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la cárcEl como EsPacio dE dE-socialización ciudadana: ¿fracaso
Biblid [1578-0236 (2011) XI-1, 49-60]
La cárcel como espacio de de-socialización
ciudadana: ¿fracaso del sistema
penitenciario español?
The Prison as a De-socializing Space:
A Failure of the Spanish Penitentiary System?
Chaime Marcuello-Servós, Jesús García-Martínez
Universidad de Zaragoza. España
Resumen
abstract
palabras claves
keywords
Este trabajo aporta una serie de datos empíricos que
muestran el fracaso de la institución penitenciaria
en España a la hora de logar el objetivo de la socialización y/o re-socialización de los internos, como así
lo reflejan los índices de reincidencia penitenciaria.
La supuesta función (re)insertadora de la prisión
se devalúa, para adquirir otra ¨plusvalía¨, la de
legitimar ideológicamente la desviación social en
aras de un orden establecido. Se ha recurrido a una
aproximación cualitativa y cuantitativa, sobre una
muestra de 396 internos de los centros penitenciarios aragoneses. Los resultados apuntan que si bien
el objetivo formal es la rehabilitación social, lo que
termina por imponerse es la consolidación de las
identidades prisionizadas a modo de una “desocialización ciudadana”.
Prisionización. Reincidencia. Desocialización. Construcción social ciudadana.
This paper aims to provide a set of empirical data
that show the failure of the penal institution in
Spain towards the goal of socialization and/or resocialization of the inmates, as shown by prison
recidivism rates. The role of prisons as institutions
for the reinsertion of criminals is devalued as it gets
the ¨added value¨ of legitimizing the ideological
deviation from a given social order. Qualitative and
quantitative methodology was used on a sample of
396 inmates from Aragonese penitentiary centres.
The results show that although social rehabilitation
is supposed to be the main objective of the penitentiary sytem, the reality is that “prisoning” identities
are reinforced as some kind of “de-socialized citizenship.”
“Prisoning”. Recidivism. De-socialization. Citizen
Social Construction
Recibido: 2010.11.09. Revisado: 2010.11.18.Aceptado: 2011.04.11.
Publicado: 2011.04.29.
Correspondiencia: Chaime Marcuello Servós. Área de Trabajo Social y Servicios Sociales. Dpto. Psicología y Sociología. Universidad de Zaragoza. Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. C/ Violante de Hungría, 23. 50009 ZARAGOZA. E-mail: [email protected]
Portularia Vol. XI, Nº 1, [49-60] issn 1578-0236
DOI:10.5218/prts.2011.0005
Chaime Marcuello-Servós • Jesús García-Martínez
Introducción
Como punto de partida entendemos que es oportuno recordar la relación entre prisión y criminalización de la pobreza, intentado ir más allá de las tesis
ya conocidas de Michel Foucault. En su momento,
este autor puso de relieve el hecho histórico de que
el castigo disciplinario presenta una naturaleza correctiva a partir de la aplicación de un sistema organizado sancionador. La prisión cumplía, desde
su creación, esta función y esencia controladora…
que otros han considerado como una “institución
total” (Farrington, 1992; Pérez Guadalupe, 2000).
En cualquier caso, la institución penitenciaria no
deja de ser una estructura disciplinaria agobiante y
exhaustiva. Foucault lo identificaba con el cumplimiento de penas en “arquitecturas masivas”, en las
que se produce una “democratización” de los castigos infligidos (Foucault,1990).1
A pesar de las transformaciones y de los intentos
de introducir mejoras, en la actualidad, el sistema
penitenciario sigue siendo el subsistema marginal
y marginador que siempre fue. En este sentido, la
asociación foucaultiana entre delitos contra la propiedad y determinados sectores de la población más
vulnerable sigue siendo una realidad social constatable, como así lo muestran nuestros datos2 y otros
trabajos y autores (Álvaro Cálix, 2007) (Azaola, E.,
Bergman, M., 2007)
Por un lado, asistimos al encubrimiento de los
procesos estructurales que generan marginación,
contribuyendo, por otro lado, a la construcción social de la justificación ideológica de las asimetrías
sociales. Partimos del hecho contrastado de que son
las personas más vulnerables, social y económicamente, las que terminan por ingresar en las instituciones carcelarias.
La cárcel, o mejor dicho, el “sistema judicial penitenciario” —organismos de justicia, cuerpos de
seguridad, administración penitenciaria— forma un
corpus, un todo, un sistema socialmente construido.
Como tal, es la respuesta de la sociedad ante unos
fenómenos sociales que, por una parte, “amenazan”
el orden instituido. Por otra, es una respuesta que
crea exclusión social, su efecto inmediato y directo
es la institucionalización de la marginación. Es decir,
no se trata de una actuación inclusiva sino segregativa y excluyente, la cual se orienta a la reproducción
del orden social y mantenimiento del statu quo.
El sistema penitenciario vigente va creando una
urdimbre institucional de control racional y fiscalizador con el objetivo de neutralizar a los sujetos
50
privados de libertad. En estos ámbitos la supuesta función (re)insertadora de la prisión se devalúa
—pierde su valor intrínseco— para adquirir otra
“plusvalía” la de legitimar ideológicamente la desviación social en aras de un orden establecido.
Aquí es donde se encierra la principal falacia
del sistema penitenciario: mientras que el objetivo
formal —y retórico— es la rehabilitación social, el
resultado práctico es la de-socialización. Lo cual parece encajar con otras “funciones” dentro de nuestro
sistema social. Si se opta por la etiqueta postmoderna parece que nuestras pautas obedecen a los criterios de consumo donde se es en función del poder
adquisitivo, mediante el cual la capacidad de consumo va construyendo y afianzando el concepto social
de ¨ciudadanía integrada¨. (Sáez Valcárcel, 2004).
Esto nos lleva a plantear la siguiente pregunta
¿Qué “aporta” la prisión? Sostenemos que la permanencia prolongada en los centros penitenciarios va
a ocasionar, de modo inevitable, la consolidación
de los fracasos anteriores y el anticipo reforzado de
los fracasos futuros. Las condiciones sociales del entorno carcelario acarrean, sin duda alguna, tensiones psicosociales en el marco de las estructuras de la
personalidad de cada sujeto —actitudes, motivaciones y valores—.3
Este tipo de instituciones totales presentan, al
menos, las siguientes características: (a).sometimiento inapelable y coercitivo a la autoridad jerárquica; (b).separación efectiva del modo o contexto
de procedencia; (c).las diferentes necesidades están
cubiertas, junto con una regulación pormenorizada
de los aspectos de la vida cotidiana; (d).se pretende
domesticar la personalidad del sujeto; (e).se tiende a
ir eliminando las distinciones entre ámbito de ocio
y de ocupación.
De este modo, lo que podemos denominar como
el “yo marginal” se va transformando en un “yo prisionizado”, en el que se limitan las opciones para
una posible normalización social futura. Si bien los
niveles de prisionización se incrementan progresivamente en los sujetos, los cuales se orientan habitualmente hacia modos de conducta social desviada, no hay que entenderlo como un determinismo
rígido en el que se anulen los procesos de cambio
actitudinal, sino como un proceso de socialización
secundaria, por lo tanto reversible.
Sin ningún género de dudas, podemos sostener
que el sistema penitenciario español y, por ende, cualquier sistema penitenciario equivalente reproduce
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La cárcel como espacio de de-socialización ciudadana: ¿fracaso del sistema penitenciario español?
dentro de su dinámica cotidiana, en mayor o menor
grado, los procesos específicos de las instituciones
totales (Núñez Vega, 2007). De esta forma, la adopción de los usos y costumbres propios de la cárcel, va
consolidando las identidades personales prisionizadas. Esto se traduce en un proceso individual donde se va interiorizando de forma progresiva la (sub)
cultura carcelaria. En cualquier caso, de este modo
se provoca en la persona privada de libertad unos
niveles de autoestima extraordinariamente bajos. Ya
que se dan en la vida ordinaria carcelaria poderosos
factores que, de forma inexorable, van cronificando
las consistencias actitudinales y pautas de conducta
propias del mundo de la prisión. Todo esto conlleva para la percepción de la persona encarcelada una
“judicialización” de sus conductas; lo que podemos
denominar como la “sobrecondena” del interno.
Cuando hablamos de la cárcel como espacio social de una evidente “asimetría del poder”, partimos
del postulado de que el código orden//desorden resulta ser manifestación de la misma realidad social.
Sin embargo, en nuestra sociedad —con una pluralidad evidente— no existe un “orden social único
de valores”, por lo que es más adecuado hablar de
un orden social dominante, es decir, las costumbres
y valores que son aceptados de forma mayoritaria
o que se fomentan desde el poder (Torrente,2001:
28).4 La cuestión entonces es clarificar quiénes son
los desviados y quiénes son los controladores de un
orden social dominante, que se fomenta desde su
ejercicio del poder. Estos últimos son quienes establecen las reglas y normas, así sus relaciones de poder son las que van determinando la vida cotidiana
de las sociedades y colectivos humanos.
Desde esta óptica, el propio Código Penal vigente
es la expresión política de un sistema de democracia
—¿autoritaria?—, donde la estructura formal de estos instrumentos legales responde al objetivo de enjuiciar únicamente los comportamientos a castigar,
olvidando el debate sobre lo que entendemos como
cuestión básica: el carácter destructivo y alienante
que resulta de la aplicación penal de estos instrumentos legales (Sáez Valcárcel,1996). En este sentido
las leyes penales, —valga la redundancia—, penalizan todo tipo de discrepancias posibles: ya sea por
su discrepancia ideológica, ya sea por la percepción
social de peligro y de incomodidad que generan en la
sociedad de la opulencia los fenómenos de pobreza o
exclusión (Gracia Martin, 2003).5 Se aísla sistemáticamente a los “sujetos peligrosos”, de tal modo que
la percepción social generalizada es que el fenómeno
de la delincuencia es únicamente un problema de or-
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den público. Para ellos se gestionan los espacios y los
tiempos necesarios para el mantenimiento del orden
social establecido y sancionado por las leyes.
Metodología
Los datos que tenemos de la población reclusa
en Aragón son los correspondientes a hombres y
mujeres ingresados en los Centros Penitenciarios de
Zuera, Daroca y Teruel que hacen un total de 2.434
personas presas.6
El planteamiento metodológico empleado combina la aplicación de una serie de técnicas de investigación cuantitativas (encuesta y procesamiento de
datos existentes) y cualitativas (entrevistas abiertas
exploratorias y entrevistas semiestructuradas). Esto
es así porque entendemos que es la mejor opción
para intentar abarcar la intrínseca complejidad del
fenómeno objeto de estudio.
En el trabajo de campo se consideró como universo de estudio el conjunto de la población reclusa
de todos los centros penitenciarios de la Comunidad
Autónoma de Aragón. La selección de la muestra se
llevó a cabo a partir del método de afijación proporcional, en base a los listados actualizados de internos que la propia administración proporcionó en el
momento de realizar el trabajo. La información de la
muestra de los sujetos se obtuvo a través de técnicas
de análisis de contenido de las diversas fuentes documentales disponibles.
Dichas fuentes de información las constituían
los propios expedientes penitenciarios que se desglosaban en: Propuestas de Clasificación y Destino
(PCD), Expedientes Penitenciarios (EP), Expedientes de Protocolo del Interno (EPI), y las Vicisitudes
Penitenciarias (VI). En cualquier caso, se trataron
de recoger los datos disponibles más actualizados.
Resultados
Tipología delictiva representativas
Si analizamos los datos oficiales, proporcionados
por las propias instituciones penitenciarias relativas
a los diferentes tipos de delitos cometidos por las
personas que están ingresadas en el conjunto de las
prisiones de la Comunidad Autónoma de Aragón7
observamos un dato relevante, a la par que significativo, que destaca sobre todos los demás: los delitos
que atentan contra el patrimonio económico —es
decir, los delitos contra la propiedad— presentan
una notable visibilidad con un 52.6%. De ahí que
asociemos la extracción social de los internos —am-
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Chaime Marcuello-Servós • Jesús García-Martínez
bientes de marginalidad, carencia de recursos educativos, laborales, falta de habilidades sociales, etc.— y
la comisión de delitos de naturaleza económica.
El segundo dato que destaca sobre el resto de los
delitos sancionados son los que hacen referencia a la
salud pública —31.5%—. Este dato se correlaciona
de forma casi “automática” con la adicción a los estupefacientes en distintas formas de drogodependencia
por parte de las personas en la comisión de delitos
contra la salud pública. Es lo que también se llama
menudeo, como recurso al comercio en pequeña escala para financiarse el propio consumo personal.
En unos porcentajes mucho menores registramos
los delitos de índole violenta —homicidios 5.3%;
asesinatos 2.2%—. Este dato es significativo porque
desmonta la percepción social de la sociedad con el
recluso, definiéndolo como un sujeto de naturaleza
extremadamente violenta. La realidad no es así, por
lo que habrá que distinguir entre aquellas personas
con un perfil especialmente agresivo, que es minoritario; y aquellos sujetos inmersos en estos ambientes
carcelarios de violencia.
Gráfico 1
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Área de Régimen de los CCPP de Aragón a 31/12/2007
Una tipología delictiva en la que se observa una
cierta tendencia al alza, es la de aquellos delitos
que atentan contra la integridad y la libertad sexual
—agresiones sexuales 4.1%, abusos sexuales 0.6%—.
Aunque hemos de insistir que se trata de un tipo de
delito que —en valores porcentuales no es particularmente significativo en el conjunto de la comisión
delictiva—, sí que tiene un especial eco y repercusión
en la sociedad. Ya que son precisamente estos delitos
los que crean la llamada “alarma social”; alimentando
esta reacción colectiva los medios de comunicación
social cuando ofrecen un tratamiento excesivamente
sensacionalista del tema. En la mayoría de las ocasiones, produciendo un efecto distorsionador en la
percepción objetiva del hecho acontecido.
52
Curiosamente la comisión de hechos delictivos
contra la hacienda pública y la seguridad social
—0.08— y contra el derecho de los trabajadores
—1.0%— en el conjunto de las conductas penalizadas, son prácticamente mínimos… cuando sabemos
que este tipo de conductas están mucho más generalizadas en el conjunto del cuerpo social. Esto ratifica nuestro planteamiento inicial al referirnos a la
“selectividad” del sistema de justicia penitenciaria, a
la hora no tanto de tipificar formalmente los hechos
delictivos, sino al perseguirlos, todos los delitos, con
el mismo rigor y peso de la ley vigente.
Esta información nos permite sugerir la estrecha
relación entre el perfil de preso: procedencia de ambientes de exclusión social, sin formación ni habiliPortularia Vol. XI, Nº 1, [49-60] issn 1578-0236
La cárcel como espacio de de-socialización ciudadana: ¿fracaso del sistema penitenciario español?
dades laborales con escasos recursos económicos y
los delitos cometidos contra la propiedad.
En lo que respecta aquellos delitos contra la
seguridad colectiva —tráfico de sustancias estupefacientes— se registra la asociación entre la comisión de delitos contra la salud pública y la persona
consumidora habitual y dependiente de sustancias
psicotrópicas. Ésta recurre, habitual u ocasionalmente, a la vida delictiva para financiarse su propio
autoconsumo, si bien puede ser que sea dentro de
la cárcel cuando comienzan a recibir un tratamiento
terapéutico de su adicción.
El dato de los delitos contra la libertad sexual resulta ser revelador, ya que la percepción social está
sobredimensionada. Con los datos en la mano, los
delitos de naturaleza sexual son menores de lo que
la misma sociedad cree que se producen. Esta creencia errónea suele estar alimentada de un modo excesivamente sensacionalista por los medios de comunicación social especialmente de los audiovisuales.
Análisis descriptivo de la reincidencia penitenciaria
Partiendo de los datos disponibles relativos a los
índices de reincidencia —esto es, “que al menos hayan tenido un ingreso previo en una prisión española”—, ésta corresponde con un valor del 49,0% del
total de la población reclusa8 siendo el porcentaje
restante —51%— el que corresponde a los reclusos
que solo han sido encarcelados una vez. Sin embargo, de acuerdo a los datos oficiales aportados por los
tres centros penitenciarios de Aragón este índice es
aún superior al constatado por nosotros, y con diferencias sustanciales en cada uno de esos centros.
El fiel de la “balanza penitenciaria” se inclina
—marcando toda una tendencia—, hacia el lado de
la reincidencia según datos oficiales.9 Por ejemplo
en el C. P. de Zuera, la tasa de reincidencia es de
63.8%. De este porcentaje total de internos reincidentes, los varones representan ser el 93.1%; dato
que está en lógica proporción con el peso específico
de la población penitenciaria masculina.
Gráfico 2
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Área de Régimen de los CCPP de Aragón a 31/12/2007
Estos datos reflejan unas asociaciones significativas entre la variable de reincidencia y la variable
tipología delictiva. De este modo, los internos cuyas
condenas más altas corresponden a delitos contra la
propiedad son los que presentan unos valores más
altos de reincidencia —70.1%—. Por otro lado, esta
tendencia baja notablemente en el caso de aquellos
internos cuya condena más alta corresponda a un
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delito contra la seguridad colectiva siendo los internos reincidentes un 24.4% de ellos.
Los niveles de reincidencia contribuyen a un
efecto nada deseable: el hacinamiento de la población reclusa en los centros aragoneses y del conjunto
de la población reclusa penitenciaria española. Aunque, a nuestro juicio, la solución a la masificación
de los centros no reside tanto en la construcción
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Chaime Marcuello-Servós • Jesús García-Martínez
de otros nuevos, —que en realidad son verdaderas
macro-cárceles y cuya efectividad (re)socializadora
es mínima—, cuanto en el diseño de oportunas políticas y recursos de cumplimiento alternativo. Aún
siendo conscientes de las limitaciones y disfunciones de las mismas, entendemos que, hoy por hoy, es
la única alternativa válida a las medidas de privación
de libertad. Ya que la cárcel debería de representar la
última medida en los sistemas de control social que
penalizan el incumplimiento normativo establecido
por la sociedad y sancionado por el Estado
Análisis interpretativo de la reincidencia penitenciaria
Si efectuamos un estudio más pormenorizado de
la reincidencia, con la ayuda de los datos de los que
disponemos,10 podemos considerar los siguientes
valores: un 51.0% representa ser su primer ingreso
en prisión; con dos ingresos en prisión se corresponde el 18.7% del total de internos. La cifra decrece
hasta el 8.6% en el caso de aquellas personas que
han entrado tres veces en la cárcel. En un último
segmento de ingreso, diríamos que el 7.6% de los
reclusos ha ingresado en prisión 4 o más veces. Del
resto de internos no consta información en los expedientes sobre el número de entradas en prisión.
Es interesante constatar la edad del primer ingreso en prisión, ya que ésta es una variable significativa en las probabilidades de volver a ingresar en un
establecimiento penitenciario y, consiguientemente,
afianzar su trayectoria de perfil prisionizado.
Gráfico 3
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Área de Régimen de los CCPP de Aragón a 31/12/2007
Los datos de los que disponemos muestran la asociación que se establece entre la existencia de adicciones y la comisión de delitos contra la propiedad.11
Se observa que los internos con un perfil personal
“drogodependiente” cometen más delitos contra la
propiedad que aquellos internos que no presentan
perfil de consumo o dependencia. Por otra parte, un
54.7% de los internos con adicciones tiene su condena más alta por un delito contra la propiedad; en
cambio la estimación baja a un 35.8% de internos sin
adicciones en la comisión de delitos contra la propiedad. Esto nos permite concluir que la motivación
última de estas conductas delictivas es la de procurarse de una forma inmediata los recursos económicos necesarios para mantener su propio consumo de
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sustancias estupefacientes. Por eso se puede decir
que en la etiología de estas conductas desviadas lo
que se da es una problemática de salud del sujeto
drogodependiente con una consecuencia previsible:
aumento de las tasas delictivas contra la propiedad
—robos, hurtos, etc.—. No debemos olvidar que en
cualquier tipo de intervención social no se han de
confundir las causas con los síntomas y, en el caso
que nos ocupa, esta exigencia es fundamental.
Análisis de tendencias y perspectivas de reincidencia
Otro dato a tener presente es el número de años
en libertad que disfruta la persona desde su última
excarcelación. Resulta francamente revelador el dato
Portularia Vol. XI, Nº 1, [49-60] issn 1578-0236
La cárcel como espacio de de-socialización ciudadana: ¿fracaso del sistema penitenciario español?
de que el 57.7% de las personas privadas de libertad que han reincidido, en el plazo de dos años o
menos han vuelto a prisión. Lo cual pone más que
en evidencia el fracaso del objetivo presuntamente
(re)socializador de la prisión; donde se produce la
progresiva criminalización de los sectores sociales
que se encuentran con una mayor exposición a las
dinámicas de producción y de reproducción de la
exclusión social.
Respecto a las personas privadas de libertad en
los Centros Penitenciarios observamos que, en la
generalidad de los casos, se dan una serie de rasgos
comunes o muy semejantes entre sí:
(i).la procedencia de ámbitos de exclusión social, en la que se detecta una transmisión generacional de la llamada subcultura de la pobreza;
(ii).inexistencia efectiva de igualdad de oportunidades educativas o laborales con el resto
de la población de ahí que nos refiramos a al
carácter estructural de la marginación social;
(iii).acumulación de fracasos: fracaso familiar,
escolar, afectivo, socializador, institucional,
formativo, laboral…
Se muestra una cierta vulnerabilidad intrínseca que se presenta en todas las dimensiones mencionadas. Con toda probabilidad, predispone a la
emergencia y consolidación de conductas desviadas
socialmente. Este denominado “proceso de criminalización de la pobreza” conlleva como consecuencia
casi inevitable el ingreso y permanencia en el “circuito carcelario”, como refleja la gráfica siguiente:
Imagen 1
Fuente: elaboración propia.
Considerando los datos de los que disponemos
respecto al tiempo de libertad desde la última excarcelación para aquellos internos que han entrado más
de una vez en prisión, nos encontramos con que la
duración media del periodo en libertad desde la úlPortularia Vol. XI, Nº 1, [49-60] issn 1578-0236
tima salida de prisión es de 18.4 meses. Es muy preocupante que el 31,5% de la población penitenciaria
reincidente de los centros aragoneses han regresado
a la prisión en un plazo máximo de 6 meses después
de su última salida de la cárcel.
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Chaime Marcuello-Servós • Jesús García-Martínez
Gráfico 4
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Área de Régimen de los CCPP de Aragón a 31/12/2007
Esto entendemos que nos obliga a reflexionar
sobre la extrema vulnerabilidad de un tercio de los
hombres y mujeres privados de libertad.
Se puede afirmar que los seis primeros meses,
—cuando el sujeto sale del centro penitenciario y
recupera la libertad—, son determinantes para que
pueda disponer de las mínimas oportunidades para
integrarse en la sociedad. El problema se agudiza en
aquellos sectores de la población encarcelada que
carecen de los suficientes apoyos y recursos. Son
personas donde la vulnerabilidad social se pone en
evidencia, cuya consecuencia previsible es el probable reingreso en prisión, aunque siempre existen
factores personales que favorecen una reinserción
social del propio sujeto.
Por otra parte, el porcentaje disminuye sensiblemente en el lapso temporal entre 7 y 12 primeros
meses, con el 9.5% de las personas excarceladas
reincidentes. Aunque lo que llama la atención es el
dato de que un 16.7% de los presos reincidentes han
regresado a prisión entre el primer y el segundo año
de su salida. Lo cual vuelve a reforzar la tesis de la
existencia de un sector de la población penitenciaria, más de la mitad, que se encuentra, no en una
situación coyuntural o episódica de pobreza, sino
en una verdadera situación estructural de extrema
vulnerabilidad social.
Una conclusión inmediata es la urgencia de la
intervención social tanto de las instituciones del Estado como de las organizaciones de la sociedad en
56
los dos primeros años de la excarcelación. En realidad cuanto más inmediata sea la intervención de los
agentes sociales más garantías habrá de la efectividad de dicha intervención o del conjunto de acciones, propuestas, recursos, etc. encaminados al objetivo de la normalización y de la reinserción social de
estas personas.
Conclusiones
La “de-construcción” ciudadana del preso
En la prisión se da un proceso educativo “desocializador” que comienza con la misma dinámica
social de selección de las personas que acabarán en
prisión, manifestándose en un doble plano, primero
de discriminación y, después, de exclusión. El sistema policial y jurídico penal criminaliza la marginalidad (Manzanos,1991: 90-91). La adaptación del
sujeto encarcelado al entorno anormal de un establecimiento penitenciario —donde se produce un
paradójico por inexistente control sobre la propia
vida— supone, entre otras cosas, una delegación
constante de decisiones que afectan a su proyecto
vital a otras instancias. Esta acción “de-socializadora” del conjunto de instituciones penitenciarias
ocasiona en estos sujetos una evidente ausencia de
expectativas de futuro, una ausencia de responsabilidad en sus actos, junto con una intensa pérdida de
vinculaciones sociales.
Portularia Vol. XI, Nº 1, [49-60] issn 1578-0236
La cárcel como espacio de de-socialización ciudadana: ¿fracaso del sistema penitenciario español?
Este “déficit social” —y democrático— que afecta tan forma tan intensa a las personas privadas de
libertad, especialmente la de aquellos sectores de
la población penitenciaria más vulnerable —como
hemos indicado, aquellas personas que carecen de
apoyos y recursos sociales, familiares, económicos,
etc.— va deteriorando, de modo progresivo, su conciencia y su identidad ciudadana de pertenencia a
un mismo cuerpo social, al verse segregados de los
espacios públicos comunes (Silveira, 2006).
Los
recintos penitenciarios como espacios de
construcción ciudadana”
“de-
La proporción de tiempo que una persona permanece ingresada en un establecimiento penitenciario correlaciona con los niveles de prisionización
que estos internos evidencian. Esto es, a una mayor duración de las condenas, mayores índices en
los parámetros de un sujeto prisionizado y, consiguientemente, menores condiciones y oportunidades efectivas para una posible reinserción social. Las
condenas de 5 a 10 años inhiben de forma efectiva
las, ya de por sí, escasas posibilidades de normalización social de estas personas. De ahí que asociemos
la extracción social de los internos —ambientes de
marginalidad, carencia de recursos educativos, laborales, falta de habilidades sociales, etc.— y la comisión de delitos de naturaleza económica.
Esta cronificación del rol de delincuente produce
el afianzamiento de las dinámicas de prisionización.
Es decir, la interiorización —en este punto, entendemos la normalización como internalización de la
norma— de una serie de pautas de conducta adaptadas al medio carcelario que le permitan sobrevivir en
un ambiente tan hostil pero que, por contra, le van
a impedir la adquisición de las habilidades sociales
necesarias para un posterior proceso de “normalización ciudadana”.
La
vida ordinaria en prisión: administración buro-
crática de la rutina y control social
Las cárceles están destinadas a la ejecución de las
penas privativas de libertad. Si se trata de internos
preventivos, el régimen penitenciario tiene como
objeto la retención y custodia del interno. Son el reflejo del principio del “control social del sujeto encarcelado”. En este sentido, la prisión responde al
funcionamiento clásico de las grandes organizaciones (Mintzberg, 1990). Ahora bien, la vida ordinaria
en prisión, en sus pautas formales, se viene rigiendo
por la aplicación efectiva del reglamento peniten-
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ciario, el cuál regula la utilización de los espacios y
tiempos, en los que se desarrolla la rutina diaria del
interno.
Por eso la conclusión es evidente: en la cotidianidad de un régimen de vida privado de libertad,
donde todo está absolutamente parametrizado y regulado, no existen oportunidades para la ejercicio
de tomas de decisión responsables y consecuentes,
que permitirían un efectiva preparación para la excarcelación, desde un ejercicio activo de ciudadanía.
Esto es, un ingreso prolongado en prisión supone
una consolidación de las identidades a-sociales, propias de “la anomia social carcelaria”.
De ahí que uno de los efectos sociales previsibles del ingreso en los recintos penitenciarios es la
consolidación y refuerzo de las identidades sociales
prisionizadas, debido a que se está asistiendo a una
concatenación y cronificación del incumplimiento
de las finalidades rehabilitadoras de todas las instituciones que desempeñan su actividad en el control
social.
La prisión, por su propia dinámica, genera una
inevitable “fractura social” que, al menos, pasa por
la separación traumática del sujeto de su entorno,
para integrarse forzosamente en un contexto social
mucho más difícil y heterogéneo; agravando, en la
mayoría de los casos, la propia problemática personal de los reclusos a partir de su ingreso en prisión.
Por consiguiente, todos estos procesos de constante
despersonalización —fruto de las dinámicas de dependencia creadas por la institución penitenciaria y
de consolidación de las identidades marginales de
los propios presos— como efecto de las pautas de
conducta de la subcultura carcelaria, conllevan de
forma inexorable el establecimiento de lo que hemos denominado como el “principio de retroalimentación de la reincidencia penitenciaria”.
Otro de los efectos es el inevitable desarraigo social y la pérdida de contacto con la realidad cotidiana
de la ciudadanía normalizada. Todo esto evidencia
el fracaso de las estructuras socializadoras tradicionales —familia, escuela…— debido a que no han
podido o no han sabido cumplir con los objetivos de
socialización e integración. Generalmente, se produce un grave deterioro en la estructura familiar, su
escolarización resulta ser muy problemática, con un
entorno social y afectivo de referencia en el que se
detectan oportunidades reales que hubiesen permitido la consolidación de unas bases socializadoras
seguras y sólidas.
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Chaime Marcuello-Servós • Jesús García-Martínez
La de-construcción social del interno
En un contexto de normalidad las personas de
a pie, para que puedan ejercer su ciudadanía en el
marco de una sociedad democrática, tienen que disponer de las condiciones y herramientas efectivas
que les faciliten dicho ejercicio. Ahora bien, sabemos que la cárcel no es un espacio social idóneo
para el despliegue de la condición ciudadana, ya
que su propia organización burocrática y su filosofía
organizativa no favorecen el ejercicio de la autonomía y de la responsabilidad personales. De ahí que
nos refiramos a los hombres y mujeres encarcelados
como ciudadanos que ni pueden ni tampoco se les
permite ejercer su rol en tanto que sujetos razonadores autónomos y críticos que se le supone al “ciudadano ideal”, añadiendo el hecho de que tampoco la
institución penitenciaria, en modo alguno prepara,
para un posterior ejercicio de una vida ciudadana
activa y responsable.
Rara vez una sociedad, un sistema social, cuestiona su propia visión del mundo y en muchas menos ocasiones la transforma. Los modelos de referencia, los valores dominantes como mucho tienen
alternativas que siguen sustentándose con los mismos códigos. Las ideas de orden y progreso encajan
en unas estructuras y procesos que se realimentan
permanentemente.
La paradoja carcelaria
De ahí que hablemos de una cierta “esquizofrenia
institucional” en lo que respecta a los objetivos organizacionales del sistema penitenciario, tal y como se
entiende en nuestras sociedades supuestamente desarrolladas y democráticas. La finalidad formal y el
discurso instituido es la rehabilitación social, la reeducación de los internos. Pero lo que termina por imponerse es la protección, el castigo del reo y la seguridad de la comunidad social, esto es, la finalidad real.
Existe, por lo tanto, una incoherencia estructural en
el propio funcionamiento del sistema penitenciario,
que impide de facto el objetivo formal de la reinserción social de los sujetos privados de libertad.
Esta paradoja se contextualiza de forma estructurada en todo el medio carcelario y, lo que es más sorprendente, es asumida con naturalidad —en cuanto
inevitable— por los propios presos. La ¨paradoja carcelaria¨ se produce en tanto en cuanto son los mismos parámetros anormalizadores de prisión los que
determinan el grado de adaptabilidad del preso a las
normas del recinto penitenciario. La lógica perversa
del razonamiento es más que previsible: un “buen
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preso” adaptado a las normas de la prisión —sumiso,
dócil y obediente…— no se prepara para ser un ciudadano integrado, consciente y crítico.
En la cárcel coexisten y entran en contradicción dos principios difícilmente conciliables: el
punitivo-represivo, —con su énfasis en la seguridad
y el control—, y el rehabilitador, —que aboga por
la reeducación social del preso—. El primero es el
que determina y conforma las diferentes decisiones
administrativas y burocráticas de la institución penitenciaria, lo cual va a conllevar el refuerzo de los
procesos de pérdida de identidad y de-socialización.
El segundo, se queda en el terreno del formalismo de
las buenas intenciones, pero sin contenido efectivo.
La realidad penitenciaria presenta un doble fracaso tanto de las administraciones públicas como de
la propia sociedad. Si el interno se ha identificado
con las formas de vida de la subcultura delictiva haciéndolas suyas, probablemente al salir de prisión
se integrará en los circuitos de economía delictiva
y/o para-delictiva; lo que le “lanzará”, más pronto
que tarde, a la comisión de delitos y su consiguiente reingreso en prisión. Esto nos hace insistir en el
porqué del fracaso tan estrepitoso de la cárcel en su
función rehabilitadora.
La persona presa ha pasado por un proceso de
alienación tanto individual como social. Esto es, un
proceso de adaptación a un entorno segregativo cuyos valores y relaciones se estructuran en torno a parámetros totalmente alejados de la vida en sociedad.
Son parámetros “a-normalizantes”. Junto a ello se
da una carencia estructural axiológica que permita
a estas personas excluidas integrarse en un sistema
de valores democráticos. Por eso, tanto el Estado
como la sociedad en general deberían asumir, en un
ejercicio real de autocrítica, que la prisión no sólo
fracasa en su finalidad constitucional de reinserción
social, sino que consolida y refuerza la propia desadaptación social de la persona encarcelada.
Si esto es así, ¿se deberían imponer cambios en
los modelos de intervención del Estado? En primer
lugar, las administraciones, más que plantearse intervenir sobre los individuos, deberían intervenir y
actuar sobre las causas estructurales que originan la
criminalidad, causas que son tanto de carácter económico, como social y cultural. El conjunto de administraciones y organismos del Estado tendrían que
afrontar las situaciones estructurales de marginalidad con políticas sociales efectivas y no únicamente
a través del recurso exclusivo de las políticas represivas y controladoras que responden a la demanda de
seguridad ciudadana. Por consiguiente, se impone la
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La cárcel como espacio de de-socialización ciudadana: ¿fracaso del sistema penitenciario español?
necesidad de una serie de políticas dirigidas a resolver la exclusión social, no a criminalizarla.
Sin embargo, hoy por hoy, el discurso que prima
en el conjunto de la sociedad no es éste. Más bien el
contrario, estimulado por los mass media y utilizado
por la clase política a partir de casos trágicos Es el
discurso del miedo y de su concepto complementario de la seguridad ciudadana. (Álvaro Cálix, 2007).
No obstante, este tipo de discurso puede cambiarse
por otros modos discursivos en los que se recojan la
defensa democrática de los derechos de todos los
ciudadanos. (Baratta,2001: 35-87).
Cárcel, ciudadanía y democracia
La sociedad española se ha dotado desde 1978
de un marco jurídico estable en el que se vertebra,
partiendo de la noción de Estado social y democrático de derecho, el concepto de ciudadano como sujeto de derechos fundamentales. Es un modelo de
sociedad que apuesta por los derechos humanos y
sociales, donde las leyes refrendan y defienden el
valor de un concepto de ciudadanía democrática y
socialmente integrada. Sin duda alguna, todo esto
supone ir incluso más allá de las tres dimensiones de
la ciudadanía postuladas por Marshall (1992) —la
civil, política y social— para convertirla de modo
progresivo en una cualidad intrínseca de todos los
ámbitos constitutivos de la vida cívica del conjunto
de ciudadanos.
Se trata de dotar de una protección garantista
tanto a los sujetos como los espacios sociales alejados de la ciudadanía —sería una noción de ciudadanía incluyente, ciertamente queda como reto
pensar para la praxis el concepto de “ciudadanía
transversal”.12 En el que la “responsabilidad social”
debería presidir todas las intervenciones sancionadoras, punitivas o reinsertadoras del sistema —sean
agentes sociales, asociaciones, empresas o colectivos
de cualquier índole—. Si se detectan “problemas
sociales”, se tienen que diseñar, construir, aplicar
y evaluar “respuestas sociales” que busquen su solución o que aligeren el problema de la desviación
social de las normas.
La institución de la cárcel no es una institución
democrática —que cumpla con el horizonte de una
ciudadanía transversal—, no tanto en su funcionamiento, sino en lo que ésta representa y simboliza
del fracaso de la misma sociedad en su objetivo de
“normalización ciudadana”. No se puede preparar a
una persona para que ejerza sus derechos y deberes
como ciudadano si sistemáticamente se han inhibido los procesos y mecanismos de cada uno de los
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proyectos vitales de los internos por parte del sistema penal.
El objetivo de la inserción social pasa por una
intervención que permita resituar y reorientar actitudes y conductas, orientándolas hacia modelos
actitudinales integrados. De ahí la necesidad de implementar procesos pedagógicos y terapéuticos de
“des-prisionización” de la persona interna. Obviamente, todo esto deberá ir acompañado de la provisión de unos servicios sociales y equipos de trabajadores sociales que ofrezcan soluciones efectivas e
itinerarios de reinserción eficaces para las personas
que se encuentran ya en situación de excarcelación.
En definitiva, la disyuntiva tanto para el sistema penal, como para la misma sociedad, será la de elegir
entre tener un “buen preso” o un buen ciudadano.
¿No es preferible crear las condiciones y oportunidades efectivas que hagan posible la construcción
social ciudadana de los hombres y mujeres privados
de libertad?
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Notas
1 Foucault presentaba una nueva aritmética del poder. Es un cambio de representación de la legitimidad en la que el poder de castigar no recae
en la arbitrariedad del sujeto sino en la aplicación
formal de los diferentes códigos penales. Por consiguiente, la conceptualización de la prisión se inicia al desarrollarse la implantación de un sistema
penal donde la privación de libertad del individuo
es el objeto fundamental.
2 La base empírica y los datos de este artículo estás
construidos a partir de las fuentes primarias obtenidas directamente en la realización de la investigación de la Realidad Penitenciaria de Aragón.
Cáritas 2008.
3 Situados en la posición de “interno/a” se establecen varias formas de adaptación al sistema de castigos/recompensas empleadas por la institución:
(i). estrategias de retirada, en las que el sujeto se
evade psicológicamente de un ambiente que le
degrada; (ii). movimientos de rechazo, en que el
sujeto adopta posturas hostiles contra la institución, rechazando posibles colaboraciones; (iii). las
técnicas de colonización, en las que el individuo
recrea su realidad, optimizando las oportunidades a favor suyo; (iv). acciones de conversión, en
las que el interno se ajusta y trata de responder
a las expectativas de conducta formuladas por la
institución total (Goffmann:1992, 69-72). Desde
la perspectiva del análisis criminológico, cf. Neuman, 1984. Ferrajoli, 1999.
60
4 Este autor sostiene que las relaciones de poder
producen el mismo efecto. El autoritarismo de la
mayoría silencia a las minorías que no se encuadran en el sistema; produciéndose un aislamiento
social de las mismas.
5 Considera que los modelos oficiales de dominación tecnocráticos explican muy bien las diferentes formas de incidir en la lógica de exclusión, ya
que éstos fomentan la desigualdad como premisa
básica del ejercicio del poder .
6 Partimos de la información estadística de los propios datos ofrecidos por la Administración Penitenciaria (Área de Régimen). Además se ha trabajado sobre una muestra de 396 internos de los
Centros Penitenciarios (CC. PP.) de Daroca, Teruel
y Zuera. Las fuentes de información han sido: los
Expedientes Personales Penitenciarios; los listados de participación en actividades de los internos
(proporcionados por el Área de Tratamiento de los
CC. PP.). La técnica empleada para el estudio documental ha sido el análisis de contenido. Respecto al diseño muestral: muestreo aleatorio simple
con afijación proporcional al tamaño de los tres
Centros Penitenciarios. Margen de error:+/- 5%
para estimaciones poblacionales, con un nivel de
confianza del 95,5% en condiciones más favorables de muestreo (p=q).
7 La fuente de estos datos es el Área de Régimen de
los CCPP de Aragón a 31 de diciembre de 2007.
8 Propuestas de clasificación y destino de los CCPP.
de Aragón a 1 Julio 2007.
9 Como ya hemos dicho, nos referimos a los datos
facilitados por el Área de Régimen de los CCPP de
Aragón a 31 diciembre 2007.
10 Propuestas de clasificación y destino de los CCPP.
de Aragón a 1 Julio 2007
11 Propuestas de clasificación y destino de los CCPP.
de Aragón a 1 Julio 2007
12 El concepto de “ ciudadanía transversal” supone
dotar de un contenido efectivo el ejercicio de los
derechos humanos de las personas, en tanto que
una ciudadanía como concepto inclusivo. Dicho
ejercicio abarca y se desarrolla en todas las dimensiones constitutivas del “ser ciudadano”. Está relacionado con la noción de “dignidad”, no es el
momento de profundizar en ella.
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