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Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio

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Alternativas a la cárcel en Euskadi: el trabajo en beneficio
Aiala Olarte Hurtado
Alternativas a la cárcel
en Euskadi: el trabajo en
beneficio de la comunidad
Colección Derechos Humanos «P. Francisco de Vitoria»
AIALA OLARTE HURTADO
ALTERNATIVAS A LA
CÁRCEL EN EUSKADI: EL
TRABAJO EN BENEFICIO
DE LA COMINIDAD
Vitoria-Gasteiz
2006
Este trabajo, que aparece publicado en la Colección de Derechos
Humanos “Padre Francisco de Vitoria”, es fruto de una beca de investigación concedida por la institución del Ararteko. No obstante, tanto el
trabajo realizado como el contenido de estas páginas deben ser atribuidos
a su autor.
© ARARTEKO
© Autor: Aiala Olarte Hurtado
Ilustración de cubierta: EPS, S.L.
Fotocomposición e impresión: Gráficas Santamaría, S.A., Vitoria/Gasteiz
Papel ecológico
D.L.: VI-266/06
AURKEZPENA / PRESENTACIÓN ...............................
17
PARTE PRIMERA: Contexto político-criminal del
origen y desarrollo de las penas
alternativas a la prisión y regulación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad en la legislación aplicable ..................................
23
I.
Justificación político-criminal de las penas alternativas a la prisión ............................................................
1. La prisión a debate.................................................
1.1. Evolución y crisis de la prisión ......................
1.2. Crítica actual a la pena privativa de libertad
y, en especial, a la de corta duración ..............
2. Factores que propiciaron el debate y la búsqueda
de alternativas a la prisión .....................................
2.1. El principio humanitario.................................
2.2. Crisis de la ideología del tratamiento y del
ideal resocializador .........................................
2.2.1. Críticas a la ideología resocializadora .
2.2.2. Interpretación restrictiva del término
“resocialización” ..................................
2.2.3. La no desocialización como objetivo ..
2.3. Aumento de la población reclusa ...................
2.4. Criterios económicos .....................................
3. Planteamientos político-criminales y análisis criminológico en torno a las alternativas en las últimas décadas ..........................................................
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Surgimiento en la década de 1960 .................
Crisis de los años 70 .......................................
Reafirmación durante los años 80 .................
Modelos político-criminales actuales ............
3.4.1. La perspectiva restauradora o reparadora ......................................................
3.4.2. La perspectiva individualizadora o rehabilitadora ..........................................
3.4.3. El modelo proporcionalista .................
4. La realidad de las últimas modificaciones del Código penal español ................................................
4.1. Aproximación general a las últimas modificaciones del Código penal .............................
4.2. La supuesta demanda social de castigo en la
fundamentación de estas reformas ................
5. Propuestas actuales para reducir el uso de la prisión .......................................................................
5.1. Adopción de una visión reduccionista del uso
de la prisión ....................................................
5.2. Propuestas doctrinales dirigidas a reducir el
uso de la prisión .............................................
5.3. Riesgo de aumentar el control social .............
5.4. La pena de trabajo en beneficio de la comunidad como sanción alternativa ......................
II. Regulación de la pena de trabajo en beneficio de la
comunidad de diferentes ordenamientos jurídicos .....
1. Regulación en el derecho comparado ...................
1.1. Primeras experiencias del TBC. Especial referencia al ordenamiento inglés .....................
1.2. Regulación actual en diversos ordenamientos
2. Regulación del TBC en el ordenamiento español
2.1. Legislación penal de menores .......................
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2.1.1. Aspectos generales de la LORPM ......
2.1.2. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad ............................
2.2. Legislación penal de adultos .........................
2.2.1. Intentos de incorporación del TBC
antes de CP 1995 .................................
2.2.2. El Código Penal de 1995 y el
RD 690/1996 .......................................
2.2.3. LO 15/2003, de 25 de noviembre ........
III. Fines de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad ..........................................................................
1. Función resocializadora ........................................
1.1. El trabajo como factor decisivo de socialización. Críticas ..................................................
1.2. Precisión del término “resocialización” ........
1.3. Características del TBC que favorecen los
efectos rehabilitadores ...................................
1.3.1. Cumplimiento dentro de la comunidad
1.3.2. Circunstancias positivas de su ejecución y contenido ..................................
A. Ejecución en medio abierto ............
B. Utilidad social del trabajo a realizar
C. Capacidad formativa del trabajo ....
D. Conexión entre el ilícito cometido y
el trabajo ........................................
1.4. Cautelas a la hora de valorar esta función .....
2. Función reparadora ...............................................
3. El verdadero fin perseguido por las últimas modificaciones legislativas ...........................................
IV. Configuración legal de la pena de TBC tras la LO
15/2003 ......................................................................
1. Naturaleza .............................................................
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1.1. TBC como sanción penal ..............................
1.2. Pena privativa de derechos ............................
2. Presupuestos de aplicación de la pena de TBC ....
2.1. Consentimiento de la persona penada ...........
2.1.1. Funciones del consentimiento .............
A. Diferenciar el TBC de los trabajos
forzados ..........................................
B. Humanización de las sanciones penales ...............................................
C. Fin rehabilitador de la pena ............
2.1.2. Condiciones en las que debe prestarse
el consentimiento ................................
2.1.3. Efectos en la configuración legal del
TBC .....................................................
2.2. Utilidad pública de las prestaciones ..............
2.2.1. Aproximación legal al concepto de utilidad social ..........................................
2.2.2. Delimitación de las actividades a desarrollar por la persona penada ...............
2.3. Conexión con el delito cometido ...................
2.3.1. Reparación de los daños ......................
2.3.2. Asistencia o ayuda a las víctimas ........
2.3.3. Consecuencias a la hora de seleccionar
la actividad ..........................................
2.4. No supeditación a intereses económicos .......
2.5. Carácter no retribuido del trabajo ..................
2.5.1. Exclusión del salario ...........................
A. Fundamentos de esta exclusión ......
B. Posiciones doctrinales ....................
2.5.2. Gastos ocasionados por la ejecución
del TBC ...............................................
2.5.3. Posible influencia negativa en el mercado de trabajo ....................................
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2.6. Respeto a la dignidad de la persona penada ..
2.6.1. Concreción legal .................................
2.6.2. Límites a la imposición del TBC ........
2.6.3. Posible aplicabilidad de los derechos
laborales ..............................................
2.7. Cobertura de la Seguridad Social ..................
3. Categorías de aplicación de la pena de TBC ........
3.1. Pena sustitutiva de la pena de prisión ............
3.1.1. Consideraciones generales ..................
3.1.2. Sustitución preceptiva del artículo
71.2 CP ................................................
3.1.3. Sustitución potestativa del artículo
88.1.I CP ..............................................
A. Requisitos procesales .....................
B. Requisitos materiales .....................
a. Criterios orientadores establecidos por el art. 88.1.I CP ............
b. No habitualidad .........................
C. Imposición de obligaciones accesorias ..................................................
D. Baremo de conversión ....................
3.1.4. Ampliación del ámbito de aplicación ..
3.1.5. Sustitución de la pena de cárcel en supuestos de violencia de género ............
3.1.6. Incumplimiento ...................................
3.2. Responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa (RPSIM) ...............
3.2.1. Supuestos de aplicación ......................
3.2.2. Planteamientos político-criminales sobre RPSIM ...........................................
3.2.3. Naturaleza jurídica de la RPSIM ........
3.2.4. Requisitos ............................................
A. Insolvencia económica ....................
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B. Conformidad de la persona penada
C. Exclusión de personas condenadas
a pena privativa de libertad superior
a 5 años ..........................................
3.2.5. Baremo de conversión .........................
A. Días multa ......................................
B. Multa proporcional ........................
3.2.6. Aplicación práctica de la RPSIM ........
A. Interpretaciones doctrinales ...........
B. Práctica judicial ..............................
3.3. Pena originaria ...............................................
3.3.1. Reforma reclamada por la doctrina .....
3.3.2. Tipos penales .......................................
3.3.3. Valoración de la regulación .................
4. Duración de la pena de TBC .................................
4.1. Regulación .....................................................
4.2. Plazo de ejecución de la sanción ...................
4.3. Límites de la pena de TBC ............................
4.3.1. Algunas consideraciones generales .....
4.3.2. Respeto del límite máximo cuando
actúe como pena sustitutiva ................
A. Pena sustitutiva de la prisión .........
B. TBC como RPSIM .........................
C. Propuestas de lege ferenda .............
4.4. Duración horaria de la jornada ......................
4.5. Recapitulación ...............................................
5. Aplicación de la pena de TBC ..............................
5.1. La oferta de puestos de actividad ..................
5.1.1. La Administración como garante de la
oferta ...................................................
A. Órgano competente .........................
B. Régimen de convenios ...................
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a. Con Administraciones públicas
b. Con entidades privadas sin
ánimo de lucro ..........................
C. Criterio de la utilidad pública del
trabajo ............................................
a. Criterios ....................................
b. Tipos de actividades...................
D. Régimen de información ................
5.1.2. La iniciativa de la persona penada ......
5.2. Determinación de la pena y fijación del puesto de actividad ...............................................
5.2.1. Imposición de la sanción por el órgano
judicial .................................................
5.2.2. Proceso de selección de la actividad
concreta ...............................................
A. Entrevista de los servicios sociales
penitenciarios .................................
a. Objetivo ....................................
b. Funciones ..................................
c. Supuestos de inidoneidad .........
d. Incomparecencia de la persona
penada .......................................
B. Conformidad de la persona penada
C. Propuesta de los servicios sociales
penitenciarios .................................
D. Aprobación por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ........................
5.3. Gestión, supervisión y control .......................
5.3.1. Entidad receptora del trabajo ..............
A. Competencias .................................
B. Consideraciones críticas .................
a. La infraestructura exigida por la
legislación .................................
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b. La función de control .................
5.3.2. Administración penitenciaria ..............
A. Competencias .................................
B. Daños ocasionados durante la ejecución de la sanción .......................
5.3.3. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ....
5.4. Incumplimiento .............................................
5.4.1. Causas de incumplimiento ..................
A. El art. 49.6 CP ................................
a. Ausencia del trabajo .................
b. Bajo rendimiento .......................
c. Oposición o incumplimiento de
las instrucciones ........................
d. Cláusula abierta ..........................
B. La comisión de otro delito .............
5.4.2. Consecuencias del incumplimiento .....
A. Procedimiento revocatorio .............
B. Diversos supuestos .........................
a. TBC como sanción principal ....
b. TBC como sanción sustitutiva
de la prisión ...............................
c. TBC como RPSIM ....................
5.4.3. Circunstancias especiales ....................
A. Modificación de las condiciones de
la ejecución ....................................
B. Trastorno mental grave de la persona penada .......................................
C. Abono de la pena de multa .............
5.5. Cumplimiento satisfactorio de la sanción .....
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PARTE SEGUNDA: Experiencias de aplicación de la
sanción de trabajos en beneficio
de la comunidad ............................
217
I.
219
Introducción al estudio de la aplicación práctica .......
II. Experiencia de aplicación de la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad en Euskadi ...........
1. Competencia de la ejecución de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores en Euskadi
2. Evolución de las medidas impuestas en Euskadi ..
3. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad en Euskadi ..............................................
A. Aproximación general .....................................
B. Fases de la ejecución de la medida ..................
C. Datos sobre las condiciones de cumplimiento
de las medidas de prestaciones en beneficio
de la comunidad en Euskadi ............................
D. Perfil de los y las menores a quienes
se ha impuesto esta medida durante
el año 2003 ......................................................
E. Entidades colaboradoras ..................................
F. Tipos de trabajo desarrollados .........................
G. Protección de los y las menores ......................
4. Conclusiones .........................................................
III. Experiencia de aplicación de la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad en Catalunya ...................
1. Competencia de la ejecución de la pena de trabajo
en beneficio de la comunidad en Catalunya .........
2. Evolución de las medidas penales alternativas .....
3. El programa de trabajo en beneficio de la comunidad .....................................................................
A. Datos generales ................................................
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B. Procedimiento para la ejecución de la sanción
de TBC .............................................................
C. Control de la ejecución de la sanción de TBC
D. Las entidades colaboradoras ............................
E. Selección de actividades ..................................
F. Protección de la Seguridad Social ...................
G. Experiencia de Arenys de Mar y Manresa .......
a. Arenys de Mar ............................................
b. Manresa ......................................................
IV. Experiencia de aplicación práctica del TBC en Euskadi ............................................................................
1. Competencia de la ejecución de la pena de TBC
en Euskadi .............................................................
2. Aplicación de la pena en cada territorio ...............
A. Araba ...............................................................
B. Bizkaia .............................................................
C. Gipuzkoa .........................................................
D. Aspectos comunes de la ejecución en todos los
territorios .........................................................
a. Procedimiento .............................................
b. Control ........................................................
c. Entidades colaboradoras y actividades .......
d. Protección de la Seguridad Social ..............
3. Entidades colaboradoras: desarrollo de su actividad y problemas detectados ..................................
A. ADSIS-BESTALDE ........................................
B. Goiztiri .............................................................
C. Izangai .............................................................
D. Susterra ............................................................
E. La problemática del control de la ejecución y
diversas demandas de mejora por parte de las
entidades ..........................................................
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4.
Propuesta del Gobierno Vasco para el desarrollo de
las competencias de ejecución penal y penitenciaria .
308
PARTE TERCERA: Conclusiones ...................................
311
I.
Valoración crítica de la regulación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad en la LO 15/2003
y RD 515/2005 ...........................................................
313
II. Valoración de la experiencia de aplicación de la pena
de trabajo en beneficio de la comunidad en Euskadi y
algunas propuestas de mejora ....................................
338
BIBLIOGRAFÍA................................................................
373
15
AURKEZPENA / PRESENTACIÓN
Lan hau 2004. urtean Arartekok emandako ikerketa-beka
baten emaitza da. Proiektu
honi ekin nion garaian, estatuan 15/2003 lege organikoa
indarrean sartzear zegoen. Lege
honek 1995ko Zigor kodea
aldatzen zuen eta, formalki behintzat, askatasuna mugatzen ez
duen zigor bat bultzatzen zuen,
hain zuzen ere, gizartearen aldeko lana.
Este trabajo es fruto de una
beca de investigación otorgada
por la institución del Ararteko
en el año 2004. En las fechas
en las que comenzó a andar este
proyecto, entraba en vigor en el
estado español la LO 15/2003, la
cual modificaba el Código penal
de 1995. Entre sus novedades
se encontraba la potenciación,
siquiera formalmente, de una
sanción penal no privativa de
libertad: el trabajo en beneficio
de la comunidad.
Lan honetan zehar, zigorraren lege-arauketa zein bere
ezarpen praktikoa aztertzen da.
Horregatik, une honetan bakarrik azalduko dut zerk bultzatu
ninduen gizartearen aldeko lana
nire aztergai bilakatzera.
No es ahora el momento ni
el lugar de analizar la configuración legal de esta sanción, ni su
aplicación práctica, cuestiones
que se abordan a lo largo del
presente trabajo, pero sí considero necesario explicar por
qué decidí centrar mi trabajo en
analizar dicha sanción.
Alde batetik, nire iritziz,
espetxe-zigorra ez da kriminalitateari aurre egiteko edo gaur
egungo gizarteak dituen ara-
Por un lado, parto de la idea
de que la prisión no es el medio
más idóneo ni eficaz para contener la criminalidad ni solucionar
19
zoak konpontzeko biderik egokiena, ezta eraginkorrena ere.
Espetxeak, aldiz, askatasuna ez
ezik presoen beste oinarrizko
eskubide batzuk ere mugatzen
eta zapaltzen ditu, eta presoek
zenbaitetan bizi duten bazterketa-egoera areagotu baino ez du
egiten. Horregatik, funtsezkoa
deritzot beste zigor-sistema
bat eraikitzeari, hain zuzen ere,
oinarrizko eskubideak gutxiago
mugatzen dituen eta pertsona
guztien gizarteratzea ahalbideratzen duen sistema.
los problemas sociales existentes
en las sociedades actuales. En
cambio, se manifiesta como una
institución contraria al respeto de
los derechos fundamentales de
las personas presas, que además,
en la mayoría de las ocasiones
agudiza la eventual situación
de exclusión y marginación que
pueden padecer dichas personas.
Ante esto, en mi opinión, resulta
fundamental plantear un nuevo
sistema punitivo basado en otro
tipo de sanciones menos lesivas
para los derechos fundamentales,
y que favorezcan la integración
y la cohesión social.
Bestetik, 15/2003 lege organikoak zigor honen ezarpeneremua zabaldu egiten zuen eta
honek, printzipioz behintzat,
bidea errazten zuen gizartearen
aldeko lana espetxearekiko alternatiba bihur zedin.
Por otro, la nueva configuración de esta sanción contenida
en la LO 15/2003 amplía sus posibilidades de aplicación y permite, por lo menos formalmente, que se erija en alternativa a la
prisión, siempre que exista una
verdadera apuesta política por
destinar los recursos necesarios
para su implantación.
Horrela, legeak ahalbideratzen zituen aukera berriak kontuan hartuta, lanari ekin nion,
eta hona hemen ikerketaren
emaitza. Nire xedea gaur egun
espetxearekiko alternatiben
inguruan gauzatzen ari den ezta-
Como resultado, he aquí mi
aportación a un debate siempre
inconcluso en torno a las diversas
opciones punitivas y, en especial,
a la búsqueda de alternativas a
la pena privativa de libertad. El
objetivo de construir una socie-
20
baidari ekarpena egitea izan da.
Espero dut nolabait baliotsua
suerta dakizuen.
dad respetuosa con los derechos
humanos de todas las personas,
desde luego, considero que merece el esfuerzo realizado.
Dena den, ez nuke hitzaurreari amaiera eman nahi
izango, lan honetan parte hartu
duten guztiei nire esker beroenak eman barik. Lehenik eta
behin, Arartekoren erakundetik
laguntza eman didaten eta lan
hau posible egin duten guztiak
eskertu nahi ditut, bereziki nire
tutorea izandakoa, Miren Ortubay, eta Rafael Sainz de Rozas,
azken bultzada emateagatik.
No obstante, no quisiera acabar esta introducción sin agradecer a todas las personas que han
colaborado en la elaboración de
este trabajo su dedicación y su
apoyo constante. Empezando
por todas las personas que, desde la institución del Ararteko,
me han apoyado y lo han hecho
posible, en especial a mi tutora,
Miren Ortubay, por sus aportaciones y sugerencias, así como
a Rafael Sainz de Rozas, por
darme el último impulso.
Era berean, elkarte eta erakundeetan lan egiten dutenen laguntza
ere eskertu nahi dut. Izan ere, bai
Katalunian bai Euskadin zenbait
elkartekiderekin biltzeko aukera
izan dut, eta horiei esker jakin ahal
izan dut gizartearen aldeko lana
benetan nola aplikatzen den. Beraien ekarpenak zinez baliozkoak
suertatu zaizkit eta lana nekez
burutuko nukeen beraien partehartzea izan ez banu. Horregatik,
mila esker. Espero dut lanean jarrai dezazuen, benetan funtsezkoa
baita guztion artean beste gizarte
bat eraiki ahal izateko.
Asimismo, a todas las personas que, tanto en Catalunya
como en Euskadi, han dedicado
una parte de su tiempo para
mostrarme en qué consiste su
trabajo diario y cuáles son las
posibilidades reales de aplicación de esta sanción. Sin
lugar a dudas, sus aportaciones
me han resultado sumamente valiosas y por ello, desde
aquí, me gustaría realizar un
reconocimiento público a su
labor y contribución a que este
mundo sea un lugar algo mejor
para vivir.
21
Azkenik, gurasoak zein lagunak ekarri nahi ditut gogora.
Besterik gabe, eskerrik asko
beti nire ondoan egoteagatik
eta une zailenetan ere adorea
emateagatik, irrifarra ahoan
duzuela.
22
Finalmente, no puedo olvidarme de mi familia ni de mis
amigos y amigas, siempre presentes, que me han animando y
dado su apoyo en los momentos
difíciles. Sin más, muchas gracias a todos y todas.
PARTE PRIMERA:
CONTEXTO POLÍTICO-CRIMINAL
DEL ORIGEN Y DESARROLLO DE
LAS PENAS ALTERNATIVAS A LA
PRISIÓN Y REGULACIÓN DE LA
PENA DE TRABAJO EN BENEFICIO
DE LA COMUNIDAD EN LA
LEGISLACIÓN APLICABLE
I. JUSTIFICACIÓN POLÍTICO-CRIMINAL DE LAS
PENAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN
1. LA PRISIÓN A DEBATE
1.1. Evolución y crisis de la prisión
La prisión, como pena en sí misma e institución central de
los sistemas penales, no surge hasta mediados el siglo XVIII,
aunque los orígenes de su evolución histórica hay que situarlos
ya en el siglo XVI. Hasta finales de este siglo, la función de la
prisión era custodiar a los detenidos hasta el momento del juicio,
y carecía de carácter punitivo1. A partir de los siglos XV y XVI,
sin embargo, se produjeron profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que motivaron la aparición de la pena
de prisión y modificaron su finalidad. Dichas transformaciones se
fundamentan en el surgimiento del mercantilismo y la superación
del sistema feudal propio de la Edad Media, lo que produjo una
masiva migración del campesinado a las ciudades, en busca del
trabajo que iban creando los nuevos medios de producción. En
este proceso, la cárcel adquiere una singular importancia como
método para adaptar dicho campesinado a la disciplina de la fábrica moderna y regular el mercado de trabajo2. Así surgen, por
ejemplo, durante los siglos XVII y principios del XVIII, con clara
(1)
(2)
MIR PUIG 1996a:699; SANZ MULAS 2000:179.
BARATTA 1989:174; SANZ MULAS 2000:180-181.
25
influencia de la ética del trabajo difundida por el Protestantismo
y el Calvinismo, en Inglaterra y Holanda las llamadas “casas de
trabajo”, cuyo objetivo era recluir y hacer trabajar para el Estado a
toda clase de personas marginadas, ya fuese por mandato judicial
o administrativo3.
Esta situación cambia con el paso al liberalismo económico y
al maquinismo industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, que
resta rentabilidad al trabajo carcelario. En consecuencia, se dota
a la cárcel de una esencia punitiva propia, basada en la privación
de la libertad individual, y se muestra también capaz de cumplir
el objetivo reconocido a la sanción penal hasta ese momento:
castigar a la persona infractora por el hecho cometido. Esta nueva
concepción de la prisión se encuentra motivada, asimismo, por el
pensamiento ilustrado de la época, que considera la pena privativa
de libertad una pena racional y ajustada a las necesidades de un
sistema penal más humano y basado en la proporcionalidad4. De
esta manera, la prisión sustituye progresivamente a la pena de
muerte y a las penas corporales, sanciones centrales dentro de
los sistemas penales del antiguo régimen, e incluso se valora por
su adecuación para la consecución del principio de igualdad5. Al
mismo tiempo, se descubre en la cárcel una nueva potencialidad
para influir en las personas, mediante la educación y la disciplina, lo que a fines del siglo XIX y principios del XX se convirtió,
influido por las ideas humanistas, en la búsqueda de la resocialización de las personas presas, y en la aplicación para ello de
diversos tratamientos6.
Esta evolución, tanto de la prisión misma como de los fines
que debe perseguir, está influenciada por las diversas críticas de
la que era objeto. De hecho, se puede decir que la reforma de la
(3)
(4)
(5)
(6)
26
SANZ MULAS 2000:181.
MIR PUIG 1996a:702.
SANZ MULAS 2000:170 y ss.
HASSEMER/MUÑOZ CONDE 1989:136; SANZ MULAS 2000:180.
prisión es casi contemporánea a la prisión misma7, aunque es a
partir de finales de la década de 1960 y principios de los años
70, dentro de las teorías de la criminología crítica, cuando estas
opiniones contrarias a la institución carcelaria se agudizan. Estos
autores parten de considerar al crimen como un comportamiento
definido por el Derecho y, por lo tanto, algo cultural, condicionado política e históricamente, y rechazan las posiciones de la
criminología positivista que calificaban al delincuente como una
persona “diferente”, determinada al crimen por sus características
biológicas y psicológicas8. Este cambio de perspectiva, como
veremos posteriormente, provocó, a mediados de los años 70,
entre otras cosas, la crisis de la ideología del tratamiento y de
la resocialización9, negando ambos objetivos al sistema penal y,
especialmente, a las penas privativas de libertad.
1.2. Crítica actual a la pena privativa de libertad ,y en especial,
a la de corta duración
Actualmente, existe en la doctrina penal y criminológica una
visión dual acerca de la pena privativa de libertad y sus alternativas. Por una parte, las teorías criminológicas oficiales valoran la
prisión por su potencialidad para incapacitar, segregar y controlar
a los individuos calificados como peligrosos, con el objetivo de
garantizar la seguridad pública. De esta manera, en las últimas
décadas, a partir de los años 80, estas teorías han “redescubierto”
la institución penitenciaria, poniendo el énfasis en su capacidad
retributiva y de prevención general negativa o intimidatoria, la
cual, en su opinión, cumplen todas las penas privativas de libertad,
independientemente de su duración. Esta nueva visión de la institución penitenciaria, así como los cambios producidos en la teoría
del control del delito, han ocasionado también que las alternativas
(7)
(8)
(9)
FOUCAULT 1990:236.
BARATTA 1989:21-22.
Ver apartado I.2.2
27
a la pena privativa de libertad se hayan redefinido, resaltando su
carácter de castigo en la comunidad, y se hayan aumentado sus
labores de control y supervisión10.
Por otra parte, existe otro sector doctrinal que critica la prisión
por su carácter inhumano y contrario al respeto de los derechos
humanos11, crítica que se acentúa en las penas privativas de libertad
de corta duración. Estas penas son consideradas ineficaces, ya que
por su escasa duración no son adecuadas para conseguir ningún
efecto resocializador en la persona penada y, en cambio, resultan
sumamente desocializadoras. El hecho de que la persona condenada deba abandonar su medio social, sus relaciones personales
y posiblemente laborales, para cumplir su condena en una institución basada en las relaciones de sometimiento y subordinación,
origen de una violencia extrema, y con un claro carácter represivo
y uniformizante, es contrario a una concepción de resolución de
conflictos en clave constructiva, y lo único que provoca es una
mayor marginación y exclusión de la persona penada. Además,
el contacto de dicha persona con el medio carcelario propicia el
“contagio criminal”, es decir, la perfección de carreras criminales al entrar en contacto con otras personas presas acusadas de
conductas más graves. Finalmente, el argumento económico, tan
importante para algunos estratos de poder pero que, en mi opinión,
no deberían influir en la toma de decisiones sobre política criminal,
también desaconseja estas penas privativas de libertad de corta
duración, por el excesivo gasto que su cumplimiento produce en
el sistema penal. A estos argumentos, se une la inadecuación de
recurrir a penas que tienen tantos efectos negativos cuando se
trata de sancionar ilícitos penales de escasa gravedad, como son
los delitos de los que derivan dichas sanciones12.
(10)
(11)
(12)
28
GARLAND 2005:288-292. Un estudio más completo sobre estas teorías
criminológicas se encuentra en el apartado I.4.2 de esta Primera Parte.
LANDROVE 2001:425; ORTUBAY 1995:72; RÍOS 2004:37.
BRANDARIZ 2002:41; GRACIA MARTÍN 2000:226; LÓPEZ CONTRERAS 2004:2 y 42; MIR PUIG 1996b:58; SANZ MULAS 2000:224 y ss.
Ante estos efectos negativos reconocidos a la pena privativa
de libertad de corta duración, diversos especialistas penales y
criminólogos se han centrado en buscar sanciones o instituciones
que permitan su sustitución13. Los organismos internacionales han
recogido también estas propuestas, reclamando la incorporación
en los diversos sistemas penales de penas no privativas de libertad
como instrumento para reducir la pena de prisión14.
Pero a pesar de que en la actualidad toda la literatura de las
alternativas a la prisión se centre en la búsqueda de estos sustitutivos a la pena privativa de libertad de corta duración, no hay
que olvidar la crítica más amplia que, desde algunos sectores,
se realiza a la prisión en sí misma, ya que el hecho de que estas
alternativas se consideren apropiadas para sancionar ilícitos penales de escasa gravedad no puede ser utilizado para legitimar
la pena de prisión como sanción adecuada en delitos graves. La
prisión no sólo limita la libertad ambulatoria de la persona presa,
sino que también vulnera otros derechos fundamentales. Por este
motivo, desde una perspectiva abolicionista, se plantea que la
búsqueda de alternativas a la pena privativa de libertad de corta
duración no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino que
debe situarse dentro de un proceso más amplio, cuyo objetivo sea
la desaparición de la prisión15.
Pero para situar el debate actual sobre las alternativas a la
pena privativa de libertad, es necesario, sin lugar a dudas, analizar el recorrido que dichas propuestas han tenido a lo largo de
la historia.
(13)
(14)
(15)
SANZ MULAS 2000:171.
La ONU, en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990, sobre las
Reglas mínimas sobre las medidas no privativas de libertad, recoge este
objetivo en su punto 1.5. Por su parte, el Consejo de Europa, en su recomendación r (92) 16, del 19 de octubre de 1992, relaciona directamente
en su preámbulo la implantación de las medidas y sanciones comunitarias
con el intento de evitar los efectos negativos de la prisión.
SANZ MULAS 2000:254 y ss.
29
2. FACTORES QUE PROPICIARON EL DEBATE Y LA
BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN
Los factores que favorecieron la incorporación de alternativas
a la cárcel en los diferentes sistemas penales fueron muy diversos.
El mayor desarrollo de esta literatura crítica con la cárcel, que
abogaba por un cambio en el sistema penal en su conjunto, tuvo
lugar dentro del movimiento descarcelatorio de los años 60. Pero
en la incorporación final de estas alternativas, no hay que olvidar
también el agrado con el cual fueron aceptadas desde posiciones
conservadoras, motivado tanto por su menor coste económico,
como por el deseo de perfeccionar el control social16.
A continuación voy a proceder a realizar un estudio más
pormenorizado de dichos factores, los cuales podrían resumirse
en el deseo de humanizar las penas, el escepticismo frente a la
eficacia de la pena privativa de libertad, las necesidades financieras y la superpoblación de las cárceles17. Pero veámoslas más
detalladamente:
2.1. El principio humanitario
El principio humanitario fomentó la búsqueda de alternativas
que fuesen menos lesivas para los derechos humanos y la dignidad
de las personas presas18. La prisión, a pesar de que en un principio
sólo debe limitar la libertad de movimiento del individuo, supone
también una violación de otros derechos fundamentales del ser
humano, como son el derecho a la intimidad, al libre desarrollo
de la personalidad, a la educación, etc. Asimismo, la reclusión de
la persona penada en un centro penitenciario implica la mayoría
de las veces la ruptura con sus relaciones sociales, así como de
(16)
(17)
(18)
30
LARRAURI 1987:773-774.
HUBER 1983:35.
BRANDARIZ 2002:43; LÓPEZ CONTRERAS 2004:44; MESUTTI
1993:125.
las posibles relaciones laborales o educativas que pudiese tener
en el momento de la encarcelación, y produce la estigmatización
de dicha persona, lo que le llevará en muchas ocasiones a ser
rechazada dentro de su propia comunidad.
Aparte de estos efectos negativos en la socialización de dicha
persona, la estancia en la cárcel le produce, por una parte, un proceso de “desculturalización” y, por otra, de “prisionización”. Con
el primero de estos conceptos se hace referencia a la desadaptación
que sufre esta persona a las condiciones que son necesarias para
la vida en libertad, así como a la pérdida de la responsabilidad
personal frente a sus actos. Por su parte, el proceso de “prisionización” supone la adopción de las actitudes, los modelos de
comportamiento y los valores propios de la subcultura carcelaria,
la cual está caracterizada por la violencia, la sumisión y la uniformización19. Estos dos procesos opuestos, pero complementarios a
la vez, provocan una grave desocialización en la persona presa, que
dificultará enormemente su re-adaptación a la vida en sociedad.
Además, hay que tener en cuenta que durante el periodo en
el cual esta persona ha estado presa, la sociedad en sí ha cambiado, ha evolucionado, por lo que numerosas veces no va a poder
volver a utilizar los códigos sociales a los cuales recurría antes
de su entrada en prisión, lo que le producirá una desorientación y
estigmatización aún mayor.
2.2. Crisis de la ideología del tratamiento y del ideal resocializador
2.2.1. Críticas a la ideología resocializadora
La crisis del ideal resocializador y de la ideología del tratamiento, que se produjo a partir de la década de los 60 se debió,
(19)
BARATTA 1989:194-195; BRANDARIZ 2002:44; HASSEMER/MUÑOZ CONDE 1989:156.
31
particularmente, a la falta de resultados prácticos, motivada por
la alta tasa de reincidencia entre las personas que habían sido
sometidas a algún tipo de tratamiento.
Pero este cuestionamiento del ideal resocializador no se basa
únicamente en datos empíricos, sino que desde las posiciones de
la criminología radical, surgida a partir de finales de los años 60
y principios de los 70, se censura la legitimidad misma de esta
perspectiva resocializadora20. Por una parte, se mantiene el escepticismo ante un ideal resocializador que pretende “re-educar” a la
persona presa para que se desenvuelva en libertad en un ambiente
de falta de libertad. Es decir, la prisión se muestra como un espacio
totalmente inadecuado para alcanzar cualquier fin resocializador,
debido, especialmente, tal y como hemos visto con anterioridad,
a los efectos desocializadores que le son inherentes. Sin lugar a
dudas, tal y como ha dicho algún autor, el principal obstáculo para
la resocialización en la cárcel, es la cárcel misma21.
Asimismo, se destacan las injerencias que, en nombre de la
resocialización, se habían producido en los derechos humanos y en
la dignidad de las personas presas22. Concretamente, en numerosas
ocasiones mediante el tratamiento coactivo se pretendía que la
persona presa asumiese como suyo el sistema de valores predominante en la sociedad, negándole, por tanto, su derecho a la libre
personalidad y a una actitud crítica ante la sociedad en que vive.
Por esto, se propugna que el tratamiento, en cualquier término, es
(20)
(21)
(22)
32
GARLAND 2005:105-129. Este autor destaca que, especialmente en Estados Unidos, esta criminología radical surge desde el interior del Estado
de bienestar propio de la época, con el objetivo de que se cumpliesen la
promesa de igualdad de oportunidades, justicia social, libertad individual
y derechos civiles para todas las personas.
HASSEMER/MUÑOZ CONDE 1989:139; ROXIN 1998:385.
ASÚA 1984:306; BRANDARIZ 2002:46; SANZ MULAS 2000:193.
DE GIORGI 2005:46-52 expone cómo, mediante la disciplina, lo que
se intentaba era transformar a los individuos, lo que suponía una grave
vulneración de sus derechos humanos.
un derecho de la persona penada, que debe llevarse a cabo con su
consentimiento y con el respeto a sus derechos humanos, y que no
se le puede obligar de forma coactiva a participar en él23. Esta crítica hace que se planteen vías resocializadoras no coactivas, en un
ambiente no privativo de libertad, y cuyo objetivo no sea cambiar
las convicciones personales de la persona presa con respecto a la
sociedad, sino pretender, exclusivamente, que en el futuro pueda
desarrollar una vida sin cometer delitos24.
Pero ésta no es la mayor crítica con la que se enfrenta la
ideología resocializadora, sino la de la falta de legitimación que
supone intentar “re-socializar” a la persona presa, incorporándole
a un sistema de valores que no ha elegido, olvidando el otro factor
integrante en esta socialización: la propia sociedad. En este sentido, hay que tener presente que la mayoría de las personas que se
encuentran en prisión pertenece a los sectores más desfavorecidos
de la sociedad, a los cuales la sociedad en su conjunto, más que
incluirles, ha excluido, por lo que resulta, como mínimo, irónico
pretender que se integren en dicha sociedad sin cambiar los valores
y las circunstancias de ha provocado esta exclusión25. Además, con
este planteamiento, aparte de eludir la parte de responsabilidad que
tiene la sociedad en la exclusión de sus integrantes, lo que se aspira
es a que se acepte como perfecto el orden social establecido, sin
que quede ningún resquicio para su crítica ni para el cambio26.
(23)
(24)
(25)
(26)
HASSEMER/MUÑOZ CONDE 1989:152; SANZ MULAS 2000:193;
MANZANOS 2004:31.
SANZ MULAS 2000:195.
LARRAURI 1987:774 y 782 destaca que incluso los planteamientos
más progresistas que reconocían la responsabilidad de la comunidad
en el origen de la delincuencia, no situaban esta responsabilidad en los
defectos estructurales de la sociedad, sino únicamente como un fallo de
la comunidad en el proceso de socialización del delincuente.
BARATTA 1989:197; HASSEMER/MUÑOZ CONDE 1989:158; SANZ
MULAS 2000:191.
33
2.2.2. Interpretación restrictiva del término “resocialización”
Frente a estas críticas a la ideología resocializadora, se ha
propugnado una interpretación restrictiva del término resocialización, en el sentido de entenderlo como una conducta de la
persona penada respetuosa con la ley, sin el objetivo de cambiar
sus convicciones internas27.
Pero incluso con esta interpretación restrictiva, en mi opinión,
se está legitimando de facto un sistema penal y, por tanto, unos
valores, que no son inamovibles, sustrayendo a las personas su
capacidad de cambiar las normas penales y sociales, en la búsqueda por una sociedad más justa e igualitaria. En este sentido,
hay que recordar el derecho a la participación política de los y
las ciudadanas reconocido por diversos textos internacionales de
protección de los derechos humanos28. Este derecho a la participación no puede reducirse únicamente al derecho al sufragio activo
y pasivo, sino que debe abarcar también la participación activa
en los asuntos públicos, lo que incluye la posibilidad de exigir a
los poderes públicos la modificación y adaptación de las leyes,
con el fin de que éstas se adecuen y protejan mejor los intereses y
derechos de la ciudadanía, lo cual quedaría excluido si se aceptara
la anterior interpretación del término “resocialización”. Ejemplo
de todo ello fue la insumisión al cumplimiento del servicio militar,
que planteaba el cambio de la normativa penal mediante su no
respeto. Siguiendo dicha interpretación, este legítimo objetivo no
hubiese podido materializarse, ya que el supuesto deber de respetar íntegramente las normas penales nos sustrae también nuestro
derecho a cambiarlas. Por este motivo, en mi opinión, incluso esta
interpretación restrictiva debería ser matizada y revisada.
(27)
(28)
34
GARCÍA ARAN 1997:37; LÓPEZ CONTRERAS 2004:47.
Art. 21 Declaración de los Derechos Humanos adoptada por la ONU el
10 de diciembre de 1948; Art. 25 de Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, adoptados por la ONU el 16 de diciembre de 1966.
No obstante, y a pesar de las numerosas críticas realizadas
a este objetivo resocializador, hay que recordar que éste parece
seguir siendo, en principio, el fin fundamental de la ejecución
penal en el sistema penal del estado español. De hecho, tanto el
artículo 25.2 CE, como los artículos 1 y 71.1 LOGP lo recogen
como objetivo a seguir en la ejecución de las sanciones penales,
aunque sin especificar los medios que se utilizarán para su consecución. Esto es debido a que en la época en la cual se aprobó la ley
penitenciaria, concretamente en 1979, la doctrina penal mayoritaria
del estado español era favorable aún a la teoría del tratamiento y
la reinserción, y a que las críticas de las que ya era objeto en otros
países occidentales, en los cuales el objetivo correccionalista había presidido la ejecución penal durante el período de posguerra,
como Estados Unidos y Gran Bretaña, no tuvieran aquí apenas
influencia hasta años posteriores.
2.2.3. La no desocialización como objetivo
Teniendo en cuenta todas las críticas y matizaciones realizadas
anteriormente, se puede decir que este afán resocializador, a lo
único que puede aspirar es a que las sanciones penales y, especialmente la pena privativa de libertad, no desocialicen más a la
persona que queda sometida a ella. Para ello, sin lugar a dudas,
será necesario que se reduzca la utilización de la pena privativa
de libertad, acudiendo a otro tipo de sanciones que se cumplan en
medio abierto, y que tengan siempre presente, durante su ejecución,
el criterio de la no desocialización29.
Es aquí también donde tiene cabida una pena como los trabajos en beneficio de la comunidad, como materialización de estos
esfuerzos por introducir nuevas sanciones penales que superen las
críticas realizadas a esta ideología de la resocialización30.
(29)
(30)
BRANDARIZ 2002:48; GARCÍA ARÁN 1997:37; SANZ MULAS
2000:196.
ASÚA 1984:306; BRANDARIZ 2002:45; GARCÍA ARÁN 1996:36.
35
2.3. Aumento de la población reclusa
Otra circunstancia que ha influido en la búsqueda y previsión
de alternativas a la prisión ha sido el aumento de la población
carcelaria en las últimas décadas, como consecuencia de la modificación de la práctica penal, más favorable a la imposición de
penas privativas de libertad31. Este aumento de la población reclusa
ha sido producido no sólo por un posible aumento de los delitos
cometidos, sino, especialmente, por el incremento de la duración
media de las condenas, al que se debe añadir el gran peso que
tiene la población encarcelada de forma preventiva sobre el total
de la población reclusa32. Como consecuencia de este incremento
progresivo de las personas encarceladas, el estado español se sitúa,
junto a Gran Bretaña, entre los países europeos con mayor índice
de población reclusa33.
Ante esta situación, se presentaban dos opciones al poder
legislativo: aumentar los establecimientos penitenciarios, tanto
en capacidad como en número, o promover medidas penales alternativas a la prisión. Las corrientes de la política criminal oficial
se inclinaban más hacia la primera de estas soluciones, es decir, a
la construcción de nuevas cárceles, pero la crisis fiscal del Estado
ha motivado la introducción también de diferentes medidas alternativas34. No obstante, las nuevas reformas legislativas que se han
(31)
(32)
(33)
(34)
36
ASÚA 1984:307; BRANDARIZ 2002:48; HUBER 1983:35 y ss.; LARRAURI 1991a:49.
LARRAURI 1991a:59 habla de cerca de un 50% de población encarcelada
preventivamente. Actualmente, según datos de la DGIP, a mediados de
enero de 2005 el 22,4% de las personas encarceladas lo estaba de forma
preventiva.
A enero del 2005 la población total encarcelada en el estado español,
excluyendo Catalunya, superaba las 59.500 personas, produciéndose un
incremento constante de dicha población desde la década de los 80. Los
datos han sido extraídos de CID/LARRAURI 1997:12, así como de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en www.mir.es/instpeni/cifras.htm. Ver también BRANDARIZ 2002:50-51.
BRANDARIZ 2002:49.
aprobado durante el año 2003, tal y como veremos posteriormente,
siguen la primera de estas tendencias, aumentando el rigor punitivo
y la utilización de la pena privativa de libertad, lo que provocará,
sin duda, un incremento de la población reclusa.
Por otra parte, esta superpoblación en las prisiones empeora
aún más las duras condiciones de vida de las personas presas, lo
que intensifica su nivel de desocialización, y hace más necesaria
la búsqueda y aplicación de medidas no privativas de libertad.
2.4. Criterios económicos
Una última circunstancia que propició la incorporación de
medidas penales alternativas en los diferentes sistemas penales
fue la crisis fiscal estatal. El sistema económico neoliberal que se
ha ido imponiendo en los diversos países desde la década de 1980,
con el desmantelamiento de los estados del bienestar, obligaba
a contener el gasto público, particularmente, el destinado a las
políticas sociales35. Esto favoreció que los diferentes gobiernos
incluyesen estas medidas alternativas en sus legislaciones penales36, ya que se veían como medidas más económicas que la pena
de prisión37.
Este argumento es, sin lugar a dudas, totalmente rechazable
desde la perspectiva de un Estado social, garantista de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Pero incluso partiendo del
(35)
(36)
(37)
LARRAURI 1987:784 se hace eco también de un segundo elemento
importante para explicar la crisis fiscal del Estado, como es el gran peso
que tienen los gastos armamentísticos en los presupuestos públicos de
los diferentes estados.
ASÚA 1984:307; BRANDARIZ 2002:57; LARRAURI 1991a:46; MESSUTI 1993:107; SANZ MULAS 2000:343; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:46.
LARRAURI 1987:782 y ss. la considera la “verdadera” razón que movió
a los gobiernos en la adopción de diferentes penas alternativas.
HUBER 1983:39; SANZ MULAS 2000:350.
37
hecho de que en la actualidad este modelo de Estado parece haber
fracasado, es preciso destacar que el factor económico no debería
conducir a adoptar políticas criminales que, en última instancia,
puedan reforzar la desigualdad y la exclusión social.
3. PLANTEAMIENTOS POLÍTICO-CRIMINALES Y
ANÁLISIS CRIMINOLÓGICO EN TORNO A LAS
ALTERNATIVAS EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
Una vez analizados los argumentos que propiciaron el interés
por la búsqueda de diferentes alternativas a la pena de prisión, es
primordial analizar la evolución que sobre el tema se ha producido
en el seno de la criminología, haciendo especial hincapié en las
diversas críticas que se realizaron. De hecho, estas reflexiones criminológicas han tenido una gran importancia en las orientaciones
político-criminales posteriores, que son necesarias resaltar.
3.1. Surgimiento en la década de 1960
Fue el movimiento descarcelatorio de los años 60, surgido
en el seno de la criminología crítica, el que utilizando el análisis
desarrollado por los y las criminólogas de la teoría del etiquetamiento (labelling approach) sobre el papel que juega la prisión en
la desviación secundaria, propuso la derivación de los conflictos
sociales fuera del sistema penal. Durante esta época abundan las
críticas a las instituciones totales, como la prisión, y en su lugar se
aboga por la no-intervención, es decir, la solución de los conflictos
de manera autónoma, sin intervención del derecho penal38.
Al mismo tiempo, para aquellas personas que ya habían sido
captadas por el sistema penal, se intenta que no deban ingresar en
prisión, buscando para ello diversas alternativas.
(38)
38
BARATTA 1989:89 y ss.; LARRAURI 1991b:210; LARRAURI
1987:773.
3.2. Crisis de los años 70
Esta reivindicación de los años 60 fue, sin embargo, cuestionada en la década de los 70, debido especialmente a que la
introducción de dichas alternativas no se veía como un verdadero
triunfo de las fuerzas progresistas, descarcelatorias, sino como una
consecuencia de la necesidad de reducir el gasto público, propiciada por las políticas económicas neoliberales que se comienzan
a poner en práctica, concretamente en Inglaterra y en Estados
Unidos. Además, el supuesto humanitarismo presente en las alternativas derivó, en realidad, en un aumento del intervencionismo
estatal, obligando a las personas que quedaban sujetas a ellas a
participar coactivamente en diversos programas rehabilitadores
que vulneraban su dignidad39.
Al mismo tiempo, se constató que con la introducción de las
diversas alternativas no se limitaba el poder disciplinario del Estado, ejercido, entre otros lugares, en las prisiones, sino que éste
se difuminaba y se expandía, aumentando, por tanto, el poder
sancionador estatal40.
Finalmente, se concluyó que las alternativas no servían para
sustituir a la cárcel, objetivo con el que habían sido propuestas
desde diversos ámbitos criminológicos, sino que la complementaban, lo que comportaba, además, un incremento del control
social41. Esto era debido, por una parte, a que numerosas veces las
alternativas suponían una injerencia mayor en la personalidad del
individuo y, por otra, a que su supuesta benevolencia provocaba
que se aplicase a un mayor número de personas que en otro caso
no hubiesen recibido ningún tipo de sanción42, dando origen así a
una política criminal expansiva.
(39)
(40)
(41)
(42)
LARRAURI 1987:779.
FOUCAULT 1990.
DE GIORGI 2005:49; LARRAURI 1987:775; LARRAURI 1991a:46;
TORRENTE 2001:217; VARONA MARTÍNEZ 1998:138.
LARRAURI 1991b:210; LARRAURI 1987:777.
39
Además, el hecho de que dichas alternativas se considerasen
apropiadas únicamente para los niveles inferiores de criminalidad,
impedía que se llevase a cabo una verdadera política descriminalizadora, objetivo de los planteamientos que abogaban por un
sistema penal reduccionista, ya que se legitimaba la persistencia
de la cárcel para los delitos de mayor gravedad43.
3.3. Reafirmación durante los años 80
Ante estas críticas absolutas a las alternativas, se llegó a la
paradoja de que el retorno a la pena privativa de libertad parecía
ser la única solución viable, lo que era rechazado rotundamente
desde diversos sectores.
Por este motivo, en los años 80 se produce una “reafirmación
cautelosa”44 de las alternativas, intentando reafirmar sus valores
propios y reducir sus inconvenientes. En esta línea, aparece una
nueva postura intermedia, basada en el principio de especificidad,
que defendía la aplicación de las alternativas de forma selectiva,
para determinadas personas y en determinadas circunstancias45.
Junto a estos sectores que re-valoraban la esencia de las alternativas, surgen otros dos movimientos que también influyeron en
la incorporación de diversas alternativas a los sistemas penales.
Por un lado, el movimiento de just deserts, que destacó la necesidad de crear nuevas alternativas entre la probation y la cárcel
que permitiesen una graduación de la pena en función del ilícito
cometido; y, por otro, nuevas tendencias punitivas cuyo objetivo
era proponer alternativas dotadas de un mayor nivel de severidad,
por considerar que las alternativas presentes hasta el momento
(43)
(44)
(45)
40
BRANDARIZ 2002:64; LARRAURI 1987:778.
LARRAURI 1991b:212; LARRAURI 1991a:54.
LARRAURI 1991b:212; LARRAURI 1991a:53 expone que para superar
los elementos negativos destacados de las alternativas en la década anterior, se propone también una línea abolicionista, que promueve buscar
“alternativas al castigo” en lugar de “castigos alternativos”.
en los sistemas penales no eran adecuadas para sancionar ciertos
delitos46.
3.4. Modelos político-criminales actuales
En el momento actual, en el debate en torno a las alternativas se pueden encontrar tres enfoques doctrinales que esgrimen
fundamentos diferentes a la hora de defender su aplicación, pero
cuyo objetivo común es reducir el uso de las penas privativas de
libertad. Estos enfoques son:
3.4.1. La perspectiva restauradora o reparadora
Este modelo restaurador, influenciado por la contribución que
la victimología ha realizado a la teoría de la pena, se basa en que las
sanciones penales deben tener elementos de reparación a la víctima
del ilícito penal. Es decir, plantea articular un castigo al infractor
que al mismo tiempo sirva para satisfacer las necesidades de la
víctima47. Para conseguir este objetivo, propone consecuencias
jurídicas del delito basadas en la mediación-conciliación entre la
víctima y el infractor, o se condiciona la aplicación de las diversas
alternativas ya existentes en los sistemas penales a una previa
reparación de los daños ocasionados por el delito.
Este modelo ha sido desarrollado especialmente por la doctrina alemana, que ha llegado a considerar la reparación como una
“tercera vía”, entre las penas y las medidas de seguridad, adecuada
para sustituir la pena en infracciones de gravedad baja y atenuarla
o suspenderla en infracciones de gravedad media o alta48.
(46)
(47)
(48)
CID/LARRAURI 1997:18.
En relación con la incorporación de alternativas a los sistemas penales,
MESSUTI 1993:129 entiende que estas alternativas suponen un cambio
radical en los sistemas penales, no sólo su reforma, por lo que hay que
impulsarlas, valorándolas en toda su esencia.
BUSTOS/LARRAURI 1993:94.
BRANDARIZ 2002:75.
41
Basándose en este modelo, desde planteamientos abolicionistas, se ha destacado incluso su idoneidad para construir no sólo
una alternativa a la pena de prisión, sino una alternativa al sistema
penal en su conjunto, rechazando la participación preferente del
Estado en la solución de los conflictos y devolviendo su solución
a las personas implicadas, esto es, a la víctima y al infractor, con
la participación activa de la comunidad49.
3.4.2. La perspectiva individualizadora o rehabilitadora
Esta postura defiende la aplicación de las alternativas cuando
mediante éstas pueda conseguirse el fin resocializador que debe
guiar la ejecución penal50. Teniendo en cuenta que la prisión es,
de por sí, una sanción totalmente desocializadora, las alternativas
se considerarán siempre preferibles a ésta, pero no se valoran por
sí mismas, sino en comparación a la prisión.
Sin embargo, esta interpretación suscita diversos problemas a
la hora de conseguir una efectiva reducción de la pena de prisión51.
En primer lugar, excluye diversas alternativas que no tienen claros
efectos rehabilitadores, como la multa o el trabajo en beneficio
de la comunidad. En segundo, las alternativas no se aplicarían a
personas que no presentan problemas de socialización (como en
el caso de la regulación actual del Código penal podrían ser la
mayoría de personas condenadas por delitos contra la seguridad del
tráfico), o cuyo pronóstico de resocialización sea negativo, como
pueden ser las personas con antecedentes penales. Finalmente,
esta perspectiva parece admitir que las alternativas únicamente
deben sustituir a las penas privativas de libertad de corta duración,
(49)
(50)
(51)
42
Un estudio más completo de esta perspectiva reparadora puede verse en
ALASTUEY 2000; PÉREZ SANZBERRO 1999; VARONA MARTÍNEZ
1998.
Representantes de esta postura son ASÚA 1984:327 y 331; LÓPEZ
CONTRERAS 2004:2-3; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:7 y ss.; VALMAÑA 1990:197.
CID/LARRAURI 1997:22-23.
legitimando, por el contrario, las penas de prisión de larga duración
por su adecuación para conseguir efectos resocializadores.
No obstante, dentro de este modelo individualizador se encuentra también un sector que se muestra crítico con el concepto
tradicional de resocialización y que rechaza la ideología del tratamiento, por no respetar los derechos humanos y la dignidad de la
persona presa. Estos especialistas defienden las penas alternativas
porque minimizan los efectos desocializadores de las sanciones
penales, y en especial de la prisión, y las consideran adecuadas
para personas con escasas necesidades preventivo-especiales -por
su escasa peligrosidad-, o para sancionar infracciones penales de
escasa gravedad52.
3.4.3. El modelo proporcionalista53
Este sector parte de la idea de que el objetivo de las alternativas
a la prisión debe ser la reducción de la propia prisión. La pena debe
graduarse en base a la gravedad del delito cometido, considerando
la cárcel apropiada únicamente para los delitos de mayor gravedad. Siguiendo este criterio, las infracciones de gravedad leve e
intermedia deben sancionarse con medidas alternativas, graduadas
también en función de la ofensa realizada54. Concretamente, las
penas de días-multa y de trabajo en beneficio de la comunidad se
consideran adecuadas para sancionar infracciones de gravedad
media, mientras que para las de gravedad leve únicamente se
aceptan la multa leve o la amonestación55.
Esta perspectiva hace efectivo el principio de ultima ratio de
la prisión dentro del sistema de penas. Para ello, por una parte
se persigue su reducción paulatina y, por otra, se plantea que la
(52)
(53)
(54)
(55)
BRANDARIZ 2002:78.
Término utilizado por CID/LARRAURI 1997:21 y ss.
CID/LARRAURI 1997:24 y ss; SANZ MULAS 2000:248.
CID/MOLINÉ 1997:25, siguiendo las propuestas dadas por Wasik/Von
Hirsch.
43
prisión debe dejar de estimarse adecuada para sancionar prácticamente todo tipo de delitos56. No obstante, la consideración de la
prisión como último recurso dentro del sistema penal no supone
su legitimación para las infracciones de gravedad alta, sino que se
propugna una reducción progresiva de la intensidad de las reacciones penales con el objetivo de, algún día, abolir la pena privativa
de libertad. Es decir, este sector doctrinal no se limita a rechazar
la pena privativa de libertad de corta duración, sino que destaca
también el carácter inhumano y desproporcional inherente a las
penas largas, por lo cual éstas deberían ser suprimidas57.
La vía para conseguir este objetivo consiste en introducir las
penas alternativas como sanciones principales, autónomas, proporcionales a la gravedad de los ilícitos, pero sin limitarse a ser
meros sustitutivos de la pena de prisión, ya que en estos casos su
aplicación suele estar condicionada a estimaciones preventivoespeciales realizadas por el órgano sentenciador.
Por otro lado, esta perspectiva proporcionalista no rechaza
totalmente los planteamientos individualizadores, sino que considera que las ideas de ayuda a la persona condenada, propias del
modelo rehabilitador, deben tener cabida también en este modelo58. En este sentido, la ayuda debe ser un elemento limitador del
castigo, para que las dificultades personales o sociales que puedan
tener estas personas no incrementen los efectos perjudiciales de
la medida alternativa59.
(56)
(57)
(58)
(59)
44
ARÁNGUEZ 2000:41; CID/LARRAURI 1997:21; LANDROVE
2001:425; ROXIN 1998:381; SANZ MULAS 2000:253.
CID/LARRAURI 1997:17 y 26; SANZ MULAS 2000:253.
CID/LARRAURI 1997:28; CID 2004a:219.
CID/LARRAURI 1997:27; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:225-229.
4. LA REALIDAD DE LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
4.1. Aproximación general a las últimas modificaciones del
Código penal
Frente a estos modelos político-criminales que abogan por una
reducción progresiva del uso de las penas privativas de libertad y
una implantación real de las alternativas, se han aprobado recientemente en sede parlamentaria una serie de leyes penales, modificadoras todas ellas del Código penal de 1995, que han supuesto
un incremento de la severidad punitiva, y donde la cárcel mantiene
su papel central. Estas leyes son la LO 7/2003, de reforma para el
cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, la LO 11/2003, de
medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia
doméstica e integración social de los extranjeros y la LO 15/2003,
modificadora del Código penal. La característica común a todas
ellas es el endurecimiento de la pena de prisión y de su ejecución,
que va a provocar un mayor número de personas encarceladas
debido, no sólo al incremento de personas condenadas a dicha
pena, sino también a la mayor duración de las condenas.
Con respecto a la LO 15/2003, y sin querer proceder a un estudio
exhaustivo de sus disposiciones, es necesario apuntar los cambios más
significativos introducidos por ella, para posteriormente pincelar la práctica político-criminal que se está imponiendo en los últimos tiempos.
En primer lugar, se ha suprimido la pena de arrestos de fin de
semana, debido, según el art. II c) de la Exposición de Motivos, a que
su aplicación práctica no había sido satisfactoria. Esta sanción era
contemplada en el CP 1995 como pena leve o menos grave, y actuaba
como pena originaria para sancionar determinados tipos de la parte
especial, o como pena sustitutiva de las penas de prisión60.
(60)
VARONA GÓMEZ 2004b:48-79 hace un estudio sobre el papel jugado
por la pena de arresto de fin de semana durante la vigencia del CP 1995,
así como sobre las verdaderas motivaciones de su supresión.
45
Esta sanción ha sido sustituida por la pena de prisión de corta
duración -en el caso de los delitos leves-, por la localización permanente -en el caso de las faltas- y por trabajos en beneficio de
la comunidad, en determinados tipos de la parte especial y como
sustitutivo de la pena de prisión. Por lo tanto, se ha recuperado la
pena corta de prisión, eliminada del anterior Código penal, con el
objetivo de sancionar delitos leves.
En segundo lugar, y unido con lo anterior, la duración mínima
de la prisión ha pasado de seis a tres meses, basándose en la retórica
de la prevención general negativa que, en principio, cumplen estas
penas de prisión. Esto ha provocado un grave aumento punitivo,
ya que ilícitos para los cuales anteriormente se preveía una pena
de arresto de fin de semana, actualmente se sancionan con penas
de prisión continuada superiores a los tres meses.
Por último, se ha potenciado levemente la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad, la cual se ha previsto para sancionar
determinados ilícitos penales y como sanción sustitutiva de la pena
de prisión. Sin embargo, esta reforma no posibilita la implantación
real de esta sanción para reaccionar contra los ilícitos de gravedad
baja e intermedia, ni su régimen legal se ha elaborado de forma
que actúe como verdadera alternativa a la prisión.
Por lo tanto, de esta sucinta aproximación a la reforma penal
operada por la LO 15/2003 se puede concluir que ésta no ha estado
realmente motivada por el intento de avanzar hacia un sistema de
penas alternativas a la pena de prisión. En cambio, se ha recurrido
a la prevención general negativa o intimidatoria para aumentar la
duración e intensidad de las sanciones, reintroduciendo las penas
cortas de prisión y manteniendo la pena de prisión su papel central dentro del sistema de penas61, reflejo de una política criminal
expansionista.
(61)
46
VARONA GÓMEZ 2004b:77.
4.2. La supuesta demanda social de castigo en la fundamentación de estas reformas
Los partidos políticos que han promovido o apoyado estas
reformas han fundamentado este aumento de la severidad punitiva
en las demandas de la ciudadanía a favor de una mayor seguridad
y control social, como reacción a los cambios sociales que están
teniendo lugar en la actualidad. Así, se da cabida a políticas populistas, fácilmente manipulables por parte del poder, que pretenden
desviar la atención hacia un supuesto aumento de la criminalidad
tradicional como causa de los problemas sociales e individuales.
Éstas tienen su reflejo en las políticas de “tolerancia cero” que
están imponiéndose en diversos países occidentales62.
Esta nueva visión de los problemas sociales y del control del
delito y la criminalidad, encuentran su apoyo teórico en la criminología del control, cuyo origen se sitúa en las décadas de 1980
y 1990 en Estados Unidos y Gran Bretaña, para posteriormente
extenderse a otros países occidentales63. Ésta abandona el análisis de las causas de la criminalidad basadas en las desigualdades
existentes en la sociedad, originadas por un sistema económico
y social excluyente y se centra, por el contrario, en el control del
delito, al que reconocen como algo normal en las sociedades actuales. Estas criminologías del control, no obstante, albergan en
su seno dos teorías criminológicas que es necesario diferenciar:
la criminología de la vida cotidiana y la criminología del otro. La
primera de ellas parte de la normalidad del acto delictivo y presenta a la persona delincuente como un ser racional, perfectamente
integrado y que únicamente se aprovecha de las situaciones que se
le ofrecen para delinquir. En consecuencia, para lograr el control
y la protección del público propone el desarrollo de una red de
(62)
(63)
DE GIORGI 2005:153-171 analiza la experiencia de esta tesis de la
“tolerancia cero” en la ciudad de Nueva York, donde comenzó a implantarse.
DE GIORGI 2005:54-58; DÍEZ RIPOLLÉS 2004:27; GARLAND
2005:216-222 y 297-305.
47
controles situacionales, cuyo objetivo es reducir las oportunidades
para delinquir a través de la limitación de los espacios de vida
de las personas. La criminología del otro, en cambio, reacciona
contra los códigos normativos de la sociedad propia del estado de
bienestar y busca transformar los valores sobre los que se asienta.
Para ello, propone la defensa del orden y la autoridad a través de
las normas penales, y visualiza a la persona delincuente como un
“otro”, perteneciente a una subcultura con la que la “comunidad
civilizada” no puede identificarse. Por lo tanto, en materia penal,
su objetivo es disuadir, castigar e incapacitar, para lo cual la cárcel
se muestra como el medio más idóneo64.
Como resultado, ya no se plantea la necesidad de una mejora en
las políticas sociales que fomente la inclusión de todos y todas las
ciudadanas y la redistribución de la riqueza, sino que se promueve
el recurso a las normas penales e intimidatorias como modo de
contener las conductas delictivas, al tiempo que se desarrollan
políticas de prevención situacional, con el fin de disminuir las
posibilidades de delinquir65.
De este modo, la represión penal se esgrime como el único
camino posible para contener la criminalidad, destacándose la potencialidad de la prisión para cumplir la función de incapacitación
o neutralización de aquellos sectores sociales que se han señalado
como desviados66.
Las teorías de esta criminología oficial, sin embargo, contrastan con la imagen del delito que, según diversos estudios
sociológicos, posee la sociedad vasca. Por una parte, un estudio
realizado entre estudiantes de la universidad del País Vasco67
sobre las representaciones de la delincuencia y sus niveles de
gravedad durante los años 2003 y 2004, muestra una actitud
(64)
(65)
(66)
(67)
48
GARLAND 2005:297-305.
DE GIORGI 2005:55-56 y 71; DÍEZ RIPOLLÉS 2004:28.
MANZANOS 2004:28; MUÑAGORRI 2004:12; RÍOS 2004:38.
ARNOSO 2004:14-26.
ante el delito comprensiva y reparadora, como lo demuestran los
siguientes datos: ante un delito leve las medidas alternativas son
consideradas las reacciones más adecuadas, representadas por los
trabajos en beneficio de la comunidad y la multa; ante un delito
grave, la prisión aparece como la medida central, seguida de la
rehabilitación, las medidas alternativas y el trabajo en beneficio de
la comunidad; finalmente, ante un delito muy grave prevalece la
prisión y, en menor medida, la rehabilitación y todavía en menor
porcentaje, la cadena perpetua.
Sobre la gravedad de los ilícitos, cabe destacar que las infracciones mayoritariamente perseguidas por la policía, y por los que
han sido encarcelados la mayoría de los y las reclusas68, como
son los hurtos, robos y delitos contra la salud pública están considerados delitos leves y, por lo tanto, sancionables con medidas
alternativas.
Por otra parte, estos datos corroboran otro estudio realizado
sobre la percepción que la sociedad vasca tiene sobre la delincuencia69, del que se extrae que aproximadamente el 65 % de
la sociedad es partidaria de las medidas alternativas al encierro
penitenciario para la gran mayoría de los delitos.
En definitiva, se puede concluir que estos estudios empíricos
contradicen y cuestionan los argumentos utilizados para fundamentar la política-criminal mantenida en las últimas reformas penales,
caracterizadas por el endurecimiento de la pena de prisión y la
relegación de las medidas alternativas a un nivel prácticamente
testimonial.
(68)
(69)
ARNOSO 2004:21 recoge que durante los últimos 20 años entre el 70 y 85
% del total de personas encarceladas en el sistema penitenciario español
lo fueron por estos delitos.
MANZANOS 2003.
49
5. PROPUESTAS ACTUALES PARA REDUCIR EL
USO DE LA PRISIÓN
Tras haber expuesto brevemente la evolución que se ha producido en la criminología y en la política criminal a lo largo de
las últimas décadas en torno a la pena privativa de libertad y sus
alternativas, resulta preciso centrarnos en la situación actual y
en algunas propuestas doctrinales destinadas a reducir el uso
de la prisión. Como hemos podido observar en los epígrafes
precedentes, nos encontramos ante un tema muy complejo,
condicionado por las diversas opciones políticas e ideológicas
presentes en la sociedad, y ante el cual resulta prácticamente
imposible ofrecer una respuesta única. Reflejo de todo ello es
la existencia de dos líneas interpretativas acerca del delito, su
control y la reacción frente a él. Por una parte, se encuentran
las teorías criminológicas y las políticas criminales oficiales
en la actualidad, centradas en la prevención y el control del
delito, las cuales valoran la pena privativa de libertad por su
virtualidad para conseguir la prevención general negativa o
intimidatoria y el objetivo retributivo de la pena. Por la otra,
se mantiene en la doctrina penal y criminológica una posición
crítica con la cárcel y los efectos negativos que le son inherentes, lo que constituye la base para la elaboración de diversas
propuestas destinadas a reducir o limitar su uso, mientras se
plantean otra serie de alternativas penales, menos intrusivas
y lesivas para las personas penadas.
Esta divergencia doctrinal acerca del delito y la sanción
penal, existente también en la propia sociedad, deriva en que
todas las propuestas realizadas en torno a este tema estén
abiertas al debate, partiendo de la constatación de que en este
ámbito no existen fórmulas mágicas ni absolutas. Del mismo
modo, los cambios que se están produciendo en las sociedades
actuales nos sitúan también ante nuevos retos, que muestran
la vigencia del tema y la necesidad de originar respuestas
novedosas.
50
5.1. Adopción de una visión reduccionista del uso de la prisión
La elaboración de este trabajo, frente a la política-criminal
oficial presente en las últimas reformas legislativas, parte de la
premisa de que el Derecho penal no es el instrumento adecuado
para reducir o contener la criminalidad, por lo que se aboga por
una política criminal reduccionista70. Por el contrario, un mayor
nivel de justicia e igualdad social, caracterizado por la inclusión, y
no la exclusión, en dicha sociedad de todos sus miembros, donde
el respeto mutuo y la defensa de los derechos fundamentales sean
realmente efectivos, se muestra mucho más eficaz en la consecución de este objetivo. Al mismo tiempo, debería potenciarse la
capacidad de la sociedad para solucionar los conflictos sociales
en clave constructiva, sin recurrir a los métodos coactivos utilizados por el Derecho penal, ya que ésta parece ser la forma más
idónea para reducir, o eliminar, el alto nivel de violencia presente
en nuestras sociedades actuales.
Sin embargo, tal y como se ha expuesto anteriormente, las
últimas modificaciones legislativas han estado caracterizadas
por el aumento del rigor punitivo, lo que ha originado que las
pretensiones de un Derecho penal mínimo, como el que en este
trabajo se propugna, se desvanezcan ante un Derecho penal
ilimitado71.
5.2. Propuestas doctrinales dirigidas a reducir el uso de la
prisión
El objetivo de las propuestas que van a referirse a continuación es la reducción efectiva de la intervención penal y, dentro de
ésta, de la pena privativa de libertad, para poder avanzar hacia un
derecho penal mínimo.
(70)
(71)
CID/LARRAURI 1997:13.
MUÑAGORRI 2004:13.
51
Para ello, por un lado, se ve la necesidad de descriminalizar
un gran número de conductas que sobredimensionan el sistema
penal, sin que sea oportuna su intervención y, por otro, se reclama
la incorporación a los sistemas penales de diversas alternativas
a la pena de prisión. El objetivo de estas alternativas debe ser
limitar el rigor punitivo del Estado y reducir la pena de cárcel,
por lo que hay que evitar la proliferación de alternativas que
no reduzcan la población reclusa72. Además, estas alternativas
deben tener unos valores propios, que respeten los derechos
fundamentales de las personas que quedan sometidas a ellas,
rechazando las que producen una ingerencia intensa en la vida
de estas personas.
La medida más efectiva en la consecución de un derecho penal
mínimo, por tanto, es la descriminalización de un gran número
de actividades que por su escasa nocividad social no deberían ser
ilícitos, o deberían reconducirse hacia otros sectores del ordenamiento jurídico, como son los ilícitos civiles o las infracciones
administrativas73. Sin embargo, estas propuestas descriminalizadoras entran en contradicción con la función simbólica que le ha
sido reconocida al derecho penal en las últimas décadas. Durante
la década de los 80, desde movimientos progresistas que anteriormente habían criticado el funcionamiento del sistema penal por
ser un instrumento de clase, utilizado para defender los intereses
de los grupos sociales poderosos, se reivindica la incorporación
de nuevos tipos penales destinados a proteger los intereses defendidos por estos grupos. Así, grupos de derechos humanos,
ecologistas, antirracistas, feministas, etc. buscan en el derecho
penal su capacidad para hacer reconocibles como problemáticas
ciertas situaciones que, hasta ese momento, habían quedado fuera
(72)
(73)
52
LARRAURI 1991a:58 y 60.
BRANDARIZ 2002:69; CID/LARRAURI 1997:13; LARRAURI
1991a:56.
de la protección del ordenamiento jurídico 74. Posiciones
críticas con este planteamiento, sin embargo, advertían que
reconocer la existencia de graves problemas sociales no nos
debía conducir a considerar el derecho penal como el medio
más adecuado para solucionarlos75, ya que éste no se orienta a
la solución de conflictos sociales de forma constructiva, sino
al mantenimiento del status quo dominante. Al mismo tiempo,
se señalaba que esta nueva legitimación del derecho penal en
la protección de estos intereses podía llevar a la construcción
de un derecho penal ilimitado, manipulado de nuevo desde los
sectores del poder, y contrario a las reivindicaciones realizadas
por estos grupos.
En segundo lugar, la prisión debe dejar de ser considerada la
pena central del sistema penal, adecuada para sancionar todos o
casi todos los ilícitos penales. Con este objetivo, debe cambiarse
el sistema penal en su conjunto, y limitarse el uso de la prisión a
sancionar los delitos más graves, mientras que las infracciones de
gravedad leve o media deben ser sancionadas mediante medidas
alternativas. Así, se materializaría el principio de proporcionalidad,
y la cárcel únicamente sería prevista para sancionar aquellos delitos
frente a los cuales no cabe reaccionar de forma eficaz a través de
penas menos gravosas76.
Al mismo tiempo, las alternativas deben ser valoradas por
sí mismas, y no en comparación de la prisión, lo que significa
(74)
(75)
(76)
BODELÓN 1998:190 hace referencia a las discusiones feministas que
llevaron a la reivindicación por estos grupos de la criminalización de la
violencia sexual, y expone que ésta era considerada una forma de materializar la existencia del problema y hacerlo reconocible, pero que no
se intentaba con ella solucionar el problema, ya que al mismo tiempo se
insistía en la necesidad de acompañar estas políticas penales con otras
políticas sociales dirigidas a solucionar las necesidades reales de las
mujeres, y, especialmente, a cambiar el orden social establecido, origen
de la discriminación de las mujeres.
LARRAURI 1991a:56; LARRAURI 1991b:216 y ss.
GRACIA MARTÍN 2000:96; MIR PUIG 1996b:56.
53
configurarlas de modo autónomo, según su propia escala de gravedad77.
El anterior punto nos conduce, finalmente, a otro elemento
importante en la reducción del uso desmesurado de la prisión,
como es el de evitar considerar la pena de cárcel como sanción
de apoyo de las diversas alternativas. Además, el aumento de la
severidad de las alternativas, con la imposición añadida de reglas
de conducta, favorece su incumplimiento y, consecuentemente, el
resurgimiento de la prisión78. Frente a esto, se propone reforzar el
cumplimiento de las alternativas con otras penas no privativas de
libertad, más graves, pero sin prever un retorno a la prisión.
5.3. Riesgo de aumentar el control social
La incorporación de las alternativas a los diferentes sistemas
penales debe estar orientada a la consecución de un derecho penal
más humano, donde la prisión actúe como verdadera ultima ratio
del sistema. Sin embargo, tal y como puso de relieve la doctrina
crítica con las alternativas en la década de los 70, existe el peligro
de que la proliferación de alternativas origine un aumento del
control social, sin que se produzca una verdadera disminución
de la población reclusa. Los datos estudiados hasta el momento
confirman este planteamiento, ya que el papel central que mantiene la prisión en los sistemas penales y su configuración como
sanción de apoyo de las diversas alternativas, relega éstas a un
papel secundario, actuando de sustitutivas entre ellas, sin que se
haya conseguido una reducción de la pena privativa de libertad79.
(77)
(78)
(79)
54
SANZ MULAS 2000:384.
BRANDARIZ 2002:55; CID./LARRAURI 1997:28; SANZ MULAS
2000:384.
MANZANOS 2004:30; MUÑAGORRI 2004:13 consideran estas penas
alternativas sanciones complementarias a la prisión.
VARONA GÓMEZ 2004b:50-52, por su parte, habla del “efecto desplazamiento” que se produce entre las diversas penas alternativas.
Este fenómeno se ha producido en diversos países que contemplan
esta sanción, siendo un ejemplo de todo ello el caso de Inglaterra,
donde únicamente la mitad de los y las sentenciadas a la pena de
trabajo en beneficio de la comunidad evitaron la entrada en la
cárcel, mientras que a la otra mitad, de no existir esta sanción, se
les hubiese impuesto otra sanción alternativa, posiblemente más
benigna80.
Este aumento del control social, además, se disimula con la
supuesta benevolencia de las penas alternativas, las cuales, al final
son aplicadas únicamente para sancionar conductas de escasa entidad, para las cuales resultan totalmente desproporcionadas, lo que
provoca que numerosas personas que antes hubiesen quedado fuera
del arsenal punitivo del Estado, se vean sometidas al mismo.
5.4. La pena de trabajo en beneficio de la comunidad como
sanción alternativa
Una vez expuestos los planteamientos doctrinales acerca de las
alternativas en su conjunto, es necesario centrarse en la potencialidad que tiene la pena de trabajos en beneficio de la comunidad
para reducir el uso de la prisión y avanzar hacia un sistema penal
más acorde con las exigencias de un estado democrático.
Por un parte, como pena no privativa de libertad, respeta
mejor el principio de humanidad de las penas, el cual debe ser el
criterio fundamental para la previsión y aplicación de las sanciones alternativas81. Esto no supone que estas sanciones deban ser
valoradas en función de la pena de prisión, ya que en este caso,
independientemente de su modo de ejecución siempre resultarán
más benevolentes, sino que deben plantearse como verdaderas
alternativas, con una escala de gravedad propia.
(80)
(81)
BRANDARIZ 2002:52.
BRANDARIZ 2002:44; MESSUTI 1993:127; SANZ MULAS
2000:355.
55
Para conseguir este objetivo, es fundamental tener presente la
perspectiva proporcionalista, que aboga por una reducción paulatina de la severidad punitiva de las sanciones, relegando la pena
de prisión a aquellas infracciones más graves para las cuales no
es posible reaccionar con otro tipo de sanciones. Desde esta perspectiva, la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, como
sanción alternativa de contenido aflictivo moderado, se muestra
adecuada para sancionar delitos de gravedad leve o media, pero
excluyéndose de los ilícitos penales más leves del ordenamiento
penal, para los cuales resulta excesiva y desproporcionada82.
Además, si se pretende que sirva realmente para reducir el uso
de la prisión, es necesario que se elimine el retorno indirecto a la
cárcel en caso de incumplimiento, y que su modo de ejecución sea
respetuoso con las obligaciones diarias de la persona penada. De
hecho, tras la reforma operada por la LO 15/2003, por una parte,
se ha aumentado la potencialidad rehabilitadora de la sanción83, ya
que se ha querido incrementar su capacidad para responsabilizar a
la persona por sus actos, mediante la conexión entre el delito y la
actividad a realizar. Pero, por otra, puede resultar una sanción totalmente desocializadora, si el plan de ejecución no se elabora teniendo
en cuenta su situación personal y social, pudiendo incluso tener una
gravedad punitiva similar a la de las penas privativas de libertad.
Por último, como breve aproximación a la capacidad de la
pena de trabajo en beneficio de la comunidad para reducir el uso
de la prisión en la LO 15/2003, ésta es bastante limitada debido,
por una parte, al papel central que mantiene la prisión tras la reforma y, por otra, a la propia regulación de esta sanción. Es decir,
la pena de trabajo en beneficio de la comunidad únicamente ha
sido prevista como sanción originaria en determinados ilícitos de
gravedad media, para los cuales la pena de multa no se considera
(82)
(83)
56
BRANDARIZ 2002:72.
CID 2004a:219.
apropiada84, y en infracciones leves del ordenamiento penal para
las cuales la pena privativa de libertad está excluida85.
En conclusión, la pena de trabajo en beneficio de la comunidad
no actúa realmente como alternativa a la pena de prisión, sino como
alternativa a otras penas no privativas de libertad, produciéndose
incluso un endurecimiento del sistema de penas.
II. REGULACIÓN DE LA PENA DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE DIFERENTES
ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
1. REGULACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO
1.1. Primeras experiencias del TBC. Especial referencia al
ordenamiento inglés
Las primeras referencias sobre el trabajo en beneficio de la
comunidad datan de finales del siglo XIX en algunos estados
alemanes, y del Código penal noruego de 190286. Posteriormente,
el trabajo comunitario como sanción penal tuvo relevancia en los
sistemas penales de los países de la Unión Soviética, pero con una
regulación que distaba mucho de la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad, tal y como la entendemos actualmente87.
(84)
(85)
(86)
(87)
Todos aquellos tipos penales que sancionan las conductas de gravedad
leve e intermedia de violencia contra las personas con las que el agresor
tenga o haya tenido relación familiar o sentimental (art. 153; art. 171.4;
art. 172.2; art. 620.2).
El art. 33.4 CP excluye la pena privativa de libertad para sancionar las
faltas.
PARÉS i GALLÉS 1998:167; TAMARIT 1996:364.
BRANDARIZ 2002:24, expone que el trabajo comunitario en estos países
socialistas consistía en el trabajo remunerado de la persona penada en
su propio lugar de trabajo, o en un establecimiento socialista, del que el
Estado retenía una parte del salario, para hacer frente a la multa con la
que había sido condenada.
57
Esta sanción, en su versión actual, fue planteada en el Proyecto
Alternativo del Código penal alemán de 1966, donde el trabajo
de utilidad social actuaba como sustitutivo de la pena de multa.
Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada en la redacción final
del texto88.
Fue el ordenamiento inglés el que, en 1972, introdujo el
Community Service Order en su sistema punitivo, y a partir
de este momento, numerosos Estados han ido incorporando
esta sanción en sus legislaciones. El Community Service Order
fue propuesto en el “informe Wootton” emitido en 1970 por
el Consejo Asesor del sistema penal de Gran Bretaña, el cual
destacaba la idoneidad de esta pena para reaccionar frente a
delitos de gravedad intermedia, evitando la entrada en prisión
de los infractores. Así, la Criminal Justice Act de 197289 aprobó
la incorporación de esta sanción de forma experimental en seis
distritos de Inglaterra, la cual se extendió por todo el país una
vez comprobada su eficacia.
Esta sanción no ha variado en su esencia desde su regulación en la década de los 70. Puede dictarse contra cualquier
persona, mayor de 18 años90, acusada de haber cometido un
delito sancionado con la pena de prisión de hasta 2 años, y
consiste en la realización de un trabajo de utilidad social durante un periodo de entre 40 y 240 horas, en función de la gravedad del delito cometido. El trabajo debe efectuarse durante
el tiempo libre del infractor, sin condicionar el cumplimiento
de otras obligaciones. El community service únicamente se
considera proporcional para reaccionar frente a delitos de
gravedad intermedia, -excluyendo, por tanto, las infracciones
(88)
(89)
(90)
58
ASÚA 1984:307.
Desarrollada por la Criminal Courts Act de 1973. Ambas han sido modificadas posteriormente por la Criminal Justice Act de 1991.
No obstante, es también posible imponer esta sanción en el ámbito de
menores, a infractores de 16 ó 17 años. En este caso, el límite máximo
de horas de trabajo es de 120.
de mínima entidad- y cuando la multa o la probation no se
muestren suficientes91.
1.2. Regulación actual en diversos ordenamientos
Esta nueva sanción fue muy bien acogida desde organismos
internacionales, y el Consejo de Europa, en su Resolución de 9
de marzo de 1976, recomendó su incorporación en las diferentes
legislaciones europeas como alternativa a la prisión. Esta recomendación se ha ido materializando en los diversos ordenamientos,
y ha traspasado las fronteras europeas para incorporarse también
en diversas legislaciones africanas y americanas92.
No obstante, no todos los ordenamientos regulan igual la
sanción de trabajo en beneficio de la comunidad, siendo también
diferentes las funciones que cumplen. Éstas pueden clasificarse
de la siguiente manera93:
– Sanciones autónomas principales: Éste parece ser el modelo
seguido en el ordenamiento inglés94, donde el juzgador puede
imponer esta pena cuando el ilícito pueda ser sancionado con
la pena de cárcel, o incluso cuando la prisión esté excluida.
El ordenamiento francés, por su parte, prevé esta sanción de
forma autónoma para la mayoría de los delitos de tráfico.
(91)
(92)
(93)
(94)
Un estudio más completo de la regulación y aplicación del Community
Service inglés puede consultarse en ASÚA 1984:307 y ss; CID/LARRAURI
1997:95-105; HUBER 1983:35 y ss; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍAARÁN/
HORMAZÁBAL 1986:44 y ss; STANLEY/BAGINSKY 1984:87-95.
RENART 178 y ss. estudia la regulación peruana en la materia; SANZ
MULAS 2000:351 y ss. expone la regulación legal de esta sanción en
El Salvador así como en el proyecto de Código penal nicaragüense; por
otro lado, ASÚA 1984:308 refiere también la aplicación de esta sanción
en Estados Unidos.
BRANDARIZ 2002:23 hace referencia a la Conferencia internacional que
tuvo lugar en Zimbabwe sobre la aplicación de esta sanción en África.
BRANDARIZ 2002:24 y ss.
ARÁNGUEZ 2000:8; HUBER 1994:163.
59
También las legislaciones de Bélgica, Holanda y Dinamarca
contemplan esta sanción como pena principal autónoma95.
– Alternativa a la pena de prisión, con carácter sustitutivo
de ésta: Es el modelo adoptado en Francia96, Portugal,
Noruega, México, Perú97 o El Salvador98.
– Modalidad de responsabilidad personal subsidiaria por impago
de la pena de multa, como alternativa al tradicional arresto sustitutorio. Ésta es la función que adquiere en los ordenamientos
de Alemania99, Suiza, Portugal, México o Italia.
– Regla de conducta a imponer junto con la suspensión condicional de penas privativas de libertad: Ejemplos de ésta
los tenemos en los ordenamientos de Inglaterra, Escocia,
Alemania, Francia, Portugal o Estados Unidos.
2. REGULACIÓN DEL TBC EN EL ORDENAMIENTO
ESPAÑOL
2.1. Legislación penal de menores
2.1.1. Aspectos generales de la LORPM
La LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal del menor (LORPM), adopta el modelo de responsabilidad
o jurídico para dar una respuesta a las infracciones cometidas por
los y las menores, abandonando así los modelos de protección y
educativo que habían guiado la intervención penal con los menores
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
60
HUBER 1994:165.
CARIO 1993:44 y ss; PICQUART 1-6; SERRANO 1997:23.
RENART 181.
SANZ MULAS 2000:352.
Referencias al sistema alemán pueden encontrarse en CHOCLÁN
1997:162; HUBER 1994:165; VALMAÑA 1990:174.
hasta el momento100. Este modelo de responsabilidad considera a
los menores sujetos de derechos y de todas las garantías procesales,
al mismo tiempo que les reconoce su responsabilidad en los hechos
y en las consecuencias que éstos tienen. Sin embargo, no renuncia
completamente al modelo educativo, y en la misma ley se declara
que las medidas a imponer deberán tener una clara orientación
educativa. Así lo recoge el punto 6 de la Exposición de Motivos,
al promulgar que la ley tendrá “naturaleza formalmente penal,
pero materialmente sancionadora-educativa”, siendo también este
modelo mixto de justicia juvenil el acordado por las diferentes
resoluciones internacionales sobre la materia101.
Su reglamento de desarrollo ha sido aprobado mediante el RD
1774/2004, de 30 de julio, el cual entró en vigor el 30 de febrero
de 2005, seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado (Disposición final única).
Esta ley, según su artículo primero, es de aplicación a las
personas mayores de 14 años y menores de 18 que cometan algún
hecho tipificado como delito o falta en el Código penal o en las
leyes penales especiales102.
(100) Para un estudio sobre los diferentes modelos de intervención penal con
menores, AYORA 1997: 254-257; GARCÍA PÉREZ 1999:38; GÓMEZ
RIVERO 2001:165; ORNOSA 2001:32-34.
(101) Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas 40/33, de 29 de
noviembre de 1985, sobre las Reglas mínimas para la Administración
de la Justicia de menores (Reglas de Beijing); Recomendación 87 (20),
de 17 de septiembre de 1987, del Comité de Ministros del Consejo de
Europa sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil; El art.
40 de la Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de
1989, también exige que se les reconozcan a los y las menores todas las
garantías jurídicas presentes en los procesos penales.
(102) GARCÍA PÉREZ 1999:65-73 se muestra crítico con este límite mínimo
de edad en 14 años y propone su elevación a los 16 años, o la exigencia
de diversos requisitos para considerar a estos menores responsables
penalmente.
61
Los principios generales que orientan esta intervención penal
están guiados por el superior interés del menor, criterio presente en
todo el procedimiento, y que incluso aconsejarán la búsqueda de
soluciones alternativas a dicho proceso penal, evitando así la estigmatización de los y las menores infractoras. Por lo tanto, se prima la
prevención especial, dirigida a la educación y socialización de los y
las menores, relegando a un segundo plano otros fines del derecho
penal, como son la prevención general, tanto positiva como negativa, y la retribución. Sin embargo, estos últimos objetivos no han
sido del todo abandonados103, y se erigen como rectores en diversos
artículos de la LO 5/2000, especialmente los referentes a la punición
de algunos hechos delictivos recogidos en la disposición adicional
4ª, incorporada por la LO 7/2000, de 22 de diciembre104.
Esta tendencia hacia la prevención especial dota a la intervención penal con menores de unas características propias, diferenciadas del proceso penal de adultos, las cuales se materializan en
los siguientes principios:
– El principio de oportunidad otorga al ministerio fiscal la
posibilidad de no iniciar el procedimiento penal cuando
estime que no es necesario por los graves perjuicios que
éste va a ocasionar al menor. Del mismo modo, en cualquier
momento puede pedir el sobreseimiento del expediente por
conciliación o mediación.
Este principio se enmarca dentro de las propuestas de
desjudicialización, dirigidas a lograr la solución de los
conflictos penales por medios extrajudiciales, en principio
menos intrusivos en la personalidad y dignidad del menor.
Sin embargo, estos acuerdos extrajudiciales deben respetar
(103) GÓMEZ RIVERO 2001:169; ORNOSA 2001:132-134 y 203.
(104) La disposición adicional 4ª LO 5/2000, de aplicación a los delitos previstos
en los artículos 138, 139, 179, 180, 571 a 580 y aquellos sancionados en
el Código penal con penas de prisión de más de 15 años, establece una
medida de internamiento en régimen cerrado de hasta 8 años, complementada por otra de libertad vigilada de hasta otros 5 años.
62
también algunas garantías mínimas, para evitar que se
produzca un aumento del control social de los menores,
así como la imposición de medidas más intensas de las que
hubiesen sido determinadas por el órgano judicial105.
– El principio de intervención mínima, relacionado con
el anterior, propugna la necesidad de que el recurso a la
justicia penal sea el último camino a seguir en la solución
de los conflictos, prefiriéndose otros medios de resolución
extrajudiciales. Sin embargo, en este tema debería haberse
adoptado la propuesta realizada por la doctrina para limitar
esta intervención penal mediante la despenalización de diversas conductas, que por su escasa entidad o por haber sido
cometidas por menores, no deberían ser objeto de represión
penal106. De esta manera, además, se hubiesen asegurado
los principios de seguridad jurídica y de igualdad, ya que la
decisión de no incoar el expediente no estaría en manos del
ministerio fiscal, en aplicación del principio de oportunidad,
sino que se habría realizado de manera general107.
– El principio acusatorio, recogido por el artículo 8 LORPM,
establece que el juez de menores no podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos o por
un tiempo superior a la medida solicitada por el ministerio
fiscal.
– La discrecionalidad del o la juez de menores a la hora
de imponer una medida determinada. No obstante, esta
elección debe estar orientada por el superior interés del
menor, y está limitada por el principio acusatorio y por
los artículos 7 y 9 LORPM, así como por la obligación
de motivar en la sentencia la elección de la medida y su
(105) GARCÍA PÉREZ 1999:49.
(106) GARCÍA PÉREZ 1999: 47, 60 y 73; ORNOSA 2001:86, 108-110; SÁNCHEZ 2000:715.
(107) ORNOSA 2001:112.
63
duración. El artículo 7 establece las medidas que pueden
ser impuestas a los y las menores, ordenadas en función de
la restricción de derechos que suponen108, y promulga los
criterios que orientarán la decisión del juez de menores. Por
su parte, el artículo 9 fija una serie de límites generales a la
determinación de la medida, en función de la gravedad del
ilícito cometido, y de la edad del infractor o infractora.
Además, dentro de los amplios poderes reconocidos a los y
las jueces de menores, el artículo 14 LORPM permite la modificación, en cualquier momento, de la medida impuesta, previa
audiencia del ministerio fiscal, el letrado del menor y el equipo
técnico. Esta modificación deberá beneficiar al interés del menor,
y será necesario que la medida exprese suficientemente al menor
el reproche merecido por su conducta.
La LORPM no impone una consecuencia jurídica determinada
para cada ilícito, como hace el Código penal, sino que únicamente establece los criterios generales que orientarán la decisión
del Juzgado de Menores, siendo su principio rector el superior
interés del menor. Asimismo, mediante la intervención penal se
pretende cumplir el fin de la prevención especial, lo que conduce
a que no sólo se deba valorar el acto cometido, sino también, y
fundamentalmente, las circunstancias personales y sociales del
menor109. Con este objetivo, el artículo 27 LORPM prevé la participación de un equipo técnico, encargado de realizar los informes
para el ministerio fiscal y el Juzgado de Menores, en los cuales
expondrá la situación psicológica, educativa, familiar y social del
menor y propondrá la medida más adecuada en función de estas
circunstancias.
(108) GARCÍA PÉREZ 1999:76 reclama esta clasificación de las medidas según
su gravedad.
(109) El art. 5 de la Resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985, adoptada por
la Asamblea general de la ONU determina que la respuesta a los jóvenes
delincuentes deberá basarse tanto en la gravedad del delito, como en sus
circunstancias personales.
64
Por último, los artículos 44 y 45 LORPM otorgan la ejecución material de las medidas a las comunidades autónomas,
dentro de sus competencias administrativas, mientras que será
el Juzgado de Menores el encargado de controlar dicha ejecución. Esta competencia de las comunidades autónomas en la
ejecución de las medidas adoptadas por el Juzgado de Menores
ha sido ratificada por el artículo 8.1 RD 1774/2004, en el cual
se establece que serán las entidades públicas designadas por
cada comunidad autónoma las encargadas de llevar a cabo esta
ejecución.
Estas entidades públicas procederán a la creación, dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y
programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de
las medidas, sin perjuicio de los convenios y acuerdos de colaboración que puedan establecer de conformidad con el artículo
45.3 LO 5/2000. Este último artículo otorga a las comunidades
autónomas, ahora mediante las entidades públicas designadas,
la posibilidad de establecer acuerdos con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro para la correcta ejecución
de las medidas. No obstante, la entidad pública competente
deberá supervisar directamente la ejecución, y en ningún caso
podrá ceder la titularidad y la responsabilidad derivada de dicha
ejecución.
En todo lo no previsto por esta LORPM, serán de aplicación
el Código penal y las leyes penales especiales, así como la Ley
de enjuiciamiento criminal (Disposición Final 1ª).
2.1.2. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad
La prestación de servicios en beneficio de la comunidad fue
introducida por primera vez en el artículo 17.5 LO 4/1992, de 5
de junio, reguladora de la competencia y el procedimiento de los
Juzgados de Menores hasta la entrada en vigor de la LO 5/2000,
de 12 de enero. Esta medida fue aplicada de forma desigual en las
diferentes comunidades autónomas, pero en general fue objeto de
65
una valoración positiva110, lo que favoreció que fuese incorporada
también en la nueva LO 5/2000, de 12 de enero. Concretamente,
el artículo 7.1. j) dispone, entre las medidas susceptibles de ser impuestas, las prestaciones en beneficio de la comunidad, que quedan
recogidas de esta manera: “La persona sometida a esta medida,
que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de realizar las
actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o
en beneficio de personas en situación de precariedad. Se buscará
relacionar la naturaleza de dichas actividades con la naturaleza del
bien jurídico lesionado por los hechos cometidos por el menor.”
El concepto de las prestaciones en beneficio de la comunidad
es completado por el punto 15 de la Exposición de Motivos, donde
además de la definición anterior se establece que: “Lo característico de esta medida es que el menor ha de comprender, durante
su realización, que la colectividad o determinadas personas han
sufrido de modo injustificado unas consecuencias negativas derivadas de su conducta. Se pretende que el sujeto comprenda que
actuó de modo incorrecto, que merece el reproche formal de la
sociedad, y que la prestación de los trabajos que se le exigen es
un acto de reparación justo.”
El primer requisito exigido por la norma es el consentimiento
del menor, como consecuencia de la prohibición de los trabajos
forzados, recogida por el artículo 25.2 de la Constitución111. Por
este motivo, si el menor no prestase su consentimiento, o éste
(110) Se destaca especialmente que se trata de una medida no privativa de libertad, lo que disminuye el carácter desocializador de las medidas penales, y
que exige la participación de la sociedad en la solución de los conflictos.
Referencias en ARARTEKO 1998:215 y 339; AYORA 1997:272 y ss;
GARCÍA PÉREZ 1999:57; asimismo, el art. 18.1 c) de la Resolución
40/33, de 28 de noviembre de 1985, adoptada por la Asamblea general de
la ONU apela también a la participación de la comunidad en la aplicación
de las resoluciones alternativas a la privación de libertad.
(111) Este consentimiento es también exigido por el art. 11.3 de la Resolución
40/33, de 28 de noviembre de 1985, adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
66
desaparece durante la ejecución de la medida, el juez de menores
deberá sustituir la medida por otra de la misma naturaleza y que
no produzca una mayor restricción de derechos112.
El trabajo a realizar por el menor deberá consistir en actividades de utilidad social, que reporten un beneficio a la comunidad
en su conjunto o a personas determinadas que se encuentren en
situación de precariedad, enmarcándose especialmente dentro
del trabajo desarrollado por diversas entidades de interés social.
Además, este trabajo debe servir para reparar simbólicamente a
la sociedad del daño ocasionado por el ilícito113.
En la selección de la actividad concreta, tiene especial importancia la naturaleza del hecho cometido por el menor, intentando
relacionar directamente este hecho con el trabajo a realizar. El
objetivo de esta conexión es no sólo reforzar el simbolismo reparador de la actividad, sino también aumentar las capacidades
educativas de la medida, ya que pretende responsabilizar directamente al menor de sus actos, confrontándolo con las consecuencias
producidas por éstos114.
Las condiciones que deben reunir las actividades a realizar por
los y las menores han sido señaladas también por el art. 20.2 RD
1774/2004, donde, aparte de las anteriores, se menciona el respeto
a la dignidad del menor y la prohibición de que estas actividades
estén supeditadas a la consecución de intereses económicos. Asimismo, las prestaciones no serán retribuidas, pero el o la menor
podrá ser indemnizada por la entidad en la que desarrolla las actividades por los gastos de transporte y de manutención, a excepción
de que estos servicios los preste la propia entidad o sean asumidos
por la entidad pública (art. 20.3 RD 1774/2004).
(112) ORNOSA 2001:187; TOMÉ 2002:6.
(113) AYORA 1997:265.
(114) AYORA 1997:265; BRANDARIZ 2002:355; GARCÍA PÉREZ 1999:57;
GÓMEZ RIVERO 2001:177; POLO/HUÉLAMO 2001:49; TOMÉ
2002:7.
67
Esta medida se muestra adecuada para menores que no tienen
especiales problemas de socialización ni educativos, por lo que
no necesitan un control continuado en el tiempo, pero que, sin
embargo, precisan recibir una respuesta social por sus actos. Así,
se prefiere la adopción de esta medida, ya que resulta idónea para
responsabilizarlo de las consecuencias que sus actos puedan tener,
al tiempo que exige su participación activa115, y la implicación de
la comunidad. No obstante, es necesario que el menor comprenda
el significado y la finalidad de la medida, así como la relación
existente entre ésta y su conducta116.
Las prestaciones en beneficio de la comunidad pueden ser
impuestas bien por el órgano judicial dentro de un proceso
penal, o como consecuencia del acuerdo de reparación entre el
menor y la víctima, en aplicación del art. 19 LORPM. En este
último caso, el ministerio fiscal pedirá el sobreseimiento del
expediente y el menor quedará obligado a realizar las horas de
trabajo a las que se haya comprometido. Esta última opción es
especialmente interesante también para los supuestos en los
cuales no haya víctimas, o ésta no sea conocida o no quiera
tomar parte en un proceso de mediación, ya que le permite al
menor aceptar un acuerdo de reparación propuesto por el ministerio fiscal sin ser sometido a todo el procedimiento penal117.
No obstante, en este caso hay que garantizar que se respetan
todos derechos del menor reconocidos por las leyes penales,
para que no haya abusos ni se aumente inconmensurablemente
la respuesta sancionadora.
El artículo 9 LORPM limita el número de horas de trabajo a
imponer al menor en función de diferentes supuestos:
a) Por un hecho calificado como falta, la duración máxima
de la medida será de 50 horas.
(115) AYORA 1997:266; ORNOSA 2001:188.
(116) MARTÍN CORRAL 2001:127.
(117) AYORA 1997:266; GÓMEZ RIVERO 2001:177.
68
b) El límite máximo genérico será de 100 horas.
c) El límite máximo será de 200 horas, previa recomendación
del equipo técnico, cuando el menor hubiese cumplido los
16 años en el momento de la comisión del hecho y en éste
hubiese habido violencia o intimidación en las personas o
con peligro para su vida o integridad física.
d) Esta medida estará excluida en los supuestos de máxima
gravedad.
Aparte de las reglas anteriores, la doctrina estima que la duración
de la medida no puede ser superior de la que le correspondería si el sujeto hubiese sido procesado según la legislación penal de adultos118.
Las horas de trabajo se realizarán en una o varias sesiones, siendo
recomendable que tanto el número de sesiones como el de horas a
trabajar en cada sesión quede determinado en la misma sentencia. Con
respecto a la duración horaria de cada jornada, el artículo 20.5 RD
1774/2004 dispone que ésta no podrá exceder de 4 horas si el joven
es menor de 16 años, ni de 8 horas cuando sea mayor de esa edad. No
obstante, como regla general, anteriormente la doctrina estimaba que
la duración de cada jornada no debería superar las cuatro horas119.
El principio de flexibilidad orientará la determinación horaria
de las jornadas, el plazo de tiempo en el que deberá cumplirse y
la ejecución de la medida, con el objetivo de no interferir en las
actividades diarias del menor. Además, el cumplimiento de las
prestaciones en ningún caso podrá suponer la imposibilidad de
acudir al centro docente si el menor se encuentra en el periodo
de enseñanza básica obligatoria (art. 20.6 RD 1774/2004). Esto
ocasionará que las sesiones se desarrollen básicamente durante
los fines de semana y en períodos estivales, garantizando así la
compatibilidad del cumplimiento de la sanción con los horarios
(118) BRANDARIZ 2002:357; ORNOSA 2001:192; POLO/HUÉLAMO
2001:51. Otra opinión tiene la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
2000; SÁNCHEZ 2000:718.
(119) ORNOSA 2001:188; TOMÉ 2002:8.
69
escolares y/o laborales del o la menor. Asimismo, deberán compaginarse también con el derecho al tiempo libre y al ocio, necesarios
especialmente cuando se trata de jóvenes120.
En relación a los límites horarios establecidos por la LORPM,
es necesario hacer una valoración crítica, debido a que numerosas
veces pueden resultar demasiado elevados. En este sentido, hay que
tener en cuenta tanto la naturaleza del hecho como las características propias de los sujetos a los que va dirigida, concretamente,
menores en proceso de maduración y responsabilización. Por este
motivo, por ejemplo en el caso de las faltas, se había propuesto
fijar el tope en 20 horas de trabajo, suficientes para responsabilizar
al menor por sus actos, teniendo en cuenta, además, la mínima
gravedad que tienen las conductas calificadas como falta121. De otra
manera, lo que se está haciendo es aumentar el carácter aflictivo
y sancionador de la medida, olvidándose del fin educativo que en
principio debe tener.
La ejecución material de esta medida es competencia de las
comunidades autónomas, y será la entidad pública designada por
éstas la responsable de proporcionar las actividades necesarias para
el cumplimiento de la medida. No obstante, para lograr este objetivo pueden materializar convenios o acuerdos de colaboración con
otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro destinadas
a labores de interés social (art. 20.1 RD 1774/2004).
Con respecto al inicio de la ejecución, el art. 10.1.3 RD
1774/2004 establece que una vez conocida la sentencia firme, la
entidad pública designará de forma inmediata y, en todo caso, en
el plazo de cinco días un profesional que se responsabilizará de la
ejecución de la medida. Este profesional se entrevistará con el o la
menor para conocer sus características personales, sus capacidades, sus obligaciones escolares y/o laborales y su entorno social,
personal y familiar, con el objetivo de determinar la actividad
(120) GÓMEZ RIVERO 2001:177.
(121) GÓMEZ RIVERO 2001:177.
70
más adecuada. En esta entrevista, le ofertará las distintas plazas
existentes, con indicación de su contenido y de los horarios en que
deberá desarrollarse (art. 20.7 RD 1774/2004).
Posteriormente, este profesional elaborará un programa individualizado de ejecución en el plazo de 20 días desde su designación
(art. 10.1.4 RD 1774/2004). Este programa individualizado de
ejecución deberá contener las actividades a realizar, su cometido,
el beneficiario, el lugar de realización, la persona responsable de la
actividad, el número de horas de cada jornada, el horario y el consentimiento expreso del o la menor (art. 20.8 RD 1774/2004). En
caso de que el o la menor no aceptara las actividades propuestas o
sus condiciones de ejecución, el profesional responsable lo pondrá
en conocimiento del Juzgado de Menores a los efectos oportunos
(art. 20.9 RD 1774/2004). Si el o la menor se muestra conforme
con la actividad y sus condiciones de ejecución, el profesional
designado remitirá dicho programa al Juzgado de Menores para
su aprobación, y una vez aprobado, dará comienzo la ejecución
efectiva de la medida.
Durante la ejecución de la medida, el art. 13.2 RD 1774/2004
dispone que la entidad pública remitirá informes de seguimiento
al Juzgado de Menores y al ministerio fiscal. La periodicidad
de estos informes dependerá de la duración de la medida: si la
medida impuesta es igual o inferior a 50 horas, deberá remitir un
informe cada 25 horas cumplidas, y si la duración es mayor, uno
cada 50 horas.
Una vez cumplida la medida, la entidad pública elaborará
un informe final dirigido al Juzgado de Menores y al ministerio
fiscal, en el cual constará esta circunstancia, así como una valoración de la situación en la que queda el o la menor (art. 13.5 RD
1774/2004).
Con respecto a la protección de los y las menores durante la
prestación de la actividad, el artículo 20.4 RD 1774/2004 dispone que los mayores de 16 años tendrán la misma protección en
materia de Seguridad Social que las personas sometidas a la pena
71
de trabajo en beneficio de la comunidad y que estarán protegidos
por la normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales122. A los menores de esta edad, la entidad pública les debe
garantizar una cobertura por los accidentes que pueden sufrir durante el desempeño de la actividad y una protección en materia de
riesgos laborales similar a la establecida por la legislación vigente.
Además, hay que tener en cuenta que las actividades realizadas por
los y las menores no pueden estar destinadas a sustituir puestos
de trabajo remunerado.
Finalmente, aunque se expondrá con mayor detenimiento
al estudiar la aplicación práctica de esta medida123, es necesario
destacar que, en principio, esta medida no ha servido para reducir
el número de menores sometidos a privación de libertad, objetivo
que deben perseguir las medidas alternativas, no privativas de
libertad. Por el contrario, se ha diversificado la respuesta penal
frente a los y las menores que no eran objeto de estas medidas
extremas, produciéndose una distribución diferente entre las
mismas medidas no privativas de libertad124. Además, existe el
riesgo de aumentar la red de control, sancionando con la prestación de servicios conductas de escasa entidad que deberían
haber sido objeto de otro tipo de respuesta, incrementando por
tanto el carácter aflictivo de esta medida y olvidando el superior
interés del menor. En este sentido, es de rechazar la previsión de
esta medida para reaccionar frente a conductas que ni siquiera
son objeto de tipificación penal, como se hace en algunas leyes
de carácter administrativo, que sancionan el consumo de bebidas
alcohólicas en la vía pública125.
(122)
(123)
(124)
(125)
72
Ver apartado IV.2.7 de Primera Parte.
Ver apartado II de la segunda parte de este informe.
AYORA 1997:273-274.
TOMÉ 2002:7.
2.2. Legislación penal de adultos
2.2.1. Intentos de incorporación del TBC antes de CP 1995
La pena de trabajos de utilidad social estaba presente en el
artículo 74 de la Propuesta Alternativa de Parte General de Código
penal, realizada por el grupo parlamentario comunista en 1982,
donde se regulaba como sanción sustitutiva de las penas privativas
de libertad de hasta 2 años. No obstante, esta propuesta ya había
sido recogida anteriormente en la enmienda que el mismo grupo
comunista había realizado al PCP 1980126. Como es obvio, ninguna
de las dos propuestas salió adelante.
Posteriormente, diversos grupos políticos presentaron sus enmiendas al PCP 1992, previendo la sanción de trabajos de utilidad
social como sustitutivo de la pena de prisión de hasta dos años. Pero
no fue hasta el PCP 1994 cuando esta sanción fue incluida en una
propuesta prelegislativa127. Tras numerosas enmiendas y debates
en sede parlamentaria, finalmente se aprobó el articulado de este
proyecto de Código penal, materializándose en la LO 10/1995, de
23 de noviembre, quedando la pena de trabajo en beneficio de la
comunidad regulada en su artículo 49.
2.2.2. El Código Penal de 1995 y el RD 690/1996
La pena de trabajo en beneficio de la comunidad fue incorporada por primera vez en el ordenamiento penal de adultos por el
Código penal de 1995. Según su artículo 49, esta sanción consistía
en la realización por parte de la persona penada de unas determinadas actividades de utilidad pública de forma no retribuida, y para
(126) Un estudio pormenorizado de esta propuesta presentada por el grupo
comunista en 1982 puede consultarse en ASÚA 1984:321 y ss: DE SOLA
DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:55-56; VALMAÑA
1990:174 y ss.
(127) BRANDARIZ 2002:110 y ss. realiza una completa exposición de los
avatares políticos habidos con respecto a esta sanción.
73
cuya imposición era necesario su consentimiento. Se establecían
también algunas condiciones básicas de su ejecución, como el
control por parte del órgano sentenciador o la obligación de la
administración de proporcionar los puestos de trabajo.
Las funciones otorgadas a esta pena en el Código penal de
1995 se limitaron a ser una modalidad de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa
(art. 53.1) y a ser una sanción sustitutiva de la pena de arresto de
fin de semana (art. 88.2), cuando ésta era impuesta como pena
principal, excluyendo así la posibilidad de que la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad actuase como pena sustitutiva
de la pena de prisión.
El resto de las circunstancias de la ejecución de esta sanción,
entre ellas algunas tan importantes como la regulación de su
incumplimiento, se remitía a una norma reglamentaria, la cual
debía redactarse de acuerdo a lo dispuesto en la ley penitenciaria, que era considerada derecho supletorio en todo lo no que no
regulaba el Código penal. Esta remisión reglamentaria se plasmó
en el RD 690/1996, de 26 de abril, y fue enormemente criticada
por la doctrina penal, especialmente porque dejaba elementos
básicos de la regulación de una sanción penal en manos de una
norma reglamentaria, violándose así el principio de legalidad128.
De hecho, se citaba la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
para defender la necesidad de que los aspectos esenciales de esta
pena debían recogerse en una norma con rango de ley129, o incluso
de ley orgánica130.
Esta dudosa adecuación de la remisión reglamentaria con el
principio de legalidad, quiso ser solucionada por el legislador con
la referencia a que este reglamento de desarrollo debería respetar
(128) GARCÍA ARÁN 1996:43.
(129) CHOCLÁN 1997:166; GARCÍA ARÁN 1996:12; GÓMEZ ARROYO
2003:3; MIR PUIG 1996a:82; TAMARIT 1996:367.
(130) ARÁNGUEZ 2000:12.
74
lo dispuesto por la LOGP, la cual actuaba como derecho supletorio131. Además, esta supletoriedad reconocida a la LOGP por el
art. 49 CP, fue ampliada al reglamento penitenciario (RP) por la
Disposición Final 1ª RD 690/1996132.
Esta supletoriedad de la LOGP y el RP ha sido profusamente
criticada por la doctrina, debido, por una parte, a la inexistencia de
disposiciones que fuesen aplicables a la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad133, y por otra, a la diferente esencia de las penas
reguladas por éstos. Es decir, la LOGP y el RP disponen la ejecución de las penas privativas de libertad, mientras que la sanción de
trabajo comunitario es una pena no privativa de libertad, y además,
el trabajo penitenciario difiere totalmente de la sanción de trabajo
comunitario134. Por una parte, el trabajo penitenciario no es una
sanción en sí misma, sino la consecuencia de una pena privativa
de libertad, y por otra, las dos instituciones tienen características
esenciales diametralmente opuestas (por ejemplo, la retribución del
trabajo penitenciario y la no retribución del trabajo comunitario, o
la nota de utilidad social que debe tener el trabajo comunitario).
2.2.3. LO 15/2003, de 25 de noviembre
Estas numerosas críticas y la denuncia de la escasa regulación de la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad por el
Código penal, han intentado ser solventadas por el legislador en
la LO 15/2003, de 25 de noviembre, la cual contiene una reforma
bastante importante del Código penal de 1995. La LO 15/2003, en
vigor desde el 1 de octubre de 2004, mantiene la regulación de la
pena de trabajo en beneficio de la comunidad en el artículo 49, al
(131) BRANDARIZ 2002:129.
(132) ARÁNGUEZ 2000:12 califica de dudosa la legalidad de esta disposición,
ya que amplía la remisión realizada por una ley orgánica.
(133) ARÁNGUEZ 2000:11; GARCÍA ARÁN 1996:43; GÓMEZ ARROYO
2003:3; RENART 180; SANZ MULAS 2000:353.
(134) ARÁNGUEZ 2000:11; BOLDOVA 1998:127; GARCÍA ARÁN 1996:43;
GARCÍA ARÁN 1997:53; GÓMEZ ARROYO 2003:3.
75
que incorpora parte de la normativa que recogía el RD 690/1996.
Así, en la nueva redacción de este artículo 49, se especifica el
trabajo a realizar por la persona penada, el cual podrá consistir
en la reparación de los daños causados o de asistencia a las víctimas, y deberá estar relacionado con el delito cometido. Además,
otorga el control de la ejecución al juez de vigilancia penitenciaria
e introduce la regulación del incumplimiento de la sanción y sus
consecuencias.
Las funciones reconocidas a esta sanción han sido también
ampliadas por la LO 15/2003 y, aparte de seguir siendo una modalidad de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria
por impago de multa, ahora actúa como pena sustitutiva de la pena
de prisión de hasta 2 años y como pena principal autónoma para
sancionar ilícitos penales de gravedad media y baja.
Finalmente, ha suprimido la remisión que el último párrafo
del artículo 49 CP 1995 realizaba a la normativa reglamentaria y
la LOGP, por lo que en un principio se planteó la duda sobre si
el RD 690/1996 se mantenía o no en vigor. Esta incertidumbre
ha sido despejada con la promulgación del RD 515/2005, de 6
de mayo, por el que se establecen las circunstancias de la ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de
localización permanente, de determinadas medidas de seguridad,
así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas
de libertad.
La disposición derogatoria única de este RD 515/2005 deroga
expresamente el RD 690/1996 y elimina también la remisión a la
legislación penitenciaria, haciéndose eco, sin duda, de las críticas
doctrinales de la que había sido objeto dicha remisión.
El objetivo de este RD 515/2005, según su propia Exposición
de Motivos, en referencia a la pena de trabajo en beneficio de la
comunidad, es adaptar la regulación de su ejecución a la reforma
del Código penal operada por la LO 15/2003, haciendo especial
hincapié en las funciones que corresponden a los servicios sociales
penitenciarios, como órgano de la administración penitenciaria
76
responsable de dicha ejecución135. Además, pretende conseguir una
aplicación práctica más eficaz, partiendo de los medios realmente
disponibles en el momento de su promulgación.
Las disposiciones reguladoras de esta sanción se engloban
en el capítulo II, comprendido entre los artículos 3 y 11 de dicho
decreto, así como en diversas disposiciones comunes al conjunto
de sanciones y medidas de seguridad reguladas por el decreto,
sistematizadas en su capítulo IV.
No obstante, a pesar de lo positivo de esta adaptación a la reforma legislativa, parece que se ha perdido una buena oportunidad
para promulgar una ley que dispusiese la normativa básica de todas
las penas no privativas de libertad, que respetase mejor el principio
de legalidad. De esta manera, además, se hubiese garantizado que
la regulación reglamentaria se limitaría realmente a los aspectos
secundarios de su ejecución.
III. FINES DE LA PENA DE TRABAJO EN BENEFICIO
DE LA COMUNIDAD
La determinación de los fines de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad tiene un carácter previo a la exposición de la
concreción legal y aplicación de esta sanción, ya que serán éstos
los que orientarán posteriormente su aplicación práctica y legal.
La doctrina penal, en el estudio de los mismos, ha destacado
la potencialidad de la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad para cumplir dos objetivos básicos atribuidos a la sanción
penal: la resocialización de la persona penada y la reparación del
(135) No obstante, estas funciones otorgadas a los servicios sociales penitenciarios deben ser entendidas también a los órganos competentes de la
ejecución penal en aquellas comunidades autónomas que hayan recibido
los traspasos en materia de ejecución penitenciaria (art. 2 c) RD 515/2005).
En la actualidad, esta transferencia únicamente se ha producido en Catalunya. Ver apartado III de la Segunda Parte.
77
daño causado con la comisión del delito136. Sin embargo, el poder
legislador, con las últimas modificaciones legislativas, parece
apartarse de estas interpretaciones doctrinales y priorizar, por el
contrario, la prevención general negativa o intimidatoria.
1. FUNCIÓN RESOCIALIZADORA
En relación con la teoría general de la pena, la sanción de
trabajo en beneficio de la comunidad cumple una función preventivo-especial positiva, tendente a la resocialización de la persona
penada137. Este objetivo tenía su concreción legal en el artículo
1 del anterior RD 690/1996, donde se establecía que el trabajo a
realizar debía tener “valor educativo”, intentando, por tanto, educar
y rehabilitar a la persona penada mediante el trabajo138. Esta aseveración ha sido eliminada en el actual RD 515/2005, pero nada
obsta para que la función resocializadora siga vigente.
1.1. El trabajo como factor decisivo de socialización. Críticas.
Esta perspectiva del trabajo como elemento que posibilita la
resocialización de la persona penada, parte de la supuesta inte-
(136) SANZ MULAS 2000:345 destaca también su función preventiva general
negativa, en el sentido de servir de intimidación para el resto de la ciudadanía con el objetivo de que no realicen hechos delictivos.
CID/LARRAURI 1997:104 relacionan también esta sanción con la perspectiva proporcionalista, reconociéndole la función de reducir el uso de
la prisión, para lo cual únicamente se muestra parcialmente adecuada, ya
que depende también de otras variables, expuestas en el apartado referente
a política criminal.
(137) ASÚA 1984:319 y 331; CARIO 1993:43; CHOCLÁN 1997:161; GARCÍA ARÁN 1996:39; HUBER 1983:40; KENT 1988:89; LÓPEZ BARJA
DE QUIROGA 1999:145; LÓPEZ CONTRERAS 2004:87; PARÉS I
GALLÉS 1998:159; POZUELO 1997:334; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:46 y 62; SANZ MULAS 2000:345;
TAMARIT 1996:367; VAELLO 1997:36; VALMAÑA 1990:177.
(138) ARÁNGUEZ 2000:21; BOLDOVA 1998:128; GÓMEZ ARROYO
2003:2.
78
racción existente en nuestras sociedades entre trabajo asalariado
y criminalidad. Según esta teoría, la falta de un trabajo asalariado
potencia la desviación criminal, y, por tanto, la comisión de delitos,
mientras que el desarrollo de un trabajo asalariado permite una
mayor socialización del individuo, evitando así las tendencias criminales139. Incluso en la época actual, donde el sistema de trabajo
productivo está en crisis, y cada vez sirve menos para conseguir
los medios de subsistencia de la mayoría de la población, se sigue
manteniendo el papel central que el trabajo remunerado cumple
en la socialización de la persona, al introducirlo en un determinado grupo social, y en la supuesta corrección de conductas
criminales.
No obstante, sin negar el valor social que el trabajo remunerado posee en la sociedad actual, es necesario diferenciarlo del
trabajo que va a realizarse en cumplimiento de la pena de trabajo
en beneficio de la comunidad, ya que tanto sus principios como sus
objetivos son diferentes. Concretamente, esta teoría no considera
la potencialidad de los trabajos no remunerados, que son los que
van a desarrollar las personas sometidas a esta pena, a la hora de
fomentar el sentimiento de pertenencia a un grupo social y, por
lo tanto, de socializarse. De hecho, se centra únicamente en el
sector lucrativo de la economía, sin valorar otro tipo de trabajos,
socialmente útiles, que no reportan ningún ingreso a las personas
que los desempeñan, pero que sí tienen efectos positivos, tanto a
nivel individual como social.
Una vez diferenciados ambos tipos de trabajos, voy a centrarme en la potencialidad que tiene la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad para conseguir una mayor socialización de la
persona penada. Me aparto, por lo tanto, de la consideración del
trabajo asalariado como elemento básico de la socialización de las
personas, para destacar así los rasgos positivos que tiene el trabajo
socialmente útil en la consecución de este objetivo.
(139) BRANDARIZ 2002:83-85.
79
1.2. Precisión del término “resocialización”
En primer lugar, sin embargo, es necesario concretar el concepto de resocialización. Teniendo en cuenta las críticas realizadas a la
ideología del tratamiento y de la resocialización, en este estudio el
término “resocialización” se interpreta como no desocialiazación
de la persona penada durante la ejecución penal. Para ello, sin
lugar a dudas, las penas no privativas de libertad, que permiten al
individuo seguir desarrollando sus planes de vida y sus actividades
diarias, se muestran como las más adecuadas140. No obstante, para
la consecución de este objetivo es necesario que en la imposición
y determinación de la jornada laboral a realizar (tanto de horas
concretas como de horario) se tengan en cuenta las obligaciones
diarias de la persona penada141.
1.3. Características del TBC que favorecen los efectos rehabilitadores
1.3.1. Cumplimiento dentro de la comunidad
La pena de trabajo en beneficio de la comunidad debe cumplirse dentro de la comunidad, lo que implica un compromiso de
ésta en la ejecución penal142, y en la consecución del objetivo de
la reinserción. De hecho, durante la ejecución de esta sanción
la relación entre la persona penada y la sociedad se intensifica,
en lugar de excluirse, como sucede en las penas privativas de
libertad, lo que ya, de por sí, resulta positivo143. Por otra parte,
este concepto de resocialización con implicación comunitaria se
aleja del concepto individualista de resocialización que pretende,
(140) CID/LARRAURI 1997:118.
(141) BRANDARIZ 2002:105.
(142) ASÚA 1984:318; BRANDARIZ 2002:82; MESSUTI 1993:129; PARÉS i GALLÉS 1998:169; SANZ MULAS 2000:358; TORRENTE
2001:213.
(143) MESSUTI 1993:129.
80
mediante el tratamiento, la modificación de la personalidad de la
persona penada, con el objetivo de que asuma como propias las
normas sociales impuestas. Por el contrario, en este caso se parte
del presupuesto de la normalidad del individuo, sin ningún tipo
de intromisión en su personalidad144.
Esta participación de la comunidad en la ejecución penal
es valorada también en los textos internacionales relativos a
las sanciones penales no privativas de libertad, tanto las reglas
europeas, como las reglas mínimas aprobadas por las Naciones
Unidas145.
1.3.2. Circunstancias positivas de su ejecución y contenido
A. Ejecución en medio abierto
En primer lugar, la ejecución de la sanción en un medio abierto
no implica el encierro y la ruptura con sus relaciones personales y
sociales sino, por el contrario, la ampliación y diversificación de
estas relaciones con personas que dedican parte de su tiempo libre
a la realización de tareas de colaboración social. En este sentido,
se valoran los contactos que la persona penada puede tener tanto
con las personas destinatarias del trabajo que va a realizar, como
con los demás trabajadores sociales o voluntarios con los que va
a desarrollar su actividad146. Por este motivo, se destaca la idoneidad de las actividades que permiten un contacto directo con las
personas beneficiarias del servicio y con el resto de trabajadores
sociales, excluyéndose aquellos trabajos exclusivamente manuales
y que carecen de esta interacción personal.
(144) ASÚA 1984:320.
(145) La Resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990, adoptada por la
Asamblea General de la ONU fomenta la participación de la sociedad en
la ejecución penal en sus reglas 1.2 y 17; Por su parte, la Recomendación
r(92)16 adoptada por el Consejo de Europa recoge esta importancia de la
comunidad en la ejecución penal en sus reglas 46 y 90.
(146) BRANDARIZ 2002:85.
81
Asimismo, el contacto con personas voluntarias que dedican
parte de su tiempo libre a la realización de estas tareas de carácter
social puede contribuir a romper el posible aislamiento social que
padezca la persona penada147, al tiempo que puede aumentar su
sentimiento de pertenencia a un grupo y su responsabilidad social.
Además, esta capacidad para potenciar la responsabilidad personal y
social respecto de sus actos individuales se muestra positiva no sólo
para aquellas personas excluidas socialmente, sino también para los
individuos que, en un principio, no presentan ningún trastorno en su
socialización y que, por el contrario, en su mayoría se encuentran
totalmente integrados, como son las personas acusadas de cometer delitos contra la seguridad del tráfico, las que cometen delitos “de cuello
blanco”, e incluso numerosas personas que ejercen violencia contra
las personas con las que tiene o ha tenido relaciones sentimentales o
familiares. En este sentido, el trabajo de utilidad social y la toma de
contacto con personas voluntarias y con los beneficiarios del servicio
les puede estimular para desarrollar su nivel de concienciación social,
y de responsabilidad, que todo ciudadano y ciudadana tenemos en la
configuración de nuestra sociedad, descartando actitudes egoístas y
egocéntricas y motivándoles en la lucha y el trabajo para la consecución de una sociedad más justa e igualitaria.
Pero en esta virtualidad positiva de la pena, juega un papel
muy importante también la actitud que tengan las personas con
las que tiene que relacionarse la persona penada. De hecho, algún
autor ha advertido de la posibilidad de que este contacto esté caracterizado por el rechazo y la estigmatización148, especialmente
si tenemos en cuenta las actitudes, por lo general, negativas
que la sociedad mantiene con respecto a los y las infractoras.
Para evitar este peligro, se ha incidido en la necesidad de que se
realicen campañas informativas públicas, destinadas tanto a las
organizaciones potencialmente receptoras de personas penadas,
(147) BRANDARIZ 2002:86; HUBER 1983:40; POZUELO 1997:334.
(148) ARÁNGUEZ 2000:38; PARÉS i GALLÉS 1998:169.
82
como a los sindicatos, y al público en general149. Como muestra,
se ha destacado la gran aceptación que esta sanción ha tenido en
Francia, favorecida en gran medida por la puesta en marcha de
dichas campañas informativas y de sensibilización150.
Finalmente, hay que subrayar también la valoración positiva
que sobre esta sanción realizan en general las personas sometidas a
ella. Entre los factores que contribuyen a ésta destacan el contacto
con los beneficiarios, la elección del trabajo, la adquisición de
habilidades y el beneficio que reporta a los y las beneficiarias151,
elementos que habrá que tener en cuenta a la hora de elegir la
actividad concreta a realizar. Esta positiva valoración se evidencia
también en los supuestos en los cuales, tras el cumplimiento de la
sanción, esta persona sigue desarrollando los trabajos comunitarios
de forma voluntaria o, incluso, de forma remunerada152.
B. Utilidad social del trabajo a realizar
La utilidad social del trabajo a realizar y los efectos positivos
que éste tiene en determinadas personas es otra de las características que redundan en la virtualidad resocializadora de esta sanción.
Pero, tal y como ha señalado algún autor, esto depende de una
serie de condiciones que deben cumplirse en la determinación y
ejecución del trabajo153.
Por una parte, es necesario que la actividad concreta a realizar
se seleccione teniendo en cuenta criterios preventivo-especiales.
(149) ASÚA 1984:330; SANZ MULAS 2000:350; VALMAÑA 1990:179 y ss.
La legislación internacional también destaca la importancia de estas
campañas de información a la ciudadanía. Concretamente, la regla 44 de
la Recomendación r(92)16 del Consejo de Europa y la regla 18.3 de la
Resolución 45/110 adoptada por la Asamblea General de la ONU.
(150) BRANDARIZ 2002:89.
(151) CID./LARRAURI 1997:103, haciendo referencia a un estudio realizado
en Escocia.
(152) ASÚA 1984:320; CARIO 1993:51.
(153) BRANDARIZ 2002:90 y ss.
83
Es decir, el trabajo debe adecuarse a las capacidades y habilidades de la persona penada que va a desempeñarlo, así como a sus
preferencias, tanto personales como sociales.
Por otra, debe garantizarse que las actividades a realizar tienen
un verdadero contenido social y que suponen una implicación
comunitaria, descartando aquellos trabajos con un claro perfil
productivista y en los que no va a tener ningún contacto con las
demás personas.
Finalmente, deben preferirse también los trabajos que sean más
acordes con el ambiente y sensibilidad social de la persona penada,
dando cabida a organizaciones con un claro perfil reivindicativo
aunque carezcan de una gran infraestructura.
C. Capacidad formativa del trabajo
La doctrina ha señalado la capacidad de la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad para dotar a la persona penada de una
formación y un hábito laboral, del que carecerá en algunos casos, el
cual le ayudará, posteriormente, a reintegrarse al mercado laboral
y facilitará su reinserción social154.
En mi opinión, sin embargo, esta circunstancia no es muy
relevante, especialmente porque los trabajos a realizar en el cumplimiento de esta pena no responden a criterios productivistas, de
inserción en el mundo laboral, sino que son tareas de contenido
social, excluidas, por lo general, de dicho mercado laboral. Además,
esta relación entre trabajo asalariado y criminalidad adolece de las
críticas expuestas anteriormente a esta teoría. Por este motivo, sin negar la posibilidad de que la actividad realizada le reporte a la persona
penada conocimientos que le pueden ser de utilidad en su posterior
experiencia laboral, no hay que sobrevalorar esta potencialidad.
(154) ARÁNGUEZ 2000:37; CHOCLÁN 1997:163; HUBER 1983:40; LÓPEZ
CONTRERAS 2004:89; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:62; TAMARIT 1996:367.
84
D. Conexión entre el ilícito cometido y el trabajo
Una circunstancia que ha sido incorporada en la regulación de
esta sanción por la LO 15/2003 y el RD 515/2005, y que puede
incidir en la función rehabilitadora del trabajo de utilidad social,
es la conexión que debe existir entre la actividad a realizar y el
delito cometido, así como la previsión de que los trabajos puedan
consistir en labores de ayuda o asistencia a las víctimas de delitos
de contenido similar155. En este sentido, la búsqueda de puestos
de trabajo que tengan esta relación con el delito cometido es una
manera de confrontar al individuo con las consecuencias derivadas
de su acción, incrementando así su sentimiento de responsabilidad
frente a sus actos.
Este criterio a la hora de seleccionar el puesto de actividad
concreto fue ya establecido en el artículo 7.1.j) LO 5/2000, de 12
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y
es sin duda muy positivo que se haya incorporado a la legislación
penal de adultos, especialmente por su potencialidad para que
los y las infractoras tomen conciencia y se hagan responsables
de sus actos.
1.4. Cautelas a la hora de valorar esta función
Esta capacidad de la sanción para reportar efectos positivos a
la persona penada, sin embargo, debe valorarse con cautela y no
sobrevalorarse, aunque sí resulta un indicativo para evitar una mayor desocialización del o la infractora. En este sentido, numerosas
veces se acude a las estadísticas sobre reincidencia para evaluar
la efectividad de las sanciones penales y, en este caso, dichas
estadísticas sitúan la tasa de reincidencia en cifras similares, o
un poco inferiores, a las de las personas que han cumplido una
pena de prisión, por lo que esta sanción no se muestra como la
(155) CID 2004b:147 y 152; SANZ MULAS 2000:354; VARONA GÓMEZ
2004a:7.
85
panacea para evitar la comisión de delitos posteriores156, pero sí
para impedir una mayor desocialización. Además, en los últimos
tiempos se ha constatado que en ordenamientos jurídicos como
el inglés, que tienen una gran tradición en la imposición de esta
sanción, esta función resocializadora ha pasado a un segundo
plano, valorándose únicamente su virtualidad para sancionar delitos de gravedad intermedia, eludiendo así las penas privativas
de libertad157.
2. LA FUNCIÓN REPARADORA
El artículo 49 CP, tras la redacción dada por la LO 15/2003,
establece que “...las actividades...podrán consistir, en relación
con delitos de similar naturaleza al cometido por el penado, en
labores de reparación de los daños causados...”. Esta previsión
legal se ha trasladado posteriormente al art. 2 a) RD 515/2005,
donde se confirma esta función reparadora en los mismos términos
que los utilizados por el Código penal.
Por lo tanto, la legislación aplicable determina como objetivo
a cumplir por la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad
que ésta sirva para reparar el daño causado a la comunidad por la
comisión del ilícito penal, pero no en sentido de reparar el daño
ocasionado por el hecho concreto, sino en un nivel simbólico, tomando a la comunidad como un ente que ha sido perjudicado por
la comisión de dicho delito. Además, este concepto de reparación
en sentido amplio, incluyendo la reparación social, simbólica o
indirecta, se muestra coherente con la preocupación actual por
potenciar la resolución de los conflictos en un sentido socialmente
positivo158.
(156) BRANDARIZ 2002:94; CID/LARRAURI 1997:105; HUBER
1983:46.
(157) HUBER 1994:176.
(158) TAMARIT 2004:6.
86
La mayoría de la doctrina sitúa esta función reparadora dentro
de los fines de la prevención general positiva159, como afirmación
del Derecho y restablecimiento de la paz jurídica, mediante la resolución del conflicto penal de manera constructiva y no meramente
represiva. Sin embargo, algunos autores han interpretado dicha
previsión como materialización de la función retributiva de la pena,
basándose en el sentido de “hacer pagar” el daño cometido160.
El concepto de reparación utilizado, tal y como he precisado
anteriormente, consiste en una reparación simbólica a la comunidad, distante de otras medidas restitutivas que tienden a la reparación a la víctima del daño causado por el ilícito penal, con el
fin de devolver a ésta a la situación que tenía antes de la comisión
del delito. De hecho, esta reparación directa a la víctima requiere
de otras premisas, como la voluntad de ésta para participar en la
solución del conflicto penal, que no son necesarias para imponer
una sanción de trabajo comunitario. Del mismo modo, delitos que
se han quedado en la fase de tentativa, o los que carecen de víctimas
concretas o éstas son desconocidas, no permiten una reparación
directa, pero sí son susceptibles de ser sancionados mediante el
trabajo en beneficio de la comunidad161.
No obstante, aunque el objetivo de la sanción no sea reparar
directamente a la víctima concreta del ilícito penal, los trabajos comunitarios sí se muestran más acordes con las tendencias victimológicas actuales162, las cuales demandan la toma en consideración
de los intereses de las víctimas, que las sanciones tradicionales,
representadas por la pena privativa de libertad.
Además, en mi opinión, el trabajo comunitario sí es apto para
satisfacer también los intereses de la víctima concreta del ilícito
(159) ASÚA 1984:331; BRANDARIZ 2002:98; SANZ MULAS 2000:345;
VAELLO 1997:37; VALMAÑA 1990:177.
(160) BOLDOVA 1998:128; CHOCLÁN 1997:163.
(161) BRANDARIZ 2002:101.
(162) BUSTOS/LARRAURI 1993:101 y ss.
87
penal, interpretando estos intereses tanto en su dimensión individualista y personal, como en su aspecto social y comunitario.
Es decir, el desarrollo de una actividad que sea socialmente útil
reporta beneficios no únicamente a los destinatarios directos de
esa actividad (en el supuesto de que los haya), sino también a la
comunidad en su conjunto, mejorando la calidad de vida de esa
sociedad, en la cual está también incluida la persona que ha sufrido
las consecuencias directas del ilícito.
3. EL VERDADERO FIN PERSEGUIDO POR LAS
ÚLTIMAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS
Estas interpretaciones doctrinales sobre la potencialidad de
la pena de trabajo en beneficio de la comunidad para conseguir
los fines de reparación y de resocialización o, más exactamente,
no desocialización, contrastan con la regulación de esta pena
contenida en la LO 15/2003. A lo largo de la exposición de estos
fines, se han apuntado diversas circunstancias de la ejecución
de la sanción que pueden favorecer su consecución, pero éstas
se demuestran de muy difícil observancia con la regulación
legal de la pena. Concretamente, toda la reforma contenida en
la LO 15/2003 está inspirada en el objetivo de la prevención
general negativa o intimidatoria, tal y como lo declara el art. II
a) de su Exposición de Motivos en relación a la incorporación
de las penas privativas de libertad de corta duración. Este papel
central otorgado a la pena de prisión tiene su reflejo también en
la regulación de las penas no privativas de libertad, ya que se
ha debido aumentar su rigor punitivo para conseguir que sean
sanciones creíbles tanto para los órganos judiciales, como para
la sociedad en su conjunto.
En consecuencia, también en la regulación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad se ha incidido en su carácter
punitivo, como lo demuestra, por ejemplo, la duración prevista.
Así, haciendo caso omiso de las experiencias desarrolladas en
otros países europeos, se impone una sanción de TBC de hasta
88
180 días, con una duración horaria de la jornada que puede llegar
a las 8 horas. Esta regulación está inspirada únicamente en la
prevención general negativa e incluso, en la pura retribución, lo
que ha derivado en una configuración de esta pena no privativa
de libertad de forma totalmente desocializadora.
Otras circunstancias, como la conexión entre la actividad y el
bien jurídico lesionado por el ilícito, sí pueden ser positivas tanto
para la consecución del fin rehabilitador como reparador, pero éstas
se verán siempre condicionadas por otros elementos punitivos que
complican la ejecución de la sanción y que aumentan el riesgo de
incumplimiento.
IV. CONFIGURACIÓN LEGAL DE LA PENA DE TBC
TRAS LA LO 15/2003
1. Naturaleza
1.1. TBC como sanción penal
El artículo 39 CP incluye la sanción de trabajo en beneficio
de la comunidad entre las penas privativas de derechos, pero el
hecho de que no esté claro cuál es el derecho concreto del que se
priva a la persona penada, ha ocasionado que algunos autores163,
rechacen incluso la propia naturaleza de pena a los trabajos comunitarios. En su opinión, esta sanción no supone una privación
de derechos, sino que se trata de un sustitutivo penal, que evita la
entrada en prisión a cambio de realizar un trabajo en beneficio de
la comunidad de forma voluntaria y consentida. Por lo tanto, el
consentimiento requerido a la persona penada para poder imponer
esta sanción es esgrimido por estos autores para negar su naturaleza
de pena, basándose en que éste elimina el carácter coactivo que
deben tener las sanciones penales. Además, consideran que su
(163) LÓPEZ CONTRERAS 2004:89; SERRANO BUTRAGUEÑO 1996:51.
89
ejecución supone un beneficio para la persona penada, por lo que
carece del carácter punitivo inherente a las sanciones penales.
Sin embargo, estos dos argumentos empleados por este sector
doctrinal164 no han sido aceptados por la mayoría de la doctrina165,
debido, especialmente, al tratamiento de pena que da el mismo
Código penal a los trabajos en beneficio de la comunidad. Concretamente, el artículo 33 CP incluye los trabajos comunitarios
en la clasificación de las penas según su gravedad, mientras que
el artículo 39 CP recoge expresamente esta sanción dentro de las
penas privativas de derechos. Esta naturaleza ha sido corroborada
también por el art. 2 a) RD 515/2005, el cual define los trabajos en
beneficio de la comunidad como una pena privativa de derechos.
Aparte de este fundamento legal, se ha señalado también que
el consentimiento requerido a la persona penada no supone que
éste sea un trabajo voluntario y querido por ella, sino que pretende
diferenciar estos trabajos comunitarios de los trabajos forzados,
prohibidos por la legislación internacional y la norma constitucional. Asimismo, otros argumentos mencionados por la doctrina
son, por una parte, que la imposición de esta sanción no atiende
a la peligrosidad de la persona penada, sino a su culpabilidad y,
por otra parte, que el hecho de que esta sanción se cumpla en
(164) LÓPEZ CONTRERAS 2004:89 destaca también el hecho de que con
el CP 1995 no podía aplicarse esta sanción como pena originaria, sino
únicamente como sustitutiva de la responsabilidad personal subsidiaria
o los arrestos de fin de semana, para fundamentar esta naturaleza de
sustitutivo penal. Tras la LO 15/2003, sin embargo, este argumento no
puede mantenerse, ya que diversos tipos de la parte especial recogen esta
sanción como pena originaria.
LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 1999:129, por su parte, ofrece una interpretación diferente, considerando estas penas privativas de derechos
como consecuencias accesorias.
(165) ASÚA 1984:327 y 331; BOLDOVA 1998:125; BRANDARIZ 2002:132133; GÓMEZ ARROYO 2003:2; SANZ MULAS 2000:347.
ARÁNGUEZ 2000:13, aún considerándola pena, habla de “pena sui
generis”, debido a sus especiales características.
90
medio abierto, no supone, de por sí, un beneficio para la persona
penada, ya que esto hay que evaluarlo en cada caso concreto. En
este sentido, se considera que la pena de trabajo en beneficio de
la comunidad es una sanción de una severidad moderada, y que
hay que valorarla por su potencial resocializador para la persona
penada, ya que pone en relación a ésta con la comunidad, pero que
en ningún caso puede interpretarse como un bien para el sujeto.
1.2. Pena privativa de derechos
Una vez aceptada la naturaleza de pena de los trabajos en
beneficio de la comunidad, es necesario analizar cuál o cuáles son
los derechos afectados por dicha sanción, cuestión en la que la
doctrina no se ha mostrado unánime. Por una parte, se ha considerado que se trata del derecho a recibir un salario por el trabajo
realizado166 y, por otra, que supone una privación del tiempo libre
de la persona penada167, uniendo la mayoría de especialistas ambos
derechos afectados como contenido aflictivo de la sanción168. Con
respecto a la limitación de este último derecho, se ha estimado que,
concretamente, de lo que se priva a la persona condenada es de
una parte de su tiempo de ocio, derecho reconocido por el art. 43.3
de la norma constitucional169. Asimismo, algún autor ha destacado
la imposibilidad de concretar los derechos sustraídos a la persona
penada, por lo que reconduce esta limitación a la libertad general
del ser humano y al libre desarrollo de la personalidad170.
(166) PARÉS i GALLÉS 1998:160; TAMARIT 1996:365.
ESCRIBANO 2004:52 considera que no sólo se le excluye de percibir
un salario, sino que también se le sanciona a la persona penada con la
exclusión del Estatuto de los Trabajadores, es decir, se le sanciona excluyéndola del concepto de trabajador recogido por el art. 1 ET.
(167) ASÚA 1984:331; CID 1997:107 y 114; HUBER 1983:40; POZUELO
1997:335; SANZ MULAS 2000:344; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA
ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:46.
(168) ARÁNGUEZ 2000:15; CID 1997:107.
(169) ARÁNGUEZ 2000:16.
(170) BOLDOVA 1998:126; GÓMEZ ARROYO 2003:2.
91
Estas diversas interpretaciones ponen de relevancia la dificultad de vincular el contenido aflictivo de esta sanción con un
derecho específico reconocido en la legislación, pero lo que sí
queda claro es que el cumplimiento de esta sanción supone una
limitación de la calidad de vida, tal y como se entiende actualmente171.
Ante esta dificultad para concretar el derecho específicamente afectado, algunos especialistas han cuestionado la inclusión
de esta sanción entre las privativas de derechos172, posición
frente a la cual se han apuntado varias soluciones doctrinales.
Por una parte, abogar por crear una sección propia dentro del
Código penal para regular esta sanción173 y, por otra, considerar
las penas privativas de derechos como un “cajón de sastre”, ya
que toda sanción penal, directa o indirectamente, priva de algún
derecho174. Así, esta categoría de penas privativas de derechos,
estaría conformada por aquellas sanciones que no supongan una
privación de la libertad ambulatoria, ni una disminución directa
del patrimonio, pero teniendo claro que afectan a derechos de la
persona que condicionan su desarrollo y la satisfacción de sus
necesidades175.
2. Presupuestos de aplicación de la pena de TBC
2.1. Consentimiento de la persona penada
El consentimiento es el primer y básico requisito exigido por el
art. 49 CP, así como por los artículos 88 y 53.1 del mismo cuerpo
(171) BRANDARIZ GARCÍA 2002:136.
(172) CONSEJO GENERAL del PODER JUDICIAL 1994:138; MIR PUIG
1996a:727 incluso duda de que esta sanción prive de algún derecho.
(173) CONSEJO GENERAL del PODER JUDICIAL 1994:138; GÓMEZ
ARROYO 2003:2.
(174) TAMARIT 1996:365.
(175) BRANDARIZ 2002:138; VAELLO 1997:33.
92
normativo. Esta exigencia es corroborada también por diferentes
ordenamientos de derecho comparado176.
2.1.1. Funciones del consentimiento
A. Diferenciar el TBC de los trabajos forzados
El objetivo básico que cumple el consentimiento de la persona penada es diferenciar la sanción de TBC de los trabajos
forzados, proscritos tanto en la normativa constitucional como
en las normas internacionales básicas de protección de los derechos humanos.
Por una parte, la Constitución española, en su artículo 25.2
establece que “Las penas privativas de libertad y las medidas de
seguridad... no podrán consistir en trabajos forzados”177. Asimismo, el art. 15 de la misma norma prohíbe la imposición de penas
o tratos inhumanos o degradantes, donde se encuentran incluidos
los trabajos forzados178, por ser éstos contrarios a la dignidad de
la persona.
Por otra parte, la doctrina, tanto española como extranjera,
ha señalado repetidamente que una pena de trabajo comunitario
sin el consentimiento de la persona penada violaría textos internacionales sobre condiciones de trabajo y protección de los
derechos humanos. En lo que respecta a los primeros, hay que
señalar el Convenio 29 OIT, sobre el trabajo forzoso, así como
(176) Respecto al consentimiento en el ordenamiento inglés, ver CID 1997:96;
y con respecto a ordenamientos portugués, francés e italiano, ver, entre
otros ESCRIBANO 2004:32.
(177) ARÁNGUEZ 2000:18; ASÚA 1984:324; BRANDARIZ 2002:213;
CHOCLÁN 1997:163; ESCRIBANO 2004:49; GARCÍA ARÁN 1996:52;
GÓMEZ ARROYO 2003:4; LANDROVE 2004:5; LÓPEZ BARJA DE
QUIROGA 1999:146; MOLINA 1996:26; PARÉS i GALLÉS 1998:171;
RENART 179; VAELLO 1997:37-38.
(178) BRANDARIZ 2002:215; CID 1997:106; GÓMEZ ARROYO 2003:4.
93
su desarrollo en el Convenio 105 OIT, sobre la abolición del
trabajo forzoso179.
A efectos de estos textos internacionales, el art. 2.1 del Convenio 29 OIT recoge la definición de trabajo forzoso u obligatorio,
que será “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la
amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo
no se ofrece voluntariamente”. Sin embargo, en el art. 2.2 recoge
una serie de exclusiones a este concepto, siendo la letra c) “cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de
una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de
que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control
de las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido
o puesto a disposición de particulares, compañías o personas
jurídicas de carácter privado”.
Asimismo, el art. 4 del Convenio Europeo para la protección
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales180,
recoge la “prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado”,
por el que “nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo
forzado u obligatorio” (art. 4.2). Sin embargo, en su párrafo 3
también excluye aquellos trabajos exigidos a una persona sometida a una pena de privación de libertad o durante la libertad
condicional181.
(179) El Convenio 29 fue adoptado el 28 de junio de 1930, siendo ratificado
por el Estado español el 29 de agosto de 1932; y el Convenio nº 105
fue adoptado el 25 de junio de 1957, y ratificado por el Estado el 6 de
noviembre de 1967.
(180) Este convenio fue concluido en Roma el 4 de noviembre de 1950, y es
Estado español lo firmó el 24 de noviembre de 1977, ratificándolo por
Instrumento de 4 de octubre de 1979.
(181) Art. 4.3 establece: “no se considera como “trabajo forzado u obligatorio”
en el sentido del presente artículo: a) Todo trabajo exigido normalmente a
una persona sometida a pena de privación de libertad en las condiciones
previstas por el artículo 5 del presente convenio, o durante su puesta en
libertad condicional”.
94
Es ésta una regulación similar a la realizada por el artículo
8.3 del Pacto Internacional sobre Derechos civiles y políticos de
1966182, donde a pesar que en su párrafo a) prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio, en sus incisos b) y c.i) excluye de este concepto
aquellos trabajos impuestos por un tribunal competente junto con
la pena privativa de libertad o con la libertad condicional.
Esta exclusión ha llevado a la doctrina a interrogarse sobre si
la imposición de una pena de trabajos en beneficio de la comunidad sin el consentimiento de la persona condenada vulnera dichas
normas internacionales183. Sin embargo, a la hora de interpretar
la relación de esta pena con las exclusiones a la prohibición de
los trabajos forzosos recogidos en la normativa internacional son
necesarias dos precisiones. Por una parte, y tal como han señalado
también otros autores184, las exclusiones realizadas por el art. 4 del
Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales, así como las del art. 8 del Pacto
Internacional de Derechos civiles y políticos, hacen referencia
únicamente al trabajo penitenciario, concepto diferente a la pena
de trabajo en beneficio de la comunidad. Y, por otra, el art. 2 del
Convenio 29 de la OIT sólo admite los trabajos que tengan naturaleza de pena cuando éstos no supongan la puesta a disposición
del condenado a personas jurídicas de carácter privado. Por esto,
y en vistas del diferente contenido que tienen estas instituciones,
no queda claro si la normativa de estos textos internacionales es
aplicable a la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad.
Por este motivo, en opinión de Brandariz, la opción más razonable
sería postular que en una posterior reformulación de dichos textos
legales se tenga en cuenta esta pena de forma autónoma185.
(182) Este pacto fue adoptado por Resolución 2200 (XXI) de la Asamblea General de la ONU, de 16 de diciembre de 1966, y ratificado por el Estado
español mediante Instrumento de 27 de abril de 1977.
(183) Ver BRANDARIZ 2002:218 y ss, y doctrina citada.
(184) RENART 179.
(185) BRANDARIZ 2002:220.
95
Mientras tanto, en base a la legislación en vigor, tanto internacional como estatal, el consentimiento seguirá siendo fundamental
a la hora de imponer por el Tribunal la pena de trabajos en beneficio
de la comunidad.
Una vez establecida la necesidad de que la persona condenada
dé su consentimiento, sin embargo, es imprescindible matizar este
concepto, ya que, como han señalado diversos autores186, negar que el
trabajo en beneficio de la comunidad sea trabajo forzoso no significa
que sea voluntario. De hecho, el individuo presta su consentimiento
condicionado por la amenaza de saber que si no lo hace, deberá cumplir una pena privativa de libertad, en principio más gravosa, lo que
supone una gran presión en el proceso de formación de la voluntad.
B. Humanización de las sanciones penales
Si la pena de trabajo en beneficio de la comunidad está considerada una sanción alternativa a la cárcel, hay que garantizar
que aquélla no sea más gravosa para el individuo que una pena
privativa de libertad, ya que el objetivo de esta alternativa es mejorar la situación concreta de esta persona, no empeorarla187. Así,
el consentimiento dado presupone que efectivamente esta sanción
no va a empeorar su situación anterior.
C. Fin rehabilitador de la pena
La función resocializadora que en principio tiene esta pena -de
acuerdo también al mandato constitucional de su art. 25.2188- depende,
en gran medida, de la cooperación dada por la persona penada. Así, su
(186) ARÁNGUEZ 2000:14 y 19; BRANDARIZ 2002:212; CHOCLÁN
1997:163; ESCRIBANO 2004:50; MAPELLI/TERRADILLOS
1996:177.
(187) ARÁNGUEZ 2000:19; BRANDARIZ 2002:222; LANDROVE 2001:425;
TAMARIT 1996:366.
(188) Art. 25.2: “Las penas....estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social...”.
96
eficacia final estará en función de la valoración positiva que ésta haga
de la pena y, para ello, es necesario que la acepte desde un principio189,
y que la conformidad se mantenga durante toda la ejecución.
Además, la implicación personal activa de la persona penada
en la solución de los conflictos penales resulta decisiva a la hora
de conseguir su responsabilización, fundamental si realmente se
persigue que la sanción penal tenga efectos rehabilitadores en la
persona penada. Esta implicación activa debe estar presente en
la imposición de la pena por el órgano judicial, recabando éste
su consentimiento, y mantenerse durante toda la ejecución, permitiendo también la propia iniciativa de la persona penada, por
ejemplo, en el momento de seleccionar la actividad o determinar
los concretos trabajos a realizar.
2.1.2. Condiciones en las que debe prestarse el consentimiento
En primer lugar, es necesario que antes de dar su consentimiento, la persona haya sido totalmente informada de todas
las circunstancias en las cuales se cumplirá dicha pena, ya que
no puede haber una verdadera voluntad si el conocimiento está
viciado o si falta190. Sin embargo, la regulación realizada por el
Código penal y el RD 515/2005, en su artículo 5, complican este
procedimiento de informar a la persona penada, ya que en un principio se exige un consentimiento en abstracto y, posteriormente,
tras la entrevista con los servicios sociales penitenciarios, tendrá
que dar un nuevo consentimiento a la actividad concreta y en las
condiciones impuestas. Esta regulación ha sido criticada por la
doctrina, ya que puede generar bastantes problemas, e incluso se
ha propuesto que la entrevista para conocer la situación personal
y social del sujeto, especialmente la compatibilidad de la pena
(189) ASÚA 1984:324; BRANDARIZ 2002:222; HUBER 1994:164; ROXIN
1998:388; SANZ MULAS 2000:346.
(190) Esta exigencia está también recogida en la Recomendación 92 del Comité
de Ministros del Consejo de Europa r(92)16 de 1992, en la regla 33, y
especialmente, en la regla 36.
97
con sus circunstancias personales, así como para determinar la
actividad concreta debería realizarse antes de que sea prestado el
consentimiento. De esta manera, en la decisión judicial en la cual
se impone dicha sanción, podrían aparecer ya todos los elementos
concernientes a la misma, posibilitando que el consentimiento sea
realmente informado191. En esta línea, también otros autores han
precisado que, antes de prestar la conformidad, el sujeto debería
conocer el tipo de actividad, el volumen horario impuesto y el
ritmo de su ejecución, el régimen de vigilancia y control, las
circunstancias del incumplimiento, así como sus consecuencias,
y la plaza de actividad concreta192.
Otro requisito es que la conformidad se preste frente a un
órgano jurisdiccional, con todas las garantías recogidas en el art.
24 CE.
Por último, es necesario que esta conformidad esté presente
durante toda la ejecución de la pena, revocándola y sustituyéndola
por otra en el momento en el que aquella falte193, o, en el caso
como el actual, donde es necesario un segundo consentimiento,
cuando éste no exista.
2.1.3. Efectos en la configuración legal del TBC
Respecto a las consecuencias que tiene la exigencia del consentimiento en la configuración de esta pena, en la doctrina pueden
encontrarse posturas divergentes.
Un grupo de autores considera que la necesidad del consentimiento relega permanentemente esta pena a ser una sustituta de
otra, siendo imposible preverla como pena originaria, ya que la
negativa de la persona penada a su ejecución provocaría un vacío
(191) ARÁNGUEZ 2000:20; BRANDARIZ 2002:291-292; CID 1997:111;
GÓMEZ ARROYO 2003:4-7-8.
(192) BRANDARIZ 2002:222-223.
(193) Así lo entienden BRANDARIZ 2002:224; GÓMEZ ARROYO 2003:4.
98
normativo en cuanto a la sanción aplicable.194. Por el contrario, en
opinión de otro sector doctrinal195, el consentimiento no impide
que ésta se establezca como pena principal en determinados tipos
de la parte especial, sino que únicamente hace necesario que, al
mismo tiempo, se prevea también una pena alternativa para el
supuesto en el cual la persona no preste su conformidad. Este
sector se apoyaba tanto en el derecho comparado, donde se aplica
esta sanción como pena principal en diferentes ordenamientos196,
como en la idoneidad de esta sanción para determinados tipos
de gravedad baja o media, en los cuales el uso de la prisión es
desproporcionado. Finalmente, en algún estudio reciente sobre
esta sanción, se ha señalado también la posibilidad de establecer
los trabajos en beneficio de la comunidad como sanción principal
única a algunos tipos penales. Según esta propuesta, el legislador
únicamente debería prever una sanción sustitutiva general para los
casos en que la persona penada no prestase su consentimiento, sin
ser necesaria la pena alternativa principal en cada tipo penal197.
En la LO 15/2003 es la segunda la opción acogida por el
legislador, estableciendo el trabajo en beneficio de la comunidad
como pena principal en diversos tipos198 de la parte especial del
Código penal, junto con otra pena alternativa para el supuesto en
que no sea aceptado por la persona condenada.
(194) ARÁNGUEZ 2000:16; CID 1997:106; GARCÍA ARÁN 1997:52 y ss y
121 y ss; SANZ MULAS 2000:346; SERRANO PASCUAL 1997:28.
(195) ASÚA 1984:327 y 332; BRANDARIZ 2002:225.
(196) Así sucede en el ordenamiento inglés, ver CID 1997:97; en el ordenamiento francés, según PARÉS i GALLÉS 1998:167; así como en los
ordenamientos de Dinamarca, Noruega y Finlandia, ver ARÁNGUEZ
2000:14.
(197) BLAY 2004:27-28.
(198) Estos tipos son los artículos 244, 379, 468, 618, 626 y 632 CP, incorporados todos ellos por LO15/2003, así como el art. 153, incorporado por
LO 11/2003.
99
2.2. Utilidad pública de las prestaciones
2.2.1. Aproximación legal al concepto de utilidad social
El art. 49 CP determina que esta pena le obliga a la persona
penada a prestar su cooperación no retribuida en determinadas
“actividades de utilidad pública”. Asimismo, el art. 2 a) RD
515/2005 también establece que las actividades a desarrollar deben
ser de utilidad pública.
Con la anterior regulación, el art. 1 RD 690/1996 concretaba
los caracteres básicos de la actividad, señalando que “...se considerarán trabajos en beneficio de la comunidad la prestación de la
cooperación personal no retribuida en determinadas actividades
de utilidad pública, con interés social y valor educativo...”.
Sin embargo, el interés social y el valor educativo han sido
suprimidos en la nueva normativa, por lo que la actividad a desempeñar estará caracterizada únicamente por su utilidad pública.
Esta utilidad pública de la actividad viene exigida por la función de reparación simbólica que cumple la sanción, y por el hecho
de que el referente en esta sanción no es la víctima concreta del
ilícito, sino la comunidad en su conjunto. Por este motivo, se ha
destacado que para que el trabajo sea realmente “en beneficio de
la comunidad”, es necesario que éste tenga una utilidad pública
o general199.
Además, con esta precisión se intenta garantizar también el
objetivo de prevención especial tendente a la resocialización de la
persona penada. Sin embargo, el cumplimiento de este objetivo no
se deriva únicamente de la utilidad social del trabajo, sino también
de otras condiciones de la ejecución de la sanción, como el contacto que podría tener con otras personas, realizando actividades
normalmente de naturaleza benéfica200. Por último, la exigencia
(199) CHOCLÁN 1997:164; PARÉS i GALLÉS 1998:161.
(200) POZUELO 1997:334.
100
de que la actividad sea de utilidad pública va a permitir que los
beneficiarios, por lo menos en un principio, sea la colectividad en
su conjunto y no personas concretas201, evitando así la apropiación
privada de los beneficios del trabajo.
No obstante, a pesar de constituir un requisito básico a la hora
de seleccionar los puestos de trabajo a desempeñar por la persona
penada, ni el Código penal ni el RD 515/2005 han concretado
qué debe entenderse por utilidad social. En este sentido, tanto el
art. 49 CP como el art. 4.1 RD 515/2005 únicamente establecen
que la actividad se llevará a cabo en las administraciones o entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad
pública o social, pero sin determinar los puestos de trabajo en los
que deberán insertarse las personas penadas. Por este motivo, se
ha destacado que sería conveniente que en sede reglamentaria se
delimitasen los campos de actividad en los que debería entenderse
que se cumple la utilidad social del trabajo a desarrollar202, habiendo sido una buena oportunidad incorporarlos en el reglamento de
desarrollo aprobado recientemente.
2.2.2. Delimitación de las actividades a desarrollar por la
persona penada
La utilidad pública de la actividad, así como el interés general para la colectividad en su conjunto serán los criterios que
orientarán la selección de los puestos de trabajo, bien cuando ésta
la realice la administración o bien cuando sea propuesta por la
persona penada (art. 4.2. RD 515/2005)203.
Sin embargo, la legislación carece de una definición de cuáles
son estos trabajos de utilidad social. Por esta razón, en un intento
(201) BRANDARIZ 2002:240, citando, entre otros, a Feuerhelm; ESCRIBANO
2004:59.
(202) BRANDARIZ 2002:238.
(203) ARÁNGUEZ 2000:21.
101
por concretar este término, podemos acudir a otras leyes en las
cuales también se haya utilizado. Por un lado, se encuentran las
actividades que quedan dentro del ámbito de aplicación de la ley
del voluntariado204, actividades que diversos autores han calificado
como propias del ámbito en que deben desarrollarse los trabajos
en beneficio de la comunidad205.
Y, por otro, las actividades que antes desarrollaban los objetores de conciencia, en cumplimiento de la prestación social
sustitutoria206. Según diversos autores, este campo de actividades
que antes realizaban los objetores es el más adecuado para la aplicación y ejecución de esta pena, teniendo en cuenta también las
necesidades que estas organizaciones pueden tener una vez que se
ha terminado la prestación social sustitutoria207. La normativa que
en su momento regulaba esta prestación social sustitutoria, la Ley
22/1998, de 6 de julio, sí concretaba los sectores de actividad en
los cuales podían incorporarse los objetores, delimitando por tanto
qué debía entenderse por “actividades de utilidad social”208.
(204) La ley 6/1996, 15 de enero, del Voluntariado, establece en su art. 4 qué se
entiende por actividades de interés general, que serán “las asistenciales, de
servicios sociales, cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas,
sanitarias, de cooperación al desarrollo, de defensa del medio ambiente,
de defensa de la economía o de la investigación, de desarrollo de la
vida asociativa, de promoción del voluntariado, o cualesquiera otras de
naturaleza análoga”.
(205) ARÁNGUEZ 2000:21; ASÚA 1984:311; SANZ MULAS 2000:348.
(206) ARÁNGUEZ 2000:21; BRANDARIZ 2002:238; DELGADO 2003:5;
POZUELO 1997:334.
(207) DELGADO 2003:5.
(208) Según el art. 6.2 LOCPSS, los sectores en que podía desarrollarse la PSS
eran: “a) servicios sociales y, en particular, los que afecten a la acción
comunitaria o familiar, protección a menores o adolescentes, tercera
edad, personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales,
minorías étnicas, prevención de la delincuencia, reinserción social de
alcohólicos, toxicómanos y ex reclusos, y promoción de hábitos saludables
de conducta.
b) Servicios sociales por la paz y, en particular, ayuda a refugiados y
protección de los derechos humanos.
102
Por otra parte, ante la falta de referencias para darle un
contenido al concepto de utilidad social, algunos autores209 han
acudido al análisis que sobre esta cuestión realiza Feuerhelm. En
palabras de éste, en el concepto de “beneficio para la comunidad”
se hacen referencia a dos tipos de actividades: por una parte, las
de beneficencia o asistencia social, dirigidas a atender las necesidades de las personas más desfavorecidas; y por otra parte, otras
actividades más heterogéneas de las que se deriva un beneficio
para la comunidad, como pueden ser, las labores en sectores de
educación, protección del medio ambiente, asistencia a niños o
personas mayores, etc.
Este autor señala también cuáles son los requisitos que debe
cumplir dicha actividad para que pueda ser considerada de utilidad pública, entre los que se encuentran: que no persiga fines
económico-lucrativos, que esté orientada a conseguir un beneficio
comunitario, con lo cual los beneficios recaerán, en un principio,
sobre la colectividad, no sobre un grupo delimitado de personas, y
que la actividad se desarrolle en el marco de una organización.
En resumen, los sectores de actividad en los cuales pueden
incorporarse los y las penadas, son muy amplios, tal como se vio
en la experiencia de los trabajos realizados por los objetores de
conciencia, y su concreción depende de la agilidad y habilidad del
funcionariado encargado de seleccionar las tareas y adaptarlas a las
c) Programas de cooperación internacional.
d) Conservación del medio ambiente, mejora del medio rural y protección
de la naturaleza.
e) Educación y cultura y, en particular, promoción cultural, alfabetización, bibliotecas y asociaciones.
f) Educación en el ocio.
g) Protección civil.
h) Servicios sanitarios.
i) Cualesquiera otras actividades, servicios u obras de carácter análogo
que sean de interés general.”
(209) BRANDARIZ 2002:239 y ss.
103
características de la persona en concreto210, ya que esto mejorará
las expectativas de éxito de la pena.
No obstante, teniendo presentes tanto estos criterios como la
normativa que delimita el concepto de interés social, sería adecuado que, en sede reglamentaria, se concretasen los campos de actividad en los cuales se podría desarrollar esta sanción, facilitando
así la selección de los puestos de trabajo a la administración y el
control de la ejecución de la sanción a los y las jueces211.
2.3. Conexión con el delito cometido
La LO 15/2003 ha modificado el art. 49 CP, con el fin de
precisar más las actividades a desarrollar por la persona penada,
según el cual “...podrán consistir, en relación con delitos de similar
naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de
los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas.” Esta
delimitación de la actividad ha sido corroborada también por el
art. 2 a) RD 515/2005, el cual se expresa en los mismos términos
antes citados.
Tras la reforma del Código penal, por lo tanto, la actividad
a desempeñar por la persona penada debe tener relación con el
ilícito cometido, aumentando así las capacidades rehabilitadoras
de la pena. Este objetivo rehabilitador o reeducador pretende
conseguirse mediante la confrontación del individuo con el delito212, responsabilizándolo de sus actos y de las consecuencias
que éstos tienen. Es decir, la identificación entre sus actos y el
perjuicio ocasionado a la comunidad en abstracto o a una persona
en particular, puede favorecer un cambio de actitud de la persona
penada, tomando conciencia de las consecuencias que sus actos
tienen para el resto de la sociedad. Así, por ejemplo, los trabajos
(210) ASÚA 1984:312.
(211) BRANDARIZ 2002:238.
(212) CID 2004a:219.
104
en una asociación de ayuda en carretera o de asistencia a las
personas que han sufrido accidentes de tráfico, se muestran los
más adecuados para los individuos que han sido condenados por
delitos contra la seguridad del tráfico; o las labores de extinción
de fuegos o protección de la naturaleza pueden ser también los
más apropiados para aquellas personas condenadas por ilícitos
contra el medio ambiente.
2.3.1. Reparación de los daños
Aparte de esta conexión con el delito cometido, la normativa
aplicable establece que las labores pueden dirigirse a la reparación de los daños causados, no por el delito concreto, sino por
otros ilícitos de la misma naturaleza que el cometido por el autor.
Por lo tanto, el destinatario de esta reparación será la comunidad
en su conjunto, siendo ésta una reparación simbólica, diferente
de una reparación directa a la víctima perjudicada por el ilícito
penal213. Es decir, el objetivo de esta reparación no es satisfacer
los intereses de la víctima en concreto (como sería el objetivo en
otros modelos de solución de conflictos basados en la mediación
y conciliación entre la víctima y el causante del ilícito penal), sino
los de la comunidad en su conjunto, simbólicamente perjudicada
por dicho ilícito.
La inclusión de esta orientación reparadora en la pena de trabajo en beneficio de la comunidad es sin duda positiva, adoptando
elementos de la justicia restaurativa cuyo objetivo es la solución
de los conflictos penales de forma constructiva214, y no mediante la
inocuización del y la infractora. Así, esta reparación simbólica a la
(213) ARÁNGUEZ 2000:21, incluso establece que si se pretendiese satisfacer
a la víctima concreta del delito no hablaríamos de una pena sino de una
fórmula de reparación de la víctima cercana a la responsabilidad civil
derivada del delito; BRANDARIZ 2002:237; GÓMEZ ARROYO 2003:5;
PARÉS i GALLÉS 1998:171.
(214) VARONA MARTÍNEZ 1998:76.
105
comunidad está destinada a restituir la paz jurídica215, intentando,
de alguna manera, devolver a la sociedad a la situación que tenía
antes de la comisión del ilícito, siendo un elemento determinante
la reparación del daño causado, aunque sea de forma simbólica.
2.3.2. Asistencia o ayuda a las víctimas
El art. 49 CP menciona también que los trabajos podrán consistir en labores de apoyo o asistencia a las víctimas de delitos de
similar naturaleza. En este caso, sin embargo, hay que concretar
el término víctima utilizado por el Código penal, ya que no se
refiere a la persona concreta que ha sufrido las consecuencias
del ilícito, sino a aquellas que han sido perjudicadas por actos de
similar naturaleza al cometido por el o la penada216. Además, no
hay que olvidar que se tratará de una reparación simbólica a la
comunidad, y no de una compensación directa a la víctima, donde
lo más significativo será el interés público de la actividad, y no
el interés propio de la víctima de la infracción. No obstante, hay
que reconocer que este precepto legal ha estado motivado por una
cada vez mayor preocupación por la satisfacción de los intereses
de las víctimas, influenciada por las importantes contribuciones
que la victimología ha realizado en la teoría de la pena217.
Estas labores de apoyo y asistencia a víctimas están orientadas también a incrementar las posibilidades rehabilitadoras
de la sanción, partiendo del supuesto de que el contacto con el
sufrimiento de las víctimas va a favorecer un cambio de actitud
en la persona condenada. En este sentido, a pesar de que el
ilícito no haya ocasionado ningún perjuicio a ninguna persona
concreta, el trato con víctimas de otros ilícitos similares puede
hacer recapacitar sobre los potenciales riesgos que su acción
tuvo.
(215) HUBER 1994:176.
(216) LANDROVE 2004:5.
(217) BUSTOS/LARRAURI 1993:94.
106
Estas actividades de apoyo o asistencia a las víctimas, que
pueden estar muy claras en algunos supuestos, por ejemplo, el
trabajo en hospitales donde se encuentran las personas que han
sufrido accidentes de tráfico para aquellos individuos que han
sido condenados en base al art. 379 CP, pueden provocar más
dudas en otros casos. Me estoy refiriendo a los sujetos que deben
cumplir una pena de trabajo en beneficio de la comunidad como
consecuencia de la comisión de un delito de violencia contra
las personas con las que ha mantenido o mantiene una relación
sentimental o familiar, como son los tipificados en los art. 173.2
y 153 CP. En estos casos, sin negar las potencialidades que pueda
tener esta relación con víctimas de delitos de esta naturaleza, creo
que deberían tomarse ciertas cautelas para evitar efectos negativos en las propias personas que están superando estos episodios
violentos. Por este motivo, no creo que sea adecuado asignar
unas tareas de estas características desde el principio, sino una
vez que el sujeto ha realizado satisfactoriamente el tratamiento
impuesto por el Juzgado y ha cambiado sus actitudes violentas
y de dominio. Por lo tanto, en un principio debería desarrollar
actividades de otro tipo, conectadas con el delito pero sin relación
directa con las víctimas, variando posteriormente la actividad a
desempeñar si se considera adecuado. Además, especialmente
en estos supuestos hay que tener en cuenta las opiniones de los
grupos de mujeres y de las mujeres que han sufrido violencia
sexista, con el objetivo de evitar al máximo cualquier efecto
negativo.
2.3.3. Consecuencias a la hora de seleccionar la actividad
Esta especificación de las tareas a desarrollar por la persona
penada en cumplimiento de la sanción de trabajo en beneficio de
la comunidad obliga a la administración a contar con un amplio
número de puestos de trabajo concertados con diversas entidades
públicas o privadas, susceptibles de ser ocupados por individuos
que han cometido ilícitos de diferente naturaleza. Además, el juez
sentenciador, al remitir el informe a los servicios sociales peniten107
ciarios para que éstos realicen la entrevista y propongan el puesto
de actividad más adecuado para el individuo, debe proporcionar
una información detallada sobre el ilícito, para que la selección del
puesto de actividad sea lo más acorde posible con los requisitos
exigidos por el Código penal218. Posteriormente, la valoración
por el Juzgado sentenciador de la propuesta de actividad remitida
por los servicios sociales penitenciarios debe contemplar también
estos extremos, no limitándose a garantizar que la actividad tenga
utilidad pública e interés social, sino también que tenga relación
con el delito cometido.
2.4. No supeditación a intereses económicos
El art. 49.5 CP dispone que el trabajo en beneficio de la comunidad “no se supeditará al logro de intereses económicos”219.
Esta condición entronca con el carácter socialmente útil que
debe tener la actividad a desarrollar por la persona penada, y sitúa
la realización de estos trabajos en las administraciones, entidades
públicas o en entidades privadas sin ánimo de lucro220, excluyéndose por tanto las organizaciones empresariales y lucrativas. No
obstante, hay que tener en cuenta que todo trabajo de utilidad social
produce un beneficio económicamente cuantificable en términos
de PIB y de bienestar social221, por lo que la simple delimitación
de las entidades donde se desempeñará el trabajo no es suficiente
para respetar este requisito.
Por este motivo, se ha destacado que esta condición está
destinada a impedir que el criterio que justifique el recurso a
(218) BLAY 2004:145.
(219) Es esta una exigencia recogida también en la regla 67 de la Recomendación 92 del Comité de ministros del Consejo de Europa, sobre sanciones
y medidas comunitarias.
(220) GARCÍA ARÁN 1996:40; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:64; VALMAÑA 1990:179.
(221) BRANDARIZ 2002:260.
108
esta pena sea la rentabilidad que el trabajo genere. Más concretamente, quiere evitarse que las administraciones o las entidades
públicas o privadas donde se desarrolle la actividad utilicen a
la persona penada como mano de obra gratuita, prescindiendo
así de crear los puestos de trabajo remunerados que serían
necesarios.
Además, la administración no podrá cobrar por ceder penados y penadas a las diferentes entidades222, lo mismo que estas
entidades no podrán recibir donativos en pago por la prestación
realizada por la persona penada.
2.5. Carácter no retribuido del trabajo
2.5.1. Exclusión del salario
Tanto el Código penal, en su artículo 49, como el art. 6.3 RD
515/2005 disponen que la realización del trabajo no será retribuida, estableciendo así otra característica de la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad.
A. Fundamentos de esta exclusión
La doctrina, en general, se muestra de acuerdo con la exclusión
del salario en la ejecución de esta pena, argumentando que la no
retribución del trabajo es, precisamente, el derecho al que se ve
privado la persona penada223. De esta manera, se diferencia de los
trabajos comunitarios impuestos como impago de una multa, o de
la responsabilidad civil presentes en otros ordenamientos jurídicos,
(222) ARÁNGUEZ 2000:21-22.
(223) ARÁNGUEZ 2000:31; BRANDARIZ 2002:227; GÓMEZ ARROYO
2003:5; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 1999:147; PARÉS i GALLÉS
1998:171; POZUELO 1997:333; En sentido contrario, ESCRIBANO
2004:56 y 60, quien mantiene que el carácter gratuito no es consustancial
a la propia naturaleza de la pena, sino que es una opción del legislador.
109
en los cuales, mediante la retención de parte del salario obtenido
por la persona penada en la realización de estos trabajos, se busca
la satisfacción de sus deudas pecuniarias224.
Asimismo, aparte de considerar la falta de retribución del salario como el contenido inherente a esta pena, la doctrina también
defiende su no remuneración en base a la orientación reparadora
que la inspira. En este sentido, como ya vimos anteriormente225,
la pena de trabajo en beneficio de la comunidad quiere servir de
reparación simbólica a la comunidad por el daño que se le ha
ocasionado como consecuencia del ilícito penal, y por eso, si este
trabajo estuviese remunerado no cumpliría esta función, ya que
ocasionaría un coste adicional a la misma sociedad226.
Incluso se ha defendido que una posible remuneración del
trabajo constituiría un privilegio para los y las penadas en relación
con las personas desempleadas, en un momento de grave crisis del
mercado laboral, tanto con respecto a las condiciones de trabajo
como a las posibilidades de acceder a un empleo227.
B. Posiciones doctrinales
A la hora de analizar la fundamentación de esta falta de retribución del trabajo, es necesario estudiar el contexto en el cual se
reguló por primera vez esta pena en Inglaterra y, establecer así la
causa de esta exclusión. De hecho, tal como ha señalado alguna
autora, el carácter no remunerado del trabajo era lógico en un país
como Inglaterra con una prestación por desempleo casi sin límites.
Pero en otros países la cuestión de la gratuidad o remuneración
podía ser más problemática ante el alto índice de personas desempleadas que no cobraban subsidio alguno228.
(224)
(225)
(226)
(227)
(228)
110
Ver referencia a estos ordenamientos en BRANDARIZ 2002:226-227.
Apartado IV.2.3.
BRANDARIZ 2002:228; GÓMEZ ARROYO 2003:5; RENART 179.
BRANDARIZ 2002:228; GARCÍA ARÁN 1996:41.
ASÚA 1984:311.
Por este motivo, varios autores han propugnado la necesidad,
como mínimo, de una compensación económica que al menos
garantice las condiciones básicas de subsistencia229. Esta necesidad
se puede volver más acuciante tras la reforma operada por la LO
15/2003, según la cual, en su art. 33.3 k) establece que la pena
de trabajo en beneficio de la comunidad podrá ser impuesta por
un período de hasta 180 días. De hecho, cuando el cumplimiento puede dilatarse un período tan largo en el tiempo esto puede
ser un obstáculo a la hora de encontrar un trabajo remunerado,
para aquellas personas que se encuentren en desempleo, y de
mantenerlo en caso de que la persona penada tenga ya un trabajo
asalariado, a pesar de que el cumplimiento de esta sanción, en
principio, se debe adecuar a sus horarios y limitaciones, como
materialización del principio de flexibilidad proclamado por el
art. 6.2 RD 515/2005.
A favor de esta compensación económica se ha propuesto una
interpretación amplia de los art. 49 CP y 6.3 RD 515/2005, los
cuales posibilitan este reconocimiento, al disponer que la actividad
no será remunerada, pero que se le dará a la persona penada una
indemnización por los gastos de manutención. En este sentido, el
concepto “manutención”, en su acepción amplia, también haría
referencia a las necesidades básicas de alojamiento, vestido, etc.,
imprescindibles para poder cumplir esta pena durante un largo
período de tiempo230, dando cabida, por tanto, a una prestación de
estas características.
En sentido contrario, se ha apuntado que el reconocimiento de
esta renta de subsistencia supondría un beneficio para las personas
(229) ARÁNGUEZ 2000:31; ASÚA 1984:323; CID 1997:115; ESCRIBANO
2004:60; RENART 183; SANZ MULAS 2000:357; VAELLO 1997:38.
(230) ARÁNGUEZ 2000:31. Este autor se posicionaba a favor de esta interpretación amplia del término “manutención” contenido en el art. 5.3 RD
690/1996, actualmente derogado. Sin embargo, la misma regulación
se establece en el art. 6.3 RD 515/2005, por lo que no hay motivo para
modificar esta interpretación.
111
penadas que tienen que cumplir esta sanción con relación al resto de
condenados y condenadas, e incluso al resto de la ciudadanía. Por
este motivo, se rechaza la idea de esta renta de subsistencia, pero sí se
consideran necesarias las previsiones normativas, que hagan posible
que, en el caso de que el sujeto no tenga un empleo, pueda acceder a
los subsidios específicos favorecedores de su reinserción social231.
En cualquier caso, ya sea basándonos en una interpretación
amplia de los preceptos legales o en las funciones asistenciales
que tiene la administración, lo que parece claro es la necesidad de
prever una ayuda económica a la persona que debe cumplir la pena
de trabajo en beneficio de la comunidad, especialmente para no
acentuar sus posibles problemas de marginalidad y para, al mismo
tiempo, facilitar el cumplimiento de dicha pena. Esta previsión se
hace más necesaria aún si se tiene en cuenta los largos períodos
durante los cuales es posible el cumplimiento de esta sanción tras
las últimas modificaciones legislativas.
2.5.2. Gastos ocasionados por la ejecución del TBC
La exclusión del salario, sin embargo, no significa que la persona penada deba hacerse cargo de los gastos ocasionados por la
ejecución de esta pena232. Así, el art. 6.3 RD 515/2005 regula que
“el penado será indemnizado por la entidad a beneficio de la cual
sea prestado el trabajo por los gastos de transporte y, en su caso,
de manutención, salvo que estos servicios los preste la propia
entidad, respetando, en todo caso, los términos del convenio con
la administración penitenciaria”. Por lo tanto, los gastos materiales y de infraestructura que sean necesarios para hacer posible la
ejecución de la pena, así como los de manutención y transporte,
en ningún caso serán costeados por la persona penada.
(231) BRANDARIZ 2002:233.
(232) Así lo establece también la regla 69 de las Reglas Europeas sobre sanciones y medidas no privativas de libertad (Recomendación R(92)16, de 19
de octubre de 1992, del Comité de Ministros del Consejo de Europa).
112
En este sentido, la doctrina valora positivamente que la persona penada no tenga que hacerse cargo de estos gastos ocasionados por el cumplimiento de la pena233, pero hay valoraciones
diferentes con respecto a quién debe ser la entidad encargada de
dar esta compensación económica. Por un lado, una parte de la
doctrina234 estima que dichos gastos deberían ser costeados por
la administración, ya que el hecho de que las entidades receptoras tengan que hacerse cargo de éstos puede ocasionar un mayor
recelo de estas entidades a la hora de aceptar penados y penadas
para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad. Por
el contrario, otra parte de la doctrina subraya que, a pesar de que
el trabajo en un principio no está supeditado al logro de intereses
económicos, no puede negarse que éste supone un beneficio para
la entidad receptora, por lo que no se muestran tan críticos con
la atribución a éstas de dichos gastos. Sin embargo, admiten que
esto puede retraer a diversas entidades potencialmente receptoras
de penados, por lo que finalmente defienden una postura ecléctica,
donde los gastos sigan siendo costeados por las entidades receptoras, pero con un sistema de ayudas o subvenciones que aminoren
los gastos de dichas entidades235.
La posibilidad de que sea la administración la encargada de
costear estos gastos de transporte y manutención se desprende del
último inciso del art. 6.3 RD 515/2005, en el cual se promulga
el respeto a los posibles convenios firmados entre estas entidades y la administración penitenciaria. Por lo tanto, el pago de
estos gastos deberá analizarse en cada caso concreto, teniendo
especialmente en cuenta la existencia o no de convenios entre
las partes.
(233) ASÚA 1984:323; CID 1997:114; SANZ MULAS 2000:357.
(234) BRANDARIZ 2002:235.
(235) GÓMEZ ARROYO 2003:5; MANZANARES/ORDÓÑEZ 1996:495.
113
2.5.3. Posible influencia negativa en el mercado de trabajo
Teniendo en cuenta que el trabajo va a ser prestado de forma
gratuita, hay que hacer referencia a la posible influencia negativa
que éste puede tener en el mercado laboral236 y, especialmente, en
los sectores en los cuales se van a incorporar un mayor número de
penados y penadas. En este sentido, se ha propuesto la necesidad
de que se asegure que el empleo de estas personas no va a suponer
un ahorro de mano de obra para la entidad receptora, ni que va a
sustituir a trabajadores y trabajadoras asalariadas anteriormente
en estas entidades237. Para ello, se ha señalado que el sentido que
debe tener la actividad a desarrollar por la persona penada es la
cooperación y que, por lo tanto, en ningún caso puede implicar la
ocupación de un puesto de trabajo238.
Asimismo, también se plantea la exigencia de buscar plazas
de actividad que, en un principio, no sean susceptibles de ser
ocupadas por personal empleado, centrándonos por tanto en el
sector no lucrativo de la economía, y evitando, al mismo tiempo,
explotaciones injustas y abusos en la utilización de estas personas.
Esto hace, junto con la exigencia de que el trabajo realizado sea
de utilidad social, que los puestos de actividad en los cuales se
centre la prestación de estos trabajos sean las labores propias del
voluntariado y, especialmente, los servicios sociales y aquellos
que redunden directamente en una mejora de la calidad de vida
de la colectividad239.
(236) Sin embargo, Sanz Mulas N. considera que una pena de trabajo en beneficio de la comunidad, que se desarrolla en el tiempo libre, en principio
ocasionará menos efectos negativos en el mercado laboral que el trabajo
asalariado de las personas encarceladas, el cual se inserta directamente
en este mercado laboral. En SANZ MULAS 2000:350.
(237) BRANDARIZ 2002:231; ESCRIBANO 2004:60.
(238) DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT 2005a:10.
(239) BRANDARIZ 2002:229-232; SANZ MULAS 2000:348.
114
2.6. Respeto a la dignidad de la persona penada
2.6.1. Concreción legal
El art. 49.2 CP impone, como otro requisito básico en la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad, que éstos
no pueden atentar contra la dignidad de la persona penada. Esta
exigencia se recoge también en los textos internacionales reguladores de esta materia, tanto en las Reglas mínimas de las Naciones
Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, la resolución
45/110 de 14 de diciembre de 1990240, como en la Recomendación
r(92)16 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre las
reglas europeas para la imposición de sanciones y medidas en la
comunidad241.
Esta disposición ha sido calificada por diversos autores de
innecesaria242, ya que el respeto a la dignidad de la persona
está recogido expresamente en el art. 10 de la constitución española, así como en su art. 15, al proteger la integridad física y
moral de la persona y al prohibir los penas y tratos inhumanos
o degradantes. Sin embargo, esta tutela de la integridad física
y moral deriva directamente de la protección a la dignidad
humana, sin la cual difícilmente pueden tener cabida el resto
de derechos fundamentales243, por lo que la proclamación del
respeto a la dignidad no es nunca superflua. Al mismo tiempo,
evita los posibles recelos que podrían darse sobre la similitud
entre esta pena y los trabajos forzados244. Asimismo, con esta
exigencia el legislador se distancia de los tratamientos propios
de una ideología resocializante que conllevaba una intromisión
(240) En este sentido, el principio 3.9 proclama que la dignidad del delincuente
será protegida en todo momento.
(241) Esta previsión está recogida en la regla 23 de la citada Recomendación r
(92)16.
(242) ARÁNGUEZ 2000:22; LANDROVE 2004:5.
(243) TOMÁS MALLEN 1993:83.
(244) BRANDARIZ 2002:250; VARONA MARTÍNEZ 1998:311.
115
en la personalidad y dignidad del penado, los cuales han sido
criticados los 70245.
2.6.2. Límites a la imposición del TBC
El primero de estos requisitos es que la ejecución de la sanción
no puede entrar numerosas veces por la doctrina, especialmente a
partir de la década de en conflicto con los derechos fundamentales
de la persona. Más concretamente, ésta debe ser compatible con
las circunstancias y cualidades de la persona condenada246, sin
que puedan exigirse un esfuerzo excesivo o unas aptitudes que
no se poseen. Por este motivo, el trabajo debe ser siempre individualizado y elegido en función de las cualidades y habilidades
del individuo.
En segundo lugar, es necesario evitar que el trabajo tenga
cualquier efecto estigmatizante sobre la persona, garantizando su
derecho a la intimidad. Por este motivo, en general únicamente la
persona responsable de la supervisión del trabajo debe conocer que
éste se está realizando en cumplimiento de una pena, especialmente
cuando el trabajo se realice en entidades privadas247. Sin embargo,
si no hay peligro de rechazo social, también es interesante valorar
los efectos positivos que tiene el conocimiento de esta circunstancia, favoreciendo la visualización por la comunidad de la posibilidad del cumplimiento de las sanciones penales en otros contextos
diferentes al de la privación de libertad248. No obstante, antes de
tomar una decisión sobre este punto, será imprescindible conocer
la opinión de la persona condenada249, ya que, al fin y al cabo, este
extremo puede tener efectos también en su vida privada.
(245) ASÚA 1984:320; BRANDARIZ 2002:250; SANZ MULAS 2000:344.
Ver apartado I.2.2.1. de esta Primera parte.
(246) ARÁNGUEZ 2000:23; BRANDARIZ 2002:251; HUBER 1994:174.
(247) ARÁNGUEZ 2000:38; CID 1997:114; PARÉS i GALLÉS 1998:170.
(248) BRANDARIZ 2002:250.
(249) PARÉS i GALLÉS 1998:170.
116
2.6.3. Posible aplicabilidad de los derechos laborales
Otra cuestión a la que la doctrina hace referencia en el marco
del respeto a la dignidad del y la penada es la aplicabilidad de los
derechos laborales. En este sentido, el debate se ha suscitado, por
una parte, sobre la posible consideración de la pena de trabajo
de beneficio de la comunidad como una relación especial dentro
del derecho al trabajo250; y, por otra, sobre la relación que tiene
el trabajo realizado en cumplimiento de esta sanción con el concepto de trabajo a nivel más general. Este debate, así como las
consecuencias que de aquí se derivan son muy interesantes, pero
no objeto de este trabajo. Sin embargo, partiendo del hecho de
que la legislación laboral no es aplicable en su conjunto, ya que
el legislador no ha considerado el trabajo aquí estudiado dentro
de una relación laboral, sino como cumplimiento de una sanción
penal251, sí es importante delimitar si la persona penada es sujeto
de derechos laborales.
Como punto de partida a los diferentes planteamientos, generalmente se diferencia entre los derechos laborales individuales
básicos, los cuales tiene el trabajador y la trabajadora por ser
persona, y los derechos de carácter colectivo, reconocidos al y la
trabajadora por su pertenencia al colectivo de trabajadores, con
el objetivo primordial de defender sus intereses.
En lo que respecta a los derechos individuales, la doctrina252
se muestra favorable a su reconocimiento, ya que éstos son derechos que promueven la protección del y la trabajadora en cuanto
persona, por lo que son inherentes a su dignidad. Estos derechos
son los dedicados a la limitación de la jornada, a la prohibición de
cualquier tipo de discriminación, al respeto a su integridad física
y moral, así como a la intimidad, etc., y se encuentran promulga-
(250) Especialmente ESCRIBANO 2004 y la bibliografía aquí citada.
(251) ESCRIBANO 2004:64.
(252) ARÁNGUEZ 2000:23; BRANDARIZ 2002:256; ESCRIBANO
2004:65.
117
dos en el Estatuto de los trabajadores, como derechos básicos de
trabajadores y trabajadoras.
Asimismo, en aplicación del art. 11.2 RD 515/2005 también
estarán protegidos por la normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales, previsión mínima para que el trabajo se
desarrolle en unas condiciones dignas.
Por el contrario, el reconocimiento a los y las penadas de los
derechos de carácter colectivo, como son el derecho de sindicación
o el de huelga, ha sido excluido por la casi totalidad de la doctrina,
a excepción de algún autor253. Así, se considera que carecerían de
derecho de sindicación, ya que al tratarse de una sanción penal,
la defensa de los derechos del trabajador-penado debe producirse
mediante el diálogo constante entre la administración y el órgano
encargado de la ejecución de la pena, estando abierta la vía de
los recursos254.
El derecho de huelga también estaría excluido en el cumplimiento de esta sanción, debido al carácter no laboral de la relación.
Pero, en este caso, hay que hacerse eco también de los posibles
problemas que derivarían de la obligación de trabajar para una
persona penada en una jornada de huelga, cuando el resto de sus
compañeros y compañeras se encuentran secundando esta protesta
para conseguir una mejora de sus condiciones laborales. Por una
parte, podría provocar el rechazo de estos trabajadores y trabajadoras asalariadas, estigmatizando de facto al penado en el ambiente
de trabajo, lo cual sería contrario a la finalidad de una sanción de
cumplimiento dentro de la comunidad. Además, esta circunstancia podría ser utilizada por la entidad pública o privada donde se
(253) GARCÍA ARÁN 1996:48 se muestra a favor del reconocimiento de estos
derechos colectivos, mientras que ARÁNGUEZ 2000:23; BRANDARIZ
2002:256; ESCRIBANO 2004:65 y GÓMEZ ARROYO 2003:5 se posicionan en contra.
(254) BRANDARIZ 2002:257; Asimismo, el artículo 1 LO 1/1985, ley orgánica
de la libertad sindical, limita este derecho de sindicación a las personas
sujetas a una relación laboral asalariada.
118
realiza la actividad, para negarse a reconocer las reivindicaciones
del personal asalariado, presionando hacia un empeoramiento de
las condiciones laborales, al mismo tiempo que se quebranta la
efectividad de un derecho básico, como el derecho de huelga,
como método para presionar hacia una mejora laboral. Por estos
motivos, se ha propugnado que no sería razonable obligar a la
persona penada a acudir a su puesto de trabajo en una jornada de
huelga, considerándose dicha falta como una ausencia justificada,
de las reguladas por el art. 49.7 CP255, tras la redacción dada por
la LO 15/2003256.
2.7. Cobertura de la Seguridad Social
El art. 49.4 CP establece que las personas sometidas a la
sanción de trabajo en beneficio de la comunidad gozarán de la
protección dispensada por la legislación penitenciaria a los penados
y penadas en materia de Seguridad Social. Por su parte, el art. 11.1
RD 515/2005 dispone que “la protección de la Seguridad Social
se efectuará de acuerdo con lo establecido en la normativa que
resulte de aplicación”.
El anterior RD 690/1996, en cambio, otorgaba a las personas
sometidas a una pena de trabajo en beneficio de la comunidad
la misma protección dada por la legislación penitenciaria a las
personas presas. Esta remisión directa no fue respetada por la
regulación realizada en el RD 782/2001, lo que, a juicio de algún autor, supuso una clara ilegalidad y un distanciamiento con
respecto al Código penal que no podía ser admitido257. De esta
misma opinión era el Consejo Económico y Social en su dictamen sobre dicho RD 782/2001, en el cual advertían al gobierno
(255) Ver apartado IV.5.4.1.A.a de esta Primera Parte.
(256) Anteriormente, la regulación de estas ausencias justificadas se realizaba
por el art. 9 RD 690/1996. Con referencia a su aplicación, ver BRANDARIZ 2002:258.
(257) ESCRIBANO 2004:67.
119
que esta regulación suponía una desviación del reglamento con
respecto a una ley orgánica, y que además, era contraria al principio de mayor protección y más amplia aplicación de las normas
favorables258.
Ante estas críticas, sin embargo, la solución dada por el legislador actual en el RD 515/2005 ha sido modificar la remisión
en materia de protección de la Seguridad Social, utilizando para
ello formulaciones vagas, que permiten su adecuación a diferentes
normativas.
Por lo tanto, será de aplicación el RD 782/2001, cuyos artículos
22 y 23 limitan la tutela de la Seguridad Social a las contingencias
de accidente de trabajo y enfermedad profesional, lo que supone
un recorte de derechos con respecto a la protección dispensada
a los trabajadores y trabajadoras sujetas a una relación laboral
de carácter especial dentro de los centros penitenciarios259. Esta
diferente tutela parece ser consecuencia del carácter retribuido
que tiene la relación laboral penitenciaria. Sin embargo, dentro
de la protección dispensada a las personas presas, hay también
previsiones que no derivan de este carácter retribuido del trabajo
y que, sin embargo, tampoco han sido reconocidos a los individuos
(258) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, Dictamen de 10 de enero de
2001 sobre el proyecto del RD por el que se regula la relación de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres
penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a
penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
(259) En este sentido, el art. 19 RD 782/2001 establece que “...gozarán de la
prestación de asistencia sanitaria, así como de la acción protectora del
Régimen General de la Seguridad Social en las situaciones de maternidad, riesgo durante el embarazo, incapacidad permanente, muerte y
supervivencia derivadas de enfermedad común y accidente no laboral,
jubilación y situaciones derivadas de las contingencias de accidente de
trabajo y enfermedad profesional. Asimismo, estarán protegidos por la
contingencia de desempleo...”. Por lo tanto, la protección dispensada a
estos internos es mucho mayor que la reconocida a los sujetos a una pena
de trabajo en beneficio de la comunidad.
120
condenados a trabajo en beneficio de la comunidad, como es el
caso del derecho proclamado por el art. 35 LOGP260.
El legislador ha querido fundamentar esta diferente regulación en la Exposición de Motivos, basándose en que el trabajo
en beneficio de la comunidad no es una actividad productiva ni
remunerada, por lo que considera más apropiado protegerlas de
igual forma que las prestaciones personales obligatorias.
Por último, el art. 23 RD 782/2001 regula que las cotizaciones
por dichas contingencias las realizarán las personas jurídicas en
cuyo ámbito de organización y dirección se encuentre la persona
penada, y para ello, se aplicará la tarifa de primas vigente al tope
mínimo de cotización261.
3. CATEGORÍAS DE APLICACIÓN DE LA PENA DE
TBC
La LO 15/2003 ha modificado completamente las categorías de
aplicación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad en la
legislación penal. Así, haciéndose eco de las propuestas doctrinales,
esta sanción no privativa de libertad ha sido prevista como sanción
originaria para determinados injustos penales de gravedad baja y
media en la parte especial del Código penal262 y, al mismo tiempo,
ha sido regulada como sustitutiva de la pena de prisión de hasta un
año y, en supuestos especiales, incluso de hasta dos años263. Aparte
(260) “Los liberados que se hayan inscritos en la oficina de empleo dentro de los
quince días siguientes a su excarcelación y no hayan recibido una oferta
de trabajo adecuada tendrán derecho a la prestación por desempleo en
las condiciones que reglamentariamente se establezcan.”
(261) Sobre los problemas detectados en la práctica a la hora de garantizar
esta cotización, se pueden consultar los apartados III.3.F y IV.2.D de la
Segunda Parte.
(262) ASÚA 1984:332; BRANDARIZ 2002:148 y 353.
(263) BRANDARIZ 2002:146 y 353; CID/LARRAURI 2002:117; SANZ
MULAS 2000:347, 353 y 355; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/
HORMAZÁBAL 1986:65 y 240.
121
de estas dos novedades, en base al artículo 53 CP, la pena de trabajos comunitarios se mantiene como forma de cumplimiento de
la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de
multa, con el régimen incorporado ya por la LO 10/1995.
Con esta nueva regulación se ha querido superar el limitado
papel que el anterior Código penal otorgaba a la pena de trabajo
en beneficio de la comunidad, en el cual únicamente actuaba como
sustitutivo de las penas privativas de libertad menores, tanto de
los arrestos de fin de semana como de la responsabilidad personal
subsidiaria por impago de multa. Este escaso papel había sido
criticado por la doctrina, por relegar esta sanción a una aplicación
prácticamente testimonial264, en la cual no se podía utilizar para
reaccionar frente a los delitos más frecuentes, entre los que se
encuentran ciertos injustos patrimoniales o el pequeño tráfico de
drogas265.
Sin embargo, con las nuevas posibilidades de aplicación, el ordenamiento penal del estado español recoge las recomendaciones que
a nivel internacional han hecho diversos organismos266, así como las
experiencias de aplicación de esta sanción en diversos ordenamientos
jurídicos267. Concretamente, en derecho comparado esta pena sirve,
bien como sanción originaria o mediante sustitución, para reaccionar contra delitos de gravedad baja e intermedia que se encuentran
(264) CID 1997:113, 115 y 118; GARCÍA ARÁN 1996:39; SANZ MULAS
2000:382.
(265) ARÁNGUEZ 2000:18; CID 1997:113; CONSEJO GENERAL del PODER
JUDICIAL 1999:86.
(266) En este sentido cabe destacar la regla 1.5 de las Reglas mínimas de las
Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, Resolución
45/110, de 14 de diciembre de 1990, en la cual se recoge que “Los Estados
miembros introducirán medidas no privativas de libertad...para proporcionar otras opciones, y de esa manera reducir la aplicación de las penas de
prisión...”. Por lo tanto, en la misma se destaca el objetivo que deben tener
estas nuevas medidas alternativas a las penas privativas de libertad.
(267) Para consultar la aplicación en otros ordenamientos, ver BRANDARIZ
2002:23 y ss. y 145.
122
entre los más asiduamente cometidos, como son delitos de carácter
patrimonial o delitos menores contra la seguridad del tráfico.
Tras estas referencias generales sobre la aplicabilidad del
trabajo en beneficio de la comunidad, voy a proceder a un estudio
más pormenorizado de cada una de estas categorías.
3.1. Pena sustitutiva de la pena de prisión
3.1.1. Consideraciones generales
El artículo 88.1 CP, tras la nueva redacción dada por la LO
15/2003, dispone que “Los jueces o tribunales podrán sustituir
(....) las penas de prisión que no excedan de un año por multa o
por trabajos en beneficio de la comunidad, aunque la ley no prevea
estas penas para el delito que se trate....”. Asimismo, en su segundo párrafo el mismo artículo determina que “Excepcionalmente,
podrán los jueces o tribunales sustituir por multa o por multa y
trabajos en beneficio de la comunidad las penas de prisión que
no excedan de dos años...”.
Por lo tanto, tras la reforma anteriormente citada, actualmente
la pena de trabajo en beneficio de la comunidad actúa como sustitutiva de la pena de prisión de hasta dos años, incorporando así al
sistema penal una de las recomendaciones realizadas por la doctrina, en aras a conseguir un sistema punitivo que realmente acoja
las penas no privativas de libertad como sustitutivos a la prisión268.
No obstante, y a pesar de lo positivo de esta nueva regulación, hay
que criticar que no se hayan adoptado las propuestas doctrinales
que planteaban la ampliación de las posibilidades de sustitución
(268) En este sentido recoge la Exposición de Motivos (párrafo II.k)) la previsión
del trabajo en beneficio de la comunidad como sanción sustitutiva de la
pena de prisión, al expresar que “..las penas que no excedan de dos años...
puedan ser sustituidas por multa y trabajos en beneficio de la comunidad,
con la finalidad de potenciar la aplicación de esta última modalidad
penológica y conseguir un claro efecto resocializador y reeducatvo.”
123
de las penas privativas de libertad de hasta 3 años, incluyendo la
mayoría de los delitos patrimoniales, excepto los más graves, y
dejando, por tanto, reducida la pena privativa de libertad para los
delitos de gravedad alta269.
El fundamento político-criminal de la sustitución de la pena
es el deseo de evitar las penas cortas privativas de libertad, ya que
en éstas se materializan todas las críticas realizadas a las penas
privativas de libertad, como son la estigmatización, desocialización, prisionización, etc., de una manera más marcada y, al mismo
tiempo, desde una perspectiva retribucionista o preventivo general,
tampoco se puede fundamentar su necesidad, ya que no hay una
proporcionalidad entre el delito cometido y la sanción impuesta,
en este caso, la prisión270. Asimismo, desde una perspectiva preventivo especial, se reclama la incorporación al sistema punitivo
de medidas alternativas a la cárcel, que posibiliten la individualización de la respuesta penal en función de las características y
circunstancias de la persona penada, potenciando de forma efectiva
su reinserción social271.
Por lo tanto, según estas consideraciones, la pena de prisión
únicamente podría imponerse cuando las necesidades de rehabilitación de la persona penada y, en su caso, de protección a la víctima
no pudiesen conseguirse mediante la sanción sustitutiva, la cual
debería ser proporcional a la gravedad del hecho cometido272. De
esta manera, las penas privativas de libertad cumplirían verdaderamente su función de ultima ratio dentro del sistema de penas.
Por otra parte, en la regulación actual del sistema penal, la
aplicación real de estas medidas alternativas queda supeditada
a la discrecionalidad judicial, ya que, tal y como analizaremos
(269)
(270)
(271)
(272)
124
CID/LARRAURI 2002:117; SANZ MULAS 2000:352-353.
PRATS 2001:487.
LÓPEZ CONTRERAS 2004:113.
CID 2004a:216.
posteriormente273, el Código penal únicamente proporciona unos
referentes, que deben ser valorados por el órgano judicial a la
hora de decidir sobre la idoneidad de la sustitución de la pena
privativa de libertad en el caso concreto. Por este motivo, y para
conseguir su implantación real, se hacen necesarias una serie de
reformas que aumenten la confianza de los órganos judiciales en
estas penas alternativas y, especialmente, en una sanción como la
aquí estudiada.
Entre éstas, y por lo que aquí nos interesa, se encuentra la eliminación de los criterios rígidos de conversión entre una pena privativa
de libertad y la pena alternativa, que permita al juez individualizar
la duración y tipo de la medida alternativa en función del hecho
cometido, las necesidades rehabilitadoras de la persona infractora y
la necesidad de protección de la víctima, si fuera necesaria. En este
caso, el legislador debería establecer unos principios que orientasen
al aplicador del derecho en la individualización, pero otorgándole un
amplio margen de discrecionalidad274. Asimismo, se plantea también
la necesidad de que la o el juez disponga de la ayuda de un servicio
especializado en la rehabilitación de los y las infractoras, con la
función de asesorarle sobre la imposición de la medida alternativa y
que, al mismo tiempo, controle la ejecución de la pena y comunique
al juez cualquier incidencia que se produzca275.
3.1.2. Sustitución preceptiva del art. 71.2 CP
Antes de proceder a un análisis más detallado de los diversos
supuestos sustituibles recogidos por el artículo 88 CP, es necesario
detenerse en la disposición del artículo 71.2 CP, según la cual, en
los casos en que, como consecuencia de la reducción en grado de
la sanción impuesta en la sentencia, proceda ejecutar una pena de
prisión inferior a 3 meses ésta deberá ser, en todo caso, sustituida
(273) Ver apartado IV.3.1.3. de esta Primera Parte.
(274) CID/LARRAURI 2002:119; CID 2004a:222.
(275) CID/LARRAURI 2002:121; CID 2004a:222.
125
conforme a las reglas del artículo 88. El objetivo de esta norma
es evitar el cumplimiento de penas de prisión inferiores a 3 meses, ya que en estos supuestos no se considera apropiado, desde
una perspectiva político-criminal su ejecución, por los efectos
desocializadores que conlleva. En los casos en que no se den las
condiciones para la suspensión de la sanción, por lo tanto, el órgano
judicial deberá sustituir la pena de prisión por multa o por la pena
de trabajos en beneficio de la comunidad, sin que haya lugar para
la discrecionalidad judicial sobre su idoneidad, que sí jugará un
papel muy importante en las sustituciones vía artículo 88 CP.
El límite mínimo de la pena de prisión ejecutable ha sido
modificado en la última reforma penal, y se ha establecido en 3
meses y no en 6, como hacía el CP 1995. Esta incorporación de las
penas de prisión de incluso 3 meses de duración se ha justificado
en la Exposición de Motivos de la LO 15/2003276, basándose en
la función de prevención general negativa que, supuestamente,
estas sanciones deben cumplir respecto de los delitos de escasa
importancia.
Este planteamiento, por el contrario, no es compartido por la
doctrina, quien destaca la inoperancia de estas penas privativas
de libertad de corta duración y recomienda la utilización de penas
alternativas para reaccionar frente a los ilícitos penales de gravedad
baja e intermedia. Por una parte, porque estas penas de prisión
aumentan los peligros de desocialización de las personas condenadas y, por otra, porque desde una perspectiva proporcionalista,
las penas de prisión únicamente son adecuadas para penalizar las
conductas más graves contra el ordenamiento penal. En este sentido, propuestas y corrientes internacionales consideran el límite
de 6 meses como el más apropiado y plantean eliminar todas las
penas de prisión inferiores a éste277.
(276) Así queda recogido por el artículo II. A).
(277) SANZ MULAS 2000:224; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:10.
126
Sin embargo, tras la reforma operada por la LO 15/2003 puede
aumentar mucho el número de personas encarceladas por períodos
de entre 3 y 6 meses, aunque estas entradas en prisión no estén
justificadas por razones de rehabilitación ni de proporcionalidad.
Así, quedará en manos de las y los jueces evitar estas encarcelaciones haciendo un uso mayoritario de la sustitución facultativa
del art. 88 CP278.
3.1.3. Sustitución potestativa del art. 88.1.I CP
El primer párrafo del artículo 88.1 dispone que los jueces o
Tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la
misma sentencia o en auto posterior, las penas de prisión que no
excedan de un año de duración.
A. Requisitos procesales
En primer lugar, la previa audiencia de las partes constituye
un trámite obligado para el órgano judicial, pero su resultado no
vincula al juez279. Sin embargo, diversos autores han destacado la
importancia que el Ministerio Fiscal tiene en esta audiencia previa,
ya que en los casos en los cuales se muestra favorable a la sustitución, generalmente ésta es aceptada por los jueces280. Además, hay
que tener en cuenta la importancia que tiene la opinión de la persona penada en la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad,
siendo este momento procesal el adecuado para que dé su primer
consentimiento, preceptivo para la imposición de la sanción.
Con respecto al momento procesal en el cual puede acordarse
la sustitución, el Código penal posibilita que ésta se realice bien
(278) CID 2004b:146.
(279) PRATS 2001:490.
(280) CID/LARRAURI 2002:108.
Puede consultarse la experiencia de Arenys de Mar y Manresa, donde se
verifica esta afirmación, en el apartado III.3.G de la Segunda Parte.
127
en la misma sentencia, o en un auto posterior, antes del comienzo
de la ejecución. La posibilidad de decretar la sustitución en la
misma sentencia condenatoria, obliga a que la audiencia previa se
realice durante el juicio oral, o en un acto posterior, pero siempre
antes de conocer la sentencia concreta, lo que podría ocasionar
algunos problemas de orden procesal, aunque evitaría dilaciones
en la ejecución281. Por su parte, si se acuerda en un auto posterior,
éste debe ser motivado y susceptible de recurso282.
B. Requisitos materiales
Tras la previsión de estos requisitos procesales, requeridos en
todos los supuestos de sustitución, el Código penal dispone que la
sustitución será posible cuando “..las circunstancias personales
del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el
esfuerzo para reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre
que no se trate de reos habituales...” . Por lo tanto, parece que serán
exclusivamente criterios preventivo especiales los que orienten
la decisión del juzgador a la hora de proceder a la sustitución de
la pena privativa de libertad. Sin embargo, hay otros principios,
como la humanidad de las penas, la ultima ratio de las penas
privativas de libertad dentro del sistema penal y el principio de
proporcionalidad283, que también deberán guiar la decisión del
órgano juzgador.
Es más, hay un sector doctrinal que enfatiza la importancia
de este principio de proporcionalidad para potenciar la sustitución de sanciones, relegando el fin resocializador a un segundo
(281) PRATS 2001:490.
(282) ASÚA 1984:326; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:67, en referencia a la propuesta anterior a la aprobación del
CP 1995.
BRANDARIZ 2002:156; GARCÍA ARÁN 1997:123, en relación a la
regulación del CP 1995.
(283) BRANDARIZ 2002:155.
128
nivel284. Según este sector, en primer lugar es necesario abandonar
la idea de que la prisión es adecuada para sancionar cualquier
tipo de ilícito y debe crearse un nuevo sistema en el cual otras
sanciones alternativas se consideren suficientes para reaccionar
frente a delitos de gravedad baja o intermedia. Al mismo tiempo,
hay que incidir en la idea de que cuando las y los jueces suspenden la ejecución de la sanción, o la sustituyen por otra, no están
“beneficiando” a la persona penada, sino que simplemente están
aplicando las normas jurídico-penales correspondientes. Es decir,
estas instituciones no se justifican en un premio o regalo a estas
personas, ya que se sigue reconociendo su responsabilidad criminal285, sino que son consecuencia de la aplicación de los criterios
jurídicos recogidos en los art. 80 y 88 CP. Además, mediante esta
sustitución se puede respetar mejor la proporcionalidad entre el
hecho cometido y la sanción, así como el principio de ultima ratio
de la pena privativa de libertad, sin que se vulneren los objetivos
de rehabilitación de la persona penada y protección de la víctima,
si ésta es necesaria.
a) Criterios orientadores establecidos por el art. 88.1.I
CP : En referencia a las circunstancias del reo y a su conducta,
hay que destacar que éstos no pueden interpretarse en el sentido
de hacer una valoración de la peligrosidad criminal de la persona
penada287, sino que, para acordar la sustitución, debe ser suficiente
286
(284) CID 2004a:215-223; CID 2004b:149-154; Comunicación personal con
Juan ECHANO.
(285) LÓPEZ CONTRERAS 2004:113. Aunque este autor pone mayor énfasis
en la consecución del fin resocializador, se hace eco también de otros
principios inspiradores de la institución de la sustitución.
(286) GRACIA MARTÍN 2000:266 estima que este listado no debe considerarse
cerrado, pues la decisión deberá adoptarse tras la ponderación de esos y
otros factores, con la necesidad de reafirmación del ordenamiento y de la
prevención general, abandonando así la postura mayoritaria que propone
únicamente la valoración de criterios de prevención especial.
(287) PRATS 2001:491.
129
la constatación de que la pena privativa de libertad le va a causar
mayores perjuicios que la pena sustitutiva288.
Por su parte, la mención a la naturaleza del hecho se refiere
tanto al bien jurídico protegido, como a los medios empleados en la
comisión del ilícito penal, pero no a una valoración de la gravedad
de los hechos, ya que ésta ha debido realizarse en la determinación
de la pena a imponer, y el Código penal ya establece que el límite
objetivo será de un año de prisión289.
Por último, el esfuerzo por reparar a la víctima no puede interpretarse como la satisfacción de la responsabilidad civil derivada
del delito, ya que aunque ésta pueda considerarse un elemento
referencial de este esfuerzo reparador, ambas instituciones tienen
fundamentos divergentes290. Por lo tanto, sí será un dato a tener en
cuenta, ya que demuestra una concreta personalidad del infractor
o infractora, pero no puede establecerse como condición para la
no ejecución de la pena privativa de libertad291.
b) No habitualidad: El Código penal excluye de la posibilidad
de sustitución a los reos habituales. Este concepto de habitualidad es definido por el artículo 94 CP, según el cual, serán reos
habituales los que hubieran cometido tres o más delitos de los
comprendidos en un mismo capítulo en un plazo no superior a
cinco años, y que hayan sido condenados por ello. Para realizar
este cómputo, el mismo artículo determina que se considerarán
el momento de la posible sustitución y la fecha de comisión de
dichos actos delictivos, pero no el momento de las sentencias
condenatorias.
(288) ASÚA 1984:324; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:66 y s.
(289) GARCÍA ARÁN 1997:120; PRATS 2001:491.
(290) CID/LARRAURI 2002:74.
(291) DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:68.
130
Esta exclusión ha sido criticada por la doctrina292, debido a
que si el fundamento de la sustitución se sitúa en la renuncia a la
ejecución de las penas cortas privativas de libertad por los efectos
desocializadores que conllevan, estos efectos se producen tanto
en los reos habituales como en los no habituales, no habiendo
ningún motivo para discriminar a los primeros. Del mismo modo,
hay que recordar que en otros ordenamientos esta sanción se
aplica, en numerosas ocasiones, a personas que han cumplido
ya anteriormente sanciones penales, sin que se haya ocasionado
ninguna disfunción293. No obstante, es de valorar que el concepto
de exclusión utilizado haya sido el de la habitualidad, y no el de
la reincidencia.
C. Imposición de obligaciones accesorias
El artículo 88 CP permite al órgano juzgador, en caso de sustitución, la imposición a la persona penada de alguna o varias de las
obligaciones previstas en el artículo 83 CP, aunque estas obligaciones no hayan sido establecidas en la sentencia condenatoria.
Esta remisión es acogida favorablemente por la doctrina, especialmente por el fundamento rehabilitador que algunas de ellas
contienen, lo que las hace compatibles con una sanción como los
trabajos en beneficio de la comunidad294. No obstante, también
se ha advertido que deberían evitarse las reglas de contenido asegurativo, centrándose, por lo tanto, en la imposición de reglas de
comportamiento de contenido preventivo-especial, más acordes
con el fundamento de esta institución295.
(292) PRATS 2001:491-492; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:67.
(293) Referencias sobre este extremo en diversos ordenamientos pueden consultarse en BRANDARIZ 2002:152.
(294) PARÉS i GALLÉS 1998:164.
(295) PRATS 2001:492.
131
D. Baremo de conversión
A la hora de sustituir las penas privativas de libertad, este
artículo establece que cada día de prisión se sustituirá por dos
cuotas de multa o por una jornada de trabajo. En este punto, hay
que hacer referencia al estudio que sobre la duración de la pena de
trabajo en beneficio de la comunidad se realiza en este trabajo296,
destacando lo inapropiado de dicho baremo.
Siguiendo alguna propuesta doctrinal297, en mi opinión, este
baremo de conversión de un día de prisión por una jornada de
trabajo en beneficio de la comunidad deriva en un volumen de
horas de trabajo a realizar totalmente desorbitado y de muy difícil
cumplimiento, que no tiene en cuenta ni los fundamentos de una
pena como la aquí analizada, ni la experiencia en otros ordenamientos jurídicos. Además, se parte de la premisa de que la pena
de prisión es prácticamente adecuada para sancionar la mayoría
de los ilícitos penales, siendo necesario, desde una perspectiva
preventivo general, que las alternativas a las penas privativas de
libertad ocasionen a la persona penada una afección de derechos
similar. Sin embargo, a mi entender, esta concepción entra en
contradicción con el objetivo resocializador o, por lo menos, no
desocializador que, según la constitución española, deben tener
las sanciones penales.
Por este motivo, considero adecuada la propuesta realizada por
este sector doctrinal de establecer el baremo de conversión en dos
horas de trabajo por cada día de privación de libertad sustituido.
De esta manera, se evitaría la imposición de penas de trabajos en
beneficio de la comunidad totalmente desproporcionadas, y se
reducirían las ocasiones en que es necesaria una vuelta a la pena
privativa de libertad como consecuencia del incumplimiento de
(296) Ver apartado IV.4.3.2. de esta Primera Parte.
(297) BRANDARIZ 2002:147.
132
la sanción sustitutiva, de muy difícil realización en los términos
establecidos actualmente por el Código penal298.
3.1.4. Ampliación del ámbito de aplicación
El art. 88.1.II CP regula el régimen excepcional de sustitución.
Literalmente determina que, “Excepcionalmente, podrán los
jueces o tribunales sustituir por multa o por multa y trabajos en
beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no excedan
de dos años a los reos no habituales, cuando de las circunstancias
del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas
habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social.”
Este régimen excepcional de sustitución, sin embargo, no
parece basarse en diferentes fundamentos que la sustitución “ordinaria”, ya que ambos hacen referencia a la prevención especial
como criterio orientador del juzgador299. Por este motivo, tampoco
se entiende muy bien que, mientras para el primer supuesto de
sustitución, el legislador haya establecido unos factores que pueden condicionar u orientar la decisión del órgano judicial, para
el supuesto excepcional únicamente se recoja una referencia al
peligro de que el cumplimiento de la pena de prisión pueda ocasionar la frustración de los objetivos de prevención y reinserción
social orientadores de las sanciones penales. Por todo ello, algún
autor300 había propuesto la idoneidad de que el régimen de susti-
(298) No obstante, hay que recordar que, tal y como se fundamenta en la sección dedicada a la duración de esta sanción, el límite establecido para
la duración de esta sanción por el artículo 33.3 k) CP, de 180 días, será
también aplicable cuando la misma actúe como sustitutiva de las penas
de prisión.
(299) GARCÍA ARÁN 1997:120; PRATS 2001:492; De otra opinión es GRACIA MARTÍN 2000:260-261, para quien la posibilidad de sustituir penas
de prisión de hasta dos años supone un menoscabo en las exigencias de
la reafirmación del ordenamiento jurídico y de la prevención general, las
cuales deberían prevalecer sobre la prevención especial.
(300) PRATS 2001:492.
133
tución se hubiese establecido con un criterio único para todas las
penas de prisión inferiores a dos años siendo, en última instancia,
el órgano judicial el que, mediante su discrecionalidad, valorase
la conveniencia de proceder a dicha sustitución.
Por otra parte, en este caso el órgano sentenciador no podrá
sustituir la pena de prisión únicamente por una sanción de trabajos
en beneficio de la comunidad, sino que ésta deberá imponerse
junto con una pena de multa, también sustitutiva. No obstante, el
Código penal no determina los máximos a sustituir por cada una
de ellas, quedando por tanto a la discrecionalidad del juzgador. En
todo caso, hay que tener en cuenta que siempre ha de mediar el
consentimiento de la persona penada, por lo menos en lo referente
a la pena sustitutiva de trabajos en beneficio de la comunidad. Pese
a la falta de dicha concreción, Cid sí ha establecido estos máximos
al interpretar el art. 88 CP. Según esta interpretación, las penas de
prisión de hasta 1 año de duración podrán ser sustituidas por multa
o trabajos en beneficio de la comunidad, y las penas de prisión de
entre 1 y 2 años deberán ser sustituidas por multa y trabajos en
beneficio de la comunidad301.
En los demás requisitos, así como respecto a los módulos
de conversión, el Código penal hace una remisión al régimen
de sustitución “ordinaria”, lo que hace más complicado aún una
supuesta diferenciación de ambos preceptos.
3.1.5. Sustitución de la pena de cárcel en supuestos de violencia
de género
La LO 15/2003 incorporó un supuesto especial en el tercer
párrafo de este artículo 88.1 CP, el cual ha sido modificado por el
art. 35 LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género. Tras su nueva redacción,
el art. 88.1.III dispone que, en los casos en que el reo haya sido
(301) CID 2004b:152.
134
condenado por un delito relacionado con la violencia de género,
la pena de prisión únicamente podrá ser sustituida por la sanción
de trabajos en beneficio de la comunidad, excluyéndose, por tanto,
la posibilidad de sustitución por la pena de multa.
La razón de esta regulación especial en los casos de violencia
contra las personas con las cuales el agresor tiene, o ha tenido,
una relación familiar o de pareja, puede encontrarse en que, en la
mayoría de las ocasiones, la pena de multa impuesta al agresor
deriva también en perjuicios para la persona agredida, especialmente en los casos en los que todavía se mantiene una relación
sentimental, familiar o económica. Por este motivo, se veía la
necesidad de limitar la utilización de la pena de multa en estos
casos, imponiendo, si se ve oportuno desde una perspectiva preventivo-especial, una pena de trabajo en beneficio de la comunidad, limitadora únicamente de los derechos del agresor pero que,
en un principio, no debería tener ninguna consecuencia negativa
para la víctima.
Asimismo, determina que en estos supuestos, el juez o Tribunal impondrá también la sujeción a programas específicos de
reeducación y tratamiento psicológico, así como las obligaciones
recogidas en el artículo 83.1.1 y 83.1.2 CP302. Estas previsiones
son, sin duda, totalmente imprescindibles para la protección de la
persona agredida, al tiempo que intentan aumentar la capacidad
rehabilitadora de estas medidas.
3.1.6. Incumplimiento
El artículo 88.2 CP regula el régimen de incumplimiento de la
sanción sustitutiva, según el cual, si la persona penada incumple
en todo o en parte la pena sustitutiva, se ejecutará la pena de pri(302) Artículo 83.1.1 CP: “Prohibición de acudir a determinados lugares.”
Artículo 83.1.2 CP: “Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos
de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, o de
comunicarse con ellos.”
135
sión inicialmente impuesta, descontando, en su caso, la parte del
tiempo que ya ha sido cumplido. Por lo tanto, en estos supuestos
la consecuencia jurídica del incumplimiento será el retorno a la
sanción privativa de libertad, pero no será constitutivo de un delito
de quebrantamiento de condena en base al artículo 468 CP303.
3.2. Responsabilidad personal subsidiaria por impago de la
pena de multa (RPSIM)
3.2.1. Supuestos de aplicación
La sanción de trabajo en beneficio de la comunidad como
forma de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria
por impago de la multa, fue ya incorporada por el artículo 53 del
anterior Código penal de 1995. La valoración positiva realizada
por la doctrina304, especialmente por su adecuación para evitar las
penas privativas de libertad en los casos de insolvencia económica
de la persona penada, ha favorecido que se mantenga también
tras la LO 15/2003. Sin embargo, esta reforma debería haberse
aprovechado para solventar diversas dudas y problemas detectados
durante su aplicación, cosa que no se ha hecho.
El artículo 53.1 CP dispone que en los casos en que la persona
condenada no satisfaga la pena de multa impuesta por el órgano
sentenciador, bien voluntariamente o por vía de apremio, quedará sujeta a la responsabilidad personal subsidiaria de un día de
privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
(303) Estudio más extenso sobre este punto en el apartado dedicado al incumplimiento de la sanción de trabajos en beneficio de la comunidad, apartado
IV.5.4.2.B de esta Primera Parte.
(304) SANZ MULAS 2000:323 y 326; VAELLO 1997:29; BRANDARIZ
2002:161 y ss. Este autor hace referencia también a otros especialistas,
tanto del estado español como europeos, que también reclamaron la incorporación de los trabajos en beneficio de la comunidad como modalidad
de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria.
136
Esta responsabilidad subsidiaria, cuando se trate de faltas, podrá
cumplirse mediante localización permanente.
Este artículo faculta también al juez o Tribunal para, con el
consentimiento de la persona penada, acordar que la RPSIM se
cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad.
Posteriormente, el artículo 53.2 CP regula la responsabilidad
personal subsidiaria en los supuestos de multa proporcional, facultando también al juez o Tribunal para acordar su cumplimiento
mediante trabajos en beneficio de la comunidad, siempre que la
persona penada haya dado su consentimiento, siendo ésta la única
alternativa al sistema clásico de responsabilidad subsidiaria.
La aplicabilidad de este artículo 53 CP se reduce a los supuestos
en que la pena de multa haya sido impuesta como sanción originaria,
excluyéndose, por tanto, la posibilidad de que un incumplimiento de
la pena de multa sustitutiva de la pena de prisión derive en trabajos
en beneficio de la comunidad. Esto es debido a los diferentes principios que orientan ambas instituciones, así como a la prohibición
expresa recogida por el artículo 88.3 CP, que impide la sustitución
de penas que sean sustitutivas de otras. Además, la sustitución de
la pena de prisión es regulada por el artículo 88 CP, el cual recoge
también su régimen de incumplimiento, disponiendo para estos
supuestos el retorno a la sanción sustituida.
Sin embargo, en aras a conseguir un sistema penal en el cual la
pena privativa de libertad quede reducida a sancionar las conductas
más graves, hay que promover una interpretación extensiva del
régimen de alternativas a la prisión. En este sentido, en los casos
de incumplimiento de la pena de multa cuando ésta sea sustitutiva
de la prisión, antes de proceder a la ejecución de la pena privativa
de libertad, es recomendable dar a la persona penada la posibilidad
de aceptar el cumplimiento de la sanción mediante los trabajos
en beneficio de la comunidad, pero no en base al artículo 53 CP,
como responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa,
sino en aplicación del mismo artículo 88 CP, como sustitución de
la pena de prisión.
137
3.2.2. Planteamientos político-criminales sobre RPSIM
Las razones que recomendaban la incorporación de los trabajos
en beneficio de la comunidad como modalidad de cumplimiento
de la responsabilidad personal subsidiaria eran varias, resaltando
la necesidad de introducir penas no privativas de libertad como
sanción de apoyo a las penas pecuniarias. En este sentido, en los
códigos penales anteriores, únicamente se establecía el arresto
sustitutorio para sancionar los supuestos de impago de las penas
de multa. Esto provocaba un sistema discriminatorio en función
de la capacidad económica de la persona condenada, ya que las
personas con menos recursos eran las que, en última instancia,
debían cumplir penas de cárcel, violándose, por tanto, el principio
de igualdad305. Del mismo modo, esta institución contradecía el
principio de derogación de la prisión por deudas306, sancionando
penalmente la falta de recursos económicos, y no era respetuoso con el principio de proporcionalidad307 requerido al sistema
penal, ya que el incumplimiento de una sanción pecuniaria, correspondiente generalmente a un ilícito penal de gravedad baja o
intermedia, derivaba forzosamente en una sanción privativa de
libertad, que suponía una afección de derechos totalmente desproporcionada con el ilícito cometido. Finalmente, un sistema
en el que únicamente se previese el arresto como modalidad de
responsabilidad personal subsidiaria, ponía en duda la efectividad
de la pena pecuniaria como alternativa a la pena de prisión, ya
que el incumplimiento de aquélla, provocada generalmente por la
insolvencia económica de la persona penada, producía un retorno
a la prisión, que en principio se quería evitar308.
(305)
(306)
(307)
(308)
138
BRANDARIZ 2002:161.
SANZ MULAS 2000:323.
BRANDARIZ 2002:162; CACHÓN/CID 1997:45.
BRANDARIZ 2002:162; MAPELLI 2000:59; SANZ MULAS 2000:323
y 327.
Basándose en estas críticas al sistema anterior, numerosos autores reclamaron la reforma de la institución de la responsabilidad
personal subsidiaria por impago de la multa, incluyéndose una sanción como los trabajos en beneficio de la comunidad, más acorde con
un sistema que realmente quisiera favorecer las penas no privativas
de libertad. Además, se ha destacado la efectividad de los trabajos
comunitarios como sanción de apoyo de la pena de multa, debido
a que produce en la sociedad una sensación de seguridad jurídica310
y de inderogabilidad de las penas311, al tiempo que respeta mejor el
principio de proporcionalidad con el ilícito cometido.
309
Estas propuestas doctrinales encuentran su apoyo también en
las sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC 19/1998, de 16
de febrero y, 230/1991, de 10 de diciembre) en las cuales, a pesar
de declarar la constitucionalidad del arresto sustitutorio y su respeto al principio de igualdad y al principio de libertad, se sugiere
la introducción de formas menos rigurosas de cumplimiento de
la responsabilidad subsidiaria, como son el arresto domiciliario y
los trabajos en beneficio de la comunidad312.
3.2.3. Naturaleza jurídica de la RPSIM
La regulación que el Código penal realiza sobre la responsabilidad personal subsidiaria ha provocado diversas interpretaciones
doctrinales sobre su naturaleza jurídica. Así, diversos autores313 la
han considerado dentro de la institución de la sustitución de penas
privativas de libertad, haciendo hincapié en que ésta se encuadra
dentro de la facultad discrecional que tiene el órgano judicial
(309) Referencias a todos ellos, tanto españoles como europeos, pueden consultarse en BRANDARIZ 2002:164.
(310) LÓPEZ CONTRERAS 2004:77.
(311) BRANDARIZ 2002:163; GARCÍA ARÁN 1996:38.
(312) GRACIA MARTÍN 2000:162; LÓPEZ CONTRERAS 2004:77; MIR
1996a:740; SANZ MULAS 2000:223 y 324.
(313) ARÁNGUEZ 2000:16; GRACIA MARTÍN 2000:256; LÓPEZ CONTRERAS 2004:78.
139
para sustituir las penas privativas de libertad, a pesar de que no
haya sido recogida en la sección 2º del capítulo III del título II
del Código penal, relativa a la sustitución de las penas, sino en la
sección 4º del capítulo I, reguladora de la pena de multa. Como
consecuencia de esta interpretación, las lagunas legales que se den
en la reglamentación de la responsabilidad subsidiaria, deberían
ser completadas con las reglas generales del régimen sustitutorio,
establecidas por el artículo 88 CP314.
Sin embargo, con esta interpretación se podría entrar en colisión con la prohibición que el artículo 88.3 CP hace sobre la doble
sustitución, en caso de entenderse que la pena de multa se sustituye
por privación de libertad y, posteriormente, ésta es sustituida por la
sanción de trabajos en beneficio de la comunidad. Por este motivo,
destacando el tenor literal del artículo 53.1 CP al establecer que la
responsabilidad subsidiaria “también podrá cumplirse mediante
trabajos...”, algunas autoras315 han señalado que, en este caso, no
estamos ante un supuesto de sustitución, sino ante una forma directa
de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, que será alternativa con la localización permanente
cuando el ilícito cometido hubiese sido calificado como falta.
3.2.4. Requisitos
A. Insolvencia económica
La condición legal impuesta por el artículo 53 CP para proceder
a la aplicación de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa es la insolvencia económica de la persona penada316.
Por lo tanto, el simple impago de la pena pecuniaria impuesta no
derivará necesariamente en la responsabilidad subsidiaria.
(314) MAPELLI 2000:70.
(315) GARCÍA ARÁN 1997:58 y 116; VAELLO 1997:37.
(316) BRANDARIZ 2002:166; TAMARIT 1996:374.
140
Además, el Código penal otorga al órgano judicial una serie
de instrumentos destinados a adecuar dicha sanción pecuniaria a
las capacidades económicas del condenado, con el fin de evitar,
en la medida de lo posible, dicho recurso a la responsabilidad
subsidiaria. Por una parte, se encuentra la instauración del modelo de días-multa como sistema general para la imposición de
penas pecuniarias que, en un principio, es más adecuado para
lograr la proporcionalidad entre la capacidad económica de la
persona penada y el ilícito penal cometido. De este modo, se intenta que el pago de la sanción pecuniaria ocasione un perjuicio
similar a todos y todas las condenadas, independientemente de
sus recursos patrimoniales, ya que, mientras el número de días
impuesto por el órgano judicial sanciona el ilícito penal, la cuota
de multa a pagar por cada uno de estos días estará en función
de la capacidad económica del sujeto, modulándose según sus
recursos. Asimismo, con el objetivo de facilitar el abono de la
multa impuesta, el artículo 50.6 CP autoriza al órgano judicial
a fraccionar su pago en diferentes plazos, e incluso el artículo
51 CP prevé que, si después de la sentencia variase la situación
económica de la persona penada, el órgano judicial podrá modificar tanto el importe de las cuotas periódicas, como los plazos
establecidos para su pago.
Por último, antes de proceder a la responsabilidad subsidiaria,
el órgano judicial deberá realizar por vía de apremio la exacción
de los bienes de la persona condenada y, únicamente en caso de
determinarse su insolvencia, se decidirá sobre la responsabilidad
personal subsidiaria a ejecutar317.
(317) TAMARIT 1996:374 recoge la propuesta de algún autor de considerar
la insolvencia probada como causa de extinción de la responsabilidad
pecuniaria, calificando como barbarie el hecho de que la falta de dinero
tenga como consecuencia la entrada en prisión.
141
B. Conformidad de la persona penada
Otro requisito establecido por el Código penal para que la
responsabilidad personal subsidiaria pueda ser cumplida mediante
trabajos en beneficio de la comunidad es la previa conformidad
de la persona penada. Esto provoca que sea necesario articular un
sistema alternativo para los casos en que no se muestre de acuerdo
con la ejecución de la pena de trabajos comunitarios318.
Éste es un requisito exigido por el artículo 49 CP, en la regulación general que hace sobre la pena de trabajos en beneficio de
la comunidad, análisis al que me remito319.
C. Exclusión de personas condenadas a pena privativa de
libertad superior a 5 años
El artículo 53.3 CP excluye la imposición de la responsabilidad
personal subsidiaria a los y las condenadas a penas privativas de
libertad superiores a 5 años. Esta exclusión es aplicable también
cuando las penas privativas de libertad provengan de diferentes
delitos a los sancionados con la pena de multa, e incluso cuando
resulte de sumar diferentes condenas menores impuestas por una
pluralidad de delitos320. Esto se debe a que el objetivo de dicha
previsión es evitar aplicar la responsabilidad subsidiaria a personas que se encuentran ya privadas de libertad por un período
largo de tiempo.
Sin embargo, en este caso hay que criticar el hecho de que la
LO 15/2003 haya aumentado el límite por el que se excluye la
responsabilidad subsidiaria, pasando éste de 4 a 5 años, lo que
provoca una mayor severidad penal, contraria al principio de
reinserción que debe guiar la ejecución de las penas.
(318) BRANDARIZ 2002:164 y 167; CACHÓN/CID 1997:46.
(319) Ver apartado IV.2.1 de esta Primera Parte.
(320) BRANDARIZ 2002:167; MAPELLI 2000:74 y ss.
142
3.2.5. Baremo de conversión
A. Días-multa: Según el artículo 53 CP, en el supuesto del
sistema de días-multa, dos cuotas diarias no satisfechas equivaldrán a un día de privación de libertad, la cual, a su vez, equivaldrá
a una jornada de trabajo.
En este caso, es de censurar que no se haya acogido la propuesta realizada por algún autor321 en el sentido de establecer
un criterio de conversión que tuviese en cuenta la diferente
afección de derechos que conlleva la pena de multa- una limitación únicamente patrimonial-, y la pena de trabajos en beneficio
de la comunidad322, que produce también una limitación en el
tiempo libre de la persona penada, así como una restricción de
la libertad de movimiento. Teniendo en cuenta esta diferente
restricción de derechos, el mismo autor estimaba que un día
de multa no podía equivaler a más de una hora de trabajo en
beneficio de la comunidad. Además, un baremo de conversión
como el anterior podría evitar numerosos problemas de aplicación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad,
especialmente derivados de su excesiva duración, y favorecer
el cumplimiento de las sanciones penales en modalidades no
privativas de libertad.
B. Multa proporcional: Cuando la responsabilidad personal
subsidiaria se deriva del impago de una multa proporcional, el
artículo 53.2 CP dispone que los órganos judiciales establecerán, según su prudente arbitrio, dicha responsabilidad, teniendo
como límite únicamente un año de duración y siendo posible su
cumplimiento mediante trabajos en beneficio de la comunidad.
Esta exigua regulación ha provocado en la doctrina dos criterios
interpretativos a la hora de establecer la responsabilidad subsidiaria en régimen de trabajos comunitarios323. La primera de ellas
(321) CID 1997:107.
(322) Ver apartado IV.1.2 de esta Primera Parte.
(323) Sobre todo ello, se puede consultar BRANDARIZ 2002:173 y ss.
143
consiste en determinar la responsabilidad subsidiaria en días de
privación de libertad, basándose para ello en la cuantía de la multa
proporcional impagada, para luego proceder a convertir ésta en
jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, utilizando el
baremo previsto en el art. 53.1 CP. Esta interpretación, sin embargo, podría ocasionar una violación del principio de proporcionalidad entre el ilícito cometido y la sanción impuesta ya que, tal
y como establece el art. 52 CP, el criterio principal para fijar la
cuantía de la multa proporcional es la capacidad económica del
sujeto, y no la gravedad del ilícito. Ante esto, se propone que la
responsabilidad subsidiaria en régimen de trabajo en beneficio
de la comunidad se establezca directamente en función de la
gravedad de la infracción sancionada originariamente con la
pena pecuniaria, sin tener en cuenta las condiciones económicas
del sujeto. De hecho, éstas son relevantes para determinar la
cuantía de la multa proporcional, pero no en el momento de fijar
la responsabilidad subsidiaria derivada de su incumplimiento.
Por tanto, en este caso no habría una relación directa entre la
cuantía de la multa impagada y el número de jornadas de trabajo
en beneficio de la comunidad, sino entre éste y la gravedad de
la infracción originaria.
Entre ambas interpretaciones se encuentra una propuesta
intermedia según la cual, dicha responsabilidad subsidiaria
debe fijarse en función de la gravedad del ilícito penal cometido por la persona condenada, respetando así el principio de
proporcionalidad, para posteriormente proceder a determinar la
sanción de trabajos en beneficio de la comunidad utilizando el
baremo de conversión establecido en el art. 53.1 CP. No obstante, hay que tener en cuenta que esta fijación judicial estará
también guiada por el principio de discrecionalidad judicial,
en función del cual se deben intentar compatibilizar los límites
legales impuestos a la duración de la sanción con el principio
de proporcionalidad.
144
3.2.6. Aplicación práctica de la RPSIM
A. Interpretaciones doctrinales
El Código penal, en su regulación, no hace ninguna referencia a los criterios que debe seguir el órgano judicial a la hora de
decidirse por alguna de las modalidades de cumplimiento de esta
responsabilidad subsidiaria, ya sea privación de libertad o trabajos
en beneficio de la comunidad. Esta omisión ha provocado diversas
interpretaciones doctrinales, las cuales pueden englobarse en dos
corrientes.
Por una parte, un sector doctrinal324 considera que la modalidad de cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria
mediante trabajos en beneficio de la comunidad es subsidiaria,
o excepcional, incidiendo para ello en el adverbio también que
precede la posibilidad de cumplimiento mediante los trabajos
comunitarios. En opinión de estos autores, de la redacción del
artículo 53.1 CP se desprende que, primero hay que valorar
la oportunidad de ejecutar la responsabilidad subsidiaria mediante una pena privativa de libertad y, posteriormente, si no
se considera adecuada, mediante trabajos en beneficio de la
comunidad325, pero teniendo en cuenta que esta última opción
será excepcional, mientras que la forma normal de cumplir la
responsabilidad subsidiaria será mediante días de privación de
libertad326.
Por el contrario, otros especialistas327 han defendido la aplicación preferente de los trabajos en beneficio de la comunidad,
(324) GARCÍA ARÁN 1997:58; GRACIA MARTÍN 2000:165; MAPELLI
2000:71-72.
(325) MAPELLI 2000:72.
(326) GARCÍA ARÁN 1997:58.
(327) BRANDARIZ 2002:169 y ss; CACHÓN/CID 1997:56-57; CID 1997:117;
CID/LARRAURI 2002:120; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 1999:334;
SANZ MULAS 2000:327.
145
mediando siempre el consentimiento de la persona condenada,
especialmente por su virtualidad para evitar la entrada en prisión
como consecuencia de la insolvencia económica, intentando
superar también así las penas cortas privativas de libertad que
tienen origen en esta responsabilidad subsidiaria. Del mismo
modo, se considera que el cumplimiento de la responsabilidad
subsidiaria mediante los trabajos comunitarios es más respetuoso
con el principio de proporcionalidad entre el ilícito cometido y
la sanción impuesta, ya que no hay que olvidar que los delitos
o faltas sancionados con la pena de multa son de gravedad baja
o intermedia, para los cuales no se considera apropiada la pena
de cárcel. Por lo tanto, la pena privativa de libertad únicamente
debería ser impuesta en los casos en que la persona condenada
rechace los trabajos en beneficio de la comunidad sin ningún tipo
de justificación, cumpliéndose así, también, el principio de ultima
ratio de la pena de prisión ante el impago de multas328.
B. Práctica judicial
Esta última propuesta doctrinal, más acorde con el objetivo
de crear un sistema efectivo de penas alternativas a la prisión, sin
embargo, choca con la práctica judicial que se da en los Tribunales.
Así, en un estudio realizado sobre la aplicación de las alternativas
a la prisión en los Juzgados de Barcelona, se ha constatado que
los trabajos en beneficio de la comunidad como modalidad de
cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria, únicamente han
sido utilizados en el 1 % de las ocasiones en que se ha producido
(328) CID/LARRAURI 2002:120 proponen que, aparte del trabajo en beneficio de la comunidad como modalidad preferente de cumplimiento de la
responsabilidad subsidiaria, la ley debería dar la posibilidad para que en
los casos en que el trabajo comunitario no se considere adecuado, sea
posible la imposición de algún tipo de programa de rehabilitación en
libertad (como la participación en cursos formativos, en programas de
deshabituación de alcohol o drogas, etc.), relegando, por tanto, la pena
privativa de libertad a los casos en que la persona penada rechace su
cumplimiento en una de estas modalidades no privativas de libertad.
146
el impago de la multa, no siendo, por lo tanto, en ningún caso
eficaz329, mientras que las penas de prisión emitidas por esta causa
suponen un 56,5% de las condenas.
Por este motivo, para favorecer la implantación real de las
penas no privativas de libertad, los autores, aparte de realizar
diversas propuestas en aras a aumentar la confianza de las y los
jueces a la hora de decidirse por una pena alternativa, y haciendo
una interpretación de la STC 19/1988 acorde con la nueva realidad
legislativa, estiman que el juez, a la hora de sentenciar sobre una
modalidad de cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria,
antes de imponer la pena privativa de libertad, debería descartar
motivadamente el recurso a los trabajos comunitarios330.
No obstante, esta aplicación prioritaria de los trabajos en beneficio de la comunidad puede excluirse en los supuestos en que, por la
aplicación del artículo 80 CP, la responsabilidad personal subsidiaria
en régimen privativo de libertad puede suspenderse, ya que en un principio esta solución resulta más favorable para la persona penada331.
3.3. Pena originaria
Sin duda, la novedad más reseñable incorporada por la LO
15/2003 es la previsión de la pena de trabajos en beneficio de
la comunidad como sanción originaria para una serie de tipos
penales, todos ellos referidos a injustos penales de gravedad baja
e intermedia.
No obstante, no es ésta la primera vez que el legislador acoge
la pena de trabajos comunitarios para sancionar una conducta ti-
(329) CID/LARRAURI 2002:89.
(330) CID/LARRAURI 2002:112.
(331) BRANDARIZ 2002:171. Por el contrario, CACHÓN/CID 1997:55-57 y
CID 1997:117 consideran que los trabajos en beneficio de la comunidad
deben ser aplicados de forma prioritaria, incluso cuando sea posible la
suspensión de la ejecución de la sanción privativa de libertad.
147
pificada penalmente, ya que la LO 11/2003, de 29 de septiembre,
incorporó esta sanción como pena principal alternativa a la pena de
prisión en el artículo 153 CP, el cual tipificaba el delito de malos
tratos habituales en el ámbito familiar, cuando estos se ocasionaban
a personas con las que el agresor tenía o había tenido una especial
relación personal, ya sea familiar o de pareja. Este artículo ha sido
modificado por la LO 1/2004, de 28 de diciembre, y ahora sanciona
con diferentes penas, por una parte, cuando el delito sea cometido
contra la mujer con la que el agresor haya mantenido una relación
de afectividad o contra alguna persona especialmente vulnerable
que conviva con el autor y, por otra, cuando la persona agredida
sea una de las comprendidas en el art. 173.2 CP. Sin embargo, a
pesar de que en el primero de estos supuestos la pena de prisión a
imponer se ha agravado, los trabajos en beneficio de la comunidad
se mantienen como pena alternativa.
Las razones político-criminales que llevaron al legislador a excluir la pena de multa como sanción principal alternativa a la pena
de prisión, e introducir en su lugar la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad, no fueron declaradas en la Exposición de Motivos
de dicha ley, ni en la actual. Empero, es posible que dicha opción
sea debida a que la pena de multa no se considera adecuada para
sancionar estas infracciones, ya que en estos casos, y especialmente
cuando todavía hay una relación económica entre la víctima y el
agresor, la multa tiene también efectos negativos para la víctima.
3.3.1. Reforma reclamada por la doctrina
La incorporación de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad como sanción originaria a imponer como consecuencia
de la comisión de diversos tipos penales, había sido reclamada
por la doctrina como la vía más efectiva para que realmente las
sanciones no privativas de libertad cumplan una función alternativa
a la pena de prisión332.
(332) CID/LARRAURI 2002:103; CID/LARRAURI 1997:29-30.
148
Adoptando una perspectiva proporcionalista del derecho penal, las sanciones penales deben ser proporcionales a la gravedad
de los delitos, no siendo, por tanto, adecuado el esquema utilizado
hasta el momento de sancionar con pena de cárcel prácticamente
todas las conductas tipificadas por el Código penal333, ya que
esto aumenta enormemente la severidad de las sanciones, lo que
resulta contrario a un sistema penal que, en principio, aboga por
la reinserción de las personas penadas, o, por lo menos, su no
desocialización. Por lo tanto, la pena de trabajo en beneficio de
la comunidad se considera adecuada para reaccionar ante ilícitos
penales de gravedad baja o intermedia334, especialmente debido a
su capacidad para crear un sentimiento de utilidad con respecto a
la sociedad por parte de la persona condenada.
Por otra parte, la exigencia del consentimiento para poder
imponer esta sanción no es obstáculo para establecerla como
pena principal, siempre que junto a ella se prevea otra sanción
alternativa, a cumplir en caso de rechazar la persona penada los
trabajos comunitarios,335 o que ésta no se estime apropiada por
parte del órgano judicial.
3.3.2. Tipos penales
La pena de trabajos en beneficio de la comunidad se ha previsto
como sanción originaria en el caso del hurto de vehículos a motor
(art. 244 CP), y en el de conducción bajo la influencia de bebidas
alcohólicas o sustancias psicotrópicas (art. 379 CP). En este último caso, la pena de trabajos comunitarios no puede aplicarse de
forma autónoma, sino que será acumulativa a una pena de multa.
No obstante, la redacción de este último artículo es bastante problemática, ya que determina que quien cometa la conducta aquí
tipificada será sancionado con “la pena de prisión de tres a seis
(333) CID/LARRAURI 1997:2 y ss; SANZ MULAS 2000:395.
(334) ARÁNGUEZ 2000:41; ASÚA 1984:332; BRANDARIZ 2002:148.
(335) BRANDARIZ 2002:148; De otra opinión es ARÁNGUEZ 2000:16.
149
meses o multa de 6 a 12 meses y, en su caso, trabajos en beneficio de la comunidad...”. La inclusión del término “en su caso”,
(entendido como “en caso de que dé su consentimiento) puede
provocar que la aplicación de la sanción de trabajos en beneficio de
la comunidad en este artículo sea prácticamente nula, ya que no se
ha previsto ninguna consecuencia para los supuestos en los cuales
la persona penada no consienta con su ejecución336. Sin embargo,
la experiencia de aplicación práctica de la LO 15/2003 parece
contradecir este pronóstico doctrinal, ya que un alto porcentaje del
total de trabajos en beneficio de la comunidad ejecutados a partir
de su entrada en vigor proviene de este art. 379 CP337.
Aparte de estos dos injustos, la pena de trabajos comunitarios
únicamente se ha considerado adecuada para reaccionar frente a
diversas faltas de gravedad baja, como son las conductas contempladas en los artículos 618 CP (falta como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones familiares establecidas en
convenio aprobado judicialmente o en sentencia judicial), 626 CP
(falta de deslucimiento de bienes) y 632 CP (falta leve contra la
protección del medio ambiente).
Posteriormente, la LO 1/2004, de 28 de diciembre, ha previsto
esta pena como sanción principal alternativa a la pena de prisión
en los artículos 171.4 y 171.5, en los cuales se tipifican las amenazas leves, y 172.2, sancionador de las coacciones leves, cuando
el sujeto pasivo sea la mujer con la que el agresor tenga o haya
tenido alguna relación de afectividad o alguna de las personas
comprendidas en el art. 173.2 CP. Asimismo, se prevé el trabajo
en beneficio de la comunidad como pena alternativa a la localización permanente en el art. 620.2.II, en el cual se tipifica la falta
de amenazas, coacciones e injurias cuando el sujeto pasivo sea el
anteriormente citado.
(336) VARONA GÓMEZ 2004a:10.
(337) Ver experiencia de aplicación práctica en Catalunya, en el apartado III.3.A
de la Segunda Parte.
150
En estos casos, como en el supuesto recogido por el artículo
153.2 CP, que ya hemos analizado, la pena de multa no se estima
idónea para reaccionar frente a estos injustos penales, por lo que
la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad actúa como
sustitutiva de aquella338.
3.3.3. Valoración de la regulación
Esta exigua utilización de la pena de trabajo en beneficio de
la comunidad como pena principal alternativa, pone de manifiesto
la escasa confianza que el legislador tiene en ella, contemplándola
únicamente en injustos de gravedad leve, y en supuestos en los
cuales la pena de multa no se considera adecuada, como son los
tipificados en diversos artículos que sancionan las conductas menos graves de violencia, tanto física como psicológica, contra las
personas con las cuales el agresor tiene, o ha tenido, una relación
familiar o de pareja.
Sin embargo, no ha sido prevista para reaccionar ante los
injustos penales más comunes y, en especial, algunos injustos
patrimoniales o socioeconómicos, lo que limita mucho su aplicación. De hecho, algunos autores339, basándose en la utilización de
esta sanción en el derecho comparado340 y en sus potencialidades,
habían propuesto incorporarla al sistema penal para sancionar
(338) MORILLAS 2002:668 y 685 proponía la utilización de la pena de TBC
como sanción para esta clase de ilícitos, excluyendo la pena de multa.
Propuesta que fue posteriormente adoptada en las LO 11/2003, LO
15/2003 y LO 1/2004.
(339) BRANDARIZ 2002:148.
(340) Sobre la aplicación en Inglaterra para delitos patrimoniales no violentos, como el hurto, daños, robo con fuerza en las cosas, etc, ver ASÚA
1984:314; BRANDARIZ 2002:145; CID 1997:99; HUBER 1983:42 y
ss.
Con respecto a Francia, donde especialmente se aplica para delitos
patrimoniales o infracciones de tráfico, y a Alemania, donde se utiliza
para reaccionar frente a este último tipo de injustos, puede consultarse la
doctrina citada por BRANDARIZ 2002:145.
151
delitos patrimoniales (como el hurto), socioeconómicos o injustos
contra la seguridad del tráfico, ya que en estos supuestos la pena
de prisión es considerada excesiva y desproporcionada341.
La opción tomada por el legislador español, sin embargo, ha
sido la contraria, y en la reforma del Código penal mediante la LO
15/2003, en lugar de potenciar las penas no privativas de libertad
para sancionar los injustos penales de gravedad leve (como podría
ser el caso del hurto, artículo 234 CP), se ha aumentado el uso
de la pena de prisión de corta duración, en un intento por mostrar
a la ciudadanía un “rigor punitivo” del sistema penal que resulta
totalmente desproporcionado y desacertado desde una perspectiva
político-criminal reduccionista342.
Además, la potencialidad de la pena de trabajo en beneficio de
la comunidad como alternativa a la prisión es bastante discutida,
ya que los injustos en los cuales se ha previsto como sanción originaria, anteriormente estaban sancionados con la pena de multa
o con arrestos de fin de semana, pero no con pena de prisión. Por
lo tanto, lo que se ha producido ha sido el efecto desplazamiento
entre las diferentes sanciones alternativas, pero no una verdadera
apuesta por las penas no privativas de libertad como alternativa
a la prisión343.
4. DURACIÓN DE LA PENA DE TBC
4.1. Regulación
Las referencias a la duración de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad se encuentran recogidas en diversos
(341) CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1999:58.
(342) Ver apartado I.4 de esta Primera Parte.
(343) VARONA GÓMEZ 2004b:74.
152
preceptos de la normativa aplicable, tanto del Código penal
como del RD 515/2005, por lo que considero adecuado hacer
primero un enunciado general, con el fin de posibilitar una
visión global, para posteriormente realizar un estudio más
pormenorizado de cada una de ellas, así como su interpretación conjunta.
- Art. 33.3.k) CP: “Son penas menos graves: Los trabajos
en beneficio de la comunidad de 31 a 180 días”.
- Art. 33.4.h) CP: “Son penas leves: Los trabajos en beneficio
de la comunidad de 1 a 30 días.”
- Art. 40.4 CP: “La pena de trabajos en beneficio de la
comunidad tendrá una duración de un día a un año.”
- Art. 40.5 CP: “La duración de cada una de estas penas
será la prevista en los apartados anteriores, salvo lo que
excepcionalmente dispongan otros preceptos de este Código.”
- Art. 49 CP: “Su duración diaria no podrá exceder de ochos
horas.”
- Art. 6.1. RD 515/2005: “Cada jornada de trabajo tendrá
una extensión máxima de ocho horas diarias.”
- Art. 6.2. RD 515/2005: “La ejecución de esta pena estará regida por un principio de flexibilidad... A tal efecto,
cuando concurra una causa justificada, podrá autorizarse
por el juez de vigilancia penitenciaria el cumplimiento
de la pena de forma partida, en el mismo o diferentes
días.”
La LO 15/2003 ha modificado los parámetros de clasificación
de esta pena, eliminando la referencia en horas y utilizando el término días. La anterior regulación del Código penal, realizada por
la LO 10/1995, delimitaba la gravedad de la sanción en función
de las horas de trabajo a cumplir, lo que había producido la crítica
de la doctrina porque no se correspondía con los parámetros de
conversión de la pena de arrestos de fin de semana y de la res153
ponsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, recogidas
ambas en jornadas344.
El legislador actual no ha recogido las propuestas doctrinales
a favor de unificar las referencias a la duración de la sanción, y
ha incorporado el término días para calificar la gravedad de la
sanción, pero manteniendo la jornada como baremo de conversión
cuando ésta actúa como pena sustitutiva. Además, el artículo 49.7
CP dispone que “...en la liquidación de la condena, en la que se
deberán hacer constar los días o jornadas...”, lo que en un principio
parece diferenciar ambos conceptos. Así, teniendo en cuenta la
diferente significación que el legislador parece querer dar a estos
términos, se podría interpretar que el término “día”, se utilizará
cuando la sanción sea impuesta como pena originaria, mientras
que se hablará de “jornadas” cuando sea sustitutiva.
Sin embargo, siguiendo esta interpretación, el art. 6.2. RD
515/2005, que permite el cumplimiento de la jornada en diferentes días, quedaría excluido cuando la pena fuese impuesta
como sanción originaria, lo que sería un desatino penológico,
especialmente si contemplamos la extensa duración que puede
llegar a tener. Por esto, habrá que interpretar ambos conceptos
como equivalentes345.
4.2. Plazo de ejecución de la sanción
El art. 40.4 CP dispone que la pena de trabajos en beneficio
de la comunidad tendrá una duración de un día a un año. Con
esta referencia, el Código penal delimita el plazo temporal en el
(344) Por este motivo, diversos autores proponían realizar todas las referencias sobre la duración a horas de trabajo, así BRANDARIZ 2002:192;
MANZANARES/ORDÓÑEZ 1996:491; DE SOLA DUEÑAS/ GARCÍA
ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:63; mientras que otros consideraban
más adecuado unificar esta cuantificación en jornadas de trabajo, como
ARÁNGUEZ 2000:26; BOLDOVA 1998:129.
(345) BLAY 2004:140.
154
cual debe cumplirse esta pena346, que no puede ser superior a un
año, pero esto no implica que la duración de la sanción sea entre
1 y 365 jornadas de trabajo, ya que sus límites de duración están
establecidos en otros artículos347, haciendo el art. 40 sólo referencia
al plazo en el cual deberá ejecutarse.
En lo que respecta al límite inferior de un día, parece claro que
es el mínimo posible de ejecución. Por su parte, el límite máximo
de un año viene establecido por el deseo de no dilatar excesivamente la ejecución de esta sanción, lo que aumentaría su aflictividad para la persona penada348. Sin embargo, tras la modificación
del art. 33.3.j) por la LO 15/2003, que sitúa el límite máximo de
duración de la sanción en 180 días, este plazo de ejecución de un
año hace que la severidad de la sanción aumente considerablemente, ya que una pena de duración máxima supone un ritmo de
cumplimiento muy duro, difícilmente compatible con el respeto a
las obligaciones laborales y sociales del sujeto. Esto hace que los
posibles efectos desocializadores de la pena aumenten, así como
sus tasas de incumplimiento.
Para evitar estos efectos desocializadores y hacer efectivo el
principio de flexibilidad en la ejecución de la sanción (art. 6.2.
RD 515/2005) así como su compatibilidad con las obligaciones
de la persona penada, se ha propuesto la aplicación del art. 40.5
CP, ampliando así dicho plazo de ejecución. Este art. 40.5. CP
dispone que “La duración de la sanción será la prevista en los
apartados anteriores, salvo lo que excepcionalmente dispongan
otros preceptos de este Código.” Por lo tanto, este artículo permite
la extensión del plazo de ejecución y, a pesar de que expresamente
el Código penal no lo prevea en ninguno de sus preceptos, podría
(346) ARÁNGUEZ 2000:28; BRANDARIZ 2002:177; CID 1997:111; GÓMEZ
ARROYO 2003:6; PARÉS i GALLÉS 1998:161 y ss.
(347) BRANDARIZ 2002:177.
(348) BRANDARIZ 2002:178; ESCRIBANO 2004:62.
155
interpretarse que la excesiva duración de la pena establecida por
el art. 33 CP la hace necesaria349.
Esta solución excepcional viene motivada por una duración de
la pena de trabajo en beneficio de la comunidad que puede calificarse de desorbitada, ya que en un principio fijar el plazo máximo
de ejecución en un año había sido bien acogido por la doctrina,
especialmente para evitar que el cumplimiento se alargase excesivamente en el tiempo. Otro posible lapso temporal manejado por
la doctrina y otros ordenamientos jurídicos350 era el de 18 meses, el
cual facilitaría la ejecución de sanciones de larga duración, como
las que podrían darse tras la LO 15/2003, sin tener que recurrir a
ampliaciones excepcionales del plazo de ejecución.
4.3. Límites de la pena de TBC
El art. 33 CP, al hacer la clasificación de las penas según su
gravedad, establece que será pena menos grave los trabajos en
beneficio de la comunidad de 31 a 180 días (art. 33.3. k)), mientras
que será pena leve la que tenga una duración entre 1 y 30 días
(art. 33.4. h)).
Este artículo clasifica las penas según su gravedad cuando
éstas actúen como penas principales, tal como sucede con la pena
de trabajos en beneficio de la comunidad en diversos tipos de la
parte especial del Código penal351. Pero, al mismo tiempo, tal como
veremos posteriormente, sus límites máximos y mínimos son
utilizables también cuando actúe como sustitutiva de la pena de
prisión, tanto en base al art. 88, como a la responsabilidad personal
subsidiaria por impago de multa, regulada por el art. 53 CP.
(349) BLAY 2004:142.
(350) En relación con los plazos máximos de ejecución de esta pena en otros
ordenamientos, ver BRANDARIZ 2002:178.
(351) Así sucede en el art. 153 tras la LO 11/2003; y en los art. 244.1; 379; 468;
618.2; 620.2; 626 y 632 tras la reforma del CP por la LO 15/2003.
Ver apartado IV. 3.3. de esta Primera Parte.
156
4.3.1. Algunas consideraciones generales
En relación con este límite máximo de 180 días no cabe sino
una valoración crítica, debido a su extensa duración. Así, por una
parte, es positivo fijar un límite máximo de duración352, en especial,
como ocurre actualmente, cuando esta pena actúe como sustitutiva
de la pena de privación de libertad de larga duración353.
Pero, por otro, éste es excesivo y resulta totalmente desproporcionado en relación con los injustos penales que sanciona, en
su mayoría, leves. De hecho, con la actual regulación son posibles
penas de trabajos en beneficio de la comunidad de hasta 1440
horas (180 x 8 horas), si se impone la duración máxima de la
jornada, una duración totalmente desorbitada. Además, con esta
previsión el legislador ha hecho caso omiso tanto a las posturas
doctrinales, que incluso consideraban excesivo el anterior límite
de 384 horas, como a las experiencias que en aplicación de esta
pena pueden recogerse en el derecho comparado. En este sentido,
tanto la mayoría de la doctrina354 como de los países355 de nuestro
(352) BRANDARIZ 2002:180; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:240; VALMAÑA 1990:185.
(353) El art. 88 del CP permite la sustitución de la pena de prisión de hasta 1 año,
y, excepcionalmene, de 2 años por la sanción de trabajo en beneficio de
la comunidad; y el art. 53.1 determina que la responsabilidad subsidiaria
por impago de multa podrá cumplirse mediante trabajos en beneficio de
la comunidad.
Por otra parte, en referencia a los problemas ocasionados en el ordenamiento alemán por el hecho de que la responsabilidad subsidiaria por impago
de multa no tenga límite legal y las propuestas y posturas doctrinales al
respecto en este país, pueden consultarse en BRANDARIZ 2002:180.
(354) CID 1997:114; SANZ MULAS 2000:354; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA
ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:240.
BRANDARIZ 2002:185 considera apropiado el límite de 240 horas
cuando la sanción actúe como sanción originaria, mientras que propone
un límite mayor cuando la misma sea sustitutiva de la pena privativa de
libertad.
(355) Este límite máximo se ha recogido en el ordenamiento inglés, francés,
belga, holandés y canadiense...
157
entorno que regulan esta pena tienen establecido el límite máximo
en 240 horas, considerándose éste suficiente para la punición de
conductas calificadas de gravedad baja o media.
Del mismo modo, una duración tan extensa como la regulada
por la LO 15/2003 pone en cuestión los efectos resocializadores
que se han destacado de esta pena, y especialmente el hecho de
que no supone una estigmatización de la persona penada. El cumplimiento de una pena de trabajo en beneficio de la comunidad de
esta extensión ocasiona una carga excesiva para el sujeto y hace
muy difícil que realmente sea compatible con sus obligaciones
laborales, familiares y sociales, lo que hará aumentar las tasas
de incumplimiento356. En este sentido, se ha esgrimido la nueva
duración de la pena para resaltar la necesidad de que la actividad
realizada por el penado sea considerada trabajo, y, especialmente,
para darle una protección similar a la que la legislación laboral
ofrece al trabajador y trabajadora357.
4.3.2. Respeto del límite máximo cuando actúe como pena
sustitutiva
A. Pena sustitutiva de la prisión
La pena de trabajos en beneficio de la comunidad, en aplicación del art. 88 CP, podrá ser sustitutiva de la pena de prisión que
no exceda de un año, y, excepcionalmente, que no exceda de dos
años. Asimismo, cuando el reo haya sido condenado por un delito
relacionado con la violencia de género la pena de prisión sólo se
podrá sustituir por la de trabajo en beneficio de la comunidad,
excluyéndose así en este supuesto la posibilidad de sustitución
por la pena de multa358.
(356) BRANDARIZ 2002:182.
(357) ESCRIBANO 2004:62.
(358) Ver apartado IV.3.2 de Primera Parte.
158
En estos casos, dicho artículo dispone que cada día de prisión
será sustituido por una jornada de trabajo, no estableciéndose
límite alguno. Por este motivo, es preciso determinar si el límite
máximo general fijado por el art. 33 CP no sólo es aplicable cuando la pena de trabajo en beneficio de la comunidad sea impuesta
como pena principal, sino también cuando sea sustitutiva de la
pena de prisión.
El art. 88 CP 1995 sólo preveía la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad como sustitutiva de los arrestos de fin de semana,
y, a pesar de que tampoco disponía si el límite del art. 33 era aplicable, la doctrina sí lo aceptaba como tal359. De hecho, uno de los
argumentos esgrimidos para defender la necesidad de imponer este
límite máximo era el hecho de que, en falta del mismo, se podrían
imponer penas de trabajo en beneficio de la comunidad que por
su excesiva duración aumentaban de manera desproporcionada la
severidad de la sanción.
Por otra parte, el art. 33 CP 2003, al fijar el límite máximo
de duración de la pena en 180 días no diferencia si ésta ha sido
impuesta como pena directa o como pena sustitutiva, no habiendo
ningún precepto que fundamente esta diferenciación. Además, los
argumentos político-criminales que aconsejan limitar la duración
de la sanción, y que este límite no sea excesivo, son aplicables
tanto cuando se trata de una pena originaria como cuando sea
pena sustitutiva.
Finalmente, puede interpretarse que la intención del legislador
ha sido que el límite máximo del art. 33 sea también preceptivo
cuando la pena de trabajo en beneficio de la comunidad se aplique
en sustitución de la pena de prisión, ya que si no hubiese excluido
expresamente este límite en la regulación de la pena, tal como
(359) ARÁNGUEZ 2000:28; BRANDARIZ 2002:180 y 185; CID 1997:111.
159
hacía anteriormente el CP 1995 con la pena de multa cuando ésta
se imponía como sustitutiva de la pena de prisión360.
Sin embargo, aceptar el límite de 180 días impuesto por el art.
33 CP, cuando la pena de trabajos en beneficio de la comunidad
se aplique en sustitución de una pena de prisión de hasta 2 años,
puede ocasionar la violación del principio de igualdad y de proporcionalidad. Es decir, según el baremo de conversión establecido
por el art. 88 CP, un día de prisión equivaldrá a una jornada de
trabajo. Por lo tanto, una pena de prisión de 6 meses deberá ser
sustituida por una pena de trabajo en beneficio de la comunidad
de 180 días, y una pena de prisión hasta 2 años deberá ser también
sustituida por una pena de trabajo en beneficio de la comunidad de
como máximo 180 días, límite absoluto impuesto por el art. 33 CP.
Claramente esta solución no respeta ni el principio de igualdad,
ni el de proporcionalidad, pero tampoco puede deducirse que el
art. 33 no será aplicable en estos casos, ya que llegaríamos a una
duración de la pena de imposible cumplimiento ( de hasta 2 años
de duración) y con claros efectos desocializadores361.
Ante esta situación, y con el objetivo de respetar la proporcionalidad entre la pena sustitutiva y la sanción a sustituir, se
ha propuesto utilizar la duración de la jornada como método de
graduación de la sanción. Ya anteriormente, cuando el art. 5.1 RD
690/1996 disponía un intervalo en la duración de la jornada de entre
(360) El art. 50.3 del CP 1995 disponía que “...y máxima de dos años. Este
límite máximo no será de aplicación cuando la multa se imponga como
sustitutiva de otra pena; en este caso su duración será la que resulte de la
aplicación de las reglas previstas en el artículo 88.” Esta exclusión expresa
del límite máximo en la pena de multa ha sido también suprimido por la
LO 15/2003, con lo que se puede interpretar que también en el caso de la
multa el límite máximo será de dos años, incluso cuando sea sustitutiva
de penas de prisión de hasta dos años, en aplicación del actual artículo
88.
(361) LANDROVE 2004:5, por el contrario, no considera aplicable el límite
impuesto por el art. 33 cuando la pena de TBC actúe como pena sustitutiva,
pudiendo, por tanto, sobrepasarse.
160
4 y 8 horas, se había planteado modular la duración de la jornada
en función de la duración de la pena sustituida362. Esta posibilidad
se muestra más factible ahora que el art. 6.1 RD 515/2005 no
establece una duración mínima, permitiendo al órgano sentenciador un amplio margen de actuación. Así, una pena de prisión de 6
meses podría sustituirse por una sanción de trabajo en beneficio
de la comunidad de 180 días, siendo la duración de cada jornada
de 1 ó 2 horas, mientras que si la pena a sustituir supera estos 6
meses, deberá imponer un mayor número de horas a trabajar en
cada jornada, intentando respetar siempre la proporcionalidad, pero
sin superar nunca el límite de 180 días, ya de por sí excesivo.
B. TBC como RPSIM
El mismo problema se plantea cuando la pena de trabajo en beneficio de la comunidad actúa como responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, en aplicación del art. 53 CP. Cuando se
trate del impago de una pena pecuniaria determinada por el sistema
de días-multa, hay que tener en cuenta que la duración máxima de
la pena de multa será de dos años, según el límite impuesto por el
art. 50.3 CP. En este caso, los módulos de conversión establecidos
por el art. 53 determinan que la responsabilidad subsidiaria será
de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa,
que a su vez podrá cumplirse mediante trabajo en beneficio de la
comunidad. Para ello, cada día de privación de libertad equivaldrá
a una jornada de trabajo. Por lo tanto, por la aplicación de estos
módulos de conversión, la responsabilidad subsidiaria por impago
de dos años de multa, el máximo posible, podría cumplirse mediante
trabajos en beneficio de la comunidad, equivaliendo a 360/365
jornadas de trabajo. Cuando la responsabilidad personal subsidiaria
sea consecuencia del impago de una multa proporcional, el art.
53.2 CP dispone que ésta la establecerán los jueces y Tribunales,
a su prudente arbitrio, sin que en ningún caso pueda exceder de un
(362) BLAY 2004:141.
161
año de duración. Por lo tanto, es necesario determinar si el límite
máximo del art. 33 CP es también aplicable a estos casos.
Con respecto a este art. 53 CP es necesario apuntar que el
propio art. 53.1 dispone que la responsabilidad subsidiaria por
impago de multas correspondientes a faltas podrá ser cumplida
mediante localización permanente, excluyéndose en este caso el
límite impuesto por el art. 37.1 CP a la duración de esta pena. Por
lo tanto, se puede deducir que la intención del legislador ha sido
que en el caso de cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria
mediante trabajos en beneficio de la comunidad, se respete el
límite impuesto a esta pena por el art. 33 CP, ya que si no hubiese
excluido expresamente esta limitación, tal como ha hecho en el
caso de la localización permanente.
Asimismo, la doctrina363, al estudiar la regulación del anterior
Código penal, también consideraba que cuando esta pena de trabajo
en beneficio de la comunidad se cumplía como responsabilidad
subsidiaria regía el límite máximo impuesto por el art. 33 CP, en
su momento, de 384 horas.
Por último, también aquí son aplicables las consideraciones
realizadas a la duración de la pena de trabajo en beneficio de la
comunidad cuando actúa como pena sustitutiva de la prisión, no
habiendo ninguna razón para excluir el límite máximo impuesto
por el art. 33 CP. Por tanto, este límite de 180 días será también
el límite máximo absoluto a imponer cuando la pena de trabajo
en beneficio de la comunidad se imponga como responsabilidad
personal subsidiaria por impago de multa.
(363) BRANDARIZ 2002:199; CID 1997:111; CHOCLÁN 1997:165; POZUELO 1997:336; Sin embargo, BOLDOVA 1998:130 y MAPELLI
2000:81-82 consideran que en este caso el límite máximo de trabajo en
beneficio de la comunidad es de un año, en aplicación del art. 40 CP, y,
en los casos en que exceda de este año de duración, su ejecución debe ser
tenida por imposible; MOLINA 1996:32 tampoco estimaba que el límite
del TBC fuese aplicable cuando actuase como RPSIM.
162
C. Propuestas de lege ferenda
La doctrina, teniendo en cuenta los planteamientos políticocriminales que impulsaron la introducción de la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad, y para favorecer su implantación real
dentro del sistema de penas del Estado español, ha realizado varias
propuestas de lege ferenda relativas a la duración de esta sanción,
partiendo de los efectos negativos que una duración excesiva de
la pena pueden provocar. Ambas propuestas hacen referencia a
la duración de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad
cuando ésta actúe como sanción sustitutiva.
Según la primera de estas propuestas, el baremo de conversión
de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad cuando ésta sea
sustitutiva de la pena de prisión debería ser de dos horas de trabajo
por cada día de prisión sustituido364, mientras que cuando actúe
en cumplimiento de la responsabilidad subsidiaria por impago de
multa sería de una hora de trabajo por cada cuota de multa365. Estos
parámetros de conversión tendrían unas consecuencias políticocriminales mucho más adecuadas a los fines que en un principio
tienen que cumplir las penas, especialmente el de resocialización,
o por lo menos, no desocialización. Además, fijar baremos de
conversión diferentes para ambas figuras permite respetar mejor
el principio de proporcionalidad de la sanción sustitutiva con el
injusto penal cometido, ya que, generalmente, los ilícitos penales
sancionados con la pena de multa, de la que un incumplimiento
puede derivar en responsabilidad personal subsidiaria, tienen una
gravedad menor que los injustos para los que se prevén penas de
cárcel.
La segunda propuesta defiende la supresión de los baremos de
conversión establecidos legalmente, y apela a la discrecionalidad
del órgano juzgador a la hora de sustituir las sanciones. En este
caso, el legislador únicamente debería fijar un marco general y
(364) BRANDARIZ 2002:147.
(365) CID 1997:107.
163
unos criterios que orientasen al juez en el momento de determinar
la duración concreta de la sanción sustitutiva, pero prescindiendo
de baremos rígidos de conversión. De esta manera, se evitarían
penas de duración totalmente desorbitadas, respetando mejor el
principio de proporcionalidad entre la pena sustitutiva y el ilícito
penal cometido366.
4.4. Duración horaria de la jornada
Otro parámetro temporal establecido por la legislación es la
duración horaria de cada jornada de trabajo. En este sentido, el
artículo 49 CP dispone que la duración diaria no podrá exceder
de 8 horas, norma que ha sido completada por el artículo 6 RD
515/2005. Concretamente, el artículo 6.1 establece que cada
jornada de trabajo tendrá una extensión máxima de 8 horas diarias y que para fijar su duración exacta se tendrán en cuenta las
cargas familiares y personales de la persona penada, así como
sus circunstancias laborales. Por lo tanto, no sólo corrobora el
límite máximo impuesto por el Código penal, sino que también
determina cuáles serán los criterios que deben ser utilizados en
su individualización.
Asimismo, en aplicación del artículo 6.2, cuando concurra
causa justificada, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria podrá
autorizar el cumplimiento de la jornada de forma partida, en el
mismo o diferentes días. Esta última disposición es la materialización del principio de flexibilidad que rige la ejecución de la
pena, en función del cual una jornada de trabajo puede cumplirse
en diferentes días naturales367.
De la lectura de estos preceptos, se extrae que la duración
horaria de cada jornada de trabajo no estará determinada por la
(366) CID/LARRAURI 2002:118-119.
(367) ARÁNGUEZ 2000:28; BRANDARIZ 2002:241; ESCRIBANO
2004:62.
164
gravedad del injusto penal realizado por la persona penada, sino
por sus circunstancias personales y sociales, pretendiendo hacer
compatible “en la medida de lo posible” el cumplimiento de la
pena con sus obligaciones diarias. Este objetivo es promulgado
también en la Exposición de Motivos del RD 515/2005, intentando
así evitar aumentar el contenido aflictivo de la sanción, ya que una
ejecución de la pena que no tuviese en cuenta las cargas diarias
del penado causaría unos efectos desocializadores innecesarios368,
contrarios al principio resocializador que debe guiarla.
Dentro de estas responsabilidades diarias a tener en cuenta
a la hora de imponer un determinado horario de trabajo, tendrán
especial importancia las obligaciones laborales, tanto si en ese
momento está desarrollando un trabajo remunerado como si está
buscándolo, así como las obligaciones formativas369. Esto supondrá
que, en numerosas ocasiones, la ejecución de la pena de trabajo
comunitario deberá limitarse a los períodos de tiempo libre de la
persona penada, lo que está en relación también con uno de los
fines de la pena370, destacándose como las más apropiadas, las
horas vespertinas y los fines de semana371.
La valoración de estas obligaciones diarias de la persona
penada a la hora de determinar la duración exacta de la jornada
corresponderá al órgano sentenciador. Sin embargo, será el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria quien autorice, en aplicación del
principio de flexibilidad, el cumplimiento de la sanción de forma
partida, ya sea en el mismo o en diferentes días.
(368) BRANDARIZ 2002:243; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 2000:617;
LÓPEZ CONTRERAS 2004:91.
(369) BRANDARIZ 2002:243; CHOCLÁN 1997:166.
(370) En este sentido, hay que recordar que diversos especialistas han considerado la privación del tiempo de ocio una de las finalidades de esta pena,
entre otras, ASÚA 1984:331; CID 1997:107.
(371) BRANDARIZ 2002:244.
165
No obstante, a pesar de que legalmente, en el momento de
fijar la duración de la jornada, el órgano judicial únicamente debe
tener en cuenta las cargas personales y sociales del sujeto, cuando la pena de trabajo en beneficio de la comunidad sea impuesta
como sanción sustitutiva, la duración horaria deberá ser graduada
también en función de la gravedad del ilícito cometido, con el
objetivo de respetar la proporcionalidad entre las penas a sustituir
y las penas sustitutivas372.
4.5. Recapitulación
En un intento por poner en relación todas las previsiones
normativas sobre la duración de la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad, cabe determinar que la gravedad de la sanción
será fijada por el número de días impuestos, que no podrá exceder
de 180 (art. 33 CP). Por su parte, el baremo de sustitución de las
penas privativas de libertad, se establece en jornadas, las cuales
podrán ser cumplidas en diferentes días, tras la autorización del
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, pero sin superar nunca el
límite impuesto de 180 días.
Para fijar la duración exacta de cada jornada (dentro del límite
máximo de 8 horas), lo determinante será la valoración de las
cargas y obligaciones diarias, personales y sociales, de la persona
penada, guiada por el objetivo de la prevención especial373. Sin
embargo, cuando actúe como pena sustitutiva, también se tendrá
en cuenta la extensión de la pena a sustituir a la hora de fijar la
duración exacta de la jornada.
Por último, el plazo de ejecución de la sanción será de un
año (art. 40.4 CP), a excepción de que una extensa duración de
la pena haga incompatible su cumplimiento con las obligaciones
(372) Ver apartado IV.4.3.2 de Primera Parte.
(373) ESCRIBANO 2004:63.
166
de la persona penada. En este caso, se podrá ampliar el plazo de
ejecución, dando prioridad al principio de flexibilidad.
5. APLICACIÓN DE LA PENA DE TBC
La aplicación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad no ha sido regulada por el Código penal, a pesar de que tras
la reforma de la LO 15/2003 alguno de sus aspectos, como es el
incumplimiento, sí ha sido incorporado a dicho cuerpo normativo.
Por este motivo, a la hora de analizar los aspectos relativos a la
ejecución de la sanción hay que acudir al RD 515/2005, norma
de desarrollo de la pena de trabajo comunitario.
A la hora de hacer el estudio de la ejecución de esta pena, he
considerado más apropiado seguir un criterio cronológico374, desde
el momento de la imposición de esta sanción hasta la extinción
de la responsabilidad penal, ya sea por su cumplimiento efectivo
o por otros motivos. Esto es debido a que estimo que este criterio
puede ser clarificador, tanto en lo referente a las competencias de
cada órgano que toma parte en la ejecución de la sanción, como
en la exposición de las deficiencias y problemas que plantea su
regulación.
5.1. La oferta de puestos de actividad
La decisión de imponer esta sanción está condicionada por la
existencia de puestos de actividad donde la persona penada pueda
desarrollar su labor, de ahí que se aborde con carácter previo la
cuestión de a quién le corresponde garantizar una oferta suficiente
de éstos, para posteriormente analizar las diferentes etapas de su
aplicación.
(374) Este es el criterio seguido por BRANDARIZ 2002:263 y ss. en su exposición.
167
5.1.1. La Administración como garante de la oferta
A. Órgano competente
El procedimiento para la determinación de la plaza concreta
parte del presupuesto de que es la administración la encargada de
facilitar estas plazas de trabajo (art. 49.3 CP). Más concretamente,
el art. 4.1 RD 515/2005 ha dispuesto que esta competencia será de
la administración penitenciaria, para lo cual podrá establecer los
convenios oportunos con las administraciones públicas o las entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad
pública. Esta atribución ha sido criticada por un sector doctrinal,
ya que no se trata de una pena privativa de libertad, y además,
esta atribución de competencias carece de base normativa, ya sea
en la LOGP o en el reglamento penitenciario375.
Concretamente, el art. 2.10 RD 326/1995, de 3 de marzo, con
la redacción dada por el RD 1449/2000, de 28 de julio, regulador
del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
otorgó a este órgano autónomo la gestión de la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad, concretando así el órgano competente
dentro de la administración penitenciaria. Este artículo no hizo
sino recoger normativamente lo que ya era una práctica dentro
de la administración penitenciaria, ya que desde el principio se
le dio a este órgano autónomo la responsabilidad de la gestión de
esta pena no privativa de libertad. Parece que la falta de un órgano
dedicado a la ejecución de las penas no privativas de libertad, y la
experiencia que el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias tenía en la gestión del trabajo penitenciario provocaron la atribución de la gestión del trabajo en beneficio de la
comunidad a este órgano, a pesar de las diferencias entre las dos
sanciones376.
(375) CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1996:45; MANZANARES/ORDÓÑEZ 1996:490; MOLINA 1996:28.
(376) BRANDARIZ 2002:268.
168
Sin embargo, el RD 1599/2004, de 2 de julio, encargado de
desarrollar la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior,
ha modificado esta atribución competencial. El art. 9.1.e) RD
1599/2004 dispone que la gestión, coordinación y seguimiento
de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad corresponde
a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y en concreto, en aplicación de su art. 9.2 a), a la Subdirección General
de Tratamiento y Gestión Penitenciaria. Asimismo, modifica las
funciones y la denominación del organismo autónomo, y deroga
la atribución a éste de la gestión del trabajo en beneficio de la
comunidad, que corresponderá desde la entrada en vigor del RD
1599/2004, de 2 de julio, a la Subdirección General del Tratamiento y Gestión Penitenciaria. En un nivel más concreto, será
el Subdirector general de régimen de cada centro penitenciario el
encargado de la sanción, ya que éste es el órgano administrativo
superior a los servicios sociales penitenciarios, órgano específico
que tiene asignado la ejecución de esta sanción, tal como queda
recogido en el RD 515/2005.
Las razones que parecen haber motivado este cambio competencial han sido las numerosas críticas que la atribución de la
gestión de esta pena al Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias377 había suscitado en la doctrina penal, ya que
suponía un riesgo de privatización de la ejecución penal378. Sin
embargo, hay que rechazar que la gestión de esta pena no privativa
de libertad se mantenga dentro de la administración penitenciaria,
y concretamente, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ya que los fundamentos y los medios de ejecución de estas
sanciones son totalmente divergentes. Así, hubiera sido deseable
la creación de un órgano dedicado a la gestión de todas las penas
no privativas de libertad, dependiente del Ministerio de Justicia,
pero ajeno a la administración penitenciaria.
(377) Tras la Disposición Final Tercera RD 1599/2004, denominado organismo
autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el empleo.
(378) Comunicación personal con Juan Echano.
169
B. Régimen de convenios
Para el cumplimiento de esta competencia, tanto el art. 49.3
CP como el art. 4.1 RD 515/2005 permiten a la administración penitenciaria realizar convenios con otras administraciones públicas
o con entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de
utilidad pública o social. Esta previsión ha sido criticada por parte
de la doctrina379 ya que supone una dejación de las funciones de la
administración, al mismo tiempo que se produce una privatización
de la ejecución penal. En este sentido, existe el peligro de que la
competencia de control atribuida a la administración por el art. 7
RD 515/2005 se convierta en una simple supervisión formal, sin
incidencia real.
Sin embargo, la esencia de esta pena, caracterizada por su
cumplimiento dentro de la comunidad, y con su participación, en
un principio parece potenciar que aquellas entidades, tanto públicas
como privadas, que realicen una labor social colaboren en dicha
ejecución. Esto no supone que el control y el cumplimiento de
la pena sea competencia de dichas entidades, sino que éstas sólo
deberán proporcionar el trabajo, realizando al mismo tiempo una
labor social. Por este motivo, se ha propugnado que, para evitar
estas reticencias, el control de la administración ha de ser cercano y constante durante toda la ejecución380, sin recaer, en ningún
momento, sobre la entidad destinataria del trabajo381.
a) Con Administraciones públicas: El Ministerio del Interior, a través del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias382, suscribió un convenio de colaboración con la Fe-
(379)
(380)
(381)
(382)
170
ARÁNGUEZ 2000:25; MANZANARES/ORDÓÑEZ 1996:490.
BRANDARIZ 2002:270.
Ver apartado IV.5.4. de la Primera Parte.
A pesar de que actualmente el RD 1599/2004, de 2 de julio, haya suprimido
la competencia de la gestión de la pena de TBC al organismo autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (antiguo OATPP),
nada obsta para que este convenio siga en vigor.
deración Española de Municipios y Provincias (FEMP) en 1997383.
El objeto de este convenio es la gestión del cumplimiento de las
penas de trabajo en beneficio de la comunidad por parte de las
entidades locales, dentro del ámbito territorial de cada municipio.
Así, a fines del año 2003, 439 entidades locales se han adherido a
este convenio a través de la FEMP, de éstas, dos vascas, concretamente el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el de Portugalete.
En total se ofertan 3080 plazas de trabajo comunitario, de ellas
24 en Euskadi, siendo el sector de actividad más ofertado el de
limpieza y mantenimiento de instalaciones, estando también muy
cerca en porcentaje las actividades de jardinería y conservación
medioambiental384.
Del mismo modo, el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, en desarrollo de sus competencias en la
administración de justicia, ha establecido también un convenio
de colaboración con la Asociación Catalana de Municipio y
Comarcas y la Federación de Municipios de Catalunya, a la que
a principios del año 2005 se habían adherido un total de 290 entidades locales385.
Esta plasmación práctica es debida a que son los municipios las
administraciones públicas más adecuadas386 para acoger las plazas
de trabajo en beneficio de la comunidad, tanto por su número, como
por la gestión que hacen de los servicios sociales comunitarios. No
(383) Más concretamente, es un convenio concluido entre el ministerio del
interior y la FEMP el 19/5/1997.
(384) Datos extraídos de la memoria de actividades 2002-2003, sobre el convenio de colaboración entre el ministerio del interior y la FEMP para
la gestión del cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la
comunidad, realizado por la Secretaría General de la FEMP.
Concretamente, de las 3080 plazas ofertadas, 853 han sido en el sector de
limpieza y mantenimiento de instalaciones, mientras que 815 se refieren
a tareas de jardinería y conservación medioambiental.
(385) Datos recogidos del informe de la GENERALITAT de CATALUNYA
2005b.
(386) BRANDARIZ 2002:275; SANZ MULAS 2000:357.
171
obstante, y en referencia al convenio entre el Ministerio del Interior
y la FEMP, algún autor ha propuesto que la limitación espacial
establecida, en el sentido de que sólo se facilitarán las plazas de
trabajo a las personas penadas que residan en el correspondiente
término municipal, debería flexibilizarse, especialmente en las
zonas rurales, y ampliarse a toda la comarca387. Asimismo, se ha
matizado también que a pesar de que las entidades públicas son las
más idóneas para la ejecución de la sanción, esto no debe suponer
que mediante ésta se persiga un ahorro del gasto público, evitando así crear nuevos puestos de trabajo que serían necesarios388.
Esta cautela, a mi parecer, es muy importante, especialmente si
se tienen en cuenta los sectores de actividad más ofertados por
las entidades locales, los cuales parecen más apropiados para la
creación de puestos de trabajo públicos, que para su realización por
personas que están cumpliendo una sanción penal. En este sentido,
además, parece que carecen de la utilidad social y el contacto con
la comunidad deseable para las actividades a desarrollar por las
personas condenadas al cumplimiento de esta sanción.
b) Con entidades privadas sin ánimo de lucro: Es posible
también realizar convenios con las entidades privadas que desarrollen actividades de utilidad social. Éstas son organizaciones
que trabajan en el sector del voluntariado y de la solidaridad
social, unos sectores que acogen a grupos muy diversos, y que,
al mismo tiempo, son muy dinámicos, haciendo imposible una
relación cerrada de ellas. Por este motivo, a la hora de determinar
su idoneidad para la ejecución de esta sanción, hay que comprobar que cumplan los requisitos exigidos por el Código penal y el
RD 515/2005, concretamente, la utilidad social de la actividad a
realizar, la no persecución de fines lucrativos y la no amortización
de ningún puesto de trabajo389. Aparte de estos requisitos, la normativa vigente exige la presencia de personal propio dedicado a
(387) BRANDARIZ 2002:276.
(388) SANZ MULAS 2000:357.
(389) BRANDARIZ 2002:277; SANZ MULAS 2000:357.
172
las labores de asesoramiento y seguimiento de la persona penada,
aunque este requisito debería poder flexibilizarse en función de
otros objetivos de la pena, como por ejemplo, la utilidad social de
la actividad o la idoneidad de dicho puesto de trabajo para la persona penada. Asimismo, algún autor390 ha planteado la necesidad
de que estas organizaciones presenten también un perfil de respeto
a los derechos humanos, sin que este requisito se instrumentalice
por la administración pública y se excluyan organizaciones que
tengan un claro perfil reivindicativo.
A pesar de que ésta no quiere ser una lista cerrada, estos organismos podrían encuadrarse dentro de las siguientes categorías391:
a) centros asistenciales (sanitarios, de tercera edad, para drogodependientes, de disminuidos físicos o psíquicos, juveniles, para
animales, etc); b) asociaciones solidarias (ecologistas, de mujeres,
organizaciones sociales, culturales, etc.); c) organizaciones de
participación ciudadana (asociaciones vecinales...); d) entidades
caritativas (Cruz Roja, Cáritas, organizaciones religiosas...).
C. Criterio de la utilidad pública del trabajo
a) Criterios: Uno de los elementos presente en la selección
del concreto puesto de trabajo a desarrollar es su utilidad pública
o social. La dificultad de concretar este concepto hace imposible
realizar un listado cerrado de estas actividades, aunque sí puede
destacarse una característica común, como es que no pueden
satisfacer intereses privados, sino que, por lo menos en un principio, deben ser propicias para beneficiar a toda la ciudadanía392,
mejorando su calidad de vida a un nivel general. Asimismo, estas
actividades no pueden perseguir fines económico-lucrativos, y
deben respetar la dignidad de la persona penada, requisitos ambos
exigidos por el art. 49 CP.
(390) BRANDARIZ 2002:278.
(391) BRANDARIZ 2002:277.
(392) CHOCLÁN 1997:165; SANZ MULAS 2000:348.
173
Por otra parte, otro elemento a tener en cuenta a la hora de
seleccionar el concreto puesto de trabajo es que se adapte a las
características y habilidades de la persona penada393. Esto, por
una parte, favorecerá el cumplimiento efectivo de la pena, y por
otra, aumentará las potencialidades de resocialización del penado,
especialmente porque fomenta la identificación de esa persona con
el grupo social, destacando la utilidad que tienen sus aptitudes en
la mejora de las condiciones de vida de un grupo indeterminado
de personas.
Por último, no pueden implicar una sustitución de puestos de
trabajo remunerado. Esta cautela es especialmente sensible en
alguno de los sectores de actividad propuestos, lo que ha llevado
a alguna autora394 a excluir las labores correspondientes a obras
públicas, ya que éstas deben ser objeto de puestos de trabajo
ofertados directamente por las administraciones.
b) Tipos de actividades: Teniendo presentes estos criterios,
así como los sectores de actividad en que se desarrolló la prestación social sustitutoria395, la doctrina396 ha propuesto una serie de
tipos de actividades en las que se podría encuadrar la ejecución
de esta pena. Éstas podrían ser: a) labores de construcción o
mantenimiento de equipamientos comunitarios, como edificios
públicos, monumentos, zonas verdes...; b) servicios a colectivos
demandantes de asistencia social, como disminuidos físicos o
psíquicos, ex-penados, toxicómanos, menores, etc; c) colaboración
en centros sanitarios, centros docentes, bibliotecas; d) labores de
conservación del medio ambiente, protección y cuidado de animales; e) colaboración en programas de defensa de los derechos
(393) SANZ MULAS 2000:349.
(394) VALMAÑA 1990:186.
(395) El listado de sectores donde se realizaba la PSS se encuentra en el art.
6.2 LOCPSS.
(396) ARÁNGUEZ 2000:21; ASÚA 1984:311; BRANDARIZ 2002:280-281;
CHOCLÁN 1997:165; HUBER 1983:44; SANZ MULAS 2000:348.
174
humanos; f) labores de protección civil; g) colaboración en tareas
de animación socio-cultural y programas comunitarios de ocio.
D. Régimen de información
El art. 9 RD 515/2005 establece un régimen de información
general y particular, con el objetivo de que la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad sea efectivamente aplicada.
En primer lugar, el art. 9.1 RD 515/2005 recoge el deber de
la administración penitenciaria de informar a las autoridades judiciales, fiscales y a los colegios de abogados, de forma general
y periódica, sobre la pena, su forma de ejecución y el trabajo
disponible. Además, estos mismos organismos podrán solicitar
a la administración penitenciaria información concreta, que les
ayude a valorar la conveniencia de solicitar o imponer esta sanción a una persona determinada. La información aportada por la
administración penitenciaria deber estar actualizada y detallada,
especialmente en lo referente al trabajo disponible, ya que la
constatación de la existencia de puestos de actividad disponibles
puede promover la imposición de esta sanción por parte de los
operadores jurídicos.
En segundo lugar, el art. 9.2 RD 515/2005 establece el régimen
particular de información, según el cual, esta información también
se transmitirá a aquellas personas que se encuentren en situación
procesal susceptible de que se les aplique esta pena, así como a
sus abogados y abogadas. En este caso, sin embargo, deben ser las
propias personas imputadas las que soliciten la información a la
administración penitenciaria. Este último requisito debería haber
sido modificado con el objetivo de asegurar que toda persona
susceptible de que se le imponga esta sanción tiene información
al respecto, y que no depende de su conocimiento previo o de
su abogado. Así, debería haber sido regulado de forma que esta
información fuese remitida a todas las personas a las que puede
imponerse esta sanción, independientemente de que la soliciten
o no.
175
Esta recomendación puede incluso ser más necesaria en el
caso de las personas imputadas en juicios de faltas, en los cuales
no es preceptiva la presencia de abogado. En estos casos, la información previa a la persona imputada garantizaría su derecho
a la defensa y a solicitar la sanción más adecuada a su situación,
sin depender de que la fiscalía o el órgano judicial la proponga o
le dé la oportunidad de elegir.
5.1.2. La iniciativa de la persona penada
A pesar de que la competencia de facilitar los puestos de trabajo es de la administración penitenciaria, el art. 4.2 RD 515/2005
permite que la persona penada proponga un trabajo concreto,
aunque éste no esté convenido con la administración. En este caso,
la administración penitenciaria deberá valorar la propuesta en un
informe previo, atendiendo a la extensión y ámbito de los convenios en vigor y al número de plazas disponibles. Posteriormente,
emitirá un informe al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en el
cual analizará si la propuesta cumple los requisitos exigidos tanto
por el Código penal como por el RD 515/2005, para que dicho
Juzgado adopte la decisión correspondiente. Por otra parte, si el
órgano jurisdiccional acepta la propuesta realizada por la persona
penada, nada impide que posteriormente la administración formalice un convenio con dicha entidad, aumentando y diversificando
así las plazas de actividad397.
Esta posibilidad de que sea la propia persona penada la que
proponga su plaza de actividad ha sido vista con reticencias por
un sector doctrinal398, que la considera una vulneración del deber
administrativo de facilitar los puestos de trabajo, al mismo tiempo
que supone una carga para la persona penada y un desgaste para
la administración de justicia.
(397) BRANDARIZ 2002:271.
(398) ARÁNGUEZ 2000:25; CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
1996:45; MANZANARES/ORDÓÑEZ 1996:486 y 490.
176
Sin embargo, estas críticas no son suscritas por toda la doctrina, destacándose los elementos positivos que contiene399. Por una
parte, asegura que, en los casos en que la administración no haya
realizado convenios suficientes o que no existan plazas disponibles, la persona penada pueda proponer una plaza de actividad
concreta, dando así lugar a la ejecución penal en un régimen no
privativo de libertad, mucho más adecuado desde una perspectiva
no desocializadora. Por otra parte, esta previsión parece acertada
desde una perspectiva preventivo-especial, ya que el hecho de que
la persona penada entre en contacto con diversas organizaciones
que realizan un trabajo social es, ya de por sí, positivo, aparte de
que aumenta la implicación de esta persona en la ejecución penal400.
Además, diversas experiencias en otros ordenamientos401 han
demostrado que el cumplimiento efectivo de la sanción depende
en gran medida de la motivación del sujeto en su ejecución, la
cual será mayor en función de que tenga la posibilidad de elegir
su puesto de actividad, e incluso de proponerlo. Por este motivo,
incluso cuando haya plazas disponibles como consecuencia de
los convenios firmados por la administración, es posible aceptar
el puesto de actividad propuesto por la persona penada si éste se
adecua mejor a sus capacidades o preferencias personales.
5.2. Determinación de la pena y fijación del puesto de actividad
5.2.1. Imposición de la sanción por el órgano judicial
La aplicación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad dará comienzo con su imposición por el órgano sentenciador,
ya sea como consecuencia directa de diversos tipos penales de la
(399) BRANDARIZ 2002:272.
(400) SANZ MULAS 2000:349; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:49.
(401) Así lo ha constatado CID 1997:103 y 114 en relación con el ordenamiento
escocés. De la misma opinión es HUBER 1983:45 al estudiar el ordenamiento inglés.
177
parte especial, en los cuales se establece como pena principal, o
como sustitutiva de la pena de prisión, en base al art. 88 CP o responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, regulada
en el art. 53 CP.
El art. 3 RD 515/2005 dispone que, una vez recibido por los
servicios sociales penitenciarios el testimonio de la resolución
judicial que determina las condiciones de cumplimiento de la pena,
éstos realizarán las actuaciones necesarias para hacer efectivo su
cumplimiento. Por lo tanto, las condiciones de cumplimiento de la
sanción serán impuestas por el órgano sentenciador, entre las que
se encuentran el número de jornadas o días de trabajo, su duración
horaria y el plazo máximo en que deberán cumplirse. Además,
al momento de imponer esta sanción de trabajo comunitario, el
órgano sentenciador habrá debido recabar un primer consentimiento por parte de la persona penada, es decir, una conformidad
en abstracto. Tal y como se analizará posteriormente402, la persona
penada deberá dar de nuevo su consentimiento a la ejecución de
la sanción una vez que los servicios sociales penitenciarios hayan
elaborado el plan de ejecución, siendo ésta una conformidad en
concreto. Ante la necesidad de este doble consentimiento, parece
conveniente que el órgano sentenciador, junto a la pena de trabajo
en beneficio de la comunidad, imponga una sanción alternativa
para los supuestos en los cuales la persona penada no acepte la
ejecución de la sanción. De esta manera, por una parte, se evitaría
que una negativa a cumplir la pena de trabajo en beneficio de la
comunidad derivase en la imposibilidad de sancionar el ilícito
cometido y, por otra, se agilizarían los trámites en los casos en los
que sea necesario revocar esta sanción e imponer otra diferente.
El órgano sentenciador deberá decidir sobre la imposición de
los trabajos en beneficio de la comunidad sin que se haya previsto
un informe preceptivo, a realizar por el órgano competente, que
analizase la idoneidad de la persona condenada a esta clase de
(402) Ver apartado IV.5.2.2.B. de esta Primera Parte.
178
pena. No obstante, actualmente el art. 28 RD 515/2005 contempla la posibilidad de que antes de la celebración del juicio oral,
el juez o Tribunal solicite a los servicios sociales penitenciarios
un informe social sobre la situación de la persona imputada, que
actuará como prueba pericial, y el cual podrá ser también solicitado por el ministerio fiscal en el curso de sus investigaciones.
Asimismo, estos mismos informes podrán ser requeridos una vez
dictada la sentencia, para analizar la conveniencia de sustituir la
sanción impuesta.
Anteriormente, la falta de esta previsión había sido criticada
por diversos especialistas403, que destacaban la utilidad para el
órgano jurisdiccional de contar con un informe de estas características, donde además de asegurar la existencia de plazas de
trabajo, se estudiase la potencial idoneidad de la sanción para la
persona penada. Del mismo modo, se consideraba que este informe
podría aumentar la confianza del órgano jurisdiccional, eliminando
numerosos prejuicios que dificultan la real implantación de las
sanciones no privativas de libertad404.
Por tanto, sería conveniente que el informe social previsto en
el art. 28 RD 515/2005 no se limitase sólo a analizar la situación
social de la persona penada, sino que valorase también estos extremos propuestos por la doctrina. Además, este informe debería
(403) ARÁNGUEZ 2000:23; BRANDARIZ 2002:265; CID 1997:111; TAMARIT 1996:360; De esta misma opinión es también el CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1999:119.
(404) La existencia de este informe previo a la imposición de trabajos comunitarios ha sido regulado por diversos ordenamientos, como es el caso del
ordenamiento inglés, en el cual es competencia del servicio de Probation,
así como en los ordenamientos portugués y francés. Las referencias a dichos
ordenamientos pueden consultarse en BRANDARIZ 2002:264-265.
La conveniencia de este informe ha sido destacada también por la regla
7.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no
privativas de libertad (R 45/110, de 14 de diciembre de 1990).
En este sentido, ASÚA 1984:325 también propugnaba la necesidad de
contar con un informe de estas características.
179
ser preceptivo, dadas las potencialidades que tiene para el mismo
órgano jurisdiccional.
Según el art. 28 RD 515/2005, este informe será realizado
por los servicios sociales penitenciarios, como consecuencia de
la atribución a estos órganos de la competencia sobre la ejecución
de esta sanción (art. 26.1 RD 515/2005). Sin embargo, se plantea
la necesidad de crear un cuerpo de funcionarios dedicados a la
ejecución de las penas no privativas de libertad405, integrado por
profesionales especializados en la gestión y ejecución de este tipo
de sanciones406. Este personal, que dependería funcionalmente de
la Administración de Justicia, sería autónomo de la administración
penitenciaria, ya que los objetivos y fundamentos de ambas sanciones son diferentes, y podría encargarse también de la gestión
de las plazas de actividad, así como del control reconocido por el
RD 515/2005 a la administración penitenciaria.
En Euskadi existe el IRSE, una asociación no gubernamental que gestiona el Servicio de Cooperación con la Justicia del
Gobierno Vasco, que realiza este tipo de informes, asesorando a
los Juzgados sobre la idoneidad de imponer determinadas penas
y medidas de seguridad. Su experiencia podría ser utilizada aquí
para crear un órgano propio encargado de estas labores de asesoramiento y apoyo a los Juzgados407.
(405) Esta es la solución adoptada en Catalunya, donde tras haber sido traspasadas las competencias en materia de administración de justicia, se creó la
Subdirección General de Medio Abierto y Medidas Penales Alternativas.
Dentro de este departamento, los profesionales de trabajo de medio abierto
son los encargados del control y el apoyo socio-educativo necesario para
la ejecución de las sanciones penales no privativas de libertad, así como
de las medidas alternativas.
(406) BRANDARIZ 2002:265; SANZ MULAS 2000:347; También defiende la
necesidad de crear este cuerpo de funcionarios el CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL 1999:120.
(407) Un estudio más amplio sobre el IRSE puede consultarse en el apartado
IV.1 de la Segunda Parte.
180
5.2.2. Proceso de selección de la actividad concreta
A. Entrevista de los servicios sociales penitenciarios
a. Objetivo: El artículo 5.1 RD 515/2005 dispone que, una
vez recibido por los servicios sociales penitenciarios el testimonio de imposición de la sanción, éstos entrevistarán a la persona
penada para conocer sus características personales, su capacidad
laboral y su entorno social, personal y familiar. Esta entrevista,
tal y como he destacado anteriormente, debería haberse previsto
en un momento anterior a la imposición por el órgano sentenciador de esta sanción, propuesta doctrinal que, sin embargo,
no ha sido recogida por el legislador en la reciente reforma del
Código penal.
b. Funciones: A pesar de la inadecuación del momento procesal en que se realiza, esta entrevista es valorada de forma muy
positiva, ya que cumple tres funciones408. Por una parte, mediante
esta entrevista los servicios sociales penitenciarios le exponen al
sujeto de una manera exhaustiva cuáles son las condiciones de la
sanción y las obligaciones que ésta conlleva. Esta información
es imprescindible para que la persona penada pueda dar su consentimiento de forma válida y consciente, ya que de otra manera
podría considerarse que este consentimiento está viciado, siendo
por tanto, nulo409.
Otra función a cumplir por esta entrevista es la de conocer
las circunstancias personales y sociales de la persona penada,
(408) BRANDARIZ 2002:282.
(409) La necesidad de informar a la persona penada sobre todos los extremos
de la ejecución de la pena está también recogida en los textos internacionales. Concretamente, por el artículo 12.3 de la resolución 45/110, de
14 de diciembre de 1990, adoptada por la Asamblea General de la ONU;
así como por las reglas 33 y 76 de las Reglas europeas sobre sanciones
y medidas comunitarias, recomendación R(92) 16, adoptada el 19 de
octubre de 1992 por el Comité de ministros.
181
con el fin de adecuar el puesto de trabajo a sus capacidades410. En
este sentido, y para aumentar la potencialidad resocializadora de
la sanción, el art. 5.1 RD 515/2005 dispone que en esta misma
entrevista se le ofertarán a la persona penada las diferentes plazas
existentes, dándole así la posibilidad de elección411 y que, en caso
de que sea ella la que proponga un puesto de actividad, se escuchará
dicha propuesta. No obstante, no es necesario ofertarle todas las
plazas existentes, sino aquellas que sean más apropiadas a sus
capacidades, y que tengan relación con la naturaleza del ilícito
cometido, requisito éste exigido tras la LO 15/2003.
Finalmente, esta entrevista permite conocer a los servicios
sociales penitenciarios si existen condiciones personales, sociales
o familiares que dificulten o imposibiliten la ejecución de esta
sanción. Si se da el caso, el art. 5.3 RD 515/2005 dispone que los
servicios sociales le comunicarán al órgano jurisdiccional dichas
circunstancias, con el fin de adoptar otra sanción más acorde con la
situación del sujeto, priorizando siempre las sanciones no privativas de libertad412, o para adecuar las condiciones de cumplimiento
a dichas circunstancias413.
(410) Esta adecuación del puesto de actividad a las capacidades personales y
sociales de la persona penada es también reclamada por la regla 32 de las
Reglas europeas sobre sanciones y medidas comunitarias, recomendación
R(92) 16, del 19 de octubre de 1992.
(411) Esta capacidad de elección es considerada muy positiva por la doctrina,
entre otras, HUBER 1983:45; SANZ MULAS 2000:349; DE SOLA
DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:49.
(412) BRANDARIZ 2002:287 expone que tanto la administración penitenciaria
como el órgano jurisdiccional deben tener en cuenta los aspectos positivos
de esta sanción, favoreciendo así una búsqueda del puesto de actividad
más adecuada a sus circunstancias y considerando la inaplicación de la
misma sólo en casos de manifiesta imposibilidad de cumplimiento.
(413) PARÉS i GALLÉS 1998:163 destaca que este conocimiento de las circunstancias personales y sociales de la persona penada pueden conducir
a una modificación del plazo y ritmo de cumplimiento.
182
c. Supuestos de inidoneidad: En relación con las causas de
inidoneidad con la ejecución de la sanción de trabajo en beneficio
de la comunidad, la doctrina ha incluido supuestos de particular
agresividad de la persona penada, enfermedad o perturbación
mental, minusvalía grave o alcoholismo o toxicomanía grave414.
No obstante, en los dos últimos supuestos la postura doctrinal no
es unánime, destacando que la ejecución de esta sanción es posible,
e incluso recomendable, en casos menores o en puestos de trabajo
especialmente adecuados al perfil de la persona penada415.
Del mismo modo, estos supuestos de inidoneidad con la ejecución de una sanción como la aquí estudiada deben interpretarse
de manera restrictiva, fomentando en todo momento su aplicabilidad e intentando adecuar sus condiciones de cumplimiento
a las circunstancias personales y sociales de la persona penada.
Por este motivo, supuestos como falta de domicilio fijo, exceso
de cargas familiares y sociales o actual estancia en prisión no
deben derivar en una revocación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, sino en una adaptación de su régimen de
ejecución416.
No obstante, tras valorar el informe remitido por los servicios
sociales penitenciarios, si el órgano sentenciador estima que estos
(414) ARÁNGUEZ 2000:37; BRANDARIZ 2002:285; CID 1997:99; HUBER
1983:43; PARÉS i GALLÉS 1998:157; POZUELO 1997:338; SANZ
MULAS 2000:343; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/ HORMAZÁBAL 1986:48.
(415) ASÚA 1984:314; POZUELO 1997:338; SANZ MULAS 2000:356; DE
SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:67.
Se puede destacar la experiencia de Glasgow, donde en los últimos años
se ha incrementado mucho el número de personas condenadas a realizar
trabajos comunitarios y que tienen problemas de adicción a drogas. La
valoración que se ha hace de su trabajo es muy positiva. Esta experiencia
puede consultarse en www.glasgow.gov.uk/eu/Residents/Care_support/
CriminalJustice.
(416) Se muestra también contrario a aceptar dichos supuestos como causa de
incompatibilidad BRANDARIZ 2002:286.
183
factores negativos imposibilitan la ejecución de la sanción, deberá
revocarla e imponer una sanción diferente.
d. Incomparecencia de la persona penada: Esta situación
no fue regulada por el RD 690/1996, ni tampoco ahora por el
RD 515/2005, por lo que las interpretaciones realizadas en su
momento pueden seguir siendo invocadas417. No obstante, la
solución más proporcionada y funcional parece ser que la propia
administración penitenciaria le convoque a una nueva cita en
aquellos casos en que la incomparecencia esté justificada, sin
tener que recurrir al órgano jurisdiccional. Por el contrario, en
caso de que la incomparecencia sea injustificada, y manifieste la
voluntad de la persona penada contraria a la ejecución de esta
sanción, el órgano sentenciador deberá revocarla e imponer una
sanción distinta.
En Catalunya existe un protocolo de actuación ante la incomparecencia de la persona penada a la entrevista, que consiste en
la citación de dicha persona hasta un total de 3 veces y, ante la
tercera incomparecencia, se informa al Juzgado. Por lo tanto, se
dan varias oportunidades a la persona penada para que acuda a la
entrevista, entendiendo que si no comparece a la tercera citación
es debido a que no se muestra de acuerdo con la ejecución de la
sanción418.
(417) ARÁNGUEZ 2000:20 propone la aplicación del art. 990 L.E.Crim., adoptándose así las medidas coercitivas necesarias para que dicha entrevista se
realice. Por su parte, POZA 1996:324 entiende que en este supuesto los
servicios sociales penitenciarios deben comunicar esta incomparecencia
al órgano jurisdiccional, quedando en sus manos la decisión de convocar
a la persona penada a otra entrevista o revocar la sanción.
BRANDARIZ 2002:284, sin embargo, propone esta opción de la administración penitenciaria de convocar a la persona penada a una nueva
entrevista.
(418) Comunicación personal con el Responsable de recursos del Servicio de
Medidas Abiertas de la Generalitat.
184
B. Conformidad de la persona penada
Según el artículo 5.2 RD 515/2005, una vez realizada la
entrevista, los servicios sociales penitenciarios propondrán un
puesto de actividad concreto, al que la persona penada deberá dar
su consentimiento.
Por lo tanto, de este precepto se deriva la necesidad de un
segundo consentimiento, esta vez en relación con el puesto de
actividad concreto. Esta afirmación, sin embargo, no es unánime
en la doctrina, ya que diversos autores419 consideran que esta circunstancia podría dificultar la aplicación de la pena y que es innecesaria, siendo suficiente la prestación de una primera conformidad
en abstracto ante el órgano jurisdiccional. No obstante, a pesar de
los problemas que pueden surgir por el requerimiento de este doble
consentimiento, desde una perspectiva preventivo-especial y de
respeto a la dignidad de la persona penada, resulta deseable que
el sujeto acepte todos los extremos relativos al cumplimiento de
esta sanción, especialmente los referentes al puesto de actividad
a desarrollar y al ritmo de cumplimiento420.
Sin embargo, esta valoración positiva del hecho de que el legislador haya previsto la exigencia de este segundo consentimiento,
no obsta para criticar su deficiente regulación. Así, numerosos
especialistas421 han considerado que la persona penada únicamente
debería prestar su conformidad una vez, ante el órgano jurisdiccional, pero conociendo todos los extremos del cumplimiento de
la sanción. Con este fin, se ha propuesto una reforma en aras a que
la entrevista que permite conocer, tanto las circunstancias personales y sociales del penado, como su adecuación a un concreto
puesto de actividad, debería realizarse antes de la imposición de
(419) CHOCLÁN 1997:163; MANZANARES/ORDÓÑEZ 1996:493.
(420) ARÁNGUEZ 2000:19; BRANDARIZ 2002:291; PARÉS i GALLÉS
1998:160.
(421) GARCÍA ARÁN 1997:122; MANZANARES/ORDÓÑEZ 1996:492;
PARÉS i GALLÉS 1998:163.
185
la sanción por parte del órgano sentenciador422, consiguiéndose
al mismo tiempo un consentimiento consciente e informado por
parte de la persona penada.
Valorando la capacidad de esta propuesta para superar las
deficiencias en la regulación de la prestación del consentimiento
anteriormente expuestas, sin embargo, hay que tener en cuenta
también las dificultades que presenta a la hora de su articulación
procesal, ya que materialmente no se puede realizar ningún trámite
administrativo destinado a la ejecución penal hasta que no exista
una sentencia condenatoria. Por este motivo, sería necesario idear
un nuevo procedimiento que, por ejemplo, estableciese dos fases
en la imposición de esta sanción: una primera condena de culpabilidad, sin concreción de la pena; y, en un momento posterior,
tras la entrevista con el órgano administrativo competente y la
información completa a la persona procesada, la imposición por
el órgano judicial de la sanción a ejecutar. Este segundo momento
sería el idóneo para recabar la conformidad de la persona penada
con la ejecución del trabajo en beneficio de la comunidad, garantizando así un consentimiento plenamente consciente e informado.
No obstante, ésta resulta una propuesta abierta que habría que
valorar y analizar con mayor detenimiento.
En caso de que la persona penada no preste este segundo consentimiento, es decir, si no acepta el puesto de actividad propuesto
por los servicios sociales penitenciarios o su ritmo de cumplimiento, en un principio lo más adecuado parece ser darle la oportunidad
de proponer un nuevo puesto de actividad, o, en común con los
servicios sociales penitenciarios, buscar un puesto de actividad más
acorde con sus circunstancias personales y sociales. Sin embargo,
y para evitar retrasos intencionados en la ejecución de la sanción
mediante la negativa a prestar este segundo consentimiento423, es
posible propugnar que, si tras varias propuestas, la persona penada
(422) ARÁNGUEZ 2000:20 y 39; BRANDARIZ 2002:291.
(423) ARÁNGUEZ 2000:19.
186
no acepta la ejecución de la pena y ella tampoco propone ningún
puesto de actividad, lo más adecuado es revocar esta pena de trabajo en beneficio de la comunidad, e imponer una pena diferente,
pero favoreciendo siempre una pena no privativa de libertad. De
hecho, el art. 5.3 RD 515/2005 recoge esta opción, estableciendo
que si la persona penada no se muestra conforme con el trabajo
propuesto los servicios sociales penitenciarios comunicarán esta
circunstancia al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, a los extremos oportunos.
C. Propuesta de los servicios sociales penitenciarios
Una vez realizada la entrevista, el artículo 5.2 RD 515/2005
dispone que los servicios sociales penitenciarios remitirán la propuesta del puesto de actividad concreto al Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria, tras haber dado la persona penada su consentimiento.
En esta propuesta, aparte del puesto de actividad, deberá fijar
también el horario en el que debería cumplirse, así como otras
circunstancias que puedan ser relevantes.
D. Aprobación por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
Tras haberle remitido los servicios sociales penitenciarios
la propuesta de plaza de actividad concreta, el Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria deberá valorar si ésta se adecua a los
requisitos exigidos por el Código penal y el RD 515/2005 y si
es así, aprobar la ejecución o pedir su rectificación (art. 5.2 RD
515/2005).
Si el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria rechaza la propuesta del puesto de actividad realizada por los servicios sociales
penitenciarios, deberá efectuarse una nueva propuesta, con el
consentimiento de la persona penada, hasta que el órgano juris-
187
diccional considere que ésta es apropiada para la ejecución de la
sanción424.
Una vez que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria haya
aprobado la ejecución de la sanción en un puesto determinado, y
establecido todas las condiciones de cumplimiento, dará comienzo su ejecución efectiva. Formalmente, el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria aprueba el plan de ejecución mediante auto, el cual
remite, por una parte, a los servicios sociales penitenciarios, para
que comiencen la ejecución y, por otra, al órgano sentenciador,
para que tenga conocimiento de dicho comienzo425.
5.3. Gestión, supervisión y control
Un segundo momento dentro de la ejecución de la pena de
trabajo en beneficio de la comunidad es la gestión, supervisión y
control de su cumplimiento. La regulación que sobre este tema
hace el Código penal y el RD 515/2005 está basada en la presencia
de tres órganos, cuyas competencias y ámbitos de actuación están
interrelacionadas. Estos órganos son: la entidad receptora donde se
desarrolla el trabajo, la administración penitenciaria, y el órgano
judicial competente, que tras la reforma de la LO 15/2003, serán
los juzgados de vigilancia penitenciaria. Por este motivo, para una
mayor claridad en la exposición de los ámbitos de actuación de
cada uno de ellos voy a referirme a ellos individualizadamente,
para posteriormente exponer las relaciones competenciales que
se dan entre ellos426.
(424) BRANDARIZ 2002:293.
(425) Comunicación personal con el responsable de los servicios sociales
penitenciarios de Bizkaia.
(426) Esta estructura está basada en la exposición realizada por BRANDARIZ
2002:295 y ss; Por el contrario, ARÁNGUEZ 2000:29 y ss estructura la
misma en dos niveles: el control administrativo, realizado por los servicios sociales de la Administración penitenciaria, o, en su caso, de los
responsables de la entidad colaboradora, y un control judicial. Por su parte,
ESCRIBANO 2004:67, entiende que el control sobre la ejecución de la
188
5.3.1. Entidad receptora del trabajo
A. Competencias
La entidad receptora del trabajo en beneficio de la comunidad
se encuentra en un primer nivel de supervisión y control de la
persona penada. En este sentido, el art. 4.1 RD 515/2005 dispone
que “las entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública o social... podrán asumir las funciones de
gestión de los trabajos, asesoramiento, seguimiento y asistencia
de los penados...”.
En lo referente a la gestión de los trabajos427, la entidad privada
o pública donde éstos se realicen debe prestarle a la persona penada la capacitación necesaria para el desempeño de la actividad,
garantizarle que se integre adecuadamente al ambiente de trabajo
y supervisar que su actividad se realiza de manera apropiada.
Asimismo, corresponderá a la entidad destinataria concretar el
trabajo a realizar por el y la penada, siempre dentro de los límites
establecidos por la normativa penal, por ejemplo, que tengan unas
características socialmente útiles, y por las sentencias judiciales.
La función de seguimiento y control del y la penada ha sido
reiterada también por el art. 7.1 RD 515/2005, donde se establece
que la persona penada debe cumplir las directrices dadas por la
entidad para la que preste sus servicios. Concretamente, las labores a realizar por la entidad en este ámbito son: garantizar que
pena se divide en dos niveles, según el trabajo sea concebido como pena
o como actividad productiva. Así, el control del trabajo entendido como
pena lo realizará la autoridad judicial competente, así como la autoridad
encargada de la ejecución; y, el control del trabajo entendido en su perspectiva productiva lo llevará a cabo la persona responsable de la entidad
receptora del trabajo, que en este caso actúa como parte empresarial.
(427) Para concretar las funciones a desempeñar por este órgano receptor,
BRANDARIZ 2002:296 y ss. se basa en la regulación que hizo el ROCPSS
sobre las funciones que tenían que desarrollar las organizaciones donde
se integraban los objetores de conciencia.
189
el penado cumpla las horas de trabajo impuestas por el órgano
sentenciador, prestar a los servicios sociales penitenciarios información completa y periódica sobre el desarrollo de la ejecución
y, una vez completada la ejecución de la sanción, acreditar ante
la administración penitenciaria y el órgano jurisdiccional que ésta
se ha realizado de forma satisfactoria.
Por último, el art. 4.1 RD 515/2005 contempla también a la
entidad destinataria del trabajo como la encargada de ofrecer a la
persona penada la asistencia necesaria para su reinserción. Esta
atribución ha sido criticada por algún autor428, ya que, por una parte,
carece de desarrollo efectivo y, por otra, esta labor de asistencia no
debería recaer sobre la entidad receptora del trabajo, sino sobre los
servicios sociales generales, en coordinación con la administración
penitenciaria, órgano administrativo responsable de la ejecución
de esta pena, según la regulación hecha por el RD 515/2005. Por
lo tanto, la ausencia real de esta asistencia supone una deficiencia
más de la regulación de la pena de trabajo comunitario, poniendo
así en cuestión su perfil preventivo especial. De hecho, no hay
que olvidar que en la mayoría de las ocasiones la persona condenada a realizar un trabajo en beneficio de la comunidad tiene
numerosos problemas personales y sociales, los cuales pueden
verse agravados por el cumplimiento de esta sanción, siendo una
labor de la administración intentar paliar estos efectos nocivos,
aumentando, al mismo tiempo, las posibilidades de cumplimiento
efectivo de la pena429.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la legislación únicamente estipula que las entidades podrán asumir estas funciones. Es
decir, las entidades no están obligadas a desempeñarlas, sino que
(428) BRANDARIZ 2002:297; CID 1997:114-115; SANZ MULAS 2000:349
y 354.
(429) CID 1997:114; SANZ MULAS 2000:349.
190
se les ofrece esa posibilidad. Por el contrario, la administración
sí que deberá asumir el cumplimiento de estas funciones, lo que
supone una concreción terminológica de gran relevancia.
B. Consideraciones críticas
a) La infraestructura exigida por la legislación: El conjunto de funciones a desarrollar por la entidad destinataria parece
obligarle a contar con unos medios, especialmente personales,
de los que numerosas veces carecerá. De hecho, por una parte, es
necesario que cuenten con profesionales encargados de formar e
informar a la persona penada, y por otra, debe haber también un
responsable encargado del control y seguimiento de la ejecución,
persona que deberá estar en contacto, tanto con los servicios
sociales penitenciarios, como con el órgano judicial, en caso de
que éste quiera recavar alguna información concreta430.
Sin embargo, la realidad en muchas ocasiones no permite esta
infraestructura, especialmente en grupos pequeños, dedicados a
labores sociales o de voluntariado, que son concretamente las
entidades más adecuadas para que la persona penada desarrolle
su trabajo. En este sentido, si se prioriza la labor socialmente útil
a realizar y el contacto con diversas personas que altruistamente
se dedican a ellas, creo que debería organizarse otra estructura de
supervisión, donde las personas que trabajan en dichas entidades
tengan otras competencias diferentes, y que al mismo tiempo no
le exijan tantos medios.
b) La función de control: Esta función de control que se le
ha reconocido al responsable de la entidad receptora ha suscitado
(430) BRANDARIZ 2002:298; POZUELO 1997:338. Así lo dispone también
el art. 49.1.1 CP en su redacción, al contemplar que “el juez de vigilancia
penitenciaria.. . requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo
a la Administración, entidad pública o asociación... donde se presta el
trabajo.”
191
un amplio debate doctrinal431. Así, se considera que la presencia
de este responsable de la ejecución es necesaria, debido a que la
supervisión de la administración y el órgano judicial no tendrán
la inmediatez y la continuidad deseables432. Pero se ha advertido
que ésta supone una privatización del control de la ejecución penal
y una dejación de las funciones de la administración en manos
de un particular433. Por este motivo, incluso cuando se propugna
la idoneidad de la presencia de este responsable, se reconoce el
peligro de la privatización, por lo que se destaca que la supervisión posterior de la administración ha de ser efectiva, frecuente y
dotada de contenido434.
Sin embargo, tampoco se le puede imponer a la persona responsable que tenga un papel totalmente distante en la ejecución
de la pena, en el cual no tenga capacidad para tomar ninguna
decisión. Además, se argumenta la incapacidad real de los servicios sociales penitenciarios para adoptar esta competencia de
supervisión constante, debido a la precariedad de medios con los
que en la actualidad cuenta.
A pesar de todo, en mi opinión, no puede argumentarse la idoneidad de atribuir la competencia de control directo de la ejecución
de la sanción a una persona responsable de la entidad en la que se
(431) En contra de la atribución de esta competencia se muestran ARÁNGUEZ
2000:29; VIDAL i MARSAL 1999:124-125, incluso propugnan que esta
labor de control debería hacerla la policía municipal del domicilio donde
se ejecuta la sanción, propuesta que en mi opinión no es adecuada.
(432) BRANDARIZ 2002:299; POZUELO 1997:338; ESCRIBANO 2004:68
considera que incluso este reconocimiento legal es superfluo, ya que
el responsable de la entidad tiene el poder de dirección inherente a su
condición de empresario.
(433) ARÁNGUEZ 2000:29 y 40.
(434) BRANDARIZ 2002:300. En la misma cita puede consultarse la regulación
que sobre este tema hacen diversos ordenamientos. En este sentido, en
el ordenamiento inglés la entidad destinataria sí tiene competencias de
control, e incluso el Consejo de Europa defiende que este control inmediato
se atribuya a las organizaciones de voluntarios.
192
realiza el trabajo, basándose en la escasez de medios de la administración competente. De hecho, antes de hacer una regulación
y una implantación efectiva de las alternativas a la pena privativa
de libertad, es necesario hacer un estudio sobre las necesidades
materiales y personales para que éstas puedan ser efectivas435,
especialmente cuando, como en el caso presente tras la reforma
de la LO 15/2003, el trabajo en beneficio de la comunidad puede,
incluso, ser un sustituto directo de la pena de prisión de hasta dos
años, y, en base a este estudio, dotar a estos organismos de los
medios necesarios para una ejecución adecuada. Por lo tanto, si
se considera que el control directo debe ser realizado por la administración, lo necesario será dotarla de un cuerpo de funcionarios
encargados de esta labor.
En este sentido, tal como he puntualizado anteriormente, creo
que no es desdeñable esta opción, especialmente si se tiene en
cuenta que numerosas organizaciones de voluntarios que realmente realizan una labor de utilidad social y que objetivamente son
adecuadas para que se realice la ejecución de la pena en su seno,
carecen de una persona que pueda asumir este control directo. No
obstante, esto no supone que las personas voluntarias, o la persona
responsable, en su caso, ante la administración de la ejecución de
la pena no tenga ninguna capacidad de control o supervisión, sino
que ésta debe limitarse a un seguimiento superficial, mínimo, en el
que puedan resolverse las controversias y problemas diarios, pero
siendo la competencia de controlar de la administración, y en particular, de los órganos dedicados exclusivamente a la supervisión
de la ejecución de las penas no privativas de libertad.
Asimismo, no creo adecuado atribuir esta competencia de
control a la persona responsable de la entidad receptora, porque
de este modo se confunden dos objetivos de la sanción que, en
mi opinión, pueden ser contradictorios en algunos casos. Por una
parte, si el trabajo en beneficio de la comunidad se considera
(435) ASÚA 1984:328; SANZ MULAS 2000:347.
193
positivo porque le da una posibilidad a la persona penada de
entrar en contacto con personas voluntarias que dedican parte de
su tiempo libre a realizar tareas de utilidad social, y esto puede
influirle favorablemente, al mismo tiempo, no se le puede dar la
competencia de controlar y supervisar directamente al penado a
esa misma persona, entre otras cosas, porque la confianza que el
penado pueda tener con ella va a variar mucho en función de esta
labor de control, lo que en mi opinión es contraproducente para
los objetivos de la sanción.
5.3.2. Administración penitenciaria
A. Competencias
Las tareas realizadas por la entidad receptora de la persona
penada deben ser supervisadas en un segundo nivel por la administración penitenciaria (art. 4.1 RD 515/2005). En esta línea, el
artículo 7.2 RD establece que “los servicios sociales penitenciarios
comprobarán con la periodicidad necesaria el sometimiento del
penado a la pena, así como el cumplimiento efectivo del trabajo
impuesto, a cuyo fin mantendrá contactos periódicos con la entidad en que se lleve a cabo y adoptarán, en su caso, las medidas
procedentes.” En este sentido, el mismo artículo dispone que la
persona penada deberá seguir las instrucciones dadas por la administración penitenciaria, que, en caso de conflicto, prevalecerán
sobre las dadas por el responsable de la entidad receptora.
Esta supervisión de la administración penitenciaria es imprescindible, especialmente teniendo en cuenta las amplias competencias que el RD 515/2005 ha otorgado al responsable de la entidad
receptora. Así, la administración penitenciaria debe garantizar
que la realización del trabajo se ajusta a los fines perseguidos por
la pena y que se hace con el respeto a los derechos de la persona
penada436. Asimismo, debe controlar también que el trabajo se rea-
(436) BRANDARIZ 2002:302.
194
liza efectivamente, y en caso de que concurra alguna circunstancia
relevante, como por ejemplo alguno de los supuestos recogidos
en el art. 49.8 CP que pueden ser causa de incumplimiento, debe
comunicárselo al juez de vigilancia penitenciaria, en aplicación
del art. 49.6 CP y 8 RD 515/2005.
Según Brandáriz, esta labor de supervisión debería ser cumplida por un órgano jurisdiccional, dotándole así de mayores garantías
penales, pero la situación de saturación de estos órganos hace
que sea más oportuno otorgar estas labores a la administración
penitenciaria437.
Esta supervisión, a pesar de que no se ha concretado el término
“periodicidad” utilizado por el art. 7.2 RD 515/2005, debe estar
caracterizada por las notas de continuidad y proximidad. Y esto
especialmente teniendo en cuenta las amplias funciones atribuidas
a la persona responsable de la entidad, y las críticas vertidas sobre
éstas. Esta periodicidad tampoco era concretada en la normativa
anterior, lo que había provocado diversas críticas doctrinales438,
que deben mantenerse, tras haber vuelto a desperdiciar una buena
oportunidad para determinarla en este nuevo reglamento.
El art. 7.3 RD 515/2005 hace mención especial al supuesto
de sustitución regulado por el art. 88.1 CP, según el cual, si junto
a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad se impusiera
la obligación de seguir un programa específico de reeducación y
tratamiento psicológico, los servicios sociales penitenciarios remitirán a la persona penada al centro, institución o servicio específico
para la realización de dicho programa y realizarán el seguimiento,
del que informarán al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Estos
programas deben ser compatibles con el cumplimiento de la pena
(437) BRANDARIZ 2002:302.
(438) Esta falta de concreción de la mínima frecuencia con la que la administración debe supervisar la ejecución de la pena ha sido criticada, entre
otros, por ARÁNGUEZ 2000:29.
195
de TBC, intentando también que se respeten las obligaciones
diarias de la persona penada, en la medida de lo posible.
Organizativamente, y en aplicación de la normativa vigente,
dentro de la administración penitenciaria serán los servicios sociales penitenciarios, o los órganos autonómicos correspondientes que
hayan asumido la competencia de la ejecución penal, los que tienen
la competencia de supervisar la ejecución de la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad. Los servicios sociales penitenciarios,
sin embargo, en un principio, no parecen ser los más adecuados
para desarrollar esta labor, tanto por su actual escasez de medios
como por su carácter penitenciario439. Por este motivo, diversos
especialistas han propugnado la necesidad de crear un cuerpo de
funcionarios dedicados a la gestión y supervisión de las penas no
privativas de libertad440, especialmente si el objetivo del legislador es crear un modelo penal alternativo a la sanción privativa
de libertad, más acorde con los principios de proporcionalidad y
humanidad de las penas. Además, la creación de este organismo
favorecería la posibilidad de que parte de las competencias que
actualmente han sido atribuidas a la persona responsable de la
entidad receptora, fuesen asumidas por este funcionariado.
B. Daños ocasionados durante la ejecución de la sanción
Otra cuestión relacionada con la supervisión de la administración, es la responsabilidad por los daños ocasionados por los y
las penadas a terceros durante la ejecución de la pena. Tal y como
(439) ARÁNGUEZ 2000:24; VAELLO 1997:39, consideran que dentro de la
administración penitenciaria, los órganos responsables de la supervisión
de estas penas deberían ser los Centros de Inserción Social, ya que el art.
163 RP dispone que “...Los CIS... al seguimiento de cuantas penas no
privativas de libertad se establezcan en la legislación penal...”.
(440) BRANDARIZ 2002:303; GARCÍA ARÁN 1996:46; SANZ MULAS
2000:409; DE SOLA DUEÑAS/ GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL
1986:56 y ss.
196
han señalado diversos autores441, la regulación que finalmente se
adopte puede condicionar la mejor o peor aceptación de esta pena
por parte de las entidades receptoras, o incluso de las personas o
colectivos destinatarios del trabajo.
Sin embargo, la legislación del estado español no ha previsto este supuesto442. Para intentar integrar esta laguna, se ha
interpretado que, indirectamente, esta eventualidad podría ser
incluida entre los supuestos de responsabilidad patrimonial de la
administración, por lesiones causadas por el funcionamiento de
los servicios públicos443. Asimismo, las situaciones no protegidas
por dicha responsabilidad podrían ser cubiertas por un seguro
de responsabilidad civil de la persona penada, o incluso, por su
responsabilidad civil, regulada por el art. 1902 CC.
No obstante, y para evitar cualquier posible duda, se ha indicado la necesidad de regular expresamente el sistema de responsabilidad, siendo la administración la que asuma los gastos ocasionados
por la responsabilidad patrimonial de los y las penadas cuando los
daños sean consecuencia de la ejecución de la sanción444.
(441) BRANDARIZ 2002:303. Así mismo, en referencia al derecho comparado
se destacan dos modelos de responsabilidad: El modelo francés, en el
cual la Administración será la responsable cuando el daño sea ocasionado
directamente de la ejecución de la pena; y el modelo alemán, en el cual
se incluye a la persona penada en el seguro de responsabilidad civil de la
entidad receptora, sin perjuicio de que los daños excluidos de este seguro
sean asumidos directamente por la misma persona penada.
(442) ARÁNGUEZ 2000:32.
(443) CHOCLÁN 1997:164. Por su parte, GÓMEZ ARROYO 2003:7 diferencia
si la responsabilidad es consecuencia del funcionamiento de la Administración de Justicia, en cuyo caso habrá que acudir a la regulación hecha
por el art. 292 LOPJ, o si ésta deriva de la actuación de la Administración
penitenciaria, en cuyo supuesto habrá que estar a lo dispuesto en el art.
139 Ley 30/92.
(444) BRANDARIZ 2002:304.
197
5.3.3. Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
El órgano jurisdiccional encargado del control de la ejecución
de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, tras la LO
15/2003, es el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en base al art.
49.1 CP. Para desarrollar este control, requerirá los informes sobre el desempeño del trabajo a la administración, entidad pública
o asociación de interés general en que se presten los servicios.
Esta disposición ha potenciado la labor de control a realizar por
el órgano jurisdiccional445, ya que a partir de esta reforma los
informes son preceptivos, mientras que con el CP 1995 eran únicamente potestativos446. Por otra parte, el art. 7.1 RD 515/2005
dispone que “Durante el cumplimiento de la condena el penado
deberá seguir las instrucciones que reciba del juez de vigilancia
penitenciaria...”., las cuales serán preeminentes sobre las órdenes
dictadas tanto por la administración penitenciaria, como por el
responsable de la entidad.
La atribución de este control de la ejecución a los juzgados
de vigilancia penitenciaria había sido reclamada por la doctrina
mayoritaria447, considerando a estos órganos más adecuados para
hacer esta labor de control de la ejecución de la pena, que los jueces o tribunales sentenciadores, órganos en los que anteriormente
(445) LANDROVE 2004:5; VARONA GÓMEZ 2004a:8.
(446) El art. 49.1 CP 1995 disponía que “...el juez sentenciador...podrá requerir...”.
(447) ARÁNGUEZ 2000:30; BRANDARIZ 2002:306; GARCÍA ARÁN
1996:41-42; PARÉS i GALLÉS 1998:165;; Por el contrario, GÓMEZ
ARROYO 2003:6 defendía la idoneidad de que fuese el juez o tribunal
sentenciador el competente de controlar la ejecución de la pena porque
querer depositar esta labor en los juzgados de vigilancia penitenciaria era
desnaturalizar la pena y su cumplimiento, ya que ésta no tiene nada que
ver con el ámbito penitenciario.
ASÚA 1984:328; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:57 reclamaban la creación de un juzgado encargado de la
ejecución de las sanciones antes de la redacción del CP 1995.
198
recaía esta labor448. Esto es debido a que el control de la ejecución de una pena como la aquí estudiada, necesita de un atento y
continuado seguimiento, similar al que se ejerce sobre las penas
privativas de libertad449.
De esta manera, los juzgados de vigilancia penitenciaria se
convierten en verdaderos jueces de ejecución de penas, tanto de
las privativas como de las no privativas de libertad, evolución
necesaria si se quiere avanzar hacia un sistema punitivo más diversificado y proporcionado, y en donde las penas privativas de
libertad no tengan tanta presencia.
Por lo tanto, una vez impuesta por el Juzgado o Tribunal
sentenciador la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, el
control jurisdiccional de su ejecución recaerá sobre los Juzgados
de Vigilancia Penitenciaria, encargados de controlar y supervisar
también la labor realizada por la administración penitenciaria
y por la entidad receptora del trabajo. No obstante, este control
será mediato y seguramente no tendrá la periodicidad deseable,
aunque es de esperar que con el cambio en el órgano competente
este control sea más efectivo.
Del mismo modo, hay que destacar que, finalmente, este
triple nivel de control únicamente funcionará adecuadamente si
existe una coordinación entre los diferentes órganos competentes.
No obstante, y tal y como he argumentado anteriormente, en mi
opinión, debería incrementarse la labor de supervisión y control
de la administración, así como del órgano judicial, pasando la
entidad receptora del trabajo a tener una labor educativa y de mero
seguimiento, más acorde con los objetivos de esta pena.
(448) LANDROVE 2004:5; VARONA GÓMEZ 2004a:8 valoran positivamente
esta reforma operada por la LO 15/2003.
(449) ARÁNGUEZ 2000:30.
199
5.4. Incumplimiento
Tras la reforma operada por la LO 15/2003, las circunstancias
que provocan el incumplimiento de esta sanción se encuentran
reguladas en el art. 49.6 CP, inclusión que, sin lugar a dudas,
resulta positiva, ofreciéndole así mayores garantías a la persona
penada. De hecho, la remisión general que anteriormente realizaba el art. 49 CP, que se concretó en el RD 690/1996 fue criticada
por la doctrina debido a que podía resultar incluso atentatoria al
principio de legalidad450. Por este motivo, se había exigido que
las condiciones mínimas de ejecución de la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad, y especialmente las relativas al incumplimiento, estuviesen reguladas en el mismo Código penal, o,
como mínimo, en una ley que regulase la ejecución de las penas
no privativas de libertad, pero que en ningún caso podían dejarse
elementos tan importantes de la ejecución de las penas en manos
de un decreto451.
5.4.1. Causas de incumplimiento
A. El artículo 49.6 CP
La regulación que la LO 15/2003 ha introducido en el Código penal, especialmente sobre las causas de incumplimiento, es,
básicamente, una copia de la que anteriormente hacía el art. 8 RD
690/1996, habiendo el legislador perdido una buena oportunidad
para concretar mejor estas causas, utilizando para ello las numerosas críticas realizadas por la doctrina en su momento452.
(450) BRANDARIZ 2002:123; GARCÍA ARÁN 1996:40 y 42.
(451) BRANDARIZ 2002:123; CHOCLÁN 1997:166. CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL 1994:90; GÓMEZ ARROYO 2003:3. MAPELLI/TERRADILLOS 1996:178; TAMARIT 1996:367.
(452) ARÁNGUEZ 2000:34 y ss; BRANDARIZ 2002:309 y ss; PARÉS i
GALLÉS 1998:176.
200
Conforme al art. 49.6 CP, los supuestos de incumplimiento
serán los siguientes:
a) Se ausenta del trabajo durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario por
su parte al cumplimiento de la pena.
b) A pesar de los requerimientos del responsable del centro
de trabajo, su rendimiento fuera sensiblemente inferior al
mínimo exigible.
c) Se opusiera o incumpliera de forma reiterada y manifiesta
las instrucciones que se le dieren por el responsable de la
ocupación referidas al desarrollo de la misma.
d) Por cualquier otra razón, su conducta fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en
el centro.
a) Ausencia del trabajo: En referencia a este supuesto de
incumplimiento, resulta positivo el hecho de que se recoja en el
Código penal el número de ausencias necesarias para que pueda ser
considerado incumplimiento, y especialmente la condición de que
estas ausencias supongan un rechazo voluntario al cumplimiento
de la pena. Así, anteriormente la regulación de este supuesto era
muy genérica e indeterminada, lo que había sido denunciado debido a la inseguridad jurídica que provocaba, y por esto se exigía
la concreción del número de ausencias que podían derivar en la
revocación de la sanción453.
Por lo tanto, las ausencias que pueden dar lugar al incumplimiento de esta pena deben ser como mínimo dos, y se pueden
producir en jornadas de trabajo consecutivas o discontinuas. Asimismo, al exigir el art. 49.6 que éstas deben suponer un rechazo
voluntario al cumplimiento de la pena, los servicios sociales
penitenciarios, antes de realizar el informe preceptivo que deben
(453) ARÁNGUEZ 2000:34; BRANDARIZ 2002:313; CID 1997:115; CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 1994:90; GARCÍA ARÁN
1996:41; GÓMEZ ARROYO 2003:9.
201
presentar al juez de vigilancia penitenciaria, deberían intentar
ponerse en contacto con la persona penada, ya sea mediante una
advertencia verbal o escrita, para conocer las causas de dichas
incomparecencias, e informarle sobre las consecuencias que éstas
pueden tener454. Con esta comunicación previa entre los servicios
sociales penitenciarios y el sujeto es posible conocer su verdadera
voluntad, dándole una nueva oportunidad para que cumpla satisfactoriamente la pena, o, en caso de que su voluntad sea abandonar
la prestación de trabajo en beneficio de la comunidad, realizar el
informe preceptivo para que el juez de vigilancia penitenciaria
decida sobre sus consecuencias.
Por otra parte, es imprescindible que estas ausencias sean injustificadas y culpables, ya que el art. 49.7 CP regula que cuando
éstas sean justificadas no se entenderán como abandono de la actividad. La interpretación del término “justificación” puede resultar
confusa, y hubiese sido necesaria una mayor concreción normativa
en la reforma del Código penal. No obstante, y haciéndose eco de
la interpretación que anteriormente daba la doctrina al art. 9 RD
690/1996455, que regulaba este supuesto, parece razonable incluir
dentro de estas ausencias justificadas aquellas situaciones que, en
virtud de la legislación laboral, determinan una incapacidad temporal456. Asimismo, teniendo en cuenta los objetivos de esta pena
y considerando la necesidad de que sea compatible con las obligaciones del y la penada, parece adecuado contemplar un concepto
amplio de justificación, incluyendo la necesidad de atender otras
obligaciones, ya sean éstas familiares o laborales, pero siempre
en un sentido estricto. Además, es importante destacar que en el
momento de imponer el régimen de cumplimiento de la sanción,
el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta estas obligaciones
(454) BRANDARIZ 2002:313.
(455) BRANDARIZ 2002:314; PARÉS i GALLÉS 1998:177.
(456) La incapacidad temporal se encuentra regulada en los artículos 45 y 48.2
del Estatuto de los Trabajadores, RDLeg 1/1995, así como en el art. 128
y ss. de la LGSS, RDLeg. 1/1994.
202
de la persona penada, para evitar posibles incomparecencias
posteriores.
Con respecto a este supuesto, el artículo 49.7 CP puntualiza
que estas ausencias justificadas no se computarán en la liquidación de la condena, en la que deberán hacerse constar los días o
jornadas que la persona penada efectivamente hubiese trabajado
del total que se le hubiesen impuesto. Con el objetivo de completar
las jornadas o días de trabajo impuestos, el o la juez de vigilancia
penitenciaria podrá ampliar el plazo de ejecución de la sanción,
así como variar su ritmo de ejecución457, respetando siempre la
compatibilidad de éstos con las obligaciones diarias de la persona
penada. Por último, hay que recordar que la competencia de valorar la justificación o injustificación de la ausencia recaerá sobre
el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, órgano responsable del
control de la ejecución de la pena.
b) Bajo rendimiento: El segundo supuesto de incumplimiento
contemplado en este artículo resulta más difuso y criticable, ya que
parece basarse en elementos productivistas458, objetivos ajenos al
trabajo en beneficio de la comunidad. Por este motivo, la doctrina
considera que este rendimiento inferior al mínimo exigible debe
ser valorado en función de las capacidades de la persona penada
y la dificultad de la actividad en concreto, nunca en base a parámetros objetivos459. Además, no hay que olvidar que los trabajos
serán de utilidad social, y en particular los considerados como
tareas de voluntariado, por lo que las pautas para valorarlo deben
ser diferentes a las utilizadas para valorar un puesto de trabajo
productivo, en el sentido estricto de esta clase de trabajo.
Por otra parte, para que el rendimiento sea considerado
inferior al mínimo exigible es necesario que, anteriormente, el
responsable del centro de trabajo le haya comunicado al penado
(457) BRANDARIZ 2002:315.
(458) GÓMEZ ARROYO 2003:9.
(459) BOLDOVA 1998:132; BRANDARIZ 2002:316.
203
que su trabajo en dicho centro no es adecuado, y le haya hecho
unos requerimientos para mejorarlo. Posteriormente, tanto los
servicios sociales penitenciarios, al realizar el informe, como la o
el juez de vigilancia penitenciaria, deberán valorar y comprobar la
pertinencia de estos requerimientos, no siendo suficiente con que
éstos existan, sino que deben basarse en elementos y situaciones
concretas, y no pueden resultar abusivos. Por lo tanto, de aquí se
puede extraer que esta causa de incumplimiento puede interpretarse
también como una forma de rechazo voluntario al cumplimiento
de la sanción por parte de la persona penada460.
c) Oposición o incumplimiento de las instrucciones: Esta
causa debe interpretarse también en un sentido restrictivo, es decir,
cuando de esta oposición se desprenda el rechazo al cumplimiento
de la sanción. Por este motivo, en primer lugar es necesario que
dicha oposición o incumplimiento sea reiterado, nunca ocasional, y que además no tenga ninguna justificación. Asimismo, es
preciso comprobar que las instrucciones dadas por el responsable
del centro son relativas al desarrollo del trabajo, nunca abusivas
ni referentes a otras actividades, y que además son exigibles a la
persona penada y que no resultan contrarias a la finalidad perseguida por la pena de trabajo en beneficio de la comunidad461. Por
último, dichas instrucciones deben ser realizadas por el responsable del centro, persona encargada de la supervisión del trabajo
y responsable ante la administración penitenciaria, ya que si no,
podríamos encontrarnos en una situación donde el sujeto reciba
instrucciones contradictorias de diferentes personas del centro,
siendo lógicamente imposible cumplir todas.
d) Cláusula abierta: Esta última causa de incumplimiento
recogida en el Código penal había suscitado numerosas críticas
doctrinales, por lo cual resulta reprochable que el legislador no la
(460) BRANDARIZ 2002:317.
(461) BOLDOVA 1998:132; BRANDARIZ 2002:318; GÓMEZ ARROYO
2003:9.
204
haya modificado en esta reciente reforma. Por una parte, la referencia a “por cualquier otra causa...” supone un cajón de sastre
donde poder incluir cualquier situación, sin ningún tipo de determinación ni concreción legal, que, tal como señalaban diversos
autores462, produce inseguridad jurídica, careciendo de cualquier
tipo de garantía para la persona penada. Asimismo, esta causa de
incumplimiento puede ocasionar una serie de abusos por parte
del responsable del centro, teniendo a su disposición una fórmula
para obligar al sujeto a realizar diversas actividades que no le son
exigibles, con la amenaza de revocar la sanción463.
Por este motivo, y para evitar esta situación, lo determinante a
la hora de valorar esta causa de incumplimiento es la inexigibilidad
de mantener a la persona penada en el puesto de trabajo, valorada
según parámetros objetivos464. En este sentido, dicha inexigibilidad debe valorarse a partir de su comportamiento, y tendrá lugar,
especialmente, cuando se produzca la infracción de los deberes de
conducta en el desarrollo del trabajo465. Por último, y teniendo en
cuenta las consecuencias que tiene esta causa de incumplimiento,
parece adecuado recordar que estas infracciones realizadas por
el o la penada deben ser proporcionales a las consecuencias que
conlleva.
B. La comisión de otro delito
La comisión por parte de la persona penada de una nueva
infracción penal ha sido excluida de entre las causas de incumplimiento recogidas en el art. 49.6. CP. Esta omisión, tal como
(462) ARÁNGUEZ 2000:35; BRANDARIZ 2002:318; CID/LARRAURI
1997:33; CHOCLÁN 1997:167; GÓMEZ ARROYO 2003:9; RENART
182 .
(463) LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 1999:149; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 2000:618.
(464) BRANDARIZ 2002:319.
(465) ARÁNGUEZ 2000:35; BRANDARIZ 2002:319; LÓPEZ BARJA DE
QUIROGA 1999:149; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA 2000:618.
205
señala la doctrina466, es acertada, ya que hay que diferenciar la
suspensión condicional de la pena, regulada por el art. 81 CP, de
la sustitución de una pena privativa de libertad por otra sanción,
como es el caso presente, debido a que ambas exigen requisitos
diferentes para su imposición, siendo las consecuencias de su
incumplimiento también distintas.
En este sentido, las circunstancias que aconsejaron la sustitución de la pena privativa de libertad no varían a pesar de que
la persona penada cometa una nueva infracción penal, y de este
hecho no se deriva forzosamente que el objetivo resocializador
haya fracasado. Además, hay que tener en cuenta que éste no es el
único fundamento que aconseja la sustitución, destacando también
el deseo de evitar penas privativas de libertad, cuyos efectos desocializadores han sido ya señalados, cuando sea posible cumplir
la sanción penal de manera ambulatoria.
Una solución diferente es la que estima el art. 75 CP en el caso de
que una persona tenga que ingresar en prisión como consecuencia de
una infracción anterior mientras está cumpliendo la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad. En este caso, la pena de trabajo comunitario debe ser suspendida hasta que se cumpla la pena de prisión, debido
a que estas dos penas no pueden ejecutarse simultáneamente.
5.4.2. Consecuencias del incumplimiento
La LO 15/2003, en un acierto sin duda del legislador, ha diversificado estas consecuencias y ha adoptado un modelo flexible
de regulación467, haciendo así posible que pueda diferenciarse el
incumplimiento culposo y el cumplimiento defectuoso468, una
(466) BRANDARIZ 2002:320. Así mismo, puede consultarse en la misma
referencia el tratamiento que diversos ordenamientos jurídicos hacen
sobre este supuesto.
(467) CID 2004a:223.
(468) ARÁNGUEZ 2000:36; BRANDARIZ 2002:328; GARCÍA ARÁN
1996:41.
206
exigencia realizada por la doctrina en relación con la regulación
anterior que hacía el RD 690/1996.
No obstante, antes de analizar las consecuencias del incumplimiento de esta pena, es necesario recordar que el procedimiento
revocatorio debe respetar todas las garantías para la persona
penada, entre las que se encuentran su audiencia, la presentación
de alegaciones, la libre valoración de la prueba y la posibilidad
de recurrir el auto dictado por la o el juez de vigilancia penitenciaria469.
A. Procedimiento revocatorio
Los artículos 49.6 CP y 8 RD 515/2005 disponen que los servicios sociales penitenciarios deben realizar un informe, una vez
hechas las verificaciones necesarias, en el caso de que concurra
alguno de los supuestos expuestos anteriormente, y elevárselo al
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, órgano competente del control
de la ejecución de la pena tras la reforma de la LO 15/2003. Por
lo tanto, una vez comprobados los hechos, los servicios sociales
penitenciarios realizarán dicho informe, y una vez valorado éste,
la o el juez de vigilancia penitenciaria tiene tres opciones: acordar la ejecución de la pena en el mismo centro, enviar al penado
para que finalice su ejecución en otro centro o entender que ha
incumplido la pena.
En caso de incumplimiento, tal como veremos más adelante, las consecuencias son diferentes según la pena de trabajo en
(469) ARÁNGUEZ 2000:35; BRANDARIZ 2002:322; GARCÍA ARÁN
1996:45; RENART 183; DE SOLA DUEÑAS/GARCÍA ARÁN/HORMAZÁBAL 1986:249; Así mismo, el respeto por todas las garantías en
este procedimiento se reclama también en los puntos 14.2 y 14.6 de las
Reglas Mínimas de la ONU sobre las medidas no privativas de libertad
(resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990), así como en las reglas 13,
82 y 83 de las Reglas Europeas sobre sanciones y medidas no privativas
de libertad (recomendación R(92) 16, de 19 de octubre de 1992).
207
beneficio de la comunidad sea sustitutiva de otra o sea impuesta
como pena principal.
Por el momento, en relación con las opciones que tiene la
o el juez de vigilancia penitenciaria, hay que destacar que los
informes realizados por los servicios sociales penitenciarios no
van a provocar siempre un incumplimiento de la sanción, sino que
es posible que el juez de vigilancia penitenciaria estime positivo
mantener a la persona penada en el mismo lugar de trabajo, haciéndole quizá un requerimiento para que modifique la conducta
que ha ocasionado el informe, o enviarle a otro centro470. Con
esto se quiere conseguir que la pena de trabajo en beneficio de la
comunidad sea realmente una alternativa a las penas privativas de
libertad, evitando que un incumplimiento menor derive siempre
en la ejecución de una pena de prisión.
Del mismo modo, se posibilita que, mediante una modificación
de las condiciones de ejecución, se favorezca su cumplimiento.
En este sentido, hay que recordar que el éxito de esta sanción
será mayor en cuanto el penado se encuentre más a gusto, tanto
en el puesto concreto de trabajo que está realizando, como en el
centro de trabajo, por lo que numerosas veces un simple cambio
de éstos puede aumentar la efectividad de una pena de estas características.
B. Diversos supuestos
Si la o el juez de vigilancia penitenciaria estima que ha habido
incumplimiento, en mi opinión, las consecuencias serán diferentes
según la pena de trabajo en beneficio de la comunidad haya sido
impuesta como pena principal o como pena sustitutiva.
a) TBC como sanción principal: El artículo 49.6 III CP
dispone que en caso de incumplimiento se deducirá testimonio
para proceder en conformidad con el artículo 468 CP, regulador
(470) ARÁNGUEZ 2000:35.
208
del quebrantamiento de condena, según el cual en los supuestos
en que la condena incumplida no sea privativa de libertad, se
impondrá una multa de 12 a 24 meses. Por lo tanto, en este caso,
cuando un o una penada incumpla la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad, y si el órgano jurisdiccional considera que ha
cometido el delito de quebrantamiento de condena, se le impondrá
también una pena de multa.
Sin embargo, desde mi punto de vista, ésta sólo tendrá lugar
cuando la pena de trabajo en beneficio de la comunidad haya sido
impuesta como pena principal, ya que si es sustitutiva de otra pena
su quebrantamiento tiene una disciplina diferente, regulada por
el art. 88.2 CP, que desplaza la aplicación de este artículo 468471.
Además, el delito de quebrantamiento de condena sólo se comete
cuando se incumple una pena originaria, la única cuya frustración
sí supone un ataque al bien jurídico protegido por ella.
Con respecto al procedimiento a seguir en caso de incumplimiento, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es el encargado
de abrir diligencias por un posible delito de quebrantamiento de
condena, las cuales remitirá al Juzgado de guardia, quien llevará
a cabo el proceso472.
b) TBC como sanción sustitutiva de la prisión: Cuando
sea sustitutiva de una pena de prisión el artículo 88.2 CP dispone
que, en caso de incumplimiento, se ejecutará la pena de prisión
inicialmente impuesta, descontando, en su caso, la parte de tiempo
correspondiente a las cuotas efectivamente satisfechas. Para hacer
este descuento, se utilizará el baremo de conversión establecido en
el artículo 88.1 CP, es decir, una jornada de trabajo en beneficio
de la comunidad por un día de prisión.
(471) GARCÍA ALBERO 2001:2078 hacía referencia a la regulación del CP
1995; Con respecto a la LO 15/2003, se pueden consultar BLAY 2004:148;
CID 2004a:223; VARONA GÓMEZ 2004a:8.
(472) Comunicación personal con el responsable de los servicios sociales
penitenciarios de Bizkaia.
209
En este caso, con la regulación del anterior Código penal
también había una polémica doctrinal sobre si, además de la consecuencia por el incumplimiento recogida en este artículo 88, podía
constituir un delito de quebrantamiento de condena, regulado por el
artículo 468 CP. En este sentido, una serie de autores consideraban
que sí debía deducirse testimonio a efectos de un posible delito
de quebrantamiento de condena473. Sin embargo, otra posición
doctrinal defendía que este incumplimiento no podía considerarse
un delito de quebrantamiento de condena, entre otras razones474,
porque no estaba previsto expresamente en el Código penal, y en
particular, en el mismo artículo 88. Así, en aplicación del principio de especialidad legal475, cuando un precepto legal prevé una
consecuencia concreta para una situación determinada, ésta será de
aplicación preferente, lo que supone que en este caso, la aplicación
del artículo 88.2 CP excluya al art. 468 CP. Además, teniendo en
cuenta que la ejecución de una pena privativa de libertad conlleva
una severidad mayor que la pena de trabajo en beneficio de la
comunidad incumplida, ésta se considera suficiente como sanción
de apoyo, sin ser necesario imponer también una pena adicional
por un delito de quebrantamiento de condena476.
(473) CHOCLÁN 1997:166; ARÁNGUEZ 2000:36. No obstante, se muestran
críticos con esta solución, manteniendo una posición matizada.
(474) Más fundamentos para evitar la imposición del delito de quebrantamiento
de condena cuando sea un incumplimiento de la pena sustitutiva, se pueden
consultar en BRANDARIZ 2002:325-326.
(475) GARCÍA ARÁN 1996:41.
(476) En este sentido, numerosos autores han destacado que debería evitarse
el uso de la pena de prisión como sanción de apoyo de la pena de trabajo
en beneficio de la comunidad, ya que se desvirtúa su efectividad como
alternativa a la misma. Así, pueden consultarse BRANDARIZ 2002:326;
CID/ LARRAURI 1997:28; GÓMEZ ARROYO 2003:9; LÓPEZ CONTRERAS 2004:96; SANZ MULAS 2000:351; SERRANO PASCUAL
1997:28.
Así mismo, los textos internacionales que abordan esta materia también
se han mostrado contrarios a que un incumplimiento de la sanción de
trabajo en beneficio de la comunidad derive directamente en la ejecu-
210
Por lo tanto, el incumplimiento de la sanción de trabajo en
beneficio de la comunidad cuando sea sustitutiva de una pena de
prisión no dará lugar a deducir testimonio por un posible quebrantamiento de condena, sino que directamente será aplicable
el artículo 88.2 CP, que recoge la consecuencia directa para este
supuesto.
c) TBC como RPSIM: El incumplimiento de este supuesto
resulta bastante controvertido debido a que el artículo 53.1 CP no
regula las consecuencias de su incumplimiento. En este sentido,
primero es necesario precisar si es aplicable el artículo 88.2 CP, con
el retorno a la pena privativa de libertad impuesta en un principio,
y, posteriormente, si este incumplimiento puede ser constitutivo
de un delito de quebrantamiento de condena.
Con lo que respecta al primero de estos interrogantes, un sector doctrinal mayoritario477 consideraba que el artículo 88 CP era
también aplicable a este supuesto, por lo que el incumplimiento
de esta pena de trabajo en beneficio de la comunidad daría lugar a
la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en un primer
momento como responsabilidad personal subsidiaria por impago
de la pena de multa. En este sentido, estos autores apuntaban
que el art. 8 RD 690/1996, regulador del incumplimiento de la
pena de trabajos comunitarios, no recogía ninguna consecuencia
diferenciada cuando ésta había sido impuesta conforme al artículo
53 CP. Asimismo, al interpretar este precepto como un caso de
sustitución de la pena privativa de libertad, sería de aplicación
también la consecuencia dada por el Código penal para estos
supuestos, regulados, como hemos visto, en el artículo 88.2 CP.
ción de una pena de prisión. Así lo recogen los puntos 14.3 y 14.4 de las
Reglas Mínimas de la ONU sobre las medidas no privativas de libertad
(Resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990), y las reglas 10 y 86 de
las Reglas Europeas sobre sanciones y medidas no privativas de libertad
(Recomendación R(92) 16, de 19 de octubre de 1992).
(477) ARÁNGUEZ 2000:17 y 34; GARCÍA ARÁN 1997:59; MAPELLI
2000:71 y 86; PARÉS i GALLÉS 1998:177.
211
Por lo tanto, la consecuencia de este incumplimiento sería el
retorno a la pena privativa de libertad primeramente impuesta,
que debería cumplirse en un régimen de privación de libertad
continuada.
En una interpretación diferente, otros autores478 destacaban
que estos dos preceptos, el artículo 53 y el art. 88 CP, tienen unos
fundamentos diferentes, por lo que la remisión directa al artículo
88 CP en los casos de incumplimiento de la responsabilidad subsidiaria por impago de multa no es aconsejable desde una perspectiva
político-criminal, ya que esto supone un cumplimiento de la pena
de privación de libertad de manera continuada. Por el contrario,
y en consonancia con el principio de proporcionalidad con el
delito cometido, algún autor planteaba que sería más adecuada
su ejecución como arresto domiciliario o como otra modalidad de
residencia obligatoria479.
Tras la reforma operada por la LO 15/2003 parece que esta
solución no es posible, ya que el artículo 53.1 CP sólo recoge el
cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa mediante localización permanente cuando se trate
de faltas. Por lo tanto, parece deducirse que, en caso de incumplimiento, deberá ejecutarse la pena privativa de libertad de manera
continuada, lo que resulta totalmente desproporcionado en relación
con el injusto penal cometido, que ha dado lugar a la imposición de
la pena de multa. Además, esta solución podría violar el principio
de igualdad, ya que, en última instancia, sanciona con una pena
privativa de libertad la insolvencia económica480.
(478) BRANDARIZ 2002:330; CID 1997:112 y 117.
(479) CID 1997:117; SANZ MULAS 2000:351.
(480) En este sentido, las sentencias del Tribunal Constitucional (STC 1988/19,
de 16 de febrero de 1988 y la STC 230/1991) no han considerado la
responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa, cumplida en
régimen privativo de libertad, atentatoria contra el principio de igualdad,
pero sí han recomendado la búsqueda de otras soluciones menos lesivas
para los derechos fundamentales de los y las penadas.
212
Por este motivo, creo que en caso de incumplimiento de la pena
de trabajo en beneficio de la comunidad como responsabilidad
subsidiaria por impago de multa, y una vez se ha retornado a la
pena privativa de libertad, debería ser de aplicación preferente el
artículo 81 CP, y suspenderse su ejecución de forma condicional. A
favor de esta interpretación se encuentra el hecho de que el artículo
81.2 CP se refiere a las penas privativas de libertad, entre las que
se encuentra la responsabilidad subsidiaria por impago de multa
(art. 35 CP), sin hacer ninguna excepción entre ellas. Además,
en aras del principio “pro libertatis”, es recomendable inclinarse
por su inclusión dentro del supuesto de suspensión condicional
de la ejecución de la pena481, especialmente en supuestos como
los aquí analizados.
No obstante, antes de revocar la sanción y acordar la ejecución
de la pena privativa de libertad, la o el juez de vigilancia penitenciaria debería valorar si es factible la ejecución de la misma pena
de trabajo en beneficio de la comunidad en otro centro de trabajo482,
e incluso modificar alguna de las condiciones de ejecución, si esto
puede favorecer su cumplimiento.
Por último, en relación a si procede o no deducir testimonio
por quebrantamiento de condena, considero que en este caso
tampoco es oportuno, remitiéndome a los argumentos esgrimidos para negar su aplicación cuando se trata de una pena
sustitutiva483.
(481) PRATS CANUT 2001:464; A favor de esta interpretación se posicionan
también BRANDARIZ 2002:331; CID 1997:117; MAPELLI 2001:83,
éste con una posición más matizada; y PARÉS i GALLÉS 1998:177.
(482) Esta posibilidad, tal como vimos anteriormente, se encuentra recogida en
el artículo 49 CP.
(483) Ver apartado IV.5.4.2.B.b de la Primera Parte.
213
5.4.3. Circunstancias especiales
A. Modificación de las condiciones de la ejecución
Es posible que durante la ejecución se produzcan situaciones
que, sin llegar a constituir una causa de incumplimiento de las
recogidas en el artículo 49.6 CP, hagan aconsejable una modificación en las condiciones de ejecución, para favorecer su cumplimiento. Esta posibilidad no ha sido prevista ni en el Código
penal ni en su reglamento de desarrollo, el RD 515/2005, pero
algunos autores484, ya en la regulación anterior, abogaban por su
reconocimiento. Esto es debido a que dicha modificación no pone
en duda el carácter sancionatorio de la pena y, sin embargo, es
posible que sea recomendable desde una perspectiva preventivoespecial, en aras al cumplimiento efectivo de la sanción. Asimismo,
no hay que olvidar que el artículo 6.2 RD 515/2005 propugna el
principio de flexibilidad a la hora de imponer las condiciones de
cumplimiento de la sanción, para hacer factible el mantenimiento
de las obligaciones personales y laborales de la persona penada
con la ejecución de esta pena.
Por lo tanto, una readecuación de dichas condiciones parece
la solución más acertada en estos casos, evitando así una revocación de la sanción, que puede desembocar en la ejecución de una
pena privativa de libertad. Además, un cambio en el horario de
trabajo o en la propia plaza de trabajo, por ejemplo cuando ésta
no sea adecuada a las capacidades del o la penada, no supone una
excesiva complejidad para la o el juez de vigilancia penitenciaria,
el órgano competente tras la reforma de la LO 15/2003, y, sin
embargo, puede favorecer enormemente el cumplimiento de la
sanción y la operatividad de esta sanción como alternativa real a
la cárcel. No obstante, hay que tener en cuenta que cuanto más
respeto se tenga a las capacidades y a la situación social y laboral
de la persona penada a la hora de establecer el plan de ejecución de
(484) BRANDARIZ 2002:333; GARCÍA ARÁN 1996:44.
214
la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad, menores serán
las posibilidades de necesitar posteriormente una modificación en
sus condiciones de cumplimiento.
B. Trastorno mental grave de la persona penada
Si durante la ejecución de la pena se aprecia en el penado o
penada una situación duradera de trastorno mental grave, que le
impida conocer el sentido de la pena, el artículo 60 CP dispone que
la o el juez de vigilancia penitenciaria suspenderá su ejecución,
imponiendo las medidas de seguridad que crea convenientes485.
En este caso, surge la duda sobre si podrá también imponer
una medida de seguridad privativa de libertad, posibilidad que sí
ha sido recogida cuando la pena suspendida sea privativa de libertad, pero no en el caso contrario. Además, en este caso, la medida
de seguridad privativa de libertad sería más gravosa que la pena
sustituida, lo que iría en contra de las garantías penales básicas
y del propio artículo 60 CP486. Por este motivo, parece adecuado
negar la posibilidad de sustituir una pena de trabajo en beneficio de
la comunidad por una medida de seguridad privativa de libertad,
siendo necesaria la suspensión de la ejecución de la pena, y, en su
caso, la imposición de una medida de seguridad ambulatoria.
C. Abono de la pena de multa
Cuando el trabajo en beneficio de la comunidad haya sido
impuesto como responsabilidad personal subsidiaria por impago
de multa, el abono de la multa pendiente extinguirá la responsabi-
(485) La regulación de este supuesto era demandada por la doctrina, entre otros,
ARÁNGUEZ 2000:40; BRANDARIZ 2002:335.
(486) Art. 60 CP: “...el Juez de Vigilancia Penitenciaria suspenderá la ejecución
de la pena privativa de libertad que se le hubiera impuesta,..., para lo
cual podrá decretar la imposición de una medida de seguridad...que no
podrá ser, en ningún caso, más gravosa que la pena sustituida...”
215
lidad penal. En este caso, como es lógico, se deberán descontar las
cuotas que han sido satisfechas mediante el trabajo comunitario,
a razón de dos cuotas-multa por cada jornada de trabajo, baremo
establecido por el mismo artículo 53 CP.
5.5. Cumplimiento satisfactorio de la sanción
Si no ocurre ningún supuesto de los anteriores y la persona
penada cumple con las jornadas de trabajo impuestas por el órgano
sentenciador, se extinguirá su responsabilidad criminal, según lo
prescrito por el artículo 130.2 CP. Tras su finalización, el art. 10
RD 515/2005 dispone que los servicios sociales penitenciarios
deberán realizar un informe final que harán llegar al Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria, en el cual le comunicarán también las
vicisitudes que hayan ocurrido durante la ejecución.
Este informe será remitido por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria al Juzgado sentenciador, para que éste tenga conocimiento
del cumplimiento satisfactorio de la sanción y de la extinción de
la responsabilidad criminal. Asimismo, este mismo órgano sentenciador archivará el expediente, con lo que dará comienzo el plazo
de cancelación de los antecedentes penales.
Esta previsión ha sido objeto de críticas, ya que se considera
que las únicas circunstancias relevantes que deben ser comunicadas
al órgano judicial son las constitutivas del incumplimiento, y éste
no es el momento más adecuado para presentarlas. Sin embargo,
también se ha apuntado que durante la ejecución de la sanción
de trabajo en beneficio de la comunidad pueden ocurrir otras circunstancias, que en principio no producen ninguna consecuencia
jurídica, pero que es importante que estén en manos del órgano
jurisdiccional, como puede ser el nivel de realización del trabajo
por parte del infractor o infractora, o la relación que se ha mantenido con el centro de trabajo concreto487.
487)
216
BRANDARIZ 2002:338.
PARTE SEGUNDA:
EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN
DE LA SANCIÓN DE TRABAJO
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA
Una vez analizada la regulación legal de la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad voy a proceder a exponer la aplicación
práctica de esta sanción desde su incorporación en el CP 1995 en
Euskadi y Catalunya. A la hora de realizar este estudio parto de la
idea de que una pena como el trabajo en beneficio de la comunidad
debe estar encaminada a reducir el uso de la pena de prisión. Sin
embargo, numerosas deficiencias en su regulación y en la práctica
de los tribunales y de los órganos administrativos competentes en
su ejecución han relegado esta sanción a una aplicación prácticamente testimonial, sin incidencia real en el sistema de penas.
En esta parte se profundiza en diversas experiencias de aplicación de los trabajos en beneficio de la comunidad, con el objetivo
de comparar los diferentes modelos y proponer unas líneas de
actuación que posibiliten la implantación real de esta sanción en
Euskadi. Al mismo tiempo, se pretende contribuir al conocimiento
de la realidad práctica de una sanción como el trabajo en beneficio
de la comunidad en nuestro país.
Las experiencias que se han analizado y sobre las que discurre
este estudio están centradas en Euskadi y Catalunya, ya que la
escasez de medios y la dificultad a la hora de recopilar los datos
han imposibilitado un trabajo más amplio, dirigido a conocer la
situación real de esta sanción en otros países europeos. La selección
de estos territorios y, concretamente de Catalunya, para realizar la
comparación con la experiencia vasca se ha debido a una mayor
219
implantación de esta sanción con respecto a otros territorios del
Estado. Así, en un estudio realizado por la Generalitat de Catalunya
en el año 2003, se constata que la aplicación de la pena de trabajos
en beneficio de la comunidad en este territorio es bastante superior
a la media estatal, suponiendo cerca del 5 % del total de medidas
penales alternativas impuestas en el año 2000, mientras que en el
resto del Estado ningún año ha superado el 1 % del total de medidas
alternativas488. Del mismo modo, el desarrollo en Catalunya de un
modelo propio de ejecución penal, caracterizado por la existencia de un órgano administrativo destinado a las medidas penales
alternativas, ofrece un punto de análisis de particular interés a los
efectos de este estudio.
Por su parte, en Euskadi se han tenido en cuenta las experiencias de aplicación de la pena de trabajo en beneficio de la
comunidad en la jurisdicción penal de adultos y la de la medida
de prestaciones en beneficio de la comunidad regulada en la legislación penal de menores. Como se habrá podido comprobar, el
grueso de este estudio está centrado en la regulación de la pena de
trabajo en beneficio de la comunidad impuesta a personas adultas.
Sin embargo, al realizar la investigación se ha visto la necesidad de
analizar también la experiencia desarrollada con menores debido,
principalmente, a una mayor implantación de dicha medida penal
en nuestro territorio. Además, resultaba fundamental comprobar
si la falta de recursos disponibles en la ejecución penal de adultos
era exclusiva de este ámbito o se producía también en la aplicación
de la medida a los y las menores.
La recogida de los datos para la realización de esta investigación ha estado condicionada, por una parte, por las circunstancias
personales, debido a que se trata de un estudio a completar en un
período determinado de tiempo por una única persona, y no por
un equipo y, por otra, por las numerosas dificultades detectadas
a la hora de obtener los datos requeridos. La falta de estadísticas,
(488) JUSTIDATA 2003:6.
220
estudios empíricos y labores de centralización de datos sobre la
aplicación de las diferentes sanciones penales hace difícil ofrecer
una visión global de todas las intervenciones realizadas por las
diferentes administraciones, aunque sí han sido suficientes para
analizar la situación actual y poder establecer una serie de líneas
de actuación. Además, apenas existe coordinación o colaboración
entre los diferentes órganos que intervienen en este ámbito. Esta
falta de coordinación es más evidente cuando dichos órganos dependen de administraciones diferentes. Concretamente, en Euskadi
hay una notable incomunicación entre los órganos dependientes de
la administración penitenciaria y los que dependen de la administración vasca de justicia, desperdiciando así recursos que podrían
mejorar la calidad de las intervenciones penales e implementar las
medidas penales alternativas. Por último, las trabas burocráticas
a la hora de proporcionar los datos sobre la aplicación de las sanciones penales refleja un déficit de transparencia de la actuación
administrativa en este ámbito, la cual en principio debería ser
pública y fiscalizable por los y las ciudadanas, para garantizar
que se respetan los derechos de todas las personas inmersas en los
procesos penales. Esto ha complicado enormemente la obtención
de los datos necesarios para este estudio, ya que ha sido preciso
contrastar las referencias parciales proporcionadas por diferentes
fuentes para poder tener una visión más o menos completa de los
organismos e instituciones que participan en la ejecución de esta
sanción.
No obstante, considero que los datos manejados en la elaboración de este estudio son suficientemente representativos de
la situación actual de esta sanción, y posibilitan establecer unas
líneas de actuación que garanticen una aplicación más satisfactoria
de la misma.
Por otro lado, la diversidad de los datos analizados, tiene su
reflejo más evidente en el apartado dedicado a la ejecución de
la pena de trabajo en beneficio de la comunidad en Euskadi. La
falta de datos concretos sobre diferentes aspectos referentes a la
aplicación de esta sanción, y la particularidad de las fuentes que
221
han colaborado en la elaboración de este estudio, han imposibilitado seguir el mismo guión utilizado para la exposición de la
experiencia catalana y de la práctica desarrollada con menores.
De hecho, el análisis de ambas experiencias está basado en la información proporcionada por las administraciones competentes,
concretamente, el Departamento de justicia de la Generalitat y el
Servicio de justicia juvenil del Gobierno Vasco. Sin embargo, la
administración penitenciaria ha proporcionado unos datos muy
exiguos sobre la aplicación de esta sanción en Euskadi, lo que ha
impedido seguir el guión anterior. Además, la situación real de la
sanción en los diferentes Territorios Históricos, por ejemplo con
una aplicación nula en Gipuzkoa, obligaba a una exposición segregada por territorio. Por último, en Euskadi ha sido fundamental
la información recibida por parte de las entidades a las cuales se
ha entrevistado, a la que está dedicada un epígrafe completo.
Finalmente, teniendo en cuenta la variedad de las experiencias
analizadas es necesario explicar el orden seguido en la exposición.
Ésta comienza con la medida de prestaciones en beneficio de la
comunidad, debido a fue en la legislación penal de menores donde
se incorporó por vez primera esta sanción no privativa de libertad.
Además, las conclusiones que se extraen de este análisis no pueden
ser extrapoladas directamente a la práctica penal de adultos, aunque
sí tiene una gran relevancia conocer este modelo de aplicación en
Euskadi, así como los recursos con los que actualmente cuenta el
servicio. Posteriormente, el estudio se centra en la aplicación de
la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad regulada por el
Código penal. Concretamente, se expone la experiencia catalana,
haciendo especial hincapié en la organización y procedimiento
seguido por el Servicio de Medidas Penales Alternativas del Departamento de Justicia, y por último se analiza la situación actual
de la sanción en Euskadi. Al establecer este orden he preferido
anteponer la experiencia catalana, ya que así se facilita una mejor
comprensión, tanto de las deficiencias observadas en la aplicación
de la sanción en Euskadi, como de las líneas de actuación propuestas para conseguir una implantación más satisfactoria.
222
II. EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA
DE PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN EUSKADI489
1. Competencia de la ejecución de las medidas impuestas
por los Juzgados de Menores en Euskadi
En Euskadi existen 4 juzgados de menores (dos en Bizkaia,
uno en Araba y otro en Gipuzkoa), ubicados en las respectivas
capitales de cada Territorio Histórico.
La ejecución de las medidas impuestas por estos Juzgados de
Menores, en aplicación del art. 45 LORPM, es competencia de la
Administración vasca. Concretamente, el artículo 45.1 LORPM
dispone que la ejecución de las medidas adoptadas por los Juzgados de Menores corresponde a las Comunidades Autónomas,
las cuales llevarán a cabo la creación, dirección, organización
y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados
para garantizar la correcta ejecución de dichas medidas. Posteriormente, el art. 8.1 RD 1774/2004 ha fijado que estas funciones
serán desarrolladas por las entidades públicas designadas en cada
Comunidad Autónoma.
En el caso de Euskadi, la entidad pública a la que se refiere
el artículo anterior es el Departamento de Justicia, Empleo y
Seguridad Social del Gobierno Vasco, dentro del cual se ubica la
Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia,
a quien se ha atribuido dicha competencia. Más concretamente,
la responsabilidad de la ejecución de las medidas recae sobre el
Servicio de Justicia Juvenil.
(489) Los datos utilizados para el estudio de la experiencia práctica en Euskadi
de la aplicación de esta medida han sido obtenidos de la Memoria de trabajo del año 2003 del Servicio de Justicia Juvenil, los informes ordinarios
del Ararteko de los años 2000 y 2004, y las entrevistas realizadas a las
técnicas responsables de los Equipos de Medio Abierto de los territorios
de Bizkaia y Gipuzkoa.
223
Por lo tanto, el Servicio de Justicia Juvenil del Gobierno Vasco es el responsable directo de la ejecución de todas las medidas
impuestas por los Juzgados de Menores, tanto las privativas de
libertad como las de cumplimiento en medio abierto. Desde un
punto de vista organizativo, dicho Servicio está compuesto por una
persona responsable del Servicio, tres técnicas-coordinadoras y
otras tres técnicas territoriales de Justicia Juvenil, dos en Bizkaia y
otra en Gipuzkoa. La persona que realiza las funciones de técnico
territorial en Araba compagina su labor con la de técnico-coordinador de los territorios de Araba y Gipuzkoa.
En lo que respecta a la ejecución de medidas no privativas
de libertad, el Servicio está organizado en 4 Equipos de Medio
Abierto, 2 en Bizkaia, y otro en cada uno de los demás territorios. Estos Equipos de Medio Abierto tienen la titularidad de
la ejecución de las medidas de esa naturaleza, a pesar de que
la ejecución directa en cada Territorio difiere bastante, como
consecuencia de la facultad que los art. 45.3 LORPM y 8.1 RD
1774/2004 reconocen a las Comunidades Autónomas para establecer convenios o acuerdos de colaboración con otras entidades
públicas, o privadas sin ánimo de lucro para la ejecución de las
medidas.
Así, en aplicación de estos artículos recién mencionados, el
Servicio de Medio Abierto en Araba está concertado con el Instituto
de Reinserción Social de Euskadi (IRSE), una organización privada
sin ánimo de lucro que se encarga de la gestión, seguimiento y
ejecución de todas las medidas de medio abierto, entre ellas, la
medida objeto de este estudio: la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, serán los y las educadoras del
IRSE las que decidirán la entidad en la cual se desarrollarán las
prestaciones en beneficio de la comunidad, la actividad concreta
a realizar y llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento de
la medida. No obstante, a pesar de que la ejecución material de
la medida sea realizada por el IRSE, tanto la titularidad de la
competencia como la responsabilidad derivada de dicha ejecución
sigue siendo del Servicio de Justicia Juvenil del Gobierno Vasco,
224
el cual debe supervisar directamente el cumplimiento de todas
las medidas.
En los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa, el servicio de medio
abierto está concertado con Berriztu para los casos en los cuales
el o la menor se encuentre ya inmerso en la ejecución de alguna
otra medida gestionada por esta organización, mientras que en el
resto de los supuestos la ejecución de la medida será gestionada
directamente por el Servicio de Justicia Juvenil del Gobierno
Vasco. Berriztu490 es una asociación educativa que gestiona el
Servicio de Medidas en Medio Abierto en los territorios históricos
de Bizkaia, Gipuzkoa, y Nafarroa, la cual se encarga de llevar a
cabo el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada, tareas
socioeducativas, tratamiento ambulatorio, prestaciones en beneficio de la comunidad y permanencia de fin de semana en el domicilio. Asimismo, gestiona los centros educativos de los territorios
de Bizkaia y Gipuzkoa, a excepción del de Ibaiondo, gestionado
directamente por el Gobierno Vasco. Por lo tanto, en lo referente a
las prestaciones en beneficio de la comunidad, Berriztu las ejecuta
cuando el o la menor ha sido o está siendo objeto de otra medida
penal gestionada por esta asociación, ya que se considera que al
tener una intervención anterior con el mismo menor conocen cuál
es el momento más adecuado para la ejecución de esta medida,
al tiempo que se evita cambiarle de educador o educadora, lo que
aumenta la capacidad educativa de la medida. En cambio, cuando
la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad debe cumplirse de modo autónomo, su gestión corresponde directamente
al equipo de medio abierto. Estos últimos supuestos representan
la mayoría de las intervenciones, concretamente un 85% de las
medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad cumplidas
en ambos territorios, mientras que las gestionadas por Berriztu se
reducen a un 15% de los casos.
(490) Más información sobre la labor realizada por esta entidad puede consultarse en www.berriztu.com.
225
2. Evolución de las medidas impuestas en Euskadi
Antes de proceder a un estudio más exhaustivo sobre la medida de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, es
necesario conocer la evolución que han experimentado todas las
medidas impuestas a los y las menores infractoras en Euskadi,
para así tener una visión global del papel que juega cada una de
ellas, así como cuáles son las tendencias generales.
Estos datos globales se recogen en la siguiente tabla, referente
a todas las medidas impuestas en Euskadi:
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Mediación/Reparación
94
158
247
234
309
372
279
-
Amonestación
120
97
72
72
33
--
85
-
Libertad vigilada
53
60
56
65
135
176
191
259
53
39
77
83
123
185
321
431
4
3
9
7
26
31
18
25
Tareas socioeducativas
-
-
-
-
20
27
47
66
Acogimiento
-
-
-
-
2
3
3
5
-
-
-
-
-
-
-
-
5
8
15
16
42
62
71
88
22
31
51
64
63
98
110
142
351
396
527
541
753
954
1125
-
137
141
208
235
411
582
761
1018
Servicios en beneficio
de la comunidad
Tratamiento
ambulatorio
Asistencia a centro
de día
Internamiento fin de
semana
Internamiento en
centro
TOTAL
Total sin mediaciones
ni amonestaciones
(Fuente: Ararteko, Memoria del año 2004)
En primer lugar, es necesario destacar el aumento que han
experimentado todas las medidas en su conjunto, especialmente
a partir del año 2001, tras la entrada en vigor de la LO 5/2000.
Uno de los factores que ha provocado este notable incremento ha
sido, sin duda, la modificación del sector poblacional al que se
226
aplica la LORPM. De hecho, mientras que durante la vigencia de
la LO 4/1992 la legislación penal de menores se aplicaba a los y
las adolescentes entre 12 y 16 años, tras la entrada en vigor de la
LO 5/2000 la franja de edad de las personas sometidas a esta ley
se sitúa entre los 14 y 18 años491. Este cambio en la edad de la
responsabilidad penal de los y las menores ha supuesto, por una
parte, un mayor volumen de hechos delictivos detectados y, por
otra, una mayor gravedad general de los ilícitos, lo que ha derivado
en un incremento de las medidas impuestas.
No obstante, a pesar del crecimiento general en todas las
medidas, éste ha sido más acusado en las medidas cuyo cumplimiento se realiza en medio abierto (libertad vigilada, prestaciones
en beneficio de la comunidad, tratamiento ambulatorio y tareas
socio-educativas), las cuales han pasado de 157 en el año 2000 a
781 en el 2004, lo que demuestra una apuesta clara de los Juzgados
de Menores hacia las medidas no privativas de libertad. Esta tendencia no impide, sin embargo, que las medidas de internamiento
impuestas en Euskadi sigan aumentando, aunque en un porcentaje
menor a las medidas de medio abierto. Concretamente, de 64
internamientos en el año 2000 se ha pasado a 142 en el 2004,
representando este último año el 13,9% de todas las medidas
impuestas en los diferentes Juzgados de Menores.
Otro dato interesante que se desprende del análisis de la tabla
anterior, es la importancia que tienen las soluciones extrajudiciales en nuestro territorio, tal y como demuestra el gran número
de acuerdos de mediación y reparación concluidos. Así, a pesar
de que en el último año del que disponemos de datos, el 2003,
el número de mediaciones y reparaciones había disminuido, ésta
sigue siendo una vía muy utilizada de solución de conflictos en
la jurisdicción de menores, suponiendo una cuarta parte del total
de los casos resueltos en ese año.
(491) El artículo 4 LORPM preveía la ampliación de este margen de edad hasta
los 21 años, pero esta disposición fue suspendida por la LO 7/2000.
227
3. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad en Euskadi
A. Aproximación general
Las prestaciones en beneficio de la comunidad han experimentado un aumento constante prácticamente desde el año 1997, el
cual se ha vuelto más acusado desde la entrada en vigor de la LO
5/2000. Así, han pasado de 83 medidas de prestaciones en beneficio
de la comunidad en el año 2000, las cuales suponían el 35.3% del
total de las medidas impuestas por los juzgados de menores, a 431
medidas en el año 2004, el 42.3% del total de medidas. Además,
esta tendencia parece mantenerse durante los primeros meses
del año 2005, e incluso se estima que el número de medidas de
prestaciones en beneficio de la comunidad puede duplicarse con
respecto al año 2004, teniendo en cuenta el incremento sufrido
por esta medida en los primeros meses del año492.
Con respecto al juzgado de procedencia, en todos los territorios
representa más del 40% de las medidas impuestas, destacándose
el Juzgado de Vitoria-Gasteiz, en el cual supuso el 47% de las
medidas impuestas durante el año 2003.
La relevancia que durante los últimos años ha adquirido esta
medida está motivada por su idoneidad para conseguir los fines de
un derecho penal de menores basado en el modelo de responsabilización. De hecho, las prestaciones en beneficio de la comunidad
se muestran adecuadas para lograr la responsabilización de las
personas infractoras respecto al hecho punible y sus consecuencias, al tiempo que, en cierta medida, repara a la comunidad por
el daño cometido.
Para garantizar la eficacia de la medida es necesario que las
actividades a realizar por los y las menores cumplan una serie de
(492) Estimación realizada por las técnicas responsables de los Equipos de
Medio Abierto de Gipuzkoa y Bizkaia.
228
requisitos, los cuales deben ser tomados en cuenta por la entidad
pública encargada de la ejecución a la hora de planificar y evaluar
el cumplimiento493. Concretamente, los elementos que valoran los
y las técnicas del Servicio de Justicia Juvenil del Gobierno Vasco
a la hora de seleccionar la actividad son los siguientes:
- Permitir que el o la joven comprenda las consecuencias
de sus actos, para lo que es necesario que las actividades
estén diseñadas de forma que entienda aquello que se le
pide y que tenga las capacidades para realizarlas. Así, es
fundamental la aceptación voluntaria y el compromiso con
la actividad a desarrollar.
- Las actividades deben estar relacionadas con la naturaleza
de la infracción cometida. Así, por ejemplo, en los casos
en los que la falta o el delito haya sido cometido contra
las personas, se preferirá una actividad en la cual se desarrollen las habilidades sociales y el contacto con los y las
destinatarias del servicio.
Sin embargo, esta conexión no es siempre posible, por lo que
numerosas veces se preferirá priorizar las habilidades del o la
joven, aumentando así la capacidad educativa de la medida, en
detrimento del aspecto reparador.
- Debe realizarse en el propio entorno del joven, optando por las
entidades que se encuentren en el municipio donde se cometió
el ilícito o, si éste es diferente, en el cual reside el o la menor.
De esta manera, se le proporciona al menor contacto con
entidades que desempeñan su labor en su propio municipio
de residencia, y se evitan al máximo los desplazamientos.
- La persona infractora debe asumir su responsabilidad en
los perjuicios ocasionados.
(493) Estos requisitos han sido resaltados en el estudio sobre la regulación de
la prestación en beneficio de la comunidad, en el apartado II.2.1.2. de la
Primera Parte.
229
- La medida debe guardar cierta proporcionalidad con la
gravedad de los hechos cometidos.
- El tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y
el inicio de la ejecución debe reducirse lo máximo posible,
para aumentar así la capacidad educativa y reparadora de
la medida.
- La persona infractora debe estar acompañada por una figura
adulta que le procure cercanía emocional, así como una
supervisión continua.
B. Fases de la ejecución de la medida
La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad está
caracterizada, entre otras cosas, por la participación durante su
ejecución de diversos órganos y entidades que tienen asignados
unas competencias específicas en cada una de las fases. A éstas se
hace especial mención en este epígrafe, resaltando la necesidad
de una buena coordinación entre todas ellas para garantizar una
ejecución satisfactoria de la medida.
1. Remisión al Equipo de Medio Abierto correspondiente por
parte del Juzgado de Menores del testimonio y liquidación de la
medida impuesta, junto con el informe realizado por el Equipo
Técnico sobre su situación personal, familiar y social.
2. Designación de un o una profesional que se encargará de la
ejecución de la medida. Actualmente, el art. 10.1.3 RD 1774/2004
dispone que este nombramiento debe realizarse en el plazo máximo
de 5 días desde la recepción de la sentencia.
3. Diseño del plan de ejecución de la medida, el cual deberá
realizarse en el plazo de 20 días desde la designación del profesional responsable (art. 10.1.4 RD 1774/2004). Con este objetivo,
el o la profesional designada entrevistará al joven y su familia,
se pondrá en contacto con personal del centro educativo del o la
menor, con los servicios sociales de base del municipio de residencia del menor y con uno o más servicios comunitarios, para
230
conocer los recursos existentes en el municipio así como los más
idóneos para el cumplimiento de la prestación. Con la información
obtenida, y teniendo en cuenta especialmente las posibilidades
horarias del o la joven así como sus preferencias, el o la profesional
elaborará el plan de ejecución de la prestación en beneficio de la
comunidad, en el cual se explicará el contenido específico de la
prestación. Este contenido estará basado en la infracción cometida
y en la situación personal del o la joven. Posteriormente, este plan
de ejecución se remitirá al Juzgado de Menores y a la fiscalía para
su aprobación.
4. Ejecución de la prestación en beneficio de la comunidad.
La ejecución de esta medida dará comienzo el día acordado en
el plan de ejecución, con el inicio del desempeño de la actividad
en la entidad colaboradora. Por parte de la entidad, se señala una
persona responsable directa de la ejecución, la cual acompañará al
o la menor en las tareas a desarrollar y realizará la evaluación. Los
parámetros de dicha evaluación hacen referencia al desempeño de
la actividad, puntualidad, actitud, relación con los responsables y
relación con otras personas.
Esta evaluación practicada por la persona responsable de la
entidad tendrá su reflejo en los informes de seguimiento y en un
informe final, realizados por el o la profesional responsable de la
ejecución, los cuales son remitidos desde el Servicio de Justicia
Juvenil al Juzgado de Menores correspondiente. Actualmente,
cuando el plan de ejecución es muy largo, sí se realizan informes
de seguimiento durante el cumplimiento de la medida, pero cuando
ésta debe ejecutarse en el plazo de dos o tres meses, generalmente
sólo se remite el informe final, a su término. No obstante, en caso
de que durante la ejecución se produzcan incidencias graves que
deban ser puestas en conocimiento del Juzgado, sí se realizan estos
informes. Tras la entrada en vigor del RD 1774/2004, su artículo
13.2 b) dispone que la periodicidad mínima será de un informe
cada 25 horas cumplidas, cuando la medida sea igual o inferior
a 50 horas, y cada 50 horas cuando la duración de la medida sea
superior.
231
El seguimiento desarrollado por el o la profesional del Servicio
de Justicia Juvenil durante el cumplimiento de la prestación en
beneficio de la comunidad es continuo, generalmente mediante
comunicación telefónica con las entidades colaboradoras. Del
mismo modo, si surge algún problema durante la ejecución, las
entidades se ponen directamente en contacto con el o la profesional
responsable, tanto para que tenga conocimiento de éste, como para
que se ponga en contacto con el o la menor. En este sentido, se hace
mucho hincapié en las diferentes funciones y responsabilidades
que tienen las entidades colaboradoras y el Servicio de Justicia
Juvenil, ya que mientras las entidades únicamente proporcionan
el puesto de actividad y el seguimiento diario, la labor de control
propiamente dicha la realizan los y las técnicas del Servicio de
Justicia Juvenil del Gobierno Vasco, diferenciando por tanto ambas labores. No obstante, en el momento de solucionar cualquier
incidencia o problema surgido durante la ejecución, los y las técnicas responsables del servicio se suelen poner en contacto con la
persona responsable de la ejecución en la entidad, ya que es ésta
la que conoce mejor las circunstancias del hecho y las que están
tratando directamente con el menor, lo que facilita también dar
una respuesta adecuada al caso concreto.
C. Datos sobre las condiciones de cumplimiento de las medidas
de prestaciones en beneficio de la comunidad en Euskadi
Tal y como he referido al comienzo, las prestaciones en beneficio de la comunidad se han convertido en los últimos años en la
medida más utilizada por los Juzgados de Menores de Euskadi, suponiendo un 42,3% de todas las medidas impuestas durante el año
2004, sin tener en cuenta las mediaciones ni las amonestaciones.
El mayor incremento se ha producido a partir del año 2003, en el
cual el total de 321 prestaciones impuestas representaban también
el 42% de las medidas, mientras que en los años anteriores el peso
de esta medida se situaba entre el 30-35% del total de medidas.
No obstante, este incremento no ha tenido lugar únicamente con
respecto al peso relativo de las prestaciones en beneficio de la
232
comunidad sobre el total de medidas impuestas, sino también con
respecto al número total de prestaciones, prácticamente cuadruplicándose en los últimos cuatro años.
La distribución de las medidas de prestaciones en beneficio de
la comunidad en función del juzgado de procedencia es bastante
similar, teniendo un peso relativo en todas ellas de más del 40%
sobre el total de medidas.
El nivel de cumplimiento de esta medida es muy satisfactorio,
cumpliéndose prácticamente el total de las prestaciones en beneficio de la comunidad impuestas por los Juzgados. Por lo tanto, los
incumplimientos son mínimos, y están motivados generalmente
por causas especiales, como son la incapacidad sobrevenida del o la
menor, traslado de domicilio, etc. Concretamente, según los datos
aportados por el Servicio de Justicia Juvenil sobre el año 2003,
sólo un 7,1 % de los casos ha sido objeto de una modificación. De
éstos, el 3,1 % se ha dejado sin efecto, el 2,8 % está suspendida
y el 1,2 % ha sido sustituida por otra medida, generalmente, por
permanencias de fin de semana.
La calificación jurídica de los hechos que han originado la imposición de esta medida se corresponde con hechos delictivos leves
(faltas) y delitos menos graves, en consonancia con los artículos
7 y 9 LORPM. Así, durante el año 2003, el 56,7 % de los ilícitos
sancionados con esta medida eran faltas, mientras que el 43,3 %
correspondieron a delitos. En lo referente a los delitos, destacan
los robos (35,3 %), los hurtos (12, 9 %), los delitos contra la salud
pública (12,2 %), las lesiones (9,4 %), los daños (7,2 %), etc. Es
decir, dominan los delitos menos graves contra el patrimonio,
aunque en algunos casos también se ha impuesto para sancionar
delitos de gravedad media, cuando la situación personal y familiar
del o la menor no presenta ningún patrón desestructurador, y se ha
considerado suficiente para responsabilizarle por sus actos.
Esta calificación jurídica de los hechos tiene una relación directa con el número de horas a cumplir en la prestación en beneficio
de la comunidad. Como regla general, hay que recordar que el
233
art. 9 LORPM establece que las faltas serán sancionadas con un
máximo de 50 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad
y que en los delitos la duración de esta medida no podrá exceder
las 100 horas, a excepción de que el o la menor haya cumplido en
el momento de la comisión de los hechos 16 años y haya realizado el delito utilizando violencia o intimidación en las personas o
con grave riesgo para su vida o su integridad, en cuyo caso podrá
imponerse una medida de hasta 200 horas de duración.
En la práctica, y a falta de datos más exactos, la duración media
de las medidas impuestas por el Juzgado de Menores de Gipuzkoa
es de 30 horas, mientras que en las medidas impuestas por los Juzgados de Menores de Bizkaia suelen rondar las 50 o 60 horas. La
duración media de las prestaciones impuestas durante el año 1999,
sin embargo, era de 14 horas, lo que ha supuesto un incremento
considerable en los últimos años, producido, seguramente, por
los cambios incorporados por la LO 5/2000. Además, estos datos
reflejan una mayor punición de los ilícitos en Bizkaia, la cual en
principio no parece que esté motivada por una mayor gravedad de
los hechos cometidos en este territorio, por lo que sería necesario
hacer un estudio más profundo sobre este tema.
Por otra parte, hay que tener en cuenta lo que supone para
un o una joven tener que cumplir una medida de prestaciones en
beneficio de la comunidad de larga duración y el aumento del
peligro de quebrantamiento cuando ésta es excesiva. De hecho,
la mayoría de las horas se ejecutan durante los fines de semana
y en periodos estivales, cuando los y las menores no tienen que
acudir a los centros educativos, generalmente en periodos de 3
o 4 horas cada día, por lo que el cumplimiento de una medida
de larga duración puede dilatarse excesivamente en el tiempo,
complicando su ejecución satisfactoria. Así, la ejecución de una
medida de 30 horas de duración suele prolongarse durante 2 o 3
meses, periodo que se dilata enormemente cuando la duración
de la medida es cercana o supera las 50 horas, lo que aumenta el
peligro de quebrantamiento y exige una gran flexibilidad, con el
objetivo de lograr su realización satisfactoria.
234
Otro elemento importante de análisis que influye en la consecución de los fines de responsabilización y reparación que en
principio informan esta medida, es el tiempo transcurrido entre la
comisión de los hechos y la ejecución efectiva de la medida. En
este sentido, y durante el año 2003, únicamente en el 12 % de los
casos el tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos y la
demanda de ejecución al Servicio de Justicia Juvenil fue inferior
a 6 meses, mientras que en el 47,7 % de los casos este periodo
fue superior a un año, lo que supone un lapso temporal excesivo,
especialmente si tenemos en cuenta que la mayoría de los ilícitos
cometidos por los y las menores son faltas.
Posteriormente, el tiempo transcurrido entre la recepción de
la sentencia por el Servicio de Justicia Juvenil y el comienzo de
la ejecución efectiva de la medida, ha sido, en el 45,8 % de los
casos inferior a 30 días, produciéndose un retraso superior a los
2 meses en el 21 % de los supuestos.
Estos datos nos sitúan en unas dilaciones de la ejecución de la
medida de prestaciones en beneficio de la comunidad totalmente
excesivas, las cuales dificultan considerablemente la consecución
de los objetivos educativos de la medida. En este sentido, hay que
recordar que la proximidad entre el ilícito y la medida permite
al o la menor relacionar ambos elementos, facilitándose así que
pueda responsabilizarse de sus actos y de las consecuencias que
éstos tienen, lo que aumenta la capacidad educativa de la medida.
Además, elimina el sentimiento de impunidad que numerosas
veces está presente tanto en la sociedad como entre los mismos
menores.
D. Perfil de los y las menores a quienes se ha impuesto esta
medida durante el año 2003
Conocer el perfil de los y las menores a quienes se ha impuesto esta medida durante el año 2003 nos puede acercar a
los criterios utilizados por los juzgados de menores a la hora
de valorar la adecuación de las prestaciones en beneficio de la
235
comunidad para sancionar determinados ilícitos penales cometidos por menores. Los parámetros utilizados en este análisis han
sido el sexo del o la infractora, su edad, el lugar de nacimiento,
su situación familiar y si se trata de menores “reincidentes”,
factores todos ellos que influyen en la decisión tomada por el
Juzgado de Menores.
- En función del sexo, el 88,8 % son chicos y el 11,2 % chicas.
Estos datos hay que compararlos, por una parte, con el resto de
medidas impuestas durante el año 2003 y, por otra, con la experiencia del año 1999.
Durante el año 1999, antes de la entrada en vigor de la LO
5/2000, de las 77 medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad impuestas en Euskadi, el 23,3 % (18) fueron impuestas
a chicas, mientras que en 59 casos (76,6 %) fueron chicos. Estos
datos expresaban una diferencia significativa a la hora de aplicar
las medidas en función del sexo de la persona infractora, ya que
la proporción entre chicos y chicas con respecto al total de las
medidas era de cuatro a una. Por lo tanto, se daba una desviación
al alza bastante grande en la proporción de chicas a las que se
imponía esta medida, que tampoco se correspondía con el tipo de
ilícitos cometidos por éstas.
Con lo que respecta al año 2003, la distribución media del total
de las medidas se sitúa en un 9,9 % de chicas y 90,1 % de chicos,
lo que en un principio parece disminuir la desviación verificada
en el año 1999. Sin embargo, si ponemos estos datos en relación
con otras medidas, esta mayor preferencia por las prestaciones
en beneficio de la comunidad para las chicas parece mantenerse.
Así, los tratamientos ambulatorios fueron íntegramente impuestos
a chicos, y tanto las permanencias de fines de semana como los
internamientos suponen un 94 % de los casos a los chicos, a excepción de los internamientos cautelares, donde éstos se reducen
al 79 % de los supuestos. Por lo tanto, puede deducirse que parece
mantenerse la tendencia a imponer a las chicas las prestaciones
en beneficio de la comunidad, en detrimento de otras medidas,
236
conclusión ésta parcial al no poderse confrontar estos datos con
el tipo de ilícitos cometidos en función del sexo.
- La edad media en el momento de la comisión de los hechos
es de 16,4 años, siendo el 63,9 % de los y las adolescentes mayores de 16 años.
Si se relaciona esta edad con el tiempo medio transcurrido
entre la comisión del hecho y el inicio de la ejecución de la medida, resulta que la mayoría de las intervenciones se realizan con
adolescentes que se encuentran cercanos a la mayoría de edad, o
que incluso han cumplido ya los 18 años, lo que supone una dificultad mayor en las intervenciones educativas y en la búsqueda
de prestaciones adecuadas.
- En cuanto al lugar de nacimiento, la mayoría son originarios de Euskadi (78,8 %), frente al 14,6 % que han nacido en el
extranjero y 6,5 % que han nacido en otra comunidad autónoma
del Estado.
- El 76,3 % conviven con su familia y no tienen abierto ningún
expediente de guarda o tutela por los servicios de protección a la
infancia.
- Con respecto al nivel de “reincidencia”, a falta de datos
más exactos sobre la efectividad de la medida de prestaciones en
beneficio de la comunidad, se puede recurrir a los datos existentes
sobre el total de las medidas. Según éstos, el 72,6 % de los y las
menores han sido objeto de una única medida judicial, elevándose
casi hasta el 90 % quienes han debido cumplir una o dos medidas
durante el año 2003. Por tanto, estos datos reflejan que en la mayoría de los supuestos la acción delictiva es puntual.
Este perfil de los y las adolescentes que cumplen una medida
de prestaciones en beneficio de la comunidad ratifica la apreciación, tanto doctrinal como de las técnicas del Equipo de Medio
Abierto, sobre la idoneidad de esta medida para jóvenes que no
tienen graves problemas de socialización y que suelen cometer la
acción delictiva de manera puntual.
237
E. Entidades colaboradoras
Las entidades colaboradoras donde se desempeñan los trabajos
en cumplimiento de esta medida representan el soporte básico de
todo el servicio, sin el cual no podría llevarse a cabo su ejecución
efectiva. Durante los últimos años ha ido aumentando el número de entidades en las cuales los y las menores pueden realizar
alguna prestación, y se han ido diversificando en función de las
necesidades y capacidades de estos menores.
Así, a lo largo del año 2003 fueron 96 las entidades que colaboraron con el Servicio de Justicia Juvenil, ofreciendo diferentes
puestos de actividad. De éstas, 53 estaban ubicadas en Bizkaia,
28 en Gipuzkoa y 15 en Araba, número que ha ido aumentando
en el último año. Asimismo, 19 eran ayuntamientos, 24 centros y
servicios públicos (centros escolares, centros de protección o de
justicia juvenil, residencias de la tercera edad, etc.) y el resto eran
entidades privadas, la mayoría, sin ánimo de lucro.
En este caso, es necesario hacer una especial mención a las
entidades privadas con ánimo de lucro en las cuales se han cumplido prestaciones en beneficio de la comunidad, ya que éstas
deberían estar excluidas como entidades colaboradoras. De hecho,
anteriormente el Gobierno Vasco tenía firmados convenios con
RENFE, Euskotren y Metro-Bilbao para garantizar la colaboración de estas organizaciones en caso de considerarse oportuna su
intervención494, aunque no se obligaba a recurrir automáticamente
a ellas, convenios que actualmente no están en vigor debido a la
escasa utilización que se ha hecho de ellos. No obstante, aunque
estos convenios hayan sido sancionados, de los datos se deriva
que algunas medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad
se han ejecutado efectivamente en empresas o entidades privadas
con ánimo de lucro, práctica que difícilmente se adecua a la legislación penal de menores. Así, tanto el punto 15 de la Exposición
(494) ARARTEKO 1998:63.
238
de Motivos como el artículo 7.1.j) de la LORPM disponen que las
actividades a realizar por el o la menor serán de interés social o en
beneficio de personas en situación de precariedad. Además, aparte
de estos dos requisitos, el artículo 20.2 RD 1774/2004 establece
que las actividades no estarán supeditadas a la consecución de
intereses económicos, condición de difícil cumplimiento cuando
las entidades donde se ejecuta la medida son empresas con ánimo
de lucro, cuyo fin es, por principio, el incremento de sus beneficios
económicos. Asimismo, hay que tener en cuenta el objetivo educativo que orienta la ejecución de esta medida, proporcionándole al
adolescente contacto con personas voluntarias que invierten parte
de su tiempo libre en actividades altruistas, así como la posibilidad
de conseguir una satisfacción personal desarrollando actividades
que redundan en una mejora de los intereses generales de la sociedad, o de personas concretas en situación de precariedad. Por
último, el desempeño de actividades en empresas con ánimo de
lucro puede suponer una forma de lograr mano de obra gratuita
para estas entidades, peligro que hay que evitar al máximo. Por
estos motivos, considero que las entidades privadas con las que
colabore el Servicio de Justicia Juvenil deben limitarse a aquellas
que carezcan de ánimo de lucro, y que realmente realicen labores
de interés social.
Con respecto a las entidades privadas sin ánimo de lucro con
las que colabora el Servicio de Justicia Juvenil, cabe destacar Cruz
Roja (servicio de reparto de alimentos, de transporte para personas
con discapacidad, puestos de primeros auxilios, actividades para
la población infantil, etc.), Merkadeko (programas de reparto de
alimentos), Zuzenak (deportes para personas discapacitadas),
asociaciones gitanas, ludotecas, educadores de calle y equipos de
intervención educativa, centros de iniciación profesional, clubs
de tiempo libre, Cáritas, sociedades protectoras de animales,
programas de ocio alternativo, etc.
En resumen, las entidades dispuestas a colaborar son muy
numerosas, y únicamente es necesario facilitarles su labor desde
el órgano administrativo competente y realizar campañas de infor239
mación, dirigidas tanto a las propias entidades como a la sociedad
en general. De hecho, las técnicas de los Equipos de Medio Abierto
han resaltado la importancia de ofrecer a las entidades información
completa y detallada sobre la medida, las funciones y responsabilidades que tienen tanto ellas mismas como el Servicio de Justicia
Juvenil del Gobierno Vasco, el procedimiento a seguir en casos
de que surjan problemas durante la ejecución, etc.
Con respecto a la conveniencia de materializar convenios con
diferentes entidades privadas sin ánimo de lucro con el objetivo de
garantizar puestos de actividad, éstos no se consideran oportunos,
ya que la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad está
caracterizada por la individualización en función de las características
de cada caso (disponibilidad horaria, tipo de trabajo, preferencia del o
la adolescente, lugar de cumplimiento, etc.), por lo que los convenios
únicamente servirían para restarle riqueza y vitalidad al servicio. No
obstante, sí es posible que en un futuro, si siguen aumentando mucho
las prestaciones a realizar, éstos sean necesarios para garantizar la
existencia de plazas disponibles. De todas maneras, e incluso en caso
de que se estime conveniente la realización de estos convenios, éstos
deberían limitarse a ofrecer puestos de actividad para los supuestos
en los cuales se consideren adecuados, dejando un amplio margen
para la colaboración con otras entidades.
Otro factor a tener en cuenta con respecto a las entidades
colaboradoras, es el hecho de que numerosas veces éstas carecen
de la infraestructura necesaria para posibilitar el cumplimiento de
esta medida, a pesar de que las labores que desarrollan sí se muestran adecuadas para participar en este programa. Estos supuestos
pueden darse especialmente en municipios pequeños, donde el
movimiento asociativo es menor, o incluso en las ciudades, en el
caso de asociaciones pequeñas que trabajan en diversos campos
del voluntariado. En mi opinión, en estos casos deberían ponerse
los medios pertinentes desde la administración para posibilitar
la realización de actividades en estas entidades, como puede ser
idear un nuevo sistema de control y seguimiento, o ampliar la
flexibilidad en el cumplimiento de la medida.
240
F. Tipos de trabajos desarrollados
Las tareas desarrolladas por los y las menores en cumplimiento
de esta medida están caracterizadas por la diversidad y la individualización en cada caso, por lo que resulta imposible exponerlas
todas. No obstante, sí hay que tener en cuenta que, en el momento
de seleccionar tanto la entidad como la actividad, los parámetros
con los que trabajan las técnicas del Servicio de Justicia Juvenil
son: la proximidad con su lugar de residencia, las preferencias,
capacidades y habilidades de los y las menores, su disponibilidad
horaria, su adecuación para la consecución de fines educativos y
la relación entre el ilícito cometido y la actividad a desempeñar.
Las agrupaciones de las tareas realizadas por el Servicio de
Justicia Juvenil son las siguientes:
- Actividades dirigidas a la tercera edad: residencias de personas ancianas, centros de día, programas de acompañamiento.
- Actividades con personas discapacitadas: transporte adaptado, programas de acompañamiento, deporte adaptado, etc.
- Actividades dirigidas a la infancia: ludotecas, clubs de
tiempo libre, organización de actividades para niños y niñas,
etc.
- Actividades dirigidas a otros grupos de población: comisiones antisida, asociaciones gitanas, etc.
- Programas de reparto de alimentos y comercio justo/solidario: Merkadeko y Cruz Roja.
- Tareas de mantenimiento, jardinería, etc.: ayuntamientos,
centros escolares y de menores, centros de iniciación profesional.
- Tareas administrativas.
- Actividades formativas.
- Otras.
En definitiva, las actividades a realizar en cumplimiento de
esta medida son infinitas, y su materialización depende mucho de
la imaginación del o la profesional que deba buscarlas. Para ello,
241
no obstante, es necesario un contacto continuado con las entidades
potencialmente receptoras y la selección adecuada de las tareas
en función de las capacidades y situación personal y social del o
la menor, para evitar al máximo problemas durante la ejecución,
que puedan ocasionar el rechazo posterior de la entidad a seguir
colaborando con la entidad pública.
G. Protección de los y las menores
En relación a la protección de los y las menores que están
cumpliendo una medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, hay que señalar que actualmente la Dirección de Derechos
Humanos del Gobierno Vasco tiene suscrito un convenio con la
entidad aseguradora Lagunaro, el cual comprende un seguro de
responsabilidad civil por los daños que se pudiesen ocasionar
durante el cumplimiento de la prestación, y otro de protección de
los y las menores frente a accidentes y enfermedades laborales.
Este sistema, sin embargo, ha sufrido una variación tras la entrada
en vigor del art. 20.4 RD 1774/2004, el cual dispone que “durante
la prestación de la actividad, el menor que tenga la edad legal
requerida gozará de la misma protección prevista en materia de
Seguridad Social para los sometidos a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad por la legislación penitenciaria y estará
protegido por la normativa laboral en materia de prevención de
riesgos laborales. Al menor que no tenga dicha edad, la entidad
pública le garantizará una cobertura suficiente por los accidentes que pudiera padecer durante el desempeño de la prestación
y una protección que en ningún caso será inferior a la regulada
por la normativa laboral en materia de prevención de riesgos
laborales.”
La edad legal a la que hace referencia el presente artículo es
la de 16 años, en aplicación de los artículos 7.1 LGSS 1/1994, de
20 de junio, y art. 6 Estatuto de los Trabajadores, RDLeg 1/1995.
Por lo tanto, los mayores de esta edad estarán protegidos por el
sistema de la Seguridad Social, en los mismos términos que se
242
establece para las personas que estén cumpliendo una pena de
trabajo en beneficio de la comunidad495. En este caso, el artículo
no determina la entidad que debe hacerse cargo de la cotización,
pero parece que debería seguir siendo el Servicio de Justicia Juvenil del Gobierno Vasco.
Por su parte, los y las menores de 16 años seguirán estando protegidas por el convenio suscrito con dicha entidad aseguradora.
En lo referente a los gastos de manutención y transporte, hasta
el momento no se ha hecho cargo la entidad pública competente
porque no se ha dado la situación, aunque en un principio asumiría
ella dichos gastos.
Asimismo, diversos gastos ocasionados durante la ejecución
de la prestación en beneficio de la comunidad, cuando las tareas
a realizar han consistido en labores de mantenimiento, han sido
también sufragados por la entidad pública competente, con el fin
de limitar al máximo los gastos que deben ser asumidos por las
entidades colaboradoras.
4. Conclusiones
- El órgano público competente en la ejecución de las medidas impuestas por los Juzgados de Menores es el Servicio de
Justicia Juvenil del Gobierno Vasco, órgano que debe garantizar
la existencia de los medios humanos y materiales necesarios
para el cumplimiento satisfactorio de las medidas penales. La
adjudicación de dicha competencia a la administración vasca es
valorada de forma positiva por parte de los diferentes agentes
implicados en la ejecución de las medidas, debido a que aporta
cercanía institucional, aumentando la confianza de las entidades
colaboradoras.
(495) Ver apartado IV.2.7 de la primera parte.
243
En el desarrollo de sus competencias, y basándose en la facultad reconocida por los art. 45.3 LORPM y 8.1 RD 1774/2004, el
Servicio de Justicia Juvenil ha suscrito convenios o acuerdos de
colaboración con diferentes organizaciones privadas sin ánimo de
lucro para la ejecución práctica de las medidas en medio abierto,
las cuales serán responsables de la búsqueda de las entidades colaboradoras, selección de los puestos de trabajo, seguimiento del
cumplimiento, etc. Estas organizaciones son: el IRSE en Araba,
el cual gestionará todas las medidas de prestaciones en beneficio
de la comunidad impuestas por el Juzgado de Menores de dicho
territorio, y Berriztu en Bizkaia y Gipuzkoa, el cual gestionará las
medidas impuestas a los y las menores que se encuentren ejecutando otra medida de medio abierto gestionada por dicha entidad. En
estos dos últimos territorios, el resto de medidas de prestaciones
en beneficio de la comunidad serán gestionadas directamente por
los Equipos de Medio Abierto del Servicio de Justicia Juvenil.
Estos convenios pueden resultar adecuados para lograr una
mejor ejecución de las medidas, pero, sin duda, sería preferible
una organización del servicio similar en los diferentes territorios,
manteniendo la centralidad de la competencia el Servicio de Justicia Juvenil, entidad pública responsable en la materia.
Por otra parte, aunque la gestión de las medidas haya sido reconocida a otras entidades privadas, la titularidad de la competencia
y la responsabilidad derivada de la ejecución de las medidas sigue
siendo del Servicio de Justicia Juvenil del Gobierno Vasco, el cual
debe realizar una supervisión continua de las actuaciones llevadas
a cabo por estas entidades, supervisión que en la práctica no está
bien definida. Por este motivo, no puede utilizarse la existencia de
estos convenios para proceder a una dejación de sus competencias,
privatizando el servicio. Así, debe quedar claro cuál es el órgano
administrativo competente en la ejecución de las medidas y cuáles son sus responsabilidades para lograr un servicio adecuado,
que posibilite la ejecución satisfactoria de las diferentes medidas
impuestas por los Juzgados.
244
Asimismo, la existencia en algunos casos de esta entidad
intermedia puede complicar la claridad de la organización del
servicio, y aumentar los procedimientos burocráticos, produciendo
una mayor lentitud del servicio. Estos riesgos deben ser evitados
garantizando la calidad de las relaciones entre la entidad gestora y
la entidad pública competente, actuando siempre con transparencia
y ofreciendo una información completa tanto a los y las menores
que son objeto de intervención, a sus familias o tutores, a las entidades colaboradoras y a la sociedad en general.
- En los últimos años, y especialmente desde la entrada en
vigor de la LO 5/2000 se ha producido un aumento considerable
del número de medidas impuestas por los Juzgados de Menores
de Euskadi, tendencia corroborada también en otros territorios
del Estado496.
Este crecimiento ha sido proporcionalmente muy superior en
las medidas de medio abierto, pero esto no ha evitado que las medidas de internamiento hayan seguido también aumentando. Así,
no parece que la incorporación a la legislación penal de menores
de diferentes medidas no privativas de libertad haya conseguido el
objetivo que en un principio parecían tener, es decir, la consecución de un sistema penal donde la imposición de las medidas más
restrictivas de derechos quede limitada a los casos más extremos.
Por el contrario, las medidas de internamiento han mantenido su
peso relativo y únicamente se ha producido una variación entre la
preferencia por una u otra medida no privativa de libertad.
Durante los últimos años sobre los que disponemos datos, las
soluciones extrajudiciales, es decir, las mediaciones/reparaciones
y las amonestaciones, han disminuido, tanto en número como en
importancia relativa. De este modo, por ejemplo en el año 2001,
primer año de vigencia de la LO 5/2000, se dieron 309 casos de
mediación/reparación, lo que suponía el 41% del total de los su(496) Así sucede, por ejemplo, en Andalucía, según el informe al Parlamento
realizado por el Defensor del Menor de Andalucía en el año 2003.
245
puestos solucionados por la jurisdicción de menores (incluyendo
tanto las soluciones extra-judiciales como las medidas impuestas
por los juzgados). En el año 2003, en cambio, el número total de
mediaciones se redujo a 279, que suponían el 24,8 % del total de
los casos conocidos por la jurisdicción penal de menores. Por el
contrario, las medidas de medio abierto impuestas en los juzgados
han experimentado la evolución contraria, pasando de 304 en el año
2001 (40 % del total) a 562 en el año 2003, casi el 50 % del total,
tendencia que se ha mantenido también durante el año 2004.
Por lo tanto, de los datos anteriores, aunque esta conclusión
sea parcial y deba ser examinada con mayor profundidad tras unos
años de vigencia de la LO 5/2000, parece extraerse que realmente no se ha producido una sustitución de las medidas privativas
de libertad por otras cuyo cumplimiento se desarrolle en medio
abierto, sino que únicamente ha habido una variación entre las
mismas medidas de medio abierto impuestas.
- Las prestaciones en beneficio de la comunidad se han convertido en los últimos años en la medida más aplicada en los
Juzgados de Menores de Euskadi, suponiendo el 42,3 % del total
de las medidas impuestas en el año 2004 (sin tener en cuenta las
mediaciones y las amonestaciones). Esta tendencia parece, en un
principio, positiva, fundamentada en las capacidades educativas
que caracterizan a esta medida, pero tras un estudio comparativo
con el resto de respuestas dadas en la jurisdicción penal de menores, esta conclusión debe ser matizada.
Así, el mayor número de prestaciones en beneficio de la
comunidad sanciona actuaciones delictivas leves, especialmente
faltas, frente a las cuales la LORPM dispone que puede reaccionarse mediante una amonestación, prestaciones en beneficio de
la comunidad, permanencias de fin de semana y privación del
permiso de conducir. De estas medidas, la amonestación es la que
ha sufrido un mayor retroceso, utilizándose bastante antes de la
entrada en vigor de la LO 5/2000, pero perdiendo su peso relativo
en los últimos años. Esta importancia relativa, sin embargo, ha sido
246
asumida por las prestaciones en beneficio de la comunidad y las
permanencias de fin de semana, medidas que, sin lugar a dudas,
tienen un mayor nivel de punición que la anterior.
La primacía de las prestaciones en beneficio de la comunidad
parece estar motivada por las capacidades educativas que tiene
esta medida, tanto para responsabilizar al o la menor respecto de
sus actos y las consecuencias que éstos tienen, como para servir
de reparación simbólica por el daño causado a la comunidad. Sin
embargo, y sin negar estas potencialidades, hay que recordar que
sigue siendo una medida penal, dotada de un grado de punición
medio, y que no se puede abusar de ella basándose en el beneficio
en abstracto que va a aportar al o la menor. Es decir, hay que tener
en cuenta que son medidas penales, sancionadoras, y que numerosas veces se están utilizando de manera abusiva para sancionar
conductas leves puntuales de determinados jóvenes, para los que
seguramente hubiese sido suficiente una medida más liviana.
Estas apreciaciones, además, son corroboradas por el perfil
de los y las menores que cumplen estas prestaciones en beneficio
de la comunidad, quienes en su mayoría han cometido el hecho
delictivo de manera puntual, teniendo éste una gravedad mínima
y que no tienen problemas de socialización. Menores para los
que seguramente el paso por los órganos judiciales ha supuesto
ya suficiente reproche por su conducta.
Además, otra consecuencia derivada del abuso de las medidas intermedias, como puede ser la prestación en beneficio de la
comunidad, es un incremento escalonado del rigor punitivo, ya
que si para sancionar conductas de poca entidad se utilizan este
tipo de medidas, las conductas de mayor gravedad, para las que en
principio habían sido diseñadas estas medidas, deberán ser objeto
de sanciones más restrictivas, renunciando, por tanto, a un sistema
penal basado en el principio de proporcionalidad.
No obstante, el abuso de las medidas penales, fundamentándose en su capacidad educativa y el beneficio que van a ocasionar
en el o la joven, no es privativo de las prestaciones en beneficio
247
de la comunidad, sino que es una práctica muy utilizada en todo
el sistema penal de menores. De hecho, actualmente hay en la
sociedad una tendencia bastante acusada a judicializar todo tipo
de problemas, por lo que actuaciones que anteriormente hubiesen
quedado en el ámbito familiar y se hubiese buscado una solución
en el interior de la comunidad, ahora son objeto de denuncia y, en
última instancia, de una medida penal. Por lo tanto, sí se aprecia
un uso abusivo de las medidas, no sólo de las prestaciones en
beneficio de la comunidad, sino de todas en general.
- Con respecto a las prestaciones en beneficio de la comunidad impuestas en Euskadi, y la relación entre la calificación de
los hechos sancionados y el número de horas a cumplir, a falta
de datos más exactos en función de los ilícitos cometidos, parece
derivarse un número excesivo de horas para sancionar conductas
de leve gravedad. De hecho, hay que tener en cuenta la población
a la cual van dirigidas estas medidas, menores en proceso de
maduración que han realizado algún ilícito de manera puntual, y
para quienes es necesario contar con respuestas adecuadas, priorizando siempre el interés del menor. Además, dichas respuestas
deben ser proporcionadas a los ilícitos cometidos, y no parece que
una falta deba ser sancionada con un número de horas superior a
20 ó 30, valorando también lo que va a suponer para esa persona
estar durante 2 ó 3 meses cumpliendo la medida en su tiempo
libre. Por tanto, hay que evitar imponer un número excesivo de
horas que únicamente aumentan el aspecto punitivo de la medida
e incrementan las posibilidades de quebrantamiento.
- Otro aspecto al que hay que hacer referencia es el excesivo
tiempo transcurrido entre la comisión del hecho delictivo y el
comienzo de la ejecución de la medida impuesta en los Juzgados
y, especialmente, entre la comisión del hecho y la imposición de
la medida judicial. El periodo medio de dilación, cercano al año,
es sin duda totalmente contraproducente para lograr los objetivos
marcados por la legislación penal de menores, disminuyendo las
potencialidades educativas de la medida y aumentando el sentimiento de impunidad tanto en los y las jóvenes, como en el resto
248
de la sociedad. Por este motivo, sería necesaria la adopción de
medios dirigidos a reducir estos períodos, potenciando la proximidad entre los hechos y la medida.
Asimismo, al tiempo que se ponen estos medios para agilizar el
sistema jurisdiccional, debería también mejorarse la coordinación
entre los diferentes órganos, evitando a los y las menores trámites
innecesarios o que podrían realizarse de una manera coordinada.
Así, y en aras del interés de los y las menores, deberían intensificarse las relaciones y la coordinación entre los equipos psicosociales, los equipos de medio abierto, la fiscalía y los Juzgados,
con el objetivo de realizar, entre otras cosas, las citaciones de
modo compatible, respetando al máximo las obligaciones diarias
de los y las menores.
- Las entidades colaboradoras que participan en este programa,
facilitando puestos de trabajo donde poder cumplir las medidas
han ido creciendo en los últimos años, al tiempo que se diversificaban en función de las necesidades del servicio. Este hecho
nos demuestra que sí hay entidades dispuestas a colaborar con
el Departamento de Justicia, posibilitando el cumplimiento de
medidas no privativas de libertad, pero que para ello es necesario
un trabajo previo de las personas responsables del servicio, poniéndose en contacto con dichas entidades e informándoles de los
diferentes aspectos de la medida a cumplir. Por lo tanto, en primer
lugar se muestra oportuno el desarrollo de campañas informativas,
dirigidas tanto a las entidades potencialmente receptoras, como a
la sociedad en general, con el objetivo de eliminar las reticencias
que todo cumplimiento penal provoca.
Además, deberían establecerse mecanismos para posibilitar
que entidades privadas sin ánimo de lucro que realizan una labor
social, pero que carecen de la infraestructura necesaria para acoger
a una persona en cumplimiento de esta medida, puedan participar
en el programa. Para ello, sería oportuno que las profesionales
responsables del cumplimiento de la medida realizaran la labor
de seguimiento de manera más continuada, y se potenciase el
249
principio de flexibilidad, presente ya en las ejecuciones de las
prestaciones en beneficio de la comunidad.
No obstante, hay que señalar que numerosos recursos comunitarios se están saturando como consecuencia del aumento de
esta sanción, tanto de las medidas de prestaciones en beneficio
de la comunidad impuestas por los Juzgados de Menores, como
de las prestaciones en beneficio de la comunidad derivadas de los
acuerdos de mediación y conciliación y de la potenciación de la
pena de trabajos en beneficio de la comunidad en la legislación
penal de adultos. Para evitar esta saturación es necesario que los
diferentes órganos competentes de la ejecución de cada una de ellas
se coordinen y no acudan a las mismas entidades, por lo menos,
a aquellas cuyos recursos sean limitados.
- Con respecto a las entidades privadas con ánimo de lucro,
éstas deberían ser excluidas como entidades colaboradoras, para
evitar la utilización de las personas sometidas a esta medida con
fines económicos.
- Las actividades desarrolladas por los y las menores en
cumplimiento de esta medida deben seguir caracterizándose por
la individualización y la adecuación a sus capacidades y habilidades. Así, deben prevalecer aquellas que tengan una potencialidad
educativa, intentando relacionar la clase de ilícito cometido con
el tipo de actividad a realizar. Para ello, las que se muestran más
adecuadas son las que desempeñan su labor en su propio municipio y le aportan contacto directo tanto con las personas que están
desarrollando ese servicio, ya sean educadores y educadoras o personas voluntarias, como con las personas beneficiarias del servicio.
En este sentido, dependiendo de las actividades que desarrolle la
entidad, pueden ser personas de su misma edad, o colectivos que
tienen una problemática específica, quienes, sin lugar a dudas, van
a aportar mucho a las y los jóvenes.
Por lo tanto, habría que renunciar o, por lo menos, limitar las
actividades de mantenimiento, limpieza, etc. que no aportan ningún
contacto personal, y que carecen de esa potenciación de las relacio250
nes humanas. No obstante, este es un tema que habría que valorar
en cada caso, adecuándose a las circunstancias individuales.
Un ámbito que no se ha potenciado y podría resultar interesante
es la realización de actividades culturales, basadas en el intercambio intercultural y en el respeto y conocimiento de las diversas
culturas que actualmente conviven en nuestra sociedad.
- Finalmente, teniendo en cuenta el perfil medio de las personas
que deben cumplir una medida de prestaciones en beneficio de la
comunidad, parece deducirse que esta medida únicamente se aplica
a menores que no tienen especiales problemas de socialización o
desestructuración, recurriendo en estos últimos casos a medidas más
restrictivas. Frente a esto, creo que debería potenciarse también esta
medida para este tipo de supuestos, si el perfil de la persona es adecuado, fomentándose realmente las capacidades educativas de la medida
y renunciando a aumentar en cualquier caso el rigor punitivo.
III. EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DE LA PENA DE
TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
EN CATALUNYA497
1. Competencia de la ejecución de la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad en Catalunya
Las competencias de Justicia Juvenil fueron transferidas a
la Generalitat de Catalunya en el año 1981, momento en el que
(497) Para la elaboración de este estudio se ha utilizado el siguiente material:
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT 2005a;
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT 2005b;
JUSTIDATA 2003; JUSTIDATA 2002. Asimismo, se han realizado
entrevistas directas con el responsable del Servicio de Medidas Penales
Alternativas, el responsable de recursos y los y las técnicas del IReS en
los juzgados de Sabadell, Arenys de Mar y Manresa. Del mismo modo,
se ha tenido la oportunidad de conocer la práctica directa, entrando en
contacto también con diversas entidades colaboradoras.
251
comenzó la experiencia de trabajo en la ejecución de medidas en
medio abierto. Posteriormente, las competencias en materia de
ejecución penitenciaria fueron traspasadas en el año 1984. El desarrollo de estas competencias y de los principios rectores en materia
penal expresados en las Recomendaciones del Consejo de Europa,
dio lugar a dos experiencias que posteriormente favorecieron la
implantación de las medidas penales alternativas recogidas en el
Código penal de 1995. Estos dos proyectos fueron, por una parte,
el programa de mediación y reparación penal en la jurisdicción de
menores (1990) y, por otra, el Servicio de Atención y Orientación
Social (SAOS) que, desde 1991, asesoraba a los órganos judiciales
y hacía el seguimiento de las medidas penales alternativas del
anterior Código penal.
De este modo, cuando entró en vigor el CP 1995, ya estaban
creadas las condiciones para asumir la ejecución de las medidas
penales alternativas al internamiento en prisión establecidas por
dicho Código penal.
Al principio, el Departamento de Justicia asignó la competencia de la ejecución de estas nuevas medidas penales a la Dirección
General de Medidas Penales Alternativas y Justicia Juvenil. Sin
embargo, tras la entrada en vigor de la LO 5/2000, de responsabilidad penal de los menores, y debido al considerable aumento
registrado en la imposición de medidas penales alternativas en los
juzgados catalanes, esta competencia fue asignada al Servicio de
Medidas Penales Alternativas de la Subdirección General de Medio
Abierto y Medidas Penales Alternativas, segregándose, por tanto,
la ejecución de las medidas penales impuestas en la jurisdicción
de menores de las impuestas en la jurisdicción de adultos.
En lo referente a la jurisdicción penal de adultos, desde el primer momento se pusieron al servicio de los órganos judiciales equipos territorializados de profesionales para atender las necesidades
de asesoramiento técnico y de ejecución de estas medidas.
Actualmente, el Servicio de Medidas Penales Alternativas está
compuesto por un responsable del servicio, un técnico de gestión,
252
una jurista, una unidad de atención a la víctima y una unidad de
medidas penales alternativas. A su vez, en esta unidad trabajan,
a nivel general, una coordinadora de recursos, un responsable de
recursos, y un técnico de medidas penales alternativas, quienes tienen competencia en los dos servicios en los cuales está organizada
la unidad: el servicio de asesoramiento técnico penal, encargado
de asesorar a los y las jueces sobre la idoneidad de imponer una
medida penal alternativa antes de que sea dictada la sentencia,
y el servicio de medidas penales alternativas, competente de la
ejecución de estas medidas.
Por su parte, la gestión de los programas de ejecución de
medidas penales alternativas difiere en los diferentes territorios.
En Barcelona, estos programas están gestionados por el Instituto
de Reinserción Social (IReS) desde el año 2001, año en el que se
firmó un convenio de colaboración entre esta entidad y el Departamento de Justicia, el cual se ha ido prorrogando anualmente hasta
el año 2004. Hoy en día, el IReS está organizado en dos grupos de
profesionales, compuesto cada uno de ellos por 12 ó 13 técnicos
y una persona que realiza las labores de coordinación, tanto entre
los propios técnicos como con el Servicio de Medidas Penales
Alternativas. En Girona, Lleida y Tarragona la gestión corresponde
a las Comisiones de Asistencia Social Penitenciaria, las cuales
tienen también la competencia de la ejecución de las medidas de
medio abierto impuestas dentro del régimen penitenciario.
No obstante, a pesar de que la gestión de los programas ha sido
delegada a estos organismos, el seguimiento y la supervisión de
esta gestión es realizada de manera directa por el Servicio de Medidas Penales Alternativas, órgano responsable de la ejecución.
2. Evolución de las medidas penales alternativas
Antes de analizar con más detalle la pena de TBC, es preciso
conocer la evolución experimentada por el conjunto de medidas
penales alternativas, para poder situar aquella en el contexto real de
aplicación del total de las medidas. Los datos son los siguientes:
253
a. Evolución de las medidas penales alternativas entre 1996 y
2004.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
174
312
527
619
695
665
657
817
1347
Intervenciones** 174
368
565
761
1007
1083
1168
1310
1773
Demandas*
* Demandas: nuevas medidas penales alternativas dadas de alta durante el período.
** Intervenciones: programas en que se ha trabajado durante el período, independientemente de la fecha de alta.
Fuente: Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya
b. Evolución de las demandas de medidas penales alternativas
por tipo en el período de 1998-2004.
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Antiguo CP
132
95
11
3
3
1
4
Suspensiones con obligaciones
93
121
118
110
203
291
368
TBC
184
281
306
244
235
255
615
Medidas de seguridad
118
122
260
308
214
270
360
TOTAL
527
619
695
665
655
817
1347
c. Evolución de las demandas de medidas penales alternativas
por territorio en el período de 1998-2004.
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Barcelona
342
450
516
524
499
609
1014
Secciones Territoriales
185
169
179
141
153
208
333
Total Catalunya
527
619
695
665
652
817
1347
d. Evolución de las finalizaciones de medidas penales alternativas
por territorio en el período de 1998-2004.
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Barcelona
56
41
81
126
288
282
343
Girona
7
16
30
25
38
28
53
Lleida
4
11
25
37
33
26
34
Tarragona
6
9
20
14
21
18
34
Total Catalunya
73
77
156
202
380
354
464
254
En primer lugar, cabe destacar el importante aumento que se
ha producido en el conjunto de las medidas penales alternativas,
pasando de 174 expedientes en 1996 a 1347 en el año 2004,
tendencia que se ha acentuado durante los primeros meses del
año 2005, como consecuencia de la entrada en vigor de la LO
15/2003. Este incremento en el número de demandas, así como
la larga duración de algunas medidas penales alternativas, ha
ocasionado el crecimiento constante percibido en el número total
de intervenciones.
Con respecto a su evolución, hasta el año 2000 todas las
medidas experimentaron un crecimiento progresivo, destacando
en este año el importante papel que tuvo el TBC, ya que supuso
prácticamente la mitad de todas las medidas penales alternativas
impuestas. Durante los años 2001 y 2002, sin embargo, este incremento total se estabilizó, y se equilibró el peso relativo que
cada una de ellas tenía con respecto al conjunto. A partir del año
2003, por el contrario, se volvió a acentuar la tendencia al alza de
las medidas, principalmente durante el año 2004, cuando destaca
de nuevo el importante incremento sufrido por el TBC, el cual
representó más del 40% del total de las medidas alternativas
acordadas en el año.
No obstante, el propio Departamento de Justicia considera este
volumen todavía insuficiente dentro de la práctica de ejecución
penal498. Así, y según datos referentes al año 2002499, mientras el
número de personas presas en todo el territorio de Catalunya por
cada 100.000 habitantes era de cerca de 107, la población penada
sometida a medidas penales alternativas se situaba en 3 ó 3,5,
dato que refleja muy ilustrativamente el escaso peso relativo que
siguen ocupando estas penas alternativas. Esto es debido, por una
parte, a los estrechos márgenes que ofrece el Código penal para
la imposición de estas medidas y, por otro, a la imposibilidad de
(498) DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT 2005b:9.
(499) JUSTIDATA 2003:5.
255
aplicar algunas de ellas a delincuentes reincidentes o habituales,
los que más necesitan de la individualización de las penas.
En segundo lugar, es interesante el análisis sobre la implantación de las medidas penales alternativas en los diferentes territorios, ocupando Barcelona un lugar destacado en el desarrollo de
estas sanciones. Así, el 75% del total de las demandas recibidas
eran correspondientes a los juzgados y tribunales de Barcelona,
contrastando con el 5% que correspondía a los órganos judiciales
de Tarragona. Esta situación no es debida únicamente al mayor
volumen de población de aquel territorio, sino que todo apunta a
que estaría influenciada también por otros motivos. De hecho, si
relacionamos este dato con el volumen de población de cada territorio, aparece una desviación a la baja en Tarragona del 5%500 que
habría que analizar en relación a los recursos humanos y materiales
existentes, así como a las tasas totales de encarcelamiento.
Por último, otro dato reseñable es el bajo porcentaje de finalizaciones con respecto al número de demandas y de intervenciones
realizadas501. Es decir, el número de medidas penales alternativas
que se han ejecutado de modo satisfactorio, es muy bajo en proporción al número de sentencias que imponían esta sanción o,
incluso, a las intervenciones que han realizado las y los técnicos
responsables para dar comienzo a la ejecución. Esta cuestión se
analizará más detenidamente respecto al trabajo en beneficio de
la comunidad, pero es importante tenerlo en cuenta con carácter
general por las consecuencias que puede tener en la confianza
de los órganos judiciales a la hora de imponer una medida penal
alternativa.
(500) El volumen de población de Tarragona con respecto al conjunto de Catalunya es cercano al 10 %, mientras que el porcentaje de medidas penales
alternativas dictadas no supera el 5%.
(501) En el año 2004, por ejemplo, el porcentaje de finalizaciones con respecto
al número de demandas del mismo año no ha superado el 35%.
256
3. El programa de trabajo en beneficio de la comunidad
A. Datos generales
La experiencia de aplicación de la pena de TBC comenzó en
Catalunya ya en el año 1997, disponiendo a partir de ese año de
diversos datos sobre las demandas y finalizaciones de estos programas. Concretamente son los siguientes:
a. Demandas de TBC en el período de 1997-2004.
Total Catalunya
1997
77
1998
184
1999
281
2000
306
2001
244
2002
235
2003
255
2004
615
b. Programas de TBC finalizados en el período 1998-2004.
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Total
1998
67
24
14
8
113
1999
105
32
11
7
155
2000
123
19
17
17
176
2001
123
13
19
12
167
2002
120
6
12
9
147
2003
107
6
6
8
127
2004
156
18
11
14
199
Fuente: Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
c. Datos de personas que finalizaron un TBC (1998-2004).
Sexo
Hombres
Mujeres
Edad
18-25 años*
26-40 años
41 o más años
No consta
Delitos**
Contra las personas
Contra la propiedad
Otros
No consta
1998
%
85,8
14,2
%
42,4*
30
27,6
%
18
59,5
22,5
1999
%
87,7
12,3
%
41,9*
21,3
18,1
18,7
%
35,3
41,2
23,5
2000
%
81,8
18,2
%
45,5*
25
16,5
13
%
26,5
49,2
24,3
2001
%
86,2
13,8
%
38,3
35,9
19,8
6
%
28,8
37,5
16,3
17,4
2002
%
83,7
16,3
%
21,8
38,1
27,2
12,9
%
28,9
39
17,6
14,5
2003
%
85,5
14,5
%
24,6
49,1
17,8
8,5
%
31,9
30,5
16,3
21,3
2004
%
88,66
11,34
%
28,35
38,14
26,8
6,7
%
38,73
23,04
23,53
14,71
* Incluye los y las jóvenes de 16 y 17 años antes de la entrada en vigor de la LO
5/2000.
257
** Delitos contra las personas: contra la vida, lesiones, contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad sexual, contra la intimidad, contra el honor, contra las
relaciones familiares, contra los derechos fundamentales; Delitos contra la propiedad:
contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedades, contra el patrimonio
histórico y medio ambiente; Otros delitos: contra la seguridad colectiva, contra la
Administración de justicia, contra el orden económico.
Fuente: Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
De los datos se deduce una tendencia al alza en la imposición de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad hasta el
año 2000, momento a partir del cual decrece el número de TBC
dictados en los Juzgados, lo que fue motivado seguramente por
la entrada en vigor de la LO 5/2000, de responsabilidad penal de
los menores. De hecho, hasta el año 2001 la edad de las personas
que debían cumplir un TBC se situaba mayoritariamente entre los
16 y 25 años, suponiendo en el año 2000 el 45,5 % de las personas que finalizaron un TBC. Sin embargo, a partir del año 2001
el porcentaje de personas de entre 18 y 25 años que cumplió un
TBC disminuyó de manera considerable, incrementándose, por
el contrario, el número de medidas de prestación de servicios en
beneficio de la comunidad impuestas por los juzgados de menores,
especialmente en este intervalo de edad502.
Esta disminución del número de demandas de trabajos en beneficio de la comunidad tuvo su reflejo también en el peso relativo
que esta sanción mantenía con respecto al conjunto de medidas penales alternativas. Así, de suponer un 44% del total de las medidas
penales alternativas impuestas en el año 2000, éste se redujo hasta
el 31% en el año 2003, debido también al importante incremento
que las suspensiones con obligaciones tuvieron ese año.
Durante el año 2004, sin embargo, tanto el número total de
demandas como el peso relativo de esta sanción se han incrementado considerablemente, crecimiento que se ha mantenido durante
(502) Según los datos del Servicio de Justicia Juvenil, las demandas de PBC
pasaron de 599 en el año 2000 a 875 en el año 2002. En este último año,
el 57% de los y las menores que finalizaron un programa de PBC tenían
más de 17 años.
258
los primeros meses del año 2005. La causa de este crecimiento
habría que situarla en la entrada en vigor de la LO 15/2003, la cual
modifica parcialmente el sistema de penas, potenciando levemente
la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad. Así, el Código
penal de 1995 limitaba esta sanción a ser una pena sustitutiva de
los arrestos de fin de semana, cuando éstos eran impuestos como
pena principal, y de la responsabilidad personal subsidiaria por
impago de la pena de multa, estableciendo por tanto unos estrechos
márgenes para su aplicación real. Tras la entrada en vigor de la
LO 15/2003503, sin embargo, la sanción de trabajos en beneficio
de la comunidad, aparte de seguir siendo una pena sustitutiva de
la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa,
puede imponerse como sustitutiva de la pena de prisión de hasta
2 años y actúa como pena principal en algunos de los delitos de
mayor comisión, como son el delito contra la seguridad del tráfico
y los delitos de violencia en el ámbito doméstico. Esta nueva regulación ha producido un importante incremento en el número de
sentencias que imponen el trabajo en beneficio de la comunidad,
así como cambios cualitativos en las sanciones a ejecutar.
En primer lugar, se ha modificado la calificación jurídica de
los hechos sancionados con TBC, suponiendo los delitos contra
las personas casi el 40 % de los programas finalizados en el año
2004. Los delitos contra la propiedad, sin embargo, han ido perdiendo peso desde que comenzó a implementarse esta sanción en
el año 1998, reduciéndose a un 23 % del total de las finalizaciones
en el último año, representando así el mismo porcentaje que los
delitos contra la seguridad colectiva y contra el orden económico,
en los cuales está incluido el delito contra la seguridad del tráfico
tipificado en el art. 379 CP.
En concreto, actualmente las penas de trabajo en beneficio de
la comunidad tienen su origen en la revisión de sentencias que
imponían la pena de arrestos de fin de semana (sanción eliminada
(503) Ver apartado IV.3 de la Primera Parte.
259
por la LO 15/2003), la sustitución de la pena de prisión y, mayoritariamente, los delitos contra la seguridad del tráfico (art. 379 CP)
y los delitos de violencia en el ámbito doméstico. De hecho, cerca
del 70% del total de TBC a ejecutar por la administración catalana
son impuestos como penas principales derivados de estos dos últimos ilícitos, lo que, por otra parte, pone en duda la potencialidad
de la sanción para actuar como sustitutiva directa de la pena de
prisión. Por una parte, debido al escaso número de sustituciones
de pena de prisión por TBC vía art. 88 CP y, por otro, debido a
que las sanciones con las cuales se reaccionaba durante la vigencia
del CP 1995 frente a estos ilícitos, en los cuales ahora el TBC es
impuesto como sanción originaria, tampoco eran de prisión.
Esta evolución respecto a los hechos sancionados con TBC ha
tenido su reflejo en el cambio de perfil de las personas que deben
cumplir esta pena. Así, mientras que durante la vigencia del Código penal de 1995 una gran parte de las personas que cumplía un
TBC presentaba graves problemas de desestructuración personal
y problemas añadidos de drogadicción y/o exclusión, actualmente predominan las personas “normalizadas”, con empleo más o
menos estable e insertadas en su comunidad. Esto ha provocado
que la mayoría de los TBC deban ser ejecutados durante los fines
de semana, cuando la disponibilidad horaria de estas personas es
mayor.
En segundo lugar, se ha producido un importante incremento
en el número de jornadas a cumplir, motivado tanto por los parámetros de conversión establecidos en el Código penal, como por
la duración de la sanción establecida en diversos tipos de la parte
especial, cuando actúa como pena principal.
La combinación de estos dos factores ha originado, por una
parte, que el cumplimiento de las sanciones se dilate mucho en
el tiempo, lo que aumenta los riesgos de incumplimiento y, por
otra, la saturación de numerosos recursos, especialmente aquellas
entidades pequeñas que únicamente pueden acoger a uno o dos
usuarios.
260
Esto ha derivado en una mayor demora en la ejecución efectiva de las sanciones y en una gran acumulación de expedientes,
que explican las bajas tasas de finalizaciones en los programas de
TBC. Este efecto se ha producido con mayor nitidez durante el año
2004, en el cual la tasa de finalizaciones con respecto al número
de demandas remitidas ha disminuido hasta el 32 %, mientras que
en los años anteriores se mostraban unas tasas de finalizaciones
cercanas al 60 %. Este dato exige la reflexión sobre la efectividad
de la modificación legislativa incorporada por la LO 15/2003, pero
especialmente pone de relieve la necesidad de dotar al Servicio de
Medidas Penales Alternativas de más recursos humanos y materiales, así como de una mejor infraestructura, que permita mantener la
confianza de los órganos judiciales en este tipo de medidas.
B. Procedimiento para la ejecución de la sanción de TBC
Las fases de ejecución de la sanción descrita a continuación
corresponden a la práctica seguida en Barcelona, donde la gestión
de las medidas penales alternativas es realizada por los y las técnicas del IReS. No obstante, en este caso es necesario señalar las
experiencias que se están llevando a cabo en diversos Juzgados
de Barcelona con el objetivo de agilizar la ejecución de este tipo
de penas, las cuales serán analizadas con más detalle posteriormente, y en las cuales el procedimiento a seguir difiere del aquí
referido. Por otra parte, en el resto de territorios de Catalunya el
procedimiento es, esencialmente, igual al seguido en Barcelona,
aunque teniendo en cuenta que la gestión no la realiza el IReS,
sino las Comisiones de Asistencia Social Penitenciaria.
Las fases del procedimiento son las siguientes:
a) Fase previa: El procedimiento se inicia con la remisión por
parte del Juzgado sentenciador del expediente judicial al Servicio
de Medidas Penales Alternativas del Departamento de Justicia.
Este expediente será asignado, en función del territorio donde
haya sido dictada la sentencia, a una de las dos coordinadoras
del IReS. Ésta, a su vez, designará una persona responsable de la
261
ejecución de la sanción: el o la profesional de medidas penales
alternativas.
El objetivo de esta fase es conocer los motivos por los que se
ha acordado esta medida penal alternativa y, para ello, aparte del
examen del expediente judicial, el o la profesional realizará las
consultas que considere necesarias con aquellos servicios que ya
estén trabajando con la persona penada.
Un elemento importante de esta fase es el informe remitido por
el servicio de asesoramiento técnico penal al Juzgado sentenciador,
en el caso de que se haya realizado, valorando la idoneidad de la
medida impuesta. No obstante, este informe no se realiza sistemáticamente, sino sólo cuando es solicitado de oficio por el Juzgado,
por lo que la mayoría de las veces no consta en el expediente,
aunque sería deseable que se realizara con más asiduidad.
b) Fase inicial: Esta fase comienza con la primera entrevista a
la persona penada, la cual tiene el objetivo de valorar la viabilidad
de la ejecución de la pena y orientar la actividad más adecuada en
función de las capacidades y circunstancias del usuario. Para ello,
el profesional designado citará al interesado a dicha entrevista y,
en caso de que no comparezca, se realizarán hasta un total de tres
citaciones, antes de ponerlo en conocimiento del Juzgado. Si ante
la tercera citación tampoco comparece, se informará al Juzgado
de la imposibilidad de ejecutar la sanción, solicitando una modificación de la condena.
Tras esta primera entrevista, la o el profesional debe delimitar
el plan de trabajo a desarrollar por la persona penada, el cual estará condicionado por sus capacidades, intereses y disponibilidad
horaria, intentando al máximo posible, la conexión entre el ilícito
cometido y el trabajo a desempeñar. Por lo tanto, en primer lugar
orientará la actividad más adecuada al perfil de la persona, para
posteriormente buscar la entidad donde pueda desarrollarse.
En esta fase, el profesional deberá también ponerse en contacto
con la entidad donde en un principio va a realizarse la actividad,
262
con el fin de concretar y organizar dichas actividades, establecer
la responsabilidad de los diversos profesionales y de la persona
penada, y determinar el seguimiento a efectuar, así como el pago
de los posibles gastos económicos. Este contacto con la entidad
es fundamental para delimitar las funciones que corresponden a
cada persona que toma parte en la ejecución de la pena de trabajo
en beneficio de la comunidad, así como para solventar las dudas
y recelos que la entidad pueda mostrar con respecto a la ejecución
de esta sanción.
Una vez que la o el profesional ha elaborado el plan de trabajo,
convocará una reunión entre la persona responsable de la entidad,
la persona penada y el mismo profesional, donde se firmará el
documento de compromiso del programa. Esta reunión suele
realizarse en la misma sede de la entidad, para que la persona
penada conozca directamente las características de dicha entidad,
así como las actividades que tendrá que hacer. En esta reunión
deberá concretarse también el calendario con los días en que se
cumplirá el programa de TBC.
No obstante, el inicio de la ejecución de la sanción quedará
supeditado a la aprobación del programa por parte del órgano
judicial.
c) Fase de desarrollo: Comienza con la realización efectiva
de las actividades programadas y durará hasta su finalización. Las
funciones que el profesional de medidas penales alternativas asume
en este período son las de controlar la ejecución de la sanción,
ofrecer el soporte y el asesoramiento necesarios a la entidad e
intervenir, si procede, ante posibles conflictos o incidencias.
En esta fase el profesional deberá mantener contactos periódicos con la persona penada, así como con la persona responsable
de la entidad, teniendo siempre en cuenta el tipo de actividad, la
duración de la sanción y las características de la persona. Sobre la
periodicidad de estos contactos, es preciso recordar que la administración tiene el deber de informar a los órganos judiciales sobre
el cumplimiento de la sanción, como mínimo cada tres meses. Por
263
lo tanto, los contactos con la entidad se realizarán normalmente
una vez al mes o cada dos meses y, en caso de que surja alguna
incidencia durante el cumplimiento, será la entidad la que lo comunique al responsable, ya que es éste el que debe reconducir la
situación, si es posible.
Además, durante la ejecución, la persona penada deberá rellenar una hoja de asistencia, donde constarán las horas efectivamente trabajadas cada jornada, la cual estará a disposición de la
administración e integrará su expediente administrativo.
d) Fase final: En esta fase se deberá evaluar y valorar la ejecución y el cumplimiento del programa, y para ello tendrá lugar
una reunión entre el profesional y la persona responsable de la
entidad, con la asistencia facultativa de la persona penada. Posteriormente, el profesional responsable remitirá al órgano judicial
su informe valorativo de la ejecución, la hoja de control horario
rellenada en la entidad, y la evaluación realizada por la persona
responsable de la entidad.
C. Control de la ejecución de la sanción de TBC
La regulación realizada por el Código penal y el RD 515/2005
establece tres niveles de control y seguimiento sobre la ejecución
de la pena, a desarrollar por la entidad receptora del usuario, la
administración y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que deben
estar caracterizados por la complementariedad y la comunicación
fluida entre los diferentes organismos para que realmente sea
efectiva. En este esquema es necesario destacar la responsabilidad
que sobre el control de la ejecución tiene la administración, el cual
debe ser continuado y dotado de contenido. La externalización de
la gestión de las medidas penales alternativas, además, incorpora
un nuevo nivel de control, a desarrollar por el Servicio de Medidas
Penales Alternativas, que complica aún más este esquema.
Con respecto a las entidades, lo que se les pide es la colaboración en la ejecución del programa, no el control del cumplimiento
264
de la pena. Para ello, se les ofrece un apoyo institucional general
y otro soporte y seguimiento específico, a realizar por el o la profesional de medio abierto. Esto se traduce en que las obligaciones
de la entidad se limitan a ofrecer un puesto de actividad, garantizar
que se cumpla y acompañar al usuario durante la ejecución. En
este contexto, el seguimiento a desarrollar por la persona responsable de la entidad se reduce a cumplimentar la hoja de asistencia
del usuario y a comunicar al profesional responsable cualquier
incidente que surja durante la ejecución. Esta diversificación de
funciones debe ser clarificada a las entidades durante la primera
entrevista de presentación del programa, explicándoles también
el apoyo que van a tener por parte del profesional de medidas
penales alternativas.
No obstante, a pesar de que en un principio, y formalmente,
la entidad no asuma labores de control ni seguimiento, la realidad
es que el usuario, durante la ejecución de la pena, se encuentra
inmerso en las actividades diarias de la entidad, y que si surge
cualquier problema o incidente grave es la entidad la que debe dar
una primera respuesta, aunque posteriormente se lo comunique al
profesional responsable. Por tanto, hay que reconocer que, en la
práctica, las funciones de seguimiento inmediato las lleva a cabo
la entidad, aunque en teoría no sería lo deseable.
La administración, por su parte, es la responsable del control
y seguimiento del cumplimiento de la sanción, organizándose
para ello en dos niveles: el o la profesional de medidas penales
alternativas, que será un o una técnico del IReS, y el Servicio de
Medidas Penales Alternativas del Departamento de Justicia.
En primer lugar, el o la profesional de medidas penales alternativas es quien se encarga del seguimiento continuado de la
ejecución de la sanción, teniendo contactos telefónicos mensuales con la entidad. No obstante, la asiduidad de estos contactos
telefónicos depende de la duración de la sanción a cumplir y del
perfil del usuario. Durante este tiempo, se supone que si la entidad
no se pone en contacto con el profesional es porque la ejecución
265
está siendo satisfactoria, aunque algunas veces, la falta de medios
y recursos personales de los equipos de medio abierto y la descoordinación con la entidad ha ocasionado que este seguimiento
haya sido defectuoso.
Aparte de estos contactos con la entidad, especialmente si la
sanción a ejecutar es de larga duración o se produce algún incidente, el o la profesional responsable suele mantener contactos
o realizar entrevistas con la persona penada. El objetivo de estos
contactos es conocer la evolución del cumplimiento, así como
recordarle que su trabajo en la entidad es consecuencia de la comisión de un ilícito penal, responsabilizándole así de sus hechos
y de las consecuencias que un incumplimiento puede tener. No
obstante, el profesional debe tener en cuenta la situación concreta
de la persona, y su nivel de responsabilización personal, ya que en
determinados casos estas entrevistas intermedias con la persona
usuaria no son necesarias para una ejecución satisfactoria de la
sanción y, por el contrario, pueden tener efectos contraproducentes
para ella.
Por último, al finalizar las jornadas de trabajo, y con el objetivo
de valorar y evaluar su ejecución, el o la profesional de medidas
penales alternativas realiza una nueva entrevista con la persona
responsable de la entidad y la persona penada, si así lo desea.
Todos estos contactos y entrevistas mantenidas por el o la
profesional responsable son objeto de informes de seguimiento y
control, los cuales son remitidos al Departamento de Justicia para
su supervisión. De este modo, tanto los informes de seguimiento
concluidos durante la ejecución de la sanción y, principalmente
los referentes a los incidentes ocurridos durante ésta, como el informe final valorativo del cumplimiento, serán supervisados por
los y las técnicas del Servicio de Medidas Penales Alternativas,
quienes los remitirán al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para
hacer efectivo el control judicial de la sanción.
La privatización de la gestión de las medidas penales alternativas, consecuentemente, ha ocasionado una mayor burocratización
266
en el control de la ejecución de estas sanciones, que ha derivado
en que este control operado por el órgano responsable de la administración de justicia sea más mediato de lo deseable, lo que se
hubiese evitado si los y las técnicas que actualmente trabajan para
el IReS fuesen trabajadores y trabajadoras directas del Servicio
de Medidas Penales Alternativas.
En un último nivel, se encuentra el control ejercido por los órganos judiciales, a los cuales se les remite informes de seguimiento
con la asiduidad, como mínimo, de tres meses. Sin embargo, si
durante la ejecución no surge ningún incidente reseñable y ésta
no se alarga mucho en el tiempo, normalmente sólo se remite el
informe final, informando de la terminación satisfactoria de la
ejecución y la extinción de la responsabilidad penal.
D. Las entidades colaboradoras
La colaboración de las entidades en las cuales se desarrollan
las actividades representa el pilar fundamental de los programas
de TBC, ya que son la diversidad y la suficiencia de dichas entidades los elementos que posibilitan una ejecución efectiva de los
trabajos en beneficio de la comunidad, sin las cuales no podría
cumplirse esta pena. Además, mediante esta colaboración se persigue implicar a la comunidad en la resolución de los conflictos
penales, promover su participación activa en la reinserción de las
personas penadas y minimizar los estereotipos sociales sobre la
delincuencia.
El órgano administrativo responsable de buscar los puestos
de actividad y promover la participación de nuevas entidades en
el programa es, teóricamente, el Servicio de Medidas Penales
Alternativas del Departamento de Justicia, quien debería asegurarse de que los y las técnicas del IReS que gestionan la ejecución
de la pena disponen de los recursos necesarios. La realidad, sin
embargo, nos muestra un panorama muy diferente, caracterizado
por la insuficiencia de entidades colaboradoras, particularmente
tras el importante incremento de demandas de ejecución de TBC
267
a partir del año 2004. Esta escasez de entidades obliga a los y las
técnicas del IReS a desarrollar también estas labores, incidiendo
de manera especial en el territorio donde trabajan. Sin embargo,
estos profesionales carecen de la infraestructura necesaria para
poder entrar en contacto con todas las entidades susceptibles de
colaborar en el programa, lo que en última instancia limita bastante su efectividad. Además, hay que recordar que la capacidad
para suscribir convenios o llegar a acuerdos con estas entidades
es del Departamento de Justicia, no de los y las profesionales que
se encargan de la gestión de su ejecución.
Estas entidades deben ser públicas o privadas, legalmente
constituidas y de utilidad social, excluyéndose, por tanto, aquellas que tienen ánimo de lucro y priorizándose las que tengan
una incidencia real en el entorno de la persona usuaria. Esta
proximidad entre el lugar de residencia de la persona penada y
la entidad posibilita potenciar los aspectos resocializadores de
la sanción, ya que le pone en contacto con entidades que tienen
una influencia directa en su entorno, y no agrava la penalidad
de la medida. Este último extremo, sin embargo, debe ser valorado por la propia persona penada, ya que numerosas veces
preferirá su ejecución en otro municipio, para evitar riesgos de
estigmatización.
Antes de analizar su tipología, es necesario destacar que estas
entidades colaboran, de modo general, indistintamente con el Servicio de Medidas Penales Alternativas, para el cumplimiento de
los TBC, y con el Servicio de Justicia Juvenil, para la ejecución
de las PBC. Es decir, en Catalunya, los recursos disponibles para
la ejecución de estas sanciones se encuentran centralizados en el
Departamento de Justicia y ambos servicios comparten las entidades donde pueden desarrollarse los trabajos. La decisión de entrar
en contacto con una entidad determinada dependerá del perfil de
la persona que deba cumplirla y de las actividades ofrecidas por
la entidad, ya que sí hay entidades que únicamente ofertan tareas
más apropiadas para menores o para adultos. Por lo tanto, existe
una coordinación entre estos dos servicios que proporciona una
268
mayor diversidad al programa y evita riesgos de saturación de
algunas entidades.
No obstante, en este estudio, salvo cuando expresamente se
indique lo contrario, las referencias a las entidades colaboradoras
y a las actividades realizadas en ellas deberán ser entendidas en
relación a las colaboraciones concluidas con el Servicio de Medidas Penales Alternativas para el cumplimiento del programa de
TBC, impuestos en la jurisdicción penal de adultos.
Actualmente, el Departamento de Justicia dispone de un amplio abanico de entidades colaboradoras, con las cuales en algunos
casos se trabaja de manera puntual y, en otros, se han establecido
convenios y acuerdos de colaboración con el objetivo de agilizar
la red de recursos disponibles.
Los convenios suscritos hasta el momento son los siguientes:
- La Asociación Catalana de Municipios y Comarcas y la
Federación de Municipios de Catalunya: El objetivo de este
convenio es fomentar la colaboración entre el Departamento
de Justicia de la Generalitat y los ayuntamientos, para facilitar el cumplimiento de estas medidas en el seno de las
instituciones públicas locales. El ámbito de colaboración
incluye las PBC, impuestas en la jurisdicción penal de menores, y los TBC, impuestos a adultos. Entre sus líneas de
actuación, aparte de la oferta de puestos de actividad para
el desempeño de estas medidas, se encuentra también un
proyecto de intervención con estas personas y sus familias
para promover su inserción en la comunidad, si ésta es deficitaria.
Este convenio se firma de forma anual, pero desde el año
2004 las adhesiones se prorrogan automáticamente, si no
hay una voluntad contraria expresa por parte de algún ayuntamiento. En la actualidad, hay cerca de 290 ayuntamientos
adheridos al convenio, de entre los 1000 municipios existentes en Catalunya.
269
- La Asamblea Catalana de la Cruz Roja: Con esta entidad
se ha firmado un convenio para la ejecución tanto de TBC
como de PBC, y realizan también los programas formativos
de educación vial.
Su gran ventaja es la existencia de 60 oficinas diseminadas
por todo el territorio, así como la diversidad de actividades
que pueden realizarse en su seno.
- Entidades sin ánimo de lucro que trabajan en ámbitos relacionados con la educación, el ocio, el bienestar social, etc.
En este caso se trata de convenios parciales con entidades
concretas, ya que la falta de una federación que las agrupe
imposibilita un convenio marco de colaboración suscrito
con todas ellas en su conjunto.
Estos convenios facilitan un marco estable de colaboración
con las entidades locales y las organizaciones de iniciativa social
que permite dar una atención próxima, sin que ello obstaculice el
trabajo puntual con otras entidades con las cuales no se ha suscrito
ningún convenio. No obstante, teniendo en cuenta el incremento
de los trabajos en beneficio de la comunidad a ejecutar, algunos y
algunas técnicas han considerado la necesidad de suscribir nuevos
convenios entre el Departamento de Justicia y los Departamentos
de Salud y Medio Ambiente, ampliando así los puestos de actividad
en los cuales poder insertar a las personas penadas504. Del mismo
modo, también están planteándose la firma de acuerdos de colaboración con determinadas policías locales (para la ejecución de
TBC derivados de delitos contra la seguridad del tráfico), cuerpo
de bomberos y grupos de defensa forestal, lo que posibilitaría el
cumplimiento de esta sanción en horario nocturno.
Con respecto a las obligaciones asumidas por estas entidades
cuando aceptan colaborar en el programa, éstas se basan en las
consecuencias que se derivan de la ejecución de una sanción penal,
(504) Comunicación personal con los y las técnicas de Arenys de Mar y de
Manresa.
270
y por ello se les pide que participen en los objetivos del programa,
den apoyo a la administración que tiene la responsabilidad de
ejecutar la pena y faciliten a la persona penada la posibilidad de
realizar una actividad que sea útil para la comunidad. Concretamente, las entidades deben:
- Facilitar la presencia de un interlocutor que haga efectivas
las demandas y orientaciones de los profesionales encargados
del seguimiento de las personas penadas.
- Acompañar a la persona penada mientras desempeñe la
actividad.
- Informar al profesional responsable de las incidencias.
- Hacer la valoración final de la actividad y remitírsela al
profesional responsable.
En contraprestación por el coste que supone tener a una
persona dedicada al acompañamiento de la persona usuaria, el
Departamento de Justicia paga un canon a las entidades colaboradoras, el cual deberá ajustarse lo máximo posible para evitar
fines lucrativos. El origen de esta subvención se encuentra en
que cuando comenzó a ejecutarse este tipo de sanciones, los y las
usuarias del servicio solían tener graves problemas personales,
de desestructuración, que obligaban a las entidades a realizar una
tutela bastante intensa sobre estas personas. Últimamente, sin
embargo, el perfil de estos y estas usuarias ha variado bastante,
y no suele ser necesaria esta tutela, por lo que se está revisando
este planteamiento.
No obstante, actualmente esta subvención sigue estando en
vigor, siendo recibida tanto por las entidades privadas sin ánimo
de lucro, como por las instituciones públicas locales. El método
para calcular este canon se fundamenta en la facturación realizada
al final del año de todas las horas y actividades desarrolladas. Se
establece el presupuesto correspondiente y se reparte entre las
diferentes entidades, en función del número de actividades y de
horas cumplidas en cada entidad.
271
Para conocer la evolución del número de entidades colaboradoras, así como de la mayor presencia de entidades públicas o
privadas disponemos de los siguientes datos:
Año 2000
Entidades privadas
Entidades públicas
Total
Año 2001
Entidades privadas
Entidades públicas
Total
Año 2002
Entidades privadas
Entidades públicas
Total
Año 2003
Entidades privadas
Entidades públicas
Total
Año 2004
Entidades privadas
Entidades públicas
Total
Nº Entidades
150
71
221
Nº Entidades
178
62
240
Nº Entidades
138
33
171
Nº Entidades
131
49
180
Nº Entidades
200
91
291
Jornadas
Número
%
3.684
67,8
1.749
32,2
5.432
100
Jornadas
Número
%
4.911
76,8
1.490
23,3
6.391
100
Jornadas
Número
%
4.634
83,9
886
16,1
5.520
100
Jornadas
Número
%
4.801
77,5
1.387
22,5
6.188
100
Jornadas
Número
%
7.631
61,8
4.700
38,1
12.331
100
Horas
14.736
6.996
21.732
Horas
19.644
5.960
25.604
Horas
18.536
3.544
22.080
Horas
19.204
5.548
24.752
Horas
30.524
18.800
49.324
La evolución de la participación de las diversas entidades, así
como del número de jornadas realizadas en cumplimiento de las
272
penas de TBC presenta los mismos rasgos señalados en el análisis
de la evolución de las demandas de TBC remitidas al Servicio de
Medidas Penales Alternativas. Así, en el año 2002 se produjo un
descenso bastante acusado tanto del número de colaboraciones
como de jornadas, consecuencia de la reducción también de las
demandas de TBC ejecutadas por el Servicio de Medidas Penales
Alternativas. Esta tendencia, sin embargo, se invirtió durante el
año 2004, en el que aumentó de manera importante el número de
entidades que participaron en el programa, pero especialmente el
número de jornadas cumplidas. Así, tanto el número de jornadas
como de horas cumplidas se duplicó con respecto al año 2003,
consecuencia de los cambios introducidos por la LO 15/2003,
especialmente en lo referente a la duración de la sanción.
Con respecto a la mayor o menor participación en el programa de las entidades públicas o privadas, destaca la tendencia al
alza, durante los primeros años de aplicación de esta sanción, de
la colaboración de las entidades privadas sin ánimo de lucro, en
las cuales se cumplieron más del 80% de las jornadas ejecutadas
durante el año 2002. A partir de este año, sin embargo, el número
de entidades públicas que colaboran en el programa comenzó a
incrementarse, destacando el año 2004 cuando, a pesar del aumento experimentado en ambos tipos de entidades, el porcentaje
de jornadas cumplidas en las entidades privadas descendió hasta
cerca del 60%. Así, aunque ha sido el año en el que un mayor
número de entidades privadas ha participado en el programa, el
porcentaje de jornadas cumplidas en las entidades públicas prácticamente se ha duplicado con respecto al año anterior, motivado
seguramente por la capacidad de éstas para albergar personas que
deben cumplir penas de TBC sancionadas con un gran número
de jornadas.
Además, las entidades públicas locales representan prácticamente el único recurso existente en localidades pequeñas donde
el movimiento asociativo es menor o está compuesto por personas
voluntarias que no pueden asumir las obligaciones que supone
colaborar con este programa.
273
E. Selección de las actividades
Las actividades a realizar en cumplimiento de esta sanción no
pueden atentar contra la dignidad de la persona penada y tienen
que aportarle elementos positivos, que refuercen su autoestima y
posibiliten hacer una tarea útil para la sociedad. Además, tras la LO
15/2003 estas actividades deben perseguir la reparación simbólica
a la comunidad del perjuicio ocasionado por el ilícito penal, para
lo cual se intentará buscar la conexión entre el delito cometido y
las actividades a desarrollar.
La actividad será seleccionada en función de las características
de la persona penada y sus circunstancias personales y sociales. Para
ello, durante la primera entrevista, el o la profesional responsable
valorará estas circunstancias y orientará el tipo de actividad más
adecuada, buscando posteriormente la entidad en la cual se pueda
desarrollar esa actividad concreta. Entre las circunstancias personales que orientarán esta selección, tiene una especial importancia la
situación formativa y laboral de la persona penada, compatibilizando, en la medida de lo posible, el cumplimiento de esta pena con el
desempeño de sus obligaciones diarias. Por este motivo, el horario
en el que se desarrollará la actividad debe adaptarse a los períodos
de tiempo libre del usuario, limitándose numerosas veces a los fines
de semana y a las horas vespertinas, especialmente en los casos en
los cuales la persona penada tenga un empleo. Con esta adaptación
horaria se quieren evitar al máximo los efectos desocializadores de
la sanción, no agravando la penalidad de la medida.
Como puede verse en la relación siguiente de las actividades
realizadas durante los años 2003 y 2004, destacan las actividades
consistentes en la colaboración en diversos actos o en tareas de
refuerzo general a las entidades. Esto es debido a que la tarea desarrollada por la persona penada no puede implicar la ocupación
de un puesto de trabajo, sino que debe limitarse a la cooperación
en las actividades diarias de las entidades.
La tipología de actividades de TBC durante los años 2003 y
2004 es la siguiente:
274
Colaboraciones
Jornadas
Tipos de actividades
2003
2004
2003
2004
Colaboración en actos públicos, cívicos o
culturales
13
15
212
425
Colaboración en campañas solidarias
4
13
90
430
Cuidado de animales
9
8
161
214
Entidades de recuperación y reciclaje de
residuos
21
21
1.121
628
Programa formativo de educación familiar
1
Socorrismo y prevención
3
1
306
204
Refuerzo general a la entidad
15
32
443
1.488
Tareas administrativas de refuerzo
9
19
538
822
Tareas de almacén
5
8
114
275
Tareas de mantenimiento
71
84
2.472
4.540
Tareas relacionadas con la atención a personas
29
58
725
1.053
8
Formación en alfabetización
2
52
Formación en seguridad vial
7
206
Servicio de teleasistencia
4
48
Tareas de limpieza y mantenimiento de
espacios públicos
34
1.426
Transporte adaptado
15
520
Total
180
291
6.188
12.331
Respecto a los tipos de actividades que mayormente se realizan
en el desempeño de los trabajos en beneficio de la comunidad,
destacan las tareas de mantenimiento, suponiendo más de un tercio del total de las jornadas en los dos años objeto de estudio. No
obstante, durante el año 2004 se ha producido una mayor diversificación en las actividades realizadas, motivada por el aumento total
del número de colaboraciones y de jornadas. Entre estas nuevas
actividades, cabe reseñar las tareas de limpieza y mantenimiento
de espacios públicos, las cuales han representado más del 11%
del total de jornadas cumplidas. Sin duda, la presencia de estas
275
labores tiene una relación directa tanto con el aumento de entidades
públicas que han colaborado con el Servicio de Medidas Penales
Alternativas como con el importante incremento producido en el
número de jornadas cumplidas en dichas entidades.
El predominio de estas tareas de mantenimiento, limpieza o
refuerzo general a la entidad, sin embargo, muestra la dificultad
para hacer efectiva la norma penal que reclama la conexión entre
el delito y la actividad a realizar, como forma de potenciar los
efectos reparadores y rehabilitadores de la sanción. Esta dificultad es mayor en el caso de los delitos contra las personas, tal y
como queda reflejado en el hecho de que el 38,73% de los TBC
finalizados en el año 2004 tenían su origen en la comisión de
esta clase de delitos, mientras que únicamente en el 8,53% de las
jornadas cumplidas las actividades desarrolladas consistieron en
tareas relacionadas con la atención a personas. De hecho, aunque
teóricamente esta conexión sería deseable, la realidad es que la
falta de los recursos necesarios obliga a las personas penadas a
realizar los TBC en aquellas entidades donde haya un puesto de
actividad disponible, siempre que éste haya sido considerado
adecuado a sus circunstancias personales por parte del profesional
responsable. Además, en algunos casos se plantea la duda sobre si
esta conexión es realmente positiva o puede tener efectos contraproducentes en las propias entidades, como son los supuestos de
faltas o delitos de violencia sexista y racista. A estas dudas, se añade que las propias entidades se muestran reticentes, lo que obliga
al Servicio de Medidas Penales Alternativas a intentar reconducir
estos supuestos a puestos de actividad que estén relacionados con
los delitos de forma indirecta, concretamente en labores de ayuda
general a las personas, pero no de asistencia o apoyo a víctimas
de delitos similares.
No obstante, en general sobresale la diversidad de los puestos
de actividad ofertados para el cumplimiento de la sanción, ya que
se realizan desde tareas de mantenimiento a cuidado de animales,
colaboración en diversas campañas, etc. Como ejemplo, se ha tenido constancia de la colaboración de una organización dedicada a
276
promover la agricultura ecológica y el trabajo en el sector primario
de la economía, lo que demuestra las enormes capacidades de esta
sanción para ser ejecutada en entidades muy heterogéneas505.
F. Protección de la Seguridad Social
Durante la realización de las actividades, la administración
debe garantizar la protección dispensada por la normativa laboral
en materia de seguridad e higiene en el trabajo y en materia de
Seguridad Social por accidente de trabajo y enfermedad laboral.
Las razones por las cuales el Servicio de Medidas Penales Alternativas ha asumido esta cotización a la Seguridad Social son, por
una parte, para evitar gravar a las entidades con este pago, ya que
numerosas veces esto supondría una carga bastante importante
para la entidad y, por otra, para asegurarse de que realmente esta
cotización se realiza. Con respecto a la cotización a la Seguridad
Social, durante su aplicación práctica han surgido dos situaciones
que merecen reseñarse:
- La posible incompatibilidad de las pensiones de jubilación
o incapacidad permanente con el TBC: En el caso de las
pensiones de jubilación, el INSS ha manifestado que los
y las pensionistas no incurren en incompatibilidad, por lo
que deberán seguir recibiendo la pensión mientras estén
dados de alta para la cobertura de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional. Por su parte, el supuesto de incapacidad permanente total para el desempeño de la profesión
habitual tampoco afecta la ejecución de los TBC, pero sí se
ha advertido que deben evitarse las tareas que en un futuro
puedan provocar la agravación de la invalidez. Por último,
en referencia a los casos de incapacidad absoluta o gran
invalidez, el INSS ha expresado que únicamente se podrán
(505) Se trata de la asociación Romaní, la cual centra su labor en la promoción
de la agricultura ecológica en Catalunya.
277
realizar los trabajos que no afecten al estado invalidante del
pensionista, por lo que éstos quedarán reducidos a actividades totalmente marginales.
- La imposibilidad de dar de alta a las personas extranjeras
indocumentadas: Actualmente, en estos casos, el INSS
remite al Servicio de Medidas Penales Alternativas un
número de afiliación para estas personas que únicamente
puede ser utilizado durante el cumplimiento de esta sanción.
Aparte de esta cotización a la Seguridad Social, la administración también incluye a las personas que deben cumplir una
pena de TBC en la póliza de responsabilidad civil general, para
garantizar la cobertura de los posibles daños que puedan ocasionar
estas personas durante el desempeño de la actividad.
Con respecto a los gastos de transporte y manutención, éstos
son asumidos por el Servicio de Medidas Penales Alternativas en
los supuestos en los que existe una necesidad real que podría imposibilitar el cumplimiento de la sanción, pero no es una práctica
habitual, sino una solución ofrecida en los casos concretos.
G. Experiencias de Arenys de Mar y Manresa
A continuación voy a exponer una experiencia pionera que se
puso en marcha en los juzgados de Arenys de Mar hace 2 años y
que se está extendiendo a otros juzgados de Barcelona, concretamente a Manresa, Vic y Berga. El objetivo de estos programas
es potenciar la utilización de las medidas penales alternativas
mediante la coordinación entre el órgano judicial, la fiscalía y el
servicio de medidas penales alternativas, al tiempo que se agiliza
todo el procedimiento para la ejecución de las medidas. A pesar
de estos rasgos comunes, la exposición sobre las experiencias
de Arenys de Mar y de Manresa va a realizarse de forma diferenciada, ya que los problemas planteados en cada uno también
son diferentes.
278
a. Arenys de Mar
La organización del juzgado de Arenys de Mar parte de una
relación estrecha entre los órganos judiciales, la fiscalía y el servicio de medidas penales alternativas con el objetivo de simplificar
el procedimiento de ejecución de las medidas penales alternativas,
al mismo tiempo que se potencia su utilización. Este sistema tuvo
su origen en una propuesta de la fiscalía, puesta en común con
el Servicio de Medidas Penales Alternativas del Departamento
de Justicia, que comenzó a aplicarse en el año 2003 y que tras
su valoración positiva se ha ido extendiendo a otros juzgados de
Barcelona.
La peculiaridad del sistema se encuentra, básicamente, en el
procedimiento seguido para la ejecución de las medidas penales
alternativas, así como en una clara apuesta por parte de la fiscalía
para una aplicación cada vez mayor de estas medidas.
En lo que respecta al procedimiento, el testimonio de la sentencia que impone una medida penal alternativa es directamente
remitido a los y las técnicas de medidas penales alternativas del
mismo Juzgado, sin pasar por el Servicio de Medidas Penales
Alternativas del Departamento de Justicia. Así, una vez que el órgano judicial dicta la sentencia, la fiscalía cita a la persona penada
a una primera entrevista con los y las técnicas del Servicio, para
lo cual se ha establecido un día a la semana durante el cual estos
técnicos realizarán todas estas primeras entrevistas. El resultado
de esta primera entrevista, así como el resto de los datos referentes a la persona penada (sentencia, informes, etc.) son remitidos
por parte del técnico responsable de la ejecución al Servicio de
Medidas Penales Alternativas del Departamento de Justicia, con
el objetivo de centralizar todas las intervenciones que se producen
por parte de los y las técnicas del IReS, pero, como se ha visto,
la atribución del expediente a un profesional concreto se realiza
de modo contrario a la práctica habitual en el Servicio. Esto es,
no es la coordinadora del IReS quien nombra al o la profesional
responsable, sino que directamente el caso es asumido por uno
279
de los técnicos que trabaja en dicho juzgado. Posteriormente, este
técnico que ha realizado la primera entrevista será el profesional
responsable de la ejecución de la medida penal alternativa.
Esta práctica tiene la potencialidad de agilizar el sistema de
justicia y de eliminar los trámites anteriores a la primera entrevista,
ya que generalmente entre la sentencia y ésta únicamente transcurre una semana, lo que favorece la conexión entre los hechos
juzgados y sus consecuencias, materializadas en la ejecución
de una medida penal. No obstante, para que esta simplificación
y agilización del procedimiento sea realmente efectiva, es fundamental dotar al servicio de medidas penales alternativas del
juzgado correspondiente de los recursos humanos y materiales
necesarios. Es decir, este procedimiento origina una mayor carga
de trabajo en los y las profesionales del servicio, ya que aparte
de la gestión de las medidas penales alternativas, deben realizar
también labores administrativas de coordinación con el Servicio
de Medidas Penales Alternativas del Departamento de Justicia de
la Generalitat, para lo cual son necesarios recursos específicos, de
los cuales actualmente carecen.
Por otra parte, la potenciación de las medidas penales alternativas por parte de la fiscalía y de los órganos judiciales, sin la
correspondiente dotación de recursos al servicio de ejecución de
medidas ha provocado que en la actualidad se haya producido
una acumulación bastante importante de expedientes en este juzgado, los cuales quedan en lista de espera para ser ejecutados tras
haberse realizado la primera entrevista. Esta acumulación se ha
visto incrementada particularmente desde la entrada en vigor de
la LO 15/2003, a partir de la cual, en general, se han dictado un
24% más de medidas alternativas cada mes.
Con respecto a la aplicación del TBC en este Juzgado, se
destaca que este programa comenzó a hacerse efectivo mediante
la implantación de los trabajos en beneficio de la comunidad y,
tras valorar la experiencia positiva de su aplicación, se ha diversificado y ampliado a otras medidas penales alternativas. En la
280
actualidad, prácticamente el total de las penas de TBC impuestas
en este Juzgado son dictadas como penas principales derivadas de
delitos contra la seguridad del tráfico y de violencia en el ámbito
doméstico o familiar, no habiendo apenas sustituciones de pena
privativa de libertad por TBC. La gestión de la ejecución de esta
pena es similar a la realizada por el resto de técnicos y técnicas
del IReS, análisis al que me remito506.
b. Manresa
El proyecto descrito con anterioridad en Arenys de Mar se está
poniendo en marcha en otros juzgados de Barcelona, entre los que
se encuentra Manresa, donde se lleva a cabo desde principios del
año 2005. La propuesta fue realizada por la fiscalía de Manresa, la
cual tiene unos vínculos muy estrechos con la de Arenys de Mar,
y tras su valoración con el Servicio de Medidas Penales Alternativas del Departamento de Justicia, comenzó su aplicación. Como
consecuencia, en este Juzgado hay actualmente dos técnicas del
IReS trabajando en el servicio de medidas penales: una se encarga
de la ejecución de las medidas impuestas por la vía tradicional,
y otra es la responsable de la ejecución de las medidas derivadas
de este nuevo proyecto.
El procedimiento, por tanto, es el mismo que el seguido en
el Juzgado de Arenys de Mar, siendo la propia fiscalía la que cita
a la persona penada a la primera entrevista con la técnica del
servicio. Posteriormente, será esta profesional la que remitirá las
conclusiones de la primera entrevista, así como el resto de datos
concernientes a la persona penada al Servicio de Medidas Penales
Alternativas del Departamento de Justicia, y la que gestionará la
ejecución de la medida. Hasta el momento no se ha producido la
acumulación de expedientes del Juzgado de Arenys de Mar, pero sí
existe el riesgo de que esto ocurra si aumenta mucho la demanda de
(506) Ver apartado III.3.B y C de esta Segunda Parte.
281
ejecución de medidas penales alternativas y no se dota al servicio
de nuevos recursos, tanto humanos como materiales.
Las medidas penales alternativas impuestas por esta vía se
reducen a los trabajos en beneficio de la comunidad y las obligaciones de participar en programas formativos, destacando con
especial relevancia las primeras. En concreto, cada semana son
dictadas 4 o 5 sentencias condenando al cumplimiento de trabajos
en beneficio de la comunidad, siendo prácticamente todas ellas
impuestas como penas principales. De hecho, tal y como ocurre
en Arenys de Mar, la mayoría de TBC derivan de delitos contra la
seguridad del tráfico y delitos de violencia en el ámbito doméstico
o familiar, siendo muy reducido el número de TBC sustitutivos de
la pena privativa de libertad.
El tiempo transcurrido entre la comisión del hecho, la sentencia y la ejecución de la medida varía en función del tipo de ilícito
cometido, pero si se trata de ilícitos juzgados por juicio rápido,
en una semana o dos se suele realizar el juicio, la sentencia, y la
primera entrevista. Posteriormente, entre esta primera entrevista y
el comienzo de la ejecución efectiva de la sanción suele transcurrir
un mes, por lo que se puede afirmar que el objetivo de agilizar el
sistema de justicia ha sido efectivamente cumplido.
Respecto a las entidades donde se ejecutan los TBC en esta
demarcación territorial, predominan las entidades públicas locales,
debido a que el tejido asociativo existente en las pequeñas poblaciones es prácticamente inexistente o está formado por personas voluntarias que no pueden asumir las labores de supervisión exigidas
por el programa. Por lo tanto, serán los ayuntamientos las entidades
donde más TBC se ejecuten, mostrándose en general bastante receptivos. Esta receptividad es común también a las entidades privadas
y a las personas particulares que entran en contacto con el programa
de TBC, siendo ésta una buena manera de implicar realmente a la
comunidad en la solución de los conflictos penales.
Como valoración personal de la profesional responsable, sí
considera que esta sanción tiene efectos positivos en las personas
282
penadas, especialmente, si es posible la conexión entre el ilícito y
la actividad a realizar. Sin embargo, la dificultad está en esta misma
relación, y en especial en algunos tipos de delitos. Por otra parte,
el mayor problema con el que se encuentran los y las técnicas a la
hora de ejecutar esta sanción es la falta de recursos disponibles,
es decir, la escasez de entidades que colaboren con el programa
y doten al servicio de la diversidad y riqueza necesarias para una
ejecución satisfactoria.
IV. EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DE LA PENA DE
TBC EN EUSKADI507
1. Competencia de la ejecución de la pena de TBC en
Euskadi
El art. 10.14 LO 3/1979, por la que se aprueba el Estatuto de
Autonomía, estipula que es competencia exclusiva de la CAPV la
organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de
reinserción social conforme a la legislación general en materia civil,
penal y penitenciaria. Además, el art. 12.1 reafirma que corresponde
a la CAPV la ejecución de la “administración penitenciaria”.
Por lo tanto, la competencia de la ejecución de la pena de
TBC debería corresponder a la administración vasca, en aplicación de los preceptos anteriormente citados. Sin embargo, esta
competencia no ha sido transferida todavía por el gobierno estatal,
por lo que el órgano responsable de su ejecución sigue siendo la
administración penitenciaria. Dentro de ésta, la gestión de la ejecución de la pena de TBC es realizada por los servicios sociales
penitenciarios de cada territorio.
(507) Para la elaboración de este apartado se han realizado entrevistas con los
responsables de los servicios sociales penitenciarios de los tres Territorios
Históricos, una técnica del SAER y personas que trabajan en las siguientes
entidades: Adsis, Goiztiri, Izangai y Susterra.
283
No obstante, a pesar de que la competencia de la ejecución penal
y penitenciaria no haya sido transferida, existen en los tres territorios
un Servicio de Cooperación con la Justicia del Gobierno Vasco, que
comprende tres ámbitos: el servicio de orientación y atención al
detenido (SAOS), el servicio de apoyo a la ejecución y reinserción
social (SAER), y el servicio de atención a la víctima (SAV)508.
A los efectos de este estudio, el SAER es el que más nos
interesa, ya que se encarga de informar a los órganos judiciales
competentes para la ejecución de penas y medidas de seguridad,
así como de ejecutar materialmente determinadas penas y medidas de seguridad impuestas por el órgano judicial, y realizar su
seguimiento. Esta labor se concreta, por una parte, con el Juzgado
de Ejecutorias y, por otra, con el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Al primero de ellos, informa y propone la concesión de
suspensiones y medidas de seguridad y, en caso de que se aprueben, acompaña a la persona penada durante su ejecución. Con el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, acompaña a las personas que
se encuentren en libertad condicional o con medidas de seguridad
de internamiento, y elabora los planes de ejecución y las propuestas
para la concesión del tercer grado y la libertad condicional.
Para ello, elaboran los informes solicitados por los órganos
judiciales, tras realizar las entrevistas que sean pertinentes con
las personas encausadas, y preparan un plan de trabajo individualizado con cada persona, intentando, en cada caso, adecuar
la respuesta penal a la situación personal y social del usuario.
Asimismo, efectúan el seguimiento de las medidas impuestas, y
coordinan la red de recursos sociales existentes para la ejecución
material de las decisiones judiciales. Por lo tanto, en el ámbito de
sus competencias, realizan una labor similar a la que tiene que
desarrollar el órgano responsable de la ejecución de la pena de
trabajo en beneficio de la comunidad.
(508) Información sobre la labor desempeñada por cada uno de estos servicios
puede consultarse en www.justizia.net.
284
Este servicio está organizado territorialmente y está gestionado por el IRSE, una asociación no gubernamental y sin ánimo
de lucro, cuyos fines son, por un lado, promover social, cultural,
económica, laboral y educativamente a aquellas personas en riesgo de exclusión, que desarrollan conductas antisociales y tienen
dificultades de adaptación y, por otro, prestar asistencia a aquellas
personas que han sido víctima de algún tipo de delito.
Respecto a los Juzgados de Ejecutorias, en Euskadi únicamente funcionan el Juzgado nº 4 de Donostia-San Sebastián y
el Juzgado nº 7 de Bilbao, los cuales se encargan de ejecutar las
sanciones impuestas por todos los Juzgados de lo Penal ubicados
en estos territorios. Así, serán estos Juzgados quienes decidirán
acerca de las suspensiones de condena, sustituciones, medidas de
seguridad, etc. En un principio, el Juzgado de Ejecutorias se creó
con la intención de agilizar el sistema penal y disminuir la demora
existente entre la sentencia y la ejecución material de la sanción.
Sin embargo, actualmente, por lo menos en lo que respecta al
Juzgado nº 7 de Bilbao, se ha constatado también una importante
acumulación de expedientes, por lo que la materialización de estos
objetivos resulta bastante dudosa.
La proximidad entre la labor realizada por el SAER en el
ámbito de sus competencias y la ejecución de la pena de TBC ha
provocado que el Juzgado nº 7 de Bilbao les haya remitido a ellos
varias sentencias ejecutorias de esta pena, a pesar de que, legalmente, sean los servicios sociales penitenciarios los responsables
de su ejecución. Esta práctica ha producido una situación bastante
peculiar, en la cual el SAER ha buscado el recurso adecuado para
la persona concreta y, posteriormente, ha remitido el plan de ejecución a los servicios sociales penitenciarios, ya que son únicamente
éstos los que tienen la capacidad para aprobar esa ejecución. Ante
esta situación, considero que si los órganos judiciales tienen una
mayor confianza en el SAER, fundamentada en un satisfactorio
cumplimiento de sus competencias, la ejecución material de la pena
de TBC debería atribuirse a este órgano, con el objetivo de lograr
una verdadera implantación de esta sanción en Euskadi.
285
2. Aplicación de la pena en cada territorio
La experiencia de aplicación de la pena de TBC es diferente
en cada territorio, tanto en lo referente a entidades colaboradoras
y número de demandas y finalizaciones de TBC, como a los problemas y dificultades detectados. Por este motivo, la exposición
sobre la situación actual va a realizarse territorialmente de manera
separada, y posteriormente se analizarán las cuestiones comunes
a todo el territorio.
A. Araba
La gestión de la pena de TBC es realizada por los servicios
sociales penitenciarios ubicados en el Juzgado de Vitoria-Gasteiz,
en los cuales trabajan dos personas a jornada completa y otras dos
a media jornada.
Los datos sobre la aplicación de la pena de TBC en este territorio son los siguientes:
Recibidas
Cumplidas
2002
6
4
2003
22
2
2004
48
19
Fuente: Instituciones Penitenciarias
Los datos anteriores a estos años no han sido facilitados, pero
sí parece que la aplicación era prácticamente testimonial. Además,
se daba la circunstancia de que la mayoría de las personas a las
que se les imponía un TBC se encontraban cumpliendo una pena
de prisión, lo que obligaba a suspender la ejecución del TBC o
solicitar al Juzgado sentenciador la modificación de la pena.
Tras la entrada en vigor de la LO 15/2003, se ha percibido un
aumento considerable en el número de sentencias que imponen
esta sanción. Las demandas del año 2004 se han duplicado con
respecto al año anterior, tendencia que se mantiene durante los
primeros meses del año 2005, habiéndose recibido ya más de 40
sentencias en los tres primeros meses.
286
La calificación jurídica de los hechos sancionados con TBC
también ha variado en los últimos meses, predominando actualmente los impuestos como penas principales derivadas de delitos
contra la seguridad del tráfico y faltas y delitos de violencia en
el ámbito doméstico y familiar. Durante la vigencia del CP 1995,
sin embargo, la mayoría de TBC correspondía a la modalidad
de cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por
impago de la pena de multa, la cual era abonada generalmente al
comienzo de la ejecución de la sanción de TBC. Por lo tanto, fue la
amenaza de un cumplimiento efectivo de los trabajos en beneficio
de la comunidad lo que persuadió a muchas personas para hacer
frente al pago de la multa.
Las entidades colaboradoras son, básicamente, instituciones
públicas locales, entre las cuales destaca el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz. Este ayuntamiento ha suscrito el convenio de
colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación
española de municipios y provincias (FEMP) para la gestión
del cumplimiento de la pena de TBC en las instituciones locales, ofertando un total de 20 puestos de actividad. Los sectores
de actividad en los cuales las personas penadas se insertan son
jardinería (15 puestos), limpieza y mantenimiento (3 puestos) y
servicios sociales (2 puestos).
Asimismo, se han ejecutado TBC en los ayuntamientos de
Zalduondo y Laudio, con los cuales no hay convenio pero sí
han accedido a colaborar con el programa de manera puntual.
Aparte de estas entidades públicas locales, la propia institución penitenciaria oferta también 8 puestos de actividad, a
cumplir en los exteriores de la prisión de Langraitz, durante
los fines de semana, tratándose de tareas de limpieza, pintura
y jardinería.
La única entidad privada sin ánimo de lucro que ha colaborado con el programa ha sido Gao Lacho Drom, una asociación
gitana, que ha albergado a dos personas que debían cumplir la
pena de TBC.
287
B. Bizkaia
El personal contratado por los servicios sociales penitenciarios de Bizkaia está compuesto por siete personas, y los datos
sobre la aplicación de la pena de TBC en este territorio son los
siguientes:
Recibidas
Cumplidas
Abono multa
Revocaciones
Prescripciones
Ley del menor*
Otros**
1998
53
1999
93
2000
168
2001
124
66
21
6
49
4
2002
96
44
24
8
23
2003
105
45
29
28
2
2004
175
56
16
14
16
15
Fuente: Servicios Sociales Penitenciarios de Bizkaia.
* TBC impuestos a menores de 18 años, que con la entrada en vigor de la LO 5/2000
fueron ejecutados por el Servicio de Justicia Juvenil del Gobierno Vasco.
** Suspendidas: 2; Traslado a otro territorio: 2; Despenalización de la conducta por la LO
15/2003: 9; Fallecimiento: 2.
La situación en Bizkaia difiere bastante de la expuesta anteriormente sobre el territorio alavés, destacándose el gran número
de demandas de TBC remitidas a los servicios sociales penitenciarios desde el año 1998 y, particularmente, durante el año 2000. A
continuación, esta demanda de ejecuciones de TBC disminuyó de
forma considerable, hasta que de nuevo en el año 2004 se produjo
un incremento importante en las demandas. Esta tendencia se ha
mantenido también durante los primeros meses del año 2005,
cuando, según las previsiones, puede duplicarse el número de
TBC cumplidos a lo largo del año.
Esta demanda, sin embargo, contrasta con el bajo porcentaje
de sanciones efectivamente ejecutadas y finalizadas. Además, a
partir del año 2001 este porcentaje ha ido disminuyendo paulatinamente, y ha pasado de suponer el 53% de las demandas en el
año 2001, a representar el 32 % en el 2004. Frente a este escaso
cumplimiento efectivo, por el contrario, destacan el número de
prescripciones y de penas de multa abonadas, lo que demuestra,
288
nuevamente, el carácter disuasorio del TBC de cara a la satisfacción de la pena de multa.
La imposibilidad de comparar estos datos con las demandas y
ejecuciones de otro tipo de medidas penales alternativas o, incluso,
con el porcentaje de personas en prisión nos impide una visión
conjunta de la ejecución penal en el territorio, pero por lo menos
estos datos reflejan una aplicación relativa de la pena de TBC.
El perfil de las entidades colaboradoras en este territorio está
marcado por la participación de entidades privadas sin ánimo de
lucro, en las cuales se han ejecutado más del 85 % del total de TBC
cumplidos en el año 2004. Esta experiencia de colaboración con
las entidades privadas comenzó desde los primeros momentos de
aplicación de esta sanción, lo que fue propiciado por el extenso
tejido asociativo del territorio y, en especial, por la cantidad de
asociaciones que tienen proyectos de inserción y educación con
personas en riesgo de exclusión social. La mayoría de estas entidades colaboran de manera puntual, bien tras la propuesta que
les remiten los servicios sociales penitenciarios para ejecutar un
TBC determinado, bien tras solicitar al Juzgado que una pena de
multa impuesta a una persona con la que trabajan asiduamente en
la entidad sea sustituida por una sanción de TBC, a ejecutar en la
misma entidad.
Aparte de estas colaboraciones puntuales, la asociación Goiztiri tiene suscrito un convenio con instituciones penitenciarias desde
el año 2000, por el que ofertan 25 puestos de actividad estables.
Las entidades públicas locales que colaboran con el programa,
por el contrario, son bastante escasas. El Ayuntamiento de Portugalete se ha adherido al convenio firmado entre el Ministerio del
Interior y la FEMP, ofertando 4 puestos de actividad para personas
residentes en ese municipio, pero no se ha aplicado nunca. Por otro
lado, el Ayuntamiento de Bilbao firmó un convenio individual con
la administración penitenciaria, a través del Organismo Autónomo
de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, en el año 2002, por el que
ofertan 9 puestos de actividad también para personas residentes
289
en su municipio. Estos puestos comprenden tareas en parques y
jardines y en reparación de mobiliario urbano, habiendo tenido una
aplicación satisfactoria. Aparte de estos dos ayuntamientos que
tienen suscritos convenios de colaboración con la administración
penitenciaria, hay otras entidades públicas locales que también
han ofertado puestos de trabajo de manera puntual, tras haberse
puesto los servicios sociales penitenciarios en contacto con ellos,
para la ejecución en su seno de alguna pena de TBC a cumplir
por una persona residente en dichos municipios. En estos casos,
cuando el municipio es pequeño y existe una mínima relación entre
sus residentes, la receptividad del propio ayuntamiento suele ser
mayor, motivada por el sentimiento de responsabilidad de éstos
frente a sus conciudadanos.
Los sectores de actividad en los cuales las personas penadas
desarrollan sus tareas están caracterizados por la diversidad y el
propósito de adecuarlos al máximo a las capacidades e intereses de
las propias personas penadas. No se dispone de una memoria que
sistematice los tipos de trabajo realizados hasta el momento, pero
parece que predominan las tareas de mantenimiento y limpieza. No
obstante, cuando la persona que tiene que cumplir el TBC presenta,
además, algún problema que recomienda su participación en algún
tipo de tratamiento, como pueden ser supuestos de toxicomanía,
o de violencia contra las mujeres, se intenta que la entidad donde
se vaya a realizar el TBC oferte este tipo de tratamientos, convalidando la participación en ellos por trabajo efectivo de TBC. Por lo
tanto, el objetivo máximo que se plantea a la hora de seleccionar
el puesto de actividad es su adecuación al perfil de la persona
penada, así como que pueda servir de ayuda para la superación de
sus problemas personales, en caso de que éstos existan.
Por otro lado, del examen de los puestos de actividad desarrollados hasta el momento, sí parece derivarse una diferencia bastante
importante entre las actividades realizadas en las entidades públicas y en las privadas. Así, mientras que en las entidades públicas
parecen predominar las labores de jardinería, mantenimiento de
mobiliario urbano o pintura, en las entidades privadas se intenta
290
que sea la propia persona penada la que proponga las labores a
desarrollar, en función de sus habilidades y capacidades, al tiempo
que se le responsabiliza también en mayor medida del cumplimiento efectivo de la pena. Además, en estas entidades privadas
se incide mucho en el contacto personal entre las personas voluntarias o trabajadoras del centro y la persona que debe cumplir la
sanción, lo que sirve también para disminuir los prejuicios sobre
las personas sancionadas penalmente, al tiempo que se implica a
la sociedad en la solución de los conflictos.
C. Gipuzkoa
La aplicación de la sanción de TBC en este territorio ha sido
nula desde la entrada en vigor del Código penal de 1995. No
obstante, los datos de las sentencias que imponían TBC en este
territorio son los siguientes:
2002
2003
Recibidas
0
3
2004
1
Cumplidas
0
0
0
Fuente: Instituciones penitenciarias.
Los datos sobre los años anteriores a esta tabla presentan un
patrón similar, ya que esta sanción no se ha aplicado nunca en el
territorio de Gipuzkoa, pero sí se había producido un mayor número de demandas. Debido a esta nula aplicación, las sentencias
que imponían esta sanción acababan prescribiendo o se sustituían
por arrestos de fin de semana, según la gravedad de los ilícitos
cometidos.
Esta situación ha provocado que los órganos judiciales de este
territorio no dicten ninguna sentencia imponiendo los trabajos en
beneficio de la comunidad, y que la totalidad de las demandas de
ejecución provengan de otros Juzgados de fuera de Gipuzkoa, que
condenaban a personas residentes en este territorio. Por lo tanto,
para los Juzgados guipuzcoanos esta sanción se ha convertido en
una mera disposición legal, sin posibilidades de aplicación.
291
Las consecuencias de esta imposibilidad real de ejecutar la
pena, pueden ser más graves a partir de la entrada en vigor de la
LO 15/2003, ya que hay determinados tipos penales en los cuales
la sanción principal a imponer es el TBC o, alternativamente, la
cárcel. Esto provocará que algunos ilícitos frente a los cuales en el
resto de los territorios se dicte una sanción no privativa de libertad,
sean sancionados en Gipuzkoa con pena de prisión.
La razón esgrimida para justificar esta situación es el hecho de
que ninguna entidad pública local se haya adherido al convenio
firmado entre el ministerio del interior y la FEMP, y tampoco haya
suscrito ningún acuerdo de colaboración con la administración
penitenciaria a nivel individual. Asimismo, las entidades privadas
sin ánimo de lucro con las cuales se han puesto en contacto desde
los servicios sociales penitenciarios han rechazado colaborar con
el programa, por lo que hasta el momento no ha habido ningún
puesto de actividad en el que ejecutar la sanción.
Frente a esta falta de colaboración de las entidades, actualmente se están planteando la posibilidad de ejecutar la sanción de TBC
dentro del propio centro penitenciario de Martutene. Esta propuesta
fue realizada en una circular de instituciones penitenciarias, la cual
ya se ha puesto en marcha en otros lugares como, por ejemplo,
en Araba. Las tareas que realizarían las personas penadas serían
labores de jardinería y mantenimiento.
En este territorio, cuando se ha recibido alguna demanda de
ejecución de la pena de TBC, los servicios sociales penitenciarios
han citado a la persona penada para realizar la primera entrevista,
y en ésta les han expuesto la posibilidad que tienen de proponer
algún tipo de trabajo o entidad donde desempeñarlo. Hasta el momento, tal y como he comentado anteriormente, todos los intentos
han fracasado. Por este motivo, generalmente se ha suspendido
la ejecución de la pena, y se ha comunicado al órgano judicial la
imposibilidad de cumplimiento por falta de puestos de actividad,
para que éste decida bien dejar prescribir la sanción, o revocarla
e imponer otra distinta.
292
D. Aspectos comunes de la ejecución en todos los territorios
a. Procedimiento: La ejecución de la sanción comienza con
la remisión por parte del órgano judicial del testimonio de la sentencia, bien a la sede central de Instituciones Penitenciarias en
Madrid, bien directamente al centro penitenciario del lugar donde
deba cumplirse la pena. Posteriormente, cada centro penitenciario,
a través de sus servicios sociales penitenciarios, será el que tramite
la ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad.
Una vez que los servicios sociales penitenciarios han recibido
el testimonio de la sentencia, citan al interesado a una primera
entrevista, con el objetivo de planificar la ejecución de la pena,
para lo cual tienen una especial importancia las circunstancias
personales, sociales y laborales de dicha persona.
Si comparece a esta primera entrevista, la profesional encargada del caso buscará el puesto de actividad más adecuado a sus
circunstancias e intereses. Cuando haya seleccionado la actividad,
informará a la persona penada sobre todos los detalles del puesto,
entidad, etc. para que dé su aprobación. Si acepta esta propuesta,
los servicios sociales penitenciarios se ponen en contacto con la
entidad, convocando a la persona penada a una nueva entrevista en
la misma entidad. El objetivo de esta reunión es que las personas
de la entidad conozcan a la persona penada, valoren si le aceptan
y le busquen la actividad concreta más adecuada a su perfil. Si
no surge ningún problema, los servicios sociales penitenciarios
elaboran el plan de ejecución de la sanción y lo remiten al Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria para su aprobación.
En cambio, si la persona penada no comparece a la primera
entrevista, se le vuelve a citar dándole una nueva oportunidad.
En caso de que tampoco comparezca, devuelven el expediente al
Juzgado sentenciador para que éste decida. En la mayoría de las
ocasiones se ha revocado la pena de TBC.
La ejecución de la sanción de TBC está regida por el principio de flexibilidad, con el objetivo de posibilitar al máximo su
293
cumplimiento efectivo. En este sentido, tanto el horario como la
solución de los posibles incidentes leves que puedan surgir durante
la ejecución intentan adecuarse a las circunstancias concretas de
la persona penada, y se tiene también en cuenta la opinión de las
entidades colaboradoras.
b. Control: El control administrativo sobre la ejecución de
la pena es llevado a cabo también por los servicios sociales penitenciarios, y su periodicidad depende de la entidad y duración
de la sanción. Si las jornadas a cumplir son muchas, actualmente
el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria pide informes mensuales
sobre su aplicación y cumplimiento. Por el contrario, si son pocas jornadas, el control se limita a contactos telefónicos con la
entidad donde se desarrolla la actividad, comunicando al Juzgado
únicamente las incidencias que puedan surgir. Una vez finalizado
satisfactoriamente el cumplimiento de la sanción, los servicios
sociales penitenciarios realizan un informe final, el cual remiten
al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que quede constancia
de la extinción de la responsabilidad criminal y comience el plazo
de cancelación de antecedentes.
c. Entidades colaboradoras y actividades: La búsqueda
de entidades y de puestos de actividad la realizan los servicios
sociales penitenciarios, en función de las demandas de ejecución
de TBC recibidas. Esto provoca una sobrecarga de responsabilidad en estos órganos, quedando, en última instancia, la aplicación real de esta pena en manos de la buena voluntad de la
trabajadora social responsable. Sin embargo, en opinión de los
diferentes responsables de los servicios sociales penitenciarios
ubicados en Euskadi, debería ser la administración penitenciaria
la encargada de encontrar las entidades dispuestas a colaborar
con el programa. Es decir, la responsabilidad de garantizar la
existencia y variedad de entidades colaboradoras y puestos de
actividad debería ser del órgano superior, facilitando también
así la gestión individual de la pena por parte de los servicios
sociales penitenciarios.
294
d. Protección de la Seguridad Social: La legislación no
dispone claramente quién debe hacerse cargo de la cotización a
la Seguridad Social, por lo que la práctica difiere según la entidad
en la cual se desarrolle el trabajo. En el caso de las entidades
públicas locales que se han adherido al convenio entre el Ministerio del Interior y la FEMP, serán los mismos ayuntamientos los
que deberán dar de alta a la persona penada y cotizar por ella.
Por el contrario, en el resto de los supuestos los encargados de
dar de alta y de baja a las personas penadas en la Seguridad
Social, y de comunicarle a ésta todo tipo de incidencias, son los
servicios sociales penitenciarios, aunque, en principio, no sean
ellos los que cotizan efectivamente por la persona penada. Sin
embargo, las entidades privadas sin ánimo de lucro que colaboran
con el programa, en general, no pueden asumir la cotización a
la Seguridad Social y, además, esta exigencia podría dificultar
que aceptasen personas penadas en su seno. Por este motivo,
numerosas ocasiones son los servicios sociales penitenciarios
los que se hacen cargo de la cotización, a pesar de que incluso
instituciones penitenciarias se muestra contraria a esta solución,
por falta de presupuesto.
El hecho de que esta cotización no sea asumida expresamente
por ningún órgano, suscita dudas sobre si realmente se efectúa,
ya que las propias personas penadas no son informadas al respecto. Esta incertidumbre se acentúa en los casos en los cuales
la persona sometida a TBC es extranjera y carece de papeles en
regla509.
Por este motivo, sería precisa una reforma de la normativa
aplicable que estableciese claramente quién debe hacerse cargo
de esta cotización, considerando oportuno que esta obligación
recaiga sobre la administración competente.
(509) Se puede consultar la solución dada en Catalunya a este mismo problema
en el apartado II.3.F de esta Segunda Parte.
295
3. Entidades colaboradoras: desarrollo de su actividad
y problemas detectados
Las entidades colaboradoras, en las cuales se desarrollan las
actividades en beneficio de la comunidad objeto de esta sanción,
son el pilar fundamental que permite la aplicación real y efectiva
de la pena. Tal y como se ha podido comprobar, la falta de dichas
entidades, por ejemplo en Gipuzkoa, convierte a esta sanción en
una disposición legal sin posibilidades de aplicación, por lo que
resulta de vital importancia conocer directamente el trabajo que
desempeñan durante la ejecución, su valoración sobre la sanción
y el papel que deben desarrollar las entidades privadas sin ánimo
de lucro cuando colaboran en programas de ejecución penal, las
dudas suscitadas y los problemas con los que se encuentran durante la aplicación práctica. Esto nos puede ayudar a establecer
unas líneas de actuación que permitan tanto la participación de un
mayor número de entidades, como una ejecución más satisfactoria
de la pena, al tiempo que se les da un reconocimiento público a
la labor que desarrollan.
Para ello, se han realizado diversas entrevistas personales con
miembros de entidades privadas sin ánimo de lucro que colaboran
con la administración penitenciaria, ofertando puestos de actividad.
Todas ellas están ubicadas en el Territorio Histórico de Bizkaia, ya
que es este territorio el único en el cual existe una red de entidades
privadas sin ánimo de lucro que participan en la ejecución de esta
sanción. La selección de las entidades con las cuales se ha entrado
en contacto ha sido de forma aleatoria, aunque sí se ha intentado
reflejar su diversidad, tanto en los planteamientos generales de la
entidad, como en los específicos, referentes a la ejecución de la
pena de TBC en su seno.
A. ADSIS-BESTALDE
La fundación Adsis-Bestalde es una organización con un programa educativo y terapéutico de ayuda para la inserción social de
las personas privadas de libertad. Asimismo, tienen un programa
296
de inserción socio-laboral para personas en situación o proceso de
exclusión social, y gestionan un centro de día destinado a personas
que se encuentran en régimen abierto penitenciario510. Aparte de
estos proyectos, plantean también alternativas a la entrada efectiva en prisión, como es el programa de TBC. No obstante, éste
no está esbozado como un objetivo en sí mismo, sino que surgió
como respuesta concreta a la demanda realizada por los servicios
sociales penitenciarios.
El comienzo de la ejecución de la pena de TBC en esta entidad parte bien de la petición realizada por los servicios sociales
penitenciarios para que acojan a una persona concreta, bien de
la misma asociación, quien la propone al Juzgado como sanción
sustitutiva de la pena de multa para personas que están ya colaborando en el centro. En este caso, remiten al Juzgado la solicitud
de sustitución de la pena de multa por TBC, en la cual expresan
también su disposición a que las actividades sean desarrolladas en
la propia entidad. Generalmente, estas actividades consistirán en
seguir acudiendo a los talleres que estaba realizando, y desarrollar
alguna otra labor añadida.
El programa de TBC comenzó a aplicarse en el año 1999, y al
principio el número de sanciones que se cumplían en la entidad era
bastante anecdótico, no pasando de 3 ó 4 al año. En la actualidad,
sin embargo, tienen una media de 15 TBC anuales y, aunque tras la
entrada en vigor de la LO 15/2003, esperaban un aumento considerable de esta demanda, éste todavía no se ha producido. Tampoco han
notado un cambio sustancial con respecto al número de jornadas a
cumplir, siendo la media de 30 ó 40 jornadas. Sin embargo, sí han
recibido casos puntuales en los cuales la duración de la pena era
mucho mayor, pero hasta el momento han sido muy escasos.
Con respecto al tipo de actividad desarrollada en cumplimiento
de esta sanción, carecen de puestos fijos en los cuales incorporar
(510) Ver www.adsis.org.
297
a la persona penada, y la actividad depende de sus habilidades
personales, preferencias, problemas personales, etc. Además, siempre se intenta que sea la propia persona penada la que proponga
el tipo de actividad que puede desarrollar, valorando también el
aspecto educativo y la relación personal. Por este motivo, las
actividades realizadas hasta el momento han sido muy diversas,
aunque destacan las labores de mantenimiento, arreglos puntuales,
asistencia a cursos y talleres formativos, etc. Numerosas jornadas
de TBC son cumplidas también durante los campos de trabajo de
verano y navidades que esta entidad tiene en una residencia para
la tercera edad, en los cuales participan personas penadas, voluntarias y residentes. Durante estos campos de trabajo el intercambio
intergeneracional es fundamental, y se realizan actividades de
animación socio-cultural.
La mayoría de las jornadas se cumplen durante la semana,
aunque también es posible colaborar los fines de semana, en
los rastrillos solidarios de comercio justo. Esta posibilidad, sin
embargo, se limita a personas que no tengan que cumplir TBC
de muy larga duración, ya que si no la ejecución podría dilatarse
mucho en el tiempo.
El perfil de las personas que cumplen esta sanción en la entidad es muy variado, lo que influye también en la responsabilidad
asumida por la propia entidad. Así, cuando tiene problemas personales graves, los contactos con los servicios sociales penitenciarios
son mucho más continuos, aumentando la flexibilidad durante el
cumplimiento. Sin embargo, cuando la persona penada no tiene
especiales problemas personales, el control ejercido por los servicios sociales penitenciarios es menor, reduciéndose también los
aspectos educativos y rehabilitador de la pena.
B. Goiztiri
Goiztiri surge como plataforma que aglutina diferentes iniciativas de trabajo con colectivos situados en riesgo de pobreza y
marginación social, y desarrollan programas y servicios orientados
298
a dar respuesta a los problemas presentes y futuros de colectivos
en situación de exclusión social. Los colectivos con los que trabajan son muy diversos y, entre ellos, se encuentran las personas
privadas de libertad, en tercer grado o las que deben cumplir una
sanción alternativa511.
Para facilitar el cumplimiento de sanciones alternativas, Goiztiri suscribió un convenio de colaboración con la administración
penitenciaria en el año 2000, por el que ofertan 25 puestos de
actividad para el cumplimiento de la pena de TBC. Aparte de esta
participación en los programas de TBC de la legislación penal de
adultos, también acogen a menores que deben cumplir una medida
de PBC. No obstante, hasta el momento no ha habido problemas
de saturación, ya que los y las menores suelen cumplir la medida
en los periodos estivales, cuando el número de adultos que se
encuentra cumpliendo una pena de TBC disminuye.
En los últimos años sí han notado un crecimiento constante
en las demandas de cumplimiento de TBC, y especialmente tras
la entrada en vigor de la LO 15/2003. Además, se ha duplicado
o incluso triplicado la media del número de jornadas a ejecutar,
pasando de 10 ó 15 jornadas, hasta las 30 ó 50. Asimismo, a pesar
de que la mayoría de las sanciones se limitan a las 50 jornadas,
se han dictado también bastantes sentencias imponiendo TBC de
más de 100 ó 120 jornadas de trabajo.
En los puestos de actividad ofertados predominan las labores
de mantenimiento, limpieza, descargas, etc., siendo posible su
cumplimiento únicamente en horario de mañana, durante la semana. La participación en diversos talleres que ofrece la entidad
ha sido también conmutada como horas efectivas de trabajo en
determinados supuestos. Asimismo, cuando la persona penada
que debe cumplir un TBC tiene problemas de toxicomanía se le
plantea la posibilidad de participar en las actividades normales del
(511) Ver www.goiztiri.org.
299
centro y asistir a los talleres de superación de adicciones, aunque
en estos casos es necesario su consentimiento.
El perfil de las personas que cumplen una pena de TBC en esta
entidad, así como la calificación jurídica de los hechos que han
motivado la sanción ha variado bastante en los últimos tiempos. Es
decir, antes las personas penadas solían tener también problemas
de toxicomanía y los TBC estaban motivados por faltas o delitos
menos graves contra la salud pública, concretamente por tráfico
de drogas a pequeña escala. Actualmente, en cambio, predominan
las personas “normalizadas”, que no tienen graves problemas de
socialización y con empleo, condenadas por delitos de agresiones
y contra la seguridad del tráfico.
C. Izangai
Izangai es una asociación con programas de inserción para
personas que se encuentran en situación de exclusión social,
centrando su labor, particularmente, en los servicios ofrecidos a
personas inmigrantes. Para ello, realizan talleres de informática,
expresión artística, castellano, fontanería, carpintería, etc. y
acompañan a las personas que acuden al centro en su proceso
de inserción.
La pena de trabajo en beneficio de la comunidad comenzó
a cumplirse en esta asociación en el año 2000, experimentando
una evolución contraria a la del resto de entidades. Así, mientras
que en las demás organizaciones el número de TBC ejecutados
ha ido creciendo progresivamente, en Izangai se ha pasado de 13
TBC cumplidos en el año 2000 a 4 en el año 2004. La razón de
esta evolución inversa puede ser que, al principio, apenas había
entidades donde cumplir esta pena, por lo que los servicios sociales
penitenciarios remitían más personas a esta asociación. En los últimos tiempos, sin embargo, el número de entidades colaboradoras
ha aumentado, e incluso alguna de ellas tiene programas especiales
dedicados exclusivamente a la ejecución de esta pena, por lo que
ya no remiten este tipo de sanciones a Izangai.
300
El cumplimiento de esta sanción en la entidad deriva bien
directamente de la remisión hecha por los servicios sociales penitenciarios, bien de la sustitución de la pena de multa solicitada para
personas que acuden asiduamente a la entidad. En estos últimos
casos, cuando una persona que está participando en las actividades
y programas diarios de la entidad, recibe la notificación de una
sentencia condenándole a una pena de multa, se suele plantear ante
el Juzgado la sustitución de esta sanción por el TBC, a cumplir
en la misma entidad. Sin embargo, en estas ocasiones el tiempo
que transcurre desde que hacen la petición hasta que comienza la
ejecución efectiva suele dificultar enormemente la ejecución de la
pena de TBC. De hecho, hay que tener en cuenta que el colectivo
de personas con el que trabajan está compuesto por gente que
tiene problemas de inserción en un momento concreto de su vida,
pero que se espera sean superados mediante las actividades que
realizan en el centro. Por este motivo, cuando piden la sustitución
para personas que en ese momento están acudiendo a los programas del centro, lo ideal sería que pudiesen cumplir el TBC en un
período relativamente corto de tiempo, para poder conectar las
actividades a desempeñar en cumplimiento de la sanción con las
tareas diarias de los programas. Sin embargo, al dilatarse tanto en
el tiempo, generalmente cuando la persona recibe la notificación
aceptando la sustitución y aprobando el auto por el que se ordena
la ejecución del TBC, esa persona ya no se encuentra participando
en los programas del centro, lo que dificulta o incluso imposibilita
dicha ejecución.
Hasta el momento, la totalidad de penas de TBC cumplidas
en la entidad tiene su origen en la sustitución de penas de multa,
no habiéndose recibido ninguna sanción sustitutiva de la pena
de prisión o impuesta como pena principal. Esto tiene su reflejo
también en la duración de estas sanciones, ya que aquí el máximo
de jornadas ejecutadas ha sido de 30, lo que en determinadas circunstancias resulta ya excesivo. En este sentido, cuando la sanción
tiene una duración mayor a ésta, su ejecución se complica mucho,
no sólo para la persona penada, sino también para la propia enti301
dad, por lo que normalmente no pueden aceptar cumplimientos
de penas más largas.
El tipo de actividades desarrolladas en cumplimiento de la
pena depende mucho de las capacidades y circunstancias de la
persona, y no existen puestos de actividad destinados a ésta. Así,
cuando plantean la sustitución al Juzgado generalmente describen
la tarea a realizar de forma amplia, para poder adaptarla posteriormente al perfil de la persona. No obstante, cuando la persona
está participando activamente en las actividades del centro, el
TBC suele consistir en seguir acudiendo a éstas, y realizar alguna
tarea complementaria.
D. Susterra
Es un espacio de encuentro y desarrollo personal, dirigido
a jóvenes entre 18 y 30 años que estén en peligro de exclusión.
Su labor es acompañar a los jóvenes en sus diferentes procesos
de vida: salud, crecimiento personal, vivienda, justicia, ocio y
tiempo libre, formación y empleo, todo ello desde una perspectiva
comunitaria.
Por lo tanto, trabajan diversos ámbitos, siendo uno de ellos
el de la justicia, desde el que facilitan el cumplimiento de alternativas penales, pero sin ser éste uno de sus objetivos. Es decir,
la colaboración en este tipo de programas no es un objetivo en sí
mismo, sino que ésta hay que enmarcarla en el proyecto educativo más global, que incide en diversos aspectos. Por lo tanto, el
TBC lo aplican como experiencia puntual que tiene una persona
dentro de un proceso más amplio de desarrollo personal, pero no
de manera aislada.
Este planteamiento influye en la propia ejecución de la pena
de TBC, ya que es la entidad la que promueve la sustitución de
penas para introducir el TBC, o mantienen contactos con abogados
y abogadas para que incorporen el TBC en la propuesta de pena,
cuando ésta es adecuada para una persona que esté trabajando
302
asiduamente con Susterra. Esta persona ha debido aceptar anteriormente la propuesta de sustitución, lo que favorece también
una buena actitud durante el cumplimiento. Por lo tanto, cuando
la sustitución es posible, hacen la propuesta al ministerio fiscal
y al Juzgado, presentándose dispuestos a ofrecer el puesto de
actividad necesario. En estas circunstancias, el Juzgado generalmente acepta la propuesta, y la remite a los servicios sociales
penitenciarios, los cuales directamente se ponen en contacto con
la entidad para comenzar a ejecutar la sanción. Posteriormente,
es en este momento cuando empiezan a surgir los problemas, debido básicamente al gran número de horas que deben cumplir, ya
que suele resultar una duración excesiva tanto para las personas
penadas como para la entidad.
Las primeras experiencias en este tipo de programas fueron
ofreciendo puestos de actividad para jóvenes que tenían que
cumplir una medida de PBC, y ya habían cumplido 18 años en el
momento de la ejecución o tenían contacto con los y las educadoras. Posteriormente, comenzaron a ejecutarlo con adultos, pero
siempre que la persona tuviese un contacto anterior con la entidad.
Es decir, los TBC que se cumplen en Susterra no son remitidos
directamente por servicios sociales penitenciarios, sino que parten
de la solicitud de la propia entidad y son referidos a personas que
están ya participando en su proyecto educativo.
Los objetivos que tiene el proyecto de TBC son varios. En
primer lugar, ayudar a los jóvenes en su proceso de responsabilización de sus hechos y de las consecuencias que éstos tienen,
tanto a nivel personal como en relación a sus víctimas. En segundo,
reforzar el contacto personal con el o la educadora, lo que reafirma
también el vínculo educativo con dicho educador. En tercer lugar,
mejorar la autoimagen de la persona penada con respecto a su
grupo de iguales, es decir, a las personas que viven en su mismo
entorno y con las cuales tiene un contacto directo. Por último,
ampliar su red de recursos, mostrándoles otras alternativas, e
introducirles en redes comunitarias de organizaciones educativas
que trabajan en el interior de la comunidad.
303
Las actividades desarrolladas en cumplimiento de esta pena
son propuestas por las propias personas que deben realizarlas, y
generalmente están insertadas en la dinámica diaria de la entidad.
Por lo tanto, carecen de puestos de actividad específicos destinados
a las personas que están cumpliendo la pena, ya que opinan que
no existen actividades concretas que puedan ser adecuadas a todo
tipo de personas. Además, para que la actividad posea realmente
efectos educativos en la persona, hay que tener en cuenta también
el momento personal que está viviendo, su grado de responsabilización, etc. lo que obliga a la individualización de las tareas. En
resumen, las tareas desarrolladas son bastante variadas, y normalmente realizan las mismas tareas que el resto de compañeros
y compañeras que están participando en el proyecto, pero con
un grado más de responsabilidad, del que son conscientes y que
valoran de forma positiva.
Por otra parte, en el momento de seleccionar la actividad concreta a desarrollar se tiene especialmente en cuenta el momento
vital de la persona, compaginando las actividades en grupo, con
el resto de los y las compañeras, y las actividades particulares
realizadas con el o la educadora. En este segundo caso, el objetivo es incidir en el elemento educativo, intensificando la relación
personal entre la persona y el o la educadora.
E. La problemática del control de la ejecución y diversas demandas de mejora por parte de las entidades
Una vez expuesta, de manera muy breve, la experiencia de
cada entidad en la aplicación de la pena de TBC, es necesario
plantear diversos rasgos comunes a su ejecución, haciendo especial hincapié en los aspectos que habría que mejorar, en opinión
de las propias entidades, para garantizar una aplicación real de
esta pena.
- La legislación dispone diferentes niveles de control y seguimiento de la ejecución de la sanción, que deben ser ejercidos por
la entidad, la administración y el Juzgado de Vigilancia Peniten304
ciaria. Las funciones de las entidades en este ámbito, sin embargo,
deben limitarse a realizar el seguimiento diario del cumplimiento,
comunicando a los servicios sociales penitenciarios cualquier
incidencia que surja. Por lo tanto, es la administración la que
debe ejercer realmente las tareas de control, no las personas que
trabajan en las entidades. De hecho, las entidades se encargan del
proceso educativo de la persona penada, de ofrecerle un puesto
de actividad y acompañarle en el desempeño de su tarea, lo que
resulta incompatible con una tarea de control exhaustiva.
En este sentido, el seguimiento realizado por las entidades
consiste en contabilizar el número de horas y de jornadas de trabajo efectivo, dato que estará a disposición de la administración en
cualquier momento, y resolver los problemas que puedan acontecer
en la convivencia cotidiana. Sin embargo, ante cualquier incidente
surgido durante la ejecución, se limitan a comunicarlo a los servicios sociales penitenciarios y proponer, en algunos casos, la solución que consideran más adecuada, pero no se ponen en contacto
con la persona penada ni intentan encauzar el cumplimiento.
Además, esta limitación de funciones es fundamental para no
judicializar los servicios sociales de base, ya que si se confunden
ambas tareas, al final parece que son las entidades comunitarias
las que están ejecutando y haciendo cumplir la sanción penal.
En cambio, debe quedar claro que la responsabilidad de que la
sanción realmente se ejecute es de la administración, y que las
entidades únicamente colaboran con esta administración ofreciendo una alternativa a la pena privativa de libertad. Por lo tanto,
es necesario separar la imposición de la medida, su ejecución y
su cumplimiento en la comunidad, aspectos que corresponden a
órganos diferentes.
Por otra parte, la labor que efectivamente desempeña la
entidad en este ámbito, depende mucho de la propia actitud y
nivel de responsabilización de la persona penada. Es decir, si la
persona se encuentra motivada y considera el TBC una manera
de responsabilizarse de sus actos y lo entiende como algo justo,
305
generalmente el cumplimiento es satisfactorio y no suelen darse
incidentes. Por el contrario, si se muestra reticente a la ejecución
de la sanción y ésta se ha impuesto de modo coactivo, a pesar de
haber otorgado su consentimiento, el riesgo de incumplimiento y
de incidentes es mucho mayor, lo que supone también una carga
añadida para la propia entidad. Por este motivo, es necesario valorar profundamente el momento en el que se encuentra una persona
antes de imponer una sanción de TBC, y hay que intentar que esté
realmente motivada y se muestre receptiva a este tipo de sanción,
ya que si no se puede dilapidar el recurso.
Con respecto a la labor de control ejercida efectivamente por
los servicios sociales penitenciarios, ésta suele ejercerse telefónicamente, una vez al mes o cada dos meses. En este sentido,
generalmente a la entidad no se le pide la elaboración de ningún
informe y, en algunos casos, la entidad ni siquiera tiene que remitir el informe de finalización. Esta circunstancia, en algunos
casos, puede producir disfunciones con respecto a la extinción de
la responsabilidad penal y a la cancelación de antecedentes, que
deben ser evitadas.
Por su parte, los informes remitidos por los servicios sociales
penitenciarios al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no tienen
ninguna periodicidad estipulada, dependiendo de la duración de la
sanción y de las eventuales incidencias que se produzcan durante
la ejecución.
- La mayoría de sanciones de TBC cumplidas en las diferentes
entidades son remitidas por los servicios sociales penitenciarios,
tras haber sido impuestas por los Juzgados correspondientes. Sin
embargo, en algunas ocasiones, cuando la entidad ha solicitado la
sustitución de la pena de multa o los propios juzgados conocen el
recurso determinado, son los propios juzgados los que han remitido
directamente la sentencia a la entidad, sin respetar el procedimiento
establecido y sin ponerlo en conocimiento de los servicios sociales
penitenciarios. Esto provoca que las funciones que en un principio
debe asumir la administración, deban ser realizadas por las propias
306
entidades, lo que supone una carga de trabajo para ellas que no
tienen por qué desarrollar. Además, se desnaturalizan las labores
de control que la legislación ha adjudicado a la administración,
confundiendo la colaboración de estas entidades privadas con la
ejecución de la sanción.
- Las entidades plantean la necesidad de que se les reconozca
la labor que desempeñan ofreciendo el puesto de actividad. Este
reconocimiento no debe entenderse en sentido económico, sino
de valoración del tiempo y esfuerzo que dedican al seguimiento
y cumplimiento efectivo de la sanción.
- La dilación de todo el proceso penal influye negativamente
en la potencialidad de la sanción para responsabilizar a la persona
por sus hechos. En general, las entidades sí consideran que esta
sanción puede tener efectos positivos para las personas que deben
cumplirla, ya que sirve para que acepten su responsabilidad penal
y personal, pero esta capacidad deriva mucho de la proximidad
temporal entre los hechos y la sanción, así como entre los hechos
y el tipo de trabajo a desarrollar, elementos que en numerosas
ocasiones son descuidados. Así, deberían establecerse mecanismos
para agilizar el sistema de justicia y reducir el tiempo transcurrido
entre los hechos y la ejecución de la sanción.
Del mismo modo, debería potenciarse también la conexión
y relación entre los órganos judiciales y las personas que deben
cumplir la sanción. Uno de los aspectos en que habría que incidir
es aumentar el control ejercido por el órgano judicial, el cual
debería ser más inmediato y continuo, con el objetivo de que la
persona penada advierta que el responsable último y superior de
la imposición y ejecución de la sanción es el propio Juzgado. De
esta manera se potenciaría la conexión entre el Juzgado, la sanción penal, y el trabajo realizado en la entidad, ya que numerosas
veces esta actividad queda desnaturalizada. Asimismo, gracias a
esta mayor proximidad se dota al sistema de justicia penal de una
humanidad de la que muchas veces carece, y puede servir para
hacer más comprensible a las personas penadas todo el proceso pe307
nal, al mismo tiempo que también se potencia la utilización de las
alternativas a la pena privativa de libertad con las y los jueces.
4. Propuesta del Gobierno Vasco para el desarrollo de las
competencias de ejecución penal y penitenciaria512
Aunque las competencias de ejecución penal y penitenciaria
todavía no han sido traspasadas a la administración vasca, sí hay
una propuesta de actuación para el momento en que éstas sean
transferidas, en base a los art. 10.14 y 12 Estatuto de Autonomía.
Este documento data de marzo de 2005, y en él se plasma un esbozo inicial de la política de ejecución penal y penitenciaria del
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social. Su interés
reside en que propone las pautas por las que podría discurrir una
política de ejecución penal propia, aunque por el momento éstas
no se materialicen en la práctica.
El objetivo máximo que se propone en estas líneas de actuación
es la reducción del uso de la pena privativa de libertad, potenciando, por el contrario, otro tipo de sanciones, ejecutadas en medio
abierto, que parte de los principios de dignidad y de ciudadanía de
las personas sancionadas penalmente. Para ello, es fundamental la
creación de un modelo integrador de los diferentes departamentos
del gobierno, que garanticen los derechos de las personas presas y
penadas. En este modelo participarían los servicios sociales comunes, bajo la coordinación del Departamento de Justicia, y tendría
una especial relevancia la implicación de la comunidad.
Con respecto a la ejecución de las penas no privativas de libertad, se propone la creación de tres Equipos multidisciplinares
de Medio Abierto, los cuales dependerían orgánicamente de la
Dirección de Medidas Penales Alternativas del Departamento de
Ejecución penal de la Consejería de Justicia. Estos equipos serían
(512) GOBIERNO VASCO 2005. Este documento puede consultarse en www.
ikusbide.net.
308
responsables de la ejecución de las penas de trabajo en beneficio de
la comunidad, medidas de seguridad, obligaciones de la suspensión
de la ejecución y apoyo a los liberados condicionales. Para ello,
utilizarían los recursos públicos y privados existentes en la comunidad, partiendo siempre de que es obligación de la administración
proveer de los recursos necesarios para el cumplimiento de los
TBC, tratamientos socio-sanitarios y programas formativos.
El personal de estos equipos estaría formado por funcionarios
de la administración pública vasca, aunque también se apunta
la posibilidad de contratar la labor educativa con una entidad
educativa sin ánimo de lucro. Además, se considera fundamental
la coordinación de estos equipos con los Equipos Psicosociales
Judiciales, encargados de la labor de asesoramiento a los órganos
judiciales, así como con los equipos técnicos que están al servicio
de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
La estimación aproximativa acerca del número de educadores necesarios para el correcto desarrollo de la ejecución de la
pena de TBC se sitúa en una persona por cada 40 o 50 personas
penadas, ratio utilizada también por el Departamento de Justicia
de Catalunya.
La ubicación física de estos equipos se establecería en cada
uno de los tres Centros de Inserción Social previstos, destinados a
personas que se encontrasen en régimen abierto penitenciario.
309
PARTE TERCERA:
CONCLUSIONES
I. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA REGULACIÓN
DE LA PENA DE TRABAJO EN BENEFICIO DE
LA COMUNIDAD EN LA LO 15/2003 Y EL RD
515/2005
1. Una verdadera implantación de las penas no privativas de
libertad y, entre ellas, de los trabajos en beneficio de la comunidad,
así como la reducción del uso de la prisión, resultan más factibles
partiendo de la configuración del derecho penal como último recurso dentro del ordenamiento jurídico, encargado de sancionar
únicamente las conductas más graves contra el orden social. Para
ello, en primer lugar, es necesario descriminalizar numerosas
conductas de escasa nocividad social, bien excluyéndolas del
sistema jurídico o bien reconduciéndolas hacia otros sectores del
ordenamiento, cuyas sanciones son menos lesivas contra los derechos individuales de las personas penadas. Asimismo, la pena de
prisión debe limitarse a sancionar aquellas conductas más graves
dentro del sistema penal, frente a las cuales no pueda reaccionarse
de modo efectivo mediante otro tipo de sanciones no privativas
de libertad. Por lo tanto, todos los ilícitos de gravedad leve e
intermedia deberían ser sancionados con penas alternativas a la
prisión, aplicadas como pena principal originaria y proporcionada
a la gravedad del ilícito cometido. Es decir, las alternativas a la
prisión deberían graduarse en función de su contenido aflictivo,
no en comparación con la pena de prisión, lo que posibilitaría la
materialización del principio de proporcionalidad y de respeto
a los derechos de las personas penadas, ya que las sanciones no
privativas de libertad se muestran mucho más adecuadas para
313
evitar su desocialización. En este sistema, la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad debería preverse para reaccionar frente
a ilícitos de gravedad intermedia, junto con la pena de multa, y
sería también posible imponer un número reducido de horas de
trabajo para sancionar conductas de gravedad leve, cuando las
necesidades rehabilitadoras de la persona o su dificultad para hacer
frente a la multa así lo aconsejen.
Las últimas modificaciones del Código penal, sin embargo,
difieren totalmente de este planteamiento, ya que son expresivas de
un derecho penal expansivo, con la pena de prisión como sanción
central del sistema punitivo. Además, se ha incrementado la severidad punitiva de las sanciones, reintroduciendo la pena de prisión
de corta duración y configurando la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad en función a dicha pena, lo que ha aumentado su
carácter punitivo y ha dificultado su ejecución real.
2. La LO 15/2003 ha mantenido la regulación básica de la pena
de trabajo en beneficio de la comunidad en el art. 49 CP. Aparte
de esta disposición, los artículos 33, 53 y 88 CP hacen también
referencia a otros aspectos de la sanción, como su duración o los
parámetros de conversión cuando actúa como sanción sustitutiva.
Posteriormente, esta regulación ha sido completada por el RD
515/2005, de 6 de mayo, en el que se establecen sus circunstancias
de ejecución.
En comparación con la regulación que hacía el anterior CP
1995, la LO 15/2003 ha introducido en el art. 49 algunos aspectos
básicos de su ejecución, como las causas y consecuencias de los
incumplimientos, y ha suprimido la remisión que anteriormente
se hacía a la legislación penitenciaria. Esta remisión había sido
intensamente criticada por la doctrina, debido a las diferencias
esenciales existentes entre las penas privativas y no privativas de
libertad y a la falta de disposiciones en este cuerpo normativo aplicables a la sanción de trabajos en beneficio de la comunidad.
Sin embargo, a pesar de estos elementos positivos de la nueva
regulación, se mantienen algunas lagunas que deberían haber sido
314
integradas en el nuevo reglamento de ejecución, entre otras, la
concreción de las actividades a desarrollar en cumplimiento de esta
sanción, es decir, las características que debe reunir un puesto de
actividad para que sea considerado de utilidad pública o social.
3. La definición que hace el art. 49 LO 15/2003 de la pena de
trabajo en beneficio de la comunidad, corroborada por el art. 2 a)
RD 515/2005, determina que la actividad a desarrollar por la persona penada debe ser de utilidad pública, y añade que podrá consistir
en tareas que guarden relación con delitos de similar naturaleza al
cometido por dicha persona, concretamente, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas.
Esta conexión con el delito debe interpretarse en sentido amplio,
ya que el objetivo de esta pena no es compensar directamente a la
persona concreta que ha sufrido las consecuencias del ilícito, en
caso de que ésta exista, sino a la comunidad en general.
Esta relación entre la actividad y el delito cometido puede
aumentar la capacidad rehabilitadora de la pena, ya que tiene la
virtualidad de confrontar a la persona penada con sus actos y con
las consecuencias que éstos tienen. No obstante, en determinados
tipos penales, para los cuales se prevé una sanción de trabajo en
beneficio de la comunidad, este precepto debe valorarse y materializarse con cautela, para evitar efectos negativos en las propias
personas que han sufrido delitos de similar naturaleza.
Un análisis más profundo de este inciso será realizado en el
apartado correspondiente a cada tipo penal sancionado con trabajo
en beneficio de la comunidad como sanción principal, aunque en
este momento pueden destacarse una serie de líneas generales:
- Es fundamental que la administración competente de la
ejecución de la sanción disponga de una gran variedad de
puestos de actividad susceptibles de ser desarrollados por
personas que han cometido delitos de diferente naturaleza.
- El Juzgado sentenciador, al remitir el expediente al órgano
administrativo competente de la ejecución debe aportar
315
una información completa sobre la clase de ilícito cometido, con el fin de adecuar al máximo posible el puesto de
actividad.
- El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria al aprobar o rectificar la propuesta de cumplimiento elevada por los servicios
sociales penitenciarios o el órgano administrativo correspondiente, en aplicación del art. 5.2 RD 515/2005, deberá
valorar el puesto de actividad propuesto en base también a
este criterio.
- En general, los puestos de actividad que desarrollan una labor
directa con los y las beneficiarias del servicio se muestran
apropiados para aquellas personas condenadas por ilícitos
contra las personas. Esto es debido a que este tipo de actividades puede ayudar a la persona penada a potenciar la
adquisición de habilidades sociales, o a mejorar y profundizar sus relaciones humanas. Sin embargo, en supuestos de
violencia habitual, en los cuales el individuo todavía no ha
modificado su conducta, este contacto directo con las personas y, especialmente, con víctimas de delitos similares, no
parecen ser los trabajos más adecuados, aunque habrá que
valorarlo en cada caso concreto.
4. Uno de los aspectos más problemáticos de la regulación
de la sanción de trabajos en beneficio de la comunidad por la LO
15/2003 es su duración. A lo largo del análisis de las disposiciones
que le hacen referencia se ha destacado la necesidad de realizar una
interpretación conjunta, que permita integrar las lagunas legales
existentes, y proceder a una ejecución lo menos desocializadora
posible.
4.1. El art. 33.3 k) fija el límite máximo de la pena en 180 días,
el cual resulta totalmente excesivo y desproporcionado respecto a
los ilícitos que sanciona. Además, si se impone la duración máxima de la jornada prevista por el art. 49 CP, de 8 horas diarias, el
número total de horas de trabajo efectivo a cumplir por la persona
penada podrá llegar hasta las 1440 horas, una duración a todas
luces desorbitada. En este sentido, hay que recordar las críticas
316
doctrinales que ya consideraban desmedido el anterior límite de
384 horas impuesto por el Código penal de 1995, así como las
experiencias de aplicación de esta sanción en derecho comparado,
donde generalmente no pueden superarse las 240 horas de trabajo
comunitario. Sin embargo, en la reforma penal aprobada por la LO
15/2003 el legislador ha hecho caso omiso a estas recomendaciones
doctrinales y ha aumentado inconmensurablemente la severidad
punitiva de la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad,
motivada, sin lugar a dudas, por un agravamiento general de todas las sanciones y por el papel central que mantiene la pena de
prisión. En este contexto, las penas no privativas de libertad no
son reguladas en función de su propio contenido aflictivo, sino
en comparación a la prisión, lo que obliga a incrementar su severidad para que, en opinión del legislador, resulten creíbles para la
ciudadanía y los órganos judiciales.
Esta excesiva duración dificulta la ejecución de la pena y
pone en cuestión los elementos positivos que caracterizan a las
penas no privativas de libertad, entre otras, la posibilidad de que
la persona penada siga desarrollando sus actividades cotidianas o
que no impliquen su estigmatización. Por el contrario, al tener que
cumplir un número de horas tan excesivo, la ejecución se dilata
mucho en el tiempo, suponiendo una gran carga para la persona
penada, y resulta enormemente complicado poder compatibilizar
sus obligaciones diarias con el cumplimiento de la sanción. Esto
puede derivar en un aumento de los incumplimientos, que a su vez
restarán credibilidad a la sanción, la cual dejará de ser impuesta
por los órganos judiciales.
Además, se saturan los recursos disponibles por la administración competente de la ejecución, ya que los puestos de actividad
únicamente podrán ser ocupados por una persona durante largos
periodos de tiempo. De este modo, se dilatan los plazos entre la
comisión del hecho, el juicio y la ejecución de la sanción, lo que
resulta contraproducente para el objetivo rehabilitador de la pena.
Asimismo, hay que tener en cuenta que estas sanciones tan largas
representan también un inconveniente para algunas entidades
317
colaboradoras, que no pueden albergar en su seno a una persona
durante un periodo tan largo de tiempo.
4.2. La LO 15/2003 no dispone si este límite máximo de 180
días es aplicable también cuando la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad actúa como sanción sustitutiva de la pena de
prisión de hasta 1 año o hasta de 2, junto con la pena de multa (art.
88 CP), y de la responsabilidad personal subsidiaria por impago
de la multa (art. 53 CP). Estos artículos establecen el baremo de
conversión en una jornada de trabajo por cada día de prisión sustituido o por cada dos cuotas de multa, por lo que es fundamental
determinar si el límite anterior es también de obligada observancia
en estos casos.
En este estudio se ha defendido que el límite de 180 días, ya
de por sí excesivo, debe respetarse también cuando la sanción de
trabajo en beneficio de la comunidad actúe como pena sustitutiva.
Por una parte, no hay ningún precepto a lo largo del Código penal
que permita concluir que este límite únicamente opera cuando se
trata de una sanción principal y, por otro, los argumentos político-criminales que desaconsejan una duración de la sanción tan
excesiva son aplicables también a este supuesto. Por lo tanto, la
disposición recogida por el art. 33.3 k) CP actuará como límite
absoluto, el cual no podrá ser superado en ningún supuesto.
Esta interpretación, sin embargo, puede ocasionar una violación del principio de igualdad y de proporcionalidad en relación
a la sanción sustituida, ya que tanto una pena de prisión de seis
meses, como otra de un año serán sustituidas por una pena de trabajo en beneficio de la comunidad de 180 días. Ante esta situación,
se ha propuesto utilizar la duración de la jornada a imponer como
método para graduar la sanción en función de la pena sustituida.
De hecho, el Código penal y el RD 515/2005 ofrecen un amplio
margen de discrecionalidad judicial, ya que únicamente disponen
que la jornada máxima será de 8 horas, pero no hacen ninguna
alusión a su duración mínima. Por lo tanto, cuando la pena de
trabajo en beneficio de la comunidad se imponga como sanción
318
sustitutiva, el número de horas de trabajo efectivo a cumplir se
graduará en base a la gravedad de la sanción sustituida.
Esta solución, no obstante, resulta bastante problemática, ya
que el art. 6 RD 515/2005 establece que los criterios a utilizar
para la individualización de la sanción serán las cargas personales, familiares y laborales que tenga la persona penada. Es decir,
este artículo dispone que la duración de la jornada no se fijará
en función de la gravedad del ilícito cometido, sino en base a las
obligaciones diarias de la persona penada.
Esta contradicción entre la propuesta realizada anteriormente
y el propio art. 6 RD 515/2005, es consecuencia de una mala
regulación de la sanción y de la necesidad de integrar las lagunas
legales referentes al límite máximo a imponer, en caso de que
la pena de trabajo en beneficio de la comunidad sea sustitutiva
de otra sanción. Además, si consideramos que el límite general
contemplado en el art. 33.3.k) resulta ya excesivo para conseguir
una ejecución satisfactoria de la pena, ampliar este límite hasta
las 365 jornadas que sería posible imponer vía sustitución, sería
un desatino penológico todavía mayor que intentar realizar una
interpretación conjunta, teniendo presentes los objetivos que deben
guiar la ejecución de la sanción.
Por otra parte, este problema podría haber sido evitado si,
en lugar de establecerse este baremo rígido de conversión entre
las sanciones a sustituir, únicamente se hubiese fijado un marco
general y unos criterios que orientasen al órgano juzgador a la
hora de fijar la duración de la sanción sustituida, teniendo siempre
presente el límite máximo establecido.
4.3. El art. 40.4 CP delimita el plazo temporal en el cual
deberá ejecutarse la sanción, que no podrá ser superior a un año.
En principio, este precepto estuvo motivado por el deseo de no
dilatar excesivamente en el tiempo la ejecución de la sanción.
Sin embargo, una duración tan excesiva como la anteriormente
analizada, ha provocado que el cumplimiento de la sanción en el
plazo de un año obligue a la persona penada a mantener un ritmo
319
de ejecución difícilmente compatible con sus obligaciones diarias,
lo que aumentará el peligro de incumplimiento. Ante esta situación,
se ha propuesto recurrir al art. 40.5 CP, que permite extender el
plazo de ejecución de la sanción cuando excepcionalmente sea
previsto por alguna disposición del Código penal. Esta autorización
expresa no ha sido recogida en ningún precepto de dicho cuerpo
normativo, pero puede interpretarse que una duración tan excesiva
como la prevista por el art. 33.3 k) la hace necesaria.
4.4. Tal y como se puede comprobar, el análisis de la duración
de la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad está caracterizado por la necesidad de acudir a soluciones excepcionales, que
a veces ni siquiera respetan la literalidad del texto. Esto es debido
a una deficiente técnica legislativa, con la existencia de numerosas
lagunas legales y, especialmente, a una previsión de la duración
de la sanción totalmente desorbitada, que complica enormemente el cumplimiento efectivo de la sanción. Esta mala regulación
puede provocar un aumento del número de incumplimientos de la
sanción, lo que a su vez restará confianza a los órganos judiciales
a la hora de imponerla, por lo que, muy posiblemente, seguirá
siendo una sanción prácticamente testimonial, sin incidencia real
en el sistema de penas.
5. El art. 9.1 e) RD 1599/2004, de 2 de julio, dispone que
la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad corresponde a la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias y, en concreto, a la Subdirección
General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria (art. 9.2 a) RD
1599/2004). A un nivel más local, los órganos administrativos
competentes de la ejecución de esta sanción serán los servicios
sociales penitenciarios de cada territorio o, si la competencia en
materia de ejecución penal está transferida, los órganos correspondientes (art. 49.6 CP y RD 515/2005).
La opción del legislador por mantener la competencia de la
ejecución de esta pena no privativa de libertad dentro de la administración penitenciaria, a pesar de las críticas de las que fue objeto
320
durante la vigencia del Código penal de 1995, resulta totalmente
rechazable, debido, especialmente, a las diferencias esenciales
existentes entre este tipo de penas y las penas privativas de libertad.
La administración penitenciaria, tal y como su nombre indica, es
el órgano encargado de la gestión de los establecimientos penitenciarios y de las sanciones que deben ejecutarse en este régimen. La
pena de trabajo en beneficio de la comunidad, así como otro tipo de
sanciones no privativas de libertad, en cambio, están caracterizadas
por su ejecución en medio abierto, con una participación activa
de la comunidad y por una afección de derechos diferentes a la
privación de la libertad individual. Además, si se pretende avanzar
en la consecución de un sistema penal alternativo, donde estas
penas no privativas de libertad se apliquen de modo satisfactorio,
es fundamental crear un órgano administrativo, independiente de
la administración penitenciaria, que se encargue de la gestión y
ejecución de este tipo de sanciones. Asimismo, sería conveniente
que este órgano fuese adscrito al Ministerio de Justicia, y tuviese
capacidad para buscar los recursos necesarios para una verdadera
implementación de estas sanciones513.
6. El art. 49 CP o su decreto de desarrollo debería haber previsto la exigencia de un informe preceptivo, anterior a la decisión
del órgano sentenciador de imponer la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad, que le asesorara y valorara la potencial
idoneidad de la persona imputada a la pena. Este informe debería
analizar tanto la situación social y personal del sujeto imputado,
como los recursos disponibles destinados a garantizar la ejecución
satisfactoria de la sanción. De esta manera, se podría aumentar la
confianza de los órganos judiciales en la pena, potenciando así su
verdadera implantación.
(513) La propuesta completa sobre la creación de un órgano propio encargado de
la ejecución de las penas no privativas de libertad y, entre ellas, de la pena
de trabajo en beneficio de la comunidad en Euskadi puede consultarse en
el apartado referente a las reflexiones sobre las experiencias de aplicación
práctica de la sanción, en el apartado II de esta Tercera Parte.
321
Actualmente, el art. 28 RD 515/2005 dispone la posibilidad del
órgano juzgador o del ministerio fiscal de solicitar a los servicios
sociales penitenciarios un informe sobre la situación social de la
persona imputada. Sin embargo, hubiese sido preferible que este
informe fuese preceptivo, así como que versase no sólo sobre la
situación social de la persona imputada, sino también sobre los
recursos disponibles para la ejecución de la sanción.
7. La regulación del consentimiento que tiene que dar la persona penada a la sanción es otro de los puntos conflictivos de la
actual normativa, que debería haber sido resuelto en la reciente
reforma del decreto de desarrollo de la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad.
El art. 49 CP exige que la persona penada se muestre conforme con la imposición de esta sanción. Los objetivos de dicho
requisito son diferenciar ésta de los trabajos forzados, proscritos
tanto en la legislación internacional como en la norma constitucional, y garantizar que, por lo menos en un principio, existe
el nivel de responsabilidad necesario por parte de la persona
penada para que la ejecución de la sanción sea satisfactoria. De
hecho, en la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad es
fundamental la cooperación de la persona penada, ya que no se
le puede obligar coactivamente a desarrollar el trabajo impuesto
en el plan de ejecución. Por lo tanto, supone una condición básica, sin la cual no puede imponerse esta sanción por el órgano
judicial.
Sin embargo, el procedimiento previsto complica enormemente la materialización de este requisito. En primer lugar, la persona
penada debe otorgar un consentimiento en abstracto ante el órgano
sentenciador, sin conocer con exactitud todas las condiciones en
las cuales deberá cumplir esta pena. Posteriormente, el órgano
sentenciador remitirá el expediente a los servicios sociales penitenciarios, o al órgano administrativo competente, para que éstos
realicen una primera entrevista con la persona penada, en la cual
analizarán la potencial idoneidad de la persona a la sanción y le
322
expondrán las condiciones de ejecución y las obligaciones que
conlleva. Asimismo, será este órgano administrativo el encargado
de proponer a la persona penada un puesto de actividad concreto
y su ritmo de cumplimiento, a los cuales deberá dar un segundo
consentimiento, esta vez en concreto (art. 5 RD 515/2005).
Los problemas derivados de esta mala regulación parten
de la necesidad de que la persona penada otorgue un primer
consentimiento ante el órgano judicial sin conocer todos los
extremos que aquél comprende. Así, en algunas ocasiones podremos encontrarnos incluso hasta en situaciones en las cuales el
consentimiento dado ante el órgano judicial sea nulo, ya que para
que éste sea valido es necesario que sea consciente e informado.
Además, es un requisito básico de respeto a la dignidad de la
persona penada informarle exhaustivamente y con anterioridad
de todas las obligaciones que supone dar esta conformidad,
especialmente en un tema tan delicado como la ejecución de las
sanciones penales.
Por otra parte, tampoco se considera adecuado que la primera
entrevista en la cual se analizará la situación personal y social de
la persona penada se realice una vez que la sanción ha sido ya
impuesta por el órgano judicial, ya que, entre otras cosas, puede
haber causas de incompatibilidad con la ejecución de la sanción
que deberían haber sido detectadas con anterioridad. Por último, es
posible que el consentimiento desaparezca una vez que la persona
penada conozca todos los extremos de la ejecución de la sanción,
el puesto de actividad concreto o su ritmo de cumplimiento, lo
que obligará al órgano judicial a revocar la sentencia e imponer
otra diferente, retrasando así la ejecución efectiva.
Para evitar todas estas situaciones, se ha propuesto modificar
este procedimiento y que la persona penada únicamente deba dar
su conformidad una vez ante el órgano judicial, pero conociendo
todos los extremos concernientes a la ejecución de la sanción.
Para ello, sería necesario que la entrevista a realizar por el órgano administrativo competente de la ejecución fuese anterior a la
323
imposición de la pena concreta514. En esta entrevista se le debería
informar a la persona imputada de los derechos y obligaciones que
conlleva una sanción de estas características, así como del posible
plan de ejecución. Además, sería el momento apropiado también
para valorar la potencial idoneidad de dicha persona a la sanción,
evitando, por tanto, realizar trámites innecesarios que únicamente
dilatan la ejecución de las sanciones penales. De esta manera, se
garantizaría que el consentimiento dado ante el órgano judicial es
realmente consciente e informado, simplificando al mismo tiempo
el procedimiento de ejecución.
8. El art. 9.2 RD 515/2005 regula el derecho de las personas
que se encuentren en situación procesal susceptible de que se les
aplique esta pena, a recibir información relativa a ésta, su forma
de ejecución y el trabajo disponible. Esta información deberá ser
proporcionada por los servicios sociales penitenciarios, y será
transmitida tanto a dichas personas procesadas como a sus letrados.
No obstante, para poder ejercer este derecho a la información, es
necesario que previamente lo soliciten a los servicios sociales
penitenciarios o al órgano administrativo competente.
Este último requisito puede dificultar el ejercicio efectivo de
este derecho por parte de estas personas, debido a que, si carecen
de asesoramiento jurídico o su abogado o abogada no les informa
sobre la posibilidad de que el Juzgado les imponga esta sanción,
la mayoría de las ocasiones desconocerán la existencia misma de
esta pena, por lo que tampoco solicitarán información sobre ella.
Esta situación, además, puede ser habitual en los juicios de faltas,
en los cuales la legislación permite la celebración del juicio oral
sin la presencia de un abogado o abogada defensora, violándose
así el derecho a una defensa efectiva y, en este caso, el derecho
a la información.
(514) No se escapan las dificultades de la articulación procesal de esta propuesta,
a las cuales se hace referencia en el apartado IV.5.2.2.B de la Primera
parte.
324
Por este motivo, hubiese sido recomendable que esta disposición no condicionara la obtención de esta información a la previa
solicitud de la persona procesada, sino que se estableciese un
sistema de información accesible a todas las personas interesadas,
que garantizase realmente el ejercicio de este derecho por todas
las personas susceptibles de que se les imponga esta pena.
9. La labor de control ha sido asignada a tres órganos diferentes, cuyas funciones concretas son complementarias, por lo que
para que este control sea realmente efectivo y dotado de contenido
es fundamental la comunicación y coordinación constante entre
estos órganos.
9.1. El primero de ellos es la entidad donde la persona penada
desarrolla las actividades, la cual podrá asumir las funciones de
gestión de los trabajos, asesoramiento, seguimiento y asistencia
de las personas penadas (art. 4.1 RD 515/2005). Estas funciones
pueden representar una carga excesiva para dichas entidades,
especialmente para aquellas que realizan una labor social muy
concreta y basan su trabajo en la colaboración de personas voluntarias, pero carecen de una gran infraestructura o incluso de
una persona asalariada que trabaje a tiempo completo en dicha
entidad. Además, en el caso concreto del control de la ejecución
de la pena, en numerosas ocasiones no es recomendable que la
persona responsable de la entidad lleve a cabo esta labor, debido
a que se pueden confundir los objetivos que persiguen las propias
entidades al colaborar con el programa de ejecución de la sanción
y los de la administración de justicia.
Estas objeciones no han sido tenidas en cuenta en la aplicación
práctica de la sanción hasta el momento, pero hay que subrayar
que dicho artículo 4.1 RD 515/2005 no obliga a las entidades a
asumir estas funciones, sino que únicamente les reconoce esta
facultad. Por lo tanto, parece más adecuado que estas entidades no
deban desarrollar estas funciones, sino que se limiten a realizar un
seguimiento superficial de la persona penada, comprobando que
acuda al puesto de trabajo, y comunicando a la administración
325
responsable cualquier incidencia que surja durante la ejecución,
pero sin admitir la obligación de fiscalizar a la persona penada.
9.2. En un segundo nivel se encuentra la administración penitenciaria, a través de los servicios sociales penitenciarios, o la
administración competente de la ejecución de la sanción. En este
caso, la legislación aplicable sí obliga a este órgano a realizar las
labores de control, ya que debe comprobar el sometimiento de la
persona penada a la sanción y el cumplimiento efectivo del trabajo
impuesto. Para ello, mantendrá contactos periódicos con la entidad en la cual se esté desarrollando la actividad y, si es necesario,
adoptarán las medidas procedentes (art. 7.2 RD 515/2005). Sin
embargo, ni el art. 49 CP ni el RD 515/2005 determina la periodicidad en la cual la administración competente debe efectuar
estas labores de control, lo que supone una de las más graves
omisiones de la legislación aplicable en este tema. Esta omisión
ha derivado en que numerosas ocasiones esta labor de control haya
sido relegada a las entidades colaboradoras, incumpliendo así la
administración penitenciaria sus obligaciones.
Por otra parte, los servicios sociales penitenciarios también
deberán comunicar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria las
incidencias relevantes que ocurran durante la ejecución de la
sanción, tras realizar las verificaciones necesarias (art. 8 RD
515/2005). Esta disposición es fundamental para garantizar que
dicho órgano judicial adopte las medidas pertinentes que faciliten
el cumplimiento efectivo de la sanción o, si éste es imposible,
revoquen la pena.
9.3. El órgano jurisdiccional encargado del control de la ejecución de la pena tras la LO 15/2003 es el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria (art. 49.1 CP). La atribución de esta competencia
a dicho Juzgado ha sido valorada positivamente por la doctrina,
debido a que puede potenciar la materialización de un control
efectivo de la ejecución de la sanción por el órgano judicial, al
tiempo que puede unificar los criterios seguidos durante dicho
control. Además, tras la reforma, para el desarrollo de esta la326
bor el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria deberá requerir los
informes sobre el desempeño del trabajo a la administración
pública o entidad donde se realicen las actividades. Es decir,
estos informes han pasado de ser meramente potestativos, tal y
como lo regulaba el art. 49 CP 1995, a ser preceptivos, lo que,
sin lugar a dudas, ayudará también a dotar de contenido esta labor de control a desarrollar por el órgano judicial. Sin embargo,
también en este caso es necesario criticar el hecho de que, en
la actual reforma penal, no se haya establecido la periodicidad
con la cual el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria debe requerir
estos informes.
En este sentido, si realmente se le quiere dotar a esta labor de
control de la administración y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la continuidad y del contenido necesario, es fundamental
que la normativa aplicable determine la asiduidad con la cual esta
labor deberá ser realizada por dichos órganos para evitar que, como
ocurre en la actualidad, estas lagunas legales sean esgrimidas para
delegar sus funciones en otros órganos a los cuales no corresponde
su cumplimiento.
10. La regulación que el RD 515/2005 hace sobre la protección
de las personas penadas a la Seguridad Social, remitiéndose al RD
782/2001, limita esta tutela a las contingencias de accidente de
trabajo y enfermedad profesional. Además, el art. 23 RD 782/2001
estipula que las cotizaciones por estas contingencias las realizarán
las personas jurídicas en cuyo ámbito de organización y dirección
se encuentre la persona penada.
Esta disposición tan exigua provoca que en la práctica no se
sepa muy bien quién debe cotizar por estas personas: la administración o la entidad colaboradora. Asimismo, tras el análisis de la
aplicación práctica hay dudas razonables de que esta cotización
realmente se realice, ya que no se les informa a las personas penadas sobre esta eventualidad, aparte de los problemas concretos
surgidos cuando la persona que debe cumplir la sanción es inmigrante y se encuentra en situación administrativa irregular.
327
Por estos motivos, teniendo en cuenta el grado de protección
que hay que ofrecer a las personas penadas mientras están desarrollando la actividad en cumplimiento de esta sanción, sería
recomendable una reforma legislativa que estableciese claramente
quién debe hacerse cargo de esta cotización. En este sentido, si
valoramos la escasez de recursos materiales que caracterizan a
las entidades colaboradoras, particularmente cuando se trata de
organizaciones privadas sin ánimo de lucro que desarrollan tareas
de utilidad social, y que la competencia de la ejecución material
de la sanción es de la administración, parece que debería ser ésta
la que directamente asumiese dicha cotización, garantizando, al
mismo tiempo, que se efectúa realmente.
11. Otra laguna legal que debería haber sido resuelta en la
reciente reforma del Código penal y de su decreto de desarrollo
es la responsabilidad por los daños ocasionados por los y las penadas a terceros durante el cumplimiento de la pena. Actualmente
no hay ninguna disposición que haga referencia a este tema, lo
que puede provocar la reticencia de numerosas organizaciones a
colaborar con el programa.
La doctrina ha elaborado diversas interpretaciones destinadas
a integrar este vacío legal, aunque se destaca la necesidad de regular expresamente dicho extremo, con el fin de evitar posibles
problemas posteriores. No obstante, y mientras no esté regulado,
parece que la solución más factible es la suscripción, por parte
de la administración competente de la ejecución de la sanción, de
un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños
ocasionados por parte de las personas penadas durante la ejecución
de la sanción.
12. Las causas y las consecuencias del incumplimiento de la
sanción de trabajo en beneficio de la comunidad han sido incorporadas al art. 49 CP, ofreciendo así una mayor garantía a la persona
penada, al tiempo que se solventa la exigencia doctrinal que reclamaba la regulación de las condiciones mínimas de la ejecución
de esta sanción, y en especial su régimen de incumplimiento, por
328
el Código penal, y no por un decreto, tal y como ocurría durante
la vigencia del Código penal de 1995.
No obstante, los supuestos recogidos por el art. 49.6, que
dan lugar al incumplimiento, son prácticamente una copia de la
regulación establecida anteriormente por el art. 8 RD 690/1996,
manteniéndose, por tanto, numerosos problemas interpretativos
que deberían haber sido solucionados en la nueva regulación.
En este sentido, únicamente el primero de estos supuestos, al
establecer que incumple la pena quien se ausenta del trabajo
durante al menos dos jornadas laborales, siempre que ello suponga un rechazo voluntario su cumplimiento, es acorde con las
exigencias mínimas de concreción requeridas a una disposición
penal, especialmente cuando se trata de una causa de incumplimiento que puede derivar en la revocación de la sanción y en la
imposición de una pena privativa de libertad. La definición de
los supuestos recogidos en las letras b), c) y d), por el contrario, alberga conceptos muy abstractos e indeterminados, como
“rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible” o “se
opusiera de forma reiterada y manifiesta a las instrucciones”,
que obligan a su interpretación restrictiva para evitar que resulten
abusivos. Esta situación es especialmente grave con respecto a
la cláusula abierta recogida en la letra d), ya que únicamente
hace referencia a cualquier otra causa, por la que la persona
responsable de la entidad se niegue a mantener a la persona
penada en su seno.
Esta indeterminación de las situaciones que provocan el incumplimiento de la sanción obliga a los servicios sociales penitenciarios, al realizar el informe exigido por el art. 8 RD 515/2005, y al
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, al valorarlo y decidir sobre
las consecuencias pertinentes, a utilizar criterios muy concretos,
que den lugar a que sólo el rechazo voluntario a la ejecución de la
sanción por parte de la persona penada o su conducta, atentatoria
contra las personas con las cuales desarrolla el trabajo, concluyan
en una revocación de la sanción. Además, el auto acordado por el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria debe estar bien fundamentado
329
y se deben verificar las incidencias alegadas, las cuales deben ser
proporcionadas a las consecuencias que conllevan.
Por otra parte, es positivo que el art. 49.6 II CP haya diversificado las consecuencias a imponer por el Juzgado de Vigilancia
Penitenciaria ante situaciones de diferente gravedad. Así, tras la
reforma operada por la LO 15/2003 es posible diferenciar el cumplimiento defectuoso del incumplimiento culposo, disfrutando el
Juzgado correspondiente de un amplio margen de discrecionalidad
que le permitirá adecuar las respuestas a los diversos supuestos. De
esta manera, una vez valorado el informe remitido por los servicios
sociales penitenciarios referente a las incidencias concretas, el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria tiene tres opciones: acordar
la ejecución de la pena en el mismo centro, enviar a la persona
penada para que finalice su ejecución en otro centro o entender
que ha incumplido la pena.
En caso de incumplimiento, las consecuencias variarán en
función de si la pena ha sido impuesta como sanción principal
o sustitutiva. De hecho, el art. 49.6 III CP dispone que en caso
de incumplimiento se deducirá testimonio para proceder en conformidad con el art. 468 CP, regulador del quebrantamiento de
condena. Sin embargo, tal y como he argumentado en el apartado
correspondiente515, considero que este testimonio únicamente se
deducirá cuando la pena de trabajo en beneficio de la comunidad
incumplida haya sido impuesta como sanción principal, ya que, en
caso de que ésta haya sido sustitutiva, el principio de especialidad
obliga a aplicar el art. 88.2 CP, el cual establece que, en caso de
incumplimiento de la pena sustitutiva, se ejecutará la pena de
prisión inicialmente impuesta.
13. La capacidad de una pena como la de trabajo en beneficio
de la comunidad para cumplir su objetivo máximo de ser una
alternativa real a la pena de prisión, aparte de las condiciones de
(515) Ver apartado IV.5.4.2.B de la primera parte.
330
ejecución que proporcionen a los órganos judiciales confianza
en su aplicación satisfactoria, depende en gran medida del papel que le ha sido reservado por el legislador en la regulación
general de las sanciones. En este sentido, la potenciación de
esta sanción por la LO 15/2003 debe ser relacionada con la
desaparición de la pena de arresto de fin de semana, a la que
viene a sustituir en determinados tipos penales. En cambio, tal
y como veremos a continuación, no parece que se haya debido a
una verdadera apuesta del legislador por esta pena no privativa
de libertad.
13.1. En primer lugar, una de las novedades más importantes
de la LO 15/2003 en referencia a esta pena es que se haya previsto como sanción principal en determinados tipos penales. Sin
embargo, para concluir si en éstos la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad actúa realmente como alternativa a la prisión, o
únicamente se ha producido un efecto de desplazamiento entre las
mismas sanciones no privativas de libertad, es necesario analizar
individualmente cada uno de estos tipos penales, y posteriormente
hacer una reflexión conjunta.
a) La primera vez que esta sanción fue incorporada al Código
penal como sanción principal tuvo lugar con la aprobación
de la LO 11/2003, la cual recogía los trabajos en beneficio
de la comunidad para sancionar la conducta tipificada por
el art. 153 CP, concretamente, el delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar. En esta ocasión, dicha sanción
venía a sustituir la pena de multa con la que se sancionaba
esta conducta anteriormente, de modo que el órgano judicial pudiese optar entre imponer los trabajos en beneficio
de la comunidad o la pena de prisión. Posteriormente, las
sucesivas reformas del Código penal operadas por la LO
15/2003 y la LO 1/2004 han ido modificando los diferentes
artículos que tipifican diversas conductas de violencia física
o psíquica ocurridas en este mismo ámbito, de forma que
prácticamente en todas, con excepción del art. 173.2 CP,
la pena de trabajo en beneficio de la comunidad ha sido
331
incorporada como sanción opcional a imponer junto con
la pena de prisión516.
El motivo por el que el legislador sanciona esta clase de
ilícitos con la pena de trabajo en beneficio de la comunidad
es la inadecuación de la multa en estos supuestos, debido a
que, sobre todo cuando todavía existe una relación económica entre la víctima y el agresor, la multa tiene también
efectos negativos para la propia persona que ha sufrido
estos episodios de violencia. Además, la desaparición de
la pena de arresto de fin de semana, obligaba al legislador
a establecer una sanción diferente opcional a la pena de
prisión, lo que le hizo decantarse por la sanción que está
siendo objeto de estudio.
Sin embargo, en estos supuestos la pena de trabajo en beneficio de la comunidad no se muestra como el recurso más
apropiado para reaccionar frente a este tipo de infracciones.
Si se desea que la sanción impuesta tenga verdaderos efectos rehabilitadores, la obligación de participar en programas
específicos de reeducación y tratamiento psicológico parece
mucho más propicia para estos agresores que la pena de
trabajo en beneficio de la comunidad, especialmente si
tenemos en cuenta los tipos de trabajo que generalmente
se desarrollan en cumplimiento de esta pena, aunque no
sean los que en principio debieran realizarse. Además, tal
y como vimos anteriormente, una de las potencialidades
rehabilitadoras de esta pena se basa en la conexión entre el
trabajo y el delito cometido, participando en actividades de
reparación de daños o de asistencia a las víctimas de delitos
de similar naturaleza, precisión que en este caso tampoco
(516) A excepción del art. 620.2 II CP, en el cual se tipifica la falta de amenazas,
coacciones e injurias cuando el sujeto pasivo sea uno de los citados por el
art. 173.2 CP, en el cual la pena de trabajo en beneficio de la comunidad es
opcional a la de localización permanente, debido a que la pena de prisión
está excluida para sancionar las faltas.
332
parece muy acertada, particularmente si con anterioridad
la persona penada no ha participado de modo satisfactorio
en programas de reeducación y tratamiento psicológico.
De hecho, si un agresor que no ha modificado en nada su
conducta y sigue reproduciendo las mismas actitudes y
prácticas violentas, es condenado a realizar un trabajo en
beneficio de la comunidad en actividades de asistencia o
apoyo a mujeres que han sufrido este tipo de violencia, lo
más probable es que su presencia tenga efectos negativos
en el proceso de superación de dichas experiencias que
estén llevando a cabo estas mujeres. Por este motivo, en
mi opinión, es fundamental actuar con mucha cautela a la
hora de seleccionar los puestos de trabajo a desarrollar por
estas personas penadas, teniendo en cuenta, especialmente,
el momento de responsabilización personal frente a sus
acciones en el que se encuentre dicha persona.
Por otra parte, en las sucesivas reformas del Código penal
en este ámbito únicamente se ha aumentado el contenido
punitivo de las sanciones a imponer, pero éstas no han sido
reguladas de forma efectiva para evitar realmente que las
personas condenadas por estas prácticas vuelvan a reincidir.
En lo que respecta a esta sanción, quizás hubiese sido más
adecuado imponer la obligación de participar en programas
de reeducación y de tratamiento psicológico, bien de modo
autónomo o de modo acumulativo con otras sanciones. Esta
solución sí ha sido la prevista por el art. 88.1 III CP, para
los supuestos de sustitución de la pena de cárcel inferiores
a uno o dos años por trabajo en beneficio de la comunidad
en delitos de violencia contra las mujeres, o en el art. 83
CP, regulador de la suspensión de la pena de prisión con
obligación de participar en dicho tratamiento y con las
prohibiciones de acercamiento y comunicación con la
víctima. Sin embargo, cuando la pena principal a imponer
vía art. 153, 171.4 y 171.5 o 172.2 CP es también la de tra333
bajo en beneficio de la comunidad, el órgano sentenciador
no puede condenar a la persona procesada a participar en
estos programas o tratamientos, sino que, en caso de que
considere adecuado obligarle a participar en ellos, deberá
imponer la pena de prisión y posteriormente sustituirla vía
art. 88.1 III CP, lo que, además, supone un agravamiento
general de la sanción total.
Por tanto, no parece que la introducción de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad como sanción frente a este
tipo de ilícitos haya estado motivada porque ésta se presente
como la solución más idónea, sino por la constatación de
los efectos negativos que en estos supuestos tiene la multa,
así como por la inexistencia de otra sanción a imponer.
Por último, hay que tener en cuenta que si realmente se
quiere erradicar la violencia sexista es fundamental cambiar
la estructura patriarcal de la sociedad actual, origen de estas
prácticas violentas, para lo cual, en el ámbito penal, no es
suficiente ni adecuado aumentar el contenido punitivo de
las sanciones, sino prever y aplicar de modo satisfactorio
otro tipo de medidas con un verdadero contenido rehabilitador.
b) La LO 15/2003 ha previsto esta sanción también en el art.
379 CP, el cual tipifica la conducción bajo los efectos de
bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas. La comisión
de este ilícito está sancionada de forma opcional con la pena
de prisión o con una pena de multa, la cual se podrá imponer
junto con los trabajos en beneficio de la comunidad. Por
lo tanto, en este caso la pena de trabajo en beneficio de la
comunidad podrá ser realmente una alternativa a la cárcel,
si los órganos judiciales se decantan mayoritariamente por
imponer la pena de multa y de TBC, tal y como parece está
ocurriendo.
c) El art. 244 CP recoge también los trabajos en beneficio
de la comunidad como sanción originaria a imponer si la
334
conducta juzgada constituye un hurto de vehículo a motor.
En este caso, la pena opcional será la pena de multa y,
en comparación con el CP 1995, ha venido a sustituir la
pena de arresto de fin de semana, desaparecida en la LO
15/2003.
d) Las conductas tipificadas en los art. 618 CP (falta como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones familiares establecidas en convenio aprobado judicialmente
o en sentencia judicial), 626 CP (falta de deslucimiento
de bienes) y 632 CP (falta leve contra la protección del
medio ambiente) son sancionadas también con esta pena,
a imponer de modo opcional, respectivamente, con la pena
de multa o la de localización permanente.
En estos casos, la pena de trabajo en beneficio de la comunidad en ningún caso puede actuar como alternativa a la pena
de prisión, ya que esta sanción está excluida para reaccionar
contra ilícitos tipificados como falta. Por el contrario, en
todas ellas ha venido a sustituir a la pena de arresto de fin
de semana con la que se sancionaban estas conductas anteriormente. Además, si se comparan las sanciones recogidas
en ambos cuerpos legales, la LO 15/2003 ha aumentado
el contenido punitivo de ellas, estableciendo un mayor
número de días de trabajo en beneficio de la comunidad
que el que correspondería si se hubiese procedido a una
sustitución de las penas tal y como quedaban recogidas en
el anterior art. 88.2 CP 1995.
13.2. La LO 15/2003 ofrece la posibilidad al órgano sentenciador de sustituir la pena de prisión inferior a un año por multa
o por trabajos en beneficio de la comunidad y, excepcionalmente,
la de prisión de hasta dos años por multa y trabajos en beneficio
de la comunidad. Ésta puede ser una vía realmente efectiva para
que la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad actúe
como alternativa a la cárcel, pero una mala regulación de los
parámetros de conversión, que derivarán en una sanción de TBC
335
prácticamente de imposible cumplimiento, y la escasa utilización
que hacen generalmente los órganos judiciales de este art. 88 CP
obligan a realizar una apreciación cautelosa sobre los verdaderos
efectos que esta disposición pueda tener.
Ante esto, hubiese sido necesario eliminar los baremos de
conversión rígidos recogidos en dicho artículo y limitarse a establecer los criterios orientadores a utilizar por los órganos judiciales,
reconociéndoles a éstos un amplio margen de discrecionalidad para
decidir la duración e intensidad de la sanción sustitutiva. Además,
se deberían haber previsto otras reformas tendentes a mejorar la
infraestructura y la confianza de estos órganos judiciales en las
sanciones sustitutivas, en este caso, en la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
13.3. En conclusión, del análisis de las categorías de aplicación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad no
parece derivarse que ésta vaya a actuar realmente como una
sanción alternativa a la cárcel. En cambio, es muy probable que
se produzca un efecto de desplazamiento entre las propias sanciones alternativas, diversificándose su uso, pero sin tener una
influencia significativa en la reducción de las tasas de población
encarcelada.
En los tipos penales en los cuales se ha previsto como sanción
originaria, la razón de su inclusión parece estar motivada por causas ajenas a una verdadera apuesta del legislador por esta pena. Más
bien se ha debido a la inexistencia de otras sanciones adecuadas
para reaccionar frente a un tipo determinado de infracciones, concretamente los supuestos de violencia física y psicológica contra
las personas con las que el agresor tiene o ha tenido una relación
familiar o sentimental, o a la desaparición de la pena de arresto de
fin de semana, que obligaba a establecer una pena sustitutiva a ésta
en los tipos en los cuales se preveía anteriormente dicha sanción.
Por lo tanto, en ningún supuesto se ha contemplado como sanción
originaria a imponer en tipos que anteriormente eran sancionados
únicamente con pena de prisión o, como mínimo, para sustituir
336
esta pena de prisión y establecerla como pena opcional junto con
otra pena no privativa de libertad.
Por el contrario, en la reforma operada por la LO 15/2003 se
ha mantenido la pena de prisión como sanción central del sistema
punitivo y se ha recuperado la pena privativa de libertad de corta
duración, cuyo límite mínimo se ha situado en los tres meses, y no
en los seis como regulaba el CP 1995. El fundamento dado por el
legislador para reintroducir estas penas privativas de libertad de
corta duración ha sido la función de prevención general negativa
que, en su opinión, cumplen estas sanciones.
Sin embargo, la opción más adecuada desde una perspectiva
proporcionalista y limitadora de los efectos negativos derivados
de las sanciones penales, hubiese sido restringir la utilización de
la pena privativa de libertad para sancionar únicamente las infracciones más graves contra el ordenamiento jurídico y potenciar las
penas no privativas de libertad. En este contexto, la pena de trabajo
en beneficio de la comunidad se mostraría adecuada para reaccionar frente a infracciones de gravedad leve e intermedia, como
son los delitos más comunes contra el patrimonio o el pequeño
tráfico de drogas. Además, éstos son, al fin y al cabo, los delitos
por los cuales ha sido condenada la mayor parte de las personas
que actualmente se encuentran en prisión, a pesar de que en estos
supuestos la cárcel resulta totalmente excesiva y desproporcionada, por lo cual ésta hubiese sido una buena medida para reducir
realmente esta población encarcelada.
La opción por esta política criminal que potencia la pena
privativa de libertad tiene su reflejo también en la institución de
la sustitución de la pena, regulada en el art. 88 CP. En este caso
también será muy limitado el papel jugado por la pena de trabajo
en beneficio de la comunidad, debido, especialmente a deficiencias internas de la propia institución, que ya han sido resaltadas
anteriormente. Además, es extensible la crítica realizada sobre las
verdaderas razones que han impulsado al legislador a prever esta
sanción como pena sustitutiva de la prisión. De hecho, no hay que
337
olvidar, una vez más, la desaparición de la pena de arresto de fin
de semana, sanción sustitutiva en el CP 1995, y la inadecuación
de la pena de multa para sancionar determinados tipos penales,
aparte de la nula virtualidad rehabilitadora de esta sanción para
aquellas personas que lo necesiten.
II. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE APLICACIÓN DE LA PENA DE TRABAJO EN BENEFICIO
DE LA COMUNIDAD EN EUSKADI Y ALGUNAS
PROPUESTAS DE MEJORA
1. La experiencia de aplicación de la sanción de trabajo en
beneficio de la comunidad en Euskadi ha sido, hasta el momento,
bastante deficitaria y anecdótica. El único territorio en el cual se
puede decir que se ha aplicado ha sido Bizkaia, debido especialmente a la presencia de organizaciones sociales dedicadas a la
lucha contra la exclusión social que se han mostrado favorables a
participar en el programa e, incluso, han solicitado a los juzgados
el cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria por
impago de multa mediante trabajo en beneficio de la comunidad,
a ejecutar en la propia entidad. En el resto de territorios -en particular en Gipuzkoa- la experiencia práctica de esta sanción ha
sido nula, lo que la ha convertido en una mera disposición legal,
sin posibilidades de aplicación.
Las causas que han impedido una aplicación satisfactoria de
esta sanción han sido varias, algunas comunes a todo Euskadi y
otras específicas de cada Territorio Histórico, las cuales se va a
intentar individualizar en las siguientes reflexiones, proponiendo,
al mismo tiempo, unas líneas de actuación que permitan introducir
realmente esta sanción en el sistema de penas.
2. No obstante, antes de comenzar la exposición de las deficiencias detectadas, es preciso destacar que, aunque los datos manejados en la elaboración de este estudio han sido suficientemente
representativos para los objetivos marcados, no se ha podido contar
338
con toda la información requerida acerca de la aplicación de esta
sanción, especialmente en Euskadi. Por una parte, la falta de un
órgano específico encargado de centralizar los datos y realizar
estadísticas sobre la aplicación de las diferentes sanciones penales
ha complicado enormemente la obtención de una información
completa y pormenorizada sobre la aplicación de la pena de trabajo
en beneficio de la comunidad. Pero por otra, lo que considero más
grave a efectos de una ejecución penal transparente y respetuosa
con los derechos y garantías legales reconocidas por la legislación
a las personas penadas, es la reticencia de Instituciones penitenciarias en facilitar esta información517.
Esto ha derivado en que los datos referentes a la aplicación
de esta pena en Euskadi sean muy exiguos, ya que únicamente
se ha podido conocer el número de sentencias que imponían esta
sanción, y la proporción de éstas que han sido efectivamente ejecutadas en los últimos tres años. Sin embargo, ha sido imposible
acceder a la información sobre la duración de estas sanciones, el
tipo de ilícitos que sancionaban, la clase de actividades realizadas
en cumplimiento de la sanción o datos comparativos de aplicación
con otro tipo de penas. No obstante, y a pesar de que algunas
de las conclusiones no han podido ser contrastadas con el rigor
necesario, es importante destacar la utilidad de análisis como los
aquí realizados, incluso aunque éstos hayan sido elaborados con
medios limitados.
Como contraste, el Departamento de Justicia de la Generalitat
de Catalunya ha realizado diversos estudios sobre la aplicación de
medidas penales alternativas, que nos permiten disponer, tanto de
datos sobre la aplicación de las diferentes medidas desde la entrada
en vigor del Código penal de 1995, como de las características
(517) Esta consideración, por fortuna, no es extensible a los servicios sociales
penitenciarios ubicados en las tres capitales vascas, los cuales proporcionaron información muy valiosa e interesante para la elaboración de este
trabajo.
339
básicas que tiene cada programa, lo que facilita enormemente la
labor de comparación y análisis del papel que realmente ha jugado
o juega cada una de ellas.
Por lo tanto, en primer lugar hay que señalar la necesidad de
realizar este tipo de estudios, así como la importancia de éstos
para poder fiscalizar la labor de las administraciones competentes, posibilitando también que la ciudadanía tenga acceso a una
información completa y detallada sobre la práctica penal. De esta
manera, se podrían eliminar numerosos prejuicios sobre la delincuencia y las personas penadas, y se lograría que la ejecución de
las sanciones penales dejase de ser una institución caracterizada
por la invisibilidad y la falta de transparencia, y fuese realmente
una tarea pública y conocida por la ciudadanía.
Asimismo, esta información resulta vital para realizar una
evaluación de la práctica penal, que contribuya a una mejora en
la aplicación de las sanciones y permita formular propuestas de
reforma apoyadas en el conocimiento de la realidad.
3. La competencia de la ejecución de la pena de trabajo en
beneficio de la comunidad en Euskadi recae actualmente sobre
la administración penitenciaria, en concreto, sobre los servicios
sociales penitenciarios ubicados en cada una de las capitales. Esto
a pesar de que el artículo 10.14 LO 3/1979, por la que se aprueba
el Estatuto de Autonomía, estipula que es competencia exclusiva
de la CAPV la organización, régimen y funcionamiento de las
instituciones y establecimientos penitenciarios y de reinserción
social. En este mismo sentido, el art. 12.1 de la citada ley reafirma
que la ejecución de la “administración penitenciaria” corresponde
a la administración vasca. Sin embargo, esta transferencia todavía
no se ha realizado, lo que representa el primer inconveniente para
lograr una ejecución más satisfactoria de la sanción.
Si comparamos la ejecución de esta sanción en Euskadi con la
experiencia catalana, donde la competencia de la ejecución penal
fue transferida a la Generalitat de Catalunya en 1984, la importancia de hacer efectivo este traspaso parece fundamental. Además,
340
disponemos también de la experiencia de aplicación de la medida
de prestaciones en beneficio de la comunidad por la administración
vasca, mucho más satisfactoria que la de la sanción regulada en la
legislación penal de adultos en el mismo territorio.
Las razones que parecen motivar una mejor ejecución penal
cuando la competencia ha sido transferida son varias. Por un lado,
la cercanía de las instituciones competentes es fundamental para
aumentar el sentimiento de responsabilidad frente a su ciudadanía,
e incrementa el nivel de confianza depositado en dichas instituciones por diferentes personas y entidades que participan en la ejecución penal. Por otro, la dotación de recursos con los que cuentan
los órganos competentes es mucho mayor en estos casos, aunque
siga siendo insuficiente, lo que influye particularmente en las posibilidades reales de ejecución. Además, en ambas administraciones
se han creado órganos especializados en la ejecución de medidas
en medio abierto, un acierto sin duda para dar a estas medidas la
entidad propia que se merecen, diferenciándolas claramente de la
ejecución de las sanciones privativas de libertad, cuyos principios
y modos de cumplimiento son totalmente divergentes.
Por lo tanto, para lograr una articulación real de una sanción
como los trabajos en beneficio de la comunidad en Euskadi, se
considera oportuno avanzar hacia el traspaso de la competencia
de la ejecución penal a la administración vasca, cumpliendo así
los artículos del Estatuto de Autonomía anteriormente referidos.
No obstante, esta transferencia no es de por sí sola concluyente
para garantizar que la ejecución de la sanción vaya a ser más
satisfactoria, sino que la administración vasca debe crear una infraestructura y una organización del servicio adecuada, basándose
para ello en experiencias de otros territorios, que posibiliten su
verdadera implantación.
Este planteamiento de máximos, sin embargo, no debe impedir
que en el contexto actual se lleguen a acuerdos entre la administración vasca y la estatal para que aquella asuma progresivamente
esta competencia. Es decir, entre esta situación y otra en la cual la
341
administración vasca sea la responsable directa de la ejecución de
todas las sanciones penales, pueden tener lugar acuerdos intermedios, parciales, que le permitan ir creando una organización propia
y autónoma del servicio. En este sentido, la negativa del Gobierno
estatal a proceder a la transferencia en materia penal, no puede ser
esgrimida por el Gobierno Vasco como excusa para no hacer todo
lo que podría en este ámbito. Por el contrario, es preciso establecer
los cauces que permitan, al principio, una ejecución compartida,
que derive posteriormente en su asunción completa por parte de
la administración vasca.
Actualmente, las medidas penales alternativas son las más
propicias para ser objeto de un acuerdo de colaboración entre
ambas administraciones, que traspase la responsabilidad de su
ejecución a la administración vasca. La leve potenciación de éstas en la LO 15/2003 y la necesidad de crear las condiciones que
hagan posible su implantación real, diferenciadas de los servicios
sociales penitenciarios, representa una buena oportunidad para
comenzar a trabajar en este ámbito en Euskadi de modo autónomo,
organizando la infraestructura y los recursos precisos.
4. A pesar de que, tal y como se acaba de comentar, la competencia de la ejecución de las sanciones penales no ha sido transferida a la administración vasca, existen en Euskadi unos servicios
de cooperación con la justicia, dependientes del Departamento
de Justicia del Gobierno Vasco, que se muestran adecuados para
asumir la ejecución de las medidas penales alternativas y, concretamente, de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad o, por
lo menos, colaborar en ella. Entre ellos, el servicio de apoyo a la
ejecución penal y reinserción social (SAER), encargado hasta el
momento de informar a los órganos judiciales competentes para la
ejecución de penas y medidas de seguridad, así como de ejecutar
materialmente determinadas penas –como las suspensiones y la
libertad condicional- y medidas de seguridad, realizando el seguimiento del cumplimiento de las exigencias impuestas por el órgano
judicial competente, resulta el mejor preparado para participar en
la ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
342
De hecho, el Juzgado de Ejecución Penal nº 7 de Bilbao ha remitido a este servicio varias sentencias que imponían una sanción
de trabajo en beneficio de la comunidad, solicitando su ejecución.
Esta circunstancia ha derivado en una situación bastante peculiar,
donde el SAER, sin tener la competencia material de la ejecución
de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, ha buscado el
recurso más adecuado para dar término a su cumplimiento. Pero,
una vez encontrado éste, ha tenido que ponerse en contacto con los
servicios sociales penitenciarios para que aprueben la ejecución
de la sanción en esa entidad determinada, ya que legalmente son
éstos los que ostentan la competencia en la materia.
Por lo tanto, las competencias que tiene en la ejecución de
estas suspensiones y medidas de seguridad son similares a las que
debe desarrollar el órgano responsable de la ejecución de la pena
de trabajo en beneficio de la comunidad. Así, esta experiencia
podría ser utilizada en Euskadi para avanzar hacia una verdadera
implantación de las medidas alternativas, estableciendo principios
de coordinación entre dicho servicio y los servicios sociales penitenciarios, en interés de las personas penadas.
Sin embargo, actualmente, apenas existe algún tipo de supervisión conjunta de las actuaciones realizadas por cada servicio,
o de trabajo coordinado que, por lo menos, pusiese en común los
recursos con los que cuenta cada servicio. Esta actitud es más
palmaria en el caso de la Institución penitenciaria, la cual no dota
a los servicios sociales penitenciarios de la infraestructura y recursos necesarios para garantizar una ejecución satisfactoria de la
sanción, pero, por el contrario, se muestra reticente a avanzar hacia
un acercamiento o trabajo en común con el SAER. Esta situación,
en última instancia, perjudica a las personas penadas que deben
cumplir una pena de trabajo en beneficio de la comunidad, ya que
se están desaprovechando recursos y experiencias en este ámbito
que podrían ayudar a conseguir una verdadera implantación de las
sanciones no privativas de libertad, provocando que en territorios
como Gipuzkoa, su aplicación hasta el momento haya sido nula.
Además, teniendo en cuenta la saturación de expedientes que
343
actualmente caracterizan a los servicios sociales penitenciarios
y su escasez de recursos, sería positivo que otro servicio, con
experiencia en la aplicación de medidas alternativas, ejecute o
colabore en la ejecución de la sanción de trabajo en beneficio de la
comunidad. Esto permitiría una mejora tanto del servicio ofrecido
por los servicios sociales penitenciarios en aquellas sanciones
sobre las cuales mantenga la competencia, como de la ejecución
de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
5. La administración pública competente para la ejecución de
la pena de trabajo en beneficio de la comunidad debería crear un
órgano especializado, encargado de la ejecución de las medidas
penales alternativas, diferenciado del organismo responsable del
cumplimiento de las sanciones privativas de libertad. Los fundamentos y los medios de ejecución de ambas clases de sanciones son
totalmente divergentes e, incluso, contrapuestos, por lo que es esencial diferenciar también los órganos competentes de la ejecución de
cada una de ellas, para garantizar su ejecución satisfactoria.
Esta exigencia ha sido corroborada por la experiencia de
aplicación de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad en
Catalunya y por la de la medida de prestaciones en beneficio de la
comunidad impuesta en la legislación penal de menores en Euskadi.
En ambos casos, las administraciones autonómicas competentes han
organizado un servicio dedicado exclusivamente a la ejecución de
las medidas en medio abierto, lo que ha propiciado el desarrollo
de una infraestructura y unos recursos propios que, sin duda, han
incidido positivamente en la implantación de estas medidas.
Desde el punto de vista organizativo, en mi opinión, sería
conveniente que este órgano dependiese del correspondiente
Departamento de Justicia y no, como ocurre actualmente, del
Ministerio del Interior. Además, en su caso, en Euskadi esta competencia podría asignarse, por lo menos en un principio, al SAER,
convirtiendo este servicio en un verdadero órgano de ejecución
de todas las medidas alternativas, tanto de las penas no privativas
de libertad como de las medidas de seguridad.
344
6. Sería oportuno que el personal que trabajase en dicho órgano
fuese contratado directamente por la administración, evitando la
externalización del servicio. Éste es uno de los puntos más problemáticos de la organización en Catalunya, ya que la gestión de
los programas de ejecución de medidas penales alternativas ha
sido asignada a una entidad independiente de la administración,
el IReS. Desde el año 2001, el Departamento de Justicia de la
Generalitat ha ido suscribiendo convenios de colaboración con
esta entidad, adjudicándole la ejecución material de estas medidas. Sin embargo, nada obsta para que en el futuro, si en lugar
de primar la calidad del servicio se decide dar más importancia
a los costes económicos, este convenio se firme con otra entidad
que ofrezca a la administración dar este servicio a más bajo coste,
lo que, seguramente, redundaría bien en la calidad del servicio,
o bien en las condiciones de trabajo de las personas asalariadas.
Esta última cuestión adquiere también relevancia a la hora de
plantear la necesidad de que este servicio sea gestionado directamente por la administración, ya que a los y las trabajadoras se les
reconocerían y garantizarían una serie de condiciones y derechos
laborales de los que en la actualidad carecen, como puede ser la
estabilidad laboral.
Asimismo, esta privatización del servicio ha ocasionado también una mayor burocratización del control de la ejecución penal,
ya que al seguimiento directo realizado por el o la técnica del IReS
se le debe añadir la supervisión que tiene que hacer el Servicio de
Medidas Penales Alternativas del Departamento de Justicia, órgano
competente de dicha ejecución. En consecuencia, el control efectuado por la administración resulta más mediato de lo deseable,
lo que se habría evitado fácilmente si el o la técnica responsable
que actualmente trabaja para el IReS hubiese sido directamente
contratada y dependiese de la administración de justicia.
Por otra parte, la ejecución de las medidas penales es un tema
muy delicado -en el cual es fundamental garantizar la confidencialidad de los datos, la dotación de los recursos necesarios, etc.-, por
lo que sería deseable que fuese proporcionado directamente por
345
la administración, sin delegar su responsabilidad en organismos
externos a ella.
Esta misma situación se produce en Euskadi, con respecto
a los servicios de cooperación con la justicia dependientes del
Gobierno Vasco, ya que casi todos ellos, incluido el SAER, son
gestionados por el IRSE, una asociación no gubernamental y sin
ánimo de lucro que tiene suscritos convenios de colaboración con
el Departamento de Justicia vasco.
Frente a esto, y en aras a asegurar la calidad del servicio y el
respeto a las condiciones y derechos laborales de sus trabajadores y
trabajadoras, desde aquí se propone que, cuando la administración
vasca asuma la competencia de la ejecución penal, estos servicios
sean directamente gestionados por el Departamento de Justicia del
Gobierno Vasco, creando para ello un servicio de medidas penales
alternativas responsable de la ejecución de estas sanciones, donde
el personal sea contratado por dicha administración.
7. La organización de la infraestructura y la dotación por parte
de la administración de los recursos necesarios son otros elementos
básicos que inciden de modo primordial en una ejecución satisfactoria de la sanción. En este sentido, si se quiere hacer una apuesta
real a favor de las penas no privativas de libertad, es fundamental
que se apruebe el presupuesto necesario que posibilite equipar al
servicio con los recursos materiales y humanos precisos.
Actualmente, en cambio, los órganos encargados de la ejecución de estas sanciones, es decir, los servicios sociales penitenciarios, no tienen a su disposición la infraestructura y los recursos
oportunos. Más bien al contrario, estos órganos se encuentran
saturados debido, especialmente, a que la potenciación de las
penas alternativas en la legislación no ha ido acompañada del
presupuesto necesario para poner en práctica dichas sanciones, lo
que ha influido negativamente en la calidad del servicio dado.
La escasez de estos recursos y la correspondiente dificultad
para realizar el seguimiento continuo e individualizado de los casos
346
disminuye la confianza otorgada por los órganos judiciales y por
la sociedad en su conjunto a este tipo de medidas. La dilación en
las ejecuciones, la falta de entidades donde poder cumplir la pena,
etc. provocan un aumento de los incumplimientos -o, incluso, la
imposibilidad de comenzar la ejecución-, que restan credibilidad
a la pena y derivan en que los órganos judiciales dejen de imponerla.
Esto es lo que ha ocurrido en Gipuzkoa, así como, en menor
medida en Araba, y lo que puede llegar a suceder incluso en Catalunya, a pesar de que los recursos con los que actualmente cuenta
el Servicio de Medidas Penales Alternativas son mayores que los
presentes en Euskadi. En este sentido, durante el análisis de la
experiencia de aplicación en Catalunya se ha constatado que al
aumento de sentencias que imponen una medida penal alternativa
no le ha seguido un incremento proporcional de los recursos disponibles por la administración, lo que ha provocado una importante
acumulación de expedientes, que puede incidir negativamente en
la creación de un modelo penal alternativo, en el cual se impulsen
realmente las medidas no privativas de libertad.
Por lo tanto, es necesario resaltar la importancia que tiene dotar
a los órganos administrativos competentes de los recursos económicos necesarios para lograr una ejecución satisfactoria de las
sanciones penales, especialmente, de las penas todavía incipientes,
como es el caso de la de trabajo en beneficio de la comunidad.
8. Potenciar la confianza de los órganos judiciales en sanciones como los trabajos en beneficio de la comunidad es otro de
los requisitos básicos si se quiere lograr una implementación real
de las medidas penales alternativas. Para ello, es fundamental
organizar un servicio de ejecución penal que ofrezca garantías al
correspondiente órgano judicial de que la sanción impuesta va a
ser efectivamente ejecutada. Pero también es imprescindible trabajar en los juzgados, con los propios jueces, fiscales y abogados o
abogadas, con el objetivo de crear una actitud favorable hacia este
tipo de medidas, que impulse su aplicación real por los diferentes
347
órganos que influyen en la decisión final adoptada por el Juzgado
o Tribunal correspondiente.
En primer lugar, debe afianzarse la institución de la sustitución
de la pena regulada en el art. 88 CP, con el fin de conseguir un uso
adecuado de ella. En estudios recientes sobre la aplicación en los
juzgados de este artículo, se ha concluido que la sustitución de
la pena únicamente es aprobada en supuestos muy concretos, en
los cuales la pena de prisión es considerada una sanción excesiva
por el órgano judicial, en función, especialmente, del perfil de la
persona encausada. En estos casos, cuando el Juzgado tiene la
posibilidad de suspender la pena privativa de libertad, por carecer
la persona procesada de antecedentes penales, generalmente la
aprueba. Sin embargo, si la suspensión está excluida, por ser la
persona reincidente, la mayoría de las ocasiones se ejecuta la pena
de prisión, aunque se cumplan las condiciones establecidas por el
art. 88 CP para proceder a la sustitución penal. Esto es debido a que,
por regla general, la sustitución es vista por los propios órganos
judiciales como un “premio” concedido a la persona condenada,
y no como una aplicación de los preceptos legales, lo que supone
una clara violación de las normas. Frente a esta posición, la sustitución debe valorarse como una institución que respeta mejor
el principio de proporcionalidad y de no desocialización de las
sanciones penales, aplicándose en todos aquellos supuestos en
los cuales sea posible.
Por otra parte, las experiencias que están teniendo lugar, entre
otros, en los Juzgados de Arenys de Mar y de Manresa demuestran
que una actitud favorable hacia las medidas penales alternativas
por parte de los órganos que participan en la toma de las decisiones
judiciales, tanto jueces como fiscales, contribuye considerablemente a su implantación real. De hecho, en estos dos juzgados, donde
el Ministerio fiscal, cuando el Código penal lo permite, tiende a
solicitar la medida penal alternativa como sanción principal, la
proporción de sentencias finales que imponen esta sanción alternativa es mucho mayor que en el resto de juzgados de Barcelona.
Por lo tanto, sería deseable realizar una campaña de sensibilización,
348
dirigida a todas las personas que trabajan en los órganos judiciales,
en la cual se potenciase este cambio de actitud hacia las medidas
alternativas, haciendo especial hincapié tanto en los y las fiscales,
como en las y los jueces de los juzgados de lo penal.
Por último, se deberían poner los medios para reducir el periodo de tiempo transcurrido entre la comisión de los hechos, el
juicio y la ejecución de la sentencia. Los problemas ocasionados
por una dilación excesiva entre el juicio y la ejecución han sido
resaltados por las entidades vascas con las cuales se han realizado entrevistas, particularmente cuando son ellas las que han
solicitado al Juzgado la sustitución de la pena para una persona
determinada. En estos casos, la sanción pierde la virtualidad educativa o rehabilitadora que en un principio posee e, incluso, puede
tener efectos perjudiciales para la persona que ha superado ya su
situación de exclusión. Además, el proceso de responsabilización
de la persona respecto a sus actos y las consecuencias que éstos
tienen, es mucho más fructífero y eficaz cuando se puede hacer la
conexión directa entre los hechos y la ejecución de la sentencia,
siendo muy importante que el tiempo transcurrido entre unos y
otra sea el menor posible.
9. El control de la ejecución es uno de los temas más controvertidos de la regulación y práctica de la pena de trabajo en beneficio
de la comunidad. Algunas reflexiones han sido ya realizadas en el
apartado correspondiente a las valoraciones jurídicas, por lo que
ahora voy a centrarme en su materialización práctica.
9.1. A lo largo de la exposición se ha destacado que, aunque la
legislación únicamente estipula la posibilidad de que las entidades
colaboradoras realicen la labor de seguimiento, en la práctica la
escasez de medios de la administración competente y la dejadez
en sus funciones ha ocasionado que esta labor deba ser asumida
mayormente por dichas entidades, lo que supone un gran desacierto. Por una parte, se judicializan los recursos comunitarios,
ya que, en última instancia, parece que son ellos los responsables
de una ejecución satisfactoria de la sanción. Por otra, se exige a
349
las entidades que dispongan de una infraestructura de la que numerosas veces carece y, por último, se confunden dos objetivos y
funciones que deben ser bien diferenciados si se quiere conseguir
que la ejecución de esta sanción tenga realmente efectos positivos:
la labor de ayuda o acompañamiento de la persona penada y la de
control de la ejecución penal.
De esta manera, si se valora la sanción por su capacidad
rehabilitadora basada en las características de las actividades a
realizar, en los contactos que la persona penada pueda tener con
otras personas que están trabajando en estos recursos comunitarios, etc. no puede atribuirse posteriormente a estas personas que
están desarrollando una labor social la obligación de controlar la
ejecución de la pena. Además, la confianza que la persona penada
pueda adquirir con sus compañeros y compañeras va a variar también en función de esta labor de control y, por último, numerosas
personas que trabajan en estas entidades comunitarias se muestran
reticentes a desarrollar este tipo de funciones.
Por estos motivos, considero que esta función debe ser asumida únicamente por la administración y los órganos judiciales,
en concreto el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en aplicación,
además, de la legislación vigente.
9.2 Respecto a la administración, tal como se ha expuesto
anteriormente, en mi opinión, se debería crear un órgano encargado de la ejecución de las penas no privativas de libertad, entre
ellas, de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. En este
órgano trabajarían los y las técnicas de medio abierto, que serían
las encargadas materiales de la ejecución de la sanción, encontrándose, por tanto, entre sus funciones, la de realizar el seguimiento
continuado del cumplimiento de la sanción. Este control debería ser
continuo y lo más inmediato posible, teniendo contactos asiduos
tanto con la entidad como con la persona penada, lo que ayudaría
a solucionar más eficazmente cualquier problema surgido durante
la ejecución. Además, este soporte específico proporcionado por
los y las profesionales responsables tiene la virtualidad de aumen350
tar la confianza de las propias entidades, lo que puede ayudar a
superar su resistencia a colaborar en el programa. De hecho, del
análisis de la experiencia en Catalunya se extrae la importancia de
diferenciar claramente las labores a realizar por la entidad y por
los y las profesionales del Servicio de Medidas Penales Alternativas. Además, una buena labor por parte de los y las profesionales
influye en gran medida en que la entidad siga colaborando con el
servicio o, en caso de que ocurra algún tipo de incidencia, decida
abandonar el programa.
Por lo tanto, en este ámbito la entidad únicamente debería asegurarse que la persona penada acude a su puesto de trabajo y que
realiza la actividad, llevando un control de las horas o jornadas efectivamente trabajadas. En cambio, si la persona penada no acude al
puesto de trabajo o surge cualquier tipo de incidencia, debe ponerse
en contacto con el o la profesional responsable de la ejecución, para
que sea él o ella la que intente reconducir la situación. Pero para
nada deben las entidades asumir ningún tipo de tarea de fiscalización
de la persona penada. De esta manera, en mi opinión, también se
deja claro ante la propia persona penada cuáles son las funciones
a desempeñar por cada órgano: la entidad le ofrece un puesto de
actividad donde cumplir la sanción penal, pero es la administración
la responsable de su ejecución y, de que ésta sea satisfactoria.
No obstante, la realidad es que la persona penada está inmersa
en las actividades diarias de la entidad, por lo que en caso de que
surja cualquier problema grave, es lógico que en primer lugar
reaccione la propia entidad, antes de ponerlo en conocimiento
del o la profesional responsable. Pero éstas deben ser situaciones
muy concretas, que necesitan una respuesta inmediata, lo que no
será muy común.
Las labores concretas a desarrollar por el o la profesional
responsable en cumplimiento de la función de control, entre otras,
podrían ser las siguientes:
- Mantener contactos periódicos con la entidad donde se
desempeñe el trabajo, como mínimo mensuales.
351
- Estos contactos deben estar dotados de contenido y deben
ofrecer seguridad a las entidades.
- Mantener contactos periódicos con la persona penada, especialmente si la sanción es de larga duración. El objetivo
de estas entrevistas es recordarle a dicha persona que su
trabajo en la entidad es consecuencia de una infracción
penal, y que su incumplimiento puede tener efectos muy
graves para ella. De esta manera, se incide en su proceso de
responsabilización, al tiempo que se le acompaña también
en dicho proceso.
No obstante, en este caso hay que valorar el perfil de esta
persona, su situación, etc. ya que en algunos supuestos esta
entrevista no es necesaria y, por el contrario, le puede ocasionar mayores perjuicios.
- En caso de que surja cualquier problema durante la ejecución, ponerse en contacto con la persona penada e intentar
reconducir la situación. Asimismo, debe informar de estos
sucesos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, para que
tome la decisión correspondiente.
- Realizar informes periódicos al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, valorando el nivel de cumplimiento de la sanción.
La legislación no impone ninguna periodicidad, pero sería
deseable que se realizasen, como mínimo, cada dos meses.
9.3. El control ejercido por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria debe ser también lo más continuado posible y estar
dotado de contenido. Al fin y al cabo, el trabajo en beneficio de
la comunidad es una sanción penal y, como tal, corresponde a los
órganos judiciales imponerla y ejecutarla, así como controlar esta
ejecución. Para ello, deberá valorar los informes remitidos por la
administración competente y, en caso de incidencias, decidir sobre
sus consecuencias, tendiendo siempre a mantener la ejecución de
esta sanción no privativa de libertad, aunque modifique alguna de
las circunstancias de cumplimiento.
352
La potenciación de esta labor de control de los órganos judiciales puede ayudar también a eliminar reticencias de las entidades
y de la misma sociedad, al tiempo que se estimula su confianza en
la administración de justicia. Asimismo, se logra establecer una
conexión mayor entre el trabajo efectivamente realizado en una
entidad concreta y la sentencia penal, lo que influye positivamente
en el nivel de responsabilización de la persona penada.
10. Las entidades colaboradoras representan el pilar básico
sobre el que se asienta la ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. La legislación estipula que éstas deben ser
administraciones públicas, entidades públicas o entidades privadas
sin ánimo de lucro, quedando, por tanto, excluidas, las entidades
lucrativas, con el fin de evitar la utilización de las personas penadas
para fines económicos.
La relevancia de la participación de estas entidades queda
plasmada en la nula experiencia de aplicación de la sanción en
Gipuzkoa y, parcialmente, en Araba, donde la carencia de dichas
entidades colaboradoras ha provocado la imposibilidad de su ejecución. Sin embargo, la nula colaboración de entidades en estos
territorios parece estar motivada, más bien por los insuficientes
esfuerzos realizados por los servicios sociales penitenciarios y por
la falta de información a dichas entidades, que por la escasez de
movimiento asociativo en la zona.
10.1.a) Respecto a las entidades privadas sin ánimo de lucro,
por un lado, es necesario resaltar la cantidad de asociaciones sociales presentes en Euskadi, las cuales realizan importantes labores de
utilidad pública, adecuadas para el cumplimiento de esta sanción.
En este sentido, hay que recordar la vitalidad del movimiento
asociativo vasco durante las últimas décadas, el cual, aunque en
el presente no tenga la misma fuerza que tenía durante la década
de los 80, sigue siendo muy amplio y diverso.
Por otra, la experiencia analizada de aplicación de la medida
de prestaciones en beneficio de la comunidad demuestra que sí
hay asociaciones en estos territorios dispuestas a colaborar con la
353
administración de justicia, facilitando puestos de actividad donde
insertar a los y las menores. Estas entidades se han incrementado
y diversificado durante los últimos años en los tres Territorios
Históricos, y, por ejemplo, la relación de estas entidades en
Gipuzkoa con la responsable del Equipo de Medio Abierto es
muy satisfactoria, por lo que no se puede aludir a la actitud de
las entidades privadas presentes en dicho territorio para intentar
explicar la nula aplicación de la sanción en la legislación penal
de adultos.
Bien es cierto que, en este caso, la reticencia de las entidades
con respecto a albergar en su seno a una persona adulta en cumplimiento de una sanción penal puede ser mayor que cuando se
trata de un menor. No obstante, la experiencia de aplicación de la
sanción de trabajo en beneficio de la comunidad en Bizkaia nos
demuestra lo contrario, ya que el 85% del total de jornadas de
trabajo en beneficio de la comunidad cumplidas en el año 2004
fueron ejecutadas en entidades privadas sin ánimo de lucro. Además, hay que recordar que es en este Territorio Histórico donde
la aplicación de esta sanción ha sido más frecuente.
Asimismo, hay que citar también la experiencia catalana, donde la aplicación de esta pena se sustenta, prácticamente, gracias a la
colaboración de estas entidades privadas. De hecho, en los últimos
años se ha producido un importante aumento de los ayuntamientos
que colaboran con el Servicio de Medidas Penales Alternativas
de la Generalitat, pero el papel jugado por las entidades privadas
sigue siendo todavía fundamental.
Por último, la experiencia que tuvo lugar durante la vigencia
de la prestación social sustitutoria podría ser también utilizada a la
hora de buscar entidades privadas sin ánimo de lucro dispuestas a
colaborar con el servicio. Las organizaciones donde se insertaron
los objetores fueron muy numerosas y diversas, y la experiencia
fue, la mayoría de las ocasiones, bastante positiva, por lo que
nada impide que estas entidades puedan mostrarse receptivas a
participar ahora en este programa.
354
Por lo tanto, del análisis de otras experiencias se concluye que
sí existen entidades privadas sin ánimo de lucro dispuestas a colaborar con la administración en diversos programas, incluidos los
de ejecución penal. Así, la labor de la administración competente,
preferentemente mediante un órgano dedicado exclusivamente a la
ejecución de medidas penales alternativas, sería ponerse en contacto con ellas y ofrecerles el apoyo y la infraestructura necesaria que
les garantice que si surge cualquier incidencia durante la ejecución
los órganos responsables van a cumplir sus funciones.
b) Una propuesta articulada en Catalunya, y que puede ser
también efectiva en Euskadi, es comenzar a colaborar con entidades grandes, con gran influencia social, que puedan servir de
ejemplo para otras entidades más pequeñas y locales. Es decir,
una organización grande puede ser más receptiva a participar en
un programa de estas características, debido a que cuentan con
una infraestructura propia y un número importante de personas
voluntarias que le dan una mayor capacidad para acoger personas
penadas en su seno. Además, una aplicación satisfactoria de la
sanción en ellas, puede actuar de honda expansiva hacia otros
recursos comunitarios, que tengan conocimiento del programa a
través de ellas, y se muestren interesados también en participar en
el mismo, ampliando así el número de entidades colaboradoras.
c) En Catalunya, las entidades que colaboran en el programa
reciben por parte del Departamento de Justicia de la Generalitat
un canon, en contraprestación por el coste que supone tener a
una persona dedicada al acompañamiento de la persona usuaria.
En Euskadi, hasta el momento no se ha planteado esta necesidad,
aunque desde las entidades sí se solicita que se reconozca la labor
que están realizando, al ofrecer la posibilidad de dar cumplimiento
a esta sanción penal en su seno. De hecho, la ejecución de la pena
de trabajo en beneficio de la comunidad exige, por parte de las entidades, disponer de una persona responsable que pueda acompañar
a la persona penada durante la realización de su actividad, así como
ayudarle en su proceso educativo. Esto supone un trabajo que no
es valorado desde la administración, y que sí debería ser tenido
355
en cuenta, tanto a nivel de reconocimiento social, por la opinión
pública, como, posiblemente, a la hora de solicitar subvenciones.
Sin embargo, hay que destacar que no es un reconocimiento económico lo que reclaman, sino más bien, la valoración social de su
trabajo, que podría concretarse de diferentes modos.
d) Las entidades privadas sin ánimo de lucro que han participado hasta el momento en Bizkaia han sido, en su mayoría,
organizaciones sociales dedicadas a la lucha contra la exclusión
social y, a ofrecer los medios a las personas usuarias para que puedan superar su situación de marginalidad. Sin negar los elementos
positivos que estas asociaciones aportan al programa, se plantea,
sin embargo, la necesidad de diversificar el tipo de entidades en
las cuales se cumple esta sanción. Tal y como he comentado anteriormente, los sectores donde trabajan las asociaciones sociales
son inmensos y muy variados, lo que debería ser utilizado por la
administración para ampliar también los sectores de actividad en
los cuales pueden insertarse las personas penadas.
Como muestra, se puede acudir a la tipología de las entidades
que colaboran con el Departamento de Justicia catalán, donde la
variedad es significativa, aunque todavía sea insuficiente. Así, por
ejemplo, se puede citar la participación en el programa de entidades
dedicadas a la promoción de la agricultura ecológica y al mantenimiento de la tradición campesina autóctona. Esto demuestra que
las posibilidades son enormes y que existen numerosos sectores
que todavía no han sido explorados.
10.2.a) Aparte de estas entidades privadas sin ánimo de lucro,
la legislación permite también que las actividades se desarrollen
en administraciones o en entidades públicas. En este ámbito, el
Ministerio del Interior tiene suscrito un convenio con la Federación
española de municipios y provincias desde 1997, con el objetivo de
potenciar la colaboración de estas entidades en la ejecución de la
sanción de trabajo en beneficio de la comunidad. En Euskadi sólo
los ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Portugalete se han adherido
a dicho convenio, ofertando un total de 24 puestos de trabajo.
356
En Gipuzkoa ningún ayuntamiento ha suscrito este convenio,
lo que es esgrimido por la administración competente actualmente
para explicar la nula aplicación de la sanción en este territorio.
Sin embargo, tanto la experiencia de Bizkaia como de Araba nos
demuestra que el hecho de que los ayuntamientos no se hayan
adherido al convenio no impide que participen en la ejecución de
la sanción. De hecho, por un lado, existe un acuerdo de colaboración individual del ayuntamiento de Bilbao con la administración
penitenciaria y, por otro, hay ayuntamientos que se han mostrado
favorables a participar en el programa de manera puntual, ofreciendo puestos de actividad a sus ciudadanos y ciudadanas.
Además, hay que tener en cuenta que numerosos ayuntamientos vascos no están adheridos a esta Federación, por lo que aquí
es necesario acudir a otras agrupaciones municipales, como puede
ser Eudel, para difundir el programa y solicitar su participación
en él. Del mismo modo, también es posible ponerse en contacto
individualmente con cada uno de ellos, particularmente en los
casos en los cuales una persona residente en su municipio debe
cumplir esta sanción. En definitiva, el hecho de que no hayan suscrito dicho convenio no es razón suficiente para explicar la nula
participación de las entidades públicas en el programa.
b) Las entidades públicas locales se muestran como el lugar
más idóneo para ejecutar esta sanción, de modo especial en los
municipios pequeños donde la actividad asociativa puede ser
menor.
Sin embargo, no todos los puestos de trabajo ofertados por
estos ayuntamientos cumplen los requisitos exigidos por la legislación, entre otros, que el trabajo sea de utilidad pública o que no
se supedite a intereses económicos. En concreto, actividades de
limpieza, mantenimiento, obras públicas, etc. parecen en principio
mucho más adecuadas para ser objeto de un puesto de trabajo remunerado que para ser realizado en cumplimiento de esta sanción.
En este sentido, hay que recordar la exigencia legal que establece
que los puestos de actividad ofertados no pueden suponer la
357
amortización o sustitución de ningún puesto de trabajo asalariado,
condición que en algunos casos es de dudoso cumplimiento.
c) Ante la falta de entidades dispuestas a colaborar en la ejecución de esta sanción, Instituciones penitenciarias aprobó una
circular por la que instaba a cumplirla en los centros penitenciarios.
Esto se ha materializado en la oferta de 5 puestos de actividad en
el centro penitenciario de Langraitz-Nanclares de Oca. Además, se
está estudiando la posibilidad de comenzar a ejecutar esta sanción
en el centro penitenciario de Martutene.
Esta solución dada por la administración penitenciaria resulta
totalmente desacertada, ya que no se puede imaginar un sitio más
inadecuado para cumplir una sanción no privativa de libertad que
una prisión. Más aún, una sanción como la de trabajo en beneficio
de la comunidad, de la cual se han destacado los elementos positivos que supone su ejecución en un medio abierto, con la implicación activa de la comunidad, y donde el contacto con personas
que dedican su tiempo libre a realizar tareas de utilidad social
cobra especial importancia. Todos estos elementos están ausentes
en una ejecución realizada dentro del recinto penitenciario, y lo
único que puede suceder si una pena todavía incipiente, como la
aquí analizada, se aplica tan mal, es que deje de imponerse sin
haberse explorado todas sus potencialidades. Así, en mi opinión,
el cumplimiento de esta sanción en los centros penitenciarios debe
suprimirse, ya que supone un gran desatino plantear su ejecución
en dichos recintos.
10.3. La legislación ofrece la posibilidad a la administración
de suscribir convenios de colaboración con diversas entidades
para facilitar el cumplimiento de la sanción. Esta disposición se ha
concretado, por una parte, con el convenio referido anteriormente,
suscrito con la Federación española de municipios y provincias
y, por otra, en Euskadi, con el convenio firmado con la entidad
Goiztiri, ubicada en Bizkaia.
La existencia de estos convenios puede ayudar a las y los
técnicos responsables de la ejecución de la sanción a seleccionar
358
los puestos de actividad más adecuados para una persona determinada, ya que les permite disponer de una serie de entidades que
ofrecen su colaboración de modo continuo. Sin embargo, los y las
profesionales con las cuales se ha tenido contacto, no consideran
que estos convenios sean fundamentales para lograr una ejecución
satisfactoria de la sanción, sino que dan mayor importancia al
mantenimiento de una relación fluida con las diferentes entidades.
Además, se advierte que estos convenios podrían restar riqueza
y vitalidad al servicio. En este sentido, la ejecución de la pena de
trabajo en beneficio de la comunidad debe estar caracterizada por
la individualización en cada caso, en función de las circunstancias
y la idoneidad del puesto de actividad seleccionado para la persona
concreta. Los convenios, en cambio, podrían ocasionar que los
puestos de actividad fuesen adjudicados a diferentes personas sin
tener en cuenta sus capacidades y habilidades personales, lo que
en última instancia, sería contrario a una ejecución individualizada
de la sanción.
No obstante, sí es posible que, en caso de que aumente mucho el número de sentencias que imponen esta sanción, se vea la
necesidad de suscribir estos convenios, para garantizar una cifra
estable de puestos de actividad. De todas maneras, estos convenios
deberían limitarse a ofertar una serie de puestos de actividad, pero
permitiendo, en todo caso, que el o la profesional responsable
acuda a otro tipo de entidad con la cual no se ha firmado ningún
convenio, si considera que la labor que desarrolla puede ser más
adecuada para la persona concreta.
Un ámbito en el cual sí podría ser oportuna la firma de
convenios es el referente a la colaboración de diversos departamentos de Gobierno o de los órganos forales de cada Territorio Histórico, en áreas de sus competencias, en la ejecución
penal. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a convenios con el
Departamento de Sanidad para ofertar puestos de trabajo destinados a personas que han sido condenadas por conducir bajo
la influencia del alcohol u otras sustancias psicotrópicas, así
359
como con el Departamento de Medio Ambiente, o los órganos
forales correspondientes518, que posibilitaría el cumplimiento
de la sanción en brigadas forestales, de protección medioambiental, etc.
10.4. Las funciones a desempeñar por las entidades colaboradoras deben limitarse a facilitar el espacio, la tarea y la incorporación de la persona penada a las actividades que debe hacer
y acompañarle durante el cumplimiento. Sin embargo, la tarea
de control de la ejecución de la sanción debe ser realizada por la
administración pública responsable.
Esta división de responsabilidades puede permitir que entidades pequeñas que carecen de una gran infraestructura, participen
en el programa. De hecho, hay que tener en cuenta que numerosas
entidades que potencialmente se muestran adecuadas para albergar
una persona penada en su seno por la labor social que desarrollan,
no pueden asumir la responsabilidad de tener constantemente a una
persona acompañando a la persona penada, por falta de medios
materiales y humanos. Esto puede ocurrir tanto en municipios
reducidos, donde la actividad asociativa puede ser menor, como
en las ciudades, en el caso de asociaciones pequeñas que sustentan
su labor en personas voluntarias, pero no tienen ninguna persona
liberada que trabaje a tiempo completo en la entidad. En estos
supuestos, en mi opinión, deberían establecerse desde la administración los medios pertinentes para posibilitar la realización
de actividades en estas entidades, ideando un nuevo sistema de
control y seguimiento, ampliando la flexibilidad de la ejecución
(518) En este sentido, hay que recordar que el art. 7 Ley 27/83, de 25 de noviembre, aprobada por el Parlamento Vasco (Ley de Territorios Históricos),
reconoce diversas competencias en este ámbito a los órganos forales de
los Territorios Históricos, entre otras, la materia sobre montes, servicios
forestales, administración de espacios protegidos y defensa contra incendios. Por este motivo, en este caso no sólo sería recomendable realizar
convenios con dicho Departamento del Gobierno Vasco, sino también
con los órganos forales competentes en la materia.
360
de la sanción y creando una infraestructura adecuada que permita
solventar la carencia en estas entidades.
11. La búsqueda de las entidades colaboradoras debe ser realizada por el órgano competente para la ejecución de la sanción,
ya que éste tiene la capacidad para suscribir convenios, en los
casos en que se considere oportuno, y para entrar en contacto con
todas las entidades potencialmente colaboradoras. De esta manera, además, se facilitaría la tarea a las y los técnicos responsables
directos de la ejecución material de la sanción, ya que dispondrían
de un amplio abanico de entidades donde sería posible insertar a
la persona penada, en función de sus características personales y
de la actividad a desarrollar.
En este sentido, es muy positivo que el Servicio de Medidas
Penales Alternativas de la Generalitat haya previsto la figura de
un responsable de recursos, que se dedique a entrar en contacto
con diferentes entidades, potencialmente adecuadas para participar
en el programa. No obstante, bien es verdad que, en la práctica, la
escasez de estas entidades obliga a los y las técnicas del servicio
a dedicar parte de su tiempo a la búsqueda también de entidades
colaboradoras, en función del territorio y de las capacidades de la
persona penada. Esto provoca una sobrecarga de trabajo de estos
y estas técnicas que, en última instancia, redunda en la calidad del
servicio ofrecido a los usuarios, ya que el tiempo que destinan a
buscar nuevas entidades colaboradoras no pueden dedicarlo, por
ejemplo, a realizar el seguimiento de las sanciones que están en
ejecución.
Por este motivo, se muestra más adecuado separar estas dos
funciones, con el fin de que los y las técnicas responsables de
la ejecución material, a la hora de idear el plan de ejecución, no
tengan que realizar la búsqueda de entidades, sino que dispongan
de una amplia gama de recursos disponibles, y, una vez individualizadas las características de la ejecución, seleccionen la entidad
más oportuna para llevar a cabo el cumplimiento efectivo. No
obstante, este planteamiento no impide que en determinados casos,
361
en los cuales la o el técnico responsable considera que los recursos
disponibles no son adecuados para una persona concreta, busque
otro recurso diferente. Pero debería evitarse que esta labor deba ser
realizada sistemáticamente por estos profesionales, diferenciando,
por tanto, ambas tareas.
12. La pena de trabajo en beneficio de la comunidad, regulada
en la legislación de adultos, y la medida de prestaciones en beneficio de la comunidad, presente en la legislación penal de menores,
exigen la disponibilidad por parte de la administración de una
serie de recursos similares para lograr su ejecución efectiva: las
entidades colaboradoras y los puestos de trabajo.
La experiencia en Euskadi de la aplicación de esta medida
ha resultado bastante satisfactoria, debido, entre otras cosas, a
la existencia de estos recursos. No ha sucedido lo mismo con la
aplicación de la sanción en la legislación penal de adultos, pero su
potenciación en la LO 15/2003 puede producir que ésta se aplique
con mayor asiduidad en el futuro próximo. Para ello, será fundamental contar también con los recursos necesarios para garantizar
su ejecución, lo que puede producir que desde servicios diferentes
(el Servicio de justicia juvenil y el servicio encargado de la ejecución penal de adultos) se acuda a las mismas entidades, con el
fin de que acepten personas en cumplimiento de esta sanción, ya
sean menores o adultos.
Esto obliga a las administraciones a mejorar su coordinación,
para evitar que se saturen las entidades y, en lugar de potenciar
esta sanción para adultos, se empeore el servicio que ya se está
dando en justicia juvenil.
Una solución podría ser centralizar estos recursos en el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, por ejemplo, en la persona
responsable de buscar la colaboración de las entidades, tal y como
se ha hecho en Catalunya. De este modo, ambos servicios tendrían
acceso a todos los recursos y, en función de las características de
las entidades y de los puestos de trabajo ofrecidos, se decidiría
cuál es la entidad más conveniente para cada persona.
362
13. Antes de proceder a la búsqueda particular de las entidades
que estarían dispuestas a colaborar con el programa, es necesario,
por parte de las instituciones públicas vascas, llevar a cabo una
ambiciosa campaña de sensibilización e información sobre las
características básicas de esta pena, su modo de ejecución, sus
objetivos y sus capacidades para representar una alternativa a la
pena de prisión en los delitos de gravedad intermedia. Esta campaña, en mi opinión, debería tener dos destinatarios complementarios y, a la vez, diferenciados: la sociedad en su conjunto y las
entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan actividades
de utilidad pública.
El objetivo final de la campaña dirigida al público en general
consistiría en sensibilizar a la ciudadanía sobre los verdaderos
efectos negativos que provoca la prisión y, crear una corriente de
opinión favorable a la implementación de las medidas alternativas.
Entre ellas, debería hacerse especial hincapié en la potencialidad
de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad para reaccionar frente a ilícitos de gravedad leve e intermedia, al tiempo que
se exponen también todos los elementos positivos que tiene una
ejecución penal en medio abierto, donde el contacto con la sociedad se intensifica en lugar de excluirse, tal y como ocurre en la
ejecución de las sanciones privativas de libertad. De esta manera,
podría conseguirse que la ciudadanía no acepte el binomio sanción
penal-cárcel como algo indivisible, sino que se conciencie de la
existencia de otro tipo de sanciones penales, con un contenido
aflictivo moderado y suficiente para reaccionar frente a determinados ilícitos, más respetuosas con los derechos e intereses de todas
las personas inmersas en los procesos penales. La consecución de
esta opinión favorable hacia las penas no privativas de libertad
y, en particular, hacia la de trabajo en beneficio de la comunidad,
ayudará a eliminar numerosas reticencias de la ciudadanía sobre la
ejecución penal y las personas penadas, consolidándose también un
sentimiento de responsabilización comunitaria frente a las personas
penadas, eliminando numerosos prejuicios y estereotipos sobre la
delincuencia y la ejecución penal.
363
La campaña destinada a las entidades, por su parte, tendría
dos fines: informar y sensibilizar a las personas que trabajan en
las entidades sobre la adecuación de implementar las medidas alternativas, es decir, el mismo objetivo perseguido por la campaña
dirigida a la sociedad en su conjunto; y explicar la importancia de
la participación de las entidades en programas de ejecución penal
alternativa, como el que está siendo objeto de estudio. Respecto a
este segundo objetivo, sería necesario explicar a las entidades los
objetivos de la pena, su modo de ejecución, etc. pero, especialmente, la responsabilidad que tienen para lograr que estas penas
no privativas de libertad puedan aplicarse realmente.
No obstante, antes de solicitarles dicho nivel de compromiso,
es fundamental exponerles claramente cuáles son las funciones que
deberían desempeñar si aceptan colaborar en el programa. En primer lugar, se les debe informar sobre la organización del servicio,
haciendo especial referencia a la infraestructura con la que cuenta
la administración competente para garantizar la ejecución de la
pena. En este sentido, las entidades deben sentirse arropadas por
la administración, es decir, hay que ofrecerles la seguridad de que,
si durante la ejecución surgen problemas, van a tener a su alcance
una serie de recursos, proporcionados por la administración, y
dirigidos a solventar dichos problemas. En segundo lugar, hay que
diferenciar claramente cuáles son las obligaciones asumidas por
las entidades y por la administración. Debe quedar claro que la responsabilidad sobre la ejecución de la sanción es de aquélla, no de
las entidades, y que a éstas únicamente se les pide su colaboración
en el programa. Más en concreto, esta colaboración debe limitarse
a ofertar un puesto de trabajo determinado, ayudar a la persona
penada durante su proceso educativo o rehabilitador e informar
a la administración sobre cualquier incidencia que surja durante
la ejecución. Pero, especialmente los niveles de responsabilidad
de cada órgano que participa en la ejecución deben quedar bien
claros, para evitar reticencias en estas entidades.
Tras este trabajo previo de informar y sensibilizar a las
entidades sobre la ejecución de la pena sería cuando la adminis364
tración entrase en contacto directo con ellas, solicitándoles su
colaboración en el programa. Además, si la entidad manifiesta
alguna duda con respecto a la ejecución, se le debe garantizar
una información completa y detallada, suficiente para despejar
cualquier incertidumbre.
14. La legislación establece los requisitos que deben cumplir
los puestos de trabajo ofertados por las entidades, en los cuales la
persona penada ejecutará la pena. Sintéticamente, deben ser trabajos de utilidad pública, que no persigan fines económico-lucrativos
y que respeten la dignidad de la persona penada. Asimismo, deben
adaptarse a sus características y habilidades y no pueden implicar
la sustitución de puestos de trabajo remunerados, sino que se
limitarán a tareas de cooperación. El art. 49 CP, tras la reforma
operada por la LO 15/2003, establece también que estas actividades
podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al
cometido por dicha persona, en tareas de reparación de los daños
causados o de apoyo o asistencia a las víctimas.
Aparte de estos requisitos legales, se ha destacado también que
la actividad, en la medida de lo posible, le debe aportar elementos
positivos a la persona penada, para lo cual resulta conveniente
que durante el cumplimiento de la sanción tenga contacto directo
tanto con las personas beneficiarias del servicio, en caso de que
existan, como con personas voluntarias que están realizando la
misma labor.
Todos estos requisitos están destinados a potenciar la virtualidad rehabilitadora de la sanción, haciendo especial hincapié en el
proceso de responsabilización de la persona penada con respecto
a sus actos y las consecuencias que éstos tienen. De hecho, se
considera que la dedicación de parte de su tiempo libre a realizar
actividades de utilidad pública es ya de por sí positiva, por las
características inherentes a estas actividades.
Sin embargo, los tipos de trabajo que en la práctica desarrollan
las personas penadas en cumplimiento de esta sanción no parecen
respetar, en su mayoría, estos requisitos. La falta de una memoria
365
que sistematice los sectores de actividad en los cuales se han
insertado las personas penadas en Euskadi, nos impide hacer una
valoración precisa de la anterior afirmación, pero hay una serie
de indicios que parecen demostrarlo.
Por una parte, los sectores de actividad ofertados por las entidades públicas que han colaborado con el programa han sido,
en su mayoría, limpieza, jardinería y mantenimiento. Éstos no
parecen cumplir los requisitos señalados anteriormente, ya que el
hecho de que sea una entidad pública la que oferte estos servicios
no significa, sin más, que éstos sean de utilidad pública. En este
sentido, los ayuntamientos ofertan también otra serie de servicios
públicos que se muestran más adecuados a los fines de esta sanción,
como son, por ejemplo, los servicios sociales.
Esta situación parece verificarse también en Catalunya, donde
el incremento del número de ayuntamientos que han colaborado
con el Departamento de Justicia en el año 2004 ha ocasionado
que las tareas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos
se conviertan en las actividades más comúnmente realizadas, por
detrás de las tareas de mantenimiento en general.
Por otra, las actividades desarrolladas en las entidades privadas
sin ánimo de lucro suelen ser bastante diversas, ya que se intenta,
por lo menos en las entidades con las que se han mantenido entrevistas, que sean las mismas personas penadas las que propongan el
trabajo efectivo a realizar. No obstante, en estos casos el contacto
con las personas que están trabajando asiduamente en la entidad
es bastante fluido, lo que de por sí representa un elemento positivo
en la capacidad rehabilitadora de esta sanción.
Por último, en general parecen predominar las actividades
manuales, que carecen del contacto directo con otras personas que
sería deseable en el cumplimiento de esta sanción.
La razón que parece motivar esta inadecuación de las actividades realizadas es la falta de recursos disponibles por parte de las
administraciones competentes, lo que les obliga a seleccionar la ac366
tividad no en base a las capacidades y circunstancias de la persona
penada, tal y como estipula la legislación aplicable, sino en función
de las vacantes existentes en el momento de ejecutar la sanción.
Esto deriva en que no haya una verdadera individualización de
la ejecución penal y que, por lo tanto, se estén incumpliendo las
disposiciones legales. Frente a esta situación, es preciso señalar la
obligación de la administración competente de buscar los recursos
necesarios para proceder a una ejecución efectiva de la sanción.
Es decir, los sectores de actividad en los cuales pueden insertarse
las personas penadas son numerosos, tal y como lo demuestran
la cantidad de asociaciones presentes en nuestra sociedad y otras
experiencias en las cuales también se solicitó la participación de
estas entidades, como fue la de la prestación social sustitutoria. Lo
único que debe hacer la administración es dedicar los esfuerzos
necesarios a buscar estos recursos, actuando con imaginación.
En definitiva, es fundamental diversificar los puestos de actividad en los cuales pueda ejecutarse esta sanción, con el fin de poder
adecuar el trabajo a las características personales de la persona
penada, así como a sus circunstancias sociales. De hecho, hay que
recordar que el art. 5 RD 515/2005 contempla que el cumplimiento
de la sanción estará regido por el principio de flexibilidad, el cual
debe permitir compatibilizar dicha ejecución con las obligaciones
personales, sociales y laborales de la persona penada. Así, deben
concertarse también puestos de actividad a desempeñar en diferentes horarios, con especial relevancia de los fines de semana,
horarios nocturnos u horas vespertinas.
Un sector de actividad que todavía no ha sido explorado y que
tiene una gran potencialidad para cumplir los objetivos de esta
pena son las actividades culturales, basadas en un intercambio
intercultural y en el respeto y conocimiento de las diversas culturas
actualmente presentes en nuestra sociedad. En este sentido, podrían plantearse cursos de idiomas a dar por las personas penadas,
intercambio de conocimientos sobre la historia respectiva de cada
pueblo, clases de baile, cocina, etc.
367
En último lugar, se podría hacer una aproximación a los sectores de actividad en los cuales pueden desarrollar su labor personas
que han sido condenadas por diversos ilícitos. Para hacer estas propuestas concretas, he tenido en cuenta únicamente los tipos penales
en los cuales la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad es
prevista como sanción originaria, y me he basado, especialmente,
en el inciso que ha introducido la LO 15/2003, según el cual sería
conveniente conectar la actividad a realizar con el delito, para
aumentar la potencialidad rehabilitadora de la sanción.
- En los ilícitos de violencia física y/o psicológica contra las
personas con las que el agresor ha tenido o tiene una relación
familiar o sentimental, el tipo de actividad más adecuado
es difícil de concretar. De hecho, tal como se expuso en su
momento, en estos ilícitos parece más oportuno imponer la
obligación de participar en programas específicos de reeducación y tratamientos psicológicos que esta sanción. Además, la
conexión directa con el delito puede tener efectos negativos
en las propias víctimas de delitos similares, por lo que hay
que valorar con mucha cautela el trabajo a seleccionar.
Por estos motivos, planteo que esta conexión se realice una
vez que el agresor haya seguido el tratamiento satisfactoriamente, y haya modificado su conducta dominante y violenta.
Asimismo, su proceso de responsabilización frente a sus
actos y sus consecuencias tiene que estar bastante avanzado, para evitar cualquier efecto perjudicial en las personas
con las que va a trabajar directamente. En concreto, sería
posible el trabajo en hospitales, en servicios de atención (no
primaria) a mujeres o a menores maltratadas, en función del
sujeto pasivo de los actos por los que fue condenado, etc.
No obstante, en este supuesto tan delicado es fundamental
tener en cuenta todas las precisiones realizadas anteriormente
y, de forma especial, la opinión de los grupos de mujeres
que tratan este tema, así como de las propias mujeres que
han sufrido episodios de violencia en el ámbito familiar.
368
- En el caso de personas condenadas por el delito contra la
seguridad del tráfico tipificado en el art. 379 CP, las tareas
de reparación de daños o de asistencia a víctimas de delitos
similares se muestra mucho más adecuada. Así, son posibles
las actividades en hospitales, en la DYA, en Cruz Roja, o
en tareas de asistencia directa a personas que han sufrido
accidentes de tráfico.
- Cuando la persona ha sido condenada por la comisión de una
falta contra el medio ambiente, las actividades a realizar son
muy numerosas. De entre ellas se pueden citar, las labores de
protección forestal, en brigadas anti-incendios, asociaciones
protectoras de animales, etc.
- Frente a delitos de lesiones, se muestran propicios los
trabajos que tengan una relación directa con las personas
beneficiarias, o con personas que trabajen asiduamente en la
entidad. De esta manera, es posible potenciar las relaciones
humanas de la persona penada.
- En el caso de personas en situación de exclusión, que hayan
sido condenadas por delitos menores contra el patrimonio,
es oportuno que el trabajo en beneficio de la comunidad se
realice en una asociación de su entorno, que le facilite entrar
en contacto con entidades que trabajen el tema de la exclusión social, con el objetivo de proporcionarle los recursos
que le permitan superar esta situación.
15. Tras las reformas introducidas por la LO 15/2003 se ha
constatado un aumento general del número de sentencias que
imponen esta pena de trabajo en beneficio de la comunidad, tanto
en Euskadi como en Catalunya. Esto ha provocado que los recursos con los que anteriormente contaban estos servicios no sean
suficientes para hacer frente al número de demandas de ejecución
actuales. A este incremento general de las demandas, hay que
añadir los cambios sustantivos introducidos en la regulación de
la pena, como el aumento del número de jornadas a cumplir, el
alargamiento de su ejecución o los requisitos que deben respetar
369
las actividades desarrolladas, lo que ha derivado en una saturación
bastante importante de las entidades colaboradoras y en la escasez
de recursos disponibles.
En consecuencia, se ha ampliado el tiempo de espera transcurrido entre el momento en que se dicta la sentencia y la ejecución
material de la sanción, produciéndose en los diferentes órganos
administrativos competentes una acumulación de expedientes
bastante preocupante. Asimismo, algunos de los cambios introducidos en la regulación, como su excesiva duración, pueden derivar
también en un aumento de los incumplimientos de la sanción. Estos
temores parecen estar corroborados por los datos manejados en la
elaboración de este informe, ya que el porcentaje de finalizaciones
satisfactorias de esta sanción en los últimos años ha descendido de
manera importante. Así, por ejemplo, en Catalunya, durante el año
2004, la proporción de sanciones finalizadas con respecto al número
total de demandas de intervención fue del 32%, mientras que en años
anteriores se situaba cerca del 60 %. Esta misma tendencia se ha
constatado en Bizkaia, el territorio vasco donde la ejecución de esta
sanción es más satisfactoria, pasando del 53 % del total de demandas
de ejecución remitidas en el año 2001, al 32 % en el año 2004.
Ante la realidad de estos datos, es fundamental que la administración competente tome una serie de medidas que mejoren estas
ratios, para evitar que los órganos judiciales dejen de imponer
una sanción todavía incipiente debido a su deficiente aplicación
práctica. Estas medidas han sido ya señaladas a lo largo de estas
reflexiones, pero creo que puede ayudar a una mejor comprensión
su exposición sintética:
- Parece conveniente que la administración competente de la
ejecución de la sanción fuese el Departamento de Justicia
del Gobierno Vasco. Para ello, sería necesaria bien la transferencia de la competencia en materia penal, bien acuerdos
parciales que le permitiese ir asumiendo paulatinamente
estas funciones, teniendo presente que el objetivo final es
la asunción total de la competencia.
370
- Sería oportuno que el Departamento de Justicia crease un
servicio dedicado exclusivamente a la ejecución de las
medidas penales alternativas, el cual fuese dotado con la
infraestructura y los medios humanos y materiales necesarios para garantizar el cumplimiento de su labor de modo
satisfactorio.
- La administración debe hacer esfuerzos para que se incremente el número de entidades que colaboran con este programa, así como para conseguir una mayor diversificación
de éstas.
- Deberían ampliarse también los puestos de actividad a desempeñar por las personas penadas, respetando los requisitos
exigidos por la legislación y permitiendo la individualización de cada trabajo concreto en función de las habilidades
y características de la persona penada. De esta manera, la
persona penada no debería realizar una actividad determinada en función de que haya sitio libre en ese momento en la
entidad, sino que se conseguiría adecuar realmente el puesto
de trabajo a las capacidades y necesidades de esa persona
concreta y, en último término, a los fines de esta sanción
penal.
371
BIBLIOGRAFÍA
- ALAUSTEY DOBÓN, M.C. (2000): La reparación a la víctima
en el marco de las sanciones penales, Valencia.
- ALBIN ESSER, M.C.J. (1998): “Una justicia penal `a la medida
del ser humano´”, en Revista de derecho penal y criminología,
Tomo 1, pp. 131-151.
- ALONSO OLEA, M. (2000): Derecho del trabajo, Civitas,
Madrid.
- ARANGUEZ SANCHEZ, C. (2000): “La pena de trabajo en
beneficio de la comunidad”, en Cuadernos de política criminal
nº 79.
- ARARTEKO (1998): Intervención menores infractores, VitoriaGasteiz.
- ARARTEKO (2001): Responsabilidad penal de los menores:
una respuesta desde los derechos humanos”, Vitoria-Gasteiz.
- ARARTEKO (2005): Informe ordinario del año 2004, VitoriaGasteiz.
Puede consultarse en www.ararteko.net.
- ARNOSO, A. (2004): “Representación del delito y demandas
de seguridad de la población”, en Congreso servicios sociales
y cárcel: Alternativas a la actual cultura punitiva, Salhaketa,
Vitoria-Gasteiz.
- ASUA BATARRITA, A. (1984): “El trabajo al servicio de la
comunidad como alternativa a otras penas” en Estudios Deusto,
pp. 305-333, Bilbao.
375
- AYORA MASCARELL, L. (1997): “Alternativas al internamiento en la jurisdicción de menores” en CID, J./LARRAURI,
E., Penas alternativas a la prisión, Bosch, Barcelona.
- BARATTA, A. (1989): Criminología crítica y crítica del Derecho Penal, Siglo XXI, Madrid.
- BLAY GIL, E. (2004): La pena de trabajo en beneficio de la
comunidad. Algunos aspectos de su regulación., Tesina de doctorado, Universitat Autónoma de Barcelona.
- BODELÓN GONZÁLEZ, E. (1998): “Cuestionamiento de la
eficacia del derecho penal en relación a la protección de los
intereses de las mujeres”, en Análisis del Código penal desde
la perspectiva de género, Emakunde, Vitoria-Gasteiz.
- BOLDOVA PASAMAR, M.A. (1998): en GRACIA MARTÍN,
L. (coord.), Lecciones de consecuencias jurídicas del delito,
Tirant lo Blanch, Valencia.
- BRANDARIZ GARCIA, J.A. (2002): El trabajo en beneficio
de la comunidad como sanción penal, Tirant Monografías, Valencia.
- BUSTOS, J./LARRAURI, E. (1993): Victimología: presente y
futuro. Hacia un sistema penal de alternativas, PPU, Barcelona.
- CACHÓN CÁRDENAS, M./CID MOLINÉ, J. (1997): “La pena
de días-multa como alternativa a la prisión, en CID MOLINÉ,
J./LARRAURI PIJOÁN, E., Penas alternativas a la prisión,
Bosch, Barcelona.
- CARIO, R. (1993): “El trabajo de interes general tras 10 años de
aplicación en Francia” en Eguzkilore nº7, pp. 41-53, DonostiaSan Sebastián.
- CID MOLINE, J./LARRAURI, E. (1997): Penas alternativas
a la prisión, Bosch, Barcelona.
- CID MOLINÉ, J./LARRAURI PIJOÁN, E. (coord.) (2002):
Jueces penales y penas en España. (Aplicación de las penas
376
alternativas a la privación de libertad en los juzgados de lo
penal), Tirant lo Blanch, Valencia.
- CID MOLINE, J. (1997): “El trabajo en beneficio de la comunidad”, en CID MOLINÉ, J./LARRAURI PIJOÁN, E., Penas
alternativas a la prisión, Bosch, Barcelona.
- CID MOLINÉ, J. (2004a): “Penas no privativas de libertad en
la LO 15/2003 (especial mención a TBC y prohibición de acercamiento)”, en Revista de Derecho Penal y procesal, nº 12, pp.
215-232.
- CID MOLINÉ, J. (2004b): “Las penas alternativas a la prisión en
la reforma penal del 2003”, en Las recientes reformas penales:
algunas cuestiones, Universidad de Deusto, Bilbao.
- CHOCLÁN MONTALVO, J.A. (1997): “Las penas privativas de derechos en la reforma penal”, en Actualidad penal
nº 8.
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (2001): Dictamen de 10
de enero de 2001, sobre el proyecto del RD por el que se regula
la relación de carácter especial de los penados que realicen
actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección
de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en
beneficio de la comunidad.
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (1994): “Informe al anteproyecto de ley orgánica del Código Penal”, en
Revista de Derecho Penal y Criminología, nº 4.
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (1999): Informe sobre la aplicación del nuevo Código Penal, Estudios,
informes y dictámenes, tomo I.
- COUNCIL OF EUROPE, recommendation nº r(92) 16 of the
Comitée of Ministres to Member States on the european rules
on community sanctions and measures.
- COUNCIL OF EUROPE, recommendation nº r(87)3, on the
european prison rules.
377
- COUNCIL OF EUROPE, List of instruments in the penological
field.
- DEFENSOR DEL PUEBLO (2002): El primer año de vigencia
de la LORPM, Madrid.
- DELGADO MARTÍN, J. (2003): “Trabajos en beneficio de la
comunidad”, en SABERES Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales.
- DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DEL GOBIERNO VASCO
(2004): Memoria del trabajo del Servicio de Justicia Juvenil:
Análisis de la ejecución durante el año 2003 de las medidas
impuestas en la CAPV por los Juzgados de Menores, Servicio
central de publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz.
- DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA (2005a): Programa de Medidas Penales Alternativas, Servicio de Medidas Penales Alternativas, Barcelona.
- DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA (2005b): Las medidas penales alternativas a
las penas de prisión, Servicio de Medidas Penales Alternativas,
Barcelona.
- DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. (2004): “La nueva política criminal española”, en Las recientes reformas penales: algunas cuestiones,
Universidad de Deusto, Bilbao.
- DORADO PICÓN, A. (2002): “La pena de arresto de fin de
semana y los trabajos en beneficio de la comunidad”, Estudios
Jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales, nº 1.
- ESCRIBANO GUTIERREZ, J. (2004): “El trabajo en beneficio
de la comunidad. Perspectivas jurídico-laborales” en Revista
española de Derecho de Trabajo, pp. 45-73, Madrid.
- FERNÁNDEZ BERMEJO, M. (2002): “La mediación penal en
nuestro sistema jurídico: de la teoría a la práctica”, en 1996, I
Jornada de Mediación Penal, Asociación Apoyo, Madrid.
- Fiscalía General del Estado, Circular 1/2000.
378
- FOUCAULT, M. (1990): Vigilar y castigar, Siglo XXI, Madrid.
- GARCÍA ALBERO, R. (2001): “El artículo 468”, en QUINTERO OLIVARES G. (coord.), Comentarios al nuevo Código
penal, Aranzadi, Nafarroa.
- GARCÍA ARÁN, G. (1996): “El trabajo en beneficio de la
comunidad, una pena alternativa a la prisión”, en Cuadernos
jurídicos nº38, pp. 36-47.
- GARCÍA ARÁN, M. (1997): Fundamentos y aplicación de penas
y medidas de seguridad en el Código penal de 1995, Aranzadi,
Pamplona.
- GARCÍA PÉREZ, O. (1999): “Los actuales principios rectores
del derecho penal juvenil: un análisis crítico”, en Revista del
Derecho Penal y criminología, 2º Época, nº 3, pp. 33-76.
- GARLAND, D. (2005): La cultura del control. Crimen y orden
social en la sociedad contemporánea, Gedisa, Barcelona.
- GIORGI, A. de (2005): Tolerancia cero: Estrategias y prácticas
de la sociedad de control, Editorial Virus.
- GOBIERNO VASCO (2005): Líneas generales de política de
ejecución penal y penitenciaria. Aproximación a un modelo
para la CAPV, Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad
Social.
Puede consultarse en www.ikusbide.net.
- GÓMEZ ARROYO, J.L. (2003): “Apuntes sobre la pena de
trabajos en beneficio de la comunidad”, en Noticias jurídicas.
- GÓMEZ RIVERO, M.C. (2001): “Algunos aspectos de la Ley
Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del menor”, en Actualidad Penal nº 10, pp. 163187.
- GRACIA MARTÍN, L. (coord.) y otros (2000): Lecciones de
consecuencias jurídicas del delito, Valencia.
379
- HASSEMER, W./MUÑOZ CONDE, F. (1989): Introducción a la
criminología y al derecho penal”, Tirant lo Blanch, Valencia.
- HOWARD LEAGUE FOR PENAL REFORM, THE (1996):
Community Service orderes: an undervalued sentence, Howard
League for Penal Reform, Londres.
- HUBER, B. (1983): “COMMUNITY SERVICE ORDER como
alternativa a la pena privativa de la libertad en Inglaterra”, en
ADPCP nº 36.
- HUBER, B. (1994): “Sanciones intermedias entre la pena de
multa y la pena privativa de libertad”, en Anuario de Derecho
Penal y Ciencias Penales, Fase III, pp. 155-176, FreiburgoAlemania.
- JUSTIDATA nº 29 (2002): Evolució de la població penitenciária a Catalunya des de l áplicació del codi penal de 1995
-maig 1996/maig 2001-, Centre d´Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada, Generalitat de Catalunya.
Accesible en http://www.gencat.net/dji/cejfe/justidata.htm.
- JUSTIDATA nº 36 (2003): Les mesures alternatives a la pena de
presó sota el control de l´Administració -maig 1996/maig 2003-,
Centre d´Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Generalitat
de Catalunya.
Accesible en http://www.gencat.net/dji/cejfe/justidata.htm.
- KENT, J. (1988): Sustitutos de la prisión, Abeledo-Perrot, Buenos Aires.
- LARRAURI, E. (1987): “Las paradojas del movimiento descarcelatorio en Estados Unidos”, en Anuario de Derecho Penal y
Ciencias Penales.
- LARRAURI, E. (1991a): “Las paradojas de importar alternativas
a la cárcel en el Derecho Penal español” en Anuario de Derecho
Penal y Ciencias Penales, vol. 1.
- LARRAURI, E. (1991b): La herencia de la criminología crítica,
Siglo XXI, Madrid.
380
- LARRAURI, E. (1996): Mujeres, Derecho Penal y criminología,
Siglo XXI, Madrid.
- LANDROVE DÍAZ, G. (2001): “Prisión y sustitutivos penales”, en QUINTERO OLIVARES, G. y MORALES PRATS, F
(coords.), Aranzadi, Pamplona.
- LANDROVE DEAZ, G. (2004): “La pena de trabajos en beneficio de la comunidad”, en La ley, nº 6093.
- LIVING IN GLASGOW, Community Service Orders, en www.
glasgow.gov.uk/eu/Residents/Care_support/CriminalJustice.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. (1999): “Las penas privativas
de derechos”, en Revista del Poder Judicial nº 53, pp. 127-152.
- LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J. (2000): “artículos 39 a 49”, en
AA.VV., Comentarios al Código Penal de 1995, Tomo III, Madrid.
- LÓPEZ CONTRERAS, R.E. (2004): La sustitución de las penas
privativas de libertad: aspectos procesales y penales, IVADP,
Donostia-San Sebastián.
- MANZANARES SAMANIEGO, J.L./ORDÓÑEZ SÁNCHEZ,
B. (1996): “La ejecución de las penas de trabajo en beneficio
de la comunidad y el arresto de fin de semana: el Real Decreto
690/1996, de 26 de abril”, en Actualidad Penal.
- MANZANOS, C. (2003): “Delincuencia y medidas penales,
¿cómo afectan a la sociedad vasca?, en Jornadas contra las
reformas penales, Salhaketa, Bizkaia.
- MANZANOS, C. (2004): “El éxito de la industria penal en la
reproducción de la inseguridad ciudadana”, en Congreso servicios sociales y cárcel: Alternativas a la actual cultura punitiva,
Salhaketa, Vitoria-Gasteiz.
- MAPELLI CAFFARENA, B./TERRADILLOS BASOCO, J.
(1996): Las consecuencias jurídicas del delito, Madrid.
- MAPELLI CAFFARENA, B. (2000): “La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa”, en Revista de Derecho
Penal y Criminología, 2ª Época, nº 5, pp.59-86.
381
- MARTÍN CORRAL, S. (2001): “Aplicación en la CAPV de la
LORPM”, en ARARTEKO, Responsabilidad penal de los menores: una respuesta desde los derechos humanos, Ararteko.
- MARTÍNEZ ARRIETA, A. (2002): “La mediación y su incorporación al proceso penal español”, en 1996, I Jornada de
Mediación Penal, Asociación Apoyo, Madrid.
- MESSUTI DE ZABALA, A. (1993): “Las medidas sustitutivas
de la prisión: una nueva ética” en Eguzkilore, nº 7, Donostia-San
Sebastián.
- MIR PUIG, S. (1996a): Derecho penal. Parte General, 4ª edición, Barcelona.
- MIR PUIG, S. (1996b): “Alternativas a la prisión en el nuevo
Codigo Penal”, en ASUA BATARRITA, A. (ed.), Jornadas
sobre el nuevo Código Penal de 1995, celebradas del 19 al 21
de noviembre de 1996, pp. 55-66, EHUko Argitalpen Zerbitzua,
Bilbao.
- MOLINA BLÁZQUEZ, C. (1996): La aplicación de la pena,
Bosch, Barcelona.
- MORILLAS CUEVA, L. (2002): Estudios penales sobre violencia doméstica, EDR.
- MUÑAGORRI, I. (2004): “La imagen del delito y del delincuente a partir de las nuevas políticas e ideologías sobre la seguridad”,
en Congreso servicios sociales y cárcel: Alternativas a la actual
cultura punitiva, Salhaketa, Vitoria-Gasteiz.
- ORNOSA FERNÁNDEZ, M.R. (2001): Derecho Penal de
Menores, Bosch, Barcelona.
- ORTUBAY FUENTES, M. (1995): “Alternativas a la prisión.
Derecho comparado” en Primeras Jornadas de Derecho Penitenciario en Euskadi, Vitoria-Gasteiz.
- PARÉS i GALLÉS, R. (1998): “La nueva pena de trabajos en
beneficio de la comunidad”, en Cuadernos de Política Criminal
nº 64.
382
- PÉREZ SANZBERRO, G. (1999): Reparación y conciliación
en el sistema penal ¿Apertura de una nueva vía?, Granada.
- PICQUART, J.M., Servicio comunitario, la experiencia francesa, en www.penalreform.org.
- POLO RODRÍGUEZ, J.J./HUÉLAMO BUENDÍA, A.J. (2001):
La nueva ley penal del menor, Colex.
- POZA CISNEROS, M. (1996): “Formas sustitutivas de las
penas privativas de libertad”, en AA.VV., Penas y medidas de
seguridad en el nuevo Código Penal, Madrid.
- POZUELO PEREZ, L. (1997): “La pena de trabajo en beneficio de la comunidad”, en ICADE Revista de las Facultades de
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales nº 42.
- PRATS CANUT, J.M. (2001): “El artículo 81”, en QUINTERO
OLIVARES, G. (coord.), Comentarios al nuevo Código penal,
Aranzadi, Nafarroa.
- REDONDO, S. (1998): “Criminología aplicada: intervención
con delincuentes, reinserción y delincuencia”, en Revista de
derecho penal y criminología, nº 1, pp. 187-206.
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no
privativas de la libertad (Reglas de Tokio), Asamblea General
resolución 45/110 de 14 de diciembre de 1990.
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administación
de la justicia de menores (“Reglas de Beijing”), resolución 40/33
de 28 de noviembre de 1985.
- RENART GARCÍA, F., La pena de trabajo en beneficio de
la comunidad desde una perspectiva comparada, Universitas
triburgensis.
- RIOS, J. (2004): “Claves para la reducción necesaria del sistema
penal.”, en Congreso servicios sociales y cárcel: Alternativas a
la actual cultura punitiva, Salhaketa, Vitoria-Gasteiz.
- ROXIN, C. (1998): “¿Tiene futuro el Derecho Penal?”, en Revista del Poder Judicial nº 49, pp. 373-392.
383
- SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, I. (2000): “La nueva ley reguladora de la responsabilidad penal del menor”, en Actualidad
Penal nº 33, pp. 699-727.
- SANZ MULAS, N. (2000): Alternativas a la pena privativa de
libertad, Colex.
- SECRETARÍA GENERAL DE LA FEMP (2003): Convenio de
colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación
Española de Municipios y Provincias para la gestión del cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
Memoria de actividades 2002-2003, Madrid.
- SERRANO BUTRAGUEÑO, I. (1996): Las penas en el nuevo
Código Penal, Granada.
- SERRANO PASCUAL, M. (1997): “Las alternativas a la prisión.
Las recientes tendencias internacionales y el CP español de 1995”,
en Tapia. Publicación para el Mundo del Derecho, nº 92.
- SOLA DUEÑAS, A. de/GARCÍA ARÁN, M./HORMAZABAL
MALAREÉ, H. (1986): Alternativas a la prisión, PPU, Barcelona.
- STC 1988/19.
- STANLEY, S./BAGINSKY, M. (1984): Alternatives to prison,
London.
- TAMARIT SUMALLA, J.M. (1996): “De las penas privativas de
derechos”, en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), Comentarios
al nuevo Código Penal, pp. 346-367, Aranzadi, Pamplona.
- TAMARIT SUMALLA, J.M. (2004): “La introducción de la justicia reparadora en la ejecución penal: ¿una respuesta al rearme
punitivo?”, en Revista General del Derecho Penal, Iustel nº 1.
- TOMÁS MALLEN, B. (1993): “La justificación de los derechos
humanos”, en DURÁN LALAGUNA, P (coord.), Manual de
derechos humanos, Comares, Granada.
- TOMÉ TAMAME, J.C. (2002): “Ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal del menor: especial consideración a las
384
medidas sancionadoras-educativas (y II)” en Noticias jurídicas.
- TORRENTE, D. (2001): Desviación y delito, Alianza ed., Madrid.
- TOURNIER, P.V. (2002): “Space II- Community sanctions and
measures (CSM) ordered in 1999, en Penalogical Information
Bulletin, nº 23-24, Council of Europe.
- VAELLO ESQUERDO, E. (1997): “El sistema de penas”, en
DEL ROSAL BLASCO, B., Estudios sobre el nuevo Código
penal de 1995, Tirant lo Blanch, Valencia.
- VALMAÑA OCHAÍTA, S. (1990): Sustitutivos penales y proyectos de reforma en el derecho penal español, Ministerio de
Justicia e Interior, Madrid.
- VARONA GÓMEZ, D. (2004a): “La reforma de las penas no
privativas de libertad (LO 15/2003): ¿un paso adelante en el
sistema de penas alternativas a la prisión?, en Revista Española
de Investigación Criminológica.
- VARONA GÓMEZ, D. (2004b): “El arresto de fin de semana:
lecciones a aprender de su breve historia (Sobre las razones y
excusas para su reforma), en Revista de Derecho Penal y Criminología, nº 13, pp. 47-80.
- VARONA MARTÍNEZ, G. (1998): La mediación reparadora
como estrategia de control social. Una perspectiva criminológica, Comares, Granada.
- VIDAL i MARSAL, S. (1999): “Los trabajos en beneficios de
la comunidad”, en Las Penas en el CP de 1995, pp. 117-132.
VILLAMERIEL PRESENCIO, L.P. (2004): “La comisión técnica de reforma del sistema de penas y la reforma penal del año
2003”, en La ley, nº 6010.
385
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