...

la delimitación competencial de la sala constitucional del estado

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

la delimitación competencial de la sala constitucional del estado
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. LA DELIMITACIÓN COMPETENCIAL DE LA SALA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO, COMO ELEMENTO
FORTALECEDOR DEL FEDERALISMO
COMPETENCE DELIMITATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT
OF THE STATE OF MEXICO, TO STRENGTHEN FEDERALISM
Enrique URIBE ARZATE
Alondra Ivett DE LA O GONZÁLEZ 
RESUMEN. Este trabajo aborda el desarrollo que ha tenido la justicia constitucional en el
Estado de México; también, enfatiza la importancia que, para los órganos jurisdiccionales
de control constitucional de las entidades federativas, tiene el sistema federal. Desde este
punto, se aprecia cómo se articulan los ámbitos competenciales federal y local, generando
una cuestión determinante para la protección de los derechos fundamentales.
Palabras clave: Justicia Constitucional, Federalismo, Derechos Fundamentales, Estado
Constitucional.
ABSTRACT. This article reviews the development of the the local judicial review in the State
of Mexico, emphasizing the impact of the federal system on the local constitutional-control
courts. From this perspective, it is evident how the federal and local jurisdiction are created,
generating a decisive starting point for the protection of fundamental rights.
Keywords: Local judicial review, Federalism, Fundamental Rights, Constitutional-control
courts.

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo en la
Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II,
Dirección electrónica: [email protected]
 Maestra en Justicia Constitucional por Universidad Autónoma del Estado de México, Secretario de Acuerdos
de Primera Instancia en el Poder Judicial del Estado de México; dirección electrónica: [email protected]
45
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. I. A MODO DE INTRODUCCIÓN.
Para comprender nuestro presente, es importante considerar el transcurso histórico de los
ordenamientos y de las figuras jurídicas; el mejor acto preventivo, es conocer nuestro
pasado.
En diversos tiempos y bajo determinadas circunstancias, los seres humanos hemos
constatado la necesidad de contar con una organización [fundamental] para el
funcionamiento de la sociedad; de ahí que el Estado no se concibe sin Constitución. Decía
Gerkrath que: [la Constitución] “(…) es uno de los conceptos jurídicos más complejos (...)
su función es la proteger la libertad individual y la limitación del poder [...] su objetivo
principal regular la organización de un estado (...) la función central de toda constitución es
la protección de los derechos fundamentales del hombre…”.1. Esto es, el diseño de la
Constitución tiene un enfoque que busca proteger los derechos fundamentales del hombre,
permitiendo y controlando el ejercicio del poder. De modo que, al margen de cualquier otra
consideración teórica sobre el fin del Estado, y acerca del quid de la Constitución, es
evidente que necesitamos de esta organización, pues regula la convivencia humana en casi
todas sus facetas.
Ahora, la dualidad conformada por el Estado y la Constitución es una proyección
esencial de la forma en que se estructura y organiza a aquél a partir de lo que dice ésta. Es
decir, cada Estado tiene un diseño concreto en la cuestión territorial y competencial, que
invariablemente proviene de la Constitución, sin dejar de observar que la manera de
organizar al poder público puede variar, según el diseño que se plantee inicialmente en el
ordenamiento jurídico fundamental.
Nuestro país por ser un Estado Federal, se caracteriza por reunir distintas entidades
en una sola; a aquéllas les es otorgada cierta autonomía para regirse internamente, pero
siempre subordinadas a la Federación, que es la autoridad máxima con injerencia sobre los
asuntos nacionales de mayor importancia. Estas entidades federativas, han diseñado una
serie de mecanismos encargados de salvaguardar y dar eficacia plena a sus textos
constitucionales, razón por la cual los actos u omisiones que grosso modo, violenten las
normas constitucionales, pueden ser anulados o invalidados por órganos, principalmente,
1“…
est une des notions juridiques les plus complexes… sa fonction est de protéger la liberté individuelle et de
limiter le pouvoir… a pour objet primordial de régler l’organisation d’un État…la fonction centrale de toute
constitution est la garantie des droits fondamentaux de la personne humaine…” Gerkrath, Jörg,
Verfassungsrevision., Signification et fonctions d’une constitution, en Verfassungsrevision dossier, Mai 2009, pp.
23-24, [en línea]. Disponible en:
http://www.forum.lu/pdf/artikel/6579_286_Gerkrath.pdf [consultado 25- mayo -2014]
46
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. de carácter jurisdiccional, con la finalidad de que el orden constitucional, tanto federal como
local, se reintegren y conserven en todo momento, una naturaleza suprema. En
concordancia con lo anterior, el gobierno federal debe –y tiene que– coexistir y funcionar al
mismo tiempo que los gobiernos de las entidades federativas; lo cual, lógicamente, extiende
el ámbito operacional de los tribunales en lo que a la justicia constitucional se refiere.
Es así que a cada entidad federativa de la república mexicana se le ha otorgado la
facultad de expedir su propia Constitución, acorde a las circunstancias sociales y legales
que correspondan, favoreciendo al Pacto Federal –sin olvidar a la supremacía de éste,
como ley fundamental–. Es por esto que la justicia constitucional estatal o local, es un factor
imprescindible al momento de defender la Constitución de cada Estado miembro y, como
consecuencia, para construir una justicia constitucional federal que incluya a ambos niveles
de gobierno. Hacer caso omiso a estas circunstancias, implicaría que las Constituciones
locales dejen de tener la relevancia jurídica y social que se les ha atribuido, así como
renunciar a ser Estados libres y soberanos, tal como lo disponen los artículos 40, 41 y 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hasta ahora, varios años después de la famosa reforma constitucional de 2011 –
que insertó el concepto de derechos humanos en nuestra Constitución–, el panorama no
es halagüeño; las violaciones a estos derechos no se han aminorado y, la garantía para su
defensa y protección sigue siendo asignatura pendiente del Estado mexicano.
El organismo jurisdiccional encargado de velar por el control constitucional en el
Estado de México, es la Sala Constitucional; su objetivo es hacer efectiva la supremacía
constitucional frente a disposiciones o actos en contrario que pudiesen transgredirla, esto,
mediante la declaración de invalidez de los actos de gobierno que sean contrarios a la ley
fundamental, y como consecuencia, la destrucción de sus efectos jurídicos. Es importante
decir que han sido muy pocos los asuntos sometidos al conocimiento de la Sala
Constitucional, denotando que no ha tenido la eficacia deseada.
Desde nuestra perspectiva, la solución a los conflictos que atraviesa la Sala
Constitucional Mexiquense, reposa en la distinción del campo de cognición competencial
entre la Federación y el Estado de México; es decir, delimitar el sistema de justicia
constitucional que se desarrolla, ya bien sea en el ámbito federal y local, con la finalidad de
establecer la efectividad de la constitución estatal, y vernos entonces, frente a un verdadero
Federalismo.
47
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. II. EL ESTADO Y SU CONSTITUCIÓN.
La necesidad y capacidad natural del ser humano de relacionarse, ha dado pie a la
creación de sociedades, cuya evolución ideológica y cultural ha instituido diversas figuras
jurídicas al interior de sus sistemas de organización; esto ha permitido crear un ambiente
en el que los sistemas jurídicos cuentan con una gran carga de principios, cuya finalidad no
es otra, sino potencializar la protección y desarrollo del ser humano, pues éste es –
precisamente– la razón de ser de esas sociedades; el instrumento que almacena esta serie
de principios, es denominado “Constitución”, al respecto Josep Aguiló Regla refiere que:
“[…] darse una constitución es el de fundar una práctica constitucional orientada por
principios, derechos y valores. No se trata por tanto, de que la norma constitucional resuelva
ex ante los problemas y/o conflictos que puedan surgir (esas son las ventajas de la
legislación), sino más bien de que la constitución oriente la solución de todos esos
problemas […]”2; en nuestro país, el ordenamiento que acoge esos principios –de forma
enunciativa– es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para dar vigencia
y eficacia a este cuerpo legal –esencial–, la sociedad ha cedido parte de sus derechos y
libertades para tener el mismo bien público temporal. Lo anterior, ha contribuido a la
creación de lo que conocemos como Estado, cuya definición es distinguida universalmente,
como el ente ordenado jurídicamente y sometido a un texto normativo, formado por un
conjunto de personas con uno o varios objetivos en común, cuya residencia está
establecida en un territorio delimitado y regido por un poder público –con funciones
específicas para mantener el orden y el bienestar social–.
Por otro lado, podemos afirmar que el Estado es el ente que goza de derechos y
obligaciones, ordenado jurídicamente y sometido al texto normativo, formado por un
conjunto de personas que tiene uno o varios objetivos en común, asentadas en un territorio
delimitado, regido por un poder público, que realiza las funciones necesarias para mantener
el orden y el bienestar de la sociedad, a través de funciones específicas, de entre las que
destacan: la legislativa, la jurisdiccional y la gubernativa–administrativa. Indispensable, por
ser el Estado, la institución que garantiza el derecho, siempre y cuando aplique los
2
Ortiz Gaspar, David Aníbal y Aquize Cáceres, Katty Mariela [coords.], Tendencias actuales del Estado
Constitucional contemporáneo. El constitucionalismo imposible de Luigi Ferrajoli, Perú, Ara Editores E.I.R.L,
2013, t. V, pág. 363.
48
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. principios derivados de la conciencia humana, pues son éstos los que avalan la legalidad
de la actuación del Estado.
Otro elemento indispensable es el Estado de Derecho; término empleado por vez
primera en 1813 por el alemán Carl Th. Welker, quien lo concibió bajo el esquema de que
todo el actuar político que rige a una sociedad, debe estar sujeto a un orden jurídico
instituido en la Ley fundamental, donde hay derechos y obligaciones tanto para los
gobernantes como para los gobernados, cumpliendo las siguientes exigencias: de primacía
de la ley, donde el poder y la actividad vienen regulados por la ley; y de la potestad que
tiene el poder judicial en el control constitucional evitando la violación de las normas
jurídicas, para el respecto y fomento de los derechos fundamentales. Tanto el Estado como
el Derecho, se complementan para conseguir un fin común, que variará según el caso
particular del país y de los valores que se persigan; por su parte, González Uribe señala
que para alcanzar el Estado de Derecho se requiere de dos condiciones principales que
son: “[…] el reconocimiento de la primacía de los valores éticos del Derecho, con la
consiguiente voluntad de someterse a ellos, y una técnica o conjunto de técnicas que hagan
hacedera y práctica esa sumisión […]”3; es decir, los ciudadanos en primer término,
reconocen los principios y valores que estipula la Ley Suprema para el beneficio de la
sociedad en general, y la creación de los medios y mecanismos indispensables para la
eficaz observancia de las mencionadas determinaciones, tales como: la existencia de una
Ley Fundamental que establezca la integración democrática de sus órganos, sus funciones
y limitaciones; el reconocimiento de garantías tanto individuales como colectivas, las cuales
no pueden ser transgredidas; la correcta división de los poderes para evitar el monopolio y
arbitrio de alguno de ellos; el principio de legalidad y el de garantía de audiencia, a través
de los cuales se regula la actuación de las autoridades, la cual debe ir ajustada a derecho;
la presencia de medios de comunicación, que permitan la formación de un criterio propio,
así como la vigilancia de la actuación de autoridades públicas; la efectividad de un control
constitucional tanto de leyes como de actos de autoridades públicas.
Bajo la misma línea se encuentra el término constitucionalismo, cuya tarea
primordial es la correcta sistematización del gobierno adecuado a la ley, íntimamente
vinculado al garantismo que es definido como la defensa de los derechos y garantías de los
ciudadanos de una determinada sociedad, logrado a través del control y límites del poder
que sin importar la teoría o acepción que se desea seguir.
3
González Uribe, Héctor, Teoría Política, México, Porrúa, 2007, p. 224.
49
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. III. EL SISTEMA FEDERAL.
Fix Zamudio en el trabajo propositivo que efectúa, refiere que la defensa de la
Constitución, está: “[…] integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales
que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir
su violación […], a fin de lograr su paulatina adaptación a los cambios de la realidad político–
social […]”4; por lo que esta defensa tiene como objetivo principal, preservar a la Lex
Fundamentalis que se forja con la conformación de dos instrumentos que contribuyen a su
perfeccionamiento: [i] el aspecto sustantivo que se advierte en este tipo de defensa, y [ii] el
adjetivo absorto por el Control de la Constitucionalidad5.
Al reflexionar sobre la justicia constitucional, necesariamente se hacen presentes
dos sistemas: [i] el americano o judicial review of legislation, que atribuye a los jueces sin
importar su jerarquía, el control constitucional, cuyos efectos eran relativos, y de naturaleza
declarativa, pues produce efectos desde el momento en que el acto tuvo lugar,
retrotrayendo la situación jurídica a ese estado; y [ii] el europeo –kelseniano– o
verfassungsgerichtsbarkeit, que arroga a un Tribunal Constitucional la facultad de verificar
el control de constitucionalidad, cuyas sentencias surten efectos erga omnes y constitutivo,
pues anulaba determinaciones hacia el futuro. Sin embargo, éstos han sufrido una serie de
cambios a lo largo de la historia, determinados por la realidad fáctica en la que se
engendraron; pues la relación entre los derechos fundamentales de la persona y la justicia
constitucional, reposa en el hecho de que ambos representan dos bases del moderno
constitucionalismo democrático, cuya coexistencia es necesaria para definir un
ordenamiento como “Estado democrático de derecho”6.
La justicia constitucional –como una institución jurídica– se generó a través de la
evolución ideológica resultante de la búsqueda de la efectiva defensa, reconocimiento,
4
Cienfuegos Salgado, David, Una propuesta para la justicia constitucional local en México, México, Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, Porrúa-Instituto Iberoamericano de Derechos Procesal
Constitucional, número 4, julio-diciembre, 2005, pp. 123-124.
5 Celotto, Alfonso, La Justicia Constitucional en el Mundo: Formas y Modelos, Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa-Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional,
enero-junio, 2004, p. 16 [en línea]. Disponible en:
http://www.iidpc.org/revistas/1/index.html [consultado 19-agosto-2013]
6 Rolla Giancarlo, Derechos Fundamentales, Estado democrático y Justicia Constitucional, México, Universidad
Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, p. 126
50
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. tutela y garantía de las disposiciones constitucionales –vinculadas con los derechos
fundamentales–, cuyo culmen es el bien público temporal y la felicidad de los ciudadanos.
Esto se logra a través de un cúmulo de instrumentos legales y constitucionalmente
instituidos, bajo los lineamientos que cada entidad federativa en particular contemple.
Dentro del contexto anterior, la justicia constitucional mexicana se bifurca en dos
ramas: la federal y la local o estatal7; en ambas, se cuenta con un ordenamiento de carácter
supremo que regula su régimen interno, y que además, se dota a sí mismo de una
protección especializada, que garantiza su respeto y estricta observancia; y aquí, es donde
surge la necesidad de contar con los medios de control (constitucional) que resulten más
eficaces.
Hoy, la justicia local se muestra supeditada y dependiente del escenario federal;
esto se debe al centralismo político y económico por el que México atravesó a partir de la
entrada en vigor de la actual Constitución, así como al desequilibrio de potestades que ha
generado una “doble jurisdicción”, reflejada en un Poder Judicial local subordinado y débil,
que, a pesar de tener el primer contacto con la sociedad, presenta algunos de los mayores
obstáculos para un auténtico y legítimo acceso a la justicia8.
En el ámbito federal, no contamos con un órgano especializado en justicia
constitucional; no obstante, la Suprema Corte de la Nación es quien realiza esta función, ya
que se encuentra investida de elementos que la identifican como Tribunal Constitucional;
por cuanto hace a los estados subordinados, algunas entidades federativas han
incorporado a en su estructura, órganos a los que les atribuyen competencias en materia
de control constitucional. Es así que el sistema de justicia constitucional, se muestra
perfeccionado en ambos escenarios –federal y estatal–, pues se encuentra conformado por
todos y cada uno de los medios de control constitucional que han brotado los textos
constitucionales; y que a propósito, tienen como fin el preservar el orden constitucional en
los dos niveles, para tal efecto, esto debe ser garantizado prima facie por la Constitución
local, que servirá de base a la defensa de la Lex Fundamentalis. Se ha buscado esclarecer
7 Estableciéndose como sistemas de control constitucional federal y local… Estos sistemas son “aquéllos
regímenes que tienen por finalidad específica invalidar actos de autoridad y leyes que sean contrarias a la ley
fundamental”, vigente en cada ámbito competencial. Cfr. Martínez Sánchez, Francisco, El Control Interno de las
Constituciones de los Estados de la República Mexicana. Perspectiva de un Nuevo Federalismo, México,
Porrúa, 1998, p. 41
8 Cfr. Concha Cantú, Hugo A. y Caballero Juárez, José Antonio, Diagnóstico sobre la Administración de Justicia
en las Entidades Federativas. Un Estudio Institucional sobre la Justicia Local en México, 1ª reimp., México,
National Center For State Courts, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2001, p. 6
51
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. cuál es la correcta y adecuada distribución competencial del órgano encargado del control
constitucional, este órgano ha tenido diversas denominaciones, entre éstas destacan las
siguientes: Sala Constitucional, Corte Constitucional o Tribunal Constitucional; así,
cualquiera que sea su nombre o denominación, se hallan habilitados para calificar la
infracción cometida y en su caso, declarar la inconstitucionalidad de cualquier acto o
disposición legal que transgreda a la Ley Fundamental, mediante la interpretación de la
Constitución y de las disposiciones normativas creadas al efecto.
Hemos reflexionado ya, sobre la doble función de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, una judicial y otra constitucional. Y que con independencia de no ser propiamente
un Tribunal Constitucional, se le ha encomendado esta tarea, dado el enorme grado de
autoridad con el que cuentan sus servidores públicos.
IV. EL CONTROL CONSTITUCIONAL DUAL.
La instauración de un Tribunal Constitucional, dotado de un máximo poder para
declarar la nulidad de la norma que transgreda a la Constitución, involucra un alto grado de
especialización que impone retos mayúsculos, pues precisa una gran infraestructura, y
sobre todo, una excelsa formación y capacitación –permanente– de los servidores públicos
que lo integren. Ahora, dado el contexto social que prima en nuestro país, es necesario que
prevalezca un sistema en el que la cooperación entre los niveles de gobierno sea una
constante; fortaleciendo así, al federalismo mexicano, bajo la única premisa de delimitar el
campo de cognición de uno y otro y no invadir competencias.
Los Estados–Nación con independencia de la forma de gobierno que tengan, han
creado instituciones para garantizar la supremacía e integridad de su Constitución. En la
defensa de los derechos fundamentales –colectivos e individuales–, el control constitucional
se hace presente cuando una norma de rango inferior sea contraria a lo establecido en la
Constitución, de modo que prevalece ésta sobre aquélla; sobre la naturaleza de esta clase
de control, Wellington refiere que:
(…)…Tendemos a pensar en los tribunales de derecho común como tribunales
de actuar, no así a las legislaturas ya que únicamente crean y deshacen la ley.
Cuando los estatutos se encuentran inmersos, vemos a nuestros tribunales,
como la voluntad legislativa de actuar, o en caso de una mala interpretación
ocasional de la intención legislativa, dando como resultado una decisión
52
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. incorrecta que puede ser remediada fácilmente con una reforma legislativa (…)
diseñado para moderar y controlar el poder de las mayorías (…).9
Ahora, para ejercer correctamente el control constitucional, las entidades federativas
necesitan de un órgano de control constitucional; entendido como la institución jurídica
especializada, que con independencia de la denominación que se le dé, se encuentra
debidamente identificada por las atribuciones confiadas en las legislaciones que se
instituyan para su funcionamiento, cuya titularidad se condecora al personal preparado
adecuadamente –tanto en el plano intelectual, como en la praxis–.
El sistema judicial mexicano, ha ubicado a sus instituciones en los distintos niveles
de gobierno, pues desde la Constitución Federal de 1824, se aprecia al Poder Judicial con
dos niveles independientes uno del otro, éstos: “(…), deben contribuir en sus respectivos
ámbitos de competencia, a la instauración de un ambiente de medios de control
constitucional sano jurídicamente, garante de los derechos fundamentales de los
gobernados, protector de la división de poderes, en el que se salvaguarde el pacto federal
y el Estado democrático de derecho(…)” 10.
V. GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
Los derechos fundamentales están conectados a unos valores que integran el tipo
“Estado Constitucional”, en especial a la dignidad (…) su contenido y límites vendrán en
función de estos bienes por medio de la aplicación del principio de ponderación de los
mismos (…) están inmersos en una relación axiológica, específica sólo para él, con los otros
bienes jurídico–constitucionales.11
Así, es el garantismo el que tiene por objetivo el aseguramiento de los derechos y
libertades de los gobernados, la correcta aplicación de los principios y valores
9 “[…] We tend to think of courts at common law as acting because the legislature has not and as making law
the legislature can unmake. When statutes are involved, we see our courts either as effectuating legislative will
or, through an occasional misreading of legislative intent, as producing an incorrect decision that can be
remedied easily by a legislative reform […] designed to temper and check the power of majorities […]” Hillel
Wellington, Harry, The nature of Judicial Review, U.S.A., Yale Law School, Yale Law School Legal Scholarship
Repository, January 1982, pp. 486-520 [en línea]. Disponible en:
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3010&context=fss_papers [consultado 01-092014]
10 Penagos López, P., La Actividad Constitucional en las Entidades Federativas en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo,
y Molina Reyes, César de Jesús [coords.], El Juez Constitucional en el Siglo XXI, México, UNAM-SCJN, serie
Doctrina Jurídica, 2009, t. II, p. 408.
11 Häberle, Peter, La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales, Dykinson, Madrid, 2003,
pág. 557 [en línea]. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/14/rec/rec27.pdf
[consultado. 01-agosto-2014]
53
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. contemplados en la Lex Fundamentalis; a través del control y límites del poder, cuyo primer
acto de aplicación se vislumbra en la actuación de los jueces, dada la cercanía que tienen
con los problemas sociales, al interpretar y aplicar correctamente las normas al caso
concreto, pues son éstos los principales encargados de salvaguardar los derechos
fundamentales –establecidos tanto en la Norma Suprema, como en las leyes secundarias–
, ello encaminado a la mejora imparcial, independiente y comprometida de la interpretación
y administración de justicia, que contribuya a la independencia y transparencia en la
actuación de instituciones jurídicas, tal y como lo mencionan Pozas-Loyo y Ríos-Figueroa12.
Fortaleciendo tanto la justicia constitucional como al federalismo.
VI. LA SALA CONSTITUCIONAL, NUESTRA PERSPECTIVA.
Analizar los elementos hermenéuticos que sustentan el control constitucional,
permite ver que los jueces (de cualquier nivel) juegan un papel importante en su ejercicio;
y los criterios que éstos prefieren, tienen un excepcional rol en la labor proveniente de las
legislaturas, porque aquellos (juzgadores) son pilares de los Tribunales de hacer, que
ejecutan las voluntades de los legisladores. Así, el Poder Judicial por ser una institución
dotada de autonomía, brinda en el actuar de sus jueces, una vía –ideal– para la resolución
de conflictos –a través de una noble labor, que es la impartición de justicia–, en la que se
considera que la afluencia (más que) activa de la sociedad, genera la necesidad de buscar
mecanismos enfocados a la consolidación de la confianza de la población, implementando,
por ejemplo, medios como la [i] transparencia en todos sus órganos, actividades y personas;
[ii] responsabilidad, congruencia y dignidad moral en el servicio, por parte de los encargados
y auxiliares de la administración de justicia, para responder de sus acciones ante la
sociedad; [iii] vocación, capacidad y voluntad por parte de los juzgadores de solucionar los
conflictos que se les presente de una forma razonable, a efecto de inspirar confianza y
respeto entre la población a la que sirven13.
En ese contexto, se ha buscado determinar cuál es la adecuada distribución
competencial del órgano encargado del control constitucional a nivel local –considerando
claro, la intervención de la Federación–, para que a través de un órgano especializado se
12
Cfr. Pozas-Loyo, Andrea y Ríos-Figueroa, Julio, Enacting Constitutionalism: The Origins of Independent
Judicial Institutions in Latin America, no. 3, New York, Comparative Politics, 2010, Vol. 42, pp. 1-26 [en línea].
Disponible en:
http://homepages.nyu.edu/~jrf246/Papers/APL_JRF_Enacting_Final3.pdf [consultado 14/febrero/2014]
13 Cfr. Ibídem, pp. 59-89.
54
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. califique la infracción cometida, y en su caso, se declare la inconstitucionalidad de cualquier
acto o disposición legal que transgreda a la Ley Fundamental. Bajo esta concepción, resulta
claro que las facultades de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México,
son pobres, ya que los lineamientos que se brindan en la Ley Reglamentaria del artículo 88
Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, son insuficientes
para plantear (con la magnitud debida) un ejercicio de control constitucional. Pues sin duda,
aquella ley reglamentaria debe otorgar un campo más amplio al momento de ejercitar los
medios a través de los cuales se ejerce el control constitucional. Aunado a que ese cuerpo
normativo, no prevé un esquema bajo el cual debe realizarse tal control, y que
consideramos, es una parte fundamental; ya que esta situación, es un referente obligado
para guiar y limitar la actuación los Magistrados que integran la Sala Constitucional.
Al margen de lo antepuesto, estimamos forzoso que los lineamientos contenidos en
la Ley Reglamentaria del artículo 88 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, migren hacia un Código Procesal, para así desarrollar de manera
debida los alcances de un verdadero control constitucional, que permita, sobre todo,
generar un gran nivel de confianza en los justiciables. Para clarificar lo anterior, es necesario
echar un vistazo a la estructura de la Ley aludida, pues de ésta se puede advertir lo
siguiente:
A. En un principio, contempla la forma en la que se integra la Sala Constitucional [por
cinco magistrados], para después determinar el modo en el que se practicarán las
notificaciones y se computaran los plazos.
B. La suspensión e hipótesis de admisibilidad del recurso de revisión (horizontal).
C. Enseguida, define a quienes se les considera parte en la Controversia
Constitucional, así como los requisitos que debe contener la demanda y la
contestación, las causas de improcedencia y sobreseimiento, y la forma en la que
se instruirán.
D. Concluye, con las disposiciones en torno a las acciones de inconstitucionalidad, la
legitimación y plazo para interponerlas, los requisitos de la demanda, las causas de
improcedencia y sobreseimiento, y el procedimiento de forma muy genérica.
Contempla como norma aplicable supletoriamente, en lo no previsto, el Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de México.
A partir de este sencillo esquema, podemos percibir que es insuficiente la regulación
que rige el actuar de los Magistrados que integran la Sala Constitucional en el Estado de
55
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. México; pues es extraordinario, que para determinar (por ejemplo) la procedencia de las
Controversias Constitucionales, se tenga que recurrir a la interpretación a contario sensu,
de las causales de improcedencia previstas para éstas. De modo que, para fijar siquiera la
procedencia (formal), la Sala examina prima facie, la actualización de cualquier causal de
improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, para después
abordar los conceptos de validez que se hayan hecho valer; por el contrario, si se
contemplan (de forma somera) los casos en los que resulta procedente (formalmente) la
acción de inconstitucionalidad que haga valer cualquiera de los legitimados en términos de
la propia ley. Sin embargo, las disposiciones que contiene no son suficientes, para que de
forma completa y eficaz, se ejerza un auténtico control constitucional en el ámbito
competencial de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México. Es
indudable también, que la limitación competencial en torno a los recursos ordinarios
(apelaciones), es algo más que ausente, porque el nivel de subjetividad existente para
determinar cuándo se está frente a la aplicación de normas de ejercicio de control difuso de
constitucionalidad y convencionalidad, es inmenso. Ya que prácticamente no podremos
hallar en ningún texto (local), cuáles son, o bien, cómo son y qué cualidades deben tener
aquellas normas de ejercicio de control, para considerarlas como tales, para que de este
modo, se actualice la competencia a favor de la Sala Constitucional.
La insuficiencia normativa de la que se habla, resulta más evidente al tener en
cuenta que la propia Ley reglamentaria, contempla que la norma aplicable en lo no previsto,
será el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México, dejando de
lado que el mismo, en el artículo 1º dispone que las disposiciones que contiene son de
orden público e interés general y tienen por objeto regular el acto y el procedimiento
administrativo ante las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado; circunstancia, que
consideramos incongruente, pues creemos que en todo caso, el Código aplicable
supletoriamente, debía ser el de Procedimientos Civiles para el Estado de México, por ser
éste y no aquél el Código vinculado directamente con el actuar de los órganos que integran
el Poder Judicial del Estado de México.
Como hemos visto, es notoria la dispersión legal –nada moderada– en el ámbito
competencial del órgano del que hablamos, pues por un lado, a primera vista sus
atribuciones se dibujan de forma muy tenue en la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de México (artículos 43 y 44 bis-1), para después, contemplar en la Ley
Reglamentaria del artículo 88 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
56
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. de México, que sus atribuciones (artículo 11) son: el resolver las controversias
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como los recursos ordinarios
(apelaciones) en contra de resoluciones judiciales definitivas en donde se apliquen normas
de ejercicio de control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, en donde, también
se resolverá el fondo del asunto planteado.
En suma, con las reflexiones realizadas pretendemos soportar la afirmación de lo
necesario que resulta delimitar el ámbito de competencia de la Sala Constitucional del
Poder Judicial del Estado de México, pues regular todas las cuestiones formales y
materiales surgidas en el ejercicio de control constitucional en el ámbito de la justicia
mexiquense, es un asunto que contribuye al fortalecimiento del federalismo. Pues, sin duda,
la fortaleza del sistema mexicano de justicia constitucional, debe de contar con cimientos
sólidos, que ayuden a sostener cualquier embate que pueda surgir al efectuar cualquier
clase de control constitucional.
Para evidenciar lo expresado, basta observar las siguiente gráfica en la que se
reflejan los asuntos que han conocido los magistrados integrantes de la Sala Constitucional
del Estado de México.
SALA CONSTITUCIONAL
2 controversias sobreseidas
2 controversias procedentes
4 controversias desechadas
12 incompetencia apelación
1 sentencia revocada, apelación
1 sentencia confirmada, apelación
Información obtenida a través del Sistema de Acceso a la Información
Mexiquense (SAIMEX)14.
14
Previa la solicitud en línea, y el procesamiento de la información enviada; pues las unidades de información,
no realizan tratamiento alguno, es decir, no discriminan sobre las cualidades o extremos de la información
requerida, ya que únicamente, ponen a disposición de los interesados las versiones públicas de los documentos
requeridos.
57
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. Como vemos, son pocos los asuntos que ha conocido la Sala Constitucional del
Estado de México y las resoluciones que ha arrojado son desalentadoras, sea porque no
es la acción correcta o la autoridad ante quien se interpone es incompetente. Eso muestra
una deficiencia de preparación y formación de los profesionales que patrocinan a los
justiciables; sin dejar de lado que el Poder Judicial del Estado de México, no posee un
organismo constitucional con la infraestructura adecuada y con precedentes que le
favorezcan. Ahora, si apreciamos que el resultado de los procedimientos interpuestos y
sometidos al conocimiento de este órgano jurisdiccional tiene un impacto local –muy alto–,
se debe buscar –de forma constante– el generar más confianza en la población, mediante
la expedición de normas específicas (tanto sustantivas como procedimentales, que
inclusive sea tendentes a velar por los derechos fundamentales de los sectores vulnerables)
e infraestructura para accionar al organismo constitucional, así como determinar que el
órgano revisor de las resoluciones emitidas, será diverso a la propia Sala; estas situaciones,
se considerarán como elementos que contribuyen a la renovación del pacto federal –en lo
concerniente a la justicia constitucional local–, donde las atribuciones del tribunal federal
como del local, sean coincidentes y complementarias, en beneficio –siempre– de una
adecuada aplicación e interpretación de las leyes constitucionales.
Se apela por ello, a la expedición de normas específicas –sustantivas y adjetivas,
que garanticen el respecto de los derechos fundamentales de los gobernados– y fortalezcan
al órgano constitucional local, fijando además a un órgano revisor de las resoluciones
emitidas, en donde las facultades tanto del tribunal federal como local, sean coincidentes y
complementarias, a favor de un adecuado empleo e interpretación de las leyes.
VII. A MODO DE COROLARIO.
El control de regularidad constitucional a nivel local, reposa –básicamente– en los
artículos 41 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan
inter alia que, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de de los Estados,
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos
por la propia Constitución Federal y sus propias constituciones, las que en ningún caso
podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal; y que los jueces de cada Estado
se arreglarán a la Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario
que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. Esto es que, la función de
58
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. control constitucional a cargo de los tribunales de las entidades federativas, puede ser
desplegado a través de Salas Constitucionales; tal es el caso de Veracruz, Coahuila,
Guanajuato, Tlaxcala, Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León, y desde luego, del Estado de
México. En estos Estados se ha procurado contar con un tribunal ad hoc para resolver las
cuestiones de constitucionalidad suscitados en su régimen interior, sin embargo, el
desarrollo institucional en el campo del control de la regularidad constitucional ha resultado
insuficiente, porque aún hoy, la Salas Constitucionales no tienen un desarrollo pleno, que
primeramente, admita hablar de un Derecho Constitucional Local, y después, de una
respuesta a las demandas sociales en el ámbito del control jurídico fundamental de forma
conteste a la dinámica nacional e internacional que existe.
Las expresiones desarrolladas, nos permiten decir con meridiana claridad que la
justicia constitucional local, es una de las piezas fundamentales en el Federalismo, porque
constituye por sí misma, un eje fundamental a la hora de ejercitar el poder público. Además,
con una óptica evidente y sobre todo, contundente, podemos apreciar, e incluso asimilar,
que si bien la justicia constitucional local contribuye al mejoramiento del ambiente político y
jurídico, su mayor aportación es el perfeccionar en gran medida, la atmósfera de
gobernabilidad que requiere el ejercicio y control del poder público en nuestro país; que sin
duda, necesita más y mejores instrumentos que posibiliten crear un ambiente jurídico que
permeé a todos los estratos que integran el Estado Mexicano; cuyo ejercicio, como se dijo,
redunda no sólo en grandes beneficios jurídicos, sino también sociales. Porque justamente,
para que un sistema de gobierno se desenvuelva armónicamente, requiere tener como ideal
político y democrático, el que la Constitución Federal, repose en gran medida, en las
Constituciones Estatales, que son fiel reflejo de las aspiraciones políticas y sociales de los
habitantes de nuestro país. Pues es notorio, que la riqueza política que surge del texto de
los artículos 40 y 41 de la Ley Fundamental, debe ser aprovechada y explotada, porque los
Estados al ser libres y soberanos –en su régimen interior–, están dotados de la facultad
básica de darse su propia Constitución Política, así como de generar todas la leyes que
resulten necesarias para su correcto desarrollo, y desde luego, su adecuada defensa.
No debe entenderse como impedimento, el que históricamente la justicia
constitucional se ha dejado de lado en el ámbito local, bajo la premisa de que las
Constituciones Estatales no prevén un verdadero control constitucional, por contener sólo
59
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. bases teóricas15; ya que como ha quedado de manifiesto, el control constitucional local, sí
es un auténtico control constitucional, que contribuye en gran medida al fortalecimiento del
Federalismo en México: “(…) considerado seña de identidad de ese pueblo desde su
momento fundacional como república independizada de la monarquía española (…) se
defiende el federalismo por su capacidad para resolver las controversias sobre la aplicación
del principio de legalidad por la autoridad judicial estatal (…)”16.
Para finalizar, sólo basta decir que la debida delimitación competencial de la Sala
Constitucional del Estado de México, es uno de los pasos obligados para generar un nuevo
paradigma en el control constitucional local; pues como se ha afirmado, cuestiones como
ésta, redundan en el fortalecimiento del federalismo, cuyas bases deben estar debidamente
cimentadas en el control del poder que cada entidad federativa realice, porque de este
simple modo, se podrá hablar de un control constitucional que hilvana la respuesta estatal
a las súplicas sociales que, día con día son más complejas.
FUENTES DE INFORMACIÓN.
ARROCHA OLABUENAGA, Pablo, Consideraciones sobre el Estado de Derecho en el
plano internacional: considerations about the rule of law in the International level,
Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. X, 2010. Documento electrónico
consultado el 24 de septiembre de 2014, disponible en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/DerechoInternacional/numero/10/art/art5.htm
ASTUDILLO REYES, César I., La Justicia Constitucional Local en México. Presupuestos,
Sistemas y Problemas, núm. 115, México, Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, UNAM, 2006, nueva serie, año XXXIX, enero-abril. Documento
electrónico consultado el 20 de septiembre de 2014, disponible en:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/115/art/art1.pdf
BORELLA, François, La situation actuelle du droit constitutionnel: Revue française de droit
constitutionnel, France, CAIRN. INFO, 2012. Documento electrónico consultado el
23 de octubre de 2014, disponible en:
http://www.revistasconstitucionales.unam.mx/pdf/3/art/art8.pdf
15 Cfr. Martínez Sánchez, F., Tribunales Constitucionales Locales un Imperativo del Federalismo en México, La
Justicia Constitucional en las Entidades Federativas, México, Porrúa, 2006, pp. 499-500.
16 Puy Muñoz, Francisco, La Teoría de la Justicia del Magistrado Villicaña, Universidad de Santiago de
Compostela, 2005, pp. 67-68.
60
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. CASARÍN LEÓN, Manlio Fabio, Justicia Constitucional Local: Retos y Perspectivas, en
CORZO
Sosa,
Edgar
(coord.),
I
Congreso
Internacional
sobre
Justicia
Constitucional, núm. 476, México, UNAM, 2009, serie Doctrina Jurídica.
CELOTTO, Alfonso, La Justicia Constitucional en el Mundo: Formas y Modelos, Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, México, Porrúa-Instituto
Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, enero-junio, 2004. Documento
electrónico consultado el 19 de agosto de 2014, disponible en:
http://www.iidpc.org/revistas/1/index.html
CONCHA CANTÚ, Hugo A. y Caballero Juárez, José Antonio, Diagnóstico sobre la
Administración de Justicia en las Entidades Federativas. Un Estudio Institucional
sobre la Justicia Local en México, 1ª reimp., México, National Center For State
Courts, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2001.
FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Hacia un Derecho Constitucional en México, Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2000; publicado en Derecho
Constitucional Estatal. Estudios históricos, legislativos y teórico-prácticos de los
estados de la República mexicana, México, UNAM-IIJ, 2000.
FIX-ZAMUDIO, Héctor y Salvador Valencia Carmona, Derecho Constitucional Mexicano y
Comparado, México, Porrúa, 2007.
GÁMIZ PARRAL, Máximo N., Resurgimiento del Estado Federal, Análisis de las 31
Constituciones estatales. IIJ-UNAM. 2001
GARCÍA BELAUNDE, Domingo, El Derecho Procesal Constitucional en perspectiva,
México, Porrúa-IMDPC, 2008.
GERKRATH, Jörg, Verfassungsrevision, Signification et fonctions d’une constitution, en
Verfassungsrevision dossier, Mai 2009. Documento electrónico consultado el 25 de
mayo
de
2014,
disponible
en:
http://www.forum.lu/pdf/artikel/6579_286_Gerkrath.pdf
GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría Política, México, Editorial Porrúa, 2007.
ROLLA GIANCARLO,
Constitucional,
Derechos Fundamentales, Estado democrático y Justicia
México,
Universidad
Autónoma
de
México-Instituto
de
Investigaciones Jurídicas, 2002.
61
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. HÄBERLE, Peter, La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales,
Dykinson, Madrid, 2003. Documento electrónico consultado el 1 de agosto de 2014,
disponible en:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/trcons/cont/14/rec/rec27.pdf
Manual General de Organización, Consejo de la Judicatura del Estado de México, del Poder
Judicial del Estado de México segunda edición, México, 2013. Documento
electrónico consultado el 2 de noviembre de 2014, disponible en:
http://www.pjedomex.gob.mx/transparencia/docs/manualConsejo-201306.pdf
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Francisco, El Control Interno de las Constituciones de los Estados
de la República Mexicana. Perspectiva de un Nuevo Federalismo, México, Porrúa,
1998.
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, F., Tribunales Constitucionales Locales un Imperativo del
Federalismo en México, La Justicia Constitucional en las Entidades Federativas,
México, Porrúa, 2006.
METZGE, Gillian E., Federalism and federal agency reform, New York, Columbia Law
Review, January 2011, vol. 111. Documento electrónico consultado el 13 de julio de
2014,
disponible
en:
http://www.columbialawreview.org/assets/pdfs/111/1/Metzger.pdf
La Justicia Constitucional en las Entidades Federativas. Memorias de la Cuarta Mesa
Redonda es una publicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. México, 2008. Documento electrónico consultado el 23 de enero de
2015, disponible en:
http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Memorias/cuarta_mesa.pdf.
ORTIZ GASPAR, David Aníbal y Aquize Cáceres, Katty Mariela [coords.], Tendencias
actuales del Estado Constitucional contemporáneo. El constitucionalismo imposible
de Luigi Ferrajoli, Perú, Ara Editores, 2013.
PENAGOS LÓPEZ, Pedro Esteban. La Actividad Constitucional en las Entidades
Federativas, Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Coord. El Juez Constitucional en el Siglo
XXI, México, UNAM-SCJN, tomo II, serie Doctrina Jurídica, 2009.
POZAS-LOYO, Andrea y Ríos-Figueroa, Julio, Enacting Constitutionalism: The Origins of
Independent Judicial Institutions in Latin America, no. 3, New York, Comparative
Politics, 2010, Vol. 42. Documento consultado el 14 de febrero de 2014, disponible
en:
62
URIBE ARZATE, Enrique y DE LA O GONZÁLEZ, Alondra Ivett. La delimitación competencial de la sala constitucional del Estado de México, como elemento fortalecedor del federalismo, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure]. 2015, año 3, núm. 6, ISSN 2007‐6045. Pp. 45‐
63. http://homepages.nyu.edu/~jrf246/Papers/APL_JRF_Enacting_Final3.pdf
PUY MUÑOZ, Francisco, La Teoría de la Justicia del Magistrado Villicaña, Universidad de
Santiago de Compostela, 2005.
ROLLA GIANCARLO, Derechos Fundamentales, Estado democrático y Justicia
Constitucional,
México,
Universidad
Autónoma
de
México-Instituto
de
Investigaciones Jurídicas, 2002.
Sistema de Acceso a la Información Mexiquense.
SCHÜTZE, Robert, From Dual to Cooperative Federalism: The Changing Structure of
European Law, Publius, London and New York, Oxford Journals, 2010, vol. 41.
Documento electrónico consultado el 14 de octubre de 2014, disponible en:
http://publius.oxfordjournals.org/content/early/2010/06/01/publius.pjq017.full
URIBE ARZATE, Enrique, El principio de la Supremacía Constitucional: exégesis y
prolegómenos, México, Porrúa-UAEM-Serie el Derecho, 2010.
URIBE ARZATE, Enrique, El control constitucional en las entidades federativas, México.
Documento electrónico consultado el 15 de noviembre de 2014, disponible en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1165/22.pdf
ZULETA PUCEIRO, Enrique. ¿Quién custodia a los custodios?, Pensar en Derecho, 2012.
Documento electrónico consultado el 3 de diciembre de 2014, disponible en:
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/pensar-en-derecho/revistas/1/quien-custodia-alos-custodios.pdf.
Recepción: 13 de febrero de 2015.
Aceptación: 27 de mayo de 2015.
63
Fly UP