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Principio de precaución

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Principio de precaución
EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN
Introducción
El principio de precaución permite reaccionar rápidamente ante un posible
peligro para la salud humana, animal o vegetal, o para proteger el medio
ambiente. De hecho, en caso de que los datos científicos no permitan una
determinación completa del riesgo, el recurso a este principio permite, por
ejemplo, impedir la distribución de productos que puedan entrañar un
peligro para la salud o incluso proceder a su retirada del mercado.
El principio de precaución se menciona en el artículo 191 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (UE). Pretende garantizar un elevado
nivel de protección del medio ambiente mediante toma de decisiones
preventivas en caso de riesgo. No obstante, en la práctica, su ámbito de
aplicación es mucho más amplio y se extiende asimismo a la política de los
consumidores, a la legislación europea relativa a los alimentos, a la salud
humana, animal y vegetal.
Se establecen líneas directrices comunes acerca de la aplicación del
principio de precaución.
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Recurso al principio de precaución
Según la Comisión, puede invocarse el principio de precaución cuando un
fenómeno, un producto o un proceso puedan tener efectos potencialmente
peligrosos identificados por una evaluación científica y objetiva, si dicha
evaluación no permite determinar el riesgo con suficiente certeza.
El recurso al principio se inscribe, por tanto, en el marco general del análisis
de riesgo (que incluye, al margen de la evaluación del riesgo, la gestión del
riesgo y la comunicación del riesgo) y, más concretamente, en el marco de
la gestión del riesgo que corresponde a la fase de toma de decisiones.
La Comisión subraya que el principio de precaución solo se puede invocar
en la hipótesis de un riesgo potencial, y que en ningún caso puede justificar
una toma de decisión arbitraria.
Por tanto, el recurso al principio de precaución solo está justificado si se
cumplen las tres condiciones siguientes:
•
identificación de los efectos potencialmente negativos;
•
evaluación de los datos científicos disponibles;
•
ampliación de la incertidumbre científica.
Medidas de precaución
Las autoridades encargadas de la gestión del riesgo pueden decidir actuar o
de no actuar en función del nivel de riesgo. Si el riesgo es elevado, se
pueden adoptar varias categorías de medidas. Se puede tratar de actos
jurídicos proporcionados, de la financiación de programas de investigación,
de medidas de información al público, etc.
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Directrices comunes
El recurso al principio de precaución debe guiarse por tres principios
específicos:

una evaluación científica lo más completa posible y la determinación,
en la medida de lo posible, del grado de incertidumbre científica;

una determinación del riesgo y de las consecuencias potenciales de la
inacción;

la participación de todas las partes interesadas en el estudio de
medidas de precaución, tan pronto como se disponga de los
resultados de la evaluación científica o de la determinación del riesgo.
Además, los principios generales de la gestión de los riesgos cuando se
invoca el principio de precaución. Se trata de los cinco principios siguientes:

la proporcionalidad entre las medidas adoptadas y el nivel de
protección elegido;

la no discriminación en la aplicación de las medidas;

la coherencia de las medidas con las ya adoptadas en situaciones
similares o utilizando planteamientos similares;

el análisis de las ventajas y los inconvenientes que se derivan de la
acción o de la inacción;

la revisión de las medidas a la luz de la evolución científica.
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Carga de la prueba
En la mayoría de los casos, los consumidores europeos y las asociaciones
que
les
representan
deben
demostrar
el
riesgo
que
entraña
un
procedimiento o un producto una vez comercializado, excepto en el caso de
los medicamentos, los pesticidas o los aditivos alimentarios.
Por tanto, en el caso de una acción adoptada en virtud del principio de
precaución. Se puede exigir que el productor, el fabricante o el importador
demuestren la ausencia de peligro. Esta posibilidad debe examinarse en
cada caso. No se puede ampliar de forma general a todos los productos y
procesos de comercialización.
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