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la «docTrIna paroT» Y el Fallo del Tedh en el aSUnTo DEL RÍO

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la «docTrIna paroT» Y el Fallo del Tedh en el aSUnTo DEL RÍO
REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, 3.ª Época, n.º 9 (enero de 2013), págs. 377-416
LA «DOCTRINA PAROT» Y EL FALLO
DEL TEDH EN EL ASUNTO DEL RÍO PRADA
C. ESPAÑA:
El principio del fin de un conflicto sobre el castigo
de hechos acaecidos hace más de veinte años* 1
José Núñez Fernández
Profesor Doctor
Departamento de Derecho penal y Criminología
UNED
Sumario: I. Introducción. II. Antecedentes. 1. La situación previa a la «doctrina Parot»: supuestos de pluralidad delictiva juzgados conforme al Código penal de 1973
por los hechos acaecidos durante su vigencia. 2. Desde la entrada en vigor del Código penal de 1995 hasta la «doctrina Parot» establecida por la Sentencia del Tribunal
Supremo 197/2006, de 28 de febrero. 2.1 Situación tras la entrada en vigor del vigente Código penal en 1995. 2.2 La «doctrina Parot»: STS 197/2006, de 28 de febrero. 3. La postura del Tribunal Constitucional ante la «doctrina Parot». 3.1 Supuestos en los que se ha concedido el amparo. 3.2 Motivos por los que no se concedió
el amparo III. La postura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Sentencia de 10 de julio de 2012 Asunto del Río Prada c. España STEDH, 3.ª, 10.07.2012
(42750/09) 1. Antecedentes del caso. 2. Contenido del fallo. 2.1 Sobre la violación del principio de legalidad: artículo 7 del CEDH. 2.2 Sobre la violación de derecho a la libertad: artículo 5 del CEDH. IV. El efecto de la Sentencia de 10 de julio
de 2012 Asunto Del Río Prada c. España. 1. La obligatoriedad de las Sentencias del
TEDH para las Altas Partes Contratantes. 2. Irretroactividad de la jurisprudencia
desfavorable. V. Conclusiones y valoración crítica. VI Bibliografía.
El presente artículo se enmarca en el proyecto de investigación «Garantías penales
en la creación, aplicación y ejecución del Derecho penal de la Unión Europea», con referencia DER2012-32977, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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José Núñez Fernández
Resumen: El presente artículo analiza la «doctrina Parot» establecida por la STS 197/2006 de 28 de febrero. Para ello se realiza un
estudio desde el momento en que estaban vigentes los preceptos legales que la misma interpreta hasta el fallo en primera instancia del
TEDH en el asunto Del Río Prada c. España. Asimismo, se procede
al examen de una serie de aspectos relacionados con la cuestión a
tratar que no han recibido la suficiente atención.
Palabras clave: «Doctrina Parot», beneficios penitenciarios, irretroactividad, jurisprudencia, legalidad, libertad, efectos de las sentencias del TEDH, cumplimiento íntegro, retribución.
Abstract: This article analyses the so called «Parot doctrine» established by the Spanish Supreme Court in the sentence 197/2006 of
February 28th. In order to do so, a study is carried out since the
enactment of the legal previsions interpreted by the mentioned sentence until the EcTHR decided on the case Del Río Prada v. Spain.
Moreover, some aspects related to the matter that have not received
proper attention are also analyzed.
Key words: «Parot doctrine», penitentiary benefits, irretroactivity,
jurisprudence, legality, liberty, the effects of the sentences issued by
the EcTHR, complete fulfilling of conviction, retribution.
I. Introducción
El cumplimiento íntegro de condena de treinta años de prisión
dentro de un centro penitenciario por parte de individuos que delinquieron en su mayoría durante la década de los ochenta es el principal objetivo de la conocida como «doctrina Parot». Este planteamiento jurisprudencial, que vio la luz el 28 de febrero de 2006, se ha
aplicado a personas que cometieron múltiples delitos en régimen de
concurso real durante la vigencia del Código penal de 1973, siendo
la suma aritmética de las distintas penas de prisión correspondientes a las diferentes infracciones muy superior a ese límite de treinta
años del cumplimiento máximo de condena que establecía para tales
casos el derogado texto punitivo. Los destinatarios de esta doctrina
son, en su mayoría, presos condenados por delitos de terrorismo relacionados con la banda terrorista ETA.
La cuestión está de nuevo de plena actualidad porque el 12 de
julio de 2012, en la Sentencia del TEDH asunto Del Río Prada c. España (STEDH, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09), este Alto Tribunal consideró, en primera instancia, que dicha doctrina vulneraba los princi© UNED. Revista de Derecho Penal y Criminología, 3.a Época, n.o 9 (2013)
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pios de legalidad y de libertad tal y como los recoge el CEDH 1 en sus
artículos 7 y 5.1 respectivamente. El Gobierno español recurrió el
fallo ante la Gran Sala del TEDH que admitió el recurso y el pasado
20 de marzo de 2013 inició la deliberación sobre el mismo sin que
ésta haya aún finalizado.
El impacto mediático de este asunto ha alcanzado dimensiones
enormes que han dado cabida a infinidad de debates (televisivos,
radiofónicos y virtuales), titulares y noticias de prensa. En la opinión pública española predomina la indignación ante el fallo de la
instancia judicial europea y tal vez no podría ser de otra manera
cuando implica a terroristas de ETA y cuando en nuestro país, de un
tiempo a esta parte, Gobierno y ciudadanía entienden que este tipo
de criminalidad, al igual que otras como la de índole sexual, solo
pueden solucionarse por la vía del endurecimiento de las penas y las
condiciones de su ejecución, sobre todo cuando se trata de penas de
prisión. Da la sensación por tanto de que la cuestión a tratar tiene
vocación de presente y futuro y viene a definir de ahora en adelante
nuestra política criminal, si es que la misma existe 2, en cuanto al tratamiento punitivo de sujetos que comenten una pluralidad de delitos
graves de determinada naturaleza.
Y nada más lejos de la realidad 3: el objeto de discusión gira en torno
a la ejecución de condenas de prisión por hechos cometidos durante los
años ochenta y juzgados conforme al Código penal de 1973 vigente en
el momento en que tales hechos acaecieron. Se trata de determinar si
tiene cabida en un Estado de Derecho como el que define la Constitu 1 El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de Derechos
Humanos, fue adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1950 y entró
en vigor en 1953. España lo ratificó el 26 de septiembre de 1979 y se publicó en el
Boletín Oficial del Estado el 10 de octubre de ese año (BOE de 10 de octubre de 1979,
núm. 243, accesible en http://www.boe.es/boe/dias/1979/10/10/pdfs/A23564-23570.pdf).
2 Para algunos los múltiples y erráticos cambios que ha experimentado nuestro
Código penal desde su entrada en vigor, que superan la treintena, deben llevar necesariamente a la conclusión de que no existe política criminal como tal (vid. Serrano Gómez, A., «Legislación líquida. Una nota sobre el Proyecto de Ley de 2009 de
Reforma del Código penal», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología,
12-r3 (2010)). En efecto, si la única línea clara que cabe distinguir en las sucesivas
reformas es la expansión de los tipos penales y el progresivo recrudecimiento de la
respuesta punitiva, no se puede decir que el Legislador haya seguido una política
criminal en sentido estricto.
3 Sobre la ausencia de rigor en las informaciones vertidas en prensa y los efectos
nocivos que causan las mismas, véase Núñez Fernández, J., «Imputación objetiva y
alarma social: reflexiones sobre el caso Jesús Neira», en LA LEY, Revista española de
doctrina, jurisprudencia y bibliografía. Tomo 1/2010, pp. 1725-1731.
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ción española y el CEDH, el que casi veinte años más tarde de la perpetración de comportamientos delictivos el Tribunal Supremo interprete,
de forma novedosa, en perjuicio del reo y dejando sin efecto alguna de
las mismas, las normas que determinaban la ejecución de la condena
prevista para tales conductas a fin de alargar en casi diez años la pena
de prisión a cumplir dentro de un centro penitenciario por parte del
condenado. Lo que se decida al respecto tendrá efecto para un número
limitado de personas pues hablamos de hechos pasados cometidos bajo
la vigencia de un Código penal ya derogado. No obstante, desde el punto de vista jurídico, la decisión, de ser confirmada en todos sus pronunciamientos, podría dar lugar a un reinterpretación de la prohibición de
retroactividad de las disposiciones penales desfavorables (artículos 25.1
y 9.3 CE), como más adelante habrá ocasión de comprobar.
Es por ello que el presente artículo comienza con una mirada hacia ese pasado legislativo sobre el que ahora se discute a fin de dejar
claros los límites y las implicaciones de la actual controversia. En
este sentido, se analizarán los preceptos relevantes del Código penal
de 1973 y la interpretación que de los mismos se hizo hasta que se
dictó la STS 197/2006, de 28 de febrero que aplicó por primera vez la
«doctrina Parot». Seguidamente, se procede a examinar el contenido
de este planteamiento jurisprudencial y la valoración que sobre el
mismo ha hecho el Tribunal Constitucional. Más adelante se estudia
el contenido de la Sentencia del TEDH de 10 de julio de 2012, asunto
del Río Prada c. España (STEDH, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09) así como
la cuestión relativa a sus posibles efectos en el Estado español en caso
de que la misma fuese ratificada por la Gran Sala del Alto Tribunal.
Por último y a modo de conclusión, se expondrán una serie de reflexiones críticas en torno a algunas cuestiones relacionadas con los
temas mencionados que no han recibido la suficiente atención.
II. Antecedentes
1. La situación previa a la «doctrina Parot»: supuestos de
pluralidad delictiva juzgados conforme al Código penal
de 1973 por los hechos acaecidos durante su vigencia
Durante la vigencia del Código penal de 1973 4 cuando un sujeto
cometía varias acciones u omisiones cada una de las cuales realizaDecreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal,
texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre. BOE, núm. 297, de
12 de diciembre de 1973.
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ba un delito 5 se le aplicaban las reglas del concurso real regulado en
el artículo 69 del referido texto legal que a tal efecto establecía: «Al
culpable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas
correspondientes a las distintas infracciones para su cumplimiento
simultáneo si fuera posible, por la naturaleza o efectos de las mismas».
En los supuestos en que las distintas penas a imponer por las
diferentes infracciones cometidas eran de prisión, como es el caso
de los supuestos que nos ocupan, no cabía dicho cumplimiento
simultáneo y, por esa razón, debían aplicarse las reglas 1.ª y 2.ª del
artículo 70 CP 1973 previstas para el cumplimiento sucesivo de las
distintas sanciones. La primera de estas reglas indicaba que se debía
seguir el orden de la respectiva gravedad de las distintas penas para
su cumplimiento sucesivo por el condenado. La segunda, establecía
un máximo de cumplimiento de la condena del culpable que a tal
efecto no podrá exceder del triplo del tiempo de la más grave de las
penas en que hubiese incurrido, dejando de extinguir las que procediesen desde que las ya impuestas cubrieren ese máximo, que no
podía exceder de treinta años.
Esta segunda regla establecía unos máximos de cumplimiento
de condena que se podían aplicar aun cuando las diferentes penas
impuestas al sujeto lo hubiesen sido en procesos distintos, siempre
que los hechos, por su conexión, pudiesen haberse enjuiciado en
uno solo (ver último párrafo del artículo 70 CP 1973). Este criterio
de conexidad se ha interpretado y se interpreta con flexibilidad por
parte de los tribunales españoles y la exégesis que ha terminado por
imponerse es aquélla según la cual siempre que la primera condena
fuese posterior en el tiempo al último de los hechos delictivos cometidos, se podrá apreciar la conexión prevista en el mencionado precepto pues, en realidad, ello demuestra que todos los hechos podrían
teóricamente haberse enjuiciado en un mismo proceso (ver, Pleno
no jurisdiccional del TS de 29 de noviembre de 2005 y, entre otras, la
STS 105/2004, de 30 de enero y la propia sentencia que establece la
«doctrina Parot» —STS 197/2006, de 28 de febrero—). Terminó pues
5 Entre otros muchos, véase Gil Gil, A., en Gil Gil, A., Lacruz López, J., MelenPardos, M., Núñez Fernández, J., Curso de Derecho penal, Parte General, Dykinson, Madrid, 2011, p. 722. La definición del concurso real expuesta que se sustenta
sobre la base de la legislación penal hoy vigente se asemeja a la que en su día diera
la doctrina respecto del precepto del Código penal de 1973 ahora analizado. En este
sentido, Rodríguez Devesa y Serrano Gómez sostenían que «…Hay concurso real
cuando el sujeto ha realizado varias acciones cada una de las cuales por separado es
constitutiva de un delito: hay tantas acciones como delitos» (véase Rodríguez Devesa,
J.M., y Serrano Gómez, A., Derecho penal español, Parte General, Decimoctava edición revisada y puesta al día, Dykinson, Madrid, 1995, p. 848).
do
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por prevalecer el aspecto cronológico así entendido para considerar
satisfecho el requisito de conexidad 6.
Estos máximos de cumplimiento de condena se establecían por
razones humanitarias, por la proscripción constitucional de penas o
tratos degradantes 7 y por el hecho de que nuestro sistema jurídico
no recoge, de momento, entre sus sanciones penales la cadena perpetua 8. Ello cobra sentido cuando estamos ante individuos que han
Ello además concuerda con lo que plantean Rodríguez Devesa y Serrano Góal respecto de la Reforma de 1967 que introdujo ese último párrafo. En este
sentido los mencionados autores afirman: «…El preámbulo número 7, de la ley 8 de
abril de 1967 justifica la adición en los siguientes términos: «Es conocida la aplicación
restrictiva que viene haciéndose de la limitación que, en cuanto a cumplimiento de
las penas, establece la regla segunda del artículo 70 del Código penal, por cuando se
reduce a los casos en que las múltiples infracciones que se incriminan a un mismo
agente se hallan relacionadas entre sí por una cierta conexión y se tramitan conjuntamente en el mismo proceso, conforme a los requisitos establecidos en los artículos 17 y 300 de la LECrim. De este modo lo que en definitiva es un beneficio para el
reo depende muchas veces del azar determinado por el enjuiciamiento o no en un
solo proceso y conduce a resoluciones injustas…». Véase Rodríguez Devesa, J.M., y
Serrano Gómez, A., Derecho penal…cit. p. 851.
7 El artículo 15 CE (BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978) establece: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso,
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». De
acuerdo con el Diccionario de la RAE, por pena inhumana se entiende la aquélla que
provoca graves padecimientos físicos o psíquicos por lo que merece socialmente el
calificativo de cruel, por insufrible o excesiva. Por su parte, la pena degradante es
aquélla que causa envilecimiento o grave humillación en el penado, pues supone
un tratamiento del mismo que le rebaja de su humana condición (ver Diccionario
de la lengua española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, España,
2001). Teniendo en cuenta estas definiciones y los estudios empíricos que demuestran que un encierro continuado de más de 15 años torna en irreversibles los efectos
perniciosos del mismo en el sentido de hacer que el sujeto se vuelva irrecuperable
para la vida en sociedad (véase Núñez Fernández, J., en Gil Gil, A, Lacruz López,
J.M., Melendo Pardos, M., Curso….cit.766), la privación de libertad perpetua en
el medio carcelario o de muy larga duración se puede considerar degradante y humillante. Por otro lado, un internamiento de esta naturaleza resultaría contrario al
artículo 25.2 CE que establece que «… Las penas privativas de libertad y las medidas
de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social…». Como se
explicará en el último apartado del presente artículo, toda pena que por su propia
naturaleza haga de partida imposible el logro de la reinserción o reeducación debe
considerarse contraria a este mandato.
8 Escribo «de momento» pues en el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, aprobado
por el Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2012, se introduce la prisión permanente revisable que puede, como se desprende de la Exposición de Motivos del
referido Anteproyecto, llegar a extenderse hasta el fin de la vida del penado (véase
el apartado II Exposición de Motivos del Anteproyecto). Si el Anteproyecto acaba
por incorporarse a la legalidad vigente, nuestro sistema jurídico sí contará entre sus
penas la posibilidad de privación perpetua de libertad, por mucho que ello resulte
6 mez
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cometido multitud de delitos graves, han sido condenados por ellos y
la suma aritmética de las distintas penas impuestas supera a veces
los miles de años (como en el caso de Henri Parot, condenado a
4.800 años de prisión —véase STS 197/2006, de 28 de febrero, o en
el de Inés del Río Prada condenada a 3.276 años y 6 meses de prisión —véanse los antecedentes del asunto Del Río Prada c. España,
STEDH, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09) o alcanza cantidades superiores
al centenar (como el caso del violador del Eixample de Barcelona —
STS 734/2008, de 14 de noviembre—).
Así pues, en supuestos como los referidos, se establecía un máximo de cumplimiento de condena de treinta años y se consideraba,
antes de la aparición de la «doctrina Parot», que ese máximo de
cumplimiento de condena consistía en realidad en una nueva pena
autónoma respecto de la cual habían de aplicarse los beneficios
penitenciarios que preveía el artículo 100 CP 1973, tales como la redención por días de trabajo 9. De acuerdo con este precepto, por cada
incompatible con el mandato constitucional del artículo 25.2 CE. Véase al respecto
el Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el mencionado Anteproyecto
aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por amplia mayoría,
en la reunión celebrada el 16 de enero de 2013. El texto íntegro del informe está disponible en la siguiente dirección:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_
Judicial/Actividad_del_CGPJ/Informes/Informe_al_Anteproyecto_de_Ley_Organica_
por_la_que_se_modifica_la_Ley_Organica_10_1995__de_23_de_noviembre__del_
Codigo_Penal
9 En los fundamentos jurídicos tercero y cuarto del voto particular a la sentencia
que establece la «doctrina Parot» (la tantas veces citada STS 197/2006, de 28 de febrero) formulado por los Magistrados José Antonio Martín Pallín, Joaquín Giménez
García y Perfecto Andrés Ibáñez, se pone de manifiesto que hasta ese momento, es
decir, hasta que se dicta la referida sentencia, la jurisprudencia entendía las penas
impuestas en los casos de concurso real sobre los que se aplica la regla segunda del
artículo 70 del Código penal de 1973, se «trasforman en otra de la misma naturaleza
pero distinta. Distinta porque en ella se integran las diversas penas para formar una
sola. Y porque la magnitud de ésta difiere (a veces extraordinariamente, como aquí) del
conjunto de las originarias. De este modo es como surge la pena de cumplimiento…a
extinguir por el reo. Cierto que, todavía en principio pues sobre ella según ese mismo
Código penal (RCL 1973, 2255), operará normalmente (en realidad por regla general),
la redención de penas por trabajo; que, según la previsión del artículo 100, incide sobre las impuestas una vez tratadas conforme a las mencionadas reglas de aplicación,
“para el cumplimiento”». Este planteamiento se ha seguido en muchos de los votos
particulares contrarios a sentencias del Tribunal Supremo que han aplicado la «doctrina Parot» con posterioridad al 28 de febrero de 2006 (cfr., entre otros, los votos
particulares formulados el Magistrado Luciano Varela Castro a la STS 734/2008, de
14 de noviembre y a la STS 1089/2011, de 27 de octubre y los votos particulares
formulados por el Magistrado Joaquín Jiménez García a la STS 898/2008, de 11 de
diciembre y a la STS 101/2013, de 8 de febrero). En el mismo sentido, véase Alcácer
Guirao, R., «La «doctrina Parot» ante Estrasburgo: Del Río Prada c. España (STEDH
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dos días de trabajo que realizara el condenado se le redimía uno de
condena y el tiempo así redimido se le contaría también para la concesión de la libertad condicional. De este régimen no se podían beneficiar ni los que quebrantasen o intentasen quebrantar la condena,
ni los que observasen de manera reiterada mala conducta durante el
cumplimiento de la pena.
La aplicación de este régimen recogido en el artículo 100 CP 1973
suponía que el máximo de cumplimiento de condena de treinta años
se podía reducir en un tercio y el condenado podía quedar puesto en
libertad a los veinte años de su ingreso en prisión si desempeñaba
el trabajo al que se refiere el mencionado precepto (ver, entre otras,
STS 1864/1994 de 8 de marzo).
2. Desde la entrada en vigor del Código penal de 1995
hasta la «doctrina Parot» establecida por la Sentencia
del Tribunal Supremo 197/2006, de 28 de febrero
2.1 Situación tras la entrada en vigor del vigente Código penal en 1995
Cuando entró en vigor el actual Código de 1995 seguían pendientes de enjuiciar supuestos de concurso real de infracciones penales
por hechos que habían acaecido durante la vigencia del Código penal
anterior respecto de los que se podía plantear la aplicación del máximo de cumplimiento de condena antes señalado, así como la aplicación de los beneficios penitenciarios de redención por días de trabajo.
Esta misma circunstancia también se daba respecto de supuestos
similares a los descritos en relación con los que ya había recaído fallo
condenatorio y el mismo estaba pendiente de ser ejecutado.
Para decidir cuál de los dos textos era más favorable (si el de
1995 o el de 1973), «todos los tribunales españoles incluido el Tribunal Supremo, partieron del dato normativo, nunca cuestionado, de que
sobre la pena resultante de aplicar la regla segunda del artículo 70 CP
1973, tendría que incidir la redención de penas por trabajo. Y fue en
vista de esta previsión legal de disminución del máximo de condena
representado por el triplo de la pena más grave impuesta o por treinta
10.07.2012, n.º 42750/09). Consideraciones sobre la aplicación retroactiva de la jurisprudencia y la ejecución de sentencias del TEDH», en Revista de Derecho Comunitario Europeo núm. 43, Madrid, septiembre/diciembre 2012, p. 931.
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años, como los penados optaron por uno u otro Código penal« 10. La
propia Sala Segunda del Tribunal Supremo 11 declaró que para hacer
el estudio comparativo de las penas a ejecutar y determinar así el
Código más favorable en cada caso, habían de tenerse en cuenta las
deducciones del tiempo sumado de redención por trabajo.
Así que una vez vigente el actual Código penal de 1995, numerosos penados por delitos de terrorismo (el voto particular de la sentencia de STS 197/2006, de 28 de febrero habla de 16 y la sentencia
del TEDH asunto Del Río Prada c. España se refiere a «muchas personas»), algunos de ellos condenados a penas de prisión de cientos
de años, se beneficiaron de esta interpretación que concebía a ese
máximo de cumplimiento de condena como una nueva pena independiente y autónoma a la que debía aplicarse la redención de penas
por trabajo 12.
De todo ello se colige que la redención de penas por trabajo aplicada a ese máximo de cumplimiento de condena resultó un factor
clave para determinar el carácter más favorable que, respecto de casos como los apuntados, tenía el Código penal de 1973. Y ello porque
el vigente Código penal del 1995 no prevé tal beneficio por mucho
que en su inicio estableciera penas de prisión en general de menor
duración que las previstas por el Código penal anterior.
No obstante, tras las reformas introducidas por LO 7/2003, de 30
de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas y por LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica
la Ley Orgánica 19/1995, de 23 de noviembre, los artículos 76 y 78 se
modifican en dos sentidos.
Por un lado, en los supuestos de acumulación de penas por
efecto de aplicación de las reglas del concurso real los máximos de
cumplimiento efectivo de la condena del culpable pueden alcanzar
los 25, los 30 y hasta los 40 años de prisión según los casos (artículo 76 CP 1995).
Ver Fundamento Jurídico Sexto del voto particular a la STS 197/2006, de 28
de febrero.
11 Cfr. Acuerdos adoptados en los plenos no jurisdiccionales de 18 de julio de
1996 y de febrero de 1999.
12 Así, en el Fundamento Jurídico Sexto del voto particular a la STS 197/2006,
de 28 de febrero se afirma que «…no menos de 16 penados por terrorismo, algunos
condenados a penas de prisión centenarias, una vez fijado —conforme al Código penal
de 1973— el máximo de pena a cumplir en 30 años, se beneficiaron de la redención de
penas por trabajo según el criterio que aquí se defiende.».
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Por otro, para determinados supuestos se obliga o se permite,
en función del caso de que se trate, que la autoridad judicial haga
el cálculo de los beneficios penitenciarios, concretamente los permisos de salida, la clasificación al tercer grado y el cómputo de
tiempo para la libertad condicional, no respecto del máximo del
cumplimiento efectivo de la condena del culpable sino respecto
de la totalidad de las penas impuestas en las distintas sentencias
(artículo 78 CP 1995). Ello supone que, en algunos supuestos, el
penado pueda permanecer en prisión ininterrumpidamente hasta
que se llegue al máximo de cumplimiento de condena cifrado en
25, 30 o 40 años según los casos.
Estas reformas, sobre todo la primera en el tiempo, son fruto de
una política criminal que apuesta por el endurecimiento de las penas así como de su ejecución como respuesta a determinados tipos
de criminalidad entre la que destacan los delitos de terrorismo 13 y,
en menor medida, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Las fechas de las referidas reformas no solo son posteriores al Código penal de 1973 sino que se incorporaron al vigente Código penal
de 1995 mucho después de su entrada en vigor. Ello demuestra que
en la mente del legislador de 1973 no existía la idea de cumplimiento
íntegro de condena en el sentido de hacerlo equivalente a la permanencia ininterrumpida del penado en un centro penitenciario hasta
alcanzar el límite máximo de cumplimiento de condena. Ello da más
consistencia si cabe a la tesis defendida por el voto particular a la
STS 197/2006, de 28 de febrero 14 en virtud de la cual dicho máximo
se entendía unánimemente como una nueva pena sobre la que operaban los beneficios penitenciarios a fin de que se pudiera acortar el
periodo de estancia en prisión 15. Por otro lado y como habrá ocasión
13 A este respecto véase Faraldo Cabana, P., «La Ley Orgánica 7/2003, de 30 de
junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas»,
en Privación de libertad y derechos humanos. La tortura y otras formas de violencia
institucional, Barcelona, 2008, pp. 173 a 186.
14 Véase el Fundamento Jurídico Quinto de dicho voto particular.
15 La doctrina del momento celebró la reforma del artículo 100 CP 1973 que
le dio la redacción antes descrita. A este respecto Del Rosal haciendo una valoración del Decreto de 28 de marzo de 1963, celebró la ampliación que el artículo 100
experimenta gracias a esta norma relativa a la redención de penas por trabajo «…
como fruto de la experiencia penitenciaria y de los óptimos resultados obtenidos… A
este respecto ya decíamos en un comentario al Código que la mudanza experimentada, «la convierte de pleno en una institución, realmente importante, por no decir
básica, dentro de la operativa de la acción penitenciaria. Las limitaciones que tuvo,
en la nueva redacción que se llevó al texto refundido de 1944 desaparecen, y ahora se beneficiarán todos los reclusos que cumplan penas de reclusión, presidio y
prisión»… En consecuencia, el artículo 100 experimenta un ensanchamiento, digno
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la «doctrina parot» y el fallo del tedh en el asunto del río prada c. españa
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de comprobar, de acuerdo con este voto particular y en atención a
lo dicho sobre la reforma operada en 2003 a la que se hizo referencia, la «doctrina Parot» es contraria al principio de legalidad pues
implica una aplicación retroactiva encubierta de leyes posteriores
desfavorables 16.
2.2 La «doctrina Parot»: STS 197/2006, de 28 de febrero
La representación de Henri Parot, condenado por la Audiencia
Nacional en 26 sentencias a 4.800 años de prisión por delitos de terrorismo, interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo frente
a una resolución de la Audiencia Nacional por la que se le acumulaban las penas impuestas en los diferentes procesos. Todos los hechos
fueron cometidos durante la vigencia del Código penal de 1973 17. El
Alto Tribunal en su fallo se aparta por completo de la doctrina jurisprudencial descrita que imperaba hasta el momento y establece
una doctrina conocida desde entonces como «doctrina Parot», cuyos
aspectos esenciales son los que a continuación se explican 18.
En primer lugar esta resolución considera que el máximo de
cumplimiento de condena que se fija en treinta años en aplicación
de la regla segunda del artículo 70 CP 1973 no constituye una pena
nueva y autónoma sobre la que se puedan aplicar los beneficios penide encomio…». El autor considera por tanto que la redención de penas por trabajo
se debe aplicar de manera imperativa en todos los casos sin excepción, salvo a los
sujetos a los el propio art. 100 se refería de manera expresa: quienes quebrantaren
la condena o intentasen sin éxito hacerlo o los que reiteradamente observasen mala
conducta en durante el cumplimiento de la condena. Véase Del Rosal, J., Tratado de
Derecho penal español, Parte general (VOL. I), Madrid, 1968, p. 878.
16 Véase el Quinto Fundamento de Derecho del referido voto particular.
17 Véase el Segundo Antecedente de hecho de la citada resolución.
18 Como acertadamente señala Landa Gorostiza, «…La literatura sobre la doctrina Parot en general como en los supuestos concretos en los que se ha venido aplicando,
comienza a resultar inabarcable» (véase Landa Gorostiza, J. M., «Ejecución de penas
y principio de legalidad ante el TEDH. A propósito del caso Del Río Prada c. España,
STEDH, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09) y la aplicación de la doctrina Parot», en InDret,
Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, Octubre, 2012 nota a pie de página
4 y la bibliografía ahí citada en particular las obras de Cerezo Mir y Cuerda Riezu;
asimismo y entre otros muchos, Nistál Burón, J., «El cumplimiento de las condenas
no susceptibles de acumulación jurídica. Problemática y soluciones posibles», en
Diario La Ley, núm. 6964, 10 de junio, 2008; Ríos Martín, J.C., «La libertad condicional. Límites en el concurso real de delitos: especial referencia a la doctrina Parot»,
en Derecho penitenciario: Incidencia de las nuevas modificaciones, Consejo General
del Poder Judicial, Madrid, 2007, pp. 180 a 257; Sánchez Menglar, J., «El encadenamiento de las ejecuciones en casos de condenas múltiples. De nuevo a vueltas con la
denominada «doctrina Parot», en Derecho y Jueces, núm. 41, 2007, pp. 1 a 4).
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José Núñez Fernández
tenciarios como la redención de días por trabajo realizado en prisión
prevista en el artículo 100 CP. Ese tope constituye el límite máximo
de tiempo durante el que el sujeto debe permanecer en prisión y ello
porque los beneficios penitenciarios del artículo 100 CP 1973 no se
aplican a esa cifra de 30 años sino a todas y cada una de las penas a
las que el sujeto haya sido condenado por las diferentes sentencias
condenatorias que le hayan sido impuestas 19.
El Alto Tribunal entiende que esta conclusión es fruto de la
literalidad del primer párrafo del artículo 70 CP 1973 cuando establece que en los casos en que el cumplimiento simultaneo de las
penas no sea posible, como sucede con las de prisión, se procederá
a su cumplimiento sucesivo siguiendo a tal efecto el orden de su
gravedad yendo de más a menos. Y en esta misma línea de aproximación gramatical, el «límite máximo de cumplimiento de condena»
que menciona la segunda regla del artículo 70 CP 1973 no se puede
identificar con una pena nueva a cumplir ya que las penas que el
sujeto debe cumplir aparecen expresamente mencionadas en el artículo 69 CP 1973 que regula el concurso real cuando establece que
«Al culpable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las
penas correspondientes a las diferentes infracciones». La diferencia
terminológica que se aprecia en el Código penal no se puede obviar
de manera que «pena» y «máximo de cumplimiento de condena»
no son equiparables 20.
Así, Henri Parot empezaría a cumplir en primer lugar la pena más
grave por la que hubiese sido condenado a la que se le aplicarían, según el Tribunal Supremo, todos los beneficios penitenciarios que le
correspondiera. Si, por ejemplo, esa pena fuera de 30 años y Parot la
redimiese en 20 por aplicación del artículo 100 CP 1973, empezaría
en ese momento, al cabo de los 20 años, a cumplir la siguiente más
grave. Si esta segunda pena más grave fuese por ejemplo de 15 años
y Parot la redimiese a los 10 por aplicación del referido beneficio, ya
no tendría que cumplir más penas puesto que habría llegado a permanecer en prisión el máximo de tiempo fijado que eran treinta años
de acuerdo con la regla segunda del artículo 70 CP (20+10=30) 21.
Además de esta aproximación gramatical, el Tribunal Supremo
apoya su tesis en planteamientos teleológicos en virtud de los cuales carecería de sentido ofrecer el mismo trato punitivo a un sujeto
que ha cometido un solo asesinato castigado con 30 años de prisión
19 20 21 Véase el Cuarto Fundamento de Derecho de la citada resolución.
Ibídem.
Ibídem.
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la «doctrina parot» y el fallo del tedh en el asunto del río prada c. españa
389
que a otro que ha cometido cientos de asesinatos 22. Carecería de
cualquier lógica semejante equiparación punitiva que además sería
contraria al valor de justicia proclamado por la Constitución española. Al hilo de este planteamiento, se afirma que «...En el caso de un
condenado por 150 asesinatos, unos consumados y otros en grado de
tentativa acabada, el principio de humanidad estará siempre del lado
de las víctimas, sin perjuicio de la forma humanitaria de la ejecución
de la pena a su autor…» 23.
Entiende el Alto Tribunal que no se puede esgrimir el artículo 25.2 de la Constitución para rebatir la interpretación que el mismo da a los distintos preceptos del CP 1973 en el sentido de que ésta
sea contraria a la reinserción y reeducación a la que deben orientarse las penas y las medidas privativas de libertad. Ello porque como
reiteradamente ha manifestado el Tribunal Constitucional, la reinserción y la reeducación no son los únicos fines que puede cumplir
la pena privativa de libertad «…sino que debe armonizarse con otros
principios particularmente el de la prevención especial, que en el caso
de delitos muy graves se combina también con otros criterios retributivos de la pena…» 24.
Por otro lado, la sentencia analizada entiende que la misma no
constituye una violación del principio de legalidad al que se refieren
los artículos 25.1 y 9.3 CE por mucho que suponga una interpretación de las normas de aplicación de los beneficios penitenciarios
diferente de la que se venía haciendo hasta entonces. Ello porque
la resolución aplica las normas legales que estaban en vigor cuando ocurrieron los hechos que no son otras que las del CP 1973, y lo
único que hace es dar una interpretación novedosa a tales normas,
interpretación novedosa que se entienda más ajustada al tenor literal
de las referidas normas y que por tanto está motivada. Por otro lado
y como reiteradamente se muestra en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, la prohibición de retroactividad no abarca a la interpretación jurisprudencial por parte de los tribunales sino que se
ciñe a la ley en sentido estricto en lo que respecta al artículo 25.1 CE
y a las disposiciones legales o reglamentarias en lo que respecta al
artículo 9.3 CE 25.
Ibídem.
Véase el Fundamento de Derecho Tercero de la citada resolución.
24 Ibídem. A este respecto la resolución cita las SSTC 120/2000, de 10 de mayo
[RTC 2000, 120] y 2/1987, de 21 de enero [RTC 1987, 2].
25 Véase Fundamento Jurídico Quinto de la referida resolución.
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390
José Núñez Fernández
Por último, el cambio jurisprudencial que esta resolución implica
no puede entenderse como una quiebra del principio de igualdad del
artículo 14 CE en la medida en que al sujeto que afecta se le priva
de la exégesis anterior relativa a la aplicación de los beneficios penitenciarios sobre el máximo de cumplimiento de condena. Y ello
porque como el Tribunal Constitucional ha manifestado de manera
reiterada los cambios jurisprudenciales motivados suficientemente
no infringen el derecho a la igualdad del artículo 14 CE 26.
Como se puso de manifiesto en apartados anteriores 27, tres de
los Magistrados integrantes del pleno de la Sala de lo penal del
Tribunal Supremo emitieron un voto particular contrario a la STS
197/2006, de 28 de febrero, aprobada por mayoría. Dicho voto disidente aboga por aplicar la interpretación que hasta el momento
se venía aplicando. Consideran que la sentencia analizada vulnera
el principio de legalidad, la prohibición de retroactividad y el principio de igualdad, dado que supone la aplicación retroactiva de un
régimen de aplicación de los beneficios penitenciarios en contra del
reo que supone un alargamiento muy considerable de su estancia
en prisión por lo que también compromete el derecho a la libertad
consagrado por el artículo 17 CE. Algunos de estos argumentos se
analizarán con más detalle seguidamente, pues se vuelven a esgrimir en los recursos de amparo interpuestos contra las sentencias
del Tribunal Supremo que han aplicado la «doctrina Parot» con
posterioridad a la sentencia de 2006 y en la Sentencia del TEDH
asunto del Río Prada c. España y en parte se han explicado en los
apartados anteriores del presente artículo.
3. La postura del Tribunal Constitucional ante la
«doctrina Parot»
Una vez establecida la «doctrina Parot» por parte del Tribunal
Supremo, la misma se ha aplicado a distintos casos que estaban aún
pendientes de ejecución, pese a tener su origen en hechos cometidos durante la vigencia del CP 1973, para determinar la aplicación
de los beneficios penitenciarios, concretamente los relativos a la
redención de días por trabajo, y determinar así la fecha de puesta
en libertad del condenado en cuestión. Como consecuencia de ello
en todas estas ocasiones la fecha de puesta en libertad finalmente
26 27 Ibídem.
Véase supra nota 8, 9, 11 y 13.
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la «doctrina parot» y el fallo del tedh en el asunto del río prada c. españa
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acordada era mucho más tardía (cerca de diez años en la mayoría de
las ocasiones) de la que esperaba el condenado, pues el mismo tenía
la expectativa de que se le aplicase el régimen que imperaba cuando
fue condenado y cuando se le dictó resolución de acumulación de
condenas, que no era otro que el previo a la «doctrina Parot» y que
fue explicado supra.
Muchos de los afectados recurrieron en amparo ante Tribunal
Constitucional que solo lo ha concedido hasta la fecha y hasta donde
alcanza mi conocimiento en cuatro ocasiones. En otras veinticinco el
Alto Tribunal desestimó el recurso y al menos en dos (concretamente
en los casos Del Río Prada y Henri Parot) 28 lo inadmitió a trámite. Es
posible hacer un análisis conjunto de las distintas resoluciones pues
los argumentos de las mimas, tanto para conceder como para denegar el amparo, se repiten con ciertas excepciones que serán también
objeto de análisis en los siguientes apartados.
3.1 Supuestos en los que se ha concedido el amparo
El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo en cuatro
ocasiones pero por motivos muy distintos de los que esgrimieron
los magistrados que emitieron el voto particular contra la sentencia
que estableció la «doctrina Parot» y muy diferentes de los que ha
empleado el TEDH para fallar en contra del Estado español en el
asunto Del Río Prada c. España. De hecho, el Tribunal Constitucional
considera la «doctrina Parot» como una interpretación del Tribunal
Supremo de unos preceptos del Código penal de 1973 que no debe
entrar a valorar 29.
28 En lo que respecta al caso Henri Parot, a juicio del Tribunal Constitucional,
la representación del penado tenía que haber interpuesto ante el Tribunal Supremo
un incidente de nulidad de actuaciones dado que uno de sus motivos de amparo
consistía en que este Tribunal había incurrido en una incongruencia al excederse de
lo pedido en el recurso de casación interpuesto frente al mismo (véase ATC (Sala 2.ª)
179/2010, de 29 de noviembre). Por lo que se refiere a Inés del Río Prada y tal y como
consta en el antecedente 18 de la STEDH, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09), por una decisión de 17 de febrero de 2009, el Tribunal Constitucional «declaró el amparo inadmisible, debido a que la demandante no había justificado la pertinencia constitucional de
sus denuncias».
29 Véase el octavo Fundamento Jurídico Tercero de la STC 113/2012, de 24 de
mayo. A este respecto el Alto Tribunal afirma: «…que no es función de este Tribunal
la interpretación de la legalidad ordinaria, y, en lo que aquí interesa, que no nos corresponde pronunciarnos directamente sobre cómo interpretar y aplicar al caso concreto
el artículo 70 en relación con el artículo 100 del Código penal de 1973 (RCL 1973,
2255)…».
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392
José Núñez Fernández
En esos cuatro casos el TC concedió el amparo por considerar
que se había vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva del artículo 24.1 CE en su vertiente de intangibilidad de las
resoluciones firmes que garantiza, entre otros principios, el de seguridad jurídica. Y es que en tales procesos se habían dictado resoluciones firmes que, de una manera o de otra, se habían pronunciado
sobre el modo de aplicar los beneficios penitenciarios relativos a la
redención de días por trabajo en el sentido de aplicar los mismos no
a todas y cada una de las condenas de manera sucesiva, sino a los
treinta años de prisión fijados como límite máximo de cumplimiento de condena. Sobre la base de estas resoluciones entiende el TC,
se había creado una realidad jurídica y un título que legitimaba la
estancia en prisión del condenado hasta una determinada fecha: la
resultante de aplicar la redención de días de trabajo al máximo de
treinta años de prisión. La detención del sujeto a partir de esa fecha
devenía ilegal y contraria al derecho a la libertad del artículo 17 CE
dado que el título que legitimaba tal detención se había extinguido 30.
En una ocasión (STC 62/2012, de 29 de marzo) en el curso del procedimiento de ejecución se había dictado una resolución firme determinando una fecha de puesta en libertad que una resolución posterior, en
el seno de ese mismo proceso, no respetó posponiéndola nueve años 31.
En los otros tres procedimientos 32 se habían dictado resoluciones
firmes que se decantaban por la aplicación del régimen del CP 1973
sobre la base de que resultaba más beneficioso por la posibilidad que
abría de redimir parte de la condena en razón del trabajo realizado
en prisión. Si bien estas resoluciones no fijaban la fecha de la puesta
en libertad del sujeto, estaban apoyando la tesis de que los beneficios
por trabajo en prisión se aplicaban sobre los treinta años del máximo de cumplimiento de condena que surgía como consecuencia de
la acumulación de condenas.
De esta manera, el TC interpreta con flexibilidad el principio de
intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes que no solo se
proyecta sobre el contenido del fallo de las mismas sino también
sobre la motivación que ha conducido a tal decisión 33.
Para un análisis de las resoluciones del Tribunal Constitucional que han concedido el amparo, véase Alcácer Guirao, R., «La «doctrina…cit., pp. 934 y 935 nota 8.
31 Véase la STC 62/2012, de 29 de marzo.
32 Así se desprende de las SSTC 39/2012, 57/2012, ambas de 29 de marzo, y
113/2012, de 24 de mayo.
33 Para un análisis más detallado de la cuestión, véase Alcácer Guirao, R., «La
«doctrina…cit., pp. 934 y 935 nota 8.
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3.2 Motivos por los que no se concedió el amparo
Muchos de los que recurrieron en amparo alegaban que la aplicación de la doctrina Parot implicaba una violación del artículo 25.2
CE en virtud del cual las penas privativas de libertad deben orientarse a la reinserción y reeducación del penado. El motivo se rechaza
sobre la base de que el artículo 25.2 no contiene un derecho fundamental susceptible de ser invocado en amparo sino un mandato dirigido al legislador para orientar la política penal y penitenciaria con
objeto de que se configuren las sanciones penales para que cumplan
los fines de reinserción y rehabilitación establecidos en la CE sin que
se deriven derechos subjetivos del mismo 34.
Otro de los motivos de amparo fue la quiebra del principio de
legalidad recogido en el artículo 25.1 de la CE en relación con la
retroactividad de las normas penales y restrictivas de derechos. El
motivo se rechaza sobre la base de dos argumentos:
— el principio de legalidad que recoge el artículo 25.1 CE se
refiere a las normas que definen las infracciones penales y a aquéllas
que determinan las consecuencias de su infracción, es decir, que circunscribe el ámbito de su aplicación a la definición de la infracción
penal y a la pena pero no al criterio de aplicación de unos beneficios
penitenciarios que forman parte del modo en que se ejecuta esa
pena. Es por ello que la cuestión forma parte de la ejecución que
solo caería bajo el ámbito del artículo 25.1 CE si como consecuencia de la misma se acabara imponiendo una pena más grave que
la prevista por el precepto penal, lo que no es el caso, dado que el
máximo del cumplimiento efectivo al que se refiere la regla segunda
del artículo 70 CP1973 se sigue respetando. En este sentido, se cita
jurisprudencia del TEDH mayoritariamente anterior a 2008 que sigue esta línea interpretativa del principio de legalidad que define el
artículo 7.1 del CEDH 35.
Véanse las SSTC 28/1988, de 23 de febrero y 113/2012, de 24 de mayo,
Véase, por todas, la STC 113/2012, de 24 de mayo. Esta resolución, en su Fundamento Jurídico Sexto, pone de manifiesto que «…en el presente caso no nos encontramos en el ámbito propio del derecho fundamental consagrado en el artículo 25.1
CE, que es el de la interpretación y aplicación de los tipos penales, la subsunción de
los hechos probados en los mismos y la imposición de la pena en ellos prevista…sino
en el de la ejecución de una pena privativa de libertad, cuestionándose el cómputo de
la redención de penas por el trabajo, sin que de la interpretación sometida a nuestro
enjuiciamiento se derive ni el cumplimiento de una pena mayor que la prevista en los
tipos penales aplicados, ni la superación del máximo de cumplimiento legalmente previsto. En esa misma línea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también viene
afirmando que las cuestiones relativas a la ejecución de la pena y no a la propia pena,
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José Núñez Fernández
— no estamos ante una aplicación retroactiva de una norma
posterior desfavorable. En este sentido, tanto los recurrentes en amparo como en su día los magistrados disidentes de la STS 197/2006
de 27 de febrero, consideraban que la «doctrina Parot» constituía
una aplicación retroactiva encubierta de una ley posterior, el Código
penal de 1995, concretamente de su artículo 78 una vez fue modificado por la reforma de LO 7/2003, antes mencionada. Y es que
tras este cambio legislativo, los beneficios penitenciarios se pueden
aplicar al conjunto de las penas acumuladas y no al máximo de cumplimiento efectivo como consecuencia de un mandato legal expreso
al respecto que no conocía antecedentes en nuestra historia democrática. Ante tales alegaciones, el TC se manifiesta en sentido similar
a como lo hiciera la mayoría del pleno que emitió la STS 197/2006
de 27 de febrero: no se trata de aplicación retroactiva de una ley
pues la doctrina aplicada se basa en una interpretación literal de los
preceptos que estaban en vigor cuando sucedieron los hechos. Por
otro lado, que se trate de una línea jurisprudencial nueva aplicada
retroactivamente no conculca ningún principio constitucional pues
el alcance de la prohibición de retroactividad no abarca a la jurisprudencia 36.
Por último, tampoco cabe apreciar una vulneración del artículo 14 de la CE pues las resoluciones impugnadas se limitan a aplicar
la doctrina sentada por otro órgano judicial, el Tribunal Supremo,
máximo intérprete de la ley, justificando el cómputo de redenciones
de penas por trabajo frente a otros supuestos resueltos con anterioridad, precisamente en aplicación de esa doctrina. No puede apreciarse por tanto ni voluntarismo selectivo, ni apartamiento inmotivado
del criterio consolidado y mantenido hasta entonces por el órgano
en la medida en que no impliquen que la pena impuesta sea más grave que la prevista
por la Ley, no conciernen al derecho a la legalidad penal consagrado en el artículo 7.1
del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales…aunque sí pueden afectar al derecho a la libertad. En este sentido se
pronuncia la STEDH de 10 de julio de 2003 (TEDH 2003, 43), asunto Grava c. Italia,
§ 51, en un supuesto referido a la condonación de la pena citando, mutatis mutandi,
Hogben c. Reino Unido, núm. 11653/1985, decisión de la Comisión de 3 de marzo de
1983…y más recientemente la STEDH de 15 de diciembre de 2009 (TEDH 2009,142),
asunto Gurguchiani c. España, § 31, afirma que “la Comisión al igual que el Tribunal
han establecido en su jurisprudencia una distinción entre una medida que constituye
en esencia una pena y una medida relativa a la ejecución o aplicación de la pena. En
consecuencia, en tanto la naturaleza y el fin de la medida hacen referencia a la remisión
de una pena o a un cambio en el sistema de libertad condicional, esta medida no firma
parte integrante de la pena en el sentido del art. 7”».
36 Véase el último apartado del Fundamento Jurídico Sexto de la STC 113/2012,
de 24 de mayo.
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judicial cuyas resoluciones se impugnan, lo que constituye la esencia de la desigualdad de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal
constitucional 37.
III. La postura del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos: Sentencia de 10 de julio de 2012
Asunto del Río Prada c. España STEDH, 3.ª,
10.07.2012 (42750/09)
1. Antecedentes del caso
La demandante, Inés del Río Prada, fue condenada en el marco de ocho procesos diferentes ante la Audiencia Nacional a 3.276
años y 6 meses de prisión 38. La última sentencia condenatoria de
la Audiencia Nacional 24/2000, de 8 de mayo, señalaba que para el
cumplimiento de las penas impuestas se debería respetar el límite
de treinta años previsto en la regla segunda del artículo 70 CP 1973.
Para determinar la ley aplicable (el Código Penal de 1973, en vigor
cuando cometió los hechos, o el de 1995 en vigor en el momento de
la emisión del fallo), la Audiencia Nacional consideró que la ley penal más favorable era la de 1973, teniendo en cuenta la limitación de
cumplimiento máximo de condena prevista en la regla segunda del
artículo 70, en relación con el artículo 100 referido a la redención de
penas por trabajo.
El 30 de noviembre de 2000, la Audiencia Nacional notificó a la
demandante la acumulación de penas en atención a lo establecido
por la resolución previa y fijó en 30 años de prisión la duración total
del cumplimiento de todas las condenas privativas de libertad dictadas. Más tarde, por una decisión de 15 de febrero de 2001, señaló
el 27 de junio de 2017 como fecha de liquidación de condena de la
demandante que llevaba en prisión desde el 6 de julio de 1987 39.
Véase el Fundamento Jurídico Séptimo de la STC 113/2012, de 24 de mayo, que
reproduce la interpretación al respecto de las SSTC 74/2002, de 8 de abril, 229/2003,
de 18 de diciembre, 117/2004, de 12 de julio, 76/2005, de 4 de abril, 27/2006, de 30 de
enero, 96/2006, de 27 de marzo, y 2/2007, de 15 de enero.
38 SSAN 77/1988, de 18 de diciembre, 8/1989, de 27 de enero, 43/1989, de 22 de abril,
54/1989, de 7 de noviembre, 58/1989, de 25 de noviembre, 75/1990, de 10 de diciembre,
29/1995 de 18 de abril y 24/2000, de 8 de mayo.
39 Véase STEDH, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09), § 9 y 10.
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José Núñez Fernández
El 24 de abril de 2008, el centro penitenciario en el que se encontraba la demandante señaló el 2 de julio de 2008 como fecha de su
puesta en libertad, tras haber aplicado las redenciones de pena por
trabajos efectuados desde 1987 (3.282 días de privación de libertad
redimidos por trabajo) 40.
El 19 de mayo de 2008, la Audiencia Nacional solicitó a las autoridades penitenciarias que anularan la fecha prevista para la puesta
en libertad y realizaran un nuevo cálculo basándose en la «doctrina
Parot» 41. En Auto de 23 de junio de 2008 la Audiencia Nacional señaló el 27 de junio de 2017 como fecha de puesta en libertad de la demandante que presentó contra el mismo recurso de súplica que fue
desestimado por el referido órgano. Contra esta decisión la demandante presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
que inadmitió el recurso el 17 de febrero de 2009 porque a su juicio
la demandante no había justificado la pertinencia constitucional de
sus denuncias 42, como ya se indicó con anterioridad.
Inés del Río presenta demanda ante el TEDH el 3 de agosto
de 2009. El TEDH dicta su sentencia sobre el asunto 10 de julio
de 2012.
2. Contenido del fallo
2.1 Sobre la violación del principio de legalidad: artículo 7 del CEDH
a) Tesis de las partes
La demandante manifiesta que el centro penitenciario había tomado decisión sobre su excarcelación poniendo como fecha a la misma el 2 de julio de 2008 aplicando a tal efecto la regla segunda del
artículo 70 CP 1973 y el artículo 100 CP 1973 y el nuevo cálculo de la
Audiencia Nacional en aplicación de la «doctrina Parot» implica una
prolongación de su condena en más de nueve años. La demandante
considera que esta decisión conculca el artículo 7 del CEDH que establece en su primer párrafo:
«Nadie podrá ser condenado por una acción u omisión que, en el
momento de que haya sido cometida, no constituya una infracción
según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser
40 41 42 Ibídem, § 11.
Ibídem, § 12.
Ibídem, § 15, 16,17 y 18.
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impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la
infracción haya sido cometida» 43.
El Gobierno de España sostiene que el artículo 7 del Convenio
no alude a las disposiciones relativas al cálculo de los beneficios
penitenciarios que impliquen una remisión de las penas impuestas,
sino únicamente se refiere a las disposiciones que regulan los delitos
y sus sanciones. El criterio para calcular un beneficio penitenciario
establecido para redimir las penas impuestas no forma parte de la
«pena» en el sentido del artículo 7 del Convenio, sino que es más
bien una cuestión que se refiere a las condiciones de ejecución de la
pena que quedan fuera del mencionado precepto 44.
El Gobierno sostiene que todos los delitos y las penas que se le
aplicaron a la demandante estaban claramente definidos en el Código penal de 1973, mucho antes de la comisión de los hechos delictivos al igual que los preceptos que se le aplicaron para calcular el
máximo de cumplimiento de la pena (segunda regla del artículo 70
y artículo 100). El Gobierno admite que antes de la STS 197/2006,
de 28 de febrero, de la práctica de los tribunales y de las prisiones se
deducía que el límite establecido por la regla segunda del artículo 70
CP 1973 operaba como pena autónoma sobre la que se aplicaban los
beneficios penitenciarios. Tal cuestión queda fuera del artículo 7 del
Convenio, como ya se ha puesto de manifiesto, pero incluso aunque
quedase dentro, no ha habido modificación alguna en la legislación
relativa a los beneficios penitenciarios sino que lo que ha cambiado
es la interpretación jurisprudencial relativa a las reglas que regulaban los mismos 45. El artículo 7 del Convenio no puede entenderse
como prohibición de la aclaración gradual de las normas de responsabilidad penal por la interpretación de un caso a otro. Un simple
cambio jurisprudencial en el criterio de aplicación de los beneficios
Ibídem, § 35.
Ibídem, § 36. A este respecto, el Gobierno alude a una decisión anterior del
TEDH, concretamente la sentencia Kafkaris contra Chipre (TEDH 2008, 37809)
GS, núm. 2190604, ap. 142, 12 de febrero de 2008 (sobre la que se volverá a discutir
precisamente para defender la tesis contraria a la del Gobierno), «... respecto a la
distinción sobre una medida que constituye una “pena” y una medida relacionada con
la “ejecución” o “aplicación” de la “pena”. Aquí, las penas impuestas sumaban más de
3.000 años y debían cumplirse sucesivamente hasta un límite máximo de 30 años. A
diferencia de Kafkaris, en este caso, el límite entre la condena y ejecución de la condena
estaba claro. La forma de cálculo de un beneficio establecido para reducir las penas
impuestas no forma parte de la «pena» en el sentido del artículo 7».
45 Ibídem, § 41 y 42. En este sentido también se apoya el Gobierno en sentencias
previas del TEDH (Streletz, Klesser y Krenz contra Alemania [TEDH 2001, 229] GS,
núms. 3404496, 3553297, 4480198, ap. 50, Tedh 2001-II).
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José Núñez Fernández
penitenciarios no puede entenderse como una violación del artículo 7 del Convenio pues ello supondría asumir «... la rigidez del derecho y la incapacidad de la jurisprudencia para llevar a cabo su misión
de permitir la progresiva evolución del Derecho penal»...» 46. Y máxime
cuando ese cambio es fruto de una praxis jurisprudencial basada en la
interpretación literal de las normas que resultan de aplicación y que
eran anteriores a la comisión de los hechos: por lo que hay previsibilidad y además cuando el centro penitenciario procede al cálculo de
la fecha de puesta en libertad la «doctrina Parot» ya estaba consolidada; por otro lado, desde el auto del año 2000 y en más ocasiones
se hizo saber a la demandante que el máximo de cumplimiento de
condena era de treinta años de prisión. Por todas estas razones no
cabe considerar la imprevisibilidad de la condena de 30 años a cumplir por la demandante 47.
La demandante alega que al aplicar la nueva jurisprudencia del
Tribunal Supremo (la «doctrina Parot»), la Audiencia Nacional
le obligó a sufrir una importante ampliación de la duración de su
prisión al posponer la fecha más de 9 años. «...El agravamiento de
la pena y la prolongación en más de 9 años de su reclusión va, por
su gravedad, su duración y sus consecuencias, más allá de la simple
ejecución de la sentencia...» 48. La demandante entiende que se le está
imponiendo una pena más grave que la que estaba prevista cuando
cometió los hechos en atención a todas las normas que eran de aplicación y la interpretación que en ese momento se hacía de las mismas. Alega que la aplicación de nuevas reglas de descuento de remisión se hizo sin modificar las disposiciones legislativas pertinentes,
por un simple cambio jurisprudencial provocado por las presiones
políticas y mediáticas recibidas por el Tribunal Supremo. Hubo por
tanto violación del artículo 7 del Convenio en lo que respecta a la
«calidad» de la ley 49. Se le aplicó retroactivamente como consecuencia de todo ello una pena más grave que la que era aplicable en el
momento de comisión de los hechos, de hecho, al aplicar esa prolongación las normas sobre redención por trabajo realizado en prisión
recogidas en el artículo 100 CP 1973 devinieron inoperantes 50.
Ibídem, § 42.
Ibídem, § 43 y 44.
48 Ibídem, § 37.
49 Ibídem, § 39.
50 Ibídem, § 40. Efectivamente, en virtud de la aplicación de la «doctrina Parot»,
el artículo 100 CP1973 deviene inoperante toda vez que la pena a cumplir dentro del
centro penitenciario se va a prolongar durante 30 años con independencia de que el
penado trabaje o no.
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la «doctrina parot» y el fallo del tedh en el asunto del río prada c. españa
399
b) Valoración del Tribunal
La interpretación que el TEDH hace del artículo 7 del Convenio
conforme a su propia jurisprudencia pasa por consagrar de manera
amplia el principio de legalidad de los delitos y las penas. En este
sentido, es preciso que tanto un delito como una pena estén claramente definidos en la ley pero también en la interpretación que de
esa ley hagan los tribunales: esta función interpretativa de la jurisprudencia resulta esencial para conocer el sentido y alcance de las
acciones y omisiones constitutivas de delito y de las consecuencias
que se derivan de su infracción. Por muy clara o precisa que sea la
redacción de una ley a la hora de definir las infracciones penales y
las consecuencias derivadas de las mismas la labor exegética de la
jurisprudencia resulta esencial para que el ciudadano pueda saber
con claridad qué es lo prohibido y qué consecuencias se derivan de
realizar lo prohibido 51. En este sentido, esa previsibilidad de la ley
entendida en sentido amplio, abarcando también la interpretación
jurisprudencial al respecto 52, no impide que la persona interesada
pueda recurrir a expertos para valorar de forma razonable teniendo
en cuenta las circunstancias del caso, las consecuencias a las que
pueda conducir un comportamiento determinado 53. Ahora bien, el
51 Ibídem, § 46. Se apoya el Tribunal a este respecto en sentencias previas (Cantoni contra Francia [TEDH 1996, 58], 15 de noviembre de 1996, ap. 29, Informes
de sentencias y decisiones 1996-V y Kafkaris, ya citado).
52 Sobre la base un profundo y exhaustivo análisis doctrinal y jurisprudencial
Gil Gil afirma que «...El principio de legalidad en el CEDH y en la jurisprudencia del
TEDH dista por lo tanto bastante del contenido que al mismo atribuyen los ordenamientos jurídicos de los países de civil law, pues al prescindir de la exigencia de ley formal se
renuncia también por tanto al contenido de garantía democrática que en países como
España se atribuyen al principio a través de aquella exigencia. Por ello el Convenio ha
concluido por consagrar un “principio de juridicidad” en el que la reserva absoluta de
ley formal se sustituye por una exigencia de previsibilidad, en la que se renuncia incluso
al carácter escrito del texto, que para algunas concepciones del principio de legalidad,
como la española, resultan esenciales. Así, a partir de aquella sustancial diferencia, el
TEDH se ha centrado en garantizar los aspectos materiales del principio, en particular,
su contribución a la seguridad jurídica (accesibilidad, irretroactividad, previsibilidad
en sus subprincipios de precisión y taxatividad —prohibición de la analogía—), exigiendo la previsibilidad y concreción del derecho aplicable, para lo cual no duda en
incluir la interpretación jurisprudencial que se hace de un determinado precepto, y que
puede, incluso, completar una ley insuficientemente concreta de manera que en conjunto finalmente no quepa hablar de falta de taxatividad o de previsibilidad...». Véase
Gil Gil, A., «La excepción al principio de legalidad del n.º 2 del art. 7 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos», en Anuario de Derecho penal y Ciencias penales,
Tomo 63, Fasc. /Mes 1, 2010, págs. 131-164.
53 Stedh, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09), § 46, último inciso y en referencia también
al caso Cantoni contra Francia citado supra.
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José Núñez Fernández
resultado de esta labor hermenéutica de la jurisprudencia debe ser
«...coherente con la esencia del delito y razonablemente previsible... »
para que se respete el artículo 7 del Convenio 54. Así pues la accesibilidad y la previsibilidad de la norma, así entendida, que define los
delitos y las penas aparecen como dos criterios inherentes al principio de legalidad consagrado en el artículo 7 del Convenio que dan
a la «ley» la «calidad» necesaria para satisfacer las exigencias del
mismo 55.
Por otro lado, establece que el concepto de pena al que se refiere
el artículo 7 del Convenio no excluye necesariamente el ámbito de la
ejecución de la pena. La diferencia entre la pena y las condiciones de
su ejecución no siempre es clara en la práctica por lo que a veces resulta necesario «ir más allá de las apariencias y valorar por sí mismo
si una medida en concreto se analiza como una «pena» en el sentido» 56
del referido precepto. Y ello por mucho que tanto la Comisión europea de Derechos Humanos como el Tribunal hayan establecido que
«...cuando la naturaleza y el propósito de una medida tienen relación
con la remisión de una pena o con un cambio en el sistema de la libertad condicional, esta medida no es parte integrante de una «pena» en
el sentido del art. 7...» 57.
Partiendo de lo que se acaba de exponer el Tribunal debe determinar, por un lado, si en atención a la jurisprudencia y a la ley imperantes en el momento en que la demandante cometió los hechos,
los delitos y las penas resultan claros y previsibles de acuerdo con las
exigencias del artículo 7 del Convenio y, por otro, si las cuestiones
relativas a la ejecución de la pena pueden quedar en este caso abarcadas por el concepto de «pena» al que se refiere el artículo 7 del
Convenio. Todo ello a fin de valorar si ha producido una vulneración
en este sentido.
El TEDH se debe preguntar qué es lo que implicaba «pena impuesta» para la demandante en el ámbito de la legislación y de la
jurisprudencia interna en el momento en que cometió los hechos.
Y queda claro que de la legislación aplicable y la jurisprudencia que
Ibídem, § 47. A este respecto cita el Tribunal las sentencias S.W. contra Reino
Unido [TEDH 1995, 49] y Streletz, Klesser y Krenz contra Alemania [TEDH 2001, 229]
GS, núms. 3404496, 3553297, 4480198, ap. 50, TEDH 2001-II.
55 Véase Moreno Pérez, A., Goicoechea García, P., Vicente Márquez, L., «Análisis de la Sentencia del TEDH en el asunto Del Río Prada c. España: La aplicación
retroactiva de la doctrina Parot a examen», en Series Análisis Jurídicos – S y DH,
núm.1 Septiembre 2012, Right International Spain, Madrid, p. 3.
56 STEDH, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09), § 48.
57 Ibídem, § 48.
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la «doctrina parot» y el fallo del tedh en el asunto del río prada c. españa
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interpretaba la misma (regla segunda del artículo 70 CP 1973 en relación con el artículo 100 CP 1973) el máximo de condena a cumplir,
treinta años, operaba como una pena autónoma sobre la que se aplicaban los beneficios penitenciarios 58, concretamente la redención de
penas por trabajo realizado en prisión. Es evidente que en el precepto
en que se regulan estos beneficios nada se dice sobre su inaplicación
en casos de acumulación de condenas cuya suma aritmética supere
con creces ese límite de 30 años y solo se excepciona su aplicación
cuando el condenado quebranta o trata de quebrantar la condena,
o cuando presenta de forma reiterada mala conducta en prisión,
circunstancias que no se dan en la persona de la demandante. Es
por tanto razonable que la demandante entendiera de manera legítima que siendo su máximo de cumplimiento de condena 30 años,
se podía beneficiar de la redención de días por trabajo realizado en
prisión para obtener la reducción de pena que le correspondiera 59. Y
es razonable que esa siguiera siendo su expectativa legítima cuando
la Audiencia Nacional decidió acumular sus condenas en el 30 de
noviembre del año 2000 y fijara la fecha de liquidación de condena
para el 27 de junio de 2017 mediante decisión de 15 de febrero de
2001, marcando ese límite de máximo de cumplimiento de condena
sobre los que operarían los beneficios de redención de pena por trabajo, lo cual fue confirmado por la decisión de su centro penitenciario fijando la fecha de puesta en libertad el 2 de julio de 2008 60.
58 Ibídem, § 52. Cuando el Tribunal analiza la práctica jurisprudencial imperante
a este respecto en el momento en que se cometieron los hechos y hasta que se dictó
la sentencia del Tribunal Supremo español que estableció la denominada «doctrina
Parot», «... constata que las autoridades penitenciarias, con el acuerdo de las autoridades judiciales, estimaban como fórmula de aplicación general, que el límite establecido
en el artículo 70.2 del Código penal de 1973 (treinta años) se trasformaba en una especie de nueva condena autónoma sobre la que debían aplicarse los beneficios penitenciarios... Esta práctica se deduce también de la Sentencia del Tribunal Supremo de 8
de marzo de 1994, primera aclaración jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre esta
cuestión, así como de la práctica de los tribunales españoles cuando fueron llamados
a determinar la legislación penal más suave, tras la entrada en vigor del Código penal
de 1995, como señalaron los jueces discrepantes en la sentencia 197/2006 del Tribunal
Supremo... En la práctica este hecho benefició, en casos similares al de la demandante,
a muchas personas condenadas en virtud del Código penal de 1973, que vieron como
se aplicaba la redención de penas por trabajo sobre el límite máximo de prisión de 30
años».
59 Ibídem, § 52. En este sentido, «...El Tribunal observa que no fue hasta un momento muy posterior a la entrada en vigor del Código penal de 1995 que el legislador
previó explícitamente la posibilidad de aplicar los beneficios penitenciarios a la totalidad de las penas impuestas y no al límite máximo de cumplimiento previsto por la ley».
60 Ibídem, § 54 y 55.
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Ahora bien, la Audiencia Nacional decide aplicar la «doctrina
Parot» en 2008 y prolongar así en más de 9 años la estancia en prisión de la demandante. Y lo hace aplicando una interpretación jurisprudencial dictada mucho después de la comisión de los delitos por
parte de la demandante y mucho después del Auto de la Audiencia
Nacional que procedió a la acumulación de condenas. La aplicación
de esta doctrina jurisprudencial hizo inoperante los beneficios penitenciarios a los que la demandante tenía derecho en virtud de lo
establecido en el artículo 100 CP 1973. No se trata por tanto de una
cuestión que se quede en el ámbito de la ejecución de la pena que
el Gobierno considera que queda fuera del artículo 7 del Convenio,
sino que va más allá puesto que incide de manera directa en el alcance de la pena impuesta a la demandante llevando en la práctica
a prolongar de manera retroactiva en más de 9 años la condena a
cumplir 61. Así pues, la cuestión queda comprendida en el sentido de
«pena» a los efectos del art. 7.1 del Convenio 62. Y es que el cambio
en la forma de aplicar los beneficios penitenciarios tuvo tal impacto
en la pena que efectivamente había de cumplir la demandante que
el alcance de la pena a imponer y sus condiciones de ejecución no se
presentan como aspectos diferenciables de forma inmediata 63.
Con este planteamiento el TEDH parece confirmar una tendencia interpretativa cuyo inicio se ubica en el año 2008, en virtud de
la cual se lleva a cabo una interpretación expansiva del principio de
legalidad, para atraer a su haz de garantías cuestiones relativas a la
ejecución de la pena cuando se dan las circunstancias concurrentes
o similares a las del caso Del Río Prada c. España 64. La ausencia
61 Ibídem, § 59. «...basándose en la legislación española en su conjunto, el Tribunal
considera que el nuevo modo de cálculo de la remisión de penas aplicables, en base al
giro jurisprudencial del Tribunal Supremo no concernía solo a la ejecución de la pena
impuesta a la demandante. Se trató de una medida que tuvo igualmente un impacto
decisivo sobre la pena impuesta a la demandante, llevando en la práctica a prolongar en
casi nueve años la condena a cumplir».
62 «...En la medida en que el cambio de método en el cálculo de la pena a cumplir
tuvo importantes consecuencias para la duración real de la condena en detrimento
de la demandante, el Tribunal considera que la distinción entre el ámbito de la pena
impuesta a la demandante y las modalidades de su aplicación, no aparecían desde el
principio. » (Ibídem § 58).
63 Véase Moreno Pérez, A., Goicoechea García, P., Vicente Márquez, L., «Análisis...
cit. p. 4.
64 Véase Landa Gorostiza, J.M., «Ejecución...cit. Este autor demuestra que con
anterioridad, la diferenciación que hacía el TEDH era mucho más nítida y se basaba
en aspectos puramente formales sin entrar a considerar la materialidad de la medida
que se tuviera en consideración. A tal efecto cita el autor como ejemplo paradigmático
el asunto Hogben c. Reino Unido (Decisión, ComEDH, Plenario, 3/03/1986)
núm. 11653/85.
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de diferenciación nítida entre pena y su ejecución a los efectos del
artículo 7.1 del Convenio encuentra su punto de partida en el caso
Kafkaris c. Chipre sobre el que decidió la Gran Sala del TEDH en diciembre de 2008 65. En este supuesto el demandante fue condenado
a cadena perpetua pero al ingresar en prisión se le entregó un documento en el que se le hizo constar que su encierro duraría solo 20
años ya que a eso equivalía la prisión perpetua de acuerdo con las
normas penitenciarias imperantes en el momento en que sucedieron
los hechos y la interpretación que se hacía de las mismas. No obstante, trascurrido un tiempo y debido a una resolución judicial ajena
al demandante a la que le siguió un cambio legislativo en Chipre, se
procedió a la cancelación de la liberación anticipada del demandante
y a modificar su pena en prisión perpetua. La Gran Sala del TEDH
consideró que hubo vulneración de artículo 7 del Convenio: «El Tribunal considera, por tanto, que no es que se trate de una imposición
retroactiva de una pena más grave en este caso sino que lo que se
plantea es una cuestión relativa a “la calidad de la ley”. En concreto el
Tribunal entiende que en el momento en el que el demandante cometió
el delito, la ley chipriota relevante considerada en su conjunto no estaba formulada con la suficiente precisión como para que el demandante
fuese capaz de discernir, ni siquiera con el debido asesoramiento legal,
el verdadero alcance de la cadena perpetua y el modo de su ejecución.
En consecuencia ha habido una violación del artículo 7 del Convenio
a este respecto» 66.
Dicho esto y volviendo de nuevo al caso que nos ocupa, queda
preguntarse si esta nueva interpretación de los tribunales, muy posterior a la comisión de los hechos y muy posterior a la acumulación
de penas, era razonablemente previsible para la demandante pues de
ello depende la calidad de la ley a efectos de determinar si existió o
no una quiebra en el principio de legalidad. Para valorar esta cuestión es preciso tener en cuenta los siguientes factores:
— No había precedentes jurisprudenciales previos a 2006 que
pudieran apuntar en ese sentido sino todo lo contrario 67.
— La nueva jurisprudencia dejó inoperante el artículo 100
CP 1973 que regulaba la redención de días por trabajo realizado en
prisión 68.
65 Para un análisis en detalle de esta evolución jurisprudencial, véase Landa GoJ. M., «Ejecución...cit.
STEDH, Gran Sala, 12.2.2008 (21906/04), Kafkaris c. Chipre, § 140.
STEDH, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09), § 60 y 61.
Ibídem, § 62.
rostiza,
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— La nueva jurisprudencia tiene lugar tras una reforma del
CP vigente que va encaminada al endurecimiento de las penas y a
dificultar o a imposibilitar el acceso a los beneficios penitenciarios
en determinados supuestos, por lo que el TEDH entiende que los
tribunales internos no pueden aplicar el espíritu de los cambios
legislativos acaecidos después de la comisión del delito de manera
retroactiva cuando es en perjuicio del reo como en este caso 69.
Teniendo en cuenta todo lo apuntado es preciso concluir que era
muy difícil si no imposible que la demandante pudiera prever tanto
en el momento en que cometió los hechos como en el momento en
que se produjo la acumulación de sus penas, que su condena dentro
de prisión se iba a alargar en más de 9 años en base a una interpretación jurisprudencial muy posterior a ambos momentos. Ello incluso
aunque la misma hubiese recibido el debido asesoramiento por parte
de un letrado 70.
En conclusión el Tribunal termina rechazando la excepción preliminar del Gobierno español y admitiendo la existencia de la violación del artículo 7 del Convenio.
2.2 Sobre la violación de derecho a la libertad: artículo 5 del Convenio
La demandante entiende que su permanencia en prisión después
del 3 de julio de 2008 incumple las exigencias del artículo 5 del Convenio que a tal efecto establece: «1. Toda persona tiene derecho a la
libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo
en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por
la Ley: a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente...».
A este respecto el Tribunal remite al derecho nacional y la obligación de observar sus reglas tanto sustantivas como procesales a
efectos de determinar la legalidad de un encierro en prisión. Es decir que el internamiento en el centro penitenciario debe tener base
en el derecho interno del Estado de que se trate pero es necesario
que de esa ley interna se pueda predicar la «calidad» necesaria para
satisfacer las exigencias del artículo 5 del Convenio. Y «... La “calidad de la Ley” implica que una legislación nacional autorizando una
privación de libertad sea suficientemente accesible, precisa y previsible
69 Ibídem, § 62, último inciso, en el que se cita como precedente Scoppola contra
Italia [núm. 2] núm. 10249/03, 17 de septiembre de 2009.
70 Ibídem, § 63. A este respecto, véase también Moreno Pérez, A., Goicoechea
García, P., Vicente Márquez, L., «Análisis... cit., pp. 4 y 5.
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la «doctrina parot» y el fallo del tedh en el asunto del río prada c. españa
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en su aplicación a fin de evitar cualquier peligro de arbitrariedad... El
criterio de “legalidad” señalado por el Convenio exige que toda ley sea
suficientemente precisa para permitir al ciudadano —rodeándose de la
necesidad de asesoramiento clarificador— prever, en un grado razonable, en las circunstancias de la causa, las consecuencias que se derivan
de un acto determinado» 71.
En el caso que nos ocupa no se duda de la legalidad de la condena de la demandante al término de un procedimiento prescrito por la
ley y en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente.
La cuestión es determinar si su permanencia en prisión desde el 2 de
julio de 2008 es «legal» con base en lo anteriormente expuesto. A ello
el Tribunal responde en un sentido negativo al considerar, teniendo
en cuenta también toda la argumentación en la que se sustenta la
violación del artículo 7 del Convenio, que en el momento de comisión de los hechos y cuando se dictó el Auto de acumulación de condenas, nada podía hacer prever a la demandante que su estancia en
prisión se iba a prolongar en más de 9 años. Desde esta perspectiva
resulta imprevisible que, sobre la base de una decisión jurisprudencial muy posterior a los dos referidos acontecimientos, las normas
relativas a la redención de días por trabajo realizado en prisión iban
a devenir inoperantes. En conclusión se entiende que la reclusión de
la demandante a partir del 3 de julio de 2008 es irregular y supone
por tanto una violación del artículo 5.1 del Convenio 72.
IV. El efecto de la Sentencia de 10 de julio de 2012
Asunto Del Río Prada c. España
1. La obligatoriedad de las Sentencias del TEDH para las
Altas Partes Contratantes
Al ser el Estado español 73 Alta Parte Contratante del CEDH, queda sujeto a lo establecido en el artículo 46.1 del mismo: «Las Altas
Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas
del Tribunal en los litigios en que sean partes».
Es cierto que la resolución analizada en el asunto Del
Río c. España no es firme toda vez que se ha recurrido por el GobierSTEDH, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09), § 69.
Ibídem, § 74 y 75.
73 El Estado español ratificó el Convenio el 24 de noviembre de 1977. Véase Instrumento de ratificación publicado en el BOE de 10 de octubre de 1079, núm. 243.
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José Núñez Fernández
no español ante la Gran Sala que ha iniciado pero no finalizado su
deliberación, como ya se puso de manifiesto en líneas anteriores. No
obstante, en caso de que esta resolución devenga definitiva en todos
sus pronunciamientos, la misma dispone las concretas obligaciones
que el Estado español debería cumplir. Ello porque aun cuando las
sentencias del TEDH tienen un carácter esencialmente declarativo y
el Estado demandado queda libre, bajo el control del Comité de Ministros, de elegir el medio de cumplir con sus obligaciones legales de
acuerdo con el referido artículo 46 del Convenio (siempre que tales
medios sean compatibles con las resoluciones a cumplir), cuando la
violación constatada en realidad no ofrece elección entre distintos
tipos de medidas para remediarla el Tribunal puede indicar una sola
media individual. Tal sería la situación en el caso que nos ocupa: «...
Vistas las circunstancias particulares del asunto y de la necesidad urgente de poner fin a la violación de los artículos 7 y 5.1 del Convenio....
» el Tribunal «...estima que incumbe al estado demandado garantizar
la puesta en libertad de la demandante en el más breve plazo posible» 74.
Por otro lado, también el Tribunal impone al Estado la obligación de abonar a la demandante, dentro del plazo de tres meses a
partir de que la sentencia sea definitiva y de conformidad con el
art. 44.2 del CEDH, la suma de 30.000 euros más las cargas fiscales
correspondientes, en concepto de daño moral y la suma de 1.500 euros más las cargas fiscales correspondientes, en concepto de gastos y
costas satisfechos ante el Tribunal 75.
Pese a la contundencia de lo apuntado respecto del fallo en el
asunto Del Río Prada, la doctrina y la jurisprudencia en España
consideran que las sentencias del TEDH son obligatorias pero declarativas: tienen el efecto de la declaración de la vulneración de un
derecho pero no son directamente ejecutables. No obstante, cuando
la vulneración del derecho persiste como ocurre en el caso que nos
ocupa ya que la demandante permanece privada de libertad, el Tribunal Constitucional en una ocasión declaró nula la sentencia vulneradora a través de un recurso de amparo por la lesión de un derecho
fundamental. Tal fue la solución que adoptó el Alto Tribunal en el
conocido como «caso Barberá» 76.
STEDH, 3.ª, 10.07.2012 (42750/09), § 81 y 83.
Ibídem, § 87 y 90.
76 STC 245/1991, de 16 de diciembre, BOE 15/1/1992. En esta sentencia se reitera
el carácter obligatorio pero declarativo de las sentencias del TEDH y el hecho de
que el mismo no constituye una instancia superior respecto de los órganos jurisdiccionales internos de los Estados parte del Convenio. No obstante, no puede dejar de
reconocer que el Convenio Europeo de Derechos Humanos forma parte de nuestro
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la «doctrina parot» y el fallo del tedh en el asunto del río prada c. españa
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Para ALCÁCER GUIRAO la solución adoptada en el «caso Barberá» resultaría adecuada para resolver el problema que se podría
plantear respecto al asunto Del Río Prada y para otros a quienes se
les ha aplicado la «doctrina Parot» en las mismas circunstancias 77,
si la Gran Sala confirma lo que el TEDH decidió en primera instancia. No obstante, una solución como ésa se debe contemplar como
provisional pues el legislador español debería arbitrar un mecanismo procesal para ejecutar las sentencias del TEDH que a día de hoy
no existe 78.
De cualquier manera, si la Gran Sala ratifica el fallo dado en
primera instancia, el Estado español no tendría más remedio que
cumplir con lo ordenado en el mismo pues de no hacerlo incurriría
en una infracción constante de las normas de un Convenio del que es
parte que podría dar lugar a la intervención del Comité de Ministros
del Consejo de Europa de acuerdo con lo establecido en los últimos
incisos del artículo 46 del CEDH.
2. Irretroactividad de la jurisprudencia desfavorable
La decisión en el asunto Del Río Prada, más allá de lo que suponga desde el punto de vista particular para la persona directamente
afectada u otras que se encuentren en similar situación, tiene implicaciones que trascienden esa dimensión. Y ello porque implica una
interpretación del principio de legalidad que se extiende a la jurisderecho interno (artículo 96.1 CE) y por otro lado, que el TEDH es un órgano cualificado para su interpretación de manera que si el mismo constata la violación de un
derecho fundamental que también lo es conforme a nuestro texto constitucional, el
Tribunal Constitucional español no puede sino enjuiciar dicha violación en su condición de Juez supremo de la Constitución y de los derechos fundamentales, respecto
de los cuales nada puede serle ajeno.
77 «... A raíz de la publicación de la sentencia del TEDH, dieciséis presos han planteado al Tribunal Constitucional la suspensión de las consecuencias de la aplicación
retroactiva de la doctrina Parot que en su día se les hizo. La Sala de Vacaciones del
citado órgano decidió el 21 de agosto de 2012, esperar a que la Sentencia del TEDH
adquiera firmeza antes de pronunciarse sobre las cuestiones que le han sido planteadas.
». Véase Moreno Pérez, A., Goicoechea García, P., Vicente Márquez, L., «Análisis ...
cit., p. 10.
78 A este respecto señala el autor que España ostenta el dudoso honor de ser
uno de los pocos países que no ha incorporado a su legislación un cauce procesal de
ejecución, que faculte a instar la reapertura del proceso de origen cuando ello sea necesario para la reparación de la lesión de un derecho, como singularmente acontece
cuando, estando concernida la libertad, la vulneración (o sus efectos) siguen vigentes. Véase Alcácer Guirao, R., «La «doctrina Parot» ... cit., p. 946.
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prudencia en virtud de la cual no cabe una aplicación retroactiva de
la misma contra reo.
Ello choca con lo que constituye una consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional en su interpretación del artículos 9.3 y 25.1 CE. Como señala ALCÁCER GUIRAO refiriéndose al
fallo dictado en el asunto Del Río Prada c. España: «...Más allá de las
repercusiones de índole política, dicho pronunciamiento —pendiente
aún de revisión por la Gran Sala...— habría de obligar a los tribunales
españoles, y al TC en particular, a revisar el contenido y alcance del
de derecho a la legalidad sancionadora (artículo 25.1 CE) y, concretamente, a plantearse la necesidad de incorporar a su haz de garantías la
irretroactividad desfavorable de los cambios jurisprudenciales» 79.
V. Conclusiones y valoración crítica
El TEDH en el asunto Del Río Prada c. España se ha pronunciado con claridad: la aplicación retroactiva de la «doctrina Parot» a
la demandante para determinar la duración del castigo por hechos
delictivos cometidos durante la vigencia del Código penal de 1973,
vulnera el derecho a la legalidad y el derecho a la libertad, previstos
respectivamente en los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de
Derecho Humanos.
Con esta decisión se produce asimismo la consolidación de una
línea jurisprudencial iniciada por el TEDH en 2008 en el asunto
Kafkaris contra Chipre. En este sentido, las normas relativas a la
aplicación de beneficios penitenciarios a fin de reducir la pena a
cumplir se consideran abarcadas por el concepto de «pena» a aplicar
y por tanto quedan sujetos al principio de legalidad del artículo 7 del
Convenio a pesar de que formalmente formen parte de la ejecución
penal. La separación entre «pena» a aplicar y ejecución de la misma deja de ser tan nítida cuando las normas relativas a la segunda
afectan significativamente a la duración de la pena a cumplir por
el sujeto. Se abandona la mera calificación formal entre pena y su
ejecución y se pasa a un análisis material de lo que implique cada
medida a considerar.
La decisión del TEDH no es todavía definitiva pero si la Gran
Sala la confirmase, el Estado español quedaría obligado a cumplir
con el contenido del fallo y máxime cuando éste constata la vulne 79 Ibídem, p. 951.
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ración de un derecho fundamental que se sigue produciendo dado
que la demandante permanece indebidamente en prisión. Aunque
el ordenamiento español no tiene previsto un cauce procesal para
ejecutar las sentencias dictadas por el TEDH, se podría optar por
que el Tribunal Constitucional admitiese el amparo e hiciese cesar
la vulneración del derecho fundamental poniendo en libertad a la
demandante y declarando nula la resolución vulneradora de tal derecho. En este sentido existe un precedente conocido como el «caso
Barberá» que fue resuelto por el Tribunal Constitucional de la manera apuntada (STC 245/1991, de 16 de diciembre, BOE 15/1/1992).
Por otro lado, de confirmarse la solución adoptada en primera
instancia por parte de la Gran Sala del TEDH, el Tribunal Constitucional tendría que replantearse su interpretación del principio de
legalidad en relación con los artículos 9.3 y 25.1 CE en lo que respecta a la jurisprudencia, en el sentido de considerar prohibida la aplicación retroactiva de la misma cuando es desfavorable para el reo.
Una vez expuestas sucintamente las conclusiones del análisis que
se ha llevado a cabo se quiere poner de relieve una serie de cuestiones relacionadas con la «doctrina Parot» y con otras cuestiones
vinculadas con la misma que, a mi modo de ver, no han sido suficientemente tratadas por las diferentes instancias que han valorado
este planteamiento jurisprudencial. En este sentido son de destacar
las siguientes:
I. La «doctrina Parot» tal y como aparece expuesta en la tantas
veces citada STS 197/2006, de 28 de febrero, es incongruente en sus
propios términos. En el Fundamento Jurídico Cuarto de esta resolución se afirma que «...las varias penas se irán cumpliendo con todos
los avatares que le correspondan, y con todos los beneficios a los que
tenga derecho». Pues bien, esa afirmación sencillamente no es cierta
pues no se aplican los beneficios de redención de penas por trabajo
ya que el periodo de permanencia del sujeto dentro del centro penitenciario va a ser de treinta años con independencia de que trabaje o
no. Luego el artículo 100 deviene inoperante, tal y como se puso de
manifiesto anteriormente.
Pero es que además, dicho precepto, en el último inciso de su
primer párrafo establece que el tiempo redimido por días de trabajo realizados se le contará también al penado para la concesión
de la libertad condicional. La sentencia que establece la «doctrina
Parot» ni siquiera hace mención a esta cuestión y no hay razón para
excluir la posibilidad de concesión de la libertad condicional máxime cuando la misma se establece para todo tipo de sentenciados a
más de un año de privación de libertad siempre que concurran los
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requisitos establecidos en el artículo 98 CP 1973 y cuando la propia
STS 197/2006 deja claro que las distintas penas a que hubiese sido
sentenciado el sujeto se irán cumpliendo sucesivamente con «todos
los avatares que le correspondan, y con todos los beneficios a que tenga
derecho» (tampoco en teoría habría razón para excluir la posibilidad
de la clasificación en el tercer grado o la obtención de los permisos
de salida).
Si la sentencia fuese congruente con lo que afirma en sus fundamentos jurídicos, su estricta aplicación daría lugar a situaciones
como la siguiente: imaginemos un condenado por varios delitos de
terrorismo a penas cuya suma aritmética está muy por encima de
30 años de prisión. Su pena más grave es de 30 años de prisión y su
segunda pena más grave es de 12 años de prisión. De acuerdo con
el propio tenor literal de la «doctrina Parot», el sujeto comenzaría a
cumplir la condena de 30 años y, si trabajase en prisión durante 15
años habría redimido 22 años y seis meses de dicha condena por lo
que, si se diesen los demás requisitos del artículo 98 del CP de 1973,
tendría que acceder a la libertad condicional. En tal caso, pasaría
7 años y seis meses en libertad condicional y después ingresaría de
nuevo en prisión para cumplir la siguiente condena de 12 años. A los
efectos de cumplimiento de ésta, si trabajase en prisión durante 6
años, habría redimido 9 de dicha condena, por lo que, nuevamente,
si se diesen los demás requisitos del artículo 98 del CP de 1973, tendría que acceder a la libertad condicional y pasaría otros tres años
en libertad condicional hasta cumplir la siguiente condena.
En definitiva: se sucederían periodos de encarcelamiento con
periodos de libertad condicional hasta que los primeros, los de encarcelamiento, sumasen 30 años pues en realidad lo que busca la
«doctrina Parot» es que el sujeto permanezca en prisión durante
30 años ya que entiende por cumplimiento solamente el periodo de
tiempo que el sujeto pasa dentro de prisión. Y puede que ello nunca se llegue a dar pues en el ejemplo que se ha planteado habrían
trascurrido ya 42 años desde que el sujeto empezó a cumplir penas
a las que fue condenado y solo habría pasado 21 privado de libertad
dentro del centro penitenciario. A la situación de todo punto inconveniente para la adecuada reinserción o reeducación del sujeto que
supone que éste pase largos periodos de libertad intercalados con
prolongadas fases de internamiento se une el absurdo de que tal
dinámica de cumplimiento, que sería congruente con los presupuestos que establece la propia «doctrina Parot», no sería viable pues se
alargaría tanto en el tiempo, dado el elevado número de condenas a
cumplir con todos los «avatares» y «beneficios» a los que el sujeto
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tuviera derecho, que en muchos casos éste habría fallecido antes de
haber pasado en prisión ese máximo de 30 años 80.
Así que existe una incongruencia entre los presupuestos de la
STS 197/2006 y el modo en que determina el cumplimiento de las
diferentes condenas. Y en esa dinámica de interpretación de las normas aplicables a los hechos que enjuicia deja inoperantes al menos
dos de las mismas: los artículos 98 y 100 CP 1973.
II. No se entiende la insistencia tanto en jurisprudencia como
en las Exposiciones de Motivos de algunas reformas como la operada por Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de Medidas de reforma
para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, de identificar
«cumplimiento íntegro y efectivo de la condena de prisión» con la
permanencia en el centro penitenciario del sujeto durante todo el
tiempo que dure dicha condena. Planteamiento que también comparte la sentencia que establece la «doctrina Parot».
Y ello porque semejante equiparación no solo no cuenta con base
legal sino que la contradice: nuestro sistema penitenciario es progresivo y de individualización científica 81 y concibe el cumplimiento de
la pena de prisión como un periodo de diferentes fases que se suceden y en las que se van mejorando progresivamente las condiciones
de vida del sujeto hasta que pueda llegar a cumplir la última parte
de su pena en libertad cuando se le concede la libertad condicional.
Sobre esta cuestión véase el voto particular del Magistrado Joaquín Jiménez
García a la STS 898/2008, de 11 de diciembre y el planteamiento de RÍOS MARTÍN,
J. C, «La libertad...cit. Ambos plantean la cuestión en términos distintos a como se
ha planteado aquí. Entienden que el cumplimiento de la pena de prisión dentro del
centro penitenciario sería continuado hasta llegar a los treinta años y denuncian la
situación esquizoide que supondría que el sujeto estuviese simultáneamente cumpliendo condena y en libertad condicional. Entiendo que esta interpretación no es
respetuosa con el cumplimiento sucesivo al que se refiere la regla segunda del artículo 70 ni a los términos en los que se manifiesta la «doctrina Parot», por lo que me
decanto por la exégesis que expuse más arriba que no tiene otro afán más que revelar
lo infundado de la citada doctrina cuya aplicación estricta y coherente con sus presupuestos llevaría al absurdo y sería inviable en muchos casos.
81 Véanse el artículo 72.1 LOGP que establece que «las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado en grados».
Sobre esta cuestión, véase Núñez Fernández, J., en Gil Gil, A., Lacruz López, J.,
Melendo Pardos, M., Curso...cit., pp. 783 y ss.; Armenta González-Palenzuela, F.J.
y Rodríguez Ramírez, V., Reglamento penitenciario comentado: Análisis sistemático,
5.ª ed. Sevilla, 2006; Bueno Arús, F., «Los principios políticos de un sistema penitenciario», en Revista Penal y Penitenciaria, núm., 3-4, 1965; «Prólogo», en Ley General
Penitenciaria. Comentarios, jurisprudencia, concordancias, doctrina, 1.ª ed., Colex,
Madrid, 2005; Esteban Meilán, M.ª del R., «El tercer grado», en Revista de Jurisprudencia El Derecho núm. 2, 2007, pp. 1 a 6.
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Ello constituye la esencia de nuestro sistema penitenciario que entiende la necesidad de motivar al sujeto para que evolucione dentro
del medio carcelario a partir de concederle ventajas si cumple con
una serie de requisitos como son la buena conducta, el trabajo desarrollado en prisión y la participación en programas de reinserción y
reeducación. Sobre la base de estos planteamientos respaldados por
la legalidad penitenciaria vigente antes y después de la aprobación
del actual Código penal, es evidente que cumple condena tanto el penado que está en libertad condicional como el que está en el primer,
segundo o tercer grado penitenciario.
III. No convencen, ni mucho menos, los argumentos que se
esgrimen en la sentencia que estableció la «doctrina Parot» como
en otras que la han aplicado, para afirmar que no existe una contradicción entre la misma y el mandato 25.2 CE en virtud del cual «las
penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social», sencillamente porque
la reinserción y reeducación no es incompatible con otros fines a
los que puede orientarse la pena de prisión como la retribución, la
prevención especial —se entiende negativa— y la prevención general.
Es obvio que no hay incompatibilidad entre los distintos fines de
la pena señalados. Resulta también evidente que la reinserción y la
reeducación no siempre son posibles y que en tal caso el recurso a
la pena sigue siendo legítimo pues la misma satisface otras finalidades. Pero lo que no tiene cabida es considerar legítimo el prescindir
completamente de la única finalidad de la pena a la que hace referencia la Constitución estableciendo un sistema de ejecución de la
misma que la hace de partida incompatible con dicho objetivo. El
mandato constitucional en efecto no se puede interpretar como una
obligación de conseguir la reinserción o la reeducación del penado
pero al menos establecer unas condiciones en las que estos objetivos
no devengan de partida imposibles. El propio Tribunal Supremo en
sentencias en las que ha aplicado la «doctrina Parot» ha reconocido
textualmente y de manera asimismo paradójica que la reinserción y
reeducación es la principal finalidad de la pena de prisión «por ser
la única reconocida en nuestra Ley fundamental» 82. Mal se entiende
que esa principal finalidad se excluya por la interpretación que de
determinados preceptos sobre la ejecución de la pena prisión hace la
misma instancia judicial que así se manifiesta.
82 Véase Fundamento Jurídico Octavo de la STS 195/2012, de 24 de febrero.
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En palabras del Magistrado Joaquín Jiménez García la «doctrina
Parot» «...pone en serio riesgo de vaciamiento la vocación de reinserción a que toda pena de prisión debe responder...el nuevo cómputo
(que implica la aplicación de la «doctrina Parot») 83 responde a priorizar exclusivamente los aspectos custodiales de la pena de prisión, de
suerte que la pena de prisión queda reducida al mero «aparcamiento»
de las personas en tales centros, con desentendimiento de toda actividad reeducadora» 84.
En cualquier caso no solo la «doctrina Parot» resulta incompatible con nuestra Constitución por las razones apuntadas. Hay aspectos de reformas legales que presentan el mismo inconveniente. Entre
las mismas destacan las ya introducidas por Ley Orgánica 7/2003,
de 30 de junio, de Medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y
efectivo de las penas y por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. En
ambas reformas se hace posible ya por tanto con base legal y sin necesidad de recurrir a interpretaciones jurisprudenciales como la que
sigue la «doctrina Parot», el cumplimiento íntegro de penas de prisión de hasta 40 años dentro del centro penitenciario sin posibilidad
de acceso al tercer grado ni a la libertad condicional. A la vista de
estas modificaciones, ¿dónde queda el principio de jerarquía normativa?, ¿dónde la coherencia de nuestro sistema legal en su conjunto?
Ya resulta a mi modo de ver desacertado que se renuncie a la
finalidad resocializadora de las penas 85, pero lo que se me antoja indignante es que los Gobiernos que se suceden en el poder no se molesten en mostrar a las claras las razones que motivan sus reformas
penales: si han dejado de creer en la resocialización o reeducación
como finalidad de la pena de prisión para ciertos supuestos respondiendo así a ciertas demandas sociales que parecen apuntar en ese
sentido, ¿por qué no modifican consecuentemente la Constitución de
El paréntesis es mío.
Véase el voto particular del Magistrado Joaquín Jiménez García a la STS
898/2008, de 11 de diciembre.
85 Ello no solo por el ideal humanitario que debe presidir el sistema punitivo en
un Estado Social y Democrático de Derecho como el que consagra nuestra Constitución, sino porque los sistemas penitenciarios que se han orientado a la reeducación y reinserción social del penado han resultado mucho más eficaces en términos
de índice de reincidencia que aquéllos inspirados en un planteamiento puramente
retributivo y preventivo especial negativo de la pena de prisión, potenciando cariz
aflictivo de la misma. Solo hace falta echar la vista atrás en la historia de los sistemas penitenciarios y ver los distintos resultados a los que dieron lugar los sistemas
pensilvánico o filadélfico, el sistema auburniano y el progresivo de individualización
científica (véase, entre otros muchos, Núñez Fernández, J., en Gil Gil, A., Lacruz
López, J., Melendo Pardos, M., Curso ... cit., pp. 777 y ss.).
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modo que ello se refleje en la Ley que se ubica en la punta de la pirámide normativa? Ello al menos conferiría a nuestro sistema jurídico
la coherencia que perdió y haría innecesarias resoluciones judiciales
que pretenden justificar lo que sencillamente no tiene cabida en el vigente ordenamiento jurídico que incluye a la Constitución española
como norma que lo preside. De cualquier manera la opción descrita,
aunque coherente, es de todo punto indeseable pues la legislación
debería atenerse al actual vigente orden constitucional.
IV. Por último merece la pena reflexionar sobre la idea retributiva que inspira la «doctrina Parot» y que se me antoja como el único
planteamiento de fondo que maneja esta corriente jurisprudencial.
Además de todos los argumentos empleados para justificar el cálculo
de los beneficios penitenciarios sobre todas y cada una de las penas
de manera que el penado permanezca en prisión durante el máximo
de 30 años de cumplimiento de condena, se dice que sería injusto
que un sujeto que ha sido condenado a 4.800 años por la comisión
de más de un centenar de delitos de asesinato terrorista, reciba el
mismo tratamiento que otro individuo que ha cometido un único
asesinato castigado con una pena de 30 años de prisión.
Esgrimir de esta manera la finalidad retributiva de la pena es desconocer qué ha supuesto la retribución en nuestro sistema punitivo
desde el advenimiento de la Democracia y hasta la reforma de Ley
Orgánica 5/2010, de 22 de junio 86. La gravedad de los hechos siempre ha servido para marcar el máximo de la intervención punitiva y
ha representado una garantía para el individuo en la medida en que
el mismo sabía que su castigo no podía sobrepasar esa gravedad.
Pero en nuestro sistema existen muchas instituciones que permiten
renunciar a la retribución en aras de la prevención especial. Es decir,
se permite dulcificar, nunca agravar la respuesta penal si la misma
es satisfactoria desde el punto de vista preventivo especial.
Así, la posibilidad de sustituir la pena de prisión por otra menos
lesiva de los derechos del penado o la posibilidad de suspender la
ejecución de las penas privativas de libertad cuando se cumplen determinados requisitos (ver, respectivamente, artículos 88 y 80 y ss.
Dicha reforma introduce la libertad vigilada como medida de seguridad a
cumplir, entre otros, por sujetos imputables condenados por delitos de terrorismo
o determinados delitos sexuales, una vez que los mismos han cumplido su condena.
Con ello se va más allá de la retribución en algunos supuestos de cara a prevenir la
peligrosidad que revela, según el legislador de 2010, ciertos tipos de criminalidad.
Véase, entre otros, Núñez Fernández, J., en Gil Gil, A., Lacruz López, J., Melendo
Pardos, M., Curso ... cit., pp. 920 y ss.
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CP). También la existencia de distintos grados de ejecución penitenciaria así como de los beneficios penitenciarios.
Se trata en definitiva de instituciones que revelan el sentido que
cabe dar a la retribución de manera que ésta no se entienda como
sinónimo de justicia como pretende la «doctrina Parot» al comparar
al asesino múltiple con el que solo comete un asesinato, desde parámetros puramente aritméticos que recuerdan a la noción paritaria
de la igualdad que ideó Rousseau en virtud de la cual hay que tratar
a las acciones en abstracto y a los individuos en masa. Por otro lado,
este ideal retributivo en que la «doctrina Parot» pretende fundamentar la idea de justicia, queda escasamente satisfecho si seguimos esa
misma lógica aritmética que esgrime esta corriente jurisprudencial,
pues al final todo lo que se va a conseguir es que el condenado por
un asesinato a 30 años de prisión redima su condena a los 20 años,
mientras que el que fue condenado a 4.800 o a 3.276, solo cumpla 10
años más. Los propios límites de cumplimiento que establece el sistema revelan que la retribución no es la finalidad esencial de nuestro
sistema punitivo.
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