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para que nadie reclame nada
“PARA QUE NADIE
RECLAME NADA”
¿CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO
A LA PROTESTA EN ECUADOR?
Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por más de 3 millones
de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios, que hacen
campaña para acabar con los abusos graves contra los derechos humanos.
Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los
derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos
y en otras normas internacionales de derechos humanos.
Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés económico
y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones
de nuestra membresía y con donativos.
Publicado en 2012 por Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
Peter Benenson House
1 Easton Street
London WC1X 0DW
Reino Unido
© Amnesty International Publications 2012
Edición en español a cargo de:
EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI)
Valderribas, 13
28007 Madrid
España
amnesty.org
Índice: AMR 28/002/2012 Spanish
Idioma original: inglés
Impreso por Amnistía Internacional
Secretariado Internacional, Reino Unido
Reservados todos los derechos. Esta publicación
tiene derechos de autor, si bien puede ser reproducida
libremente por cualquier medio con fines educativos
o para llevar a cabo acciones de protección y promoción
de los derechos humanos, pero no para la venta.
Los titulares de los derechos de autor solicitan que
se les comuniquen los usos mencionados con el fin
de evaluar su impacto. Para la reproducción de este texto
en cualquier otra circunstancia, su uso en otras
publicaciones, o su traducción o adaptación, deberá
obtenerse el permiso previo por escrito de la editorial,
que podrá exigir el pago de un canon. Si desean solicitar
un permiso, o realizar una consulta, pónganse
en contacto con [email protected]
Foto de portada: Protesta contra el proyecto de Ley
de Aguas, Quito, Ecuador, 8 de abril de 2010.
© EPA/Jose Jacome
amnesty.org
Índice
Metodología ..............................................................................................................2
1. Introducción.............................................................................................................3
2. Contexto: industrias extractivas, política y protestas......................................................6
Las industrias extractivas en Ecuador...........................................................................6
Las protestas de 2005-2006 ......................................................................................7
La “revolución ciudadana”..........................................................................................8
Las protestas de 2007 ...............................................................................................8
Las amnistías de 2008...............................................................................................9
La nueva Constitución ................................................................................................9
3. Un efecto disuasorio................................................................................................10
Detención, reclusión y fianza ....................................................................................11
Una atmósfera de hostilidad .....................................................................................12
4. La Ley de Minería ...................................................................................................14
5. La Ley de Aguas .....................................................................................................18
Las protestas de septiembre de 2009 ........................................................................19
Las protestas de mayo de 2010 ................................................................................21
6. Derecho nacional y normas internacionales ................................................................23
El derecho a la protesta............................................................................................23
El derecho a la consulta ...........................................................................................27
7. Conclusión y recomendaciones .................................................................................29
Ecuador en la actualidad ..........................................................................................30
El futuro .................................................................................................................30
Recomendaciones....................................................................................................31
Notas finales ..............................................................................................................32
2
“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
Solamente es para atemorizar, solamente es para callar, solamente es para impedir nuestra
libertad de expresión, pero también no quieren escuchar nuestras demandas, que son la
reivindicación sobretodo de nuestros derechos: el derecho al agua, el derecho a la tierraterritorios, el derecho a reclamar y exigir el respeto a la biodiversidad […]. La Constitución
[de Ecuador] y los Convenios internacionales exigen que tenemos que ser consultados, y
nosotros nunca hemos sido consultados.
Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
(ECUARUNARI), agosto de 2011
En vez de dedicarnos a actividades propias de las comunidades, de las necesidades de los
pueblos, a discusión de propuestas de la población, hemos tenido que estar hablando de este
proceso [de criminalización].
Marco Guatemal, ex presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), agosto de
2011
METODOLOGÍA
Este informe es el resultado de la investigación realizada por Amnistía Internacional entre
2009 y 2011 sobre el uso de la detención, la privación de libertad y la presentación de
cargos infundados contra manifestantes indígenas y campesinos en Ecuador. Se basa en el
examen de expedientes judiciales, la correspondencia con autoridades gubernamentales y la
investigación llevada a cabo durante una visita al país en agosto de 2011. La delegación de
Amnistía Internacional visitó Quito y Cuenca para entrevistar a ONG locales, abogados y
miembros y dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas. Amnistía Internacional
desea dar las gracias a los numerosos dirigentes indígenas y campesinos cuya experiencia y
cuyas palabras forman el núcleo de este informe, y a las ONG y abogados que con tanta
generosidad compartieron su tiempo, sus conocimientos y su información. La delegación se
reunió también con autoridades gubernamentales del Ministerio de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, y del Ministerio del Interior. Amnistía Internacional pidió asimismo,
mediante solicitudes presentadas por escrito, información al Estado.
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 3
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
1. INTRODUCCIÓN
Eso es lo que quieren: tapar la boca,
asustarlas y criminalizar toda la lucha
social y callarnos, sobre todo para que
nadie reclame nada.
Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
(ECUARUNARI), agosto de 2011
La expansión de las industrias extractivas –como la minería y la prospección petrolífera– en
Ecuador, al igual que en otros lugares de Latinoamérica, ha traído consigo un conflicto
creciente por el control de tierras y los recursos naturales. Muchos Estados han invertido en
el sector extractivo, al considerarlo una fuente de progreso económico. Sin embargo, las
comunidades más directamente afectadas, lejos de ver mejorar su situación, se han
enfrentado a desplazamientos, daños medioambientales y fragmentación social. En algunos
casos, las tensiones han estallado en protestas públicas de pueblos indígenas y campesinos. 1
Históricamente, las comunidades indígenas y campesinas han vivido marginadas, sin apenas
acceso a mecanismos formales a través de los cuales participar y expresar sus
preocupaciones. Las protestas en la calle han sido un eje central de sus campañas, una
manera de hacer oír su voz en los pasillos del poder y de manifestar solidaridad con otras
personas que se enfrentan a dificultades similares. Por ello, las acciones de las autoridades
ecuatorianas al reprimir las protestas y utilizar cargos penales infundados contra los
dirigentes de las organizaciones indígenas y campesinas han afectado especialmente a la
capacidad de estas comunidades de asegurar que se respeten sus derechos.
Amnistía Internacional no está ni a favor ni en contra de las actividades extractivas en sí. 2 No
obstante, la organización ha recibido numerosos informes que indican que el sistema de
justicia penal de Ecuador se está utilizando para acallar las protestas contra las leyes y
políticas propuestas por el gobierno respecto a los recursos naturales. Entre los métodos
utilizados en lo que parece ser un intento deliberado de obstaculizar el derecho a la libertad
de expresión, asociación y reunión se encuentran cargos infundados, investigaciones
prolongadas, recursos reiterados de los fiscales para ampliar la duración de los cargos
formulados, condiciones de fianza restrictivas y cargos relacionados con el terrorismo o con la
obstrucción ilegal de vías.
La amplitud del uso que las autoridades han hecho del sistema judicial a este respecto ha
llegado a la primera línea del debate nacional. Por ejemplo, en 2008, la Asamblea Nacional
Constituyente 3 otorgó varias amnistías que abarcaban los casos de más de 350 personas
para “subsanar errores judiciales y sanciones injustas a perseguidos políticos y personas
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
inocentes” que protestaban contra proyectos y políticas estatales que afectaban a recursos
naturales. 4
Sin embargo, estas amnistías no marcaron un cambio en la política gubernamental. La
criminalización de la protesta persiste. En 2009 y 2010, el fallo de las autoridades a
consultar de forma adecuada con los pueblos indígenas y campesinos antes de aprobar
legislación sobre la minería y el derecho al agua desató una serie de protestas nacionales.
Muchos de los que participaron activamente en esas protestas –y algunos que no lo hicieron–
se enfrentaron posteriormente a cargos y procesos judiciales que parecían concebidos para
impedir y castigar la protesta legítima y silenciar a quienes hacen campaña en favor de los
derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas. Los dirigentes han sido
blanco especial de ataques.
La oposición a las actividades de la industria extractiva es una cuestión divisiva y
controvertida que a menudo polariza a las comunidades. En este contexto, los dirigentes
indígenas y campesinos que participan en las protestas por las cuestiones relativas a los
recursos naturales corren grave peligro de sufrir amenazas y ataques, lo que provoca una
situación que da lugar a violaciones de derechos humanos. Además, el hecho de que estos
dirigentes se vean sometidos a detención y a cargos penales incrementa su vulnerabilidad, al
poner en duda la legitimidad de sus actos y sus argumentos.
Este informe se centra en las manifestaciones que tuvieron lugar entre enero de 2009 y junio
de 2010, y en particular en siete casos claves que afectaron a 24 dirigentes de comunidades
y organizaciones que se oponían a leyes y políticas estatales sobre el uso de recursos
naturales, así como promocionaban los derechos de los pueblos indígenas. Los afectados han
sido sometidos a lo que parecen ser cargos penales de motivación política.
La información sobre los procedimientos judiciales de cada caso fue a menudo difícil de
obtener, ya que muchos se han estancado en la fase inicial de investigación a causa de la
falta de pruebas y, por tanto, los expedientes siguen siendo confidenciales. Además, los
dirigentes con frecuencia no tienen acceso a asistencia letrada privada y, por tanto, no
disponen de información detallada sobre los procedimientos judiciales que rodean sus casos.
No obstante, Amnistía Internacional, trabajando en estrecha colaboración con los abogados
de la defensa y examinando la información disponible, ha podido establecer que los 24
dirigentes se han enfrentado a un total de 20 cargos de terrorismo, 10 cargos de sabotaje, 4
cargos de obstrucción ilegal de vías y 1 cargo de homicidio. En el momento de redactar este
informe, 8 de los 24 dirigentes seguían sometidos a investigación o a procedimientos
judiciales, o se encontraban sometidos a restricciones de fianza. También es importante
señalar que Amnistía Internacional ha documentado casos adicionales de dirigentes que se
han enfrentado a cargos cuestionables; sin embargo, estos casos no se han incluido en el
informe ante el temor de represalias contra los propios dirigentes.
Yo personalmente no estaba en la protesta, ni dirigiéndola, pero como somos dirigentes ya
estábamos bien identificados. Lo que querían era detenerme no importa en donde me
encontraba.
Vicente Zhunio, dirigente comunitario acusado de sabotaje y que permaneció detenido 30 días, agosto
de 2011.
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada” 5
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
Nombre
Fecha
Cargos
Situación
Vicente Zhunio
5 de enero de 2009
Sabotaje
Cargos
desestimados en
diciembre de 2010
Rosa Justina Chuñir Quizhpi
Georgina Beatriz Gutama
Rosa Gutama Chuñir
Priscila Gutama Gutama
José Salustino Gutama
Gonzalo Gutama Urgilés
Manuel Pacheco
Miguel de la Cruz
5 de enero de 2009
Terrorismo
Cargos
desestimados en
agosto de 2009
Ángel Geovanny Uyaguari
Carlos, Rumipuglla Uyaguari
Germán Naikiai Shiki
* Y otro hombre (nombre no
facilitado)
5 de enero de 2009
Terrorismo
Cargos
desestimados en
julio de 2009
José Acacho
Fidel Kaniras
Pedro Mashiant
30 de septiembre de 2010
Terrorismo,
sabotaje y
homicidio
Procedimientos en
curso y
condiciones para
la fianza
Carlos Pérez
Federico Guzmán
Efraín Arpi
4 de mayo de 2010
Sabotaje,
sustituido por
obstrucción ilegal
de vías
Apelación de los
acusados contra
la declaración de
culpabilidad
Marco Guatemal
César Cuascota
José Miguel Tocagón
4 de mayo de 2010
Sabotaje y
terrorismo,
sustituido por
obstrucción ilegal
de vías sólo para
Marco Guatemal
Sentencia
absolutoria
dictada en
noviembre de
2011
Delfín Tenesaca
Marlon Santi
24 de junio de 2010
Terrorismo
Investigación en
curso
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
2. CONTEXTO: INDUSTRIAS
EXTRACTIVAS, POLÍTICA Y
PROTESTAS
Con el oro ese van a sacar todo, va a
quedar una sola piedra y entonces ¿dónde
siembro, y mis hijos dónde viven? ¿Mis
nietos dónde viven? ¿Qué agua toman si
no hay más agua si están ellos [las
empresas mineras] ahí donde nacen las
aguas? Yo por eso sí protesto.
Miembro de la comunidad 5 de Molleturo, agosto de 2011
LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN ECUADOR
La industria del petróleo despegó en la región amazónica de Ecuador en las décadas de
1970 y 1980, y desde entonces el país se ha convertido en el quinto productor de crudo de
Latinoamérica, y el petróleo ha pasado a ser una de las principales fuentes de ingresos en el
país. En la actualidad, los ingresos por petróleo suman una cuarta parte del producto interno
bruto, 6 y constituyen un 40 por ciento del presupuesto del Estado. 7 Sin embargo, muchos de
estos proyectos han causado daños medioambientales y conflictos con las comunidades
locales.
Por ejemplo, en 1996, el gobierno dio permiso a una empresa petrolera para que realizara
perforaciones en las tierras del pueblo indígena Sarayaku; a los Sarayaku no se les consultó,
por lo que no dieron su consentimiento libre, previo e informado a esas actividades. Según la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre octubre de 2002 y febrero de 2003
las actividades de prospección petrolífera afectaron al 29 por ciento del territorio Sarayaku.
Aunque, gracias a las presiones de la comunidad de Sarayaku, las actividades petroleras
cesaron, en sus tierras aún queda más de una tonelada de explosivos no utilizados. 8 Al no
conseguir justicia en los tribunales nacionales de Ecuador, los Sarayaku llevaron el caso a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano de derechos humanos de más alta
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada” 7
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
instancia de América. Buscan que el Estado ecuatoriano rinda cuentas de sus actos, y que se
garantice que no se toma, sin su consentimiento libre, previo e informado, ninguna decisión
que afecte a sus vidas. La decisión final de la Corte se espera para 2012.
Por otra parte, la minería a gran escala es una actividad relativamente reciente en Ecuador.
La primera Ley de Minería se introdujo en 1991, y seis años después se promulgó su
reglamento de aplicación. En el año 2000 se introdujeron reformas, como la reducción de
impuestos, que hicieron a Ecuador más atractivo para las industrias extractivas extranjeras, 9
y para abril de 2007 las concesiones mineras se extendían en un área de 2,8 millones de
hectáreas, de las que aproximadamente la mitad (el 45,6 por ciento) eran de extracción de
metales. 10
LAS PROTESTAS DE 2005-2006
Al igual que en muchos países de Latinoamérica, este brusco incremento de los proyectos de
minería y la ausencia de consulta con las comunidades potencialmente afectadas dieron
lugar a un aumento de las protestas. Algunas han sido pacíficas, mientras que otras no. En
los últimos años, esta descontento social ha llevado a Ecuador a declarar numerosos estados
de emergencia. Por ejemplo, en mayo y agosto de 2005 se declaró el estado de emergencia
en respuesta a las protestas de las provincias de Sucumbíos y Orellana. Allí las comunidades
se habían organizado para reclamar que sus derechos fueran respetados frente a las
actividades extractivas, y para exigir que se invirtiera en la zona una parte mayor de los
ingresos procedentes del petróleo. Según los informes, se detuvo a decenas de personas. 11
En marzo de 2006 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Sucumbíos,
Orellana y Napo, y un decreto presidencial las designó zonas de seguridad nacional. Además,
el Decreto 1214 12 invocaba la Ley de Seguridad Nacional, que permitía que se juzgara a
civiles ante tribunales militares. 13 Los civiles nunca deben ser juzgados en corte militares
porque estas no ofrecen las salvaguardias previstas en el derecho internacional, incluyendo
juicios justos y públicos llevados a cabo por tribunales independientes e imparciales. Tal
como ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la ONU, “el enjuiciamiento de civiles
por tribunales militares o especiales puede plantear problemas graves en cuanto a que la
administración de justicia sea equitativa, imparcial e independiente”. 14
En un caso concreto, Wilman Jiménez Salazar, miembro del Comité de Derechos Humanos
de Orellana, participó el 19 de junio de 2006 en una protesta de campesinos contra el
presunto impacto medioambiental de una empresa petrolera que operaba en Payamino,
provincia de Orellana. 15 Una de las demandas de la comunidad era que la empresa enterrara
un oleoducto que transportaba crudo, ya que decían que había causado quemaduras a
algunas personas. En respuesta a esta manifestación, la Policía Nacional y el ejército
utilizaron, según los informes, gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a la multitud.
A Wilman Jiménez Salazar le dispararon seis veces con balas de goma mientras tomaba
fotografías de la protesta, y luego le detuvieron. Permaneció recluido en manos del ejército
en Orellana, que lo acusó de terrorismo y sabotaje en virtud de la Ley de Seguridad Nacional
y le negó la asistencia a una vista de hábeas corpus. Finalmente quedó en libertad el 6 de
julio, tras haber permanecido 17 días bajo custodia militar. No obstante, siguió sometido a
investigación por las autoridades militares hasta septiembre de 2006, cuando su caso se
transfirió a la jurisdicción civil. Wilman Jiménez Salazar fue absuelto de todos los cargos el
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
23 de abril de 2008 en virtud de las amnistías concedidas por la Asamblea Constituyente en
marzo de 2008 (véase “Las amnistías de 2008”, infra). 16
LA “REVOLUCIÓN CIUDADANA”
En enero de 2007, Rafael Correa se convirtió en el séptimo presidente de Ecuador en 10
años; tres presidentes elegidos democráticamente se habían visto obligados a abandonar su
cargo por las protestas masivas. La elección de Rafael Correa fue vista como un nuevo
capítulo en la historia política de Ecuador. Él se comprometió a poner en marcha una
“revolución ciudadana” en la que mejorarían la salud y la educación, se reduciría la
corrupción, se protegería el medio ambiente y se reformaría la Constitución.
El presidente Correa gozaba de un fuerte apoyo popular. Fue elegido con más del 56 por
ciento de los votos, y contaba también con el apoyo del colectivo indígena más grande de
Ecuador: la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). 17 Fundada
en 1986, la CONAIE se compone de unas 3.200 organizaciones que representan a unos 5
millones de indígenas. 18
LAS PROTESTAS DE 2007
Durante este año, los conflictos por los recursos naturales continuaron, y dieron lugar a más
detenciones arbitrarias y cargos infundados. Por ejemplo, en enero y marzo de 2007, las
comunidades campesinas del Cantón Chillanes, provincia de Bolívar, fueron amenazadas y
acosadas, según los informes, por miembros de las fuerzas armadas, y sus integrantes fueron
recluidos por cargos de sabotaje, para quedar en libertad unos días después por falta de
pruebas. Las detenciones estaban aparentemente vinculadas a la campaña de las
comunidades en favor de los derechos de las personas afectadas por un proyecto
hidroeléctrico en la zona. 19
En noviembre de 2007, los residentes de Dayuma, en la provincia de Orellana, pidieron que
las empresas contrataran a más residentes locales, y pagaran sus impuestos y los derechos
de explotación directamente al gobierno local, para que ese dinero pudiera invertirse en
servicios básicos e infraestructura de la provincia. Como parte de la protesta, la comunidad
bloqueó la Vía Auca y, según los informes, con ello recortó la producción de petróleo en un
20 por ciento. Se declaró un estado de emergencia que “autorizo a la Fuerza Pública
intervenir con el propósito de despejar las vías interrumpidas y garantizar la operación de
producción y transporte de petróleo”. 20 Según la Defensoría del Pueblo, 11 manifestantes
fueron detenidos y al menos 26 se enfrentaban a cargos de terrorismo y sabotaje; los cuales
se encontraban entre los que fueron amnistiados por la Asamblea Constituyente en 2008
(véase “Las amnistías de 2008”, infra). 21
Una de las personas detenidas en Dayuma era Guadalupe Llori, gobernadora de la provincia
de Orellana y miembro del opositor Movimiento Plurinacional Pachakutik. Fue detenida en su
casa por el ejército el 7 de diciembre de 2007 y acusada de sabotaje y terrorismo. Una vez
recluida, se formuló también contra ella un tercer cargo de fraude, en lo que parecía ser un
intento de mantenerla en prisión el tiempo suficiente para apartarla de su cargo. Tras 10
meses de prisión, Guadalupe Llori fue absuelta y reelegida como gobernadora en 2009.
Amnistía Internacional, julio de 2012
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¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
LAS AMNISTÍAS DE 2008
En marzo y julio de 2008, la Asamblea Constituyente concedió amnistías a más de 350
personas –como por ejemplo las que habían participado en las protestas de Dayuma de
2007– de las que consideraba que habían sido acusadas indebidamente por protestar contra
las políticas y prácticas del gobierno sobre los recursos naturales. La Asamblea basó la
amnistía en un informe redactado por algunos de sus miembros, en el que reconocía que “la
situación por la que atraviesan muchos líderes sociales en el Ecuador es altamente crítica,
pues en cada espacio en que éstos asumen la exigibilidad de sus derechos, han sido objeto
de amenazas, intimidaciones, persecuciones, enjuiciamientos y otras acciones dirigidas a
desprestigiarla/los y desmotivar su trabajo”. 22
Además, en abril de 2008 la Asamblea Constituyente aprobó un “mandato minero” que
cancelaba las concesiones mineras que no hubieran superado una evaluación de impacto
medioambiental o que no hubieran sido sometidas a una consulta adecuada. También
impuso una moratoria a las nuevas concesiones, y dio al Estado un plazo de seis meses para
reescribir la legislación minera del país. 23
LA NUEVA CONSTITUCIÓN
En abril de 2007, los votantes aprobaron la creación de una Asamblea Constituyente
encargada de redactar una nueva Constitución, que finalmente fue aprobada en septiembre
de 2008 por referéndum nacional. La Constitución, que contó con un amplio apoyo de
grupos indígenas y campesinos, fue presentada por el presidente Correa como el elemento
central de su gobierno.
La nueva constitución reconoce formalmente los derechos de los pueblos indígenas y de las
comunidades afrodescendientes y montubias. 24 En virtud del artículo 57.7, estos grupos
tienen derecho a ser consultados sobre los “planes y programas de prospección, explotación y
comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan
afectarles ambiental o culturalmente”. De igual modo, el artículo 57.17 reconoce su derecho
a ser consultados “antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar
cualquiera de sus derechos colectivos”. 25
Además, la Constitución incluye los “derechos de la naturaleza” 26 y establece que los
recursos no renovables pertenecen al Estado, lo que otorga al gobierno un mayor control
sobre las industrias extractivas.
Yo no estuve en el paro sino estuve [por] ahí. Llegó el canal de televisión y sí hablé en contra
de la policía del presidente y todo eso […] mi mano no ha cogido una piedra […] Lo que he
visto es que había personas sangradas y lastimadas y eso era lo que yo ciertamente hablé en
el canal de televisión.
Miembro de la comunidad de Molleturo, agosto de 2011 27
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
3. UN EFECTO DISUASORIO
La prisión preventiva debería ser una
medida excepcional, no sea considerado
modus operandi general en todos o casi
todos los casos que se investiguen, sino
que debe ser utilizado en casos
especiales con la finalidad de que no se
convierta la prisión preventiva en una
medida de represión o castigo, mientras
se tramita el proceso penal.
Resolución que revoca la detención preventiva en el caso de cuatro manifestantes acusados de
terrorismo en Chuchumbletza, provincia de Morona Santiago, el 11 de febrero de 2009, durante una
protesta contra la Ley de Minería.
Los dirigentes indígenas y campesinos de Ecuador han sido objeto de una serie de medidas
que afectan a su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Contra ellos se han
utilizado cargos infundados, enjuiciamientos penales, detenciones arbitrarias y rigurosas
condiciones de fianza, en un intento de desalentarles de manifestar su oposición a las leyes y
políticas gubernamentales.
El efecto de la criminalización de la protesta va más allá de las personas que la sufren
directamente. Sus familias y comunidades también viven bajo la sombra de la posible
persecución o detención, y a menudo temen ejercer sus derechos y convertirse a su vez en
blanco de estas prácticas.
El efecto acumulativo sobre comunidades enteras puede disuadir a otras de realizar acciones
públicas en defensa de los derechos humanos. Marco Guatemal, dirigente indígena acusado
de sabotaje y, más tarde, de obstrucción ilegal de vías, dijo a Amnistía Internacional que esta
criminalización “desalienta, o sea limita, y más bien es un miedo para los otros, para los
nuevos líderes que vendrían”. También dijo que sus padres viven ahora con temor constante
a lo que le pueda suceder: “Saber que cuando sale tal vez no vuelve, o sea es totalmente una
incertidumbre en la familia”.
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 11
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
No he ido a otras manifestaciones desde entonces. He ido a reuniones, pero no figuro.
Pedro Mashiant, dirigente indígena implicado en las protestas contra la Ley de Aguas promovida por el
gobierno y acusado de terrorismo, sabotaje y homicidio, agosto de 2011
DETENCIÓN, RECLUSIÓN Y FIANZA
La medida cautelar me tiene amarrado. Yo, como representante [de la comunidad], tengo
invitación a ir a conferencias en España, Israel, Alemania, Europa… Pero no puedo ir porque
estoy impedido para salir del país. Lo que me deja mal es que no puedo gestionar libremente
como una autoridad que goza de su libertad. Esto es lo más duro.
Pedro Mashiant, dirigente indígena, agosto de 2011
Muchos dirigentes han sido detenidos durante los intentos policiales de dispersar a los
manifestantes. Otros han vivido durante años bajo amenaza de detención porque existen
contra ellos órdenes de detención que no se han ejecutado. Un dirigente acusado de
terrorismo dijo a Amnistía Internacional: “Ya no podemos mucho salir a las protestas porque
me dicen [que] tenemos un juicio pendiente […] ya estamos ahí nombrados quienes somos
entonces [si] salimos a la protesta ya nos abren de vuelta esa página del juicio”.
En muchos casos, los fiscales han pedido que se recluya en prisión preventiva a los
dirigentes comunitarios; aunque los jueces muchas veces deniegan este tipo de petición, los
fiscales han respondido a la denegación con reiterados recursos de apelación, y los dirigentes
viven con la amenaza de la detención pendiente sobre sus cabezas. En muchos casos, la
resolución judicial definitiva ha manifestado claramente que la fiscalía carecía de motivos
suficientes para pedir la detención, y ha subrayado que la privación de libertad debe ser la
excepción, no la norma.
En algunos casos, se han impuesto condiciones para la fianza que exigen a los dirigentes que
se presenten ante las autoridades, normalmente cada 7 o 15 días, y les prohíben salir del
país. Estas restricciones afectan a la capacidad de los dirigentes comunitarios de viajar a
cierta distancia dentro del país y de participar en actividades de defensa de los derechos
humanos, entre ellas las dirigidas a obtener apoyo internacional.
En los siete casos destacados en este informe, los jueces terminaron desestimando muchos
de los cargos por considerarlos infundados. De hecho, en sus sentencias destacaron a
menudo la falta de pruebas respecto a los cargos presentados por la fiscalía. Por ejemplo, en
el caso de Vicente Zhunio, el juez resolvió que el procesado no podía haber cometido los
actos de los que se le acusaba y que la fiscalía había iniciado procedimientos por cargos de
sabotaje sin asegurarse de que existían pruebas suficientes que lo inculparan. 28 En otro
caso, los cargos de terrorismo presentados contra nueve acusados fueron desestimados
porque la fiscalía no pudo describir los actos en los que había participado cada uno de los
acusados ni la manera en la que habían cometido dichos actos. 29
El sistema judicial de Ecuador tiene una acumulación considerable de casos atrasados y, por
ello, los dirigentes indígenas y campesinos sometidos a investigación o acusados de un delito
pueden enfrentarse a años de procedimientos judiciales. Estas largas y costosas batallas
judiciales pueden reducir seriamente la capacidad de los dirigentes comunitarios de
dedicarse a la defensa de los derechos humanos, ya que los obligan a centrar su atención en
su propia defensa. Incluso cuando finalmente los dirigentes son absueltos de los cargos, el
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
12
“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
Estado no les otorga reparación alguna por los perjuicios sufridos tanto por ellos como por su
comunidad. Además, aun después de cerrar los casos, a menudo los dirigentes deben hacer
frente a gastos adicionales para que se limpie su historial policial. 30
Pues pasamos al abogado y rogando al abogado nos cobró un resto. Nos tocó pagar 1000
dólares que todavía no los he acabado de pagar.
Miembro de la comunidad de Molleturo, provincia de Azuay, agosto de 2011 31
UNA ATMÓSFERA DE HOSTILIDAD
A mi un policía me dijo: “¿ya te fuiste a la cárcel y todavía no te compones?”. O sea quieren
que no protestemos, que no hagamos nada, que estemos calladitos.
Vicente Zhunio, dirigente comunitario acusado de sabotaje y que permaneció detenido 30 días, agosto
de 2011.
Muchos dirigentes ecuatorianos que manifiestan abiertamente su oposición a las actividades
extractivas en sus comunidades han sido amenazados y han sufrido agresiones físicas y
verbales. Aunque han presentado las denuncias oportunas ante las autoridades
correspondientes, los responsables no han rendido cuentas de sus actos, lo que deja a los
dirigentes indígenas y campesinos expuestos a nuevos ataques.
VICENTE ZHUNIO Y FERNANDO MEJÍA
Vicente Zhunio 32 y Fernando Mejía 33 participaron en una manifestación en la localidad de San
Miguel de Conchay, provincia de Morona Santiago, el 9 de mayo de 2009. Los manifestantes
expresaban su oposición a una reunión entre el Teniente Político, campesinos locales y
representantes de la industria minera que al parecer operaba en la zona. Según dijo Vicente
Zhunio a Amnistía Internacional, cuando los manifestantes llegaron ante el lugar donde se
celebraba la reunión, el Teniente empezó a gritarles: "Tú lárgate de aquí, lárgate a Gualaquiza, no
tienes nada que hacer en mi parroquia, tú no sois de aquí, yo estoy haciendo mi reunión”. Luego
señaló a Vicente Zhunio y dijo: “Eres hombre muerto”. Vicente Zhunio denunció la amenaza ante
la Defensoría del Pueblo de la provincia de Morona Santiago el 12 de mayo de 2009. Amnistía
Internacional tiene entendido que el caso ha pasado al Ministerio del Interior para su
investigación, pero no tiene conocimiento de que se hayan emprendido nuevas acciones desde
entonces.
ETELVINA MISACANGO CHUÑIR
Etelvina de Jesús Misacango Chuñir es una miembro de la comunidad de Molleturo, provincia de
Azuay que ha hablado en contra de la minería. El 22 de abril de 2009 fue agredida por cuatro
vecinos cuando se aproximaba a su casa. Los hombres le gritaron: “vaga, por vaga andas haciendo
problema […] por vagos están en contra de las mineras”, la arrojaron al suelo y le propinaron
golpes y patadas. Ella consiguió llegar a su casa, pero los hombres la siguieron al interior y la
agredieron de nuevo. También agredieron a su hijo, que trató de defenderla. Otros vecinos
intervinieron cuando vieron que la sacaban de su casa arrastrándola por el pelo. Etelvina
Misacango Chuñir presentó una denuncia ante la fiscalía el 23 de abril de 2009, y también
denunció lo sucedido ante la Defensoría del Pueblo de la provincia de Azuay. Amnistía
Internacional tiene entendido que el caso se archivó un mes después porque las lesiones que
había sufrido se consideraron leves.
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 13
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
En un informe de diciembre de 2011, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos señaló que “[l]os Estados no deben tolerar que los
medios o los funcionarios públicos estigmaticen la actividad de estos defensores, en
particular en contextos de polarización social, puesto que ello puede fomentar un clima de
intimidación y acoso que podría generar rechazo e incluso actos de violencia contra estos
defensores”. 34 Sin embargo, en Ecuador, las autoridades –incluidos altos cargos del
gobierno–, lejos de intentar combatir la “estigmatización” de estos dirigentes, han
contribuido a la atmósfera de hostilidad. Han utilizado un lenguaje de enfrentamiento al
referirse a los dirigentes indígenas y campesinos, a los que han calificado de “enemigos” del
Estado, en un esfuerzo por minar la credibilidad de sus reclamaciones.
En su informe de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó que la
criminalización “resta credibilidad y legitimidad a [las] actividades de defensa de los
derechos humanos, haciendo que [los defensores y defensoras] sean más vulnerables a los
ataques”. 35 En 2006, la Comisión había señalado que “las manifestaciones provenientes de
representantes estatales, expresadas en contextos de violencia política, fuerte polarización o
alta conflictividad social, emiten el mensaje que los actos de violencia destinados a acallar a
defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, cuentan con la
aquiescencia del Gobierno”. 36
Los capítulos siguientes ilustran cómo las autoridades ecuatorianas han hecho caso omiso de
las declaraciones de éstos y otros órganos de derechos humanos, especialmente en lo que se
refiere a las protestas en torno a la Ley de Minería y la Ley de Aguas.
No es sólo el manejo de acusación de terroristas. Nos acusan de ser corruptos, de que somos
inmorales, terroristas, ignorantes, de que somos infantiles […] de que somos vieja guardia.
De todo nos están acusando, con el objetivo de minimizar [nuestras reclamaciones] y [poner]
a la ciudadanía en contra al movimiento indígena y de los dirigentes.
Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
(ECUARUNARI), agosto de 2011
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
4. LA LEY DE MINERÍA
Tal vez no sufriremos las consecuencias
pero en cambio nuestras futuras
generaciones, pensamos en ellos, porque
[…] van a quedar contaminados, van a
quedar sin agua y no sé dónde pobres
futuras generaciones van a vivir.
Miembro de la comunidad 37 de Molleturo, provincia de Azuay, agosto de 2011
El 14 de noviembre de 2008, el gobierno presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de
Ley de Minería. Pese a las garantías constitucionales que establecen que las comunidades
afectadas tienen derecho a ser consultadas, las comunidades alegaron que no se les había
consultado adecuadamente antes de presentar la ley para su aprobación.
La nueva ley abría el camino al desarrollo de una industria minera en gran escala. En ella se
establecían los requisitos que tenían que cumplir las empresas para poder optar a
concesiones, los permisos que necesitaban para operar en áreas protegidas, y las normas que
debían seguir para contratar mano de obra local. 38
El proyecto de ley generó un debate nacional fuertemente polarizado sobre si la minería a
gran escala era beneficiosa para el país. El presidente Correa promovió la ley alegando que
facilitaba el desarrollo de una “minería responsable” al otorgar al Estado un mayor control
sobre el sector. No obstante, la ley se encontró con la oposición de diversos grupos, entre
ellos las comunidades indígenas y campesinas, que alegaban que la minería a gran escala
entrañaba un riesgo inherente para el medio ambiente y para las comunidades.
En cuanto a la ley en sí, a las comunidades también les preocupaba que, aunque reconoce la
necesidad de consultar con las comunidades afectadas sobre las actividades mineras, 39 esta
disposición remite al artículo 398 de la Constitución, que sólo se refiere a la consulta sobre
cuestiones que puedan afectar al medio ambiente, no a los derechos humanos de las
comunidades. 40
Ecuador se enfrentó así a un conflicto cada vez más intenso entre un Estado que trataba de
desarrollar un sector minero a gran escala y unos movimientos indígenas y campesinos que
afirmaban que este modelo de desarrollo económico daría lugar a violaciones de sus derechos
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 15
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
humanos. Las tensiones fueron en aumento a finales de 2008, mientras el gobierno
continuaba su diálogo con las empresas mineras sobre las concesiones y algunas
comunidades manifestaban su desacuerdo emitiendo declaraciones públicas en las que
decían que sus regiones estarían “libres de minería”. Además, a principios de enero, el
presidente Correa pidió a la Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional que aprobara la
ley “lo más rápido […] y le insisto si sucumben ante las presiones de estos grupos que están
acostumbrados a hacer lo que les da la gana y no representan a nadie, y muchas veces son
grupos hasta corruptos financiados por las transnacionales mineras, le veto totalmente a la
ley y la mando a consulta popular”. 41
Estas tensiones terminaron estallando en protestas que se propagaron por todo el país –
especialmente en las provincias del sur de Ecuador– entre diciembre de 2008 y enero de
2009.
VICENTE ZHUNIO
Un policía, que seguramente me había visto en una reunión y me dijo “sin pena te matarán”. De
ahí me llevan a Macas […] Fueron 5 ó 6 horas, esposado. Me llevaron ya como un delincuente y
sin comunicación.
Vicente Zhunio Samaniego, dirigente comunitario y presidente de la Asociación Campesina de
Limón Indanza, en la provincia de Morona Santiago, fue detenido el 5 de enero de 2009. Los
policías que lo detuvieron lo acusaron de participar en la protesta y presentaron contra él cargos de
sabotaje. Mientras lo metían a empujones en el vehículo policial, un hombre no identificado le
disparó en la cabeza. Pese a la gravedad de su lesión, la policía le negó el tratamiento médico
durante seis horas. Permaneció recluido en régimen de incomunicación durante 18 horas, y en ese
tiempo lo golpearon y lo amenazaron de muerte para intentar obligarle a firmar un papel en blanco.
Su familia descubrió al día siguiente que se encontraba recluido en Macas, a 180 km de Limón
Indanza. Posteriormente lo trasladaron a Cuenca, una localidad más cercana a su casa, donde
permaneció recluido durante un mes.
El 29 de enero de 2009, un juez ordenó que Vicente Zhunio fuera liberado de la prisión
preventiva, tras señalar una serie de irregularidades procedimentales de la fiscalía, en concreto
que el fiscal no se había asegurado de contar con pruebas suficientes en las que basar la
acusación. No obstante, pese a la excarcelación, los cargos contra Vicente Zhunio se mantuvieron.
Aunque él ha negado en todo momento haber participado en las protestas, los fiscales basaron su
acusación en un informe policial que decía que había sido detenido porque “se encontraba
abasteciendo de víveres a las personas que se encontraban obstaculizando la vía […] y resulta que
al momento de proceder de pedirle sus documentos de identidad reaccionó en una forma agresiva
faltándonos de palabra”. 42 Los fiscales se refirieron también en varias ocasiones al hecho de que
se encontraba en posesión de un libro titulado Derecho de las comunidades frente a las
actividades extractivas. Además, trataron de respaldar sus argumentos basándose en incidentes no
relacionados, como el trabajo de Vicente Zhunio para movilizar a las comunidades en torno a la
cuestión de los recursos naturales en 2008.
En diciembre de 2009, un juez dictó el sobreseimiento del caso por falta de pruebas.
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
OCHO DIRIGENTES COMUNITARIOS
Ocho dirigentes comunitarios –Rosa Justina Chuñir Quizhpi, Georgina Beatriz Gutama Muevecela,
Rosa Laudalina Gutama Chuñir, Tania Priscila Gutama Gutama, José Salustino Gutama, Gonzalo
Gutama Urgilés, Manuel Pacheco y Miguel de la Cruz– fueron acusados de terrorismo en abril de
2009. Los cargos estaban relacionados con su participación en las protestas celebradas en
Molleturo, provincia de Azuay, el 5 de enero de 2009.
En mayo de 2009, José Gutama fue detenido, pero no se le notificó el motivo de su detención.
Quedó en libertad al cabo de varias horas. Las otras siete personas no fueron detenidas.
En junio de 2009, un juez dictó el sobreseimiento del caso por falta de pruebas. La fiscalía
recurrió el fallo, pero la decisión judicial fue confirmada en agosto de 2009. El juez que examinó
la apelación declaró que la fiscalía no había podido describir “los actos en los cuales participa
cada uno de los procesados, como efectivamente lo ordena el Articulo 224 del Código de
Procedimiento Penal, sin que haya identificado en forma individualizada a los procesados ni del
modo o manera en que estos hayan participado en la comisión del delito”.
El 20 de enero de 2009, unas 12.000 personas pertenecientes a movimientos indígenas,
ecologistas, campesinos y de defensa del agua de ocho provincias participaron en lo que se
conoció como “Día de Movilización por la Vida”. Un día antes, el presidente Correa había
pronunciado desde el balcón del palacio presidencial un discurso en el que se refirió
desdeñosamente a quienes se oponían a la ley, calificando sus actividades de “izquierdismo
infantil” y diciendo que a las manifestaciones del día siguiente sólo planeaban asistir
“pequeños grupos”. 43
La prensa citó también declaraciones del ministro de Gobierno en las que decía que el
gobierno había recibido información según la cual “algunos dirigentes indígenas, un grupo
muy específico dentro de la CONAIE, podría estar viendo estas movilizaciones como parte de
una estrategia para llegar a una situación de desestabilización política”. 44 La CONAIE
declaró que las protestas eran contra la Ley de Minería y no tenían ningún propósito general
de dañar al Estado. Sin embargo, esas declaraciones de las autoridades tuvieron como efecto
acumulativo el vincular en la mente de la opinión pública a los dirigentes indígenas y
campesinos con actividades ilegales que ponían en peligro al Estado. Esto ayudó a fomentar
un clima de hostilidad en el que los dirigentes comunitarios se encontraron ante un mayor
peligro de ser acusados de delitos graves tales como terrorismo o sabotaje.
Pese a la oleada masiva de protestas en todo el país, la Ley de Minería 45 entró en vigor el 29
de enero de 2009. Muchos grupos, entre ellos la CONAIE, presentaron ante la Corte
Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Minería. En abril de
2010, la Corte declaró que la Ley era constitucional y dictó una sentencia en la que exponía
los procedimientos mínimos que debía seguir la Asamblea Nacional para llevar a cabo una
consulta adecuada antes de aprobar medidas legislativas. Las organizaciones locales
manifestaron su preocupación por esta decisión, que declaraba la Ley constitucional pese a
que su proceso de aprobación no había seguido esas directrices.
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 17
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
CUATRO PERSONAS ACUSADAS DE TERRORISMO
Algunas de las protestas celebradas el 20 de enero de 2009 desembocaron en actos violentos.
Según los informes, las protestas en la localidad de Chuchumbletza, provincia de Morona
Santiago, desembocaron en un incendio y en el uso de armas de fuego y gas lacrimógeno cuando
la policía trató de retirar un corte de carretera. Cuatro policías resultaron heridos, y cuatro
personas fueron detenidas y acusadas de terrorismo. Permanecieron recluidas durante 23 días.
Ángel Geovanny Uyaguari Zúñiga afirma que se dirigía hacia su trabajo cuando se encontró con la
carretera cortada. Mientras ayudaba a la policía a desbloquear la vía para poder pasar, se desató
un incendio. Entonces se oyeron disparos y la multitud de manifestantes y transeúntes –incluido
Ángel– corrió a refugiarse. Entonces fue detenido y acusado de terrorismo, junto con su sobrino,
Carlos Gustavo Rumipulla Uyaguari, y su empleado, Germán Vicente Naikiai Shiki. Según el
expediente del caso, otro señor 46 también fue detenido y acusado junto con los otros tres.
Estos cuatro hombres fueron excarcelados al cabo de 23 días, cuando la Defensoría del Pueblo
local presentó una denuncia en la que alegaba que su detención había sido ilegal. El 1 de febrero
de 2009 el juez revocó la prisión preventiva alegando que esta práctica “debería ser una medida
excepcional, no sea considerado modus operandi general en todos o casi todos casos que se
investiguen, sino que debe ser utilizado en casos especiales con la finalidad de que no se
convierta la prisión preventiva en una medida de represión o castigo, mientras se tramita el
proceso penal”.
El 18 de mayo de 2009, la fiscalía se abstuvo de seguir con la acusación, reconociendo que no
podía aportar pruebas de la responsabilidad de los acusados en el delito.
En julio de 2009, un juez confirmó el sobreseimiento definitivo del caso.
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
5. LA LEY DE AGUAS
Queremos un consejo plurinacional donde
estén integrados todos: los pueblos
indígenas, los pueblos blancos mestizos,
los pueblos afros, o sea que todos tengan
su instancia de representación para
efectos de disponer la gestión del agua a
nivel del país.
Marco Guatemal, ex presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), agosto de
2011
En agosto de 2009, en plena escalada de la tensión en torno a la Ley de Minería, el gobierno
presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Aguas, que establecería normas en
torno del uso y manejo del agua. Según los informes, esta Ley de Aguas no había sido
sometida a una consulta adecuada con las comunidades, y la participación de los grupos
indígenas se había limitado a compartir información. 47
Además de por la ausencia de consulta, los dirigentes indígenas y campesinos expresaron su
preocupación por las lagunas de la ley que –según ellos- permitían la privatización del agua.
Además, no estaban de acuerdo con la creación de una agencia para la gestión del agua
compuesta exclusivamente por representantes gubernamentales, y exigían contar con un
representante en dicha agencia, para poder participar en las decisiones sobre los recursos
hídricos que pudieran afectar a sus medios de vida.
Las protestas contra la propuesta de Ley de Aguas se produjeron en dos momentos. En
septiembre de 2009, los grupos indígenas protestaron porque el proyecto de ley se había
presentado a la Asamblea Nacional sin que se hubiera realizado una consulta adecuada. En
mayo de 2010 comenzó otra oleada de protestas, cuando llegó el momento de someter la ley
a votación en la Asamblea Nacional.
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 19
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
LAS PROTESTAS DE SEPTIEMBRE DE 2009
Tras las protestas nacionales celebradas en septiembre de 2009 contra el proyecto de Ley de
Aguas, la CONAIE entabló negociaciones con el gobierno y suspendió las manifestaciones,
salvo el corte de un puente por parte de comunidades Shuar en Macas, provincia de Morona
Santiago. Según los informes, una delegación del gobierno viajó de Quito a la zona de la
protesta para hablar con los manifestantes. Tras un diálogo inicial, las dos partes acordaron
una pausa de dos horas para consultar con sus colegas; pasado ese plazo, se reunirían de
nuevo para firmar un acuerdo final. Sin embargo, en ese plazo de dos horas antes de firmar
el acuerdo, la policía utilizó gas lacrimógeno y helicópteros para dispersar a la multitud que
ocupaba el puente, resultando en un enfrentamiento que se saldó con más de 40 heridos,
entre policías y manifestantes. Un profesor indígena, Bosco Wisuma, recibió un disparo en la
cabeza por parte de un tirador no identificado, y murió al instante.
Antes de que se pudiera llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, el presidente
Correa felicitó públicamente a la policía por sus acciones, y dijo: “La violencia no vino del
lado del Estado, no vino del lado de la policía”. 48 El presidente culpó también a los medios
de comunicación locales por incitar a la violencia. Se temía que estos comentarios pudieran
poner en peligro la objetividad y la imparcialidad de las investigaciones, y afectar a la
presunción de inocencia de quienes participaban en la protesta.
Dos días después de los comentarios públicos del presidente Correa, el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) inició un procedimiento administrativo contra la Federación
Interprovincial de Centros Shuar (FCSH) con el fin de revocar la licencia de su emisora de
radio, que había retransmitido los llamamientos de los dirigentes comunitarios a la población
para que se uniera a la protesta. CONATEL alegó que Radio La Voz Arutam había infringido
el artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión al “promover violencia física o
psicológica, utilizando niños, mujeres, jóvenes, y ancianos, incentivar, realizar o
motivar el racismo” 49 y haber sido presuntamente “promotora del caos social vivido en la
ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, incitando a la violencia y al
levantamiento armado”. 50 El 15 de diciembre de 2009, CONATEL suspendió la licencia y
la emisora de radio apeló contra esta decisión, alegando que las transcripciones en shuar se
habían traducido erróneamente.
Mientras tanto, el presidente Correa y las organizaciones indígenas se reunieron y
acordaron trabajar para lograr un consenso respecto al proyecto de Ley de Aguas y debatir las
propuestas de los pueblos indígenas en torno a la Ley de Minería. También establecieron una
Comisión de la Verdad conjunta 51 para investigar la muerte de Bosco Wisuma y para
determinar si los dirigentes y las emisoras de radio habían difundido información falsa o
habían incitado a la violencia el 30 de septiembre de 2009.
En enero de 2010, la Comisión de la Verdad emitió una declaración en la que llamaba la
atención hacia la discrepancia en las traducciones y concluía que “con la información
disponible no es posible determinar una línea editorial que haya promovido la violencia”. 52
La Comisión instó además a CONATEL a enviar la información al poder judicial para que
fuera éste “el que investigue y juzgue la actuación de quienes aparecieren como
responsables de las supuestas infracciones, garantizando el debido proceso”. 53 El
procedimiento administrativo iniciado por CONATEL no dio lugar al cierre de Radio La Voz de
Arutam.
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
Pese al establecimiento de este diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, el
presidente Correa aprobó el 5 de noviembre de 2009 el reglamento de aplicación de la Ley
de Minería, que había dado a lugar a la anterior ola de protestas. Esto fue considerado como
un abuso de confianza por parte de los grupos indígenas, pues la aprobación de este
reglamento permitía que la Ley de Minería se aplicara en su forma existente, pese a que las
conversaciones para llegar a un consenso sobre la Ley acababan de empezar, lo que supuso
un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y los grupos indígenas. La
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichua del Ecuador (ECUARUNARI) fue la
primera en retirarse del diálogo, seguida de la CONAIE en su conjunto, lo cual puso fin
oficialmente en marzo de 2010 a las conversaciones formales con el gobierno.
Nosotros preguntábamos que a donde nos llevaban y decían que a un incierto. No teníamos
rumbo […] No tuvimos nada de contacto familiar en ocho días.
Fidel Kaniras, dirigente indígena, involucrado en las manifestaciones contra la Ley de Aguas del gobierno
y acusado de terrorismo, sabotaje y homicidio, agosto de 2011
PEPE ACACHO, PEDRO MASHIANT Y FIDEL
KANIRAS
Bosco Wisuma murió por los disparos de un tirador no identificado durante la protesta en el
puente del Río Upán el 30 de septiembre de 2009, y tres hombres fueron acusados de su
homicidio, así como de los delitos de terrorismo y sabotaje: Pepe Acacho, entonces presidente de
la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FCSH) y actual vicepresidente de la CONAIE,
Pedro Mashiant, presidente de la Junta Parroquial de Sevilla Don Bosco y presidente de la
Asociación de Juntas Parroquiales de Morona Santiago, y Fidel Kaniras, miembro del Centro Shuar
Sevilla Don Bosco.
Casi un año después, en septiembre de 2010, se denegó la petición de prisión preventiva para
Pepe Acacho, Pedro Mashiant y Fidel Kaniras. En lugar de eso, el juez ordenó que los tres
hombres se presentaran ante las autoridades cada ocho días. Además, no podían dejar el país, y se
decretaba la congelación de sus bienes.
El 28 de enero de 2011, un juez ordenó la prisión preventiva de Pepe Acacho, Pedro Mashiant y
Fidel Kaniras y decretó su procesamiento como autores de los delitos de sabotaje, terrorismo y
homicidio. También se decretó el procesamiento de otros cuatro hombres como supuestos
encubridores de estos delitos.
Basándose en esta orden, el 1 de febrero de 2011 Pepe Acacho, Pedro Mashiant y Fidel Kaniras
fueron detenidos en una operación conjunta de la policía y el ejército. La operación, llevada a cabo
por agentes que ocultaban su identidad con pasamontañas, fue retransmitida por la televisión. Los
tres hombres permanecieron detenidos en Quito durante una semana, hasta que un juez aceptó, el
8 de febrero de 2011, un recurso de hábeas corpus.
En respuesta al hábeas corpus, el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos anunció en la
prensa que, en su opinión, se trataba de una resolución “tirada de los cabellos” y que su
Ministerio iniciaría un juicio en contra del juez por prevaricato. 54 Se apeló el habeas corpus, que
fue el comienzo de una batalla legal que duró más de un mes, pero el hábeas corpus se mantuvo.
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 21
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
En abril y mayo de 2010 se elaboraron dos informes periciales forenses sobre el homicidio de
Bosco Wisuma. En ellos se estableció que el tirador se encontraba de frente a la víctima, pero no
se podía determinar la distancia. Pese a que estas investigaciones no han aportado pruebas
concluyentes contra los tres acusados, los cargos permanecen.
En el momento de redactar este informe, Pepe Acacho, Pedro Mashiant y Fidel Kaniras siguen
presentándose ante las autoridades cada ocho días. Pepe Acacho, que ahora es vicepresidente de
la CONAIE y, por lo tanto, reside en Quito, pidió que le permitieran presentarse ante las
autoridades en Quito. Su petición se denegó, y debe viajar a Macas (un viaje de ocho horas en
cada sentido) cada ocho días para presentarse ante las autoridades locales.
LAS PROTESTAS DE MAYO DE 2010
En abril de 2010, la Corte Constitucional declaró que la Ley de Minería era constitucional.
Mientras tanto, la decisión de la Asamblea Nacional de mantener un debate final sobre el
proyecto de Ley de Aguas provocó otra serie de marchas en todo el país. Las marchas
tuvieron lugar a lo largo de abril de 2010 y culminaron en Quito el 5 de mayo de ese año. La
propuesta de suspender el debate durante cinco meses para permitir una consulta con las
comunidades indígenas fue rechazada por la Asamblea Nacional el 14 de mayo de 2010. 55
Durante el periodo de punto muerto en torno al proyecto de Ley de Aguas, el presidente
Correa siguió poniendo en tela de juicio la legitimidad de los dirigentes indígenas y
campesinos. Por ejemplo, el 6 de mayo de 2010 apareció en la prensa pidiendo que se
investigara cómo podían los grupos indígenas permitirse llevar a cientos de manifestantes de
zonas rurales a Quito, y diciendo que “la poca movilización que tienen -investiguen- es
financiada por fundaciones extranjeras”, en un intento por deslegitimar sus reclamaciones y
sus esfuerzos de movilización. 56
En un discurso a la nación tras la oleada de protestas, el presidente Correa dijo también:
“¿Qué legitimidad democrática tiene la CONAIE? […] vamos a ser las grandes mayorías los
que decidamos como queremos organizarnos y como queremos vivir y no van a ser unos
cuantos tira piedras los que nos van impongan eso […] hagamos el levantamiento los 13
millones de Ecuatorianos contra esas posturas trogloditas que quieren mantener el país en el
pasado […] Porque lo que hace la dirigencia de la CONAIE no es resistencia, es agresión”. 57
El viceministro de la Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales calificó también a estos
grupos de amenaza para el Estado, y dijo en la prensa que “el verdadero objetivo de la
dirigencia indígena no es oponerse a la Ley de Aguas, que debate la Asamblea, sino
tumbarse [derrocar] al Gobierno”. 58
En este contexto, muchos manifestantes fueron acusados de terrorismo y sabotaje, al igual
que los dirigentes acusados en relación con las protestas de 2009 contra la Ley de Minería.
Muchos de estos cargos fueron finalmente retirados por falta de pruebas. No obstante, la
fiscalía respondió presentando cargos nuevos diferentes –la mayoría, por obstrucción de vías–
contra los manifestantes.
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
CARLOS PÉREZ, FEDERICO GUZMÁN Y EFRAÍN
ARPI
En la provincia del Azuay, los usuarios de los sistemas de agua comunitarios y los dirigentes de las
comunidades bloquearon parcialmente una carretera el 4 de mayo de 2010 como protesta por la
última ronda de debate, en la Asamblea Nacional, en torno a la Ley de Aguas, prevista para el día
siguiente. Los enfrentamientos entre policías y manifestantes estallaron cuando la policía detuvo a
Carlos Pérez, dirigente de los Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay. Federico Guzmán,
presidente de la Junta Parroquial de Victoria del Portete, y Efraín Arpi, dirigente de la comunidad
de San Joaquín, también fueron detenidos. Los tres fueron acusados de sabotaje y permanecieron
tres días en prisión preventiva. El 27 de mayo de 2010 el tribunal ordenó que los tres hombres se
presentaran ante las autoridades cada ocho días; además, les prohibió salir del país.
Los cargos de sabotaje se retiraron, pero luego se sustituyeron por el delito penal de obstrucción
ilegal de vías. Federico Guzmán y Efraín Arpi declararon que no habían participado directamente
en la protesta, mientras Carlos Pérez y otros testigos mantuvieron que, durante el corte de la
carretera, los manifestantes dejaban que el tráfico se reanudara cada 30 minutos, y permitían que
los vehículos pasaran de inmediato en caso de emergencia. El juez ordenó su puesta bajo custodia
en virtud de este nuevo cargo, y los tres acusados pagaron una fianza de 3.000 dólares
estadounidenses para poder seguir en libertad.
En agosto de 2010, un juez declaró a Federico Guzmán, Efraín Arpi y Carlos Pérez inocentes del
delito de obstrucción ilegal de vías. La fiscalía apeló contra esta decisión, y en agosto de 2011 los
tres fueron declarados culpables. Aunque la condena inicial era de un año de prisión, el juez
ordenó una pena más leve de ocho días de reclusión, “por tratarse de personas que no constituyen
peligro para la sociedad, y que las motivaciones para su inconducta fueron de carácter altruista y
social a favor de los pueblos de Tarqui y Victoria de Portete, en defensa del agua que temen sea
contaminada por actividad minera”. 59 Los dirigentes han presentado un recurso de casación ante
la Corte Nacional pidiendo la anulación de la causa, que en el momento de redactar este informe
estaba pendiente.
MARCO GUATEMAL
Tras las protestas de mayo de 2010 contra el proyecto de Ley de Aguas, el entonces gobernador de
la provincia de Imbabura presentó ante el ministerio público una moción para que se investigara a
los dirigentes comunitarios indígenas que participaban en manifestaciones contra la Ley de Aguas
y bloqueaban tramos de la carretera panamericana. El 26 de octubre de 2010, un juez inició
procedimientos contra varios dirigentes acusados de terrorismo y sabotaje. El caso se archivó por
falta de pruebas. Sin embargo, uno de los dirigentes, Marco Guatemal, fue después acusado del
delito penal de obstrucción ilegal de vías. En aquel momento era presidente de la Federación
Indígena y Campesina de Imbabura (FICI).
La primera vista sobre el caso se celebró en mayo de 2011 y a Marco Guatemal se le ordenó que
se presentase ante las autoridades cada quince días. Dos meses después se convocó otra vista,
pero ni Marco Guatemal ni su abogado asistieron: aseguran que no recibieron notificación alguna.
El juez entonces dictó orden de detención contra Marco Guatemal e impuso a su abogado una
multa en torno de 1.200 dólares estadounidenses.
Marco Guatemal fue detenido el 25 de octubre de 2011 y permaneció recluido 21 días, hasta que
el juez ordenó su liberación y desestimó los cargos por falta de pruebas.
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 23
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
6. DERECHO NACIONAL Y
NORMAS
INTERNACIONALES
Algunos Estados tienden a argumentar, de manera sistemática, que se basan en la seguridad
nacional y la seguridad pública para limitar el ámbito de las actividades de los defensores y
las defensoras. En varios países, los sindicalistas y miembros de ONGs y de movimientos
sociales se enfrentan a detenciones y procesos penales por los delitos de “asociación ilícita”,
“obstrucción de la vía pública”, “incitación al delito”, “desobediencia civil” o “amenaza a la
seguridad del Estado, la seguridad pública o la protección de la salud o la moral públicas”.
Relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones
Unidas 60
EL DERECHO A LA PROTESTA
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los procesamientos o las
detenciones que imponen restricciones al ejercicio de derechos humanos tales como la
libertad de expresión, reunión y asociación deben tener una finalidad legítima, como por
ejemplo proteger los derechos de otras personas, la seguridad nacional, el orden público, o la
salud o la moral públicas. 61 La claridad también es un requisito crucial para cualquier ley:
“para ser calificada de ‘ley’, la norma debe estar formulada con precisión suficiente para que
una persona pueda regular su comportamiento de conformidad con ella”. 62 Los Estados
deben asimismo demostrar que las restricciones son proporcionadas al objetivo que
pretenden alcanzar. En otras palabras: “Las restricciones no deben ser excesivamente
amplias […] El principio de proporcionalidad debe respetarse no solo en la ley que defina las
restricciones sino también por las autoridades administrativas y judiciales que la
apliquen”. 63 Además, una restricción dispuesta a uno de los derechos humanos no debe
nunca poner en peligro el derecho en sí. 64
Quienes trabajen en el sistema judicial y otros sectores afines, como fiscales, policías o
jueces, deben recibir formación adecuada para manejar las protestas públicas. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha señalado recientemente que muchos casos de
criminalización en la región de América ocurren porque “las autoridades encargadas de la
investigación del delito, por la ausencia de precisión de los códigos procesales, o bien, por
una falta de diligencia en la misma, proceden a realizar las acusaciones penales antes de
recabar las pruebas necesarias para determinar la existencia de una conducta ilícita”. 65 El
elevado número de casos en los que los jueces de Ecuador han desestimado los cargos por
falta de pruebas indica que esta preocupación está justificada.
Las autoridades ecuatorianas han podido detener y criminalizar a los dirigentes indígenas y
campesinos porque hay aspectos de la legislación nacional que incumplen las normas
internacionales. 66 Entre los artículos del actual Código Penal más utilizados contra los
dirigentes indígenas y campesinos se encuentran los artículos 158 (sabotaje), 160
(terrorismo) y 129 (obstrucción ilegal de vías).
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
24
“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
TERRORISMO Y SABOTAJE
[Algunas] leyes, por sí mismas o en su aplicación, utilizan una definición extremadamente
vaga y amplia del terrorismo, lo que hace que sean aplicables tanto a inocentes como a
sospechosos, aumentando así el riesgo de detención arbitraria y reduciendo
desproporcionadamente las garantías de que disfrutan las personas normales en
circunstancias normales. La oposición democrática legítima, distinta de la oposición violenta,
resulta ser una víctima de la aplicación de ese tipo de leyes. 67
Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria
El artículo 158 del Código Penal de Ecuador, relativo al sabotaje, establece penas de entre 8
y 12 años de prisión para toda persona que “destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o
paralice servicios públicos, instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos,
canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro elemento de transporte,
instalaciones públicas o privadas de energía eléctrica, de agua potable, gas u otras
semejantes, o instalaciones de radio, teléfono, telégrafo, televisión o cualquier otro sistema
de transmisión; depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles,
materias primas destinadas a la producción o al consumo nacional, o cualquier otro tipo de
abastecimiento semejante, con el propósito de producir alarma colectiva”. 68 No obstante, no
queda claro qué pruebas se realizarán para evaluar la intención de provocar alarma.
El artículo 160.1 relativo al terrorismo, establece penas de prisión de entre 4 y 8 años.
Según este artículo, son terroristas las personas que “individualmente o formando
asociaciones, como guerrillas, organizaciones, pandillas, comandos, grupos terroristas,
montoneras o alguna otra forma similar, armados o no, pretextando fines patrióticos, sociales,
económicos, políticos, religiosos, revolucionarios, reivindicatorios, proselitistas, raciales,
localistas, regionales, etc., cometieren delitos contra la seguridad común de las personas o
de grupos humanos de cualquiera clase o de sus bienes”. 69 El artículo continúa ofreciendo
ejemplos de actos por los que una persona puede ser acusada de terrorismo, por ejemplo
“ora levantando barricadas, parapetos, trincheras, obstáculos, etc. con el propósito de hacer
frente a la fuerza pública en respaldo de sus intenciones, planes, tesis o proclamas; ora
atentando, en cualquier forma, en contra de la comunidad, de sus bienes y servicios”. 70
La lista de actividades que podrían ser consideradas actos de terrorismo es tan amplia y tan
carente de parámetros que las autoridades han podido utilizarla para procesar a dirigentes
indígenas y campesinos por su trabajo de defensa de los derechos humanos. Tal como ha
señalado reiteradamente la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores
de los derechos humanos: “Los Estados deben asegurar que la legislación y las medidas de
lucha contra el terrorismo no se apliquen contra los defensores de los derechos humanos
para menoscabar su labor al respecto”. 71 De lo contrario, pueden dar lugar a casos de
detención arbitraria y violar el derecho internacional de los derechos humanos que protege la
libertad de expresión, reunión y asociación, entre otras.
El tipo penal dentro de nuestro código se refiere a cualquier tipo de asociación que realice
manifestaciones sociales en términos muy generales - que puede ser desde totalmente
pacíficas hasta violentas.
David Cordero Heredia, Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 25
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
DELFÍN TENESACA Y MARLON SANTI
Lo preocupante es que nos condenen por 4,5, 6 u 8 años. No es justo que sólo por ser dirigentes
de ECUARUNARI o de la CONAIE podamos estar en la cárcel por algunos años. Solamente el
hecho de manchar nuestro nombre de terrorismo y de sabotaje, ya es una ofensa de parte del
Estado.
Delfín Tenesaca, presidente de ECUARUNARI, agosto de 2011
En junio de 2010 se celebró en la localidad indígena de Otavalo, Ecuador, la cumbre de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 72 en la que participaron ocho jefes de
Estado de Latinoamérica. La cumbre de ALBA coincidió con el Inti Raymi (el Festival del Sol),
tradición milenaria de las comunidades indígenas con raíces incas de la región andina. Con su
numerosa población indígena, Otavalo era uno de los centros de celebración, y miles de personas,
pertrechadas con símbolos indígenas tradicionales, como lanzas y animales, se congregaron allí
para participar en las festividades. Al coincidir con la celebración de la cumbre de ALBA, el Inti
Raymi se convirtió en un espacio de reafirmación de las demandas indígenas de participar en las
decisiones que les afectan. Aprovechando la ocasión, las organizaciones indígenas redactaron una
carta en la que manifestaban su preocupación por la falta de participación indígena en la cumbre
de ALBA y pidieron que les permitieran entregársela al presidente de Bolivia, Evo Morales, primer
presidente indígena de América.
Se les negó el acceso al lugar de la reunión, y unos agentes de la policía montada impidieron que
la gente se acercara al edificio donde se celebraba la cumbre. Según los informes, uno de los
caballos empezó a ponerse nervioso, y la policía utilizó gas lacrimógeno para tratar de dispersar a
la multitud. En el caos subsiguiente, dos caballos resultaron heridos, y uno de los cordones
policiales se rompió. En medio de esta situación, se extraviaron unas esposas de un policía.
Marlon Santi, entonces presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE), y Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad
Kichua del Ecuador (ECUARUNARI), fueron acusados de terrorismo, y se abrió una investigación.
El informe policial alegaba que un grupo de indígenas había roto el cordón policial y que habían
desaparecido unas esposas. También alegaba que el grupo había interrumpido la cumbre, gritando
consignas y amenazando el orden público. Según los informes, la concentración era pacífica, y
parece ser que la única prueba contra Delfín Tenesaca y Marlon Santi eran las esposas robadas.
Sin embargo, el informe del policía que perdió las esposas no decía que se las hubieran robado,
sino simplemente que, en un momento determinado, se dio cuenta de que no las tenía.
En el momento de redactar este informe, el caso llevaba casi dos años sometido a investigación, y
durante ese tiempo no se había presentado ningún cargo contra Delfín Tenesaca o Marlon Santi.
Creemos que una forma de amedrentar es de mantener el caso abierto.
Bolívar Beltrán, abogado de la CONAIE, agosto de 2011
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
OBSTRUCCIÓN DE VÍAS
Hay un problema de legitimidad versus legalidad y en qué medida es un delito algo legítimo.
Mario Ruiz, abogado de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI).
El artículo 129 del Código Penal establece penas de entre uno y tres años de prisión para
toda persona que “ilegalmente impidiere el libre tránsito de vehículos, personas o
mercaderías por las vías públicas del país”. 73 Esta disposición no incluye excepciones para
una interferencia mínima o para cualquier obstrucción que pueda derivarse del ejercicio de
los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión, reunión y asociación. Las
protestas públicas, por su propia naturaleza, a menudo entrañan la alteración del tránsito.
Por ello, el artículo 129, que establece el procesamiento penal de las personas que bloqueen
el tránsito, incluso aunque lo hagan en el contexto del ejercicio legítimo de los derechos
humanos, pone estos derechos en peligro.
Amnistía Internacional reconoce que los Estados tienen la obligación de mantener el orden
público. Sin embargo, para muchos grupos, la protesta pública puede ser la única manera de
hacer oír su voz. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado
repetidamente que “[l]os sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio confrontan
políticas y acciones discriminatorias […] y en general los canales tradicionales de
participación para hacer públicas sus denuncias se ven muchas veces cercenados. Ante este
escenario […] la protesta y la movilización social se han constituido como herramienta de
petición a la autoridad pública y también como canal de denuncias públicas sobre abusos o
violaciones a los derechos humanos”. 74 En Ecuador, el Estado ha incumplido
sistemáticamente su deber de respetar los derechos de las comunidades indígenas y
campesinas a ser consultadas en torno a la Ley de Minería y a la Ley de Aguas, y apenas ha
dejado a estas comunidades otra opción más que la de expresar sus reclamaciones mediante
la movilización colectiva.
Naturalmente las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público e incluso los
disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales pueden generar molestias o
incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites
desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra
forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de
expresión. Preocupa por ello a la Relatoría Especial la existencia de disposiciones penales
que convierten en actos criminales la simple participación en una protesta, los cortes de ruta
(a cualquier hora y de cualquier tipo) o los actos de desorden que en realidad, en sí mismos,
no afectan bienes como la vida o la libertad de las personas.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión (2008), capítulo IV, párr. 70
Aunque el obstrucción de vías puede ser un delito penal en virtud de la legislación interna, la
relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos ha
establecido que esto no justifica necesariamente una violación del derecho a la libertad de
reunión y que, por tanto, no es legítimo dispersar una protesta por este único motivo.
Además, si los manifestantes no emprenden acciones violentas, “es importante que las
autoridades muestren cierto grado de tolerancia hacia las reuniones pacíficas”. 75
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 27
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
EL DERECHO A LA CONSULTA
Estamos aquí trabajando para que este país realmente sea digno de respeto a todos los seres,
hombres y mujeres, ancianos, niños.... Todos merecemos ese mismo respeto
Delfín Tenesaca, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
(ECUARUNARI), agosto de 2011
Las autoridades de Ecuador han tratado repetidamente de menoscabar las demandas de una
mayor participación por parte de las comunidades, alegando que la ampliación de la
industria extractiva no sólo es necesaria para el desarrollo nacional, sino que además es
beneficiosa. Por ejemplo, el presidente Correa ha declarado recientemente que “la buena
minería nos va a ayudar a descontaminar el agua, porque tendremos los recursos para todas
esas obras e infraestructuras sanitarias”. 76 Además, en la cumbre de ALBA en junio de 2010
el presidente Correa dijo: “puede haber retórica bonita […] que lo repiten ciertos dirigentes
indígenas […] no podemos mantener posiciones extremistas. No podemos ser mendigos
sentados en un saco de oro. Esos fundamentalismos, esos dogmatismos tan solo nos
inmovilizan”. 77 Sin embargo, los derechos humanos son universales y pertenecen a todo el
mundo: los derechos humanos de los miembros de las comunidades locales no pueden
sacrificarse en el nombre del crecimiento económico.
Aunque muchas voces pueden alegar que algunos proyectos o legislación específicos pueden
ser beneficiosos para estas comunidades locales, es fundamental que las decisiones que
afecten a sus derechos humanos se tomen de manera conforme con las normas
internacionales de derechos humanos. Esto exige que se respete el derecho de las personas a
la participación y a la información, y su derecho a la consulta.
INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Las leyes de gran impacto, como la Ley de Minería y la Ley de Aguas de Ecuador, pueden
afectar a los derechos de las personas, incluidos el derecho a la vivienda, a la alimentación, a
la salud y al agua. Por ello, es fundamental que todas las personas –especialmente las más
directamente afectadas– sean consultadas y puedan participar en las decisiones que afectan
a sus derechos humanos.
Ecuador está obligado a cumplir el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo
artículo 25 garantiza el derecho de todos los ciudadanos a participar en la dirección de los
asuntos públicos, concepto que incluye la aprobación de leyes tales como los proyectos de
Ley de Minería y Ley de Aguas en Ecuador. 78 La participación puede ayudar a prevenir
violaciones de derechos humanos y garantizar que se adoptan medidas adecuadas para
mitigarlas. Además el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la ONU, ha
subrayado que “un factor integrante de toda política, programa o estrategia con miras al
cumplimiento de las obligaciones gubernamentales […] es el derecho de los particulares y
grupos a participar en el proceso de adopción de decisiones que puedan afectar a su
desarrollo”. 79
Para ser significativas, las consultas deben llevarse a cabo de buena fe y con la finalidad de
llegar a un acuerdo. Lo expuesto en este informe demuestra que Ecuador no cumplió con su
obligación de consultar adecuadamente a las comunidades indígenas y campesinas locales
sobre las leyes de minería y aguas propuestas por el gobierno. En el caso de la Ley de
Minería, se aprobó sin consulta, mientras que la Ley de Aguas permanece en punto muerto.
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
CONSENTIMIENTO LIBRE, PREVIO E INFORMADO
Además del derecho de consulta, los pueblos indígenas cuentan con una salvaguardia
adicional. En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, los Estados deben
garantizar el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento libre, previo e
informado sobre las decisiones que les afecten, independientemente de la legislación
nacional. El derecho de consulta y el derecho al consentimiento libre, previo e informado
para los pueblos indígenas están consagrados en la Declaración de la ONU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (la Declaración) y en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169).
Ecuador, al aprobar la Declaración en 2007 y ratificar el Convenio 169 en 1998, ha
reconocido su obligación de consultar a los pueblos indígenas y obtener su consentimiento
libre, previo e informado antes de adoptar cualquier medida que pueda afectarles.
Es importante señalar que el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas ha explicado de qué manera “[l]os
términos un poco diferentes de la Declaración sugieren que se hace más hincapié en que las
consultas sean negociaciones en procura de acuerdos mutuamente aceptables y se celebren
antes de la adopción de las decisiones sobre las medidas propuestas, y no consultas con el
carácter de mecanismos para proporcionar a los pueblos indígenas información sobre
decisiones que ya se han adoptado o están en proceso de adoptarse, sin permitirles influir
verdaderamente en el proceso de adopción de decisiones”. 80
Por tanto, en los casos de legislación nacional sobre recursos extractivos o naturales en
Ecuador, las normas internacionales dictan que el Estado tiene el deber no sólo de consultar
a los pueblos indígenas, sino también de obtener su consentimiento libre, previo e
informado, respetando los siguientes principios:
„
libre: todo diálogo y todo sistema de toma de decisiones debe ser justo y estar libre de
coacción, manipulación, amenaza, temor a represalias, corrupción o desequilibrio de poder
en negociaciones;
„
previo: todos los diálogos y acuerdos deben tener lugar antes de que se adopte cualquier
medida potencialmente perjudicial, y las comunidades deben tener tiempo suficiente para
dar su consentimiento de acuerdo con sus valores y tradiciones;
„
informado: debe proporcionarse a las comunidades información completa y objetiva,
transmitida de manera clara y culturalmente adecuada; además, debe dárseles la
oportunidad de obtener asesoramiento independiente.
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 29
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
7. CONCLUSIÓN Y
RECOMENDACIONES
Si el gobierno dialogara y hubiese entrado
a un proceso de conversaciones y aceptar
que las propuestas en el Ecuador se
construyan de manera democrática y
participativa […] yo creo que habría
mayor tranquilidad en el país.
Marco Guatemal, ex presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), agosto de
2011
Los pueblos indígenas y campesinos de Ecuador se han echado reiteradamente a la calle
para reclamar su derecho de consulta y su derecho a dar su consentimiento libre, previo e
informado sobre las leyes, políticas y prácticas que les afectan. Tal como se muestra en este
informe, las autoridades, lejos de adoptar medidas activas para promover estos derechos, han
respondido utilizando procedimientos penales infundados contra los dirigentes indígenas y
campesinos. En sus acciones y declaraciones, el gobierno ha tratado de arrojar dudas sobre
la legitimidad de las protestas y, de hecho, limitar el derecho a la libertad de expresión y
reunión de algunos de los sectores más marginados de la sociedad.
Resulta difícil sobreestimar el impacto que la Ley de Aguas y la Ley de Minería pueden tener
en las comunidades indígenas y campesinas. Los medios de sustento y el sentido de
identidad cultural de estas comunidades están indisolublemente unidos a las tierras en las
que habitan y a los recursos naturales de los que dependen. El Estado tiene, en virtud del
derecho internacional, la obligación de consultar con las comunidades afectadas antes de
adoptar legislación de ese tipo, con el fin de garantizar que incorpora salvaguardias
adecuadas para proteger los derechos humanos de las comunidades. Cuando una medida
afecte de manera significativa a pueblos indígenas, la legislación debe cumplir la normativa
internacional y debe incluir disposiciones para obtener el consentimiento libre, previo e
informado de estos pueblos.
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
ECUADOR EN LA ACTUALIDAD
En marzo de 2012 estalló otra oleada nacional de protestas en relación con el derecho al
agua y con otras reclamaciones de los pueblos indígenas. Según la información de que
dispone Amnistía Internacional, ninguna de las personas que participaron en las tres
semanas de protestas que condujeron a la concentración final celebrada en Quito el 22 de
marzo ha sido sometida a procedimientos penales infundados. No obstante, la retórica hostil
del gobierno, incluso del presidente Correa mismo, contra los pueblos indígenas sigue siendo
preocupante. Al hacer comentarios como “ellos son indígenas, pueden tener lanzas y con eso
atacar”, 81 o al referirse a los manifestantes como “golpistas”, 82 los presentan como personas
violentas que aspiran a derrocar al gobierno, más que como personas que marchan para
reclamar sus derechos.
En respuesta a la acusación de que se está criminalizando el derecho de a la protesta, el
presidente también ha declarado que “basta de engaños, basta de hipocresías, son
criminales protestando y debe aplicárseles la ley”, 83 al tiempo que ha utilizado
repetidamente la frase “protesta social criminal” para tachar de actividades delictivas las
manifestaciones que se oponen a la política gubernamental. Aunque Amnistía Internacional
reconoce que el Estado tiene el derecho y la obligación de aplicar la ley e investigar los
posibles delitos que se puedan cometer en el contexto de una protesta, este informe
demuestra que, demasiado a menudo, los dirigentes indígenas y campesinos han sido
sometidos a investigaciones sin fundamento carentes de pruebas en las que basarse, lo que
hace pensar que puede tratarse de actos de motivación política. Además, es importante
examinar las causas fundamentales de estas protestas, que a menudo reclaman el derecho
de consulta.
EL FUTURO
En el momento de redactar este informe, el borrador de la Ley de Aguas seguía en punto
muerto. El gobierno también ha destacado proyectos específicos para iniciar la expansión en
Ecuador de proyectos mineros en gran escala, y se están elaborando planes para demarcar
tierras destinadas a una nueva ronda de concesiones petrolíferas en el sureste del país. Hasta
el momento no se dispone de información concreta sobre como las comunidades se verán
afectadas, o sobre si se van a llevar a cabo –y de qué manera– consultas de acuerdo con las
normas internacionales de derechos humanos.
La política gubernamental de seguir introduciendo cambios sin consulta adecuada con las
comunidades afectadas amenaza con sumergir a Ecuador en un conflicto social constante.
Además de resolver la fuente de estas divergencias –en concreto, mediante la celebración de
consultas adecuadas–, es fundamental que Ecuador aborde el uso indebido del sistema
judicial como forma de silenciar a quienes manifiestan su oposición a las leyes y políticas
propuestas por el gobierno. El hecho de que 24 dirigentes se hayan enfrentado a cargos
cuestionables por su presunta participación en protestas en un periodo de 18 meses, de
2009 a 2010, pone de relieve un inquietante patrón de conducta.
Amnistía Internacional pide a las autoridades que cumplan con las obligaciones que han
contraído y que garanticen que se respetan los derechos humanos de las comunidades
afectadas. En particular, pide a las autoridades que promuevan el derecho a la libertad de
expresión y reunión, y que garanticen que quienes tratan de defender y ejercer sus derechos
humanos pueden hacerlo sin temor, intimidación o acoso.
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
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¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
RECOMENDACIONES
Amnistía Internacional insta al gobierno a:
El derecho a la protesta
1.
Promover, proteger y respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica
y asociación tal como reconocen los instrumentos internacionales y regionales,
incluso en actos de protesta contra políticas, leyes o actuaciones del gobierno, y
abstenerse de deslegitimar estas reclamaciones.
2.
Retirar los cargos infundados, o los cargos basados en el ejercicio de los derechos
humanos, y dejar de utilizar el sistema judicial para mermar la capacidad de las
comunidades de ejercer su derecho a la libertad de reunión y asociación, en
especial respecto a la expresión de la desaprobación y la protesta contra leyes y
políticas propuestas por el gobierno.
3.
Revisar los casos de posible detención arbitraria o de presentación de cargos de
motivación política y garantizar que, cuando proceda, se imponen sanciones
administrativas o de otro tipo a los responsables.
4.
Garantizar que no se utilizan disposiciones penales –como por ejemplo las relativas
al terrorismo, el sabotaje y la obstrucción de vías – para castigar el ejercicio legítimo
de los derechos humanos.
5.
Garantizar que tanto las fuerzas de seguridad que participen en actuaciones
policiales relativas a las manifestaciones como los miembros del poder judicial son
conscientes del uso de las protestas como forma de ejercer legítimamente los
derechos humanos.
El derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado
6.
Garantizar que toda ley, política o medida potencial que afecte a las comunidades
es objeto de un proceso de consulta con las comunidades afectadas antes de que se
tome cualquier decisión.
7.
Establecer mecanismos claros y justos para llevar a cabo consultas de buena fe con
las comunidades afectadas, entre ellos un mecanismo para vigilar la aplicación e
informar de los agravios. Las comunidades deben participar en el proceso de toma
de decisiones en una fase temprana, y deben recibir información completa y
objetiva. Esta información debe comunicarse a las comunidades afectadas y
compartirse con ellas de una manera transparente y accesible.
8.
Establecer mecanismos y procedimientos claros y sólidos, en consulta con los
pueblos indígenas y de conformidad con las normas internacionales de derechos
humanos, para garantizar el derecho de estos pueblos al consentimiento libre,
previo e informado. Los mecanismos y procedimientos deben ser conformes con los
procesos indígenas de toma de decisiones y con sus valores y tradiciones.
9.
Asignar recursos suficientes para llevar a cabo consultas de manera efectiva y para
garantizar que los miembros de la comunidad no se ven apartados del proceso a
causa de la distancia, del conocimiento de una lengua o de cualquier otra
circunstancia.
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
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“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
NOTAS FINALES
El término “campesino” se utiliza para designar a personas que trabajan la tierra y viven en un
entorno rural, pero no poseen una gran cantidad de tierra.
1
Amnistía Internacional no adopta postura alguna sobre las actividades extractivas en sí, pero pide
a los gobiernos y las empresas que garanticen que las normas de derechos humanos se cumplen
plenamente al realizar evaluaciones y tomar decisiones que puedan afectar a las comunidades
locales. De igual modo, toda decisión que afecte al suministro de agua debe cumplir las normas de
derechos humanos, incluidos los requisitos de participación en el proceso de toma de decisiones, y
el gobierno debe establecer un marco normativo adecuado que garantice el acceso físico,
asequible y en condiciones de igualdad a agua suficiente, segura y aceptable para todas las
personas.
2
3
La Asamblea Nacional Constituyente se estableció en 2007 para redactar una nueva
Constitución. El 11 de marzo de 2008 dictó una amnistía basada en el informe Pobladores y
Activistas de Derechos Humanos y de Defensa del Medio Ambiente. El 11 de julio de 2008 dictó
otra amnistía basada en el informe Amnistías a personas involucradas en hechos acaecidos en el
Cantón Chillanes, Provincia de Bolívar; en el paro nacional minero y casos de criminalización por
defender la territorialidad, derechos colectivos y de los pueblos.
4
Tribunal Constitucional, Registro Oficial, Año II, N° 393, 31 de julio de 2008, p. 13. Disponible
en:
http://www.agroecuador.com/html/RegOficiales/RegistroOficial/R.%20O.%20%28SP%29%20julio
%2031%20No.%20393%20MANDATO%2016%20-%20SOBERANIA%20ALIMENTARIA.pdf
(consultado el 8 de mayo de 2012).
5
Nombre no facilitado por Amnistía Internacional.
BBC Mundo.com, Hidrocarburos en América Latina. Disponible en:
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_4562000/4562409.stm#xq6 (consultado el 8
de mayo de 2012)
6
Secretaria de Hidrocarburos, Décima Ronda Petrolera Ecuador 2011. Disponible en:
http://www.shc.gob.ec/portal/es/web/ronda-petrolera/inicio (consultado el 8 de mayo de 2012).
7
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Demanda ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku y sus miembros (Caso
12.465) contra Ecuador, párr. 77.
8
Wilton Guaranda Mendoza, Diagnóstico Legal de la Minería en el Ecuador. Disponible en:
http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=242%3Adiagnostico-legalde-la-mineria-en-el-ecuador&Itemid=126 (consultado el 25 de mayo de 2012).
9
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, FIDH y Derechos y Democracia, Large-scale Mining
in Ecuador and Human Rights Abuses, p. 6. Disponible en: http://www.ddrd.ca/site/_PDF/publications/Equateur_UK-LD.pdf (consultado el 25 de mayo de 2012).
10
11
Amnistía Internacional, Informe 2006,
http://www.amnesty.org/es/library/info/POL10/001/2006/es?refresh=7357191909 (consultado el
25 de mayo de 2012).
Decreto 1204, 7 de marzo de 2006. Artículo 6: “Las infracciones que se cometieren en la zona
de seguridad determinada por este decreto, serán sancionadas de acuerdo con el artículo 145 de
la Ley de Seguridad Nacional”.
12
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 33
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
Ley de Seguridad Nacional, N°275, Art. 145: “En tiempo de guerra o decretada la movilización
las infracciones puntualizadas en el Capítulo anterior, serán juzgadas con sujeción a lo dispuesto
en Código Penal Militar, y no se reconocerá fuero alguno”.
13
14
Comité de Derechos Humanos, Observación general Núm. 32, párr. 22.
Amnistía Internacional, Acción Urgente: Detención en régimen de incomunicación / temor por la
seguridad / Posible preso de conciencia: Wilman Adolfo Jiménez Salazar (Índice: AMR
28/006/2006) http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR28/006/2006/es (consultado el 25 de
mayo de 2012).
15
Universidad de Palermo, Es legítima la criminalización de la protesta social?: derecho penal y
libertad de expresión en América Latina, pp. 114 – 116. Disponible en:
http://www.palermo.edu/cele/pdf/Protesta-social.pdf (consultado el 25 de mayo de 2012).
16
La CONAIE es una agrupación compuesta por tres federaciones indígenas regionales: la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), la
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwas del Ecuador (ECUARUNARI) y la
Coordinadora de Organizaciones Indígenas y Negras de la Costa Ecuatoriana (CONAICE).
17
18
Amnistía Internacional, entrevista con Marlon Santi, agosto de 2011.
19
Amnistía Internacional, Informe 2008. Disponible en:
http://www.amnesty.org/es/region/ecuador/report-2008 (consultado el 25 de mayo de 2012).
20
Asamblea Constituyente, Resolución de amnistía de Dayuma, 14 de marzo de 2008, párr. 3.
Defensoría del Pueblo de Ecuador, Los escenarios de la Criminalización a los defensores y
defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: Desafíos para un estado
constitucional de derechos, anexo 1. Disponible en:
http://www.inredh.org/archivos/pdf/escenarios_criminalizacion_defensoresydefensoras.pdf
(consultado el 25 de mayo de 2012).
21
22
Marisol Peñafiel, Pobladores y Activistas de Derechos Humanos y de Defensa del Medio
Ambiente, capítulo 4.1: “La justicia como instrumento de persecución a líderes sociales”.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Actuar en mundos plurales, nº 3, p.
16.
23
Los montubios, principalmente mano de obra agrícola de orígenes diversos, constituyen una
comunidad étnica diferenciada en la región costera y mayoritariamente rural. Tras una huelga de
hambre realizada en 2001, los montubios fueron reconocidos oficialmente como identidad étnica
ecuatoriana, y el Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas
Subtropicales del Litoral (CODEPMOC) obtuvo reconocimiento oficial y financiación
gubernamental.
24
Asamblea Constituyente, “Capítulo 4: Derechos de las Comunidades, pueblos y nacionalidades”,
Constitución de la República del Ecuador, artículos 57.7 y 57.17.
25
Asamblea Constituyente, “Capítulo 7: Derechos de la Naturaleza”, Constitución de la República
del Ecuador.
26
27
Nombre no facilitado por AI.
Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago, Juicio Penal Nº 002-09, 29 de enero de 2009.
“Además es necesario dejar constancia en el presente caso se ha resuelto dictar el inicio de la
instrucción fiscal, así como solicitar se dicte medidas cautelares, de carácter personal, sin que el
representante del Ministerio Público haya cumplido su obligación procesal previsto en el Art.217
del Código Procesal Penal, que determina que sólo cuando considere que existan fundamentos
suficientes para imputar a una persona participación de un hecho delictivo, se resolverá el inicio
de la instrucción fiscal.”
28
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
34
“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, 3
de agosto de 2009. “El agente Fiscal al alegar en la audiencia no describe los actos en los cuales
participa cada uno de los procesados, como efectivamente lo ordena el Art 224 del Código de
Procedimiento Penal, sin que haya identificado en forma individualizada a los procesados ni del
modo o manera en que estos hayan participado en la comisión del delito.”
29
Para que se eliminen sus antecedentes policiales, los acusados deben presentar un recurso de
habeas data firmado por un abogado.
30
31
Nombre no facilitado por AI.
En la página 17 encontrarán el caso completo de Vicente Zhunio, acusado de sabotaje en el
contexto de las protestas contra la Ley de Minería propuesta por el gobierno.
32
Fernando Mejía se enfrenta, junto con 16 personas más, a cargos derivados de una protesta que
tuvo lugar en 2006.
33
34
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe de Margaret Sekaggya, Relatora
Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 21 de diciembre de
2011, A/HRC/19/55, párr. 125. Disponible en:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f39338f2.html (consultado el 25 de mayo de 2012).
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las
defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, 2012, párr. 78. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf (consultado el 25 de mayo de
2012).
35
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de las defensoras y
defensores de los derechos humanos en las Américas, 2006, párr. 177.
http://www.cidh.org/countryrep/Defensores/defensoresindice.htm (consultado el 25 de mayo de
2012).
36
37
Nombre no facilitado por Amnistía Internacional.
Wilton Guaranda Mendoza, Diagnóstico Legal de la Minería en el Ecuador. Disponible en:
http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=242%3Adiagnostico-legalde-la-mineria-en-el-ecuador&Itemid=126 (consultado el 25 de mayo de 2012).
38
Registro Oficial del Tribunal Constitucional de la República de Ecuador, Año II, Ley de Minería,
29 de enero de 2009, artículo 90: Procedimiento Especial de Consulta a los Pueblos. Disponible
en: http://www.mrnnr.gob.ec/upload/doc_mineria/ley-minera-publicada-en-registro-oficial.pdf
(consultado el 25 de mayo de 2012).
39
Wilton Guaranda Mendoza, Diagnóstico Legal de la Minería en el Ecuador. Disponible en:
http://www.inredh.org/index.php?option=com_content&view=article&id=242%3Adiagnostico-legalde-la-mineria-en-el-ecuador&Itemid=126 (consultado el 25 de mayo de 2012).
40
Presidente Correa, discurso en ECTV, enero de 2009.
http://www.youtube.com/watch?v=R7O4hIlxtG4 (consultado el 25 de mayo de 2012).
41
Comando Policial de la Policía Morona Santiago 17, Parte Informativo al Señor Juez Cuarto de lo
Penal y Tránsito de Morona Santiago, 5 de enero de 2009.
42
Hoy, “Correa firma Ley Minera y critica 'izquierdismo infantil' de detractores”, 19 de enero de
2009. Disponible en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/correa-firma-ley-minera-y-criticaizquierdismo-infantil-de-detractores-329544.html (consultado el 30 de mayo de 2012)
43
Lavoz.com, Ley minera causa rechazo de indígenas ecuatorianos, 20 de enero de 2009.
http://www.rlp.com.ni/noticias/45756/ley-minera-causa-rechazo-de-indigenas-ecuatorianos
(consultado el 25 de mayo de 2012).
44
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 35
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
Registro Oficial del Tribunal Constitucional de la República de Ecuador, Año III, Nº 517, Ley de
Minería, 29 de enero de 2009. Disponible en: http://www.mrnnr.gob.ec/upload/doc_mineria/leyminera-publicada-en-registro-oficial.pdf
45
46
Nombre no facilitado por Amnistía Internacional.
Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, El Mundo Indígena 2010, p. 184.
Disponible en: http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0281_MI_10.pdf (consultado el
25 de mayo de 2012).
47
Enlace Ciudadano 140, 3 de octubre de 2009. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=WRPn6zVHUF0&NR=1 (consultado el 25 de mayo de 2012).
48
Ley de Radiodifusión y Televisión, Decreto Supremo No. 256-A. Disponible en:
http://signis.ec/wp-content/uploads/2012/03/Ley-de-Radio-y-TV-de-Ecuador-hasta-2007.pdf
(consultado el 25 de mayo de 2012)
49
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Resolución 440-16 CONATEL 2009, 17
de diciembre de 2009.
50
51
Decreto Ejecutivo Nº 96, 14 de octubre de 2009.
Comisión de la Verdad, Oficio No. BW-SE-014.18.12.10, 18 de enero de 2010. Disponible en:
http://www.inredh.org/archivos/pdf/radio_arutam1.pdf (consultado el 25 de mayo de 2012).
52
53
Comisión de la Verdad, Resolución 22, enero de 2010.
El Diario, 10 de febrero de 2011, p. 13A. Disponible en:
http://issuu.com/eldiarioec/docs/el_diario_10_de_febrero_del_2011 (consultado el 25 de mayo de
2012).
54
55
Ecuador Inmediato, Parlamento de Ecuador rechaza consulta previa a indígenas sobre Ley de
Aguas, 13 de mayo de 2010. Disponible en:
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/parlamento_de_ecuador_rechaza_cons
ulta_previa_a_indigenas_sobre_ley_de_aguas--126525 (consultado el 25 de mayo de 2012).
Agencia Pública de Noticias de Ecuador y Sudamérica (ANDES), Correa denuncia que
movilizaciones indígenas estarían financiadas por fundaciones extranjeras, 6 de mayo de 2010.
Disponible en: http://andes.info.ec/2009-2011.php/?p=13932 (consultado el 25 de mayo de
2012).
56
57
RTU Noticias, Presidente cuestiona duramente el sector indígena por el tema ley de aguas en su
enlace ciudadano, mayo de 2010. Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=RfY4lv1rqwk
BBC Mundo, “Correa pide archivar polémica Ley de Aguas”, 21 de mayo de 2010.
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/05/100521_0403_ecuador_correa_cede_indige
nas_lav.shtml (consultado el 11 de mayo de 2012)
58
Agencia Pública de Noticias de Ecuador y Sudamérica (ANDES), “El verdadero propósito de los
indígenas es tumbar a Correa”: Subsecretario de Pueblos, 10 de mayo de 2010
http://andes.info.ec/2009-2011.php/?p=14248 (consultado el 13 de mayo de 2012).
Primera Sala Especializada de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Azuay,
Proceso 128-11, 10 de agosto de 2011.
59
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comentario a
la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de
Proteger y Promover los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente
Reconocidos, julio de 2011. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentarySpanishVersion.pdf
(consultado el 29 de mayo de 2012).
60
61
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 19, 21 y 22.
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
36
“Para que nadie reclame nada”
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general Nº 34, Artículo 19: Libertad de
opinión y libertad de expresión, 12 de septiembre de 2001, CCPR/C/GC/34, párr. 25. Disponible
en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ed34b562.html (consultado el 29 de mayo de 2012).
62
Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general Nº 34, Artículo 19: Libertad de
opinión y libertad de expresión, 12 de septiembre de 2001, CCPR/C/GC/34, párr. 34. Disponible
en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ed34b562.html (consultado el 29 de mayo de 2012).
63
Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación general Nº 34, Artículo 19: Libertad de
opinión y libertad de expresión, 12 de septiembre de 2001, CCPR/C/GC/34, párr. 21. Disponible
en: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ed34b562.html (consultado el 29 de mayo de 2012).
64
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Segundo informe sobre la situación de las
defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, 2012, párr. 94. Disponible en:
http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf (consultado el 25 de mayo de
2012).
65
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha señalado que hay detenciones
consideradas legales en virtud de la legislación nacional que pueden ser consideradas arbitrarias
en virtud del derecho internacional de los derechos humanos si la ley en aplicación de la cual se
practican es vaga o excesivamente amplia, o viola otras normas fundamentales, como el derecho a
la libertad de expresión.
66
Consejo Económico y Social de la ONU, Comisión de Derechos Humanos/Grupo de Trabajo sobre la
Detención Arbitraria, Cuestión de los derechos humanos de todas las personas sometidas a
cualquier forma de detención o prisión, E/CN.4/1992/20.
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Estudio conjunto preparado por el Sr. Martin
Scheinin, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, 19 de febrero de 2010, A/HRC/13/42.
Disponible en: http://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/110/43/pdf/G1011043.pdf?OpenElement (consultado el 29 de
mayo de 2012).
67
Código Penal de Ecuador, Capítulo IV, De los delitos de sabotaje y terrorismo, art. 158, 22 de
enero de 1971.
68
Código Penal de Ecuador, Capítulo IV, De los delitos de sabotaje y terrorismo, art. 160.A, 22 de
enero de 1971.
69
Código Penal de Ecuador, Capítulo IV, De los delitos de sabotaje y terrorismo, art. 160.A, 22 de
enero de 1971.
70
Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Informe de la Relatora
Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, julio de 2011, A/66/203.
Disponible en: http://www.un.org/en/ga/third/66/documentslist.shtml (consultado el 29 de mayo
de 2012)
71
72
Alianza regional de Latinoamérica y el Caribe creada en 2004 y compuesta en la actualidad por
ocho miembros de pleno derecho: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador,
Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, y Venezuela.
Código Penal de Ecuador, Capítulo II, De los delitos que comprometen la paz y dignidad del
estado, art. 129, 22 de enero de 1971.
73
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2005, Vol. II, “Informe de la
Relatoría para la Libertad de Expresión, Capítulo V, párr. 1.
74
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Comentario a
la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de
Proteger y Promover los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente
75
Amnistía Internacional, julio de 2012
Índice: AMR 28/002/2012
“Para que nadie reclame nada” 37
¿Criminalización del derecho a la protesta en Ecuador?
Reconocidos, julio de 2011, p. 104. Disponible en:
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/HRDCommentarySpanishVersion.pdf
(consultado el 29 de mayo de 2012).
Presidente Correa estuvo con sus simpatizantes. Disponible en:
http://www.youtube.com/watch?v=TfKN9lTHb-0 (consultado en mayo de 2012).
76
Presidente Rafael Correa, Discurso en la Cumbre Presidencial y de Autoridades Indígenas y
Afrodescendientes de la ALBA, Otavalo, 25 de junio de 2010. Disponible en:
http://www.presidencia.gob.ec/pdf/2010-06-25_alba.pdf (consultado 29 de mayo de 2012)
77
El Comité de Derechos Humanos ha aclarado que “[l]a dirección de los asuntos públicos […] es
un concepto amplio que se refiere al ejercicio del poder político. Incluye el ejercicio de los poderes
legislativo, ejecutivo y administrativo. Abarca todos los aspectos de la administración pública y la
formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales”.
78
Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 25: Artículo 25 - La participación en los
asuntos públicos y el derecho de voto, 12 de julio de 1996, CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, párr. 5.
Disponible en:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3e4492f624f618b2c1256d5000565fcc/$FILE/G0441305.p
df (consultado el 29 de mayo de 2012).
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultural Rights, Observación general Nº 14: El
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto), 11 de agosto de
2000, E/C.12/2000/4, párr. 54. Disponible en:
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4538838d0.html (consultado el 29 de mayo de 2012).
79
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, 15 de julio de
2009, Disponible en: http://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/145/85/pdf/G0914585.pdf?OpenElement (consultado el 29 de
mayo de 2012).
80
Rafael Correa, Enlace Ciudadano 264.
http://www.youtube.com/watch?v=qvz9fOKq9OM&feature=related (consultado el 8 de mayo de
2012)
81
Protesta social criminal será sancionada con todo el rigor de la ley, advierte Correa
http://www.youtube.com/watch?v=9YLb14aDUPk&feature=related (consultado el 8 de mayo de
2012).
82
Protesta social criminal será sancionada con todo el rigor de la ley, advierte Correa
http://www.youtube.com/watch?v=9YLb14aDUPk&feature=related (consultado el 8 de mayo de
2012).
83
Índice: AMR 28/002/2012
Amnistía Internacional, julio de 2012
YA SEA EN UN CONFLICTO
DE GRAN REPERCUSIÓN O
EN UN RINCÓN PERDIDO DEL PLANETA,
AMNISTÍA INTERNACIONAL
ACTÚA EN FAVOR DE LA JUSTICIA,
LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD
PARA TODAS LAS PERSONAS
Y PERSIGUE EL RESPALDO
DE LA OPINIÓN PÚBLICA PARA
CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR.
¿QUÉ PUEDES HACER?
Activistas de todo el mundo han demostrado que es posible oponer
resistencia a quienes socavan los derechos humanos. Intégrate en
este movimiento. Haz que las cosas cambien. Pide responsabilidades
a quienes están en el poder.
Únete a Amnistía Internacional y sé parte de un movimiento
formado por personas de todo el mundo que trabajan para poner
fin a las violaciones de derechos humanos. Ayúdanos a hacer que
las cosas cambien.
Haz un donativo en apoyo del trabajo de Amnistía Internacional.
Juntos conseguiremos que se nos oiga.
Me interesa recibir información sobre cómo unirme a Amnistía Internacional.
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Envía este formulario a la oficina de Amnistía Internacional de tu país.
Oficinas de Amnistía Internacional en todo el mundo: http://www.amnesty.org/es/worldwide-sites
Si en tu país no hay oficina, envía el formulario al Secretariado Internacional en Londres: Amnistía
Internacional, Secretariado Internacional, Peter Benenson House,
1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido.
amnesty.org
Con cargo a mi
“PARA QUE NADIE RECLAME NADA”
¿CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO A LA PROTESTA
EN ECUADOR?
Las comunidades indígenas y campesinas de Ecuador se han echado a la
calle para protestar por la falta de consulta respecto a las leyes y políticas
propuestas por el gobierno sobre cuestiones que les afectan
directamente.
Este informe examina la respuesta de las autoridades ecuatorianas a las
protestas que tuvieron lugar entre enero de 2009 y junio de 2010,
principalmente en torno a las leyes sobre minería y agua. Mediante casos
individuales, se ilustra cómo, con demasiada frecuencia, se ha sometido a
dirigentes indígenas y campesinos a investigaciones infundadas y
procedimientos judiciales. Esto genera dudas de si esta practica puede
ser un intento deliberado del gobierno para disuadir de las protestas
legítimas y para silenciar las demandas de las comunidades que reclaman
su derecho de consulta y su derecho al consentimiento libre, previo e
informado.
Amnistía Internacional concluye el informe con una serie de
recomendaciones, en las que pide a las autoridades ecuatorianas que
tomen medidas urgentes para garantizar que se respetan y defienden los
derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas y que
quienes tratan de reclamar dichos derechos pueden hacerlo sin temor,
intimidación ni acoso.
amnesty.org
Índice: AMR 28/002/2012
Julio de 2012
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