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la Ley que prohíbe la suspensión de la pena para delitos

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la Ley que prohíbe la suspensión de la pena para delitos
PRESENTACIÓN
Sobre la Ley que prohíbe la
suspensión de la pena para
delitos cometidos por
funcionarios públicos
Desde el año 2013, y por iniciativa de la Contraloría General de la República,
se discutía en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso la
posibilidad de evitar que los corruptos sean beneficiados con la suspensión
de sus penas, es decir, que la pena de prisión impuesta por un caso de
corrupción, finalmente, no lleve a la cárcel al sentenciado. Luego de una
interesante discusión, y no obstante un “texto de observación” jurídicamente
impecable, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la modificación
del art. 57 del CP, el mismo que ahora indica:
El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los
requisitos siguientes:
1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad de mayor de
cuatro años;
2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento
procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al juez que
aquel no volverá a cometer nuevo delito. El pronóstico favorable
sobre la conducta futura del condenado que formula la autoridad
judicial requiere de debida motivación;
3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual.
El plazo de suspensión es de uno a tres años.
La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los
funcionarios o servidores condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384 (colusión), 387 (peculado) y 388 (peculado de uso).
PRESENTACIÓN
La justificación de una medida legislativa de este tipo se basa principalmente
en la sensación de impunidad que genera el hecho de ver cómo alguien
sentenciado por un delito de corrupción no termina preso en un
establecimiento penitenciario.
Bien visto, este tipo de justificación no radica en la necesidad justa de que
se imponga una sanción a quien realizó una conducta de corrupción, pues
cuando el juez suspende una pena previamente existe una sentencia que
declara culpable del delito al procesado, con la correspondiente obligación
de reparación civil. Dicho de otro modo, aun cuando se suspenda la
ejecución de la pena en un centro de reclusión, no estamos hablando aquí
de inocentes, sino de personas corruptas declaradas judicialmente.
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Entonces, en un caso concreto de suspensión de la pena, no podemos
afirmar que exista impunidad, entendida como la falta de castigo sobre los
responsables. Lo que sucede es que la cárcel es vista como el lugar donde
se purgan los pecados más atroces, pues es un lugar terrible, y allí es a
donde deben ir a parar los corruptos. Si eso no sucede, realmente no hay
castigo. Sin embargo, esta concepción de “justicia”, que no necesariamente
es correcta (existen cárceles “de oro” y también existen personas que no
viven ningún infierno en la cárcel, pues cuentan con el dinero suficiente
para casi replicar su modo de vida fuera de la misma), dista mucho de la
visión jurídica respecto de la aplicación de penas que impera en un Estado
de derecho, por las siguientes razones:
1. Una de las grandes conquistas liberales es la independencia de
poderes estatales. Una medida que prohíba o limite la capacidad de
discrecionalidad o de interpretación en el juez es tanto como retroceder
más de 220 años en la evolución del Estado y revivir la idea de que el
juez es solo “boca de la ley”.
2. La corrupción es, probablemente, el peor de los fenómenos sociales que
ocasiona atraso e injusticia. Sin embargo, las medidas político-criminales
de prevención y sanción no deben entenderse como “instrumentos para
dañar al enemigo”. Por el contrario, la idea es legislar dentro de los
parámetros de proporcionalidad de la sanción e igualdad respecto de
quienes soportarán esas sanciones.
PRESENTACIÓN
Como puede verse, la medida de suspensión está pensada para
comportamientos cuyo desvalor social, impuesto en una sentencia, es
mínimo (no mayor de 4 años). Y si el legislador excluye de dicha medida
a ciertos delitos de corrupción, implícitamente también acepta que se
trata de supuestos no tan graves de corrupción, pues en principio se
les debería aplicar la suspensión. Por tanto, se sanciona radicalmente
un hecho que no es tan grave, mientras que otros hechos de igual
naturaleza sí “gozan” de la suspensión.
3. Parece ser que la supuesta sensación de impunidad olvida que el juez
penal está obligado a sustentar su decisión y cerciorarse de que quien
no irá a la cárcel no solo merece estar libre, sino que no volverá a
cometer el mismo delito. Es decir, no se trata de una medida aplicada
automáticamente que libera a todos los corruptos. Se trata de un
excelente entendimiento de los fines de la pena en un Estado de derecho.
La individualización de la pena y la forma de su ejecución es el momento
donde el Derecho penal realmente interactúa con el destinatario de su
norma y con su realidad social; donde modula la respuesta penal no
en base a parámetros objetivos y generalizados, sino en base a datos
personales y concretos. Y es que lamentablemente pocos recordamos
que una cosa es el merecimiento de pena (desvalor global que sustenta
la prohibición y punición de conductas) y otra la necesidad de pena,
valoración individual del merecimiento.
El juez penal tendrá que analizar la naturaleza, modalidad del hecho
punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, y
además, exigir que el sujeto no haya cometido delito alguno en el
pasado. Parece razonable pensar que si se cumplen todos estos criterios
a la vez podamos prever la posibilidad de ejecutar una sanción con el
menor grado de lesión sobre la libertad del sujeto.
Y para cerrar este punto, la suspensión de la pena no califica como
un beneficio procesal o de ejecución penal, responde a una valoración
político criminal que se sostiene en criterios materiales de fines de la
pena y responsabilidad penal. No es algo que se pueda poner o quitar.
4. Un argumento adicional de orden técnico en contra de la modificación
que aquí se comenta es la sobrepoblación de nuestras cárceles y el
poco o nulo tratamiento penitenciario que se logra en menos de 4 años.
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PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Es decir, quien ingresa corrupto, probablemente saldrá sin ninguna
motivación que lo haga desistir del crimen en el futuro.
Finalmente, quienes piensan que la cárcel es una especie de escarmiento
necesario para los corruptos, no deben olvidar que se trata de una reclusión
de tan solo 3 años y un poco más. Si la voluntad política es responder
firmemente ante la impunidad por los actos de corrupción, los convencidos
de los beneficios de la cárcel deberían explorar nuevas vías más ajustadas a
derecho. Por ejemplo, los artículos 61.4 y 69.2.4 de la Nueva Ley Universitaria
de junio del año pasado prohíben la postulación al cargo de rector o decano
(respectivamente) cuando el aspirante haya sido “condenado por delito
doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada”. Esto en derecho penal
se llama inhabilitación permanente y podría ser un buen escarmiento para
quienes realicen una conducta de corrupción, solo que en vez de prohibirles
ser decanos o rectores se les prohibiría ser funcionarios o postular a cargos
públicos.
Erick Guimaray
Fly UP