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la ley de telecomunicaciones que queremos
LA LEY DE TELECOMUNICACIONES QUE QUEREMOS
Queremos una ley con una perspectiva transversal de derechos humanos que garantice la libertad de
expresión, los derechos a la información y comunicación, de acuerdo a los estándares internacionales.
La ley propuesta por el Estado mexicano olvida garantizar el servicio público de las telecomunicaciones y la radiodifusión, permite la censura previa, viola el derecho a la privacidad y sólo garantiza los
derechos de las empresas y no los de la ciudadanía.
La iniciativa gubernamental que actualmente se discute en el Congreso va en contra de lo establecido
en la Constitución y representa un grave retroceso para el ejercicio de nuestras libertades que tanto
trabajo nos han costado adquirir como sociedad. Las leyes secundarias en telecomunicaciones y
radiodifusión deben de preservarlas y agregarles progresividad tal como lo plantea el artículo 1º de
nuestra Carta Magna.
La ley en la materia que queremos debería al menos contemplar:
Derecho digitales y colaboración con la justicia
1. Queremos que Internet sea un espacio abierto, plural y equitativo. Aunque el principio de
neutralidad de la red lo garantiza, el artículo 146 lo vulnera al establecer un régimen de discriminación del tráfico de Internet con criterios comerciales, en perjuicio de la innovación, el bolsillo de
los consumidores y la libertad de expresión. Además queremos que cualquier persona decida a
qué contenidos, aplicaciones y servicios en Internet desea acceder sin que autoridades o empresas interfieran con ese derecho.
2. Queremos que se respete el derecho a la privacidad de las y los ciudadanos. Rechazamos que
alegando la colaboración con la justicia, se permita la recolección indiscriminada de datos de
todas y todos los usuarios, incluyendo su geolocalización, se amplíen las facultades de vigilancia
de las comunicaciones y que no se establezcan controles como el control judicial, la supervisión
independiente y la transparencia para evitar el abuso.
3. Una ley en la cual el bloqueo de señales de telecomunicaciones aplicado a segmentos del
público no puede estar justificado en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o
seguridad nacional.
4. La reforma constitucional señala que “El Estado garantizará a la población su integración a la
Sociedad de la Información y el Conocimiento” para lo cual se requiere, además de una política de
inclusión digital universal, que construya una agenda digital, que contemple alfabetización digital
y mediática, educación para los medios y ciudadanía participativa que permita a todas y a todos,
especialmente a niños y niñas, acceder realmente a la información que se encuentra en las redes.
5. Es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, la libre elección del software para atender sus
necesidades de cómputo, por tanto es una obligación del Estado promover y garantizar la observancia de interoperabilidad tanto en los sistemas públicos, como en servicios de proveedores
privados, a través de estándares abiertos y formatos libres de intercambio de información. Consideramos que la ley debe ser congruente con los avances en normatividad y política pública en el
ámbito internacional para la adopción de software libre, y que éste es muy importante para el
conjunto de los procesos educativos y el desarrollo de capacidades nacionales.
Derechos de las audiencias
6. Queremos que los usuarios y las audiencias estén en el centro de la regulación. El Estado no
puede claudicar en su obligación de proteger a las audiencias por lo que exigimos que se modifique el artículo 257 que deja estos derechos a criterio, desarrollo y cumplimiento opcional de los
medios. El IFT debe de tener suficientes facultades para tutelar esos derechos.
7. Queremos que el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidades sea
garantizado, recordando que el artículo 4 de la Convención sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad impone la obligación al Estado mexicano de tomar todas las medidas necesarias,
incluyendo las legislativas, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. La
legislación debe incluir las medidas para que las telecomunicaciones y la radiodifusión sean
accesibles a todas y todos tales como subtitulado e intérprete en Lengua de Señas Mexicana en
contenidos audiovisuales, servicio de relevo de comunicaciones, páginas de internet accesibles,
acceso a servicios de emergencia a través de mensajes de texto y videoconferencia, y que la
accesibilidad de los servicios se adapte a los cambios tecnológicos.
8. La perspectiva de género tiene que ser transversal. Es necesario promover que los contenidos
no reproduzcan la objetivización de las mujeres ni conductas sociales que resulten discriminatorias. Es necesario un observatorio de medios dentro del IFT y que se establezcan políticas públicas
que favorezcan la creación de infraestructura y de medios administrados por mujeres.
9. La ley que queremos debe asegurar que niñas, niños y adolescentes estén protegidos en sus
derechos informativos; no aceptamos una ley que no garantice que los medios de comunicación
cumplan con el artículo 4º constitucional que plantea el interés superior de las y los niños. No
aceptaremos una ley que no asuma la obligación de los medios públicos de producir contenidos
de calidad nacionales y regionales, con productoras independientes, adecuados a los distintos
sectores de población compuesta por niños y niñas, y con espacio para el ejercicio de su libertad
de expresión. Tampoco aceptaremos una ley en donde el IFT no asuma su responsabilidad frente a
los derechos de las y los niños; este Instituto debe vigilar la publicidad dirigida a niños y niñas,
crear políticas públicas para generar contenidos de calidad y construya una agenda digital que
permita a nuestros niños y niñas aprovechar las posibilidades del Internet en la sociedad de la
información y el conocimiento.
Pluralidad de contenidos y Concentración mediática y económica
10. La televisión digital es la oportunidad para haya más señales, entren nuevos competidores y se
fortalezca el desarrollo de medios de uso público y social, comunitario e indígena, pero la iniciativa del gobierno le da la mayor parte de las nuevas señales, producto de la multiprogramación, a
los mismos dueños, y no establece ningún límite a la concentración de medios.
11. Las reglas para limitar los abusos de las empresas son indispensables para garantizar la libertad
de expresión, la pluralidad de contenidos y los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. La
iniciativa del gobierno no limita los abusos en los mercados de televisión abierta y en televisión
restringida, dejándonos a merced de los más poderosos.
12. Queremos un sistema de medios plural en el que quepan todas las voces en las distintas plataformas como televisión abierta, restringida, televisión móvil e internet. La iniciativa del gobierno no
pone límites eficaces a la propiedad cruzada y permite que los monopolios sigan dominando varias
plataformas y por lo tanto, al sistema de medios del país. Al determinar la preponderancia sólo por
sector y no por mercados, permite que los monopolios de radiodifusión sigan creciendo.
13. Porque es necesario tener información y puntos de vista plurales que den cabida a todas las
voces, exigimos una ley que fortalezca a la producción nacional independiente, obligando a que los
medios les contraten y transmitan al menos un 20% de producción nacional independiente. La
iniciativa del gobierno, tiene una definición engañosa que reconoce como independientes a
muchos productores relacionados con los grandes medios como Televisa, además de que penaliza
a la audiencia con más publicidad para aquellos medios que incluyan producción independiente.
Medios públicos
14. Porque en toda sociedad democrática deben existir medios públicos fuertes, independientes y
plurales, a cargo de instituciones del Estado, estos medios deben permitir participación ciudadana
en sus barras programáticas y en sus consejos consultivos. Queremos que la ley dé a estos medios
herramientas para no depender únicamente del presupuesto oficial sin ninguna independencia
editorial, sino permitirles comercializar para que crezcan, produzcan, y apoyen a la producción
independiente.
Medios sociales, comunitarios e indígenas
15. Los medios sociales son diferentes de los medios públicos; son medios operados por
grupos sociales independientes de cualquier institución del Estado, incluida la Comisión
Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Queremos más medios diversos que
respondan a las necesidades de la ciudadanía, por ello hay que reconocer en la legislación a
los medios de tipo social, comunitarios e indígenas, estableciendo un procedimiento equitativo, claro y viable para que las comunidades puedan acceder a las frecuencias.
16. Los medios sociales no tienen un techo presupuestal público, por lo tanto necesitan de la
venta de publicidad para poder sobrevivir en condiciones dignas para los y las comunicadoras
comunitarias. Comercializar no es lo mismo que lucrar.
17. Queremos que nadie sea encarcelado o criminalizado de ninguna forma por abrir una emisora de uso social, comunitario o indígena. La ley plantea sanciones tan desproporcionadas en este
rubro que se convierten en mordazas para acallar a las voces incómodas.
Publicidad oficial, tiempos fiscales y de Estado
18. Queremos que los gobiernos dejen de gastar millones de pesos de nuestros impuestos en
comprar ilegalmente propaganda para autopromocionarse en radio y televisión. Se utilizan
recursos públicos para premiar o castigar a medios y periodistas. Los mensajes de los gobiernos deben ser informativos, no propagandísticos y deben difundirse sólo en los tiempos
fiscales gratuitos que ya existen y que la iniciativa del Ejecutivo quiere retirar. El artículo 252
da “hasta” 30 minutos de tiempo gratuito por concesión. Eso no considera los tiempos fiscales
de 18 minutos en Televisión y 35 minutos en radio, lo que junto a los 30 minutos que se dispone, suman hoy 65 minutos en radio y 48 en televisión privada. De prosperar la iniciativa quedarían sólo 30 minutos en cada emisora. Todo esto significa que el Estado tendrá menos
tiempos gratuitos para difundir mensajes institucionales en emisoras de radio y televisión
pero no menos gasto en publicidad gubernamental. Por ello también es urgente que el Congreso emita una ley que regule la publicidad oficial. La iniciativa también afecta los tiempos gratuitos en tiempo electorales que implicaría ir en
contra de la obligación individual de cada concesión a transmitir promocionales electorales
locales y no uno mismo para todas las repetidoras, con lo cual impediría la posibilidad de
difundir mensajes electorales focalizados y afectaría a las candidaturas independientes
locales, entre otras afectaciones
Nos encontramos en un momento determinante, por lo que como grupos y colectivos de la sociedad,
los abajo firmantes exigimos al Congreso y a los partidos políticos a que legislen bajo su mandato de
garantizar el bien común, la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación con
el objetivo de privilegiar los derechos de la ciudadanía sobre cualquier otro interés particular.
La ley secundaria que se está debatiendo en el Congreso debe tomar en cuenta los 18 puntos enumerados en este documento para refrendar de manera clara el compromiso de nuestros gobernantes en
limitar la concentración y los monopolios, garantizar la independencia del regulador, defender la
neutralidad de la red y, de esta manera, fomentar más pluralidad, competencia, transparencia, calidad
y diversidad en las telecomunicaciones y radiodifusión. De no ser así, esta reforma pondría en riesgo
nuestros derechos y democracia.
Firman:
…y las mujeres qué?; 1111mx; A favor de lo mejor; Adriana Solórzano (IMER); Agencia Autónoma de Comunicación
Subversiones; Ajusco Radio; AlConsumidor A.C.; Alianza Cívica; Alianza Internacional de Habitantes (Veracruz);
Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (AlianzaMx); Amigos la revista; Arena Ciudadana; Ariadna
Saavedra; Artículo 19; Asamblea Comunitaria Miravalle; Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI);
Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (Amarc-Mx); Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (ADIVAC); Baltimore Beltrán (actor); Bárbara Anderson Font (periodista); Beatriz Solís de Radio
Educación (Radio Educación); Bufete de Estudios interdisciplinarios A. C.; Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País;
Católicas por el Derecho a Decidir A.C.; Centro Cultural Esperanza Rodríguez, A.C.; Centro de Derechos Humanos Fr.
Francisco de Vitoria O.P., A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Centro de Investigación
Política y Alternativas Sociales, Babel Sur, A.C.; Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Ciudadanos en
Medios, Democracia e Información; Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA); Clóset de Sor Juana, A.C.;
Coalición de Personas Sordas del Distrito Federal (CoPeSor); Coalición México por los derechos de las personas con
discapacidad (COAMEX); Colectivas, A.C.; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE); Colectivo de Apoyo a Personas Migrantes - COAMI; Comité de
Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CODIGO DH); Colectivo por el Derecho a la Comunicación
(CODEC); Colectivo Yehcoa (Estado de México); Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos
de la Mujer (CLADEM-México); Comité Jurídico y de Derechos Humanos CoJuDH132; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.; Comunicación Comunitaria A.C; Comunicación e Información de la
Mujer, A.C (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.; Contingente MX; Cooperativa Primero de Mayo Enlace Popular; Cuerpo Académico Sociedad y Región; Cultura Ecológica; Daniel Gershenson (defensor
de derechos humanos); Daniel Giménez Cacho (actor); Discapacitados Visuales IAP; Educando en los Derechos y la
Solidaridad, A.C. (EDUCADYS); El Colectivo por la Transparencia; El Grito Más Fuerte; El Poder del Consumidor: El
Taller: Centro de Sensibilización y Educación Humana A.C.; Equipo Pueblo; Feminicidios ¡Nunca Más!; Freedom
House; Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Fundación
para la Democracia, Alternativa y Debate A.C.; Fundación Quinta Carmelita; Gabriel Sosa Plata (MVS); Gabriel Soto
(defensor de derechos humanos); Gente Diversa; Gestión Social y Cooperación, A.C. (GESOC); Grupo de Estudios
Ambientales GEA, A.C.; Ilse Salas (actriz); Ímpetu Centro de Estudios, A.C.; Iniciativa Sinaloa; Instituto Mexicano de
Derechos Humanos y Democracia, A.C. Katia D'Artigues Beauregard (periodista); La Banda No Discrimina; Laura
Imperiale (productora de cine); Más de 131; Mojiganga Arte Escénico; Mozilla México; Natalia Beristain (actriz); Periodistas de a pie; Pobladores A.C. (Veracruz); Propuesta Cívica, A.C.; Red Cívica Veracruzana, A.C. (RECIVE); Red en
Defensa de los Derechos Digitales (R3D); Red de Formación en Derechos y Posibilidades de la Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y
Todos” [(Agenda LGBT (Estado de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal);
Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los
Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.);
Casa del Migrante Saltillo (Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián
Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla,
Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de
Derechos Humanos Digna Ochoa A.C (Chiapas); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C.
(Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos
de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C.
(Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.);
Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito
Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción
Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara,
Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH
José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C.
(Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos
Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San
Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito
Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de
Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos
Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida”
(Distrito Federal); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de
Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas
(Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro
Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante
González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán,
Sin.); Indignación, A. C.; Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad
y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.
C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional
de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito
Federal); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos,
Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
(Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de
Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de
Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)]Revista Hashtag: Ririki Intervención
Social, S.C.; Sandra Patargo (defensora de derechos humanos); Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ); SocialTic A.C.; Sonora Ciudadana; Sophie Alexander- Katz (actriz); Vía Orgánica, A.C.
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