actuación del MP en los casos de delitos del enfrentamiento armado
El MP tiene la obligación de investigar de oficio los delitos de acción pública y dirigir la investigación de los mismos.180
Sin embargo, en los casos de delitos graves y violaciones a los derechos humanos del pasado, el MP no ha iniciado
ningún proceso penal por iniciativa propia. Todos los procesos penales han iniciado a partir de una denuncia de las
víctimas, sus familiares o de organizaciones de derechos humanos.181 En el 2004, MINUGUA señaló que: “el MP nunca
inicia investigaciones por cuenta propia y tampoco investiga las denuncias, incluso muchas veces se resiste a recibir
denuncias. Frecuentemente acuden a excusas jurídicamente injustificadas. En el caso de las masacres en Playa Grande,
por ejemplo, un funcionario manifestó que sólo podría investigar siempre y cuando (el denunciante) identificara de
forma personal a los responsables. En otro caso, el funcionario pidió que los denunciantes identificaran los restos de
los masacrados; tarea imposible porque las 400 víctimas habían sido quemadas.182
Esto contradice el mandato y reglamentación interna del MP. En la Instrucción 12-2005 del Fiscal General, se establece
que “los fiscales deben iniciar la persecución penal de oficio, dirigir y coordinar la acción penal en contra de las personas
que hayan tenido participación en la comisión de hechos delictivos tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas, genocidio y otros, sin ninguna dilación, obstrucción o limitación”.183
Los informes de labores del MP 2006 y 2007 no reportan ninguna información sobre los resultados de la UEH.
Estos informes presentan el número de denuncias recibidas, gestionadas y resueltas por las otras Unidades de la
FDH, pero no mencionan a la UEH. Para conocer el número de denuncias tramitadas en la UEH, se consultó el “libro
de conocimientos” (registro de denuncias) de la Unidad. Entre el 27 de julio 2005 y el 10 de junio 2008, la Unidad
admitió 166 denuncias, de las cuales 163 son por delitos graves ocurridos durante el enfrentamiento y tres son por
delitos contra operadores de justicia. La mayoría de denuncias por delitos del enfrentamiento armado se tipificaron
provisionalmente como desaparición forzada (130), asesinato (5), ejecución extrajudicial (3) y genocidio (4).184
La gran mayoría de denuncias fueron presentadas por organizaciones de víctimas y de derechos humanos y otras
fueron trasladadas de las fiscalías distritales, municipales o especiales a la UEH. De las 163 denuncias, en 20 se
individualiza a los responsables, señalando incluso la responsabilidad penal de los altos mandos del gobierno y del
ejército de la época en que ocurrieron los hechos. En un solo caso se sindica a miembros de la guerrilla, pero la persona
que la UEH registra como agraviada, informó a Impunity Watch que la información es incorrecta y sindicó del hecho a
agentes del Estado. La labor de investigación para individualizar responsables en estos y en los 143 casos restantes es
la labor del MP (ver anexo no. 6, casos ingresados a la UEH).
Según información de la UEH, todas las denuncias se encontraban en fase de investigación y en ningún caso se había
solicitado sobreseimiento o clausura, pero la FDH no proporcionó información sobre las diligencias realizadas en cada
caso. Esto significa que en más de tres años de funcionamiento, la UEH no ha solicitado auto de procesamiento ni
acusación formal para iniciar un juicio en ningún caso como resultado de sus investigaciones.
Un funcionario del MP señaló en una entrevista a IW que prácticamente no hay personas ligadas a los procesos debido
a que “los jefes de la fiscalía no han querido que se persiga penalmente a militares implicados, las razones no se saben.
El MP no promueve el antejuicio y así no se puede perseguir… por ejemplo el caso de genocidio contra Ríos Montt, hay
instrucciones verbales de no hacerlo”.185
180 Constitución Política, Artículo 151.
181 Esto fue confirmado por la Coordinadora de la UEH, quien afirmó que: “en realidad no se ha abierto ningún caso de oficio por delitos del pasado” en una
entrevista realizada por IW el 20 de junio 2008 en Guatemala.
182 MINUGUA. Octubre 2004. Informe de Verificación: La verificación del debido proceso en los casos de masacres cometidas durante el enfrentamiento
armado interno. Guatemala. Pág. 12. Vale notar que en torno a los delitos internacionales tipificados en el Código Penal, a cambio a los delitos comunes,
la identificación de cada fallecido no es prerrequisito de la tipificación penal ni del establecimiento de la responsabilidad penal individual. Si bien lo
ideal es comprobar la identidad, los tipos penales de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra sólo requieren que el fallecido sea miembro del
grupo protegido, miembro de la población civil, persona no tomando parte en las hostilidades, respectivamente, lo cual se puede hacer sin comprobar
su identidad.
183 Instrucción 12-2005 del Fiscal General, Artículo 2, Acción Pública. La Instrucción también señala que “en este tipo de casos se actuará siempre de forma
expedita y sin pedir formalidades innecesarias, debiendo darse a las víctimas sobrevivientes y sus familiares y a las demás personas que intervienen en
los procesos un trato apropiado en cumplimiento de la ley”.
184 IW tuvo acceso al libro de denuncias de la UEH después de varios meses de solicitar la información al MP. Repentinamente en medio de cambio de personal en la Fiscalía de Derechos Humanos fue posible obtener la información.
185 Entrevista realizada por IW a funcionario del MP el 1 de septiembre 2008 en Guatemala. Guatemala. Por razones de confidencialidad no se revela el
nombre del informante.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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Pero, la UEH no es la única fiscalía que tramita procesos penales por delitos graves ocurridos en el enfrentamiento.
Fiscalías distritales, municipales y especiales continúan recibiendo denuncias y tramitando este tipo de casos.
Por ejemplo, el primer proceso penal por desaparición forzada en llegar a juicio oral fue llevado por la Fiscalía de
distrito del departamento de Chimaltenango, y aunque los querellantes adhesivos y la Fiscalía distrital solicitaron
la remisión del caso a la UEH, éste siguió siendo gestionado por la Fiscalía de distrito. Lamentablemente, no fue
posible establecer cuántos procesos penales más están siendo tramitados por las fiscalías distritales, pues el MP no
ofreció esta información. Según indicó la Fiscal de Derechos Humanos, una de las razones por las que las fiscalías
distritales continúan gestionando estos casos es porque “las víctimas lo prefieren”. Esto porque las fiscalías distritales
tienen presencia en los departamentos y algunos municipios, mientras que la UEH está ubicada en la ciudad capital.
En algunos casos existe duplicidad de denuncias ya que las víctimas o sus familiares presentan la denuncia en una
fiscalía distrital y a la UEH. La Fiscal también indicó que la última decisión sobre el traslado de un caso la toma el Fiscal
General.186
En este mismo sentido, la Instrucción 12-2005 del Fiscal General, señala que “las denuncias acerca de la existencia
de cementerios clandestinos que implican practicar una exhumación, serán tramitadas por las fiscalías distritales o
municipales del lugar en donde debe llevarse a cabo la exhumación; si el resultado de las mismas involucran la comisión
de hechos delictivos tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas u otros delitos, las fiscalías distritales
o municipales serán competentes para investigar dichos delitos, mientras se amplía la Fiscalía de Sección de Derechos
Humanos en los departamentos del país. Si el caso fuere extremadamente complejo y especialmente grave, tendrá
competencia para realizar la investigación y ejercer la persecución penal, la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos,
según lo disponga el Fiscal General”. Se supone que queda a la decisión del fiscal individual intentar transferir el caso a
la FDH por su complejidad y gravedad.
En relación a las diligencias del MP para investigar los delitos graves del enfrentamiento, según información
proporcionada las principales actividades consisten en solicitar información a los diferentes registros municipales
y de archivos, entrevistar a testigos y solicitar información a las autoridades del MINDEF y de Gobernación, quienes
en muchos casos no responden a la solicitud o requieren autorización judicial. En algunos casos se solicita el apoyo
de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP, DICRI, para localizar a una víctima (por ejemplo en casos de
desaparición forzada) o entrevistar a un testigo. Sin embargo, uno de los funcionarios entrevistados señaló que por
lo general no se solicita apoyo a la División de Investigación Criminal de la PNC, DINC, debido a que muchos policías
estuvieron involucrados en los delitos bajo investigación y prefieren evitar fuga de información”.187
2.2 La Policía Nacional Civil
Como se indicó antes, en este capítulo no se analiza con detalle la labor de la Policía Nacional Civil ya que en el estudio
se comprobó que en la práctica la PNC no interviene en las diligencias e investigaciones de hechos ocurridos durante
el enfrentamiento armado a pesar de que en el ordenamiento procesal penal guatemalteco, la policía es responsable
de investigar los hechos punibles perseguibles de oficio y reunir los elementos de investigación útiles para dar base a
la acusación en proceso penal, sea por iniciativa propia, por denuncia o por orden del Ministerio Público; las tareas de
investigación de la policía deben ser dirigidas y supervisadas por el MP.188
La PNC se creó en 1997 como resultado de los Acuerdos de Paz para reemplazar a los antiguos cuerpos de la Policía
Nacional y de la Guardia de Hacienda que fueron señalados de haber participado en violaciones a los derechos humanos
como parte de la estrategia contrainsurgente del enfrentamiento armado. A la nueva institución se integraron
miembros de los antiguos cuerpos y recibieron una capacitación escasa de tres meses. Muchos de ellos han reincidido
en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción, como lo señalan varios informes de la MINUGUA.189
Como queda mencionado, actualmente la PNC cuenta con una División de Investigación Criminal, integrada
aproximadamente por 600 agentes. Se ha comentado que los agentes tienen un perfil insuficiente de formación y han
186 Entrevista realizada por IW el 17 de junio 2008 en Guatemala.
187 Entrevista realizada por IW a funcionario del MP el 1 de septiembre 2008 en Guatemala. Por razones de confidencialidad no se revela el nombre del
informante.
188 Ley de la PNC, Artículos 9 y 10.
189 MINUGUA. 2001. Informe de Verificación: La PNC un nuevo modelo en construcción. Guatemala; y MINUGUA. 2004. Informe Final Asesoría en
Fortalecimiento del Poder Civil. Guatemala.
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reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
sido señalados de hechos graves de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.190 Por ejemplo, el 19 de
febrero 2007 tres legisladores salvadoreños que acudían a una sesión en el Parlamento Centroamericano, con sede en
Guatemala, fueron secuestrados, ejecutados y quemados por un grupo élite de la Unidad de Investigación Criminal
de la policía de Guatemala. Cuatro de los policías señalados de haber participado en este crimen fueron detenidos
casi inmediatamente después del hecho. Dos días después, los policías fueron brutalmente asesinados en la cárcel,
antes de prestar declaración en el caso de la ejecución de los parlamentarios. Estos hechos horrorizaron tanto a los
guatemaltecos como a la opinión pública internacional. Adicionalmente existe preocupación en torno a la capacidad
y los recursos limitados de la DINC y la deficiente coordinación entre el MP y la PNC lo cual afecta las posibilidades de
esclarecer éste y otros casos de alto perfil, incluyendo los crimenes de la época del conflicto armado interno.
2.3 El Organismo Judicial
La Constitución atribuye al OJ la función de impartir justicia y actuar de manera independiente de los otros poderes
del Estado. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad por los tribunales, organizados en jerarquías y
competencias. Existen cuatro niveles de jerarquía: Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Segunda Instancia, Juzgado
de Primera Instancia y Juzgados de Paz. Los Juzgados de Paz y de Primera Instancia tienen asignada competencia
material y territorial; las Salas de Apelaciones conocen en segunda instancia, de acuerdo con el derecho de las partes en
un proceso a recurrir a instancia superior; y la Corte Suprema de Justicia conoce el recurso extraordinario de casación.
La CSJ, además de sus funciones jurisdiccionales es responsable de la administración del OJ.191
En materia penal intervienen la Cámara Penal de la CSJ, las Salas de la Corte de Apelaciones, los Juzgados de Ejecución
Penal, los Tribunales de Sentencia Penal, los Juzgados de Primera Instancia Penal y los Juzgados de Paz. Las decisiones
de cada tribunal, sala o de la CSJ no pueden ser revisadas por otro órgano interno o externo, salvo que se presente algún
recurso legal de impugnación. De acuerdo al ordenamiento procesal penal, cada juez toma las decisiones sometido
únicamente a la ley.
La CSJ está integrada por trece magistrados y las Cortes de Apelaciones estan conformadas por más de setenta y cinco
magistrados. Los magistrados de ambas Cortes son electos por el Congreso para un período de cinco años, a partir de
una nómina de candidatos propuestos por una Comisión de Postulación. Los jueces son nombrados por la CSJ para
un período renovable de cinco años. Todos los magistrados y jueces gozan del derecho de antejuicio. Los antejuicios
contra magistrados de la CSJ los conoce el Congreso y los antejuicios contra los magistrados de apelaciones y jueces
los conoce la CSJ.
Los criterios y procedimientos para la selección, nombramiento, promoción y régimen disciplinario de los jueces y
magistrados están establecidos en la Ley de la Carrera Judicial (Decreto 41-99). La implementación de la Ley de la
Carrera Judicial está a cargo del Consejo de la Carrera Judicial, integrado por: el Presidente del OJ, los titulares de las
Unidades de Recursos Humanos y de Capacitación del OJ, un representante electo por la Asamblea de magistrados y
uno electo por la Asamblea de jueces. Este Consejo realiza las convocatorias públicas a los concursos por oposición
para ingresar a la Carrera Judicial.192 La Unidad de Capacitación, cuyo titular es nombrado por el mismo Consejo de
la Carrera Judicial, evalúa a los aspirantes, basándose en una serie de pruebas pertinentes y entrevistas. Al seguir y
aprobar una serie de talleres de capacitación, los candidatos electos son nombrados.193 En relación con los salarios del
personal, en promedio un magistrado de la CSJ y de la Sala de Apelaciones gana un salario mensual aproximado de 26
a 30,000 quetzales, mientras que un juez de instancia, de sentencia o de ejecución penal devenga un salario mensual
aproximado de 21,000 quetzales, remuneraciones altas para el promedio de profesionales guatemaltecos.
190 Monterroso, Javier. 2007. Investigación Criminal: Estudio comparativo y propuesta de un modelo de policía de investigación en Guatemala. ICCPG.
Guatemala.
191 Ley del Organismo Judicial.
192 Ley de la Carrera Judicial, Artículo 16.
193 Los requisitos para aspirar a puestos de jueces y magistrados son: ser guatemalteco, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogado colegiado activo. Además de estos requisitos, los magistrados de la Corte de Apelaciones deben ser mayores de 35 años y haber
sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de abogado. Para ser magistrado de la CSJ, se requiere ser mayor de
40 años y haber desempeñado un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o haber ejercido la profesión de abogado por más de
10 años (Constitución Política, Artículos 207, 216 y 217).
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
61
La Ley de la Carrera Judicial establece distintos tipos y niveles de faltas: leves, graves o gravísimas,194 entre ellas solicitar
o aceptar favores, interferir en el criterio de jueces de grado inferior, intentar influir ante otros jueces o magistrados,
etc., así como las sanciones, que van desde la amonestación verbal hasta la destitución. Las sanciones son impuestas
por una Junta de Disciplina Judicial (integrada por magistrados y jueces electos por el Consejo de la Carrera Judicial).195
La destitución de jueces y magistrados de apelaciones solamente puede ser decidida por la CSJ y la destitución de
magistrados de la CSJ es decisión del Congreso por recomendación de la Junta Disciplinaria. Asimismo, la Ley de la
Carrera Judicial prevé el derecho de apelación contra las sanciones.
En cuanto a su cobertura territorial, el OJ ha extendido sus servicios en todo el país. Hasta el 2007, existían 352
juzgados de paz, prácticamente en todos los municipios del país, 49 juzgados de primera instancia, 42 tribunales de
sentencia, 12 cortes de apelaciones y 11 juzgados de niñez y adolescentes.196 Además se han creado varios Centros de
Administración de Justicia y Centros de Mediación en varias regiones del país para faciliar el acceso de la población a los
servicios judiciales. Es posible concluir entonces que en su construcción y fundamento legal, el sistema de tribunales
es adecuado para asumir la tarea de tramitar los casos de crímenes y violaciones del conflicto armado interno.
2.3.1 Casos del enfrentamiento armado en los tribunales guatemaltecos
El OJ no cuenta con tribunales con competencia específica para juzgar los delitos graves conforme al Derecho
Internacional, y estos casos son tramitados en los tribunales de primera instancia, al igual que cualquier otro caso.
Esto no constituye por sí mismo un impedimento al juzgamiento de dichos delitos. En Guatemala la distribución de
casos se realiza de manera aleatoria. En los departamentos y municipios que cuentan con un Centro de Gestión Penal,
éste se encarga de la distribución de casos.197
De acuerdo con las peticiones presentadas por las partes y la información aportada, los jueces de primera instancia
deciden sobre la posibilidad de someter a una persona a juicio penal o sobre la aplicación de otras formas de terminar
el proceso (criterio de oportunidad, procedimiento abreviado, sobreseimiento, etc.), y vigilan el cumplimiento de las
garantías en la etapa de investigación. Los tribunales de sentencia tienen a cargo el juicio oral y público, emitiendo
sentencia condenatoria o absolutoria. Los magistrados de las Salas de Apelaciones resuelven los recursos presentados
de apelación contra las resoluciones que tomen los jueces de primera instancia y de sentencia. La Cámara Penal de
la CSJ resuelve los recursos de casación. IW examinó 20 casos de delitos graves ocurridos durante el enfrentamiento
armado conocidos por tribunales guatemaltecos para determinar las complejidades y obstáculos de la justicia en este
tipo de casos. Se trata de casos documentados por estudios previos e informes de derechos humanos (ver anexo no. 7,
casos en el sistema judicial guatemalteco que ilustran los obstáculos a la justicia).
En la práctica la actuación de los tribunales en los casos del enfrentamiento armado en resolver apelaciones relativas
a las cuestiones preliminares, presentadas por la defensa, fiscalía y querellante también es importante. Como
se evidencia en los casos nacionales de genocidio presentados por la AJR el control sobre el aspecto preliminar de
jurisdicción puede tener un efecto determinante.
De los 20 casos ilustrativos revisados, 14 han llegado a etapa de juicio y en 12 existe sentencia firme, de las cuales 10
son condenatorias y 2 absolutorias (caso Carpio Nicole y caso El Aguacate). En promedio, el proceso penal en estos
casos ha durado seis años y en varios casos se han realizado dos o tres juicios por anulación de la primera sentencia.
Por ejemplo, en el caso de la masacre de Xamán se realizaron tres juicios: el primero en 1999, el segundo en el 2000 y
el tercero en el 2005.
En la mayoría de los casos revisados las víctimas son indígenas y los hechos fueron perpetrados en zonas rurales. En la
mayoría de estos casos los delitos sindicados son masacres (11), desapariciones forzadas y secuestro (3), y asesinatos
(6), aunque en varios casos se trata de delitos múltiples. Por ejemplo, en el caso contra el ex patrullero civil Fabián
Alvarado Corazón, se sindicaron los delitos de asesinato y violación sexual y solamente se condenó por asesinato.
En los casos en que se ha emitido sentencia se ha condenado a ex militares de bajo rango, ex PAC y comisionados
militares. Solamente en un caso se condenó a un presunto guerrillero por portación ilegal de armas y militancia en una
agrupación ilegal (caso de la masacre de El Aguacate).
194
195
196
197
62
Ley de la Carrera Judicial, Artículos 39 a 41.
Ley de la Carrera Judicial, Artículo 7.
Ramírez, Luis (Coord.). 2007. Observatorio de Justicia Penal: Primer Informe Guatemala. ICCPG. Guatemala.
Corte Suprema de Justicia, Acuerdo 65-98.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Para poner las cifras en contexto, claramente las deficiencias en las etapas de la investigación penal analizadas en
este informe, tienen un impacto grande sobre las posibilidades de que un caso llegara a la etapa de juicio. La gran
mayoría de denuncias de delitos del enfrentamiento armado no llegan a esta etapa. Los 20 casos estudiados no fueron
seleccionados al azar, sino para ilustrar los resultados en casos de alto perfil, la mayoría con participación y presión
por parte de querellantes, sociedad civil y comunidad internacional.
De estos factores, el papel del querellante puede considerarse decisivo: Todos los casos analizados que llegaron a
juicio han sido promovidos por querellantes adhesivos, quienes por lo general han aportado las mayores pruebas,
solicitando y tramitando exhumaciones, proponiendo testigos y aportando documentos. En los casos en que se ha
logrado una sentencia firme también ha sido relevante la observación y acompañamiento de organizaciones de la
cooperación o de organismos internacionales. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Xamán, MINUGUA siguió de
cerca el proceso y en el caso del asesinato de Myrna Mack, el cuerpo diplomático y representantes de organismos
internacionales en varias ocasiones se pronunciaron públicamente a favor de la justicia.
Los 20 casos analizados han enfrentado una serie de obstáculos durante el proceso penal que muestra las debilidades
del sistema de justicia guatemalteco. La investigación y análisis realizado de estos casos muestra en particular,
deficiencias en la investigación, retrasos en el proceso penal debido a múltiples recursos de amparo, apelaciones,
inconstitucionalidades y lentitud en resolver las solicitudes de aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional;
y el enfoque limitado en los autores materiales y no en los autores intelectuales de los hechos. Además existe
subestimación en la tipificación de delitos; prácticas de negligencia de algunos operadores y funcionarios del sistema
judicial, particularmente para cumplir con las órdenes de captura y evitar fugas; así como presiones externas de
individuos y grupos interesados en mantener la impunidad por los crímenes ocurridos en el marco del enfrentamiento
armado, muchas veces expresadas a través de hostigamientos, amenazas y ataques contra testigos y operadores de
justicia.
Si bien en cada uno de estos factores hay funcionarios individuales responsables dentro de su área de actuación, en
su conjunto, estos obstáculos evidencian la falta de disposición del sistema penal a nivel de su dirección máxima para
investigar y juzgar los delitos graves del enfrentamiento armado. Este fenómeno se analiza con mayor detalle más
adelante en la sección sobre independencia y disposición en este mismo capítulo.
2.4 El rol de otras instituciones en casos por delitos graves
El marco normativo guatemalteco contempla la intervención de otras instituciones en algunas fases del proceso
penal. Por ejemplo, el Procurador de los Derechos Humanos, PDH, tiene facultad de realizar investigación de carácter
judicial mediante un procedimiento especial de averiguación. La Corte de Constitucionalidad, CC, tiene competencia
para conocer los recursos de amparo interpuestos por las partes que intervienen en el proceso penal. Por su parte, la
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política Ejecutiva en Materia de Derechos Humanos, COPREDEH, tiene un
papel en los casos ocurridos en el enfrentamiento armado interno conocidos por sistemas internacionales y regionales
como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por este motivo, a continuación se revisa el rol de estos tres
órganos en los casos de delitos graves ocurridos durante el enfrentamiento armado.
2.4.1 La Institución del Procurador de los Derechos Humanos
La figura del Procurador de los Derechos Humanos, PDH, fue creada por la Constitución de 1985. El Procurador es un
comisionado del Congreso para la defensa de los derechos humanos. Su mandato es bastante amplio y está establecido
en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y la Ley del Procurador de los Derechos Humanos.
Según la Constitución, entre sus funciones está la de “promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión
administrativa gubernamental en materia de Derechos Humanos.”198 Para interés de este estudio, destaca en el mandato
del Procurador la facultad de investigar toda clase de denuncias sobre violaciones de derechos humanos, investigar y
denunciar incluso de oficio199 comportamientos administrativos lesivos a los intereses de personas, promover acciones
o recursos judiciales o administrativos en los casos procedentes, y emitir resolución de censura pública en contra de
los responsables de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las resoluciones del Procurador no tienen carácter
vinculante.
198 Constitución Política, Artículo 275(a).
199 Es decir a iniciativa propia, sin esperar por ejemplo la llegada de una denuncia por parte de una víctima o una comunicación de otro órgano del Estado.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
63
Además, el Código Procesal Penal le otorga al Procurador la facultad de realizar investigación de carácter judicial por
encargo de la CSJ, cuando existen indicios de detención ilegal de una persona.200 La PDH cuenta con una Unidad de
Averiguaciones Especiales que investiga estos casos y presenta acusaciones. En la Unidad laboran cuatro personas: un
jefe, una secretaria y dos investigadores, de los cuales uno es antropólogo y otro es abogado.
A través del procedimiento de averiguación especial, a partir de junio 2007, la Oficina del Procurador realizó la
investigación de catorce casos de desaparición forzada ocurridos durante el enfrentamiento armado (ver anexo no.
8, casos de averiguación especial ingresados a la PDH). Como otro resultado de esta labor, recientemente la PDH
solicitó la apertura a juicio por la desaparición forzada de siete personas en la aldea El Jute, Chiquimula, que desde el
2005 están sindicadas. Entre otras, guardan prisión preventiva un coronel retirado del ejército y tres ex comisionados
militares. En este caso la PDH se ha constituido en querellante adhesivo. También es importante destacar el papel de
la PDH más allá de investigaciones de hechos específicos. Como resultado de las averiguaciones de la PDH en estos
casos, en el 2005, la Procuraduría se hizo cargo del resguardo de los archivos de la Policía Nacional, PN, una colección
de documentos de importancia histórica, encontrados de manera fortuita en una de las antiguas instalaciones de la
policía ese mismo año.
Sin embargo, en algunos casos las investigaciones de la PDH han ofrecido escasos resultados, como en los casos del
secuestro de Maritza Urrutia y la masacre de El Aguacate, en los cuales después de varios años no se logró determinar
responsabilidades individuales. En otros casos las investigaciones se han tardado por años causando desilusión en las
víctimas y los querellantes adhesivos.
En un taller realizado por IW con representantes de organizaciones de derechos humanos que acompañan casos
específicos, Mario Polanco, del GAM, señaló que: “nosotros tenemos casos que vienen desde hace más de 10 años y le han
dado al periodo del procurador para rendir un informe (resultado de la investigación), pero cada vez que se vencen los 90
días pide una ampliación, y otra, y otra, y ya ha pasado una década y él sigue pidiendo ampliaciones…”201
2.4.2 La Corte de Constitucionalidad
La CC fue creada por la Constitución de 1985, y está integrada como un órgano de justicia especializada, separado
del OJ, responsable de defender el orden constitucional.202 Se rige por la Constitución Política y la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad.203 En cualquier momento de un proceso penal las partes pueden plantear
ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de inconstitucionalidad total o parcial de una ley,204 asimismo apelar
ante la CC los amparos205 interpuestos ante cualquier tribunal de justicia.206 Los cinco magistrados que la integran
por un período de cinco años son nombrados, respectivamente, por los tres poderes del Estado: el pleno de la CSJ, el
pleno del Congreso y el Presidente de la República en Consejo de Ministros, y por dos entidades autónomas: el Consejo
Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (estatal) y la Asamblea del Colegio de Abogados
y Notarios.207 La independencia de la CC está garantizada de jure por la Constitución, y sus magistrados gozan de las
mismas prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la CSJ.208 El presupuesto de la CC es parte del presupuesto
del OJ, que le debe asignar como mínimo el 5% de su presupuesto.209
En los últimos años, la conformación y algunas resoluciones y opiniones consultivas de la CC han sido criticadas
por diferentes sectores sociales por su carácter político. Por ejemplo, una de las resoluciones más controversiales de
la CC en el 2002, durante el gobierno del FRG y cuando Ríos Montt se desempeñaba como Presidente del Congreso,
fue la aprobación de la candidatura presidencial de Efraín Ríos Montt, a pesar de que en dos ocasiones anteriores, el
Registro de Ciudadanos, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad,
habían emitido resoluciones en el sentido de hacer efectiva la prohibición constitucional de que “caudillos de golpes de
Estado” tengan opción de ocupar la Presidencia de la República. En 1993, también la Corte Interamericana de Derechos
200
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204
205
206
207
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64
Código Procesal Penal, Artículos 467 a 473, Procedimiento Especial de Averiguación.
Taller de Casos realizado por Impunity Watch el 13 de mayo 2008 en Guatemala.
Constitución Política, Artículos 268 a 272.
Congreso de la República, Decreto 1-86.
Constitución Política, Artículo 266.
Un amparo es una protección constitucional de toda persona “contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos
cuando la violación hubiere ocurrido.” Procede contra cualquier acto, resolución, disposición o ley de autoridad. Constitución Política, Artículo 265.
Constitución Política, Artículo 272 c.
Constitución Política, Artículos 269 y Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Artículos 150, 153 a 156 y; Congreso de la República,
Decreto 1-86.
Constitución Política, Artículo 268.
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Artículo 186.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Humanos, resolvió que negar la candidatura de Ríos Montt no violaba el Pacto de San José, proclamado en la Carta
Interamericana, alegato presentado por Ríos Montt, argumentando que se violaba su derecho de elegir y ser electo.
Con relación al carácter politizado de la CC, Aura Elena Farfán, Directora de FAMDEGUA, señaló que: “Los magistrados
de la CC tienden a depender de un partido político y eso es preocupante. Otro de los problemas es que en la CC está el señor
Francisco Palomo, quien es abogado defensor de los militares y de Ríos Montt y es magistrado suplente de la CC. Eso es
preocupante y por eso veo muy pocas posibilidades de justicia”.210
En diciembre 2007, la CC emitió una resolución (sentencia 3380-2007) que dejó sin efecto varias órdenes de detención
provisional, a la espera de un pedido de extradición formulado por España de personas presuntamente responsables
de crímenes de Derecho Internacional, entre ellos Ríos Montt y Oscar Mejía Víctores, Aníbal Guevara y otros ex altos
funcionarios. Con relación a esta resolución, Amnistía Internacional señaló que “el pronunciamiento de la CC reafirma
la impunidad imperante en Guatemala, revistiéndola de formas jurídicas inaceptables. Además ha garantizado que los
presuntos responsables de crímenes atroces no serán extraditados a terceros estados ni juzgados localmente”.211
2.4.3 La COPREDEH
Entre las funciones y atribuciones de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política Ejecutiva en Materia de
Derechos Humanos, COPREDEH, creada por acuerdo gubernativo en 1988, se encuentran centralizar la información
sobre denuncias de violaciones a derechos humanos acaecidas en el país, promoviendo su investigación a través
del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público; establecer un mecanismo de constante seguimiento a las
investigaciones sobre violación a los derechos humanos y a los procesos judiciales que resulten; y establecer, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, los vínculos de cooperación, información y asistencia, con los organismos
internacionales que se ocupan de la protección de los derechos humanos.212 Su papel incluye la representación del
Estado cuando éste es acusado de violaciones de derechos humanos ante jurisdicciones internacionales y regionales,
lo cual en la práctica sucede con frecuencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Según información proporcionada por la COPREDEH, hasta septiembre 2008, existía un total de 181 casos contra el
Estado de Guatemala en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los cuales la COPREDEH da seguimiento,
tarea que incluye facilitar información solicitada por la Comisión a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Adicionalmente, la COPREDEH facilita el cumplimiento de los acuerdos de solución amistosa negociados en el trámite
ante la Comisión y de las resoluciones de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. Como se indicó antes,
la Corte Interamericana ha emitido 11 sentencias contra el Estado de Guatemala, de las cuales siete corresponden al
enfrentamiento armado (ver anexo no. 9, casos con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Por lo general, el proceso de cumplimiento de las resoluciones y sentencias de la Corte es lento y parcial debido a que
COPREDEH debe coordinar con otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Finanzas, Ministerio de la Defensa,
Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación y el sistema de justicia, entre otras instituciones. Según
información de la Coordinadora del Departamento Jurídico de COPREDEH, Delia Dávila, “inicialmente se busca firmar
un acuerdo de solución amistosa entre las partes y se establece un cronograma de cumplimiento, especialmente el tema
de castigo a los responsables, lo que casi siempre se cumple es el pago económico, pero el aspecto de justicia casi nunca
se cumple”.213
En el transcurso de esta investigación no fue posible obtener información detallada sobre el estado de cumplimiento
de las sentencias de la Corte por casos del enfrentamiento armado debido a que COPREDEH no cuenta con una base
de datos que desglose esta información, y el personal del Departamento Jurídico de dicha institución tampoco pudo
ofrecer la información.
210 Taller de Casos realizado por Impunity Watch el 3 de mayo 2008 en Guatemala.
211 Amnistía Internacional, 1 de mayo 2008. Guatemala: la denegación de las extradiciones solicitadas por España por crímenes de derecho internacional.
Disponible en www.amnesty.org
y g
212 Acuerdo Gubernativo 486-91.
213 Entrevista realizada por IW el 2 de septiembre 2008 en Guatemala.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
65
3.
INDEPENDENCIA Y DISPOSICIÓN DEL SISTEMA PENAL
Con la reforma judicial de 1992 y 1993 se realizaron varios cambios en el marco normativo para garantizar la independencia
judicial y la obligación del sistema de persecución penal de actuar con imparcialidad. Según el ordenamiento legal
guatemalteco, las decisiones tomadas en el ejercicio de la persecución penal y de la función jurisdiccional no pueden
ser revisadas, enmendadas o invalidadas por ningún órgano político del Estado ni por otra institución estatal, fuera
de los recursos establecidos en la ley y el control que ejercen las partes dentro del proceso penal sobre las actuaciones
procesales. Sin embargo, persisten prácticas que afectan la independencia de los operadores de justicia para investigar
y juzgar con imparcialidad los hechos delictivos, particularmente los delitos graves del pasado. Dentro de estas
prácticas destacan: el hecho de que el Fiscal General es elegido por el Presidente de la República, las autoridades
del Organismo Judicial son nombradas por el Congreso de la República, lo cual se presta a la politización de estos
cargos; la injerencia interna dentro del MP para promover o impedir la investigación de algunos casos; y las constantes
amenazas y ataques contra operadores de justicia que tramitan casos de los crímenes del pasado.
Por mandato constitucional, el Congreso tiene una serie de atribuciones y poderes sobre el OJ, como lo son nombrar a
magistrados de la CSJ y de las Salas de Apelaciones, decidir sobre el antejuicio214 contra los magistrados de la CSJ, destituir
a los magistrados de la CSJ y de las Salas de Apelaciones con base a una resolución de la Junta de Disciplina Judicial;
y decidir sobre aumentos presupuestarios. Igualmente, el Presidente de la República tiene facultad para nombrar
y destituir al Fiscal General. La forma en que se implementan estos procedimientos ha sido criticada por distintos
grupos sociales porque ha permitido la politización de los nombramientos, las destituciones y los presupuestos.
En cuanto a las injerencias internas dentro del MP, en una entrevista realizada por IW un funcionario del MP indicó que
había recibido “órdenes verbales” de altos funcionarios del MP sobre los casos que debían investigar y las diligencias
que debían realizar. Por ejemplo, la Unidad de Esclarecimiento Histórico recibió la orden verbal de no solicitar
información al Ministerio de la Defensa, y los oficios elaborados por la UEH para solicitar información al Ministerio de
la Defensa no fueron autorizados por las autoridades del Ministero Público. Por razones de confidencialidad en este
informe no se revela el nombre del informante, ni de la Secretaría que dicta estas órdenes verbales, pero es altamente
preocupante que existan este tipo de prácticas dentro del MP que obstruyen el trabajo de los fiscales y protegen a los
presuntos responsables de los delitos graves del pasado.
Estudios previos confirman la existencia de este tipo de injerencias internas dentro del MP en relación con casos de
alto impacto social. El informe 2005 de la Comisión Internacional de Juristas indica que las Secretarías del MP ejercen
amplios poderes y se inmiscuyen en las investigaciones criminales, por ejemplo mediante el nombramiento de un
fiscal que se sabe anticipadamente que avanzará o no en la investigación. El Informe también señala que existen
vínculos entre miembros de algunas Secretarías del MP con políticos, grupos empresariales o del crimen organizado.215
Las recurrentes amenazas y ataques contra operadores de justicia involucrados en la investigación y juzgamiento de
los casos del enfrentamiento armado interno también afectan la independencia y autonomía de éstos para cumplir
con su función. En los veinte casos analizados por IW que llegaron a los tribunales guatemaltecos, prácticamente en
todos hubo hostigamientos, amenazas o ataques contra las víctimas, testigos, querellantes adhesivos y operadores
de justicia. Por ejemplo, en el caso de la masacre de Xamán ocurrida en 1995, hubo constantes presiones y amenazas
contra el fiscal del caso y la querellante adhesiva; finalmente el fiscal del caso tuvo que salir del país.216 En el caso del
asesinato de la antropóloga Myrna Mack en 1990, uno de los policías que investigaba el caso fue asesinado en 1995 y
otro tuvo que salir del país a causa de amenazas.217
3.1 Falta de disposición para investigar y perseguir los delitos graves
Un indicador de la falta de disposición dentro del sistema de persecución penal para investigar y juzgar a los
responsables de los delitos graves del pasado es la falta de avance de los procesos dentro del sistema. La investigación
de Impunity Watch, como se indicó antes, revela que existen procedimientos y actitudes de los operadores de justicia
214 Ley que regula el procedimiento según el cual aplican las protecciones constitucionales de funcionarios públicos señalados de conducta criminal para
determinar si procede la acción penal.
215 Comisión Internacional de Juristas. 2005. Informe La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer. Pág. 51.
216 Ibíd.
217 CEH. 1999. Informe Guatemala: Memoria del Silencio. Tomo VI. Casos Ilustrativos. Guatemala.
66
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
que indican falta de disposición del sistema para resolver este tipo de casos: a) investigaciones no abiertas o avanzadas
incluso específicamente con el fin de proteger a altos funcionarios públicos o a los autores intelectuales de los delitos
graves; b) cargos subestimados; y c) múltiples retrasos durante el proceso penal.
En los 20 casos analizados por IW por crímenes del enfrentamiento armado, prácticamente sólo se han realizado
investigaciones contra los autores materiales. De las 10 sentencias condenatorias, únicamente en el caso del asesinato
de Myrna Mack se condenó a uno de los autores intelectuales, pero éste se dio a la fuga. Hay que destacar que este
caso tuvo alta visibilidad nacional e internacional y el proceso duró más de doce años. En términos generales, el MP no
investiga de oficio218 ni implica a los responsables intelectuales de los crímenes. Aunque la investigación de la cadena
de mando para deducir la autoría intelectual es un elemento fundamental para esclarecer los delitos graves cometidos
por las fuerzas de seguridad del Estado, el MP no toma este camino en sus investigaciones ni siquiera para formular la
acusación y se concentran en los rangos de paramilitares. Por ejemplo, en las dos sentencias emitidas por la masacre
de Río Negro fueron condenados ocho ex patrulleros civiles, tres con sentencia firme; en la sentencia por la masacre de
Xamán fueron condenados únicamente los miembros de la patrulla militar que irrumpió en la comunidad, y en el caso
Tululche un comisionado militar. En ninguno de los dos casos se investigó a las autoridades militares que planificaron
y autorizaron estos crímenes, a pesar de que los querellantes adhesivos lo solicitaron.
El proceso penal por genocidio contra Ríos Montt se encuentra en fase de investigación en el MP desde el 2001 y en
ningún momento el MP ha citado a declarar al ex militar Efraín Ríos Montt, el principal imputado, a pesar de que el
querellante adhesivo lo ha solicitado en repetidas ocasiones al MP. Un funcionario del MP reconoció que a algunos
funcionarios públicos de alta jerarquía nunca se les investiga: “hay muchos funcionarios involucrados en estos casos o
que pertenecieron al ejército, que están ocupando puestos públicos en las instituciones y se les protege. Por ejemplo, a Ríos
Montt se le protege”.219
Otro indicador de poca disposición para juzgar los delitos graves es la subestimación de cargos. Por ejemplo, en el
caso de la desaparición forzada de seis personas en la aldea Choatalum, Chimaltenango, entre 1982 y 1984, en el que
se sindica a un ex comisionado militar, el MP basó su investigación bajo la calificación jurídica de encubrimiento
propio porque el imputado no tuvo participación directa en los hechos, a pesar de que el querellante adhesivo pedía
la calificación de desaparición forzada y de delitos contra los deberes de la humanidad. Finalmente el juez aceptó
la calificación de desaparición forzada, pero no la de delitos contra deberes de la humanidad, argumentando que
no existía evidencia de que el imputado hubiera infringido la normativa internacional aplicable al enfrentamiento
armado.220
Por otra parte, en la segunda acusación por la masacre de Río Negro se calificó el hecho como asesinato de 143 personas
y no como genocidio, a pesar de que el Código Penal contempla este delito y los hechos así lo indicaban. En el caso
contra el ex comisionado militar Cándido Noriega, en vez de acudir a las tipificaciones de delitos internacionales, el
MP le sindicó de varios asesinatos, secuestros, violaciones sexuales, robos y otros delitos en la aldea Tululche, Quiché,
entre 1980 y 1982, y solamente se le condenó por 6 de los 35 asesinatos que se le imputaban y dos homicidios. El juez
no condenó por el delito de violación sexual a pesar de que se le imputaban 14 violaciones, ni condenó por los demás
delitos mencionados.
En los 20 casos analizados por IW existen múltiples retrasos en las investigaciones debido al tiempo tomado por
los tribunales en resolver los recursos de amparo, apelaciones, solicitudes de aplicación de la Ley de Reconciliación
Nacional e inconstitucionalidades. En el caso de las Dos Erres, por ejemplo, entre el 2000 y el 2003 se interpusieron
32 recursos de amparo y la resolución de cada uno tuvo un tiempo promedio de 174 días. Estos retrasos también se
dan entre la finalización de la investigación y el inicio del debate y entre la conclusión del debate y la resolución
final de las apelaciones. El debate por el caso de desaparición forzada de Choatalum se retrasó un año por un recurso
de inconstitucionalidad y una apelación del mismo ante la CC, declarándose en ambos la improcedencia de los
argumentos presentados por la defensa del acusado.
Un ejemplo que ilustra todos los factores mencionados en este apartado es la odisea que las víctimas, familiares y
representantes legales tuvieron que aguantar para lograr un resultado final del caso Río Negro221. En la primera sentencia
en este caso de 1999, se condenó a muerte a tres ex patrulleros civiles por asesinato de menos de tres personas. Esta fue
218 Es decir, sin tener que esperar una denuncia entregada al MP.
219 Entrevista realizada por IW el 14 de mayo 2008 en Guatemala. Por razones de confidencialidad no se revela el nombre del informante.
220 Sin embargo el segundo supuesto del Artículo 378 del Código Penal vigente (delitos contra los deberes de humanidad) dice “o quien cometiere cualquier
acto inhumano contra población civil”.
221 En marzo de 1982 el ejército y paramilitares del Estado asesinaron a 177 mujeres y niños en la aldea.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
67
anulada ese mismo año por una Sala de Apelaciones, obligando a enmendar el proceso. En 1999, después de un segundo
juicio en el que las víctimas tuvieron que testificar de nuevo en el tribunal, fueron condenados de nuevo a 50 años de
prisión. No fue hasta 2008, que se emitió condena a cinco de los ex patrulleros involucrados en el ataque; entre la fecha
de denuncia de la masacre y esta última sentencia transcurrieron quince años.
Otro obstáculo serio son algunas prácticas de negligencia de los operadores de justicia, como por ejemplo órdenes
de captura no ejecutadas y fuga de los condenados. En el caso de la orden de captura internacional de la Audiencia
Nacional de España, aún después de la rectificación de errores en la documentación transmitida por la Audiencia, las
autoridades locales no ejecutaron todas las órdenes de captura, solamente fueron ejecutadas contra dos de los ocho
sindicados, todos ellos ex funcionarios y militares de alto rango. En el caso Mack, el autor intelectual de los hechos fue
absuelto por una Sala de Apelaciones y liberado cuando aún estaba pendiente la apelación contra esa decisión, y se
fugó, a pesar de la presencia de las fuerzas de seguridad, antes de la ratificación de la primera sentencia condenatoria
por la CSJ.
Estos procedimientos y prácticas muestran la poca disposición del sistema de persecución penal para investigar y
resolver con propiedad y prontitud los delitos graves ocurridos durante el enfrentamiento armado. A esto se suma
la influencia del sistema político en el nombramiento y destitución de las autoridades del OJ y el MP, así como la
asignación de presupuestos a estas instituciones, lo que pone en riesgo la independencia y autonomía de ambas
instituciones para cumplir con imparcialidad su función de investigar y juzgar conforme a la ley.
4. VOLUNTAD POLÍTICA DEL ESTADO PARA PROMOVER LA JUSTICIA
Los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario de lucha
contra la impunidad establecen que el Estado en su conjunto es responsable de responder a los delitos graves del
pasado. Como contenido general de estas normas, se puede decir que el Estado en primer lugar debe asegurar que
existen instituciones y procesos capaces y con disposición de investigar y procesar delitos internacionales y de
proporcionar otros recursos para las víctimas como reparaciones e información, y en segundo lugar asegurar que las
víctimas tengan acceso a tales instituciones y procesos.
En concreto, el Organismo Legislativo y el Organismo Ejecutivo tienen la obligación de proveer los instrumentos legales,
los recursos y las condiciones apropiadas para que el sistema de persecución penal cumpla con la tarea de investigar
y juzgar a los responsables de dichos delitos. Para establecer si existe la voluntad política del Estado guatemalteco
para apoyar al sistema de persecución penal, en esta sección se examina: a) el rol del Organismo Legislativo para
aprobar leyes que faciliten la persecución penal de los delitos graves del pasado; b) el papel del Organismo Ejecutivo a
través de decretos y disposiciones administrativas para facilitar la función del sistema de administración de justicia;
y c) el presupuesto que el Legislativo y el Ejecutivo asignan al sistema de administración de justicia para combatir la
impunidad.
4.1 Organismo Legislativo
Desde 1992, el Congreso ha aprobado varias leyes importantes para reformar y modernizar el sistema de justicia, pero
esta legislación no necesariamente se enfoca en la persecución penal de los delitos graves del pasado. Entre 1992 y
1995, el Congreso aprobó el nuevo Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, y tipificó los delitos de
ejecución extrajudicial y tortura en el Código Penal. Además, es importante mencionar que a partir de 1994, se instaló
la Misión de Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, que tenía una sección específica para dar seguimiento al
trámite parlamentario de la agenda de la paz.
En el período legislativo 1996-2000 (gobierno de Álvaro Arzú) se tipificó el delito de desaparición forzada; se derogó
la jurisdicción militar para delitos comunes cometidos por integrantes del Ejército; se aprobó la Ley de Protección de
Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal y la Ley de Reconciliación Nacional que,
como se ha enfatizado, excluye específicamente ciertos delitos de trascendencia internacional. En 1997, se aprobó la
Ley de la Policía Nacional Civil, que sustituye a los antiguos cuerpos de policía; se aprobaron las reformas al Código
Procesal Penal para ampliar las facultades del querellante adhesivo y se estableció la posibilidad de suspender la acción
penal contra quienes colaboren con las autoridades en la investigación de ciertos delitos, entre los cuales no se incluyó
68
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
las graves violaciones a los derechos humanos. La última norma vinculada al sistema de administración de justicia
que aprobó esta legislatura fue la Ley de la Carrera Judicial, que regula el ingreso, permanencia, promoción, ascenso,
capacitación, disciplina y otras actividades de los jueces y magistrados, con el fin de garantizar su independencia.
En el período legislativo 2000-2004 (gobierno de Alfonso Portillo, FRG) en el cual el FRG contaba con mayoría
parlamentaria y Ríos Montt fue Presidente del Congreso por cuatro años consecutivos, no se aprobó ninguna
norma importante para fortalecer la capacidad del sistema de administración de justicia para tratar los delitos del
enfrentamiento armado interno.
En el período legislativo 2004-2008, se aprobó la Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil, DIGICI,222 para
recopilar, evaluar y analizar información requerida para la producción y distribución de inteligencia; la Ley de Régimen
Penitenciario; y la Ley para crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Asimismo, en este período, se aprobó la instalación de una Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en Guatemala, OACNUDH, cuyo mandato incluye informar a la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas sobre los casos en que los procesos jurídicos nacionales no sean acordes con los instrumentos
internacionales.223
En agosto 2007, se aprobó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG, mediante un acuerdo
entre la ONU y el gobierno de Guatemala. Según su mandato la Comisión debe: a) determinar la existencia de cuerpos
ilegales de seguridad y aparatos clandestinos; b) colaborar con el Estado en la desarticulación de estos grupos y
promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes, y c) recomendar
al Estado políticas públicas para erradicar a los grupos ilegales y prevenir su reaparición, incluyendo reformas jurídicas
e institucionales necesarias para este fin. Además CICIG debe actuar con independencia para cumplir con su mandato
y requerirá la colaboración de las instituciones del Estado, principalmente el MP y la PNC. Aunque el mandato de CICIG
no incluye la investigación de casos ocurridos durante el enfrentamiento armado, las organizaciones de víctimas y
de derechos humanos esperan que las investigaciones de CICIG logren alcanzar a algunas estructuras criminales que
operaron durante el enfrentamiento armado y continúan funcionando en la actualidad.
Muchas de estas leyes fueron aprobadas tras largos meses, incluso años, de negociación y de trabajo de incidencia de
diferentes grupos sociales y principalmente de las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, otras iniciativas
han sido archivadas o han permanecido en el Congreso por años, como la iniciativa para reformar la Ley de Amparo, la
Ley para crear la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Ley del Programa Nacional de Resarcimiento.
La escasa aprobación de leyes específicas para garantizar la persecución penal de los delitos graves del pasado
muestra el poco interés y voluntad política del Organismo Legislativo para apoyar al sistema de persecución penal en
la investigación y juzgamiento de los responsables de dichos delitos.
4.2 Organismo Ejecutivo
Los tres gobiernos posteriores a la firma de la paz, Álvaro Arzú (1996-2000), Alfonso Portillo (2000-2004), y Oscar Berger
(2004-2008), emitieron una serie de acuerdos gubernativos y ministeriales y crearon instancias y mesas de discusión
para apoyar el fortalecimiento del sistema de administración de justicia y el respeto de los derechos humanos. Una de
las instancias que ha servido a este propósito es la COPREDEH, que ha respondido a diversas condenas contra el Estado
de Guatemala ante el Sistema Interamericano por casos de violaciones a los derechos humanos. En varios de estos
casos, el Estado ha reconocido las violaciones cometidas, ha pedido perdón y ha ofrecido reparaciones a las víctimas.
Sin embargo, en los casos atendidos por los tribunales guatemaltecos, el Ejecutivo no ha facilitado el esclarecimiento
de las responsabilidades individuales, ni ha cooperado con el sistema judicial respecto a la información estatal
relevante a los casos penales.
En el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en 1998, se creó la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia cuyo
objetivo fue realizar un diagnóstico del sistema de administración de justicia. En ese mismo año, la Comisión presentó
222 Congreso de la República, Decreto 71-2005.
223 Artículo 5, numeral 1, literal f del mandato: Acuerdo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de la
República de Guatemala Relativo al Establecimiento de una Oficina en Guatemala.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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su informe “Una nueva justicia para la paz”. Posteriormente, se creó una Comisión ad hoc para darle seguimiento a las
recomendaciones del informe, y más adelante se creó la Comisión Nacional para el Seguimiento al Fortalecimiento
del Sector Justicia, que funciona actualmente, cuyo papel ha sido lento para aportar a la transformación del sector
justicia.
Durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) se aprobó el Acuerdo Gubernativo 948-99 para crear la Comisión
Guatemalteca para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Esta Comisión funciona en el Ministerio de
Relaciones Exteriores y no fue reglamentada hasta el 2005. Sin embargo, no existe vinculación de esta Comisión con
la promoción de la investigación, juicio y sanción por la Comisión de Crímenes del Enfrentamiento Armado Interno a
pesar de su tipificación en el derecho interno e internacional desde aquella época.
Durante el gobierno de Alfonso Portillo, se aprobó el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil, el cual
incluye dentro de las faltas muy graves cuya sanción es la destitución, la destrucción de pruebas y la obstrucción de
la averiguación de la verdad.224 En el gobierno de Oscar Berger, el MINDEF emitió el Acuerdo Ministerial 06-2005 con
la pretensión de regular la aplicación del artículo 30 constitucional que establece la confidencialidad de determinada
información bajo la garantía de Seguridad Nacional. El Acuerdo del MINDEF desarrolla categorías de confidencialidad,
así como la clasificación y desclasificación de información militar, incluida la del pasado, que son restrictivas y quedan
a discreción de las autoridades militares. Este acuerdo ha sido invocado por autoridades militares para negarse a
proporcionar información, incluso con requerimiento de juez competente. Es de esperar que la nueva legislación sobre
libre acceso a la información, discutida en el capítulo sobre Verdad, tenga efectos positivos para la obtención de
pruebas en los procesos penales.
4.3 Asignación y ejecución del presupuesto del sistema de persecución penal
Sin duda una de las manifestaciones más concretas de la voluntad política del Organismo Legislativo y el Organismo
Ejecutivo para contribuir al esclarecimiento y juzgamiento de los delitos graves del pasado es la asignación de
presupuestos apropiados para que las instituciones encargadas de la persecución penal realicen su trabajo. Para
analizar la asignación y ejecución presupuestaria del sistema de persecución penal, IW solicitó a un grupo de expertos
en finanzas públicas realizar un estudio específico sobre las instituciones del sistema de administración de justicia. A
continuación se presentan los resultados del análisis presupuestario del Ministerio Público y del Organismo Judicial
por su responsabilidad directa en la investigación y juzgamiento de los delitos graves del pasado. Este análisis
presupuestario corresponde al período 1998-2007 y la información se obtuvo de diferentes fuentes con las estimaciones
respectivas.
En relación con el MP, entre 1998 y el 2007, tuvo un presupuesto aprobado que osciló entre los Q.350 millones y Q.600
millones (entre 47.7 y 75 millones de dólares) y un presupuesto ejecutado de alrededor de Q.200 millones y Q.600 millones
(25 y 75 millones de dólares), mostrando niveles de sub-ejecución durante el período 1998-2005. En cuanto al Gasto General
de la Nación, su presupuesto se ubicó en 1.0% en 2005, se elevó a 2.0% en 2005 y volvió a caer a 1.5% en el 2007. A precios
constantes, se evidencia que la tasa de crecimiento acumulativa anual del MP ha sido negativa, situándose en 3.0%.
Considerando que el MP cuenta con una Unidad específica para gestionar casos de delitos graves del pasado, se realizó
un análisis que permite observar que en el 2005 se ejecutaron Q.520.5 millones en el MP (65.06 millones de dólares), de
los cuales se destinaron a persecución penal y pública Q.246.1 millones (30.76 millones de dólares); y de éstos, Q.6.48
millones a derechos humanos (81 mil dólares), que incluye la labor de la Unidad de Esclarecimiento Histórico, lo cual
equivale a 2.6% del gasto ejecutado en persecución penal y pública y al 1.2% del gasto ejecutado total del MP. En 2007,
el gasto ejecutado se ubicó en Q.611.9 millones, de los cuales, se destinaron a persecución penal y pública Q.335.2m;
y Q.6.07m a derechos humanos, lo cual equivale a 1.8% del gasto en persecución penal y pública y a 1.0% del gasto
ejecutado total.225
Estos datos evidencian que el gasto destinado a la persecución penal y pública y, específicamente a los casos de
derechos humanos, no solamente fue mínimo sino que además, en 2007 sufrió una reducción. Esto es un indicador
evidente de la poca inversión del Estado guatemalteco en el esclarecimiento de los delitos graves del pasado.
224 Acuerdo Gubernativo 420-2003, Artículo 22.10, Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil.
225 Es importante anotar que la Fiscalía de Derechos Humanos tiene cuatro sub-dependencias, o sea que cabe estimar que el MP invierte en la UEH alrededor
de Q1.5 millones al año, unos US$200,000.
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reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Otro aspecto a considerar del MP es su ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento. La mayoría de sus
recursos, por arriba del 90.0%, provienen de ingresos corrientes tanto en presupuesto asignado, lo cual es muestra del
grado de solidez presupuestaria interna de dicha institución. Por su parte, se muestra un análisis en el que se permite
observar que la gran mayoría de sus fuentes de financiamiento se refieren a ingresos corrientes con más del 70% de
su ingreso total.
Sin embargo, con el propósito de establecer el grado de atención del MP a los casos por delitos graves del pasado,
con la mínima información disponible, se realizó una estimación relacionando el porcentaje ejecutado en derechos
humanos al presupuesto ejecutado por clasificación geográfica. Con este ejercicio se evidenció la falta de correlación
entre el gasto en este rubro y la ubicación territorial de las víctimas del conflicto armado interno.
En relación con el Organismo Judicial, en el período 1998-2007, a precios corrientes, el presupuesto aprobado del OJ
osciló entre los Q.800.0 millones y los Q.1,000.0 millones (entre 1 y 1.25 millones de dólares), en tanto que el presupuesto
ejecutado osciló entre Q.400.0 millones y Q.1,200.0 millones (entre 50 y 150 millones de dólares) mostrando durante la
mayoría del período niveles de sub-ejecución. Dicha situación ha venido revirtiéndose a partir del 2006, lo cual es un
signo de mejora en la capacidad de ejecución.
En cuanto con el presupuesto ejecutado con respecto al presupuesto general de la nación, se observa que durante
el período 1998-2007 este indicador se ubicó entre alrededor de 1.7% y un poco más de 3.0%, del presupuesto. Sin
embargo, a precios constantes el panorama es bastante diferente, pues en el período se observa una reducción en
la asignación presupuestaria que cae de unos Q934.5 millones en 1998, a menos de Q543 millones en el 2007. Esto
evidencia que los tomadores de decisión no han incorporado justamente la inflación para determinar los niveles
presupuestarios a asignar a la justicia. En consecuencia, se puede decir que la inflación ha absorbido buena parte de
los incrementos presupuestarios de la última década.
En cuanto al presupuesto ejecutado, el panorama optimista que se reflejó a precios corrientes se minimiza por la
inflación, ya que si bien evolucionó en alrededor de Q.400.0 millones hasta ubicarse en Q.1,200.0 millones en 2007,
para el caso a precios constantes únicamente evolucionó hasta ubicarse en un poco más de Q.600.0 millones, casi la
mitad del nivel alcanzado a precios corrientes.
La diferencia que existe entre el presupuesto aprobado y ejecutado para el periodo 1998-2007, indica que existe una
constante en la administración presupuestal por estrechar la brecha, observándose que cada año ha existido una mayor
ejecución, al grado que en los años 2006 y 2007 se puede ver que existe una sobre ejecución del presupuesto en el
orden de 113.5% y 124.8%, respectivamente, aspecto que es positivo porque indica que existe una buena administración
financiera, al grado que les ha permitido gestionar una ampliación presupuestaria, que podría dar cabida para gestionar
recursos financieros para responder más apropiadamente a los casos por delitos graves del pasado.
5.
FACTORES SOCIALES QUE INFLUYEN EN LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA Y LA
ACTUACIÓN DEL SISTEMA DE PERSECUCIÓN PENAL
Una serie de factores sociales inciden en la decisión de las víctimas del enfrentamiento armado de acudir al sistema
de persecución penal y en las actitudes de los funcionarios del sistema hacia las víctimas. Dentro de estos factores
destacan: la poca confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de la justicia; el temor de las víctimas
a denunciar y participar en el proceso penal; el racismo enraizado en la cultura ladina (mestiza) dominante en el país;
la persistente división ideológica de la sociedad en relación con el enfrentamiento armado; y el desconocimiento
de muchos grupos sociales sobre la tragedia del enfrentamiento armado, particularmente la niñez, la juventud y la
población ladina de centros urbanos que no fue afectada directamente por la violencia.
A pesar de los avances de la reforma judicial y de la ampliación en la cobertura de servicios de justicia en el país, la
población tiene poca confianza en las instituciones encargadas de la justicia. Según un estudio de opinión pública
realizado por ASIES acerca de la cultura democrática de los guatemaltecos, en el 2004 el promedio de confianza en el
sistema de justicia en Guatemala era de 44 puntos en una escala de 0-100 puntos; aunque la población por lo general
no respaldaba el uso de tácticas extralegales contra los presuntos delincuentes: existía apoyo firme al debido proceso,
el 76% de los guatemaltecos entrevistados opinó que para capturar a los presuntos delincuentes las autoridades deben
actuar conforme a la ley. El mismo estudio señala que quienes confían más en la justicia son los jóvenes, quienes
no han sido víctimas de la delincuencia, quienes no perciben inseguridad física y quienes no han sido víctimas de la
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
71
corrupción.226 Lamentablemente el estudio no especifica datos sobre la confianza de los grupos indígenas en el sistema
de justicia, ni de las víctimas del enfrentamiento armado. Por lo general, la falta de confianza de la población y de las
víctimas en el sistema judicial afecta el avance de las investigaciones. Leopoldo Zeissig, en su calidad de Jefe de la
Unidad de Averiguaciones Especiales de la PDH señaló: “en algunos casos hemos tenido que llegar cinco, seis, hasta siete
veces (con las víctimas), hasta que finalmente logramos conseguir el testimonio”.227
El miedo también obstaculiza que muchos testigos, víctimas o sus familiares acudan al sistema de administración
de justicia. Por las características de la política contrainsurgente que involucró a la población civil en actividades
paramilitares, en muchas comunidades las víctimas continúan conviviendo con los perpetradores de delitos graves del
pasado. Al respecto, una de las víctimas entrevistadas en el sur de Quiché para este estudio comentó: “tenemos temor
porque uno de los comisionados aún vive en San Andrés. Pienso que si uno de los comisionados se entera de que estamos
promoviendo algún proceso en contra de ellos puedan tener represalias contra nosotras y nuestros hijos. Si no fuera por
eso sería bueno que el pueblo supiera y que el pueblo y ellos supieran, y decirles de frente y en su cara que por qué hicieron
esa masacre o los crímenes, pero es una gran limitante, el temor”.228 A esto se suman las múltiples amenazas y ataques
contra víctimas y testigos que han acudido al sistema de persecución penal.
Otro de los factores sociales más serios que obstruye el esclarecimiento de los casos es el racismo. Históricamente
en Guatemala un pequeño grupo de eurodescendientes y ladinos (mestizos) han controlado el Estado y el sistema
económico del país, excluyendo y marginando a los grupos indígenas. El racismo y la exclusión social de los grupos
indígenas es una herencia del período de la Colonia y persiste en todos los niveles de las relaciones políticas y sociales del
país hasta afectar la vida cotidiana. El racismo ha sido ampliamente documentado y estudiado en Guatemala y según
el informe de la CEH, fue una de las causas estructurales del enfrentamiento armado. El informe de la CEH también
concluye que el 83% de las víctimas del enfrentamiento armado eran indígenas y el genocidio fue específicamente
contra grupos indígenas mayas.229
El racismo incide en las actitudes y decisiones de los operadores de justicia con relación a los casos cuando las víctimas
son indígenas. La gran mayoría de operadores de justicia y funcionarios del sistema penal son hombres y ladinos, y
muchos de ellos evidencian un trato discriminatorio hacia las víctimas indígenas. En relación con esto, reflejando la
experiencia de muchos consultados, una de las víctimas entrevistadas en Alta Verapaz compartió que: “aunque la ley
dice que somos iguales, en la realidad nos discriminan por ser indígenas, porque no sabemos leer y escribir”.230
Esto también lo constató un grupo de abogados y activistas de organizaciones de derechos humanos que acompañan
procesos penales por delitos graves del pasado en un taller organizado por IW en mayo 2008. Al respecto, Arturo Aguilar
de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG, señaló que: “un operador de justicia, juez
o fiscal, no es una isla de conocimiento jurídico que va a actuar en coherencia con esto. Es un ciudadano cualquiera, con el
mismo imaginario que cualquier otro ciudadano, pero que se encuentra en una posición de poder judicial en un momento
de su vida. Por ende, y según mi experiencia, un tema fundamental en el esclarecimiento de los crímenes del pasado es
el racismo. La sociedad está permeada por el racismo y no se le da la relevancia suficiente a una víctima por el hecho de
ser indígena, y eso está bien marcado. Eso se ve en el presente, es diferente cómo atienden a una persona no indígena y
cómo atienden a una persona indígena. En todo el aparato del Estado hay diferencias marcadas y eso no se puede seguir
negando”.231
El trato diferenciado y discriminatorio de los operadores de justicia es más evidente hacia las mujeres indígenas.
En relación con esto, Aura Elena Farfán de FAMDEGUA, narró el rechazo que han sufrido las mujeres indígenas
cuando acuden al MP a presentar una denuncia o solicitar una diligencia: “nosotros hemos tenido alguna experiencia,
específicamente en Cobán, cuando llegan solas las mujeres y los familiares a poner las denuncias de la existencia de
cementerios clandestinos, pasan horas y horas sentados en las bancas sin poderlos atender el Ministerio Público… no sólo
en Cobán sino también en Petén, porque en Petén también hay q’eqchi’s. Es una discriminación bárbara, y especialmente
si son mujeres. No se les atiende como debería de ser, sino al contrario, las menosprecian… Una de ellas tuvo que poner
denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos tres veces porque no se le atendió. Y aquí, nosotros fuimos, viajamos
a Cobán y allí sí inmediatamente las atendieron, porque les decimos ´si no los atienden, vamos a ver qué hacemos´.
226
227
228
229
ASIES. 2005. Resumen ejecutivo del VI informe acerca de la cultura democrática de los guatemaltecos. Guatemala. Pág. 5-6.
Entrevista realizada por IW el 3 de julio 2008 en Guatemala.
Entrevista realizada a víctima del departamento de Quiché.
Para información más detallada sobre el racismo en Guatemala consultar: Arenas Bianchi, Clara; Hale, Charles R.; y Palma Murga, Gustavo. 1999. ¿Racismo
en Guatemala? Abriendo el Debate sobre un tema tabú. AVANCSO. Guatemala y; Bastos, Santiago y Camus, Manuela. 2003. Entre el mecapal y el cielo.
FLACSO. Guatemala, y Casaús, Marta. 1991. Racismo y linaje. FLACSO. Costa Rica.
230 Entrevista realizada a víctima del departamento de Alta Verapaz.
231 Taller de Casos realizado por Impunity Watch el 13 de mayo 2008 en Guatemala.
72
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Tuvimos que ir también con la supervisora general para poner esta clase de denuncias, porque sí es bien preocupante
la discriminación”.232 Es importante señalar que muchas de las denuncias son presentadas por madres y viudas que
perdieron a un familiar y sufrieron la violencia del enfrentamiento armado personalmente.
La influencia negativa en el esclarecimiento de los delitos graves del pasado que tiene la profunda división ideológica
de la sociedad guatemalteca en relación con el enfrentamiento armado, es un elemento adicional e importante
porque es el clima en el que deben operar y existir, las víctimas, presuntos responsables, los medios de comunicación,
operadores de justicia y poderes políticos del país. La élite económica y militar y grupos sociales conservadores niegan
el genocidio y no reconocen las atrocidades cometidas por el Estado guatemalteco contra la población indígena. El
narrativo construido por estos sectores alrededor del conflicto es un heroico combate al comunismo; aunque aceptan
que murieron civiles y que se cometieron excesos militares que eran inevitables. En muchas ocasiones se culpa a las
víctimas por su presunta participación en grupos guerrilleros y se habla de “excesos” de algunos miembros del Ejército
y de los patrulleros civiles, pero no de una política contrainsurgente contra segmentos de la población civil. Estos
grupos también señalan a las organizaciones de derechos humanos de tener el reto de defender la izquierda política,
de “defender a los delincuentes” y de desprestigiar al Estado guatemalteco ante la comunidad internacional.
Como factor social positivo, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos han jugado un papel muy
importante, dentro y fuera de Guatemala, para denunciar los delitos graves cometidos contra la población civil. Desde
la década de 1980, muchas agrupaciones de víctimas han reclamado justicia y han exigido que el Estado guatemalteco
explique dónde están los miles de desaparecidos del enfrentamiento armado. Con la finalización del enfrentamiento,
varias organizaciones de derechos humanos han iniciado y acompañado procesos penales por delitos graves del
pasado y han sugerido y aportado pruebas para el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, por lo general las
organizaciones cuentan con pocos recursos y limitada capacidad para brindar apoyo técnico y jurídico en los procesos
penales: en pocas situaciones cuentan con los recursos para emplear abogados penalistas experimentados y muchas
veces su participación se reduce a dar respaldo moral y ejercer presión política.
Si bien la justicia es una responsabilidad principalmente del Estado, en la práctica lo que se ha logrado ha sido posible
en buena medida por los esfuerzos y el trabajo de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos. Sin
embargo, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos han tenido limitada capacidad y recursos para litigar
casos y desarrollar estrategias para mantener el tema de la justicia por los delitos graves del pasado en la agenda
nacional. Las organizaciones de derechos humanos han tenido limitada capacidad para visibilizar ante el Estado y
la sociedad en general las demandas de justicia de las víctimas del enfrentamiento armado y establecer los vínculos
entre la violencia del pasado y la del presente, y entre la impunidad del pasado y la del presente.
Los medios de comunicación también influyen en la percepción pública sobre el enfrentamiento armado y la respuesta
del sistema de justicia penal. Por lo general los medios de comunicación priorizan en sus reportes hechos violentos y
delictivos del presente y prestan poca atención a los casos por delitos graves del pasado. Sin embargo, en varios casos
de alto impacto social o de corrupción estatal los medios de comunicación han jugado un papel importante para
denunciar públicamente los hechos y han ejercido presión política para reclamar una respuesta efectiva del sistema
de persecución penal. Pero los medios también han dado cobertura a los casos penales por delitos del pasado, como
por ejemplo el de Choatalum mencionado arriba, o como en el caso del Juez Eduardo Cojulún, cuando citó testigos a
dar declaración en el caso por genocidio, terrorismo, homicidio y secuestro en trámite en España y empezó a recibir
amenazas de muerte.
Un estudio de opinión sobre los temas de exhumaciones, justicia y verdad, realizado a nivel nacional en 2006,
reveló que 94% de los entrevistados sabían que en Guatemala hay personas desaparecidas y que 73% de ellos se
enteraron a través de los medios de comunicación.233 Sin embargo, si el sistema de justicia no promueve los casos y las
organizaciones de víctimas y de derechos humanos no informan a los medios de comunicación; esta información no
llega a la población. El aspecto en el que los medios de comunicación juegan un papel más controvertido y sesgado,
es en términos de opinión, pues en todos los medios son mayoritarios los comentaristas que exculpan a las fuerzas de
seguridad y revictimizan a las víctimas.
232 Ibíd.
233 Martínez, Aniorte; Juan Carlos (Coord); Barczay, Daniel; Navarro, Susana y Pérez Sales, Pau. 2008. Exhumaciones, verdad y justicia en Guatemala: estudio
de opinión a nivel nacional. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP, y Grupo de Acción Comunitaria, GAC. Guatemala. En proceso de
publicación.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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Como otro elemento, la apatía y el limitado conocimiento entre la población sobre los hechos ocurridos durante el
enfrentamiento armado no contribuyen a las demandas de justicia de las víctimas. Muchos jóvenes menores de 25
años que residen en zonas urbanas no tienen suficiente información sobre el enfrentamiento armado debido a que
sus padres o las escuelas no hablan sobre el tema. También mucha de la población que residía en zonas urbanas no
fue afectada directamente por la violencia del enfrentamiento armado, ni recibía información suficiente y fidedigna
sobre las masacres y la violencia que ocurría en las aldeas y las zonas rurales durante el período más alto de la violencia
(1978-1982). Mucha de la información que presentaban los medios de comunicación de la época era parcial o provenía
del Estado y culpaba a la guerrilla de muchos de los ataques contra la población civil y criminalizaba a las víctimas por
su presunta participación en grupos guerrilleros. En este sentido el Estado guatemalteco ha realizado pocos esfuerzos
para difundir el informe de la CEH e introducir la enseñanza del conflicto armado interno en las escuelas y todos los
centros educativos del país, incluyendo las universidades. Este punto se revisa con más detalle en el capítulo sobre
garantías de no repetición en este mismo informe.
Obstáculos a la Justicia
En este capítulo se evidenciaron una serie de obstáculos que contribuyen a la impunidad por los crímenes del
enfrentamiento armado y que debilitan al sistema penal, entre ellos destacan: 1) la poca disposición del sistema penal
para investigar y juzgar los delitos del enfrentamiento armado; 2) los pocos recursos y capacidades que el sistema
penal destina para investigar los casos del enfrentamiento armado; 3) el abuso de procedimientos para retrasar y
obstruir los procesos penales; 4) la limitada independencia del poder judicial y del sistema de persecución penal; 5) las
actitudes racistas de algunos operadores de justicia; 6) la falta de mecanismos eficientes de evaluación y supervisión
de desempeño en el sistema penal; y 7) la poca protección a los testigos, los defensores de derechos humanos y los
operadores de justicia. A esto se suma la falta de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y la limitada
capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para litigar casos.
La poca disposición del sistema penal para investigar los casos del enfrentamiento
El sistema penal muestra poca disposición para investigar y juzgar los delitos ocurridos en el enfrentamiento armado.
El Ministerio Público no ha iniciado de oficio, como lo establece la ley, ni una sola investigación por delitos graves
ocurridos durante el enfrentamiento; todos los expedientes abiertos en el MP han sido a partir de una denuncia de las
víctimas o de organizaciones de derechos humanos.
El MP prácticamente no investiga a altos funcionarios y a los autores intelectuales de los delitos graves del
enfrentamiento armado. En la querella contra Ríos Montt iniciada en el 2001, por ejemplo, el MP no ha citado ni
una sola vez al sindicado a declarar. El MP tampoco actúa penalmente cuando una dependencia o funcionario del
Estado no colabora con las investigaciones, como en el caso del Ministerio de la Defensa que reiteradamente niega
información relacionada a las actividades del Ejército durante el enfrentamiento armado.
En algunos casos existen injerencias internas de altos funcionarios del MP en las diligencias de los fiscales encargados
de investigar los casos de delitos graves del pasado. Es preocupante que algunos funcionarios del MP den “instrucciones
verbales” a los fiscales encargados para que no realicen diligencias en determinados casos de violaciones graves
ocurridas durante el enfrentamiento armado.
Por otro lado, la Policía Nacional Civil no cuenta con una unidad específica de investigación para los delitos graves
del enfrentamiento armado y en general su sistema de investigación criminal es deficiente. Según el marco legal
guatemalteco, la policía debe actuar bajo la dirección del MP en las tareas de investigación criminal, sin embargo el
personal de su servicio de investigación, la División de Investigaciones Criminalísticas, está poco profesionalizado y ha
estado involucrado en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y actividades criminales. Finalmente,
en ocasiones, la policía no cumple con eficiencia la ejecución de órdenes de captura contra sindicados de delitos
graves, lo que ha facilitado la fuga de los imputados.
Respecto al Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, resuelven con extrema lentitud las múltiples apelaciones
y recursos interpuestos por los abogados defensores de los presuntos responsables de los delitos graves del enfrentamiento
armado, lo cual retrasa por meses y hasta años los procesos penales. Además, en varios casos los jueces subestiman los
delitos y aplican calificaciones menores a las que corresponden al tipo de delitos que se imputan.
Para avanzar en la lucha contra la impunidad es importante que las instituciones que intervienen en el proceso penal
corrijan las deficiencias actuales e investiguen y juzguen los casos más graves ocurridos durante el enfrentamiento
armado, como el genocidio, las masacres, desapariciones forzadas y la violación sexual. El sistema penal tiene una
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gran responsabilidad con las víctimas y la sociedad en general para castigar a los responsables de los delitos graves
que se cometieron en Guatemala y para demostrar a las nuevas generaciones que el Estado no está dispuesto a que
estos crímenes tan graves vuelvan a repetirse.
Los pocos recursos y capacidades del sistema de persecución penal
El sistema penal destina muy pocos recursos y capacidades a la investigación de los delitos graves del enfrentamiento
armado. Como se indicó antes, el MP cuenta con una pequeña unidad fiscal para investigar los casos por delitos
graves del enfrentamiento armado, la Unidad de Esclarecimiento Histórico, como se le conoce en Guatemala. Esta
unidad fiscal cuenta con muy poco personal en proporción al número de casos que maneja, apenas ocho personas para
atender cientos de casos del enfrentamiento armado; además el personal de la unidad no posee la especialización ni
capacitación suficiente para cumplir su trabajo. La Unidad de Esclarecimiento Histórico está centralizada en la ciudad
capital, cuando la mayoría de las víctimas residen en zonas rurales. La Unidad no cuenta con personal bilingüe, ni
traductores, aun cuando la mayoría de las víctimas de los casos son indígenas y muchas de ellas no hablan español.
La Unidad carece de protocolos y estrategias específicas de investigación para las diferentes etapas procesales, y sólo
excepcionalmente coordina investigaciones con las fiscalías distritales que gestionan casos por delitos graves del
enfrentamiento armado o con otras unidades especializadas de investigación del MP.
IW solicitó a un experto independiente en gasto público estimar la inversión del MP en la investigación de casos de
derechos humanos y se constató que el MP destina apenas el 1% de su presupuesto a la Fiscalía de Derechos Humanos,
de la cual depende la Unidad de Esclarecimiento Histórico. Asimismo, de acuerdo al último Informe sobre el Estado
de la Región (2008), el sistema de justicia penal de Guatemala contaba con el presupuesto más bajo de la región
centroamericana, el cual era únicamente de US$6.9, per cápita en el 2006, frente a US$23.7 de El Salvador.
El abuso del amparo y la Ley de Reconciliación Nacional para retrasar los procesos
El amparo como garantía de protección de los derechos humanos ha sido tergiversado por muchos abogados que
constantemente interponen todo tipo de recursos, retrasando indefinidamente los procesos penales. Igualmente, en
muchos procesos se admite a trámite la solicitud de los abogados defensores de emplear la Ley de Reconciliación
Nacional, aunque ésta no aplique en la mayoría de ellos, con el fin de retrasar el proceso penal. Además el Organismo
Judicial y la Corte de Constitucionalidad tardan meses y hasta años para resolver los recursos provocando que los
procesos penales se extiendan por años, lo cual desanima a las víctimas y a los querellantes adhesivos.
Esta situación ha sido denunciada y puesta de manifiesto en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso del asesinato de la antropóloga Myrna Mack: “Las autoridades judiciales son responsables de este
retraso injustificado debido a “un manejo displicente del proceso que se ha traducido en permitir y dar curso a recursos
frívolos, el no respetar plazos procesales al pretender desligarse del proceso mediante supuestas dudas de competencia.
[…] Los tribunales guatemaltecos han permitido un uso abusivo del recurso de amparo. Aunque la ley permite la acción de
amparo contra resoluciones judiciales, la interpretación dada a esta posibilidad por los tribunales en este caso ha facilitado
que las partes presenten acciones de amparo que han provocado demoras injustificadas y la discontinuidad permanente
del proceso”.234
La limitada independencia del poder judicial y del sistema de persecución penal
Uno de los factores que afecta la independencia del Organismo Judicial y la autonomía del Ministerio Público es la
manipulación política que el Congreso y el Ejecutivo hacen de los nombramientos de estas instituciones. El Congreso
es el responsable de nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones y a la mitad
de los miembros del Consejo del Ministerio Público, además de que decide sobre la asignación del presupuesto para
dichas instituciones. Por su parte, el Presidente de la República tine facultades para nombrar o destituir al Fiscal
General del MP. Aunque el proceso de selección y nombramiento a estos cargos se realiza a partir de una nómina de
candidatos propuestos por una comisión de postulación, en muchos casos, dichas comisiones son influenciadas por
intereses políticos sin tomar en cuenta exclusivamente criterios de excelencia y experiencia profesional, de manera
que se beneficia a determinados candidatos más afines a los partidos o grupos de poder en ese momento, por lo que
se corre el riesgo de que se establezca una relación clientelar, afectando el principio de independencia de los poderes
públicos.
234 Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre 2003.
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En muchos casos existen hostigamientos, amenazas y ataques contra operadores de justicia, además de que la Oficina
de Protección de Testigos y Sujetos Procesales del MP no ofrece medidas de protección apropiadas y carece de los
recursos y capacidad suficientes para cumplir con esta tarea.
La persistencia del racismo en el sistema penal
La gran mayoría de los operadores y funcionarios del sistema de justicia penal son hombres ladinos (mestizos) y
muchos de ellos muestran actitudes racistas hacia las víctimas y testigos indígenas, principalmente hacia las mujeres
indígenas. Las instituciones del sistema penal cuentan con muy poco personal indígena y con traductores para facilitar
el acceso de las víctimas y testigos a los servicios de justicia en su propio idioma.
La Unidad de Esclarecimiento Histórico del MP está centralizada en la ciudad capital y no cuenta con oficinas regionales
en las zonas indígenas donde ocurrieron las masacres y la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos, lo
que da una muestra también de la poca importancia que se da al acceso de dicha población a la justicia.
La falta de mecanismos eficientes de evaluación y supervisión en el sistema penal
Un problema serio que enfrenta el sistema penal, y la administración pública en general, es que no cuenta con
mecanismos efectivos de supervisión de desempeño de los operadores de justicia. Aunque la carrera fiscal y judicial
están reguladas, en muchos casos los criterios de selección, ascensos, evaluación y destitución de los operadores de
justicia no se cumplen, dejando margen a la discrecionalidad de las autoridades del Ministerio Público y del Organismo
Judicial. En el caso del Ministerio Público el sistema disciplinario es insuficiente y no evalúa permanentemente el
desempeño de los fiscales. No se establece correspondencia entre la falta y la sanción a aplicar, lo cual queda a la
discreción de la autoridad sancionadora.
La poca protección a los testigos y los operadores de justicia
El Ministerio Público y la Policía ofrecen limitada protección a los testigos, los querellantes adhesivos y los operadores
de justicia durante el proceso penal. Aunque en 1996 fue aprobada la Ley de Protección de Sujetos Procesales y Personas
Vinculadas a la Administración de Justicia Penal, no fue hasta el 2007 que el MP creó la Oficina de Protección de
Testigos y Sujetos Procesales para dar cumplimiento a lo establecido en dicha ley. Esto evidencia el poco interés de las
administraciones anteriores del MP para atender un asunto clave en proceso penal, como lo es la protección de testigos
y operadores de justicia. Además, dicha oficina no cuenta con los recursos suficientes y estrategias específicas para
garantizar la protección de testigos y los sujetos procesales que intervienen en los casos del enfrentamiento armado.
En los primeros siete meses del 2008, al menos siete operadores de justicia habían sido asesinados. A estos asesinatos
se suman numerosos casos de amenazas e intimidaciones sufridas por los operadores, las cuales no siempre son
denunciadas por temor a perder la vida. Según los recuentos e información que tienen en su poder la oficina de
seguridad del Organismo Judicial y la Asociación de Jueces y Magistrados van más de 20 casos de violencia contra
operadores de justicia. En este sentido, es muy difícil aplicar justicia de una manera efectiva, cuando en ese camino
los sujetos procesales arriesgan la vida.
La limitada capacidad de las organizaciones de sociedad civil para litigar casos
Las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, sin cuyos esfuerzos y aporte los resultados del sistema penal
serían aún menores, cuentan con pocos recursos económicos y capacidad para litigar casos. Debido a que los procesos
penales se extienden por años las organizaciones deben invertir mucho tiempo y dinero en el proceso, además
enfrentan muchas dificultades para encontrar abogados calificados y dispuestos a litigar este tipo de casos, cuando
frecuentemente sufren amenazas por ello.
Muchas de las organizaciones han recibido apoyo de organismos internacionales, tanto en la forma de financiamiento,
como en asesoría técnica y legal, sin embargo, es difícil mantener dichos apoyos durante el largo tiempo que duran los
procesos, sin el logro de resultados tangibles. Es prácticamente impensable, que las propias víctimas, generalmente
población de muy bajos recursos, puedan aportar ni siquiera una mínima parte de lo necesario para entablar estos
procesos, y dado que como hemos visto anteriormente, los casos no avanzan en el sistema penal sin el impulso
de los querellantes adhesivos, podemos concluir sin lugar a dudas que el propio sistema excluye y discrimina en
la administración de justicia a las víctimas por su condición económica, violando los principios establecidos en la
normativa nacional e internacional.
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reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Falta de confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia y limitada demanda social de justicia frente a
los casos del pasado
La gran mayoría de la población no confía en las instituciones del Estado y particularmente en el sistema de justicia.
Esto se debe en parte a la ausencia histórica de las instituciones del Estado en muchas regiones del país y a la represión
de las fuerzas de seguridad del Estado durante el enfrentamiento armado contra la población civil. A esto se suma
el desprestigio que enfrentan las instituciones del sistema de justicia penal en la actualidad, debido a los escasos
resultados para combatir la delincuencia y la impunidad y al involucramiento de funcionarios públicos en actos
delictivos y de corrupción.
Otro factor que debilita los esfuerzos de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos para obtener
justicia por los casos del enfrentamiento armado es la apatía de la gran mayoría de la población, que se denota en
la falta de respaldo social y el poco eco en los medios de comunicación masiva de estos casos. Entre las causas de
esta falta de demanda social, se encuentra el miedo que aún prevalece en las comunidades afectadas, el racismo
imperante en el país, dado que la mayor parte de las víctimas eran indígenas pobres, unido a la situación actual de
inseguridad y violencia cuya resolución es la principal demanda de los sectores de poder y de la población en estos
momentos.
A modo de conclusión
En los últimos 15 años, el sistema penal guatemalteco ha avanzado significativamente en el marco normativo en
materia de derechos humanos y derecho humanitario internacional, así como en la reforma y modernización de las
instituciones del sistema penal. Sin embargo, aún presenta una serie de problemas que obstruyen la justicia para las
víctimas del enfrentamiento armado y para los ciudadanos en general. A nivel de justicia transicional, dentro de estos
obstáculos lo más preocupante es la falta de disposición de las autoridades del sistema penal y de los operadores de
justicia para investigar y juzgar a los responsables de los delitos graves ocurridos durante el enfrentamiento armado.
Es sumamente grave que el sistema penal investigue escasamente los delitos de lesa humanidad ocurridos en el
pasado reciente del país, como el genocidio contra el pueblo Maya, las masacres, desaparición forzada, ejecuciones
extrajudiciales y violación sexual. Mucho más cuando estos crímenes afectaron mayoritariamente a la población más
vulnerable del país, indígenas y mujeres, a quienes por su condición de mayor vulnerabilidad, el Estado tendría una
mayor responsabilidad de proteger.
Al no investigar y juzgar los más graves crímenes del enfrentamiento armado, el sistema penal no solamente atenta
contra los derechos fundamentales de las víc timas respecto al acceso a una justicia pronta y cumplida, sino que los
perpetradores por su parte tienen posibilidad de seguir actuando con total impunidad. Esta situación es aún más
grave, cuando dichos perpetradores ostentan cargos públicos. Adicionalmente, la falta de justicia, favorece que se
mantenga en el imaginario colectivo la omnipresencia de la impunidad: si el Estado tolera los más graves crímenes,
cómo se puede esperar justicia en otro tipo de crímenes. Esto además fomenta la apatía, la pérdida de confianza, así
como un sentimiento de indefensión por parte de la población en general.
Impunity Watch considera fundamental que el sistema de justicia penal guatemalteco aborde con seriedad los
obstáculos aquí identificados y priorice la investigación y persecución de algunos de los casos graves del enfrentamiento
armado, ya abiertos en el Ministerio Público, a manera de romper con el inmovilismo actual y abrir camino para la
justicia.
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III
EL DERECHO A LA REPARACIÓN
El Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la
Impunidad (2005), señalan que toda víctima de violaciones a los derechos humanos tiene derecho a la reparación.
Adicionalmente, en 2005, la Asamblea General de la ONU aprobó los Principios y directrices básicos sobre el derecho
de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Estos Principios
estipulan que los Estados deberán conceder reparación a las víctimas por acciones u omisiones del Estado que
constituyan violaciones a las normas internacionales de los derechos humanos o violaciones graves al derecho
internacional humanitario. Las medidas de reparación deben incluir restitución, indemnización y rehabilitación, así
como satisfacción y garantías de no repetición, y deben ser proporcionales a la gravedad del daño causado y a las
violaciones perpetradas.
En relación con el derecho a la reparación, IW centró su investigación en el Programa Nacional de Resarcimiento, PNR,
por ser la institución del Estado encargada de cumplir con las reparaciones a las víctimas del enfrentamiento desde el
año 2003. Además, se examinó el rol de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, COPREDEH, en relación con las
reparaciones del Estado de Guatemala por los casos tramitados en el sistema interamericano de Derechos Humanos.
IW solicitó información detallada al PNR y a la COPREDEH con el propósito de contar con información primaria para
analizar la información relacionada a las seis áreas de investigación. También se revisaron fuentes documentales y
se realizaron entrevistas con actores clave, comprendiendo funcionarios públicos, organizaciones de sociedad civil,
organizaciones de víctimas y víctimas no organizadas. Una limitación de la información ofrecida por el PNR es que en
algunos datos varían según la administración que ofrece la información. Los datos financieros, por ejemplo, difieren
de una fuente a otra, sin que a ninguna fuente se pueda atribuir la última palabra, dado que en la administración de
los fondos del PNR han intervenido diversos actores, como se indicará más adelante. Los datos sobre víctimas y delitos
resarcidos deben tomarse con similar precaución, pues no coinciden los proporcionados por la administración 20052008 del PNR con los de la administración que tomó posesión en 2008. 235
En este capítulo se examina: 1) la normativa nacional e internacional vigente en Guatemala en materia de reparaciones;
2) la labor de las instituciones del Estado encargadas de las reparaciones, particularmente el PNR y la COPREDEH; 3) la
voluntad política del Estado para promover las reparaciones; y 4) los factores sociales que obstaculizan el derecho de
las víctimas a la reparación. Al final del capítulo se destacan los principales obstáculos en esta materia.
235 La coyuntura electoral del segundo semestre de 2007 afectó significativamente la recopilación de información del PNR. Las autoridades en funciones en
2007 indicaron que por el proceso electoral y por encontrarse en proceso de evaluación interna-externa (el PNR y sus principales donantes), postergarían
la entrega de información hasta después de las elecciones. Esa administración dejó la institución en enero 2008, luego de la toma de posesión del
nuevo gobierno. La nueva administración del PNR requirió tiempo para ubicarse en la institución, situación complejizada por el hecho de haber operado
cambios de personal en gran escala, como explicaremos más adelante. Si bien funcionarios de ambas administraciones eventualmente colaboraron con
esta investigación, su capacidad de brindar información solicitada se vio afectada por la coyuntura y los cambios.
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79
1.
MARCO NORMATIVO DE LAS REPARACIONES EN GUATEMALA
En esta sección se analizan los instrumentos internacionales relevantes al derecho a las reparaciones ratificados por el
Estado de Guatemala. También se analiza el marco legal vigente y las garantías existentes para que las víctimas puedan
acceder a las reparaciones. Como acuerdos políticos asumidos por el Estado de Guatemala y ratificados mediante ley
por medio de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, se mencionan los Acuerdos de Paz relevantes y las recomendaciones
emitidas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, CEH, dado que son derivadas de un Acuerdo de Paz.
Entre la normativa internacional relevante a las reparaciones suscrita por el Estado de Guatemala se encuentra la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificada en 1977). El artículo 1.1 de la Convención señala que “Los
Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”. La Corte Interamericana ha derivado la obligación de los
Estados de reparar en caso de violaciones a los derechos humanos: “Como consecuencia de esta obligación los Estados
deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación
de los derechos humanos.”236 Asimismo, la Convención faculta a la Corte a disponer sobre medidas dirigidas a la
reparación (artículo 63.1).
Guatemala también ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, artículo 14, ratificada en 1990; la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990; que
establece la obligación de los Estados de velar por la recuperación y reintegración de todo niño o niña que ha sufrido
una violación a los derechos humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado en 1992, que
prevé la reparación en caso de detenciones ilegales.
En cuanto al marco normativo nacional, los fundamentos constitucionales para acceder al derecho a la reparación
se encuentran en los artículos 44, 46 y 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala, CPRG. El art. 155
expresamente reconoce la obligación del Estado de indemnizar: “Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del
Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva,
será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios
y empleados públicos, podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de veinte
años. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para
la prescripción de la pena”. Esta obligación se complementa con los compromisos internacionales contraídos por el
Estado de Guatemala en materia de reparaciones, las cuales de acuerdo con los artículos 44 y 46 de la Constitución, se
integran al derecho interno con un rango superior a la normativa nacional.237
Por otra parte, el artículo 1665 del Código Civil establece que “El Estado y las municipalidades son responsables de
los daños o perjuicios causados por sus funcionarios o empleados en el ejercicio de sus cargos. Esta responsabilidad es
subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva cuando el funcionario o empleado directamente responsable no tenga bienes, o los
que tenga no sean suficientes para responder del daño o perjuicio causado”. De esta manera, de acuerdo a la Constitución
y al Código Civil, tanto el Estado como sus funcionarios pueden ser demandados, para obtener reparación en caso de
violaciones a los derechos humanos.
Por último, dentro de la normativa nacional relevante se encuentra el artículo 9 de la Ley de Reconciliación Nacional
(Decreto 145-96), aprobada por el Congreso en vísperas de la firma de la paz, el cual establece que “El Estado como un
deber humanitario asistirá a las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el enfrentamiento armado interno. La
asistencia se hará efectiva a través de la coordinación de la Secretaría de la Paz con medidas y programas gubernamentales
de carácter civil y socioeconómico dirigidos en forma prioritaria a quienes más lo necesiten dada su condición económica
y social. La Secretaría de la Paz tomará en cuenta las recomendaciones que formule al respecto la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico”.238 Esta ley es la única emitida por el Congreso de la República que menciona el tema de las
reparaciones y, como se aprecia, se enfoca como un deber humanitario y de asistencia a los más pobres y marginados;
no se asume el daño causado por agentes del Estado, en particular por sus fuerzas armadas y policiales, ni se instruyen
políticas expresamente de reparación.
236 Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, Corte Interamericana de Derechos Humanos.
237 El art. 44 consigna que “Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes
a la persona humana”. El art. 46 establece el principio de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por
Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
238 La ley de Reconciliación Nacional fue aprobada el 27 de diciembre de 1996, dos días antes de la Firma de la Paz, por medio del Decreto 145-1996; el
Artículo 9 trata sobre el derecho a la reparación. http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0148.pdf
p //
g/
/p / 4 p
80
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Los Acuerdos de Paz, (AP), constituyen otro referente importante para las reparaciones. Si bien no forman parte de la
normativa nacional, en la Ley Marco de los Acuerdos de Paz (Decreto 52-2005), artículo 3, se reconoce “el carácter de
compromisos de Estado” de los Acuerdos de Paz, cuyo cumplimiento requiere de acciones a desarrollar por las instituciones
públicas y por las personas individuales y jurídicas de la sociedad, en el marco de la Constitución Política de la República
y de la ley”.
La responsabilidad del Estado de atender de manera específica a víctimas de violaciones a los derechos humanos
durante el enfrentamiento armado interno está recogida de forma explícita o implícita en los siguientes acuerdos:
•
Acuerdo Global sobre Derechos Humanos: Las Partes reconocen que es un deber humanitario resarcir y/o
asistir a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Dicho resarcimiento y/o asistencia se harán
efectivos a través de medidas y programas gubernamentales, de carácter civil y socioeconómico, dirigidos
en forma prioritaria a quienes más lo requieran, dada su condición económica y social (AGDH VIII. Art. 1).
•
Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado: En
el caso particular del abandono de tierras a causa del enfrentamiento armado, el Gobierno se compromete
a revisar y promover las disposiciones legales que eviten considerarlo como abandono voluntario y ratifica
la imprescriptibilidad de los derechos de tenencia de la tierra. En este contexto, promoverá la devolución de
las tierras a los poseedores originarios y/o buscará soluciones compensatorias adecuadas (ARPD II, art. 9).
•
Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de las violaciones a los derechos
humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimiento a la población guatemalteca, que establece
dentro del mandato de la Comisión: “Formular recomendaciones específicas encaminadas a favorecer la paz y la
concordia nacional en Guatemala. La Comisión recomendará, en particular, medidas para preservar la memoria de
las víctimas, para fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos humanos y para fortalecer el
proceso democrático” (ACEH, Finalidades III).
De acuerdo con este mandato, la Comisión de Esclarecimiento Histórico en su Informe, incluyó recomendaciones
en torno a la reparación y a la dignificación de las víctimas del enfrentamiento armado interno. En las medidas de
reparación, la CEH establece que: “la verdad, la justicia, la reparación y el perdón son los pilares de la consolidación de la
paz y la reconciliación nacional. Es, por tanto, responsabilidad del Estado guatemalteco elaborar y promover una política
de reparación a las víctimas y sus familiares, cuyos objetivos prioritarios han de ser la dignificación de las víctimas, la
garantía de no repetición de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados con el enfrentamiento
armado y el respeto de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos”. 239
Basado en lo anterior, la CEH propuso la implementación de un programa estatal de reparaciones en cuya definición
y conducción debía participar la sociedad guatemalteca, especialmente la representación de los pueblos indígenas. El
programa recomendado debía tener soporte legislativo y una vigencia suficiente para el cumplimiento de sus objetivos,
no menor de diez años. La Comisión recomendó que las reparaciones se implementarán con urgencia, incluyendo
medidas de restitución material y/o de tierra, compensación económica, medidas orientadas a la rehabilitación
psicosocial y medidas de satisfacción y dignificación individual moral y simbólica.
A pesar de que la CEH expresamente recomendaba el soporte legislativo del programa, en 2003 el gobierno de Alfonso
Portillo (FRG) creó el Programa Nacional de Resarcimiento, PNR, mediante el acuerdo gubernativo 235-2003, luego de
que no fuera posible que el Congreso de la República aprobara la Ley de Reparaciones, emanada de una propuesta
consensuada entre sociedad civil y el Ejecutivo. Este Acuerdo constituye el primer esbozo del PNR, y en el se estipulaba
que el Programa estaría dirigido desde una Secretaría de Resarcimiento como dependencia directa de la Presidencia.240
Sin embargo, fue derogado poco después mediante el acuerdo gubernativo 258-2003,241 eliminando la figura de la
Secretaría de Resarcimiento. Este acuerdo constituyó el acuerdo fundacional del PNR, pero, a su vez, fue reformado por
los acuerdos gubernativos 188-2004 y 619-2005 durante el gobierno de Oscar Berger, los cuales definen la estructura y
criterios de trabajo del actual Programa.
239 CEH. Informe Guatemala: Memoria del Silencio. Tomo V. Conclusiones y Recomendaciones. PNR. Guatemala, 2005.
240 Acuerdo gubernativo 235-2003. Diario de Centro América, 11 de abril de 2003. Pág. 3-5. En esta propuesta la Secretaría “de Resarcimiento” tendría una vigencia de 11 años. Un Secretario del Programa Nacional de Resarcimiento –nombrado por el Presidente y con las mismas prerrogativas que los Ministros
dirigiría el programa– el cual contaría con una Unidad Técnica de Calificación de Víctimas. Cabe mencionar que ese mismo día se publicó el Acuerdo
Gubernativo 228-2003, que establecía un aporte de capital a los exPAC Diario de Centroamérica, 11 de abril de 2003. Pág. 5-6).
241 Acuerdo Gubernativo 258-2003, Diario de Centro América, 8 de mayo de 2003. Pág. 2-3
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Según el acuerdo gubernativo 188-2004, el mandato del PNR consiste en “…el resarcimiento individual y/o colectivo de
las víctimas civiles de violaciones a los derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto
armado interno”.242 En el acuerdo 258-2003 se establecía una vigencia de once años para el Programa, pero fue modificado
en 2004, estableciéndose una vigencia mínima –y prorrogable– de 13 años a partir de la fecha de publicación. El período
de las violaciones a los derechos humanos a ser resarcidas es igual al establecido como duración del enfrentamiento
armado interno, o sea, los 36 años comprendidos entre 1960 y 1996. Finalmente, el PNR quedó establecido como un
Programa adscrito a la Secretaría de la paz, SEPAZ, que depende directamente de la Presidencia de la República. Sin
embargo, la frágil base legislativa del PNR ha permitido a sucesivos gobiernos cambiar la composición del Programa,
que ha sido modificado por dos acuerdos gubernativos posteriores.243
En conclusión, a pesar de que tanto la Constitución como diversos tratados internacionales ratificados por Guatemala
y la legislación ordinaria establecen la obligación del Estado de reparar las graves violaciones a los derechos humanos
ocurridas durante el enfrentamiento armado interno, la frágil base normativa del PNR ha permitido que el programa
sufra diversas modificaciones que se han traducido en la demora y parcialidad en la implementación y ejecución del
Programa, privilegiando las medidas de indemnización económica, como se analiza en el próximo apartado.
2.
INSTITUCIONES RESPONSABLES DE LAS REPARACIONES
2.1 El Programa Nacional de Resarcimiento, PNR
Previo a la creación del Programa Nacional de Resarcimiento en el año 2003, durante el gobierno de Álvaro Arzú
(1996-2000), la principal política oficial en materia de reparaciones consistió en implementar un programa piloto con
programas de inversión para el desarrollo de comunidades afectadas por el enfrentamiento armado interno bajo el
nombre de “Programa Nacional de Resarcimiento y/o Asistencia a las Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos
durante el Enfrentamiento Armado” por parte de la Secretaría de la Paz, SEPAZ, con apoyo financiero de la Comunidad
Internacional.
En 2003, se crea el Programa Nacional de Resarcimiento, cuya estructura de conducción política es la Comisión
Nacional de Resarcimiento (CNR). El primer presidente de la Comisión, nombrado por el Presidente Alfonso Portillo,
fue el activista maya Francisco Calí; la segunda presidenta, nombrada por el Presidente Oscar Berger, fue también la
activista maya y representante de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, Rosalina Tuyuc.
En su primer período, 2003-2005, la CNR tuvo carácter mixto, integrada por representantes de la sociedad civil y
funcionarios del Estado; y en ella participaron representantes de víctimas, organizaciones de derechos humanos,
indígenas y mujeres, así como dependencias del Estado relevantes al tema. Sin embargo, entre los representantes de
sociedad civil surgieron diferencias de diverso tipo, generando tensiones y conflictos que llegaron prácticamente a
paralizar la CNR y que abrieron la puerta para que, al modificarse nuevamente el acuerdo gubernativo, la sociedad civil
perdiera su espacio en la conducción del PNR.244 Mediante el Acuerdo Gubernativo 619-2005, la CNR quedó integrada
exclusivamente por entidades estatales, dependientes del Organismo Ejecutivo: Presidencia de la República, Ministerio
de Finanzas Públicas, SEPAZ, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y COPREDEH;
habiéndose previsto un Consejo Asesor de representantes de sociedad civil, que a la fecha no ha sido convocado.245
Por otro lado, la CNR nombra al Director Ejecutivo del Programa y le delega la conducción del trabajo. Hasta fines del
2008, la estructura interna del PNR consistía en una Dirección Ejecutiva y tres subdirecciones: Técnica, AdministrativaFinanciera y de Gestión Desconcentrada. De forma paralela, pero en relación directa con la Dirección Ejecutiva,
funcionaba una Unidad de Asesoría Jurídica.
242 Acuerdo Gubernativo 188-2004, artículo 1.
243 Acuerdo Gubernativo 250-2003, modificado posteriormente por los Acuerdo Gubernativo 188-2004 y 619-2005.
244 Estos hechos están recogidos y analizados en varios estudios. Martínez, Carlos Anibal. “Diez años de Acuerdos de Paz: Evaluación y Perspectivas: 19962006”. Guatemala; PNR. “Informe de la Evaluación Conjunta del Programa Nacional de Resarcimiento y de los Programas de Apoyo al PNR de GTZ y PNUD”. y
PNR. “La Vida No tiene Precio: Acciones y omisiones de Resarcimiento en Guatemala”. Guatemala, 2007; Colectivo de Organizaciones Sociales. “Inequidad,
pobreza y violencia en la patria del criollo; a nueve años de la firma de la paz”. Guatemala, 2005.
245 El Acuerdo 619-2005 establece que la integración de la CNR será de cinco miembros: a) Un delegado del Presidente de la República, quien la presidirá, b)
Ministerio de Finanzas Públicas, c) SEGEPLAN, d) SEPAZ, y e) COPREDEH.
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Para llevar a cabo su labor, el PNR cuenta con una sede central en la ciudad de Guatemala y 16 sedes regionales ubicadas
en los departamentos y las regiones más golpeadas durante el enfrentamiento: Chimaltenango; Huehuetenango (con
sedes regionales en los municipios de Barillas y Nentón); Quetzaltenango; Santa Cruz del Quiché (con sedes regionales
en Ixcán y Nebaj, agregando posteriormente Uspantán); Cobán, Alta Verapaz (con sede regional en Panzós); Rabinal,
Baja Verapaz; Sololá; San Benito, Petén; Mazatenango, Suchitepéquez; San Marcos y Zacapa. Estas oficinas constituyen
un esfuerzo de descentralización y de acercamiento a las mayores concentraciones de víctimas (ver anexo no. 10, mapa
de sedes del PNR).
Según apreciaciones del anterior director del PNR, hasta ahora el rol del Programa ha sido más bien pasivo y receptivo,
esperando que las víctimas se acerquen en vez de salir a buscarlas.246 De acuerdo con lo recabado en la investigación,
las sedes poseen equipamiento básico, aunque se perciben debilidades en medios de transporte y medios de
comunicación, ambos fundamentales en su quehacer. Por otro lado, el equipo que tomó posesión en el PNR en enero
2008, informó que el Programa tenía 354 personas contratadas, 60% de quienes se encontraban en la sede central, lo
cual consideraban excesivo y oneroso.247
Las personas responsables de cada sede han cambiado cuando es nombrado un nuevo Director Ejecutivo, o sea, al menos
tres veces en el lapso de cuatro años. Si bien sus funcionarios informan de procedimientos internos para la contratación
y promoción de personal, lo cierto es que los trabajadores han sido contratados o por el PNUD o por el renglón 0-29
(figura estatal de contratación temporal y de consultores), y ninguna de estas figuras garantiza estabilidad laboral. La
inestabilidad del personal repercute directamente en el establecimiento de lazos de confianza con las víctimas y sus
organizaciones, necesarios para el quehacer del programa, así como la creación de una capacidad instalada que pueda dar
un mejor servicio, dado que obliga a la capacitación y formación permanente del personal. Igualmente, la ausencia de un
marco legal y jurídico, como sería una ley, dificulta que haya una continuidad de políticas a lo interno del PNR, dado que
las orientaciones cambian con el cambio de personal y de gobierno.
El principal problema de independencia del PNR radica en que el sustento legal del Programa es un acuerdo gubernativo,
lo cual lo ubica en un rango de acciones de gobierno y no de Estado.248 El funcionamiento y el presupuesto del PNR
dependen de la disposición política de la Presidencia de la República y carece de independencia garantizada por ley,
puesto que el Presidente puede modificar o cancelar un acuerdo gubernativo sin necesidad de consulta o autorización
de ningún otro órgano de Estado.
El PNR no cuenta con un reglamento interno o manual de procedimientos estable, lo cual abre la puerta a diversas
irregularidades en la contratación de personal, pero especialmente a la afinidad política y al ingreso a la institución
de “recomendados”, personas contratadas por influencia y/o compromiso político. Así, fuentes cercanas al PNR indican
que los procedimientos formalmente existentes (aunque sin un sustento reglamentario-normativo claro) no siempre se
aplican y que algunas contrataciones se dan por recomendaciones personales de funcionarios del Estado. 249
Con los cambios operados en la Dirección Ejecutiva en 2005 y en 2008 (este último, con el cambio de gobierno), un
porcentaje considerable del personal fue reemplazado y despedido. Estimaciones de cooperantes internacionales que
apoyan el trabajo del PNR ubican por encima del 60% el personal del PNR reemplazado por la nueva administración en
los primeros meses de 2008.
Respecto a la asignación presupuestaria del programa, de acuerdo a distintas fuentes, el gobierno de Guatemala se
comprometió a dotar al PNR con Q300 millones anuales (aproximadamente US$40 millones), pero no ha sido posible
encontrar ningún documento en que oficialmente se establezca este monto.250 Desde 2005, el PNR ha contado con
dicho presupuesto de manera anual, aunque los fondos no siempre han estado disponibles de manera oportuna,
ni han sido ejecutados en su totalidad. Este monto está establecido en base a negociaciones políticas y no en
estimaciones técnicamente fundamentadas. Adicionalmente, existe un techo de 10% del presupuesto para los gastos
246 Entrevista realizada por IW a Martín Arévalo, ex Director del PNR. Guatemala, 18 de abril, 2008.
247 Estado de Situación al 14 de enero de 2008 del PNR. Presentación facilitada por el PNR a IW. Guatemala, 2008.
248 “…la normativa que regula el Programa es de un rango tal que sus acciones son de gobierno y no de Estado”. PDH. Informe del Procurador de Derechos
Humanos. Aspectos sustantivos de la política de reparaciones ejecutada por el Programa Nacional de Resarcimiento, PNR. Guatemala, 2006.
249 Se trata de fuentes diversas entrevistadas por IW, que solicitaron el anonimato.
250 Véase Rosalina Tuyuc. Citada en: PNR. La vida no tiene precio: Acciones y Omisiones de Resarcimiento en Guatemala Primer Informe Temático 20062007. Editorial Magna Terra. Guatemala, 2007. Págs. 22 y 74. En una entrevista realizada por IW. Guatemala, 2008, la ex Secretaria de SEGEPLAN, Patricia
Orantes, aseveró que este monto fue acordado entre Rosalina Tuyuc, como representante de víctimas, y el Vicepresidente Eduardo Stein, en 2004. El
acuerdo incluyó que los fondos provendrían del erario nacional y no de la cooperación, que formarían parte del presupuesto general de la Nación, y que
de no ejecutarse el monto completo en un año, el saldo seguiría destinado al PNR.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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administrativos, mismo que también fue fijado sin que se hicieran las estimaciones técnicas respectivas, de manera
que se pudiera garantizar una estructura suficiente para una correcta ejecución.
La ejecución presupuestaria del PNR a lo largo de estos años ha sido accidentada. Durante los primeros dos años, 2003
y 2004, la asignación fue significativamente menor a los Q300 millones, pero la ejecución también fue mínima y no
se lograron implementar medidas de resarcimiento. En 2005, el PNR recibió la asignación acordada, pero la ejecución
fue tan baja que en noviembre de ese año se trasladaron Q270 millones de su presupuesto al programa de asistencia
a damnificados por la tormenta Stan. En 2006 y 2007 el presupuesto asignado al PNR fue el previsto, pero según su ex
Director, Martín Arévalo, los fondos fueron consignados con retraso, dificultando la ejecución.251
Tabla 5
Ejecución presupuestaria del PNR 2003 – 2007
En millones de quetzales
Resarcimiento
Año
Presupuesto
Asignado
2003
No se conoce
Ejecutado en
funcionamiento
Servicios
brindados por
org privadas
Resarcimiento
económico
Porcentaje
ejecutado
2
0.7 %
2004
30
8.5
2005
300
14
3.0 %
2006
300
8
109
16.5
50.0 %
2007
300
29
167.5
19.5
79.0 %
TOTAL
930
61.5
282.0
36.0
41%
5.5
6. 5 %
Fuentes: Tabla elaborada por IW. La información para los años 2003 y 2004 proviene del documento: PDH. Informe del Procurador de Derechos
Humanos. Aspectos sustantivos de la política de reparaciones ejecutada por el Programa Nacional de Resarcimiento, PNR. Guatemala, 2006; Resumen de
ejecución en Revista Q´anil del PNR, y datos entregados por el PNR a IW en 2008, para los años 2004 a 2007; las cifras son aproximadas. El PNR no
proporcionó montos específicos destinados a exhumaciones, acompañamiento psicosocial y acompañamiento jurídico, englobados en la columna
Servicios brindados. Los datos de distintas fuentes se contradicen entre sí, optamos siempre por la fuente más oficial del PNR.
La baja ejecución presupuestaria de los años 2003 a 2005 permite comprender la acumulación de presiones,
provenientes tanto de organizaciones de víctimas como del gobierno mismo, para que se implementaran medidas de
reparación y se ejecutaran los fondos.
En un inicio los fondos del PNR fueron manejados por la SEPAZ, a través de un fideicomiso denominado FOSEPAZ, en el
BANCAFE. Tras la quiebra de esta entidad bancaria en 2006, y para agilizar la ejecución de los fondos, éstos pasaron a
ser administrados por PNUD a través de un fideicomiso en el Banrural.252 Entre las implicaciones de esta situación está
el que los funcionarios del PNR han sido contratados como consultores de PNUD y no como funcionarios de gobierno.
Una de las principales debilidades de funcionamiento del PNR, es la derivada de su naturaleza, dado que no está
conformado como unidad ejecutora, sino que es un programa dependiente de una Secretaría, las cuales por ley no
tienen facultad para ejecutar medidas más integrales como obras de infraestructura o medidas de dignificación,
estando limitadas a la entrega de transferencias financieras a terceros. Esto ha supuesto que el PNR limite su accionar
en gran medida a la entrega de resarcimiento económico a las víctimas.
Una fuente de SEGEPLAN explicó que el diseño del PNR tiene problemas administrativos que radican en que el acuerdo
gubernativo que lo sustenta autoriza la existencia del Programa, pero para echarlo a andar se requiere que en el aparato
de Estado se elabore la descripción de puestos para crear las plazas, que el Ministerio de Finanzas certifique el respaldo
financiero, y otros trámites.253 Asimismo, informó que se acudió a la administración del PNUD, porque el PNR no había
completado dichos requerimientos.
251 Entrevista realizada por IW a Martín Arévalo, ex Director del PNR. Guatemala, 18 de abril, 2008.
252 PNR. La vida no tiene precio: Acciones y Omisiones de Resarcimiento en Guatemala Primer Informe Temático 2006-2007. Editorial Magna Terra.
Guatemala, 2007.
253 Entrevista realizada por IW a Patricia Orantes, ex Secretaria de SEGEPLAN. Guatemala, 2008.
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reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Si bien la SEPAZ administra formalmente el presupuesto del PNR, lo cual retarda los procesos, esta entidad no puede
disponer de estos recursos porque están específicamente asignados al Programa. Esta contradicción se evidencia por
ejemplo en el contraste entre el presupuesto asignado a la SEPAZ en 2005 y 2006, y el asignado al PNR:
Tabla 6
Presupuesto asignado por año, SEPAZ y PNR
Año
SEPAZ
PNR
2005
Q 17,156,390
Q 300,000,000
2006
Q 22,189,921
Q 300,000,000
TOTALES
Q 39,346,311
Q 600,000,000
Fuente: Tabla elaborada por IW, con datos del PNR 2007 y de SEPAZ 2007.
Adicionalmente, SEPAZ no dirige el PNR, ni nombra a quienes lo hacen de manera directa, pese a que el mismo está
bajo su responsabilidad. SEPAZ es uno de cinco miembros en la CNR, órgano de conducción del PNR. Por lo mismo,
SEPAZ puede no interesarse en el PNR ni tener la disposición de presupuestar personal del Programa, lo cual les
otorgaría la categoría de empleado-funcionario público. En administraciones anteriores, la SEPAZ no ha jugado un
papel significativo en la conducción del PNR, mientras que en la administración que tomó posesión en enero 2008, el
Secretario de la Paz, Orlando Blanco, ha mostrado mayor interés en apoyar directamente al Programa.
En las sucesivas reformas de los Acuerdos Gubernativos se indica un plazo límite para la presentación, y posterior
aprobación, de un reglamento que rija el funcionamiento del PNR, pero solamente durante el 2005 existió un
reglamento aprobado y oficializado,254 el cual fue derogado poco después. A mediados de 2008, se aprobó el “Manual
para la Calificación de Beneficiarios del Programa Nacional de Resarcimiento”, el cual finalmente ha incluido los actos de
genocidio como violación a reparar.
El acuerdo gubernativo 258-2003 consigna como fin del PNR, “el resarcimiento a víctimas por violaciones a los Derechos
Humanos ocurridas durante el conflicto armado interno”, sin detallar el tipo de violaciones que serían resarcidas, las
características de la población beneficiaria del Programa ni las medidas de resarcimiento que serían implementadas.
Estas especificaciones se establecieron en los acuerdos 188-2004 y 619-2005. En su artículo 1, el acuerdo gubernativo
619- 2005 establece que el PNR recibe solicitudes de resarcimiento en casos de desaparición forzada, ejecución
extrajudicial, tortura física y psicológica, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de menores, violencia
sexual y violación sexual, violaciones en contra de la niñez, masacres, así como otras violaciones no contempladas
anteriormente, a ser conocidas y resueltas por la CNR.
Las medidas de reparación contempladas en el acuerdo gubernativo 619-2005, son la dignificación de las víctimas; el
resarcimiento cultural; la reparación psicosocial y rehabilitación; la restitución material y el resarcimiento económico.
En el mismo Acuerdo se establece que la calificación de beneficiarios debe tomar en cuenta “…principios de equidad,
justicia, celeridad, accesibilidad, gratuidad, sencillez, imparcialidad, integridad, efectividad, multilingüismo, publicidad,
oralidad, consulta, inclusión, participación social y respeto a la identidad cultural de las víctimas.”255 Asimismo, se estipula
que para la priorización de los beneficiarios individuales se deberá tomar en cuenta “…la gravedad de las violaciones, la
condición socioeconómica y vulnerabilidad social de los mismos, con especial atención a las viudas, huérfanos, huérfanas,
discapacitados, adultos mayores y menores de edad”.256
Hasta fines de 2007, el PNR había ejecutado principalmente medidas de resarcimiento económico y, en menor
medida, había apoyado procesos de exhumación-inhumación, considerados como medidas de reparación
psicosocial y dignificación de víctimas. Pese a estar mandatado para medidas de reparación integrales, el PNR se
ha concentrado sobre todo en la reparación económica, consistente en la entrega de un cheque, en ocasiones en
ceremonia pública con presencia de altos funcionarios de gobierno. Como veremos más adelante, este énfasis ha
sido objeto de críticas y debate social; por lo que la actual dirección de la SEPAZ y del PNR se propone implementar
medidas más integrales.
254 Acuerdo Gubernativo 43-2005. Diario de Centro América, 4 de febrero de 2005. Pág. 2-4
255 Acuerdo Gubernativo 619-2005, Programa Nacional de Resarcimiento. http://pnr.gob.gt/inicio/images/documentos/acuerdo%20gubernativo%20
no.%20619-2005.pdf
256 ibid.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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Los montos establecidos por el PNR para el resarcimiento económico han sido los siguientes:
 Por tortura o violación sexual: 20 mil quetzales; (aprox. US$ 2,667)
 Por ejecución extrajudicial, muerte en masacre o desaparición forzada: 24 mil quetzales; (aprox. US$ 3,200)
 Un monto máximo de 44 mil quetzales en los casos de familias con más de una víctima fatal. (aprox.
US$ 5,867).257
De diciembre 2005 a diciembre 2007, el PNR entregó resarcimiento económico a un total de 15,367 víctimas por un
monto de Q272.9 millones, aproximadamente US$ 36.7 millones. Los expedientes resarcidos durante 2006 y 2007 (el PNR
no proporcionó los datos correspondientes a 2005), contienen 12,623 violaciones a los derechos humanos cometidos
durante el enfrentamiento armado, contabilizados de la siguiente manera, en base a los cheques entregados:258
Tabla 7
Resarcimiento entregado por tipo de violación de DH
Tipo de violación de DH
% del total
Desaparición forzada
46%
Ejecución extrajudicial
42%
Masacres
5%
Tortura
2%
Violencia sexual
5%
Fuente: Información proporcionada a IW por el PNR, marzo de 2008
La tabla 7 muestra que los delitos más resarcidos, según la clasificación del PNR son la desaparición forzada y la
ejecución extrajudicial. La documentación requerida por el PNR en estos casos consiste en constancias emitidas por
alcaldes municipales, cuando no ha habido una inscripción formal de la defunción. En proporciones considerablemente
menores, se ha resarcido a víctimas de masacres, tortura y violación sexual, pese a que estos dos últimos delitos
podían ser documentados mediante actas de declaración jurada. Para todos estos delitos, la manera más expedita
para documentar el caso es que se encuentre registrado en el Informe de la CEH, el del REMHI o bien en informes de
peritajes antropológico-forenses.
La información proporcionada por el PNR sobre el número de beneficiarios y los montos de resarcimiento económico
entregados evidencia variación en los datos, por lo que IW tomó el dato más reciente proporcionado:
Tabla 8
PNR: Resumen anual de beneficiarios y resarcimiento económico
Año
2006
Beneficiarios
Monto Total
5,165
109,272,400.10
2007
8,202
167,465,513.90
Total general
13,367
276,737,913.90
Fuente: PNR, abril 2008.
En cuanto a la edad y género de las víctimas directas y/o familiares resarcidos, la información recabada indica que se
ha cumplido con priorizar a las víctimas de edad madura y a las mujeres, lo cual se enmarca dentro de los criterios
orientadores del PNR.
257 Manual de Criterios Básicos para la Aplicación de Medidas. Aprobado en 2007. Proporcionado a IW por un informante que solicitó anonimato. Estos
datos, aunque fueron requeridos, no fueron proporcionados por las autoridades.
258 La cantidad de expedientes difiere del número de víctimas así como del número de violaciones a los derechos humanos contabilizados, porque un
expediente puede ser individual o colectivo y puede contener información sobre más de una violación a los derechos humanos; asimismo, una misma
persona pudo haber sido objeto de varias violaciones.
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Tabla 9
Benificarios de reparación económica por sexo y edad 2005-2007
Rango de Edad
Femenino
Masculino
Total general
0-25
98
99
197
26-35
877
685
1562
46-55
5408
849
6257
56-65
2494
288
2782
66-75
1547
163
1710
mayor de 76
644
153
797
edad desconocida
Total general
38
24
62
11,106
2,261
13,367
Fuente: PNR, abril 2008
La información sobre la cobertura geográfica del resarcimiento económico hasta 2007, evidencia que la mayor cantidad
de beneficiarios se encuentran en Quiché (2,821), lo cual se corresponde con el hallazgo de la CEH de que este fue
el departamento más golpeado durante el enfrentamiento (ver anexo no. 10, mapa de sedes del PNR y distribución
de violaciones a los derechos humanos). El segundo departamento con más víctimas resarcidas es Chimaltenango,
seguido de Baja Verapaz.
Tabla 10
PNR: Resarcimiento otorgado por sede y por año, 2006-2007
Sede
2006
2007
Total general
Sede desconocida
54
497
551
COBAN, Alta Verapaz
327
710
1037
PANZÓS, Alta Verapaz
237
324
561
RABINAL, Baja Verapaz
914
539
1453
CHIMALTENANGO, Chimaltenango
1318
1369
2687
GUATEMALA, Guatemala
243
282
525
HUEHUETENANGO, Huehuetenango
230
292
522
5
13
18
13
13
MAZATENANGO, Suchitepéquez
305
861
1166
SAN BENITO, Petén
100
240
340
IXCAN, Quiché
141
280
421
NEBAJ, Quiché
466
1091
1557
SANTA CRUZ, Quiché
327
515
842
SOLOLA, Sololá
297
449
746
SAN MARCOS, San Marcos
153
442
595
1
1
48
284
332
5165
8202
13367
BARILLAS, Huehuetenango
NENTÓN, Huehuetenango
USPANTÁN, Quiché
ZACAPA, Zacapa
Total general
Fuente: PNR, abril 2008
El Programa ha sido objeto de críticas por parte de algunos sectores sociales por privilegiar el resarcimiento económico,
pues se indica que contradice lo expresado por las víctimas en términos de lo que esperan en materia de reparaciones,
así como contradice la normativa internacional en materia de reparaciones. Sin embargo, éste fue uno de los temas
de debate entre organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos humanos integrantes de la CNR mixta entre
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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2003 y 2005.259 Las organizaciones con base social en las áreas rurales golpeadas por la violencia insistían en la premura
del resarcimiento económico; mientras que organizaciones de derechos humanos instaban a procesos de reparación
más integrales, pero cuyo diseño e implementación tomaría más tiempo.
Una evaluación del PNR evidenció que el resarcimiento económico era solicitado solamente por el 25.5% de los y las
beneficiarias, a lo cual habría que agregar el 21.6% que solicitaban restitución material. El mismo estudio evidenció que
52.8% de los beneficiarios solicitaban medidas de otro tipo, como dignificación de las víctimas, reparación psicosocial
y rehabilitación, así como resarcimiento cultural.260 Sin embargo, el estudio de percepción realizado en 2006 por
el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala, ECAP, evidencia que 75.9% de las personas
consultadas, entre quienes se encontraban víctimas, propugnaron medidas de reparación económica, acompañadas
de apoyo en salud o psicológico.261 Por otro lado, expertos y acompañantes de víctimas coinciden en que la reparación
económica aislada, acentúa la conflictividad en las comunidades.262
Frente a las demandas de otro tipo de reparación, por parte de las organizaciones y de las víctimas, el PNR ha hecho
diversos esfuerzos para coordinar con otras entidades estatales y de sociedad civil, de manera que se pudieran
implementar medidas de reparación más integrales. Sin embargo, los resultados de estos esfuerzos han sido pocos y
no han tenido suficiente continuidad, lo que ha limitado su impacto.
En el período 2006-2007, a raíz de peticiones colectivas de víctimas, el PNR apoyó 228 procesos de exhumación
realizados por dos organizaciones antropológico-forenses de sociedad civil: FAFG y ODHAG, en los cuales se encontraron
los restos de 540 víctimas.263 Estos procesos fueron complementados con medidas de acompañamiento jurídico y
psicosocial, realizadas también por organizaciones de sociedad civil, al carecer el PNR de capacidad para brindar estos
acompañamientos.
Por otra parte, en ese mismo período el PNR intentó acercarse y coordinar con otras instituciones del Estado para
ampliar y complementar los alcances del Programa. Se buscó acompañamiento en materia de salud mental con el
Ministerio de Salud, encontrando receptividad y disposición. Sin embargo, la firma de un convenio de cooperación se
vio afectada por los sucesivos cambios de ministro de salud durante el gobierno del Presidente Oscar Berger.264 El PNR
también intentó echar a andar un Programa de becas de estudio destinado a comunidades que sufrieron masacres
y/o desplazamientos forzados, calificadas como tales en el Informe de la CEH. Al parecer, la medida se concibió con un
mecanismo de entrega directa, lo cual no resultaba económicamente conveniente debido a que la inversión requerida
para entregar las becas superaba el monto de las mismas.265
Con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se coordinó el apoyo en 2007 para los refugiados repatriados
desde Bolivia, el cual incluía desarrollo de proyectos productivos y acompañamiento técnico y con la Secretaría de
Asuntos Agrarios, SAA, se inició un diagnóstico sobre fincas otorgadas a refugiados y a otros grupos de campesinos,
el cual permanece incompleto.
Si bien funcionarios del PNR han realizado esfuerzos por coordinar acciones y proyectos con otras dependencias de
Estado, los mismos se han visto limitados por la falta de una política integral de Estado en cuanto a reconciliación
y reparaciones. En este sentido, el Informe de Evaluación Conjunta consigna que “el PNR actúa solo”, tanto en la
ejecución de las reparaciones como en cuanto a contar con otros entes y programas estatales”. El Informe agrega que la
“arquitectura institucional (que) no está acabada y difícilmente puede coordinar esfuerzos de entes locales y nacionales.266
259 Información y apreciaciones sobre estas desaveniencias están contenidas en La vida no tiene precio: Acciones y Omisiones de Resarcimiento en
Guatemala Primer Informe Temático 2006-2007. Editorial Magna Terra. Guatemala, 2007; y en PNR. Informe de Evaluación Conjunta del Programa
Nacional de Resarcimiento y de los Programas de Apoyo al PNR de GTZ y PNUD. Guatemala, 2007. Estos problemas también fueron tratados por personas entrevistadas por IW.
260 PNR. Informe de Evaluación Conjunta del Programa Nacional de Resarcimiento y de los Programas de Apoyo al PNR de GTZ y PNUD. Guatemala, 2007.
Pág. 39.
261 Martínez Aniorte, Juan Carlos (Coord.), Daniel Barczay, Susana Navarro y Pau Pérez Sales. Exhumaciones, verdad y justicia en Guatemala: estudio de
opinión a nivel nacional. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP). En proceso de publicación.
262 Véase La vida no tiene precio: Acciones y Omisiones de Resarcimiento en Guatemala Primer Informe Temático 2006-2007.Guatemala, 2007; Alfonso
Huet en reunión IW. Guatemala, 2008.
263 De acuerdo con el PNR, la FAFG recibió aproximadamente 6,3 y 4,7 millones de quetzales en 2006 y 2007, respectivamente, mientras que para el mismo
periodo la ODHAG recibió 1 y 0,7 millones. PNR. Resarcimiento Resumen Cuantitativo. Guatemala, 2007.
264 Entrevista realizada por IW a Martín Arévalo, ex Director del PNR. Guatemala, 18 de abril, 2008
265 Ibid.
266 PNR. Informe de Evaluación Conjunta del Programa Nacional de Resarcimiento y de los Programas de Apoyo al PNR de GTZ y PNUD. Guatemala, 2007.
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reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Respecto a la organización y procesamiento de la información de los peticionarios a los beneficios del Programa,
el PNR lo ha estructurado en lo que denominan “expedientes”. Cada expediente puede contener información sobre
más de una víctima y/o más de una violación de los derechos humanos ocurrida durante el enfrentamiento interno,
por lo cual no ha sido posible determinar con precisión cuántas víctimas están registradas actualmente en el PNR.
Desde su creación en 2003 hasta fines de 2007, el PNR había compilado cerca de 40,000 expedientes, sin que todos
hubieran sido examinados, ingresados al sistema informático y resarcidas las víctimas que en ellos aparecían. En el
primer semestre de 2008, el PNR indicó a IW que se habían resarcido aproximadamente 23% del total de expedientes
compilados; otros estaban pendientes de resarcimiento o estaban detenidos por carecer de parte de la documentación
requerida, o la violación reportada no estaba sujeta a resarcimiento económico.267 Es de hacer notar que estos datos se
refieren a la entrega de reparación económica. Este cúmulo de expedientes constituiría la base del Registro Nacional
de Víctimas, RNV, aún pendiente de implementación.268
Los expedientes también contienen información sistematizada de “casos concretos que deben pasar al MP”.269 Se
trata de expedientes en los cuales, en el proceso de documentar su petición de resarcimiento, las personas han dado
testimonio de los delitos cometidos y “hay sindicaciones directas”.270 Según diversas fuentes, el Área Jurídica del PNR ha
tenido una incidencia considerable en dictaminar sobre los expedientes. Desde el PNR se argumentó que esto respondía
a la necesidad de verificar legalmente que los actos consignados en los expedientes, realmente correspondieran a una
violación de los derechos humanos. Martín Arévalo, ex Director Ejecutivo del PNR (2005-2008), afirmó que “…al PNR se
le otorga la carga de la prueba, el PNR debe asegurarse o demostrar que la persona fue víctima de violaciones de DH que
sean sujetas de reparación, pero… también tenemos que protegernos en contra de situaciones en las cuales sin quererlo,
estuviéramos dejando de lado a los posibles beneficiarios, y eso en casos de familiares de peticionarios o de personas
víctimas del conflicto armado interno”.271 O sea que el PNR se ha visto presionado por una parte, a garantizar que
solamente se entrega reparación (económica) en casos suficientemente documentados; simultáneamente enfrenta
la presión de familiares de víctimas fallecidas quienes, teniendo posiblemente derecho a reparación, se quedan al
margen por diversas razones.
La carga de la prueba respecto a la verificación de quién debe ser beneficiario del programa ha sido problema central
en la implementación de las medidas, dado que por parte de las víctimas y sus organizaciones, se insiste en que ésta
ha recaído directamente sobre ellos, y no sobre el Programa, como explicaba su anterior Director.
Si bien el PNR dice tener la “carga de la prueba,” lo cierto es que el Programa no asume la responsabilidad institucional
en la recolección de la documentación requerida para completar e ingresar los expedientes al proceso de otorgamiento
de reparación. Son las víctimas quienes deben realizar esta tarea, la mayoría de las cuales habitan en comunidades
rurales con limitado acceso a las instituciones donde se obtiene la documentación requerida, falta de recursos
económicos y limitaciones para la comunicación dado que los funcionarios no hablan idiomas indígenas. A esto se
unen los problemas de documentación de muchas poblaciones afectadas por el enfrentamiento, empezando por que
muchas personas nunca habían sido formalmente documentadas puesto que habitaban en comunidades alejadas
de las cabeceras municipales, asiento del registro civil local. Adicionalmente, durante el enfrentamiento, la guerrilla
destruyó edificios municipales en varios departamentos y se perdió toda la documentación de personas. Pese a
múltiples esfuerzos y una ley de documentación temporal, que ya expiró, el problema persiste.
Unido a esto, en el Informe de Evaluación Conjunta se afirma que: “La gran mayoría de los interlocutores entrevistados
en el curso de esta evaluación coinciden en señalar que los procedimientos administrativos del PNR son demasiado
burocráticos, de enfoque legalista, excesivamente “judicializados”.272 Una víctima entrevistada en Alta Verapaz, afirmó
que “Sólo para realizar nuestros trámites ante la oficina de resarcimiento tuvimos que afrontar un sinfín de problemas, nos
hacen esperar mucho tiempo, sin tomar en cuenta la distancia en que vivimos y los gastos que hay que hacer para estar en
la ciudad. Por otro lado, las municipalidades nada han hecho para que las víctimas obtengan sus documentos en menos
tiempo y sin costo alguno.273
267 Entrevista realizada por IW a Maria José Ortiz, ex Directora del PNR Guatemala, 2008.
268 En el Estado de Situación al 14 de enero de 2008 del PNR. Presentación facilitada por el PNR a IW. Guatemala, 2008, la administración que tomó posesión
afirma que: “No se desarrollaron los mecanismos ni se realizaron acciones concretas para la conformación del Registro Nacional de Víctimas como un
elemento necesario para la recuperación de la Memoria Histórica y la Búsqueda de la Verdad”.
269 Entrevista realizada por IW a Martín Arévalo, ex Director del PNR. Guatemala, 18 de abril, 2008. La nueva administración del PNR entregó 1460 casos al
MP el 4 de julio de 2008.
270 Ibíd.
271 Ibíd.
272 Ibíd. Pág. 12
273 Entrevista realizada por IW a víctima del departamento de Alta Verapaz. FLACSO. 2008. Percepciones sobre la impunidad relacionada con las violaciones
a los derechos humanos durante el conflicto armado interno – algunas nociones sobre la justicia transicional. Guatemala.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
89
Generalmente las víctimas encuentran obstáculos para obtener certificaciones oficiales de nacimiento, identidad
y defunción en las municipalidades por la burocracia o deficiencias de los registros municipales. Unido a esto, la
aprobación reciente de la ley del Registro Nacional de las Personas, RENAP, y los conflictos con las municipalidades
que se han generado en su implementación, han significado un aumento de los obstáculos que encuentran los
peticionarios para la obtención de su documentación. Un asesor del PNR estima que cuatro de cada diez peticionarios
tienen algún problema de documentación.274
En algunos casos, las organizaciones de víctimas o de derechos humanos ayudan a las víctimas con los trámites
legales para cumplir con los requisitos del PNR. Las organizaciones sociales por un lado facilitan el trabajo que le
correspondería realizar al PNR, dado que las mismas autoridades del Programa reportan que es más fácil que se
atiendan las peticiones colectivas, las cuales son muchas veces impulsadas por organizaciones locales.275 Sin embargo,
por otro lado, esto representa una desventaja para las víctimas o familiares que no forman parte de las organizaciones
de víctimas o no tienen acceso a una organización de derechos humanos.
Algunos informantes cercanos al PNR reportan que la entrega de resarcimiento no solamente está relacionada
a presiones por parte de algunos grupos organizados adscritos a movimientos sociales, ONGs u organizaciones
locales, sino que se conocen casos en los que organizaciones locales han requerido de los beneficiarios un porcentaje
del resarcimiento económico recibido a cambio de su apoyo para tramitar las solicitudes.276 Entendiendo que las
organizaciones sociales carecen de recursos propios para el desarrollo de sus actividades, el PNR debería buscar una
forma alternativa de evitar estas prácticas, lo que podría pasar por establecer convenios de cooperación con estas
organizaciones de manera que no se cargara el costo económico en las víctimas y/o sus organizaciones.
En ocasiones se observan anomalías en las peticiones de resarcimiento, tanto individuales como colectivas, en las
que se menciona la “priorización injustificada” de algunos expedientes, así como el retraso –también injustificado– de
otros.277 La falta de reglamentación interna y de sanciones para este tipo de prácticas permiten este tipo hechos. En
este aspecto, las presiones sobre el PNR en cuanto a la ejecución de fondos, pueden contribuir también a priorizar
cantidad sobre el orden de ingreso y resolución de casos individuales.
2.2 La COPREDEH
La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política Ejecutiva en Materia de Derechos Humanos, COPREDEH, es
responsable de la política específica del Ejecutivo en materia de derechos humanos. Entre otras funciones, se encarga
de brindar información a organismos internacionales y a la comunidad internacional en materia de derechos humanos.
Su trabajo incluye dar seguimiento a los casos de violaciones a los derechos humanos en el Sistema Interamericano
y dar cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas en sentencias de la Corte Interamericana, CIDH; así
como en la ejecución de los compromisos asumidos en los acuerdos de solución amistosa acordados en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
COPREDEH nació antes de las negociaciones de paz, orientada a la búsqueda de personas desaparecidas durante el
enfrentamiento armado interno. La Comisión está integrada por representantes de la Presidencia de la República,
los Ministerios de Relaciones Exteriores, Finanzas Públicas y Gobernación, así como del Ministerio Público y de la
SEPAZ. La preside un Presidente, de quien dependen un Director Ejecutivo y el resto de la estructura institucional.
En la jerarquía del Estado aparece dentro del Ejecutivo en la categoría de Secretarías y otras dependencias, con un
rango menor que el de una Secretaría. El Presidente de COPREDEH participa en reuniones de gabinete por invitación,
pero no por ley.278
274
275
276
277
Rafael Herrarte, en reunión con IW. Guatemala, junio, 2008.
Información proporcionada a IW por informantes que solicitaron anonimato.
Diversos funcionarios y trabajadores del PNR comentaron al respecto, solicitando mantener en reserva sus nombres.
Este retraso resulta de posicionar un expediente al final de la lista de expedientes en análisis o en proceso de entrega de resarcimiento, aunque cuente
con dictamen favorable. Información proporcionada a IW por personas cercanas al PNR que solicitaron el anonimato.
278 En el gobierno que tomó posesión en enero de 2008, presidido por Álvaro Colom Caballeros, reorganizó la relación entre SEPAZ, el PNR y COPREDEH,
convirtiendo a ésta última en dependencia de la SEPAZ, al igual que lo es el Programa Nacional de Resarcimiento. Estos cambios obedecen a una conducción política única por parte del actual Secretario de SEPAZ. En el gobierno de Álvaro Colom, por decisión presidencial, las tres instituciones están
encabezadas por activistas de derechos humanos.
90
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Por su naturaleza, COPREDEH carece de independencia política y su presupuesto depende de la Presidencia de
la República, además de donaciones que pueda gestionar ante la cooperación internacional. Al igual que las
otras dependencias estudiadas, en la entidad no existe carrera profesional y la mayoría de personal cambia con el
nombramiento del Presidente de la Comisión. También de manera similar a otras entidades estudiadas, COPREDEH
carece de un manual actualizado de procedimientos y de personal.279 Como se planteó anteriormente, para el caso del
PNR, estas circunstancias debilitan la continuidad de políticas y de programas a lo interno de las entidades estatales,
dificultando la acumulación de capacidades instaladas y de saber hacer en estas entidades.
Respecto a los casos atendidos por COPREDEH, hasta mediados de 2008, siete casos del enfrentamiento armado
interno habían sido presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e ingreso a la CIDH (ver
anexo no. 11, Casos Reparados ante la CIDH). Dado que las sentencias de la CIDH son de cumplimiento obligatorio para
el Estado de Guatemala, la COPREDEH debe coordinar su cumplimiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los montos de reparación económica mandatados por la Corte son cuantitativamente superiores a los otorgados
por el PNR en Guatemala. Si bien estas reparaciones emanan de procesos diferentes como lo son la calificación de
beneficiarios del PNR y el examen de un caso por una Corte regional, la diferencia es notoria. El monto total de las
reparaciones de los siete casos presentados ante la Corte es de US$13.653,906.00, equivalente a aproximadamente
Q 102.4 millones de quetzales. A este monto, habría que añadir lo erogado por el Estado para atender los acuerdos de
solución amistosa alcanzados en la Comisión Interamericana.
Tabla 11
Casos con sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
por crímenes cometidos durante el enfrentamiento
Montos en US dólares
Reparación mandatada
Pagos realizados
Panel Blanca
Caso
10 víctimas
$ 499,376.00
Algunos pagos pendientes (2007)
Chapman Blake
Nicholas Chapman Blake y Griffith
Davis
$ 161,000.00
Pago realizado (2003) Pendientes
otras medidas (2008)
Bámaca Velásquez
Efraín Bámaca Velásquez
$ 248,000.00
Pago realizado (2004) Pendientes
otras medidas (2008)
Myrna Mack
Myrna Mack Chang
$ 779,000.00
Pago realizado (2005) Pendientes
otras medidas (2008)
Plan de Sánchez
268 víctimas
$ 11.204,530.00
Pendiente, se ha ordenado al
Estado pagar al menos 66% (2008)
Maritza Urrutia
Maritza Urrutia
$ 64,000.00
Pago realizado (2005)
Molina Thiessen
Marco Antonio Molina Thiessen
$ 698,000.00
Cumplido el pago indemnizatorio,
pendientes otras medidas (2004)
Total
Víctimas
$ 13.653,906
Fuente: www.corteidh.or/cr
El monto de las reparaciones económicas incluye el pago a las victimas y el pago a las organizaciones que las
acompañan; Delia Dávila, Coordinadora del Departamento Jurídico COPREDEH, en una entrevista realizada por IW el
2 de septiembre 2008 señaló que: “todos los pagos de las sentencias se han realizado en su totalidad, a excepción de la
sentencia de Plan de Sánchez donde se ha realizado el pago en un 80%”. Estos pagos aún no aparecían registrados en el
sitio web de la Corte a esa fecha.
En el cumplimiento estatal de las reparaciones mandatadas por la CIDH resalta que se han realizado los pagos
monetarios, pero en diversos casos, no se han cumplido otras medidas de dignificación y reparación. Por otra parte,
entre organizaciones de derechos humanos y de víctimas, particularmente aquellas que se han convertido en
querellantes adhesivos en casos penales por delitos cometidos durante el enfrentamiento interno, se ha debatido
si llevar los casos a la CIDH facilita al sistema de justicia nacional evadir sus responsabilidades o bien distrae de los
esfuerzos para fortalecerlo. También se debate en torno al aparente valor diferenciado entre víctimas, dado que los
montos de las reparaciones económicas que la CIDH ha mandatado son superiores a las reparaciones monetarias que
el PNR ofrece en Guatemala. Por ejemplo, en el caso de la masacre Plan de Sánchez la reparación mandatada por la
279 Entrevista con Mabel Mejía, Jefa de Recursos Humanos, COPREDEH. Guatemala, 21 de mayo, 2008
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
91
CIDH fue de US$11.204,530.00 equivalente a unos Q84 millones distribuidos entre 268 víctimas por daños materiales e
inmateriales. Lo que supone un promedio por víctima de más de Q300 mil, frente a los 24 mil que paga el PNR, a otras
víctimas de las mismas violaciones en las comunidades aledañas, en el mismo municipio. Esto podría generar agravios
comparativos entre las víctimas, dificultando procesos de reconciliación.
3.
VOLUNTAD POLÍTICA PARA PROMOVER LAS REPARACIONES
En relación con medidas simbólicas de reparación y dignificación de las víctimas, el Legislativo y el Ejecutivo han
mostrado mayor voluntad política. El Congreso aprobó el decreto 06-04, ley que conmemora el 25 de febrero, como el
Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Por otra parte, en fechas conmemorativas
como el aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz o en actos de dignificación de las víctimas de la violencia,
diversos gobernantes y funcionarios han pedido perdón en nombre del Estado guatemalteco, como las palabras
pronunciadas por el Presidente Álvaro Arzú el 29 de diciembre de 1998, las de Alfonso Portillo en 2001, en el acto de
reparación a las víctimas de la masacre de las Dos Erres y por el Presidente Oscar Berger en diciembre del 2005. Sin
embargo, hasta septiembre 2008 ningún mandatario había reconocido ni pedido perdón público por los actos de
genocidio documentados en el Informe de la CEH.
Como se indicó con anterioridad, uno de los principales obstáculos para garantizar el derecho a las reparaciones es que
no existe una ley que garantice la estabilidad del Programa Nacional de Resarcimiento. Actualmente, el PNR no tiene
sustento programático ni presupuestario con rango de ley, sus directivos y personal no gozan de estabilidad laboral,
ni protecciones de ley. El esfuerzo estatal en materia de reparaciones se sustenta en la figura del acuerdo gubernativo
emitido por el Ejecutivo, lo cual ha permitido múltiples modificaciones, puesto que lo normado por esta figura puede
ser cambiado por decisión del Presidente. Esta carencia ha incidido en el caminar del PNR, así como en la precariedad
jurídica en que se desenvuelve el Programa. Hasta el cambio de administración a principios de 2008, el PNR no se había
involucrado en la revisión y mucho menos en la presentación y cabildeo de la iniciativa de ley ante el Congreso. De los
tres gobiernos involucrados en la ejecución del PNR, hasta la fecha, sólo uno ha presentado al Congreso una propuesta
de ley, sin que pusiera a su vez, los medios y la voluntad política suficiente para impulsar su aprobación.
En términos generales, el Organismo Ejecutivo ha mostrado mayor voluntad política en relación con el derecho a la
reparación en Guatemala. El Ejecutivo fue ponente de una iniciativa de ley generada por la comisión mixta ad hoc y,
ante la imposibilidad de lograr que el Congreso aprobara la ley, creó el PNR mediante acuerdo gubernativo. Asimismo,
el Ejecutivo ha cumplido con incluir en el presupuesto los Q300 millones anuales destinados al PNR.
El Organismo Legislativo por su parte, ha mostrado poca voluntad política para ofrecer soporte legal para el resarcimiento
a las víctimas del enfrentamiento armado interno. Tres iniciativas de ley han sido presentadas al Congreso, sin que
ninguna haya pasado tan siquiera a etapa de debate en el pleno. La iniciativa de ley consensuada entre el gobierno
de Alfonso Portillo y la Instancia Multi Institucional por la Paz y la Concordia, IMIPC, colectivo de organizaciones de
derechos humanos y de víctimas; fue presentada por el Organismo Ejecutivo en 2002, y rechazada por la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales y por la Comisión de Paz y Desminado, en los primeros meses de 2003, ambas
con mayoría del FRG, el partido de gobierno en ese momento.280 Las otras dos propuestas fueron presentadas por
diputados de las bancadas de la Alianza Nueva Nación, ANN, en 1999 y de ese mismo partido, la URNG y el Partido
Patriota, PP, en 2006. O sea, tres partidos políticos se han involucrado en el tema, entre aproximadamente 27 partidos
políticos que han tenido participación en el Congreso en los años desde la firma de la paz. Puesto que ninguna de
estas iniciativas ha llegado al pleno del Congreso, los partidos políticos y diputados en lo individual no han tenido
que pronunciarse al respecto. Las propuestas han muerto o se han estancado en comisiones de trabajo, donde a falta
de actas, tampoco es posible determinar las posturas de los partidos políticos, ni de los diputados en lo individual.
El análisis de las plataformas electorales de los principales partidos políticos desde la firma de los Acuerdos de
Paz, revela que sus planes de gobierno mencionan el compromiso de cumplir con los Acuerdos de Paz, pero omiten
acciones concretas para implementar dicho compromiso. En ningún caso en las plataformas electorales se han
propuesto objetivos y acciones concretas para la implementación del derecho a la reparación de víctimas/familiares
del enfrentamiento armado interno.
280 PNR. La vida no tiene precio: Acciones y Omisiones de Resarcimiento en Guatemala Primer Informe Temático 2006-2007. Editorial Magna Terra.
Guatemala, 2007. Pág. 50.
92
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
En el ámbito de la sociedad civil y de la población en general, no se registran iniciativas o actores sociales que estén
impulsando propuestas de ley o campañas en relación con el reclamo del derecho a la reparación de víctimas y familiares
del enfrentamiento. Tampoco se registran acciones significativas de presión social o de impulso de auditoría social al
PNR, concentrándose las acciones de organizaciones sociales en el acompañamiento jurídico-legal y psicosocial que
algunas realizan en procesos de reclamo al Estado o en instancias internacionales. Un factor que contribuye a la poca
labor de incidencia es que, dada la integración y la correlación de fuerzas en el Congreso, actores informados, tanto
de gobierno como de sociedad civil, opinan que no se logrará el dictamen favorable para la propuesta de ley del PNR,
dejando la iniciativa engavetada.
Siempre en términos de la voluntad política, cabe mencionar la priorización por parte del PNR de la reparación material
versus reparación integral. Pese a que actores gubernamentales involucrados en la temática coinciden en expresar su
apoyo a un concepto integral de reparación, en la práctica el énfasis ha estado en la reparación económica, y en menor
grado en las exhumaciones, entendidas como medidas de dignificación de las víctimas y no como un paso en el camino
a la justicia. La evaluación realizada por un donante del PNR, el PNUD como administrador de los fondos del Programa
y autoridades, evidenció faltantes del Programa cuya resolución requiere de voluntad política y de disposición: “…entre
otros aspectos, hacen falta disposiciones que permitan una política activa de exhumaciones, la reposición de documentos
personales, el asentamiento de partidas en los registros públicos, la realización de un Programa nacional de desarrollo que
facilite la reconciliación entre grupos otrora enfrentados por el conflicto armado, etc.”281
4. FACTORES SOCIALES QUE INCIDEN EN LAS REPARACIONES
En Guatemala se ha documentado exhaustivamente cómo el mapa de las víctimas que viven en el área rural –que son
la mayoría de víctimas– coincide con los mapas de pobreza y de etnicidad.282 Las regiones donde habitan muchas de
las víctimas también tienen menos presencia de instituciones y servicios estatales, y la infraestructura y los medios de
comunicación son más débiles. Esta situación tiene implicaciones directas para el trabajo del PNR y para el acceso de
las víctimas a las reparaciones. Si bien el PNR ha realizado esfuerzos por acercarse a las víctimas mediante la creación
de las sedes departamentales y regionales, también reconoce que las sedes no han tenido la suficiente iniciativa y
más bien esperan que las víctimas lleguen a ellos.283 Igualmente, el PNR ha realizado esfuerzos por contratar personal
indígena y mujeres, así como personas que conocen las distintas regiones. Sin embargo, los cambios de personal –al
menos tres veces entre 2005 y 2008– se convierten en factor que entorpece la continuidad en las relaciones y el acceso
de las víctimas al resarcimiento establecido.
El transcurso del tiempo tiende a convertirse en otro obstáculo para las reparaciones, en la medida en que han pasado
25 años desde los peores años de la violencia, los años 1982-83. Muchas víctimas sobrevivientes ya están ancianas
o han fallecido. Personeros de la FAFG relatan que “…nos encontramos ya con un ciclo de vida que va culminando
para los familiares de las víctimas, y hay unos casos que estamos trabajando con la segunda generación”.284 Si a ello
agregamos la juventud de la población en Guatemala y el relativo desconocimiento de las nuevas generaciones sobre
el pasado, vemos que el paso del tiempo tiende más bien a debilitar el impulso y las acciones de reparación.285 Así, la
profesionalización, priorización y concentración de esfuerzos para las reparaciones es cada vez más urgente.
Las víctimas de violencia sexual –que en algunas comunidades indígenas abarca a la mayoría de mujeres– enfrentan
obstáculos particulares, ya que son estigmatizadas en su comunidad al recibir resarcimiento por esta violación.
Esto se convierte en un obstáculo para que las mujeres se acerquen al PNR, para reclamar la reparación. El Consorcio
Actoras de Cambio ha documentado casos en que a estas mujeres les dicen que “por putas les pagan doble”. Pareciera
que es un problema más cultural que comunitario, pero se hubiera podido evitar o reducir si antes de la reparación
económica se hubieran implementado medidas comunitarias de reconstrucción de lo acontecido y de reconciliación.
Adicionalmente, en algunos casos los funcionarios del PNR ponen en duda reiteradamente la declaración de la
sobreviviente de violencia sexual, mientras que en otros momentos se ha autorizado documentar la violación con una
declaración jurada.
281 PNR. Informe de Evaluación Conjunta del Programa Nacional de Resarcimiento y de los Programas de Apoyo al PNR de GTZ y PNUD. Guatemala, 2007.
Pág. 34
282 CEH. Informe Guatemala: Memoria del Silencio. Tomo V. Conclusiones y Recomendaciones. PNR. Guatemala, 2005.
283 Entrevista realizada por IW a Martín Arévalo, ex Director del PNR. Guatemala, 18 de abril, 2008.
284 J. Suasnávar. Taller de Casos realizado por Impunity Watch. Guatemala,13 de mayo, 2008.
285 PNR. Informe de Evaluación Conjunta del Programa Nacional de Resarcimiento y de los Programas de Apoyo al PNR de GTZ y PNUD. Guatemala, 2007.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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Las relaciones de género culturalmente instituidas tienen implicaciones adicionales, dado que en algunos casos se ha
conocido que viudas ancianas reciben una reparación monetaria que luego les es arrebatada por algún hijo o familiar
varón.
Por último, una problemática socio-política que ha incidido de manera contradictoria en el proceso de las reparaciones,
son las diferencias y conflictos políticos entre organizaciones sociales de diverso tipo involucradas en la temática.
Muchas de estas organizaciones se forjaron durante los años de conflicto, luchando por la observancia de los derechos
humanos, la búsqueda de los desaparecidos, el cese del servicio obligatorio en las PAC y el auxilio a viudas y huérfanos,
principalmente. Estas organizaciones fueron clave en levantar el tema de las reparaciones y en luchar por que el Estado
asumiera su responsabilidad e implementara medidas concretas al respecto. Asimismo, lucharon por la participación
de representantes de víctimas en la toma de decisiones sobre las políticas públicas en materia de reparaciones,
participaron de lleno en la Instancia Multi Institucional por la Paz y la Concordia, IMIPC, y posteriormente, en la CNR.
Pero la representación y el papel de las víctimas y organizaciones de derechos humanos en la conducción política y
operativa del PNR también ha sido objeto de debates y, en la práctica, de conflictos y desavenencias entre organizaciones
y entre personas en lo individual. A la hora de encontrarse como integrantes de la CNR, las diferencias entre
organizaciones contribuyeron a un estado tal de conflictividad, que el órgano de conducción del PNR prácticamente se
paralizó, se desgastó y abrió la puerta a una intervención del gobierno de Oscar Berger. Mediante el Acuerdo 619-2005,
el gobierno modificó la composición de la CNR eliminando la participación de sociedad civil y lo convirtió en un órgano
integrado enteramente por funcionarios de gobierno.
Analistas y personas entrevistadas coinciden en comentar varias fuentes de esta conflictividad. Por una parte, se estima
que intereses y compromisos de dirigentes con sus bases, les hizo actuar bajo la presión de cumplir con ofrecimientos
hechos, por lo cual insistían en resarcimiento económico a la brevedad, pues se buscaba que “…el PNR atendiera
prioritariamente a sus bases, la intención de las organizaciones de ejecutar parte de los fondos del Programa, el deseo de
ensanchar las bases sociales y políticas de cada quién”.286 Lamentablemente, los conflictos tomaron también carices
de contradicciones entre indígenas y no indígenas, representantes de organizaciones rurales y otros de instituciones
urbanas. Las heridas ocasionadas por estos conflictos aún persisten y distancian a organizaciones que trabajan por
una misma causa.
Al respecto de esta participación y conflictividad, el Informe de Evaluación Conjunta del PNR recoge muchas opiniones
sobre que el carácter mixto sociedad civil-Estado y la preponderancia de organizaciones sociales y de derechos humanos
en la CNR original, “…diluía el deber del Estado de resarcir a las víctimas…” y contribuía a “…un nivel de indefinición de
los roles del Estado y de la sociedad que no ayudó a la cohesión de las organizaciones”.287 Este debate se articula con uno
mayor en torno a los roles del Estado y de la sociedad civil en el diseño, implementación y evaluación de las políticas
públicas en diversos ámbitos.
Otro factor social que ha incidido en el derecho a la reparación, fue el surgimiento del movimiento organizado de los
ex Patrulleros de Autodefensa Civil (ex PAC) exigiendo el pago por los servicios prestados al Estado. Tomando en cuenta
que los ex PAC eran un caudal de votos más importante que las viudas, dado que hay un mayor porcentaje de hombres
adultos votantes que mujeres, estos fueron priorizados y utilizados de manera clientelar por encima de las víctimas,
en las campañas electorales.
A la par de la movilización de las víctimas, en 1997 surgieron grupos organizados de ex PAC exigiendo reparación por
los años de servicio obligatorio en las patrullas de autodefensa civil.288 Diversos analistas han señalado la presencia
de intereses político-partidarios en esta reorganización, particularmente de parte del FRG en las elecciones de 1999,
y posteriormente, de casi todos los principales partidos políticos.289 Durante los años siguientes, las movilizaciones
y demandas de indemnización de los ex PAC, fueron objeto de álgidos debates entre el Estado y organizaciones de
derechos humanos y de víctimas, pese a lo cual en noviembre 2002, el gobierno autorizó la inscripción de los ex
patrulleros ante la SEPAZ, con miras a otorgarles indemnización. Meses después se habían registrado unas 500,000
personas.
286 PNR. Informe de Evaluación Conjunta del Programa Nacional de Resarcimiento y de los Programas de Apoyo al PNR de GTZ y PNUD. Guatemala, 2007.
Pág. 91
287 Ibíd. Pág. 25.
288 En el Capítulo IV, Medidas de No Repetición, se informa más ampliamente sobre las PAC y su desmovilización.
289 Hauge, Wenche y Hauge y Thoresen, Beate. El destino de los excombatientes en Guatemala: ¿Obstaculizadores o Agentes de Cambio?. The North-South
Institute. Editorial Magna Terra. Guatemala, 2007. http://www.nsi-ins.ca/english/pdf/WKOP/PortadaGuatemala.pdf
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reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
El surgimiento de los ex PAC ha dado lugar a debates irresueltos, debido a que es un tema complejo, pues mientras
hay posiciones que consideran que los patrulleros fueron victimarios, otros los entienden como víctimas, por
tratarse de parte de la población obligada a participar en estrategia contrainsurgente del Ejército, mientras que
otros consideran que no se puede abordar como un conjunto, sino que habría que analizar más en profundidad el
rol jugado por estos. Al respecto, en un estudio de percepción realizado en 2006, se encontró que solamente 1.8%
de los entrevistados atribuye responsabilidad por desapariciones y asesinatos a los patrulleros;290 mientras que
la CEH les atribuyó el 18% del total de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento.
En todo caso, como antecedente de las reparaciones a las víctimas del conflicto interno, el Estado de Guatemala
abordó simultáneamente una política de resarcimiento a víctimas y una de indemnización a quienes sirvieron
obligatoriamente al Ejército durante el enfrentamiento, generando una especie de prolongación de identidades y
roles derivados del conflicto
Según Hauge y Thoresen (2007), la demanda inicial de los ex PAC fue de Q60 mil por ex patrullero, pero las negociaciones
llevaron a manejar una segunda cifra de Q20 mil y finalmente la cifra oficializada de Q5,241.60 por ex patrullero o
viuda de patrullero.291 Los primeros pagos se realizaron durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) en medio
de protestas de la sociedad civil. Posteriormente y ante un fallo de la Corte de Constitucionalidad, CC, que declaró
inconstitucional el pago,292 el gobierno de Oscar Berger (2004-2008) resolvió la creación del programa “Árboles de
Paz”.293 Así, la indemnización de los ex PAC pasó a ser una especie de programa de reforestación a cargo del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El MAGA reporta que a fines de 2007 se habían realizado pagos a 395,828
personas registradas como ex PAC, en desembolsos parciales realizados entre 2005 y 2007. El monto total de lo
entregado a ex Pac por el MAGA es Q1,545.5 millones, cifra que no incluye los pagos hechos durante el gobierno de
Portillo. Esta cantidad es considerablemente mayor que lo invertido en reparaciones a víctimas del enfrentamiento,
monto que según datos del PNR, ascendía a Q282.4 millones a fines de 2007.294
Obstáculos a las reparaciones
Debilidad legal del PNR limita la implementación de una política integral de reparación
El sustento legal actual del PNR limita el desarrollo integral de su labor y pone en riesgo la estabilidad del Programa. El
Programa depende de un acuerdo gubernativo que puede ser modificado por el Presidente de la República en cualquier
momento sin necesidad de consulta o autorización de ningún otro órgano de Estado. Desde su creación en 2003, el
Acuerdo de creación del PNR ha sufrido tres modificaciones sustanciales, lo cual demuestra la fragilidad legal del
Programa y hace necesario realizar mayores esfuerzos para aprobar una ley de resarcimiento que otorgue al programa
una base legal más firme.
Tras las modificaciones sufridas, se pasó de tener un PNR dirigido casi exclusivamente por representantes de
organizaciones de la sociedad civil, a que desde 2005, el ente político rector del Programa, la Comisión Nacional de
Resarcimiento, esté integrada enteramente por funcionarios del Organismo Ejecutivo. La no conformación del Consejo
Consultivo de organizaciones de víctimas, tal como estaba previsto en la última reforma del PNR, ha dificultado que la
voz de las víctimas esté más presente en el diseño de las medidas y políticas de reparación.
En la actualidad existe una iniciativa de ley de resarcimiento en el Congreso de la República, pero las autoridades del
PNR no se han involucrado suficientemente en la revisión ni el cabildeo de la iniciativa de ley que daría el soporte
jurídico necesario, tanto para la independencia del Programa como en cuanto a toma de decisiones y presupuesto.
290 Martínez, Aniorte; Juan Carlos (Coord.); Barczay, Daniel; Navarro, Susana y Pérez Sales, Pau. Exhumaciones, verdad y justicia en Guatemala: estudio de
opinión a nivel nacional. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), y Grupo de Acción Comunitaria (GAC) Guatemala, julio de 2008.
En proceso de publicación.
291 Esta cifra respondió, según la Secretaría de Análisis Estratégico, SAE, a una compensación de 400 quetzales por año de servicio, tomando un promedio
de 14 años, lo que daba una cifra inicial de Q5,600.00, que luego fue rebajada a Q5,241.60. Hauge, Wenche y Thoresen, Beate. El destino de los excombatientes en Guatemala: ¿Obstaculizadores o Agentes de Cambio?. The North-South Institute. Editorial Magna Terra. Guatemala, 2007. http://www.nsi-ins.
p //
ca/english/pdf/WKOP/PortadaGuatemala.pdf
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292 PNR 2007, Informe de Evaluación Conjunta de los programas del Programa Nacional de Resarcimiento, GTZ y PNUD para el PNR.
293 Hauge y Thoresen, OpCit.
294 Datos proporcionados a IW por MAGA y PNR.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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El constante cambio de personal
La dirección del PNR está a cargo de representantes de alto nivel del Ejecutivo, lo cual favorece que las decisiones
tomadas en dicho espacio tengan un mayor respaldo y peso político, pero también genera una mayor inestabilidad en
el personal, dado que dichos cargos son reemplazados con el cambio de gobierno. Tomando en cuenta que es en este
espacio donde se designa al Director Ejecutivo del PNR, también se producen cambios a este nivel con los cambios de
gobierno, así como del resto del personal operativo que labora en las oficinas regionales. De acuerdo a los hallazgos,
el 60% del personal del PNR fue reemplazado con el nuevo gobierno.
La alta rotación de personal dificulta el establecimiento de relaciones de confianza con las víctimas y sus organizaciones,
las cuales son fundamentales para el buen desarrollo de las medidas de reparación. Esto es especialmente importante
en los casos de violación sexual. El cambio de personal afecta el fortalecimiento de las capacidades instaladas en el
programa así como la mejora en el desempeño favorecido por el conocimiento acumulado y las lecciones aprendidas
derivadas de la experiencia. El Programa tampoco cuenta con personal especializado en reparación psicosocial,
monumentos, exhumaciones, entre otras áreas, así como en asuntos administrativos. Además la constante rotación
de personal no estimula la especialización de quienes laboran el Programa.
La carga de la prueba documental recae sobre las víctimas
El PNR no asume la responsabilidad institucional en la “carga de la prueba,” siendo las víctimas quienes deben demostrar
su condición, por medio de la recolección de la documentación requerida para probar su caso y ser aprobados para
recibir resarcimiento. El PNR no facilita apoyos a las víctimas y sus organizaciones, lo que podría agilizar para éstas la
obtención de su documentación, así como reducir los costos que les supone la realización de estos trámites.
Paralelamente, el PNR tampoco ha coordinado suficientemente con las municipalidades, para que éstas favorezcan
y agilicen los trámites con las víctimas y sus organizaciones. Con la nueva ley del Registro Nacional de las Personas
RENAP, las competencias del registro civil que antes estaban descentralizadas en las municipalidades, se asignan a
un registro nacional unificado. Es importante garantizar una coordinación interinstitucional efectiva entre el PNR y
dicha institución, para promover una atención especial hacia las más de 20 mil víctimas identificadas, que aún no han
recibido resarcimiento.
La falta de medidas integrales de reparación
Aunque el mandato del PNR contempla medidas integrales de reparación, en la práctica se ha limitado al resarcimiento
económico individual y al financiamiento de exhumaciones. Estudiosos y acompañantes de víctimas coinciden en
que si bien las víctimas aceptan el pago económico, no necesariamente se dan por reparadas. Adicionalmente, la
entrega de cheques luego de realizar largos trámites establece una cierta equivalencia con otros programas de entrega
directa de dinero, como lo es la indemnización de los ex patrulleros de autodefensa civil, PAC, a quienes desde 2003
el gobierno viene haciendo pagos monetarios por servicios brindados durante el enfrentamiento armado. Hasta fines
de 2007 el Estado de Guatemala había invertido casi cinco veces más en indemnizar a los ex PAC que en resarcir a las
víctimas del conflicto.
El obstáculo más general al derecho a la reparación por los daños causados durante el enfrentamiento interno, es que
el Estado de Guatemala carece de una política integral de justicia transicional. Si bien existe el PNR, es una iniciativa
específica del Ejecutivo, desarticulada del resto de la estructura estatal, y que ha carecido del involucramiento de
los otros dos poderes de Estado: el Legislativo y el Judicial. En este concepto, las reparaciones se han limitado a
actos puntuales dirigidos a las víctimas, pero que difícilmente pueden articular el derecho a las reparaciones con los
derechos de verdad, justicia y no repetición. Esto resulta contradictorio con los compromisos adquiridos por el Estado
de Guatemala así como para las víctimas, quienes tienden a percibir la reparación como algo más integral.
A modo de conclusión
En materia de reparaciones el Estado de Guatemala dio un paso positivo al crear un Programa Nacional de Resarcimiento
e instaurar el 25 de febrero como Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del enfrentamiento armado. Sin embargo,
el PNR carece de un sustento legal firme que le permita implementar medidas integrales de reparación y asegurar la
estabilidad de dichas medidas. Es importante destacar que el derecho a obtener reparación debe abarcar todos los
daños y perjuicios sufridos por las víctimas; y debe comprender medidas de restitución, indemnización, rehabilitación
y satisfacción conforme lo establece el derecho internacional en materia de derechos humanos.
96
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Para implementar las medidas de reparación de manera eficiente, tanto el PNR como la COPREDEH deben trabajar
coordinadamente con otras instituciones del Estado, como los Ministerios de Salud, Educación, Cultura, y el sistema
penal. Es importante que instituciones del Estado comprendan la importancia de su papel en las reparaciones y
muestren disposición para colaborar en las medidas de reparación hacia las víctimas del enfrentamiento armado.
En este sentido el Presidente de la República tiene la responsabilidad de animar el proceso y promover el trabajo
interinstitucional coordinado.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
97
IV
MEDIDAS PARA LA NO REPETICIÓN
El Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha Contra la
Impunidad (2005), en adelante “el Conjunto de Principios”295 aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, establece que los Estados deben promover medidas para que las víctimas no vuelvan a sufrir
violaciones de sus derechos. “Los Estados deben emprender reformas institucionales y otras medidas necesarias para
asegurar el respeto de la ley, promover y mantener una cultura de respeto de los derechos humanos, y restaurar o
establecer la confianza pública en las instituciones estatales” (Principio 35).
Se trata de medidas preventivas y simbólicas que incluyen la disolución de grupos armados no oficiales vinculados
directa o indirectamente al Estado; el control efectivo de las fuerzas armadas y grupos de seguridad; la derogación
de leyes y jurisdicciones de excepción; medidas administrativas o de otra índole relativas a los agentes de Estado
implicados en violaciones graves de los derechos humanos; la limitación de la jurisdicción penal militar exclusivamente
para delitos militares; la protección de los defensores de derechos humanos; la capacitación en derechos humanos a
toda la sociedad y particularmente a la fuerza pública; entre otras medidas.
En relación con las medidas de no repetición, Impunity Watch delimitó su investigación a tres tipos de acciones:
1.
Medidas para desmovilizar o re-estructurar a los grupos armados implicados en crímenes bajo el derecho
internacional; y reintegrar a sus miembros a la vida civil, particularmente a los niños y los menores de edad.
2. Medidas administrativas para depurar las instituciones del Estado y destituir a funcionarios señalados de estar
vinculados a delitos y violaciones ocurridas durante el enfrentamiento armado.296
3. Medidas para investigar y evaluar los antecedentes de personas que aspiran a cargos públicos,297 para prevenir que
quienes participaron en delitos y violaciones del pasado ocupen puestos en la administración pública.
Adicionalmente, se revisaron otras medidas específicas destinadas a la no repetición, como: a) la ratificación del
Estatuto de Roma para aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en Guatemala; b) reglamentos internos
que establecen la enseñanza en las escuelas de la tragedia del enfrentamiento armado; c) la promulgación de leyes
para prohibir o penalizar cualquier forma de discriminación; d) reformas al código militar y al sistema de inteligencia
del Estado; y e) el control efectivo de las armas y municiones.
IW considera estas medidas clave para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones del Estado, para
promover el respeto de los derechos humanos y fortalecer las instituciones civiles y democráticas y para facilitar las
investigaciones judiciales contra funcionarios señalados de violaciones del pasado.
Para revisar los avances, obstáculos y desafíos que enfrenta el Estado guatemalteco en estas medidas se utilizó la
misma línea metodológica que se siguió para examinar los derechos a la verdad, la justicia y las reparaciones. Se revisó
el marco normativo que promueve y regula dichas medidas; en los casos en que existen instituciones encargadas de
295 Los Principios de Louis Joinet actualizados por Diane Orentlicher, E/CN.4/2005/102/Add.1 (8.2.2005)
296 Tradicionalmente denominado lustration en inglés.
297 Vetting, en inglés.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
99
implementar las medidas, se examinaron sus recursos y capacidades, así como su independencia y disposición para
funcionar; y la voluntad de los órganos políticos del Estado guatemalteco para avanzar en esta materia. También
se indagaron las percepciones de funcionarios públicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de
víctimas en relación con el tema a través de entrevistas individuales, lo cual también proporciona unos lineamientos
sobre los factores sociales que podrían influir.
1.
DESMOVILIZACIÓN O RE-ESTRUCTURACIÓN DE GRUPOS ARMADOS Y SU
REINCORPORACIÓN A LA VIDA CIVIL
La desmovilización y reincorporación de los grupos armados involucrados en el enfrentamiento armado quedó
establecida en varios de los Acuerdos de Paz. Estos Acuerdos contienen un conjunto de compromisos y medidas para:
•
•
•
•
Desarmar a los grupos guerrilleros e incorporar a sus miembros a la vida civil.
Desmovilizar a los grupos paramilitares, tanto a los Comisionados Militares como a las Patrullas de Auto-Defensa
Civil (PAC).
Disolver los grupos clandestinos creados por la inteligencia militar durante el enfrentamiento.
Reducir y re-estructrurar el Ejército y los antiguos cuerpos policiales.
A continuación se examina el proceso de desmovilización, reinserción y reestructuración de los principales actores
armados que intervinieron en el enfrentamiento.
1.1 Los grupos guerrilleros298
El proceso de desmovilización e incorporación de los grupos guerrilleros quedó establecido en el Acuerdo sobre Bases
para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad (1996). El Acuerdo propone
la creación de un programa de incorporación que incluye medidas y disposiciones legales, políticas, económicas y de
seguridad; así como subprogramas y proyectos educativos, económicos y sociales para la incorporación de los grupos
guerrilleros. El proceso debería realizarse en dos etapas, una inicial de desmovilización que debería durar un año a
partir de la firma definitiva de la paz, y otra de inserción definitiva de mediano plazo. Para coordinar el programa, el
Acuerdo propone la creación de una Comisión Especial de Incorporación, integrada por representantes del gobierno,
la URNG y la cooperación internacional. Además propone la creación de una Fundación por parte de la URNG para
implementar algunos proyectos específicos de incorporación.
En términos generales, la desmovilización y la incorporación se realizaron conforme a lo previsto en el Acuerdo sobre
Bases para la Incorporación de la URNG. En 1997, se integró la Comisión Especial de Incorporación (Acuerdo Gubernativo
82-97) para coordinar el Programa de Incorporación y tomar decisiones acerca de las asignaciones financieras para
los subprogramas y proyectos, y se creó la Fundación Guillermo Toriello (Acuerdo Gubernativo 182-97) para asegurar
la participación de los beneficiarios en el proceso. Desde entonces se han implementado la mayor parte de los
subprogramas y proyectos previstos en el Acuerdo. En 1998, la URNG se convirtió en partido político, conforme a lo
previsto, y ha participado en todos los procesos electorales desde 1999, e incluso algunos ex comandantes guerrilleros
han competido por la presidencia del país y otros se han desempeñado como diputados en el Congreso de la República.
Desde la firma de la paz no han surgido intentos de los desmovilizados de la URNG por reorganizar grupos armados
con propósitos políticos.299
En relación con la desmovilización y reintegración de niños y menores de edad involucrados en la guerrilla, el Acuerdo
sobre Bases para la Incorporación de la URNG no propone subprogramas, ni proyectos específicos para niños. Tampoco
se han creado previsiones legales, ni programas posteriores para este grupo social. En Guatemala no existe información
mostrando una práctica frecuente y generalizada del reclutamiento de niños para actividades militares pero conforme
298 De acuerdo a la CEH, la guerrilla es responsable de al menos el 3% de los actos violentos ocurridos durante el enfrentamiento, incluyendo masacres,
desapariciones forzadas, secuestros, ejecuciones extrajudiciales (incluso contra sus propios miembros) y reclutamiento militar forzado. Sin embargo,
como se menciona en el Capítulo sobre la Justicia, desde la finalización del enfrentamiento armado muy pocos desmovilizados han sido sindicados por
hechos delictivos cometidos en el enfrentamiento.
299 MINUGUA. Décimo Cuarto Informe de Derechos Humanos. Guatemala, 2003.
100
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
a información facilitada por la Fundación Toriello, varios de los proyectos implementados en todo caso tienen un
enfoque familiar que incluía a niños y jóvenes.300
1.2 Grupos paramilitares
Durante el enfrentamiento armado, el Estado de Guatemala involucró a la población civil en actividades
contrainsurgentes a través de dos estructuras paramilitares: los Comisionados Militares, creados en 1938 para llevar el
control del reclutamiento militar en el interior del país, y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), creadas en 1981 para
realizar tareas de “vigilancia” local para prevenir la infiltración de la guerrilla en las zonas rurales.
Según la CEH, muchas víctimas civiles de los abusos a los derechos humanos y delitos internacionales cometidos por
fuerzas estatales, posteriormente fueron forzadas por el Estado a participar en estas unidades paramilitares:
“Los comisionados militares junto con las PAC evidenciaron el alto grado de militarización que sufrió la sociedad. La
creación de una figura amparada por el Ejército, para que detentara funciones militares, significó la introducción de valores
autoritarios en la población guatemalteca y el involucramiento en el enfrentamiento armado de un número considerable de
personas que inicialmente eran población civil neutral.”301
Las PAC fueron reconocidas legalmente en 1983 por el gobierno de facto de Ríos Montt y convertidas en Comités
Voluntarios de Defensa Civil (CVDC) en 1986, aunque siguieron siendo conocidas como PAC. Las PAC involucraron a cerca
de un millón de personas en el momento más álgido del enfrentamiento, pues el servicio fue obligatorio para todos
los varones entre 15 y 60 años de edad. Aunque existieron en casi todo el país, fueron particularmente organizadas en
las comunidades indígenas más pobres.302 La CEH atribuye a las PAC el 18% de las violaciones a los derechos humanos
cometidas durante el enfrentamiento armado.
En el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil, el Estado se compromete a desmovilizar y desarmar a los CVDC,
terminar toda relación institucional con el Ejército y evitar su reconversión para que no se reestablezca esa relación.
En 1996, el Congreso derogó la legalidad a los CVDC a través del Decreto 143-96. El proceso de desmovilización inició
en agosto de 1996 y quedó bajo la responsabilidad del Ejército: se desmovilizaron 2,643 comités y 270,906 integrantes
y se recogieron 14,000 armas.
En relación a los Comisionados Militares, desde el inicio del enfrentamiento armado interno, fueron los representantes del
Ejército en cada comunidad y, una sus funciones más importantes desde su creación fue la de reclutar vecinos para prestar
el respectivo servicio militar.”303 Según la CEH fueron responsables de un 11% de las atrocidades contra civiles durante
el enfrentamiento.
No se ha podido verificar la cantidad de Comisionados Militares desmovilizados. En 1998, el Comité de Tortura de
las Naciones Unidas en su memoria de las discusiones ante su informe periódico sobre Guatemala comenta sobre la
situación y la posición del Estado así:
Se han formulado preguntas sobre los “comisionados militares” y su “desmovilización”, lo que se pone entre comillas,
porque muchos de ellos se dice que siguen armados. Es cierto que muchos de ellos se han quedado con sus armas, en primer
lugar, porque eran de su propiedad y, en segundo, porque atendiendo a su condición se les autorizó a hacerlo. No obstante,
la situación en este sentido está modificándose: se ha declarado ilegal la tenencia de armas sin el correspondiente permiso
del Departamento de Intervención de Armas y Municiones. Hay varios casos de ex comisionados a quienes se ha colocado
bajo custodia o instruido sumario por delitos de esta índole. El Gobierno se abstiene deliberadamente de hablar de las
antiguas patrullas civiles o de los comisionados militares porque ya no pertenecen a las fuerzas armadas y son civiles que
deben cumplir la ley o ser procesados por su violación.304
300 Entrevista realizada por IW a Carolina Olivo, Fundación Guillermo Toriello. Guatemala, 14 de febrero, 2008.
301 CEH (1999). Guatemala: Memoria del Silencio. párrafo 423.
302 Schirmer, Jennifer. The Guatemalan Military Project: A Violence called Democracy. Philadelphia: University of Pennsylvania Press., 1998; Sanford V. Buried
Secrets: truth and human rights in Guatemala. New York: Palgrave Macmillan. 2003; ODHAG. Informe Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la
Memoria Histórica (REHMI): Guatemala Nunca Más. Guatemala, 1998.
303 CEH. 1999. Guatemala Memoria del Silencio, párrafo 438
304 CAT/C/SR.325 Acta resumida de la parte pública de la 325ªsesión: Guatemala. 02/12/98 párrafo 31.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
101
Diez años más tarde, vale notar que la falta de control de armas privadas, persiste de tal grado que figura entre los
principales enfoques de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala).
1.3 Desarticulación de grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad
En el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Estado se compromete a combatir y disolver los cuerpos ilegales y
aparatos clandestinos de seguridad que surgieron como parte de la inteligencia militar durante el enfrentamiento. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2003) señala que estos grupos “están asociados con el narcotráfico,
secuestros, asesinatos con características de limpieza social, contrabando, robos en gran escala y en particular con ataques
y amenazas a los defensores de derechos humanos, operadores de justicia, testigos, periodistas, sindicalistas y otros
sectores sociales”.305 Los informes sobre Derechos Humanos de MINUGUA (1995-2003) indican que aunque la actuación
de estos grupos es autónoma y no es parte de una política estatal como lo fueron las violaciones a los derechos
humanos cometidas durante el enfrentamiento, existe información pública que relaciona las actividades de estos
grupos con autoridades del gobierno, miembros de la policía y del sistema de administración de justicia para facilitar
sus acciones ilegales y asegurar la impunidad de sus actos. En los años transcurridos desde la firma de la paz estos
grupos han proliferado de manera alarmante.
En el 2004, el gobierno reconoció su incapacidad para investigar y perseguir penalmente a estos grupos y solicitó el
apoyo de las Naciones Unidas. El gobierno firmó un acuerdo con el Secretario General de la ONU para crear la Comisión
de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS). Esta Comisión Internacional
se encargaría de investigar los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por agentes o grupos vinculados
al gobierno, al crimen organizado y a los aparatos de seguridad privada. La iniciativa inicial de CICIACS provino de las
organizaciones de derechos humanos y fue respaldada y presentada al Organismo Ejecutivo por el Procurador de los
Derechos Humanos.
El acuerdo de CICIACS fue rechazado por dos Comisiones del Congreso de Guatemala en el proceso de ratificación y enviado
a la Corte de Constitucionalidad, CC, en calidad de consulta. La CC concluyó que el acuerdo no podía ser considerado
un instrumento internacional de derechos humanos y que como estaba planteada, la CICIACS tendría funciones que
corresponden exclusivamente del sistema de justicia del país, por lo cual el acuerdo era inconstitucional.
En diciembre de 2006, el gobierno firmó un nuevo acuerdo con el Secretario General de la ONU para crear una Comisión que
corrigiera los aspectos problemáticos del acuerdo anterior. El objetivo del Acuerdo, que propone el establecimiento de la
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones
del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente
cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad
y cualquier otra conducta delictiva conexa con éstos que operan en el país; así como en la determinación de sus
estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de
dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos;
La CICIG tendría tres funciones principales:
1.
Determinar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos.
2. Colaborar con el Estado en la desarticulación de estos grupos y promover la investigación, persecución penal y
sanción de los delitos cometidos por sus integrantes.
3. Recomendar al Estado políticas públicas para erradicar a los grupos ilegales y prevenir su reaparición, incluyendo
reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin. 306
La CICIG actuará con independencia para cumplir con su mandato y requerirá la colaboración de las instituciones del
Estado, principalmente el MP y la PNC.
305 CIDH. Justicia e inclusión Social: Los Desafíos de la Democracia en Guatemala. Organización de los Estados Americanos. 29 diciembre 2003. Pág. 41.
306 El texto del Acuerdo puede ser consultado en inglés y español al http://www.wola.org/index.php?option=com_content&task=viewp&id=426&Itemid=2
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El acuerdo de la CICIG fue ratificado por el Congreso de Guatemala, en agosto de 2007, tras un intenso debate político y
una fuerte oposición de los diputados del FRG, el partido político del ex golpista Ríos Montt, que argumentaban que la
CICIG representaba una “intromisión” internacional en los asuntos del país. La Comisión quedó formalmente establecida
en enero de 2008, y es presidida por un representante de las Naciones Unidas. La CICIG tiene un plazo inicial de dos años
para cumplir con su mandato con posibilidad de una extensión de dos años más. La Comisión está siendo financiada
principalmente con fondos de la cooperación internacional.
La Comisión fue creada precisamente porque algunas de las estructuras dentro de las fuerzas militares y paramilitares del
pasado, se habían convertido en el período pos-paz en estructuras privadas. Sus miembros fomentaron prácticas o relaciones
con el crimen organizado y grupos con intereses económicos ambos señalados de interferencia con el funcionamiento
democrático de los órganos estatales a través de la corrupción, violencia y amenaza.
El resultado de este fenómeno es un Estado actual no-funcional incapaz de servir al público ni proteger sus derechos
humanos, por lo que la CICIG presenta una oportunidad única y si logra –con la presión de la comunidad internacional–
suficiente cooperación tanto del Congreso nacional, como los líderes de las instituciones estatales, sus acciones pueden
contribuir a la tarea incumplida de reforma institucional que hoy día, impacta la sobrevivencia del Estado como tal.
1.4 Reducción y re-estructuración del Ejército
En relación con la reducción y desmovilización del Ejército, el AFPC establece disminuir el número de miembros del
Ejército en un 33%, propone crear programas específicos para apoyar la reinserción del personal desmovilizado y
reducir el presupuesto del Ejército. El Acuerdo señala que el tamaño, los recursos y las futuras estructuras del Ejército
deberán responder a las necesidades derivadas de sus nuevas funciones de defensa de la soberanía y de la integridad
territorial y con las posibilidades económicas del país. También indica que la institución deberá realizar una verdadera
reconversión, orientada a su modernización y profesionalización.
El proceso de reducción del Ejército se ha desarrollado en dos momentos, uno luego de la firma de la paz y el otro entre
2003 y 2006, durante el gobierno de Oscar Berger. En el primero, entre 1997 y 1998, según lo previsto en los Acuerdos de
Paz, se redujo el número de efectivos, de 46,900 de alta en la última fase del enfrentamiento armado, a 31,423.307 Sin
embargo, no se dieron de baja las plazas, ni se incluyó en la desmovilización a oficiales de alto rango.308 Como parte
del mismo proceso, se disolvió la Policía Militar Ambulante, PMA, y sus 2,421 efectivos. Al inicio hubo resistencia de
algunos miembros de esta Unidad a la disolución, pero las protestas no trascendieron. El gobierno creó el Programa
de Apoyo a la Reinserción Socioeconómica de la PMA, coordinado por el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) y
la Organización Internacional de Migraciones (OIM), que otorgó una compensación económica acorde al tiempo
de servicios en el Ejército, capacitación técnica para el trabajo, apoyo para incorporación laboral en el gobierno o el
sector privado y facilitó créditos para microempresas. Varios miembros de la PMA se incorporaron a la Policía Nacional
Civil (PNC), la Dirección de Presidios y a compañías privadas de seguridad. En el 2000, un grupo de desmovilizados
reclamaron al gobierno una nueva compensación económica y tras un proceso de negociación, el gobierno les otorgó
un nuevo conjunto de beneficios: becas escolares, capacitación e incorporación laboral, apoyo a microempresarios y
proyectos para formar cooperativas. Estos programas concluyeron en marzo de 2002.309
En 2004, el gobierno de Oscar Berger inició un Programa de Modernización del Ejército (Acuerdo Gubernativo 1782004) que incluía la reducción de 27,000 efectivos que existían en ese momento a 15,500, es decir casi el 50%, y una
reducción paulatina del presupuesto militar hasta llegar al 0.33% del PIB del país. Como resultado de este proceso se
desmovilizaron 3,177 efectivos militares, 2,933 de ellos afiliados al régimen general de previsión militar.310
307 La definición del número exacto de efectivos del Ejército ha representado dificultades por cuanto, en el 2006, el Ministro de la Defensa reconoció ante
la diputada Nineth Montenegro que en el “Ejército han existido plazas fantasma”. En ese momento se identificaron seis mil plazas fantasmas, cifra que
incrementaba el dato de miembros del Ejército pero que no se correspondía exactamente con el número de efectivos. Entrevista a Iduvina Hernández,
Guatemala 2008.
308 MINUGUA. Informe de Verificación: Situación de los Compromisos Relativos al Ejército en los Acuerdos de Paz. Guatemala, 2002. Esta forma anómala de
ejecutar desmovilizaciones, ha llegado a representar que en la actualidad exista una desproporción del número de oficiales en relación con el número
de elementos de tropa, lo que contradice las normas y estándares internacionales sobre estructura militar (más tropa que oficiales). A tal grado que, en
la Marina hay 451 elementos de tropa y 446 oficiales y suboficiales, en una proporción de casi un oficial por cada elemento de tropa. Ver RESDAL, Atlas
de Seguridad y Defensa en América Latina, edición 2008, pp 201.
309 Op. cit. Minugua 2002
310 Información extraída de la exposición de motivos de la iniciativa de ley 3037. Aun no aprobada.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
103
Para financiar este segundo plan de desmovilización, el gobierno emitió el Acuerdo Gubernativo 337-2004 para
garantizar durante 14 años consecutivos a partir del 2005, el traslado de fondos específicos para el pago de prestaciones
en el orden militar que debe otorgarse a los miembros del Ejército por su retiro. El Acuerdo Gubernativo contempla
presentar una iniciativa de ley al Congreso para realizar operaciones de deuda pública para solventar financieramente
al Instituto de Previsión Militar (IPM). En 2006, se presentó una iniciativa de ley para aprobar un presupuesto de
770 millones de quetzales (US$ 94.8m) durante 12 años consecutivos en cumplimiento del plan de desmovilización
y garantizar la solvencia financiera del Instituto de Previsión Militar, IPM, pero esta fue seriamente criticada por los
partidos minoritarios en el Congreso por ser demasiado grande.311
Hasta octubre de 2008, la iniciativa de ley 3530 para aprobar los Q 770 millones tiene dictamen favorable de la Comisión
de la Defensa Nacional del Congreso, emitido en 2006 y no ha tenido más movimiento desde esa fecha.
El experto militar de la Fundación Myrna Mack, al analizar la propuesta de reconversión militar,312 concluye que las
reformas no lograrán una adecuada relación civil-militar para un país democrático:
En términos técnicos, independientemente de los pocos aspectos positivos que se desprenden del proyecto de reforma a la
Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala, los cuestionamientos de fondo analizados en el presente documento, hacen del
mismo un proyecto inconveniente, pues no contribuye a la construcción de la institucionalidad del Ministerio de la Defensa
Nacional, que incluye al Ejército de Guatemala, acorde con un Estado Democrático de Derecho. Así, por ejemplo, tal como
está propuesto el articulado que crea el nuevo Viceministerio de Política de Defensa Nacional y Cooperación Internacional,
no abona a la construcción de estructuras orgánicas que permitan el establecimiento de la autoridad y conducción política
civil en el sector, elemento fundamental para materializar una efectiva subordinación del estamento militar al Poder
Constitucional: característica inherente en toda democracia. 313
1.5 Reestructuración de la policía
El AFPC propone reestructurar las anteriores fuerzas policiales en una sola policía; crear una academia para formar
al personal policial; definir la carrera policial; organizar y capacitar unidades especializadas, particularmente de
investigación e inteligencia; y establecer sistemas de control interno. El Acuerdo establece que la nueva policía debe
actuar bajo la dirección de las autoridades civiles del Ministerio de Gobernación, respetar los derechos humanos y
reflejar al carácter multiétnico y pluricultural del país.
En 1997, se creó legalmente la Policía Nacional Civil, PNC (Decreto 11-97), en el marco de lo estipulado en los Acuerdos
de Paz. En el 2001, la PNC logró cumplir con la meta de contar con 20,000 policías, entre oficiales, especialistas,
agentes y personal en tareas administrativas. Actualmente la institución cuenta con un estimado de 18,000 miembros,
habiéndose debilitado en el transcurso de los años. Este número resulta insuficiente para las necesidades de seguridad
de la población.314 En 1999, el despliegue territorial de la PNC logró cubrir los 22 departamentos del país y actualmente
la policía se encuentra desplegada en los 333 municipios del país, aunque con serias limitaciones de recursos humanos
y materiales.315
311 La iniciativa de ley fue presentada por el diputado Oliverio García Rodas del PSN. La Comisión de Defensa Nacional emitió dictamen favorable en el
2006, pero recibió fuerte oposición de bancadas minoritarias como Encuentro por Guatemala (EG) y la URNG y provocó reacciones de diputados de otras
bancadas.
312 Las reformas son propuestas a la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala Decreto 72-90. La Reconversión Militar es un proceso de reforma integral y
estructural, que no sólo persigue la reorganización del Ejército, reducirlo o hacerlo más operativo, aunque estos objetivos son muy importantes y absolutamente necesarios, sino más bien, busca tranformar y modernizar las previsiones legales, que respondan a los desafíos actuales en materia de Seguridad y
Defensa, destinadas a circunscribir su misión, determinando su organización, regulando su participación y normando la actividad institucional e individual,
dentro de los parámetros de un Estado Democrático de Derecho. (FMM Análisis de las reformas a la Ley Constitutiva del Ejército de GuatemalaDecreto 72-90,
planteadas en la iniciativa No. 3539) http://www.myrnamack.org.gt/archivos/Analisis/2006/Analsis3539LCEG-Final.pdf
p //
y
gg /
/
/
/
3539
p )
313 FMM Ibid, Page 7, Conclusions.
314 En Guatemala hay un promedio de 1.8 policías por cada 1000 habitantes, en países con bajo nivel de delincuencia el promedio es 4 policías por cada
1000 habitantes.
315 MINUGUA. Informe Final Asesoría en Fortalecimiento del Poder Civil. Guatemala, 2004.
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reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
2.
DEPURACIÓN Y DESTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS SEÑALADOS DE
VIOLACIONES DEL PASADO
Para examinar este tema, IW revisó los Acuerdos de Paz, legislación vigente y reglamentos internos de las instituciones
bajo estudio, encontrando que existe poca disposición por parte del liderazgo de las instituciones y ministerios
correspondientes para la depuración y destitución de funcionarios señalados de violaciones a los derechos humanos.
Los Acuerdos de Paz no contemplaron la depuración y destitución de funcionarios señalados de violaciones a los
derechos humanos, al igual que no lo hace la Ley de Reconciliación Nacional316 (1996), ni siquiera mientras dura la
investigación o el proceso penal.
En 1999, la CEH recomendó al Presidente de Guatemala crear una Comisión integrada por civiles para examinar la
conducta de oficiales del Ejército y de los otros cuerpos de seguridad del Estado activos durante el enfrentamiento
armado y valorar estas conductas a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos y el derecho
internacional humanitario. Dependiendo de la magnitud y gravedad de las acciones de irrespeto de los derechos
humanos, el gobierno debería iniciar medidas administrativas que incluían la destitución de estos funcionarios. 317 No
se ha creado dicho organismo hasta la fecha.
La CEH318 también recomendó la depuración de la PNC, en un proceso que debería ser abierto al Procurador de los
Derechos Humanos y al público.
Los criterios y procedimientos generales que regulan la destitución de funcionarios públicos están establecidos en
distintas leyes y reglamentos, dependiendo del cargo que se trate. Por lo general la destitución de funcionarios está
regulada por las Leyes de Servicio Civil y algunas instituciones descentralizadas y autónomas cuentan con sus propios
Reglamentos de Servicio Civil, como lo son el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa
Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la Policía Nacional Civil. Estas instituciones tienen sus
propios sistemas disciplinarios, que incluyen faltas administrativas por servicio y sanciones disciplinarias.
Dentro de las causas que frecuentemente motivan la remoción de un funcionario están: que exista sentencia
condenatoria firme por delitos cometidos, delito flagrante, motivación de auto de prisión, comisión de faltas
gravísimas, conductas incompatibles con el cargo, incapacidades e impedimentos, entre otras causas.
3.
INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES DE QUIENES ASPIRAN A CARGOS
PÚBLICOS
En Guatemala los criterios y procedimientos para la selección de funcionarios públicos están establecidos en distintas
leyes y reglamentos y éstos varían dependiendo del cargo o puesto público que se trate. Por ejemplo, los criterios para
aspirar a cargos de elección popular (presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes) están contemplados en la Ley
Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85). Los requerimientos incluyen ser guatemalteco de origen, en ejercicio
316 Esta ley concede amnistía a dignatarios y funcionarios del Estado, así como a grupos paramilitares y a los miembros del movimiento guerrillero, por
los “delitos políticos” cometidos durante el enfrentamiento armado; exceptuando “los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como
aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los
tratados internacionales ratificados por Guatemala” (Artículo 8). La ley establece los procedimientos legales para actuar en casos de denuncia por
violaciones cometidas durante el enfrentamiento y valorar si la ley es aplicable, sin embargo no especifica cómo actuar en casos en que el sindicado
sea un funcionario público en el ejercicio de su cargo.
317 Recomendación 42-5 “Que el Presidente de la República, en el uso de sus prerrogativas constitucionales, establezca una comisión que, bajo su autoridad y supervisión
inmediatas, examine la conducta de los oficiales del Ejército y de los oficiales de los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en activo durante el periodo del
enfrentamiento armado, con el objetivo de examinar la adecuación de las acciones de los oficiales en el ejercicio de sus cargos en ese tiempo al respeto de las normas
mínimas establecidas por los instrumentos internacionales de derechos humanos y por el derecho internacional humanitario… Que, consecuentemente y a la vista de
la magnitud y gravedad de las acciones de irrespeto de los derechos humanos, se adopten medidas administrativas que tomen en cuenta el contenido del proyecto
sobre el “Conjunto de Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad.”
318 Recomendación 74: Que la Dirección de la PNC, bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación, tome las medidas pertinentes para garantizar la depuración del cuerpo policial de elementos que actuaron o actúen contra su doctrina de servicio y cree una nueva unidad de control o inspectoría interna, con
competencia autónoma de investigación y sanción tanto sobre comportamiento profesional individual como institucional, abierta al Procurador de los
Derechos Humanos y al público.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
105
de los derechos ciudadanos, y en el caso del Presidente y Vicepresidente se requiere una edad mínima.319 Dentro de
los impedimentos a cargos de elección popular, la ley establece que no pueden participar militares en servicio activo,
personas que hayan perdido la nacionalidad guatemalteca, y contra quienes exista una sentencia condenatoria firme
por delitos cometidos. El proceso de supervisión para que los aspirantes cumplan con los requisitos legales está bajo
la responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral.
La normativa establece distintos requisitos y procedimientos para ocupar cargos de nombramiento discrecional
(ministros, viceministros, secretarios, director general de la policía, embajadores, y otros funcionarios); cargos propuestos
por una Comisión de Postulación (fiscal general, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones,
Procurador de los Derechos Humanos y magistrados del Tribunal Supremo Electoral); cargos por designación institucional
(magistrados de la Corte de Constitucionalidad); y cargos por oposición o formación previa (jueces, fiscales y policías). La
normativa también establece la entidad o Comisión responsable de supervisar el proceso.
Las Leyes de Servicio Civil regulan los criterios y procedimientos de selección, contratación, períodos de prueba, ascensos
y traslados del resto de funcionarios públicos, es decir de quienes ocupan una jerarquía menor. La Ley de Servicio Civil
(Decreto 1748) data de 1968 y establece los derechos, obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos, así como
el régimen de salarios, disciplinario y de despido. Algunas instituciones autónomas y descentralizadas cuentan con su
propia Ley y Reglamento Civil, como el Congreso, el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa
Pública Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Policía Nacional Civil, y las municipalidades, entre otras. Los
criterios y procedimientos de selección varían en cada institución. Por lo general la revisión de solicitudes y antecedentes
de aspirantes está bajo la responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos o una Unidad Administrativa de
Personal, en otros casos, como el OJ esta tarea es desempeñada por el Consejo de la Carrera Judicial. Si bien en la mayoría
de casos los aspirantes deben presentar certificación de antecedentes penales y policiales, no se investigan antecedentes
por violaciones a los derechos humanos.
4. OTRAS MEDIDAS DESTINADAS A LA NO REPETICIÓN
Sin duda existe otro conjunto de medidas que pueden contribuir a la no repetición de las violaciones del pasado y
a combatir la impunidad. Dentro de estas medidas, IW considera particularmente relevantes: a) la ratificación del
Estatuto de Roma para admitir la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en Guatemala; b) reglamentos que
establecen la enseñanza en las escuelas de la tragedia del enfrentamiento armado; c) la promulgación de leyes para
prohibir o penalizar cualquier forma de discriminación; d) reformas al código militar y al sistema de inteligencia
militar; y e) regular debidamente el control de armas y municiones. En este apartado se revisan brevemente los pasos
del Estado guatemalteco para promover estas medidas.
4.1 Ratificación del Estatuto de Roma
El Estado de Guatemala firmó el Estatuto de Roma en el año de 1999, pero a pesar de no enfrentar un problema de
inconstitucionalidad como confirmó la CC en marzo 2002, aún no ha sido ratificado, por lo cual Guatemala no admite
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
4.2 Enseñanza de la tragedia del enfrentamiento armado en las escuelas
La CEH recomendó al Estado de Guatemala realizar un profundo esfuerzo de transformación cultural a través de una
política activa de educación para la paz, que incluya el conocimiento del pasado, sus causas, efectos y los principios
básicos de respeto de los derechos humanos y de los mecanismos de su defensa. La CEH recomendó al Estado que
319 Conforme a la ley, los derechos se suspenden cuando existe sentencia condenatoria firme o por declaración judicial de interdicción. Se recuperan
cuando se cumpla la pena impuesta en sentencia, por amnistía o por indulto y por rehabilitación judicial en el caso de interdicción. También se afectan
cuando se pierde la nacionalidad guatemalteca y se recobra al recuperar la misma. Una persona que haya cumplido su pena impuesta en sentencia,
aunque hubiere cometido delitos/violaciones a los derechos humanos y haya sido demostrado puede postularse a cargo público.
106
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
asumiera el contenido del Informe y apoyara cuantas iniciativas se pusieran en marcha para su difusión y promoción,
tomando en cuenta la realidad social, cultural y lingüística de Guatemala.
En relación con la difusión del Informe de la CEH, en 1999 el gobierno financió la publicación de 285,000 copias del
documento de conclusiones y recomendaciones del Informe, que fue distribuido como suplemento en los principales
periódicos del país. En el ámbito de promoción de la Cultura de Paz, la UNESCO y el Ministerio de Educación, impulsaron
varias iniciativas de difusión de contenidos del informe, pero sin alcanzar cobertura nacional.
En cuanto a la enseñanza en las escuelas, el Ministerio de Educación, junto con la Comisión Consultiva para la Reforma
Educativa, que se creó como parte de los Acuerdos de Paz, elaboraron la reforma curricular del nivel primario, básico
y diversificado. Adicionalmente, el Plan Marco de Transformación Curricular recoge los conceptos de cultura de paz y
derechos humanos, pero no contempla explícitamente la enseñanza de las causas, el desarrollo y las consecuencias
del enfrentamiento armado interno en los términos recomendados por la CEH.
4.3 Promoción de leyes que prohíben o penalizan cualquier forma de discriminación
Se ha incluido este tema como uno de no repetición debido tanto a las causas del enfrentamiento armado interno
como a las razones porque la violencia en parte tuvo una característica étnica hasta llegar al genocidio.
El Estado ha emprendido recientemente algunas iniciativas para combatir la discriminación. En el 2002, el Congreso
tipificó el delito de discriminación en el Código Penal (Decreto 57-2002). Según el texto, se entenderá como discriminación
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión,
situación económica, enfermedad, estado civil o cualquier otro motivo, razón o circunstancia que impidiera o dificultare a
una persona o grupo de personas el ejercicio de un derecho legalmente establecido. Quien por acción u omisión incurriera
en la comisión del delito de discriminación, será sancionado con una prisión de uno a tres años y multa de 500 quetzales
(aproximadamente US$65) a 3,000 quetzales (US$400). La pena se agravará en una tercera parte cuando la discriminación
se practique por razón idiomática, cultural o étnica; para quien de cualquier forma o medio difunda, apoye o incite a ideas
discriminatorias; cuando el hecho sea cometido por un funcionario público.
Ese mismo año, el Congreso también aprobó la Ley de Promoción Educativa Contra la Discriminación (Decreto 81-2002).
Como parte de la implementación de esta ley, el Ministerio de Educación ha implementado varios programas y proyectos
para apoyar a grupos tradicionalmente marginados. Por ejemplo, paulatinamente se ha ampliado la participación de
profesionales indígenas en las distintas Unidades del Ministerio; se ha extendido la educación bilingüe en algunas
regiones indígenas del país; se han ofrecido becas de estudio a niñas de bajos recursos para promover la igualdad
de género; se han creado oportunidades para niños con alguna limitación física o discapacidad; y se ha ampliado
la cobertura de escuelas en zonas marginales rurales y urbanas para facilitar el acceso a la educación. Aunque estas
iniciativas son positivas continúan siendo insuficientes ante las múltiples carencias y la gran marginación en que se
encuentra la niñez guatemalteca, particularmente las niñas y los niños indígenas.
En el 2002, el Ejecutivo creó la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (Acuerdo Gubernativo
190-2002), con el mandato de asesorar y acompañar a las distintas instituciones y funcionarios del Estado a
desarrollar mecanismos efectivos en el combate a la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas en
el país. Adicionalmente, el Estado de Guatemala ha aprobado la Convención Internacional Sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial (Decreto 105-82) y la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (Decreto 48-92).
4.4 Control de armas
Es alarmante la rápida proliferación de armas en los últimos años en Guatemala, muchas de las cuales son utilizadas
para cometer actos delictivos. Según datos del Departamento de Control de Armas y Municiones del Ejército
(DECAM) que continúa administrando el registro y control de armas que circulan en el país, hasta abril del 2008
en Guatemala existían 300,000 armas registradas y se estima que circulan alrededor de 250,000 no registradas.320
Sin embargo, según estimaciones de la Secretaría de la Paz (SEPAZ) y de organizaciones no gubernamentales el
320 Prensa Libre, 14 de abril 2008.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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número de armas ilegales alcanza un millón y medio. Se estima que el 80% de las muertes violentas en el país se
cometen con armas de fuego y que en los últimos tres años la tasa de muertes violentas ha sido de 5,000 personas
anualmente.321
El AFPC propone reformar la Ley de Armas y Municiones (Decreto 39-89) para detener la proliferación de armas de fuego
en manos de particulares y tener mayor control en su adquisición. El Acuerdo sugiere hacer más restrictiva la posesión
de armas, mejorar el sistema de registro de armas en circulación, identificar a sus propietarios y transferir el control del
registro de armas del Ejército, al Ministerio de Gobernación. Desde la firma de la paz se han presentado cinco distintas
iniciativas al Congreso para reformar la ley. La iniciativa más reciente (2990) fue presentada en el 2004 por un diputado
del partido Unionista, y a fines de 2008, ésta sigue en discusión en el Congreso y se han realizado tantas enmiendas
que prácticamente se trata de una nueva propuesta.
La CICIG por su parte recomienda cambios a la iniciativa 2290 (Ley de Armas y Municiones) diciendo que tiene el efecto
contrario a lo necesario y ratifica la privatización de la seguridad ciudadana en Guatemala, contribuyendo aún más al
debilitamiento del Estado. Entre el 75 y el 85 por ciento de los delitos se cometen con armas no registradas.322
CICIG está recomendando, además de mejorar la tipificación de delitos relacionados con las armas, que durante la
fabricación cada una de las piezas deben ser marcadas. Recomienda licencias especiales, el registro y la toma de una
huella balística de cada arma que entra al país y propone más regulación sobre fabricación, importación, exportación
y uso de las municiones y sus componentes, así como la certificación únicamente para una sola transferencia y una
base de datos de registros por cada uso y transferencia.323
4.5 Reformas al código militar y al sistema de inteligencia del Ejército
En el 2003, siendo partido de gobierno el FRG, se presentó una iniciativa de ley (2794) para reformar el código militar.
Esta iniciativa pretende ampliar el fuero militar a miembros activos o en servicio de la institución castrense para
que sean juzgados por tribunales militares por delitos comunes, así como a aquellos miembros retirados cuando
los delitos perseguidos hubieren sido cometidos durante el tiempo que estuvieron en servicio activo. En el 2004 la
Comisión de la Defensa Nacional del Congreso emitió dictamen favorable con modificaciones, luego de consultas
con el Departamento de Justicia Militar del Ejército y otros actores no especificados. Los partidos que tenían una
mayor representación en la Comisión de Defensa Nacional fueron el Partido Patriota y el FRG, partidos cuyos líderes
principales son ex militares.
Obstáculos en las Medidas de No Repetición
Los Acuerdos de Paz contienen importantes compromisos y medidas para garantizar la no repetición de los delitos
y violaciones ocurridas durante el enfrentamiento. Los Acuerdos establecen lineamientos para el desarme y
desmovilización de los grupos armados involucrados en el enfrentamiento armado, reformar las fuerzas armadas
y de seguridad, controlar el uso de armas de fuego, fortalecer la independencia y capacidad del sistema de justicia,
fortalecer las instancias encargadas de proteger los derechos humanos; y promover una cultura de paz. Aunque se han
dado importantes avances en estos temas, el Estado todavía enfrenta una serie de obstáculos para garantizar la no
repetición de los crímenes que se cometieron durante el enfrentamiento armado. Entre estos obstáculos destacan:
Falta de depuración y revisión de antecedentes
Es grave que el Estado no realice esfuerzos para recuperar la confianza de las víctimas en las fuerzas de seguridad,
particularmente en el Ejército y la Policía, ni para investigar la actuación de los miembros de estas instituciones
durante el enfrentamiento armado y destituir a los funcionarios que participaron en violaciones a los derechos
humanos. Siendo el Ejército el principal responsable de los crímenes ocurridos contra la población civil, es muy grave
que personas que participaron en estos crímenes continúen ocupando cargos en esta institución. Además se corre
321 Informe de Philip Alston, relator especial de la ONU en materia de ejecuciones extrajudiciales, 2007. Informe de la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala 2007.
322 Informe CICIG, Septiembre 2008, acompañando paquete de reformas legales presentados al Estado.
323 Claudia Palma, 23 de septiembre, 2008, El Periódico.
108
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
el riesgo de que estos miembros reproduzcan la ideología contrainsurgente dentro de la institución y reincidan en
violaciones a los derechos humanos.
En relación con la Policía, llama la atención que ex miembros de los antiguos cuerpos de policía se hayan incorporado
fácilmente a la nueva institución y que recibieran para ello una formación de apenas tres meses. Esta medida ha
contribuido al desprestigio de la institución policial en la actualidad. Además, luego de más de diez años de existencia,
la PNC continúa siendo una institución débil. Dentro de los factores que contribuyen a este debilitamiento destacan la
falta de una política clara de seguridad ciudadana; el constante cambio de autoridades en el Ministerio de Gobernación
y en la Dirección de la PNC; los insuficientes recursos económicos que el gobierno asigna a la institución; y la limitada
educación y capacidad de los policías, particularmente en las unidades de inteligencia e investigación criminal. La PNC
también ha sido afectada por la penetración de grupos del crimen organizado y el involucramiento de muchos de sus
miembros en actos de corrupción, actividades ilícitas y violaciones a los derechos humanos, lo que ha fomentado la
pérdida de confianza de la población en la institución.
El Estado tampoco ha adoptado medidas para revisar los antecedentes de personas que aspiran a cargos públicos
e impedir que individuos señalados de participar en violaciones a los derechos humanos desempeñen cargos de
elección popular (presidente, vicepresidente, alcalde y diputados) o cargos públicos. Esto ha permitido que varios de
los responsables de las violaciones a los derechos humanos mantengan poder dentro del Estado o ejerzan un poder
paralelo para obstruir la justicia y mantener la impunidad de sus acciones. El proceso de selección y contratación de
funcionarios públicos es deficiente y muchas veces se contrata a personas a través de contactos y no atendiendo
a criterios de capacidad y experiencia profesional. El constante cambio de autoridades y de personal debilita a las
instituciones del Estado y no se estimula la carrera pública, lo cual representa una gran debilidad para la administración
pública guatemalteca.
La persistencia de grupos de poder
La persistencia de los grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad en la actualidad representa uno de los
desafíos más graves para la construcción del estado democrático de derecho. Estos grupos son una herencia del
enfrentamiento armado y se han proliferado en los últimos años, manteniendo influencia dentro de las instituciones
públicas. El Estado ha reconocido su incapacidad para combatir a estos grupos y es positivo que haya solicitado el
apoyo de las Naciones Unidas para avanzar en esta lucha. Sin duda la CICIG representa un primer paso en un esfuerzo
muy grande y largo que el Estado debe mantener para combatir a estos grupos y depurar a las instituciones estatales.
En este momento es fundamental que los tres poderes del Estado brinden el máximo apoyo y colaboren con el trabajo
que realiza CICIG para avanzar en esta tarea.
La reorganización de los ex PAC
La compensación económica a los ex patrulleros civiles estimuló la reorganización de estos grupos en muchas regiones
del país, reafirmando identidades que dividen a la población, causando tensión política en el país y temor en las
comunidades rurales donde miembros de estos grupos participaron en violaciones a los derechos humanos durante el
enfrentamiento armado. El pago a los ex PAC ha causado malestar entre las organizaciones de víctimas, de derechos
humanos y otros grupos sociales. Esta medida se ha percibido como que el Estado tenía mayor interés en compensar
a estos cuerpos paramilitares, acusados en muchos casos de violaciones a los derechos humanos, antes que reparar
a las víctimas de dichas violaciones, quienes son más vulnerables. Esto también contribuye a la pérdida de confianza
de las víctimas en el Estado, así como a mantener estructuras de poder basadas en el miedo generado por la represión
en las comunidades.
El limitado control de las armas de fuego
Hasta septiembre de 2008, Guatemala no contaba con una nueva Ley de Armas y Municiones. Los Acuerdos de Paz
establecen que se debe reformar dicha ley, la cual data de 1989, para detener la proliferación de armas de fuego en
manos de particulares y tener mayor control en su adquisición. Los acuerdos sugieren hacer más restrictiva la posesión
de armas, mejorar el sistema de registro de armas en circulación, identificar a sus propietarios y transferir el control del
registro de armas del Ejército al Ministerio de Gobernación. Sin embargo, desde la firma de la paz se han presentado
cinco iniciativas distintas al Congreso para reformar la ley sin que se haya aprobado alguna todavía. El control efectivo
de las armas y municiones continúa siendo un desafío pendiente para el Estado guatemalteco, ya que se estima en el
país circulan más de un millón y medio de armas de fuego, la gran mayoría de manera ilegal.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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Limitada enseñanza del enfrentamiento armado en las escuelas
A pesar de que el plan marco de transformación curricular del Ministerio de Educación recoge los conceptos de
cultura de paz y derechos humanos, no contempla suficientemente la enseñanza de las causas, el desarrollo y las
consecuencias del enfrentamiento armado interno en el pensum de estudios de las escuelas del país. Esto representa
una seria limitación a las medidas de no repetición ya que las nuevas generaciones no tienen la posibilidad de aprender
sobre la tragedia del enfrentamiento.
El Ministerio de Educación, las universidades y el magisterio tienen la responsabilidad de educar a las nuevas
generaciones sobre la historia del país y promover la reflexión sobre la tragedia del enfrentamiento armado y las
causas que lo provocaron. Esto estimularía un pensamiento crítico y una conciencia en la niñez y juventud sobre la
gravedad de la desigualdad, el racismo, la violencia y la impunidad. Además contribuiría a construir una sociedad más
solidaria.
Pocos pasos para combatir el racismo y la desigualdad
Formalmente el Estado ha adoptado medidas legales para combatir el racismo y la discriminación. Se tipificó de delito
de discriminación en el Código Penal, se aprobó la Ley de Promoción Educativa Contra la Discriminación, y se ratificaron
la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Sin embargo, estas acciones son insuficientes para
cambiar la situación de racismo y discriminación enraizada en la cultura dominante del país.
En el ámbito político, el Estado no ha promovido una participación más equitativa de indígenas y de mujeres en puestos
de elección popular a nivel nacional ni como funcionarios de Estado de alto nivel. Por ejemplo, en el actual gabinete de
gobierno únicamente existe un ministro indígena y una mujer y el Congreso de la República el número de diputados
indígenas no supera los 20 de 158 diputados. En el ámbito económico y social tampoco ha emprendido medidas para
disminuir la pobreza, facilitar el acceso a la educación, la salud, la tierra, la justicia y los demás servicios del Estado,
aún habiendo quedado constatado que la falta de acceso a estos servicios contribuyen a la situación de exclusión y
vulnerabilidad en la que vive la mayor parte de la población, y que son causas estructurales del enfrentamiento armado.
El racismo y la discriminación continúan siendo prácticas cotidianas en las relaciones sociales guatemaltecas y los
indígenas y las mujeres presentan las mayores tasas de pobreza, desempleo y baja escolaridad.
La no ratificación del Estatuto de Roma
El Estado de Guatemala firmó el Estatuto de Roma en 1999, pero el Congreso aún no lo ha ratificado. El trámite de
aprobación se encuentra detenido en el Congreso desde 2002, a pesar de que desde marzo de ese mismo año la Corte
de Constitucionalidad emitió una opinión consultiva favorable para su ratificación. La CPI ofrece posibilidad de juzgar
fuera de la jurisdicción guatemalteca a las personas que cometan crímenes de lesa humanidad. Aunque la CPI no podría
juzgar casos del pasado por el principio de retroactividad, su aprobación es una importante medida para disuadir que
vuelvan a suceder en el país graves violaciones a los derechos humanos y que éstas queden en la impunidad. Con la
ratificación de la CPI mostraría el compromiso ante la sociedad guatemalteca y la comunidad internacional de que los
hechos terribles que ocurrieron en Guatemala no puedan volver a repetirse, ni permanezcan en la impunidad.
A modo de conclusión
Como se indicó en la introducción de este informe, a partir de 1985 con la promulgación de la nueva Constitución de la
República el Estado de Guatemala inició un importante proceso de reforma y de modernización de sus instituciones.
A este proceso de reforma también contribuyeron una serie de compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz. Sin
embargo, la reforma formal del Estado no ha cambiado sustantivamente la estructura de desigualdad económica,
política y social del país. El Estado mantiene un carácter excluyente y la gran mayoría de la población, particularmente
las comunidades indígenas afectadas fuertemente por la violencia del enfrentamiento armado, permanece excluida
y viviendo en condiciones de extrema pobreza. Mientras que la élite económica del país mantiene influencia en las
instituciones del Estado y se niega constantemente a una reforma fiscal que implique una mayor contribución de su
parte para que el Estado cuente con recursos para combatir la inequidad y exclusión social.
Es muy grave que luego de finalizado el enfrentamiento armado, el Estado de Guatemala no haya realizado un proceso
de depuración institucional ni haya adoptado medidas administrativas para destituir a funcionarios públicos señalados
de participar en delitos graves o violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento armado. Igualmente
grave es que no se prohíba a ex militares, ex funcionarios de gobierno y ex comandantes de la guerrilla implicados en
110
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
delitos graves y violaciones de derechos humanos en el enfrentamiento, aspirar a cargos de elección popular, como
presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes, lo que fomenta una mayor pérdida de confianza en la justicia y las
instituciones del Estado por parte de la población.
El Estado tampoco ha establecido criterios ni procedimientos explícitos para investigar los antecedentes de personas
que aspiran a cargos públicos ni se impide a ninguna persona señalada de haber participado en delitos y violaciones
graves durante el enfrentamiento armado ocupar cargos públicos.
La falta de un abordaje serio e integral de las causas, hechos y consecuencias del enfrentamiento armado en el pensum
educativo del país, limita el reconocimiento por parte del Estado y de la población en general de lo sucedido, así como
tampoco permite que su interiorización en el imaginario colectivo, principalmente por parte de la población infantil
que supone más del 60% de la población total, lo cual sería una garantía de que estos terribles hechos no se repitieran
en el futuro.
V
CONCLUSIONES
En Guatemala, se han realizado esfuerzos significativos para promover los derechos de las víctimas del enfrentamiento
armado a la verdad, la justicia y la reparación, así como a las medidas de no repetición. Entre los principales avances
en el derecho a la verdad destacan el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, las exhumaciones
realizadas por las organizaciones forenses de la sociedad civil, y algunas iniciativas para crear registros de víctimas
y regular el acceso a la información pública y los archivos. En el derecho a la justicia se ha avanzado en la ratificación
de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en la tipificación de los delitos de desaparición
forzada, tortura y ejecución extrajudicial en el Código Penal, y en la reforma y modernización del sistema de
justicia. En el derecho a la reparación se creó el Programa Nacional de Resarcimiento y se instituyó el Día Nacional
de Dignificación de las Víctimas. En cuanto a las medidas de no repetición, se desmovilizó a los grupos guerrilleros,
se disolvieron las Patrullas de Autodefensa Civil, se redujo el número de efectivos del Ejército, se creó una nueva
policía, y se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala para combatir a los grupos ilegales
y aparatos clandestinos de seguridad, muchos de los cuales tienen su origen en las estructuras contrainsurgentes.
Sin embargo, es sumamente preocupante que a pesar de la comisión de delitos de lesa humanidad durante el
enfrentamiento armado, que han sido ampliamente documentados en diferentes informes y confirmados por
pruebas forenses, el Estado de Guatemala sigue sin reconocer plenamente la magnitud y gravedad de la tragedia del
enfrentamiento armado, que afectó principalmente al pueblo maya, y sin adoptar las medidas pertinentes para que
estos crímenes sean juzgados, reparados y no vuelvan a repetirse.
También es lamentable que los pocos esfuerzos que se han realizado en materia de justicia transicional se efectúen
de manera parcial y separada y no se implementen con una visión integral de Estado que tome en cuenta los
cuatro componentes de la justicia transicional, lo cual debilita el impacto de estos esfuerzos. En las exhumaciones
de masacres, por ejemplo, en que se han encontrado restos de niños, mujeres y hombres, la mayoría de veces los
seguimientos se limitan a la devolución de los restos de las víctimas a sus familiares. El Ministerio Público no inicia
una investigación para esclarecer los hechos y perseguir penalmente a los responsables del crimen, no se repara a
los familiares de las víctimas, ni se aprovecha este acto para informar, educar y promover reflexión en la comunidad
y la población en general sobre la tragedia del enfrentamiento armado, lo cual contribuiría a preservar la memoria
histórica del enfrentamiento y adoptar medidas preventivas para que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Por lo general, los organismos y las instituciones del Estado actúan de forma separada y no coordinan ni complementan
esfuerzos. En muchas ocasiones cuando el organismo ejecutivo promueve una iniciativa, como el Programa Nacional
de Resarcimiento, el Congreso de la República no le brinda el respaldo legal y económico necesario para asegurar
su estabilidad y continuidad. El Ministerio Público tampoco asume su responsabilidad de iniciar de oficio las
investigaciones por los casos presentados ante el Programa Nacional de Resarcimiento; es más, algunos fiscales ni
siquiera entienden por qué el PNR les remite sus expedientes y ofrece resarcimiento a las víctimas antes de que el
sistema penal haya investigado y emitido una sentencia.
Por otra parte, el Estado adolece de mecanismos efectivos para supervisar la implementación de sus programas y
evaluar el desempeño de los funcionarios públicos. Esta carencia permite prácticas y actitudes por parte de funcionarios
públicos que son contrarias al ideario de servicio público y que muchas veces rayan en la negligencia, sin que sea
fácil implementar medidas efectivas, que permitan supervisar y controlar el funcionamiento de sus instituciones,
sancionar el incumplimiento de responsabilidades y los actos de corrupción.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
113
En las seis áreas que Impunity Watch investigó para este estudio se encontraron una serie de obstáculos que
contribuyen a la impunidad y representan grandes desafíos para el Estado y la sociedad guatemalteca. Entre estos
obstáculos destacan: 1) la limitada reforma del Estado y la influencia de grupos de poder; 2) la instrumentalización
e incumplimiento de la ley por parte de funcionarios públicos; 3) los limitados recursos, capacidades y mecanismos
de control del Estado; 4) la limitada independencia y disposición del sistema judicial; 5) la persistencia del racismo
y la inequidad en el Estado y la sociedad guatemalteca; y 6) la falta de voluntad política del Estado para combatir la
impunidad por los delitos graves del enfrentamiento armado y promover una transformación del Estado.
Limitada reforma del Estado y la persistencia de grupos de poder
En Guatemala, no se han realizado las reformas institucionales necesarias para construir un estado democrático de
derecho. Aunque con la Constitución de 1985 y los Acuerdos de Paz se impulsaron una serie de cambios para reformar y
modernizar el Estado y se introdujeron algunos elementos de la democracia formal, estos cambios no fueron suficientes
para transformar la naturaleza excluyente del Estado de Guatemala ni afectaron los intereses de la élite económica,
política y militar del país. Muestra de ello es que Guatemala continúa siendo uno de los países más desiguales de
América Latina y que ningún ex militar de alto rango ha sido juzgado en un tribunal de justicia o destituido del Ejército
por delitos graves ocurridos durante el enfrentamiento armado.
La Constitución de 1985 y los Acuerdos de Paz ni siquiera plantean medidas administrativas para asegurar que funcionarios
señalados de participar en las violaciones a los derechos humanos sean destituidos o se les impida ocupar cargos públicos.
Esto ha permitido que altos ex militares y funcionarios responsables de las violaciones de los derechos humanos ocupen
cargos públicos en la actualidad y aprovechen su posición para mantener influencia en las instituciones del Estado
asegurando de esta manera la impunidad de los crímenes cometidos durante el enfrentamiento.
Instrumentalización e incumplimiento de la ley
Aunque Guatemala cuenta con un marco normativo suficiente en materia de derechos humanos y en materia penal
para investigar y juzgar a los responsables de los delitos graves ocurridos durante el enfrentamiento armado, en
muchos casos esta normativa no se cumple o es interpretada de forma discrecional por fiscales, autoridades judiciales
y magistrados de la Corte de Constitucionalidad para favorecer los intereses de los responsables de las violaciones a los
derechos humanos del enfrentamiento armado. Los procesos penales se retrasan por años debido a los innumerables
recursos de amparo y apelaciones interpuestos por los abogados defensores y que son tramitados con extrema lentitud
por los tribunales responsables de resolverlos.
En el plano internacional, el Estado de Guatemala incumple constantemente sus compromisos, lo cual evidencia
la falta de seriedad con que asume los instrumentos internacionales. Los informes de los relatores de las Naciones
Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dan cuenta de los incumplimientos reiterados y de que
el Estado no adopta medidas pertinentes para corregirlos. Mientras tanto, entre muchos sectores de la población crece
la percepción de que la ley es una formalidad que no se cumple o que solamente sirve para proteger los intereses de
los ricos y los poderosos.
Una muestra grave del incumplimiento de la ley es que el Ministerio Público no cumple su responsabilidad de iniciar
de oficio investigaciones a partir de las evidencias concretas que resultan de las exhumaciones. El Ministerio de la
Defensa tampoco cumple con la responsabilidad de entregar la información relacionada a las actividades del Ejército
durante el enfrentamiento armado, solicitada por el Ministerio Público o por autoridades judiciales. En ninguno de
estos casos se imponen sanciones administrativas ni penales contra los funcionarios que incumplen la ley.
Limitados recursos, capacidades y mecanismos de supervisión
Entre las grandes debilidades del Estado guatemalteco destacan sus limitados recursos económicos. El Estado de
Guatemala cuenta con un presupuesto limitado debido a que la carga tributaria es menos del 12%, una de las más
bajas de América Latina, y a la incapacidad de controlar la evasión fiscal. Esto redunda en el presupuesto asignado
a las diferentes instituciones, como es el caso del sistema de justicia penal, el cual era únicamente de US$6.9 per
cápita en el 2006, el más bajo de la región centroamericana, de acuerdo al último Informe sobre el Estado de la
Región (2008). Aunque distintos gobiernos han iniciado esfuerzos por promover una reforma fiscal que le permita al
Estado aumentar sus ingresos, la élite económica y empresarial del país se ha opuesto sistemáticamente a cualquier
incremento significativo. Esta situación incide en el reducido gasto social y en el limitado presupuesto asignado a las
instituciones responsables de la seguridad y la justicia.
114
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Las instituciones del Estado no han sabido aprovechar el personal calificado existente en el país para cumplir
responsable y eficientemente con la administración pública. En muchos casos se desestima la profesionalización y la
experiencia, a lo cual contribuye el constante cambio de autoridades y personal en las instituciones del Estado. Con
cada cambio de gobierno se nombra a nuevos funcionarios y se contrata a nuevo personal por su simpatía o afiliación
con el partido político en el Gobierno, sin atender a criterios de excelencia profesional y sin revisar sus antecedentes
en materia de derechos humanos.
En instituciones como el Ministerio Público, los fiscales tienen estabilidad laboral, pero son rotados sin fundamentos
explícitos, lo cual les impide acumular experiencia en campos altamente especializados como lo es la investigación de
las violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento interno. Como otro ejemplo de esta problemática,
en cinco años de vida, el PNR ha tenido cuatro directores ejecutivos y se han operado recambios de hasta 60% del
personal en un solo proceso.
En las instituciones del Estado persisten prácticas burocráticas que estimulan la negligencia entre los funcionarios. En
el Ministerio Público y en la Policía, por ejemplo, se le da más importancia al trámite de informes y expedientes que a
la investigación de los delitos o al trato digno a las víctimas. Además, rara vez hay consecuencias por incumplimiento
o por bajo rendimiento, ni incentivos por avances logrados, pues se trabaja sin planes, objetivos ni metas precisas,
sin resultados claramente enunciados y con escasos o muy débiles sistemas de monitoreo, evaluación y supervisión.
Trabajar en estas condiciones y en contextos altamente politizados, incentiva a quedar bien con los superiores más
que al cumplimiento de funciones asignadas, por no hablar de servir al público usuario o a las víctimas de delitos.
Retomando el ejemplo del Ministerio Público, es notorio que no ha habido consecuencias de ningún tipo por la falta de
investigación evidenciada en la investigación de los casos a cargo de la Unidad de Esclarecimiento Histórico.
Limitada independencia del sistema de persecución penal y judicial
La falta de imparcialidad de algunos funcionarios públicos para interpretar y aplicar la ley se debe –en parte, al menos–
a las formas de intervención del sistema político en el nombramiento de las autoridades del Ministerio Público y
el Organismo Judicial. En algunos casos, autoridades del MP y del OJ han sido nombradas por su afinidad política
o con grupo de interés de quienes los nombran, y la ley permite que no sean seleccionados con base en su carrera
profesional. Esto compromete las decisiones de dichos funcionarios cuando deben resolver casos que afectan los
intereses de personas o de partidos políticos que los eligieron.
Los hostigamientos, amenazas y ataques contra los operadores de justicia también inciden en que algunos operadores
de justicia no cumplan con su obligación de investigar y juzgar a los responsables de los delitos del enfrentamiento
armado. Además, el Ministerio Público y la Policía no ofrecen medidas de protección efectivas a los operadores de
justicia. Además, impacta negativamente sobre la disposición de la población de acudir al sistema de justicia.
Persistencia del racismo y la desigualdad en el Estado y la sociedad
Aunque desde la finalización del enfrentamiento armado se han adoptado algunas medidas para combatir el racismo
y la discriminación, como la tipificación del delito de discriminación en el Código Penal y la ratificación de convenios
internacionales sobre los derechos de los pueblos indígena, estas medidas son insuficientes para combatir el racismo.
Es importante recordar que el racismo es una herencia de la Colonia y una de las causas del enfrentamiento armado,
como lo documenta el informe de la CEH. Además el genocidio fue dirigido específicamente contra el pueblo Maya
por lo que el Estado tiene una responsabilidad histórica y una deuda ética y política con el pueblo Maya que requiere
acciones decididas.
La mayoría de víctimas mayas, habitan en comunidades y regiones de población mayoritariamente indígena, en donde
los rasgos discriminadores y excluyentes del Estado guatemalteco se acentúan. Múltiples estudios han documentado
los problemas que enfrentan las víctimas indígenas para gestionar y tramitar los documentos y procedimientos
necesarios para tener acceso a las reparaciones y a la justicia. El Estado realiza muy pocos esfuerzos para facilitar el
acceso de la población maya a los servicios de justicia, seguridad, salud, educación y en general a la administración
pública en su propio idioma. Además recarga sobre ellos la recolección de documentos y trámites burocráticos. La
mayoría de personas entrevistadas por IW consideran que el género, la identidad étnica, la posición socioeconómica y
el lugar de origen son factores que determinan de manera negativa el acceso a la justicia y en general a las instituciones
del Estado.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
115
Falta de voluntad política
De los tres organismos del Estado guatemalteco, el Organismo Ejecutivo ha mostrado mayor voluntad política para
promover iniciativas en relación con la verdad y la reparación por los crímenes del enfrentamiento armado, pero
muchas veces los esfuerzos emprendidos pierden impacto debido a que no se les da debida continuidad. Por ejemplo,
el Organismo Ejecutivo apoyó la instalación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, pero no ha reconocido
el contenido del Informe de la CEH ni ha apoyado debidamente la implementación de sus recomendaciones.
El Organismo Ejecutivo también creó el Programa Nacional de Resarcimiento, pero no ha realizado el trabajo
político suficiente en el Congreso para garantizar el respaldo legal del Programa que asegure su independencia y
sostenibilidad. Muchas veces las iniciativas emprendidas por el Organismo Ejecutivo responden a la permanente
presión de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil y, en algunos casos, a la influencia política de la
cooperación internacional.
El Congreso de la República, por su parte, ha mostrado menos voluntad para apoyar la verdad, la justicia y la reparación
por los delitos del enfrentamiento armado. El Congreso prácticamente no ha aprobado legislación específica al respecto
ni ha apoyado plenamente las iniciativas del Ejecutivo. Esta falta de voluntad política del Congreso se debe en parte a
la composición del parlamento, integrado por una gran cantidad de pequeños partidos políticos poco comprometidos
con el proceso de paz. Algunos partidos políticos incluso están integrados por ex militares y ex funcionarios señalados
de haber participado en violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento armado. Las organizaciones de
víctimas y de derechos humanos tienen poca posibilidad de incidir en las decisiones del Congreso debido a los pocos
canales de comunicación con el Congreso y al poco interés de los diputados en estos temas.
En el caso del Organismo Judicial y el Ministerio Público se observa poca disposición para esclarecer y juzgar los
delitos graves del enfrentamiento. Los casos se extienden por años en el Ministerio Público sin que se realice ninguna
diligencia de investigación, el MP no investiga a altos funcionarios públicos o a los autores intelectuales de los delitos
graves del enfrentamiento armado; muchas veces subestima los cargos, y existe negligencia por parte de fiscales
que nunca son sancionados. El Organismo Judicial, por su parte, se tarda meses en resolver las múltiples apelaciones
interpuestas por los abogados defensores. La Corte de Constitucionalidad, además de dilatar los procesos penales, ha
emitido sentencias que claramente contradicen el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Adicionalmente, los organismos del Estado carecen de mecanismos efectivos para supervisar la implementación de
sus programas y evaluar el desempeño de los funcionarios públicos. En este sentido, el Congreso de la República no
cumple plenamente su responsabilidad de fiscalizar la actividad pública y garantizar la rendición de cuentas de sus
funcionarios.
El rol de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil
Las organizaciones de víctimas y de derechos humanos guatemaltecas han contribuido significativamente a la
promoción de la verdad, la justicia y la reparación. Han denunciado constantemente los crímenes cometidos durante
el enfrentamiento armado, apoyado exhumaciones, presentando denuncias, acompañando procesos, monitoreando
el funcionamiento de las instituciones del Estado y formulando propuestas para mejorarlo. En muchas ocasiones las
organizaciones de víctimas y de derechos humanos han sufrido hostigamiento y persecución por su trabajo. Estos
procesos han sido acompañados y, en muchos casos, financiados por la cooperación internacional. Sin embargo, las
organizaciones de sociedad civil presentan debilidad para trabajar juntas, sus alianzas son débiles y en ocasiones
se dividen por diferencias políticas o institucionales. Su incidencia en el Congreso de la República, en los partidos
políticos y en la sociedad en general es limitada; y la coordinación entre organizaciones de la capital y el interior del
país, particularmente mayas, sigue siendo un desafío.
El rol de la cooperación internacional
La cooperación internacional ha apoyado significativamente el proceso de paz guatemalteco a través de programas de
asistencia técnica, respaldo económico y acompañamiento político. En este sentido es importante destacar el valioso
trabajo realizado por la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala, MINUGUA, que entre 1994 y 2004 impulsó
muchos de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz, entre ellos los derechos de las víctimas a la verdad, la
justicia y la reparación. También es importante resaltar el apoyo de la cooperación internacional a las organizaciones
de víctimas, de mujeres, de indígenas, de derechos humanos y técnico-forenses de la sociedad civil.
Sin embargo, la cooperación internacional no ha trabajado con una estrategia deliberada y coordinada que tomara en
cuenta la magnitud de los obstáculos adversos en Guatemala. Desde la firma de la paz no se han definido objetivos
116
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
sustantivos de largo plazo para enfrentar y combatir los obstáculos antes señalados y promover reformas democráticas
más decididas. Cada agencia cooperante ha diseñado y financiado sus propios programas de asistencia técnica sin
demasiada coordinación con otros actores. Programas que si bien han ofrecido insumos valiosos, han tenido muy poco
impacto en las políticas institucionales y en la reforma sustantiva del Estado. El impacto también se ha visto afectado
negativamente por la falta de respaldo y acompañamiento político de muchos de estos esfuerzos, sobre todo en los
ámbitos de justicia y de reformas institucionales.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
117
VI
RECOMENDACIONES
Con el propósito de contribuir a la lucha contra la impunidad Impunity Watch presenta a continuación una serie
de recomendaciones al Estado de Guatemala, a la sociedad guatemalteca y a la cooperación internacional. Las
recomendaciones se derivan de los obstáculos identificados en este estudio y se inspiran en los instrumentos
internacionales de derecho humanitario y derechos humanos, en los Principios para la Protección y Promoción
de los Derechos Humanos Mediante la Lucha Contra la Impunidad de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, los Acuerdos de Paz y de una serie de
informes de derechos humanos de organismos internacionales y nacionales comprometidos con el proceso de paz y
el combate a la impunidad en Guatemala.
Adicionalmente, para formular las recomendaciones IW realizó en septiembre y octubre 2008 una serie de mesas de
discusión con actores sociales involucrados en los temas de la justicia transicional. En estas mesas se presentaron
los principales hallazgos de la investigación y se recogieron recomendaciones de los participantes en relación con
los obstáculos a la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición identificados en el estudio. Los
participantes en las mesas se organizaron en seis grupos: víctimas del enfrentamiento armado interno, miembros de
organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, operadores y funcionarios del sistema de administración
de justicia, diputados y funcionarios del Congreso de la República, funcionarios del Organismo Ejecutivo y de otros
organismos del Estado, y representantes de la cooperación internacional. Las mesas de discusión con víctimas se
realizaron en los departamentos de Alta Verapaz y El Quiché y el resto en la ciudad de Guatemala. Entre todas las mesas
participaron más de 60 personas que fueron seleccionadas por su vínculo con estos temas (ver anexo no. 12, listas de
participantes en las mesas).
En un intento por priorizar y ordenar las propuestas, IW propone tres tipos de recomendaciones: 1) medidas para
fortalecer los esfuerzos ya iniciados por el Estado y la sociedad guatemalteca en materia de justicia transicional; 2)
medidas para promover la justicia y depurar el Estado; y 3) acciones para promover un enfoque integral en las políticas
de Estado relacionadas a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición.
A. FORTALECER LOS ESFUERZOS YA INICIADOS
Es fundamental que el Estado de Guatemala aproveche de mejor manera y fortalezca los esfuerzos ya iniciados en
el campo de la verdad, justicia, reparación y no repetición por los delitos del enfrentamiento armado, velando por la
integralidad de estos esfuerzos. En este sentido IW recomienda:
Al presidente de la República
1.
Con ocasión del décimo aniversario de la presentación del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico el próximo 25 de febrero 2009, el Presidente de la República en nombre del Estado de Guatemala debería
de reconocer ante la sociedad guatemalteca el contenido del Informe de la CEH y asumir la responsabilidad estatal
por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento armado por el Ejército y
las fuerzas de seguridad del Estado.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
119
2. Emitir un Acuerdo Gubernativo para que el Ministerio de la Defensa ordene a todas las dependencias de las fuerzas
armadas entregar los archivos sobre el enfrentamiento armado interno a la Secretaría de la Paz.
Al Ministerio de Educación
3. Emitir un Acuerdo específico para que el contenido del Informe de la CEH sea desarrollado de una manera
adecuada en el pensum de estudios del sistema educativo del país e incluido en todos los libros de texto, tanto
en español como en idiomas Mayas, para que los niños y los jóvenes aprendan y reflexionen sobre la tragedia del
enfrentamiento armado, sus causas y consecuencias.
Al Ministerio de la Defensa
4. Facilitar el acceso a los archivos del Ejército para esclarecer las violaciones a los derechos humanos del
enfrentamiento armado y cumplir con los requerimientos del sistema de justicia para la investigación de casos del
enfrentamiento.
Al Programa Nacional de Resarcimiento
5. Apoyar de manera estratégica y estable las exhumaciones realizadas por las organizaciones técnico-forenses de la
sociedad civil; ofrecer financiamiento apropiado a estas organizaciones y gestionar la seguridad necesaria para el
personal que trabaja en estas organizaciones y para las víctimas que se benefician de su trabajo.
6. Construir el Registro Nacional de Víctimas, destinando los recursos humanos y financieros requeridos para su
implementación, y reglamentar el funcionamiento de dicho registro para garantizar su preservación y el acceso al
público.
7.
Mejorar el sistema de gestión de peticiones de resarcimiento para facilitar los trámites a las víctimas e informar
apropiadamente a la población que los trámites en el PNR son gratuitos para las víctimas. Esta campaña de
información debe impulsarse principalmente en las regiones del país más afectadas por el enfrentamiento armado.
8. Promover la especialización del personal del Programa y capacitar a personas para atender casos de violación
sexual, así como establecer protocolos apropiados para este tipo de casos, los cuales deberán ser reparados en
forma integral.
9. Gestionar los cambios normativos necesarios al Programa para facilitar la coordinación del Programa con otras
instancias del Estado como los ministerios de Salud, Educación, Agricultura, Cultura y Deportes, la Secretaría de
Asuntos Agrarios, y el Ministerio Público, entre otras instituciones; así como mantener comunicación y coordinar
acciones con organizaciones de víctimas, de mujeres y de derechos humanos. Esto contribuirá a la integralidad de
las reparaciones.
Al Congreso de la República
10. Emitir un acuerdo legislativo para reconocer el contenido del Informe de la CEH y aceptar la responsabilidad del
Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población civil, particularmente contra el
pueblo maya.
11. Aprobar una ley de archivos que regule el registro, clasificación, resguardo, consulta y divulgación de los archivos
que contengan información de dominio público; incluyendo específicamente los archivos del Ejército.
12. Aprobar una ley para fortalecer el estatus jurídico e institucional del Programa Nacional de Resarcimiento.
13. Aprobar la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
14. Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Contra la Desaparición Forzada.
120
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
A la sociedad civil guatemalteca
15. Que las universidades del país incorporen en el pensum de estudios de todas las carreras el contenido del
Informe de la CEH como parte de la enseñanza de la historia reciente de Guatemala. Además, que promuevan la
investigación científica, el debate y la formulación de propuestas de temas que contribuyan al esclarecimiento
histórico y la promoción de la cultura de paz en el país.
16. Que los medios de comunicación cumplan responsablemente la función de informar y educar a la población en
relación con el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el enfrentamiento armado y promuevan el respeto
de los derechos humanos.
B. MEDIDAS PARA PROMOVER LA JUSTICIA Y LA DEPURACIÓN DEL ESTADO
En el estudio realizado por IW se constató que los campos donde menos avances y existen son el derecho a la justicia
y la depuración de las instituciones del Estado. Con base en los obstáculos identificados en el estudio, IW recomienda
que las instituciones del Estado, particularmente el Ministerio Público, la Policía y el Organismo Judicial, adopten
medidas y estrategias más decididas para cumplir con su función. Asimismo, el Organismo Legislativo debe garantizar
que el sistema de justicia penal y los operadores de justicia cuenten con el marco legal necesario y los recursos
suficientes para cumplir de manera imparcial, rápida y eficiente su función. De igual manera, el Organismo Ejecutivo
debe garantizar las condiciones necesarias para que los operadores de justicia ejerzan su labor de forma segura. Con
base en estas consideraciones, IW recomienda:
Al Presidente de la República
17. Que el Presidente de la República cumpla con la recomendación de la CEH de crear una comisión, bajo su autoridad
y supervisión inmediata, para examinar la conducta de los oficiales del Ejército y de los oficiales de los diversos
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en activo durante el enfrentamiento armado interno, con el objeto
de analizar la adecuación de las acciones de los oficiales en el ejercicio de sus cargos al respecto de las normas
mínimas establecidas por los instrumentos internacionales de derechos humanos y por el derecho internacional
humanitario.
18. Que como consecuencia de los resultados de las investigaciones de dicha comisión, el Presidente de la República
adopte medidas administrativas pertinentes para destituir a los funcionarios señalados de violaciones a los
derechos humanos durante el enfrentamiento armado.
Al Ministerio Público
19. Crear la Fiscalía de Sección de delitos graves del enfrentamiento armado, con competencia nacional para investigar
y perseguir estos delitos, conforme al Derecho Internacional, ocurridos durante el enfrentamiento interno. Esta
Fiscalía debe estar conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales calificados y debe contar con los
recursos suficientes para cumplir su misión con celeridad y eficiencia; se deben crear, además, mecanismos que
permitan la auditoría social de los resultados alcanzados. Esta Fiscalía deberá sustituir a la actual Unidad Fiscal
de Esclarecimiento Histórico, que luego de tres años de existencia, ha demostrado total ineficiencia. La Fiscalía de
delitos graves del enfrentamiento armado debe priorizar la investigación de casos de delitos de mayor gravedad
conforme al Derecho Internacional, como lo son el genocidio, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones
forzadas y la violencia sexual. El MP debe elaborar estrategias y planes de investigación apropiados para investigar
este tipo de delitos y promover la persecución penal de los autores intelectuales y materiales de dichos crímenes.
20. Cumplir con su obligación legal de investigar de oficio los delitos cometidos durante el enfrentamiento armado,
principalmente a partir de las exhumaciones realizadas por las organizaciones forenses de la sociedad civil.
21. Fortalecer la Oficina de Protección de sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia
penal. Esta Oficina debe contar con personal calificado y recursos suficientes para cumplir con su función. Es
importante que la Oficina elabore estrategias a partir de análisis de riesgo para garantizar la seguridad de los
testigos y operadores de justicia que intervienen en los casos de delitos graves del enfrentamiento armado.
Además debe coordinar sus acciones con las autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional
Civil.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
121
22. Mejorar su sistema de evaluación de desempeño y controles internos para asegurar que los fiscales cumplan
con criterios de excelencia profesional. Además, mejorar el sistema disciplinario del MP y fortalecer con mayor
personal y recursos la Supervisión del MP.
A la Policía Nacional Civil
23. Apoyar las tareas de investigación bajo la dirección del Ministerio Público y cumplir de manera eficiente y rápida
las órdenes de captura de los casos por delitos graves del enfrentamiento armado.
Al Organismo Judicial
24. Fortalecer la carrera judicial y el sistema de evaluación del personal del Organismo Judicial.
25. Implementar el reglamento general de tribunales penales para simplificar el trámite de los procesos, particularmente
para hacer más rápido el trámite de las apelaciones. En el caso de la Ley de Reconciliación Nacional se debe agilizar
el trámite para rechazar de forma inmediata los casos en que no procede su aplicación.
26. Colaborar rápida y eficientemente con los tribunales extranjeros e internacionales que conocen casos de violaciones
de derechos humanos durante el enfrentamiento armado de Guatemala.
A otras instituciones del Estado que intervienen en el proceso penal
27. Que la Corte de Constitucionalidad implemente mecanismos eficientes de gestión para agilizar el trámite de los
procesos de amparo.
28. Que la Institución del Procurador de los Derechos Humanos destine mayores recursos y personal a la Unidad de
Averiguación Especial para agilizar las investigaciones de los casos bajo su responsabilidad y ofrecer una respuesta
apropiada a las víctimas y a los querellantes adhesivos.
29. Que la Comisión Presidencial de Derechos Humanos continúe dando seguimiento a los casos del enfrentamiento
armado que se encuentran en el sistema interamericano y que coordine apropiadamente con otras instituciones
del Estado, particularmente el Programa Nacional de Resarcimiento, para cumplir de manera pronta, oportuna y
completa, las sentencias de la Corte Interamericana y los acuerdos amistosos de la Comisión Interamericana.
Al Congreso
30. Aprobar modificaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público para reformar y fortalecer la carrera fiscal. Las
modificaciones deben incluir un sistema claro y eficiente que regule el ingreso, ascenso, traslado y destitución de
fiscales, así como el sistema disciplinario y mecanismos de evaluación permanente de los diferentes cargos fiscales.
31. Regular el funcionamiento de las comisiones de postulación para elegir a los candidatos a los cargos de Fiscal
General y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, a manera de transparentar estos
procedimientos. La regulación debe establecer criterios precisos de calificación para los postulantes y el valor que
se le asignará a dichos criterios. En el caso de los funcionarios de carrera, se deben tomar en cuenta las evaluaciones
de desempeño que la institución debe realizar periódicamente y con base en criterios claramente establecidos.
Es indispensable que la elección a estos cargos corresponda a criterios de carrera y excelencia profesional y no a
intereses de grupos políticos o grupos de interés.
32. Aprobar las reformas a la Ley de Amparo para simplificar el trámite de los procesos de amparo y que los jueces
tengan facultad para decidir inmediatamente sobre la improcedencia de un amparo de acuerdo a la jurisprudencia
sentada por la Corte de Constitucionalidad. Además, se debe restringir los casos en que procede un amparo para
no desvirtuar su carácter de recurso extraordinario.
33. Aprobar las reformas pertinentes a la Ley de Servicio Civil para que se investigue apropiadamente los antecedentes
de personas que aspiran a cargos públicos. Dentro de los criterios de selección de personal se debe establecer que
personas señaladas de haber participado en violaciones a los derechos humanos en el pasado no pueden ocupar
cargos en la administración pública ni optar a cargos de elección popular, mientras no se aclaren los señalamientos
en el sistema de justicia.
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reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
34. Aprobar la creación de la policía de investigación criminal como un órgano dependiente del Ministerio de
Gobernación, separado de la PNC y bajo la dirección funcional del MP. Este órgano debe contar con una carrera
profesional definida, formación continua, controles internos y externos, así como equipo y recursos apropiados.
35. Aprobar una Ley de Armas y Municiones que restrinja el uso de armas de fuego en manos de particulares, establezca
requisitos más estrictos para portar armas y limite el número de armas y municiones que pueda adquirir una
persona. Además, que el sistema de registro, autorización y control de armas sea trasladado al Ministerio de
Gobernación.
36. Aprobar otras leyes propuestas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, orientadas
a promover la justicia y la reforma institucional del Estado.
C. PROMOVER UN ENFOQUE INTEGRAL EN LAS POLÍTICAS DE ESTADO
Finalmente es importante que el Estado garantice la integralidad de las medidas para promover la verdad, la justicia,
la reparación y la no repetición. En este estudio se constató que los esfuerzos que se han realizado en materia de
justicia transicional se han realizado de manera separada y que es fundamental que estos esfuerzos se articulen para
que tengan un impacto real y duradero. Es importante que se tome en cuenta el rol de las instituciones del Estado, las
organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en estos esfuerzos en el desarrollo de este proceso
y en la construcción del Estado Democrático de Derecho. Bajo esta consideración, Impunity Watch recomienda:
Al Presidente de la República
37. Impulsar una política integral de Estado que garantice los derechos de las víctimas del enfrentamiento armado a
la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. El Presidente debe solicitar a la Secretaría de la
Paz y al Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz diseñar, promover y supervisar esta política. Estas instituciones
deberán presentar informes periódicos al Presidente de la República con recomendaciones para mejorar el
rendimiento de las instituciones del Estado y priorizar las medidas a implementar.
Al Congreso de la República
38. Destinar los recursos económicos necesarios para cumplir con la política integral de justicia transicional, y en caso
necesario emitir la legislación pertinente para garantizar la implementación de dicha política.
Al Procurador de los Derechos Humanos
39. Verificar el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación, y a las garantías de
no repetición y emitir informes periódicos con recomendaciones al Estado, la sociedad civil y la comunidad
internacional.
Llamado a la sociedad civil guatemalteca y a la cooperación internacional
Impunity Watch reconoce la labor de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos en la promoción de la
verdad, la justicia y las reparaciones y les anima a continuar con esta labor. Sin embargo, les recomienda realizar
esfuerzos por coordinar sus iniciativas y tareas de incidencia a favor de la construcción del Estado Democrático
de Derecho, dejando de lado posibles divisiones y superando sus diferencias. Asimismo, les llama a trabajar en
comunicación y coordinación con las instituciones del Estado cuando sea pertinente.
IW también invita a la cooperación y a la comunidad internacional a continuar apoyando el proceso de construcción
del Estado Democrático de Derecho en Guatemala y no abandonar los esfuerzos de lucha contra la impunidad
por los crímenes del enfrentamiento armado. Se les insta también a respaldar los esfuerzos de especialización y
profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil para monitorear y fiscalizar el funcionamiento de las
instituciones del Estado, litigar casos por violaciones a los derechos humanos del enfrentamiento armado e impulsar
propuestas públicas con relación a los derechos de las víctimas. Es este sentido es importante la asistencia técnica de
la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para apoyar el diseño, implementación y cumplimiento
de la política de justicia transicional.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
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El apoyo financiero y la asistencia técnica de la cooperación internacional debe ser coordinado y es importante
implementar mecanismos efectivos de monitoreo y supervisión de los programas y proyectos de apoyo en función
de una política integral de justicia transicional. Igualmente, es importante que todas las iniciativas y programas
de cooperación sean acompañadas con respaldo político y trabajo diplomático para garantizar su integralidad y
sostenibilidad.
124
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SIGLAS
ADIVIMA
AFPC
AG
AGCA
APDH
AJR
ANN
AP
ASOMOVIDINQ
ASOQANIL
AVHIDESMI
BANCAFE
CAI
CAFCA
CALDH
CC
CEH
CERJ
CVDC
CICIACS
CICIG
CICR
CIDH
CIDH
CIJ
CNR
CONAVIGUA
CONCODIG
COPREDEH
CP
CPI
CPP
CPRG
CSJ
CDVC
DECAM
DICRI
DIGICI
Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí
Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática
Acuerdo Gubernativo
Archivo General de Centro América
Acuerdo Global de Derechos Humanos
Asociación de Justicia y Reconciliación
Alianza Nueva Nación
Acuerdos de Paz
Asociación Movimiento de Víctimas Integral para el Desarrollo Norte de Quiché
Asociación de Víctimas de Chimaltenango del conflicto armado de Guatemala
Asociación de Viudas y Huérfanos Víctimas de violaciones a los DDHH en la Sierra de las Minas
durante el pasado conflicto armado
Banco del Café
Conflicto Armado Interno
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos
Corte de Constitucionalidad
Comisión para el Esclarecimiento Histórico
Comunidades Étnicas Rujunel Junam
Comités Voluntarios de Defensa Civil
Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos
Comisión Internacional Contra la Impunidad
Comité Internacional de la Cruz Roja
Comisión Internacional de Derechos Humanos
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Comisión Internacional de Juristas
Comisión Nacional de Resarcimiento
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala
Consejo Nacional de las Comunidades para el Desarrollo Integral de Guatemala
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política Ejecutiva en Materia de Derechos Humanos
Código Penal
Corte Penal Interamericana
Código Procesal Penal
Constitución Política de la República de Guatemala
Corte Suprema de Justicia
Comités Voluntarios de Defensa Civil
Departamento de Control de Armas y Municiones del Ejército
Dirección de Investigaciones Criminalísticas
Dirección General de Inteligencia Civil
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125
DH
DIH
DINC
EAFG
ECAP
EG
EMP
FAFG
FAMDEGUA
FDH
FDNG
FLACSO
FONAPAZ
FOSEPAZ
FRG
GAC
GACRI
GAM
GANA
IDPP
ICTR
ICTY
IMIPC
INACIF
IPDH
IPM
IW
LOMP
LRN
MAGA
MINDEF
MINUGUA
MP
OACDH
OACNUDH
ODHAG
OA
OAP
OAV
OIM
OJ
ONGs
ONU
OSC
PAC
PAN
PDH
PMA
PN
PNC
PNR
126
Derechos Humanos
Derecho Internacional Humanitario
División de Investigación Criminal
Equipo de Antropología Forense de Guatemala
Equipo de Estudios comunitarios y Acción Psicosocial
Encuentro por Guatemala
Estado Mayor Presidencial
Fundación de Antropología Forense de Guatemala
Asociación Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala
Fiscalía de Sección de Derechos Humanos
Frente Democrático Nueva Guatemala
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Fondo Nacional para la Paz
Fondo en Fideicomiso de la SEPAZ
Frente Republicano Guatemalteco
Grupo de Apoyo Comunitario
Gabinete Criminalístico
Grupo de Apoyo Mutuo
Gran Alianza Nacional
Instituto de la Defensa Pública Penal
Tribunal Criminal Internacional para Ruanda
Tribunal Criminal Internacional para la ex Yugoslavia
Instancia Multi-Institucional para la Paz y la Concordia
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
Institución del Procurador de los Derechos Humanos
Instituto de Previsión Militar
Impunity Watch
Ley del Orgánica del Ministerio Público
Ley de Reconciliación Nacional
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentación
Ministerio de la Defensa
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
Ministerio Público
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala
Oficina de Apoyo
Oficina de Atención Permanente
Oficina de Atención a la Víctima
Organización Internacional de Migraciones
Organismo Judicial
Organizaciones No Gubernamentales
Organización de las Naciones Unidas
Organizaciones de Sociedad Civil
Patrullas de Autodefensa Civil
Partido de Avanzada Nacional
Procuraduría de Derechos Humanos
Policía Militar Ambulante
Policía Nacional
Policía Nacional Civil
Programa Nacional de Resarcimiento
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
PNUD
PP
PRAHPN
RENAP
REMHI
RNV
RUDFOR
SAA
SAAS
SAE
SAGE
SEGEPLAN
SEPAZ
SMF
UDEFEGUA
UEH
UNE
UNESCO
UNOPS
URNG
USAID
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Partido Patriota
Proyecto de Recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional
Registro Nacional de las Personas
Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica
Registro Nacional de Víctimas
Registro Unificado de Atención a Casos de Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición
Secretaría de Asuntos Agrarios
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República
Secretaría de Análisis Estratégico
Secretaría de Ayudantía General del Ejército
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Secretaría de la Paz
Servicio Médico Forense
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Unidad de Esclarecimiento Histórico
Unidad Nacional de la Esperanza
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
United Nations Office for Project Services
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
127
ANEXOS
Anexo No. 1.
Anexo No. 1.2
Anexo No. 1.1
Anexo No. 1.4
Anexo No. 1.3
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
129
Anexo No. 1.5
Anexo No. 1.6
Anexo No. 1.7
Anexo No. 1.8
Anexo No. 1.9
130
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Anexo No. 2.
Lista de Informantes Entrevistados
Entrevistas realizadas por IW
1.
Aura Elena Farfán, Directora de FAMDEGUA. Guatemala, 25 de junio, 2008.
2. Claudia Solares, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en el año 2006. Guatemala,
19 de mayo, 2008.
3. Delia Marina Dávila Salazar, Coordinadora de la Unidad de Esclarecimiento Histórico. Guatemala, 20 de junio,
2008.
4. Eduardo Cojulún, Juez del Juzgado de Instancia Penal Undécimo. Guatemala, 16 de mayo, 2008.
5. Flor de María Campos, Oficial de la Unidad de Seguimiento a los Acuerdos de Paz de la PDH. Guatemala, 3 de julio,
2008.
6. Funcionario del MP. Guatemala, 14 de mayo, 2008. Por razones de confidencialidad no se revela el nombre del
informante.
7.
Funcionario del MP. Guatemala, 1 de septiembre, 2008. Por razones de confidencialidad no se revela el nombre del
informante.
8. Leopoldo Zeissig, Jefe de la Unidad de Averiguaciones Especiales de la PDH. Guatemala, 3 de julio, 2008.
9. Mónica Lima, Secretaria Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en el año 2008. Guatemala,
27 de mayo, 2008.
10. Myrna Ponce, ex diputada del FRG y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en el año 2006.
Actualmente es Asesora del FRG. Guatemala, 21 de mayo, 2008.
11. Paola Estrada, Asistente del Departamento de Recursos Humanos de la Corte de Constitucionalidad. Guatemala,
16 de mayo, 2008.
12. Rosa María Salazar, Jefa Superior de la Fiscalía de Derechos Humanos. Guatemala, 17 de junio, 2008.
13. Vivian González, Asesora del Departamento Jurídico COPREDEH. Guatemala, 2 de septiembre, 2008.
14. Delia Dávila, Coordinadora del Departamento Jurídico COPREDEH. Guatemala, 2 de septiembre, 2008.
15. Mabel Mejía, Jefa de Recursos Humanos, COPREDEH. Guatemala, 21 de mayo, 2008
Entrevistas realizadas por FLACSO
1.
Fanuel García (Secretaría de Política Criminal del MP)
2. Hans Noriega (Secretaría Técnica del MP)
3. Rosa María Salazar (Fiscal de Sección DDHH del MP)
4. Nancy Lorena Paíz (Fiscal DDHH del MP)
5. Gustavo Meoño (Director Archivo PNC-Verdad PDH)
6. Myrna Ponce (Comisión de DDHH, FRG del Congreso de la República)
7.
Ramón Cadena (Ex Asesor del Fiscal General)
8. Nineth Montenegro (Diputada, activista DDHH, Comisión de DDHH)
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
131
9. Raúl Salvadó (Consorcio ONG´s para la Repatriación)
10. Claudia Paz y Paz (CICIG)
11. Fabricio Feliciani (GTZ)
12. Rafael Herrarte (Primer Director PNR)
13. Martín Arévalo (Director en funciones 2006-2007 PNR)
14. Víctor Manuel Ruiz (Jefe de la DINC, Ministerio de Gobernación)
15. Rember Larios Tovar (Investigador caso Mack, Ministerio de Gobernación)
16. Alejandro Maldonado (CC)
17. Ayileen Ordóñez (CC)
18. Rodolfo Rohrmoser (ex magistrado CC)
19. Francisco de Mata (CSJ)
20. Javier Alegría (Supervisor General de Tribunales)
21. Juez primera instancia Nebaj
22. Juez primera instancia Baja Verapaz
23. Fiscal Baja Verapaz
24. Fiscal Huehuetenango
25. Fiscal Quiché
26. Juez Alta Verapaz
27. ADICI (Alta Verapaz)
28. ADIVIMA (Baja Verapaz)
29. UTZ kASLEMAL (Quiché)
30. ASOMOVIDINQ (Área Ixchil)
31. ETESC (Huehuetenango)
32. CEIBA (Huehuetenango)
33. ODHAG (Ciudad)
34. CAFCA (Ciudad)
35. FAFG (Ciudad)
36. FAMDEGUA
37. Víctimas (Alta Verapaz)
38. Víctimas (Baja Verapaz)
39. Víctimas (Sur del Quiché)
40. Víctimas (Área Ixil)
41. Víctimas (Huehuetenango)
42. Víctimas (Ciudad)
132
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
133
Extradición
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
Convención Americana sobre Derechos del Hombre
Protocolo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
Convención sobre Asilo Diplomático
Protocolo Adicional a la Convención sobre Extradición, entre Guatemala y Bélgica
16
17
Extradición
b) Durante el Conflicto
Armado
1960-1970
1971-1980
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca
Tratado de Extradición entre Guatemala y Gran Bretaña
Tratado de Extradición entre Guatemala y el Reino de España
Protocolo Adicional al Tratado de Extradición entre Guatemala y el Reino de España
Tratado de Extradición de Criminales, entre Guatemala y Bélgica
Tratado de Extradición entre Guatemala y los Estados Unidos de América
Canje de notas para extender las estipulaciones del Tratado de Extradición a algunos territorios bajo el mandato
de Gran Bretaña
Convención Adicional al Tratado de Extradición entre Guatemala y Bélgica
Convención sobre Asilo Político
Convención Suplementaria al Tratado de Extradición entre Guatemala y los Estados Unidos de América
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
Convención de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos, y enfermos en las Fuerzas Armadas en campaña
Convenio para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar
Convenio relativo al tratamiento de los Prisioneros de Guerra
Convención relativa a la Protección de Personas Civiles en tiempo de Guerra
INSTRUMENTO INTERNACIONAL
15
Extradición
Extradición
PARÁMETROS DE TIEMPO
a) Antes del Conflicto
Armado
1886-1960
Extradición
Extradición
Extradición
Extradición
Extradición
6
1
2
3
4
5
No.
LÍNEA DEL TIEMPO
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
RATIFICADOS POR EL ESTADO DE GUATEMALA VINCULADOS CON LA INVESTIGACIÓN DE IW
Anexo No. 3.
Lista de Instrumentos Internacionales ratificados por Guatemala
27 de abril de 1978
11 de septiembre de 1978
3 de marzo de 1983
19 de febrero de 1960
18 de marzo de 1955
25 de mayo de 1934
28 de abril de 1935
20 de junio de 1940
13 de diciembre de 1949
21 de abril de 1952
21 de abril de 1952
21 de abril de 1952
21 de abril de 1952
21 de mayo de 1929
6 de septiembre de 1886
10 de mayo de 1897
1º de mayo de 1897
6 de agosto de 1898
12 de junio de 1903
FECHA DE RATIFICACIÓN
134
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
6
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
No.
3
4
5
Extradición
Extradición
c) Post-Conflicto Armado
1991-1996
81-90
PARÁMETROS DE TIEMPO
Tratado de extradición entre la República de Guatemala y la República de Corea
Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas
Convención Interamericana de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales
Protocolo II de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado
Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Guatemala y los Estados Unidos Mexicanos
Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas en el extranjero
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Protocolo I de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado
Convención sobre el Asilo Territorial
Convención sobre Asilo Diplomático
Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
Protocolo I de los Convenios de Ginebra
Protocolo II de los Convenios de Ginebra
Protocolo de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
INSTRUMENTO INTERNACIONAL
Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero
Convención Interamericana sobre Ejecución de Medidas Preventivas
Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias
20 de febrero de 2006
27 de julio de 1999
24 de enero de 2003
4 de febrero de 2005
22 de febrero de 2005
18 de octubre de 2005
5 de mayo de 1992
19 de mayo de 1994
28 de febrero de 1983
3 de marzo de 1983
2 de octubre de 1985
10 de diciembre de 1986
21 de septiembre 1987
21 de septiembre de 1987
6 de enero de 1988
5 de enero de 1990
FECHA DE RATIFICACIÓN
24 de octubre de 1979
27 de octubre 1988
4 de marzo de 1980
Anexo No. 3.1.
Listado de Instrumentos Internacionales ratificados por Guatemala
Tratados y convenciones internacionales en relación con los derechos
a la verdad, justicia y reparación
1.
Convenio (II) sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre y sus anexos: Reglamento relativo a las leyes y
costumbres de la Guerra Terrestre. La haya, 29 de julio 1899
2. Tratado Modelo sobre la Remisión del Proceso en Materia Penal, Naciones Unidas, 1900
3. Convenio (IV) sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre y sus anexos: Reglamento relativo a las leyes y
costumbres de la Guerra Terrestre. La haya, 18 de octubre 1907
4. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 9 de diciembre 1948
5. Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949
6. Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de conflicto Armado. La Haya, 14 de mayo 1954, y
los dos protocolos (1954 y 1999)
7.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966
8. Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, 26 de
Noviembre 1968
9. Protocolos I y II de los Convenios de Ginebra, 1977
10. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 1984
11. Tratado Modelo de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales, Naciones Unidas, 1990
12. Tratado Modelo de Extradición, Naciones Unidas, 1990
13. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 17 de julio 1998
14. (Resolución de la AGNU para la adopción de los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de
Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho
Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, 16 de diciembre 2005, A/RES/60/147)
SÓLO GUATEMALA
15. Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados en caso de Luchas Civiles 1928, y Protocolo 1957
16. Convención sobre Asilo Político, 1933
17. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 1947 y Protocolo 1975
18. Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, 1948
19. Convención sobre Asilo Diplomático, 1954
20. Convención sobre Asilo Territorial, 1954
21. Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969
22. Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, 1975 y Protocolo 1979
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
135
23. Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, 1975 y Protocolo 1984
24. Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, 1979
25. Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero, 1979
26. Convención Interamericana sobre Ejecución de Medidas Preventivas, 1979
27. Convención Interamericana de Extradición, 1981
28. Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las
sentencias Extranjeras, 1984
29. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1985
30. Convención Interamericana de Asistencia Recíproca en Asuntos Penales, 1992 y Protocolo 1993
31. Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas en el Extranjero, 1993
32. Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, 1994
136
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Anexo No. 4.
Solicitudes de aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional
SOLICITUDES DE EXTINCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL
DECRETO 145-96
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Solicitante
Edgar Godoy Gaitán
Estado Mayor Presidencial
Juan Valencia Osorio
Estado Mayor Presidencial
Juan Oliva Carrera
Estado Mayor Presidencial
Juan Oliva Carrera
Estado Mayor Presidencial
Elfego Pineda Cordón
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Alfonso Choc
Especialista del ejército
Juan Akabal Patzán
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Timoteo Navarijo Chután
ex guerrillero
Hugo Lemus Cardona
ex guerrillero
Francisco Gave Turn
Cándido Noriega Estrada
Patrullero de Autodefensa Civil
Enrique Godoy Monroy
Comisionado Militar
Victor Manuel Celis Hecht
Capitán Asimilado del ejército
Mario Rene Orellana Boche
Comisionado Militar
Francisco José Orellana Boche
Comisionado Militar
Santos Chich Uz
Patrullero Militar
Miquel Xol Siguic
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Roberto Botzoc Choc
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Carlos Ramírez Lepe
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Israel Díaz Arenz
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Adelso Arana Jiménez
Ex-policía
José Monterroso Barillas
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o la guerrilla)
Delito por el que se solicita la
aplicación del beneficio de la
amnistía
Asesinato
Asesinato
Asesinato
Asesinato
Tribunal que conoció de la solicitud de
amnistía y la Resolución
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Asesinato
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Asesinato
Sala de Apelaciones denegó el beneficio
Asesinato
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Uso de nombre supuesto, portación
ilegal de armas
Sala Doce de Apelaciones concede el
beneficio
Sala Doce de Apelaciones concede el
Posesión de armas y explosivos
beneficio
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
Asesinato
beneficio
Asesinatos, secuestros, violaciones, Sala Novena de Apelaciones denegó el
incendios, amenazas, lesiones
beneficio
Tráfico Ilícito de estupefacientes y de Sala Tercera de Apelaciones denegó el
sustancias psicotrópicas
beneficio
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
Secuestro
beneficio
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
Secuestro
beneficio
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
Secuestro
beneficio
Asesinatos, detenciones ilegales,
Sala Novena de Apelaciones denegó el
beneficio
raptos, amenazas
Portación ilegal de armas y tenencia
ilegal de municiones
Sala Doce de Apelaciones denegó el
beneficio
Homicidio
Sala Doce de Apelaciones denegó el
beneficio
Homicidio
Sala Cuarta de Apelaciones denegó el
beneficio
Homicidio
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Homicidio
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Homicidio
Sala Décima de Apelaciones denegó el
beneficio
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
137
No.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
138
Solicitante
Laura Corado de Serrano
( No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Armando Serrano Mota (No se tiene
referencia si perteneció al ejército o la
guerrilla)
José Hernández Ruano (No se tiene
referencia si perteneció al ejército o la
guerrilla)
Rigoberto Quiñónez
ex miembro del ejército
Domingo García Felipe
ex miembro del ejército
Gonzalo Choc Chub
ex miembro del ejército
Estaban Yat
ex miembro del ejército
Guillermo Och
ex miembro del ejército
Vicente Och
ex miembro del ejército
Manuel Chub
ex miembro del ejército
Sebastián Choc Chuc
ex miembro del ejercito
Jorge Leopoldo Batz Saqui
ex miembro del ejército
José Choc
ex miembro del ejército
Mauro de Jesús Sandoval Paredes
ex miembro del ejército
Daniel Tolón Rodríguez
ex miembro del ejército
Oliverio Orellana Valdez
ex miembro del ejército
Joaquín Alfaro Avelar
ex miembro del ejército
Tiburcio Hernández Hernández
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Francisco Solvai Santay
ex miembro del ejército
Rafael Tiul Cucul
ex miembro del ejército
Héctor López Cruz
ex miembro del ejército
Baltazar Santiago Raymundo
ex Comisionado Militar
Jacob García Miranda
ex guerrillero
Luis Coyoy Paxtor
ex guerrillero
Héctor Nolasco Coj
ex guerrillero
Gregorio Ochoa Marroquín
ex guerrillero
Delito por el que se solicita la
aplicación del beneficio de la
amnistía
Asesinato y violación calificada
Asesinato y violación calificada
Tribunal que conoció de la solicitud de
amnistía y la Resolución
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Salta Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Comercio, tráfico y almacenamiento Sala Tercera de Apelaciones denegó el
ilícito
beneficio
Homicidio
Tentativa de violación
Asesinato
Asesinato
Asesinato
Asesinato
Asesinato
Asesinato
Asesinato
Asesinato
Homicidio
Homicidio
Homicidio
Homicidio
Homicidio
Homicidio
Homicidio
Homicidio
Homicidio
Portación ilegal de armas y
municiones
Portación ilegal de armas y
municiones
Portación ilegal de armas y
municiones
Portación ilegal de armas y
municiones
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Doce de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Doce de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Doce de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Doce de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Doce de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Doce de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Doce de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Doce de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Doce de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Cuarta de Apelación denegó el
beneficio
Sala Cuarta de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Cuarta de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Cuarta de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Cuarta de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Cuarta de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Quinta de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Novena de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Undécima de Apelaciones concedió
el beneficio
Sala Undécima de Apelaciones concedió
el beneficio
Sala Undécima de Apelaciones concedió
el beneficio
Sala Undécima de Apelaciones concedió
el beneficio
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
No.
Solicitante
49
Catarino Coj
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
50
Edwin Giovani Sarceño
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Delito por el que se solicita la
aplicación del beneficio de la
amnistía
Asesinato
Tribunal que conoció de la solicitud de
amnistía y la Resolución
Sala Décima de Apelaciones denegó el
beneficio
Homicidio Preterintencional
51
52
53
54
55
56
57
58
Alejandro García y García
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Luís Col Valle
ex miembro del ejército
Adrián Piche
ex miembro del ejército
Emigdio Ramírez y Ramírez
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Efrían Cargía Cardona
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Oscar David Rodríguez Palacios
ex miembro del ejército
Emilio Matías Aguilar
(No se tiene referencia si perteneció al
ejército o a la guerrilla)
Hugo Antonio del Cid Arana
ex miembro del ejército
Sala Décima de Apelaciones denegó el
beneficio
Robo Agravado y portación
Homicidio Preterintencional
Homicidio
Sala Décima de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Décima de Apelaciones denegó el
beneficio
Sala Quinta de Apelaciones denegó el
beneficio
Homicidio
Sala Quinta de Apelaciones denegó el
beneficio
Homicidio
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Deserción Agravada, Hurto
Sala Tercera de Apelaciones concedió el
beneficio
Homicidio
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Amenazas y Coacción
Sala Tercera de Apelaciones denegó el
beneficio
Nota: Los datos referidos no constituyen el universo total de solicitudes realizadas a las Salas de Apelaciones hasta el año 2008, debido a que ese
dato es difícil de obtener, el contenido de la presente ejemplifica algunos casos en que se ha solicitado la aplicación del beneficio tanto por ex
miembros del ejército como por ex miembros de la guerrilla.
Fuente: Elaboración propia de la Fundación Myrna Mack con la información obtenida de las Salas de Apelaciones en materia penal.
Comentario al anexo:
Las Salas de Apelaciones que han denegado en primera instancia las solicitudes de amnistía han resuelto conforme a
derecho, interpretando y aplicado los supuestos de la ley correctamente.
El goce del beneficio de la extinción de la responsabilidad penal ante las Salas de Apelaciones ha sido solicitado por
delitos que han atentado en contra del bien jurídico tutelado de la vida e integridad personal tales como: homicidios,
asesinatos, secuestros, violaciones. Asimismo, se ha presentado en casos de personas que han cometido el delito de
tráfico de estupefacientes. Es decir, la gran mayoría de beneficios solicitados han sido por delitos comunes que en
su totalidad no guardan relación con el enfrentamiento armado interno. Un punto importante a tener en cuenta, es
quienes han solicitado acogerse a esta ley, no son precisamente miembros de la ex guerrilla sino todo lo contrario,
la gran mayoría de solicitudes han sido presentadas por miembros militares o policiales, ex comisionados militares
o ex miembros de la denominadas patrulla de autodefensa civil. Incluso en algunos de los casos los solicitantes
argumentan que requieren la aplicación del beneficio considerándose inocentes de los cargos que se les imputa.
A pesar de que no se concede el beneficio de extinción de responsabilidad penal a los presuntos responsables de
violaciones a los derechos humanos, en el plano fáctico los obstáculos, los retardos y la falta de una verdadera voluntad
política por parte de los organismos del Estado que deben colaborar con la administración de justicia, ocasiona que los
delitos no sean esclarecidos y los responsables sancionados permaneciendo de esta manera la impunidad.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
139
Anexo No. 5.pdf 1
140
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
1/12/09 12:40 p.m.
DEPARTAMENTO
JURIDICO
DEPARTAMENTO DE
COOPERACION
SECRETARIA
ESPECIFICA
DEPARTAMENTO DE
INFORMACION Y
PRENSA
SECRETARIA
PRIVADA
MINISTERIO PUBLICO
GUATEMALA, C.A.
UNIDAD DE
TRANSPORTES
UNIDAD DE
MENSAJERIA
UNIDAD DE
CONSERJERIA
UNIDAD DE
TELECOMUNICACIONES
SECCION DE
ARCHIVO GENERAL
DE EXPEDIENTES
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
GENERALES
UNIDAD DE
MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE
DISEÑO Y
CONSTRUCCION
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
SECCION DE
SEGURIDAD E
HIGIENE EN EL
TRABAJO
SECCION DE
EVALUACION DEL
DESEMPEÑO
SECCION DE
DESARROLLO DE
PERSONAL
SECCION
DE NOMINA
SECCION DE
CLASIFICACION DE
PUESTOS Y
SALARIOS
SECCION DE
ACCIONES DE
PERSONAL
SECCION DE
COMPRAS
SECCION DE
ALMACÉN
SECCION DE
RECLUTAMIENTO Y
SELECCION DE
PERSONAL
DIRECCION DE
RECURSOS
HUMANOS
SECCION DE
EVENTOS DE
COTIZACION Y
LICITACION
DEPARTAMENTO DE
SEGURIDAD Y
PROTECCION
JEFATURA
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE
TESORERIA
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARIOS
SECRETARIA
GENERAL
UNIDAD DE
AUDITORIA
INTERNA
2/ UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA ORGANIZACIONES
CRIMINALES DEDICADAS A LA NARCOACTIVIDAD Y/O LAVADO
DE DINERO U OTROS ACTIVOS, Y DELITOS CONTRA EL ORDEN
TRIBUTARIO -UNILAT-.
1/ VER DETALLE EN ORGANIGRAMA DEL AREA DE FISCALIA.
UNIDAD DE
ARCHIVO
UNIDAD DE
INVENTARIOS
SECCION DE
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
COORDINACION
FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACION
DIRECCION DE
ANALISIS Y
PLANIFICACION
SECRETARIA DE
FINANZAS
DESPACHO DEL
FISCAL GENERAL DE
LA REPUBLICA
ORGANIGRAMA DEL MINISTERIO PUBLICO
Anexo No. 5.
SECCION DE
APOYO TECNICO
SECCION
FINANCIERA
SECCION DE
EVALUACION
SECCION DE
ANALISIS
OFICINA DE
PROTECCION
DEPTO. DE
COORDINACION DE LOS
DERECHOS DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
AREA DE
COORDINACION DE
LA RED DE
DERIVACION
AREA DE
COORDINACION
DE SERVICIOS
INTEGRALES DE LAS
OAV
AREA DE
COORDINACION
LEGAL VICTIMOLOGICA
DEPARTAMENTO DE
COORDINACION DE
ATENCION A LA
VICTIMA
SECRETARIA DE
POLITICA CRIMINAL
UNILAT 2/
COORDINACION
ASESORIA
AUTORIDAD
RELACIONES:
UNIDAD DE
IMPUGNACIONES
AGENCIAS
ESPECIALIZADAS
FISCALIAS
DE SECCION 1/
FISCALIAS
MUNICIPALES 1/
FISCALIAS
DISTRITALES 1/
FUENTE:
AREA ADMINISTRATIVA: ACUERDO DEL CONSEJO DEL
MINISTERIO PUBLICO No. 2-2007 DEL 01-03-2007, ACUERDOS
DEL
FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA Y JEFE DEL MINISTERIO
PUBLICO Nos. 12-2007 DEL 12-03-2007, 20-2007 DEL 09-05-2007, 242007 DEL 26-04-2007, 30-2007 DEL 26-07-2007, 32-2007 DEL 02-08-2007 Y
34-2007 DEL 14-08-2007, . AREA FISCAL: ACUERDOS VARIOS.
AREA DE DERECHOS HUMANOS,
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA
INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y
OTROS DELITOS
AREA DE
ASISTENCIA LEGAL
INTERNACIONAL
AREA CONTABLE
FINANCIERA
UNIDAD DE ANALISIS
DEPARTAMENTO DEL
SISTEMA INFORMATICO
DE CONTROL DE LA
INVESTIGACION DEL MP
SUPERVISION
GENERAL
DIRECCION DE
INVESTIGACIONES
CRIMINALISTICAS
SECRETARIA DE
COORDINACION
TECNICA
D.D.I.
20-08-2007
AREA DE APOYO
ADMINISTRATIVO
BIBLIOTECA
AREA DE
INVESTIGACIONES Y
PROYECCION
INSTITUCIONAL
AREA ACADEMICA
UNIDAD DE
CAPACITACION
CONSEJO DEL
MINISTERIO PUBLICO
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
141
27/07/2005
27/07/2005
28/07/2005
01/08/2005
28/07/2005
03/08/2005
03/08/2005
03/08/2005
04/08/2005
28/07/2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1982
7 y 8/12/1982
R/1986
18/07/2005
27/06/1982
31/01/1980
18/07/1982
Fecha Hecho
Sergio Fernando Morales
Alvarado
Sergio Fernando Morales
Alvarado
Anselmo Roldán Aguilar
FAMDEGUA y GAM
(María Emilia García)
Desaparición
forzada y
genocidio
Pobladores Parcelamiento
Dos Erres
Aura Elena Farfán
(FAMDEGUA)
Diario Militar (177
desaparecidos)
Población civil –
Chimaltenango, Quiché,
Salamá y Huehuetenango
Marco Antonio Molina
Theissen
Mario Federico, Dora
Clemencia Azmitia
Dorantes
Antonio Aldana Fajardo
Mario Alcides Polanco
Pérez
Alfonso Fuentes Soria
Genocidio
Asesinato
Desaparición
forzada, plagio
y secuestro
Asesinato,
plagio y robo
Desaparición
forzada, plagio
y secuestro
Antonio Aldana Fajardo
Guísela Irasema López
Antonio López Herrera
Desaparición
forzada
1
S/A Rafael Caceres Lenoft
Embajada de España
Julio Roberto Díaz Durán
Asesinato y/o
genocidio
S/A
Agraviado
Querellantes: Salvador
Jerónimo Sánchez
Buenaventura
Denunciante
PDH
Calificación
provisional
Oscar Humberto Mejía Víctores
Efraín Rios Montt, Egberto
Maldonado Shaad, Francisco
Gordillo Martínez, Oscar
Humberto Mejía Víctores y
Hector Mario Fuentes
Oscar Augusto Díaz Urquizú y
compañeros
Fuerzas de Seguridad del Estado
Luis Eduardo Pellicer Faena y
sobre averiguar otros
Romeo Lucas García, Manuel
Benedicto Lucas García, René
Mendoza Palomo, Pedro García
Arredondo y compañeros
Roberto Aníbal Rivera, César
Ardón Rosales, Carlos Hollín y
acompañantes
C-6665-01
C-1316-94
Procedimiento
especial
Averiguación No.
2-98
8404-2004
C-1020-95
C-9257-05
7544-05
Alba Estela Maldonado, Enrique
Corral Alonso, Celso Morales,
Víctor Manuel López Vásquez,
Yolanda Colom
S/A
C-547-1980
C-1618-97
No. de causa
S/A
José Antonio Solares González,
Aparicio Elfidio Díaz Solís y
Otto Erick Ponce Morales
Imputado
Juzgado Segundo
Juzgado Décimo
Juzgado Octavo
Juzgado Tercero
Juzgado Undécimo
Juzgado Primera
Instancia Alta
Verapaz
Juzgado
Colectivo
Masacres colectivas
Masacres colectivas
Río Negro
Sentencia
Observaciones
Fuente: Libro de conocimientos de la Unidad de Esclarecimiento Histrórico de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Publico, hasta el 20 de junio de 2008. La información que aparece en esta tabla ha sido copiada literalmente
de ese libro.
Fecha de
Ingreso
No.
denuncia
Anexo No. 6.
Casos Ingresados a la Unidad de Esclarecimiento Histórico de
la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público
142
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
08/08/2005
08/08/2005
09/08/2005
12/08/2005
16/08/2005
13/09/2005
01/09/2005
06/09/2005
14/09/2005
14/09/2005
23/09/2005
02/11/2005
10/11/2005
28/07/2005
28/07/2005
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
04/08/2005
11.
12.
Fecha de
Ingreso
No.
denuncia
31/01/1980
R/1981
19/10/1981
R/1983
29/05/1978
26/01/1994
R/1982
Fecha Hecho
Marina Rodríguez de
Rivas
Verónica Magnolia
Morales Contreras
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Violaciones
a Derechos
Humanos
Rodolfo Heriberto Anleu
Orozco
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Asesinato,
plagio y
secuestro
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Jesús Tecú Osorio
Ramona Morales de Paz
Antolin Gallardo Rivera,
Jacobo Crisostamo
Carlos Ernesto Cuevas
Molina
Luis Fernando de la Roca
Elías
María Lucrecia Rivas
Fernández
Familiares varios
C-2-97
1-98
P.N. y miembros de Fuerzas de
Seguridad del Estado
I-15869-2005
P.N. y elementos del Ejército
Fernando R. Lucas García,
Donaldo Álvarez Ruiz, Germán
Chupina Barahona, Maximo
Cajal López
José Antonio Solares
S/A
S/A
C-424-2006
Elementos del Ejército,
Destacamento de Rabinal, Baja
Verapaz
Hermenegildo Ixpata
Jerónimo y compañeros
Edgar Raúl Rivas
Rodríguez
C-4949-2002
11688-5
Marco Antonio Sánchez
Samayoa y compañeros
Miembros del Ejército de
Guatemala
S/A (archivo PNC)
S/A
1037/1994
C-722-93
No. de causa
6 ó 7 desaparecidos
Rosaria Yaxcal, Santos
Choc Cuc, Angelina Chub
Alfonso Ortiz Orellana y
compañeros
Joaquín Chub, Antonia
Choc, Rosario Leal
Blanca Vargas de Rosal
Edgar Fernando García
Aura Violeta Corado
Gudiel
Terceros Interesados MP
El Estado de Guatemala
Fernando Romeo Lucas García,
Luis Rene y compañeros
Personas parientes
fallecidos, Baja Verapaz,
Quiché, Chimaltenango
Ileana del Rosario Solares
Castillo, María Ana López
y Luz Leticia Fernández
Victor Eraclio Camarda
Atencio, Mynor Vinicio
Lima Lima
Imputado
Agraviado
Nineth Montenegro
Sergio Morales
Procurador
Aura Violeta Corado
Gudiel
Flor de María Hurtarte
Mayeu
Clementino Solares
Castillo y Olimpia
Castillo de Solares
Anselmo Roldán Aguilar
Denunciante
Asesinato
Abuso de
autoridad
Desaparición
forzada
Genocidio
Panzós
Desaparición
forzada
Delitos contra
deberes de la
humanidad
Detención
forzada
Genocidio
Calificación
provisional
Corte Suprema de
Justicia
Corte Suprema de
Justicia
Juzgado de Salamá
Juzgado de Primera
Instancia
Juzgado Sexto
Juzgado
Solares está también en
otro caso
El Jute
Masacre de Panzós
Colectivo
Masacre Río Negro
Observaciones
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
143
31/01/2006
16/01/2006
06/02/2006
01/03/2006
03/04/2006
18/04/06
04/07/2006
24/05/2006
04/07/2006
18/09/2006
18/09//2006
18/09/2006
14/01/2006
14/09/2006
14/09/2006
14/09/06
14/09/2006
14/09/2006
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
23/01//006
27.
28.
Fecha de
Ingreso
No.
denuncia
05/03/06
15-21/05/1984
26/05/1983
18/01/1982
21/07/1982
Fecha Hecho
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Axel Angel Ranferi Mejia
Paíz
Amilcar Méndez Urizar
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Ascencio Fernando
Colindres Flores
Dora Ruth del Valle
Cobar
Dominga Ramírez,
Cristóbal Hernández
Denunciante
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Asesinato
Asesinato
Plagio o
secuestro
Calificación
provisional
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Genocidio y
delitos contra
los deberes de
la humanidad
Manuel Alfredo Baiza
MolinaI
Marlon David Quintana
Hernández
Edgar Enrique Saenz
Calito
Julio Humberto Calderón
Ángel
Luz Leticia Hernández y
Ana María López
Ileana del Rosario Solares
Castillo
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
José Acevedo de Paz
S/A
S/A
Otto René Estrada
Illescas
S/A
S/A
C-216-2006
C-2325-2006
C-6405-01
Fernando Romeo Lucas Garcías,
Luis Rene Mendoza Palomo,
Manuel Benedicto Lucas García
S/A
697-2006
No. de causa
S/A
S/A
S/A
Emil Bustamante López
Imputado
Romeo Lucas García
S/A
Luz Haydee Méndez
Erick Ballardo
Erick Moisés Galves Mis
Erick Ballardos Guerra
Lorenzana
Irma Marilu Hichos
Ramos
Luis Fernando Colindres
Pérez
Raúl Mariano Castillo
Castillo
Celia Ramírez, Cristóbal
Hernández (GAM)
Gustavo Adolfo Castañon
Fuentes
Agraviado
Juzgado
Caso del presente,
asesinato de fiscal
Caso del presente,
asesinato de fiscal
Observaciones
144
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
18/09/2006
18/09/2006
18/09/2006
18/09/2006
18/09/2006
19/09/2006
19/09/2006
05/09/2006
19/09/2006
20/09/2006
20/09/2006
20/09/2006
19/09/2006
21/09/2006
22/09/2006
22/09/2006
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
14/09/06
47.
14/09/2006
14/09/2006
46.
48.
Fecha de
Ingreso
No.
denuncia
Fecha Hecho
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Fernando Linares
Beltranena
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Alcides Polanco
Pérez
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Denunciante
Calificación
provisional
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Oscar Rolando Rivas
Martínez
Sergio Saúl Linares
Morales
Jorge Hiran Muralles
García
Julio Cesar Pérez
Agustín Chitay Chapetón
y compañeros
Macías Mayorga y
compañeros
Luis Beltranena Sinibaldi
Rolando Arnulfo, Gustavo
Adolfo, José Lisandro
Zamora Santos (todos del
mismo apellido)
María Rumualda Camey
Sergio Leonel Alvarado
Alma Libia Samayoa de
Quintanilla
Julio Alberto Estrada
Illescas
Hector Alirio Interiano
Ortiz
Andres Ignacio Sanz
Andueza
Antonio Estuardo Ciani
García
Rolando Kaibil Alvarado
Arevalo
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
Jorge Humberto
Granados Hernández
Jacobo López
S/A
José Manuel Castañeda
Agraviado
Imputado
2550-2006
2550-2006
2550-2006
2550-2006
C-1071906/C-10980-2006
9465-2006
No. de causa
Juzgado Quinto
Instancia Penal
Juzgado Segundo y
Cuarto
Corte Suprema de
Justicia
Juzgado
Es la misma denuncia,
pero una fue interpuesta
en un Juzgado de turno
y la otra en la CSJ
Observaciones
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
145
25/09/2006
22/09/2006
22/09/2006
25/09/2006
25/09/2006
25/09/2006
25/09/2006
25/09/2006
25/09/2006
25/09/2006
25/09/2006
25/09/2006
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
25/09/2006
25/09/2006
25/09/2006
25/09/2006
25/09/2006
27/09/2006
80.
81.
82.
83.
84.
85.
79.
22/09/2006
22/09/2006
65.
66.
Fecha de
Ingreso
No.
denuncia
Fecha Hecho
Calificación
provisional
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
S/A
S/A
Domingo de Jesús
Miranda Ramírez
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
Jorge Muralles García
Edgar Fernando García
S/A
S/A
S/A
S/A
Francisco Rolando de la
Parra
Elmer Leonidas Pineda
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
Sebastián
Ester de Herrarte
Blanca Rosa Quiroa de
Hernández
Ana del Carmen
Rodríguez del Castillo
Rafael Arreola Higueros
S/A
S/A
René David Orellana
García
Felipe Poyon Saquiquel
S/A
S/A
S/A
Jorge Luis Serrano
Juan Miguel Reyes García
Francisco Guerrero López
S/A
S/A
Juan Francisco Cano
Saucedo
Jorge Rodríguez Rivera
S/A
Cristina Ozeno Armira
S/A
Santa Ana Cano Tello
S/A
FAMDEGUA
FAMDEGUA
Mario Alcides Polanco
Pérez
Agraviado
Edgar Leonel Paredes
Cheguen
Edgar Joaquín Flores
Alvarez
Denunciante
Imputado
No. de causa
Juzgado
Observaciones
146
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
26/09/2006
26/09/2006
26/09/2006
26/09/2006
26/09/2006
26/09/2006
26/09/2006
26/09/2006
26/09/2006
29/09/2006
29/09/2006
05/10/2006
05/10/2006
05/10/2006
05/10/2006
05/10/2006
05/10/2006
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
26/09/2006
87.
26/09/2006
27/09/2006
86.
88.
Fecha de
Ingreso
No.
denuncia
Fecha Hecho
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Calificación
provisional
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
José Remigio García
Córdova
Gustavo Adolfo Morales
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
Denunciante
Anastasio Sotz Coy
Allan Gatica Paz
Clodoveo Sandoval
Cantoral
Amilcar Giovanni Castro
Mogollón
Axel Roberto Campos
Díaz
Juan Urizar Cornelio
María Julia Saravia Camey
Inocente López Ramírez
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
Vicente Hernández
S/A
Edgar Enrique Saenz
Calito
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
FAMDEGUA
María Elena García
Carlota Castillo de
Morales
Federico Ocampo
Morales
Jorge Humberto Escobar
Saldaña
Víctor Manuel Hernández
Héctor Manuel Sánchez
Jorge Alberto Rosal Paz
Agraviado
Imputado
No. de causa
Juzgado
Observaciones
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
147
05/10/2006
05/10/2006
06/10/2006
10/10/2006
13/10/2006
13/10/2006
13/10/2006
13/10/2006
16/10/2006
16/10/2006
16/10/2006
23/10/2006
07/11/2006
13/11/2006
18/12/2006
02/03/2007
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
05/10/2006
106.
107.
Fecha de
Ingreso
No.
denuncia
Fecha Hecho
Raúl Hernández García
Desaparición
forzada
Celia Elvira Sipac Ariano
Comunidad los Josefinos
Aura Elena Farfán
Genocidio “Los
Josefinos”
S/A
Oscar David Hernández
Quiroa
Imputado
S/A
Oscar Humberto Mejia Victores,
German Chupina, Rios Montt,
Ángel Aníbal Guevara
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
Pedro Osorio Lucas
Mayra Jeanneth Meza
Soberanis
Oscar Rolando Rivas
Martínez
Moisés Saravia López
Moisés Martínez López
Pablo Saucepo Solís
Víctor Hugo Quintanilla
Alba Marina Campos
Polanco
Ana Dolores Monroy
Peralta
Alberto Sicajon Alvarez
Maximiliano Lima
Suriano
Benjamín Rolando
Orantes Zelada
Agraviado
La Sociedad
Luis Augusto Turcios
Lima
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
S/A Marta Josefina Sierra
Ana Dolores Monroy
Peralta
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
FAMDEGUA
Denunciante
Extradición
Muerte violenta
(asesinato)
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Calificación
provisional
Desaparición
forzada
02-2006
No. de causa
Juzgado
Desaparición forzada
ocurrida el 20/12/1988 en
Palín del departamento
de Escuintla
Se accidentó,
últimamente la familia
dijo que no había sido
un accidente sino un
sabotaje
Observaciones
148
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Fecha de
Ingreso
13/03/2007
13/03/2007
22/03/2007
11/04/2007
11/04/2007
12/04/2007
19/04/2007
19/04/2007
19/04/2007
20/04/2007
09/04/2007
09/04/2007
19/04/2007
06/06/2007
12/06/2007
No.
denuncia
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
Fecha Hecho
Mateo Cucul
Angelina Choc
José Choc Ba.
Aura Elena Farfán
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Mario Alcides Polanco
Pérez
Roberto López Milano
José Bol Cho
Aura Elena Farfán
Domingo Cucul
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Albertina Ba.
Desaparición
forzada
Mateo Cucul
Santiago Chub Tiul
José Roberto Paz Gularte
Mario Alcides Polanco
Pérez
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Mario Alcides Polanco
Pérez
Denunciante
Desaparición
forzada
Calificación
provisional
Walter Estuardo
Barrientos Pérez
Mateo Bol, Rosario Cho
Po y María Bol Cho
Carlos Roberto López
Carranza
Catalina Ba Xol
Ramón Yat
Juan Mucu Coc
Juana Cucul
Luis Mo y Jesús Mo
Juan Much Coc
Vicente Choch
Judith Marlene Gularte
Paredes
Juan Eduardo Morales
Alvarez
Juan Eduardo Morales
Alvarez
Agraviado
Rodolfo López Quej
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
Imputado
MP701-2006-493
C-237-2006
C-269-2006
C-244-2006
C-241-2006
239-2006
C-270-2006
2999-2007
Conocen el
expediente varios
Juzgados
C-1036-2006
No. de causa
Juzgado de Paz
Ramo Penal,
Municipio de
Chisec
Juzgado de
Paz, Chisec
departamento de
Alta Verapaz
Juzgado Segundo
de Instancia Penal
Juzgado de Paz,
Ramo Penal
Juzgado de Paz,
Chisec
Juzgado de Paz
Ramo Penal,
Municipio
de Chisec,
departamento de
Alta Verapaz
Juzgado Primero de
Paz (de turno del
Ramo Penal)
Juzgado
Se trasladó a Chisec
Alta Verapaz para
exhumación
Observaciones
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
149
Alberto Caal Coy
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
22/08/2007
29/08/2007
29/08/2007
30/08/2007
30/08/2007
30/08/2007
30/08/2007
30/08/2007
31/08/2007
07/09/2007
29/08/2007
07/09/2007
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152
José Coc
Sebastián Caal
Dominga Coc Tiul
Maurilio Chiquin
Secundino Pop
Juana Tiul Bo
Pedro Tot Teyul
Francisco Pop Chub
Carlos Enrique Asig Caal
Marcelino Caal
Emil Bustamante López
Mario Alcides Polanco
Pérez
Desaparición
forzada
Se ingresó
en el
SICOMP el
21/08/2007
139.
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Carlos Ernesto Cuevas
Molina
Desaparición
forzada
Registrado
SICOMP
13/08/2007
Samuel Cocic
Valentín Caal Cholom
Marcelino Cucul Coc
Agustina Chiquin
Carlos Pop Coc, Santos
Pop Coc
Concepción Tot Tiul
Catalina Chub Cucul
Felipe Joel Asig Xol
Abelino Caal Xol
Laureano Caal
Edgar Fernando García
Bertran Lepont (origen
francés)
Agraviado
Desaparición
forzada
Denunciante
19/07/2007
Calificación
provisional
138.
Fecha Hecho
Fecha de
Ingreso
No.
denuncia
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
S/A
Imputado
MO701-2006-575
MP701-2006-496
MP701-2006-497
MP701-2006-454
MP701-2006-454
MP701-2006-596
MP701-2006-492
MP701-2006-578
C-8854-2007
Suplicatorio 292005 secretario,
Juzgado
No. de causa
Juzgado Quinto de
Primera Instancia
Juzgado
Procedente fiscalía
Chisec
Proveniente de la
Fiscalía de Chisec
Fiscalía de Chisec
El expediente ya estaba
asignado físicamente en
esta Unidad pero el día
13 de agosto de 2007 fue
registrado en el SICOMP
El expeidnete ya se
trabajaba en esta
Unidad pero aun no
había sido ingresado
en el SICOMP, sino
hasta la presente fecha
21/08/2007
Expediente que es
conexazo al número
MP001-2006-67899
El expediente es
remitido de la Fiscalía
Municipal de Chisec
Expediente proviene de
Chisec
Observaciones
150
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
19/11/2007
20/12/2007
20/12/2007
20/12/2007
09/04//2008
11/04/2008
28/04/2008
12/05/2008
09/06/2008
10/06/2008
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
Fecha Hecho
Ejecución
extrajudicial
Ejecución
extrajudicial
Detención
ilegal
Desaparición
forzada
Ejecución
extrajudicial
Tortura
Representante
Programa Nacional de
Resarcimiento, María
José Ortiz Samayoa
Representante Legal
CALDH
Mario Alcides Polanco
Pérez
Representante
Programa Nacional de
Resarcimiento, María
José Ortiz Samayoa
Ramiro Oswaldo
Orellana Archila
Rita Choc
Sebastián Bac Bac
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
Persona
desaparecida
Angelina Zapeta Simaj
Diega Ortega Méndez
Estanislao López
Hernández y Martina
Julián Crisóstomo López
Mejía
Mario Alcides Polanco
Pérez
Mario Colom Argueta y
254 más
Juan José López Cruz y
compañeros, Comunidad
“Estrella Polar”, San
Gaspar Chapul, El Quiché
Margarito Ramírez Pérez
y compañeros. Masacre
“Rancho Puerto Rico”
municipio de Ocosingo,
Estado de Chiapas,
México. Hecho ocurrido
en Aldea Puerto Alto,
Barillas, Huehuetenango
María Tiu Tojin e hija
Maritza Nineth Urrutia
García
Ramiro Oswaldo Orellana
Archila
Oscar Manuel Gramajo
López
Alejandro, Lucía Adela y
Manuela Dominga (todos
apellidos Cac Cucul
Carmen y Juana ambas
apellido Tiul Coc
Juan Diego Sales Ortega
Conrado de la Cruz
Herlinda Coc Chub
Agraviado
Rafaela Cub
Denunciante
S/A
Desaparición
forzada
Desaparición
forzada
S/A
Desaparición
forzada
Calificación
provisional
Miembros del Ejército de
Guatemala
Miembros del Ejército de
Guatemala
Comando 6 P.N. de Zacapa
Ejército de Guatemala
S/A
Byron Disrael Lima Estrada,
Carlos Duarte, Manuel Linares,
Nicolás Cabrera, Félix Estrada
Aldana, Julio Marroquín
S/A
S/A
Hugo Euelio López Ordóñez
S/A
S/A
Carmelina López Hernández
S/A
Imputado
2038-1992
Ref. exp. ORD.
GUA. 1371-2007/DI
C-144-2007
MP211-2007-1236
MP701-2006-435
No. de causa
Fuente: Libro de Conocimientos de la Unidad de Esclarecimiento Histórico de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público, hasta el 20 de junio de 2008.
14/11/2007
156.
03/10/2007
154.
08/10/2007
07/09/2007
153.
155.
Fecha de
Ingreso
No.
denuncia
Juzgado
Aún no está registrado
en el MP
Exhibición Personal
Observaciones
Se determinó que los siguientes casos no ocurrieron durante el enfrentamiento armado interno:
La denuncia No. 4 ingresó el 18 de septiembre de 2005 y fue presentada por el ex Procurador Sergio Morales, no indica
calificación provisional.
La denuncia No. 33 ingresó el 18 de abril de 2006, no indica denunciante, la calificación provisional es asesinato y la
victima es un fiscal.
La denuncia No. 34 no tiene fecha de ingreso, pero el hecho ocurrió en 04 de julio de 2006, la calificación provisional
es asesinato y la víctima es un fiscal.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
151
152
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Presentado en 2001
Presentado en
2003
Caso No. 5
Choatalum
Presentado en
1993
Ex comisionado militar Felipe
Cusanero Coj
Efraín Rios Montt y su Alto Mando
militar: Horacio Maldonado Schaad,
Luis Gordillo, Héctor López Fuentes y
Oscar Mejía Victores
Capitán José Antonio Solares y 9 ex
patrulleros. La acusación fue solo por 6
ex patrulleros: Macario Alvarado, Pablo
Ruiz Alvarado, Francisco Alvarado
Lajuj, Tomás Alvarado, Lucas Lajuj y
Bonifacio Cuxun
6 personas
desaparecidas
12 masacres contra
el pueblo maya
El proceso inició
por 2, ampliaron
acusación a 43
y en juicio se
acreditaron 26
victimas
CEH sumó 177
victimas (70
mujeres y 107 niños)
Autores materiales 3 ex patrulleros:
Carlos Chen, Pedro González y Fermín
Lajuj.
Autores intelectuales: Comandante
Otto Erick Ponce Morales y segundo
comandante Juan José Marroquín
Inició en 1980
y en 1999 fue
presentado ante la
Audiencia Nacional
de España
Presentado en 1993
CALDH sumó las
victimas de 22
masacres (más
o menos 2000
personas)
Autores materiales: soldados, policías
y judiciales
Autores intelectuales: Efraín Ríos
Montt, Oscar Mejía Victores, Aníbal
Guevara, German Chupina Barahona,
Pedro García Arredondo, Benedicto
Lucas García, Donaldo Álvarez Ruiz,
Fernando Romeo Lucas
Víctimas
Imputados
Fecha de ingreso
Caso No. 4
Genocidio,
Delitos de Lesa
Humanidad
y Crímenes
de Guerra en
contra Ríos
Montt
Caso No. 3
Masacre de Río
Negro
Caso No. 2
Masacre de Río
Negro
Caso No. 1
Audiencia de
España
Nombre de la
causa
Ninguno
Cusanero Coj está bajo
medida sustitutiva
MP Encubrimiento
propio, querellante por
desaparición forzada y
delitos contra los deberes
de la humanidad. Juez por
desaparición forzada
Contra 9 ex patrulleros,
capturados solo 6 en
2002.
Contra Capitán Solares
en 2003 quien no fue
capturado
Contra 3 ex patrulleros
capturados en 1994
Contra 8 autores
intelectuales, solo
fueron capturados
Chupina y Guevara en
2006, dejándolos en
libertad.
AP/Ordenes de captura
Genocidio, Delitos de Lesa
Humanidad y Crímenes de
Guerra
Asesinato
Acusación por asesinato
Río Negro y Agua Fría, robo
agravado y portación ilegal
de armas. Juez condenó
solo por asesinato Río
Negro
Genocidio, terrorismo de
Estado y tortura, se incluyen
ejecución extrajudicial y
desaparición forzada
Tipificación del delito
Sí
No
Sí
Sí
No
AJ
No
No
En 2008 hubo sentencia
condenatoria contra 5 ex
patrulleros a 30 años de
prisión, 1 fue absuelto.
En 1998 hubo sentencia
condenatoria contra 3
ex patrulleros a pena de
muerte,
En 1999 hubo sentencia
condenatoria contra los
mismos ex patrulleros a
pena de muerte.
No
Sentencia
Anexo No. 7.
Casos en el Sistema Penal Guatemalteco que ilustran
los Obstáculos a la Justicia
3
inconstitucionalidades
y 2 apelaciones
1 amparo y 1 apelación
1 amparo y 1 apelación, 1
inconstitucionalidad y 1
apelación
1 amparo y 1 apelación.
La sentencia de 1998 fue
apelada y anulada.
La sentencia de 1999 fue
apelada , cambiándola
por 50 años de prisión
inconmutables
4 amparos y 4
apelaciones, 1
constitucionalidad, 1
apelación y 1 aclaración
Recursos
En etapa de juicio
Interrumpido por una
inconstitucionalidad
En investigación
CC pendiente
resolver recursos
de ampliación y
aclaración
Sentencia
condenatoria firme
en 2008
Sentencia
condenatoria firme
en 1999
En investigación
Estado del proceso
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
153
Caso No.
8 asesinato
Magistrado
Epaminondas
González
Caso No. 7
Asesinato
Carpio Nicolle
Caso No. 6
Masacre de la
Comunidad
Dos Erres
Nombre de la
causa
Inició en 1994
Inició en 1993
Presentado en
1994
Fecha de ingreso
Jorge Carpio
Nicolle y sus tres
colaboradores: Juan
Vicente Villacorta,
Rigoberto Rivas y
Alejandro Dávila
Magistrado
de la Corte de
Constitucionalidad
Epaminondas
González Dubón
10 detenidos de una banda de roba
carros. MP pidió que a 3 se les abriera
a juicio por el asesinato y dos fueron
acusados de encubrimiento propio,
los hermanos Marlon y Axel Daniel
Salazar López
Marlon Oliver Salazar López y Mario
René Salazar López sindicados de
homicidio y Pedro Arturo Araiz Pineda
y Roberto Antonio Travanino
Autores intelectuales: 4 ex militares
narcotraficantes.
CEH sumó 178
victimas
Víctimas
(a) Banda delincuentes comunes “Los
Churuneles” (13 imputados, entre ellos
los hermanos Marcelino y Nazario
Tuy Taniel)
(b) Ex patrulleros (10 imputados, entre
ellos Juan Acabal Patzán.
Entre los implicados: Miembro de las
PAC Pedro Chaperón Lajpop, Alcalde
de San Pedro Jocopilas Carlos López
Girón, ex gobernador de Quiché y
ex comisionado militar Juan Gómez
Lucas y Jefe de las PAC y colaborador
confidencial Francisco Ixcoy López
20 kaibiles del Ejército
Coronel Roberto Aníbal Rivera
Martínez, Coronel César Adán Rosales
Batres, Sargento Mayor Carlos
Humberto Oliva Ramírez, Sargento
Mayor, Sargento Mayor Reyes Hollín
Gualip, Mayor Carlos Antonio Carias
López, comerciante Manuel Cupertino
Montenegro Hernández, Manuel Pop
Sun, Agricultor Cirilo Benjamín Caal Ac
y Daniel Martínez Méndez.
General José Efraín Rios Montt y Oscar
Mejía Victores
Imputados
MP por asesinato y por
encubrimiento propio. Juez
por robo agravado.
Juez por Asesinato,
MP pidió modificar por
homicidio y juez no
modificó.
Juez condenó a 2
personas por asesinato
y a 3 personas por robo y
posesión de droga para el
consumo.
A la Banda se le sindicó
por agrupación ilegal
de gente armada y robo
agravado. Juez condenó por
la fabricación y tenencia de
explosivos.
MP acusó a Acabal por
asesinato de 4 y lesiones
graves contra el menor
Sydney Shaw. Acusadora
particular pidió modificar
por tentativa de asesinato
contra el menor. Juez
condenó por asesinatos
CEH calificación arbitraria.
Asesinato calificación
provisional
Tipificación del delito
Diez detenidos de una
banda de roba carros.
Juez aplicó medidas
sustitutivas a 5.
AP de Marlon Oliver y
Mario Salazar López,
quedando con orden de
captura Pedro Arturo
Araiz Pineda y Roberto
Antonio Travanino.
Contra 13 miembros
de la Banda fueron
capturados, 9 se dejaron
el libertad y 4 detenidos.
Contra varios miembros
de las PAC, capturado
solo Acabal.
No se capturó a ninguno
de los que tenían orden
y 9 de ellos huyeron
del país.
AP/Ordenes de captura
Sí
Sí
No
AJ
En 1996 hubo sentencia
condenatoria contra 6
personas.
En 1998 hubo sentencia
condenatoria contra
Marlon Salazar López
y Roberto Vargas a 25
años de prisión, condenó
a otras 3 personas y
absolvió a 6.
En 1997 hubo sentencia
condenatoria contra los
hermanos Tuy Taniel
a 5 años de prisión
conmutables
En 1997 hubo sentencia
condenatoria contra
Acabal Patzán a 30 años
de prisión
Las dos sentencias
fueron apeladas y se
revocó el fallo, emitiendo
sentencia absolutoria.
No
Sentencia
La sentencia de 1996
fue apelada y se revocó
el fallo, emitiendo
sentencia absolutoria.
La CSJ anuló las
decisiones
MP y acusadora
particular apelaron
en 1997. La Sala
revocó el fallo en 1999
absolvió a Acabal y
dejó en libertad a
los hermanos. El MP
presentó recurso de
casación y la CSJ lo
rechazó.
La Acusadora particular
presentó en 1997
recurso de aclaración y
ampliación declarada
procedente.
32 amparos y 28
apelaciones hasta junio
2003
Recursos
Sentencia absolutoria
firme en 1996.
Sentencia
condenatoria firme
en 1998.
2 Sentencias
absolutorias firmes
de los dos procesos
en 1999.
En una nueva
investigación desde
1999.
En fase preparatoria.
Interrumpido por un
amparo
Estado del proceso
154
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Presentado en 1995
Presentado en 1990
Caso No. 10
Asesinato de
Antropóloga
Myrna Mack
Fecha de ingreso
Caso No. 9
Masacre de
Xamán
Nombre de la
causa
Sargento Mayor Noel Beteta, miembro
del Departamento de Seguridad del
EMP. Los 3 jefes de Beteta: Jefe del
EMP, General Edgar Godoy Gaytan,
Jefe del Departamento de Seguridad
Presidencial, Coronel Juan Valencia
Osorio y el Teniente Coronel Juan Oliva
Carrera, Jefe del Departamento de
Seguridad Presidencial.
CEH Patrulla militar integrada por 26
soldados al mando de un subteniente
del Ejército Camilo Lacán Chaclán
Imputados
Antropóloga Myrna
Mack
11 personas
asesinadas,
incluyendo a 3
menores de edad,
27 heridas, 7 viudas
y 36 huérfanos. Un
total de 81 victimas
Víctimas
Contra Beteta, detenido
en 1991 y medidas
sustitutivas para los
otros 3.
Juez aplicó medidas
sustitutivas de libertad
a 8 miembros de la
patrulla militar.
Contra 15 soldados
ordena la captura la CSJ
Juzgado Militar por
homicidio y lesiones, Sala
de Apelaciones modificó
por ejecución extrajudicial
y lesiones gravísimas, MP
por ejecución extrajudicial
y tentativa de ejecución
extrajudicial, Querellante
incluye allanamiento y
lesiones culposas.
Juez condenó por homicidio
culposo y complicidad en la
comisión de homicidio
Magistrados condenaron
por homicidio
Magistrados condenaron
por asesinato.
Juez condenó por asesinato
AP/Ordenes de captura
Tipificación del delito
Sí
Sí
AJ
En 1993 hubo sentencia
condenatoria contra
Beteta a 25 años de
prisión.
En 2002 hubo sentencia
condenatoria contra
Valencia Osorio, los otros
2 fueron absueltos.
En 1999 hubo sentencia
condenatoria a 5 y 4 años
de prisión conmutables.
En 1999 la Sala de
Apelaciones anuló
y emitió sentencia
condenatoria a 10
soldados a 12 años de
prisión y absolvió a 15
soldados, entre ellos
Lacán Chaclán
En 2000 la CSJ anuló y
ordenó volver a capturar
a los absueltos por la
Sala.
En 2005 la CSJ dejó firme
la sentencia condenatoria
contra 1 teniente y 13
soldados a 40 años de
prisión.
Sentencia
14 amparos
Acusadora particular
apeló pidiendo
dejar abierto el
procedimiento por
autoría intelectual.
Interpuso un recurso
de casación y la CSJ
casó el fallo impugnado
y dejó abierto el
procedimiento.
Se apeló la sentencia
de 1993 y la Sala
de Apelaciones la
confirmó.
Se apeló sentencia
de 2002 y la Sala de
Apelaciones absolvió y
anuló la sentencia. Se
presentó un recurso de
casación que se declaró
improcedente.
.
MP y acusadora
particular apelaron las
medidas sustitutivas
y los 8 volvieron a
prisión.
MP presentó recurso de
apelación y casación de
las sentencias
15 amparos y 15
apelaciones.
Recursos
Sentencia
condenatoria firme
en 1993.
Sentencia
condenatoria firme
en 2002
Valencia Osorio se dio
a la fuga
Sentencia
condenatoria firme
en 2005.
Estado del proceso
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
155
Presentado en 1992
Presentado en 1997
Presentado en 1988
Presentado en 1992
Desde 1995 el caso
se encuentra en
el MP
Presentado en 1997
Presentado en 1997
Caso No. 12
A.G.O. contra
Fabián Alvarado
Corazón
Caso No. 13
Masacre El
Aguacate
Caso No. 14
Maritza Urrutia
Caso No. 15
El Jute
Chiquimula
Caso No. 16
Josefinos
Fecha de ingreso
Caso No. 11
Comunidad
Tululche
contra Cándido
Noriega
Nombre de la
causa
Estudiante Maritza
Ninette Urrutia
García
7 personas
37 personas más
o menos, entre
ellas patrulleros de
autodefensa civil
Jefe de la base militar de Zacapa,
El coronel retirado Marco Antonio
Sánchez, y los ex comisionados
militares Gabriel Álvarez, Salomón
Maldonado y José Domingo
Militares de los Destacamentos de
Palestina, Las Cruces y Subin de Petén,
al mando del teniente Otto Pérez
Molina
22 personas (21
campesinos y 1
miembro de la
ORPA)
4 victimas
miembros de una
familia.
Hija A.G.O., padre
Alberto Garniga,
madre Simona
Osorio y hermano
Manuel Salvador
de Jesús
Varias familias
Víctimas
8 especialistas del Ejército y 2 oficiales
.
Eleodoro Sal Siquinajay
CEH la patrulla guerrillera integrada
por su jefe David y otros diez hombres
de la ORPA
Flavio Alvarado Corazón integrante de
las Patrullas de Autodefensa Civil y
Comisionado Militar
El Comisionado Militar Cándido
Noriega
Imputados
Genocidio
Ninguno
Contra 4 ex militares,
fueron detenidos y
procesados en 2005
Ninguno
CEH privación arbitraria de
libertad y tortura.
Denuncia por desaparición
forzada
Desaparición forzada
Contra Eleodoro
Sal Siquinajay, fue
detenido y procesado.
Las otras personas que
se mencionan en el
proceso nunca fueron
capturadas.
Contra Fabián Alvarado
Corazón prisión
preventiva en 2001
No se tienen datos
AP/Ordenes de captura
CEH ejecución arbitraria
MP portación ilegal de
armas, plagio o secuestro,
robo agravado y genocidio.
Juez condenó por portación
ilegal de armas y militancia
en agrupación ilegal
MP por 35 asesinatos, 49
secuestros, 14 violaciones,
10 robo agravados, 2
hurtos agravados, 7
incendios, 6 amenazas,
9 daños, 23 detenciones
ilegales, 6 lesiones leves y
allanamientos.
Juez condenó por 6
asesinatos y 2 homicidios a
30 años de prisión.
Denuncia por 2 asesinatos y
2 violaciones sexuales.
Querella quita 2 violaciones
sexuales
MP por violación y
asesinato, posteriormente
solo por asesinato.
Juez condenó solo por
asesinato del padre.
Tipificación del delito
No
Sí
No
Sí
Sí
Sí
AJ
No
No
No
En 1989 hubo sentencia
absolutoria por la
masacre contra
Eleodoro Sal Siquinajay,
únicamente fue
condenado a 2 años
En 2001 hubo sentencia
condenatoria contra
Fabián Alvarado Corazón
a 22 años de prisión
En 1999 hubo sentencia
condenatoria.
En 2000 la Sala
confirmó la sentencia
y posteriormente la CSJ
en 2005.
En 1997 hubo sentencia
absolutoria, fue anulada
En 1999 hubo sentencia
absolutoria, fue anulada
Sentencia
Ninguno
No se tienen datos
Ninguno, solo 2
exhibiciones personales
que le fueron negadas a
la ODHAG y a la PDH
Se apeló la sentencia
de 1999 y la Sala la
confirmó en 1990.
Ninguno
Se apeló la sentencia de
1997 y se anuló
Se apeló la sentencia de
1999 y se anuló.
Se apeló la sentencia de
2000 y se confirmó, se
presentó un recurso de
casación y se confirmó.
Recursos
En investigación
En juicio oral,
interrumpido por un
amparo
En investigación
Sentencia absolutoria
firme en 1990
Sentencia
condenatoria firme
en 2001
Sentencia
condenatoria firme
en 2005
Estado del proceso
156
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
1985
Presentado en 1990
Presentado en 1993
Fecha de ingreso
7 personas de la Patrulla de
Autodefensa Civil El Llano
Mario Cano Jefe de la PAC, Daniel
Velásquez, Hipólito Ramón García,
Vicente Cifuentes, Candelario López
Herrera, Emeterio López y Ezequiel
Alvarado
El Capitán Hugo Contreras y nueve
soldados fueron inculpados; y otros
dos Coroneles, Roberto García Catalán
y Guillermo Portillo Gómez. Contreras.
Efectivos del Ejército. El Sargento
Mayor Efraín García González y
Teniente de Infantería José Antonio
Ortiz Rodríguez.
15 patrulleros de autodefensa civil
Imputados
Nicholas Chapman
Blake y Griffith
Davis
Michael Devine
CEH 36 personas
(13 muertas y 23
heridas)
Juan Chanay Pablo
muerto y los
heridos Julia Gabriel
Simón y Miguel
Morales Mendoza
Víctimas
Auto de prisión
preventiva contra el
sargento mayor Efraín
García González
PDH por genocidio.
Tribunal Militar por
homicidio, lesiones graves
y lesiones leves. MP
intentó ampliar a múltiples
homicidios y lesiones,
pero el Tribunal denegó y
condenó por 13 homicidios,
8 lesiones graves y 5
lesiones leves.
Tribunal por disparo de
arma de fuego y condenó
por el mismo delito.
Tribunal condenó por
disparo de arma de fuego e
intimidación pública.
Desaparición forzada y
asesinato
Asesinato y secuestro
Sí
Contra 15 patrulleros, no
se ejecutó de inmediato
la captura, pocos meses
después de los hechos
2 fueron detenidos. En
1995 fue detenido otro y
9 se entregaron.
Juez condenó por homicidio
contra Juan Chanay y por
lesiones cometidas contra
Miguel Morales Méndez y
Julia Gabriel Simón
Sí
No
Contra cinco soldados
y un oficial, fueron
detenidos y procesados.
Una orden de captura
contra Mario Cano,
Daniel Velásquez,
Hipólito Ramón García,
Vicente Cifuentes,
Candelario López
Herrera, Emeterio López
y Ezequiel Alvarado.
En 1997 fue detenido
Vicente Cifuentes López
Sí
AJ
AP/Ordenes de captura
Tipificación del delito
No
Los cinco soldados fueron
condenados a treinta
años de prisión. Otro
oficial fue condenado en
1993 y se fugó.
Los dos coroneles
Roberto García Catalán y
Guillermo Portillo Gómez,
fueron sobreseídos por
un Juez Milita
En 1990 hubo sentencia
condenatoria contra el
sargento mayor García
a 16 años de prisión
inconmutables.
En 1991 hubo sentencia
condenatoria contra el
teniente Ortiz a 4 años de
prisión conmutables
En 1996 hubo sentencia
absolutoria.
En 1998 hubo sentencia
condenatoria contra 12
ex patrulleros a 8 años de
prisión por homicidio y 2
más por lesiones.
Sentencia
Ninguno
En 1992, una Corte de
Apelación ordenó el
nuevo enjuiciamiento
del Capitán Contreras.
El Ministerio Público
apeló la sentencia
del Tribunal Militar
que sobresee a doce
soldados acusados de
secuestro y asesinato.
Se apeló la sentencia
de 1990 y se confirmó
en 1992 por la Sala
reformando la pena
a 20 años de prisión
inconmutables.
Se apeló la sentencia
de 1991 y en 1993 se
confirmó la sentencia
Se apeló la sentencia
de 1996 y se declaró
sin lugar el recurso,
dejando sin efecto todo
lo actuado.
Recursos
En investigación
Sentencia
condenatoria firme
en 1993.contra cinco
soldados y un oficial.
Sentencia
condenatoria firme
en 1992
Sentencia
condenatoria firme
en 1993
El sargento está en
prisión y el teniente
está libre bajo fianza
Sentencia
condenatoria firme
en 1998
Estado del proceso
Fuentes: Andrea Diez. Eso no se Escucha. Inclusión de los hechos de violencia sexual en las causas por violaciones a los derechos humanos en Guatemala. ICCPG. Guatemala, 2006; CEH. Informe Guatemala: Memoria del Silencio. Tomo
VI y VII. Casos Ilustrativos..PNR. Guatemala, 2005; Fundación Myrna Mack. Apuntes sobre Los Engranajes de la Impunidad. Guatemala, 2004; Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación foral de Gipuskoa y Mugen Gainetik. Xamán,
Genocidio, impunidad y experiencias comparadas: Guatemala, Arg entina. Guatemala, 2002; Alejandro Rodríguez. Impunidad. ICCPG. Guatemala, 2004; SEPAZ, COPREDEH, PNR Y FAMDEGUA. Panzós Testimonio. Guatemala, 2008;
Tesis María Salomé García Ortiz. Análisis Jurídico de la Justicia Transicional en Guatemala. Guatemala, 2008; www.corteidh.or/cr
/ .
Caso No. 20
Blake
Caso No. 19
Devine
Caso No. 18
Masacre de
Santiago
Atitlán
Caso No. 17
Colotenango
Nombre de la
causa
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
157
15-2007
1-2008
2-2008
3-2008
4-2008
13
14
15
16
17
Mario Alcides Polanco Pérez GAM
Mario Alcides Polanco Pérez GAM
Mario Alcides Polanco Pérez GAM
26 de febrero de 2008
26 de febrero de 2,008
27 de marzo de 2,008
14 de julio de 2008
23 de febrero de 2007
22 de enero de 2,007
Sacerdote Andrés Ignacio
Lanz Andueza
Emil Bustamante López
Hermanos Zamora Santos
Sáenz Calito
Marcos de Jesús García
Sarmiento
Jorge Hiram
Muralles García
Caso Pop- Vásquez
Desaparecidos del Caso
Runujel Junam
Año 2,006
05 de diciembre de 2,005
Serge Berten
Soldado Gómez
Caso El Jute
Mayra Gutiérrez
Molina Theissen
De la Roca Elías
Raúl Rivas
Cuevas Molina
Fernando García
Victimas
23 de febrero de 2,006
26 de enero de 2,003
11 de septiembre de 2,001
12 de junio de 2,000
14 de enero de 1,998
06 de enero de 1,998
25 de noviembre de 1,997
05 de mayo de 1,999
25 de noviembre de 1,997
Fecha de denuncia
Fuente: Leopoldo Zeissig Ramírez y Luis Roberto Romero Rivera. Unidad de Averiguaciones Especiales de la PDH. Guatemala, 17 de septiembre, 2008
9no. De Primera Instancia Penal
10mo. De Primera Instancia Penal
8vo. De Primera Instancia Penal
7mo. De Primera
Instancia Penal
Mario Alcides Polanco Pérez
GAM
Mario Alcides Polanco Pérez
GAM
Lusvin Rubén García Chon
3ero. De primera instancia
penal
1-2007
Oficial primero
12
6to. De Primera Instancia Penal
Yuri Giovanni Melini Salgero
CALAS
No se tienen dataos
1ero. de primera instancia penal
2do. De primera instancia penal
Mario Alcides Polanco Pérez GAM
Mario Alcides Polanco Pérez GAM
7mo. de primera instancia penal
3ero. de primera instancia penal
Julio Eduardo Arango Escobar
Mario Alcides Polanco Pérez GAM
2do. de primera instancia penal
11avo. de primera instancia penal
Mario Alcides Polanco Pérez GAM
Mario Alcides Polanco Pérez GAM
3ro. de primera instancia penal
5to. de primera instancia penal
Mario Alcides Polanco Pérez GAM
Mario Alcides Polanco Pérez GAM
Mario Alcides Polanco Pérez GAM
Quien presentó la denuncia
5to. de primera instancia penal
6to. de primera instancia penal
4to. de primera instancia penal
Juzgado
5-2006
Averiguación
Especial
1-97
Oficial octavo
2-97
Oficial primero
3-97
Oficial segundo
1-98
Oficial tercero
2-98
Oficial cuarto
1-2000
Oficial octavo
2-2001
Oficial tercero
1-2003
Oficial séptimo
3-2006
4-2006
Oficial
cuarto
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
No.
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
En proceso de averiguación
Estado actual del proceso
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Ocurrió
durante CAI
Anexo No. 8.
Casos Ingresados a la Unidad de Averiguaciones Especiales de la Procuraduría de los Derechos Humanos
158
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Familiares
Familiares de víctimas y
víctimas directas
Guatemala
Demandantes
Demandado
Guatemala
Familiares de las víctimas
Guatemala
Familiares de la víctima
Jennifer Harbury
Guatemala
Pago realizado (2005)
pendientes otras medidas
Amenazas a testigos,
familiares, abogados,
trabajadores y policías.
Pago realizado (2004)
Pendiente otras medidas
(2008)
Pago realizado (2003)
Pendiente otras medidas
(2008)
A uno de los sobrevivientes
lo matan y a su hijo; hieren al
hijo de una de las víctimas
248, 000. 00 USD
161, 000.00 UDS
779,000.00 USD
Sentencia de 25 de noviembre
de 2003
El 19 de junio de 2001
Sucesos en el
camino
Sentencia de 22 de
febrero de 2002
30 de agosto de 1996
Algunos pagos pendientes
(2007)
Sentencia de 22 de enero
de 1999
Sentencia de 25 de mayo de
2001
12 de septiembre de 1990
Situación del
cumplimiento de la
sentencia
3 de agosto de 1995
18 de enero 1995
5 de marzo de 1993
499, 376.00 USD
18 de noviembre de 1993
El 28 de septiembre de 1994
Guatemala
Centro para la Acción Legal
en Derechos Humanos en
representación de los familiares de
las víctimas
El 10 de diciembre de 1992 se
denunció la existencia de un
cementerio clandestino en la aldea
Plan de Sánchez
Pendiente, se ha ordenada al Estado
pagar al menos 66% (2008)
Sentencia de 19 de noviembre de
2004.
Reparaciones de diversa índole entre
5 mil y 20 mil USD para las víctimas
por daño material e inmaterial un
total de USD11.204.530,00
El 31 de julio de 2002
25 de octubre de 1996.
Guatemala
Centro para la Acción
Legal en Derechos
Humanos y Maritza
Urrutia
Pago realizado (2005)
64,000.00 UDS
Sentencia de 27 de
noviembre de 2003
El 9 de enero de 2002
28 de julio de 1992
El 8 de septiembre de
1998 el Centro por la
Justicia y el Derecho
Internacional los
representantes de la
víctima y sus familiares y
el Grupo de Apoyo Mutuo
Guatemala
Cumplido el pago
indemnizatorio,
pendientes otras
medidas (2004)
698, 000.00 UDS
Sentencia de 26 de abril
de 2004
4 de julio de 2003
8 de septiembre de 1998
Panel Blanca
Chapman Blake
Bámaca Velásquez
Myrna Mack
Plan de Sánchez
Maritza Urrutia
Molina Thiessen
Artículos 50 y 51 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 26 en adelante del Reglamento de la Convención. Guatemala es Estado Parte en la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada desde el 25 de febrero de 2000.
La Corte es competente, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención para decidir sobre reparaciones, costas y gastos en el presente caso, en razón de que el 25 de mayo de 1978 la República de Guatemala
ratificó la Convención Americana y el 9 de marzo de 1987 reconoció la competencia contenciosa de la Corte.
Resultado del
proceso en
reparación
Caso
Artículos que
amparan la
solicitud ante la
Comisión
Fecha de ingreso
de petición ante la
Comisión
Fecha de ingreso de
caso a la Corte
Fecha de sentencia
reparación
Anexo No. 9.
Casos con Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
159
Cargos
Caso
Actos de secuestro, detención
arbitraria, trato inhumano,
tortura y asesinato cometidos
por agentes del Estado de
Guatemala contra once
víctimas” durante 1987 y 1988
(caso conocido como el de la
“Panel Blanca”).
Algunas de las víctimas fueron
solamente secuestradas
Panel Blanca
Chapman Blake,
periodista de nacionalidad
estadounidense, partió el
26 de marzo de 1985 junto
con el señor Griffith Davis,
fotógrafo estadounidense,
hacia la aldea de El
Llano, departamento de
Huehuetenango, lugar
al que llegaron el 28 de
marzo de 1985. El objeto
del viaje era recabar
información para escribir
un artículo sobre uno de
los sectores de la guerrilla
guatemalteca. Ese mismo
día, la Patrulla Civil de El
Llano, bajo la Comandancia
de Mario Cano, interrogó
a los señores Blake y Davis
“sobre el propósito del viaje
que realizaban”.
Los cuerpos fueron
incinerados.
Chapman Blake
Secuestro de lo cual
resulta luego de un
año la colaboración de
Bámaca con el ejército.
Inició una tercera huelga
de hambre el 12 de
marzo de 1995, la cual
se extendió por 12 días,
hasta que un Senador
de los Estados Unidos,
Robert Torricelli, le
comunicó que su esposo
había sido ejecutado,
Bámaca Velásquez
Ejecución extrajudicial el 11 de
septiembre de 1990 en Ciudad
de Guatemala, Myrna Mack
Chang fue vigilada y ejecutada
extrajudicialmente en una
operación de inteligencia
militar elaborada por el alto
mando del Estado Mayor
Presidencial
Myrna Mack
Maritza Urrutia
La mañana del jueves
23 de julio de 1992,
fue secuestrada,
luego se le obligó a
dar información y
a acogerse a la Ley
de Reconciliación
Nacional, le obligaron
a realizar unas
grabaciones en las que
decía ser de la guerrilla
(8 días)
Plan de Sánchez
A las 2:00 de la tarde, reunieron a
toda la gente de Plan de Sánchez y
a otras personas capturadas en el
camino; separaron a los niños y las
niñas y a las jovencitas de quince
a veinte años de edad. Entonces
iniciaron la masacre. Primero
torturaron a las personas mayores
porque decían que eran guerrilleros,
después lanzaron dos granadas,
dispararon con armas de fuego.
Finalmente rociaron con gasolina e
incendiaron la casa. Las muchachas
que habían apartado fueron
torturadas y violadas. Después de
ejecutar a las mujeres, hombres
y ancianos, tomaron a los niños y
niñas uno por uno, los golpearon
contra el piso y los tiraron a las
llamas. Nadie pudo huir porque el
ejército había rodeado la entrada
y salida de Plan de Sánchez y los
caminos aledaños.
Ese día murieron aproximadamente
284 personas, quienes eran
habitantes de Plan de Sánchez, así
como de comunidades aledañas.
Molina Thiessen
Marco Antonio estaba
cursando el tercer
año. En la fecha en que
irrumpieron en su casa
y lo secuestraron para
hacerlo desaparecer, ya
casi estaba por salir de
ese grado. Estaba en su
casa junto con Marco
Antonio, cuando llegaron
tres hombres armados
de los cuales sólo vio a
dos, que fueron los que
entraron a la casa con
armas en la mano. Luego,
engrilletaron a su hijo a
un sillón, y le pusieron
masking tape en la boca
para que no gritara.
Anteriormente a lo
ocurrido a Marco
Antonio, su hija
Emma Guadalupe
fue secuestrada,
incomunicada,
violada y torturada
en la base militar de
Quetzaltenango, de
donde pudo escapar
después de permanecer
secuestrada nueve días.
160
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Ya en la Corte, la Comisión
pidió a la Corte que exigiera
al Gobierno identificar y
castigar a los responsables
de las violaciones antes
mencionadas, indemnizar a las
víctimas de las mismas
de conformidad con el artículo
63.1 de la Convención y pagar
las costas y gastos de las
víctimas y sus familiares
incurridos en la tramitación
de este caso ante la Comisión
y la Corte y los honorarios
razonables de sus abogados.
Se sindica a la Guardia de
Hacienda, son reconocidos por
testigos en declaraciones en
1988, también a agentes de la
policía.
Proceso judicial interno contra
el señor Oscar Augusto Díaz
Urquizú, ex Director de la
Guardia de Hacienda, se había
sobreseído definitivamente al
imputado, por “no haber bases
suficientes para enjuiciar
[le] por el delito de abuso de
autoridad”.
Lugar de los hechos
Nombres y cargos
de los acusados
Panel Blanca
Estos secuestros tuvieron lugar
en la ciudad de Guatemala
entre fines de diciembre
de 1987 y febrero de 1988, con
excepción de un secuestro y
ejecución ocurridos en junio de
1987.
Caso
Mario Cano
Al llegar al lugar indicado,
“Epólito Ramos García le
efectuó un disparo a uno de
ellos causándole la muerte
en forma instantánea”
y “Vicente Cifuentes... le
disparó al segundo hombre
y también lo mató”. A
continuación los “tres
patrulleros civiles arrojaron
los cuerpos en una maleza
muy tupida, al lado del
sendero”, y los cubrieron
con troncos de árboles
“a efectos de hacerlos
desaparecer. Se había
condenado a Vicente
Cifuentes López como
autor responsable del
“delito consumado de
asesinato en forma
continuada” de los señores
Blake y Davis
Chapman Blake
Años más tarde se
estableció que luego de
solicitar instrucciones a los
oficiales de la guarnición
militar de Las Majadas,
Mario Cano ordenó a tres
miembros de su patrulla,
identificados como Epólito
Ramos García, Candelario
Cano Herrera y Vicente
Cifuentes que detuvieran
a Blake y a Davis, que
los llevaran a un lugar
llamado Los Campamentos,
en la frontera con el
departamento de Quiché
y les expresó: “pueden
matarlos si quieren”.
Las fuerzas armadas
guatemaltecas
Desapareció el 12 de
marzo de 1992, después
de un enfrentamiento
entre el ejército y la
guerrilla que se produjo
en la aldea de Montúfar,
cercana a Nuevo San
Carlos, Retalhuleu,
en la región oeste de
Guatemala.
Bámaca Velásquez
La fotografía era de Noel de
Jesús Beteta Álvarez. En el
proceso contra los autores
intelectuales solamente fue
condenada una persona, el
Coronel Juan Valencia Osorio.
Beteta manifestó que quien
le dio la orden y quien le
dio la señal “de romanos”
para matar a su hermana
fue el Coronel Juan Valencia
Osorio que había recibido
instrucciones del general
Edgar Augusto Godoy Gaitán
11 de septiembre de 1990 en
Ciudad de
Guatemala.
Myrna Mack
La masacre fue cometida por
miembros del ejército, de las PAC y
de la Policía Judicial.
El domingo 18 de julio de 1982, día de
la masacre, el ejército llegó a Plan de
Sánchez, Rabinal AV.
Plan de Sánchez
Ejército
La mañana del jueves
23 de julio de 1992
Ciudad de Guatemala
fue la desaparición.
Maritza Urrutia
Ejército de Guatemala.
El día 6 de octubre de
1981 Guatemala
Molina Thiessen
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
161
Nicholas Chapman Blake y
Griffith Davis
Ana Elizabeth Paniagua
Morales, Julián Salomón
Gómez Ayala, William Otilio
González Rivera, Pablo Corado
Barrientos, Manuel de Jesús
González López, Augusto
Angárita Ramírez, Doris Torres
Gil, José Antonio Montenegro,
Oscar Vásquez y Marco
Antonio Montes Letona.
Detención sin orden judicial;
tortura; ejecución extrajudicial
Artículo 4 de la Convención
Americana (Derecho a la
Vida) Artículos 5 (Derecho
a la Integridad Personal),
7 (Derecho a la Libertad
Personal) de la Convención
Americana y las obligaciones
que establecen los artículos
1, 6 y 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir y
Sancionar la Tortura
Artículos 8 (Garantías
Judiciales) y 25 (Protección
Judicial) de la Convención
Artículo 1.1 (Obligación de
Respetar y Garantizar los
Derechos). En septiembre
1994: Declarara que el
Gobierno de Guatemala no
ha cumplido sus obligaciones
de respetar los derechos y
libertades contenidos en la
Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y de
garantizar su ejercicio, según
lo dispone el Artículo 1 de
dicho instrumento.
Víctimas
Base legal de la
acusación
Violación de los siguientes
artículos de la Convención:
7 (Derecho a la Libertad
Personal), 4 (Derecho a
la Vida), 25 (Protección
Judicial), 8 (Garantías
Judiciales), 13 (Libertad
de Pensamiento y de
Expresión), 22 (Derecho
de Circulación y de
Residencia).
Chapman Blake
Panel Blanca
Caso
Artículo 3 (Derecho al
Reconocimiento de la
Personalidad Jurídica),
Artículo 4 (Derecho
a la Vida), Artículo 5
(Derecho a la Integridad
Personal), Artículo 7
(Derecho a la Libertad
Personal), Artículo 8
(Garantías Judiciales),
Artículo 13 (Libertad
de Pensamiento y de
Expresión), Artículo 25
(Protección Judicial) y
el Artículo 1 (Obligación
de Respetar y Garantizar
los Derechos), todos
de la Convención
Americana así como
también los artículos 1,
2 y 6 de la Convención
Interamericana para
Prevenir y Sancionar la
Tortura y el artículo 3
común de los Convenios
de Ginebra.
Desaparición forzada
Efraín Bámaca Velásquez
Bámaca Velásquez
Artículos 4 (Derecho a la
Vida), 8 (Garantías Judiciales),
25 (Protección Judicial) en
conjunción con el artículo 1.1
(Obligación de Respetar los
Derechos) de la Convención
Americana.
Myrna Mack Chang
Myrna Mack
Artículos 5.1 y 5.2 (Derecho a la
Integridad Personal); 8.1 (Garantías
Judiciales); 11 (Protección de la
Honra y de la Dignidad); 12.2 y
12.3 (Libertad de Conciencia y de
Religión); 13.2 literal a y 13.5 (Libertad
de Pensamiento y de Expresión), 16.1
(Libertad de Asociación), 21.1 y 21.2
(Derecho a la Propiedad Privada), 24
(Igualdad ante la Ley) y 25 (Protección
Judicial) de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
268 víctimas
Plan de Sánchez
Artículo 5 (Derecho a la
Integridad Personal), 7
(Derecho a la Libertad
Personal), 8 (Garantías
Judiciales), 13 (Libertad
de Pensamiento
y de Expresión)
y 25 (Protección
Judicial), todos ellos
en conexión con el
artículo 1.1 (Obligación
de Respetar los
Derechos) de la
Convención Americana,
y los artículos 1, 6 y
8 de la Convención
Interamericana para
Prevenir y Sancionar
la Tortura (en adelante
“la Convención
Interamericana contra
la Tortura”.)
Maritza Urrutia
Maritza Urrutia
Estado y a los hechos
establecidos, que éste
violó los derechos
consagrados en los
artículos 4.1 (Derecho a
la Vida), 5.1 y 5.2 (Derecho
a la Integridad Personal),
7 (Derecho a la Libertad
Personal), 8 (Garantías
Judiciales), 17 (Protección
a la Familia), 19 (Derechos
del Niño) y 25 (Protección
Judicial) de la Convención
Americana sobre
Derechos Humanos,
y que incumplió las
obligaciones establecidas
en los artículos 1.1
(Obligación de Respetar
los Derechos) y 2 (Deber
de Adoptar Disposiciones
de Derecho Interno) de la
misma, en perjuicio de
Marco Antonio Molina
Theissen; asimismo,
el Estado incumplió la
obligación establecida en
los artículos
I y II de la Convención
Interamericana sobre
Desaparición Forzada de
Personas en perjuicio de
Marco Antonio Molina
Theissen, en los términos
del párrafo 43 de la […]
Sentencia
Marco Antonio Molina
Thiessen
Molina Thiessen
162
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Comportamiento
del Estado de
Guatemala
Caso
Chapman Blake
Se hacen tres
interposiciones, una de
las cuales es parcialmente
aceptada (la demanda
había sido interpuesta
antes de la obligación de la
Corte para conocer casos).
Panel Blanca
En algunos de los casos los
expedientes de la policía
sindicaban a los detenidos de
posesión de drogas. Desde
el ingreso a la petición de la
Corte, el Estado de Guatemala
respondió los hallazgos de los
casos (cuerpos encontrados)
e investigación del caso en
proceso (la familia no quiso
dar información 1).
De conformidad con el artículo
31 del Reglamento, el Gobierno
presentó el 3 de abril de 1995
un escrito en el cual interpuso
excepciones preliminares
(véase infra párr. 23).
En ese mismo escrito el
Gobierno solicitó a la Corte
que, por el carácter de las
Excepciones preliminares,
decidiera expresamente la
suspensión del procedimiento
sobre el fondo (se consideró
improcedente por que no
respondía a una situación
excepcional).
Luego de la declaración de
la comisión sobre omisión
por parte del Estado, da 60
días para responder y no hay
respuesta ni solicitud de
reconsideración.
El gobierno alega
incumplimiento de tiempos
para el ingreso de las
demandas o el hecho que
hayan sido ingresadas por
fax. Proceso judicial interno
contra el señor Oscar Augusto
Díaz Urquizú, ex Director de la
Guardia de Hacienda, se había
sobreseído definitivamente
al imputado, por “no haber
bases suficientes para enjuiciar
[le] por el delito de abuso de
autoridad”.
Hasta este momento,
identificar a las personas
o persona responsables
penalmente de los
hechos antijurídicos de
los que fuera objeto el
señor Bámaca Velásquez
y de ese modo esclarecer
su desaparición.
Testigos por Guatemala
no comparecieron a dar
sus declaraciones.
No se permitió la
exhumación del
supuesto cuerpo por
dudarse la legalidad del
proceso.
Bámaca Velásquez
Myrna Mack
“Que el proceso contra los
militares acusados como
autores intelectuales del
asesinato de la antropóloga
Myrna Mack Chang
se inició en el año 1994 y
a esta fecha no podemos
predecir que tenga una
futura marcha sin tropiezos
judiciales, porque tal como se
ha perfilado la causa desde su
inicio se ha hecho uso de toda
clase de impugnaciones que
obstaculizan el cumplimiento
del debido proceso”.
El 3 de marzo de 2000 durante
una audiencia celebrada en la
sede de la Comisión, el Estado
reconoció su “responsabilidad
institucional” en el presente
caso, en los términos
siguientes: “el gobierno
reconoce la responsabilidad
Institucional del Estado en
el asesinato de Myrna Mack
Chang, y en el retardo y
denegación de justicia”.
El 12 de febrero de 1993 es
condenado el señor Noel
de Jesús Beteta a 25 años
de prisión por el delito de
asesinato en perjuicio de
Myrna Mack Chang; y de otra
parte, la Cámara Penal de la
Corte Suprema de Justicia de
Guatemala en sentencia de
14 de enero de 2004 emitida
por la Sala Cuarta de
Apelaciones determinó que el
señor Juan Valencia Osorio (en
fuga) era responsable del delito
de asesinato cometido en
contra de la vida e integridad
física de Myrna Mack Chang, y
consecuentemente, lo condenó
a treinta años de prisión y la
suspensión de sus derechos
políticos mientras dure la
condena.
Las reparaciones deben ser
ejecutadas por el PNR.
Plan de Sánchez
El 9 de agosto de
2000 el Presidente
de la República de
Guatemala, doctor
Alfonso Portillo, en
el marco del proceso
de solución amistosa
de varios casos que
se encontraban
en trámite ante la
Comisión, reconoció
la “responsabilidad
institucional” del
Estado guatemalteco
en el caso Maritza
Urrutia. A su vez,
aceptó los hechos que
motivaron la denuncia
ante la Comisión
Interamericana,
indicando que se
iniciaría un proceso
de solución amistosa.
No obstante lo
anterior, las gestiones
encaminadas a
lograr un arreglo
amistoso, fracasaron
y el 2 de marzo de
2001, durante la
audiencia pública
celebrada en este
caso, los peticionarios
solicitaron a la
Comisión que se
pronunciara sobre
el fondo del asunto.
Se ofreció solución
amistosa. El 8 de enero
de 2002, ante la falta
de cumplimiento de
las recomendaciones
por parte del Estado,
la Comisión decidió
someter el presente
caso ante la Corte
Interamericana.
Maritza Urrutia
Molina Thiessen
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
163
Algunos pagos pendientes
(2007)
Situación del
cumplimiento de la
sentencia
Pago realizado (2003)
Pendiente otras medidas
(2008)
Sentencia de 22 de enero
de 1999
161, 000.00 UDS
Chapman Blake
Pago realizado (2004)
Pendiente otras medidas
(2008)
Sentencia de 22 de
febrero de 2002
248, 000. 00 USD
Bámaca Velásquez
Pago realizado (2005)
pendientes otras medidas
Sentencia de 25 de noviembre
de 2003
779,000.00 USD
Myrna Mack
Pendiente, se ha ordenada al estado
pagar al menos 66% (2008)
Plan de Sánchez
Reparaciones de diversa índole entre
5 mil y 20 mil USD para las víctimas
por daño material e inmaterial un
total de USD11.204.530,00
Sentencia de 19 de noviembre de
2004.
Pago realizado (2005)
Sentencia de 27 de
noviembre de 2003
64,000.00 UDS
Maritza Urrutia
Sentencia de 26 de abril
de 2004
Cumplido el pago
indemnizatorio,
pendientes otras
medidas (2004)
698, 000.00 UDS
Molina Thiessen
El monto de las reparaciones económicas incluye el pago a las víctimas y el pago a las organizaciones que las acompañan; Delia Dávila, Coordinadora del Departamento Jurídico
COPREDEH, en una entrevista realizada por IW el 2 de septiembre, 2008 señaló que: “todos los pagos de las sentencias se han realizado en su totalidad, a excepción de la sentencia de Plan de
Sánchez donde se ha realizado el pago en un 80%”.
Fuente: www.corteidh.or/cr. PendienteTiu Tojín en audiencia durante abril 2008.
Sentencia de 25 de mayo de
2001
499, 376.00 USD
Panel Blanca
Fecha de sentencia
reparación
Resultado del
proceso en
reparación
Caso
Anexo No. 10.
Mapa de sedes del PNR y distribución de violaciones a
los Derechos Humanos
164
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
Anexo No. 11.
Casos Sentenciados y Reparados de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos
Nombre de Víctimas
Reaparación
mandatada
Pagos realizados
Panel Blanca
Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián
Salomón Gómez Ayala, William Otilio
González Rivera, Pablo Corado Barrientos,
Manuel de Jesús González López, Augusto
Angárita Ramírez, Doris Torres Gil, José
Antonio Montenegro, Oscar Vásquez y Marco
Antonio Montes Letona
499,376.00 USD
Algunos pagos pendientes (2007)
Chapman Blake
Nicholas Chapman Blake y Griffith Davis
161,000.00 USD
Bamaca
Velásquez
Efraín Bámaca Velásquez
248,000.00 USD
Myrna Mack
Myrna Mack Chang
779,000.00 USD
Plan de Sánchez
268 victimas
Maritza Urrutia
Maritza Urrutia
64,000.00 USD
Molina Thiessen
Marco Antonio Molina Thiessen
698,000.00 USD
Nombre del Caso
Total
11.204,530.00 USD
Pago realizado (2003) Pendientes
otras medidas (2008)
Pago realizado (2004) Pendientes
otras medidas (2008)
Pago realizado (2005) pendientes
otras medidas (2008)
Pendiente, se ha ordenado al
Estado pagar al menos 66%
(2008)
Pago realizado (2005)
Cumplido el pago
indemnizatorio, pendientes otras
medidas (2004)
13.653,906 USD
Fuente: www.corteidh.or/cr.
El monto de las reparaciones económicas incluye el pago a las víctimas y el pago a las organizaciones que las
acompañan; Delia Dávila, Coordinadora del Departamento Jurídico COPREDEH, en una entrevista realizada por IW el
2 de septiembre, 2008 señaló que: “todos los pagos de las sentencias se han realizado en su totalidad, a excepción de la
sentencia de Plan de Sánchez donde se ha realizado el pago en un 80%”.
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
165
ANEXO 12
Participantes en las mesas de discusion para formular
las recomendaciones de Impunity Watch
Mesa de víctimas A – 11.09.08
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Felicita Romero Ramírez
Francisca Ortiz Ordoñez
Aura Francisca Pérez Gimenez
Hugo Evaristo Ramírez
Pablo Ivel Mo
Abel Cajbom
Erwin Rolando Caal Macz
José Teni
Hermelindo Choc Ché (ICCPG)
Mesa de víctimas B -18.09.08
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Tomás Quino Mejía
María Grave Xon
María Lares Calva
Sandra María Tojtoj
Felipe López Molina
Guadalupe Aguilar Raymundo
Anselmo Juán Ramón
María Morales Tecún
Josefa Quino Calij
María Canay Teraza
Josefa Morales Xun
Manuel Salvador Salvador
Roselia López Aguilar
Manuela Marinela Rosdíaz
Sergio Ismael Jiménez
Juan Jiménez (ECAP)
Diego Tadeo Nicolás
Representantes de organizaciones de la sociedad civil – 23.09.08
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Claudia López David, URL
Sandino Asturias, CEG
Patricia González, IEPADES
Luisa Cabrera, psicóloga
Judith Erazo, ECAP
Leily Santizo, Fundación Myrna Mack
Frank La Rue, DEMOS
Guadalupe Salinas Valle, Sinergia No´j
Claudia Paz, ICCPG
Representantes de cooperación internacional – 25.09.08
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
166
Joanna Crandall, Departamento de Justicia Gobierno de Estados Unidos
Christina Laur, PCS
Andrea Bolaños, Consultora ICTJ
Sebastián Porras, Instituto Neerlandés para la Democracia Multipartidaria
Nathalie Boesch, Jefa de Cooperación Embajada de Suiza
Ulrich Heer, Embajada de Suiza
Anabella Sibrián, Plataforma Holandesa
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
8. Lucy Turner, OACNUDH
9. Mónica Mazariegos, Comisión Europea
10. Annemarie de Ruiter, Embajada de Países Bajos
Representantes del sector justicia – 30.09.08
1. Yassmín Barrios, Juez de Sentencia
2. José Luis Samayoa, Escuela de Estudios Judiciales
3. Hugo Vidal Requena Beltetón, Secretaría Ejecutiva ICMSJ
(Instancia de Coordinación y Modernización del Sector Justicia)
4. Nancy Lorena Paiz, MP, Fiscalía de Derechos Humanos, Unidad de Esclarecimiento Histórico
5. Morelia Ríos, Juez de Sentencia
6. Albert Clinton Whyte Bernard, MP Chimaltenango
7. Eduardo Cardona Carrera, Dirección General Adjunta de la PNC
8. Mauricio Yax Solís, Dirección General Adjunta de la PNC
9. Alejandro Rodríguez, Secretario de Políticas Criminales del MP
10. Saúl Orlando Álvarez Ruiz, OJ
Representantes del Congreso de la República – 02.10.08
1. Miguel Ángel Sandoval, Asesor URNG
2. Walter Félix, Diputado URNG-MAIZ
3. Gerson Sotomayor, Asesor Encuentro por Guatemala
Representantes del Poder Ejecutivo y PDH – 07.10.08
1.
2.
3.
4.
5.
Ruth del Valle, COPREDEH
Orlando Blanco, Secretario SEPAZ
Sonia Anckermann, Asesora PNR
Conrado Martínez, Director Estudios, Análisis e Investigaciones de la PDH
Carmen Rosa de León, CAS
Representantes de organizaciones de derechos humanos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Iduvina Hernández, SEDEM
José Suasnavar, FAFG
Héctor Soto, CAFCA
Benito Morales, FRMT
Nery Rodenas, ODHAG
Patricia González, IEPADES
Estuardo Galeano, GAM
Alberto Fuentes, PRAHPN
reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
167
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reconociendo el pasado: desafíos para combatir la impunidad en guatemala • impunity watch
SERVIPRENSA
Esta publicación fue impresa en los talleres
gráficos de Serviprensa S. A. en el mes de
diciembre de 2009. La edición consta de 250
ejemplares en papel bond blanco 80 gramos.
Consorcio IW
Fundación Centro de Documentación
e Investigación Maya CEDIM
Proyecto apoyado por
Impunity Watch
‘t Goylaan 15
3525 AA Utrecht
The Netherlands
www.impunitywatch.org •
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