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EL CAMINO HACIA LA PAZ PASA POR LA JUSTICIA

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EL CAMINO HACIA LA PAZ PASA POR LA JUSTICIA
EL CAMINO HACIA LA PAZ PASA POR LA JUSTICIA
Propuesta del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Ccajar,
para una justicia transicional que ponga en primer lugar a las víctimas
(En construcción)
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” Ccajar, propone una fórmula en debate y
construcción, que permita no sólo terminar el conflicto armado sino que implique consolidar a
futuro la paz a partir de tres elementos: la adopción de garantías de no repetición, la creación
de un Tribunal Especial de Justicia para la Paz y la puesta en marcha de una Comisión de la
Verdad.
 Propuesta de garantías de no repetición
Para que las violaciones a derechos humanos no se repitan, se requieren cambios
estructurales en el funcionamiento del Estado, que incluyen el fortalecimiento de las
instituciones de investigación y protección, la depuración del Estado, la transformación de las
estructuras económicas y tributarias, entre otras medidas que incluyen:
 Fortalecer el Estado de Derecho y la primacía del poder civil sobre el militar.
 Desmonte efectivo del paramilitarismo, a través de la investigación y sanción efectiva
de sus auspiciadores
 Depurar las Fuerzas Armadas y las organizaciones estatales, con la destitución de
funcionarios comprometidos en violaciones a los derechos humanos, ya sea por
acción o por haber tolerado dichas acciones.
 Revisar y eliminar los manuales, reglamentos y legislación que reproducen visiones
en las que sectores de la población son percibidos como el “enemigo interno”.
 Desclasificar y depurar los archivos de inteligencia estatal y no volver a recabar
información de defensores de derechos humanos, sindicalistas, miembros de partidos
y movimientos políticos de oposición y miembros de organizaciones sociales, en razón
de su labor.
 Adoptar protocolos y mecanismos de control que frenen los abusos de la fuerza
pública en manifestaciones sociales, así como derogar las normas que criminalizan el
ejercicio de la protesta pacífica
 Afectar las estructuras económicas y tributarias que favorecen la injusticia social.
Adoptar fórmulas que garanticen la subsistencia de las comunidades, la economía
campesina y la soberanía alimentaria.
 Reducir el gasto militar y la composición de las Fuerzas Armadas, y asegurar que
dichos recursos se destinen a la satisfacción de derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales.
 Reforma a la administración de justicia que contribuya a la superación de la
impunidad que ha favorecido a los responsables de las masivas y sistemáticas
violaciones a los DH. Ello implica la adopción de medidas para asegurar la
independencia del poder judicial y la no intervención de las demás ramas del poder
público.
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 Consolidación de la carrera judicial obligatoria y concurso de méritos como
mecanismo de acceso a la Rama, así como modificación de los sistemas de
postulación y elección de magistrados y magistradas de las Altas Cortes.
 Abolición de los fueros políticos, religioso, militares o cualquier otro, que menoscabe el
derecho a la igualdad formal y real ante la ley que tienen todos ciudadanos y
ciudadanas.
 Garantía de participación de las víctimas en todas las etapas de procesos penales.
 Derogatoria de normas y retiro de iniciativas legislativas que amplían el fuero penal
militar a graves violaciones de derechos humanos o tergiversan el Derecho
Internacional Humanitario.
 Propuesta de Comisión de la Verdad
Se propone una Comisión de Verdad, que en ningún caso sustituirá la actuación de los
órganos judiciales y disciplinarios. Esta será de origen oficial y contribuirá a la verdad sobre
la sistemática y generalizada violación de los derechos humanos, crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad y genocidio con especial énfasis en la responsabilidad estatal
de dichos crímenes por ser éstos mayormente graves dada la calidad de garante del Estado.
Su composición, desarrollo y funcionamiento deberían tomar en cuenta las propuestas
formuladas desde espacios sociales y de víctimas como el Movice y Conpaz, así como las
solicitudes de las organizaciones de víctimas de desaparición forzada, de constituir
subcomisiones de verdad por conductas que puedan profundizar sobre mecanismos de
comisión de los crímenes, las víctimas e impactos sobre los procesos organizativos.
Sus recomendaciones en materia de reformas institucionales, verdad, justicia, reparación
integral y medidas de no repetición serán la base de la política pública de derechos
humanos.
 Propuesta de Tribunal de Justicia para la Paz
La paz para que sea creíble, firme y duradera no puede ni debe ser sinónimo de impunidad
frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio o graves infracciones al derecho
internacional humanitario.
Se propone la creación de un Tribunal Especial de Justicia para la Paz al que deben
someterse todos los que quieran aportar a un proceso de paz sólido, contribuyendo a
desestructurar los métodos, prácticas, financiación y autorías intelectuales de crímenes de
carácter internacional. Quienes no se sometan a este Tribunal o habiéndose sometido no
hayan contribuido a satisfacer los derechos de las víctimas deberán ser juzgados por la
justicia ordinaria o enfrentarse a una posible acción de la Corte Penal Internacional.
El carácter de este tribunal sería de composición mixta (nacional e internacional), de
naturaleza confesional y estaría dividido en dos salas: una sobre los crímenes cometidos
con ocasión del conflicto armado interno al que se someterán guerrilleros y militares
responsables de crímenes de guerra, y otra sobre crímenes cometidos con ocasión del
conflicto social, económico y político que tratará sobre genocidio, los crímenes de lesa
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humanidad y violaciones de derechos humanos.
El Tribunal contará con un procedimiento especial para la revisión de procesos
judiciales y condenas contra líderes, activistas sociales y populares reconocidos por su
trabajo en la reivindicación y defensa de los derechos humanos.
Frente a los grupos guerrilleros que se desmovilicen se debe conceder amnistías e indultos
lo más ampliamente posible en relación a los delitos políticos y conexos, tomando en cuenta
las obligaciones y estándares internacionales que limitan la concesión de dichos beneficios
penales a quienes sean responsables de crímenes de guerra.
La responsabilidad y sanción penal debe ser asimétrica. Los beneficios que se otorguen
deben tomar en cuenta sanciones diferenciadas para los promotores de los crímenes de
Estado, caso en el cual la justicia debe ser más drástica, las inhabilidades políticas que se
acuerden deben extenderse en primer lugar a aquellos.
A mayor contribución a la verdad y a las garantías de no repetición, serán más favorables los
beneficios. Para la determinación de la pena, se tomarán en cuenta la gravedad de los
crímenes, el grado de participación, así como las contribuciones específicas a la satisfacción
de derechos de las víctimas, para ello el Tribunal contará con un catálogo amplio de
sanciones que incluyen confinamiento territorial, detención domiciliaria, trabajos comunitarios
de interés público o social, o privación de la libertad.
Las condiciones en que se realice la sanción penal no pueden convertirse en una nueva
ofensa a la humanidad y en particular a las víctimas. El rango de las penas a imponer a
responsables del Estado y particulares que han actuado con su aquiescencia, tolerancia o
apoyo, no deberían ser inferiores a las establecidas en Justicia y Paz, y deberían ser el doble
de las previstas en Justicia y Paz para los máximos responsables. Su fijación debe guardar
relación directa con los siguientes criterios: gravedad de los hechos cometidos,
determinación frente a los crímenes, contribución al desmantelamiento de la estructura,
identificación del paradero de los detenidos desaparecidos, responsabilidad de mando o
incidencia en la sociedad.
Sustento de la propuesta
El conflicto social y armado colombiano tiene profundas causas políticas y económicas. Entre
los múltiples factores que lo alimentan, se encuentran la exclusión de amplios sectores de los
beneficios del desarrollo y la exclusión política ligada al bipartidismo, factores que en su
conjunto han limitado el fortalecimiento de la democracia como expresión de la multiplicidad
de opiniones, fuerzas e intereses existentes en la sociedad.
A la par, la violencia socio política ha asegurado la consolidación de un bloque hegemónico
en el poder así como un modelo de acumulación sustentado en la mercantilización de los
derechos humanos; acumulando por vía del despojo y despojando por vía de la fuerza. Un
modelo orientado a favorecer las políticas de desarrollo y acumulación con énfasis en
sectores extractivos como el minero-energético y en la apropiación de los recursos naturales,
sin tener en cuenta las necesidades de la sociedad.
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Teniendo en cuenta estos factores, la violencia política y represión estatal son consecuencia
de políticas y prácticas estatales que no son efecto único y exclusivo del conflicto armado.
Para avanzar hacia una paz estable y duradera se debe partir por reconocer que desde altas
esferas del Estado se ha impulsado un modelo de represión que combina métodos legales y
operaciones encubiertas a través de grupos paramilitares vinculados a sectores económicos
y políticos en diferentes zonas del país.
Después de más de seis décadas de aplicación de doctrinas, ideologías y políticas
implementadas desde el Estado contra el movimiento social colombiano, es difícil sostener
que llegado a un acuerdo de terminación del conflicto armado entre Gobierno Nacional y
guerrillas, terminarán también las violaciones a derechos humanos.
Pretender desarrollar fórmulas jurídicas para la desmovilización de las guerrillas sin
contemplar la depuración del establecimiento criminal incrustado en la economía, en la
política y en el Estado, no es una apuesta para la paz, si no para la perpetuación del status
quo y la violencia estructural. Por tanto, la paz integral pasa porque todos los responsables
de crímenes internacionales contra la población colombiana se sometan a un proceso de
justicia para la paz o respondan ante la justicia ordinaria.
En diferentes sectores políticos, académicos y con cierto eco en los medios de
comunicación, viene tomando fuerza la idea de que el tránsito hacia la paz exige que las
víctimas y la sociedad en su conjunto sacrifiquen sus demandas de justicia. Nada más
errado para un país que ha sufrido y sigue sufriendo de altísimos índices de impunidad frente
a violaciones a derechos humanos, y como se ha puesto en evidencia en estos días, de un
altísimo descrédito, corrupción y deslegitimación social de la administración de justicia.
La construcción de un futuro en el que se garantice una administración de justicia eficaz,
pronta e independiente para todas las víctimas no puede construirse sobre la impunidad de
las violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho humanitario cometidas durante
décadas. La sociedad, las organizaciones de derechos humanos y de víctimas, recibimos
con grandes esperanzas el anuncio pactado entre los negociadores de La Habana de que no
se produciría un intercambio de impunidades, esperamos que las partes honren su palabra.
Por otra parte, la Corte Penal Internacional ya ha señalado la eventual responsabilidad de
guerrillas, Estado y paramilitares en la comisión de crímenes internacionales bajo la vigencia
del Estatuto de Roma. El rol más importante que puede cumplir la CPI frente al proceso de
paz en Colombia, es el de evitar la repetición de los crímenes al advertir a los máximos
responsables de todos los actores armados y promotores de los crímenes causados por las
múltiples violencias, que de no se acogerse a un proceso de justicia transicional o incumplir
las obligaciones que se deriven del mismo, la CPI podría activar su competencia.
Como Ccajar consideramos que en la Mesa de Negociaciones de La Habana, se debe
abordar explícitamente la discusión sobre justicia y dar dos tipos de respuestas: a los
crímenes del pasado con fórmulas que satisfagan los derechos de las víctimas a la verdad, a
la justicia y a la reparación; y de cara al futuro, con la discusión sobre garantías de no
repetición que sienten las bases para que la historia de los crímenes no se repita.
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Sobre lo primero, proponemos que las negociaciones incluyan de manera explícita un
procedimiento judicial de carácter universal, esto es que se aplique a las dos partes que
negocian la terminación del conflicto armado. Pero también diferenciado, que implique el
reconocimiento de la asimetría de responsabilidades entre Estado y guerrillas, y que distinga
entre crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Sobre lo segundo, un proceso de paz que ponga fin al conflicto armado en Colombia, para
que sea viable y real debe contemplar la desmovilización de todos los actores del conflicto
armado y la eliminación de la guerra sucia. Se trata de apoyar un proceso de paz que lleve a
la desmovilización de las guerrillas al tiempo que asegure el desmonte de las estructuras
políticas y económicas que dan sustento a la violencia, en particular a los agentes estatales,
paramilitares y auspiciadores civiles de la comisión de graves violaciones a los derechos
humanos y crímenes de lesa humanidad.
Bogotá, marzo de 2015
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