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Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad

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Ley de ejecución de la pena privativa de la libertad
EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
Ley 24.660
Principios y Modalidades básicas de la ejecución. Normas de trato. Disciplina.
Conducta y concepto. Recompensas. Trabajo. Educación. Asistencia médica y
espiritual. Relaciones familiares y sociales. Asistencia social y postpenitenciaria.
Patronatos de liberados. Establecimientos. Personal. Contralor judicial y
administrativo. Integración del sistema penitenciario nacional. Disposiciones
complementarias, transitorias y finales.
Sancionada: Junio 19 de 1996.
Promulgada: Julio 8 de 1996.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.,
sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE EJECUCION DE LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD
CAPITULO I
Principios básicos de la ejecución
ARTICULO 1º — La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades,
tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar
la ley procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de
la sociedad.
El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso,
todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad
enunciada.
ARTICULO 2º — El condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la condena
o por la ley y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten y cumplirá con todos
los deberes que su situación le permita y con todas las obligaciones que su condición
legalmente le impone.
ARTICULO 3º — La ejecución de la pena privativa de libertad, en todas sus modalidades,
estará sometida al permanente control judicial. El juez de ejecución o juez competente
garantizará el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales
ratificados por la República Argentina y los derechos de los condenados no afectados por la
condena o por la ley.
ARTICULO 4º — Será de competencia judicial durante la ejecución de la pena:
a) Resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado alguno de los
derechos del condenado;
b) Autorizar todo egreso del condenado del ámbito de la administración penitenciaria.
ARTICULO 5º — El tratamiento del condenado deberá ser programado e individualizado y
obligatorio respecto de las normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo.
Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario.
En ambos casos deberá atenderse a las condiciones personales, intereses y necesidades para
el momento del egreso, dentro de las posibilidades de la administración penitenciaria.
ARTICULO 6º — El régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar
la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y
conforme su evolución favorable su incorporación a instituciones semiabiertas o abiertas o a
secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina.
ARTICULO 7º — El condenado podrá ser promovido excepcionalmente a cualquier fase del
período de tratamiento que mejor se adecue a sus condiciones personales, de acuerdo con
los resultados de los estudios técnico-criminológicos y mediante resolución fundada de la
autoridad competente.
ARTICULO 8º — Las normas de ejecución serán aplicadas sin establecer discriminación o
distingo alguno en razón de raza, sexo, idioma, religión, ideología, condición social o
cualquier otra circunstancia. Las únicas diferencias obedecerán al tratamiento
individualizado.
ARTICULO 9º — La ejecución de la pena estará exenta de tratos crueles, inhumanos o
degradantes. Quien ordene, realice o tolere tales excesos se hará pasible de las sanciones
previstas en el Código Penal, sin perjuicio de otras que le pudieren corresponder.
ARTICULO 10. — La conducción, desarrollo y supervisión de las actividades que conforman
el régimen penitenciario serán de competencia y responsabilidad administrativa, en tanto no
estén específicamente asignadas a la autoridad judicial.
ARTICULO 11. — Esta ley, con excepción de lo establecido en el artículo 7º, es aplicable a
los procesados a condición de que sus normas no contradigan el principio de inocencia y
resulten más favorables y útiles para resguardar su personalidad. Las cuestiones que
pudieran suscitarse serán resueltas por el juez competente.
CAPITULO II
Modalidades básicas de la ejecución
Sección primera
Progresividad del régimen penitenciario
Períodos
ARTICULO 12. — El régimen penitenciario aplicable al condenado, cualquiera fuere la pena
impuesta, se caracterizará por su progresividad y constará de:
a) Período de observación;
b) Período de tratamiento;
c) Período de prueba;
d) Período de libertad condicional.
Período de observación
ARTICULO 13. — Durante el período de observación el organismo técnico-criminológico
tendrá a su cargo:
a) Realizar el estudio médico, psicológico y social del condenado, formulando el diagnóstico y
el pronóstico criminológico, todo ello se asentará en una historia criminológica debidamente
foliada y rubricada que se mantendrá permanentemente actualizada con la información
resultante de la ejecución de la pena y del tratamiento instaurado;
b) Recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su tratamiento. A los
fines de lograr su aceptación y activa participación, se escucharán sus inquietudes;
c) Indicar el período y fase de aquel que se propone para incorporar al condenado y el
establecimiento, sección o grupo al que debe ser destinado;
d) Determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y proceder a su
actualización, si fuere menester.
Período de tratamiento
ARTICULO 14. — En la medida que lo permita la mayor o menor especialidad del
establecimiento penitenciario, el período de tratamiento podrá ser fraccionado en fases que
importen para el condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la
pena. Estas fases podrán incluir el cambio de sección o grupo dentro del establecimiento o su
traslado a otro.
Período de prueba
ARTICULO 15. — El período de prueba comprenderá sucesivamente:
a) La incorporación del condenado a establecimiento abierto o sección independiente de éste,
que se base en el principio de autodisciplina;
b) La posibilidad de obtener salidas transitorias del establecimiento;
c) La incorporación al régimen de la semilibertad.
Salidas transitorias
ARTICULO 16. — Las salidas transitorias, según la duración acordada, el motivo que las
fundamente y el nivel de confianza que se adopte, podrán ser:
I. Por el tiempo:
a) Salidas hasta doce horas;
b) Salidas hasta 24 horas;
c) Salidas, en casos excepcionales, hasta setenta y dos horas.
II. Por el motivo:
a) Para afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales;
b) Para cursar estudios de educación general básica, polimodal, superior, profesional y
académica de grado o de los regímenes especiales previstos en la legislación vigente;
c) Para participar en programas específicos de prelibertad ante la inminencia del egreso por
libertad condicional, asistida o por agotamiento de condena.
III. Por el nivel de confianza:
a) Acompañado por un empleado que en ningún caso irá uniformado;
b) Confiado a la tuición de un familiar o persona responsable;
c) Bajo palabra de honor.
ARTICULO 17. — Para la concesión de las salidas transitorias o la incorporación al régimen
de la semilibertad se requiere:
I. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:
a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad de la condena;
b) Penas perpetuas sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: quince (15) años;
c) Accesoria del artículo 52 del Código Penal, cumplida la pena: tres (3) años.
II. No tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente.
III. Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el
tiempo de internación.
IV. Merecer, del organismo técnico-criminológico, del consejo correccional del
establecimiento y, si correspondiere, del equipo especializado previsto en el inciso l) del
artículo 185 de esta ley, concepto favorable respecto de su evolución y sobre el efecto
beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro
personal, familiar y social del condenado.
V. En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 119,
segundo y tercer párrafo, 120, y 125 del Código Penal, antes de adoptar una decisión, se
requerirá un informe del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución y se notificará a la
víctima o su representante legal que será escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados a
presentar su propio informe.
(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.813 B.O. 16/1/2013)
ARTICULO 18. — El director del establecimiento, por resolución fundada, propondrá al juez
de ejecución o juez competente la concesión de las salidas transitorias o del régimen de
semilibertad, propiciando en forma concreta:
a) El lugar o la distancia máxima a que el condenado podrá trasladarse. Si debiera pasar la
noche fuera del establecimiento, se le exigirá una declaración jurada del sitio preciso donde
pernoctará;
b) Las normas que deberá observar, con las restricciones o prohibiciones que se estimen
convenientes;
c) El nivel de confianza que se adoptará.
ARTICULO 19. — Corresponderá al juez de ejecución o juez competente disponer las salidas
transitorias y el régimen de semilibertad, precisando las normas que el condenado debe
observar y efectuar modificaciones; cuando procediere en caso de incumplimiento de las
normas, el juez suspenderá o revocará el beneficio cuando la infracción fuere grave o
reiterada.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 119,
segundo y tercer párrafo, 120 y 125 del Código Penal continuará la intervención prevista en
el artículo 56 ter de esta ley.
Al implementar la concesión de las salidas transitorias y del régimen de semilibertad se
exigirá el acompañamiento de un empleado o la colocación de un dispositivo electrónico de
control, los cuales sólo podrán ser dispensados por decisión judicial, previo informe de los
órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.813 B.O. 16/1/2013)
ARTICULO 20. — Concedida la autorización judicial, el director del establecimiento quedará
facultado para hacer efectivas las salidas transitorias o la semilibertad e informará al juez
sobre su cumplimiento. El director podrá disponer la supervisión a cargo de profesionales del
servicio social.
ARTICULO 21. — El director entregará al condenado autorizado a salir del establecimiento
una constancia que justifique su situación ante cualquier requerimiento de la autoridad.
ARTICULO 22. — Las salidas transitorias, el régimen de semilibertad y los permisos a que
se refiere el artículo 166 no interrumpirán la ejecución de la pena.
Semilibertad
ARTICULO 23. — La semilibertad permitirá al condenado trabajar fuera del establecimiento
sin supervisión continua, en iguales condiciones a las de la vida libre, incluso salario y
seguridad social, regresando al alojamiento asignado al fin de cada jornada laboral. Para ello
deberá tener asegurada una adecuada ocupación y reunir los requisitos del artículo 17.
ARTICULO 24. — El condenado incorporado a semilibertad será alojado en una institución
regida por el principio de autodisciplina.
ARTICULO 25. — El trabajo en semilibertad será diurno y en días hábiles. Excepcionalmente
será nocturno o en días domingo o feriado y en modo alguno dificultará el retorno diario del
condenado a su alojamiento.
ARTICULO 26. — La incorporación a la semilibertad incluirá una salida transitoria semanal,
salvo resolución en contrario de la autoridad judicial.
Evaluación del tratamiento
ARTICULO 27. — La verificación y actualización del tratamiento a que se refiere el artículo
13, inciso d), corresponderá al organismo técnico criminológico y se efectuará, como mínimo,
cada seis (6) meses.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 119,
segundo y tercer párrafo, 120, 124 y 125 del Código Penal, los profesionales del equipo
especializado del establecimiento deberán elaborar un informe circunstanciado dando cuenta
de la evolución del interno y toda otra circunstancia que pueda resultar relevante.
(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.813 B.O. 16/1/2013)
Período de libertad condicional
ARTICULO 28. — El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad
condicional al condenado que reúna los requisitos fijados por el Código Penal, previo los
informes fundados del organismo técnico-criminológico, del consejo correccional del
establecimiento y, si correspondiere, del equipo especializado previsto en el inciso l) del
artículo 185 de esta ley. Dicho informe deberá contener los antecedentes de conducta, el
concepto y los dictámenes criminológicos desde el comienzo de la ejecución de la pena.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 119,
segundo y tercer párrafo, 120 y 125 del Código Penal, antes de adoptar una decisión, el juez
deberá tomar conocimiento directo del condenado y escucharlo si desea hacer alguna
manifestación.
También se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución y se
notificará a la víctima o su representante legal, que será escuchada si desea hacer alguna
manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para
presentar su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad condicional, se exigirá un dispositivo electrónico
de control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe de los
órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.813 B.O. 16/1/2013)
ARTICULO 29. — La supervisión del liberado condicional comprenderá una asistencia social
eficaz a cargo de un patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir
aquél. En ningún caso se confiará a organismos policiales o de seguridad.
Sección Segunda
Programa de prelibertad
ARTICULO 30. — Entre sesenta y noventa días antes del tiempo mínimo exigible para la
concesión de la libertad condicional o de la libertad asistida del artículo 54, el condenado
deberá participar de un programa intensivo de preparación para su retorno a la vida libre el
que, por lo menos, incluirá:
a) Información, orientación y consideración con el interesado de las cuestiones personales y
prácticas que deba afrontar al egreso para su conveniente reinserción familiar y social;
b) Verificación de la documentación de identidad indispensable y su vigencia o inmediata
tramitación, si fuere necesario;
c) Previsiones adecuadas para su vestimenta, traslado y radicación en otro lugar, trabajo,
continuación de estudios, aprendizaje profesional, tratamiento médico, psicológico o social.
ARTICULO 31. — El desarrollo del programa de prelibertad, elaborado por profesionales del
servicio social, en caso de egresos por libertad condicional o por libertad asistida, deberá
coordinarse con los patronatos de liberados. En los egresos por agotamiento de la pena
privativa de libertad la coordinación se efectuará con los patronatos de liberados, las
organizaciones de asistencia postpenitenciaria y con otros recursos de la comunidad. En
todos los casos se promoverá el desarrollo de acciones tendientes a la mejor reinserción
social.
Sección Tercera
Alternativas para situaciones especiales
Prisión domiciliaria
ARTICULO 32. — El Juez de ejecución, o juez competente, podrá disponer el cumplimiento
de la pena impuesta en detención domiciliaria:
a) Al interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le
impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento
en un establecimiento hospitalario;
b) Al interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;
c) Al interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario
es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;
d) Al interno mayor de setenta (70) años;
e) A la mujer embarazada;
f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su
cargo.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.472 B.O. 20/01/2009)
ARTICULO 33. — La detención domiciliaria debe ser dispuesta por el juez de ejecución o
competente.
En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la decisión deberá fundarse en informes médico,
psicológico y social.
El juez, cuando lo estime conveniente, podrá disponer la supervisión de la medida a cargo de
un patronato de liberados o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún
caso, la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 119,
segundo y tercer párrafo, 120, 124 y 125 del Código Penal se requerirá un informe del
equipo especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta ley y del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución, que deberán evaluar el efecto de la concesión de
la prisión domiciliaria para el futuro personal y familiar del interno.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para
presentar su propio informe.
Al implementar la concesión de la prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico de
control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe de los órganos
de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.813 B.O. 16/1/2013)
ARTICULO 34. — El juez de ejecución o juez competente revocará la detención domiciliaria
cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el
domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren.
Prisión discontinua y semidetención
ARTICULO 35. — El juez de ejecución o competente, a pedido o con el consentimiento del
condenado, podrá disponer la ejecución de la pena mediante la prisión discontinua y
semidetención, cuando:
a) Se revocare la detención domiciliaria;
b) Se convirtiere la pena de multa en prisión, según lo dispuesto en el artículo 21, párrafo 2
del Código Penal;
c) Se revocare la condenación condicional prevista en el artículo 26 del Código Penal por
incumplimiento de las reglas de conducta establecidas en el artículo 27 bis del Código Penal;
d) Se revocare la libertad condicional dispuesta en el artículo 15 del Código Penal, en el caso
que el condenado haya violado la obligación de residencia;
e) La pena privativa de libertad, al momento de la sentencia definitiva, no sea mayor de seis
meses de efectivo cumplimiento.
(Artículo sustituido por art. 3º de la Ley Nº 26.472 B.O. 20/01/2009)
Prisión discontinua
ARTICULO 36. — La prisión discontinua se cumplirá mediante la permanencia del
condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, por fracciones no
menores de treinta y seis horas, procurando que ese período coincida con los días no
laborables de aquél.
ARTICULO 37. — El juez de ejecución o juez competente podrá autorizar al condenado a no
presentarse en la institución en la que cumple la prisión discontinua por un lapso de
veinticuatro horas cada dos meses.
ARTICULO 38. — Se computará un día de pena privativa de libertad por cada noche de
permanencia del condenado en la institución.
Semidetención
ARTICULO 39. — La semidetención consistirá en la permanencia ininterrumpida del
condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, durante la fracción del
día no destinada al cumplimiento, en la medida de lo posible, de sus obligaciones familiares,
laborales o educativas. Sus modalidades podrán ser la prisión diurna y la prisión nocturna.
ARTICULO 40. — El lapso en el que el condenado esté autorizado a salir de la institución se
limitará al que le insuman las obligaciones indicadas en el artículo 39, que deberá acreditar
fehacientemente.
Prisión diurna
ARTICULO 41. — La prisión diurna se cumplirá mediante la permanencia diaria del
condenado en una institución basada en el principio de autodisciplina, todos los días entre las
ocho y las diecisiete horas.
Prisión nocturna
ARTICULO 42. — La prisión nocturna se cumplirá mediante la permanencia diaria del
condenado en una institución basada en el principio de autodiscipina, entre las veintiuna
horas de un día y las seis horas del día siguiente.
ARTICULO 43. — Se computará un día de pena privativa de libertad por cada jornada de
permanencia del condenado en la institución conforme lo previsto en los artículos 41 y 42.
ARTICULO 44. — El juez de ejecución o juez competente podrá autorizar al condenado a no
presentarse en la institución durante un lapso no mayor de cuarenta y ocho horas cada dos
meses.
Disposiciones comunes
ARTICULO 45. — El juez de ejecución o juez competente determinará, en cada caso,
mediante resolución fundada, el plan de ejecución de la prisión discontinua o semidetención,
los horarios de presentación obligatoria del condenado, las normas de conducta que se
compromete a observar en la vida libre y la obligación de acatar las normas de convivencia
de la institución, disponiendo la supervisión que considere conveniente.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 119,
segundo y tercer párrafo, 120 y 125 del Código Penal, al implementar la concesión de la
prisión discontinua o semidetención, se exigirá el acompañamiento de un empleado o la
colocación de un dispositivo electrónico de control, los cuales sólo podrán ser dispensados
por decisión judicial, previo informe de los órganos de control y del equipo interdisciplinario
del juzgado de ejecución.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para
presentar su propio informe.
(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.813 B.O. 16/1/2013)
ARTICULO 46. — En el caso del inciso f) del artículo 35, si el condenado se encontrare
privado de libertad, previo a la ejecución de la resolución judicial, participará del programa
de prelibertad, establecido en el artículo 30, con una duración máxima de treinta días.
ARTICULO 47. — El condenado en prisión discontinua o en semidetención, durante su
permanencia en la institución, participará en los programas de tratamiento que establezca la
reglamentación, en la que se consignarán las obligaciones y limitaciones que deberá
observar.
ARTICULO 48. — El condenado podrá, en cualquier tiempo, renunciar irrevocablemente a la
prisión discontinua o a la semidetención. Practicado el nuevo cómputo, el juez de ejecución o
juez competente dispondrá que el resto de la pena se cumpla en establecimiento
penitenciario. En tal supuesto la pena se cumplirá en establecimiento semiabierto o cerrado.
ARTICULO 49. — En caso de incumplimiento grave o reiterado de las normas fijadas de
acuerdo a lo previsto en el artículo 45 y previo informe de la autoridad encargada de la
supervisión del condenado, el juez de ejecución o juez competente revocará la prisión
discontinua o la semidetención practicando el cómputo correspondiente. La revocación
implicará el cumplimiento de la pena en establecimiento semiabierto o cerrado.
Trabajos para la comunidad
ARTICULO 50. — En los casos de los incisos c) y f) del artículo 35, cuando se presente
ocasión para ello y el condenado lo solicite o acepte, el juez de ejecución o juez competente
podrá sustituir, total o parcialmente, la prisión discontinua o la semidetención por la
realización de trabajo para la comunidad no remunerado fuera de los horarios habituales de
su actividad laboral comprobada. En tal caso se computarán seis horas de trabajo para la
comunidad por un día de prisión. El plazo máximo para el cumplimiento de la pena con esta
modalidad de ejecución será de dieciocho meses.
ARTICULO 51. — El juez de ejecución o juez competente confiará la organización y
supervisión del trabajo para la comunidad del artículo 50 a un patronato de liberados o a un
servicio social calificado, de no existir aquél.
ARTICULO 52. — En caso de incumplimiento del plazo o de la obligación fijada en el artículo
50, el juez de ejecución o juez competente revocará el trabajo para la comunidad. La
revocación, luego de practicado el cómputo correspondiente, implicará el cumplimiento de la
pena en establecimiento semiabierto o cerrado. Por única vez y mediando causa justificada,
el juez de ejecución o juez competente podrá ampliar el plazo en hasta seis meses.
ARTICULO 53. — El condenado en cualquier tiempo podrá renunciar irrevocablemente al
trabajo para la comunidad. Practicado el nuevo cómputo, el juez de ejecución o juez
competente dispondrá que el resto de la pena se cumpla en prisión discontinua,
semidetención o en un establecimiento penitenciario.
Sección cuarta
Libertad asistida
ARTICULO 54. — La libertad asistida permitirá al condenado sin la accesoria del artículo 52
del Código Penal, el egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis (6) meses antes del
agotamiento de la pena temporal.
El juez de ejecución o juez competente, a pedido del condenado y previo los informes del
organismo técnico-criminológico, del consejo correccional del establecimiento y, si
correspondiere, del equipo especializado previsto en el inciso l) del artículo 185 de esta ley,
podrá disponer la incorporación del condenado al régimen de libertad asistida.
El juez de ejecución o juez competente podrá denegar la incorporación del condenado a este
régimen sólo excepcionalmente y cuando considere, por resolución fundada, que el egreso
puede constituir un grave riesgo para el condenado o para la sociedad.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los artículos 119,
segundo y tercer párrafo, 120 y 125 del Código Penal, antes de adoptar una decisión, el juez
deberá tomar conocimiento directo del condenado y escucharlo si desea hacer alguna
manifestación.
También se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución y se
notificará a la víctima o su representante legal, que será escuchada si desea hacer alguna
manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados para
presentar su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad asistida, se exigirá un dispositivo electrónico de
control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe de los órganos
de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.813 B.O. 16/1/2013)
ARTICULO 55. — El condenado incorporado al régimen de libertad asistida deberá cumplir
las siguientes condiciones:
I. Presentarse, dentro del plazo fijado por el juez de ejecución o juez competente, al
patronato de liberados que le indique para su asistencia y para la supervisión de las
condiciones impuestas.
II. Cumplir las reglas de conducta que el juez de ejecución o juez competente fije, las cuales
sin perjuicio de otras que fueren convenientes de acuerdo a las circunstancias personales y
ambientales del condenado, podrán ser:
a) Desempeñar un trabajo, oficio o profesión, o adquirir los conocimientos necesarios para
ello;
b) Aceptar activamente el tratamiento que fuere menester;
c) No frecuentar determinadas personas o lugares, abstenerse de actividades o de hábitos
que en el caso, se consideren inconvenientes para su adecuada reinserción social.
Salvo expresa indicación en contrario, siempre regirá la obligación señalada en el inciso a) de
este apartado.
III. Residir en el domicilio consignado en la resolución judicial, el que podrá ser modificado
previa autorización del juez de ejecución o juez competente, para lo cual éste deberá
requerir opinión del patronato respectivo.
IV. Reparar, en la medida de sus posibilidades, los daños causados por el delito, en los
plazos y condiciones que fije el juez de ejecución o juez competente.
Estas condiciones regirán a partir del día de egreso hasta el de agotamiento de la condena.
ARTICULO 56. — Cuando el condenado en libertad asistida cometiere un delito o violare la
obligación que le impone el apartado I del artículo que antecede, la libertad asistida le será
revocada y agotará el resto de su condena en un establecimiento cerrado.
Si el condenado en libertad asistida incumpliere reiteradamente las reglas de conducta que le
hubieren sido impuestas, o violare la obligación de residencia que le impone el apartado III
del artículo que antecede, o incumpliere sin causa que lo justifique la obligación de
reparación de daños prevista en el apartado IV de ese artículo, el juez de ejecución o el juez
que resultare competente deberá revocar su incorporación al régimen de la libertad asistida.
En tales casos el término de duración de la condena será prorrogado y se practicará un
nuevo cómputo de la pena, en el que no se tendrá en cuenta el tiempo que hubiera durado la
inobservancia que dio lugar a la revocación del beneficio.
(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.948 B.O. 12/11/2004).
CAPITULO II bis:
Excepciones a las modalidades básicas de la ejecución.
(Capítulo incorporado por art. 1° de la Ley N° 25.948 B.O. 12/11/2004).
ARTICULO 56 bis. — No podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de
prueba a los condenados por los siguientes delitos:
1.- Homicidio agravado previsto en el artículo 80, inciso 7., del Código Penal.
2.- Delitos contra la integridad sexual de los que resultare la muerte de la víctima, previstos
en el artículo 124 del Código Penal.
3.- Privación ilegal de la libertad coactiva, si se causare intencionalmente la muerte de la
persona ofendida, previsto en el artículo 142 bis, anteúltimo párrafo, del Código Penal.
4.- Homicidio en ocasión de robo, previsto en el artículo 165 del Código Penal.
5. Secuestro extorsivo, si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida,
previsto en el artículo 170, anteúltimo párrafo, del Código Penal.
Los condenados por cualquiera de los delitos enumerados precedentemente, tampoco podrán
obtener los beneficios de la prisión discontinua o semidetención, ni el de la libertad asistida,
previstos en los artículos 35, 54 y concordantes de la presente ley.
(Artículo incorporado por art. 2° de la Ley N° 25.948 B.O. 12/11/2004)
ARTICULO 56 ter: En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en los
artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120, 124 y 125 del Código Penal, se establecerá una
intervención especializada y adecuada a las necesidades del interno, con el fin de facilitar su
reinserción al medio social, que será llevada a cabo por el equipo especializado previsto en el
inciso l) del artículo 185 de esta ley.
En todos los casos, al momento de recuperar la libertad por el cumplimiento de pena, se
otorgará a la persona condenada, un resumen de su historia clínica y una orden judicial a los
efectos de obtener una derivación a un centro sanitario, en caso de que sea necesario.
(Artículo incorporado por art. 1° de la Ley N° 26.813 B.O. 16/1/2013)
CAPITULO III
Normas de trato
Denominación
ARTICULO 57. — La persona condenada sujeta a medida de seguridad que se aloje en
instituciones previstas en esta ley, se denominará interno.
Al interno se le citará o llamará únicamente por el nombre y apellido.
Higiene
ARTICULO 58. — El régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar
psicofísico de los internos. Para ello se implementarán medidas de prevención, recuperación
y rehabilitación de la salud y se atenderán especialmente las condiciones ambientales e
higiénicas de los establecimientos.
ARTICULO 59. — El número de internos de cada establecimiento deberá estar
preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento. Todos los
locales estarán siempre en buen estado de de conservación. Su ventilación, iluminación,
calefacción y dimensiones guardarán relación con su destino y los factores climáticos.
ARTICULO 60. — El aseo personal del interno será obligatorio. Los establecimientos
deberán disponer de suficientes y adecuadas instalaciones sanitarias y proveerán al interno
de los elementos indispensables para su higiene.
ARTICULO 61. — El interno deberá cuidar el aseo de su alojamiento y contribuir a la higiene
y conservación del establecimiento.
Alojamiento
ARTICULO 62. — El alojamiento nocturno del interno, en lo posible, será individual en los
establecimientos cerrados y semiabiertos.
En las instituciones o secciones basadas en el principio de autodisciplina se podrán utilizar
dormitorios para internos cuidadosamente seleccionados.
Vestimenta y ropa
ARTICULO 63. — La Administración proveerá al interno de vestimenta acorde al clima y a la
estación, para usarla en el interior del establecimiento. En manera alguna esas prendas, por
sus características podrán resultar humillantes. Deberá cuidarse su mantenimiento en buen
estado de conservación e higiene.
Cuando el interno hubiere de salir del establecimiento, en los casos autorizados, deberá
permitírsele utilizar sus ropas personales. Si no dispusiere de ellas, se le facilitará vestimenta
adecuada.
ARTICULO 64. — Al interno se le proveerá de ropa suficiente para su cama individual, la
que será mudada con regularidad.
Alimentación
ARTICULO 65. — La alimentación del interno estará a cargo de la administración; será
adecuada a sus necesidades y sustentada en criterios higiénico-dietéticos. Sin perjuicio de
ello y conforme los reglamentos que se dicten, el interno podrá adquirir o recibir alimentos
de sus familiares o visitantes. La prohibición de bebidas alcohólicas será absoluta.
Información y peticiones
ARTICULO 66. — A su ingreso al establecimiento el interno recibirá explicación oral e
información escrita acerca del régimen a que se encontrará sometido, las normas de
conducta que deberá observar, el sistema disciplinario vigente, los medios autorizados para
formular pedidos o presentar quejas y de todo aquello que sea útil para conocer sus
derechos y obligaciones. Si el interno fuere analfabeto, presentare discapacidad física o
psíquica o no comprendiese el idioma castellano, esa información se le deberá suministrar
por persona y medio idóneo.
ARTICULO 67. — El interno podrá presentar peticiones y quejas al director del
establecimiento y dirigirse sin censura a otra autoridad administrativa superior, al juez de
ejecución o al juez competente.
La resolución que se adopte deberá ser fundada, emitida en tiempo razonable y notificada al
interno.
Tenencia y depósito de objetos y valores
ARTICULO 68. — El dinero, los objetos de valor y demás prendas propias que el interno
posea a su ingreso o que reciba con posterioridad y que reglamentariamente no pueda
retener consigo serán, previo inventario, mantenidos en depósito. Se adoptarán las
disposiciones necesarias para su conservación en buen estado. Conforme los reglamentos, el
interno podrá disponer de su dinero y otros objetos. Los efectos no dispuestos por el interno
y que no hubieren sido retenidos o destruidos por razones de higiene, le serán devueltos a
su egreso. De todo depósito, disposición o devolución se extenderán las correspondientes
constancias y recibos.
Cuidados de bienes
ARTICULO 69. — El interno deberá cuidar las instalaciones, el mobiliario y los objetos y
elementos que la administración destine para el uso individual o común y abstenerse de
producir daño en los pertenecientes a otros internos.
Registro de internos y de instalaciones
ARTICULO 70. — Para preservar la seguridad general, los registros en las personas de los
internos, sus pertenencias y locales que ocupen, los recuentos y las requisas de las
instalaciones del establecimiento, se efectuarán con las garantías que reglamentariamente se
determinen y dentro del respeto a la dignidad humana.
Traslado de internos
ARTICULO 71. — El traslado individual o colectivo de internos se sustraerá a la curiosidad
pública y estará exento de publicidad. Deberá efectuarse en medios de transporte higiénicos
y seguros.
La administración reglamentará las precauciones que deberán utilizarse contra posibles
evasiones, las cuales en ninguna circunstancia causarán padecimientos innecesarios al
interno.
ARTICULO 72. — El traslado del interno de un establecimiento a otro, con las razones que
lo fundamenten, deberá ser comunicado de inmediato al juez de ejecución o juez
competente.
ARTICULO 73. — El traslado del interno de un establecimiento a otro será informado de
inmediato a las personas o instituciones con las que mantuviere visita o correspondencia o a
quienes hubieren sido por él designados.
Medidas de sujeción
ARTICULO 74. — Queda prohibido el empleo de esposas o de cualquier otro medio de
sujeción como castigo.
ARTICULO 75. — Sólo podrán adoptarse medidas de sujeción en los siguientes casos:
a) Como precaución contra una posible evasión durante el traslado del interno;
b) Por razones médicas, a indicación del facultativo, formulada por escrito;
c) Por orden expresa del director o del funcionario que lo reemplace en caso de no
encontrarse éste en servicio, si otros métodos de seguridad hubieran fracasado y con el
único propósito de que el interno no se cause daño a sí mismo, a un tercero o al
establecimiento. En este caso el director o quien lo reemplace, dará de inmediato
intervención al servicio médico y remitirá un informe detallado al juez de ejecución o juez
competente y a la autoridad penitenciaria superior.
ARTICULO 76. — La determinación de los medios de sujeción autorizados y su modo de
empleo serán establecidos por la reglamentación que se dicte. Su aplicación no podrá
prolongarse más allá del tiempo necesario, bajo apercibimiento de las sanciones
administrativas y penales que correspondan por el funcionario responsable.
Resistencia a la autoridad penitenciaria
ARTICULO 77. — Al personal penitenciario le está absolutamente prohibido emplear la
fuerza en el trato con los internos, excepto en los casos de fuga, evasión o de sus tentativas
o de resistencia por la fuerza activa o pasiva a una orden basada en norma legal o
reglamentaria. Aun en estos casos, todo exceso hará pasible al responsable de las sanciones
administrativas y penales que correspondan.
ARTICULO 78. — El personal que habitualmente preste servicios en contacto directo con los
internos no estará armado. Deberá recibir un entrenamiento físico adecuado que le permita
actuar razonable y eficazmente para superar situaciones de violencia.
El uso de armas reglamentarias quedará limitado a las circunstancias excepcionales en que
sea indispensable utilizarlas con fines de prevención o por peligro inminente para la vida, la
salud o la seguridad de agentes, de internos o de terceros.
CAPITULO IV
Disciplina
ARTICULO 79. — El interno está obligado a acatar las normas de conducta que, para
posibilitar una ordenada convivencia, en su propio beneficio y para promover su reinserción
social, determinen esta ley y los reglamentos que se dicten.
ARTICULO 80. — El orden y la disciplina se mantendrán con decisión y firmeza. No se
impondrán más restricciones que las indispensables para mantener la seguridad y la correcta
organización de la vida de los alojados, de acuerdo al tipo de establecimiento y al régimen en
que se encuentra incorporado el interno.
ARTICULO 81. — El poder disciplinario sólo puede ser ejercido por el director del
establecimiento, quien tendrá competencia para imponer sanciones, suspender o dar por
cumplida su aplicación o sustituirlas por otras más leves, de cuerdo a las circunstancias del
caso.
ARTICULO 82. — El reglamento podrá autorizar, con carácter restrictivo, que un miembro
del personal superior legalmente a cargo del establecimiento, pueda ordenar el aislamiento
provisional de internos cuando existan fundados motivos para ello, dando inmediata
intervención al director.
ARTICULO 83. — En ningún caso el interno podrá desempeñar tareas a las que vaya unido
el ejercicio de una potestad disciplinaria.
ARTICULO 84. — No habrá infracción ni sanción disciplinaria sin expresa y anterior
previsión legal o reglamentaria.
ARTICULO 85. — El incumplimiento de las normas de conducta a que alude el artículo 79,
constituye infracción disciplinaria.
Las infracciones disciplinarias se clasifican en leves, medias y graves.
Los reglamentos especificarán las leves y las medias.
Son faltas graves:
a) Evadirse o intentarlo, colaborar en la evasión de otros o poseer elementos para ello;
b) Incitar o participar en movimientos para quebrantar el orden y la disciplina;
c) Tener dinero u otros valores que lo reemplacen, poseer, ocultar, facilitar o traficar
elementos electrónicos o medicamentos no autorizados, estupefacientes, alcohol, sustancias
tóxicas o explosivos, armas o todo instrumento capaz de atentar contra la vida, la salud o la
integridad propia o de terceros;
d) Intentar introducir o sacar elementos de cualquier naturaleza eludiendo los controles
reglamentarios;
e) Retener, agredir, coaccionar o amenazar a funcionarios u otras personas;
f) Intimidar física, psíquica o sexualmente a otra persona;
g) Amenazar o desarrollar acciones que sean real o potencialmente aptas para contagiar
enfermedades;
h) Resistir activa y gravemente al cumplimiento de órdenes legalmente impartidas por
funcionario competente;
i) Provocar accidentes de trabajo o de cualquier otra naturaleza;
j) Cometer un hecho previsto como delito doloso, sin perjuicio de ser sometido al eventual
proceso penal.
ARTICULO 86. — El interno estará obligado a resarcir los daños o deterioros materiales
causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado o de terceros, sin perjuicio de ser
sometido al eventual proceso penal.
ARTICULO 87. — Sólo se podrá aplicar como sanción, de acuerdo a la importancia de la
infracción cometida y a la individualización del caso, alguna de las siguientes correcciones,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89;
a) Amonestación;
b) Exclusión de las actividades recreativas o deportivas hasta diez (10) días;
c) Exclusión de la actividad común hasta quince (15) días;
d) Suspensión o restricción total o parcial de derechos reglamentarios de hasta quince (15)
días de duración;
e) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven
ilegítimamente la detención, hasta quince (15) días ininterrumpidos;
f) Permanencia en su alojamiento individual o en celdas cuyas condiciones no agraven
ilegítimamente la detención, hasta siete (7) fines de semana sucesivos o alternados.
g) Traslado a otra sección del establecimiento de régimen más riguroso;
h) Traslado a otro establecimiento.
La ejecución de las sanciones no implicará la suspensión total del derecho a visita y
correspondencia de un familiar directo o allegado del interno, en caso de no contar con
aquél.
ARTICULO 88. — El sancionado con la corrección de permanencia en su alojamiento
habitual no será eximido de trabajar. Se le facilitará material de lectura. Será visitado
diariamente por un miembro del personal superior del establecimiento, por el capellán o
ministro de culto reconocido por el Estado nacional cuando lo solicite, por un educador y por
el médico. Este último informará por escrito a la dirección, si la sanción debe suspenderse o
atenuarse por razones de salud.
ARTICULO 89. — El director del establecimiento, con los informes coincidentes del
organismo técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, podrá
retrotraer al período o fase inmediatamente anterior al interno sancionado por falta grave o
reiterada.
ARTICULO 90. — Cuando la falta disciplinaria dé motivos para sospechar la existencia de
una perturbación mental en su autor, el director del establecimiento deberá solicitar
asesoramiento médico, previo a la decisión del caso.
ARTICULO 91. — El interno debe ser informado de la infracción que se le imputa, tener
oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser recibido en audiencia por el
director del establecimiento antes de dictar resolución, la que en todos los casos deberá ser
fundada. La resolución se pronunciará dentro del plazo que fije el reglamento.
ARTICULO 92. — El interno no podrá ser sancionado dos veces por la misma infracción.
ARTICULO 93. — En caso de duda se estará a lo que resulte más favorable al interno.
ARTICULO 94. — En ningún caso se aplicarán sanciones colectivas.
ARTICULO 95. — La notificación de la sanción impuesta debe estar a cargo de un miembro
del personal directivo del establecimiento. El interno será informado de sus fundamentos y
alcances y exhortado a reflexionar sobre su comportamiento.
ARTICULO 96. — Las sanciones serán recurribles ante el juez de ejecución o juez
competente dentro de los cinco días hábiles, derecho del que deberá ser informado el interno
al notificársele la resolución. La interposición del recurso no tendrá efecto suspensivo, a
menos que así lo disponga el magistrado interviniente. Si el juez de ejecución o juez
competente no se expidiese dentro de los sesenta días, la sanción quedará firme.
ARTICULO 97. — Las sanciones y los recursos que eventualmente interpongan los
sancionados, deberán ser notificados al juez de ejecución o juez competente por la vía más
rápida disponible dentro de las seis horas subsiguientes a su dictado o interposición.
ARTICULO 98. — En el supuesto de primera infracción en el establecimiento, si el
comportamiento anterior del interno lo justificare, el director, en la misma resolución que
impone la sanción, podrá dejar en suspenso su ejecución. Si el interno cometiere otra falta
dentro de plazo prudencial que en cada caso fije el director en la misma resolución, se
deberá cumplir tanto la sanción cuya ejecución quedó suspendida, como la correspondiente a
la nueva infracción.
ARTICULO 99. — En cada establecimiento se llevará un "registro de sanciones", foliado,
encuadernado y rubricado por el juez de ejecución o juez competente, en el que se anotarán,
por orden cronológico, las sanciones impuestas, sus motivos, su ejecución o suspensión y el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88, dejándose constancia de todo ello en el legajo
personal.
CAPITULO V
Conducta y concepto
ARTICULO 100. — El interno será calificado de acuerdo a su conducta. Se entenderá por
conducta la observancia de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y la
convivencia dentro del establecimiento.
ARTICULO 101. — El interno será calificado, asimismo, de acuerdo al concepto que
merezca. Se entenderá por concepto la ponderación de su evolución personal de la que sea
deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social.
ARTICULO 102. — La calificación de conducta y concepto será efectuada trimestralmente,
notificada al interno en la forma en que reglamentariamente se disponga y formulada de
conformidad con la siguiente escala:
a) Ejemplar;
b) Muy buena;
c) Buena;
d) Regular;
e) Mala;
f) Pésima.
ARTICULO 103. — La calificación de conducta tendrá valor y efectos para determinar la
frecuencia de las visitas, la participación en actividades recreativas y otras que los
reglamentos establezcan.
ARTICULO 104. — La calificación de concepto servirá de base para la aplicación de la
progresividad del régimen, el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad
condicional, libertad asistida, conmutación de pena e indulto.
CAPITULO VI
Recompensas
ARTICULO 105. — Los actos del interno que demuestren buena conducta, espíritu de
trabajo, voluntad en el aprendizaje y sentido de responsabilidad en el comportamiento
personal y en las actividades organizadas del establecimiento, serán estimulados mediante
un sistema de recompensas reglamentariamente determinado.
CAPITULO VII
Trabajo
Principios generales
ARTICULO 106. — El trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las
bases del tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación.
ARTICULO 107. — El trabajo se regirá por los siguientes principios:
a) No se impondrá como castigo;
b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado;
c) Propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales;
d) Procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre;
e) Se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los internos,
las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral;
f) Deberá ser remunerado;
g) Se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente.
ARTICULO 108. — El trabajo de los internos no se organizará exclusivamente en función
del rendimiento económico individual o del conjunto de la actividad, sino que tendrá como
finalidad primordial la generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad.
ARTICULO 109. — El trabajo del interno estará condicionado a su aptitud física o mental.
ARTICULO 110. — Sin perjuicio de su obligación a trabajar, no se coaccionará al interno a
hacerlo. Su negativa injustificada será considerada falta media e incidirá desfavorablemente
en el concepto.
ARTICULO 111. — La ejecución del trabajo remunerado no exime a ningún interno de su
prestación personal para labores generales del establecimiento o comisiones que se le
encomienden de acuerdo con los reglamentos. Estas actividades no serán remuneradas,
salvo que fueren su única ocupación.
ARTICULO 112. — El trabajo del interno estará basado en criterios pedagógicos y
psicotécnicos. Dentro de las posibilidades existentes el interno podrá manifestar su
preferencia por el trabajo que desee realizar.
ARTICULO 113. — En el caso de internos que ejerciten o perfeccionen actividades artísticas
o intelectuales, éstas podrán ser su única actividad laboral si fuere productiva y compatible
con su tratamiento y con el régimen del establecimiento.
Formación profesional
ARTICULO 114. — La capacitación laboral del interno, particularmente la de los jóvenes
adultos, será objeto de especial cuidado.
El régimen de aprendizaje de oficios a implementar, será concordante con las condiciones
personales del interno y con sus posibles actividades futuras en el medio libre.
ARTICULO 115. — Se promoverá la organización de sistemas y programas de formación y
reconversión laboral, las que podrán realizarse con la participación concertada de las
autoridades laborales, agrupaciones sindicales, empresarias y otras entidades sociales
vinculadas al trabajo y a la producción.
ARTICULO 116. — Los diplomas, certificados o constancias de capacitación laboral que se
expidan, no deberán contener referencias de carácter penitenciario.
Organización
ARTICULO 117. — La organización del trabajo penitenciario, sus métodos, modalidades,
jornadas de labor, horarios, medidas preventivas de higiene y seguridad, atenderán a las
exigencias técnicas y a las normas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre.
ARTICULO 118. — La administración velará para que las tareas laborales se coordinen con
los horarios destinados a otros aspectos del tratamiento del interno.
ARTICULO 119. — El trabajo y la producción podrán organizarse por administración, bajo
las formas de ente descentralizado, empresa mixta o privada, por cuenta propia del interno o
mediante sistema cooperativo. En cualquiera de esas modalidades la administración ejercerá
la supervisión de la actividad del interno en lo concerniente al tratamiento.
Un reglamento especial establecerá las normas regulatorias de los aspectos vinculados a la
organización, funcionamiento, supervisión y evaluación de los entes oficiales, mixtos,
privados o cooperativos.
Las utilidades materiales percibidas por la administración penitenciaria se emplearán
exclusivamente en obras y servicios relacionados con el tratamiento de los internos.
Remuneración
ARTICULO 120. — El trabajo del interno será remunerado, salvo los casos previstos por el
artículo 111. Si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de
bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo
vital móvil. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una
empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario de la vida libre
correspondiente a la categoría profesional de que se trate.
Los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente.
ARTICULO 121. — La retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes
correspondientes a la seguridad social, se distribuirá simultáneamente en la forma siguiente:
a) 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga
la sentencia;
b) 35 % para la prestación de alimentos, según el Código Civil;
c) 25 % para costear los gastos que causare en el establecimiento;
d) 30 % para formar un fondo propio que se le entregará a su salida.
ARTICULO 122. — El salario correspondiente al interno durante la semilibertad, prisión
discontinua o semidetención podrá ser percibido por la administración penitenciaria o por el
propio interno. En todos los casos deberá ser aplicado al cumplimiento de lo dispuesto en los
incisos 1, 2 y 4 del artículo 11 del Código Penal.
ARTICULO 123. — Cuando no hubiere indemnización que satisfacer, la parte que
correspondiere a la misma según el artículo anterior acrecerá el porcentaje destinado a la
prestación de alimentos.
ARTICULO 124. — Si el interno no tuviere indemnización que satisfacer, ni hubiere lugar a
la prestación de alimentos, los porcentajes respectivos acrecerán al fondo propio.
ARTICULO 125. — Si el interno tuviere que satisfacer indemnización, pero no prestación
alimentaria, la parte que pudiere corresponder a ésta, acrecerá el fondo propio.
ARTICULO 126. — En los casos previstos en el artículo 122, la parte destinada para costear
los gastos que el interno causara al establecimiento, acrecerá su fondo propio.
ARTICULO 127. — La administración penitenciaria podrá autorizar que se destine como
fondo disponible hasta un máximo del 30 % del fondo propio mensual, siempre que el
interno haya alcanzado como mínimo la calificación de conducta buena. El fondo disponible
se depositará en el establecimiento a la orden del interno para adquisición de los artículos de
uso y consumo personal que autoricen los reglamentos.
ARTICULO 128. — El fondo propio, deducida en su caso la parte disponible que autoriza el
artículo anterior, constituirá un fondo de reserva, que deberá ser depositado a interés en una
institución bancaria oficial, en las mejores condiciones de plaza. Este fondo, que será
entregado al interno a su egreso, por agotamiento de pena, libertad condicional o asistida,
será incesible e inembargable, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129.
Los reglamentos establecerán en casos debidamente justificados y con intervención judicial,
la disposición anticipada del fondo de reserva. En el supuesto de fallecimiento del interno, el
fondo de reserva será transmisible a sus herederos.
ARTICULO 129. — De la remuneración del trabajo del interno, deducidos los aportes
correspondientes a la seguridad social, podrá descontarse, en hasta un 20 % los cargos por
concepto de reparación de daños intencionales o culposos causados en las cosas muebles o
inmuebles del Estado o de terceros.
Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
ARTICULO 130. — La muerte o los accidentes sufridos por internos durante o con motivo
de la ejecución del trabajo, así como las enfermedades profesionales contraídas por su
causa, serán indemnizables conforme la legislación vigente.
ARTICULO 131. — La indemnización, cualquiera fuere el monto de la efectiva remuneración
percibida por el interno, se determinará sobre la base de los salarios fijados en los convenios
o disposiciones vigentes, a la fecha del siniestro, para las mismas o similares actividades en
el medio libre.
ARTICULO 132. — Durante el tiempo que dure su incapacidad, el interno accidentado o
enfermo percibirá la remuneración que tenía asignada.
CAPITULO VIII
Educación
ARTICULO 133. — Derecho a la educación. Todas las personas privadas de su libertad
tienen derecho a la educación pública. El Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente
a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su
libertad en sus jurisdicciones, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este
derecho, con la participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias.
Los internos deberán tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades
de conformidad con las leyes 26.206 de Educación Nacional, 26.058 de Educación TécnicoProfesional, 26.150 de Educación Sexual Integral, 24.521 de Educación Superior y toda otra
norma aplicable.
Los fines y objetivos de la política educativa respecto de las personas privadas de su libertad
son idénticos a los fijados para todos los habitantes de la Nación por la Ley de Educación
Nacional. Las finalidades propias de esta ley no pueden entenderse en el sentido de
alterarlos en modo alguno. Todos los internos deben completar la escolaridad obligatoria
fijada en la ley.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.695 B.O. 29/08/2011)
ARTICULO 134. — Deberes. Son deberes de los alumnos estudiar y participar en todas las
actividades formativas y complementarias, respetar la libertad de conciencia, la dignidad,
integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, participar y
colaborar en la mejora de la convivencia y en la consecución de un adecuado clima de
estudio en la institución, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y las
orientaciones de la autoridad, los docentes y los profesores, respetar el proyecto educativo
institucional, las normas de organización, convivencia y disciplina del establecimiento, asistir
a clase regularmente y con puntualidad y conservar y hacer un buen uso de las
instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del establecimiento.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.695 B.O. 29/08/2011)
ARTICULO 135. — Restricciones prohibidas al derecho a la educación. El acceso a la
educación en todos sus niveles y modalidades no admitirá limitación alguna fundada en
motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de los internos, el tipo de
establecimiento de detención, la modalidad de encierro, el nivel de seguridad, el grado de
avance en la progresividad del régimen penitenciario, las calificaciones de conducta o
concepto, ni en ninguna otra circunstancia que implique una restricción injustificada del
derecho a la educación.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.695 B.O. 29/08/2011)
ARTICULO 136. — Situaciones especiales. Las necesidades especiales de cualquier persona
o grupo serán atendidas a fin de garantizar el pleno acceso a la educación, tal como
establece la Ley de Educación Nacional 26.206. La mujer privada de su libertad será
especialmente asistida durante el embarazo, el parto, y se le proveerán los medios
materiales para la crianza adecuada de su hijo mientras éste permanezca en el medio
carcelario, facilitándose la continuidad y la finalización de los estudios, tal como lo establece
el artículo 58 de la Ley de Educación Nacional.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.695 B.O. 29/08/2011)
ARTICULO 137. — Notificación al interno. El contenido de este capítulo será puesto en
conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, al momento
de su ingreso a una institución. Desde el momento mismo del ingreso se asegurará al interno
su derecho a la educación, y se adoptarán las medidas necesarias para mantener, fomentar
y mejorar sus capacidades e instrucción. Cada vez que un interno ingrese a un
establecimiento, las autoridades educativas y penitenciarias deberán certificar su nivel de
instrucción dejando constancia en el legajo personal y en los registros pertinentes.
En caso de ingresar con algún nivel de escolaridad incompleto, la autoridad educativa
determinará el grado de estudio alcanzado mediante los procedimientos estipulados para los
alumnos del sistema educativo y asegurará la continuidad de esos estudios desde el último
grado alcanzado al momento de privación de libertad.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.695 B.O. 29/08/2011)
ARTICULO 138. — Acciones de implementación. El Ministerio de Educación acordará y
coordinará todas las acciones, estrategias y mecanismos necesarios para la adecuada
satisfacción de las obligaciones de este capítulo con las autoridades nacionales y provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Institutos de educación superior de gestión
estatal y con Universidades Nacionales.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la autoridad penitenciaria, y los organismos responsables de las
instituciones en que se encuentran niños y adolescentes privados de su libertad, deberán
atender las indicaciones de la autoridad educativa y adoptar todas las medidas necesarias
para el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo.
Entre otras acciones, deberán proveer de ámbitos apropiados para la educación, tanto para
los internos como para el personal docente y penitenciario, adoptar las previsiones
presupuestarias y reglamentarias pertinentes, remover todo obstáculo que limite los
derechos de las personas con discapacidad, asegurar la permanencia de los internos en
aquellos establecimientos donde cursan con regularidad, mantener un adecuado registro de
los créditos y logros educativos, requerir y conservar cualquier antecedente útil a la mejor
formación del interno, garantizar la capacitación permanente del personal penitenciario en
las áreas pertinentes, fomentar la suscripción de convenios de cooperación con instituciones
públicas y privadas, garantizar el acceso a la información y a los ámbitos educativos de las
familias y de las organizaciones e instituciones vinculadas al tema, fomentar las visitas y
todas las actividades que incrementen el contacto con el mundo exterior, incluyendo el
contacto de los internos con estudiantes, docentes y profesores de otros ámbitos, la
facilitación del derecho a enseñar de aquellos internos con aptitud para ello, y la adopción de
toda otra medida útil a la satisfacción plena e igualitaria del derecho a la educación.
En todo establecimiento funcionará, además, una biblioteca para los internos, debiendo
estimularse su utilización según lo estipula la Ley de Educación Nacional.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.695 B.O. 29/08/2011)
ARTICULO 139. — Documentación y certificados. A los efectos de garantizar la provisión y
la continuidad de los estudios, se documentarán en el legajo personal del interno o
procesado los créditos y logros educativos correspondientes alcanzados de manera total o
parcial que, además, se consignarán en la documentación de la institución educativa
correspondiente. En caso de traslado del interno o procesado, la autoridad educativa deberá
ser informada por la autoridad judicial correspondiente para proceder a tramitar de manera
automática el pase y las equivalencias de acuerdo a la institución educativa y al plan de
estudios que se corresponda con el nuevo destino penitenciario o el educacional que se elija
al recuperar la libertad. Los certificados de estudios y diplomas extendidos por la autoridad
educacional competente durante la permanencia del interno en un establecimiento
penitenciario, no deberán contener ninguna indicación que permita advertir esa
circunstancia.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.695 B.O. 29/08/2011)
ARTICULO 140. — Estímulo educativo. Los plazos requeridos para el avance a través de las
distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán de
acuerdo con las pautas que se fijan en este artículo, respecto de los internos que completen
y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios,
terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes,
en consonancia con lo establecido por la ley 26.206 en su Capítulo XII:
a) un (1) mes por ciclo lectivo anual;
b) dos (2) meses por curso de formación profesional anual o equivalente;
c) dos (2) meses por estudios primarios;
d) tres (3) meses por estudios secundarios;
e) tres (3) meses por estudios de nivel terciario;
f) cuatro (4) meses por estudios universitarios;
g) dos (2) meses por cursos de posgrado.
Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de veinte (20) meses.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.695 B.O. 29/08/2011)
ARTICULO 141. — Control de la gestión educativa de las personas privadas de su libertad.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes
provinciales deberán establecer, en el marco del Consejo Federal de Educación, un sistema
de información público, confiable, accesible y actual, sobre la demanda y oferta educativa,
los espacios y los programas de estudio existentes en cada establecimiento y mantener un
adecuado registro de sus variaciones. Deberá garantizarse el amplio acceso a dicha
información a la Procuración Penitenciaria de la Nación, a organizaciones no
gubernamentales interesadas en el tema, y a abogados, funcionarios competentes,
académicos, familiares de las personas privadas de su libertad, y a toda otra persona con
legítimo interés.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.695 B.O. 29/08/2011)
ARTICULO 142. — Control judicial. Los obstáculos e incumplimientos en el acceso al
derecho a la educación podrán ser remediados por los jueces competentes a través de la vía
del hábeas corpus correctivo, incluso en forma colectiva. Excepcionalmente, los jueces
podrán asegurar la educación a través de un tercero a cuenta del Estado, o, tratándose de la
escolaridad obligatoria, de la continuación de los estudios en el medio libre.
(Artículo sustituido por art. 1º de la Ley Nº 26.695 B.O. 29/08/2011)
CAPITULO IX
Asistencia médica
ARTICULO 143. — El interno tiene derecho a la salud. Deberá brindársele oportuna
asistencia médica integral, no pudiendo ser interferida su accesibilidad a la consulta y a los
tratamientos prescriptos.
Los estudios diagnósticos, tratamientos y medicamentos indicados, le serán suministrados
sin cargo.
ARTICULO 144. — Al ingreso o reingreso del interno a un establecimiento, deberá ser
examinado por un profesional médico. Este dejará constancia en la historia clínica de su
estado clínico, así como de las lesiones o signos de malos tratos y de los síndromes etílicos o
de ingesta de drogas, estupefacientes o cualquier otra sustancia tóxica susceptible de
producir dependencia física o psíquica, si los presentara.
Detectadas las anomalías aludidas, el médico deberá comunicarlas inmediatamente al
director del establecimiento.
ARTICULO 145. — La historia clínica en la que quedará registrada toda prestación médica,
se completará con la incorporación de los estudios psicológico y social realizados durante el
período de observación, previsto en el artículo 13 inciso a), y la actualización a que aluden el
artículo 13 inciso d) y el artículo 27.
Copia de la historia clínica y de sus actuaciones integrará la historia criminológica.
ARTICULO 146. — Cuando el interno ingrese o reingrese al establecimiento con
medicamentos en su poder o los reciba del exterior, el director conforme dictamen médico
decidirá el uso que deba hacerse de ellos.
ARTICULO 147. — El interno podrá ser trasladado a un establecimiento penitenciario
especializado de carácter asistencial médico o psiquiátrico o a un centro apropiado del medio
libre, cuando la naturaleza del caso así lo aconseje.
En el segundo de los supuestos se requerirá previa autorización del juez de ejecución o juez
competente, salvo razones de urgencia. En todos los casos se comunicará la novedad de
inmediato al magistrado interviniente.
ARTICULO 148. — El interno podrá requerir, a su exclusivo cargo, la atención de
profesionales privados.
La autoridad penitenciaria dará curso al pedido, excepto que razones debidamente fundadas
aconsejen limitar este derecho.
Toda divergencia será resuelta por el juez de ejecución o juez competente.
ARTICULO 149. — Si el tratamiento del interno prescribiere la realización de operaciones de
cirugía mayor o cualquiera otra intervención quirúrgica o médica que implicaren grave riesgo
para la vida o fueren susceptibles de disminuir permanentemente sus condiciones orgánicas
o funcionales, deberá mediar su consentimiento o el de su representante legal y la
autorización del juez de ejecución o juez competente, previo informe de peritos.
En caso de extrema urgencia, bastará el informe médico, sin perjuicio de la inmediata
comunicación al juez de ejecución o juez competente.
ARTICULO 150. — Está expresamente prohibido someter a los internos a investigaciones o
tratamientos médicos o científicos de carácter experimental. Sólo se permitirán mediando
solicitud del interno, en enfermedades incurables y siempre que las investigaciones o
tratamientos experimentales sean avalados por la autoridad sanitaria correspondiente y se
orienten a lograr una mejora en su estado de salud.
ARTICULO 151. — Si el interno se negare a ingerir alimentos, se intensificarán los cuidados
y controles médicos. Se informará de inmediato al juez de ejecución o juez competente
solicitando, en el mismo acto, su autorización para proceder a la alimentación forzada,
cuando, a criterio médico, existiere grave riesgo para la salud del interno.
ARTICULO 152. — Los tratamientos psiquiátricos que impliquen suspensión de la conciencia
o pérdida de la autonomía psíquica, aunque fueran transitorias, sólo podrán ser realizados en
establecimientos especializados.
CAPITULO X
Asistencia espiritual
ARTICULO 153. — El interno tiene derecho a que se respete y garantice su libertad de
conciencia y de religión, se facilite la atención espiritual que requiera y el oportuno contacto
personal y por otros medios autorizados con un representante del credo que profese,
reconocido e inscrito en el Registro Nacional de Cultos. Ninguna sanción disciplinaria podrá
suspender el ejercicio de este derecho.
ARTICULO 154. — El interno será autorizado, en la medida de lo posible, a satisfacer las
exigencias de su vida religiosa, participando de ceremonias litúrgicas y a tener consigo
objetos, libros de piedad, de moral e instrucción de su credo, para su uso personal.
ARTICULO 155. — En cada establecimiento se habilitará un local adecuado para
celebraciones litúrgicas, reuniones y otros actos religiosos de los diversos cultos reconocidos.
ARTICULO 156. — En todo establecimiento penitenciario se celebrará el culto católico, en
forma adecuada a las posibilidades edilicias de que disponga. La concurrencia a estos actos
será absolutamente voluntaria.
ARTICULO 157. — Los capellanes de los establecimientos tendrán a su cargo la instrucción
religiosa y moral y la orientación espiritual de los internos, incluso de los no católicos que la
aceptaren.
CAPITULO XI
Relaciones familiares y sociales
ARTICULO 158. — El interno tiene derecho a comunicarse periódicamente, en forma oral o
escrita, con su familia, amigos, allegados, curadores y abogados, así como con
representantes de organismos oficiales e instituciones privadas con personería jurídica que
se interesen por su reinserción social.
En todos los casos se respetará la privacidad de esas comunicaciones, sin otras restricciones
que las dispuestas por juez competente.
ARTICULO 159. — Los internos de nacionalidad extranjera, gozarán de facilidades para
comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares acreditados.
Los internos nacionales de Estados sin representación diplomática o consular en el país, los
refugiados y los apátridas, tendrán las mismas posibilidades para dirigirse al representante
diplomático del Estado encargado de sus intereses en el país o a cualquier autoridad nacional
o internacional que tenga la misión de protegerlos.
ARTICULO 160. — Las visitas y la correspondencia que reciba o remita el interno y las
comunicaciones telefónicas, se ajustarán a las condiciones, oportunidad y supervisión que
determinen los reglamentos, los que no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 158
y 159.
ARTICULO 161. — Las comunicaciones orales o escritas previstas en el artículo 160, sólo
podrán ser suspendidas o restringidas transitoriamente, por resolución fundada del director
del establecimiento, quien de inmediato, lo comunicará al juez de ejecución o juez
competente. El interno será notificado de la suspensión o restricción transitoria de su
derecho.
ARTICULO 162. — El visitante deberá respetar las normas reglamentarias vigentes en la
institución, las indicaciones del personal y abstenerse de introducir o intentar ingresar
elemento alguno que no haya sido permitido y expresamente autorizado por el director. Si
faltaren a esta prescripción o se comprobare connivencia culpable con el interno, o no
guardare la debida compostura, su ingreso al establecimiento será suspendido, temporal o
definitivamente, por resolución del director, la que podrá recurrirse ante el juez de ejecución
o el juez competente.
ARTICULO 163. — El visitante y sus pertenencias, por razones de seguridad, serán
registrados. El registro, dentro del respeto a la dignidad de la persona humana, será
realizado o dirigido, según el procedimiento previsto en los reglamentos por personal del
mismo sexo del visitante. El registro manual, en la medida de lo posible, será sustituido por
sensores no intensivos u otras técnicas no táctiles apropiadas y eficaces.
ARTICULO 164. — El interno tiene el derecho a estar informado de los sucesos de la vida
nacional e internacional, por los medios de comunicación social, publicaciones o emisiones
especiales permitidas.
ARTICULO 165. — La enfermedad o accidentes graves o el fallecimiento del interno, será
comunicado inmediatamente a su familia, allegados o persona indicada previamente por
aquél, al representante de su credo religioso y al juez de ejecución o juez competente.
ARTICULO 166. — El interno será autorizado, en caso de enfermedad o accidente grave o
fallecimiento de familiares o allegados con derecho a visita o correspondencia, para cumplir
con sus deberes morales, excepto cuando se tuviesen serios y fundamentados motivos para
resolver lo contrario.
En los casos de las personas procesadas o condenadas por los delitos previstos en los
artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120, 124 y 125 del Código Penal, se exigirá en todos
los casos el acompañamiento de dos (2) empleados del Servicio de Custodia, Traslados y
Objetivos Fijos del Servicio Penitenciario Federal.
(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N° 26.813 B.O. 16/1/2013)
ARTICULO 167. — Los internos que no gocen de permiso de salida para afianzar y mejorar
los lazos familiares podrán recibir la visita íntima de su cónyuge o, a falta de éste, de la
persona con quien mantiene vida marital permanente, en la forma y modo que determinen
los reglamentos.
CAPITULO XII
Asistencia social
ARTICULO 168. — Las relaciones del interno con su familia, en tanto fueren convenientes
para ambos y compatibles con su tratamiento, deberán ser facilitadas y estimuladas.
Asimismo se lo alentará para que continúe o establezca vínculos útiles con personas u
organismos oficiales o privados con personería jurídica, que puedan favorecer sus
posibilidades de resinserción social.
ARTICULO 169. — Al interno se le prestará asistencia moral y material y, en la medida de
lo posible, amparo a su familia. Esta asistencia estará a cargo de órganos o personal
especializado, cuya actuación podrá ser concurrente con la que realicen otros organismos
estatales y personas o entidades privadas con personería jurídica.
ARTICULO 170. — En defecto de persona allegada al interno designada como curador o
susceptible de serlo, se proveerá a su representación jurídica, en orden a la curatela prevista
en el artículo 12 del Código Penal.
ARTICULO 171. — En modo particular se velará por la regularización de los documentos
personales del interno. A su ingreso se le requerirá información sobre los mismos. La
documentación que traiga consigo, se le restituya o se le obtenga, se depositará en el
establecimiento, para serle entregada bajo constancia, a su egreso.
CAPITULO XIII
Asistencia postpenitenciaria
ARTICULO 172. — Los egresados y liberados gozarán de protección y asistencia social,
moral y material pospenitenciaria a cargo de un patronato de liberados o de una institución
de asistencia pospenitenciaria con fines específicos y personería jurídica, procurando que no
sufra menoscabo su dignidad, ni se ponga de manifiesto su condición. Se atenderá a su
ubicación social y a su alojamiento, a la obtención de trabajo, a la provisión de vestimenta
adecuada y de recursos suficientes, si no los tuviere, para solventar la crisis del egreso y de
pasaje para trasladarse al lugar de la República donde fije su residencia.
ARTICULO 173. — Las gestiones conducentes al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
172, se iniciarán con la debida antelación, para que en el momento de egresar, el interno
encuentre facilitada la solución de los problemas que puedan ser causa de desorientación,
desubicación o desamparo. A tales efectos se le conectará con el organismo encargado de su
supervisión en el caso de libertad condicional o asistida y de prestarle asistencia y protección
en todas las demás formas de egreso.
CAPITULO XIV
Patronatos de liberados
ARTICULO 174. — Los patronatos de liberados concurrirán a prestar la asistencia a que se
refieren los artículos 168 a 170, la asistencia pospenitenciaria de los egresados, las acciones
previstas en el artículo 184, la función que establecen los artículos 13 y 53 del Código Penal
y las leyes 24.316 y 24.390.
ARTICULO 175. — Los patronatos de liberados podrán ser organismos oficiales o
asociaciones privadas con personería jurídica. Estas últimas recibirán un subsidio del Estado,
cuya inversión será controlada por la autoridad competente.
CAPITULO XV
Establecimientos de ejecución de la pena
ARTICULO 176. — La aplicación de esta ley requiere que cada jurisdicción del país, en la
medida necesaria y organizados separadamente para hombres y mujeres, posea los
siguientes tipos de establecimientos:
a) Cárceles o alcaidías para procesados;
b) Centros de observación para el estudio criminológico del condenado y planificación de su
tratamiento de acuerdo con lo previsto en el artículo 13;
c) Instituciones diferenciadas por su régimen para la ejecución de la pena;
d) Establecimientos especiales de carácter asistencial médico y psiquiátrico;
e) Centros para la atención y supervisión de los condenados que se encuentren en
tratamiento en el medio libre y otros afines.
ARTICULO 177. — Cada establecimiento de ejecución tendrá su propio reglamento interno,
basado en esta ley, en su destino específico y en las necesidades del tratamiento
individualizado que deban recibir los alojados. Contemplará una racional distribución del
tiempo diario que garantice la coordinación de los medios de tratamiento que en cada caso
deban utilizarse, en particular la enseñanza en los niveles obligatorios, la atención de las
necesidades físicas y espirituales y las actividades laborales, familiares, sociales, culturales y
recreativas de los internos, asegurando ocho horas para el reposo nocturno y un día de
descanso semanal.
ARTICULO 178. — Las cárceles o alcaidías tienen por objeto retener y custodiar a las
personas sometidas a proceso penal. Su régimen posibilitará que el interno pueda ejercer su
derecho al trabajo y afrontar la responsabilidad de asistir a su grupo familiar dependiente e
incluirá programas y actividades que permitan evitar o reducir, al mínimo posible, la
desocialización que pueda generar la privación de libertad.
ARTICULO 179. — Los establecimientos destinados a procesados no podrán alojar
condenados.
ARTICULO 180. — En las cárceles y establecimientos de ejecución de la pena no se podrá
recibir, bajo ningún concepto, persona alguna, que no sea acompañada de una orden de
detención expresa extendida por juez competente.
ARTICULO 181. — Para la realización de las tareas técnico-criminológicas que dispone el
artículo 13, según las circunstancias locales, se deberá disponer de:
a) Una institución destinada a esa exclusiva finalidad;
b) Una sección separada e independiente en la cárcel o alcaidía de procesados;
c) Una sección apropiada e independiente en una institución de ejecución de la pena.
ARTICULO 182. — Según lo requiera el volumen y la composición de la población penal y
las necesidades del tratamiento individualizado de los internos, deberá contarse con
instituciones abiertas, semiabiertas y cerradas.
ARTICULO 183. — Los establecimientos de carácter asistencial especializados podrán ser:
a) Centros hospitalarios diversificados cuando sea necesario y posible;
b) Institutos psiquiátricos.
La dirección de estos centros asistenciales sólo podrá ser ejercida por personal médico
debidamente calificado y especializado.
ARTICULO 184. — Los centros de reinserción social deben ser instituciones basadas en el
principio de la autodisciplina destinados a la recepción de condenados que se encuentren en
semilibertad, prisión discontinua y semi detención. Serán dirigidos por profesionales
universitarios con versación criminológica y, cuando las circunstancias lo posibiliten, podrán
estar a cargo de un patronato de liberados y, de no existir aquél, de un servicio social
calificado.
ARTICULO 185. — Los establecimientos destinados a la ejecución de las penas privativas de
libertad, atendiendo a su destino específico, deberán contar, como mínimo, con los medios
siguientes:
a) Personal idóneo, en particular el que se encuentra en contacto cotidiano con los internos,
que deberá ejercer una actividad predominantemente educativa;
b) Un organismo técnico-criminológico del que forme parte un equipo multidisciplinario
constituido por un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social y en lo posible, entre otros,
por un educador y un abogado, todos ellos con especialización en criminología y en
disciplinas afines;
c) Servicio médico y odontológico acorde con la ubicación, tipo del establecimiento y
necesidades;
d) Programas de trabajo que aseguren la plena ocupación de los internos aptos;
e) Biblioteca y escuela a cargo de personal docente con título habilitante, con las secciones
indispensables para la enseñanza de los internos que estén obligados a concurrir a ella;
f) Capellán nombrado por el Estado o adscripto honorariamente al establecimiento;
g) Consejo correccional, cuyos integrantes representen los aspectos esenciales del
tratamiento;
h) Instalaciones para programas recreativos y deportivos;
i) Locales y medios adecuados para alojar a los internos que presenten episodios
psiquiátricos agudos o cuadros psicopáticos con graves alteraciones de la conducta;
j) Secciones separadas e independientes para el alojamiento y tratamiento de internos
drogadependientes;
k) Instalaciones apropiadas para las diversas clases de visitas autorizadas;
l) Un equipo compuesto por profesionales especializados en la asistencia de internos
condenados por los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafo, 120, 124
y 125.
(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N° 26.813 B.O. 16/1/2013)
ARTICULO 186. — En las instituciones de ejecución no se alojarán internos comprendidos
en el artículo 25 del Código Penal mientras subsista el cuadro psiquiátrico y a quienes
padezcan enfermedad mental crónica.
Con intervención del juez de ejecución o juez competente, serán trasladados para su
atención a servicios especiales de carácter psiquiátrico o servicios u hospitales psiquiátricos
de la comunidad.
ARTICULO 187. — Los internos que padezcan enfermedades infectocontagiosas u otras
patologías similares, de tal gravedad que impidan su tratamiento en el establecimiento
donde se encuentren, serán trasladados a servicios especializados de carácter médico
asistencial o a servicios u hospitales de la comunidad.
ARTICULO 188. — En los programas de tratamiento de todas las instituciones y con
particular énfasis en las abiertas y semiabiertas, se deberá suscitar y utilizar en la mayor
medida posible los recursos de la comunidad local, cuando resulten provechosos para el
futuro de los internos y compatibles con el régimen de la pena.
ARTICULO 189. — En los establecimientos de ejecución no podrán alojarse procesados, con
excepción de aquellos recibidos en virtud de sentencia definitiva y que tengan otra causa
pendiente o posterior a su ingreso.
Establecimientos para mujeres
ARTICULO 190. — Las internas estarán a cargo exclusivamente de personal femenino. Sólo
por excepción podrán desempeñarse varones en estos establecimientos en tareas
específicas.
La dirección siempre estará a cargo de personal femenino debidamente calificado.
ARTICULO 191. — Ningún funcionario penitenciario del sexo masculino ingresará en
dependencias de un establecimiento o sección para mujeres sin ser acompañado por un
miembro del personal femenino.
ARTICULO 192. — En los establecimientos para mujeres deben existir dependencias
especiales para la atención de las internas embarazadas y de las que han dado a luz. Se
adoptarán las medidas necesarias para que el parto se lleve a cabo en un servicio de
maternidad.
ARTICULO 193. — La interna embarazada quedará eximida de la obligación de trabajar y
de toda otra modalidad de tratamiento incompatible con su estado, cuarenta y cinco días
antes y después del parto. Con posterioridad a dicho período, su tratamiento no interferirá
con el cuidado que deba dispensar a su hijo.
ARTICULO 194. — No podrá ejecutarse ninguna corrección disciplinaria que, a juicio
médico, pueda afectar al hijo en gestación o lactante. La corrección disciplinaria será
formalmente aplicada por la directora y quedará sólo como antecedente del comportamiento
de la interna.
ARTICULO 195. — La interna podrá retener consigo a sus hijos menores de cuatro años.
Cuando se encuentre justificado, se organizará un jardín maternal a cargo de personal
calificado.
ARTICULO 196. — Al cumplirse la edad fijada en el artículo anterior, si el progenitor no
estuviere en condiciones de hacerse cargo del hijo, la administración penitenciaria dará
intervención a la autoridad judicial o administrativa que corresponda.
Jóvenes adultos
ARTICULO 197. — Los jóvenes adultos de dieciocho a veintiún años deberán ser alojados
en instituciones especiales o en secciones separadas o independientes de los
establecimientos para adultos. En su tratamiento se pondrá particular empeño en la
enseñanza obligatoria, en la capacitación profesional y en el mantenimiento de los vínculos
familiares.
ARTICULO 198. — Excepcionalmente y mediando los informes favorables del organismo
técnico-criminológico y del consejo correccional del establecimiento, quienes hayan cumplido
veintiún años podrán permanecer en instituciones o secciones especiales para jóvenes
adultos hasta cumplir veinticinco años. Luego serán trasladados a un establecimiento para
adultos.
Privatización parcial de servicios
ARTICULO 199. — Cuando medien fundadas razones que justifiquen la medida, el Estado
podrá disponer la privatización de servicios de los establecimientos carcelarios y de ejecución
de la pena, con excepción de las funciones directivas, el registro y documentación judicial del
interno, el tratamiento y lo directamente referido a la custodia y la seguridad de procesados
o condenados.
CAPITULO XVI
Personal
Personal Institucional
ARTICULO 200. — El personal de las cárceles y establecimientos de ejecución debe ser
cuidadosamente seleccionado, capacitado y especializado, teniendo en cuenta la importancia
de la misión social que debe cumplir.
ARTICULO 201. — La ley y los reglamentos determinarán un adecuado régimen de
selección, incorporación, retribuciones, estabilidad, asignación de funciones, ascensos,
retiros y pensiones, teniendo en cuenta el riesgo, las exigencias éticas, intelectuales y físicas
y la dedicación que su misión social requiere.
El contenido de esas normas legales y reglamentarias deberá considerar las Reglas Mínimas
de las Naciones Unidas sobre Tratamiento de los Reclusos, las Recomendaciones de las
Naciones Unidas sobre la Selección y Formación del Personal Penitenciario adoptadas en
Ginebra, 1955 y la Resolución 21 A del Octavo Congreso de las Naciones Unidas, celebrado
en La Habana en 1990.
ARTICULO 202. — La conducción de los servicios penitenciarios o correccionales y la
jefatura de sus principales áreas así como la dirección de los establecimientos deberán estar
a cargo de personal penitenciario con título universitario de carrera afín a la función.
ARTICULO 203. — Las funciones comprendidas en el artículo anterior se cubrirán por
concurso interno. Entre los requisitos se exigirá, además, experiencia y capacitación
administrativa, un adecuado perfil para el cargo y otras condiciones que fijen los
reglamentos.
Cuando por dos veces consecutivas un concurso interno se declarase desierto, se llamará a
concurso abierto de antecedentes y oposición.
ARTICULO 204. — En cada jurisdicción del país se organizará o facilitará la formación del
personal, según los diversos roles que deba cumplir, así como su permanente actualización y
perfeccionamiento profesional.
ARTICULO 205. — Los planes y programas de enseñanza en los cursos de formación,
actualización y perfeccionamiento, con contenido predominantemente criminológico, deberán
incluir el estudio de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos y el Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley,
aprobado por Resolución 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 17 de
diciembre de 1979.
Personal no institucional
ARTICULO 206. — El personal de organismos oficiales y de instituciones privadas con
personería jurídica, encargado de la aplicación de las diversas modalidades de ejecución de
la pena privativa de la libertad y de las no institucionales, será seleccionado y capacitado
teniendo en consideración las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre Medidas no
Privativas de Libertad, Reglas de Tokio 15-19.
Personal de servicios privatizados
ARTICULO 207. — Para cumplir tareas en las cárceles o establecimientos de ejecución, las
personas presentadas por el contratista de servicios privatizados deberán contar con una
habilitación individual previa. Esta será concedida luego de un examen médico, psicológico y
social que demuestre su aptitud para desempeñarse en ese medio.
CAPITULO XVII
Contralor judicial y administrativo de la ejecución
ARTICULO 208. — El juez de ejecución o juez competente verificará, por lo menos
semestralmente, si el tratamiento de los condenados y la organización de los
establecimientos de ejecución se ajusta a las prescripciones de esta ley y de los reglamentos
que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo. Las observaciones y recomendaciones que
resulten de esas inspecciones serán comunicadas al ministerio competente.
ARTICULO 209. — El Poder Ejecutivo dispondrá que inspectores calificados por su
formación y experiencia, designados por una autoridad superior a la administración
penitenciaria efectúen verificaciones, por lo menos, semestrales con los mismos propósitos
que los establecidos en el artículo 208.
CAPITULO XVIII
Integración del sistema penitenciario nacional
ARTICULO 210. — A los efectos del artículo 18 del Código Penal, se considerará que las
provincias no disponen de establecimientos adecuados cuando los que tuvieren no se
encontraren en las condiciones requeridas para hacer efectivas las normas contenidas en
esta ley.
ARTICULO 211. — El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a convenir con las
provincias la creación de los establecimientos penitenciarios regionales que sean necesarios
para dar unidad al régimen de ejecución penal que dispone esta ley.
ARTICULO 212. — La Nación y las provincias y éstas entre sí, podrán concertar acuerdos
destinados a recibir o transferir condenados de sus respectivas jurisdicciones, a penas
superiores o menores de cinco años, cuando resultare conveniente para asegurar una mejor
individualización de la pena y una efectiva integración del sistema penitenciario de la
República.
ARTICULO 213. — La transferencia de internos a que se refiere el artículo 212 será a título
oneroso a cargo del Estado peticionante.
ARTICULO 214. — El gobierno nacional cuando no disponga de servicios propios, convendrá
con los gobiernos provinciales, por intermedio del Ministerio de Justicia, el alojamiento de los
procesados a disposición de los juzgados federales en cárceles provinciales.
Dictada sentencia definitiva y notificada, el tribunal federal, dentro de los ocho días hábiles,
la comunicará al Ministerio de Justicia con remisión del testimonio de sentencia en todas sus
instancias, cómputo de la pena y fecha en que el condenado podrá solicitar su libertad
condicional o libertad asistida a fin de que adopte las medidas necesarias para el
cumplimiento de la pena en una institución federal.
ARTICULO 215. — El condenado con sentencia firme trasladado a otra jurisdicción por tener
causa pendiente será sometido al régimen de penados. En este caso las direcciones de los
establecimientos intercambiarán documentación legal, criminológica y penitenciaria.
ARTICULO 216. — El Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría de Política
Penitenciaria y de Readaptación Social, organizará anualmente una reunión de los ministros
de todo el país con competencia en la problemática carcelaria y penitenciaria. Estas
reuniones tendrán por objeto evaluar todos los aspectos vinculados a la aplicación de esta
ley. Podrán ser invitados representantes de instituciones oficiales y privadas que participen
en la ejecución de la condenación condicional, libertad condicional, libertad asistida,
semilibertad, prisión discontinua, semidetención y trabajo para la comunidad o brinden
asistencia pospenitenciaria.
ARTICULO 217. — El Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría de Política
Penitenciaria y de Readaptación Social, organizará y dirigirá la compilación de la estadística
nacional relativa a la aplicación de todas las sanciones previstas en el Código Penal.
A tal fin convendrá con los gobiernos provinciales el envío regular de la información.
ARTICULO 218. — El Ministerio de Justicia, por intermedio de la Secretaría de Política
Penitenciaria y de Readaptación Social, organizará un centro de información sobre los
organismos estatales o instituciones privadas de todo el país vinculados a la reinserción
social de los internos o al tratamiento en el medio libre.
Los patronatos de liberados y los institutos oficiales y privados deberán suministrar la
información que a tales efectos se les requiera.
ARTICULO 219. — Las provincias podrán enviar a su personal para que participe en los
cursos de formación, actualización y perfeccionamiento que se realicen en el orden nacional.
CAPITULO XIX
Disposiciones complementarias
Suspensión de inhabilitaciones
ARTICULO 220. — Las inhabilitaciones del artículo 12 del Código Penal quedarán
suspendidas cuando el condenado se reintegrare a la vida libre mediante la libertad
condicional o la libertad asistida. Transferencia internacional de la ejecución.
ARTICULO 221. — De acuerdo a lo previsto en los convenios y tratados internacionales:
a) Los extranjeros condenados por los tribunales de la República podrán cumplir la pena
impuesta en su país de origen;
b) Los argentinos condenados en el extranjero podrán cumplir su pena en nuestro país.
Restricción documentaria
ARTICULO 222. — En las actas de nacimiento, matrimonio y defunción ocurridos en un
establecimiento de los previstos en esta ley no se dejará constancia alguna que permita
individualizar tal circunstancia.
Suspensión de derechos
ARTICULO 223. — En supuestos de graves alteraciones del orden en un establecimiento
carcelario o de ejecución de la pena, el ministro con competencia en materia penitenciaria
podrá disponer, por resolución fundada, la suspensión temporal y parcial de los derechos
reconocidos a los internos en esta ley y en los reglamentos dictados en su consecuencia.
Esta suspensión no podrá extenderse más allá del tiempo imprescindible para restablecer el
orden alterado.
La resolución deberá ser comunicada, inmediata y fehacientemente al juez de ejecución o
juez competente.
CAPITULO XX
Disposiciones transitorias
ARTICULO 224. — Hasta tanto no se cuente con los centros de reinserción social a que se
refiere el artículo 184, el condenado podrá permanecer en un sector separado e
independiente de un establecimiento penitenciario, sin contacto alguno con otros alojados
que no se encuentren incorporados a semilibertad, prisión discontinua o semidetención.
ARTICULO 225. — Las disposiciones de los artículos 202 y 203 comenzará a regir a partir
de los diez años de la entrada en vigencia de esta ley.
La administración penitenciaria brindará el apoyo necesario para que el personal actualmente
en servicio pueda reunir el requisito del título universitario en el plazo previsto en el
apartado anterior, a cuyo efecto podrá celebrar convenios con universidades oficiales o
privadas.
ARTICULO 226. — Dentro de los ciento ochenta días de la vigencia de esta ley el Poder
Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, procederá a revisar los
convenios existentes con las provincias a fin de que puedan asumir las funciones que
constitucionalmente le pertenecen respecto a los procesados y condenados por sus
tribunales.
ARTICULO 227. — El Ministerio de Justicia convocará dentro de los noventa días de la
vigencia de esta ley a la Primera Reunión de Ministros a que se refiere el artículo 216 con la
finalidad de examinar los problemas que pueda suscitar su cumplimiento.
CAPITULO XXI
Disposiciones finales
ARTICULO 228. — La Nación y las provincias procederán, dentro del plazo de un año a
partir de la vigencia de esta ley, a revisar la legislación y las reglamentaciones penitenciarias
existentes, a efectos de concordarlas con las disposiciones contenidas en la presente.
ARTICULO 229. — Esta ley es complementaria del Código Penal.
ARTICULO 230. — Derógase el decreto ley 412/58 ratificado por ley 14.467.
ARTICULO 231. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. — ALBERTO R. PIERRI. — CARLOS F.
RUCKAUF. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuzzi.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
DIECINUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.
- Artículo 33 sustituido por art. 2º de la Ley Nº 26.472 B.O. 20/01/2009.
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