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la reforma al art 9 lct

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la reforma al art 9 lct
LA REFORMA AL ART. 9 DE LA LEY DE CONTRATO DE
TRABAJO: la regla in dubio pro operario en materia de apreciación de la
prueba.
Por Miguel Ángel Maza.
I.
La ley 26.428 ha introducido una pequeña gran modificación en el texto del art. 9 de
la Ley de Contrato de Trabajo, al añadir estas pocas palabras: “o en la apreciación de la
prueba en los casos concretos”, y con ese agregado el Congreso Nacional ha reinstalado en
el texto legal la regla “in dubio pro operario” también en materia de evaluación de los
hechos en juicio.
Conviene recordar que la ley 20.744 así lo establecía y que en 1976 la dictadura
militar, mediante la regla 21.297, había suprimido precisamente esa expresión que ahora la
ley 26.428 ha vuelto a incorporar.
Consecuentemente, el nuevo y, a la par, originario art. 9 reza así: “En caso de duda
sobre la aplicación de normas legales o convencionales, o en la apreciación de la prueba
en los casos concretos, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la
norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo.
Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, los jueces o encargados de
aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador” (la negrita es mía).
II.
La mencionada regla “in dubio pro operario” deriva del principio protectorio,
dogma esencial del derecho laboral, que tiene su razón de ser como medio técnico en el
hecho de que el vínculo de trabajo dependiente no constituye una relación entre iguales,
sino jerárquica, por cuanto el empleador tiene una capacidad negocial superior a la del
trabajador, amén de que suele tener superioridad económica y, por añadidura, cultural. Este
complejo fáctico constituye la justificación del nacimiento, existencia y desarrollo del
derecho del trabajo y, reitero, es la fuente justificadora de su axioma definitorio, el
principio tuitivo. Este principio distingue al derecho del trabajo del resto de las disciplinas
jurídicas y se encuentra receptado constitucionalmente en el artículo 14 bis, en tanto
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establece que: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las
que aseguraran al trabajador…”.
Se trata de una directriz política dirigida al legislador que reclama que en las
relaciones laborales se otorgue tutela o amparo preferente a los trabajadores y se manifiesta
a través de directivas técnicas tales como: la regla de la condición más beneficiosa, la regla
de la aplicación de la norma más favorable y la regla de interpretación “in dubio pro
operario”.
III.
La ley 20.744 había considerado que la regla “in dubio pro operario” debía operar
tanto cuando la duda recayese en los alcances de una norma jurídica como cuando su objeto
fuese la prueba analizada. La dictadura militar de 1976, mediante la regla estatal 21.297,
modificó tal criterio restringiendo el ámbito de aplicación de la regla al plano jurídico. La
ley 26.428 (sancionada el 24-11-08, promulgada el 18-12-08 en forma tácita y publicada en
el Boletín Oficial el 18-12-08) ha retrotraído las cosas a su estado originario.
Consecuentemente, con la nueva –y a la vez originaria- redacción del precepto bajo
examen, la ley ordena al juez u operador jurídico dirimir toda duda, sea de derecho o
relacionada con el análisis de la prueba producida, en sentido favorable al trabajador.
Entiendo conveniente recordar que, según mi experiencia judicial, muy rara y
excepcionalmente los jueces e intérpretes han invocado en los últimos 30 años la existencia
de duda interpretativa para hacer uso de la regla del art. 9 LCT, y ello es así puesto que la
ley no establece que cualquier duda deba resolverse a favor del trabajador. El texto legal
sólo ordena a los jueces y operadores jurídicos aplicar esta regla –y resolver la duda
interpretativa en el sentido más favorable al trabajador- cuando se vean ante una duda que
impida encontrar el verdadero sentido y alcance de la norma luego de intentarlo seriamente
a través de los distintos métodos que el derecho ofrece para la interpretación normativa. Es
decir que sólo es adecuado recurrir a esta regla legal cuando no resulta posible resolver la
duda mediante un intento serio de desentrañar el sentido de la regla jurídica en cuestión.
Pienso que es deber de los jueces efectuar dicho trabajo interpretativo con seriedad
y no echarse precipitadamente en brazos de la regla “in dubio pro operario” para eludir
asumir el verdadero sentido o alcances de una norma de derecho. Dicho de otro modo, el
legislador ha dado a los intérpretes de normas o cláusulas jurídicas un instrumento para
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resolver el problema que se les plantea en aquellos escasos supuestos en los que no logran
desentrañar el sentido del texto a interpretar. Para resolverles ese problema la ley optó por
ellos y, así como en el derecho civil la ley prefiere que en la duda se libere al deudor y en el
derecho penal en la duda hay que absolver al acusado, en el derecho laboral el legislador
optó por indicarle al intérprete que entre dos o más posibles lecturas de un texto de
interpretación dudosa tome la más favorable al trabajador en razón de la presunción de que
la ley tiende a protegerlo. Y es que en los conflictos individuales o plurindividuales del
trabajo resulta razonable que esas dudas, cuando se verifican, sean resueltas a favor del
trabajador por una razón de protección social a la parte más débil de la relación. Pero,
repito, no cualquier duda de interpretación motiva que el intérprete deba optar por la lectura
más favorable, sino que se requiere que esa duda no pueda resolverse, como casi siempre
ocurre, con reflexión y con la ayuda de los distintos métodos de interpretación existentes
(métodos exegético o literal, histórico, teleológico, etc.). La regla bajo explicación está
destinada solo a operar como remedio de último recurso para que el juez pueda
pronunciarse y administrar justicia aún cuando no consigue disipar sus dudas interpretativas
de una cláusula o norma jurídica. Reitero que esto muy extrañamente ocurre, ya que los
magistrados, por lo común, luego de una lectura reflexiva y ayudada por los ya
mencionados métodos hermenéuticos, logran dar una interpretación al precepto analizado y
no necesitan recurrir a esta regla.
IV.
La reintroducida regla que dispone que los jueces y otros operadores jurídicos deben
resolver sus dudas sobre la valoración de la prueba producida en un juicio, en un sumario o
cualquier tipo de procedimiento en el sentido más favorable al trabajador respeta la
tradición pues, como ya dije, así rezaba el texto originario de la ley 20.744. Más aún, pese a
la supresión producida por la regla estatal 21.297 importantes autores siguieron sosteniendo
la vigencia de esta regla. Por mi parte discrepé con esa posición en el entendimiento de que
la derogación había tenido un claro significado. Pero, ya reinstalada la orden legal en la Ley
de Contrato de Trabajo, no hay espacio para discutir su vigencia y es importante remarcar
que esta modificación legal opera de inmediato sobre todo procedimiento que deba ser
resuelto pues las normas de naturaleza procesal resultan de aplicación inmediata a las
consecuencias pendientes de relaciones jurídicas aún anteriores. Esto implica que ya hoy
cada judicante o resolutor administrativo debe tener en cuenta esta regla al dictar sentencia
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en procesos en estado de ser decididos actualmente, aún cuando hayan sido iniciados antes
de la entrada en vigencia de la reforma.
Empero, parece oportuno señalar que, similarmente a lo que indiqué
precedentemente sobre la oportunidad para recurrir a la regla “in dubio pro operario” en
materia interpretativa, pienso que no toda duda en la valoración de la prueba puede caer
bajo este recurso técnico provisto por el legislador. Sólo puede, a mi humilde juicio,
resolverse mediante la invocación de la regla del art. 9 LCT una duda insuperable,
profunda, esa duda que no permite dormir al buen juez, una duda en la que la producción
probatoria está casi a punto de producir convicción, no lográndolo sólo por muy poco.
En cambio, me parece que resultaría equivocado reemplazar el convencimiento que
los magistrados deben alcanzar en los procesos sobre los distintos hechos que las partes
deben acreditar por la fácil solución de titular de dudosa toda producción probatoria y,
consecuentemente, resolver tales dudas mediante la regla “in dubio pro operario”.
Deseo advertir que no debe confundirse una situación de pruebas producidas que
generan dudas con aquellos supuestos de falta de pruebas, ni con la endeblez probatoria o
con pruebas que no convencen. También quiero dejar señalado que un mal uso judicial de
esta reincorporada regla puede implicar una grave violación del debido proceso y del rol de
la Justicia; también puede tener efectos socio-económicos importantes y una profunda
repercusión en la generación de resoluciones injustas, circunstancias que los jueces no
deben perder de vista pues no es su función –a diferencia de los legisladores- distribuir la
riqueza ni tomar decisiones de política social sino buscar la verdad y resolver justa y
equitativamente los conflictos individuales que las partes les plantean.
V.
Por último, hay una circunstancia adicional a tener en cuenta para hacer un uso
extremadamente cuidadoso y prudente de este nuevo, aunque viejo, instrumento técnico:
hoy, a diferencia de los originarios tiempos de la ley 20.744, el régimen legal que rige las
relaciones laborales y su extinción está superpoblado de sanciones de todo tipo. Aludo a los
recargos del art. 2 de la ley 25.323, a las sanciones por clandestinidad de los arts. 8, 9, 10 y
15 de la ley 24.013 y 1 de la ley 25.323, a la indemnización del art. 80 LCT y a la sanción
conminatoria del art. 132 bis de este mismo cuerpo legal. También estoy teniendo en
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consideración el recargo indemnizatorio nacido del art. 16 de la ley 25.561 y prorrogado
por la ley 25.972 pues, aunque ya no rige, muchos pleitos a decidir por largo tiempo versan
sobre tal entramado normativo sancionatorio.
Y me parece jurídicamente peligroso que se terminen aplicando sanciones, en varios
casos muy graves y económicamente pesadas, sin certeza judicial, con el mero recurso de
una duda probatoria.
Por todo ello, tengo una opinión crítica sobre esta modificación legal puesto que, a
mi modesto entender, abre una peligrosa oportunidad para que una utilización poco
cuidadosa y contextuada del medio técnico reintroducido en la LCT provoque un nuevo
desequilibrio en el mundo laboral, ya que, a mi ver, dos desequilibrios de signo opuesto no
tienden a compensarse sino a generar dos desequilibrios. El objetivo debe ser, según me
parece, encontrar el equilibrio y, a mi modo de ver, esta norma no coadyuva en tal sentido.
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