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la batalla por el establecimiento de un sistema penal
LA BATALLA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PENAL
*
ACUSATORIO EN ITALIA
WILLIAM T. PIZZI **
MARIANGELA MONTAGNA ***
Sumario: 1. Introducción. 2. El sistema acusatorio italiano. 2.1. Transfiriendo el poder de los jueces a los
adversarios. 2.1.1. Limitación a la admisibilidad de elementos contenidos en el expediente. 2.1.2. El
cambio de responsabilidad en la producción de la prueba. 2.2 La posibilidad de las partes de aplicar el
Plea Bargain en Italia. 2.3 Las dificultad de construir un sistema acusatorio sobre bases del civil law. 3.
El destino del código en la Corte Constitucional durante los noventa. 3.1 La colisión de principios en los
noventa. 3.2 Las batallas entre la Corte Constitucional y el Parlamento. 3.2.1 Sentencia Nº 24/1992.
3.2.2 Sentencia Nº 254/1992. 3.2.3 Sentencia Nº 255/1992. 4. El parlamento unido contraataca en defensa
de los principios acusatorios. 4.1 Modificaciones al código como consecuencia de las sentencias de la
Corte Constitucional de 1992. 4.2 La modificación al artículo 513 en 1997 y su destino en la Corte
Constitucional. 4.3 La modificación constitucional para incluir principios acusatorios. 4.4 Modificando el
Código para adecuarse al principio contenido en el artículo 111. 5. Conclusiones.
1. Introducción
El 24 de octubre de 1988, el parlamento italiano adoptó un nuevo Código
Procesal Penal 1 que los cultores del Derecho Comparado consideraron, en su momento,
poco menos que revolucionario. 2 La razón para el interés en el sistema italiano era que,
el nuevo código, introducía un sistema penal acusatorio basado en el modelo angloamericano en un país que previamente tenía un sistema fuertemente inquisitivo. Bajo el
nuevo sistema los jueces tendrían en el proceso un rol disminuido en la producción de
pruebas, pasando esa responsabilidad a las partes. Asimismo, mientras anteriormente en
el sistema inquisitivo, los jueces podían usar como prueba cualquier información
obtenida en la etapa investigatoria, bajo el nuevo sistema penal el uso de pruebas
indirectas quedaba restringido. En cambio, las partes tendrían que llamar a los testigos a
dar su testimonio –incluso si ellos hubieran brindado declaraciones a la policía
anteriormente– y el acusado tendría el derecho de confrontar y repreguntar los testigos
así como también ofrecer pruebas que los contradijera.
*
Texto original: William T. PIZZI y Mariangela MONTAGNA, “The Battle to Establish an Adversarial
Trial System in Italy”, Michigan Journal of International Law, vol. 25, 2004. Traducido al español por
Aníbal Gálvez Rivas y Marianella Melgar Maraza, egresados de la Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y miembros de la asociación civil Impulso Legal Peruano.
**
A.B., Holy Cross Collage; M.A. Phil, Universidad de Massachussets; J.D., Facultad de Derecho de
Harvard; Profesor de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado.
***
Abogada por la Universidad de Perugia, Doctorado en Derecho Procesal Penal por la Universidad de
Perugia, Investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Perugia.
1
Las artículos del Código Procesal Penal se citarán en el presente trabajo según el estándar de referencias
italiano, que para el Código es C.p.p., seguido del número del artículo bajo análisis. C.p.p. es una
abreviatura del nombre italiano del Código: Codice di Procedura Penale. Cuando un artículo hubiera sido
modificado, la cita al artículo original se hará de la siguiente forma: 1998 C.p.p. seguida por el número
del artículo.
2
Véase Ennio Amodio y Eugenio Selvaggi, An Accusatorial System in a Civil Law Country: The 1988
Italian Code of Criminal Procedure, 62 Temp. L. Rev. 1211 (1989), quienes señalan que “[p]ara los
comparatistas que observan distintos sistemas de justicia penal, el nuevo código italiano se presenta como
el más destacado evento en el siglo XX”.
1
Pero los eventos subsecuentes a la adopción del nuevo Código Procesal Penal
han mostrado cuán difícil es cambiar la cultura jurídica de modo radical. Uno de los
problemas con la reforma en Italia ha sido el hecho de que la Corte Constitucional en la
década siguiente a la adopción del nuevo Código emitió una serie de sentencias que
cortaban algunos de los principios básicos centrales para el nuevo sistema acusatorio. El
resultado fue un sistema que comenzó a verse cada vez más inquisitivo y menos
acusatorio. El nuevo sistema pasó a ser no muy diferente del antiguo, en el que los
jueces podían emplear con cierta libertad declaraciones de testigos emitidas fuera de la
corte, y con mucho menos énfasis en el derecho del acusado para confrontar a los
testigos que tenía en contra.
Los transplantes de los sistemas judiciales a culturas jurídicas diferentes, así
como los transplantes de plantas a climas diferentes, son cuestiones difíciles. 3 Unos
cuantos transplantes podrían prender e incluso crecer, pero muchos se vuelven débiles y,
a la larga, mueren. Algunos vieron en las sentencias de la Corte Constitucional que
derogaban aspectos claves del Código Procesal Penal, el anuncio de muerte del
transplante jurídico que había sido un sistema acusatorio y adversarial. 4 Pero los
desarrollos recientes han mostrado que la batalla sobre la futura dirección del proceso
penal italiano aún no ha terminado. Al no poder superar las decisiones de la Corte
Constitucional debido a que se basaban en la Constitución Italiana, el parlamento
italiano se dirigió a la fuente misma en 1999 y cambió la constitución italiana,
disponiendo un sistema penal acusatorio mediante el fortalecimiento de los derechos de
los acusados, especialmente el derecho a enfrentarse y repreguntar a los testigos en
contra. Una vez realizadas las reformas constitucionales, el parlamento cambió, el año
2001, el Código Procesal Penal para reflejar los nuevos derechos constitucionales de los
acusados.
El presente artículo esboza los intentos realizados en Italia para tener un sistema
penal de corte más acusatorio. El artículo se divide en tres secciones. La primera
sección describe las disposiciones centrales del Código Procesal Penal de 1988. En esta
parte se observa que, el sistema italiano, nunca buscó ser una maqueta exacta ni del
sistema penal estadounidense ni del británico, debido a que siempre mantuvo
características centrales que se fundamentan en los sistemas romanistas continentales.
En cambio, los cambios en el Código Procesal Penal de 1988 buscaban sólo adoptar un
sistema acusatorio en la medida que el poder de control del proceso penal se alejara de
los jueces y se ubicara directamente en los fiscales públicos 5 y los abogados defensores,
quienes tendrían la responsabilidad primaria de presentar la evidencia e interrogar (y
reinterrogar) a los testigos. La primera sección también analiza uno de los principales
3
Para un excelente análisis de la mezcla de culturas jurídicas distintas, véase John D. Jackson, Playing
the Cultura Card in Resisting Cross-Jurisdictional Transplants: a Comment on “Legal Processes and
nacional Culture”, 5 Cardozo J. Int’l & Comp. L. 51 (1997).
4
Véase Elisabetta Grande, Italian Criminal Justice: Borrowing and Resistance, 48 Am. J. Comp. L. 227,
256, quien señala que “[l]a fuerte tradición juridica italiana continental (…) había convertido el
transplante italiano del sistema acusatorio estadounidense en un fracaso general”.
5
A lo largo de este artículo, traduciremos el término pubblico ministero como fiscal público.
Preferiríamos emplear un término diferente a “fiscal” para traducir pubblico ministero. La razón para esto
es que existen diferencias fundamentales entre el pubblico ministero en Italia y el típico fiscal en los
Estados Unidos que vuelven inapropiado intercambiar estos conceptos. En un caso, el pubblico ministero
en Italia es un miembro del Poder Judicial, no un miembro del Poder Ejecutivo. Las diferencias
importantes entre el fiscal público en Italia y el fiscal en los Estados Unidos se analizará en más detalle
más adelante. Véase la sección 2.3.
2
cambios en el sistema italiano originados por el código –la introducción de una forma
de declaración de culpabilidad de parte del acusado a cambio de no ser acusado de un
delito más grave [plea bargaining]– por medio del cual el fiscal y el abogado defensor
podían buscar una sentencia menor para un acusado a cambio de evitar el proceso.
La segunda sección analiza las sentencias de la Corte Constitucional emitida en
los noventa, las cuales declaraban la inconstitucionalidad de principios básicos del
sistema procesal penal incorporados por el código. Explicamos estas sentencias así
como algunas de las presiones que recibió la Corte Constitucional en su momento. El
resultado de estas sentencias parecía condenar la protección acusatoria del código en
tanto el control en el proceso penal volvía a pasar de las partes a los jueces.
Adicionalmente, los materiales reunidos durante la investigación previa al juicio se
volvieron más fácilmente admisibles en el juicio de lo que se pretendía con las
disposiciones provisionales del código.
Finalmente, la sección tercera muestra que las sentencias de la Corte
Constitucional no determinó la desaparición del sistema acusatorio en Italia. Por el
contrario, la presión por un sistema penal acusatorio asumió un giro inusual en Italia.
Luego de la frustración originada por las decisiones de la Corte Constitucional a
comienzos de los noventa, el parlamento italiano decidió enfrentar ese desafío
reformando la constitución, para que ésta requiriese protección acusatoria para los
acusados. Esta sección describe el artículo 111º de la constitución italiana, modificado
en noviembre de 1999. También se explicarán los cambios subsecuentes en el Código
Procesal Penal que siguieron a las modificaciones de la constitución. El lector notará
que en Italia se mantiene un fuerte deseo por un sistema acusatorio. Ahora, no sólo un
código dispone tal tipo de sistema sino que la constitución protege varios de sus
principios.
2. El sistema acusatorio italiano
2.1 Transfiriendo el poder de los jueces a los adversarios
No siempre es fácil clasificar a los sistemas penales como “acusatorios” y
opuestos a los “inquisitivos” debido a que no existe una suerte de test que pueda
aplicarse a un sistema y provea una respuesta definitiva sobre si es acusatorio o
inquisitivo. De hecho, como se enfatizará a lo largo de este artículo, el sistema en Italia
tiene una mezcla de características, algunas asociadas exclusivamente con el proceso
inquisitivo y algunas que pueden encontrarse sólo en sistemas acusatorios. Por ejemplo,
en los procesos en Europa continental, las víctimas a menudo pueden desempeñar un
papel activo incluso al punto de ser representadas por su propio abogado, quien
participa en un nivel no muy diferente del fiscal o del abogado defensor. 6 Bajo el
código de 1988, Italia todavía permite a los agraviados que participar en el juicio a
través de un abogado y que exijan reparaciones civiles al acusado por los daños
sufridos. 7 Mientras que la mayoría de jurisdicciones en los Estados Unidos ahora
6
En Alemania, por ejemplo, las víctimas de agresión sexual pueden participar en el juicio penal contra el
acusado, incluso al punto que las víctimas pueden recibir el patrocinio de un un abogado de oficio en caso
no puedan contratar a su propio abogado. Véase, William T. Pizzi y Walter Perron, Crime Victims in
German Courtrooms: A Comparative Perspectiva on American Problems, 32 Stan. J. Int’l L. 37 (1996).
7
Cada delito en Italia también constituye un daño civil y, como tal, existe un derecho a la compensación
por el daño a la persona herida por el crimen. Códice Penale [C.p.] art. 185. El Artículo 74 del Código
3
permiten a las víctimas participar en la lectura de sentencia, 8 su participación activa
mediante un abogado durante el proceso no corresponde con la tradición procesal
estadounidense. En Inglaterra tampoco se permite la participación de la víctima. 9
Otra característica casi universal en los sistemas continentales es que en el juicio
no sólo se determina la culpabilidad del acusado sino también la sentencia a imponerse
en caso se determinara su culpabilidad. 10 Esto contrasta drásticamente con los Estados
Unidos e Inglaterra donde los juicios se limitan a la determinación de la culpabilidad,
mientras que la determinación de la sentencia ocurre en un procedimiento separado con
normas probatorias diferentes. En Italia, con las disposiciones del código, los procesos
siguen ocupándose no sólo de la culpa sino también de imponer la sentencia apropiada
si se determina que el acusado es culpable. La naturaleza dual de la indagación en los
procesos continentales tiene consecuencias estratégicas importantes para la defensa
debido a que cualquier evidencia que pudiera servir para mitigar la sentencia tendrá que
presentarse durante el juicio pues no existirá otra oportunidad para hacerlo.
Otra diferencia entre los procesos realizados bajo el código en Italia y los
procesos en los Estados Unidos e Inglaterra es el hecho de que el código italiano nunca
intentó introducir los jurados, característica central de los sistemas del common law.
Sólo se constituyen jurados con gente lega en Derecho en caso de crímenes muy serios,
como traición, asesinato o secuestro. 11 Incluso en esos casos, la gente (seis personas) se
sienta junto a dos jueces profesionales para decidir los asuntos en el denominado
modelo de paneles “mixtos” de legos en Derecho y jueces profesionales que se pueden
encontrar en Francia,12 Alemania, 13 y otros países continentales. Pero la amplia mayoría
de juicios penales en Italia se realizan sólo ante jueces profesionales sin participación de
gente lega en Derecho. 14
Procesal Penal establece que “la acción civil para exigir compensación o reparación provista por el
artículo 185 del Código Penal puede ser presentada como parte del juicio por la persona lesionada por el
crimen o sus sucesores contra el acusado o la persona que tenga responsabilidad civil”. Códice di
procedura penale [C.p.p.] art. 14.
8
Véase Dina Hellerstein, The Victim Impact Statement: Reform or Reprisal, 27 Am. Crim. L. Rev. 391,
399 (1989), quien menciona los 49 estados que permiten participación de las víctimas en las sentencias.
9
Véase A. T.H. Smith, England and Wales, en Criminal Procedure Systems in the European Community,
73, 81 (Christine Van Den Wyngaert ed., 1993) [en adelante European Criminal Procedure Systems].
10
Véase John H. Langbein, Comparative Criminal Procedure: Germany 38, 71-72 (1977).
11
En Italia, la presencia de personas legas en Derecho junto al juez está prevista sólo en la Corte de
Assize y en la Corte de Apelaciones de Assize. Esta corte tiene jurisdicción para delitos reprimibles con
cadena perpetua o prisión por más de 24 años. C.P.P. art. 5. Además de crímenes con sanciones graves,
esta corte tiene jurisdicción sobre ciertos delitos específicos, como la traición contra el Estado. Id.
12
En ocasiones los países europeos emplean el término “jurado” para describir, lo que es en realidad, un
panel mixto de jueces profesionales y personas legas en Derecho quienes deliberan juntos. Francia es un
ejemplo de ello. Para una buena explicación de los juicios por asesinato en Francia frente a un “jurado” en
el que se combina a personas sin formación jurídica y jueces profesionales, véase Renee Lettow Lerner,
The Intersection of Two Systems: An American on Trial for an American Morder in the French Cour
D’Assises, 2001 U Ill. L. Rev. 791.
13
Véase Pizzi y Perron, supra nota 6, en la página 43, nota 25.
14
Los juicios ante jueces profesionales se realizan ante jueces individuales o frente a un panel de tres
jueces, considerando a uno de los jueces como Presidente de la Corte. Véase Corso, Italy, en European
Criminal Procedure Systems, supra nota 9, pp. 223, 227-228. Originalmente, los juicios frente a jueces
individuales se limitaban a delitos que recibían hasta cuatro años de prisión como sanción. Id. Pero a
partir de la Ley Nº 479, aprobada el 6 de diciembre de 1999, se permite que cualquier delito que se
sancionara con un máximo de 10 años de prisión, así como delitos vinculados a las drogas, fueran
juzgados frente a jueces individuales. Esto significa que la mayoría de juicios penales deben llevarse a
cabo frente a jueces individuales.
4
2.1.1 Limitación a la admisibilidad de elementos contenidos en el expediente
Pero a pesar de que existen muchos aspectos del sistema italiano que se
mantienen como herencia del civil law, hubieron tres reformas interrelacionadas en el
código que manifestaban el intento italiano por introducir un sistema acusatorio. La
primera se vinculaba a la limitación de la influencia de los materiales reunidos durante
la investigación preliminar en el proceso. En los sistemas continentales, todos los
materiales reunidos por la policía y las partes durante la investigación del delito son
incluidos en un expediente oficial, que cumple un rol muy importante en el proceso.
Típicamente, los expedientes contienen todos los informes policiales, las declaraciones
de los testigos, los documentos relativos al delito, evidencia física, peritajes, y otros
materiales reunidos durante la investigación.
El expediente es muy importante en el proceso y, en algunos países
continentales, como en los Países Bajos, el juicio usualmente consiste en una discusión
sobre los materiales incluidos en el expediente, en un intento por determinar el tema de
la culpabilidad y la pena adecuada. 15 Pero incluso en países donde el poder del
expediente es más limitado, por ejemplo en Alemania, donde los testigos deben ser
llamados aunque se hubieran incluido sus declaraciones en el expediente, el juez de
conocimiento habrá estudiado el expediente y se encontrará familiarizado con su
contenido. 16 Una razón para el uso extensivo de los expedientes se vincula a otra
característica de la tradición del civil law, a saber, que el juez tiene la responsabilidad de
llamar a los testigos para su análisis inicial durante el proceso. Por esta razón el juez, así
como el fiscal en los Estados Unidos, debe encontrarse totalmente familiarizado con los
materiales reunidos durante la investigación preliminar.
El código italiano buscó limitar la influencia del expediente creando un sistema
que exigiera nuevamente la producción de toda la evidencia pertinente contra el
acusado. 17 Antes del código de 1988, se concebía el juicio más como una ratificación de
lo que se había hecho y de la evidencia que se había acumulado durante la investigación
preliminar. Pero, después de 1988, el juicio se convirtió en el corazón del sistema y las
dos partes en contienda tenían que generar la evidencia y examinarla durante el juicio.
Para conseguir tal cambio, se negó el acceso de los jueces a la mayoría de los materiales
reunidos durante la etapa de investigación preliminar.
Esta limitación del acceso del juez al expediente lleva a la segunda parte de la
reforma del código de 1988, a saber, el cambio en la responsabilidad de la producción
de la prueba, que pasó de los jueces a las partes.
2.1.2 El cambio de responsabilidad en la producción de la prueba
En los sistemas continentales, la responsabilidad de controlar la conducción del
proceso se coloca en el juez, el cual desempeña un papel muy activo. El juez de
15
Véase A.H.J. Swart, The Netherlands, en European Criminal Procedure Systems, supra nota 9, pp. 279298.
16
Véase Langbein, supra nota 10, p. 62.
17
Véase, en general, Delfino Siracusano, Diritro di difusa e formaciones Della prova nella fase
dibattimentales, 29 Cassazione Penale 1591 (1989).
5
conocimiento (cuando existe más de un juez profesional, lo que ocurre a menudo) 18
decide qué testigos deben llamarse y emprende el interrogatorio inicial de cada testigo.
El fiscal público, el abogado defensor, y el abogado de la víctima (si la jurisdicción
permite que la víctima participe) desempeñan un papel suplementario en la conducción
del proceso. Ellos pueden sugerir al juez que llame a testigos adicionales y pueden hacer
preguntas a los testigos después de que el juez ha terminado de interrogarlos. Pero en el
sistema inquisitivo, es el juez quien realmente controla el juicio.
En Italia se intentó cambiar el sistema para asegurar que el juez llegara al juicio
sin haber sido expuesto intensamente al expediente. Esto se conseguía mediante la
restricción de la información que usualmente se pone a su disposición. En vez de
simplemente poner el expediente completo a su disposición, el código limitó
bruscamente el material del expediente que se le daba automáticamente. 19 El código
dispone que si una parte desea que se ponga a disposición del juez alguna evidencia
adicional antes del juicio, se debe presentar una solicitud ante el juez preliminar para
que decida si se entrega o no la información solicitada al juez de conocimiento. 20
Pero, obviamente, incluso si ya no se permitiera al juez examinar toda la
información reunida durante la investigación, aún sería posible que pudiera aprender
bastante sobre el caso si recibiera muchas mociones previas durante la etapa
investigatoria del caso o si presidiera una audiencia preliminar. Esto, por supuesto,
ocurre a menudo en los Estados Unidos donde los jueces a menudo manejan las
mociones previas en un caso, así como también el juicio.
Italia solucionó el problema del juez con conocimiento previo del caso
requiriendo que el juez que preside el juicio penal sea diferente que aquel que supervisa
la etapa investigatoria del caso o el juez que ha escuchado la audiencia preliminar en el
caso. 21
El hecho de que el código busque proteger al juez de conocimiento de una gran
cantidad de información contenida en el expediente hace necesario que la carga de
llamar testigos se traslade a las partes procesales, quienes se encontrarán familiarizados
con toda la evidencia, como pretende el código. El código italiano establece que, en
primer lugar, el fiscal público presenta la evidencia contra el acusado y luego las otras
partes (incluyendo a la parte agraviada, si existiera una demanda civil contra el acusado)
tienen la oportunidad de presentar cualquier evidencia que deseen. 22 Como es usual en
los sistemas acusatorios, es la parte que llama al testigo la que conduce el interrogatorio
inicial de éste –no el juez– y la otra parte se encuentra facultada a repreguntar al testigo
18
Véase Langbein, supra nota 10, pp. 61-62.
El artículo 431 del código ahora dispone tres categorías de documentos que deben entregarse al juez
responsable del juicio: a) los documentos acusatorios; b) los documentos sobre alguna pretensión civil
que hubiera contra el acusado; y c) la evidencia probatoria que se reunió.
20
Idem.
21
Lo que se hace en Italia realmente distingue tres fases de juzgamiento: un juez que maneja la
investigación preliminar del caso, un juez que maneja la audiencia preliminar y determina si el caso debe
pasar a juicio, y el juez del juicio. El artículo 34 establece que el juez de la investigación preliminar ni el
juez de la audiencia preliminar pueden ser jueces en el juicio. C.p.p. art. 34. Además, el mismo artículo
establece que el juez que ha dirigido la manejado la investigación preliminar en el tema no puede ser el
juez que escucha la audiencia preliminar. Idem.
22
En particular, el artículo 190, titulado “Derecho a presentar evidencias”, señala que las partes tienen el
derecho de proveer la evidencia y que el juez puede excluir sólo la evidencia ilegal o aquella que es
claramente innecesaria o irrelevante. C.p.p. art. 190.
19
6
después de que se ha completado el testimonio directo. 23 Los jueces pueden hacer
preguntas, tal como un juez en los Estados Unidos puede preguntar en el juicio, 24 pero
la mayor responsabilidad de presentar y examinar la evidencia se ubicó claramente en el
fiscal público y el abogado defensor.
Uno de los principales objetivos del código de 1988 fue asegurar que los
acusados tuvieran la oportunidad de escuchar la evidencia contra ellos y que pudieran
confrontarla y, si fuera oportuno, presentar otra evidencia que cuestionara la
inicialmente proporcionada por el fiscal público. En otros términos, la intención del
código fue dejar claro que la única evidencia contra el acusado que podía considerarse
era la que se presentaba y probaba en el juicio, no la evidencia que podía haber sido
reunida durante la etapa investigatoria. 25 Para un país con herencia del civil law, donde
se tenía ampliamente establecido que lo acusados tenían limitaciones para examinar la
evidencia existente contra ellos y ofrecer otra evidencia propia, el código presentaba un
modo muy diferente de conceptualizar la naturaleza del proceso penal.
2.2 La posibilidad de las partes de aplicar el Plea Bargain en Italia
El objetivo del código de 1988 fue crear un sistema de juicio que fuera más
abierto y justo, y uno que los codificadores sintieran que era más consistente con los
principios de una sociedad democrática abierta. 26 Pero había otra razón para cambiar el
viejo sistema penal –una razón secundaria, pero no por eso menos importante–: la
esperanza de obtener eficiencia en el sistema. Para entender la presión que existía en
Italia por obtener enorme eficiencia, se requiere observar sólo la larga lista de casos en
los que el lento sistema penal italiano ha sido condenado por la Corte Europea de
Derechos Humanos por las enormes demoras que los acusados sufrieron antes de que
sus casos fueran a juicio. 27 En todos estos casos, la Corte Europea de Derechos
Humanos encontró que Italia había violado el artículo 6, inciso 1 del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales que
establece que cualquier persona acusada de haber cometido un delito “tiene derecho a
que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un
Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley”. 28 Estas decisiones, que
condenaban al sistema italiano, eran situaciones embarazosas y generaron presión sobre
23
El artículo 489 establece que la evaluación directa del testigo debe realizarse por la parte que lo llama y
que la otra parte puede reinterrogarlo. C.p.p. art. 489. Cuando el reinterrogatorio termina, la parte que
llamó al testigo puede redirigir el interrogatorio al testigo.
24
El artículo 506 establece que, luego del interrogatorio directo y el reinterrogatorio, el juez (el
presidente, o también a solicitud de los vocales), puede hacer preguntas C.p.p. art. 506. En el mismo
sentido. C.p.p. art. 507 establece que al final de la presentación de la evidencia por las partes, el juez, si
parece absolutamente necesario, puede pedir que se produzca evidencia adicional. Véase la Sección 3.1
25
Una de las ideas principales del Código de 1988 era transformar el juicio, pasando de ser una revisión
de la evidencia reunida con anterioridad a un juicio acusatorio en que la evidencia debía producirse de
nuevo a través de testigos en el juicio de modo que pudiera ser examinada. Véase Siracusano, supra nota
17, en la página 1591.
26
Véase Mario Chiavario, La reforma del processo penale, 24 (2ª. ed. 1990); Piermaria Corso, Italy, en
European Criminal Procedure Systems, supra, nota 9, p. 226.
27
Véase, e.g., Oliviero Mazza, Observatorio Della corte Europa dei diritti umani, 7 Dirrito Penae e
Processo 777 (2001); Giuseppe di Federico, The Crisis of the Justice System and the referéndum on the
Judiciary, in 3 Italian Politics: A Review 25, 26-27 (Robert Leonardi & Piergiorgio Corbetta eds., 1989);
Oliviero Mazza, Corte europea dei diritti umani, 6 Diritto Penale e Processo 1538 (2001).
28
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 4
de noviembre de 1950, 213 U.N.T.S. 221, Europ. T.S. Nº 5, art. VI, S. 1 (entró en vigencia el 3 de
septiembre de 1953), en adelante se le denominará Convenio Europeo.
7
los codificadores de 1988 para intentar algunos procesos cortos y ágiles con un juicio
breve.
El código establece diversos procedimientos rápidos, 29 uno de los cuales es una
forma limitada de plea bargaining. La sección en el código italiano que permite el plea
bargaining se titula “applicazione della pena su richiesta delle parti”, que en términos
gruesos puede traducirse como la “aplicación de la pena a pedido de las partes”. 30 Pero
los abogados y jueces en Italia a menudo se refieren a esta disposición usando una
palabra italiana equivalente a bargain [negociación]: patteggiamento. Con esta
disposición, el fiscal público y el abogado defensor pueden acordar la imposición de una
sentencia y pedir al juez que la imponga.
Nos referimos a esta disposición como “una forma de plea bargaining”, debido
a que tiene similitudes con el plea bargaining del sistema estadounidense, pero también
tiene diferencias significativas. Por ejemplo, no permite “cambios de acuerdo” en los
que la acusación penal sea reducida como parte de la negociación para obtener un rango
de sentencia menor para el acusado. En los Estados Unidos, no es extraño que un robo
agravado se reduzca a un simple robo o que se reduzca el asesinato al homicidio
culposo como parte de la negociación. Tales negociaciones no están permitidas en la
forma italiana del plea bargaining.
Otra diferencia significativa entre el plea bargaining en Italia y en los Estados
Unidos tiene que ver con el rango de casos en los que puede aplicarse. En los Estados
Unidos, por lo general no hay límites para los tipos de casos que pueden acogerse a este
mecanismo procesal –incluso un violador en serie o alguien acusado de asesinato y que
afronta una posible sentencia de pena de muerte podría negociar que se reduzca el rango
de la pena–. 31
En Italia se restringió originalmente el plea bargaining para casos menores.
Originalmente el código estableció esto señalando que después de una reducción de un
tercio, la sentencia final no podía ser mayor a dos años. 32 Esto significaba que cualquier
persona acusada de cometer un delito que podía implicar una sentencia mayor a tres
años no podía acceder a la negociación. Esta limitación inicial podría verse con mayor
claridad probablemente como evidencia del nerviosismo de Italia sobre la idea general
del plea bargaining, que se explicará a mayor profundidad posteriormente.
Pero el rango de casos elegible para una posible negociación se amplió el año
2003 cuando el límite a la sentencia final después de la reducción de un tercio se elevó a
29
Para un análisis más profundo de las disposiciones en el código para la resolución de un asunto penal
en un juicio corto, véase William T. Pizzi & Luca Marafioti, The New Italian code of Criminal
Procedure: The Dificultéis of Building an Adversarial Trial System on a Civil Law Foundation, 17 Yale
J. Int’l. L. 1, 15-27 (1992).
30
Véase C.p.p. arts. 444-448.
31
Véase e.g. Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970).
32
El artículo 1988 del Código Procesal Penal originalmente establecía que el acusado y el fiscal público
podían acordar reducir la pena hasta en un tercio y podían pedir al juez que la impusiera, pero se
establecía que la sentencia negociada final no podía ser mayor de dos años. Sobre la interpretación
jurídica de la reducción de la pena, véase Pizzia & Marafioti, supra nota 29, p. 22.
8
cinco años. 33 Esto todavía limita el plea bargaining pues ningún delito que derive en
una sentencia de más de siete años y medio puede ser negociado, y además existen
delitos específicos, como el crimen organizado, que el código establece que no se
pueden negociar. 34 Pero a pesar de que se suele considerar que las sentencias en Italia y
en otros países continentales son más indulgentes que en los Estados Unidos, el plea
bargaining se encuentra a disposición de muchos más acusados en Italia luego de esta
reforma.
Es posible preguntarse, considerando los serios problemas de retrasos en los
juicios en Italia, porqué este país ha permitido de manera creciente sólo una forma de
plea bargaining y por qué incluso hoy no lo permitirá en algunos casos que requerirán
juicios extremadamente largos y costosos. Para entender este nerviosismo de Italia sobre
el plea bargaining, es necesario entender a fondo el concepto de conflictos con “justicia
negociada” [bargaining justice] dentro de la herencia del civil law que se tiene en este
país. Los sistemas europeos de justicia penal se encuentran profundamente
comprometidos con la idea de que se debe brindar el mismo trato a dos acusados
similares, es decir aquellos que han cometido el mismo delito y que tienen el mismo
trasfondo para sentenciar, deberían recibir el mismo trato ante la ley. Algunos pueden
decir que en los Estados Unidos existe el mismo compromiso por una justicia igual ante
la ley, pero el compromiso, en realidad, no es tan fuerte en los Estados Unidos. En este
país, el plea bargaining permite que los acusados, incluso a los coacusados, quienes han
cometido el mismo crimen, reciban sentencias muy diferentes. Por ejemplo, un acusado
que ha robado una tienda y contra quien se tiene evidencia fuerte puede recibir una
sentencia más larga en un plea bargaining que un acusado que quizá manejó el auto de
escape y contra quien existe una evidencia mucho más débil. Compromisos de esta
naturaleza son usuales en el sistema estadounidense. 35
En los Estados Unidos, incluso es posible que dos acusados puedan terminar
sentenciados por delitos diferentes en base a la misma evidencia debido a que el sistema
de justicia penal estadounidense a menudo permite la “negociación de la acusación”
[charge bargaining] así como la “negociación de la sentencia” [sentence bargaining]. Un
acusado puede asumir un cargo menor y otro ser procesado y condenado por un cargo
mayor.
El sistema penal estadounidense acepta estos tipos de inconsistencias en el modo
en que se trata a acusados similares. Quizá esto se debe, en parte, a que el sistema confía
ampliamente en los jurados y éstos agregan un elemento de incertidumbre a los juicios.
Pero sea cual fuere la fuente de la apertura de los Estados Unidos al plea bargaining,
para los países continentales es problemático pensar en que dos delincuentes que se
encuentran en similares condiciones pudieran recibir sentencias muy diferentes.
33
Con el actual artículo 444, incluso delitos como la tentativa de asesinato, violación sexual y robo
agravado pueden someterse al plea bargaining en la medida que existan circunstancias atenuantes que
llevarían a un juez a imponer sentencias no mayores a 7 años y medio.
34
El artículo 444 establece que el plea bargaining no es aplicable a delitos vinculados al crimen
organizado, secuestro o extorsión, tráfico de drogas, y terrorismo. También se establece que no es
aplicable a acusados reincidentes si la sentencia excedería los dos años. Idem.
35
Véase Welsh White, A Proposal for Reform of the Plea Bargaining Process, 119 U. Pa. L. Rev. 439
(1971), donde se describe el modo en que el plea bargaining funciona en la ciudad de Nueva York y en
Filadelfia.
9
Un problema vinculado en los dos sistemas es el modo diferente en que se
considera la discrecionalidad de acusar. En los Estados Unidos, los fiscales públicos
tienen amplias facultades de acusar y pueden seleccionar libremente a quienes
investigar y a quienes no investigar con la importante advertencia de que acusar a
alguien sólo sobre la base de su raza, género, u otra clasificación sospechosa puede
violar la protección a la igualdad. Pero aparte de esa limitación importante, los fiscales
tienen amplias facultades para acusar. 36
Los países europeos asumen una perspectiva muy diferente, en buena medida
debido a la fuerte creencia en que los acusados que han cometido los mismos delitos
deben ser tratados de la misma forma. Por esta razón, Italia y muchos otros países
europeos tienen una doctrina de investigación obligatoria a través de la cual el fiscal
debe denunciar penalmente a alguien si tiene razones para considerar que ha cometido
un delito. 37 Esto, obviamente, no significa que el caso debe proceder a levantar cargos
formales y luego a juicio, sino que tiene que abrirse un expediente y el asunto debe
investigarse si la policía otorga evidencia de un delito al fiscal. En síntesis, una
investigación formal debe comenzar sobre el asunto. Si el fiscal encuentra
posteriormente evidencia insuficiente para seguir con el asunto, entonces buscará la
aprobación judicial para la decisión de no presentar cargos formales. 38
En Italia, es tan importante la herencia de la investigación obligatoria que un
artículo de la constitución consagra el principio de acusación obligatoria. 39 Por
supuesto, en Italia y en otros países continentales, la acusación obligatoria es más una
teoría que una realidad en estos días y ha habido debates ocasionales para enmendar el
artículo constitucional que la establece. 40 En general, el público italiano no ve el
principio de acusación obligatoria como una disposición severa que amenace a todo
aquel que viole la ley con una acusación total (como se acaba de explicar, si existe
insuficiente evidencia que sustente los cargos o si la evidencia inicial es considerada
inadecuada, el asunto será rápidamente rechazado). Por el contrario, la acusación
obligatoria es vista como protección a las víctimas debido a que asegura un trato
igualitario a los delincuentes. Sin esta disposición, se siente que los fiscales pueden
36
Véase United Status v. Armstrong, 517 U.S. 456, 464 (1996): “En la medida que el fiscal tenga causas
probables para creer que el acusado cometió un delito, la decisión sobre investigar o no, y sobre qué
cargos archivar o presentar ante un gran jurado, por lo general descansa en su entera discreción”, citando
a Borderkirher v. Hayes, 434 U.S. 357, 364 (1978).
37
Para un excelente análisis de lo que significa la investigación obligatoria y cómo funciona en los
sistemas del civil law, véase John H. Langbein, Controlling Prosecutorial Discretion in Germany, 41 U.
Chi. L. Rev. 439 (1974).
38
Se puede entender la investigación obligatoria viéndola como una solicitud de elevar cargos cando
existe una base fáctica suficiente que sustente los cargos. Un fiscal podría violar el principio de
investigación obligatoria si decidiera investigar a algunos acusados y no a otros. Véase Langbein, supra
nota 10, pp. 87-90.
39
El artículo 112 de la constitución italiana (Const.) es difícil de traducir. Podría traducirse literalmente
de la siguiente forma: “El fiscal debe ejercer la acción penal obligatoria”, pero sería más correcto intentar
traducir este artículo como sigue: “El fiscal debe denunciar si tiene razones para considerar que se ha
cometido un delito”.
40
Véase Giuseppe Di Federico, Obbligatorietà dell’azione penale, coordinamento delle attività del
pubblico ministero e loro rispondenza alle aspettative della comunità, en Alfredo Gaito, Accusa Penale e
ruolo del Publico Ministero 175 (1975); Alfredo Gaito, Natura, caratteristiche e funzioni del pubblico
ministero, en Acusación Penal, supra, nota 23; Vladimiro Zagrebelsky, La reforma dell’ordinamento
giudiziario in Commissione bicamerale, Foro It. 1997, V, 245.
10
ceder a presiones políticas para acusar algunos delincuentes y no acusar a aquellos que
tienen buenos contactos políticos. 41
El concepto de plea bargaining colisiona con los principios protegidos por la
doctrina de la acusación obligatoria debido a que pone un control considerable sobre la
disposición de un caso en las manos del fiscal. Para entender cuanta discreción puede
estar en manos del fiscal en los Estados Unidos, se requiere sólo recordar el histórico
caso de la Corte Suprema sobre plea bargaining, Bordenkircher v. Hayes. 42 En Hayes,
el acusado fue acusado originalmente por utilizar documentos falsos y debía afrontar
hasta diez años en prisión si se le encontraba culpable. El fiscal ofreció permitir a Hayes
que se declarase culpable con una recomendación de una sentencia de cinco años, pero,
al mismo tiempo, advirtió a Hayes que si insistía en el juicio, el fiscal podía acusarlo
como un delincuente habitual debido a sus antecedentes y, si se le encontraba culpable
de ese cargo adicional, Hayes sería sancionado con cadena perpetua. 43
Para una mente continental, Hayes es una pesadilla. En primer lugar, el fiscal se
encuentra ofreciendo básicamente que Hayes reciba sólo cinco años si se declara
culpable. Luego el fiscal indica a Hayes que será sentenciado de por vida si no acepta la
negociación.
En vez de otorgar esta suerte de poder al fiscal, los sistemas continentales
prefieren que cualquier discreción de tal tipo se limite y someta al control judicial. En
parte, esto refleja el hecho de que los fiscales en Italia y sus contrapartes en otros
sistemas continentales son miembros del poder judicial,44 no miembros del poder
ejecutivo y se requieren controles muy diferentes para su poder. También refleja la
fuerte preocupación de que los acusados de delitos similares sean tratados de la misma
forma. Demasiada discreción amenaza tal principio.
En el caso del plea bargaining en Italia, el código contiene importantes garantías
para los acusados contra la denegación arbitraria de un fiscal a permitir al acusado evitar
el juicio y recibir la sentencia reducida que es posible bajo el código. En primer lugar,
un fiscal que deniega una solicitud de un acusado de una sentencia reducida al amparo
del plea bargaining debe explicar y justificar sus motivos para denegar la negociación
solicitada. 45 Una segunda protección para los acusados contra una denegación arbitraria
es el hecho de que incluso si el fiscal deniega acordar la sentencia reducida, el acusado
41
El artículo 112 de la Constitución Italiana, que establece la acusación obligatoria fue adoptado
inmediatamente en 1948 y fue principalmente una reacción política ante la actuación de los fiscales en el
período fascista. Durante este período, el fiscal era considerado como una herramienta en manos del
gobierno fascista y era realmente el gobierno el que decidía a quién se acusaba de un delito y qué cargos
debían presentarse. Como resultado de esta historia, la Constitución de 1948 decidió proteger a los
ciudadanos contra tal poder arbitrario limitando la interferencia política en las decisiones de acusar del
fiscal público. Véase Vladimiro Zagrebelsky, Independenza del pubblico ministero e obbligatorietà
dell’azione penale, en Pubblico Ministero e acussa penale; problema e prospettive di riforma, 3 (Giovanni
Conso ed., 1979).
42
434 U.S. 357 (1978).
43
Idem.
44
La naturaleza del fiscal en Italia es analizada en la sección 2.3.
45
C.p.p. art. 446, inciso 6. El código no establece las razones específicas que permitirían a un fiscal
denegar una reducción de sentencia propuesta mediante un plea bargain, pero las razones pueden
inferirse a partir del artículo 444. Entre esas razones se encontrarían aquellas situaciones en las que: a) el
fiscal no considera que la sentencia reducida es un castigo adecuado por el delito, o b) el fiscal no cree
que la descripción del acusado sobre el delito sea correcta.
11
puede solicitar al juez al inicio del juicio la sentencia reducida y, si éste lo considera
apropiado, puede acordar sentenciar al acusado de acuerdo a la disposición del plea
bargaining y otorgar al acusado una sentencia reducida. 46 En tercer lugar, incluso luego
de un juicio, si el juez considera que la denegación del fiscal de entrar en un plea
bargaining antes de un juicio fue un error, el juez en la sentencia puede dar al acusado
la reducción de la sentencia permitida en la disposición sobre plea bargaining. 47
Esto permite a todos los acusados que deseen acogerse al plea bargaining y a
quienes se les debería permitir una sentencia reducida, obtener los beneficios de esta
figura procesal, incluso si el fiscal denegara tal negociación antes del juicio. En los
Estados Unidos, no existe tal norma –si un fiscal deniega un plea bargaining, eso es
asunto sólo de fiscal. Ningún juez tiene autoridad para aceptar una negociación
sobrepasando la denegación de fiscal–.
Otro aspecto de la indecisión italiana de abrazar completamente el plea
bargaining en la forma estadounidense tiene que ver con la preocupación de que puede
amenazar la independencia de los jueces. Bajo la constitución italiana, los jueces tienen
garantizada su independencia 48 y, en un contexto de plea bargaining, el poder de los
jueces para decidir el castigo apropiado, libre de otras influencias, puede verse
comprometido si el juez siente que debe automáticamente ratificar el acuerdo alcanzado
por las partes. Para proteger la independencia de los jueces, la disposición sobre plea
bargaining del código requiere que antes que el juez acepte la negociación, debe
examinar la evidencia y ver si es posible, a pesar del acuerdo, entrar a un análisis de la
exoneración para el acusado. 49 Si es posible, el juez debe hacerlo. Si no existe
posibilidad de exoneración, el juez debe asegurarse de que el delito encuadre los hechos
y que el castigo solicitado por las partes sea adecuado y justo para el delito. 50
Finalmente, permite al juez examinar al acusado personalmente para asegurarse que ha
acordado la disposición. 51 Si, luego de todo esto, el juez considera que la sentencia
propuesta es apropiada, impone tal sentencia.
46
C.p.p. art. 448.
El artículo 448 del código establece que después de la denegación del fiscal de acordar la negociación,
el acusado puede reiterar la solicitud de un castigo reducido frente al juez al comienzo del juicio. El juez
puede aceptar la solicitud en cuyo caso no habrá juicio. Pero incluso si existe juicio, al final de éste (o
incluso cuando el caso se encuentra en apelación), el juez puede imponer una sentencia reducida al
acusado si llega a la conclusión de que la denegación inicial del fiscal fue injustificada.
48
Const. art. 101, inc. 2
49
Const. art. 444, inc. 2
50
Idem. Esta sección fue el resultado de un desafío constitucional para las disposiciones del código sobre
plea bargaining. La Corte Constitucional sostuvo la disposición general sobre plea bargaining, pero
derogó el anterior artículo 444 inc. 2 pues consideró que no era adecuada para asegurar que el juez tenga
certeza de que el castigo era adecuado para la gravedad del delito, incluyendo las lesiones causadas por el
delito. Corte Constitucional, 2 de julio de 1990, n. 313, Gazz, Uff. 1ª serie especial, 4 de julio de 1990, n.
27, 35 Giur. Cost. 1981. El inciso fue entonces modificado para requerir al juez determinar
independientemente que el castigo impuesto sea adecuado tomando en cuenta los propósitos del castigo y
las circunstancias del delito. Véase Ley Nº 479, 16 de diciembre de 1999, Racc. Uff. 1999, XIII, 6496,
Lex. 1999, I, 4344, art. 32.
A pesar del hecho de que la disposición sobre plea bargaining contenida fue considerada constitucional,
subsisten críticas que sostienen que el solo hecho de que la sentencia impuesta es condicionada al acuerdo
de las partes viola la independencia del poder judicial establecida en la constitución. Véase, e.g., Gilberto
Lozzi, La legitimita costituzionale del c.d. patteggiamento, 33 Rivista Italiana di Dirito e Procedura
Penale 1600, 1608 (1990).
51
C.p.p. art. 446, inc. 5.
47
12
Esto podría parecer no muy diferente del plea bargaining en los Estados Unidos,
donde se permite a los jueces revisar el acuerdo y tienen el poder de rechazarlo si
consideran que no es de interés público. Pero el mayor grado en que se espera que los
jueces italianos escudriñen el acuerdo para ver si es adecuado se genera por una gran
diferencia entre el plea bargaining en ambos sistemas: en Italia, no existe una entrada
formal para declararse culpable en el proceso. Los codificadores italianos se
preocuparon de que la presión sobre el acusado a declararse culpable pudiera socavar la
garantía constitucional de que todos los acusados son considerados inocentes mientras
no se pruebe su culpabilidad. 52 En cambio, se supone que el plea bargaining en Italia
funciona no como una solicitud al juez para que “acepte” una declaración de
culpabilidad como en el modelo estadounidense, sino más bien como una solicitud al
juez para que evalúe el caso desde ángulos muy distintos y determine si el acusado es de
hecho culpable y si la sentencia reducida buscada es una forma apropiada de evitar el
juicio y aún así permitir una sentencia adecuada. Visto de este modo, una entrada formal
a la declaración de culpabilidad no fue considerada necesaria. 53
El plea bargaining constituye un desafío para cualquier país con herencia del
civil law. No sorprende que en Italia haya enfocado el asunto sólo gradualmente y que
se esté intentando con fuerza atenuar el desafío que plantea el plea bargaining al
principio de que los acusados de delitos similares deben ser tratados similarmente así
como el de que la autoridad independiente del juez para asegurarse que la sentencia
impuesta al acusado sea adecuada para el delito en cuestión. A la fecha, el plea
bargaining italiano no ha reducido bruscamente el problema de los retrasos en los
juicios debido a que se estima que el 85% de los casos penales llegan a juicio. 54 Esto,
por supuesto, contrasta enormemente con el sistema de justicia penal estadounidense,
donde la tasa de plea bargaining es superior al 90% en la mayoría de jurisdicciones. 55
Un factor que anima a los acusados a evitar resolver sus casos mediante un acuerdo es la
tremenda cantidad de casos retrasados en espera de juicio en Italia. Con tales retrasos,
muchos acusados probablemente ven como ventajoso esperar por un juicio que podría
no ocurrir jamás o que podría ocurrir recién después de varios años.
2.3 Las dificultad de construir un sistema acusatorio sobre bases del civil
law
Cabe destacar que la tarea que Italia se impuso era desalentadora debido a que se
intentaban realizar cambios radicales en su sistema penal, construyendo sobre una fuerte
base del civil law. Como hemos mencionado, dos características usuales en la tradición
52
Const. art. 27, inc. 2.
Véase Pizzi & Marafioti, supra, nota 29, p. 23.
54
Marco Fabri, Theory Versus Practice of Italian Criminal Justice Reform, 77 Judicature 211, 213 n. 4
(1994).
55
Véase James A. Cramer et al., The Judicial Role in Plea Bargaining, en Plea Bargaining 139 (William
F. McDonald & James A. Cramer eds., 1980). Esta figura del 90% es la que típicamente se utiliza para
mostrar la importancia del plea bargaining en nuestro sistema de justicia penal. Pero quizá hoy subestima
su papel en las cortes estadounidenses. Para tener cierta perspectiva sobre la importancia del plea
bargaining, consideremos el número de casos de delitos graves en Colorado, un estado con un sistema de
penal fuerte, en el año 2000, comparado con el número de jucios penales que se llevaron acabo ese mismo
año. El año 2000, se tuvieron 35,770 casos penales en las cortes distritales del estado, pero el mismo año
las cortes distritales llevaron a cabo menos de 1000 juicios penales (768 con jurados y 58 con tribunales
de jueces). Colorado Judicial Branch Annual Statistical Reports,
disponible en Internet:
y
http://www.courts.state.co.us/panda/statrep/ar2000/table15.pdf
http://www.courts.state.co.us/panda/statrep/ar2000/table23.pdf (consulta: 12 de noviembre de 2003).
53
13
del civil law y que no fueron cambiadas por el código de 1988, son: a) que el juicio
determina tanto la culpabilidad como la sentencia; y b) que se permite a las víctimas
continuar desempeñando un papel en el juicio con independencia del fiscal. Pero existen
otros aspectos de los procedimientos previos que casi siempre se encuentran en el
sistema penal continental y raramente en el sistema acusatorio. Estos aspectos fueron
extraídos del anterior sistema de juicio y pueden parecer extraños para quienes sólo
fueron entrenados en base al sistema estadounidense.
El primero tiene que ver con la figura del fiscal público. El término italiano
empleado para referirse para la persona que presenta la acusación es pubblico ministero
que en términos gruesos se traduce como ministro para lo público. Por facilidad en este
artículo, hemos usado el término “fiscal público” para indicar a la autoridad acusadora.
Pero el italiano no tiene una palabra específica para “fiscal” y esto debido a que el
pubblico ministero es conceptualmente diferente de un fiscal en los Estados Unidos. En
los sistemas continentales, el fiscal público es una figura judicial y parte del mismo
sistema judicial que incluye a los jueces de conocimiento y a los jueces de apelación.
Esta es una gran diferencia con los Estados Unidos, donde los fiscales son
miembros del Poder Ejecutivo y usualmente elegidos. En los sistemas europeos como el
italiano, cualquier miembro del Poder Judicial puede postular al cargo de fiscal público
si existe una vacante. Esto significa que puede moverse de la posición de juez a la
posición de fiscal público y viceversa, en tanto las vacantes surjan para diferentes
posiciones en ciudades diferentes.
En Italia, los miembros del Poder Judicial son seleccionados en base a su
entrenamiento previo y calificaciones en un examen eliminatorio a nivel nacional. El
Poder Judicial incluye a los fiscales, jueces que supervisan la etapa investigatoria de los
casos penales, los jueces de conocimiento, y los jueces de apelación. Todos ellos
pertenecen a la misma asociación profesional, la magistratura, y se mueven dentro del
sistema judicial de posición en posición con pocas restricciones y con la misma
remuneración económica. 56
Que se vea que el fiscal público desempeña una función judicial no es algo muy
diferente de los Estados Unidos como podría parecer a primera vista. El sistema
estadounidense coloca restricciones éticas que exigen que los fiscales pongan un alto
valor al interés público al realizar sus decisiones sobre la medida en que los fiscales
deberían esforzarse por alcanzar la justicia en vez de sólo acusar. Por ejemplo, el
comentario al artículo 3.8 del Model Rules of Professional Conduct establece que un
fiscal “tiene la responsabilidad de un ministro de justicia y no simplemente la de un
abogado.” 57 Aunque los fiscales son elegidos como funcionarios públicos, son dirigidos
por los Standards ABA para la Función Fiscal para “no otorgar ningún peso a… las
ventajas o desventajas políticas que pudieran surgir” al realizar la decisión de acusar a
alguien de un delito. 58 El sistema estadounidense también impone obligaciones
constitucionales y éticas sobre los fiscales que son diferentes de aquellas que se
imponen a los abogados. Por ejemplo, un fiscal puede, como un asunto ético, revelar
56
Véase Pizzi & Marafioti, supra nota 29, p. 23; Grande, supra nota 4, p. 236.
Model Rules of Prof’l Conduct R. 3.8 cmt. 1 (2001), énfasis nuestro (en adelante, Model Rules).
58
ABA Standards for Criminal Justice, Prosecution Function and Defense Function, std. 3-3.9 (d) (1993).
57
14
posible material exculpatorio a la defensa incluso si tal material no hubiera sido
requerido por la defensa. 59
Pero debido a que el fiscal público en Italia es en realidad un miembro del Poder
Judicial, esto presenta problemas debido a la relaciones profesionales cercanas
existentes entre los fiscales públicos y los jueces debido a que son miembros de la
misma organización profesional.
En los Estados Unidos se busca evitar esta relación cercana colocando al fiscal
en un poder del Estado diferente al Poder Judicial y mediante la elección de los fiscales.
Pero sería difícil convencer a los países continentales, incluyendo a Italia, de que
existen ventajas al ubicar al fiscal público bajo los tipos de presiones políticas que
existen sobre los fiscales en los Estados Unidos. Es parte de la tradición del civil law
que quienes ocupan una posición análoga a los fiscales estadounidenses sean figuras
judiciales con la obligación de ver que los resultados de una acusación sean justos.
3. El destino del código en la Corte Constitucional durante los noventa
3.1 La colisión de principios en los noventa
No fue nada extraño que el código afrontara dificultades en los noventa cuando
sus aspectos acusatorios entraron en conflicto con la tradición del civil law en Italia.
Una introducción a los problemas puede ser claramente resaltada observando ciertas
disposiciones del código italiano que son muy similares a ciertas normas probatorias
estadounidenses. El artículo 507 del código permite al juez de conocimiento llamar a los
testigos a juicio. 60 Es sustancialmente similar a la Norma 614 de las Normas Probatorias
Federales, según la cual el juez en juicio puede llamar de oficio a los testigos y puede
también interrogar a los testigos en el juicio. 61 La Norma 614 no genera problemas en
los Estados Unidos porque los jueces rara vez utilizan la facultad de llamar testigo y
porque las cortes de apelación siempre han advertido fuertemente a los jueces sobre no
realizar demasiadas preguntas en el juicio a fin de que ellos no aparenten el jurado haber
abandonado su rol neutral y haber favorecido a una de las partes. 62
Pero en Italia este artículo generó problemas en los años siguientes a la adopción
del código. En 1992, la Corte di Cassazione, una corte de apelación que revisa asuntos
legales, 63 estableció que si bien el código otorga la facultad de llamar a testigos sobre
59
Model Rules, supra nota 57, R. 3.8 (d). Esta es también una obligación constitucional. Véase Brady v.
Maryland, 373 U.S. 83, 86-88 (1963).
Este compromiso con el modelo acusatorio contrasta considerablemente con el papel que se espera que
los fiscales públicos cumplan en el continente: si hubiera evidencia exculpatoria que hubiera sido pasada
por alto por el juez del juicio, el fiscal público debería atraer la atención de la corte a esa evidencia, y no
sólo dejarla a cargo del abogado defensor. John Langbein, en un libro famoso sobre proceso penal en
Alemania, anota que la obligación del fiscal público de velar para que se consiga justicia implica incluso
el deber de apelar a nombre del acusado si considerase que la sentencia hubiera sido demasiado severa.
Véase Langbein, supra nota 10, p. 90.
60
Artículo 507 establece que al final de la presentación de la evidencia de las partes, el juez, por su propia
iniciativa, puede pedir la presentación de evidencia adicional si parece absolutamente necesario. C.p.p.
art. 407.
61
Fed. R. Evid. 614.
62
Véase McCormick On Evidence § 8, 26-31 (John W. Strong ed., 5th ed. 1999).
63
Véase Piermaria Corso, Italy, en European Criminal Procedure Systems, supra nota 9, pp. 223, 256-57.
El profesor Corso traduce Corte di Cassazione como “Corte Suprema” debido a que funciona más como
15
todo a las partes, ello no implica que el juez no pueda introducir otra evidencia que
considere necesaria para una decisión justa del caso.64 El año siguiente, la Corte
Constitucional emitió una sentencia que llegó a la misma conclusión. 65 Ambas
decisiones enfatizaron que mientras el poder de las partes para introducir evidencia al
juicio es importante, este poder no puede impedir que el juez busque evidencia adicional
que considere necesaria para una decisión apropiada del caso.
Estas son sentencias controvertidas en Italia 66 porque la búsqueda activa de la
verdad por parte del juez que permiten parece inconsistente con un modelo acusatorio
en el que el juez desempeña un papel relativamente pasivo y con la responsabilidad de
generar pruebas en manos de las partes. Pero existen razones para que la Corte
Constitucional pudiera haber sentido presión para conceder al juez un mayor poder para
llamar testigos que el que se tiene en las cortes estadounidenses. En primer lugar, está la
tradición del civil law donde el juez siempre se ha sentido responsable por la exactitud
del veredicto del juicio. Con una fuerte herencia del civil law, es más difícil para los
jueces italianos aceptar un rol más limitado. En segundo lugar, el código marcó un
rompimiento abrupto con el pasado, demandando un cambio a partir de un juicio
controlado casi completamente por el juez a uno controlado por las partes, y no siempre
fue fácil para cada parte del sistema adaptarse. Por ejemplo si, de manera negligente, el
fiscal público no llamara a un testigo que, en opinión del juez es necesario para
establecer algún elemento del delito, el juez de conocimiento se puede sentir compelido
a llamar a ese testigo antes de permitir que el caso colapse debido a la negligencia del
fiscal. Es más probable que un juez en los Estados Unidos pudiera permitir que el caso
colapse bajo esas circunstancias.
En tercer lugar, la presión en el juez para llamar testigos es especialmente fuerte
cuando cree que la evidencia que puede apoyar su defensa no ha sido presentada por la
defensa. Este es un problema en cualquier sistema penal preocupado por la justicia. En
los Estados Unidos, por ejemplo, se puede leer a menudo sobre casos que obtuvieron la
sentencia de pena de muerte en los cuales el abogado de oficio tiene poca experiencia o
recibe tan pocos recursos para investigar que se vuelve casi imposible elaborar una
defensa creíble. 67 En Italia no existe la pena de muerte, pero siempre se ha visto que los
jueces italianos tienen una obligación paternalista de proteger al acusado. Así, un juez
puede sentirse obligado, si el abogado defensor no es diestro, a llamar a un testigo que
una corte de apelación, aunque solo escucha asuntos relacionados con la legalidad de lo que ha tomado
lugar. Id. en 256.
64
Cass.,sez. Un., 6 nov. 1992, Foro It. 1993, II, 65.
65
Corte cost., 26 mar. 1993, n. 111, Gazz. UHF. 1ª serie especial, 31 mar. 1993, n. 14, Foro It. 1993, I,
1356.
66
Veáse Paolo Ferru, I poteri probatori del giudice dibattimentale: ragionevolezza delle Sexioni unite e
dogmatismo della Corte costituzionale, 37 Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 1065 (1994);
Luca Marafioti, L’art. 507 c.p.p. al vaglio delle Sezioni Unite: un addio al processo accusatorio e
all’imparzialità del giudice dibattimentale, 36 Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 829 (1993);
Giorgio Spangher, L’art. 507 c.p.p. davanti alla Corte costituzionale: ulteriore momento nella definizione
del “sistema accusatorio” compatibile con la Costituzione, 38 Giur. Cost. 919 (1993).
67
Veáse Stephen B. Bright, Gideon’s Reality: After Four Decades, Where Are We?, en Criminal Justice,
Verano 2003, p 5, quien describe varios casos en los que inocentes fueron condenados y solo absueltos
después de pasar varios años en prisión debido a que sus abogados no realizaron una adecuada defensa;
Véase también Stephen B. Bright, Death in Texas, The Champion, Julio de 1999, p. 16, donde describe
los insuficientes honorarios de los abogados defensoresa insuficiencia de los honorarios que son
permitidos para los abogados defensores en investigar y defender casos de pena de muerte en Texas
siempre con resultados desastrosos para sus clientes.
16
debió ser llamado por la defensa o a apoyar en el interrogatorio a un testigo.
Efectivamente hay una larga fila de casos en Italia, incluso bajo el Código de 1988, que
resaltan la necesidad de que el juez intervenga si fuera necesario para asegurar que el
acusado reciba un juicio justo y que todo veredicto sea exacto. 68
Las dificultades que se presentaron en Italia sobre la pertinencia de que un juez
llame a testigos son sintomáticas de las dificultades para construir un sistema acusatorio
sobre la base de instituciones que derivan de la tradición del civil law.
3.2 Las batallas entre la Corte Constitucional y el Parlamento
3.2.1 Sentencia Nº 24/1992
En la década del noventa, el Código de 1988 llevó a una serie de sentencias que
pusieron a la Corte Constitucional en contra del Parlamento respecto del nuevo sistema
penal. Uno de los aspectos de esta confrontación entre el poder judicial y el legislativo
que lo hace interesante son las posiciones que ambas instituciones asumieron en la
batalla sobre el nuevo sistema acusatorio. Cuando tales confrontaciones ocurrieron en
los Estados Unidos, la Corte Suprema se esforzó en proteger los derechos de los
acusados aun si se tuviera que asumir algún costo en términos de la exactitud del
veredicto. Así, por ejemplo, las confesiones realizadas en las comisarías no se
consideran admisibles a menos que la policía haya brindado las requeridas advertencias
Miranda 69 y que las pruebas físicas decisivas del delito deben declararse inadmisibles si
los agentes de policía la obtuvieron violando los derechos del acusado de la cuarta
enmienda. 70
Pero en Italia, el parlamento ha estado tratando de fortalecer los derechos
individuales de los acusados, mientras que la Corte Constitucional ha estado debilitando
aquellos derechos mediante sentencias que pusieron un fuerte énfasis en la primacía de
la búsqueda de la verdad en el proceso.
En 1992, hubo una serie de tres sentencias de la Corte Constitucional que
parecían marcar el fin del intento italiano de introducir un sistema penal acusatorio. En
la Sección III veremos que no fue el fin del sistema acusatorio en Italia y que el
parlamento respondió a estas sentencias tomando medidas para proteger mejor las
protecciones acusatorias de la embestida constitucional. Pero en los noventa, muchos
pensaron que el experimento Italiano con un sistema acusatorio había terminado como
resultado de las tres sentencias de 1992. 71
La primera sentencia de la Corte Constitucional es la Nº 24-1992. 72 Esta corte
no es una corte de apelación ubicada en la cumbre del sistema judicial italiano, tal como
68
Véase Trib. di Milano, sez. II penale, ordinanza 8 nov. 2002, n. 37456, en 10 Guida al Diritto 77
(2003); Cass., sez. III, 23 enero 1997, n. 2542, Cass. Pen. 1998, 1130; Cass., sez. VI, 17 enero 1994, n.
4616, Archivio della Nuova Proc. Pen. 1994, 522.
69
Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).
70
Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961).
71
Véase e.g., Grande, supra nota 4, p. 256.
72
El hecho que el las sentencias se denominen sólo mediante su número dentro del período de un año
refleja las diferencias en el modo en que se deciden las cuestiones constitucionales en Italia en
comparación con las sentencias de Estados Unidos. Corte cost., 31 jan. 1992, n. 24, Gazz. Uff. 1a serie
speciale, 5 feb. 1992, n. 6, Foro It. 1992, I, 1052.
17
la Corte Suprema se ubica en los Estados Unidos. En lugar de escuchar apelaciones de
casos particulares que involucran a particulares, la Corte Constitucional se entiende
ubicada a un costado de la estructura judicial normal. Decide asuntos constitucionales
que le son derivados por otros sujetos que forman parte del sistema, a menudo jueces de
primera instancia o de apelación que piensan que cierta norma es constitucionalmente
sospechosa. 73 De este modo, define cuestiones constitucionales que son independientes
de los casos individuales que pudieran haber provocado la cuestión constitucional.
En la sentencia Nº 24-1992, la cuestión llevada ante la Corte era si la limitación
del inciso 4 del artículo 195 del código era constitucional. 74 Este artículo establecía que
siempre que un testigo señalara en la corte hechos que hubiera escuchado a otra
persona, era necesario proveer la fuente de esas declaraciones anteriores ante la corte.
En esencia, esta norma prohíbe la admisión de declaraciones realizadas fuera de la corte
[out-of-court statements] como sustitutiva de llamar, en calidad de testigo, a quien
realizó tales declaraciones (El artículo 195 del código de 1988, así como la norma
estadounidense sobre declaraciones realizadas fuera de la corte, estableció algunas
excepciones por las que estas declaraciones podían ser admitidas.
Más en concreto, la preocupación de la Corte Constitucional fue el inciso 4 del
artículo 195, que prohibía que los agentes de la policía pudieran brindar testimonio
sobre declaraciones realizadas fuera de la corte que el oficial hubiera obtenido durante
la investigación del delito. La racionalidad del inciso en cuestión era evitar la
introducción, a través del testimonio de los policías que investigaban, de declaraciones
realizadas fuera de la corte de testigos que tuvieran información importante sobre el
delito. 75
Pero la Corte Constitucional sostuvo que el inciso 4 del artículo 195 del código
de 1988, era inconstitucional porque carecía de una justificación razonable. La corte
también sintió que la norma no dio suficiente valor a la función de búsqueda de la
verdad del juicio. Para asegurar que los jueces y otros investigadores encuentren la
verdad, la corte determinó que se debe tomar en cuenta declaraciones realizadas fuera
de la corte sobre lo ocurrido al cometerse el delito. La corte señaló que el artículo 195
establecía una excepción que permitió a los ciudadanos presentar como evidencia
declaraciones de testigos realizadas fuera de la corte en situaciones limitadas, como
cuando como quien realizó la declaración ha muerto o está enfermo. La Corte señaló
que no había justificación para no establecer también una excepción a los oficiales de
policía. Consideró que los miembros de la policia judicial tienen la misma capacidad de
testificar que otros ciudadanos y que no se les puede considerar per se como menos
73
Esto revela otra diferencia entre el sistema Italiano (y varios otros sistemas del civil law) y el sistema
estadounidense: sólo los jueces de la Corte Constitucional están facultados para declarar la
inconstitucionalidad de una norma. Debido a que la Corte Constitucional define asuntos que pueden haber
sido planteados por distintos jueces de diversos lugares de país, sus decisiones tienden a ser abstractas y
con menor base fáctica específica.
74
En la sentencia Nº 24/1992, la Corte decidió una cuestión presentada por 7 jueces preocupados sobre
las limitaciones en el inciso 4 del 195 del codigo. Corte const., 31 enero 1992, n. 24, Gazz. Uff. 1a serie
speciale, 5 feb. 1992, n. 6, Foro It. 1992, I, 1052.
75
El artículo 195 del código se veía reforzado por el artículo 500, que establecía que las declaraciones
realizadas fuera de la corte contenidas en el expediente no podían ser introducidas a menos que fueran
brindadas durante una investigación en el momento y lugar del delito. Esta excepción parecía buscar
torpemente permitir declaraciones espontáneas brindadas en el lugar de los hechos, de manera analógica a
la excepción para las “excited utterances” existente en los Estados Unidos.
18
confiables que otros testigos. Sostuvo que el derecho de confrontar a quienes declaraban
se encontraba garantizada debido a que los policías podían ser reinterrogados sobre su
testimonio.
La sentencia de la Corte Constitucional pareciera sacudir a quienes están
acostumbrados a la fuerte protección brindada a los acusados en los Estados Unidos,
porque permitía a la policía relatar los contenidos de las declaraciones de los testigos
que a menudo son poderosamente incriminatorios, mientras que no se permitía a los
abogados defensores hacer mucho para rebatir esas declaraciones. Ciertamente, el
reinterrogatorio a los policías que testificaban no es lo mismo que reinterrogar a quienes
hicieron las declaraciones referidas. El policía que presenta su testimonio puede un
individuo honesto y confiable, pero la persona que hizo la declaración aludida por el
policía podría basarse en prejuicios o no ser competente con la información relatada,
pero esto no se puede analizar cuando se reinterroga al policía.
Con la sentencia Nº 24-1992, el intento de los codificadores de separar la fase
investigatoria de la fase del juicio comenzó a derrumbarse. Mucha de la información
contenida en el expediente podía fluir en el juicio con el testimonio de los policías que
investigaban. Llamar a los que quienes realizaron las declaraciones fuera de la corte
para que presentaran su declaración en el juicio ya no se consideraba necesario, sino que
era sólo opcional. 76
3.2.2 Sentencia Nº 254/1992
La sentencia Nº 254/1992 77 es la segunda de las tres de la Corte Constitucional
que, en 1992, derribó las principales estructuras que sostenían el sistema acusatorio del
código de 1988. Esta sentencia se refería al inciso 2 del artículo 513, que prohibía
introducir las declaraciones realizadas fuera de la corte por un cómplice cuando éste era
llamado como testigo en el juicio pero ejercía su derecho a mantenerse en silencio. Esta
cuestión surgía, por ejemplo, cuando un supuesto cómplice del acusado había brindado
una declaración ante la policía durante la investigación pero cuando se le llamaba a
juicio para que presente su declaración, invocaba su derecho a mantenerse en silencio.
En esta situación, el inciso 2 del artículo 513 prohibía al fiscal público introducir las
declaraciones realizadas fuera de la corte del cómplice en contra el demandado.
Este asunto de la declaración indirecta llegó anteriormente a la Corte Suprema
de los Estados Unidos en diversas formas. La manera típica con que se presenta en los
Estados Unidos es aquella situación donde el acusado y el cómplice/coacusado están
siendo procesados juntos y el fiscal desea introducir la declaración del cómplice contra
sí mismo, pero que también incrimina al acusado. En una serie de casos, comenzando
con Bruton v. Estados Unidos 78 en 1968 y llegando hasta Gray v. Maryland 79 en 1998,
la Corte Suprema ha limitado seriamente el uso de declaraciones de un acusado en
situaciones donde la declaración incrimina por referencia, de manera directo o incluso
76
Es interesante notar que la única limitación a los testimonios de los policías sobre declaraciones
realizadas fuera de la corte que se mantuvieron después de la sentencia Nº24/1992 fue la contenida en el
artículo 62, referente a las declaraciones hechas por el acusado, según la cual ningún policía puede
atestiguar sobre sus declaraciones anteriores.
77
Corte cost., 3 de junio de 1992, n. 254, Gazz. Uff. 1a serie especial, 4 junio 1992, n. 24, Giur. It. 1993,
I, 533.
78
391 U.S. 123 (1968).
79
523 U.S. 185 (1998).
19
indirecta, al coacusado por el hecho de que éste no puede reinterrogar a quien realizó la
declaración según los requisitos de la Sexta Enmienda. 80
Pero existe un caso de la Corte Suprema que se asemeja muy de cerca a la
situación que se analiza en la sentencia Nº 254/1992, Lilly v. Virginia. 81 En Lilly, un
cómplice del acusado había dado declaraciones a la policía admitiendo su participación
en un robo/asesinato pero señalando que acusado era quien había disparado contra la
víctima. El cómplice fue llamado como testigo al juicio, pero invocó su derecho a
mantenerse en silencio. En este punto, se permitió al fiscal presentar las declaraciones
incriminatorias del cómplice con la teoría de que eran contrarias al interés penal del
declarante y éste no se encontraba disponible para declarar.
La Corte Suprema no tuvo ninguna dificultad en encontrar que la admisión de la
confesión incriminatoria era una violación directa de la norma sobre confrontación. (De
hecho, en su voto singular, el juez Scalia se refirió a lo sucedido como una “violación
paradigmática de la cláusula sobre confrontación de la Sexta Enmienda”). 82
La cuestión que aborda la Corte Constitucional en la sentencia Nº 254/1992 83
era directamente análoga a la situación ocurrida en Lilly: si se llama al cómplice como
testigo, pero él o ella afirma su derecho a permanecer en silencio, ¿deben ser admitidas
las declaraciones realizadas fuera de la corte del cómplice en contra del acusado a pesar
del artículo 513 inciso 2? La Corte Constitucional concluyó lo puesto a lo que concluyó
la Corte Suprema en el caso Lilly. La corte dictaminó que para descubrir la verdad, los
jueces, como juzgadores de los hechos, requieren tener facultades para analizar toda la
información sobre el delito que puedan obtener en el juicio.84
80
Recientemente, la Corte determinó que la Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda de la
Constitución estadounidense (referente al derecho de los acusados a confrontar a los testigos que tiene en
contra) impide la admisión de una declaración indirecta contra un acusado, incluso cuando el juez ha
determinado que exhibe indicios de credibilidad. En Crawford v. Washington, No 02-9410, 2004 WL
413301 (EE.UU. 8 Marzo, del 2004), la Corte admitió la grabación de una declaración de la esposa del
acusado como evidencia contra éste en un caso en el que ella no había declarado debido al privilegio de
reserva conyugal. A pesar del problema de ser una prueba indirecta, el juez admitió la declaración porque
consideró que era suficientemente confiable debido a que era casi idéntica a la declaración que el acusado
había brindado a la policía.
Pero la Corte cambió de criterio, considerando que cuando una prueba indirecta es testimonial por
naturaleza (en oposición a los registros empresariales o documentos estatales), no puede admitirse contra
un acusado que no ha tenido la oportunidad de reinterrogar previamente al declarante. Esto es así, sostuvo
la Corte, aunque el juez considere que la declaración es creíble y confiable. Cuando se trata de
declaraciones testimoniales, como las declaraciones a la policía durante la investigación, “el único indicio
de la confiabilidad suficiente para satisfacer demandas constitucionales es la actualmente prescrita por la
Constitución: la confrontación”. Crawford, 2004 WL 413301, fundamento 19.
Después de Crawford, las declaraciones obtenidas por la policía durante una investigación, aunque
pudieran admitirse la excepción tradicional de pruebas indirectas o parecieran confiables, no serán
admisibles contra un acusado a menos que haya tenido la oportunidad de reinterrogar al declarante
previamente.
81
527 U.S. 116 (1999).
82
Id. at 143.
83
Una de las situaciones en cuestión en la sentencia Nº 254/1992 es aquella en que un co-acusado ha
dado declaraciones que incriminaban al acusado durante la investigación, pero al ser llamado a brindar
testimonio en el juicio ejerce su derecho a mantenerse en silencio. La cuestión era si el fiscal podía
introducir como evidencia las declaraciones previas del co-acusado que incriminaban al acusado. La
defensa se había opuesto en base al artículo 513, inciso 2 del código. Corte Const., 18 mayo de 1992, N.
254, Gazz. Uff. 1ª serie especial, 4 Junio de 1992, N. 24, Giur. It. 1993, I, 533.
84
Id.
20
Obviamente, un factor que debe haber estado en las mentes de miembros de la
Corte Constitucional al emitir la sentencia Nº 254/1992 era la amenaza del crimen
organizado en Italia en aquel momento y los riesgos de incluso procesar tales casos. La
sentencia Nº 254/1992 no es específica para los casos de crimen organizado y podría
aplicarse a cualquier caso con demandados múltiples. Pero la presión que recaía sobre
la Corte y todo el sistema de justicia penal italiano debe entenderse como factor de
fondo en la decisión de la Corte. La sección III analizará dos casos particularmente
descarados de asesinatos de magistrados por parte del crimen organizado, que
ocurrieron en Italia en 1992. 85
En un momento en que la Mafia parecía tener más poder que la policía, fue
mucho más difícil conseguir que los cómplices testificaran unos en contra de otros. En
un caso con múltiples demandados implicados en un delito grave, el fiscal en los
Estados Unidos probablemente empujaría al juicio el caso más fuerte y esperaría
condenar a ese acusado. En ese punto, el condenado estaría probablemente más
dispuesto a atestiguar contra los otros demandados a cambio de una posible reducción
de la pena. O quizás el fiscal puede ofrecer a un acusado un excelente plea bargain,
quizá incluso inmunidad, si éste acuerda atestiguar contra los otros acusados.
Pero en Italia en un caso de crimen organizado, estas rutas ya no se encontraban
disponibles o no eran tan fáciles de seguir. El cómplice condenado podía no haber
deseado atestiguar contra otros demandados por lo difícil que sería cuidar su seguridad
personal. Por otro lado, el plea bargaining está mucho más limitado 86 y un fiscal
público no puede otorgar inmunidad a un acusado a cambio de testimonio. En pocas
palabras, algunas de las herramientas disponibles para los fiscales estadounidenses no
están disponibles en el sistema de justicia penal italiano. Esto no quiere decir que la
decisión tomada en la sentencia Nº 254/1992 era correcto, pero debe comprenderse dado
el difícil período en Italia.
Cuando la sentencia Nº 254/1992 se agregó a la Nº 24/1992, el resultado era
ensanchar la gama de materiales del expediente que podría ser utilizado en contra de los
acusados en el juicio y reafirmar la dominación de la información en el expediente en
los procesos penales. Mientras que el código había intentado limitar la influencia de la
fase investigadora en el juicio, la Corte Constitucional parecía intentar traer abajo los
pilares principales del sistema penal acusatorio.
3.2.3 Sentencia Nº 255/1992
La tercera de las sentencias de la Corte Constitucional en 1992 es la Nº
255/1992. 87 Esta sentencia se refiere a un asunto sobre el cual el sistema jurídico
estadounidense ha luchado varias veces en el pasado: ¿qué peso se debe dar a las
declaraciones incriminatorias en el juicio y debe limitarse su uso sustantivo como
evidencia del delito en cuestión? El tema ante la Corte Constitucional fue la
constitucionalidad del inciso 3 del artículo 500, que se ocupó del uso de declaraciones
previas fuera de la corte realizadas por un testigo, para impugnar los testimonios de ese
85
Véase infra p. 23.
Véase infra p.9.
87
Corte cost., 3 junio 1992, n. 255, Gazz. Uff. 1a serie especial, 4 junio 1992, n. 24, Foro It. 1992, I,
2012.
86
21
testigo emitidos en pleno juicio. La situación que la Corte Constitucional abordó fue
aquella en la que un testigo brinda una declaración durante la investigación, pero en el
juicio declara de forma inconsistente en todo o en parte con la primera declaración. El
inciso 3 del artículo 500, estipulaba que las declaraciones realizadas fuera de la corte
usadas para reinterrogar al testigo no se podrían considerar como evidencia sustantiva
sobre el delito sino solamente como evidencia que refuerza la credibilidad del testigo.
Había dos excepciones limitadas a esta regla: cuando la declaración previa era obtenida
durante una investigación del testigo o en el lugar del delito durante la investigación
inicial (Probablemente, estas declaraciones debían ser vistas como intrínsecamente
confiables porque eran hechas inmediatamente durante la investigación inicial, algo
análogo a las declaraciones tratadas como present sense impressions * o excited
utterances ** en las Normas Probatorias Federales (FRE, por sus siglas en inglés 88 ).
La cuestión de permitir el uso sustantivo de declaraciones inconsistentes previas
es un tema asunto sobre el cual los estados y las autoridades probatorias en los Estados
Unidos han estado divididos durante muchos años. La FRE 801 (d)(1)(A) establece que
las declaraciones inconsistentes con el testimonio que brinda el testigo en el juicio que
hayan sido reexaminadas no se consideran declaraciones de oídas o indirectas (por lo
cual pueden ser utilizadas sustancialmente) si la declaración previa fue dada mediante
juramento bajo sanción penal por perjurio, en una audiencia, en el juicio, o en otro
procedimiento similar. Ésta es una excepción bastante estrecha que no permite que los
jurados consideren utilizar sustancialmente declaraciones dadas al policía y a otras
autoridades durante una investigación cuando el testigo es reinterrogado en base a estas
declaraciones previas en el juicio. En tales casos, el jurado se vería obligado a que estas
declaraciones solo se puedan usar para determinar credibilidad.
Pero la posición tomada por el Congreso al establecer la FRE 801 (d)(1)(A) era
una posición de compromiso. Las Notas del Comité Consultivo a la FRE 801 (d)(1)(A)
percibió que muchos juristas y otras autoridades han defendido una norma más amplia
de admisibilidad. 89 Ellos permitirían que las declaraciones previas fueran usadas
sustancialmente siempre que quien las realiza haya sido reinterrogado sobre esas
declaraciones en un juicio. 90 Las Notas del Comité Consultivo 91 hacen referencia al
razonamiento sobre el particular del Juez Learned Hand * en Di Carlo v. Estados
*
N. de los T.: Una present sense impression, en derecho probatorio, es una declaración realizada por
alguien que transmite sus impresiones sobre el estado en que se encontraban ciertas cosas al momento de
realizar la declaración. Por ejemplo, cuando una persona dice: “hace frío”, o “vamos demasiado
rápido…”. Fuente: en.wikipedia.org/wiki/Present_sense_impressions, consulta: 21 de junio de 2007.
**
N. de los T.: Una excited utterance, en derecho probatorio, es una declaración realizada por alguien en
respuesta a un evento traumático. Por ejemplo, cuando alguien dice: “¡Cuidado! ¡Vamos a chocar!”. Bajo
las Normas Probatorias Federales, este tipo de declaraciones es admisible para probar la verdad de la
declaración en sí misma (por ejemplo, para probar que el vehículo en que se encontraba el declarante
estaba realmente a punto de chocar). Esta, por lo tanto, constituye una excepción a la prohibición de
prueba indirecta. Fuente: en.wikipedia.org/wiki/Excited_utterances, consulta: 21 de junio de 2007.
88
Vease, por ejemplo, Fed. R. Evid. 803 (1) (present sense impression); Fed. R. Evid. 803(2) (excited
utterance).
89
Véase Fed. R. Evid. 801 (d), nota del comité consultivo.
90
Idem.
91
Idem.
*
N. de los T.: Billings Learned Hand (27 de enero de 1872 – 18 de agosto de 1961) — usualmente
llamado solo Learned Hand — era un famoso juez estadounidense y un ávido promoter de la libertad de
expression, aunque es más recordado por aplicar un razonamiento económico al Derecho de la
responsabilidad extracontractual estadounidense. A menudo se considera a Hand como uno de los jueces
22
Unidos, 92 que cuando un jurado decide que la verdad no es lo que dice ahora el testigo,
sino lo que dijo antes, los miembros del jurado se encuentran aún decidiendo sobre la
base de lo que han visto y escuchado en la corte. Pero, al final, el congreso limitó de
forma estrecha la gama de las declaraciones contrarias previas que podían ser utilizadas
sustancialmente.
Lo que es interesante en Italia no es que haya un debate sobre el uso de las
declaraciones inconsistentes previas sobre las que se ha reinterrogado al testigo en
juicio, sino que las limitaciones en la versión de 1998 del inciso 3 del artículo 500,
deben ser vistas por la Corte Constitucional como constitucionales. Pero la corte
sostuvo que las limitaciones en el uso de declaraciones inconsistentes previas carecían
básicamente de justificación y fueron inconstitucionales porque ellos irracionalmente
impidían búsqueda de la verdad. 93
La sentencia Nº 255/1992 fue controvertida en Italia. Por un lado, habían juristas
que pensaban que opinión era sensata y pragmática, tal como se podría sostener en los
Estados Unidos que al margen de cualquier norma probatoria sobre declaraciones
previas inconsistentes, los jurados podrán usar las declaraciones sustancialmente en
cualquier caso si encuentran que el acusado está mintiendo. 94 Pero, por otro lado, hubo
críticas sobre dimensión constitucional de la decisión de la Corte porque principios tales
como la búsqueda de la verdad en el proceso no se encuentran recogidos en artículos
específicos de la constitución. 95 La sentencia parecía ser simplemente la opinión de la
Corte sobre el equilibrio apropiado entre la búsqueda de la verdad y la necesidad de un
procedimiento justo para los acusados, no una valoración derivada de la constitución.
Como las dos sentencias anteriores, ésta parecer ver las garantías procesales del código
como los obstáculos injustos en la batalla del Estado contra el crimen. 96
4. El parlamento unido contraataca en defensa de los principios acusatorios
4.1 Modificaciones al código como consecuencia de las sentencias de la
Corte Constitucional de 1992
Para ser justos con la Corte Constitucional, algunas cuestiones requieren ser
explicadas para comprender mejor el contexto en el que adoptó sus sentencias en 1992.
Estas surgieron en medio de un período en que la mafia parecía desafiar al gobierno por
el poder en todo Italia. En concreto, entre mayo y julio de 1992, dos fiscales públicos
estadounidenses más influyentes que nunca estuvo en la Corte Suprema estadounidense. Fuente:
en.wikipedia.org/wiki/Judge_Learned_Hand, consulta: 21 de junio de 2007.
92
6 F.2d 364 (2d Cir. 1925).
93
Véase Mirjan R. Damaska, Evidence Law Adrift 23 n.35 (1997).
94
Véase Angelo Giarda, Ci sono principi e principi: parola della Corte costituzionale, 9 Corriere
Giuridico 979, 984 (1992); Paolo Tonini, Cade la concezione massimalistica del principio di
immediatezza, 35 Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 1137 (1992).
95
Véase Paolo Ferrua, La sentenza costituzionale n. 255 del 1992: declino del processo accusatorio, 35
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale 1455 (1992); Giovanni Fiandaca, Modelli di processo e
scopi della giustizia penale, Foro It. 1992, I, 2023; Glauco Giostra, Un atto di indagine non utilizzabile
come prova: le “sommarie informazioni” di polizia giudiziaria nelle ipotesi dell’art. 513 c. 1 c.p.p., 38
Giur. Cost. 515 (1993); Giulio Illuminati, Principio di oralità e ideologie della Corte costituzionale nella
motivazione della sentenza n. 255 del 1992, 37 Giur. Cost. 1973 (1992).
96
Al parecer el trasfondo de la sentencia Nº 255/1992 fue un caso de asesinato en el que algunos testigos
habían declarado a la policía incriminando a los acusados, pero cuando fueron llamados a juicio, se
retractaron y pretendían no recordar nada.
23
importantes, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que habían procesado agresivamente
a líderes de la Mafia en Sicilia, fueron asesinados a pesar de que cada uno vivía con una
pesada custodia policial. El 20 de mayo de 1992, el auto de Falcone explosionó en una
carretera en Sicilia, muriendo junto a su esposa y tres policías que le brindaban
seguridad. 97 Dos meses después, el 18 de julio, Borsellino murió cuando un coche
bomba detonó fuera de su departamento mientras él entraba al edificio. Junto a
Borsellino, murieron cinco policías que lo custodiaban. 98
En respuesta al asesinato de Falcone, el gobierno dictó medidas de emergencia
el 8 de junio de 1992, reforzando las leyes contra la Mafia. 99 Esta legislación de
emergencia se volvió permanente cuando el parlamento aprobó la Ley Nº 356, del 7 de
agosto de 1992. 100 Esta ley reforzó los poderes de investigación de la policía en la lucha
contra el crimen organizado y aumentó severamente las penas a quienes se les
encontrara alguna vinculación con el mismo. 101
Mientras muchos en el ordenamiento jurídico se preocupaban en el modo en que
la Corte Constitucional había recortado las garantías acusatorias en el código de 1988, el
sistema político italiano tenía otras prioridades más apremiantes en ese momento. En la
sentencia Nº 24/1992, la corte había eliminado la limitación del inciso 4 del artículo 195
que prohibía a los policías testificar sobre declaraciones realizadas fuera de la corte que
fueran reunidas durante la investigación del crimen. Como no se modificó este inciso, la
sentencia se mantuvo vigente.
El parlamento tampoco hizo nada en ese momento ante las decisiones de la corte
en la sentencia Nº 254/1992 que derogaban el inciso 2 del artículo 513, el cual prohibía
la introducción en el juicio de declaraciones acusadoras de un coacusado contra el
acusado en aquellos juicios en donde el coacusado estuviera ejerciendo su derecho a
permanecer en silencio y rehusarse a testificar.
La única modificación legislativa que se llevó a cabo como consecuencia de las
tres decisiones de la corte en 1992 fue realizada al artículo 500, buscando suavizar el
impacto de la decisión de la corte. 102 La sentencia de la corte había declarado que las
limitaciones del inciso 3 sobre el uso sustantivo de declaraciones inconsistentes previas
eran inconstitucionales debido a que impedían irracionalmente la búsqueda de la verdad.
La versión modificada del artículo 500 establecía que las declaraciones de un testigo
emitidas previamente fuera de la corte podían usarse de manera sustancial si existía
evidencia que tendía a confirmar o corroborar esa declaración o si existían
circunstancias que sugerían que el testigo había sido amenazado, sobornado o
influenciado inapropiadamente de algún otro modo para no testificar correctamente en
la corte.
97
Véase David Lane, Palermo Polishes Its Image, Fin. Times (Londres), 2-3 Marzo de 2002, The Front
Line, p. 2.
98
Italian Cleric Suggets Sainthood for Slain Anti-Mafia Judge, BCC Monitoring, 18 de Julio de 2002, at
2002 WL 24356038.
99
Ley Nº 306, del 8 de junio de 1992, Racc. Uff 1992, IX 3264, Lex. 1992, I, 2445. Técnicamente, se
refiere a un Decreto-Ley, el cual difiere de una ley en su emisión pues es emitido por el Poder Ejecutivo y
no es aprobado por el legislativo.
100
Ley Nº 356 del 7 de agosto de 1992, Racc. Uff. 1992, X, 4060, Lex. 1992, I, 3002.
101
Idem.
102
Ley Nº 306, del 8 de junio de 1992, Racc. Uff 1992, IX 3264, Lex. 1992, I, 2445, artículo 7; Ley Nº
356 del 7 de agosto de 1992, Racc. Uff. 1992, X, 4060, Lex. 1992, I, 3002.
24
El resultado de las modificaciones al artículo 500 fue permitir el uso sustancial
de declaraciones inconsistentes previas en casos en los que los testigos habían sido
intimidados o influenciados inapropiadamente de algún otro modo para alterar su
testimonio en el juicio, pero la modificación no permitió un uso sustancial de
declaraciones inconsistentes en todo tipo de situación.
4.2 La modificación al artículo 513 en 1997 y su destino en la Corte
Constitucional
En 1997, el parlamento aprobó una modificación al artículo 513 del código,
referente a la admisibilidad de las declaraciones realizadas fuera de la corte por un
cómplice que estaba ejercitando su derecho a permanecer en silencio. 103 Esta
disposición originalmente protegía a los acusados contra pruebas indirectas pero fue
declarada inconstitucional en 1992 en base a que para descubrir la verdad, el juez debe
examinar tanta información como fuera posible sobre el delito. 104
Lo que el parlamento intentó en 1997 al modificar el artículo 513 fue mantener
el derecho del acusado de confrontar tales pruebas indirectas. La modificatoria del
artículo 513 señalaba que las declaraciones realizadas fuera de la corte por un cómplice
en ejercicio de su derecho a mantener silencio en juicio podía sólo usarse contra el
acusado en el juicio si éste lo consentía.
Debido a que era poco probable que muchos acusados desearan permitir que
fueran admitidas las declaraciones acusatorias que los cómplices realizaban ante la
policía, la modificación al artículo 513 fue un intento para deshacer las acciones la
Corte Constitucional de 1992. No sorprende que, la constitucionalidad de la
modificación del artículo 513 llegara a cuestionarse prontamente ante la Corte
Constitucional.
En la sentencia Nº 361/1998, 105 la corte declaró inconstitucional la modificación
del artículo 513, debido a que limitaba con demasiada severidad la admisibilidad en el
juicio de pruebas indirectas emitidas por un cómplice. La corte dispuso que incluso si
un acusado no había consentido la admisión de tales pruebas, éstas debían ser
admisibles en tanto hubiese otra evidencia que tendiera a corroborarlas.
La sentencia Nº 361/1988 fue el colmo en cuanto a las intenciones del
parlamento. Éste había intentado preservar los principios de confrontación y de
reinterrogación que constituían el corazón de los procesos acusatorios, pero la Corte
Constitucional no otorgó a estos principios la prioridad ni el peso que el parlamento
consideraba que merecían. El parlamento sólo contaba con una opción por tomar:
modificar la constitución.
4.3 La modificación constitucional para incluir principios acusatorios
103
Ley Nº 267 del 7 de agosto de 1997, Racc. Uff. 1997, XIII, 5330, Lex, 1997, I, 2549, artículo 1.
Véase la sección 3.2.2.
105
Corte cost., 2 de noviembre de 1998, Nº 361, Gazz. Uff. 1ª serie speciale, 4 de noviembre de 1998, n.
44, Foro It. 1998, I, 3441.
104
25
Al no poder proteger los principios acusatorios contenidos en el código de los
análisis constitucionales de la corte, el parlamento decidió cambiar la constitución. El
esfuerzo para reformar la Constitución fue denominado “la reforma del debido
proceso”. 106 Para modificar la constitución, el artículo 138 exige que la modificación
sea aprobada dos veces en un período de no menos de tres meses y por una mayoría
calificada en cada cámara del parlamento. 107 Ha sido notorio en Italia, desde la Segunda
Guerra Mundial, que muchos gobiernos no han podido mantener una coalición
mayoritaria en el parlamento como para mantenerse en el poder. Pero lo sorprendente es
que la reforma del debido proceso, que requería dos aprobaciones por mayoría absoluta
en cada cámara, fue aprobada con cierta rapidez. El hecho de que los partidos de
derecha e izquierda, en un sistema multipartidario, pudieran llegar a un acuerdo sobre la
necesidad de proteger mejor a los acusados muestra el deseo existente en Italia por
cambios en el sistema penal.
La reforma del debido proceso se consiguió mediante una modificación al
artículo 111 de la constitución italiana. 108 Los incisos añadidos al artículo 111 lo
convierten en un artículo muy largo en comparación a los demás artículos de esta
constitución. La modificación agregó cinco incisos que señalan lo siguiente:
1) Cualquier asunto judicial debe llevarse a cabo bajo el principio del debido
proceso.
2) Todo proceso debe garantizar a cada parte igual oportunidad de ofrecer
evidencias o contradecir evidencias frente a un juez imparcial. La ley
también garantiza que los procesos deben tener una duración razonable.
3) En el proceso penal la ley garantiza que el acusado debe ser informado en
privado sobre la naturaleza y las razones de los cargos que se le imputan tan
pronto como sea posible; que se garantice suficiente tiempo y condiciones
adecuadas para preparar su defensa; que se permita al acusado, antes que al
juez, la oportunidad para analizar o haber analizado cualquier testigo que
tuviera en su contra; que el acusado tiene el derecho a llamar testigos
favorables a juicio en igualdad con el ministerio público, así como el derecho
a producir cualquier otra evidencia a su favor; y a que el acusado pueda
recibir la asistencia de un traductor en el juicio si no entiende o habla en
lenguaje usado en éste.
4) El proceso penal se basa en el principio de que la evidencia debe mostrarse
en presencia de ambas partes y que cada una puede ofrecer evidencia
contraria y cuestionar la evidencia opuesta. No se puede probar la
culpabilidad del acusado en base a declaraciones de un testigo que a
propósito evitó ser analizado por el acusado o por su abogado.
5) La ley regula los casos en los que la evidencia no se presenta de modo que el
acusado pueda cuestionarla en el juicio cuando éste lo consiente, debido a la
106
Const. Law Nº 2 del 23 de noviembre de 1999; Gazz Uff. Serie generale, 23 de diciembre de 1999, n.
300, Lex. 1999, I, 4447.
107
El inciso 1 del artículo 138 establece que: “Las leyes que modifican la Constitución (…) deben ser
aprobadas por cada cámara del parlamento en dos deliberaciones consecutivas con intervalos de no menos
de tres meses, y deben ser aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara en la
segunda votación”.
108
Los incisos 1 al 5 son las “nuevas” partes del artículo 111 de la constitución italiana. Pero el artículo
111 tiene otros tres incisos sobre la presencia obligatoria de razones para cada decisión jurisdiccional y la
posibilidad de apelar en casación cualquier sentencia, así como medidas que restringen la libertad de las
personas en ciertas situaciones.
26
imposibilidad objetiva verificada o como resultado de una conducta ilícita
probada. 109
Estos cinco incisos del artículo 111 reproducen algunos de los principios
garantizados por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 110 En
esencia, lo que garantiza el artículo 111 a los acusados es el derecho a ofrecer
evidencias contrarias, el derecho a un juez imparcial, el derecho a un proceso de una
duración razonable, el derecho a confrontar y a reinterrogar a los testigos, y el derecho
al debido proceso.
Más específicamente, considerando las sentencias previas de la Corte
Constitucional, el artículo 111 dispone que no se puede probar la culpabilidad de un
acusado en base a declaraciones realizadas fuera de la corte por ningún acusador que no
ha sido sujeto a nuevo interrogatorio por el acusado (o su abogado). 111 Las únicas
excepciones son situaciones en las que el acusado ha consentido el uso de tales
declaraciones, en las que existe la imposibilidad objetiva de conseguir que los testigos
repitan su declaración (en caso, por ejemplo, de que el testigo hubiera muerto), o en una
situación en la que conductas ilegales hubieran imposibilitado tener el testimonio del
testigo en el juicio. La constitución dispone que en estas situaciones la ley determinará
el alcance de estas excepciones.
4.4 Modificando el Código para adecuarse al principio contenido en el
artículo 111
Habiendo cambiado el artículo 111 de la constitución, se mantenía pendiente la
reforma del Código Procesal Penal para que fuera conforme con los nuevos principios
constitucionales y para dar vida a los nuevos derechos establecidos por la
constitución. 112 Esta era una tarea difícil y todavía no termina. Pero la Ley Nº 63,
109
Idem, incisos 1 al 5 (según la modificación de 1999).
El artículo 111 modificado de la constitución italiana reproduce algunos de los principios establecidos
por el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho al debido proceso, el cual
señala: “1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un
plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por la Ley, (…) 2. Toda persona
acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.
3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos: a) a ser informado, en el más breve plazo,
en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada
contra él; b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa; c) a
defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo,
poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan; d)
a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el
interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo
hagan en su contra; e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla la lengua
empleada en la Audiencia.”
111
Un caso que surgió antes de la adopción del artículo 111 violó este principio y la Corte Europea de
Derechos Humanos sostuvo que Italia había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La
Corte remarcó que no se podía probar la culpabilidad de un acusado sólo sobre la base de declaraciones
realizadas por cómplices fuera de la corte durante la investigación, y que ejercieran luego su derecho a
mantener silencio en el juicio. Véase Luca v. Italy, 2001-II, Eur. Ct. H. R. 169.
112
Para afrontar los casos que se aproximaran a juicio en el período entre la modificación del artículo 111
y las modificaciones necesarias al código, el gobierno emitió el Decreto Legislativo Nº 2 del 7 de enero
del 2000 que luego fue convertido en la Ley Nº 35 del 25 de febrero del 2000. Ley Nº 35, del 25 de
febrero de 2000, Racc. Uff. 2000, I, 411, Lex, 2000, I, 815. Esta ley buscaba cubrir los casos que llegaban
a juicio en el ínterin.
110
27
aprobada por el congreso el 1 de marzo del 2001, modificó varios artículos del Código,
especialmente los referentes al modo en que debía conseguirse la evidencia en el juicio
para estar acorde con lo que se conoce actualmente en Italia como el derecho
constitucional del acusado a confrontar y reinterrogar a sus acusadores y a desafiar en la
corte la evidencia en su contra. 113
Entre los muchos artículos cambiados se encontraban los que la Corte
Constitucional había declarado inconstitucionales en 1992. El artículo 195 del código de
1988, que la Corte había considerado deficiente debido a que no permitía a los agentes
de policía que relataran en los juicios la sustancia de las declaraciones emitidas fuera de
la corte por los testigos interrogados durante la etapa investigatoria, fue cambiado para
ser más consistente con la disposición original previa a la sentencia constitucional Nº
24/1992. El inciso 4 del artículo 195, en su actual versión modificada, señala que los
miembros de la policía no pueden testificar sobre el contenido de las declaraciones
realizadas fuera de corte por testigos, durante las investigaciones preliminares. 114
El inciso 3 del artículo 500 del código de 1988, que había sido declarado
inconstitucional por la Corte Constitucional debido a que no permitía que se emplearan
declaraciones inconsistentes previas de testigos, fue modificado a una versión parecida a
la original. La nueva versión establece que una declaración realizada fuera de la corte se
puede usar para impugnar a un testigo en juicio sólo para ponderar la credibilidad del
testigo y no como evidencia sustancial del delito. 115 La excepción a esta prohibición de
uso sustancial es la situación en la que existe evidencia en el juicio que sugiere que el
testigo fue sometido a violencia, amenazas, o soborno para alterar su testimonio en el
juicio. 116 En esas situaciones, las declaraciones previas pueden ser usadas como
evidencia sustancial. 117 Para otros casos, el artículo 500 limita el uso de declaraciones
inconsistentes previas a situaciones muy específicas. 118
La reforma del artículo 513, que originalmente protegía a los acusados de ser
sentenciados sobre la base de declaraciones realizadas fuera de la corte por un cómplice
que ejercía su derecho a mantener silencio en el juicio y rehusaba testificar es más
complicada de describir debido a que implicaba reescribir varios artículos en el código
así como añadir una nueva disposición. 119 Los cambios diseñados para asegurar el
113
Véase Paolo Ferrua, L’attuazione del giusto processo con la legge sulla formazione e valutazione
Della prova, 7 Diritto Penale e processo 858 (2001); véase Giusto Proceso, Nuove norme sulla
formazione e valutazione Della prova (Paolo Tonini ed., 2001).
114
C.p.p. art. 195, inc. 4. El cambio al artículo 195 fue realizado por el artículo 4 de la Ley Nº 68, del 1 de
marzo del 2001.
115
C.p.p. art. 500, inc. 2.
116
Idem, inc. 4.
117
El inciso 5 del artículo 500 establece que cuando una parte sostiene que un testigo ha sido intimidado o
influenciado en su testimonio, el juez debería determinar ese punto. Idem, inc. 5.
118
Dos de aquellas excepciones ocurren cuando la declaración inconsistente previa fue obtenida en una
audiencia preliminar y cuando las partes acuerdan el uso sustancial de las declaraciones impugnadas.
Idem, incisos 6 y 7.
119
Entre los artículos que se cambiaron en el código para proteger el derecho de los acusados a confrontar
a sus acusadores se encontraban los artículos 12, 64, 197, 210, 500, 503 y 513. Para una exposición
completa de estos cambios en el código, véase Ennio Amodio, Giusto processo, diritto al silenzio e
obblighi di verità dell’imputato sull fatto altrui, 41 Cassazione Penale 3587 (2001); Paolo Tonini,
Reforma del sistema probatorio: un’attuazione parziale del “giusto processo”, 7 Diritto Penale e
processo 269 (2001); Daniela Vigoni, Ius tacendi e diritto al confronto dopo la l. n. 63 del 2001: hipótesis
ricostruttive e spunti critici, 8 Diritto Penale e Processo 98 (2002).
28
derecho de todo acusado a confrontar a sus acusadores se realizaron sobre
aproximadamente diez artículos diferentes del código. 120
El principal objetivo de este amplio esfuerzo de reforma fue asegurar el derecho
de confrontación en los casos en los que la declaración era dada por un coacusado. El
inciso 3 del artículo 500, que acabamos de describir respecto del uso de declaraciones
inconsistentes previas contra testigos, también tiene que ver con el problema del uso de
las declaraciones de un cómplice contra un acusado. El inciso señala que si un
coacusado durante el juicio se rehúsa a responder y ejerce su derecho a mantenerse en
silencio, sus declaraciones previas realizadas fuera de la corte no pueden usarse como
evidencia sustancial contra el acusado (a menos que el acusado lo consienta). 121
Otro artículo adoptado para proteger el derecho de confrontación del acusado
fue el 256, inciso 1, que reitera lo dispuesto por el artículo 111, inciso 4 de la
Constitución, estableciendo que “la culpabilidad del acusado no puede basarse en las
declaraciones realizadas fuera de la corte por cualquier persona que voluntariamente
evita ser examinada por el acusado o su abogado”. 122
El cambio en la constitución italiana, así como la revisión en profundidad del
Código Procesal Penal ha dejado muchos temas todavía sin resolver. Pero incluso en las
etapas iniciales de las reformas que se necesitarán para proteger las garantías numeradas
en el artículo 111 de la constitución, es claro que el panorama legal ha cambiado de
modo que las posibilidades de que sobreviva el experimento acusatorio italiano han
mejorado.
Por un lado, existen fuertes indicios de que la Corte Constitucional percibe el
código de manera muy diferente como el resultado de la adición del artículo 111 a la
constitución y que algunas de sus decisiones anteriores se resolverían hoy de manera
muy diferente si llegaran a la Corte. Incluso antes de la aprobación de las reformas la
código en el año 2001, en una sentencia en que la Corte analizaba un tema vinculado al
anterior artículo 513 sobre la admisibilidad de declaraciones de un coacusado, la corte
fue cuidadosa en anotar que las nuevas cláusulas constitucionales en el artículo 111 son
ahora el estándar con el que se debe evaluar la constitucionalidad de las normas del
código. 123 Más específicamente, la corte ha anotado que ahora existe un nuevo derecho
de confrontación en la constitución y, como resultado, la corte señaló que “el panorama
normativo ha cambiado radicalmente”. 124
En otra decisión legada el mismo día, la Corte remarcó que el derecho de
confrontación provisto por las nuevas disposiciones constitucionales implicaban que sus
interpretaciones previas sobre el artículo 512 ya no eran correctas debido a que ya no
eran compatibles con las nuevas normas constitucionales. 125
120
Véase Idem.
C.p.p. art. 500, inc. 3.
122
C.p.p. art. 526, inc. 1.
123
Corte Cost, 25 de octubre de 2000, n. 439, Gazz. Uff. 1ª serie speciale, 2 de noviembre de 2000, n. 45.,
Foro It. 2001, I, 40.
124
Idem.
125
Corte Const., 25 de octubre de 2000, n. 440, Gazz., Uff. 1ª serie speciale, 2 de noviembre de 2000, n.
45, Foro It., 2001, I, 40.
121
29
Más recientemente, en febrero del 2002, se preguntó a la Corte Constitucional
sobre la legitimidad del artículo 500, que había sido cambiado por la Ley Nº 63 de
2001. 126 La Corte señaló que, en su opinión “el artículo 111 ha elevado a nivel
constitucional el derecho del acusado a cuestionar la evidencia contra él en un
juicio”. 127 La corte luego señaló que esto significa que el juicio es, en Italia,
impermeabile, es decir que las declaraciones realizadas fuera de la corte no pueden ser
permitidas en el juicio como evidencia contra el acusado cuando éste no ha tenido
oportunidad de confrontar y cuestionar a quien realiza esas declaraciones.128 La
evidencia contra un acusado debe desarrollarse en el juicio de modo que el acusado
tenga una oportunidad de analizarla y ofrecer otra evidencia que la contradiga.
5. Conclusiones
Italia es todavía uno de los países más importantes para el estudio comparatista
en la actualidad. Cómo mezclar una herencia del civil law con derechos propios de un
sistema fuertemente acusatorio, tales como la confrontación y el reinterrogatorio es un
problema difícil y fascinante. Se trata también de un problema que será afrontado cada
vez más en el futuro en la medida que los jueces de distintas tradiciones jurídicas se
encuentren en nuevas instituciones legales, tales como la nueva Corte Penal
Internacional y otros tribunales penales, y necesiten elaborar procesos que deban
comprometerse con tradiciones jurídicas individuales.
Como se ha podido apreciar en este artículo, en Italia no se tenía otra opción que
mezclar dos grandes tradiciones jurídicas: la tradición del civil law y la del common
law. Italia desea proteger valores acusatorios y minimiza la importancia del expediente,
pero a la vez quiere retener características propias de su herencia del civil law, tales
como el papel judicial que desempeña el fiscal público y el derecho de los agraviados a
participar en los procesos penales.
La sorprendente historia que este artículo ha relatado es la de un Código
Procesal Penal que abrazó algunos cambios de principios pero que en esencia fue
deshecho por una Corte Constitucional que colocaba un gran valor en la búsqueda de la
verdad en el juicio. Esta Corte era reacia, quizá comprensiblemente debido a la tradición
del civil law en Italia, a ver a los jueces privados de evidencia importante al momento
del juicio. Pero los italianos superaron este problema colocando garantías acusatorias en
la constitución misma.
Lo que ocurrirá en los próximos años con el sistema acusatorio italiano no puede
ser previsto por nadie con certeza pues varias de las disposiciones modificadas en el
2001 fueron puestas en consideración de la Corte Constitucional. Pero ciertamente las
garantías acusatorias en el código tienen ahora mayor protección que en 1988. Como la
misma Corte Constitucional observó con posterioridad a la incorporación de los nuevos
126
Véase Ley Nº 63, supra nota 114.
Corte Const., 26 de febrero de 2002, n. 36, Gazz. Uff. 1ª serie speciale, 6 de marzo de 2002, n. 10, 47
Giur Cost. 320 (202).
128
Véase también Corte Const., 26 de febrero de 2002, n. 36, Gazz. Uff. 1ª serie speciale, 6 de marzo de
2002, n. 10, 47 Giur Cost. 280 (202); Paolo Ferrua, La regola d’oro del processo accusatorio:
l’irrilevanza probatoria delle contestazioni, en Il Giusto Processo tra contraddittorio e dirrito al silenzio,
22-24 (Roberto E. Kostoris ed. 2002).
127
30
derechos de los acusados en el artículo 111, “el panorama normativo (…) ha cambiado
radicalmente”. 129
129
Corte Const., 25 de octubre de 2000, n. 440, Gazz., Uff. 1ª serie speciale, 2 de noviembre de 2000, n.
45, Foro It., 2001, I, 40.
31
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