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Sentencia n° 1261-F-2011 10:10 27/09/2011

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Sentencia n° 1261-F-2011 10:10 27/09/2011
*090021921027CA*
Exp: 09-002192-1027-CA
Res: 001261-F-S1-2011
SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las
diez horas diez minutos del veintisiete de setiembre de dos mil once.
Proceso ordinario establecido en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil
de Hacienda por la actora, representada por su apoderado generalísimo sin límite de
suma, señor S., […]; contra el ESTADO, representado por Iván Vicente Rojas,
divorciado. Figuran además, como apoderados especiales judiciales de la parte actora,
Danilo Loaiza Bolandi. Todos son mayores de edad, casados y con la salvedad hecha,
abogados y vecino de San José.
RESULTANDO
1.- Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la parte
actora estableció demanda ordinaria, cuya cuantía se fijó en ciento treinta y cinco mil
trescientos noventa y nueve dólares con siete centavos, a fin de que en sentencia se
declare: " A). Que se tenga por cierto que mi representada, mientras estuvo vigente el
contrato de exportación número […], si (sic) exportó arena auríferas a terceros
mercados, por lo que no eran ciertas las imputaciones que el Departamento de
Control y Evaluación de la Dirección General de Hacienda, mediante oficio
Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]
DGH-CE-856 del 21 de junio de 2001 hizo en contra de mi representada la
actora o en su defecto se le ordene al Departamento de Control y Evaluación
de la Dirección General de Hacienda que emita un oficio donde se desdiga de
dicha imputación. B). Que si bien el Estado está facultado a decretar medidas
cautelares de autotutela tales como el decomiso, esa facultad -por odiosa y exorbitantese reserva única y exclusivamente a lo estrictamente necesario, por lo que en recta
aplicación, entre otros, de los Principios de Equidad, Proporcionalidad y Razonabilidad y
siendo que mi representada le demostró a la Administración no solo que sus
imputaciones eran falsas sino que la maquinaria decomisada al momento del decomiso
no estaba al amparo de las notas de exoneración cuestionadas, actuando
prudentemente y sin cometer abuso de poder debió en ese mismo momento ordenar
levantar el comiso de la maquinaria propiedad de mi representada, así las cosas por
irracional, arbitraria e infundada se declare la nulidad absoluta de la orden de
decomiso que ordenó la Dirección General de Hacienda mediante oficio
DGH-CE-263 -01 de fecha 28 de agosto del 2001, considerando que el
Ministerio de Hacienda antes de proceder debió verificar si la maquinaria
continuaba o no al amparo de las notas de exoneración cuya ineficacia
pretendía; supletoriamente de no declararse la nulidad absoluta y anulación total de
dicha orden de decomiso desde su génesis, solicito que se declare que la orden de
decomiso se tornó nula e ilegal a partir del momento en que la administración se enteró
de que la maquinaria no estaba al amparo de las notas de exoneración cuya ineficacia
Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]
pretendía; sea a partir del 16 de enero del 2002 pues en ese día, en la audiencia
oral y privada, mi representada le hizo ver a la Administración la
improcedencia de la orden de decomiso y le aportó el certificado emitido por
PROCOMER en donde se indica que mi representada si (sic) exportó a
terceros mercados quedando desvirtuada la infundada imputación que le
hizo la Dirección General de Hacienda y además para ese momento sabía que
la maquinaria no estaba al amparo de las notas de exoneración
cuestionadas; de no declararse la nulidad absoluta a partir de cualquiera de
esas dos fechas considerando que el acto final del proceso en donde se
declaró el comiso, debió dictarse a mas (sic) tardar el 31 de enero del 2002
que sea a partir de esa fecha, por las razones dichas, que se deje sin efecto
la orden de comiso, toda vez que a partir de esa fecha la Administración tenía todos
los elementos de juicio para resolver el proceso administrativo pues estaba evacuada
toda la prueba pertinente y no se echaba de menos ninguna. Definitivamente mantener
la medida cautelar posterior a cualquiera de esas fechas dejó de tener sentido de
manera que mantenerlas mas allá de esa fecha tan solo puede obedecer a una
actuación irregular de la Administración sin sustento ni amparo legal, es decir si la
orden de decomiso se mantuvo por mas (sic) tiempo del necesario lo fue debido a un
acto abusivo de la administración que mi representaba no estaba obligada a soportar.
C). Se declare que el decomiso, amén de improcedente, aún de haberlo sido, se
extendió más de lo razonablemente por lo que el Estado debe responder por
todos los daños y perjuicio que el prolongado decomiso le ocasionó a las
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cuatro máquinas decomisadas propiedad de mi representada indicadas en el
hecho primero de esta demanda. D). Que se condene al Estado resarcirle a mi
representada
todos
los
DAÑOS
Y
PERJUICIOS
OCASIONADOS
A
MI
REPRESENTADA COMO CONSECUENCIA DIRECTA DEL PROLONGADO E
INJUSTIFICADO DECOMISO de las cuatro máquinas detalladas en el hecho
primero de la presente demanda, los cuales consisten en: 1). Deterioro de las
cuatro máquinas por permanecer durante años a la intemperie, expuestas a las
inclemencias atmosféricas sin recibir del Estado ni de sus depositarios ningún tipo de
mantenimiento ni los cuidados que un buen padre de familia le daría; deterioro que
para poderlo revertir y hacer que las máquinas vuelvan a obtener el estado
operativo que tenían para la fecha de decomiso implica una inversión que
según determinó el perito judicial, para la fecha en que rindió su peritaje,
ascendía a la suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE DÓLARES con SIETE CENTAVOS, moneda de curso legal
en los Estados Unidos de Norteamérica; suma que el Estado deberá pagarle a mi
representada a efecto de hacer que las cosas vuelvan al estado en que estaban para la
fecha en que se ejecutó el arbitrario decomiso y así pido se declare. 2). Que el no
poder disponer de las cuatro máquinas durante todo el plazo en que estuvieron
decomisadas a la orden del Ministerio de Hacienda, sea del 07 de noviembre del
2001 al 16 de febrero del 2004 mi representada dejó de percibir ingresos por la
suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN COLÓN según estudio y
Teléfonos: (506) 2295-3658 o 2295-3659, correo electrónico [email protected]
pronunciamiento hecho por el Licenciado José Miguel Solórzano S. Contador
Público
Autorizado
código
del
Colegio
de
Profesionales en Ciencias
Económicas N° 587, suma que deberá indemnizar el Estado a mi representada, mas
(sic) intereses legales y así pido se declare. 3). Que siendo que el Ministerio de
Hacienda se negó a pagarle al Almacén Fiscal T. el servicio de almacenaje del
cargador WA 200 que la Policía de Control Fiscal depositó en sus instalaciones no fue
sino hasta el 13 de diciembre del 2006 que, previo pago, mi representada
pudo retirarlo; por lo que respecto del cargador, además del plazo común del
decomiso, el Estado deberá indemnizarle la no disposición del cargador por el
plazo que va del 17 de de febrero del 2004 al 13 de diciembre del 2006, sea
146 semanas, plazo que, utilizando los mismos parámetros utilizados por el
Contador Público Autorizado para el plazo común del decomiso, asciende a la
suma
de
CINCUENTA
MILLONES
SETECIENTOS
VEINTICINCO
MIL
VEINTICINCO COLONES CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS, según se desglosó en
el HECHO VIGÉSIMO OCTAVO de la presente demanda; así las cosas pido que
por este concepto el Estado le indemnice a mi representada la suma de
CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTICINCO
COLONES CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS y así pido se declare.(146 x 6 x
7.238,16 x 8= ¢50.725025,28) 4). Que por la arbitraria actuación de la Administración
mi representada tuvo que interponer un Recurso de Amparo el cual fue declarado con
lugar y procedió a ejecutar la sentencia y en ese proceso, según se indica en el HECHO
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TRIGÉSIMO SEGUNDO de esta demanda, por concepto de honorarios de perito judicial
debió pagar la suma de un millón doscientos setenta y nueve mil colones, suma
que el Estado deberá repetirle a mi representada junto con los intereses legales a partir
de la fecha del pago y hasta la fecha de su efectivo pago. 5). Que siendo que mi
representada durante todo el tiempo del decomiso de las máquinas mantuvo ociosos a
los operadores de dichas máquinas no obstante continúo pagándoles el salario,
pagando cuotas obrero patronales y pólizas de riesgos laborales, pagó que durante ese
tiempo ascendió a ocho millones once mil ciento noventa y cinco colones; según
consta en certificación emitida por el Contador Público Autorizado Lic. José Miguel
Solórzano S; erogación que el Estado debe resarcirle a mi representada y así pido se
declare, mas intereses legales desde la fecha de la erogación y hasta la fecha de su
efectivo pago, 6). Pido que como indemnización sobre toda suma otorgada se condene
al Estado a pagar intereses legales a partir de la fecha en que mi representada sufrió el
daño o la erogación y hasta la fecha del efectivo pago, sumas que se liquidarán en
ejecución de sentencia, mas las costas procesales y personales de esta acción,
supletoriamente que el pago de intereses lo sea a partir de la firmeza de la sentencia.
E). Solicito que se declare que quien contrató los servicios de bodegaje o
almacenaje del Almacén Fiscal T. para depositar en sus predios el cargador
WA 200 no fue mi representada sino el Estado, según indicó la propia operadora
del Almacén y según se desprende del propio expediente administrativo y de la
sentencia […] dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda en
el expediente […], en consecuencia quien debe pagar por dicho servicio es el Estado,
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así las cosas, por ser contrario a la Garantía Constitucional de que a nadie se le hará
sufrir pena sino en virtud de sentencia firme y de que ocurriendo a las leyes todos han
de encontrar reparo para las injurias y daños que haya recibido pido se declare
absolutamente nula la resolución N° […] dictada a las nueve horas quince
minutos del cinco de agosto del dos mil cuatro, en donde, respecto a la
pretensión de mi representada de que el Estado pagara el servicio de almacenaje que
contrató, textualmente se indicó: “En cuanto a su pretensión de pago por concepto de
desalmacenaje de la maquinaria en cuestión al Depósito Fiscal Tical de Alajuela, por
parte del Estado, ese Despacho declara improcedente la misma toda vez que el comiso
ordenado se realizó conforme a derecho; ya que en ese momento existía razones
suficientes por el procedimiento que se estaba llevando a cabo de ordenar el decomiso
de dicha maquinaria” y también, en lo relacionado al no pago del servicio de
almacenaje, se declare la nulidad absoluta de la resolución N° 869 — 2004
dictada por el Ministro de Hacienda a las nueve horas del veinte de agosto
del dos mil cuatro y también absolutamente nulo lo resuelto mediante oficio
DM-1599-2004 de fecha 08 de octubre del 2004. Siendo que declarado que
es al Estado es a quien le correspondía pagar por el servicio de almacenaje y
siendo que mi representada, obligada por las circunstancia asumió ese pago
se resuelva que el Estado debe repetirle a mi representada la suma de UN
MILLÓN
CUATROCIENTOS
CUARENTA
MIL
NOVECIENTOS
SESENTA
COLONES CON SIETE CÉNTIMOS correspondiente a 1863 días de almacenaje del
cargador, según consta en FACTURA número 0525070 emitida por la operadora del
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Almacén Fiscal T., mas intereses legales a partir del 13 de diciembre del 2006 y hasta
la fecha de su efectivo pago, mas ambas costas de esta acción. F). Solicito se
declaren con lugar todas las pretensiones aquí deducidas, se condene a
pagar al Estado a todas las sumas pretendidas e intereses legales a partir de
la fecha en que se ocasionó el daño o perjuicio los cuales liquidaré en
ejecución de sentencia mas ambas costas de esta acción o en su defecto que
el pago de intereses lo sea a partir de la firmeza de la sentencia. G). Solicito
que en sentencia se tenga por ciertos todos los hechos en que fundo la presente
demanda, se declaren con lugar todas las pretensiones y se condene al Estado a
pagarlas mas (sic) intereses al tipo legal desde la fecha en que ocurrió la erogación o se
infringió el daño mas (sic) ambas costas de esta acción o en su defecto a partir de la
firmeza de la sentencia. H). Que en todo lo otorgado se apliquen mecanismos de
indexación como por ejemplo el valor del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica".
En la audiencia preliminar el actor amplió su pretensión: "1). Que en sentencia se
resuelva a obligar al Estado a dictar acto administrativo a efecto de que se pronuncie, si
se tuvo por acreditado o no el cumplimiento contractual en el proceso administrativo,
donde la medida cautelar se ordeno el comiso o decomiso de las maquinarias de la
actora."
2.- El Estado contestó negativamente y opuso las excepciones de defectos que
impiden verter pronunciamiento sobre el fondo del asunto, resuelta interlocutoriamente;
indebida acumulación de pretensiones, actos no susceptibles de impugnación, cosa
juzgada, caducidad, prescripción y falta de derecho.
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3.- La audiencia preliminar se efectuó a las 13 horas 45 minutos del 19 de
febrero de 2010, oportunidad en que hicieron uso de la palabra los representantes de
ambas partes.
4.- El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Cuarta,
integrado por la jueza Sandra Quesada Vargas y los jueces Eduardo González Segura y
David Fallas Redondo, en sentencia no. 896-2010 de las 15 horas del 9 de marzo de
2010, resolvió: “Se rechaza (sic) las defensas previas de actos no susceptibles de
impugnación, indebida acumulación de pretensiones y cosa juzgada. Se acoge la
defensa de caducidad y consecuentemente se declara inadmisible la acción en relación
con las pretensiones tendientes a obtener la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos impugnados. Se acoge parcialmente la excepción de prescripción y
consecuentemente se rechaza las pretensiones indemnizatorias planteadas únicamente
en relación con los vehículos placa No. […]Y […]. Se acoge la excepción de falta de
derecho en cuanto a las pretensiones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento del contrato de exportación No. […] suscrito por la actora y el Estado.
En lo demás, se rechaza la excepción de falta de derecho y se declara parcialmente con
lugar la demanda intentada, debiendo entenderse denegada en lo expresamente
concedido: Deberá el Estado pagar a favor de la actora, los siguientes rubros: Por
concepto de gastos de almacenaje cancelados por la actora a la empresa Almacén
Fiscal T. se concede la suma de ¢1.440.969,07 colones netos, de conformidad con la
factura No. 05-25070 del 13 de diciembre del 2006. Por los daños y el deterioro que
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sufriera el cargador marca Komatsu WA200 al haber permanecido a la intemperie y
expuesto a las inclemencias atmosféricas durante el periodo comprendido del 07 de
noviembre del 2001 al 13 de diciembre del 2006, se concede a la actora la suma de
$17.202,62 dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América por
concepto de repuestos para su reparación, así como la suma de ¢1.645.000,00 colones
por concepto de mano de obra. Deberá el Estado indemnizar las sumas no percibidas
por la actora al no poder disponer del cargador Komatsu WA200 durante el período
comprendido del 07 de noviembre del 2001 al 13 de diciembre del 2006, las cuales
serán acreditadas y determinadas en ejecución de sentencia. Las sumas aquí
concedidas y las que se lleguen a determinar en etapa de ejecución de sentencia,
deberán ser indexadas y traídas a valor presente de conformidad con los artículos 123 y
124 del Código Procesal Contencioso Administrativo; así mismo, devengarán intereses al
tipo legal vigente, los cuales correrán a partir de que alcance firmeza la presente
resolución y hasta la fecha de su efectivo pago. Son ambas costas de esta acción a
cargo del Estado.”
4.- Ambas partes formulan recurso de casación.
5.- En los procedimientos ante esta Sala se han observado las prescripciones de
ley.
Redacta la Magistrada León Feoli
CONSIDERANDO
I.- La empresa actora demanda al Estado. Aduce, en lo fundamental,
que la Administración Tributaria le decomisó, indebidamente, una excavadora, un
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tractor y dos cargadores, medida que además de ilícita le generó daños y
perjuicios. Pide que en sentencia se declare: A.- Mientras estuvo vigente el
contrato de exportación no. […], exportó arenas auríferas a terceros mercados,
por lo que no son ciertas las imputaciones que el Departamento de Control y
Evaluación de la Dirección General de Hacienda, mediante oficio DGH-CE-856, del
21 de junio de 2001, hizo en su contra, o en su defecto, se le debe ordenar a ese
Departamento que emita un oficio, donde se desdiga de esas afirmaciones. B.- Si
bien el Estado tiene la facultad de decretar medidas cautelares de autotutela,
como el decomiso, esa facultad, por odiosa y exorbitante, se reserva solo a lo
estrictamente necesario. De modo que en aplicación de los principios de equidad,
proporcionalidad y razonabilidad, y siendo que ella le demostró a la
Administración que las imputaciones eran falsas y que la maquinaria, al momento
del decomiso, no estaba al amparo de las notas de exoneración cuestionadas,
actuando con prudencia y sin abuso de poder, debió ordenar el levantamiento.
Así, por irracional, arbitraria e infundada, solicita se declare la nulidad absoluta
de
la
orden
emanada
de
la
Dirección
General
de
Hacienda,
oficio
DGH-CE-1263-01, del 28 de agosto de 2001, considerando que el Ministerio de
Hacienda, antes de proceder, debió verificar si la maquinaria continuaba o no al
amparo de las notas de exoneración cuya ineficacia pretendía. Supletoriamente,
de no declararse esa nulidad, pide se establezca que la orden de decomiso se
tornó nula e ilegal, a partir del momento cuando la Administración se enteró de
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que la maquinaria no estaba al amparo de las citadas notas, es decir, desde el 16
de enero de 2002. En la audiencia oral y privada, hizo ver la improcedencia de la
medida y aportó un certificado de PROCOMER, donde se indica que sí exportó a
terceros mercados, quedando desvirtuada la infundada imputación. Además,
para ese momento sabía que la maquinaria no estaba amparada en las referidas
notas. De no decretarse la nulidad absoluta a partir de cualquiera de esas dos
fechas, considerando que el acto final del proceso en donde se declaró el comiso
debió dictarse a más tardar el 31 de enero de 2002, reclama que sea desde esta
data que se deje sin efecto, toda vez que a partir de allí la Administración tenía
todos los elementos de juicio para resolver el proceso administrativo, pues estaba
evacuada la prueba pertinente y no se echaba de menos ninguna. Mantener la
medida cautelar, posterior a cualquiera de esas fechas, dejó de tener sentido. De
manera que prolongarlas más allá, tan solo puede obedecer a una actuación
irregular de la parte demandada, sin sustento legal; en otras palabras, si la orden
rigió por más tiempo del necesario, fue debido a un acto abusivo de la
Administración, que no está obligada a soportar. C.- Se disponga que el
decomiso, procedente o no, se extendió más de lo razonable, por lo que el
Estado debe responder de todos los daños y perjuicios que le ocasionó a las
cuatro máquinas decomisadas. D.- Se condenará a resarcirle los daños y
perjuicios, causados como consecuencia directa del prolongado e injustificado
decomiso y que consisten: 1.- Deterioro de los cuatro vehículos por permanecer
durante años en la intemperie, expuestos a las inclemencias atmosféricas, sin
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recibir del accionado ni de sus depositarios ningún tipo de mantenimiento o los
cuidados de un buen padre de familia. Ese detrimento, para poder revertirlo y
hacer que las máquinas vuelvan a obtener el estado operativo que tenían al
tiempo del arbitrario decomiso, implica una inversión que, según el perito judicial
y para cuando rindió su dictamen, ascendía a $135.399,07; suma que el
demandado deberá pagarle. 2.- El no poder disponer de los cuatro bienes
durante el lapso que estuvieron decomisados a la orden del Ministerio de
Hacienda, es decir, del 7 de noviembre de 2001 al 16 de febrero de 2004, dejó
de percibir ingresos por ¢248.719.451,00, según estudio de Contador Público
Autorizado (en adelante CPA), monto que deberá indemnizar el Estado, más los
intereses legales. 3.- Como el Ministerio de Hacienda se negó a pagarle al
Almacén Fiscal T. el servicio de almacenaje del cargador Komatzu WA 200, que
la Policía de Control Fiscal depositó en sus instalaciones, no fue sino hasta el 13
de diciembre de 2006, previo pago, que pudo retirarlo. Por ello, respecto a ese
bien, además del plazo común del decomiso, el demandado deberá indemnizarle
la no disposición del 17 de febrero de 2004 al 13 de diciembre de 2006, sean,
146 semanas; lo cual, utilizando los parámetros del CPA, asciende a
¢50.725.025,28 (146 X 6 X ¢7.238,16 X 8 = ¢50.725.025,28). 4.- Por la arbitraria
actuación del accionado, tuvo que interponer un recurso de amparo, el cual se
acogió y procedió a ejecutar. En esa etapa, por concepto de perito, debió saldar
¢1.279.000,00, que se le deberá reconocer junto con los intereses legales desde la
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fecha de pago y hasta su efectiva cancelación. 5.- Como durante el tiempo del
decomiso de las máquinas, mantuvo ociosos a los operadores, no obstante
continuó pagándoles el salario, cuotas obrero patronales y pólizas de riesgos
profesionales, lo cual totalizó en ¢8.011.195,00, según consta en la certificación
del CPA, se le debe resarcir esa erogación, más los intereses legales desde que la
hizo y hasta que se le reconozca. 6-Como indemnización sobre toda suma
otorgada, debe condenarse al accionado a los réditos de ley, de la fecha cuando
sufrió el daño o erogación, al efectivo pago, lo cual se liquidará en ejecución de
sentencia, más las costas personales y procesales. Supletoriamente, pide el
reconocimiento de intereses a partir de la firmeza del fallo. E.- Solicita se declare,
también, que quien contrató los servicios de bodegaje o almacenaje del
Almacén Fiscal T., para depositar en sus predios el cargador Komatzu WA 200,
no fue ella sino el Estado, como la propia operadora lo indicó en el expediente
administrativo y en la sentencia no. […] del Juzgado Contencioso Administrativo
y Civil de Hacienda, expediente no. […]. En consecuencia, asevera, el
demandado deberá asumir ese servicio, por ser contrario a la garantía
constitucional de que a nadie se le hará sufrir pena sino en virtud de sentencia
firme y de que ocurriendo a las leyes todos han de encontrar reparo para las
injurias y daños que haya recibido. De este modo, se decretará absolutamente
nula la resolución administrativa no. 824-2004, de las 9 horas 15 minutos del 5
de agosto de 2004, donde respecto a la pretensión de que el Estado pagará el
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almacenaje, resolvió que era improcedente, porque el decomiso se realizó
conforme a Derecho, por existir en ese momento razones suficientes para llevarlo
a cabo. Además, de lo relacionado al no pago del almacenaje, se establezca la
nulidad absoluta de la resolución no. 869-2004, del Ministerio de Hacienda,
emitida a las 9 horas del 20 de agosto de 2004; así como de lo dispuesto en el
oficio DM-1599-2004, del 8 de octubre de 2004. Al declararse que es al Estado a
quien le corresponde asumir la obligación por ese servicio y como ella, obligada
por las circunstancias lo canceló, debe ordenarse la repetición de los
¢1.440.960,07, relativos a los 1863 días de almacenaje del cargador, según
factura emitida por el Almacén Fiscal T., más los intereses legales desde el 13
de diciembre de 2006 hasta su efectivo pago, y ambas costas del proceso. F.- El
accionado cancelará las sumas pretendidas e intereses legales a partir de la fecha
cuando se ocasionó el daño o perjuicio, según se liquide en ejecución de
sentencia, más ambas costas; en su defecto, se disponga que los réditos sean
con la firmeza del fallo. G.- Reitera la petición de condena al demandado, de
todas las pretensiones, intereses y costas. H.-Pide que a lo otorgado se apliquen
mecanismos de indexación, como por ejemplo, el valor del dólar de los Estados Unidos
de Norteamérica. En la audiencia preliminar se agregó como nuevo extremo
petitorio: I.- Que se obligue a dictar un acto administrativo, a efecto de que se
pronuncie si se tuvo por acreditado o no el cumplimiento contractual en el
proceso administrativo, en donde como medida cautelar se ordenó el decomiso
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de las maquinarias.
II.- El Estado contestó negativamente. Opuso las excepciones de defectos que
impiden
verter
pronunciamiento
sobre
el
fondo
del
asunto
(resuelta
interlocutoriamente), indebida acumulación de pretensiones, actos no susceptibles de
impugnación, cosa juzgada, caducidad, prescripción y falta de derecho. El Tribunal
rechazó las defensas de actos no susceptibles de impugnación, indebida acumulación de
pretensiones y cosa juzgada. Acogió la de caducidad en los reclamos tendientes a
obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos impugnados y decretó
inadmisible la acción. Aceptó parcialmente la de prescripción y denegó las peticiones
indemnizatorias planteadas en relación con los vehículos placas nos. […] y […].
Acogió la de falta de derecho respecto a las pretensiones referentes al cumplimiento o
incumplimiento del contrato de exportación no. […], suscrito por la actora y el Estado.
En lo demás, rechazó esa excepción y, en forma parcial, declaró con lugar la demanda,
entendiéndose denegada en lo expresamente concedido. Impuso al accionado los
siguientes extremos: por gastos de almacenaje cancelados por ella al Almacén Fiscal
T., la suma de ¢1.440.969,07, según factura no. 05-25070, del 13 de diciembre de
2006. Por los daños y el deterioro que sufrió el cargador Komatsu WA 200, al haber
permanecido en la intemperie y expuesto a las inclemencias atmosféricas del 7 de
noviembre de 2001 al 13 de diciembre de 2006, la cantidad de $17.202,62, por
repuestos para su reparación. De mano de obra, el monto de ¢1.645.000,00. También
lo condenó a indemnizar las sumas no percibidas por la demandante, al no poder
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disponer de ese vehículo, en el período dicho, las que se acreditarán y determinarán en
ejecución de sentencia. Las sumas concedidas y las que se lleguen a fijar, se indexarán
a valor presente, de conformidad con los artículos 123 y 124 del Código Procesal
Contencioso Administrativo (CPCA); asimismo, devengarán intereses legales, a partir de
la firmeza de la resolución y hasta su efectivo pago. Además, correrá con ambas costas
del proceso. Actora y demandado formulan recursos de casación.
Recurso de la actora
III.- A modo de preámbulo, el apoderado de la actora alega que su
representada, al amparo del contrato de exportación no. […], mediante notas de
exoneración nos. […] del 2 de mayo de 1990, […] del 7 de setiembre de 1990 y […]
del 6 de julio de 1990, libre de tributos de nacionalización, importó cuatro máquinas
marca Komatzu, a las que inicialmente se le asignaron las placas: […] y […]. Al
finalizar el referido acuerdo, el 30 de setiembre de 1996, señala, su poderdante
continuó en posesión de esa maquinaria, a la que sometió a otro régimen de
exoneración de tributos de nacionalización, como consta en la nota no. 7156, del 30 de
marzo del 2001. Explica que ello implicó que el Registro de la Propiedad Mueble, les
asignara las placas números: […] (cargador sobre llantas WA 200), […] (cargador
sobre llantas WA 100), […] (tractor de orugas D 85 A -21) y […] (excavadora sobre
orugas PC 310). Continúa diciendo que el 21 de junio de 2001, el Departamento de
Control y Evaluación de la Dirección General de Hacienda, mediante oficio DGH- CE-856,
adujo que la actora no había exportado a terceros mercados, incumpliendo el contrato
de exportación de arenas auríferas. Ante ello, inició un proceso administrativo, para
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declarar la ineficacia de las notas de exoneración nos. […],[…] y[…] y hacer efectivo
el
cobro
de
los
tributos
inicialmente
exonerados.
Ordenó,
mediante
oficio
DGH–CE-1263-01, del 28 de agosto de 2001, el decomiso de las cuatro máquinas.
Agrega que el 7 de noviembre de 2001, oficiales de la Policía de Control Fiscal de
Grecia, ejecutaron la orden de decomiso. De la maquinaria citada, el cargador Komatzu
placa […], por orden de la Policía de Control Fiscal, fue trasladado al Almacén Fiscal
T. en Alajuela, dejando las otras tres máquinas, debidamente selladas, en los predios
del Grupo Q. en Grecia. La Dirección General de Hacienda, acota, mediante resolución
no. 139-2001, de las 14 horas del 16 de noviembre de 2001, emitió el trasladado de
cargos y convocó a una comparecencia oral y privada, que se celebró a las 10 horas del
16 de enero de 2002. Expone que en ella la actora rechazó los cargos y aportó
certificación emitida por PROCOMER, donde se indica que sí había exportado a terceros
mercados y que cuando no lo hizo justificó los motivos. En esa misma audiencia,
continúa, se le hizo ver al órgano que el comiso -aún en el supuesto de que fueran
ciertas las imputaciones-, no era procedente, en virtud de que la maquinaria estaba al
amparo de una nota de exoneración distinta de las cuestionadas, y solicitó el
levantamiento de esa medida. Pasada la audiencia oral y privada, relata, la
Administración no dictó el acto final y a estas alturas no lo ha hecho. Explica que debido
al atraso y a que la maquinaria permanecía decomisada, el 26 de abril de 2002 presentó
recurso de amparo, que mediante resolución no. 2002-06751, de las 14 horas 58
minutos del 9 de julio de 2002, la Sala Constitucional declaró con lugar, condenando al
Estado a pagar las costas, daños y perjuicios causados. Además, le ordenó al Ministerio
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de Hacienda, que en el plazo impostergable de dos meses, dictara el acto final. Pese a
ello, asevera, no resolvió en ese tiempo. Por eso, su poderdante insistió en que se
cumpliera lo dispuesto, gestionando ante la Sala Constitucional. Allí el Estado indicó que
iba a iniciar otro proceso, con la intención de declarar la ineficacia de la nota de
exoneración no. […], por lo que suspendería la resolución del primero hasta que se
decidiera el segundo. Señala que su representada se opuso, pues los dos procesos no
guardaban relación, ya que el inicio del segundo no impedía resolver el anterior. Afirma
que el Ministerio de Hacienda, en resolución OD-0001-02, de las 15 horas 30 minutos
del 5 de noviembre de 2002, abrió el segundo proceso y emitió la resolución RES
152-2002, de las 11 horas del 18 de noviembre del 2002, donde suspendió el dictado
del acto final del primero hasta que se resolviera el posterior. En este último, detalla, se
realizó la audiencia privada y el Ministerio de Hacienda remitió el expediente a la
Procuraduría General de la República, para obtener el dictamen del artículo 173 de la
Ley General de la Administración Pública (LGAP). La Procuraduría, mediante dictamen
C-016-2004, entre otras cosas, le hizo ver a la Administración, que la existencia del
segundo proceso administrativo no era impedimento para que se hubiese resuelto el
otro. Manifiesta que el 10 de febrero del 2004, casi tres años después, en resolución no.
10-04 del Ministerio de Hacienda, se dispuso el archivo del expediente administrativo,
sin pronunciarse sobre la procedencia o no de las imputaciones. Pese a ello, acota,
omitió levantar el comiso de las maquinarias, hasta que el 16 de febrero de 2004, a
través del oficio DGH-094-04, resolvió hacerlo. No incluyó el cargador WA 200 pues,
como se expresó, la Policía de Control Fiscal lo había trasladado al Almacén Fiscal T.
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en Alajuela, y su representada no podía retirarlo hasta pagar el servicio contratado por
el Estado. Sin embargo, arguye, este se negaba a cancelar, aduciendo la licitud del
decomiso e indicando que la actora debía saldar. Ante la insistencia para que el
Ministerio pagara, asevera, el titular de esa cartera, en oficio DM-1599-2004, del 8 de
octubre de 2004, contestó que su despacho mantiene el criterio de no asumir los rubros
correspondientes al almacenaje de la maquinaria, dando por agotada la vía
administrativa. Por lo expuesto, justifica, la accionante, el 24 de noviembre de 2004,
demandó al Estado ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda,
para que se le condenara a pagar al Almacén Fiscal el servicio de almacenaje del
cargador EE 21160. En ese proceso, que se tramitó en el expediente número […],
recayó sentencia, la cual declaró que si bien al Estado le correspondía asumir los costos
que implicaron el almacenaje del cargador, no podía pronunciarse sobre el fondo, toda
vez que en la demanda no se indicaron los actos administrativos que se impugnaban.
Argumenta que estando en trámite ese ordinario y sin que se vislumbrara una pronta
resolución, el 13 de diciembre de 2006, la actora decidió pagarle al Almacén Fiscal,
poniéndolo en conocimiento del despacho judicial. Por ese concepto, refiere, su
representada giró ¢1.440.960,07. Continúa exponiendo que el 17 de enero de 2005,
ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, su poderdante
interpuso un proceso de ejecución de sentencia contra del Estado, para ejecutar el fallo
no. […] dictado por la Sala Constitucional, a las 14 horas 58 minutos del 9 de julio de
2002, dentro del recurso de amparo supra citado. Allí se pretendió la indemnización de
los daños y perjuicios que consideró fueron consecuencia directa de la tardanza de la
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Administración en resolver los dos procesos administrativos, lo cual motivó que se
declarara con lugar el referido recurso. La ejecución de sentencia finalizó con el fallo no.
[…], de las 11 horas 17 minutos del 19 de diciembre de 2008, notificado a todas las
partes el 19 de enero de 2009, quedando en firme el 23 siguiente. Aduce que la actora
no recurrió, porque en parte le asistía la razón a la autoridad jurisdiccional, pero estimó
que las pretensiones de obtener la indemnización de los daños y perjuicios permanecían
vigentes. A ese respecto, acota, nunca ha dejado de insistir y de recurrir en toda
instancia, para obtener lo que considera legítimo y justo. El 1 de abril de 2009,
menciona, ante el Despacho del Ministro de Hacienda, presentó reclamo administrativo,
a fin de que le indemnizara a su representada los mismos daños y perjuicios que
reclamó en el proceso de ejecución de sentencia, que se inició el 17 de enero de 2005 y
finalizó el 19 de enero de 2009, cuando quedaron notificadas las partes. Ese reclamo
administrativo se decidió en resolución no. 399-2009, de las 9 horas del 6 de mayo de
2009, que se le notificó el 24 de junio siguiente, es decir, dos meses y 24 días luego de
iniciado el reclamo, y 24 días después de cuando debió haberse resuelto, pues el
pronunciamiento vale a partir de su notificación. Explica que esto tiene bastante
relevancia, pues la Administración guardó silencio y no opuso, en tiempo, la excepción
de prescripción. Si está investida de facultades exorbitantes como lo es la autotutela,
enfatiza, debió utilizar esa herramienta y si la omitió no puede perjudicar al
administrado. Reitera que el Estado, si consideró prescrito el derecho al resarcimiento,
debió alegar esa defensa dentro del plazo de dos meses que tuvo para resolver. Al
dejar pasar ese tiempo, expone, renunció a la excepción. Agrega que el principio de
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autotutela, entre otras cosas, implica que la Administración no necesita recurrir ante la
autoridad jurisdiccional en protección de sus intereses. Puede, por sí misma, defenderse
y si no lo hace es su problema, como así sucedió en el caso concreto, al no aducir la
citada defensa en el tiempo oportuno. Refiere que al notificarse la resolución no.
399-2009, su poderdante interpuso, en sede administrativa, los recursos pertinentes,
que a la fecha no han sido resueltos ni lo serán porque también planteó este proceso.
El que aquí ocupa, acota, se inició el 9 de setiembre de 2009 y la sentencia combatida
con este recurso se dictó a las 15 horas del 9 de marzo de 2010.
IV.- Luego de la anterior disertación formula sus inconformidades. Alega que el
fallo que impugna declaró parcialmente con lugar las pretensiones de su representada,
respecto al resarcimiento atinente al cargador WA 200, placa […], trasladado de Grecia
al Almacén Fiscal T. en Alajuela. Pero se le rechazaron las peticiones indemnizatorias
referentes a las otras tres máquinas que habiendo sido decomisadas quedaron en
Grecia, en los predios del Grupo Q. En cuanto a esos extremos, señala, el Tribunal
declaró con lugar la excepción de prescripción, razonando que el plazo de cuatro años,
del artículo 198 de LGAP, empezó a correr el 16 de febrero de 2004, fecha cuando al
levantarse la orden de comiso, la actora pudo entrar en posesión. El órgano
sentenciador, censura, consideró que el planteamiento de la ejecución de sentencia,
incoada el 17 de enero de 2005, por no ser un proceso de conocimiento sino ejecutorio,
no tuvo la virtud de interrumpir el plazo prescriptivo. A su juicio, no lleva razón, porque
el precepto 879 del Código Civil, en lo que interesa, indica que la prescripción se
interrumpe también por cualquier gestión, judicial o extrajudicial, para el cobro de la
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deuda y del cumplimiento de la obligación. En este sentido, enfatiza, no procede
distinguir donde la ley no lo hace; es decir, el legislador, en el artículo de comentario,
dispuso que la prescripción se interrumpe por las relacionadas causas. De este modo, si
es viable interrumpir ante gestiones no judiciales, con mucho más razón procede si es
en vía jurisdiccional. Justifica que su representada se presentó y tramitó en estrados
judiciales; se le dio curso a la acción y la contraparte, en este caso el Estado, contestó
oponiendo excepciones. Además, ejerció el derecho de defensa y del contradictorio. Se
cumplieron todas las etapas procesales hasta la sentencia. En fin, argumenta,
“…siempre mantuvo el dedo sobre el reglón no permitiendo que el plazo fatal se
cumpliera…”. Insiste en que el curso de la prescripción, mientras estuvo pendiente el
trámite cobratorio, no solo se interrumpió sino que no transcurrió sino finalizado el
proceso. Repite que la ejecución de sentencia terminó con el fallo emitido el 19 de
diciembre de 2008 y el reclamo en sede administrativa se presentó el 1 de abril del
2009, por lo que los cuatro años nunca se cumplieron. Censura que el Tribunal, sin
mayor fundamentación, indica que un ejecutorio no tiene la virtud de interrumpir ese
plazo. Sin embargo, arguye, el legislador lo que expresa, sin distinguir, es que cualquier
gestión cobratoria tiene efecto interruptor. De este modo, el operador del Derecho no
puede, por vía de interpretación, legislar, abrogar o derogar una norma, tan llana y
tajante como la que contiene el artículo 879 del Código Civil. En consecuencia, estima,
el plazo de prescripción de la acción cobratoria sí se interrumpió el 17 de enero de
2005, cuando su representada gestionó el pago de los daños y perjuicios ocasionados
con motivo del prolongado e injustificado decomiso de las tres máquinas que, en tal
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condición, quedaron en Grecia. En su criterio, para aplicarse la prescripción se requieren
tres elementos: el transcurso del tiempo previsto por la ley; la falta de ejercicio del
titular del derecho; la voluntad del favorecido por la prescripción de hacerla valer, ya
sea por acción o excepción, pues no puede ser declarada de oficio y es posible su
renuncia tácita o expresa, siempre y cuando no sea anticipada. En el caso que aquí
ocupa, sostiene, la actora siempre ha pretendido el pago de esos daños y perjuicios,
por lo que sus pretensiones no resultan sorpresivas. En vía de ejecución de sentencia
requirió esa indemnización, específicamente, de los menoscabos sufridos por las
máquinas. Asimismo, ofreció prueba pericial para cuantificar el monto de los daños. El
Estado contestó y en ese escrito, lejos de alegar la prescripción de ese puntual reclamo,
se allanó y lo consideró procedente, aunque no de la forma como lo pretendía su
representada. A tales efectos, señala, en folio 21 de ese memorial, es decir, el 164 del
expediente, el ejecutado indicó: “Sobre la prueba pericial, y de estimar el Despacho
que la misma es procedente, solicitamos expresamente que el perito se refiera a la
situación que presentaba la maquinaria al momento del decomiso... pues no se puede
pretender que se repongan las máquinas a un estado óptimo o como si fueran nuevas,
sino a lo que cabría considerar era su estado al mes de noviembre del 2001.” . Estima
que de lo anterior se desprende que el Estado, reconoció el derecho de su poderdante a
obtener una indemnización por el deterioro sufrido en la maquinaria, aunque no
considerando el monto pretendido sino cómo estaban los bienes en noviembre de 2001.
Con esas manifestaciones, insiste, aceptó el derecho a la indemnización, lo que tuvo la
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virtud de interrumpir el plazo prescriptivo, aunado a que no opuso la correspondiente
defensa.
V.- En punto a los extremos atinentes a las tres máquinas que menciona el
casacionista, el Tribunal, en el Considerando IV, destaca que se planteó el proceso
como de plena jurisdicción, formulando la actora pretensiones anulatorias de actos
administrativos y, en forma concomitante, peticiones resarcitorias derivadas de esos
actos y de otros aspectos atribuibles a la Administración Tributaria (registro electrónico
14:02:00). Respecto al reclamo indemnizatorio de esos tres bienes, indica que según se
tuvo por demostrado, el decomiso nunca se hizo efectivo; sin embargo, jurídicamente sí
existió la orden administrativa de esa medida, la cual limitaba la libre posesión que la
empresa podía ejercer sobre los vehículos. Fue hasta el 16 de febrero de 2004 que se
eliminó esa restricción, disponiendo la actora, libremente, de sus derechos sobre las
máquinas. Desde esa data, aduce, empezó a correr el plazo prescriptivo de los cuatro
años, para que formulara sus pretensiones resarcitorias. Argumenta que con la
ejecución de sentencia del recurso de amparo, presentada al Juzgado Contencioso
Administrativo, la actora formuló, por primera vez, la discusión sobre los extremos
indemnizatorios por los daños y perjuicios derivados del supuesto decomiso de la
maquinaria, que se mantuvo en las instalaciones de Grupo Q. en Grecia. Pero recurrió
a una vía que no era la idónea para el planteamiento de esos reclamos (16:03:53), por
cuanto fue una ejecución de sentencia y no un proceso de conocimiento. Asevera que al
ser un proceso sumario de carácter ejecutorio, no tiene virtud interruptora. Por otro
lado, argumenta, es a partir del 1 de abril de 2009, que la actora presentó una gestión
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administrativa
ante
el
Ministerio
de
Hacienda,
sobre
los
mismos
extremos
indemnizatorios, incluyendo las tres máquinas. Para esta última fecha, señala, se habían
cumplido los cuatro años de prescripción, de modo que al presentase la demanda que
aquí ocupa, el 9 de setiembre de 2009, ya ese tiempo se tenía por cumplido,
entendiendo prescritos esos derechos.
VI.- La prescripción negativa extingue derechos porque el titular no los ejercita
dentro del plazo legalmente establecido al efecto, lo que crea situaciones de
incertidumbre jurídica. Por eso, ante eventos que no revelen esa desidia, el legislador,
según sea el caso, les ha reconocido fuerza interruptora o suspensiva del curso de la
prescripción. En el caso concreto, el Tribunal declaró prescritos los derechos
resarcitorios de la actora respecto a las tres máquinas, en tanto estimó que pese a
haber gestionado la ejecución de una sentencia de la Sala Constitucional, formulando
allí sus reclamaciones indemnizatorias, este trámite jurisdiccional no tiene efecto
interruptor, por cuanto la vía ejecutoria no es idónea para su formulación, como sí lo es
el proceso de conocimiento. Sin embargo, no lleva razón, porque en el caso concreto no
se presentó la situación de inseguridad creada por la negligencia del titular del derecho
subjetivo en su ejercicio, lo cual es, precisamente, lo que sanciona la prescripción
negativa. En la especie, la actora promovió la ejecución de un fallo de la Sala
Constitucional, donde reclamó sus pretensiones de cobro resarcitorio sobre los tres
bienes, y lo cierto fue no solo que enteró al Estado de esas reclamaciones, sino que
este se opuso, se defendió y ejerció el principio del contradictorio, no por desconocer la
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improcedencia del cobro, sino por la forma en cómo se cobraba y el monto peticionado.
A tal punto se entiende que aceptó que se ejercitaba el derecho resarcitorio, que hasta
alegó, en este nuevo proceso, la defensa de cosa juzgada material sobre los extremos
atinentes a las tres máquinas, reconociendo con ello la idoneidad de aquel reclamo
ejecutorio y aduciendo que sobre esas peticiones indemnizatorias ya se había vertido
pronunciamiento definitivo en la vía de ejecución, lo que a su juicio impide acogerlas en
este ordinario. Así, es evidente que en el sub-lite, el demandado reconoció en esa
gestión, la virtud del oportuno ejercicio de los derechos resarcitorios de la actora,
incluso, ni siquiera formuló allí la prescripción extintiva y, más aún, ratificó en el proceso
que aquí ocupa, la aptitud de aquellos requerimientos de pago de daños y perjuicios.
Todo ello, en definitiva, asume efectos interruptores, al abrigo también de lo dispuesto
en el precepto 879 del Código Civil, contrario a lo afirmado por el órgano sentenciador,
quien vulneró, con su proceder, esta norma jurídica. Cabe agregar, la representación
del Estado no combate en este recurso, el rechazo de la defensa de cosa juzgada, lo
que en consecuencia debe mantenerse incólume. El órgano sentenciador también
vulneró el canon 198 de la LGAP, por no resultar aplicable la prescripción decretada con
la base que al efecto consideró, según quedó expuesto. Por consiguiente, se debe
acoger el recurso de la parte actora, anular el fallo del Tribunal en este punto y
rechazar la defensa de prescripción, para que el Estado indemnice los daños y
perjuicios relacionados con las tres máquinas, según la demandante lo reclame y
especifique en fase de ejecución de sentencia, donde se debata sobre ese punto; todo
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ello, al abrigo de lo estipulado en los artículos 212, m), i) y 150, inciso 2), ambos del
CPCA. En este particular, es clara la procedencia del reclamo indemnizatorio, pues como
se afirma en la sentencia recurrida, jurídicamente sí existió la orden administrativa de la
medida del decomiso, que limitó la libre disposición que la empresa podía ejercer sobre
la maquinaria, lo que es razón suficiente para entender que los derechos e intereses de
la actora se lesionaron y por lo mismo deben resarcirse (artículos 41 de la Constitución
Política y 190 de la LGAP). Por consiguiente, se denegará la defensa de falta de
derecho. También la de caducidad, en virtud de lo establecido en el Considerando XII
de esta sentencia.
Recurso del demandado.
VII.- A modo introductorio, el accionado hace una síntesis de las pretensiones
de la empresa actora que consideró el Tribunal, lo mismo que del pronunciamiento de
fondo atinente a ellas. Con esa base, combate el criterio de esos juzgadores, en punto
al rechazo de la defensa de prescripción y el acogimiento del reclamo indemnizatorio
relacionado con el cargador Komatsu WA 200. A su juicio, el razonamiento del fallo
impugnado se estructura en diversos momentos, los cuales puntualiza así: 1.- En primer
término, asevera, el órgano sentenciador precisa que se trata de un proceso de plena
jurisdicción (registro electrónico, 15:47:28), en donde conjuntamente se realizan
pretensiones anulatorias e indemnizatorias por conductas omisivas. 2.- En cuanto a los
actos administrativos que se pretenden anular (no. DGH-10-04, 824-2004, 869-2004 y
DM 1599-2004), la acción es inadmisible, por operar la caducidad prevista en el artículo
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37, en relación con el 21, inciso 2), ambos de la LRJCA, aplicable en virtud del
Transitorio III del CPCA (15:48:00 a 15:55:22). Reseña que el Tribunal tiene por
acreditado que la solicitud para que la Administración asumiera el costo del bodegaje
del cargador Komatsu WA 200 fue resuelta, definitivamente, por acto final, mediante la
resolución DM-1599-2004, dándose por agotada la vía administrativa. 3.- Sin embargo,
agrega, en la sentencia recurrida se establece que las consecuencias del decomiso sí
pueden ser analizadas en este proceso, en especial, las indemnizatorias que interesan a
la actora, pues se está en presencia de una actuación con efectos continuados
(15:55:24 a 15:57:15). 4.- Para el análisis de la aplicación del artículo 198 de la LGAP
(15:56:00 a 15:57:00), deben tenerse en cuenta los momentos cuando suceden los
principales hechos: el decomiso aconteció el 7 de noviembre de 2001; la orden de
devolución de la maquinaria el 16 de febrero de 2004; la cancelación de la deuda que
pesaba por el bodegaje del cargador Komatsu WA 200 en el Almacén Fiscal T., que
realizó la actora para recuperarlo, el 13 de diciembre de 2006. Indica que “…esta última
data no es retomada al momento de la resolución de la pretensión”. 5.- En cuanto al
citado cargador, el plazo de prescripción se ha interrumpido en las siguientes ocasiones:
con la interposición del recurso de queja y el reclamo de gastos por bodegaje
(15:58:10); también con la presentación del proceso ordinario (expediente no. […])
que dio lugar a la sentencia no. 211-2009 (15:59:15 y 16:00:15). 6.-Agregó que esas
gestiones interrumpen el plazo de prescripción, al amparo del artículo 296, inciso a), del
CPC, en relación con el 220 del CPCA (15:59:35 y 16:00:34). 7.- La caducidad de la
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acción que se predicara para los actos administrativos, no aplica para la pretensión de
daños y perjuicios, al tenor del artículo 41 del CPCA (16:01:07). Con ese sustento,
afirma el casacionista, el Tribunal acogió parcialmente la pretensión indemnizatoria.
VIII.- De seguido expone dos cargos de fondo. Primero: violación directa de
los artículos 198 de la LGAP; 876, 877 del Código Civil; 296, inciso a), del CPC; 41, 66,
121 y 122 del CPCA. Explica que el órgano decisor sostiene que las pretensiones
indemnizatorias de la demandante, relacionadas con los gastos de bodegaje,
refacciones necesarias, mano de obra y perjuicios derivados de la imposibilidad de
utilización del cargador Komatsu WA 200, se gestionaron dentro del plazo de los cuatro
años que prescribe el numeral 198 de la LGAP. Al respecto, insiste que es oportuno
resaltar las siguientes fechas: 1.- Decomiso de la maquinaria: 7 de noviembre de 2001.
2.- Levantamiento del decomiso ordenado por la Administración: 16 de febrero de
2004; momento cuando, a su juicio, empieza a correr el plazo prescriptivo. 3.Interrupción al gestionarse la cancelación del bodegaje ante el Ministerio de Hacienda, a
través de un recurso de queja, decidido en sede administrativa mediante la resolución
DM-1599-2004. Dicho acto, agrega, es inimpungable por no haber sido combatido en
tiempo, como expresa y contradictoriamente se sostiene en el fallo recurrido. A partir
de la comunicación de este acto administrativo, enfatiza, se inicia de nuevo el cómputo
del plazo de prescripción. 4.- Interrupción de ese tiempo en virtud de interponerse el
proceso ordinario tramitado con el expediente no. […], donde se emitió la sentencia
número no. 211-2009. Así se impone, explica, por efecto del artículo 296, inciso a), del
CPC. La notificación de esta sentencia, argumenta, vuelve a abrir el plazo. 5.-
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Interposición del presente proceso: 9 de setiembre de 2009. Luego de ese recuento de
fechas, indica que el canon 198 de la LGAP señala, en cuanto a la determinación del
momento cuando empieza a correr el plazo de prescripción, que: “El derecho de
reclamar la indemnización a la Administración prescribirá en cuatro años, contados a
partir del hecho que motiva la responsabilidad”. De seguido, transcribe en lo de su
interés varios precedentes de esta Sala, atinentes, según aduce, a la precisión de lo que
se entiende por “hecho que motiva la responsabilidad”. También, a la determinación de
la fecha de inicio del cómputo, en el caso de la responsabilidad de la Administración, el
que debe tenerse por satisfecho con la presentación del reclamo en sede
administrativa; las gestiones que pueden interrumpir el cómputo; el momento a partir
del cual puede entenderse que se tiene conocimiento pleno del daño. Luego de esas
citas, aduce que en el caso concreto se quebranta el artículo 198 de la LGAP por
errónea interpretación. Específicamente, al considerar actuaciones impropias o
improcedentes, que no tienen virtud interruptora del curso del plazo prescriptivo.
Señala que a juicio del Tribunal, el plazo debe computarse a partir de la puesta a
disposición de la maquinaria a favor de la parte actora, lo cual, respecto al cargador
Komatsu WA 200, lo fija el 16 de febrero de 2004. Sin embargo, aduce, el hecho
dañoso original no se da en esa fecha, sino el 7 de noviembre de 2001. Por eso, en
orden a los parámetros jurisprudenciales, cuestiona que la actora no tratara de plantear
el resarcimiento desde día en que se produjo la desposesión. Ciertamente, aduce, del
expediente judicial se desprende que ella gestionó ante la Sala Constitucional, por
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estimar que existió una indebida dilación en el trámite del procedimiento administrativo
del cual pendía el decomiso. También se acreditó que, producto de ese recurso, trató
de cobrar los mismos daños y perjuicios que ahora pretende en esta sede. No obstante,
agrega, en esa escogencia de la vía jurisdiccional, no se está implicando que existiera
impedimento
para
gestionar
el
resarcimiento
de
esos
menoscabos
ante
la
Administración Pública. De este modo, enfatiza, la demandante esperó hasta la puesta
en posesión de la maquinaria, en febrero de 2004, para empezar a requerir el
restablecimiento de lo que estima es su situación particular vulnerada. Atinente a la
gestión administrativa que ella planteó para el reconocimiento del valor del bodegaje
del cargador Komatsu WA 200 en el Almacén Fiscal T., señala, no debe perderse de
vista que se trató de un recurso de queja ante el Ministro de Hacienda, por las
presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de esa Cartera, en el trámite de
investigación de las exoneraciones otorgadas a las máquinas de su propiedad.
Manifiesta que a pesar de que el procedimiento no es propio para requerir
indemnización alguna, así se formuló y la Administración atendió lo pretendido,
denegando cualquier derecho a resarcir el costo del bodegaje. Lo anterior, justifica, se
desprende del acto administrativo no. 824-2004, de las 9 horas 15 minutos del 5 de
agosto de 2004. Ante recursos de revocatoria, reposición y apelación, gestionados por
la actora, se emite el acto no. 869-2004, de las 9 horas del 20 de agosto de 2004,
donde se le hace ver la impertinencia de las impugnaciones formuladas contra lo
resuelto en el recurso de queja. En el acto administrativo no. DM-1599-2004, del 8 de
octubre de 2004, indica, el Ministro de Hacienda reitera la improcedencia del reclamo de
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cancelación del costo de bodegaje, solicitud planteada en sede administrativa,
exclusivamente, sobre el referido cargador. Estima que como el reclamo administrativo
interrumpe el plazo de prescripción del precepto 198 de la LGAP, es a partir de que se
comunicó esta última actuación que empezaba a correr el tiempo legal. Agrega que
luego la actora acudió a la vía jurisdiccional para plantear un proceso ordinario,
pretendiendo, en aquella ocasión, según el Resultando I de la sentencia no. 211-2009,
de las 15 horas del 28 de enero de 2009, emitida por el Juzgado Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda:”Que se condene al Estado a pagar el almacenaje de
la máquina propiedad de su representada que el Estado decomisó y llevó hasta el
Almacén fiscal (sic)T. ubicado en la zona franca Zaret en la dudad de Alajuela,
almacenaje que el Estado deberá pagar desde el día en que se depositó la máquina en
el Almacén fiscal (sic) y hasta el día en que, pagado el servicio se retire la máquina. 2.
Que también el Estado corra con los gastos que implica tomar la máquina del Almacén
fiscal (sic)T. y llevarla hasta el lugar en donde se decomisó, sea la ciudad de Grecia”.
Esa pretensión se declaró sin lugar, pues la acción se consideró inadmisible por defectos
formales. Sin embargo, expresa, esta circunstancia no se analiza adecuadamente en el
fallo impugnado, cuando concede el extremo del pago por el bodegaje del cargador
Komatsu WA 200. Según las reglas generales de prescripción, manifiesta que esta Sala
ha estimado que la interposición del reclamo en sede jurisdiccional es una actuación
que interrumpe el cómputo. Pero ello, en el entendido que se cumplan a cabalidad los
requisitos de esa gestión. En ese sentido, destaca, el numeral 876 del Código Civil,
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regula el supuesto que se viene comentando como una causa de interrupción. Pero de
seguido, explica, el canon 877, Ibidem., precisa que no cualquier reclamo podrá ser
aducido. De manera expresa, afirma que no se tomará la interposición del proceso
como un acto interruptor: “Si la demanda fuere inadmisible por falta de solemnidades
legales”. En su criterio, eso fue lo que aconteció con la citada sentencia no. 211-2009
del Juzgado Contencioso, en cuya parte dispositiva decide: “Se declara con lugar la
excepción de defecto formal en el escrito de formalización, el cual impide verter
pronunciamiento de fondo. En consecuencia se declara inadmisible el presente proceso
ordinario de conformidad con los numerales 50 inciso a), 59 inciso a) y 60 inciso f) de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”. Como el defecto
apuntado impidió la resolución de fondo del asunto, el proceso no interrumpió el plazo
de prescripción. En consecuencia, denuncia quebranto de los numerales 876 y 877 del
Código Civil, el primero por errónea interpretación, pues el Tribunal dispuso que
cualquier tipo de gestión jurisdiccional sirve para interrumpir el plazo prescriptivo,
cuando lo cierto es que debe reunir ciertos requisitos mínimos de admisibilidad, como lo
precisa el canon 877 citado, que acusa infringido por falta de aplicación, al igual que los
preceptos 198 de la LGAP y el 296, inciso a), del CPC, utilizados en la sentencia
recurrida como fundamento del extremo indemnizatorio que concede. Según esta
última norma, aduce, uno de los efectos materiales del emplazamiento es interrumpir la
prescripción. No obstante, se aplica indebidamente, toda vez que los juzgadores no lo
relacionan con los vulnerados artículos 876 y 877 del Código Civil. En efecto, continúa,
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la gestión que interrumpió el cómputo del plazo de cuatro años del canon 198 de la
LGAP, fue en sede administrativa, donde aunque impropia, emitió pronunciamiento
expreso sobre el reclamo de la cancelación del almacenaje. Pero lo fue únicamente
respecto
al
bodegaje
del
cargador
Komatsu.
No
sobre
otras
pretensiones
indemnizatorias relacionadas con las demás maquinas decomisadas. Añade que esa
petición se resolvió, con agotamiento de la vía administrativa, en octubre de 2004, y
este proceso ordinario se interpuso el 9 de setiembre de 2009, constatándose con
claridad el advenimiento del plazo y, en consecuencia, el fenecimiento del derecho
indemnizatorio. A su juicio, eso evidencia la invalidez del fallo recurrido. Aunado a lo
expuesto, manifiesta, a la actora no le asiste derecho alguno en reclamar los costos del
bodegaje del cargador Komatsu. Sobre ese primer extremo, expone, es claro que se
configura la defensa de prescripción. Pero, mucho menos cabe lo concedido por los
daños y perjuicios derivados del decomiso de ese bien, como el deterioro que se imputa
sufrió la máquina; los costos de mano de obra para su reparación y repuestos; el
perjuicio por la no disposición. Advierte que estos extremos nunca fueron reclamados
en sede administrativa ni jurisdiccional, sino hasta setiembre de 2009. Por las mismas
razones que estima el Tribunal, respecto a que lo gestionado en el proceso de ejecución
de sentencia, no tiene la virtud de servir como parámetro para que se configure la cosa
juzgada, también es necesario concluir que la solicitud de indemnización oportuna y con
efectos interruptores del plazo de prescripción, tampoco se tiene por cumplida con el
trámite para ejecutar el fallo de la Sala Constitucional. Explica que si de nuevo se
adoptara la fecha de inicio del cómputo en el mes de febrero de 2004, impuesta para
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evidenciar que se configura sobradamente la prescripción, en definitiva, la actora nunca
trató de reclamar el cobro de los aspectos relacionados con los supuestos desperfectos
de la máquina, así como las pérdidas económicas por su no disposición a las labores
que la tenía encomendada. Además, sostiene, como con posterioridad a esa data, ella
no ejercitó acción jurisdiccional alguna dentro del plazo de cuatro años que contempla
el canon 198 de la LGAP, no es posible indemnizar salvo que se haga violando ese
canon. Con los argumentos explicitados, argumenta, también estima que se conculca el
artículo 41 del CPCA, pues se aplica en forma indebida, ya que al momento de
interponerse este proceso, por las razones indicadas, el derecho de reclamo para
establecer la responsabilidad objetiva del Estado había prescrito. Tampoco es viable
acudir a esta norma, con el predicado de que los efectos de la desposesión de los
inmuebles presentan la característica de continuados, y que esa duración debe
reputarse como una especie de causa que suspende la prescripción. Por un lado, es
claro que no se regula, como causal de interrupción, nada en dicho sentido a través de
norma legal, lo cual es un requisito que estima indispensable, citando la sentencia no.
456-F-2007. Por otro, que no encuadra dentro de los supuestos o eventos especiales
que ha considerado la jurisprudencia para interpretar el supuesto de hecho que prevé el
precepto 198 de la LGAP, en cuanto al inicio del cómputo del plazo. De todos modos,
manifiesta, la indebida aplicación que se acusa del numeral 41 en comentario, parte del
error de darle un efecto ultractivo, a una disposición jurídica que previó un plazo
especial de prescripción para el ejercicio de la acción contencioso administrativa bajo
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el nuevo CPCA. Sin embargo, asevera, sobre una situación que, correctamente
apreciada, demuestra que según el mismo artículo 198 de la LGAP, presentaba al
momento de inicio de este proceso, la patología de prescripción del derecho
indemnizatorio, por actos administrativos que devinieron firmes e inmutables en sede
administrativa, como también por las consecuencias de ellos. Aclara, no es que el actor
no haya gestionado en sede jurisdiccional el reclamo de los supuestos daños causados.
Es que escogió mal la vía, cuando requirió la misma tutela de responsabilidad, pero en
un proceso de ejecución de sentencia, o bien, formuló mal la pretensión, según quedara
señalado. Por consiguiente, alega, ni el extremo principal de bodegaje, como tampoco
los daños y perjuicios derivados de ese depósito, en lo que implicaron al cargador
Komatsu WA 200 (repuestos, mano de obra, perjuicios por no disposición), también los
extremos de indexación e intereses legales sobre la sumas condenadas, devienen
procedentes. Además, denuncia indebida aplicación del numeral 122 del CPCA, pues no
hay motivo para que se imponga una condena indemnizatoria en contra del Estado. Por
el contrario, es necesario acusar la violación del canon 66, inciso k), Ibidem., norma que
se dejó de aplicar, porque era dable establecer que se configuraba la defensa de
prescripción, como también se infringe el 122 Ibid., y se debe disponer la
improcedencia total de la pretensión. Segundo: de manera subsidiaria y condicionada
a lo que se decida respecto al primer cargo, alega quebranto, por falta de aplicación, de
las disposiciones 10, inciso 3), 21, inciso 2), 22, 23 y 37 de LRJCA; y del Transitorio III
del CPCA. También, del artículo 198 de la LGAP. Ello si se llegase a admitir que la
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demandante tenía derecho a reclamar la indemnización del costo del bodegaje del
aludido cargador. Expresa que el Tribunal es contundente al disponer que no procede
discutir la validez o invalidez de la resolución DM-1599-2004, que agotó la vía
administrativa, en cuanto a la pretensión de pago del bodegaje. Es así, por cuanto es
un acto sobre el que opera la caducidad de la acción. Sin embargo, censura, ello trae
aparejada una circunstancia adicional: el que tampoco se pueda discutir un supuesto
derecho indemnizatorio sobre ese bodegaje, dada la fecha de emisión del acto, el cual
se encontraba cobijado por las reglas y procedimientos contenidos en la anterior LRJCA.
Expone que de acuerdo con la LRJCA, las pretensiones de plena jurisdicción que se
formulaban a su amparo, suponían la obligación para la parte actora no sólo lograr la
declaratoria de nulidad del acto impugnado (artículo 10, inciso 1), en relación con el
22), sino, además, el establecimiento y demostración de los daños y perjuicios
derivados de esa actuación (canon 10, inciso 3), en relación con el 23). De allí que, en
estos supuestos, existía claridad en cuanto al plazo para el ejercicio de la acción, según
lo recogía el numeral 37 de la LRJCA, fijándolo en los dos meses. Tal y como se precisó
en la sentencia impugnada, aduce, existe un acto administrativo que expresamente
denegó cualquier derecho indemnizatorio a la accionante, por los costos del bodegaje
del cargador Komatsu WA 200. Es el no. DM-1599-2004, del 8 de octubre de 2004,
sobre el cual, insiste, el Tribunal estima que no cabe discusión alguna en este
momento. Sin embargo, agrega, en orden a esa misma línea de razonamiento, el hecho
de que la actora no lo haya impugnado en su debido tiempo, es decir, dentro de los dos
meses posteriores a la notificación, hacía que ese acto deviniera firme e inmodificable.
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En otras palabras, la decisión de no cancelar el bodegaje del cargador no podía ser
discutida en sede jurisdiccional, por adquirir un carácter de inmutabilidad. Por eso no
podía otorgarse indemnización, pues bajo la referida Ley, era indispensable obtener la
declaratoria de nulidad del acto, en sede jurisdiccional, para que derivada de ella se
estableciera el derecho indemnizatorio. Entonces, acusa al órgano sentenciador de
incurrir en contradicción, al disponer que el acto ya no es atacable, pero que sí puede
conceder una indemnización por costos de bodegaje, cuando ese extremo precisamente
resultó inmodificable para el órgano sentenciador. En punto a esa situación versó el
alegato del Estado, argumenta, en el sentido de que era indispensable tomar en cuenta
lo preceptuado por el Transitorio III del CPCA, que manda a respetar y tomar en cuenta
la fecha de emisión de los actos administrativos, a los efectos de aplicar el régimen
jurídico de impugnación que cabe contra ellos. Con el proceder indicado, justifica el
agravio de los preceptos 10, incisos 1) y 3); 22, 23 y 37 de la LRJCA, pues en el sub
judice sus implicaciones son esenciales para analizar la validez y efectos jurídicos del
acto administrativo no. DM 1599-2004, del 8 de octubre de 2004. Si se estimaba nulo,
y, además, causante de un perjuicio indemnizable, señala, la actora debió ejercitar la
acción contenciosa administrativa, dentro del plazo indicado de los dos meses a partir
de la notificación del acto administrativo que se estimaba espurio. De lo contrario, el
acto se tornaba inmodificable, y lógicamente, no podría una sentencia posterior resolver
lo contrario, como sucede en este caso, pues no cabía reconocimiento alguno del costo
del bodegaje sobre el cargador Komatsu WA 200. El vicio se produce, afirma, toda vez
que no se aplicó el Transitorio III del CPCA, que brinda la solución jurídica pertinente,
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cuando se formulan reclamos de plena jurisdicción, sobre actos administrativos
emanados con anterioridad al primero de enero de 2008.
IX.- En cuanto al primer cargo, conviene aludir a los razonamientos emitidos por
el Tribunal en el fallo impugnado, a partir del Considerando V. Se aprecia del registro
electrónico (15:55:20), que luego de pronunciarse sobre algunas excepciones, entra al
análisis de la de prescripción, que relaciona con las pretensiones indemnizatorias.
Destaca que el demandado la plantea con fundamento en el plazo de cuatro años del
artículo 198 de la LGAP. Estima de importancia resaltar que la actora sufrió el decomiso
del cargador del 7 de noviembre de 2001 al 16 de febrero de 2004. Pero fue el 13 de
diciembre de 2006, que la demandante canceló las sumas adeudadas al Almacén Fiscal
donde estuvo depositado ese bien y así pudo recuperarlo. Por ello, aduce, es una
actuación de efecto continuado, desde el día del decomiso hasta cuando se levantó la
medida, es decir, el 16 de febrero de 2004. En principio, señala, a partir de esta data
inició el plazo prescriptivo; por lo que fenecía el 16 de febrero de 2008. Sin embargo,
aclara que ese tiempo se interrumpió por el recurso de queja y el reclamo de pago por
los gastos de almacenaje, que la demandante planteó ante los personeros del Ministerio
de Hacienda, el 30 de marzo de 2004. El Estado lo rechazó en la resolución no.
824-2004, ratificada por la no. 869-2004 y mediante el oficio DM 1599-2004, del 8 de
octubre de 2004, emitido por el Despacho del Ministro. Con eso se denegó la pretensión
de pago y se tuvo por agotada la vía administrativa. Refiere que a partir de la
comunicación de este último oficio, empezó a correr de nuevo el plazo de prescripción.
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En tesis de principio, indica, vencía en octubre de 2008. Pero de nuevo se interrumpió
con el proceso ordinario contencioso administrativo que la actora presentó para el
cobro resarcitorio por los gastos de almacenaje del cargador, presentado en noviembre
de 2004. En sentencia 2011-2009, del 28 de enero de 2009, se declaró la
inadmisibilidad de esa acción, y a partir de la notificación de ese fallo, el cual no fue
recurrido por las partes, comenzó a correr el plazo de cuatro años de prescripción para
solicitar la responsabilidad pecuniaria. Determina que este ordinario se presentó el 9 de
setiembre de 2009. Por lo expuesto, aduce, no han transcurrido los relacionados cuatro
años; en consecuencia, rechazó la defensa en estudio. Tampoco admitió la caducidad
de la acción de un proceso civil de hacienda, por estimar que no aplica para el reclamo
indemnizatorio de daños y perjuicios (16:01:12), sino solo para solicitar la anulación de
un acto administrativo.
X.- A juicio del Estado, según las manifestaciones de su primer agravio, las
pretensiones resarcitorias, relacionadas con el cargador Komatsu WA 200, se
encuentran prescritas, por haber operado el plazo de cuatro años del artículo 198 de la
LGAP. Retoma el criterio del Tribunal, en cuanto a que ese tiempo se interrumpió con la
presentación del proceso ordinario, expediente no. […], donde recayó la sentencia no.
211-2009. A ello objeta que el susodicho canon se vulnera, como también los preceptos
876 y 877 del Código Civil, en esencia, por cuanto prescribieron los extremos atinentes
a los gastos de bodegaje, refacciones necesarias, mano de obra y perjuicios de la
imposibilidad de utilización del mencionado bien. En su criterio, no debe computarse a
partir de la puesta en posesión del cargador a disposición de la actora, que se
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estableció el 16 de febrero de 2004; sino del hecho dañoso original, acontecido el 7 de
noviembre de 2001, o sea, del decomiso. No considera con ese efecto la gestión ante la
Sala Constitucional ni el reclamo administrativo y señala que la actora no tuvo
impedimento para gestionar por la vía jurisdiccional la pretensión resarcitoria. Más bien,
se esperó hasta la puesta en posesión de la maquinaria, que ocurrió en febrero de
2004. Contrario a lo expuesto, esta Cámara estima, como lo considera el Tribunal, que
el perjuicio ocasionado por la Administración a la demandante, con motivo del
decomiso, revistió las características de los actos lesivos continuados, desde la práctica
de esa medida y hasta su levantamiento (7 de noviembre de 2001 al 16 de febrero de
2004). Pero además, debe considerarse que ella, obligada por las circunstancias de
desidia del demandado, tuvo que hacerse cargo de saldar la deuda por almacenaje para
recuperar el vehículo, restituir las facultades propias del dominio, hasta ese entonces
limitadas indebidamente, asumir la posesión material del cargador, incluyendo también
las actividades de reparación a las que también se vio compelida a asumir, con el
propósito de lograr el destino económico social del bien o, en su defecto, disponer de él
como parte de los atributos de su derecho de propiedad. A todo ello debe agregarse,
mientras se prolongaron esos efectos, la actora no se mantuvo inerte, pues realizó
gestiones concretas, no solo en sede administrativa, sino también por la vía del recurso
de amparo, para revertir la situación de perjuicio que sufrió por el referido decomiso,
también con propósito resarcitorio de los detrimentos patrimoniales que sin duda alguna
experimentaba. Sobre el particular, es atinado el órgano sentenciador al apuntar que
operó el instituto de la interrupción, habida cuenta del recurso de queja y del reclamo
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de pago de gastos de almacenaje, decidido con las resoluciones que también fueron
objeto de demanda. Se inició, entonces, un nuevo plazo prescriptivo, desde octubre de
2004 (acto administrativo DM 1599-2004), que volvió a interrumpirse con la demanda
ordinaria planteada por la actora ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de
Hacienda, en noviembre de ese año, donde recayó el fallo no. 211-2009, de las 15
horas del 28 de enero de 2009, es decir, dentro de los cuatro años del artículo 198 de
la LGAP. En este punto, el Estado censura que ese proceso no tiene la virtud de
interrumpir el curso de la prescripción, puesto que la acción se declaró inadmisible por
defectos formales y el Tribunal desatendió ese importante aspecto. Al abrigo de lo
estipulado en los numerales 876 y 877 del Código Civil, que acusa vulnerados, estima
que aunque la interposición del reclamo en sede jurisdiccional es una actuación que
interrumpe el cómputo, ello lo es, en el entendido de que se cumplan a cabalidad los
requisitos de esa gestión. En este sentido, agrega, no se deberá tomar el planteamiento
de ese proceso como acto interruptor, por cuanto la demanda se declaró inadmisible
por falta de solemnidades legales, tipificando en las previsiones del canon 877 de
comentario. Destaca que el fallo allí emitido, declaró con lugar la excepción de defecto
formal del escrito de formalización, lo cual impidió verter pronunciamiento de fondo y
dispuso la inadmisibilidad del proceso. Con todo, tampoco lleva razón el casacionista
con estos argumentos, por cuanto el artículo 877 del Código Civil, contiene expresa
referencia a la prescripción adquisitiva o positiva, es decir, a la usucapión, no así la
prescripción negativa o extintiva. En efecto, la regulación que sienta el Código Civil
sobre usucapión y prescripción negativa es desafortunada, pues trata ambos institutos
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de manera conjunta, cuando resulta ser que tienen presupuestos de hecho y
consecuencias jurídicas muy diferentes. Con la usucapión se adquieren derechos reales
poseíbles, requiriendo para ello de justo título, buena fe y posesión pública, pacífica,
ininterrumpida y a título del respectivo derecho que se pretende adquirir. En cambio, la
prescripción negativa es un modo de extinguir ciertos derechos, cuando el titular o
acreedor deja transcurrir el plazo legal para ejercitarlos, creando una situación de
inseguridad intolerable para el ordenamiento jurídico. El origen de la regulación
conjunta de estos institutos, se debe en mucho a un instituto paralelo a la usucapión
que se aplicó en el Derecho Romano, conocido como “praescriptio longi temporis”
(prescripción de largo tiempo). Producto de la incorporación de personas y territorios al
ámbito del dominio romano, fue necesario crear disposiciones normativas para regular
las nuevas situaciones y conflictos. Fue así como al lado de la usucapión, aplicable para
los ciudadanos romanos y para bienes ubicados en suelo itálico, las autoridades
pretorianas crearon la “praescriptio longi temporis”, con la que se pretendió extender los
efectos de la usucapión a personas que no reunían los requisitos usuales para adquirir
derechos, principalmente, la falta de justo título, que se llegó a suplir con un tiempo
mayor de posesión (“longi temporis”) ejercido sobre inmuebles provinciales. Así, aunque
este instituto no está reconocido en el sistema jurídico patrio, es lo cierto que el término
“prescripción” se incorporó, incluso, utilizándose para designar a la usucapión; pero
también el mismo vocablo se ha empleado para aludir al instituto extintivo de derechos.
De este modo y con influencia foránea, con el mismo término “prescripción”, el
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legislador costarricense regula ambos institutos, en el Libro III del Código Civil, esto es,
en el apartado sobre obligaciones, propiamente, seguido del Título V, atinente a otros
modos de extinguirse las obligaciones. Esta ubicación estaría correcta si no es porque
con la prescripción negativa, que de cierto es un modo anormal de extinción
obligacional, también se regula la positiva, con eficacia distinta. Por este motivo y dado
que se trata de dos institutos muy diferentes, aún y cuando el Libro III, Título VI, del
Código Civil, se denomine: “DE LA PRESCRIPCION”, se debe tener sumo cuidado en
determinar cuáles normas aplican para un tipo y cuáles para el otro. Así las cosas, en
cuanto a las causas de interrupción de los plazos prescriptivos, el artículo 876 no
establece diferencia respecto a la prescripción negativa y la positiva, pues el legislador
dispuso: “Toda prescripción se interrumpe civilmente”, lo que revela que comprende a
ambas y se ratifica con la redacción del inciso 1), cuando alude por igual al “poseedor”
y al “deudor”, como también cuando menciona al “dueño” y al “acreedor”. Es decir, se
contemplan los sujetos que participan en la relación obligatoria o derecho de crédito,
como también a situaciones particulares que autorizaría la figura de la usucapión en el
ámbito de los derechos reales. De la misma manera se regula en el inciso 2), al
indicarse que operará la interrupción: “Por el emplazamiento judicial, embargo o
secuestro notificado al poseedor o deudor” (el destacado no es del original). No
obstante la equiparación de efectos que se hace en el precepto 876 de cita, el 877
Ibidem., sí establece una diferencia expresa. Nótese que cuando menciona que el
emplazamiento judicial o el embargo no tendrán efecto interruptor, si la demanda fuere
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inadmisible por falta de solemnidades legales, se desistiere de ella, se declarare desierta
o el accionado fuere absuelto por sentencia ejecutoriada, específicamente, se detalla
que es para “la prescripción positiva”. Por ende, si en esta ocasión el legislador
distinguió, entonces, esa norma no aplica como salvedad al instituto de la interrupción
del plazo de prescripción negativa, contrario a como lo pretende el recurrente. La razón
de este precepto y la diferencia que sienta, estriba en impedir que mediante un uso
indebido del derecho de accionar, se logre interrumpir el plazo para que opere la
adquisición de un derecho real. Pero ello no parece viable en materia del plazo de
extinción de un derecho patrimonial, en virtud de que el fin perseguido por la
prescripción negativa, esto es, eliminar las situaciones de inseguridad jurídica creadas
por la inercia del titular en ejercitar su derecho, se logra con el emplazamiento judicial,
embargo o secuestro notificado al deudor, aún y cuando la demanda fuese declarada
inadmisible por falta de solemnidades legales. De todas maneras, no debe soslayarse,
en abono a la tesis expuesta, que más adelante, en el artículo 879 Ibid., se establece:
“La prescripción negativa se interrumpe también por cualquier gestión judicial o
extrajudicial, para el cobro de la deuda y cumplimiento de la obligación”, destacándose
cómo el legislador, de nuevo, hace sus reservas, a fin de diferenciar la temática de la
interrupción entre la prescripción positiva y la negativa. Lo dicho determina, en
consecuencia, el rechazo del cargo en estudio, pues en efecto, como lo razona
atinadamente el Tribunal, no transcurrió el plazo prescriptivo de cuatro años, en virtud
de las causas interruptoras que en este particular señaló y que el recurrente detalla.
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XI.- En otro orden de ideas, según se observa en la contestación de la demanda
(folios 210 y 211) y se establece en el registro electrónico de la audiencia preliminar
(15:55:10), cuando el recurrente planteó la defensa de prescripción, no estableció
diferencia alguna entre los distintos extremos que conforman el reclamo indemnizatorio
atinente al cargador Komatsu WD 200. Es decir, no especificó que algunos fueron
materia de gestión administrativa y jurisdiccional, mientras que otros no, para con ello
establecer las reservas que ahora hace en sus agravios. Tampoco lo hizo en la audiencia
del juicio oral y público. Más bien, allí argumentó para que se declarara prescrita la
pretensión indemnizatoria, tanto referente a los gastos de almacenaje como también a
lo que dice fueron los supuestos daños y perjuicios que sufrió la maquinaria por el
bodegaje. Incluso, comprendió ambos extremos dentro de lo que considera ya habían
sido puntos discutidos en sede jurisdiccional y fueron resueltos con autoridad de cosa
juzgada material (9:32). Asimismo lo expuso en las conclusiones (10:41), donde
expresa que la actora acude a la jurisdicción contenciosa reclamando los daños de las
reparaciones necesarias para poner a funcionar las máquinas, los salarios de los dos
empleados que tenía, honorarios del perito que dictaminó los costos de reparación, todo
ello sucedido dentro de la ejecución de sentencia, resolviéndose con el rechazo de esas
pretensiones, salvo el reconocimiento de ¢75.000,00 del recurso de amparo; entonces,
enfatiza, sí hay cosa juzgada.
Si bien, podría decirse que establece algún criterio
diferenciador, lo hace a los fines de justificar la aplicabilidad de la cosa juzgada
material, tanto de las peticiones resarcitorias planteadas en el proceso ordinario aludido
en el Considerando X, como de las que fueron objeto de la ejecución de sentencia de la
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Sala Constitucional. No obstante, la base de la defensa de prescripción negativa, se
insiste, no contiene una diferencia clara y contundente en su exposición, como se
determina en el escrito de contestación a la demanda (folios 210 y 211). Además, en la
audiencia preliminar (registro electrónico 14:27) no formuló ninguna reserva, aclaración,
diferencia o modificación, siendo la etapa donde podía hacerlo, como así lo contempla el
artículo 90, inciso 1), d), del CPCA. Por todo eso, es entendible que el Tribunal no
hiciera referencia alguna a esas diferencias. Como corolario, la Sala no podría
incursionar en esta temática. De todas maneras, así lo impide el artículo 608 del CPC,
cuando en su tenor estatuye que no podrán ser objeto del recurso, cuestiones que no
fueron propuestas ni debatidas oportunamente. Esta norma es aplicable en la especie,
de conformidad con lo establecido en el canon 220 del CPCA, en tanto constituye un
principio general de derecho procesal.
XII.- Respecto a la segunda censura, como lo ha establecido la representación
del Estado con insistencia, en punto a las pretensiones resarcitorias lo que aplicaría es
el instituto de la prescripción negativa. De esta manera, no procedería la caducidad
que, a criterio del Tribunal, solo operó para el requerimiento de nulidad de los actos
administrativos. La defensa del demandado ha sido reiterativa en que se cumplió el
plazo de prescripción de los cuatro años para las peticiones indemnizatorias. El cargo
que de modo subsidiario plantea, atinente a la caducidad de esos extremos, deviene, en
consecuencia, inatendible.
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XIII.- En mérito de lo establecido, se debe rechazar el recurso del accionado y,
según lo dispuesto en el canon 150, inciso 3), del CPCA, considerando la naturaleza de
las cuestiones debatidas, la complejidad del asunto, la posibilidad de diversos enfoques
jurídicos y su justificación, se concluye que contó con suficiente motivo para impugnar,
exonerándose del pago de las costas de su recurso de casación.
POR TANTO
Se declara con lugar el recurso de la parte actora. Se anula parcialmente la
sentencia del Tribunal en los términos que se indican. Fallando por el fondo, se
desestima la defensa de prescripción, también las de falta de derecho y caducidad, en
cuanto a las peticiones resarcitorias planteadas en relación con los vehículos placas nos.
[…] y […]. Deberá el Estado indemnizarle a la actora, los daños y perjuicios atinentes
a esas tres máquinas, según se determine en fase de ejecución de sentencia. Se
rechaza el recurso del demandado, a quien se le exonera de pagar las costas personales
y procesales de este recurso.
Anabelle León Feoli
Luis Guillermo Rivas Loáiciga
Óscar Eduardo González Camacho
Román Solís Zelaya
Carmenmaría Escoto Fernández
Fchinchilla
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