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Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente

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Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente
Policía y democracia
en Bolivia: una política
institucional pendiente
Resultados preliminares
Juan Ramón Quintana (coord.)
Loreta Tellería Escobar
Daniel Atahuichi Quispe
Rosario Pérez Ponce
Dilma Isnado Chávez
Milenka Ramos Ayaviri
Wilder Chambi Valeriano
René Pucho Alejo
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
ESTRATÉGICA EN BOLIVIA
La Paz, 2003
Quintana Taborga, Juan Ramón
Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente /
Juan Ramón Quintana; Loreta Tellería Escobar; David Atahuichi Quispe;
Rosario Pérez Ponce; Dilma Isnado Chavez; Milenka Ramos Ayaviri; Wilder
Chambi Valeriano; René Pucho Alejo. — La Paz: FUNDACIÓN PIEB,
Julio 2003.
88 p. ; 21 cm. — (Cuadernos de Resumen ; no. 18)
D.L. :4-1-893-03
ISBN: 99905-0-355-9 : Encuadernado
POLICÍA / SEGURIDAD SOCIAL / CIUDADANÍA / PREVENCIÓN DEL
DELITO / DEMOCRACIA / CORRUPCIÓN / PARTIDOS POLÍTICOS /
LEGISLACIÓN SOCIAL / ESTADO DE DERECHO / BOLIVIA
1. título
2. serie
D.R.©FUNDACIÓN PIEB, Julio de 2003
Edificio Fortaleza. Piso 6, Of. 601
Av. Arce Nº 2799, esquina calle Cordero, La Paz
Teléfonos: 2432582- 2435235
Fax. 2431866
Correo electrónico: [email protected]
Sitio en la web: www.pieb.org
Casilla postal: 12668
Diseño gráfico de cubierta e interiores: Rubén Salinas
Edición: Antonio Vera J.
Producción: Grupo Design
Calle Armaza Nº 2999 (prolongación) Sopocachi
Tels. 2417188- 2410802. Fax. 2410802
Correo electrónico: [email protected]
La Paz- Bolivia
Impreso en Bolivia
Printed in Bolivia
2
Presentación
El presente Cuaderno de Resumen contiene resultados preliminares de la
investigación: “Policía y democracia en Bolivia: una política institucional
pendiente”, dirigida por Juan Ramón Quintana.
Este estudio, auspiciado por el Programa de Investigación Estratégica en
Bolivia (PIEB), forma parte de la Séptima Convocatoria Nacional de
Investigadores senior/jóvenes, “Alternativas hacia modelos de desarrollo”,
lanzada por el Programa el 2002.
El PIEB publica en esta oportunidad un avance del estudio por la importancia
del tema y el interés de que esta información aporte con argumentos
científicos al debate que se ha abierto en el país sobre el mismo.
Este contenido será ampliado en un libro que el PIEB publicará en los
próximos meses con la información más relevante de la investigación.
En el presente Cuaderno de Resumen, el lector encontrará una presentación
del Estado del Arte sobre el tema de la policía, la metodología empleada
por los investigadores, los resultados preliminares, recomendaciones para
políticas sobre la policía, sugerencias para continuar investigando el tema y
una bibliografía mínima. Una segunda parte contiene la información empírica
que ha servido de base para el desarrollo de la presente investigación,
distribuida en gráficos e información estadística.
Godofredo Sandoval
Director Ejecutivo del PIEB
3
1. INTRODUCCIÓN
Durante la última década los asuntos sobre seguridad pública
adquirieron una importancia política relevante en gran parte
de América Latina a raíz del creciente clima de inseguridad
ciudadana. Bolivia no es la excepción. Durante las elecciones
nacionales de junio del 2002, los partidos políticos disputaron
la preferencia ciudadana apelando a ofertas dirigidas a modificar esta realidad. Como en ninguna otra elección, la seguridad
ciudadana y la reforma policial ocuparon un renglón importante en los programas partidarios y el debate público.
El aumento en las tasas de homicidio, de delincuencia y de
crimen está provocando un gran malestar social. Contribuye a
este fenómeno el caótico crecimiento urbano, el masivo desempleo y las precarias condiciones laborales. Los efectos de la
pobreza impactan en la migración y calidad de vida, fracturan
la unidad familiar y socavan el imaginario de comunidad. Junto
a los problemas de orden social, cultural y económico se ha
hecho evidente la existencia de severas limitaciones estatales
para controlar la ola de violencia y criminalidad: concepciones
de seguridad no democráticas, política penal inadecuada, ausencia de estrategias preventivas y modelos de trabajo y organización policial agotados.
La policía es una de las instituciones modernas más importantes; contribuye a la seguridad de los ciudadanos, a la
sostenibilidad y garantía del orden democrático y al cumplimiento del imperio de la ley. No obstante su amplio campo de
responsabilidad y trabajo cotidiano, es una institución poco
conocida y además estigmatizada por la sociedad. Históricamente ha sido considerada como herramienta coercitiva, subordinada a intereses políticos. Todos los regímenes gubernamentales han empleado la coerción policial para distintos fines,
particularmente para controlar las amenazas contingentes disuadiendo a la oposición o a grupos que real o aparentemente
amenazaban quebrar el orden público. El control del delito ha
sido una tarea subsidiaria llevada a cabo sin la suficiente integración policial a las instituciones que conforman el sistema de
justicia penal.
Actualmente la policía enfrenta deficiencias estructurales que
han derivado en una profunda crisis de autoridad estatal, un
LA POLICÍA ES
UNA DE LAS
INSTITUCIONES
MODERNAS MÁS
IMPORTANTES;
CONTRIBUYE A
LA SEGURIDAD
DE LOS
CIUDADANOS,
A LA
SOSTENIBILIDAD
Y GARANTÍA DEL
ORDEN
DEMOCRÁTICO Y
AL CUMPLIMIENTO DEL
IMPERIO DE LA
LEY.
5
liderazgo político errático y un débil ejercicio de mando sobre
un cuerpo policial hostigado por diversos problemas y fragmentado en su unidad. Más de dos décadas de manipulación
política dieron lugar a una inercia crónica y a su desinstitucionalización. La crisis policial refleja objetivamente la crisis del
Estado y sus tradicionales formas de legitimación. Junto a los
partidos políticos y al gobierno, la policía ocupa en las encuestas el nivel histórico más bajo de confianza pública.
La institución encarna el deterioro de la imagen de autoridad
estatal que se agudiza por factores internos y externos. Los
factores internos tienen que ver con las recurrentes denuncias
de corrupción, la permanente inestabilidad del mando, la frustración profesional acumulada y la escasez de recursos públicos para cumplir razonablemente sus funciones. Los factores
externos tienen relación con la crisis de representación política, corrupción pública, presiones e interferencias partidarias,
y con la ausencia de una política de modernización policial y
de coordinación e integración a procedimientos eficaces entre
sistema judicial y policía. La inexistencia de una política criminal y de seguridad ciudadana perturba aún más este panorama.
Esta situación socava la confianza en la ley, introduce incertidumbre y temor en la comunidad, además de alentar la ruptura del pacto social.
El desgobierno policial constituye una amenaza tangible al
orden democrático y al imperio del derecho. Restablecer el
orden y la autoridad estatal sobre la policía es una tarea democrática inexcusable que exige un elevado compromiso ético,
la reforma de la cultura política y una renovada visión estatal
de parte del gobierno, los partidos y la sociedad sobre la
problemática de la seguridad pública y las instituciones que la
sustentan. Un régimen democrático es incompatible con el
poder discrecional que ejerce este aparato armado puesto que
atenta contra los principios básicos de la gobernabilidad.
Las ilegales expresiones deliberativas de abril del 2000 y febrero del 2003, los vínculos delictivos entre segmentos corporativos con el crimen organizado y la autonomía con la que se
administra y gobierna la policía, constituyen los escenarios más
críticos y a la vez los más complejos que deberían motivar un
acuerdo nacional para impulsar su modernización e
institucionalidad.
A pesar de constituir una institución fundamental para la
democracia y el Estado de Derecho, la policía no goza de un
6
real estatuto estatal ni de reconocimiento y legitimidad pública.
Contrariamente, la instrumentalización política y el margen de
autonomía discrecional con el que actúa la sitúa en el centro
de la crítica social. El propósito de la presente investigación es
tratar de explicar las causas de la crisis de institucionalidad en
la que la policía se encuentra sumida desde el retorno a la
democracia.
2. ESTADO DEL ARTE
Hasta hace poco tiempo, las ciencias sociales mantuvieron
una prudente distancia respecto a las organizaciones estatales
de la seguridad; sin embargo, esto no impidió que se produjeran calificados trabajos académicos al respecto. Como objetos
de estudio y desde la perspectiva epistemológica, las Fuerzas
Armadas y la Policía poseen escasa legitimidad debido a su
carácter hermético en la provisión de información relevante
para el análisis social (Bañón y Olmeda, 1985). La mentalidad
militar (Huntington, 1995) y su fuerte herencia depositada en
la cultura policial (Beristaín, 1983), ambas sustentadas en lógicas conservadoras que no resisten la crítica social, hacen poco
seductor el análisis sobre estos cuerpos armados. Un estudioso de la policía sostiene que “pronunciarse sobre este tema
parece incómodo, poco rentable políticamente hablando e incluso mal visto en los medios universitarios” (Rico, 1983).
En general, los estudios sobre la policía expresan tres tendencias predominantes: la primera está basada en el desarrollo de
las teorías sociológicas del comportamiento desviado e inscribe su esfuerzo analítico en el rol de la policía, en su relación
con el Estado y la sociedad y en su función especial dentro del
sistema penal (Schmid, 1996). El núcleo del análisis académico
gira en torno a la cuestión del orden y la ley como condiciones esenciales para la convivencia ciudadana.
La segunda tendencia se concentra en estudios relativos al
funcionamiento y evaluación de modelos plausibles de policía
en correspondencia con procesos de modernización y cambio
social. Se han establecido de manera genérica cinco modelos
policiales: tradicional, racional-burocrático, profesional, comunitario e híbrido (Torrente, 1997). La dinámica y la velocidad con
HASTA HACE
POCO TIEMPO,
LAS CIENCIAS
SOCIALES
MANTUVIERON
UNA PRUDENTE
DISTANCIA
RESPECTO A LAS
ORGANIZACIONES ESTATALES
DE LA SEGURIDAD; SIN
EMBARGO, ESTO
NO IMPIDIÓ QUE
SE PRODUJERAN
CALIFICADOS
TRABAJOS
ACADÉMICOS AL
RESPECTO.
7
la que cambian las sociedades imprimen su ritmo y orientación
a las organizaciones policiales. Algunas de ellas tratan de adaptarse a los nuevos factores de riesgo que surgen de las mutaciones sociales a través de diversas estrategias: unas veces
mediante la incorporación de nuevas tecnologías, cambios en
su organización, modelos de trabajo, nuevos formatos educativos, modificación en su relación con la comunidad o procesos
intensos de investigación preventiva en coordinación con centros académicos universitarios.
Ambas vertientes de estudio han dado un notable impulso a
una voluminosa producción académica en países industrializados.
Superados los escollos institucionales, los esfuerzos se han
concentrado en la investigación multidisciplinaria orientada a
mejorar estándares de eficacia policial apoyados en una mejor
distribución de recursos humanos, capacitación, aplicación de
códigos éticos, empleo intensivo de información y tecnología,
optimización de la planificación científica, controles internos,
investigaciones de campo, respuestas comunitarias eficaces y
políticas de transparencia institucional. El desarrollo de la sociología de la policía ha tenido un repunte histórico significativo. Actualmente constituye una disciplina con una base
etnográfica, histórica, comparativa y teórica sólida (Torrente,
1997).
Durante las dos últimas décadas los temas que concentraron
los mayores esfuerzos analíticos fueron la discrecionalidad
policial, la relación de la policía con la comunidad, el rol de las
instituciones de control social, el poder corporativo, profesión,
reclutamiento, organización, valores y relaciones institucionales
(Rico, 1983). No ha cesado hasta hoy el vigoroso debate acerca del rol y las funciones policiales en correspondencia con la
complejidad que está alcanzando la dimensión contemporánea
del delito y el crimen organizado transnacional. Esta rica tradición académica ha contribuido a diseñar modelos de policía
que reflejan una combinación de variables sociales, económicas, políticas y organizacionales que explican la realidad particular. A su vez, los modelos policiales expresan determinadas
concepciones de orden, estilo de trabajo, relaciones políticas,
sociales e institucionales.
Son clásicos los trabajos que enfocan su atención en los
modelos y perspectivas futuras de la policía en sociedades
8
altamente desarrolladas donde su función tradicional está siendo absorbida gradualmente por distintas agencias estatales y
privadas (Bayley, 1994). La adaptación de la policía a demandas
sociales también ha merecido un trabajo académico vigoroso
(Goldstein, 1998). Actualmente se debaten nuevas teorías sobre la administración policial asociadas al uso de tecnología,
novedosas formas de vinculación con la comunidad y caminos
alternativos de justicia que buscan minimizar la punición estatal sobre el comportamiento social desviado (Vera Institute:
1999-2001). Últimamente han surgido corrientes de investigación menos proclives a garantizar valores democráticos y cuyas teorías postulan la aplicación de “mano dura”. Frente a la
flexibilización de los sistemas penales se intenta introducir
mecanismos punitivos radicales amparados en el enfoque de la
“tolerancia cero” (Bratton, 1998).
La tercera tendencia, surgida durante la última década, está
orientada a identificar los principales rasgos del comportamiento y el poder institucional de la policía en regímenes de
transición y consolidación democrática (Domínguez, 1998,
Duce y Gonzales, 1998). Los estudios han hecho énfasis en
el impacto del trabajo policial sobre el Estado de Derecho
(CAJ, 1998,2000,2001), la violencia institucional, el abuso contra
sectores vulnerables y la violación de los derechos humanos
(CELS 1998-2000, Chevigny, P.:2002) además de en las distintas
expresiones de control civil con arreglo al desarrollo democrático (Fruhling: 2001, WOLA, 2002). Esfuerzos no menos significativos han concentrado su análisis sobre los procesos de
modernización policial durante los últimos años. En esta tercera tendencia se inscriben los estudios sobre la policía en América
Latina. Por cierto, la violencia institucional y social, la crisis de
seguridad ciudadana y el crimen organizado transnacional fueron los detonantes que estimularon los estudios sobre la policía
en la región.
El común denominador de los estudios interdisciplinarios sobre la policía da cuenta de sus anomalías organizacionales, su
cultura autoritaria, la politización, la corrupción, el abuso de
poder y la informalidad en los métodos de trabajo (Vallespir,
2002, Dutil y Ragendorfer, 1997, Ragendorfer, 2002). Además,
se hace énfasis en el clima organizacional en el que se desenvuelve la policía en la región: crítica inercia tecnológica, escasos
EL COMÚN
DENOMINADOR
DE LOS
ESTUDIOS
INTERDISCIPLINARIOS SOBRE LA
POLICÍA DA
CUENTA DE SUS
ANOMALÍAS
ORGANIZACIONALES, SU CULTURA
AUTORITARIA, LA
POLITIZACIÓN,
LA CORRUPCIÓN,
EL ABUSO DE
PODER Y LA
INFORMALIDAD
EN LOS
MÉTODOS DE
TRABAJO.
9
recursos y burocracia militarizada (Chevigny, 1995) No obstante, los estudios sobre las relaciones institucionales entre policía y gobierno, parlamento, sociedad y medios de comunicación en democracia y en sociedades culturalmente heterogéneas
como la nuestra, no han sido abordados con el mismo interés.
Esta situación es comprensible toda vez que la ciencia política
recién empieza a incursionar en este campo.
La presente investigación hace énfasis, desde la perspectiva
institucional, en el análisis de la política policial que ha caracterizado a los gobiernos durante los últimos 20 años de democracia y su impacto tanto en la organización policial como
en la relación policía-sociedad. Uno de los pocos estudios con
un enfoque similar al seguido por este proyecto de investigación da cuenta de una constante: la inadecuada comprensión
del sistema político acerca de los asuntos de la seguridad y su
falta de voluntad para realizar cambios en la policía, después de
largos períodos autoritarios, provoca significativos daños a la
democracia, al Estado de Derecho y a la sociedad (Saín, 2002).
Al respecto, tres problemas dominan la gestión policial. En
primer lugar, una suerte de complicidad histórica acumulada y
de larga duración entre poder político y policía conspira contra el orden constitucional. Policías y políticos se protegen
ante la ilicitud, el abuso de poder y la violación de los derechos humanos. Segundo, los efectos derivados de esta suerte
de reciprocidad perversa asfixian la posibilidad de mejorar la
situación de la seguridad ciudadana. Consecuentemente, ello
desencadena sentimientos de frustración social que se estrellan contra el prestigio policial, disminuye el compromiso cívico
ante los valores democráticos y la comunidad tiende a demandar acciones gubernamentales duras sin importar la observancia de la ley.
Asumimos que la crisis policial constituye una expresión de
la pérdida de autoridad y legitimidad estatal a partir de la
explícita debilidad gubernamental para someter a esta institución a valores democráticos y a la legalidad vigente. Durante
estas dos décadas de continuidad constitucional no se ha logrado establecer un patrón de liderazgo político democrático
sobre la policía. Por el contrario, presumimos que la relación
entre gobierno e institución del orden ha estado supeditada a
cálculos pragmáticos de corto plazo signados por razonamientos y prácticas informales al amparo de lo que denominamos
10
“liderazgo prebendal”. Los gobiernos, fieles a su tradición
conspirativa tradicional, abdicaron de su responsabilidad de
subordinar política y jurídicamente la policía al Estado de
Derecho otorgando valor predominante al empleo de medios
no formales. Forzados por la necesidad de controlar el orden
público y la estabilidad política —necesarios para materializar
la reforma estatal de signo liberal— privilegiaron la coerción
en desmedro de la concertación siguiendo las pautas de las
dictaduras militares.
Mientras la seguridad interna asociada a la lucha contra el
narcotráfico pasó a primer plano de la preocupación gubernamental, la seguridad de los ciudadanos frente a la delincuencia
se convirtió en un asunto marginal. Por lo mismo, el empleo
continuo de la fuerza frente a la protesta social, el control
policial sobre factores de inestabilidad política y su énfasis en
la lucha contra el narcotráfico exigieron un alto grado de
obediencia y cohesión interna. Paradójicamente, en lugar de
lograr la subordinación constitucional por la vía de la modernización e institucionalización policial, los gobiernos forjaron
lealtades policiales gubernamentales sobre la base de mecanismos éticamente vetados. La subordinación policial fue abonada
mediante el despliegue de dispositivos de mediación clientelar,
concesión de esferas ilegales de autonomía e impunidad frente
a la ilicitud a cambio de facilitar el “orden y buen gobierno
democrático”. El tráfico de influencias, la infidencia, los trabajos
sucios y las interferencias policiales se convirtieron en moneda
corriente y acabaron por desplomar su edificio disciplinario, su
unidad interna y la ética de servicio público.
El pacto de reciprocidad entre élites partidarias y mandos
policiales —que de algún modo prolongan y reproducen el
alcance perverso de los “pactos de gobernabilidad” entre coaliciones de gobierno— se empezó a disolver a partir de la
insostenibilidad del abuso del poder político y la corrupción
policial sometidas a una virulenta crítica social. Por cierto, la
ruptura de la lealtad policial se originó en el eslabón más débil
de la cadena, esto es, entre el personal subalterno de clases y
suboficiales. Estos últimos convirtieron la huelga policial no
sólo en una estrategia de reivindicación de sus derechos sociales sino también en una expresión implícita de protesta
contra el prebendalismo de sus élites corporativas.
11
LA INVESTIGACIÓN “POLICÍA Y
DEMOCRACIA EN
BOLIVIA: UNA
POLÍTICA
INSTITUCIONAL
PENDIENTE” ES
UNA INVESTIGACIÓN PIONERA
ABORDADA
DESDE LA
CIENCIA
POLÍTICA Y LA
SOCIOLOGÍA
ACERCA DE LA
INSTITUCIÓN
POLICIAL.
12
La actual crisis policial es pues producto del agotamiento del
liderazgo prebendal y del pacto perverso de reciprocidad. Este
agotamiento se produce en un momento en el que detonaron
simultáneamente múltiples crisis de naturaleza económica,
política y social. La crisis policial puso al descubierto la fragilidad del edificio democrático y la ilusión de modernidad e
institucionalización. Los márgenes incontrolables de autonomía, deliberación y discreción administrativa otorgados a la
policía durante dos décadas produjeron efectos no deseados
que hoy ponen en riesgo la continuidad del régimen democrático.
3. METODOLOGÍA
Conviene tomar nota que la investigación “Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente” es una investigación pionera abordada desde la ciencia política y la sociología acerca de la institución policial. Por lo mismo, el equipo utilizó gran parte del tiempo disponible en la dificultosa
búsqueda y revisión de fuentes bibliográficas como documentos históricos, memorias institucionales e informes de gestión
para dotarse del mayor soporte empírico posible. El proceso
de investigación hizo énfasis en la metodología cualitativa que
se desarrolló a través de tres estrategias: 1) análisis de documentos, 2) entrevistas a profundidad, 3) trabajo con grupos
focales.
En una primera etapa, el análisis de documentos estuvo basado en la revisión de catálogos bibliográficos relacionados a
la temática policial. Posteriormente se hizo una selección bibliográfica para identificar la producción teórica adecuada a
partir de marcos teóricos y disciplinas académicas requeridas
por la investigación. Finalmente, se estableció la relación del
material bibliográfico con el tema de investigación, Policía y
democracia en Bolivia, que estuvo presente en el desarrollo de
los capítulos programados.
Todo esto tuvo como efecto la generación de conceptos e
hipótesis utilizados como herramientas para la búsqueda de
insumos que se integraron al proceso de investigación. Las
herramientas que se utilizaron en la sistematización de documentos fueron fichas bibliográficas, programáticas y de resumen.
Las entrevistas a profundidad que se realizaron a informantes
claves de la institución policial, y el trabajo con grupos focales
provenientes de sectores de la sociedad que se relacionan con
la policía y a los que se considera “vulnerables”, tuvieron como
objetivo determinar los patrones de comportamiento de la
Policía e identificar las áreas de conflicto que retroalimentan la
imagen institucional en la sociedad.
Los criterios que se utilizaron para llevar a cabo las anteriores estrategias de investigación fueron: 1) recuperación de la
memoria histórica y la producción institucional a través del
ordenamiento y la recopilación de un archivo fotográfico y de
la colección completa de revistas policiales, 2) conocimiento
del contexto histórico, político e institucional, 3) recuperación
de la economía normativa de la policía, 4) análisis del desarrollo de la organización policial en contextos de crisis y estabilidad institucional, 5) reconstrucción del discurso institucional
identificando episodios institucionales claves, 6) identificación
de la gestión y características de mando respecto al desarrollo
de la institución, 7) identificación de la gestión política y racionalidad del gasto en seguridad pública en distintos períodos de
tiempo, 8) caracterización del liderazgo político sobre la institución policial en democracia, 9) determinación de las áreas,
frecuencia e incidencia de la corrupción policial, 10) identificación de áreas de mayor vulneración de derechos humanos en
democracia, 11) seguimiento a las condiciones, calidad de vida
y riesgo laboral de la institución a través del archivo
hemerográfico.
Durante el proceso de investigación se utilizaron fuentes
primarias y secundarias. Las fuentes primarias utilizadas fueron
las memorias institucionales, catálogos reglamentarios de la
policía, presupuesto policial, informes institucionales; todo esto
comprendido en el periodo de estudio. El equipo trabajó en el
diseño de las bases de datos de presupuesto y organización
policial.
Las fuentes secundarias utilizadas fueron material bibliográfico vinculado a los siguientes temas: Estado de Derecho, democracia, gobernabilidad, institucionalización e historia policial,
desarrollo organizativo, cultura corporativa, ciudadanía y seguridad pública. El archivo hemerográfico debidamente organizado permitió hacer seguimiento al comportamiento político y
policial, así como al marco normativo.
13
La investigación se desarrolló en tres etapas. La primera etapa consistió en el proceso de recolección de datos que se hizo
de manera exploratoria/descriptiva en su primera fase. El producto que se obtuvo fue la sistematización de la información
mediante la elaboración de dos matrices globales y varias
parciales:
• La primera matriz fue elaborada a partir del procesamiento y sistematización de documentación secundaria,
compuesta principalmente de conceptos relacionados con
el tema de investigación, es decir policía y democracia.
• La segunda, elaborada a partir del procesamiento y sistematización de la información documental primaria, de las
entrevistas a profundidad y de los grupos focales.
• Las matrices parciales fueron elaboradas a partir de áreas
temáticas, por ejemplo la relacionada con el número de
ministros de Gobierno y Comandantes en Jefe por gestiones de gobierno, número de planes de seguridad ciudadana, acusaciones de corrupción de los Comandantes
de la Policía y ministros de Gobierno, calidad de vida de
los policías, etc.
La segunda etapa tuvo un carácter explicativo/analítico que
estuvo basado en el análisis de las matrices elaboradas en la
parte anterior, siguiendo los siguientes pasos lógicos:
• Interpretación de los datos recogidos en cada segmento
de las matrices.
• Búsqueda de correlación de variables.
• Análisis Diacrónico de los indicadores por gestiones de
gobierno y Sincrónico de acuerdo a sucesos relevantes
de la Policía en Democracia.
• Proceso Inductivo de investigación.
Finalmente, en la tercera etapa se dio paso a la interpretación
de los datos a partir de la discusión de los resultados del
trabajo de campo con el marco teórico. Esta última etapa tuvo
como objetivo la elaboración del Informe Final de la investigación.
14
4. HALLAZGOS
Las funciones primarias de la institución policial en una sociedad democrática son garantizar el cumplimiento de la ley,
conservar la paz social en el marco de la justicia y proteger,
previniendo e investigando, la seguridad de los ciudadanos,
además de cumplir y someterse a la ley que pretende aplicar.
Si bien es cierto que estas funciones están formalmente
explicitadas, la realidad muestra que la policía no tiene ni la
organización, liderazgo, recursos ni condiciones normativas,
éticas ni profesionales para cumplir satisfactoriamente estos
mandatos. Por el contrario, las elude y transgrede recurrentemente. Los hechos que se ocurren cotidianamente en torno
a las funciones policiales formales reiteran, casi con empecinamiento, que la policía no previene adecuadamente el delito,
tampoco garantiza los derechos ciudadanos ni contribuye a
restablecer la paz social a través de la estricta aplicación de la
ley.
A diferencia de la aplicación relativamente exitosa de procesos de institucionalidad en algunas áreas estatales, los gobiernos democráticos dejaron vacante un sector esencial para la
construcción y fortalecimiento de la democracia: la seguridad
ciudadana y la función policial sometida al Estado de Derecho.
La ausencia de una Política de Estado en materia de criminalidad y seguridad pública, el vacío jurídico para el cumplimiento
de las funciones policiales en democracia, la concepción todavía autoritaria de la seguridad así como la imposición de un
patrón de liderazgo no democrático, mas bien predominantemente informal, han producido, entre otras cosas, dos resultados negativos: en primer lugar, la priorización gubernamental
en el uso de medios político-policiales sobre los fines constitucionales en materia de seguridad pública. El resultado no
puede ser otro que la suspensión o transgresión continua de
los derechos constitucionales de los ciudadanos. Durante todo
el período democrático, en el país se impuso una lógica represiva predominante en la gestión y resolución de conflictos
sociales que privilegió el uso de la fuerza pública.
La expansión, frecuencia e intensificación del uso de la fuerza
pública en tareas de control y represión de la protesta social
constituyó uno de los ejes gravitantes de la política de segu-
A DIFERENCIA DE
LA APLICACIÓN
RELATIVAMENTE
EXITOSA DE
PROCESOS DE
INSTITUCIONALIDAD EN
ALGUNAS ÁREAS
ESTATALES, LOS
GOBIERNOS
DEMOCRÁTICOS
DEJARON
VACANTE UN
SECTOR
ESENCIAL PARA
LA CONSTRUCCIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA: LA
SEGURIDAD
CIUDADANA Y LA
FUNCIÓN
POLICIAL
SOMETIDA AL
ESTADO DE
DERECHO.
15
ridad pública. Consecuentemente, se descuidó la seguridad
ciudadana que se convirtió en un asunto marginal hasta que
derivó en un problema político. Esta realidad advierte que en
democracia no se ha logrado modificar el comportamiento
estatal en materia de política de seguridad pública y tampoco
transformar el uso instrumental de la burocracia armada que
se creía superado con el fin del ciclo autoritario. En este contexto, las políticas policiales tuvieron como objetivo predominante garantizar la lealtad corporativa al régimen gubernamental y potenciar la capacidad represiva del Estado en desmedro
de funciones preventivas dirigidas a proteger la vida y seguridad de los ciudadanos.
La ineficacia policial para prevenir, disuadir y reprimir el delito es una consecuencia de la primacía estatista e instrumental
de seguridad que ha dejado inerme a la sociedad frente al
emergente panorama de riesgo y amenaza. El recurrente fracaso de los planes de seguridad ciudadana aplicados hasta hoy
refleja la asimetría e inconsistencia entre la dimensión que ha
alcanzado la inseguridad ciudadana y la rigidez y falta de voluntad gubernamental para modernizar las instituciones de la fuerza pública.
Ante la imposibilidad de institucionalizar la política de seguridad pública, que a su vez exigía la modernización de la fuerza
pública y su adecuación al Estado de Derecho, los gobiernos
prefirieron administrar, subordinar y gestionar la política policial sobre la base de la aplicación de estrategias informales.
Consideraron mucho más rentable y menos oneroso lograr la
subordinación y lealtad de la fuerza pública apelando a prebendas, privilegios y prerrogativas que concertando políticamente
el diseño de una política de seguridad democrática. El
clientelismo policial fue una de las herramientas más eficaces
de esta política patrimonial. La tolerancia y permisividad de
prácticas ilícitas, arbitrarias y deliberativas formaron parte del
blindaje de tolerancia e impunidad otorgado a la policía. El
predominio de este patrón de relación motivó el fracaso de
varias iniciativas de reforma policial en estos 20 años de democracia.
La configuración pragmática del liderazgo prebendal impuesto
sobre la policía produjo severos daños al orden institucional.
La falta de un liderazgo democrático con capacidad de impulsar la modernización institucional facilitó la acumulación de
16
expresiones deliberativas y sediciosas que afectan severamente
la democracia. La cesión de amplias prerrogativas en el marco
de su Ley Orgánica, que contradice la propia Constitución
Política del Estado, así como la vacancia de normas para limitar
el poder policial, se acompañó de una precaria capacidad de
fiscalización, control e iniciativa parlamentaria. Por otra parte,
la compleja mezcla del poder deliberante del mando policial, su
subordinación política y la indiscriminada autonomía administrativa, impidieron llevar a cabo reformas coherentes en el
cuerpo policial. En este contexto, la inestabilidad burocrática
se convirtió en un arma de doble filo. La continua rotación de
mandos trató de regular la lealtad policial pero al mismo tiempo fue un obstáculo para ejercer plena autoridad política.
En suma, hasta hoy no ha sido posible forjar una política
gubernamental, peor aún, una política estatal, capaz de lograr
la subordinación policial al orden constitucional. Ninguno de
los seis gobiernos elegidos democráticamente buscó establecer condiciones plausibles para que la institución policial desempeñara sus funciones en el marco de un régimen democrático. Contrariamente, las relaciones civiles-policiales se
retroalimentaron negativamente de los efectos que produjeron
los pactos de gobernabilidad aplicados en otras esferas del
gobierno. Estos pactos, estructurados desde 1985, en lugar de
concertar una agenda de reforma y modernización policial
prolongaron sus efectos perversos —clientelismo, prebendas e
impunidad— a la relación gobierno-policía. En este contexto
se gestaron las crisis de institucionalidad. Consecuentemente,
se introdujo una suerte de reciprocidad informal que además
de crear esferas de impunidad, incentivó la búsqueda de beneficios mutuos. Este pacto fue gestionado al amparo de un patrón
que denominamos “liderazgo prebendal”.
Bajo este patrón de liderazgo los gobiernos desarrollaron
una política de seguridad con perfil regresivo, atentatorio y
transgresor de los derechos humanos lo que permitió una
suerte de “estabilidad gubernamental negativa” en la que los
conflictos sociales fueron aplacados y disueltos mediante el
predominio de la violencia institucional sobre el diálogo y la
concertación política. Por otra parte, la conservación de la
“estabilidad gubernamental negativa” permitió a la policía obtener beneficios corporativos. Además de afirmarse los márgenes de arbitrariedad logrados en el pasado dictatorial, en de-
HASTA HOY NO
HA SIDO
POSIBLE FORJAR
UNA POLÍTICA
GUBERNAMENTAL, PEOR AÚN,
UNA POLÍTICA
ESTATAL, CAPAZ
DE LOGRAR LA
SUBORDINACIÓN POLICIAL
AL ORDEN
CONSTITUCIONAL.
17
mocracia se amplió aún más la concesión de mecanismos
prebendales, privilegios y prerrogativas que trastocaron el orden
institucional.
La ausencia de una política de subordinación de la institución
policial al Estado de Derecho, que debiera estar apoyada en
procesos de modernización, juridicidad y profesionalización,
obedeció, entre otras razones, a una lógica política instrumental de la fuerza pública. Se convirtió a la policía en una herramienta coercitiva militarizada para garantizar el control social
y la estabilidad política en un contexto de implementación de
un nuevo modelo económico con características liberales.
Complementariamente, la política de seguridad interna, dirigida
a disuadir y neutralizar la amenaza del narcotráfico, que sustituyó a la hipótesis de amenaza interna sustentada en la lucha
contra el comunismo, introdujo distorsiones en su organización, doctrina, empleo de recursos y dependencia institucional.
Consecuentemente, los gobiernos democráticos, además de
postergar la reforma policial, reprodujeron concepciones de
seguridad, liderazgo y administración de la fuerza pública, semejantes a las que imperaron durante la dictadura militar.
A lo largo del trabajo se hace énfasis en las deficiencias
institucionales que caracterizaron el liderazgo político en torno a la gestión, administración y política policial así como sus
consecuencias para la democracia y la seguridad. Este patrón
de liderazgo político, que a su turno configuró una política
regresiva de seguridad interna, produjo distorsiones y anomalías en tres dimensiones: 1) relaciones político-policiales, 2) diseño conceptual de la seguridad, función y modelo policial, 3) vínculo entre Policía y sociedad.
En el primer caso, el resultado fue el predominio de la informalidad sobre las normas institucionales, agudizado por la
ausencia de juridicidad. La falta de normatividad para definir
fronteras funcionales y subordinar la conducta policial al Estado de Derecho consagra la arbitrariedad. La politización de las
élites corporativas así como la distorsión de la carrera policial
alentada por compromisos políticos echa por tierra la ética
profesional. La mayor expresión de esta relación anómala reside en la impunidad policial que gira en torno a la corrupción,
violación a los derechos humanos y uso discrecional de recursos, amparados no sólo en la protección oficial sino también
en la supremacía de códigos de trabajo informales ajenos al
18
Estado de Derecho. La atomización policial, esto es, la coexistencia de organizaciones de policías con intereses heterogéneos,
refleja la ausencia real de un mando único pero al mismo
tiempo la preeminencia de funciones policiales que socavan la
función y el concepto de la seguridad como bien público.
A la ausencia de liderazgo político se suma el liderazgo patrimonial de mandos policiales en cuya lógica de poder gravita
la disponibilidad de bienes públicos como prolongación de
intereses privados. En este contexto, el discurso corporativo
que apela a códigos de unidad frente a potenciales amenazas
extrainstitucionales resulta funcional al abuso, discriminación,
racismo y explotación laboral. No otra cosa explica el potencial deliberativo subalterno que encarna reinvindicaciones no
sólo patronales sino también derechos profesionales, sociales
y económicos. Además de expresar disconformidad con el abuso
del poder político, la deliberación policial implícitamente interpela las formas de abuso intrajerárquicas.
En el segundo caso, los resultados manifiestan la construcción
de una lógica de seguridad policial en la que prima el orden
sobre la ley, la militarización sobre la especificidad policial, la
burocratización sobre estándares de eficiencia y las asimetrías
entre medios y fines organizacionales alentados por la discreción corporativa y la falta de control civil democrático. Destaca en este ámbito la obsolescencia y agotamiento del modelo de seguridad pública que sustenta la organización policial. Se
demuestra que las políticas de seguridad ciudadana, además de
inadecuadas, discurren paralelas al agotamiento de un modelo
de organización y trabajo policial ineficaz para enfrentar el
complejo y dilatado panorama de inseguridad ciudadana.
Actualmente, el clima de inseguridad está agudizado por factores de crisis no sólo económica, política, social y cultural
sino también por los efectos que produce la transnacionalización
del crimen frente a la erosión de la soberanía estatal y sus
deficiencias estructurales para ejercer autoridad nacional. Forma parte del agotamiento del modelo policial la inadecuada
gestión, financiamiento, distribución y administración de recursos económicos provenientes del tesoro público. Queda claro
que el actual modelo policial se corresponde con una estructura presupuestaria rígida que convierte al cuerpo policial en
una fuente de empleo más que en una función institucional. La
inadecuada distribución territorial de la policía, la centraliza-
EL CLIMA DE
INSEGURIDAD
ESTÁ
AGUDIZADO
POR FACTORES
DE CRISIS NO
SÓLO ECONÓMICA, POLÍTICA,
SOCIAL Y
CULTURAL SINO
TAMBIÉN POR
LOS EFECTOS
QUE PRODUCE
LA
TRANSNACIONALIZACIÓN DEL
CRIMEN FRENTE
A LA EROSIÓN
DE LA
SOBERANÍA
ESTATAL.
19
ción y la inercia burocrática que caracterizan su trabajo comprometen la seguridad de los ciudadanos. De igual forma, la
inequidad en la distribución de responsabilidades operativas y
administrativas entre su personal así como las prioridades de
seguridad desvinculadas de las necesidades ciudadanas interfieren su desempeño institucional.
La carencia de recursos económicos es dramática como lo es
la falta de condiciones para la planificación y reforma del trabajo policial. No obstante, el discurso de la precariedad de
recursos contrasta con las múltiples formas de recaudación
que efectúa la policía. Las “recaudaciones paralelas” constituyen el centro de gravedad de la autonomía administrativa, el
campo de mayor preocupación de la burocracia y el mayor
escenario de discrecionalidad que facilita la corrupción del
mando policial.
Finalmente, los márgenes de autonomía discrecional en los
que se movió la policía durante los últimos 20 años impidieron
construir un nuevo pacto cívico-policial de naturaleza democrática. La policía no se logró integrar a la sociedad para satisfacer sus necesidades de seguridad. Por el contrario, en la
medida en que fue funcional al poder político, la brecha con la
sociedad tendió a profundizarse. La institución policial enfrentó una constante campaña de desprestigio y erosión de su
imagen pública debido fundamentalmente al despliegue coercitivo frente a la protesta social pero también asimiló el
cuestionamiento público debido a los innumerables casos de
corrupción, abuso de poder e impunidad. Las promesas de
reforma policial incumplidas así como los intentos fallidos para
mejorar la seguridad erosionaron aún más la relación sociedad-policía. Actualmente, la institución goza del más bajo nivel
de credibilidad ciudadana en un momento en el que la sociedad exige su mayor apoyo, eficacia y competencia profesional.
La investigación demuestra que la actual crisis de legitimidad
policial y de confianza ciudadana se retroalimenta de percepciones y visiones sociales y policiales divergentes. Desde el
lado de la sociedad, influyen tres factores concurrentes: 1) una
conflictiva, histórica e inacabada relación con la policía, 2) la
poderosa influencia que ejercen hoy los medios de comunicación, 3) las experiencias personales. Por su parte, la policía
construye una percepción corporativa ajena a valores democráticos y poco compatible con las exigencias del cambio so20
cial. El aislamiento policial de la sociedad se explica por los
rasgos heredados del pasado, por la mentalidad conservadora
difundida en distintos ámbitos educativos cerrados y por los
efectos negativos que produce la economía corporativa cotidiana, el secretismo militar y la lógica de tutelaje social.
El divorcio entre policía y sociedad limita la posibilidad de
acceder y ejercer derechos ciudadanos como la seguridad.
Disuelve el concepto de seguridad como un bien público en la
medida en que se da paso a su privatización, alentada por la
propia policía desde principios de la década de los 80. Al mismo tiempo, el fenómeno de la privatización de la seguridad
debilita los lazos sociales debido no sólo a su acceso privilegiado sino también a la expansión de un clima de sospecha e
incertidumbre entre ciudadanos en diversos espacios públicos.
La investigación asume que la crisis policial no constituye un
fenómeno actual producido únicamente por el déficit de
institucionalidad democrática. Por el contrario, se subraya que
ésta es una crisis constante que expresa la acumulación de
problemas irresueltos a lo largo de la vida republicana. En este
sentido, el trabajo reconstruye, desde una perspectiva histórica, los momentos de crisis policial y los intentos de resolución
a lo largo del siglo XX.
El análisis de cuatro ciclos históricos, 1900-1937, 1937-1952,
1952-1964 y 1964-1982, permite identificar aquellos factores
comunes anómalos que pervivieron a lo largo del tiempo y
que hoy expresan la crisis policial en el país. Entre ellos se
pueden citar los siguientes: 1) manifiesto desinterés de los
gobiernos por el diseño de políticas de seguridad democrática
con apego al orden constitucional, 2) uso de la policía como
instrumento político represivo con graves efectos para la democracia, la estabilidad política y la cultura de la paz, 3) militarización policial y dislocamiento de su rol constitutivo lo que
ha resultado atentatorio a las libertades y derechos ciudadanos, 4) politización que provoca marginamiento policial de la
vida institucional y de la sociedad, 5) configuración de pactos
de reciprocidad entre poder político y policía sustentado en
lógicas prebendales e impunidad, 7) vacancia de liderazgo político civil orientado a promover reformas institucionales y
éticas, 8) desarrollo del espíritu de cuerpo policial basado en
la primacía corporativa sobre la ley y la defensa de los derechos ciudadanos.
LA INVESTIGACIÓN ASUME
QUE LA CRISIS
POLICIAL NO
CONSTITUYE UN
FENÓMENO
ACTUAL
PRODUCIDO
ÚNICAMENTE
POR EL DÉFICIT
DE
INSTITUCIONALIDAD
DEMOCRÁTICA.
POR EL
CONTRARIO, SE
SUBRAYA QUE
ÉSTA ES UNA
CRISIS
CONSTANTE
QUE EXPRESA
LA ACUMULACIÓN DE
PROBLEMAS
IRRESUELTOS.
21
5. SUGERENCIAS PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
NINGUNA
REFORMA DE
ESTADO PUEDE
MATERIALIZARSE MIENTRAS
NO SE LOGRE
UNA AMPLIA Y
CONCERTADA
ARTICULACIÓN
DE VOLUNTADES
POLÍTICAS,
INSTITUCIONALES
Y SOCIALES. UN
ACUERDO
SUPRAPARTIDARIO
ES NECESARIO
PERO NUNCA
SUFICIENTE SI
LA SOCIEDAD
CIVIL NO
PARTICIPA
ACTIVAMENTE
EN EL CONTROL
DE LAS METAS,
RESULTADOS Y
PROCESOS.
22
La policía es una de las instituciones más importantes del
Estado. Formalmente, garantiza y contribuye al imperio de la
ley, conserva el orden público y protege la seguridad de las
personas. Sin embargo, dadas las actuales condiciones en las
que se encuentra representa un verdadero riesgo para la continuidad democrática, una amenaza al Estado de Derecho y un
factor de agregación a las críticas condiciones de inseguridad
que viven los ciudadanos.
La crisis policial expresa la crisis de autoridad estatal y la
pérdida del control del monopolio legítimo de la fuerza pública. Por lo mismo, una de las tareas inmediatas del poder público reside en restablecer la autoridad y juridicidad estatal
sobre esta institución. Es imposible superar las actuales condiciones de inseguridad ciudadana y el latente riesgo de sedición
corporativa mientras no se logre concertar una profunda transformación institucional. Su autonomía deliberativa, discreción
administrativa e ineficacia es incompatible con los valores
democráticos. Restablecer la lealtad constitucional al Estado y
la responsabilidad cívica de la policía con los ciudadanos constituye otro imperativo impostergable.
Las reformas policiales son procesos de largo aliento y debe
tomarse en cuenta que éstos ofrecen tenaz resistencia al cambio. Ninguna reforma de Estado puede materializarse mientras
no se logre una amplia y concertada articulación de voluntades
políticas, institucionales y sociales. Un acuerdo suprapartidario
es necesario pero nunca suficiente si la sociedad civil no participa activamente en el control de las metas, resultados y
procesos. La reforma policial debe llevarse a cabo en el marco
del diseño de la Política de Seguridad como una Política de
Estado coherente con los principios de la Política Criminal que
también hace falta trabajar en el país.
La institucionalización de la Política de Seguridad y el papel
de la policía en este campo debe atender la dinámica compleja
del contexto internacional y la adecuación de la capacidad del
Estado a los factores de riesgo y amenaza interna e internacional. Por lo mismo, la cooperación internacional y la vincu-
lación proactiva, transparente y democrática de la seguridad
debe ser objeto central de valoración toda vez que su complejidad exige una policía adaptada a los desafíos de la tecnología y a estrategias variables y multidimensionales de la criminalidad organizada transnacional. Por ello, es imperioso forjar
un concepto estatal de seguridad pública fundado en valores
democráticos que limite la primacía e interferencia de intereses ajenos a la soberanía nacional. Forma parte de la definición
estatal de la seguridad pública el imperativo filosófico, político
y conceptual de la seguridad como Bien Público.
Tomando en cuenta lo anterior, las tareas más urgentes que
se deben llevar a cabo debieran orientarse a lograr la
institucionalización a través de la subordinación real y efectiva
de la conducta, roles y funciones policiales al imperio de la ley.
Una nueva economía jurídica debe dar paso a una nueva policía. No solamente privilegiar la subordinación policial sino
también activar derechos constitucionales hipotecados por la
disciplina y el verticalismo secante. En correspondencia con la
centralidad de la autoridad estatal se debe desterrar la ambigüedad conflictiva entre liderazgo político y mando policial. La
policía es una institución que le debe obediencia a la autoridad
legítimamente elegida y en consecuencia debe estar subordinada a ella a través de una estructura vertical, disciplinada y
centralizada. Una segunda tarea reside en eliminar todo vestigio de discrecionalidad administrativa debido a que éste es uno
de los núcleos duros más críticos que promueven la corrupción, la ilicitud y la competencia perversa entre funcionarios
policiales. En tercer lugar, el trabajo legislativo debe concentrarse en normar y circunscribir la actuación policial a las leyes
vigentes además de cumplir su mandato de fiscalización legislativa sin interferencia política. En cuarto lugar, la reforma policial
exige como condición reformas previas en las estructuras de
decisión política en dos dimensiones: 1) la modernización del
Ministerio de Gobierno, que implica el fortalecimiento de capacidades institucionales para la toma de decisiones, prevención, gestión y solución de conflictos y el empleo adecuado y
legal de la fuerza pública, 2) transformar la visión que se tiene
sobre el conflicto y la violencia desde una perspectiva democrática. En quinto lugar, renovar la gestión administrativa y
presupuestaria del sector seguridad a través de políticas de
transparencia, eficacia y eficiencia. Es clave la centralidad admi23
nistrativa así como las fuentes de financiamiento, control y
recaudación de recursos que sustente la organización policial.
Cinco dimensiones deben estar presentes en la política pública respecto a la policía, todas ellas transversales e
interdependientes: institucionalización, administración,
profesionalización, modernización y relación armónica con la
sociedad. La dimensión institucional debe sustentarse en una
nueva economía jurídica, formalización de las relaciones
institucionales entre policía y poderes públicos y una nueva
ética de la función pública policial que rompa con el pasado y
sus expresiones de impunidad. Es ineludible forjar un nuevo
patrón de liderazgo político sobre la policía nutrido de visiones de futuro, despolitizado y exigentes con los desafíos que
tiene el Estado frente a una sociedad atormentada por la inseguridad. La institucionalidad también debe estar orientada a
promover una nueva cultura policial democrática que sustente
firmemente su integración a la sociedad por encima de intereses corporativos y políticos.
La dimensión administrativa es clave para potenciar el desempeño de la institución policial. Desterrar toda interferencia
vinculada a la gestión económica y presupuestaria resulta central para la policía si de verdad se trabaja a favor de la ciudadanía, la transparencia y la lucha contra la corrupción cuyos
efectos perversos están devastando la moral y la cohesión
interna. Urge redefinir políticas de descentralización, planificación y gestión policial fundadas en realidades regionales y locales. Esto a su vez exige nuevas formas de planificación presupuestaria y programación de recursos que sustenten la
modernización y profesionalización a largo plazo.
La racionalización de recursos debe ser compatible con la
reprogramación de cargos, funciones, roles y misiones cada vez
menos abarcadoras y más eficaces montadas en estructuras
tecnológicas sustentables. En el campo de la administración
debe caber una nueva estructura de incentivos salariales con
arreglo a los niveles de formación, se debe garantizar la seguridad social, establecer un escalafón único, mejorar la calidad
de vida y fortalecer la carrera administrativa discriminando
personal especializado.
La dimensión de la profesionalización exige renovar la mística
policial basada en una nueva mentalidad del mando y el personal subalterno. El mayor desafío que exige esta hora crítica es
24
recuperar la cohesión interna, el acceso igualitario a las oportunidades educativas que sustentan su profesionalización, implantar un nuevo estilo de liderazgo, motivación y trabajo, y
una nueva ética de servicio público. Cultivar una nueva identidad —orgullo laboral, innovación permanente— y colocar al
ciudadano en el centro de gravedad profesional.
La reafirmación de la identidad policial no tiene que romper
con su pasado histórico; más bien es un desafío para recuperar
el patrimonio olvidado de ese pasado que movilice la subjetividad policial. La profesionalización exige potenciar una nueva
economía moral. Es imprescindible forjar una ética policial basada
en la revalorización de los derechos humanos, el enfoque de
género y la interculturalidad. De igual forma, activar procesos
que contribuyan a luchar, interna y externamente contra el
racismo, la discriminación y el odioso servicio público diferenciado. La policía debe convertirse en un factor de unidad y
cohesión nacional, de vertebración más que de interferencia y
de proyección de la imagen despótica del Estado. De igual
forma, la profesionalización exige incorporar nuevos resortes
motivadores del trabajo centrado en la competencia
cognoscitiva, la promoción accesible, justa y equitativa, la remuneración decorosa y una firme y sostenida especialización
profesional que asegure un desempeño eficaz y garantice la
relación razonable entre costo y beneficio formativo.
La dimensión de la modernización exige una radical transformación de las condiciones de vida, equipamiento, redistribución
y racionalización de recursos humanos y materiales, formas de
planificación integral pero a la vez descentralizadas, sustentadas
en la innovación y el desarrollo tecnológico. Cada una de las
áreas de trabajo policial exige un perfil distinto, pero a la vez
complementario, de dotaciones materiales, económicas, administrativas y tecnológicas, todas ellas orientadas a lograr el
mismo objetivo. La modernización policial es sistémica e integral e incorpora modalidades creativas de trabajo, metodologías
innovadoras y maximización del empleo de la telemática y el
manejo de bases de datos. Asimismo, es urgente modernizar
procesos de investigación en dos niveles: el nivel de la inteligencia criminal interdependiente y subsidiaria a otras expresiones del trabajo de inteligencia y la incorporación de la investigación científica cuyo núcleo de trabajo se concentre en el
análisis y estudio multidisciplinario de la seguridad y sus mutacio25
DESDE LA
PERSPECTIVA
HISTÓRICA
HACE FALTA
LLEVAR A CABO
TRABAJOS QUE
ILUSTREN EL
COMPLEJO
DESARROLLO
POLICIAL EN
DISTINTOS
CICLOS
HISTÓRICOS Y
REGÍMENES
POLÍTICOS.
nes constantes. Una activa interrelación entre expertos civiles
y profesionales policiales es la base de un edificio estatal de
seguridad democrática cuyo desempeño esté abonado por la
eficacia del servicio público más que por la competencia de
funciones o prerrogativas.
Finalmente, trabajar la dimensión vinculante entre policía y
sociedad es determinante para el fortalecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y la afirmación de los derechos
humanos y la ciudadanía. La sociedad espera de la policía un
giro copernicano respecto a su eficacia, rapidez para responder las peticiones de seguridad y auxilio, acceso expedito y
libre de trabas, corrupción o chantaje a sus servicios y firmeza
ante la ley. La policía debe ser una herramienta cotidiana de la
justicia y no su verdugo o tirano. La imagen policial debe renovarse sustantivamente de la mano de los procesos anteriores pero esencialmente de la capacidad civil de las autoridades
para vetar el uso de la pura coerción institucional contra las
legítimas protestas sociales. El policía de la comunidad, del
barrio, del cantón o la provincia es el Estado en su expresión
benigna y favorable que materializa la ciudadanía. En ese sentido, se debe trabajar intensamente en una nueva cultura democrática en la sociedad que valore el trabajo de funcionario
público, el rol de la policía y cultive a su vez los valores que
exige al Estado: tolerancia, justicia, ética, responsabilidad, apoyo
y comprensión.
6. PROPUESTAS PARA
INVESTIGAR
El campo para la investigación sobre la policía ofrece, desde
diversas disciplinas, múltiples y variadas oportunidades. Todos
los esfuerzos que se hagan durante esta década serán insuficientes para compensar el déficit de un conocimiento adecuado acerca de esta importante institución del Estado.
Las líneas de investigación que podrían seguirse en el futuro
son las siguientes:
Desde la perspectiva histórica hace falta llevar a cabo trabajos que ilustren el complejo desarrollo policial en distintos
26
ciclos históricos y regímenes políticos. La historia política de
la policía puede ser analizada a la luz de las debilidades estructurales del Estado y las formas anómalas del empleo de la
fuerza pública. Este campo resulta también fructífero para identificar los momentos claves que explican los múltiples intentos
y procesos de modernización institucional, sus tendencias,
enfoques de reforma así como los actores que lo promovieron. La historia policial ofrece la posibilidad de explorar la
correlación entre la expansión territorial del Estado y la proyección efectiva o precaria de su autoridad. De la misma forma, el desarrollo demográfico que acompaña distintas formas
de organización policial en el complejo y heterogéneo mundo
de las regiones del país. Los datos señalan que existieron varias
policías cuya organización, funciones y prerrogativas sufrieron
variaciones constantes.
Desde la ciencia de la administración pública los estudios
sobre la policía son seductores. Convendría analizar los procesos de reforma burocrática del Estado y su impacto en la
organización y administración policial así como los cambios
producidos en el campo de la centralización o descentralización institucional y sus efectos en la organización policial. La
dependencia de la policía respecto de las autoridades públicas
así como las competencias de autoridad entre la fuerza centrípeta del gobierno central y las tendencias centrífugas de las
autoridades regionales y locales son ilustrativas para determinar la eficacia de la autoridad del Estado a partir de la disciplina y subordinación policial. El análisis del desarrollo
organizacional de la policía y su eficacia a nivel regional podría
muy bien explicar las percepciones e imagen que tiene actualmente la población acerca de esta institución.
La sociología y la ciencia política pueden ser tributarias de los
estudios sobre la trayectoria ideológica y política así como de
los diseños institucionales de la seguridad pública en el país. El
análisis de las políticas de seguridad aplicadas durante cada
cierto tiempo ayudarían a entender las lógicas gubernamentales del empleo de la fuerza pública así como sus objetivos
inmediatos. Es importante identificar los procesos de militarización de la policía y la proyección de su poder coercitivo
frente a los movimientos de protesta social. De igual manera,
el desarrollo de la burocracia policial y la acumulación de
poder político traducido en veto, chantaje o amenaza al orden
legal o ilegalmente establecido.
27
La configuración del poder policial es clave para interpretar
las dificultades y resistencias a la reforma corporativa. El fenómeno de la institucionalización policial a través de indicadores
como la politización, las formas clientelares o estrategias
prebendales son importantes para determinar el grado de ciudadanía de sus miembros o la interferencia ciudadana promovida por liderazgos políticos caudillescos.
El análisis sociológico respecto a las pautas de comportamiento, cohesión interna y valores institucionales es útil para
determinar la persistencia de patrones democráticos o autoritarios en su organización. El poder discrecional de la policía
suele ser un indicador que refleja dichos patrones. Identificar
la lógica de la autoridad y su correspondencia con la legalidad
es importante para determinar el margen de discreción o
arbitrariedad en el que se desenvuelve la institución. Las prácticas de abuso de poder, violación a los derechos humanos,
tortura o detenciones indebidas constituyen un campo de
análisis insoslayable. De igual forma, los estudios sobre la autonomía discrecional respecto al uso, retención o apropiación
de recursos provenientes del Estado y la ciudadanía constituyen un trabajo ineludible para conocer los alcances de la corrupción corporativa. El estudio acerca de la educación policial
y su desarrollo histórico puede contribuir a explicar los fenómenos citados anteriormente.
Desde la sociología de la organización es posible abordar la
profesión policial así como las formas de trabajo y la cultura
institucional. La rasgos de la profesionalización son claves para
interpretar el grado de subordinación institucional al orden
legal, el predominio de liderazgo democrático o autoritario y
su capital corporativo. La relación entre sociedad y policía es
un campo inexplorado, mucho más cuando actualmente los
medios de comunicación poseen un poder clave para socializar
la imagen policial en públicos masivos.
Desde la antropología es fundamental llevar a cabo estudios
sobre las formas estructurales de racismo, discriminación y
exclusión presentes en la historia de la institución policial. Los
análisis sobre el racismo deben orientarse tanto a las relaciones intra-jerárquicas y horizontales dentro de la policía como
fuera de ella. Convendrá plantearse si el racismo constituye
una forma de dominio estatal a través de su instrumento armado, si éste replica las expresiones heteróclitas de la exclu28
sión provenientes de la sociedad o si se presentan combinaciones perversas. Es fundamental explorar la existencia de economías normativas o patrones culturales que pueden o no estimular la integración ciudadana al Estado así como verificar la
fluidez de circulación o interferencia de las identidades étnicas
dentro del cuerpo policial.
El estudio de las políticas públicas dentro de la policía también es un desafío importante para el conocimiento social y
político. Conocer en qué medida la policía constituye una institución integrada al Estado o si opera con una lógica distinta
es esencial para determinar la eficacia del orden institucional.
Diversos estudios históricos demuestran que una de las instituciones que más resiste la implantación de normas y valores
estatales concertados políticamente es la institución policial
puesto que teme perder prerrogativas o privilegios concedidos
a partir de su poder político.
El análisis acerca del enfoque de género en la policía podría
contribuir, desde la ciencia política, la antropología o la sociología, al conocimiento de los procesos de integración de la
mujer al trabajo policial, su aceptación y las formas de rechazo
así como su impacto en este importante ámbito laboral. Por
otra parte, ayudaría a reinterpretar la historia policial
visibilizando los dominios patriarcales en la estructura de la
seguridad.
La ciencia del derecho es una herramienta propicia para el
estudio de la policía. Desde esta perspectiva es posible analizar
la evolución de la economía jurídica del país en correlación
con la adecuación, integración o rechazo del organismo policial
a las reformas penales. De igual forma, estudiar los conflictos
de autoridad y competencia entre jueces, fiscales y policías da
pautas para determinar el desarrollo institucional de la autoridad estatal.
La economía también es una disciplina que podría contribuir
significativamente al conocimiento de la realidad policial. De
hecho, el análisis sobre las formas de planificación, gestión y
programación presupuestaria dan cuenta de la racionalidad
estatal sobre su disponibilidad preventiva o coercitiva. A partir
del estudio del gasto en seguridad y orden público resulta
menos complicado presumir las prioridades gubernamentales
otorgadas a la seguridad del Estado o del ciudadano. De igual
forma, el gasto contribuye a reconstruir la arquitectura
EL ANÁLISIS
ACERCA DEL
ENFOQUE DE
GÉNERO EN LA
POLICÍA PODRÍA
CONTRIBUIR,
DESDE LA
CIENCIA
POLÍTICA, LA
ANTROPOLOGÍA
O LA SOCIOLOGÍA, AL
CONOCIMIENTO
DE LOS
PROCESOS DE
INTEGRACIÓN
DE LA MUJER AL
TRABAJO
POLICIAL.
29
organizacional por períodos de tiempo, concentración de recursos, predominio de fuerzas especializadas o, finalmente, por
la inercia organizacional.
30
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33
Datos de los investigadores
Juan Ramón Quintana es sociólogo, tiene estudios de
maestría en Filosofía y Ciencia Política (UMSA). Autor de
numerosos ensayos y documentos sobre seguridad internacional, política de defensa y policía. Consultor Internacional
en asuntos de Seguridad y Defensa y Policía.
Loreta Tellería Escobar es cientista política, Universidad
Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz - Bolivia. Tiene una
maestría en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos,
Universidad Alberto Hurtado, ILADES, Santiago de Chile, y
cuenta con un diplomado en Gestión Pública, Regional y
Municipal, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile.
Daniel Atahuichi Quispe es licenciado en Economía, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Tiene un postgrado
en Economía de Defensa y seguridad en la Universidad de
Defensa (Washington, EE.UU.). Ha trabajado en el Ministerio
de Defensa como responsable del área de Economía y Defensa.
Rosario Pérez es egresada de la Carrera de Ciencias Políticas, con especialidad en Gestión Pública, Universidad Mayor
de San Andrés. Especialidad en el manejo de archivos
hemerográficos y temas de Defensa y Seguridad Interna.
Asistente de investigación en el Programa Nacional de
Gobernabilidad (Pronagob/BID). Asistente de investigación en
el Área Política de la Unidad de Análisis de Políticas de
Defensa (UDAPDE) del Ministerio de Defensa.
Dilma Isnado Chávez es egresada de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés, con especialidad de manejo de archivos hemerográficos y temas de defensa y seguridad interna. Asistente de investigación del área
Política de la Unidad de Análisis de Políticas de Defensa
(UDAPDE), del Ministerio de Defensa.
Milenka Ramos Ayaviri es egresada de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. Realiza su
34
tesis de licenciatura sobre la institución policial. Es especialista en el manejo de archivos hemerográficos en temas de
defensa y seguridad interna. Asistente de investigación del
área Política de la Unidad de Análisis de Políticas de Defensa
(UDAPDE), del Ministerio de Defensa.
Wilder Chambi Valeriano es egresado de la Carrera de
Ingeniería Electrónica, con especialidad en Sistemas de Computación. Cursos adicionales realizados en: Sistema Operativo Linux, Administración de Base de Datos SQL Server,
Manejo de Base de Datos mediante Visual Basic, Diseño de
Páginas Web con Macromedia Flash MX.
René Pucho Alejo es bachiller, estudiante de Derecho. Asistente y especialista en manejo de archivos hemerográficos,
biblioteca y documentación especializada del proyecto.
35
Anexo 1
Dossier estadístico en
seguridad y orden
público - Policía
37
Introducción
El anexo estadístico "Seguridad Pública y Policía: serie 1990-2001", constituye
parte del sustento empírico y cuantitativo en el que se apoya el proyecto de
investigación "Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente",
auspiciado por el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). Este
documento integra el conjunto de resultados que se obtuvieron a lo largo del
desarrollo de la investigación. También se logró compilar casi toda la colección de
la Revista de la Policía y se digitalizó más de 1.800 fotografías de propiedad del
Museo Histórico de la Policía, junto a otras que se obtuvo del Estudio Fotográfico
Cordero. Algunas de ellas están publicadas en este volumen.
La información estadística que se presenta es un resumen de un documento
mucho más completo titulado "Dossier Estadístico sobre Seguridad, Orden Público
y Policía Nacional, 1900-2001". Este último contiene series estadísticas históricas
desde principios de siglo hasta el presente sobre la evolución del presupuesto
global de seguridad pública, desagregación del gasto por departamentos, gasto per
cápita, desarrollo organizacional, crecimiento poblacional y distribución territorial
de la Policía, además de otras series completas vinculadas a la gestión política,
gobierno y economía normativa.
El presente anexo tiene el objetivo de ilustrar el proceso de elaboración y
construcción de series estadísticas imprescindibles para comprender el desarrollo
institucional de la Policía Nacional desde principios de siglo. Detrás del material
estadístico que se ofrece se debe ponderar el trabajo de identificación y ubicación
de la fuentes documentales, el completamiento de las colecciones oficiales, la
transcripción y sistematización de los datos.
Los investigadores enfrentaron severas dificultades a la hora de contar con
información institucional de la Policía ya que no se dispone de una biblioteca
especializada, archivo histórico, documentos bibliográficos o estudios específicos
relacionados con los temas tratados en nuestro objeto de estudio. La investigación
que abordamos no contó con ningún trabajo previo. Por ello, los resultados que
ofrecemos provienen de un trabajo pionero que esperamos, modestamente, sirva
de apoyo a múltiples esfuerzos academicos en el futuro.
Este documento está dividido en tres partes. La primera parte sustenta
información que corresponde al primer capítulo de la investigación: Relaciones
institucionales: Estado, gobierno y Policía. Los datos muestran el fenómeno de la
inestabilidad política y su impacto en el mando policial. De igual forma, se describe
39
esquemáticamente los proyectos de reestructuración y/o reforma que se propusieron
durante el período democrático. Se acompaña datos ilustrativos acerca de los
cambios de mando y las razones, no siempre institucionales, vinculadas a presuntos
hechos de corrupción, encubrimiento o deficiencia objetiva en el liderazgo
corporativo. La información sistematizada ha sido recogida de 10 medios escritos
de circulación nacional.También se presentan los datos más importantes relacionados
con la economía de la seguridad pública.
La segunda parte del anexo ofrece información relacionada con la organización
y modelo policial que igualmente sustenta el análisis de la segunda parte de la
investigación. Trae consigo importante información estadística comparativa entre
población y efectivos policiales, índices de crecimiento policial y poblacional así
como cuadros esquemáticos de la evolución de la organización institucional. Se
adjunta datos sobre el aumento del delito durante la última década.
La tercera parte del anexo incorpora importante información que nutre el
análisis sobre la relación entre Policía y sociedad en democracia. Las series
estadísticas han sido obtenidas de los reportes periódicos de encuestas, provenientes
de empresas dedicadas al estudio de opinión pública. De igual forma, se ha recogido
información de estudios sobre cultura política democrática en la que se incluyen
datos y series históricas acerca del grado de confianza institucional.
40
Relaciones
institucionales: Estado,
gobierno y Policía
41
CUADRO 1
BOLIVIA: MINISTROS DE GOBIERNO Y COMANDANTES GENERALES DE LA POLICIA NACIONAL
EN DEMOCRACIA, 1982-2003
Dr. Hernan Siles
Zuazo
1982 - 1985
Dr. Victor Paz
Estenssoro
1985 - 1989
Lic. Jaime Paz
Zamora
1989 - 1993
Lic. Gonzalo
Sanchez de
Lozada
1993 - 1997
Gral. (r) Hugo
Banzer Suárez
1997 - 2001
Ing. Jorge Quiroga
2001 - 2002
Lic. Gonzalo
Sanchez de
Lozada 2002-2007
Total
1.- Dr. Mario Roncal Antezana
2.- Dr. Federico Alvarez Plata
3.- Sr. Gustavo Sánchez Salazar
1982
1983
1985
4.- Dr. Federico Kaune Arteaga
5.- Lic. Fernando Bartelemy
1985
1985
6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-
1987
1989
1989
1991
1993
1993
1995
1996
1997
1997
1999
Dr. Juan Carlos Durán Saucedo
Dr. Eduardo Pérez Beltrán
Dr. Guillermo Capobianco
Carlos Saavedra
Marco Antonio Oviedo ai.
Germán Quiroga
Carlos Sánchez Berzain
Víctor Hugo Canelas
Franklin Anaya
Guido Nayar
Walter Guiteras
Guillermo Fortún S.
Leopoldo Fernández
José Luis Lupo
20.- Alberto Gasser
21.- Yerko Kukoc
21 Ministros de Gobierno
2001
2002
2002
2003
1.- Gral. Eddy Cordero Márquez
2- Gral. Mario Terán Lavadenz
3.- Gral. Mario Rada Fernández
4.- Gral. Ivar Guerrero Lema
5.- Gral. Julio Vargas Soto
6.- Gral. Raúl Escobar López
7.- Gral. David Hinojosa
8.- Gral. Mario Molina Herrera
9.- Gral. Felipe Carvajal
10.- Gral. Jaime Céspedes Barrientos
11.- Gral. Luis Prieto Quirós
1982
1983
1984
1985
1985
1987
1987
1987
1989
1989
1992
12.- Gral. Lic. Einar López Flores
13.- Gral. Luis Rocha Martínez
1993
1994
14.- Gral. Willy Arriaza Monje
15.- Gral. Tomas Asturrizaga
16.- Gral. Ivar Narváez
17.- Gral. José Luis Medina
18.- Gral. Roberto Pérez Telleria
19.- Gral. Walter Osinaga
20.- Gral. Walter Carrasco
21.- Gral. Edgar Pardo
1995
1997
1998
1998
2000
2001
2002
2003
21 Comandantes de Policía
Fuente:”Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
GRÁFICO 1
BOLIVIA: MINISTROS DE GOBIERNO Y COMANDANTES GRALES. DE LA POLICÍA NACIONAL, 1982 - 2003
(SEGÚN GOBIERNO)
6
6
5
Número de Ministros de Gob. y Comandantes
Grales. de la Policía Nacional
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
0
Dr. Hernan Siles Zuazo
1982 - 1985
Dr. Victor Paz Estensoro
1985 - 1989
Ministros de Gobierno
Fuente:”Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
Lic. Jaime Paz Zamora
1989 - 1993
Lic. Gonzalo Sánchez
de Lozada
1993 - 1997
Gral. (r) Hugo Banzer Suarez Lic. Gonzalo Sanchez
1997 - 2001
de Lozada
Ing. Jorge Quiroga
2002 - 2007
2001 - 2002
Comandantes Grales. de la Policía
43
• Corrupción en la institución
• Faltas a la moral y a los
reglamentos internos
• Se descubren irregularidades y
maltrato en la granja de
rehabilitación “Los Espejos”
• El poder desmedido que le fue
otorgado a la Policía, posibilitó
que en los centros de
rehabilitación se violen derechos
y garantías de la Constitución y
los diferentes códigos vigentes.
La DEA entrega un listado de
cuarenta policías presuntamente
implicados con el narcotráfico,
adjuntando un prontuario de cada
uno de ellos ante lo cual las
autoridades comenzaron sus
investigaciones.
Caso Panoso
Corrupción
Vínculos con el narcotráfico
Corrupción en los niveles
jerárquicos de la institución.
Ítem fantasmas: policías
fantasmas que cobraban items al
Comando General.
Jaime Paz Zamora
(1989 - 1993)
Guillermo Capobianco
(1989)
Gral. Jaime Céspedes
(1989)
Jaime Paz Zamora
(1989 - 1993)
Carlos Saavedra Bruno
(1991)
Jaime Céspedes
(1992)
Jaime Paz Zamora
(1989 - 1993)
Marco Antonio Oviedo
(1992)
Gonzalo Sánchez de
Lozada
(1993 - 1997)
Germán Quiroga (1993)
Gral. Einar López (1993)
Origen de la
Reforma Policial
Hernán Siles Zuazo
(1982 - 1985)
Mario Roncal Antezana
(1982 - 1983)
Mario Terán Lavadenz
(1983)
Gobierno/ Ministro/
Comandante
44
Cambiar la imagen represiva de la Policía, hacia una que tenga relación
con la Democracia; dividirla en ramas: de Orden y Seguridad, Tránsito e
Investigación.
Reestructuración policial en cuatro puntos:
• Reestructuración Orgánica.
• Formación educativa de los miembros de la policía.
• Descentralización
• Asuntos internos y tratamiento económico.
Se pide al Ejecutivo el incremento de 40 millones de bolivianos al sector
policial, para distribuirlos en sueldos de policías y oficiales que como agentes
del orden se hacen acreedores al ínfimo pago de Bs. 230.
Depuración de 40 policías, el Comandante de la Policía, Gral. Felipe Carvajal,
y el ministro del Interior, Guillermo Capobianco son dados de baja.
• La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados propuso:
• Se deroga la facultad policial para realizar batidas, por tanto toda detención
debe atenerse a la Constitución Política del Estado y cuerpos jurídicos
penales.
• Desaparece la figura de Juez policial
• Se crea la figura del Juez de mínima en lo penal, quien reconocerá y
resolverá las contravenciones.
• La Unidad de Criminalistica no podrá detener sin orden judicial, excepto
en delitos in fraganti. No se interrogara si no hay orden del Juez o del Fiscal.
• Se deberá reglamentar el uso de armas por parte de la Policía.
• Imponer la disciplina para lograr la imagen de honestidad abnegación y
plena autoridad que deben caracterizar a la Policía Nacional
Propuesta
En que derivó
Cambio de Alto Mando. Designación
del Comandante Einar López
Reorganización de organismos
dependientes de la Policía, tales como
Radio Patrullas, Criminalistica y la
Unidad Operativa de Tránsito, por tener
una ligazón directa con la ciudadanía
Cambio del Alto Mando y del Ministro
del Interior
Depuración
Proceso iniciado contra los involucrados
en asesinato, lesiones graves,
vejaciones torturas.
Cnl. Luis Camacho Antezana; Ramón
Toledo; José Terrazas; José Luis
Moreno; Jose Luis Guerra; Carlos
Callizaya; Delfo Ávila; Peter Calle;
Antonio Romero; Cirilo Solís; Juan
Montesino; Julián Yovio Sarataya.
• Depuración
• 21 oficiales y 12 guardias fueron
dados de baja
• varios fueron sometidos a sanciones
disciplinarias
CUADRO 2
BOLIVIA: RESTRUCTURACIÓN DE LA POLÍCIA, 1082 - 2003
Presencia
El Diario / 1993
El Diario
Presencia / 1992
Hoy / 1991
Presencia
Honorable Cámara de Diputados.
Comisión de Derechos Humanos.
“Espejos: El cementerio de los
rehabilitados”. 1989 – 1990 / 1989
Presencia
1983
Fuente/ Año
Depuración: 169 policías fueron
observados, 62 fueron dados de baja y
22 pasaron a la letra “C”.
Cambio de Alto Mando Policial
En proceso
- El Poder Ejecutivo promulga el Decreto Supremo 25477 que da vigencia al plan
de reestructuración de la Policía, el cual tiene el objetivo de darle a la institución
mayor eficiencia, transparencia y confiabilidad, a través del respeto a los
Derechos Humanos y al cumplimiento de las leyes.
•
•
-
Jorge Quiroga
Despolitizar, institucionalizar y seguir brindando Seguridad Ciudadana.
Restricción del voto de efectivos militares y policiales.
José Luis Lupo
Redefinición de la misión, visión, funciones y atribuciones de la Policía.
Definición de la Estructura organizativa.
Cuantificación de recursos humanos acorde con la estructura orgánica.
Cuantificación de recursos materiales necesarios para responder a la estructura
orgánica.
- Reforma del entorno legal.
- Duplicar el numero de efectivos.
• Comandante de la Policía Wálter Carrasco
- Mejoramiento en el Área del Recursos Humanos.
- Sistema Educativo y Régimen disciplinario.
- Reforma del área económica y financiera y capacitación de recursos propios.
incremento de 175 millones de dólares.
• Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
- Aplicar una política eficiente de lucha contra la corrupción, para lograr la
transparencia institucional y revertir la desconfianza de la gente.
- Incrementar gradualmente el número de efectivos, equipo e infraestructura
policial para fortalecer la seguridad.
- Investigar y luchar contra el crimen, contando con un sistema de comunicación
e informática.
- Ejecutar un plan gradual de restitución de comisarías policiales de barrio, para
fortalecer el acercamiento entre policía y sociedad y lograr así una efectiva
prevención.
Corrupción, reincorporación de policías
dados de baja de manera irregular.
Caso Freddy Cano
Asalto a la Empresa Prosegur. Fue
descubierta una red de criminales,
dirigida por ex policías, entre ellos el ex
coronel Blas Valencia y el ex mayor
Freddy Cáceres; esta banda estaba
compuesta por peruanos y bolivianos.
Motín Policial del 12 y 13 de febrero
Hugo Bánzer Suárez
(1997 - 2001)
Walter Guiteras (1999)
Gral. Roberto Pérez Telleria
Jorge Quiroga Ramírez
(2001 - 2002)
José Luis Lupo (2002)
Walter Carrasco (2002)
Gonzalo Sánchez de
Lozada (2003)
Alberto Gasser (2003)
Gral. Edgar Pardo (2003)
Fuente:”Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
Cambio de la cúpula Policial, que motivará
cambios y ajustes en el ámbito operativo
y normativo de manera que se ajusten a
la Constitución Política del Estado.
• El Ministerio de Gobierno lanza el plan de Seguridad y Protección Ciudadana,
en el que propone:
- Ley de Seguridad Ciudadana.
- Nuevo Código de Tránsito.
- Reglamentar el trabajo de las Empresas de Seguridad Física Privada.
- Ley de Tenencia de Armas y Explosivos.
- Librar a la Policía de sus roles administrativos para fortalecer su rol central que
es el de Seguridad Ciudadana.
- Mejorar la infraestructura policial desconcentrando su acción hacia los barrios
e incrementando el control y patrullaje en las carreteras.
En que derivó
Propuesta
Corrupción: denuncia de malversación
de fondos de Mucopol por parte del
Comandante de las Policía Ivar Narváez.
Violación a Derechos Humanos: Edwin
Miranda y Omar Quiroga queman a
Edgar Cortes en el Valle de Pura Pura.
Politización: el comandante Ivar Narváez
es sometido a un proceso policial, del
cual salió absuelto. A su retorno al Alto
Mando el descontento de los demás
miembros lo obligó a alejarse de la
entidad.
Origen de la
Reforma Policial
Hugo Bánzer Suárez
(1997 - 2001)
Guido Nayar (1997)
Gral. José Luis Medina
(1998)
Gobierno/ Ministro/
Comandante
45
La Razón / 2003
La Razón
La Prensa / 2002
El Diario,
La Razón / 1999
- El Diario
- Plan de Seguridad de Protección
Ciudadana / 1998
Fuente/ Año
CUADRO 3
BOLIVIA: DESTITUCIONES POR IRREGULARIDADES EN EL COMANDO GENERAL DE LA POLICÍA, 1989-2001
AÑO
46
AUTORIDAD
DENUNCIA
1989-1991
Gral. Felipe Carvajal
El diario estadounidense Miami Herald denunció, durante la semana del 5 al 12 de
marzo de 1991, que el Comandante General de la Policía, Gral. Carvajal Badani, junto
al entonces Ministro del interior, Guillermo Capobianco, estaban involucrados en la
protección al narcotráfico. La denuncia tenía el respaldo de varios informes de la
Embajada de Estados Unidos en Bolivia. El tema provocó el alejamiento del Gral.
Carvajal. Un día después de su renuncia, el Comando General de la Policía se informó
que la misión diplomática estadounidense presionó para pedir el cambio de Felipe
Carvajal. Capobianco renunció el 15 de marzo del 1991.
1991-1993
Gral. Jaime Céspedes
Barrientos
Asumió el cargo el 12 de marzo de 1991 con el compromiso de preservar la democracia.
A principios de diciembre de 1992 el ex Capitán Waldo Panoso acusó a Céspedes
de encubrir a narcotraficantes implicados en el caso La Florida, cuando se desempeñaba
como Jefe en la institución en Cochabamba. Céspedes dejó el cargo el 11 de enero
de 1993. Luego, el ex comandante fue recluido en la cárcel de San Pedro por la
compra supuestamente irregular de 60 lotes de terrenos. El caso está para dictamen
de sentencia en el juzgado 1° de Partido en lo Penal.
1993
Gral. Luis Prieto Quiroz
Responsabilidad en el caso de los puestos fantasmas.
1994
Gral. Luis Rocha
Martínez
El fantasma de las denuncias de malos manejos económicos llegó incluso hasta la
Contraloría, situación que no pasó a mayores.
1995-1996
Gral. Willy Arriaza
Comenzó sin mayores sobresaltos y terminó destituido. Sánchez de Lozada decidió
su relevo tras el “secuestro, golpiza e intento de asesinato al Presidente de la Asamblea
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Waldo Albarracín, registrada el 25 de
enero de 1997, según publicaciones de prensa. Albarracin impulsó una investigación
del caso Amayapampa y Capasirca. Dejó el cargo el 26 de enero de 1997 y fue incluido
en el caso del asesinato a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Uno de sus principales
cuestionamientos fue el haber trabajado con Luis Arce Gómez.
1998-1999
Gral. Ivar Narváez
Su relación con el coronel Freddy Zabala se deterioró a raíz de una denuncia en su
contra por la malversación de cuatro millones de dólares de Musepol para comprar
muebles y regalos suntuosos. El denominado “abrazo de compadres” terminó con su
gestión el 7 de mayo de 1999.
1999
Gral. José Luis Medina
A espaldas del ex Ministro de Gobierno, Wálter Guiteras decidió reincorporar a 172
jefes y oficiales dados de baja por. El Ejecutivo se molestó por la decisión y le pidió
su renuncia. Fue acusado de: extorsión al Cnl. Blas Valencia, quien es acusado de
dirigir la banda que atacó la remesa de Prosegur en diciembre de 2001, de la estafa
a CONAVIPOL y por la adquisición de terrenos en la zona de Següencoma.
2001
Gral. Wálter Osinaga
Asumió el mando policial en marzo de 2001. El Gral. Hugo Lora dijo, según publicaciones
de prensa, que su nombramiento violaba la institucionalidad porque Osinaga era el
quinto en la jerarquía policial.
Osinaga reconoció que Blas Valencia iba a cometer un atraco en una agencia bancaria
de Miraflores y no hizo nada.
2002
Gral. Wálter Carrasco
Tomó el mando policial el 5 de enero de 2002, prometió eliminar los cupos y las
recaudaciones. Sin embargo, al inicio de su gestión tuvo que responder a las
acusaciones del cabecilla de una banda de asaltantes, el ex coronel Blas Valencia,
de una supuesta extorsión para que se mantenga en el cargo en la Patrulla Caminera
de Santa Cruz, donde el ex Comandante era Jefe Departamental. Una semana antes
de su relevo, la Contraloría encontró irregularidades en el destino de 20 millones de
bolivianos en el periodo de enero de 1999 a junio de 2002, que lo implica junto a otros
tres generales.
CUADRO 4
ASCENSOS A GENERALES EN LA POLÍCIA BOLIVIANA, 1982 - 2003
Gobierno
Fechas
Nombres
Hernán Siles Zuazo
15/10/82
Cnl. DESP Eddy Cordero Manriquez
1982-1985
09/08/83
Cnl. DESP Mario Terán Lavadenz
(4 Generales)
15/01/84
Cnl. Ivar Guerrero Lema
27/02/84
Cnl. DESP Mario Rada Fernández
Víctor Paz
13/08/85
Cnl. DESP Julio Vargas Soto
Estenssoro
2/05/86
Cnl. Raúl Escobar López
Cnl. Guido Villegas
1985-1989
(10 Generales)
12/12/86
Cnl. Dr. Walter Kaune (General de la Policía Boliviana con caracter honorífico)
4/02/87
Cnl. DESP David Hinojosa Encinas
Cnl. Edmundo Gutierrez Gutierrez
Cnl. DESP Jorge Saavedra Campos
4/01/89
Cnl. DESP Julio Rivera Rearte
Cnl. DESP Guillermo Teran
Cnl. DESP Alfonso Rengel Torrico
Jaime Paz Zamora
24/01/90
Cnl. DESP Edgar Bustillo
1989-1993
01/91
Cnl. Jaime Céspedes Barrientos
Cnl. Félix Lora Caballero
(5 Generales)
1/04/92
Cnl. José Parada Grandi
Cnl. Luis Prieto Quiroz
Gonzalo Sánchez
3/02/94
1993-1997
Cnl. Luis Rocha Martínez
Cnl. Rogelio Vargas Ortuño
de Lozada
7/12/94
Cnl. DESP Willy Arriaza Monje
Cnl. Walter Romero Flores
(6 Generales)
19/12/95
Cnl. Mario Muñoz Zabalaga
Cnl. Jaime Escobar López
Hugo Banzer
15/12/98
Cnl. José Luis Medina Claros
Suárez
Cnl. Hugo Lora Caballero
1997-2001
Cnl. Fernando Tarifa Verástegui
(12 Generales)
Cnl. Roberto Pérez Tellería
Cnl. Hernán Cortez Vargas
15/12/99
Cnl. Carlos Cortez Monje
Cnl. Carlos Antezana Cuellar
Cnl. Walter Osinaga Zambrana
Cnl. Gonzalo Butron Sánchez
Cnl. Edgar Pardo Montalvo
Cnl. Walter Carrasco Garret
Cnl. Oscar Jaen Antezana
Jorge Quiroga
19/03/02
Cnl. Eduardo Wayar
(3 Generales)
Gonzalo Sánchez
de L. 2002-2003
Cnl. Oscar Torrez
Cnl. José Gutierrez
2001-2002
01/03
Cnl. DESP Jairo Sanabria
Cnl. DESP Víctor Hugo Rodriguez
(2 Generales)
TOTAL
42 Generales
Fuente:”Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
47
CUADRO 5
EVOLUCIÓN DEL GASTO EN MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICÍA
(EN PORCENTAJES) (SERIE 1990 - 2001)
Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
POLICIA
MINISTERIO DE GOBIERNO
72.62
78.15
79.13
79.03
77.90
78.60
78.61
79.49
76.93
79.36
77.81
83.53
MIN. GOB. Y POLICÍA
27.38
21.85
20.87
20.97
22.10
21.40
21.39
20.51
23.07
20.64
22.19
16.47
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Fuente: Elaboración a partir de la Contaduría General del Estado - Área de Estadísticas Fiscales
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
CUADRO 6
BOLIVIA: GASTOS RESERVADOS EN MINISTERIO DE GOBIERNO
(EN BOLIVIANOS)
AÑO
Ministerio de Gob.
(Cabeza de Sector)
Políticas y control al
narcotráfico
Policía
Nacional
F.E.L.C.N.
Dirección Nal. de
Bienes Incautados
TOTAL
1990
20,980,178.44
7,038,222.26
28,018,400.70
1991
24,914,647.49
8,390,000.00
33,304,647.49
1992
28,412,538.00
9,500,000.00
1993
51,146,412.85
12,568,482.60
3,090,000.00
66,804,895.45
37,912,538.00
1994
62,774,446.55
5,037,159.50
344,667.50
68,156,273.55
1995
79,468,464.80
8,831,824.00
360,000.00
1996
87,357,373.00
6,010,000.00
315,000.00
5,748,100.00
1997
109,938,566.00
5,095,000.00
480,313.00
5,325,000.00
1998
110,724,795.00
4,120,000.00
600,451.99
3,850,000.00
1999
131,501,290.00
n.d.
458,208.06
131,959,498.06
2000
136,199,980.00
8,000,000.00
492,536.46
144,692,516.46
2001
134,197,590.00
7,992,000.00
489,317.93
142,678,907.93
2002
120,439,227.45
7,123,426.89
437,345.66
128,000,000.00
2003(e)
115,390,657.05
6,848,395.06
419,877.91
122,658,930.03
Fuente: Contaduría General del Estado - Área de Estadísticas Fiscales.
(e):Proyección estimada
48
88,660,288.80
99,430,473.00
420,000.00
121,258,879.00
119,295,246.99
CUADRO 7
BOLIVIA: DESCOMPOSICIÓN DEL GASTO EN SEGURIDAD Y
ORDEN PÚBLICO (POLICÍA): POR GRUPOS DE GASTO
(EN PORCENTAJES) (1990-2000)
Grupo
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
1000 Servicios personales
2000 Servicios no personales
3000 Materiales y
Suministros
4000 Activos reales
5000 Activos financieros
6000 Serv.deuda pub.y dism.
otros pasivos
7000 Transferencias
8000
9000 Otros gastos
TOTAL
83.61
1.04
82.64
1.52
83.01
3.00
76.32
4.42
77.13
2.56
75.24
2.76
73.89
3.85
74.78
4.66
75.67
3.28
75.65
3.96
77.26
3.13
12.60
2.27
0.00
13.75
0.43
0.67
13.81
0.18
0.00
16.36
2.91
0.00
16.98
2.92
0.41
16.68
5.03
0.28
18.32
3.92
0.01
17.16
3.40
0.00
17.65
3.37
0.02
16.30
4.07
0.01
14.07
1.28
0.04
0.00
0.32
0.47
0.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
4.20
0.01
0.0003
100.00
Fuente: Contaduría General del Estado – Área estadísticas fiscales
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
CUADRO 8
GASTO REAL EN EDUCACIÓN, SALUD, DEFENSA Y SEGURIDAD
(EN MILLONES DE BOLIVIANOS DE 1990)
(SERIE 1968-2001)
AÑO
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Seguridad y Orden
Público
61.6
58.0
70.8
72.4
78.9
85.1
95.5
118.3
121.5
124.2
141.4
128.6
124.7
141.3
90.1
80.9
100.3
88.9
80.6
91.8
104.4
133.0
181.1
208.7
223.9
248.8
259.0
285.0
317.8
373.1
357.5
389.6
454.1
480.5
Defensa
194.5
200.4
178.3
173.6
371.6
507.2
394.4
431.2
529.2
553.3
511.1
557.7
967.4
711.9
416.2
306.3
416.6
414.1
340.4
329.8
344.1
363.4
267.0
353.6
341.9
374.1
367.5
365.9
352.7
389.5
464.8
384.0
375.6
455.6
Fuente: Contaduría General del Estado - Área de Estadísticas Fiscales.
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
OGS: Otros Gastos Sociales
GGC: Gasto del Gobierno Central
Salud
29.5
32.8
80.5
97.5
95.4
113.1
132.1
149.2
152.3
160.8
182.8
181.3
295.4
127.6
62.3
58.9
69.0
51.0
29.1
142.7
159.1
183.4
146.4
196.2
163.1
175.7
276.1
247.1
190.5
216.6
215.8
245.9
294.1
316.5
Educación
169.8
179.0
324.6
355.1
340.5
349.3
402.9
424.2
491.0
501.5
542.3
604.0
628.6
483.3
437.3
446.8
541.2
319.2
253.1
322.4
344.3
392.0
423.9
525.2
586.9
729.1
774.7
829.9
988.6
1,053.8
1,067.4
1,106.0
1,159.8
1,272.8
OGS
7.5
8.2
7.9
23.7
28.6
37.6
28.3
75.0
83.8
80.2
56.4
43.3
49.9
33.9
23.9
22.9
26.1
21.7
20.4
39.7
57.4
22.4
22.0
25.7
29.4
95.1
483.8
520.9
354.5
208.3
254.0
367.8
345.0
374.0
GGC
779.3
839.8
1,134.6
1,173.6
1,317.8
1,533.8
1,599.7
1,814.1
2,062.8
2,147.9
2,175.8
2,210.2
2,965.0
2,452.3
1,841.7
1,844.5
2,137.6
1,865.6
1,445.7
1,754.3
1,503.4
1,510.3
2,158.4
3,241.9
3,547.7
4,544.5
5,002.0
5,318.8
5,466.2
6,394.0
6,662.6
6,941.1
7,220.7
8,261.6
49
Organización y
modelo policial
51
CUADRO 9
BOLIVIA: POBLACIÓN Y NÚMERO DE EFECTIVOS POLICIALES E INDICADOR
SELECCIONADO, 1831 - 2001
(A patir de censos de 1831, 1835, 1845, 1854, 1882, 1900, 1950, 1976, 1992 y 2001)
AÑOS DE CENSOS Y
GOBIERNOS
POBLACIÓN
EFECTIVOS
POLICIALES
EFECTIVOS POLICIALES
POR CADA CIEN MIL
HABITANTES
EFECTIVOS
POLICIALES POR CADA
DIEZ MIL HABITANTES
NÚMERO DE
HABITANTES POR
POLICIA
1831 Andrés de Santa Cruz
1,089,000
120
11
1
9,075
1835 Andrés de Santa Cruz
1,061,000
120
11
1
8,842
1845 José Ballivián
1,379,000
278
20
2
4,960
1854 Manuel Isidoro Belzu
1,854,000
335
18
2
5,534
1882 Narciso Campero
1,098,000
680
62
6
1,615
1900 José Manuel Pando
1,633,610
814
50
5
2,007
1950 Mamerto Urriolagoitia
3,019,031
6,503
215
22
464
1976 Hugo Banzer Suárez
4,583,101
8,239
180
18
556
1992 Jaime Paz Zamora
6,420,742
11,306
176
18
568
2001 Jorge Quiroga R.
8,274,325
19,386
234
23
427
Fuente: Presupuesto General, Siglo XIX y XX. Instituto Nacional de Estadística
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
GRÁFICO 2
BOLIVIA: EFECTIVOS POLICIALES POR CADA CIEN MIL HABITANTES, 1831 - 2001
(A partir de Censos de 1831, 1835, 1845, 1854 1882, 1900, 1976, 1992 y 2001)
234
250
215
180
Efectivos por cada cien mil habitantes
200
176
150
100
62
50
50
0
11
1831
Adrés de
Santa Cruz
11
1835
Andrés de
Santa Cruz
20
18
1845
José Ballivián
1854
Manuel
Isidoro Belzu
1882
Narciso
Campero
1900
José Manuel
Pando
1950
Mamerto
Urriolagoitia
1976
Hugo Banzer
Suárez
1992
Jaime Paz
Zamora
2001
Jorge Quiroga
Ramirez
Censos y Gobiernos
Fuente: Presupuesto General, Siglo XIX y XX. Instituto Nacional de Estadística
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
53
GRÁFICO 3
BOLIVIA: INDICE DE CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE HABITANTES Y POLICIAS
(BASE 1900)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
1980
1985
1990
1995
2001
1985
1990
1995
2001
1975
1970
1965
1960
1955
1980
POBLACIÓN
1950
1945
1940
1935
1930
1925
1920
1915
1910
1905
0
1900
500
EFECTIVOS POLICIALES
Fuente: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
GRÁFICO 4
BOLIVIA: POLICIAS POR CADA CIEN MIL HABITANTES, 1900 - 2001
250
200
150
100
Fuente: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
54
1975
1970
1965
1960
1955
1950
1945
1940
1935
1930
1925
1920
1915
1910
1905
0
1900
50
55
Policía de la Capital:
Intendente
Secretario
Auxiliar
Comisaría
Celadores de la Capital
Rondines
Vigilantes Diurnos
Alcaides de carceles:
(16 Alcaides: Capital y
15 provincias
Pol. de provincias:
Corocoro
Sorata
Inquisivi
Coroíco
Achacachi
Policía de la Capital:
Intendente y Jefe de
Columna
Comisaría
Celadores de Capital
Alcaides de carceles:
(5 Alcaides: Capital y 4
provincias
Pol. de provincias:
Cinti
Tomina
Azero
Pol. de provincias:
Celadores:
Chaparé
Tarata
Cliza
Punata
Ayopaya
Campero
Mizque
Totora
Quillacollo
Tapacarí
Capinota
Policía de la Capital:
Jefatura
Intendente y Jefe de
Columna
Comisaría
Policía Urbana
Alcaides de carceles:
(14 Alcaides: Capital y
13 provincias)
COCHABAMBA
Fuente: Presupuesto General de 1950. Ministerio de Hacienda.
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
LA PAZ
CHUQUISACA
ORGANIGRAMA POLICIAL 1
Pol. de provincias:
Celadores:
Paria
Poopo
Challapata
Policía de la Capital:
Intendente
Comisaría
Celadores de la Capital
Alcaides de carceles:
(4 Alcaides: Capital y 3
provincias)
ORURO
Pol. de provincias:
Nor Chichas
Sur Chichas
Chayanta
Porco
Linares
Charcas
Nor Lipez
Sud Lipez
Policía de la Capital:
Intendente de Seguridad
Comisaría
Celadores de la Capital
Rondines
Alcaides de carceles:
(11 Alcaides: Capital y
10 provincias)
POTOSÍ
ORURO
Policía:
Intendente
Comisaría
Rondines
Alcaides de carceles:
(6 Alcaides: Capital y 5
provincias)
SERVICIO DE GOBIERNO: SERVICIO POLICIARIO - 1900
Pol. de provincias:
Valle Grande
El Sara
Velasco
Chiquitos
Policía:
Intendente
Comisaría
Alcaides de carceles:
(6 Alcaides: Capital y 5
provincias)
SANTA CRUZ
Pol. de provincias:
Vaca Diaz
Villa Bella
Yacuma
Itenez
Policía de la Capital:
Intendente
Comisaría
Alcaides de carceles:
(6 Alcaides: Capital y 3
provincias)
BENI
56
SECCIÓN INMIGRACIÓN
ARCHIVO
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIONES
REGIMIENTO 3 DE CARABINEROS
REGIMIENTO 4 DE CARABINEROS
Fuente: Presupuesto General de 1950. Ministerio de Hacienda.
Elaboración: Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente.
REGIMIENTO 5 DE CARABINEROS
INTENDENCIAS PROVINCIALES Y
FRONTERIZAS
COMISARÍA CENTRAL
COMISARÍA CENTRAL
SUMARIOS, DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD Y LAS PERSONAS
SUMARIOS, DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD Y LAS PERSONAS
ORDEN SOCIAL Y POLÍTICO
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIONES
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIONES
IDENTIFICACIÓN, EXTRANJERIA Y
POBLACIÓN FLOTANTE
SANIDAD
SANIDAD
ORDEN SOCIAL Y POLÍTICO
SECCIÓN SERVICIOS
SECCIÓN SERVICIOS
IDENTIFICACIÓN, EXTRANJERIA Y
POBLACIÓN FLOTANTE
PLANA MAYOR
REGIMIENTO 7 DE CARABINEROS
INTENDENCIAS PROVINCIALES
IDENTIFICACIÓN, EXTRANJERIA Y
POBLACIÓN FLOTANTE Y
AERONAVEGACIÓN
ORDEN SOCIAL Y POLÍTICO
SUMARIOS, DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD Y LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIONES
SANIDAD
SECCIÓN SERVICIOS
REGIMIENTO 8 DE CARABINEROS
INTENDENCIAS PROVINCIALES
IDENTIFICACIÓN, EXTRANJERIA Y
POBLACIÓN FLOTANTE Y
AERONAVEGACIÓN
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIONES
SANIDAD
SECCIÓN SERVICIOS
PLANA MAYOR
BANDA DE MÚSICA
DESTACAMENTO
SANIDAD
PLANA MAYOR
DESTACAMENTO MONTADO
FRONTERA ORIENTE
DIR. DEPTAL DE PANDO
BRIGADA DEPARTAMENTAL
DE PANDO
COMISARIO DE RIBERALTA
DIR. DEPTAL DE POTOSÍ
DIR. DEPTAL DE CHUQUISACA
REGIMIENTO “21 DE JULIO”
REGIMIENTO CONSTITUCIONAL
“LA PAZ”
PLANA MAYOR
DIR. DEPTAL. DE TARIJA
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE TRÁNSITO
INTEN. PROV. Y FRONTERIZAS
COMISARIAS SECCIONALES
IDENTIFICACIÓN, EXTRANJERIA Y
POBLACIÓN FLOTANTE
ORDEN SOCIAL POLÍTICO
SUMARIOS, DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD Y LAS PERSONAS
INTEN. PROV. Y FRONTERIZAS
IDENTIFICACIÓN, EXTRANJERIA Y
POBLACIÓN FLOTANTE
ORDEN SOCIAL Y POLIÍTICO
SUMARIO, DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD Y LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIONES
SECCIÓN PERSONAL
DIR. DEPTAL. DE EL BENI
BRIGADA DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SANIDAD
DIR. DEPTAL. DE SANTA CRUZ
BRIGADA DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
INTENDENCIAS PROVINCIALES
CUERPO DOCENTE
COMPAÑIA DE ALUMNOS
PLANA MAYOR
SECCIÓN PERSONAL
SECCIÓN SERVICIOS
SANIDAD
BRIGADA DEPARTAMENTAL
DE ORURO
TRANSPORTE POSTA
CLÍNICA DE CARABINEROS
PLANTA DE JEFES OFICIALES
DIR. DEPTAL. DE LA PAZ
SANIDAD
PLANA MAYOR
REGIMIENTO 6 DE CARABINEROS
PLANTA DE OFICIALES
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
SECCION INTENDENCIA
SECCIÓN ARQUITECTURA Y
CARTOGRAFIA
PLANA MAYOR
DIRECCIÓN
GENERAL
DE POLICIAS
SECRETARIA
INSP. GRAL POLICIAS
SECCIONES I, II, III, IV, V
DIR. DEPTAL. DE ORURO
VALLEGRANDE
PORTACHUELO
PUERTO SUAREZ
GUARAYOS
REGIMIENTO 3 DE CARABINEROS
COMISARÍAS SECCIONALES
IDENTIFICACIÓN, EXTRANJERIA Y
POBLACIÓN FLOTANTE
ORDEN SOCIAL Y POLÍTICO
SUMARIOS, DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD Y LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIONES
SANIDAD
SECCIÓN SERVICIOS
DIRECCIÓN
ESCUELA NACIONAL DE
POLICIAS
DEPARTAMENTO
DE TURISMO
BRIGADA DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ
SECRETARÍA, CONTROL Y
ESTADÍSTICA, KARDEX,
HABILITACIONES, ARCHIVO
DIR. GRAL. DE
REGISTRO CIVIL
DIRECCIÓN GENERAL
DIR. DEPTAL. DE COCHABAMBA
INTENDENCIAS PROVINCIALES Y
FRONTERIZAS
COMISARÍAS SECCIONALES
MATRÍCULA Y REGISTRO
DOMICILIARIO
IDENTIFICACIÓN, EXTRANJERIA Y
POBLACIÓN FLOTANTE
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO
CRIMINALISTICO
SUMARIOS, DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD Y LAS PERSONAS
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIONES
CONTROL POLÍTICO
SECCIÓN SERVICIOS
SECCIÓN PERSONAL
SECCIÓN CAJA
BRIGADA DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
REGIMIENTO 1 DE CARABINEROS
INTENDENCIAS PROVINCIALES
COMISARÍAS SECCIONALES
EXTRANJERIA Y POBLACIÓN
FLOTANTE
ORDEN SOCIAL Y POLÍTICO
DELITOS CONTRA PERSONAS
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
SECCIÓN SUMARIOS
DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACIONES
SECCIÓN PERSONAL
SANIDAD
SECCIÓN PERSONAL
PLANA MAYOR
SECRETARÍA DE LA SUBJEFATURA
BRIGADA DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
PLANA MAYOR
SECCIÓN SERVICIOS
DEPARTAMENTO
DE INFORMACIÓN
CHARAÑA COPACABANA
VILLAZON PTO. ACOSTA
OLLAGUE YACUIBA
GUAQUI
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
BRIGADA DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SECCIÓN DE FRONTERA
SECCIÓN EXTRANJERA
OFICIAL MAYOR DE
JUSTICIA E INMIGRACIÓN
SECCIÓN DE
COMPILADORA
PLANA MAYOR
DEPARTAMENTO
GENERAL
BRIGADA DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
SECRETARÍA
GENERAL
MINISTERIO DE GOBIERNO, 1950
ORGANIGRAMA POLICIAL 2
57
LA PAZ
CHUQUISACA
COCHABAMBA
ORURO
ORURO
DEPARTAMENTO DE
ICIA
COCHABAMBA
DIREC.
CONTROL Y
AUDITORÍA INTERNA
POTOSÍ
POTOSÍ
DEPARTAMENTO DE
PTTO. Y OPS
TARIJA
TARIJA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Fuente: Comando General de la Policía Nacional. Ministerio de Gobierno.
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
LA PAZ
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL
CHUQUISACA
UU. DE POL.
FRONTERIZA Y RURAL
DIREC.
DE ASUNTOS
INTERNOS
DIREC.
POLICÍA
FORESTAL Y
MEDIO AMBIENTE
DIREC.
NAL. DE
POLICÍA
ADUANERA
DIREC.
NAL. DE
PLANEAMIENTO
Y OPERACIONES
BENI
BENI
COMANDO GENERAL
FONDO
COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL
DIREC.
NAL. DE
IDENTIFICACIÓN
PERSONAL
SANTA CRUZ
PANDO
PANDO
DEPTO. DE
SANIDAD Y
BIENESTAR
SOCIAL
UU. DE ORDEN Y SEGURIDAD
COMISARIA DE TRÁNSITO
ÁREA RURAL
COMANDO DE BATALLÓN
SUB-COMANDO DEPARTAMENTAL DE POLICÍA
DEPARTAMENTO DE
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CONSEJO
DE VIVIENDA
POLICIAL
DIREC.
NAL. DE
SALUD Y
BIENESTAR
SOCIAL
CENTRO
NACIONAL DE
PRODUCCIÓN
DIREC.
NAL. DE PREVENCIÓN E
INV. DE ROBO
VEHÍCULOS
INSPECTORIA GENERAL
AYUDANTES ORDENES
UU. DE
TRÁNSITO
U. DE CRIMINALIDAD Y
POLICÍA JUDICIAL
U. DE POLICÍA ADUANERA
DIREC.
NAL. DE LA
POLICÍA
TÉCNICA
JUDICIAL
DIREC.
NAL. DE
FISCALIZACIÓN
Y RECAUDACIONES
INSPECTORIA DEPARTAMENTAL
FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
COMANDO DEPARTAMENTAL DE POLICÍA
DIREC.
NAL. DE
RELACIONES
PÚBLICAS
DIREC.
NAL. DE
SERVICIOS
TÉCNICOS
AUXILIARES
JEFE RR. PP.
AYUDANTE GENERAL
SECRETARIO GENERAL
INSTITUTOS EDUCATIVOS POLICIALES
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA POLICÍA
SANTA CRUZ
DEPARTAMENTO SERVICIO TÉCNICO AUXILIAR
DIREC.
NAL. RR
INTERNACIONALES
DIREC.
NAL.
ADMINISTRATIVOS
TRIBUNAL DISCIPLANIO DEPARTAMENTAL
DIREC.
NAL. DE
INTELIGENCIA
DIREC.
NAL. DE
PERSONAL
TRIBULAN DISCIPLINARIO SUPERIOR
DIREC.
NAL. DE
POLICÍA
FRONTERIZA
RURAL
ORGANIGRAMA POLICIAL 3
MINISTERIO DE GOBIERNO, 2000
POLICÍA
FEMENINA
DIREC.
NAL. DE
DERECHOS
HUMANOS
DIREC.
NAL. DE
INSTRUCCIÓN
Y ENSEÑANZA
JUZGADOS
POLICIALES
DIREC.
NAL. DE
SEGURIDAD
PENITENCIARIA
DIREC.
NAL. DE O.C.N.
INTERPOL
CUADRO 10
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y LA CRIMINALIDAD, 1995-2001
GESTION
DESCRIPCIÓN
1995
Total general
1996
1997
1998
1999
2000
2001
139.690
241.474
164.093
201.523
162.276
209.218
298.602
Delitos comunes
63.529
138.246
84.331
75.944
56.181
67.052
149.663
Faltas y contravenciones
58.776
78.779
57.183
90.044
82.118
104.903
110.908
1.293
1.930
1.144
1.561
1.496
1.626
1.660
16.092
22.519
21.435
33.974
22.481
35.637
36.371
Sucesos policiales especiales
Casos de auxilio
Fuente: INE-Policía Nacional-Defensor del Pueblo
GRÁFICO 5
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y LA CRIMINALIDAD, 1995 -2001
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1995
DELITOS COMUNES
1996
Fuente:INE-Policía Nacional-Defensor del Pueblo
58
1997
FALTAS Y CONTRAVENCIONES
1998
1999
2000
SUCESOS: POLICIALES ESPECIALES
2001
CASOS DE AUXILIO
Policía y sociedad
GRÁFICO 6
BOLIVIA: CONFIANZA PÚBLICA EN LAS INSTITUCIONES
(En promedio 1990 - 2002)
Iglesia
Medios de Com.
Empresa Privada
Sindicatos
Fuerzas Armadas
Corte Sup. Justicia
Gobierno
Parlamento
Policiía Nacional
Partidos Políticos
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
Nivel de confianza del 1 al 7
Fuente: Voice of the People. Encuesta & Estudios No 89. Red Gallup International. 2002
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
GRÁFICO 7
BOLIVIA: INSTITUCIÓN EN LA QUE UD. ELIMINARIA LA CORRUPCIÓN?. 2002
(Lo haría en ...)
32.90
Partidos Políticos
17.50
Alcaldía/Ministerios
15.80
Policía Nacional
11.10
Aduana
8.50
Juzgado
3.70
Impuestos Internos
2.40
Emp. de Serv. Básicos
2.20
Sistema Educativo
1.80
Inmigración
0.10
Servicios Médicos
0.80
Empresa Privada
2.4
Otros
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
Nivel de confianza del 1 al 7
Fuente: Voice of the People. Encuesta & Estudios No 89. Red Gallup International. 2002
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
61
GRÁFICO 8
BOLIVIA: TRATO RECIBIDO DE LA POLICÍA, 1998 vs. 2000
47
50
6
48
47
45
40
35
30
25
20
15
6
6
10
5
0
Muy satisfecho
Algo satisfecho
Insatisfecho
1998
2000
Fuente: Mitchell A. Seligson. “La Cultura Política de la Democracia en Bolivia: 2000.
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
CUADRO 11
BOLIVIA: RAZONES PARA NO DENUNCIAR, 2001 vs. 2003
Razones para no denunciar
2001
en %
La policía no hace nada
No fue asunto serio
Lo resolví yo mismo
No tenía pruebas
La policía no es necesaria
Por miedo
No quiere relacionarse con la policía
Otras razones
2003
en %
42
23
11
5
3
3
3
10
23
20
15
13
6
3
4
14
Fuente: Voice of the People. Encuesta & Estudios No 76 y 89. Red Gallup International. 2002
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
GRÁFICO 9
BOLIVIA:RAZONES PARA NO DENUNCIAR, 2001 - 2003
(En porcentajes)
45
42
40
En porcentajes
35
30
23
23
25
20
20
15
14
13
11
15
10
5
10
6
3
3
3
3
4
5
0
La policía no
hace nada
No fue
asunto serio
Lo resolví
yo mismo
No tenia
pruebas
1998
62
La policía no
es nesesaria
Por miedo
No quiere
relacionarse
con la
policía
Otras
razones
2000
Fuente: Voice of the People. Encuesta & Estudios No 76 y 89. Red Gallup International. 2002
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
GRÁFICO 10
BOLIVIA: SEGURIDAD BARRIAL, 1995 vs. 2001 vs. 2003
(En porcentajes)
57
52
60
50
48
43
44
50
En porcentajes
40
30
20
10
0
Ando libremente
Trato de alejarse
1995
2001
2003
Fuente: Voice of the People. Encuesta & Estudios No 76 y 89. Red Gallup International. 2002
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
GRÁFICO 11
BOLIVIA: TRABAJO BARRIAL DE LA POLICÍA, 2001 vs. 2003 vs. 2003
(En porcentajes)
66
70
60
54
60
En porcentajes
50
37
35
40
31
30
20
10
0
9
5
5
Bueno
Regular
1995
2001
Fuente: Voice of the People. Encuesta & Estudios No 89. Red Gallup International. 2002
Elaboración: “Policía y democracia en Bolivia: una política pendiente”.
malo
2003
63
Anexo 2
Índice de eventos históricos
relacionados con la Policía
Índice de eventos históricos relacionados con la policía
Año
1825
1826
Constituciones, decretos, reglamentos y tendencias de
reforma
Eventos
• La naciente república unitaria asume un régimen de gobierno
popular y representativo con cuatro poderes (electoral,
legislativo, ejecutivo y judicial), tres cámaras (tribunos,
senadores y censores), tres ministerios y dos fuerzas militares.
• Creación de la República de
Bolivia
Ley Reglamentaria del 24 de junio.
• Creación de intendencias y comisarías de policía dependientes
del prefecto del departamento. Su misión es precautelar el
orden interno, conservar obras públicas, controlar vagancia
y juegos de azar, limpieza de calles, vigilancia hospitalaria,
alojamiento de tropa y otros servicios urbanos. Disponían
de un piquete de tropa armada pagada por el Estado.
• El presupuesto para 1827 fija la dotación de 120 sargentos,
cabos y soldados para la policía y 29 gobernadores. Para
una población de más de un millón de habitantes, la relación
población-policía es de 1 policía por cada 7 mil habitantes.
1830
• Creación de la Guardia Nacional, cuerpo militar de alcance
departamental, organizado para la conservación del orden
público y reservas en caso de amenaza externa. La
movilización e instrucción de las guardias nacionales se
llevan a cabo mediante los prefectos, subprefectos y
corregidores.
1831
• Segunda Constitución Política del Estado
1831
• Promulgación del Código Penal y Civil y Procedimental
(1832)
• Promulgación del Reglamento de Policía. Se le asigna
funciones de orden interior, censo y control de los gremios,
requisitoria de jueces, censura, salubridad, ornato,
comodidad, matriculación de la población urbana, control
de domicilios y pasaportes, fondas, posadas y mesones,
juegos de azar y armas, control de vagos y mendigos,
bebidas alcohólicas, hurtos y desórdenes públicos.
1834
• Tercera Constitución Política del Estado
1839
• Supresión de las Intendencias de Policía
• Cuarta Constitución Política del Estado
1840
• Los efectivos policiales siguen siendo reducidos. Para una
población de 1.245.650 personas la dotación presupuestaria
de personal policial es de 181 hombres entre comisarios,
segundos comisarios, sargentos, cabos y gendarmes. Un
policía para cada 6.882 personas. La cobertura territorial de
la policía sólo abarca seis departamentos, incluido Litoral
• Las mayores amenazas al
orden público residen en la
vagancia, las riñas y peleas,
juegos de azar y pequeños
hurtos.
• La existencia de la Guardia
Nacional se formaliza en la
CPE de 1831
• Presidente de la República,
Mcal. Andrés de Santa Cruz,
1829-1839
67
1843
• Quinta Constitución Política del Estado
1845
• Promulgación del Reglamento de Policía. Además de la
existencia de intendentes y comisarios designados
políticamente se crean puestos para gendarmes y rondines.
Sólo se podía acceder a estos cargos en condición de
ciudadanos y a la gendarmería de preferencia soldados del
Ejército. Las atribuciones policiales residían en: seguridad
de las personas y bienes de los habitantes, salubridad,
buenas costumbres, comodidad y ornato de los pueblos y
auxilio a autoridades. Se amplían las funciones: cuidado de
cárceles, control de ferias, rifas, pesos y medidas, diversiones
públicas, control de vacunas y abastecimiento urbano,
cementerios y entierros, limpieza y aseo de calles, caminos
públicos y puentes, moral pública y buenas costumbres. Se
crea una caja y fondos policiales en cada departamento
sustentados con el pago de multas e infracciones.
• Luego de un breve interinato
del Gral. Velasco asume como
Presidente de la República,
Gral. José Ballivián (18411847).
• Ballivián lleva a cabo
importantes reformas militares
como la reducción de planillas
de personal, sueldos y
beneficios inocuos.
1851
• Sexta Constitución Política del Estado
• El personal aumenta a 335 hombres. Su composición es la
siguiente: comisario, comisario auxiliar, sargentos, cabos,
gendarmes y serenos. Un policía para cada 4.328 personas.
• Gobierno del Gral. Manuel I.
Belzu, 1848-1855
• Séptima Constitución Política del Estado
1862
• Las intendencias de policía pasan a depender del Ministerio
de Guerra. Ministro de Gobierno solicita a Asamblea elaborar
un Código de Policía.
1868
• Octava Constitución Política del Estado.
1871
• Se promulga el Reglamento de Celadores por el Jefe Superior
Político y Militar de los Departamentos del Norte. Los
celadores, custodios del orden público y de la propiedad,
eran voluntarios contratados por dos años. Debían cumplir
requisitos de edad, ciudadanía, educación y estar exentos
de pasado de servidumbre. Gozaban de fuero militar
• Presidente de la República,
Agustín Morales, 1871-1872
• Novena Constitución Política del Estado.
68
1873
• Orden General del 28 de Julio.
• Los cuerpos de celadores se reorganizan bajo la
denominación de "Columnas del Orden" sujetos a un pago
semejante al de los soldados de infantería del Ejército.
Asumen orden público mientras los cuerpos de gendarmes
se encargan de los servicios de salubridad, comodidad y
ornato bajo autoridad del municipio.
• Presidente de la República,
Gral. Adolfo Ballivián, 18731874
1874
• Mediante Decreto Supremo del 27 de noviembre la fuerza
policial compuesta de celadores y columnas del orden pasan
a depender del Ministerio de Guerra y se la considera parte
del Ejército. Gozan de fuero militar y se someten a códigos
militares.
• Presidente de la República,
Dr. Tomás Frías (1874-1876)
• Entre 1874 y 1880 se crean guardias privadas en los asientos
mineros de la costa bajo la denominación de "Guardia
Conservadora del Orden" compuesta de súbditos extranjeros,
principalmente chilenos. Su misión era controlar el robo de
minerales.
1878
• Décima Constitución Política del Estado.
• Reglamento Orgánico de las Municipalidades que establece
la existencia de policía municipal.
1879-1884
• Bolivia pierde acceso soberano a costas del Pacífico, luego
de más de cinco años de traumático conflicto militar.
1880
• Undécima Constitución Política del Estado
1882
• Creación de Guardias Urbanos.
• El efectivo policial es de 680 hombres para una población
de 1.097.600. Un policía para cada 1.614 personas.
1884
• Promulgación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
• Gobierno asigna al Ejército la responsabilidad de la disciplina
policial.
• Ejército sufre recortes presupuestarios, pero aumentan
dotaciones policiales.
• Ciclo de estabilidad.
Presidente, Dr. Gregorio
Pacheco, 1884-1888
1886
• Ley Reglamentaria de Policía de Seguridad que la declara
institución civil despojada de fuero militar. Instrumento jurí
dico más moderno del siglo XIX. Asigna a la policía la función
de conservar el orden público, resguardar garantías
personales y reales, prevenir delitos y faltas, y perseguir
delincuentes para ponerlos a disposición de las autoridades.
Se le asignan también roles novedosos como el control de
comicios electorales junto al Ejército. No obstante, se
agudizan conflictos entre policías de seguridad y municipales
debido a cobros de multas. Las áreas conflictivas son el
control de casas de juego, castigo a ebrios, represión a
juegos de azar.
• Entre 1884 y 1900, crece el
número de efectivos policiales
y se reduce personal del
Ejército. Crece población
urbana lo que exige más
columnas policiales y en áreas
rurales, piquetes de policía.
1887
• Decreto del 10 de enero de 1887 restablece régimen militar
en la Policía de Seguridad. Militarización coincide con
levantamientos indígenas.
1890
• En Trinidad y Sucre la Policía de Seguridad es manipulada
por liberales que provocan motines. En Punata se toma el
cuartel de celadores.
1894
• Aprobación de Ordenanzas Militares. Policía de Seguridad
se sujeta a este marco jurídico que reconoce existencia de
celadores y gendarmes a pie y a caballo en cada
departamento. Cuerpos de gendarmería y celadores de a
pie estaban sujetos a organización de la infantería del
Ejército. Gendarmerías a caballo debían adoptar organización
• Guerra del Pacífico
• Presidente de la República,
Dr. Mariano Baptista, 18921896
• Tenso período de estabilidad
política. La conspiración
orienta sus armas a los
69
de caballería militar. Celadores y gendarmes estaban sujetos
a reclutamiento y servicio militar.
cuerpos armados de
celadores.
• Repetidos hechos de sedición en la columna de Policía de
Seguridad en Uyuni alentados por liberales de la línea del
Gral. Camacho.
1896
• Se crea Papel Especial para Control de Multas para disminuir
denuncias de corrupción y malos manejos en recaudaciones
departamentales.
• Guerra Federal que evidencia
el racismo oligárquico. Se
fusila a Zárate Willka.
1898-1899
• Conflicto militar en el que se enfrentan, bajo el argumento
de la federalización del norte contra el centralismo del sur,
ejércitos del gobierno y de liberales.
• Gobierno del Gral. José M.
Pando, 1899-1904
• 814 policías para población de 1.555.800 personas. 1 policía
para 2.007 personas.
70
1901
• Creación de la Policía Rural.
• Policía montada cumple funciones de vigilancia, control y
represión indígena en zonas amenazadas por restitución
de tierras comunitarias.
1903
• Diversos actos de sedición policial protagonizados por las
Policías de Seguridad de Potosí y Cinti alentadas por la
fracción conservadora.
1904
• Proyecto de Policía Modelo de Oruro que perseguía replicar
modelo de policía argentina. Fracasó por falta de voluntad
política. Oruro y Potosí reciben flujo de migración extranjera
que provoca disturbios y desórdenes.
• Policía y Ejército arremeten contra las comunidades indígenas
con el argumento de la "pacificación".
• Se introduce importante
división de funciones policiales
para prevenir vagancia, juegos
de azar y control migratorio.
1910
• Nacionalización de la Policía de Seguridad mediante la
creación de Brigadas de Policías de Seguridad. Se crea
Dirección General de Policía bajo autoridad del Ministerio
de Gobierno. Posteriormente se reemplaza la Dirección
General por un Inspector General.
• Efectivos policiales ascienden a 1.704 para una población
de 2.159.715 personas. Esto es, un policía para cada 1.267
personas.
• Presidente de la República,
Dr. Eliodoro Villazón, 19091913.
1923
• Se crea "Guardia Republicana", cuerpo uniformado y
militarizado al servicio del gobierno republicano. Se convirtió
en cuerpo militar de represión.
• Creación de "Escuela de Policías" para formar gendarmes,
agentes, investigadores y comisarios. No funciona hasta
1937.
• Presidente Dr. Bautista
Saavedra, 1921-1925.
Inestabilidad provoca control
político policial.
1930
• Creación de la Dirección General de Policía. Se configuran
Regimientos de Policía en cada departamento.
• Temor de élite minero-feudal
motiva elevados gastos en
seguridad.
• 3.169 efectivos para una población de 2.619.274 personas.
1 policía para cada 826 personas.
1932-1935
• Dos regimientos policiales asisten a la Guerra del Chaco.
• Se crea la "Legión Cívica", organización paramilitar que
además de reclutar indígenas y enviarlos a la guerra, asume
el papel que dejó vacante la policía en el área rural.
• Guerra del Chaco. Mueren
más de 50 mil soldados y
cuesta más de 114 millones
de dólares.
1937
• Reorganización de la Policía bajo denominación de
"Carabineros de Bolivia". Se fusionan policías de seguridad,
comerciales y regimientos. Se organizan en escuadrones,
regimientos y brigadas similares a las unidades militares.
Se introdujo mayor división profesional en el trabajo a través
de funciones de vigilancia política, control social y propaganda
a cargo del Min. de Gobierno.
• Misión de carabineros de Italia.
Imp ortantes reformas.
Primeras expresiones de
identidad, cohesión y espíritu
de cuerpo en la institución.
• Creación de la Escuela Nacional de Policía, instituto técnico
militar
• Se introduce el patrullaje motorizado con camionetas
1938
• Duodécima Constitución Política del Estado
1945
• Decimotercera Constitución Política del Estado
1943-1946
• Importantes reformas normativas y organizacionales
militarizan la policía. Brigadas departamentales copadas por
oficiales del Ejército. Un sector policial se politiza a favor
del gobierno.
• El gobierno autorizó incorporación de servicio militar
obligatorio en Cuerpo de Carabineros. Crea conflictos y
susceptibilidad en el Ejército. Se crea Escuadrón de
Seguridad, policía al mando de un oficial alemán.
• Se aprobó Reglamento de la Escuela de Carabineros y se
estableció Escalafón Policial que regulaba la calificación
profesional, ascensos, años de servicio, hojas de concepto,
condecoraciones, etc.
• 1943: Luego de golpe de
Estado, MNR y RADEPA
asumen el gobierno a la
cabeza del Cnl. Gualberto
Villarroel (1943-1946). Este
gobierno nacionalista contó
con apoyo policial.
1946-1952
• Corta duración de la "Policía Universitaria", formada durante
derrocamiento de Villarroel. Se reorganiza la policía. En
1947 se crea Policía Rural Móvil para contener sublevaciones
indígenas.
• Se crea la Biblioteca del Oficial de Policía.
• Organización de la Comisión Codificadora Nacional de
Legislación Policiaria. A partir de leyes de países americanos
se elaboran 3 instrumentos jurídicos: Ley de Organización
Policiaria y del Cuerpo de Carabineros, Código de Policía
de Seguridad y Procedimiento de Policía de Seguridad.
• Villarrroel es derrocado en
diciembre de 1946. Se instala
el llamado "sexenio" (1946 y
1952). En esta fase de
recomposición oligárquica se
hacen mayores reformas
policiales de los primeros 50
años del siglo XX en el intento
más serio, pero conservador,
de modernización policial.
1949
• Gobierno aprueba Ley de Organización Policiaria y de
Carabineros asignando a la Policía una naturaleza civil y
militar dividida en brigadas departamentales.
• El Cuerpo de Carabineros se sujeta a códigos penal y
procesal militar.
71
72
1950
• Militarización del Cuerpo de Carabineros y Policías: adoptan
organización, entrenamiento y valores militares.
• Primeros esfuerzos de profesionalización de la clase de
tropa. Creciente clima de indisciplina e insubordinación.
1951
• Se aprueba la primera Ley Orgánica de Policías y Carabineros
de Bolivia.
• Se reglamenta el uso de uniformes. Se abolió el reglamento
de 1945.
• Se crea el servicio de radiocomunicaciones a nivel nacional.
• Se crea Papel Membretado para control de ingresos policiales
por multas.
• Normalización del servicio de patrullaje diurno y nocturno
• Funcionamiento policial sustentado en reglamentos militares.
• Sorprendente crecimiento de efectivos (1946 - 1951). En
1951 había un policía para cada 427 personas.
• Gobierno del Gral. Hugo
Ballivián, 1951-1952.
1952-1964
• En reconocimiento al apoyo brindado al MNR, presidente
designa Ministro de Gobierno a connotado miembro policial
con activa militancia partidaria.
• Creación de organismos de vigilancia y represión como
Control Político.
• Reestructuración de Escuela de Policía. Cambio de nombre
por el actual.
• Se implanta Célula Armada del Cuerpo de Carabineros y
Policías de Bolivia, organismo facilitador de la clientela
partidaria dentro del cuerpo policial.
• Amplia estrategia prebendal del gobierno a favor de la policía.
Se nacionaliza servicio de identificación nacional administrado
por la Policía
• Restablecimiento de la Policía Rural
• 1960: Policía Aduanera. Se incorpora el 16% de efectivos
policiales.
• Revalorización del costo de multas policiales.
• El ciclo de la Revolución se
inicia con la derrota política y
militar del Ejército (abril de
1952) propiciada por alianza
entre policías, mineros y
población civil en La Paz.
Gobiernos promueven
desarrollo policial. Politizan la
institución a través de redes
clientelares.
1959
• Intervención militar y depuración policial. Gobierno recompone
Ejército con ayuda de EE.UU. Se empieza a romper el
equilibrio político entre militares, policías y milicias armadas.
• Divisiones en partido
gobernante. Oficiales de
Policía de la FSB intentan
golpe de Estado.
1961
• Decimocuarta Constitución Política del Estado. Se reconoce
coexistencia de 3 cuerpos armados: FF.AA., Policía y Milicias
del Pueblo.
• Luego de 136 años de vida republicana la Constitución
reconoce por primera vez existencia de la Policía. Se le
asigna la totalidad de la función policial. Depende del
Presidente de la República quien además nombra y decide
la duración de funciones del Comandante General.
• Desde finales de los 50,
USAID provee asistencia
técnica, recursos, entrenamiento, becas y apoyo
financiero a infraestructura
policial.
1962
• Aprobación de la segunda Ley Orgánica de la Policía
Nacional.
• Reconocimiento de estructura jerárquica semejante al Ejército.
• Junto al Ejército, la Policía
Nacional desarrolla y aplica la
doctrina de la seguridad
• Creación del cargo de Comandante General de la Policía
Boliviana.
• Se modifica la denominación de Brigadas por Distritos
Policiales
• Se aprueba el Reglamento orgánico del departamento
nacional de personal.
• Se aprueba primer manual de investigación criminal con
apoyo de USAID.
• Durante 12 años de la Revolución Nacional el promedio de
efectivos policiales no superó los 7.200. 1 policía para cada
435 personas.
nacional cuyo objetivo es la
lucha contra el comunismo.
1964
• Golpe militar de 1964 restablece dominio militar sobre policía.
Se divide en tres cuerpos: guardia nacional de seguridad
pública, dirección nacional de investigación criminal y tránsito.
En acto público el Ejército desarma a la Policía y reintroduce,
como en la década del 40, la "doctrina del pito y laque".
• Nuevo gobierno militar desplaza lealtad política hacia la
dirección nacional de investigación criminal, organismo
policial civil que adquiere poder represivo. Actúa como agente
de infidencia dentro del propio cuerpo policial.
• Prolongado período de
intervención militar desde
noviembre de 1964 hasta
octubre de 1982. Policía es
dividida, desarmada
públicamente y depurada sin
clemencia.
1967
• Se funda Asoc. de sub-oficiales, clases y guardias de
seguridad pública.
1968
• Creación de la Escuela de Aplicación Policial.
1967
• Decimoquinta Constitución Política del Estado.
1970
• Gobierno encarga Plan de Reestructuración Policial a civiles
y policías. Sus resultados son: proyecto de ley orgánica,
reglamento orgánico, reglamento de juzgados policiales,
reglamento de régimen económico y social. Corto período
gubernamental impide su aplicación.
• 1971: gobierno el Gral. J. J.
To r r e s , d e t e n d e n c i a
nacionalista. Reformas a
sistema penitenciario.
1971-1978
• 1971: inicio de uno de los procesos de reforma y
modernización policial más importantes de la segunda mitad
del siglo XX. Se encarga a policía lucha contra las drogas
y se reestructura aparato represivo y de inteligencia a través
de creación de Departamento de Orden Político (DOP) y
Departamento de Orden Social (DOS). Además de dar
impulso a ideología anticomunista, se promueve reforma
del sistema educativo, la inclusión de mujeres en la
organización así como el fortalecimiento de su capacidad
represiva mediante la militarización de regimientos y grupos
especiales. La dictadura construye amplia base de prebendas
y corrupción. Se otorgan amplias facilidades económicas
mediante recaudación paralela.
• Aprobación del Código de Tránsito.
• Creación de Comisión de Reestructuración policial que
propone reformas a Ley Orgánica, sistema educativo,
comunicación social, situación económica.
• En agosto de 1971 se produce
el derrocamiento del Gral.
Torrez y asume el gobierno el
Cnl. Hugo Banzer S. (19711978) con apoyo de miembros
de la Policía. El gobierno
introduce importantes
reformas en el sistema penal
mediante la aprobación de
nuevos códigos. Entre 1978 y
1982 se produce la inflexión
de la dictadura militar, período
en el que la Policía empieza
a recuperar su autonomía.
73
• Durante casi toda la década del 70, Policía Nacional mantiene
promedio de 8.500 hombres para población de aprox.
4.500.000 personas. Un policía por cada 529 personas.
1981
• Proyecto de Ley Orgánica de la Policía. Amplias facultades
a la Policía.
• Ascenso a General de la Policía Boliviana como expresión
prebendal del régimen militar en descomposición.
• Reestructuración del sistema educativo de la Policía Nacional.
• Propuesta de incorporación de la Policía Nacional a las
Fuerzas Armadas.
• Amplia participación policial en lucha contra narcotráfico y
contrabando.
• Creación y funcionamiento del Estado Mayor Policial.
Incorporación de policías a la Escuela de Altos Estudios
Nacionales dirigido por las FF. AA.
• Gobierno del Gral. García
Mesa (1980-1981). Régimen
signado por corrupción
narcotráfico, promueve
lealtades policiales a través
de redes de inteligencia,
corrupción y chantaje.
1982
• Restablecimiento de la democracia luego de un complejo
proceso de crisis militar, presión de movimientos sociales
y cívicos y presión internacional.
• Primer gobierno democrático.
Presidente: Dr. Hernán Siles.
1982
• Centralización de organismos policiales bajo mando único
previo conflicto entre instituciones uniformadas y policías
civiles.
• 1er Comandante General de Policía nombrado por un
gobierno democrático.
• Restablecimiento de la
democracia luego de casi 20
años de dictadura.
• En 1984 se crea la Unidad Móvil de Patrullaje Rural
(UMOPAR).
• Se aprueba 3ra. Ley Orgánica de la Policía en 1985. Asume
amplia gama de funciones con diversas atribuciones, muchas
veces sin recursos.
• Fortalecimiento del funcionamiento del Estado Mayor Policial,
creación de diversas unidades operativas, administrativas
y de gestión económica.
• Expansión de la presencia policial en el territorio nacional
junto al crecimiento de unidades mixtas de seguridad física
privada y seguridad física estatal.
• Organización y fortalecimiento de entrenamiento policialmilitar en torno a lucha contra las drogas, inteligencia y
grupos operativos especializados.
• Desarrollo de enfoque de género en la prestación de servicios
públicos a través de brigadas de protección a la familia e
incorporación de mujeres a cuerpos especializados.
• Controvertida modernización
bajo liderazgo corporativo de
tipo patrimonial y liderazgo
político de signo prebendal,
marcada por la inestabilidad,
informalidad y politización.
Expansión de burocracia
administrativa y débil esfuerzo
por mejorar capacidad
operativa para luchar contra
el delito.
• Segundo gobierno democrático
• 1987: se crea la Fuerza Especial de Lucha Contra el
Narcotráfico (FELCN).
• Creación de organismos de inteligencia.
• Prioridad al fortalecimiento y expansión policial en la ciudad
de El Alto y Santa Cruz a través de creación de numerosas
unidades policiales como el comando regional, batallón de
seguridad física, distrito y policía montada.
• Dr. Victor Paz, 1985-1989.
• Énfasis en lucha contra
drogas, inteligencia, control
social. En menor medida
potenciamiento preventivo,
desarrollo tecnológico o
inteligencia criminal.
1985
74
• En 1986, la Policía sostuvo un efectivo de aproximadamente
14.000 hombres para una población cercana a las 5.500.000
personas. Un policía para cada 392 personas.
1989
• Tercer gobierno democrático
• Lic. Jaime Paz Zamora, 19891993
1990-2000
• A principios de los 90 se reglamentan funciones, ámbitos
de competencia, dependencia, composición, control interno
y mando de la FELCN.
• Mandos policiales hacen diversas reformas en gestiones
breves e interrumpidas por escándalos públicos, abuso de
poder, corrupción, etc.
• Reformas gestionadas por mando policial para mejorar
capacidad de reacción y respuesta a demandas de seguridad
ciudadana. Impulso a temática educativa en diversos niveles
de formación. Homologación, titulación y acreditación con
estatus universitario al cuerpo de oficiales así como impulso
a la formación de personal subalterno, clases y policías,
mediante CEFOCAP
• Esfuerzos para mejorar relación con la sociedad: creación
de brigadas escolares, escuelas de seguridad ciudadana y
grupos de apoyo a la policía.
• Creación de mecanismos de lucha contra la corrupción,
abuso de poder y tráfico de influencias.
• Esfuerzos dirigidos a mejorar el enfoque de género en el
cuerpo policial y desarrollo de políticas educativas de
derechos humanos en institutos y unidades operativas.
• Énfasis en la institucionalización de mecanismos, unidades
de coordinación y planificación para enfrentar problemas de
seguridad ciudadana.
• Aprobación de nuevo Reglamento de Faltas y Sanciones
• Aprobación del Decreto Supremo de Reestructuración de
la Policía Nacional.
• Ejecución de planes de seguridad ciudadana insuficientes.
Aumenta inseguridad pública.
• Visita de equipo asesor de la Policía de Colombia a la Policía
de Bolivia. Informe identifica y destaca graves problemas
de diversa naturaleza.
• En 1998 se conforma la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)
para llevar a cabo tareas de erradicación.
• Tensiones institucionales entre fiscales, jueces y policías
generadas por la aplicación del NCPP
• Década de importantes
cambios en la organización,
mando y trabajo
• Controvertido proceso de
reformas y modernización
Proceso de militarización,
corrupción, relación informal
con el sistema político,
desprestigio, participación en
lucha antidrogas. Integración
de militares y policías en una
sola organización para la
erradicación de cocales en el
Chapare.
• Actividad política intensa
dentro de la Policía Nacional
impulsada por VIMA.
Organización que promueve
nueva forma de clientelismo
corporativo que compite con
el clientelismo de partidos
tradicionales.
• Reforma y aplicación del
Nuevo Código de
Procedimiento Penal (NCP).
1993-1997
• Cuarto gobierno democrático
• Llevó a cabo la política de capitalización, participación
popular, reforma educativa, asignación de subsidio a personas
mayores de 65 años. Policías y militares intervienen en la
denominada "Masacre de Amayapampa y Capasirca". Se
produjeron 5 huelgas policiales.
• LIc. Gonzalo Sanchez de
Lozada.
75
76
2000
• Motín policial en las instalaciones del GES cuyas
consecuencias para la estabilidad y gobernabilidad
democrática son traumáticas. Firma de acuerdo entre
gobierno y Policía Nacional aprobando aumento de sueldos
al personal subalterno en 50%. Significativo poder político
alcanzado por el asociacionismo policial que linda en actos
penados por ley.
• Caso de coronel Blas Valencia y la implicación de miembros
de la Policía Nacional con organizaciones criminales
internacionales pone en jaque el prestigio y la credibilidad
policial.
• Explosión de coche-bomba en instalaciones policiales en
Santa Cruz. Luego del caso PROSEGUR aumenta la crisis
interna.
• Creciente aumento de denuncias contra conductas policiales
ilícitas.
• Rápido deterioro de la unidad
policial, liderazgo corporativo
débil, empañado por
politización y gestión política
de la seguridad pública en
crisis. Severo impacto del caso
Blas Valencia en la opinión
pública coloca a la Policía en
el centro del cuestionamiento.
2001
• Aprobación del D.S. Nº 26364 del 24 de octubre del 2001.
• Nueva estructura jerárquica para los generales de la Policía
Nacional.
2002
• Quinto gobierno democrático.
• Entre 1985 y el 2002 el crecimiento de efectivos fue modesto.
Para la seguridad de una población de 8.274.300 personas
(2001) se cuenta con casi 22 mil hombres. Una relación de
un policía por cada 376 personas. Casi el 80% del personal
policial se concentra en departamentos del eje.
• Lic. Gonzalo Sanchez de
Lozada, 2002-2007.
2002
• Aprobación de Reglamento de Empresas de Seguridad
Privada. Hasta agosto del 2002 existían más de 200
empresas de seguridad sin control efectivo sobre su proceso
de selección de personal, salarios, costos de funcionamiento,
utilidades, seguros y delimitación de funciones y manejo de
armas y equipo electrónico.
• Creación del Consejo de Seguridad Ciudadana a cargo de
Min. de Gobierno.
• Aumento alarmante del clima
de inseguridad ciudadana.
2003
• Segundo hecho de sedición policial de magnitud iniciada en
el GES con amplio apoyo en el país propiciado por la
asociación de clases y suboficiales. Intervención militar para
garantizar la seguridad del Poder Ejecutivo y preservar el
imperio del orden constitucional. Detona enfrentamiento
armado entre policías y militares con saldos de numerosas
víctimas. Pérdida de autoridad del Poder Ejecutivo ante la
Policía, crisis de liderazgo corporativo, deliberación latente.
• Aprobación de Reglamento de beneficios colaterales de la
Policía Nacional, D.S. 26970 que forma parte del juego
prebendal entre mandos policiales y gobierno.
• Creación del Tesoro Policial, institución que pretende
concentrar y fiscalizar los recursos recaudados por la Policía
• Presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y
Orden Público.
• Dramáticos sucesos del 12 y
13 de febrero en la ciudad de
La Paz. Crisis policial tiene
como corolario un acuerdo
entre partes que otorga
beneficios institucionales,
ratifica la impunidad y deja
abierto el camino para otras
crisis en la medida en que no
se cumpla el convenio.
• Gestión directa del Presidente
de la República ante el
gobierno de España para la
Reforma Policial.
• Dificultad para restablecer la
• Policía de Santa Cruz se declara impotente ante la magnitud
de la delincuencia.
• Gobierno gestiona recursos de cooperación internacional. Pide
apoyo al gobierno de España para programa de reforma policial
en 6 áreas: reforma educativa, equipamiento e innovación
tecnológica, seguridad ciudadana, violencia política, lucha
contra terrorismo y narcotráfico, migración.
• Intervención de unidades policiales que recaudan recursos
por la prestación de servicios públicos. Múltiples denuncias
de corrupción preceden intervención de estos organismos.
autoridad del gobierno
sobre la Policía Nacional.
• Más de 20 años de democracia ininterrumpida (1982-2003).
Se produjeron 10 intentos frustrados de reforma institucional,
más de 30 actos de protesta deliberativa y dos hechos de
sedición que llevaron al país al filo del colapso democrático.
• Ningún acto deliberativo fue procesado hasta hoy. De acuerdo
a versiones de prensa son excepcionales los casos de sanción
a oficiales pese a centenares de denuncias de corrupción,
tráfico de influencias o abuso de poder. La impunidad corporativa
daña la gobernabilidad democrática y debilita el Estado de
Derecho.
• Presupuesto de seguridad pública, distribuido entre el Ministerio
de Gobierno y policía aumentó en 340 % en la última década.
Durante los últimos cinco años, los delitos comunes crecieron
en 360%. La tasa de homicidio subió de 7 a 22 homicidios por
cada 100 mil habitantes entre 1997 y el año 2001. Encuestas
de opinión pública destacan que los robos totales de vehículos
aumentaron en 422% entre el 95 y 2001.
• En la última década el gasto per cápita en seguridad aumentó
en 103%. Cada ciudadano paga por su seguridad la suma de
77.3 Bs. a precio nominal y 41.9 Bs. a precio real.
• El 46% de los efectivos policiales ocupan cargos burocráticos
o funciones desvinculadas de tareas operativas. Nadie conoce
con exactitud el volumen periódico de ingresos económicos
por concepto de recaudaciones y multas.
• Durante los últimos cinco años, la Policía Nacional ocupa el
penúltimo lugar en la percepción de confianza pública.
• Se estima que la policía privada cuenta con más de 8 mil
agentes de seguridad --es decir la mitad de efectivos policiales- distribuidos en más de 150 empresas.
• No obstante la crisis, existe una importante reserva moral en
el personal subalterno que continúa esperando cambios
profundos en su institución.
• 6 de cada 10 oficiales posee título académico universitario.
Este es un avance notable en la formación profesional.
• La transformación de la Policía Nacional depende
fundamentalmente de una reforma moral e intelectual del
sistema político, de la calidad de liderazgo, de un vigoroso
compromiso de los mandos policiales, de la excelencia,
rigurosidad y seguimiento constante del trabajo de los medios
de comunicación, de un mayor control social y un desempeño
eficaz de los órganos de fiscalización parlamentaria.
• BALANCE FINAL: Policía y
democracia en Bolivia: Una
política pendiente.
77
Anexo 3
Un siglo de imágenes
de la Policía
Miembro de la Policía de
Seguridad de La Paz
principio del siglo 1900-1910
Fuente: Foto Cordero
Museo Policial
Gendarme y Carabinero de la
policía de seguridad La Paz,
1911.
Fuente: Foto Cordero
Tcnl. Manuel Isaac Tellería Jefe
de Policía de La Paz. 1914.
Fuente: Foto Cordero
81
Policía Rural creada en 1902 y
re-fundada en la década del 40.
La Paz.
Fuente: Foto Cordero
Museo Policial
Inspectores militares de la Policía
de Seguridad 1920-1925.
Fuente: Foto Cordero
Museo Policial
Gabinete de investigación
criminológico (1937)
Sra. Benigna Manzano
Fuente: Foto Cordero
Museo Policial
82
Misión Italiana de policías de izq. a
derecha primera fila:
Cav. Giusseppe Togni, Centurión de las
milicias; Comm. Michele Pallota, Cónsul
de las milicias; Com. Dott. Domenico
Ravelli, Jefe de la Misión; Cav. Luigui
Bartarelli, Tcnl. de Carabineros Reales;
Cav. Constanzo Luzzarigo, Cap. de
Carabineros Reales; Cav. Dott. Rosario
Oreste, Commissario de Polizia.
Segunda fila:
Sr. Furci, Capo de escuadra milicias; Sr.
Salvattore Oppo, Marischal de
Carabineros Reales; Vittorio Senise,
secretario de Policía 1937.
Fuente: Foto Cordero
Museo Policial
Policias de Boliva y misión policial
de Italia. 1937
Fuente: Foto Cordero
Museo Policial
Escuadrón de seguridad de la
Policía 1939.
Fuente: Foto Cordero
Museo Policial
83
Intendencia seccional de
Policía (1945)
Fuente: Foto Cordero
Museo Policial
Milicianos y cadetes de la Policía
durante la Revolución Nacional,
11 de abril de 1952
Fuente: Lucio Flores
84
Cuerpo de oficiales de la
Policía jurando al MNR. 1960
Fuente: Museo Policial
Desfile de la Brigada
departamental de policias
de Cochabamba 1958.
Fuente: Museo Policial
Oficiales, suboficiales, sargentos
y cadetes jurando al MNR. 1954
Fuente: Lucio Flores
Fuente: Museo Policial
85
Brigada policial femenina
Sesquisentenario de la República
6 de agosto de 1975
Fuente: Presencia
Damas cadetes de la Academia
Nacional de Policía. 1996
Fuente: Museo Policial
Policias del Grupo Especial de
Seguridad (GES) en estado de
sedición. La Paz, febrero de 2003
Fuente: El Nuevo Día - Santa Cruz
86
La presente edición de
500 ejemplares se termino de imprimir
en el mes de julio de 2003 en los talleres de:
prolongación armaza 2999 (sopocachi)
tel. fax 2410802 tel. 2417188
e-mail: [email protected]
la paz, bolivia
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