...

La fragilidad de los hechos probados (o “donde dije digo, digo Diego”)

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

La fragilidad de los hechos probados (o “donde dije digo, digo Diego”)
La fragilidad de los hechos probados (o “donde dije
digo, digo Diego”)
03/03/2016 - Estudios y Comentarios
La jurisprudencia, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, acostumbra a decir que los hechos
declarados probados por sentencia firme vinculan a la Administración (y al juez contencioso) que
conoce de esos mismos hechos con ocasión de otro procedimiento. Esta regla judicial, que ha
dejado también sus huellas en las normas administrativas, dista sin embargo de ser terminante,
según lo testimonia la propia jurisprudencia constitucional. El presente trabajo desvela alguno de
esos ejemplos constitucionales y alerta de la debilidad de la citada regla en los supuestos de doble
enjuiciamiento administrativo y/o judicial de unos mismos hechos.
Miguel Casino Rubio es profesor de Derecho Administrativo de la la Universidad Carlos III
de Madrid
El artículo se públicó en el número 41 de la Revista General de Derecho Administrativo
(Iustel, 2016)
1. PLANTEAMIENTO. LA IMPORTANCIA DE LOS HECHOS PARA EL DERECHO
La determinación de la realidad histórica relevante para el Derecho es desde luego una cuestión
principalísima, entre otras razones, supuesta la estructura tradicional de las proposiciones normativas, que
combinan los supuestos de hecho que describen (los hechos genéricos) con una precisa consecuencia jurídica
(1). De hecho, metodológicamente la aplicación del Derecho acostumbra a seguir el siguiente guión: i)
prueba de los hechos individuales; ii) su subsunción en el hecho abstracto o genérico descrito por la norma;
y iii) la aplicación de la consecuencia jurídica prevista asimismo en la norma. Todo esto es bien conocido y
está, por otra parte, resumido en el aforismo da mihi factum, dabo tibi ius.
Curiosamente, sin embargo, lo juristas, con la excepción quizás de los filósofos y los teóricos del Derecho,
hemos estado por lo común más preocupados por los problemas de interpretación de las normas que por los
problemas de prueba de los hechos individuales(2). Aunque este tradicional abandono por las cuestiones de
hecho ha comenzado a corregirse, también por obra de los administrativistas (como lo testimonia
ejemplarmente este mismo Seminario y lo certifican las espléndidas ponencias de Luis Medina y Raúl
Letelier(3)), la práctica judicial ofrece abundantes muestras de ese déficit de partida y de sus consecuencias.
Antes de ver esto con algo más de razón, alguna observación previa es oportuna.
En materia de hechos, y supuesto que en el universo jurídico no abundan en efecto las certezas, esto es, el
“conocimiento seguro y claro de algo”, según la definición del DRAE, el conocimiento de los hechos que
interesan jurídicamente es con frecuencia un asunto conflictivo, que comúnmente termina por ventilarse en
el correspondiente proceso judicial. De modo que, cuando esto sucede, la verdad jurídica se resume en la
verdad judicial; o, en otros términos, la verdad objetiva o material acaba por convertirse en la verdad
formal o procesal(4).
Importa subrayar en cualquier caso que probar en el proceso que un hecho o un conjunto de hechos
individuales han ocurrido no significa en rigor afirmar la verdad de esos hechos (que simplemente habrán
sucedido o no, pero que por definición no son verdaderos ni falsos, ni necesitan por lo mismo ser
argumentados). Significa afirmar la verdad del correspondiente enunciado fáctico y, por tanto, que los
hechos que describe esa proposición han tenido lugar efectivamente.
Esta precisión es importante porque permite concebir el conocimiento judicial de los hechos como una
actividad precisamente racional que, con arreglo al modelo epistemológico o cognoscitivista, al que es propio
el concepto de verdad o falsedad del enunciado fáctico como correspondencia con los hechos(5), y siguiendo
siempre un razonamiento de tipo inductivo, que algunos autores califican de “inferencia probatoria”(6),
consiste en la elección de la hipótesis más probable entre las diversas reconstrucciones posibles de los
hechos. Por ninguna otra razón, y descartada la posibilidad de alcanzar la verdad absoluta (identificada con
una regla general universal) la racionalidad empírica en la fijación judicial de los hechos no ofrece, en efecto,
certezas matemáticas, sino simplemente resultados probables medidos en términos de credibilidad y
contados a partir del conjunto de elementos de juicio disponibles y la motivación de la decisión judicial(7). Y
de ahí también, en fin, el decisivo papel que en la determinación de la verdad en el proceso juegan las reglas
procesales sobre la prueba (propuesta y admisión), los criterios positivos de valoración de las pruebas
(fuerza probatoria), y las reglas de juicio (las presunciones), que asignan cargas probatorias a las partes.
La verdad judicial (rectius, el conocimiento judicial de los hechos) tiene, sin embargo, naturalmente sus
límites. El principal es que, a diferencia de otras ciencias sociales y, de modo particular, de las ciencias
experimentales (o si prefiere, por seguir con los ejemplos que usualmente utiliza la literatura especializada, a
diferencia del historiador o del detective), la averiguación en el proceso judicial de la verdad objetiva o
material no puede quedar indefinidamente abierta(8), ni alcanzarse tampoco a cualquier precio ni, en
especial, como es notorio, a costa de la integridad de los derechos y libertades fundamentales. Por ninguna
otra razón, esa operación de decir la verdad judicial, de fijar los hechos jurídicos en el proceso, está sujeta a
rigurosas reglas procesales y protegida por específicas garantías constitucionales.
Los requisitos de tiempo y forma en materia de proposición y práctica de pruebas en el proceso, en sus
distintas fases; la prohibición de revisar los hechos en casación o en vía de amparo constitucional; o, en fin y
desde otra perspectiva, las formas de justicia [penal] negociada, de una parte, y la interdicción de las pruebas
obtenidas ilícitamente, con violación, por ejemplo, de la intimidad, el domicilio o el secreto de las
comunicaciones, y el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, de otra, son algunas
manifestaciones de esa limitación que caracteriza la labor judicial de buscar y encontrar la verdad en el
proceso, y que con razón por este motivo han sido calificadas por algún autor de reglas
“contra-epistemológicas”, porque entorpecen la averiguación sin restricciones de la verdad(9).
Y certifican, de paso, que la verdad declarada en el proceso judicial es, en efecto, una verdad simplemente
“institucionalizada”(10), y que, por lo mismo, no siempre ni forzosamente coincide con la verdad objetiva. Es
solo la verdad procesal que, cuando gana firmeza, se convierte, además, por obra del efecto de cosa juzgada
(11), en la verdad definitiva, en “la única verdad que interesa al Derecho”(12), poniendo fin a la discusión
sobre los hechos, salvo por los excepcionales y rigurosos cauces de revisión o modificación previstos por el
propio ordenamiento.
Todas estas notas, que testimonian la singularidad del procedimiento de fijación judicial de los hechos,
alertan también de la fragilidad de su resultado. Pues, como es elemental, poner punto y final a la discusión
de la verdad no convierte en verdadera la declaración judicial de los hechos, que muy bien pueden ser falsos,
y que, por lo mismo, tampoco conviene sacralizar demasiado(13). En suma, declarar un hecho probado,
antes que afirmar su carácter verdadero, refiere simplemente la existencia de elementos de juicio suficientes
para poder considerar probado un determinado enunciado de hecho, que podrá ser, sin embargo, falso(14).
De todas formas, éstas son las reglas y a ellas, en principio, debemos lógicamente estar. Es, en suma, el peaje
que hemos aceptado pagar a cambio de asegurar la seguridad jurídica y la paz social (y que son igualmente
bienes que el ordenamiento jurídico valora, y mucho además, como es notorio). No en vano, para proteger la
verdad judicial de posibles y futuros desmentidos, el propio ordenamiento ha ideado unos pocos pero
precisos mecanismos. La cuestión prejudicial devolutiva, la intangibilidad de las resoluciones judiciales
firmes, y la eficacia de la cosa juzgada material son, probablemente, los más sobresalientes.
2. LOS HECHOS EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO. LA REGLA Y LOS CASOS DE DOBLE
PRONUNCIAMIENTO SOBRE UNOS MISMOS HECHOS EN EL ÁMBITO SANCIONADOR
Estas observaciones, si validas con carácter general, sirven igualmente como es natural para el Derecho
administrativo, que aquí nos interesa. En el Derecho administrativo, en efecto, cuando los hechos que
maneja la Administración y su decisión son disputados, es también el Juez, ahora contencioso, el que de
ordinario acaba fijándolos mediante la oportuna declaración de hechos probados en el correspondiente
proceso (aunque lo sea en forma generalmente de relato y sin muchas precisiones(15)).
Pero no siempre las cosas suceden de ese modo. En ocasiones, los mismos hechos que importan a la
Administración, primero, o al Juez contencioso, después, han sido ya fijados previamente en otro proceso,
del mismo o de otro orden jurisdiccional, como consecuencia de la posibilidad, admitida por el
ordenamiento, de concurrencia de dos o más pronunciamientos sobre unos mismos hechos. Esta posibilidad,
que no parece muy del gusto del Tribunal Constitucional(16), obliga en cualquier caso a ver qué pasa en el
procedimiento administrativo o contencioso con los hechos que interesan y que, no obstante, han sido ya
declarados probados.
Probablemente el caso más conocido de doble pronunciamiento es el de los hechos(17) que arriesgan al
mismo tiempo la comisión de un delito y de una infracción administrativa. Para este tipo de casos el Tribunal
Constitucional ha establecido, con fundamento en la prioridad y prevalencia de la jurisdicción penal, que la
Administración debe respetar los hechos declarados probados en la sentencia penal. La STC 77/1983, de 3 de
octubre, es tajante al advertir que esa posibilidad de doble enjuiciamiento y calificación jurídica de unos
mismos hechos, si posible en el plano jurídico, no alcanza, sin embargo “a la apreciación de los hechos, pues
es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado” (FJ 4).
De modo que, como precisará poco después el propio Tribunal, “en la realidad jurídica no puede admitirse
que algo es y no es, que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron [], pues a ello se oponen no sólo
principios elementales de la lógica jurídica y extrajurídica, sino el principio de seguridad jurídica
constitucionalizado en el art. 9.3 CE” (STC 24/1984, de 23 de febrero, FJ 3)
Esta doctrina, que rápidamente hizo fortuna en el propio Tribunal (según mis cuentas, hoy son cerca de dos
decenas las sentencias constitucionales que la utilizan expressis verbis) y pasó a la jurisprudencia ordinaria
(18), dejó también sus huellas en el legislador, que la recogió en múltiples normas (según lo certifica, por
todas, el art. 137.2 LRJPAC cuando establece que “los hechos declarados probados por resoluciones
judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones públicas respecto de los procedimientos
sancionadores que sustancien”), y en sus comentaristas(19).
Esta afirmación sobre la vinculación de la Administración (o el Juez contencioso) a los hechos declarados
probados previamente por el Juez penal, que puede ser razonable procesalmente(20), no es, sin embargo,
tan fácil de comprender desde el punto de vista epistemológico. Principalmente porque, como antes se ha
apuntado, la declaración de hechos probados del Juez penal no equivale a la verdad material, sino que
expresa simplemente el resultado probatorio del proceso. Pero nada más. De modo que no se advierte cuál es
la razón lógica que impide que la Administración (o el Juez contencioso) pueda alcanzar una conclusión
distinta sobre los hechos controvertidos al verlos en otro proceso.
Importa notar, en cualquier caso, que la citada regla de vinculación tiene muy concretado su ámbito. Solo
funciona respecto de los hechos expresa y efectivamente declarados probados por la sentencia penal; pero
no, en cambio, en relación con los hechos no probados. Pues, como es elemental, ni jurídica ni lógicamente
es lo mismo decir que un hecho (positivo o negativo) se produjo en la realidad, que afirmar que no está
probado con arreglo al estándar probatorio aplicable, pero sin afirmarlo ni negarlo de modo expreso. Desde
esta perspectiva, los enunciados fácticos (“x”) admiten en consecuencia dos negaciones distintas: la del
propio enunciado (está probado que no “x”), que afirma realmente la prueba de un hecho negativo; y la
negación de la falta de demostración del enunciado (no está probado “x”), que nada dice en cambio sobre la
existencia en la realidad del hecho considerado. Simplemente afirma la falta de elementos de juicio
suficientes para considerar probada la verdad de un enunciado de hecho(21).
3. VARIACIONES EN LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sea como fuere, en la realidad, sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Ni la jurisprudencia aplica
siempre correctamente la citada declaración constitucional, ni se atiene tampoco a su significado literal,
según lo testimonian los siguientes ejemplos que están tomados de la propia doctrina del Tribunal
Constitucional.
i) La citada STC 77/1983, de octubre, de la arranca la doctrina constitucional antes anotada, es un buen
ejemplo. Aunque el relato de la sentencia no es del todo preciso, los hechos entonces considerados fueron
resumidamente los siguientes.
El 24 de julio de 1980, la Sala del 091 de la Comisaría de Policía de Cádiz recibió una llamada telefónica
anónima, en la que una voz, al parecer de varón, alertaba de que “a las once horas hará explosión un
artefacto en el Gobierno Civil”. Acto seguido se cortó la comunicación. La Policía consiguió localizar la
llamada y acudió rápidamente al domicilio desde el que se hizo, en donde encontró al Sr. Gómez, que fue
acusado formalmente de un delito de desórdenes públicos.
El Juzgado de Instrucción absolvió al acusado, razonando que, si bien existían motivos para pensar que él
fue efectivamente el autor de la llamada, otros datos, en los que convenía reparar, apuntaban justo en
dirección contraria. Notó, en particular, la ausencia de un informe técnico sobre la fiabilidad del sistema de
localización de llamadas utilizado por la Policía, así como la falta de certeza sobre el hecho de que la voz del
comunicante fuera efectivamente la de un varón. Y observó también sus dudas acerca de que una persona
medianamente informada decidiera hacer una llamada de ese tipo, utilizando precisamente su propio
teléfono, y su idea, en fin, de que semejante falsa alarma sólo podía ser obra de un demente, de un fanático o
de un ser totalmente antisocial; unas condiciones que, sin embargo, no cuadraban con la personalidad del
acusado.
Esta sentencia penal no impidió, sin embargo, que el Gobierno Civil de Cádiz decidiera poco después
sancionar al Sr. Gómez con una multa de 3.000 € como responsable de la citada llamada anónima (la
sentencia no aclara el tipo sancionador entonces aplicado).
Interpuesto recurso contencioso la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Sevilla lo desestimó razonando que el hecho, reconocido por el propio interesado, de que él fuera el único
varón que había en el domicilio del que se hizo la llamada cuando la misma se produjo, junto con el informe
emitido por la compañía telefónica que advertía de que el sistema policial de localización de llamadas apenas
tenía margen de error, eran pruebas de cargo suficientes para destruir válidamente su presunción de
inocencia.
El Sr. Gómez acudió en amparo denunciando la contradicción que existía entre la apreciación de los hechos
realizada en su caso por el Juez de Instrucción y la concluida luego por el Gobierno Civil, más tarde
confirmada por la Sala de lo contencioso.
El Tribunal Constitucional le dio la razón y declaró, con fundamento en el art. 25.1 CE, que el principio non
bis in ídem obliga a que la Administración sancionadora “deba en todo caso respetar, cuando actúe a
posteriori, el planteamiento fáctico que los Tribunales penales hayan realizado”.
ii) Sin salir del Derecho administrativo sancionador, la STC 34/2003, de 25 de febrero, me parece muy
ilustrativa. Los hechos que dieron lugar al recurso fueron los siguientes:
En la visita girada a un bar por la inspección de trabajo, el inspector levantó acta de infracción notando que
dos de las personas presentes prestaban servicios para la empresa propietaria sin contar no obstante con la
correspondiente relación laboral formalizada. Con este fundamento, la Administración acabó dictando tres
resoluciones. Por la primera sancionó a uno de los trabajadores con la extinción del derecho al subsidio de
desempleo (sic); por la segunda impuso a la empresa la correspondiente sanción de multa; y por la última,
formuló la oportuna liquidación a la empresa por el periodo descubierto en el pago de las cuotas al régimen
general de la Seguridad Social.
El trabajador sancionado y la empresa impugnaron las tres resoluciones. En el caso de las resoluciones
sancionadoras, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias estimó los respectivos recursos
razonando que la existencia de la relación laboral no había quedado probada, al existir dudas sobre el
fundamento de la prestación de servicios anotada en el acta, que bien podía responder a simples motivos de
amistad y buena voluntad. Por el contrario, en el caso posterior del recurso contra el acto de liquidación, la
misma Sala acordó desestimarlo por considerar probada, con fundamento en la presunción de veracidad del
acta de la inspección, la existencia de relación laboral.
Con estos antecedentes lo que se discutió fundamentalmente entonces es si el mismo órgano judicial
contencioso podía, sin vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, declarar existente una
relación laboral que apenas unos meses antes había negado por dos veces considerar probada.
El Tribunal concluyó que en ese caso no había habido contradicción. Literalmente declaró que
“En las Sentencias en las que no consideró acreditada la existencia de la relación laboral el órgano judicial
llegó a esta conclusión al entender que, al estar enjuiciando actos de carácter sancionador, el principio in
dubio pro reo le obligaba en caso de duda sobre la existencia de ese hecho, a optar por la solución más
favorable al imputado y por esta razón, como al valorar la prueba dudaba sobre si la prestación de servicios
era de carácter laboral o se trataba de un trabajo realizado por razones amistosas o de simple benevolencia,
no consideró acreditada la existencia de la relación laboral, lo que, a su vez, determinó que, al no estar
acreditado uno de los elementos del tipo de la infracción que se le imputaba, anulara la resolución
administrativa por el que imponía la sanción. Distinta fue la conclusión a la que llegó ese mismo órgano
judicial cuando tuvo que apreciar si el acto administrativo impugnado -acto por el que se le exigía el pago de
las cuotas del régimen general de Seguridad Social por el periodo de descubierto- era conforme a Derecho.
Para realizar tal juicio debía primero comprobar si se había producido el presupuesto de hecho del que se
deriva la obligación de dar a un trabajador de alta en el régimen general de la Seguridad Social, lo que le
obligaba a tener que decidir si entre quienes prestaban servicios en el bar y la entidad que lo explotaba
existía una relación de carácter laboral. Para determinar este hecho el órgano judicial partió de la presunción
legal de certeza que tienen los hechos reflejados en el acta de la Inspección de Trabajo que hayan sido
comprobados por el Controlador laboral [] y llegó a la conclusión de que, como la prueba practicada a
instancia de la parte actora no había destruido la referida presunción legal, debía considerar probados los
hechos allí constatados, lo que, a su vez, le llevó a entender que entre la asociación y quienes prestaban
servicios en el bar por ella explotado existía una relación de carácter laboral. () De esta forma, si la Sala
apreció en este caso los hechos de modo distinto a como los había apreciado en otras resoluciones anteriores
fue porque consideró que el ordenamiento jurídico le obliga a resolver las dudas que tuviera respecto de los
hechos de forma diferente. Por todo ello debemos concluir que en el presente caso la diferente apreciación de
los hechos que ha efectuado el órgano judicial en distintas resoluciones judiciales, al ser consecuencia de
haber apreciado esos mismos hechos desde perspectivas jurídicas distintas [] y al haberse expuesto de modo
razonado los motivos que llevan a la Sala a considerar probado la existencia de la relación laboral, no puede
considerarse lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva de la entidad recurrente en amparo pues ha
obtenido una resolución fundada en Derecho que se encuentra debidamente motivada”.
iii) Algo no muy diferente sucede en los supuestos de accidentes laborales con resultado de muerte o lesiones
del trabajador. Este tipo de accidentes arriesgan con frecuencia dos reacciones jurídico públicas en contra
del empresario: de un lado, su sanción administrativa por la correspondiente infracción en materia de
prevención de riesgos laborales; y, de otro, el pago del recargo de prestaciones económicas previsto en el art.
123 de la Ley General de Seguridad Social por incumplimiento de las medidas de seguridad. Cuando todo
esto ocurre, no es infrecuente tampoco que la sanción administrativa y el recargo terminen ante los
Tribunales (contenciosos, en el primer caso, y laborales, en el otro), y, en especial, que uno y otro afirmen
conclusiones contradictorias sobre la existencia del incumplimiento empresarial.
Este es el supuesto que resuelven las SSTC 158/1985, de 26 de noviembre; 16/2008, de 31 de enero; y
21/2011, de 14 de marzo. En los tres casos el Tribunal concluyó que el Juez contencioso, en el primero, y el
laboral, en los otros dos, no podía, so pena de vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE,
saltar por encima de lo previamente declarado por el otro órgano judicial que había conocido de los mismos
hechos, y afirmar en consecuencia que existió la infracción que éste antes había negado, sin motivar
debidamente las razones que explican su distinta apreciación o valoración de los hechos.
Pero más que notar esta conclusión me interesa sobre todo subrayar alguna de las declaraciones que la
preceden. El Tribunal comienza aclarando que en este tipo de casos “no se trata, como a veces ocurre, que las
dos jurisdicciones implicadas hayan abordado bajo ópticas distintas la cuestión debatida”, puesto que, el
factum es en ambas jurisdicciones el mismo: la existencia o no de un incumplimiento de las medidas de
seguridad.
Siguiendo este planteamiento y teniendo en cuenta, como ya nos consta, que para el Tribunal unos mismos
hechos no pueden existir y dejar de existir al mismo tiempo para los órganos del Estado, las sentencias
subrayan que cuando “existe una resolución firme dictada en un orden jurisdiccional, otros órganos
judiciales que conozcan del mismo asunto deberán también asumir como como ciertos los hechos declarados
como tales por la primera resolución, o justificar la distinta apreciación que hacen de los mismos”.
Esta última precisión es doblemente muy significada. Primero porque, como he advertido, el propio Tribunal
dejó claro que en este tipo de asuntos el presupuesto fáctico que justifica la sanción administrativa y el
recargo en las prestaciones a la Seguridad Social es en ambos casos el mismo: la comisión de una infracción
en materia de seguridad en el trabajo. Y segundo porque, al modo de lo que previene el art. 137.2 LRJPAC,
antes visto, el art. 42.5 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aprueba el Texto refundido
de la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, establece también que
“la declaración de hechos probados que contenga una sentencia firme del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, relativa a la existencia de infracción a la normativa de prevención de riesgos
laborales, vinculará al orden social de la jurisdicción, en lo que se refiere al recargo, en su caso, de la
prestación económica del sistema de Seguridad Social”.
Nada de esto parece contar sin embargo para el Tribunal que inmediatamente a continuación precisa que,
sin perjuicio de unos pocos supuestos y, en singular, de los casos en que una decisión sea de carácter
prejudicial, “esa situación no supone la primacía o la competencia específica de una jurisdicción [sobre
otra]”. Por lo mismo, “no se trata, pues, de que una jurisdicción haya de aceptar siempre de forma mecánica
los hechos declarados por otra jurisdicción, sino que una distinta apreciación de los hechos debe ser
motivada y por ello cuando un órgano judicial vaya a dictar una resolución que pueda ser contradictoria con
lo declarado por otra resolución judicial debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias,
tal contradicción no existe a su juicio”. De modo que “unos mismos hechos cuando la determinación de los
mismos exija una previa calificación jurídica, pueden ser apreciados de forma distinta en diferentes
resoluciones judiciales sin incurrir por ello en ninguna vulneración constitucional, [siempre] que el órgano
judicial que se aparta de la apreciación de los hechos efectuada anteriormente en otra resolución judicial
expon[ga] de modo razonado los motivos por los que se aparta de aquella primera calificación”.
4. CONCLUSIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES ANOTADAS
Al hilo de las observaciones hechas hasta este momento es posible formular unas pocas conclusiones.
i) En primer lugar, el hecho que no resulta probado como verdadero no se puede considerar, por esa única
razón, como falso. Ni, por lo mismo, el enunciado fáctico que no ha sido probado que es falso puede ser
tampoco calificado de verdadero. Estos supuestos refieren una simple laguna epistémica(22), zonas de
incertidumbre por falta de pruebas, que certifican la imposibilidad de operar con arreglo a una lógica binaria
de forma que un enunciado o es verdadero o es, en cambio, falso. Y lo que es acaso más importante:
permiten que el hecho no probado(23) pueda serlo en otro proceso posterior.
De modo congruente, la absolución penal por falta de pruebas de cargo no impide lógicamente que la
Administración (o el Juez contencioso) pueda declarar probado la hipótesis fáctica que el Juez penal
descartó tener por probada. Lo hará con naturalidad siempre que al expediente administrativo se incorporen
nuevas pruebas, nunca antes aportadas al proceso penal. Pero también cuando en el ejercicio de su libertad
de apreciación discrepe del criterio de otro órgano judicial y considere que los mismos elementos de prueba
que rechazó el Juez penal sí son suficientes para confirmar el enunciado fáctico.
Esto fue precisamente lo único que sucedió en el asunto de la mencionada STC 77/1983. Según antes se ha
recordado, en ese caso el Juez penal absolvió al acusado porque en su opinión existían dudas razonables
sobre que él hubiera sido el autor de la llamada anónima. Pero sin llegar nunca a declarar que no lo hubiera
sido. De modo que, en rigor, el Juez de Instrucción aplicó simplemente el principio de presunción de
inocencia del art. 24.2 CE. La Administración, en cambio, a la vista de nuevas pruebas no incorporadas al
proceso penal (singularmente el informe técnico), concluyó que el acusado sí había sido el autor de la
llamada anónima.
En estas condiciones, no existió la contradicción que entonces equivocadamente censuró el Tribunal
Constitucional sobre el hecho material de la autoría, sino simple discrepancia de juicio o valoración entre el
juez penal y la Administración sancionadora de las pruebas disponibles, que termina en soluciones distintas
pero no contradictorias. Un resultado que, como el propio Tribunal ha afirmado en alguna ocasión, no es, sin
más, una anomalía ni, mucho menos, contrario a la Constitución (STC 24/1984, de 23 de febrero, FJ 1).
ii) Esta es una conclusión obvia, casi de puro sentido común, y que nadie probablemente discute. Lo que, sin
embargo, seguramente es ya más difícil de aceptar es una contradicción de ese tipo cuando la falta de prueba
de “x” no es consecuencia de que el mismo no haya resultado probado que es verdadero, ya por falta de
pruebas suficientes, ya porque no existe ninguna prueba que lo confirme, sino porque se ha demostrado que
“x” es falso. Aunque desde una perspectiva lógica y epistémica estos tipos de falta de prueba no son
equivalentes, sí lo son procesalmente.
Ésta es, al menos, la conclusión que apunta la doctrina constitucional que antes se ha dejado anotada y que
permite al Juez que interviene en segundo lugar apartarse de la declaración de hechos realizada en el primer
proceso, con tal de que motive suficientemente las razones que justifican su decisión.
iii) Naturalmente a la misma conclusión (la prueba de los hechos principales de una infracción
administrativa), e incluso con más facilidad, puede llegarse asimismo por la vía de admitir en el Derecho
administrativo sancionador, como ha defendido Letelier(24), un estándar probatorio más rebajado del que
es propio del Derecho penal y algo alejado, por tanto, del criterio de <<más allá de toda duda razonable>>.
Según esta propuesta (que alerta sobre una más de las muchas matizaciones con las que los principios del
orden penal funcionan en el derecho administrativo sancionador; ahora a propósito del principio de
presunción de inocencia), los elementos probatorios que para el Juez penal no sirven para destruir la
presunción de inocencia, si pueden hacerlo en cambio para probar la existencia de una infracción
administrativa.
Reconozco que se trata de una propuesta sugerente y que, de hecho, cuadra muy bien con la preocupación
por reequilibrar la función del Derecho administrativo sancionador en favor de la defensa de los intereses
generales que gestiona la Administración, hasta ahora lamentablemente marginados del lado de las
garantías del infractor, y de la que personalmente además me encuentro muy cercano. De todas formas lo
que noto, sin embargo, es que, a falta de estándares probatorios, que confieso yo no veo por muchas partes
del ordenamiento, la cuestión de la prueba de la infracción remite a la racionalidad del discurso judicial (y,
ya antes, el de la propia Administración) que une los elementos probatorios con la hipótesis, con el
enunciado fáctico controvertido en el proceso, en el contexto de los intereses enfrentados en cada caso,
calibrados y justificados en función del orden de valores que arbitra la Constitución. Y esto es, según creo, lo
que hay que exigir en todos los casos, medien o no estándares legales de prueba.
iv) De cualquier manera que sea importa precisar que, a diferencia de otras reglas procesales y de garantías
constitucionales, que sí tienen valor epistemológico(25), el principio de presunción de inocencia no es una
regla con ese carácter. Su función no es, efectivamente, servir a la averiguación de la verdad ni la de permitir
al Juez concluir que un determinado hecho individual no ocurrió en la realidad. Al aplicarlo el Juez penal (o
la Administración, en el caso de las infracciones administrativas), no declara que, en defecto de la
imprescindible prueba de cargo, el delito o la infracción administrativa no existió, o que el imputado no fue
su autor. Concluye simplemente que, en esas condiciones y en aplicación del citado principio, el inculpado
debe ser absuelto (y no, en cambio, que es inocente).
De modo congruente la presunción de inocencia no incorpora un interés de tipo cognoscitivo o teórico. Es,
por el contrario, una regla sobre la carga de la prueba que traduce un interés o juicio valorativo con una
finalidad práctica. Cuando no existe la certeza de los hechos principales del caso y en la alternativa penal que
abre esa incertidumbre, el ordenamiento prefiere la absolución de un culpable que cargar con la condena de
un inocente(26). Es, en suma, una regla institucional de distribución de los riesgos de la incertidumbre, que
el juez debe observar.
v) Al margen del principio de presunción de inocencia, el legislador interviene también con normalidad en la
distribución de las cargas probatorias, corrigiendo el principio general expresado tradicionalmente en el
brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit, en beneficio del interés representado por una de las partes.
Los ejemplos son numerosos. Las reglas probatorias en materia de discriminación laboral o, en fin, las
presunciones de paternidad o de fallecimiento son efectivamente alguno de ellos. Aunque su respectivo
fundamento es distinto (resumidamente, la protección de la igualdad y la elevada dificultad de demostración
de la paternidad y la muerte), tienen en común la función de proporcionar al Juez un criterio simplificado de
decisión(27), obligándole, bajo determinadas circunstancias, a dar por probados el hecho de la
discriminación laboral, de la paternidad o del fallecimiento(28).
No lo es, en cambio, pese a lo que pudiera parecer, la denominada presunción de certeza o veracidad de los
hechos reflejados en las actas y denuncias formuladas por funcionarios públicos, que sanciona el art. 137.3
LRJPAC y recogen asimismo abundantes normas sectoriales, no siempre de carácter sancionador.
Esta regla, que no es además una auténtica presunción en sentido procesal, no altera el régimen ordinario de
la carga de la prueba en los supuestos de ejercicio de la potestad sancionadora o, en general, de ejercicio de
potestades de intervención o gravamen, ni sirve siquiera tampoco a la averiguación de la verdad material (o a
la declaración de la verdad formal). Es simplemente una regla de valoración que determina legalmente la
fuerza probatoria de las descripciones de los hechos presenciados directamente por un funcionario y
debidamente documentadas en el acta, de forma que el Juez puede dar por ciertos los correspondientes
enunciados fácticos, salvo que exista prueba en contrario que lo desmienta. Es, en suma, una regla legal que,
con fundamento en la máxima de experiencia condensada en la capacitación e imparcialidad profesionales
de los funcionarios, permite al Juez considerar probados los hechos descritos en el acta, pero sin que esa
posibilidad determine forzosamente el resultado probatorio (no es una prueba legal plena), de forma que el
Juez conserva intacta su facultad de valoración conjunta de las pruebas disponibles y de consecuente
decisión. Lo que significa que la presunción de veracidad que consideramos no dispensa en rigor de la
prueba de ningún hecho ni es por sí sola prueba de cargo suficiente para destruir válidamente la presunción
de inocencia, que sigue en consecuencia su estándar probatorio habitual(29).
Con estos perfiles, se entiende probablemente mucho mejor que en el asunto resuelto por la mencionada
STC 34/2003 el mismo órgano judicial contencioso decidiera anular las sanciones administrativas impuestas
con fundamento en el acta de inspección levantada, por considerarla insuficiente como prueba de cargo en el
expediente sancionador, y confirmar, en cambio, el acto administrativo de liquidación por cuotas a la
Seguridad Social dictado con idéntico fundamento, razonando que los hechos descritos en el acta, que
apuntaban a la existencia de una relación laboral, no habían sido desvirtuados suficientemente por el
interesado.
vi) Bien se ve, en cualquier caso, que en los supuestos de doble enjuiciamiento de unos mismos hechos los
declarados probados por el Juez que interviene en primer lugar aprietan más bien poco al que lo hace con
posterioridad, que podrá confirmar o apartarse de la verdad formal declarada en el primer proceso con
arreglo a la nueva valoración de las pruebas disponibles, sean las mismas u otras añadidas a las inicialmente
consideradas, siempre que al hacerlo motive suficientemente su decisión(30). Con lo cual, al final, la
declaración constitucional acerca de la vinculación a los hechos declarados por la sentencia penal y, en
general, sobre que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado,
queda en entredicho.
Con estas precisiones probablemente se entiende mejor también la afirmación del Tribunal acerca de que
“unas mismas pruebas pueden conducir a considerar como probados o no probados los mismos hechos por
los Tribunales de Justicia”. Y la exigencia igualmente de que esa posible y divergente “apreciación judicial de
los hechos deba ser motivada”, so pena en otro caso de vulnerar el art. 24.1 CE (SSTC 158/1985, 16/2008, y
21/2011, citadas).
5. APUNTES FINALES Y ALGUNAS PREGUNTAS
Todas estas observaciones me parece que confirman el carácter provisional e incompleto de las declaraciones
de hechos probados, que son enunciados relacionales(31) o relativos(32), y por lo mismo dependientes de los
elementos de juicio disponibles en cada caso, así como del resultado de su respectiva valoración judicial(33).
Pero también, desde otra perspectiva, alertan sobre la cuestión, que ahora dejo nada más que planteada, de
determinar si las declaraciones de hechos probados son enunciados constitutivos o con fuerza normativa y,
por tanto, susceptibles de ser utilizados por el mismo Juez u otro distinto en otro proceso posterior sobre los
mismos hechos, sin necesidad de comprobar su veracidad material, o son, por el contrario, de tipo
cognoscitivo o descriptivo, de forma que la correspondiente declaración de hechos probados no se
corresponde necesariamente con la verdad, reclamando su comprobación en el proceso posterior.
Los siguientes ejemplos servirán para ilustrar lo que digo.
i) Un funcionario acudió a la jurisdicción contenciosa reclamando una indemnización en concepto de
responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños psicológicos sufridos como consecuencia del
acoso laboral al que durante años le sometió su superior jerárquico, y que desembocaron en un cuadro
paranoide y con su jubilación anticipada por incapacidad permanente absoluta.
El Juez contencioso estimó la demanda y condenó a la Administración al pago de la correspondiente
indemnización al estimar probado el acoso laboral denunciado. En su relato de hechos la sentencia detalla,
incluso con pormenor, los graves episodios de acoso laboral sufridos por el demandante y que confirma
fueron efectivamente protagonizados por su superior jerárquico, al que identifica personalmente.
Pocas semanas después de la sentencia, la Administración condenada, que decidió no recurrirla y pagó la
indemnización, acordó incoar expediente de regreso (art. 145.2 LRJPAC) contra el superior jerárquico con
fundamento en los hechos descritos por el Juez contencioso. En ese momento, el interesado promovió
incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia denunciando la indefensión padecida por no haber
sido llamado al proceso contencioso ni poder, en consecuencia, discutir la declaración de hechos probados
que le perjudica.
ii) Los expropiados en ejecución de determinado proyecto expropiatorio para la construcción de un sistema
general discuten ante la jurisdicción contenciosa los respectivos justiprecios fijados por el Jurado de
Expropiación en relación con sus respectivas fincas. Aunque los recursos son distintos y se tramitan por
separado, todos comparten el mismo y principal motivo de impugnación: las fincas, pese a su clasificación
formal de suelo no urbanizable, debieron no obstante valorarse como suelo urbanizable programado en
atención a su destino, la construcción de sistemas generales que “crean ciudad”, en la expresión normalizada
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En uno de esos recursos, el Juez contencioso resolvió
desestimarlo sirviéndose de las conclusiones probatorias a que había llegado en otro de los recursos
contencioso promovidos con idéntico motivo, y que demostraban que el sistema general considerado no
cumplía el requisito de “crear ciudad”.
iii) Unos padres interpusieron recurso contencioso contra la denegación de su solicitud de admisión de uno
de sus hijos en el centro escolar de su preferencia, por no alcanzar la puntuación necesaria, negando que el
domicilio familiar consignado en la solicitud fuera en rigor el de su residencia verdadera. El Juez
contencioso desestimó la demanda sirviéndose de las conclusiones que había alcanzado en otro proceso
distinto, pero en el que resolvió la misma cuestión, entonces a propósito del recurso planteado en relación
con la inadmisión por el mismo motivo de otro de los hijos de los recurrentes.
Dejando de lado ahora la cuestión de la legitimación para ser parte en el proceso que refiere el primer
ejemplo (pero que bien parece de todas formas manifiestamente injustificada), estos tres supuestos plantean
la cuestión sobre la naturaleza de la declaración de hechos probados y, en particular, si el Juez puede o no
tomar a préstamo para decidir sobre los hechos controvertidos el resultado probatorio declarado en otro
proceso distinto y, en su caso, bajo qué condiciones.
BIBLIOGRAFÍA
- AGUILÓ REGLA, J., “Presunciones, verdad y normas procesales”, Isegoría, núm. 35, 2006.
- ATIENZA, M., “Sobre la argumentación en materia de hechos. Comentario crítico a las tesis de Perfecto
Andrés Ibañez”, Jueces para la democracia, núm. 22, 1994.
- CANO CAMPOS, T., Presunciones y valoración legal de la prueba en el derecho administrativo
sancionador, Thomson-Civitas, Madrid, 2008.
- CARNELUTTI, F., La prova civile, 2ª ed., Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1947.
- FERRER BELTRÁN, J., Prueba y verdad en el derecho. 2ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2005.
- GASCÓN ABELLÁN, M., Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba, Marcial Pons, 3ª ed.,
Madrid, 2010.
- GONZÁLEZ LAGIER, D., “Los hechos bajo sospecha. Sobre la objetividad de los hechos y el razonamiento
judicial”; Analisi e diritto, 2000.
- “Hechos y argumentos (Racionalidad epistemológica y prueba de los hechos en el proceso penal)”, (I) y (II),
Jueces para la democracia, núms. 46 y 47, 2003.
- TARUFFO, M., Simplemente la verdad. El juez y la construcción de los hechos, Marcial Pons, Madrid,
2010.
- “Las situaciones probatorias. Aspectos lógicos de la decisión sobre los hechos”, Jueces para la democracia,
núm. 77, 2013
NOTAS:
(1). Sobre la distinción entre hechos genéricos y hechos individuales, vid., GONZALEZ LAGIER, 2000; 70-71
(2). GONZALEZ LAGIER, 2000: 69.
(3). Cfr., la ponencia principal del citado V Seminario STEM de Luis MEDINA ALCOZ, “Los hechos en el
Derecho Administrativo. Una aproximación”; y la comunicación de Raúl LETELIER WATENBERG, “El
precio del status quo. Sobre la prueba de los hechos en las sanciones administrativas”; ambas en
http://www.aulaidluam.com/
(4). FERRER BELTRÁN, 2005: 61.
(5). GASCÓN ABELLÁN, 2010: 49, y 89, y passim
(6). GONZÁLEZ LAGIER, 2003: 35
(7). Como explica GASCÓN ABELLÁN, 2010: 160 y ss.; la probabilidad de una hipótesis aumenta o
disminuye en función i) del fundamento cognoscitivo y el grado de probabilidad expresado en las máximas
de experiencia usadas en la confirmación; ii) la calidad epistemológica de las pruebas que la confirman; iii)
el número de inferencias que componen el discurso de confirmación; y iv) la cantidad y variedad de pruebas
o confirmaciones.
(8). TARUFFO, 2010: 254-255; y GASCÓN ABELLÁN, 2010: 114
(9). GASCÓN ABELLÁN, 2010: 113 y ss. También, FERRER BELTRÁN, 2005: 42; y TARUFFO, 2013: 260
(10). GASCÓN ABELLÁN, 2010: 109
(11). Conforme el Tribunal constitucional advirtió tempranamente en su STC 77/1983, de 3 de octubre, y
cuyo interés notaremos luego en el texto, “la cosa juzgada despliega un efecto positivo, de manera que lo
declarado por Sentencia firme constituye la verdad jurídica y un efecto negativo, que determina la
imposibilidad de que se produzca un nuevo pronunciamiento sobre el tema” (FJ 3).En el mismo sentido, cfr.,
SSTC 207/1989; 90/1994; y 307/2006;
(12). FERRER BELTRÁN, 2005: 62. CARNELUTTI, 1947: 33-34, lo dirá en forma bien gráfica: “La verdad es
como el agua: o es pura o no es verdad. Cuando la búsqueda de la verdad material está limitada en el sentido
de que ésta no puede ser conocida en todo caso y mediante cualquier medio, con independencia de si el
límite es más o menos riguroso, el resultado es siempre el mismo: no se trata ya de una búsqueda de la
verdad material, sino de un proceso de fijación formal de los hechos” (las cursivas son del autor). En contra
vid., TARUFFO, 2010: 100-101.
(13). GASCÓN ABELLÁN, 2010: 110 y 131-132.
(14). FERRER BELTRÁN, 2005: 36-37
(15). Vid., al respecto, la STS (Sala 3ª), de 18 de septiembre de 2012, que, en línea con otras anteriores (cfr.,
STS 6 de marzo de 2003), niega la exigencia de que las sentencias contenciosas deban contener una
declaración de hechos, en todo caso, razonando que “la LJCA carece de la laguna normativa en cuya virtud se
pretende la exigencia prevista en el artículo 209 LEC, por la que las sentencias del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo deberían disponer, de manera preceptiva y explícita, la relación de las pruebas
practicadas y el relato de hechos probados, ni incurre por tanto la sentencia en déficit de motivación por no
cumplir aquel requisito relativo a las sentencias del orden jurisdiccional civil, pues [] la referencia que
efectúa el art. 248.3 LOPJ a la consignación de <<hechos probados>> ha de atenderse con la subsiguiente
mención <<en su caso>>, es decir, cuando la respectiva norma procesal la exija”.
(16). Esta es, al menos, la opinión que despunta en la STC 70/1989, de 20 de abril, en la que el Tribunal
afirma que “es, sin duda, criticable la posibilidad de que se produzcan sobre los mismos intereses Sentencias
en cierta medida contradictorias a causa de una determinada interpretación judicial de un sistema legal que
establece la concurrencia de dos órdenes jurisdiccionales distintos.” (FJ 4).
(17). Aunque en ocasiones “hechos” y “acciones” son conceptos contrapuestos, en el texto utilizo “hechos” en
un sentido amplio, que comprende también las acciones humanas.
(18). Cfr., entre otras muchas, las SSTS (Sala 3ª), de 11 de septiembre de 2006; 31 de enero de 2012; y 30 de
octubre de 2014.
(19). Por todos, SUAY RINCÓN, 1993: 389.
(20). Como puede serlo, por ejemplo, la regla que impide la revisión de los hechos en casación. De todas
formas esa regla sobre la vinculación de los hechos declarados por el Juez penal toma pie en la afirmación de
que el proceso penal es el que más garantías y posibilidades de prueba ofrece. En estas condiciones, y
teniendo en cuenta el cualificado estándar probatorio o de confirmación que impone el principio de
presunción de inocencia (cifrado grosso modo en el estándar probatorio <<más allá de toda duda
razonable>>), se piensa que la verdad formal o procesal que declara el Juez penal (los hechos probados de la
sentencia) y, por tanto, la incertidumbre sobre los hechos y la probabilidad de un error es mucho más
reducida.
(21). FERRER BELTRÁN, 2005; 37-38; Vid., también, SSTC 24/1984, de 23 de febrero (FJ 3); y 107/1989,
de 8 de junio (FJ 4).
(22). M. TARUFFO, 2013: 74
(23). La falta de prueba de un hecho “x” se produce tanto si resulta probado que es falso, como cuando no
resulta probado que es verdadero, ya por falta de pruebas suficientes, ya porque no existe ninguna prueba
que lo confirme.
(24). Raúl LETELIER WATENBERG, “El precio del status quo. Sobre la prueba de los hechos en las
sanciones administrativas”, cit.
(25). Tal es el caso, por ejemplo, de las reglas de valoración que atribuyen escaso valor probatorio a
determinados medios de prueba (los testimonios de referencia; las declaraciones de coimputados; los
dictámenes a instancia de parte) y que coadyuvan al descubrimiento de la verdad rechazando pruebas por su
escaso valor gnoseológico. Como lo hacen también, desde otra perspectiva, el sistema de tachas de testigos e
incluso la prohibición de tortura que, aunque orientada directamente a proteger la integridad y dignidad
humanas, contribuye también a evitar la posible obtención de una verdad “torcida”. Cfr., GASCÓN
ABELLÁN, 2010: 118.
(26). M. ATIENZA, 1994; 84.
(27). M. TARUFFO, 2013; 74
(28). AGUILÓ REGLA, 2006: 9 y ss.
(29). Cfr., por todos, T. CANO CAMPOS, 2008.
(30). Naturalmente sin que, al hacerlo, el Juez pueda introducir, donde el Legislador no lo ha hecho, reglas
de juicio, asignando cargas probatorias entre las partes (sean generales, como es el caso, según creo, del
criterio disponibilidad y facilidad probatoria en manos de cada una de las partes en litigio, que contempla el
art. 217.7 LEC, o especiales, fundadas en razones de política legislativa), o criterios de valoración de las
pruebas, no previstos legalmente.
(31). J. FERRER BELTRÁN, 2005; 35
(32). TARUFFO, 2010: 99 y ss.
(33). Por decirlo de otro modo, advertido que un enunciado fáctico es verdadero o no es verdadero, pero no
“más o menos” verdadero, lo único que varía en función de los elementos de juicio disponibles, y convierte
de paso la declaración de hechos en relativa (el Juez puede estar psicológicamente seguro de su declaración
de hechos probados, pero no epistemológicamente), es el grado de confirmación, de probabilidad, que podrá
ser en efecto más o menos elevado en función del peso respectivo de los intereses enfrentados en cada caso.
Fly UP