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Entra en vigor la ley para salvar empresas

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Entra en vigor la ley para salvar empresas
36 Expansión Jueves 28 mayo 2015
ECONOMÍA / POLÍTICA
Entra en vigor la ley para salvar empresas
LEY DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA CONCURSAL/ La reforma concursal prevé, por primera vez, que Hacienda y la Seguridad
Social se vean arrastrados por un convenio en un concurso con el fin de reflotar las empresas que atraviesan dificultades.
Mercedes Serraller. Madrid
La Ley que pretende ser un
salvavidas de empresas en
concurso entró ayer en vigor.
La reforma concursal prevé,
por primera vez, que Hacienda y la Seguridad Social se vean arrastrados por un convenio en un concurso de acreedores y por lo tanto,
pierdan su privilegio de
cobrar los primeros y no
someterse a los plazos y
acuerdos que obligan al
resto de acreedores, con el
fin de reflotar las empresas
que atraviesan dificultades.
Así lo establece la ley de medidas urgentes en materia
concursal que publicó el BOE
el martes, que traslada al concurso las medidas que ya validó el Gobierno para las refinanciaciones.
El Consejo de Ministros
aprobó el pasado 5 de septiembre un Real Decreto que
desarrolló estas medidas urgentes, que se ha tramitado
luego como proyecto de ley
en las Cortes para introducir
mejoras.
 Hacienda y Seguridad
Social
El Decreto amplía las posibilidades de extensión de los
efectos del convenio a los
acreedores públicos, permitiendo que voten como clases
diferenciadas. Es decir, Hacienda y la Seguridad Social,
pero también comunidades
autónomas y ayuntamientos,
que hasta ahora gozaban de
unos privilegios absolutos e
inéditos entre los países de
nuestro entorno, muy criticados por el FMI y la Comisión
Europea.
 Acreedores privilegiados
La entrada de Hacienda y la
Seguridad Social en los convenios se articula mediante la
creación de clases diferenciadas en estos créditos. Sin modificar su clasificación, se
crean cuatro clases diferenciadas, a efectos de la votación
para la extensión del convenio: acreedores laborales, públicos, financieros o el resto.
Dentro de los créditos con
privilegio especial, se redefine
éste como el 9/10 del valor razonable del bien o derecho
sobre el que se ha constituido
la garantía, una vez deducidas
las deudas preferentes. Dependiendo de las medidas a
aplicar, los acreedores privilegiados no públicos pueden
verse arrastrados por mayorías del 60% y 75%.
Así, un acreedor público
Se podrá aplicar, por
una sola vez, a las
empresas que
ya estuvieran
en concurso
Los acreedores
podrán convertir
deuda en capital
y el deudor que lo
vete será penalizado
Se permitirá la
transferencia de
contratos, licencias
y permisos en la
venta de activos
tra en liquidación, la norma
establece una serie de mejoras para que no pierdan valor
contratos ni bienes. La liquidación será más eficiente, y
permitirá la transferencia de
contratos, licencias y permisos en el caso de venta de activos.
 Capitalizar deuda
La norma permite a los acreedores capitalizar deuda. El
deudor que vete un acuerdo
de conversión de deuda en capital será sancionado e incurrirá en responsabilidad si el
proceso acaba en liquidación
siempre que no tenga ya capital.
podrá ser arrastrado al convenio general si así
lo decide el 75%
de todos los
acreedores públicos implicados. El
acreedor público podrá seguir optando por
someterse al convenio general de acreedores –y en consecuencia, a posibles quitas superiores a la mitad del importe del crédito– o celebrar un
convenio singular con el concursado.
No obstante, si una mayoría
del 75% de los acreedores públicos decide sumarse al convenio general, obligará a hacerlo también al resto de
acreedores públicos, que ya
no podrán celebrar un convenio singular.
Leopoldo Pons, presidente
del Registro de Economistas
Forenses-Refor, destaca que
esta novedad “obliga a Hacienda y Seguridad Social a
hacer una declaración explícita de intenciones sobre cada
concurso y su viabilidad”, un
primer paso que a la larga
aumentará su adhesión.
 Acreedores ordinarios
Para los acreedores ordinarios, se mantiene el régimen
de aprobación de convenios
existente, pero se introduce la
posibilidad de extender a los
disidentes, si vota a favor al
menos el 65% del pasivo ordinario, esperas entre 5 y 10
años; quitas superiores al
50%; conversión de créditos
en acciones o participaciones
del deudor, o créditos participativos hasta 10 años; transformación de deuda en cualquier otro instrumento financiero, y cesión de bienes o derechos en pago de créditos,
siempre que no resulten necesarios para la continuación
de la actividad y que su valor
razonable sea igual o inferior
al crédito que se extingue o,
en caso de ser superior, se reintegre la diferencia.
Además, los acreedores
con garantía real, en caso de
incumplimiento del convenio, podrán ejecutar su garantía y percibir, si lo cubre el
bien dado en garantía, el importe de la deuda.
 Aplicación retroactiva
Se establece un mecanismo
para permitir que estas medidas puedan aplicarse, por una
sola vez, a los convenios adoptados al amparo de la legislación anterior, si se dan mayorías reforzadas (superiores a
las exigidas para la aprobación del convenio) y lo apruebe un juez. Se excluirán a los
acreedores públicos y laborales.
 Mejoras en la liquidación
Si pese a todo, la empresa en-
 Se hereda la deuda
laboral
A pesar de estas mejoras, la
reforma concursal obliga, por
primera vez, a quien compre
una empresa en quiebra a
asumir toda la deuda con la
Seguridad Social que ésta
acumule. Abogados, empresas y jueces han mostrado su
preocupación con esta medida porque creen que dificulta
e, incluso, imposibilita, la venta de la unidad empresarial.
La oposición presentó enmiendas con el fin de cambiar
este asunto pero no han prosperado. La pervivencia de la
actividad y de puestos de trabajo que pretende lograr la reforma no tendrá lugar o será
muy difícil que lo tenga con la
nueva norma: o bien porque
los empresarios se abstendrán de comprar la empresa o
bien porque cuando lo hagan
se tendrán que declarar ellos
mismos en concurso e irán a
su vez a liquidación.
El déficit de las arcas públicas y la lucha contra el fraude
son las razones de la Adminis-
tración para introducir
esta medida que ahora los
tribunales ya están sorteando con una novedosa interpretación en
dos sentencias de sendos
juzgados de lo Mercantil
de Barcelona y Alicante, que establecen que
sólo se hereda la deuda
laboral de los trabajadores
que se subroguen.
Los jueces se adhieren a esta doctrina porque consideran que es lo que se desprende del espíritu de la norma,
reflotar actividad y empleo.
Cuando el concurso no
puede concluir mediante
un convenio de acreedores que permita la continuidad de la empresa (lo
que ocurre en más de un 95%
de los casos), la venta de la
unidad productiva constituye
una alternativa a la liquidación de activos, al cese de la
actividad y despido de los trabajadores.
 Comisión de seguimiento
La Ley crea además una comisión de seguimiento de
prácticas de refinanciación y
reducción de sobreendeudamiento, con funciones de seguimiento de las medidas
adoptadas por esta norma. La
Comisión elaborará un informe anual sobre la efectividad
de las medidas y sobre la evolución del endeudamiento del
sector privado y sus implicaciones macroeconómicas.
Asimismo, se constituye un
portal telemático en el BOE
con información sobre las
empresas en liquidación para
facilitar su enajenación.
 Ejecuciones hipotecarias
La norma aborda las modificaciones legales necesarias
para dar cumplimiento a la
sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
de 17 de julio de 2014, modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil. El deudor hipotecario podrá interponer recurso de apelación contra el
auto que desestime su oposición a la ejecución, si esta se
fundara en la existencia de
una cláusula contractual abusiva. Se aplicará a los procedimientos de ejecución hipotecaria en los que no se hubiera
producido la puesta en posesión del inmueble al adquirente. Se prevé un plazo de un
mes para los procedimientos
en los que hubiera concluido
el plazo para recurrir el auto
que hubiera desestimado la
oposición.
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