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carta de derechos de las personas ante la justicia en el ambito

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carta de derechos de las personas ante la justicia en el ambito
CARTA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LA JUSTICIA EN
EL AMBITO JUDICIAL IBEROAMERICANO
Preámbulo
La preocupación porque las instituciones y poderes públicos puedan actuar de modo
más abierto y transparente no puede excluir al Poder Judicial.
La eficacia de la justicia, sin duda, está vinculada a la accesibilidad, a la información,
a la transparencia, e, incluso a la simple amabilidad en el trato.
La dignidad de la persona y los derechos que le son inalienables demandan la
institucionalización de unos principios básicos que protejan a las personas cuando
demanden justicia.
Todos estos principios pueden ser trasladados al ámbito del Poder Judicial y
convertirse en una verdadera declaración de derechos de las personas frente a la
Administración de Justicia.
Y nada mejor que un proyecto tan ambicioso alcance una dimensión internacional, y
se plasme en el marco de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes
Supremas y Tribunales Supremos de Justicia con el fin de asegurar la unidad y
continuidad de los esfuerzos y garantizar el consenso sobre las bases del
funcionamiento de este Poder del Estado.
1.
La presente carta resulta de aplicación a todas aquellas personas que requieran
el servicio de administración de justicia en el ámbito iberoamericano
2
Una justicia moderna y accesible a todas las personas
Una justicia transparente
2.
Todas las personas tienen derecho a recibir información general y actualizada
sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características
y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales.
Se impulsará la creación y dotación material de Oficinas de Atención e
Información, asegurando su implantación en todo el territorio nacional.
La información sobre los horarios de atención al público se situará en un lugar
claramente visible en las sedes de los órganos jurisdiccionales.
3.
Todas las personas tienen derecho a recibir información transparente sobre el
estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los órganos
jurisdiccionales si así lo solicitan.
Los Poderes Judiciales canalizarán esta información para facilitar su consulta en
el marco de un plan de transparencia.
4.
Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido actualizado de las
leyes de su Estado y de la normativa internacional
electrónico de datos fácilmente accesible.
mediante un sistema
3
5.
Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido y estado de los
procesos en los que tenga interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en las
leyes procesales.
Los interesados tendrán acceso a los documentos, libros, archivos y registros
judiciales que no tengan carácter reservado.
Las autoridades y funcionarios expondrán por escrito a las personas que lo
soliciten los motivos por los que se deniega el acceso a una información de
carácter procesal.
Una justicia comprensible
6.
Todas las personas tienen derecho a que los
actos de comunicación
contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de
elementos intimidatorios innecesarios.
7.
Todas las personas tienen derecho a que en las vistas y comparecencias se
utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte
comprensible para todos los que no sean especialistas en derecho.
Los Jueces y Magistrados que dirijan los actos procesales velarán por la
salvaguardia de este derecho.
8.
Todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás resoluciones
judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus
destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su
rigor técnico.
4
Se deberá facilitar especialmente el ejercicio de estos derechos en aquellos
procedimientos en los que no sea obligatoria la intervención de abogado.
9.
Todas las personas tienen derecho a disponer gratuitamente de los
formularios necesarios para el ejercicio de sus derechos ante los tribunales
cuando no sea preceptiva la intervención de abogado .
Una justicia atenta con todas las personas
10.
Todas las personas tienen derecho a ser atendidos, dentro del plazo
adecuado, de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas,
sociales y culturales.
11.
Todas las personas tienen derecho a exigir que las actuaciones judiciales en
las que resulte
obligatoria su comparecencia se celebren con la máxima
puntualidad.
a) El Juez o el Funcionario Judicial competente deberá informar a todas
las personas sobre las razones del retraso o de la suspensión de
cualquier actuación procesal a la que estuviera convocado.
b) La suspensión se comunicará a la persona, salvo causa de fuerza
mayor, con antelación suficiente para evitar su desplazamiento.
12.
Todas las personas tienen derecho a que su comparecencia personal ante un
órgano de la Administración de Justicia resulte lo menos gravosa posible.
5
a) La comparecencia de las personas ante los órganos jurisdiccionales
solamente podrá ser exigida cuando sea estrictamente indispensable
conforme a la Ley.
b) Se procurará siempre concentrar en un solo día las distintas
actuaciones que exijan la comparecencia de una persona ante un
mismo órgano judicial.
c) Se tramitarán con preferencia y máxima celeridad las indemnizaciones
económicas que corresponda legalmente percibir a la persona por los
desplazamientos para acudir a una actuación judicial.
d) Las dependencias judiciales accesibles al público, tales como zonas de
espera, salas de vistas o clínicas médico-forenses, deberán reunir las
condiciones y servicios necesarios para asegurar una correcta atención
a la persona.
13.
Todas las personas tienen derecho a ser adecuadamente protegidos cuando
declare como testigo o colabore de cualquier otra forma con la Administración
de Justicia.
a) Se tramitarán con preferencia y máxima celeridad las indemnizaciones
económicas que corresponda legalmente percibir a la persona por los
desplazamientos para acudir a una actuación judicial.
b) Las dependencias judiciales accesibles al público, tales como zonas de
espera, salas de vistas o clínicas médico-forenses, deberán reunir las
condiciones y servicios necesarios para asegurar una correcta atención
a la persona.
6
14.
Todas las personas tienen derecho a conocer la identidad y categoría de la
autoridad o funcionario que le atienda, salvo cuando esté justificado por
razones de seguridad en causas criminales.
a) Los datos figurarán en un lugar fácilmente visible del puesto de trabajo.
b) Quien responda por teléfono o quien realice una comunicación por vía
telemática deberá en todo caso identificarse ante la persona.
15.
Todas las personas tienen derecho a ser atendidos personalmente en el
órgano y oficinas judiciales respecto a cualquier incidencia relacionada con el
funcionamiento de dicho órgano en la forma establecida legalmente.
Las declaraciones y testimonios, los juicios y vistas, así como las
comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una
resolución, se celebrarán siempre con presencia de Juez o Tribunal de
acuerdo con lo previsto en las leyes.
16.
Todas las personas tienen derecho a ser atendidas en el horario de
funcionamiento previsto.
17.
En el caso de que existan varias lenguas todas las personas tienen derecho a
utilizar con la Administración de Justicia del territorio de su comunidad la
lengua oficial que escojan, y a ser atendidas en los términos establecidos por
la legislación interna del estado.
7
Una justicia responsable ante el ciudadano
18. Todas las personas tienen derecho a formular reclamaciones, quejas y
sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de
Justicia, así como a recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en
todo caso, dentro del plazo que legalmente se establezca.
Se implantarán sistemas para posibilitar las quejas y sugerencias de las
personas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales. Se implantarán
sistemas para garantizar el ejercicio de este derecho por vía telemática.
La persona tiene derecho a conocer el procedimiento mediante el cual será
tratada su sugerencia o queja.
En todas las dependencias de la Administración de Justicia estarán a
disposición de todas las personas, en lugar visible y suficientemente indicado,
los formularios necesarios para ejercer este derecho.
19. Todas las personas tienen derecho de acuerdo con arreglo a la normativa
interna a exigir responsabilidades por error judicial o por el funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia.
Las reclamaciones indemnizatorias se tramitarán con preferencia y celeridad.
Una justicia ágil y tecnológicamente avanzada
20.
Todas las personas tienen derecho a una tramitación ágil de los asuntos que le
afecten, que deberán resolverse dentro del plazo legal y a conocer, en su caso,
el motivo concreto del retraso.
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Las autoridades judiciales competentes elaborarán un programa de previsiones
con la duración debida de los distintos procedimientos en todos los órdenes
jurisdiccionales, al cual se dará una amplia difusión pública.
21.
Todas las personas tienen tiene derecho a que no se le exija la aportación de
documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, salvo que las
leyes procesales expresamente lo requieran.
22.
Todas
las
personas
tienen
derecho
a
comunicarse
con
los
órganos
jurisdiccionales a través del correo electrónico, videoconferencia y otros medios
telemáticos con arreglo a lo dispuesto en las leyes procesales.
a) Los poderes públicos impulsarán el empleo y aplicación de estos
medios en el desarrollo de la actividad de los órganos
jurisdiccionales así como en las relaciones de ésta con todas las
personas.
b) Los documentos emitidos por los órganos jurisdiccionales y por
los particulares a través de medios electrónicos y telemáticos, en
soportes de cualquier naturaleza, tendrán plena validez y eficacia
siempre que quede acreditada su integridad y autenticidad de
conformidad con los requisitos exigidos en las leyes.
9
Una justicia que protege a los más débiles
Protección de las víctimas
23.
La persona que sea víctima tiene derecho a ser informado con claridad sobre
su intervención en el proceso penal, las posibilidades de obtener la reparación
del daño sufrido, así como sobre el curso del proceso.
a) Se asegurará que la víctima tenga un conocimiento efectivo de
aquellas resoluciones que afecten a su seguridad, sobre todo en
los casos de violencia dentro de la familia.
b) Se crearán Oficinas de Atención a las víctimas y donde existan se
ampliarán sus funciones buscando un servicio integral a la
persona afectada por el delito, asegurando que presten servicio
en todo el territorio nacional.
24.
La persona que sea víctima tiene derecho a que su comparecencia personal
ante un Juzgado o Tribunal tenga lugar de forma adecuada a su dignidad y
preservando su intimidad y propia imagen.
a) Se adoptarán las medidas necesarias para que la víctima no
coincida con el agresor cuando ambos se encuentren en
dependencias judiciales a la espera de la práctica de cualquier
actuación procesal.
b) Las autoridades y funcionarios velarán especialmente por la
eficacia de este derecho en los supuestos de violencia doméstica
o de género, otorgando a las víctimas el amparo que necesiten.
10
25.
La persona que sea víctima tiene derecho a ser protegida de forma inmediata
y efectiva por los Juzgados y Tribunales, especialmente frente al que ejerce
violencia física o psíquica en el ámbito familiar.
Se facilitará el uso de aquellos medios técnicos que resulten necesarios para
la debida protección de la víctima, tales como los instrumentos de localización
de personas, los mecanismos de teleasistencia y otros similares.
26.
La persona
que sea víctima tiene derecho a ser protegida frente a la
publicidad no deseada sobre su vida privada en toda clase de actuaciones
judiciales.
Los Jueces y Magistrados velarán por el adecuado ejercicio de este derecho.
Protección de los integrantes de las poblaciones indígenas
27.
Los Poderes Judiciales promoverán las condiciones precisas para que la
población indígena de los distintos Estados puedan acceder a los órganos
jurisdiccionales con plenitud de derechos. A tal fin se establecerán los
mecanismos precisos para la utilización de la lengua propia y todos aquellos
otros que posibiliten la efectiva comprensión del sentido y significado de las
actuaciones judiciales.
Los poderes judiciales se asegurarán en que el trato que reciban los
integrantes de las poblaciones indígenas de los órganos jurisdiccionales, sea
respetuoso con su dignidad y tradiciones culturales.
11
Los sistemas de Justicia podrán integrar mecanismos de resolución de
conflictos de acuerdo con el Derecho Consuetudinario de las poblaciones
indígenas.
Protección del niño o el adolescente
28.
El niño o el adolescente tiene derecho a que su comparecencia ante los
órganos judiciales tenga lugar de forma adecuada a su situación y desarrollo
evolutivo.
a) Para el cumplimiento de este derecho podrán utilizarse elementos
técnicos
tales
como
circuitos
cerrados
de
televisión,
videoconferencia o similares.
b) Se procurará evitar la reiteración de las comparecencias del niño
o del adolescente ante los órganos judiciales.
29.
El niño o el adolescente que tuviere suficiente juicio tiene derecho a ser oído
en todo proceso judicial en que esté directamente implicado y que conduzca a
una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social, así como a que
las distintas actuaciones judiciales se practiquen en condiciones que
garanticen la comprensión de su contenido.
Los Poderes Judiciales velarán por la efectividad de este derecho, prestando
al niño o al adolescente la asistencia que necesite.
30.
El niño o el adolescente tiene derecho a que las autoridades y funcionarios
judiciales guarden la debida reserva sobre las actuaciones relacionadas con
12
ellos, que en todo caso deberán practicarse de manera que se preserve su
intimidad y el derecho a su propia imagen.
Protección de las personas con discapacidades
31.
La persona afectada por cualquier tipo de discapacidad sensorial, física o
psíquica, podrá ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en esta Carta
y en las leyes procesales.
a) Solamente deberá comparecer ante el órgano judicial cuando
resulte estrictamente necesario conforme a la Ley.
b) Los edificios judiciales deberán estar provistos de aquellos
servicios auxiliares que faciliten el acceso y la estancia en los
mismos.
32.
Aquellas personas cuya discapacidad les impida ver, oír o hablar tienen
derecho a la utilización de un intérprete de signos o de aquellos medios
tecnológicos que permitan tanto obtener de forma comprensible la información
solicitada, como la práctica adecuada de los actos de comunicación y otras
actuaciones procesales en las que participen.
a) Se promoverá el uso de medios técnicos tales como videotextos,
teléfonos de texto, sistema de traducción de documentos a
braille, grabación sonora o similares.
b) Se
comprobará
comunicación
ha
con
especial
llegado
a
cuidado
que
conocimiento
el
efectivo
acto
de
de
su
13
destinatario y, en su caso, se procederá a la lectura en voz alta
del contenido del acto.
33.
Se garantizará el uso de intérprete cuando el extranjero que no conozca la
lengua o lenguas oficiales ni, en su caso, la lengua oficial propia de la
comunidad, hubiese de ser interrogado o prestar alguna declaración, o cuando
fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución.
34.
Todos los extranjeros tienen derecho a recibir una protección adecuada de los
órganos jurisdiccionales al objeto de asegurar que comprendan el significado y
trascendencia jurídica de las actuaciones procesales en las que intervengan
por cualquier causa.
Los Jueces y Tribunales velarán en todo momento por el cumplimiento de este
derecho.
Eficacia de la carta de derechos
35.
Todas las personas tienen interés en la efectividad de los derechos que se
reconocen en esta Carta. Las partes que suscriben este documento
promoverán la adopción de las disposiciones legales necesarias y la provisión
de medios suficientes para garantizar su cumplimiento.
36.
Las Secretarías Pro Tempore y Permanente de la Cumbre llevarán a cabo un
seguimiento y evaluación permanente del desarrollo y cumplimiento de esta
Carta, que será objeto de tratamiento en las correspondientes reuniones
preparatorias que se lleven a efecto, sin perjuicio del derecho de cada país a
instar y sugerir propuestas relativas a la labor de seguimiento.
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