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ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la
LEY CONTRA EL
FEMICIDIO Y OTRAS
FORMAS DE VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
DECRETO NÚMERO 22-2008
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de la República establece que el Estado de Guatemala se organiza para
proteger a las personas y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común, además de
proteger la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de las personas.
CONSIDERANDO:
Que Guatemala aprobó por medio del Decreto Ley Número 49-82la Convención sobre la
Eliminación de Toda Formas de Discriminación Contra la Mujer, y a través del Decreto Número
69-94, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, y como Estado Parte se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas para modificar o
derogar las leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer, y
emitir todas aquellas leyes que sean necesarias para tal fin.
CONSIDERANDO:
Que las mujeres guatemaltecas tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de
todos los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución Política de la República
e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y que el problema de violencia y
discriminación en contra de las mujeres, niñas y adolescentes que ha imperado en el país se ha
agravado con el asesinato e impunidad, debido a las relaciones desiguales de poder existentes entre
hombres y mujeres, en el campo social, económico, jurídico, político, cultural y familiar, por lo que
se hace necesario una ley de prevención y penalización
POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución
Política de la República de Guatemala,
DECRETA:
La siguiente:
LEY CONTRA EL FEMICIDIO Y OTRAS FORMNAS DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER
CAPÍTULO I
PARTE GENERAL
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto y fin de la ley. La presente ley tiene como objeto garantizar la vida, la libertad,
la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, y de la ley,
particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza en el
ámbito público o privado quien agreda, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de
violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos
El fin es promover e implementar disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física,
psicológica, sexual, o económica o cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres,
garantizándoles una vida libre de violencia, según lo estipulado en la Constitución Política de la
República e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por
Guatemala.
Artículo 2. Aplicabilidad. Esta ley se aplicará cuando sea vulnerado el derecho de la mujer a una
vida libre de violencia en sus diferentes manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el
privado.
CAPÍTULO II
DEFINICIONES
Artículo 3. Definiciones . Para los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Acceso a la información: Es el derecho de la mujer víctima de violencia a recibir plena
información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios,
organismos u oficinas que puedan disponer las instituciones competentes, tanto públicas
como privadas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta ley,
relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así
como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y
recuperación integral.
b) Ámbito privado: Comprende las relaciones interpersonales domésticas, familiares o de
confianza dentro de las cuales se cometan los hechos de violencia contra la mujer, cuando el
agresor es el cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente, con quien haya la víctima
procreado o no, el agresor fuere el novio o ex novio o pariente de la víctima.
También se incluirán en este ámbito, las relaciones entre el cónyuge, ex cónyuge,
conviviente o ex conviviente, novio o ex novio de una mujer con las hijas de ésta.
c) Ámbito público: Comprenden las relaciones interpersonales que tengan lugar en la
comunidad y que incluyan el ámbito social, laboral, educativo, religioso o cualquier otro tipo
de relación que no esté comprendido en el ámbito privado.
d) Asistencia integral: La mujer víctima de la violencia, sus hijas e hijos, tienen derecho a
servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo de refugio, así como de
recuperación. La atención multidisciplinaria implicará especialmente:
1. Atención médica y psicológica.
2. Apoyo social.
3. Seguimiento legal de las reclamaciones de los derechos de la mujer.
4.Apoyo a la formación de inserción laboral.
5.Asistencia de un intérprete.
e) Femicidio: Muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en contra de
las mujeres.
f) Misoginia: Odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo.
g) Relaciones de poder:
Manifestaciones de control o de dominio que conducen a la
sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra.
h) Resarcimiento a la víctima: Se entenderá por resarcimiento el conjunto de medidas
tendientes a aproximar la situación de la víctima al estado en que se encontraría de no
haberse producido el hecho delictivo.
El resarcimiento deberá caracterizarse por su integralidad y comprende además de
indemnizaciones de carácter económico, todas aquellas medidas tendientes a dotar a la
víctima de una reparación médica, psicológica, moral y social.
i) Víctima: Es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia.
j) Violencia contra la mujer: Toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo
femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual,
económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el
ámbito privado.
k) Violencia económica: Acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad
o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por
vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por herencia, causándole deterioro,
daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes
materiales propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo,
documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos.
l) Violencia física: Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza corporal directa o por
medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la que se causa daño, sufrimiento físico,
lesiones o enfermedad a una mujer.
m) Violencia psicológica o emocional: Acciones que pueden producir daño o sufrimiento
psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o a sus hijos, así como las acciones,
amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad de la víctima, en ambos casos con el objeto de
intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a ese clima emocional
puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos.
n) Violencia sexual: Acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es vulnerar la
libertad e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación sexual, la prostitución
forzada y la denegación del derecho a hacer uso de métodos de planificación familiar, tanto
naturales como artificiales, o a adoptar medidas de protección contra enfermedades de
transmisión sexual.
CAPÍTULO III
MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO
Artículo 4. Coordinación interinstitucional. El Estado de Guatemala, a través del órgano rector
de las políticas relativas a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, será
responsable de la coordinación interinstitucional, la promoción y monitoreo de campañas de
sensibilización y generación de espacios de discusión para la concertación e impulso de políticas
para la prevención de la violencia contra la mujer y del femicidio, las que se consideran de urgencia
nacional y de interés social, en congruencia con los compromisos internacionales suscritos y
ratificados en la materia.
CAPÍTULO IV
DELITOS Y PENAS
Artículo 5. Acción pública. Los delitos tipificados en la presente ley son de acción pública.
Artículo 6. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco de las relaciones
desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer, por su condición de mujer,
valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Haber pretendido infructuosamente o restablecer una relación de pareja o de intimidad con
la víctima.
b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima
relaciones familiares, conyugales de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad,
compañerismo o relación laboral.
c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima.
d) Como resultado de ritos grupales usando armas de cualquier tipo.
e) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o
cometiendo actos de mutilación.
f) Por misoginia.
g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la víctima.
h) Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo
132 del Código Penal.
La persona responsable de este delito será sancionada con pena de prisión de veinticinco a cincuenta
años, y no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas
por la comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva.
Artículo 7. Violencia contra la mujer. Comete el delito de violencia contra la mujer quien, en el
ámbito público o privado, ejerza violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de las siguientes
circunstancias:
a) Haber pretendido, en forma reiterada o continua, infructuosamente, establecer o reestablecer
una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
b) Mantener en la época en que se perpetrare el hecho, o haber mantenido con la víctima
relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad,
compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa.
c) Como resultado de ritos grupales usando armas de cualquier tipo.
d) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o
cometiendo actos de mutilación genital.
e) Por misoginia.
La persona responsable del delito de violencia física o sexual contra la mujer será sancionada con
prisión de cinco a doce años, de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de que los hechos
constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias.
La persona responsable del delito de violencia psicológica contra la mujer será sancionada con
prisión de cinco a ocho años de acuerdo a la gravedad del delito, sin perjuicio de que los hechos
constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias.
Artículo 8. Violencia económica. Comete delito de violencia económica contra la mujer quien,
dentro del ámbito público o privado, incurra en una conducta comprendida en cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) Menoscabe,limite o restrinja la libre disposición de sus bienes o derechos patrimoniales o
laborales
b) Obligue a la mujer a suscribir documentos que afecten, limiten o restrinjan su patrimonio o
lo pongan en riesgo; o que lo eximan de responsabilidad económica, penal, civil o de
cualquier otra naturaleza.
c) Destruya u oculte documentos justificativos de dominio o de identificación personal, o
bienes, objetos personales, instrumentos de trabajo que le sean indispensables para ejecutar
sus actividades habituales.
d) Someta la voluntad de la mujer por medio del abuso económico al no cubrir las necesidades
básicas de ésta y la de sus hijas e hijos.
e) Ejerza violencia psicológica, sexual o física sobre la mujer, con el fin de controlar los
ingresos o el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar.
La persona responsable de este delito será sancionada con prisión de cinco a ocho años, sin
perjuicio de que los hechos constituyan otros delitos estipulados en leyes ordinarias.
Artículo 9. Prohibición de causales de justificación. En los delitos tipificados contra la mujer no
podrán invocarse costumbres o tradiciones culturales o religiosas como causal de justificación o de
exculpación para perpetrar, infligir, consentir, promover, instigar o tolerar la violencia contra la
mujer.
Con la sola denuncia del hecho de violencia en el ámbito privado, el órgano jurisdiccional que la
conozca deberá dictar las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 7 de la Ley para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia intrafamiliar, pudiéndose aplicar a la mujer que sea víctima de
los delitos establecidos en la presente ley, aún cuando el agresor no sea su pariente.
Artículo 10. Circunstancias agravantes. Las circunstancias que agravan la violencia contra la
mujer deben ser analizadas de acuerdo a lo siguiente:
a) En relación a las circunstancias personales de la persona que agrede.
b) En relación a las circunstancias personales de la víctima.
c) En relación a las relaciones de poder existentes entre la víctima y la persona que agrede.
d) En relación al contexto del hecho violento y el daño producido a la víctima.
e) En relación a los medios y mecanismos utilizados para perpetrar el hecho y el daño
producido.
CAPÍTULO V
REPARACIONES
Artículo 11. Resarcimiento a la víctima. La reparación a la víctima será proporcional al daño
causado y al grado de culpabilidad del autor del delito.
En ningún caso implicará un
enriquecimiento sin causa de la víctima.
El resarcimiento podrá decretarse por los órganos de justicia que conozcan del caso concreto.
Cuando la víctima haya fallecido, el derecho a la reparación se extiende a sus sucesores, de acuerdo
a lo establecido en el Código Civil y Código Procesal Penal.
Artículo 12. Responsabilidad del Estado. En cumplimento a lo establecido en la Constitución
Política de la República de Guatemala y en los convenios y tratados internacionales sobre derechos
humanos aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala, el Estado será solidariamente
responsable por la acción u omisión en que incurran las funcionarias o funcionarios públicos que
obstaculicen, retarden o nieguen el cumplimiento de las sanciones previstas en la presente ley,
pudiendo ejercer contra éstas o éstos la acción de repetición al resultare condenado, sin perjuicio de
las responsabilidades administrativas o civiles.
CAPÍTULO VI
OBLIGACIONES DEL ESTADO
Artículo 13. Derechos de la víctima. Es obligación del Estado garantizar a la mujer que resulte
víctima de cualquier forma de violencia, los siguientes derechos:
a) Acceso a la información
b) Asistencia integral.
Los y las funcionarias que sin causas justificadas nieguen o retarden la entrega de información o la
asistencia integral en perjuicio del proceso o de la víctima, se harán acreedores a medidas y
sanciones laborales y administrativas, sin perjuicio de responsabilidades civiles o penales, según el
caso.
Artículo 14. Fortalecimiento de las dependencias encargadas de la investigación criminal.
Para el cumplimento de las disposiciones contenidas en la presente Ley, el Ministerio Público
deberá crear la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad Física de la Mujer, especializada en la
investigación de los delitos creados por esta ley, con los recursos presupuestarios, físicos,
materiales, científicos y humanos que le permitan el cumplimento de los fines de la misma.
Artículo 15. Creación de los órganos jurisdiccionales especializados. La Corte Suprema de
Justicia, implementará órganos jurisdiccionales especializados que deberán conocer de los delitos
establecidos en la presente ley, organizando su funcionamiento en régimen de veinticuatro (24)
horas, sin perjuicio de la competencia atribuida a los juzgados del ramo penal.
Artículo 16. Centros de Apoyo Integral para la Mujer Sobreviviente de Violencia.
Es
obligación del Estado garantizar el acceso, la pertinencia, la calidad y los recursos financieros,
humanos y materiales para el funcionamiento de los Centros de Apoyo Integral para la Mujer
Sobreviviente d Violencia. Será la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia
Intrafamiliar y en contra de la Mujer -CONAPREVI-, quién impulsará su creación y dará
acompañamiento, asesoría y monitoreo a las organizaciones de mujeres especializadas, que los
administren.
Artículo 17. Fortalecimiento Institucional. La Coordinadora Nacional para la Prevención de la
Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer -CONAPREVI-, es el ente coordinador, asesor,
impulsor de las políticas públicas relativas a reducir la violencia intrafamiliar y la violencia en
contra de las mujeres.
Corresponde al Estado el fortalecimiento e institucionalización de las instancias ya creadas, para el
abordaje de la problemática social de violencia contra la mujer, para asegurar la sostenibilidad de
las mismas, entre ellas: la CONAPREVI, la Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-, la Secretaría
Presidencial de la Mujer -SEPREM-, así como el servicio de asistencia legal gratuita a víctimas que
presta el Instituto de la Defensa Pública Penal. Asimismo, se garantizará el fortalecimiento de otras
organizaciones no gubernamentales en igual sentido.
Artículo 18. Capacitación a funciones del Estado. En el marco de la ejecución del Plan Nacional
de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer – PLANOVI-, a la
Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer
-CONAPREVI-, y otras organizaciones no gubernamentales, les corresponde el asesoramiento,
seguimiento y monitoreo de los procesos de formación y capacitación sobre violencia contra la
mujer y con pertinencia étnico-cultural dirigidos a funcionarias y funcionarios públicos, con
especial énfasis a las o los operadores de justicia.
Artículo 19. Asistencia legal a la víctima. El Estado tiene la obligación de brindar la asistencia
legal en forma gratuita a la víctima o a sus familiares, debiendo proporcionarles los servicios de una
abogada defensora pública o abogado defensor público, para garantizar el efectivo ejercicio de sus
derechos.
Artículo 20. Sistema nacional de información sobre violencia en contra de la mujer. El
Instituto Nacional de Estadísticas -INE-. está obligado a generar, con la información que deben
remitirle al Organismo Judicial, el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación,
Institución del Procurador de los Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Instituto de la
Defensa Pública Penal, Bufetes Populares y cualquier otra institución que conozca de los delitos
contemplados en la presente ley, indicadores e información estadística, debiendo crear un Sistema
Nacional de Información sobre Violencia contra la Mujer. Las entidades referidas deberán
implementar los mecanismos adecuados, de acuerdo a su régimen interno, para el cumplimento de
esta obligación.
Artículo 21. Asignaciones presupuestarias. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá asignar
los recursos dentro del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, para el cumplimento de la
presente ley, con relación a los siguientes aspectos:
a) Creación de la Fiscalía de Delitos contra la Vida e Integridad Física de la Mujer.
b) Fortalecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses -INACIFc) Creación de órganos jurisdiccionales especializados para el conocimiento de los delitos
contra la vida e integridad física de la mujer.
d) Fortalecimiento y adecuado funcionamiento de la Coordinadora Nacional para la Prevención
de la Violencia Intrafamiliar y en contra de la Mujer -CONAPREVI-,
e) Implementación del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia
Intrafamiliar y Contra la Mujer -PLANOVIf) Fortalecimiento del servicio de protección a sujetos procesales y personas vinculadas a la
administración de justicia penal.
g) Fortalecimiento del Instituto de la Defensa Pública Penal para la prestación del servicio de
asistencia legal gratuita.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Artículo 22. Transitorio.
En tanto la Corte Suprema de Justicia implementa los órganos
jurisdiccionales especializadas a que se refiere el artículo 15 de la presente ley, se atenderá lo
establecido en el Código Procesal Penal, Decreto Número 51-92 del Congreso de la República y sus
reformas y la Ley del Organismo Judicial. Mientras se establecen los tribunales especializados,
tendrán competencia para conocer en los casos de la presente ley, los que la Corte Suprema de
Justicia determine.
Los órganos jurisdiccionales especializados a que se refiere el artículo 15 de la presente ley, deberán
ser establecidos progresivamente dentro de los doce meses siguientes a la vigencia de esta ley, en
toda la República.
Artículo 23. Transitorio. En tanto el Ministerio Público no haya implementado la Fiscalía de
Delitos contra la Vida e Integridad Física de la Mujer prevista en el artículo |4 de la presente ley, el
Fiscal General y Jefe del Ministerio Público deberá determinar, de acuerdo al régimen interno del
Ministerio Público, qué fiscalías deben de conocer.
La fiscalía a la que se refiere el artículo 14 de la presente ley, deberá ser establecida dentro de los
doce meses siguientes a la vigencia de esta ley.
Artículo 24. Se reforma el artículo 2 del Decreto Número 70-96, Ley para la Protección de Sujetos
Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia Penal, el cual queda redactado
así:
“Artículo 2l. Objeto. El servicio de protección tiene como objeto esencial, proporcionar
protección a funcionarios y empleados del Organismo Judicial, de las fuerzas de seguridad civil y
del Ministerio Público, así como a testigos, peritos, consultores, querellantes adhesivos, mujeres
víctimas de violencia, sus hijas e hijos, así como otras personas que estén expuestas a riesgos por su
intervención en procesos penales. También dará cobertura a periodistas que lo necesiten por
encontrarse en riesgo, debido al cumplimiento de su función informativa.”
Artículo 25. Supletoriedad. Son aplicables supleatoriamente a esta ley las disposiciones del
Decreto Número 17-73, Código Penal; Decreto Número 51-92, Código Procesal Penal; Decreto
Número 2-89, Ley del Organismo Judicial; Decreto Número 97-96, Ley de Dignificación y
Promoción Integral de la Mujer; Decreto Número 42-2001, Ley de Desarrollo Social; Decreto-Ley
106, Código Civil; Decreto-Ley 107, Código Procesal Civil y Mercantil, así como las
modificaciones y reformas a todas las leyes antes señaladas.
Artículo 26. Fuentes de Interpretación. Constituyen fuentes de interpretación de esta ley lo
establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y en los convenios y tratados
internacionales sobre derechos humanos, aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala. En
particular, serán fuente de interpretación de esta ley:
a) La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer.
b) La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer.
Artículo 27. Derogatoria. Se derogan todas las disposiciones legales o reglamentarias que se
opongan o contravengan las normas contenidas en la presente ley.
Artículo 28. Vigencia.
El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
REMÍTASE
AL
ORGANISMO
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.
EJECUTIVO
PARA
SU
SANCIÓN,
EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD
DE GUATEMALA, EL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL OCHO.
PALACIO NACIONAL Guatemala, dos de mayo del año dos mil ocho.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
COLOM CABALLEROS
DR. CARLOS VINICIO GOMEZ RUIZ
MINISTRO DE GOBERNACIÓN
LIC. CARLOS LARIOS OCHAITA
SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
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