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Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América

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Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América
Documento informativo del IDPC
Mujeres, delitos de drogas y sistemas
penitenciarios en América Latina
Corina Giacomello1
Octubre de 2013
Introducción
Desde la década de los ochenta se ha
incrementado el número de mujeres en
reclusión por delitos relacionados con drogas,
disparándose a partir de los noventa. Este
fenómeno se ha registrado a nivel mundial y
América Latina no ha sido una excepción. Cada
vez más, mujeres se insertan en los circuitos del
tráfico de estupefacientes como consumidoras,
vendedoras al menudeo y transportistas
locales (incluyendo en la prisión), nacionales e
internacionales2. En distintos países del mundo,
la población penitenciaria femenil ha crecido a
una tasa superior que la población masculina,
pese a que sigue representando una minoría3.
En este documento se analizan los roles
desempeñados por las mujeres en las redes
criminales en América Latina y los procesos
de involucramiento, en aras de visibilizar cómo
las relaciones de género y los factores socioeconómicos moldean la configuración de las
redes de tráfico internacional de drogas y la
inserción de las mujeres. Asimismo, se revisan
críticamente las principales características de
los sistemas penitenciarios de los países de la
región con un enfoque de género. Finalmente,
se elaboran una serie de conclusiones y
propuestas dirigidas a impulsar un proceso de
revisión y de reforma de las políticas de drogas
y penitenciarias. El análisis se hace a partir de
la literatura secundaria disponible, del análisis
de datos cuantitativos producidos en diferentes
países de América Latina y de la experiencia
de investigación empírica de la autora en
México. Por los distintos niveles de información
disponible puede haber más datos y evidencia
respecto de algunos países.
Decidimos enfocarnos en las actividades
relacionadas con la venta y el tráfico, puesto
que los datos disponibles sobre mujeres en
prisión por delitos de drogas muestran cómo
la mayoría está acusada por estas actividades.
Además, no hemos encontrado estudios
específicos sobre la participación de las mujeres
en actividades de cultivo y su persecución y
sanción por parte del estado. Cabe realizar más
estudios sobre el tema, para arrojar luz sobre
la extensión del fenómeno de criminalización
de las comunidades campesinas y los efectos
específicos que tiene para las mujeres. Por
último, optamos por no abordar el tema del
consumo per se, ya que este tema requeriría un
estudio aparte con un enfoque de género y de
salud pública, lo cual rebasa los fines de este
documento.
Huelga subrayar que el objetivo de este
informe es dar a conocer las problemáticas
que comparte un grupo específico, a saber,
1
las mujeres encarceladas en las prisiones
latinoamericanas por delitos relacionados con
sustancias psicoactivas. Por eso, en análisis,
las conclusiones y las propuestas se refieren
a “mujeres”. Con ello no se pretende negar
la experiencia de los hombres ni hacer una
comparación. Tampoco pretendemos agotar
las múltiples experiencias y matices del grupo
estudiado. Más bien nuestro objetivo es reunir
la información disponible, analizarla desde la
mirada combinada de relaciones de género,
tráfico de estupefacientes y prisión y ofrecer
un punto de partida para nuevos estudios y
propuestas de políticas públicas.
Principales hallazgos
Una primera observación es que el aumento del
número de mujeres encarceladas por drogas no
indicaría solamente su mayor involucramiento
en el tráfico. También es producto del enfoque
de la persecución penal. Es decir, no sólo
las mujeres participarían más en actividades
de venta y transporte de drogas, sino que
estas actividades son más perseguidas4. Una
reducción en la persecución de actividades
relacionadas con drogas o la implementación
de medidas alternativas a la prisión, por ejemplo
en el ámbito del micro-tráfico, implicaría una
disminución de la población penitenciaria.
A lo largo del documento, se muestra cómo las
mujeres ocupan los eslabones más bajos de la
cadena delictiva. Se desempeñan principalmente
como cultivadoras, recolectoras, vendedoras
al menudeo, correos humanos (lo que se suele
conocer como “mulas” o “burreras”, entre otros
nombres) e introductoras de drogas a centros de
reclusión. Es decir, con pocas excepciones, fungen
como mano de obra fácilmente reemplazable de
las redes criminales transnacionales.
En América Latina, las circunstancias socioeconómicas constituyen la principal motivación
por la cual las mujeres “eligen” cometer una
2
actividad penada. La región tiene el índice más
alto de desigualdad económica del mundo y
un alto porcentaje de la población que vive en
pobreza e indigencia en la región son mujeres5.
Este fenómeno se conoce como feminización
de la pobreza y se manifiesta en áreas urbanas
y rurales. Es importante resaltar el aumento
de los hogares monoparentales a jefatura
femenina6. Las mujeres a menudo son las únicas
responsables de sus hijos e hijas y cumplen
dobles o triples jornadas laborales para poder
fungir como sustento económico y, al mismo
tiempo, no desatender las responsabilidades
que les son asignadas como madres o abuelas.
El peso de los cuidados de niños, niñas y a veces
personas de la tercera edad recae enteramente
sobre ellas, empujándolas a veces a buscar en
la venta de drogas una manera de combinar sus
múltiples obligaciones. Esta situación se refleja
en el perfil de las mujeres encarceladas por
delitos de drogas en América Latina: muchas de
ellas son madres solteras que entran al negocio
de las drogas solamente para poder alimentar a
sus hijas e hijos7.
Las relaciones de género8 son otro elemento
causal de cómo y por qué las mujeres
cometen delitos de drogas, puesto que suelen
involucrarse en estos actos ilícitos a partir de
sus relaciones familiares o sentimentales, ya
sea como novias, esposas, madres e hijas,
y en cumplimiento de los roles asignados
por relaciones de género marcadas por una
asimetría entre hombres y mujeres9.
La mayoría de estas mujeres procede de los
estratos sociales más marginados y socialmente
excluidos, y no cuenta con los medios económicos
ni con el conocimiento legal o el capital social
para proveerse de una defensa legal adecuada.
Asimismo, una vez que son aprehendidas, las
mujeres en reclusión suelen ser abandonadas a
su suerte y dejadas en un estado de indefensa
plena. Dicha situación se agrava en los casos de
mujeres extranjeras, indígenas o de aquellas que
son aprehendidas lejos de su lugar de origen y
cuyas familias no cuentan con los medios para
asistirlas o ni siquiera se enteran de que su
familiar ha sido detenida10.
sector académico. En los siguientes párrafos
presentamos algunas propuestas. Éstas son
retomadas y complementadas en el apartado
correspondiente al final del documento.
Lejos de responder a estas circunstancias con
un sistema de justicia ecuo, en su gran mayoría
los países de América Latina se caracterizan
por leyes de drogas que imponen la prisión
preventiva y sentencias desproporcionales de
prisión sin derecho a acceder a programas de
pre-liberación11.
Una dificultad recurrente a la hora de realizar
este tipo de investigaciones es conseguir datos
confiables, actualizados y oportunamente
disgregados. Por lo tanto, se requiere de la
creación de un sistema de recolección de datos
e indicadores uniforme a todos los países de
América Latina y que éstos estén disponibles
para todo público. Algunos ejemplos de la
información que se necesita, pensando en el
tema específico de este estudio son: número
de personas en prisión, población penitenciaria
femenina, población acusada por delitos de
drogas disgregada por sexo, condición jurídica,
tipo de delitos y sentencias, número de centros
penitenciarios, número de niños y niñas que
viven con sus madres (o padres) en prisión,
número de personas que reciben visita y con qué
frecuencia, medición de la distancia entre los
centros de reclusión y el domicilio de las personas
detenidas, indicadores de salud, datos sobre uso
problemático de sustancias psicoactivas y acceso
a tratamiento y a servicios de reducción de daños
en prisión, etc. Desde luego, estos ejemplos no
agotan la totalidad de la información que debería
de generarse. Toda la información debería estar
disgregada por género.
En el contacto con el sistema de justicia penal y
penitenciario, las mujeres suelen ser sometidas
a formas de violencia específicas. El hecho
de que constituyan una minoría en todos los
sistemas penitenciarios del mundo subyace su
invisibilización y subsecuente discriminación
en el sistema carcelario12. Algunos aspectos
señalados en distintos estudios sobre el tema
son: la falta de centros propios para mujeres;
las violaciones y el abuso sexual ejercido por el
personal de los centros en contra de las mujeres;
la existencia de redes de trata entre secciones
femeniles y varoniles; la falta de atención a los
problemas de salud mental, más agudos en el
caso de las mujeres que entre los hombres en
prisión; los daños infligidos sobre las hijas e hijos
de las mujeres en prisión, en el caso de los que
viven con ellas como de los que están afuera;
la menor oferta de oportunidades educativas,
laborales y de capacitación, entre otros13.
Plataforma de propuestas
Las propuestas se dividen en cuatro macroámbitos de intervención: generación de
información, prevención, reformas al sistema
penitenciario y políticas de drogas. Cada
ámbito debería estar atravesado por los
ejes de género y derechos humanos y en su
construcción deberían ser incluidos actores
de la sociedad civil, de los distintos poderes
del estado, órganos internacionales y el
La generación de datos es importante en
si misma, pues es una fuente transparente
de información pública. Pero la información
debe ser utilizada también, conjuntamente
con el análisis cualitativo, como plataforma
para identificar problemas estructurales y
específicos y diseñar e implementar políticas
públicas oportunas.
También sería necesario realizar un diagnóstico
regional cuantitativo y cualitativo que dé
cuenta de las dimensiones y características del
fenómeno objeto de este informe en cada país
3
de América Latina. En ese sentido, es importante
señalar el trabajo de la Comisión Interamericana
de Mujeres (CIM) de la Organización de
Estados Americanos (OEA). En junio de 2013,
la Comisión realizó la mesa redonda “Mujeres
y drogas en las Américas: un diagnóstico en
construcción”, en la cual participaron expertas
y expertos en el tema. Esta mesa fue el único
evento lateral organizado en el seno de la
Asamblea General de la OEA que tuvo lugar en
Antigua, Guatemala14. La CIM está en proceso
de lanzar un estudio de alcance regional sobre
la participación de las mujeres en el tráfico
internacional de las drogas en América Latina y
su impacto en el sistema penitenciario pero no
cuenta todavía con los fondos disponibles.
En el ámbito preventivo, se requieren programas
de prevención dirigidos específicamente a
mujeres que pueden verse enganchadas por
redes de tráfico a partir de su vulnerabilidad
económica y en razón de género. También
para el caso de los hombres, y especialmente
de niños y adolescentes, deberían idearse
programas centrados en la construcción de
la masculinidad y los imaginarios que rodean
sus múltiples expresiones, puesto que para
hombres y mujeres la participación en delitos
de drogas puede tener como punto de partida
el cumplimiento de roles de género.
Para el ámbito penitenciario, un texto de
referencia importante son las Reglas para
el Tratamiento de las Reclusas y Medidas
no Privativas de Libertad para las Mujeres
Delincuentes, conocidas como Reglas de
Bangkok15¸ aprobadas en 2010 por la Asamblea
General de Naciones Unidas.
Cuadro 1. Las Reglas de Bangkok
Las Reglas de Bangkok fueron aprobadas en diciembre de 2010 por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. El texto de las Reglas contiene 70 puntos (reglas) que abordan de
manera específica las problemáticas y necesidades de las mujeres en reclusión. Las reglas
insisten repetidamente en que deben adoptarse medidas alternativas a la pena privativa de
libertad sobre todo para las madres, tomando en cuenta que son las que normalmente son
responsables de sus hijos. Hacen hincapié en la necesidad de fomentar el mantenimiento de las
relaciones familiares y de mantener a las mujeres en centros cercanos a su domicilio. Proponen
herramientas para ofrecer una atención integral a las mujeres en prisión, que tome en cuenta
su historial, las circunstancias del delito, así como los problemas de salud mental que pueden
derivarse de situaciones anteriores de abuso, exacerbados por la reclusión.
Algunas de las Reglas son:
Regla 2
1. Se deberá prestar atención suficiente a los procedimientos de ingreso de mujeres y
niños a la institución, por su vulnerabilidad especial en ese momento […].
2. Antes de su ingreso o en el momento de producirse, se deberá permitir a las mujeres
con niños a cargo adoptar disposiciones respecto de ellos, previéndose incluso la
posibilidad de suspender la reclusión por un período razonable, en función del interés
superior de los niños.
4
Regla 13
Se deberá sensibilizar al personal penitenciario sobre los posibles momentos de especial
angustia para las mujeres, a fin de que pueda reaccionar correctamente ante su situación y
prestarles el apoyo correspondiente.
Regla 18
Las reclusas tendrán el mismo acceso que las mujeres de su misma edad no privadas de libertad
a intervenciones de atención preventiva de la salud pertinentes a su género, como pruebas de
Papanicolau y exámenes para la detección de cáncer de mama y otros tipos de cáncer que
afecten a la mujer.
Regla 41
Para efectuar una evaluación de riesgos y una clasificación de las reclusas en que se tengan
presentes las cuestiones de género, se deberá:
a) Tener en cuenta que las reclusas plantean un menor riesgo para los demás en general,
así como los efectos particularmente nocivos que pueden tener las medidas de alta
seguridad y los grados más estrictos de aislamiento en las reclusas;
b) Posibilitar que a efectos de la distribución de las reclusas y la planificación del
cumplimiento de su condena se tenga presente información fundamental sobre sus
antecedentes, como las situaciones de violencia que hayan sufrido, su posible historial
de inestabilidad mental y de consumo de sustancias, así como sus responsabilidades
maternas y de otra índole relativas al cuidado de los niños;
c) Velar por que en el régimen de cumplimiento de su condena se incluyan programas y
servicios de rehabilitación ajustados a las necesidades propias de su género;
d) Velar por que se albergue a las reclusas que requieran atención de salud mental en
recintos no restrictivos y cuyo régimen de seguridad sea lo menos estricto posible,
así como por que reciban tratamiento adecuado en lugar de asignarlas a centros
cuyas normas de seguridad sean más rigurosas por la exclusiva razón de que tengan
problemas de salud mental.
Regla 64
Cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad
a las embarazadas y las mujeres que tengan hijos a cargo, y se estudiará imponer sentencias
privativas de la libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro
permanente, pero teniendo presentes los intereses superiores del hijo o los hijos y velando por
que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de esos hijos.
Las Reglas de Bangkok dan visibilidad a aquellos
asuntos que conciernen específicamente a las
mujeres en reclusión y pueden fungir como
un punto de partida para que los países de
América Latina revisen el funcionamiento de sus
sistemas penitenciarios. Algunos puntos son el
derecho de las mujeres a que sus necesidades de
salud específicas de género sean debidamente
atendidas, la responsabilidad de las autoridades
de mantener y fomentar los lazos de las reclusas
con sus familias, especialmente con sus hijas e hijos
y la importancia de adoptar medidas alternativas
a la prisión, sobre todo en el caso de las mujeres
que son madres. En el texto se reproducirán otras
de las Reglas en secciones específicas.
5
Cabe señalar que la “ceguera de género”, es decir,
la invisibilización y omisión de las experiencias
de las mujeres y de su punto de vista, es presente,
en muchos casos, desde las leyes que regulan el
sistema penitenciario16. Por ende, un proceso de
revisión debería incluir un análisis legislativo y la
elaboración de herramientas legales incluyentes
con enfoque de género, en concomitancia con
cambios estructurales y específicos.
En materia de políticas de drogas, en ese informe
nos referimos a la desproporcionalidad de las
penas en los países de América Latina, a algunos
ejemplos de iniciativas de reforma y a mecanismos
de suspensión de la pena de prisión. Se considera
que medidas como el indulto, la reducción de
sentencias y las opciones de alternativas a la
prisión en su fase preventiva y de ejecución
de la pena pueden reducir el hacinamiento,
despresurizar el sistema penitenciario y mejorar
la situación de las personas que se encuentran en
prisión preventiva o compurgando una sentencia.
Por ejemplo, en agosto de 2013, el gobierno de
Costa Rica aprobó una reducción de penas para
las mujeres que introducen drogas a los centros de
reclusión17. Sin embargo, estas medidas deberían
de formar parte de un cambio más amplio, que
coincida con una reconsideración integral de las
políticas de drogas y de sus objetivos básicos.
También se recomienda que al momento de
repartir el presupuesto disponible para la
implementación de políticas relacionadas con
drogas, se dejen de privilegiar los componentes
represivos enfocados en la persecución penal
y se destinen más fondos a políticas de salud
pública, de prevención, y de atención al uso
dependiente de sustancias psicoactivas.
El involucramiento
de las mujeres en el
tráfico internacional de
estupefacientes
Antecedentes
Si bien el fenómeno del tráfico internacional
de estupefacientes es ampliamente estudiado
y abordado con un conjunto de políticas que
van desde lo global hasta lo local, la dimensión
de género sigue casi ausente. Es decir, el
fenómeno del tráfico de estupefacientes, así
como las políticas adoptadas para combatirlo,
suelen analizarse e implementarse sin tomar en
cuenta los distintos procesos de socialización
de los hombres y de las mujeres en la esfera
criminal, en razón de su pertenencia genérica.
La visibilización de la participación de las
mujeres en el tráfico de estupefacientes es fruto
principalmente de la criminología feminista. Dos
de sus principales representantes en América
Latina son Rosa Del Olmo y Carmen Antony18.
En sus obras sobre mujeres encarceladas, han
mostrado cómo las mujeres víctimas de la
criminalización son en la mayoría de los casos
mujeres procedentes de hogares pobres y
desintegrados, con acceso a pocas o ningunas
oportunidades e historias de vida marcadas por
múltiples formas de abuso y violencia19.
Otros estudios de la misma índole, han
postulado cómo los delitos de drogas son en
manera crecente “delitos de género”, puesto
que algunas de sus modalidades permiten a las
mujeres tener acceso a ingresos superiores a
los que obtendrían en la economía formal y en
la informal legal, al mismo tiempo que cumplen
con sus funciones de género tradicionales (el
cuidado de los hijos y del hogar, principalmente)20.
La necesidad económica es generalmente
reconocida como la primera causa de
involucramiento en el tráfico. En muchos casos
6
se trata de mujeres madres que proceden de un
contexto caracterizado por la marginalidad21.
En otras ocasiones, las actividades ilícitas
relacionadas con drogas forman parte de las
estrategias de supervivencia de todo el núcleo
familiar o incluso de la comunidad, sobre todo
en las zonas rurales dedicadas al cultivo. En el
núcleo familiar, las actividades se distribuyen
de acuerdo a atributos de edad y género. En el
involucramiento/ reclutamiento de las mujeres
(así como de los niños y de los ancianos), por
lo tanto, intervienen motivaciones de índole
económica y cultural.
En las historias de vida de las mujeres en prisión
que protagonizan varios estudios cualitativos
usados para la elaboración de este informe, las
parejas hombres suelen aparecer como figuras
clave para el reclutamiento. Las redes de
traficantes son estructuras caracterizadas por
valores machistas y de liderazgo masculino22.
Si bien se han registrado casos de mujeres
con poder23, éstas representan una minoría.
En cambio, la mayoría de las mujeres ocupan
lugares secundarios y desechables.
Venta
La venta al menudeo en sus distintas modalidades
(en lugares públicos, a domicilio y en puntos
de venta ad hoc) es la franja más amplia del
mercado de sustancias psicoactivas e involucra a
un conjunto de actores muy heterogéneos.
Nuevamente,
la
necesidad
económica
emergería como el motivo principal por el cual
las mujeres se involucran en los mercados al
menudeo de drogas ilícitas.
También puede propiciarse en el seno de la
familia. En su obra sobre el narcomenudeo
en la Ciudad de México, Carlos Zamudio nos
describe el caso de la Familia Perico, un núcleo
familiar extenso dedicado a la venta de drogas24.
El autor muestra cómo las distintas funciones
(ir por la droga, almacenarla, preparar las dosis,
venderla, tratar con los clientes, etc.) están
distribuidas entre los integrantes de la familia
de acuerdo a líneas generacionales y de género.
La abuela, por ejemplo, es responsable, entre
otras funciones, de ir por la mercancía, puesto
que por ser una mujer anciana no levantaría
sospechas. Además, en caso de ser aproximada
por la policía, las personas de la colonia
intervendrían para defenderla. Su condición
de género y edad, por ende, la convierten en la
pieza más indicada para transportar la droga y
pasar desapercibida.
En otros casos, algunas mujeres se involucran
en un principio para ayudar a sus parejas y luego
continúan vendiendo ya como “decisión” propia25.
Por último, cabe mencionar cómo la venta
puede ser una actividad sucedánea al consumo,
es decir, una manera para sustentar el uso
dependiente de alguna sustancia psicoactiva26.
En ese sentido, puede estar combinada a otras
actividades dirigidas a mantener la dependencia.
Mariana, una mujer que entrevistada en el
penal femenil de Santa Marta (Ciudad de
México) – dependiente del crack desde los
once años y­ que vivía en la calle desde los
nueve por haber sido violada por su padre
– se mantenía limpiando parabrisas en los
semáforos y ejerciendo la prostitución. Mariana
fue detenida mientras consumía con un amigo
y finalmente fue procesada y sentenciada a diez
años de prisión por venta. Su amigo, en cambio,
fue dejado en libertad, pese a que ambos se
encontraban en posesión de la droga y se
acusaron mutuamente27.
El ejercicio de la prostitución combinado con
el uso dependiente de drogas en contextos
de alta vulnerabilidad debe convertirse en
causa de alarma e interés público, puesto que
causa severos riesgos para la salud de las y los
usuarios dependientes, además de exponerlos
7
a ser revictimizados por redes de trata de
personas o criminalizados y encarcelados por el
estado. De acuerdo a un informe del Consorcio
Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC,
por su sigla en inglés) “las mujeres tienen
más probabilidades de proporcionar sexo a
cambio de alojamiento, protección, drogas y/o
sustento. También tienden a experimentar más
frecuentemente la violencia de sus parejas
sexuales, y pueden hallar dificultades en
conseguir que sus parejas sexuales masculinas
utilicen preservativo, lo cual las hace más
vulnerables al VIH y a otras infecciones de
transmisión sexual (ITS)”28. A su vez, la respuesta
estatal suele ser insuficiente y a menudo
permeada de contenidos discriminatorios, ya
que las mujeres usuarias de drogas suelen ser
consideradas “lo más de lo más bajo”29.
Introductoras de drogas a centros
penitenciarios
Las introductoras de drogas a centros de reclusión
son un sujeto colectivo poco visibilizado incluso
en los estudios especializados.
En la Ciudad de México son llamadas
“aguacateras”, ya que la droga está envuelta con
cinta canela, formando un bulto que se conoce
como “aguacate”, debido a su forma y tamaño,
parecidos al de la fruta30. Recurren a todo tipo
de escondites, entre ellos la vagina.
A este grupo pertenecen tanto mujeres que
buscan sobrevivir transportando drogas a
cambio de una ganancia generalmente irrisoria,
como mujeres que las transportan para llevarlas
a un familiar interno.
En el caso de aquéllas que lo conciben como
un “trabajo”, cabe resaltar que son el eslabón
más débil y pobremente remunerado de una
lucrosa red delictiva conformada por internos,
personal de seguridad y custodia y traficantes
que operan fuera de las prisiones.
8
De las internas entrevistadas en el penal arriba
mencionado, una de ellas, Lucy, antes de optar
por el “trabajo” de introductora, había sido
empleada doméstica, había cuidado terrenos
baldíos e incluso había migrado ilegalmente a
los Estados Unidos. Madre soltera de tres hijos,
Lucy afirma que cuando una vecina (que fungió
como enganchadora) le ofreció ganar 500
pesos mexicanos (alrededor de US$ 37) por
cada vez que introdujera drogas a un centro de
reclusión varonil, lo vio como una oportunidad
para ganar en unas cuantas horas lo que
ganaría en semanas de trabajo como empleada
doméstica, y al mismo tiempo no descuidar a
sus hijos. Lucy fue “enganchada” por una vecina
que detectó su extrema necesidad económica.
Es interesante notar cómo otras mujeres
pueden fungir como enganchadoras. En el
caso de Lucy, el negocio estaba controlado por
internos de un reclusorio varonil y por un agente
externo que coordinaba a las aguacateras. Sin
embargo, el referente inmediato de Lucy era
otra mujer. Ésta le daba los “aguacates” a Lucy
y también trabajaba de aguacatera. Parecería,
pero es una hipótesis cuya validez habría que
profundizar, que, en el caso de la introducción
de drogas a reclusorios, el nivel de gerencia
e intermediario es masculino, mientras que
el contacto micro con la droga es femenino,
aunque haya jerarquías entre ellas.
Es importante no perder de vista que las drogas
que entran a los reclusorios son introducidas
mayoritariamente por el personal de seguridad
y custodia de los centros, quienes generalmente
gozan de impunidad.
Transporte y tráfico internacional
El transporte de drogas a través de un territorio
o de un país y el tráfico internacional –es decir la
introducción o extracción de drogas entre países
a través de correos humanos–abarca una vasta
variedad de sujetos, motivaciones, métodos de
ocultamiento, sustancias, ganancias, formas de
involucramiento y “carreras profesionales”. En la
categoría “mulas” coinciden mujeres de niveles
culturales y socio-económicos muy diversos,
desde primaria incompleta hasta estudios
universitarios y desde una situación de pobreza
extrema hasta clase media. Generalmente, son
también el grupo más heterogéneo en cuanto
a nacionalidad, y conforman el grueso del
grupo de internas extranjeras en las prisiones,
puesto que se desenvuelven en las rutas
internacionales del tráfico de drogas. Tanto en
los países de tránsito (por ejemplo, Argentina,
Ecuador y México) como en los de destino
(Inglaterra y España, entre otros), la mayoría
de las mujeres procedentes de distintos países
de América Latina están acusadas de tráfico
internacional de estupefacientes31.
Las formas de transporte más comunes son:
paquetes de drogas escondidos en el equipaje
o fajados alrededor del cuerpo –generalmente
en la zona del abdomen y de los glúteos– o
cápsulas de cocaína o heroína deglutidas y
cargadas en el estómago. Esta última forma
es la más peligrosa para la salud, ya que las
cápsulas pueden abrirse y causar oclusión
intestinal y la muerte32.
El pago por transportar la mercancía depende
principalmente del lugar de destino, del sexo
de la mula (los hombres son pagados más) y
de la droga transportada; otros factores que
influyen en la tarifa son la calidad del patrón y
la experiencia de la misma mula33. Las personas
que ganan cifras más sustanciosas “algunos
miles de dólares” transportan droga propia;
generalmente, empiezan trabajando para una
organización como mulas y, una vez establecido
el contacto con las personas que reciben la droga
en el país de destino, usan sus ingresos para
comprar más droga y establecer su micro-red,
a su vez contratando a otros correos humanos34.
Aparte de estos casos, que representarían una
minoría35, la mayoría de las mulas funcionan
como empleadas ocasionales y reemplazables.
Las organizaciones suelen coordinar el envío
de varias personas en un mismo vuelo, puesto
que algunas serán “sacrificadas”, es decir,
denunciadas anónimamente a las autoridades,
para permitir el tránsito de las otras36.
En las historias de las mujeres que participan
en el tráfico internacional, el vector de
involucramiento suelen ser el novio, el esposo
o alguna otra figura masculina con la que
existe un lazo de confianza previo, de amistad
o bien sentimental. El involucramiento puede
ser consciente –es decir, la mujer sabe que
va a transportar drogas a cambio de una
remuneración económica– o bien fruto del
engaño o incluso forzoso.
María Dorado expone los casos de mujeres
colombianas recluidas en cárceles españolas37.
La autora afirma que la mayoría se involucra
por causas económicas, entre los motivos
más frecuentes se encuentran el pago de una
deuda o del tratamiento médico de un familiar,
el desempleo y el mantenimiento de los hijos.
Por lo que concierne la fase de involucramiento,
de las entrevistas emerge que usualmente las
mujeres son reclutadas ya sea por una persona
conocida que ya “ha coronado” viajes, o por
una persona recientemente conocida que las
involucra a través del cortejo. Una vez establecida
la relación sentimental, sus novios o seductores,
o bien las engañan, “sembrando” drogas en su
equipaje antes de un viaje internacional, o las
inducen a viajar asegurándoles de que no va a
pasar nada y prometiéndoles que van a resolver
sus problemas económicos.
En una serie de videos realizados por el
Transnational Institute (TNI)38 y la Oficina de
Washington sobre América Latina (WOLA, por
su sigla en inglés)39, como parte del proyecto
“Sistemas Sobrecargados”40 –que visibiliza la
desproporcionalidad de las penas aplicadas por
delitos de drogas en América Latina– se narran
9
historias de mujeres mulas que muestran cómo
las relaciones de confianza y el engaño subyacen
a menudo el cómo y el por qué las mujeres
participan –consciente o inconscientemente–
en delitos de drogas41.
Ahora bien, las categorías de confianza y
engaño deben entenderse como vinculadas a
la idea de “amor romántico” y a las relaciones
de poder que de éste se derivan. En su tesis
sobre mujeres mulas en Ecuador, Isabel Torres
Angarita explica cómo el “amor romántico”
es una construcción social y una relación de
poder, que “permea inclusive las dinámicas del
tráfico de drogas e influye en las decisiones
y acciones que emprenden las mujeres que
se insertan en el mismo”42. Opera como “una
relación de poder entre hombres y mujeres
en la cual las mujeres suelen intervenir en
situación de desventaja llevándolas a veces a
cometer actos desesperados o ‘sacrificios’ en
nombre del ser amado”.
A las mujeres se les enseña a tener confianza en
la palabra del hombre amado, quien funge como
protector. En muchas historias de las internas
que entrevisté se repite una frase dicha por el
hombre a la mujer: “Todo va a estar bien”. Con
esta sencilla fórmula, que expresa autoridad y
control de las circunstancias, muchas mujeres
han sido convencidas de que transportar drogas
no implica riesgos y que, en la eventualidad de
ser detenidas, su pareja varón se encargaría de
resolver la situación.
Discusión
Las dinámicas del tráfico internacional de
drogas son un espejo de las relaciones sociales
que predominan en América Latina.
Como emerge en distintos documentos de
la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL)43, la combinación de
condiciones estructurales, mayor discriminación
10
social y laboral y la idea de que el cuidado de los
hijos es una tarea de las mujeres, implica que las
mujeres cumplan con una doble o triple jornada
laboral en condiciones de mayor vulnerabilidad
y precariedad que los hombres. Citando a Rosa
del Olmo44:
“En nuestro continente, las mujeres son
mayoritarias en casi todas las categorías
de desempleados y subempleados,
aumentando cada vez más en la mayoría
de los países, a pesar de que uno de cada
tres hogares en el mundo está dirigido por
mujeres. Ante esta realidad, no es extraño
que por ejemplo, la mujer en América
Latina se vea ante la opción de incluir,
dentro de su margen de adaptaciones que
desarrolla para sobrevivir la de escoger un
tipo de trabajo actualmente considerado
criminal, como es el de su participación
en el negocio de las drogas”.
Las dinámicas socio-económicas de los
circuitos internacionales del tráfico de drogas
se cruzan con variables de género. Al igual que
en el ámbito político, judicial, gubernamental y
empresarial, las cúpulas del poder de las redes
criminales están ocupadas mayoritariamente
por varones, mientras que las mujeres forman
el grueso de los eslabones más bajos. Por
ello, son fácilmente desechables y, por ende,
remplazables, lo cual las convierte a menudo
en víctimas de delación por parte de las redes
criminales o, incluso, por la pareja que las
involucró. En las cárceles abundan historias
de mujeres que estaban acompañando a su
esposo a hacer una entrega, y, al ser detenidos
por las fuerzas de seguridad, éste las acusa de
ser las dueñas de la droga.
Con lo anterior no se pretende presentar a las
mujeres como “víctimas” de los hombres o
sujetos sin agencia. Si bien hay situaciones de
coerción y engaño, también en muchos casos
las mujeres transportan o venden drogas de
manera consciente, ya sea para hacer frente
a una situación de emergencia, o bien como
actividad complementaria a otras fuentes de
ingreso o incluso como parte de un desarrollo
individual en el medio criminal.
Sin embargo, dentro de esta pluralidad de
funciones y motivaciones, hay una serie de
elementos que suelen ser invisibilizados y que,
al contrario, deberían ser tomados en cuenta
a la hora de diseñar e implementar políticas
públicas de prevención y en el análisis crítico
de las políticas de drogas vigentes en los países
de América Latina:
•
•
•
El proceso de involucramiento de las
mujeres está sesgado por las relaciones
asimétricas entre hombres.
Si bien la ilegalidad de ciertas sustancias y
de las conductas con ellas relacionadas es
un elemento que hoy en día difícilmente
se desconoce, pueden darse casos de
ambigüedad. Por ejemplo, en aquellos
países, como México, donde la separación
entre
posesión
para
el
consumo
(despenalizado) y delitos de narcomenudeo
(sancionados penalmente) está marcada
únicamente por umbrales de cantidad
muy bajos, un consumidor o consumidora
pueden verse fácilmente atrapados por el
sistema de justicia penal. Asimismo, los
efectos del “amor romántico” enunciados
previamente, pueden reducir la percepción
de riesgo de los efectos de la sanción penal.
Las mujeres que se involucran en delitos
de drogas son en su mayoría sujetos
secundarios de un negocio transnacional.
Por ello, independientemente de su nivel
de responsabilidad, conocimiento del hecho
delictivo, participación (activa o mediante
engaño, persuasión o violencia derivada de
procesos culturales patriarcales) y ganancia
económica percibida (siempre irrisoria) no
son personas que atentan contra la seguridad
del estado ni contra la salud pública.
Aun así, al igual que los varones que se
desempeñan en los eslabones más bajos
del tráfico, son las principales receptoras del
sistema punitivo organizado para combatir
un negocio ilegal transnacional que genera
ganancias enormes y que sigue funcionando
perfectamente aun cuando sus empleadas son
aprehendidas y encarceladas.
Mujeres en reclusión por delitos
de drogas en América Latina
A nivel mundial, las mujeres en reclusión
representan alrededor del 5% de la población
penitenciaria total, con variaciones regionales
y locales45. Aunque las mujeres privadas de
libertad siguen representando una minoría,
están aumentando y los delitos relacionados
con drogas desempeñan un papel notable
en esta tendencia. El Handbook for Prison
Managers and Policymakers on Women and
Imprisonment de la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
proporciona algunos ejemplos de países en
los que el número de mujeres encarceladas ha
crecido más que el de los hombres, entre ellos
Estados Unidos, Inglaterra y Gales, y afirma46:
“Entre 1984 y 2003, en Australia
se ha registrado un aumento en el
encarcelamiento de hombres de 75%,
mientras el encarcelamiento de mujeres
se ha incrementado 209%. Tendencias
similares se han registrado en México,
Bolivia, Colombia, Kenia, Kirguistán
entre 1994 y 2004, y en un número de
países Europeos, como Chipre, Estonia,
Finlandia, Grecia y los Países Bajos en el
mismo periodo”.
11
De acuerdo a un estudio puramente cuantitativo
de Harm Reduction International47, alrededor
del 28% de las mujeres en reclusión en los
países europeos se encuentra por delitos de
drogas. Los porcentajes más altos se registran
en Tajikistan (70%) y Latvia (68%) y el más bajo
en Polonia (3.1%).
Una investigación de la Unión Europea sobre
mujeres en prisión realizada en seis países48
(Inglaterra y Gales, Italia, Francia, Alemania,
España y Rumania), muestra cómo las
características sociales de las internas coinciden
en todos los países estudiados: un alto porcentaje
de las mujeres criminalizadas no tenía seguridad
económica antes de su detención, nunca había
trabajado o se había desempeñado en trabajos
mal remunerados con ninguna seguridad social;
no tenía vivienda segura, en general poseía un
nivel escolar bajo, era de origen extranjera o
de alguna minoría étnica y había sido víctima
de violencia física y/o sexual por hombres de
su familia o extraños. También se resalta cómo
en varios casos las mujeres han sido inducidas
a cometer el delito por el hombre que cometía
violencia en su contra.
También en América Latina se ha manifestado
un crecimiento en el número de mujeres en
reclusión. Este aumento se ha manifestado
desde finales de los ochenta y, de manera
más pronunciada, a partir de los años
noventa, en concomitancia con el progresivo
endurecimiento de las leyes de drogas y de una
mayor persecución de estos delitos49.
El reporte de la Open Society Justice Initiative50,
Mujeres y prisión preventiva: presuntas
inocentes sufriendo castigos anticipados y
abusos, señala que entre 2006 y 2011, la
población penitenciaria femenina de América
Latina casi se duplicó, pasando de 40,000 a más
de 74,000 internas.
12
En América Central el promedio de mujeres
en prisión corresponde al 5% de la población
penitenciaria. En Costa Rica el porcentaje
asciende a 7.4%, mientras que el país con el
índice más bajo es Belice (2.4%). Los países
con más mujeres en prisión en términos
absolutos son México (más de 10,000) y El
Salvador (alrededor de 2,000)51. En la mayoría
de los países del Caribe el número de mujeres
en prisión es inferior a 50, con la excepción
de la República Dominicana, Haití, Jamaica,
Puerto Rico y Trinidad y Tobago52. En América
del Sur, el porcentaje de mujeres en prisión es
alrededor de 6% de la población penitenciaria.
Bolivia y Ecuador tienen los porcentajes más
altos, 13.4% y 10.7% respectivamente53. La
gran mayoría de estas mujeres están acusadas
de delitos de drogas, aunque escasamente son
las protagonistas del tráfico54.
A continuación presentamos algunos datos de
varios países de la región.
En 2003-2004, las mujeres en reclusión por
delitos de drogas representaban el 26% de la
población penitenciaria total en Guatemala, el
46% en El Salvador, el 59% en Honduras, el
89% en Nicaragua y el 72% en Panamá55. En
Costa Rica, alrededor del 64% de las internas
están acusadas de estos delitos56. En Venezuela
a partir de los años noventa, más del 70%
de las mujeres privadas de su libertad están
relacionadas con delitos de drogas57.
En Ecuador, en 1982, el 18.5% de las mujeres
estaban presas por delitos relacionados con
drogas; ese porcentaje ha aumentado hasta el
actual 75%-80%58.
El estudio del Gobierno Federal brasileño sobre
mujeres en reclusión en Brasil muestra cómo
en promedio el 60% de las mujeres están
acusadas de delitos de tráfico y el 4% de tráfico
internacional59.
Alejandro Corda, analista de la organización de la
sociedad civil argentina Intercambios, muestra
el incremento del número de mujeres recluidas
en prisiones argentinas por delitos de drogas.
Alrededor del 70% de las reclusas estarían
presas por delitos de drogas60. El estudio sobre
mujeres en prisión del Centro de Estudios
Sociales y Legales (CELS), el Ministerio Público
de la Defensa y la Procuración Penitenciaria de
la Nación de Argentina indica que en el caso de
las mujeres extranjeras el porcentaje aumenta
al 90%, es decir, nueve de cada diez mujeres
extranjeras en las cárceles de Argentina están
acusadas de delitos de drogas. La mayoría son
originarias de otros países latinoamericanos61.
En México, entre el 30 y el 60% de las mujeres en
prisión están acusadas de delitos relacionados
con drogas62. En las cárceles federales y en las
prisiones de los estados fronterizos del norte
este porcentaje aumenta a un 75%-80%63.
La población más vulnerable es la de origen
indígena. De acuerdo a Ana Paula Hernández,
las mujeres indígenas representan un 5% de
la población penitenciara femenil total. Sin
embargo, conforman el 43% de las mujeres en
reclusión por drogas64.
En la siguiente tabla se sistematizan estos datos.
Figura 1. Proporción de mujeres encarceladas por delitos de drogas en países de
América Latina
13
Penas privativas de libertad,
alternativas y reformas
El uso de la prisión preventiva
Si bien hay diferencias entre los países, en
términos generales se puede afirmar que en
América Latina las actividades relacionadas con
drogas se sancionan con sentencias de prisión
muy elevadas. Asimismo, en algunos países –
México, Ecuador, Brasil, Bolivia y Perú, entre
otros– por los delitos de drogas se establece
la prisión preventiva obligatoria, es decir, la
persona indiciada espera la resolución de su
proceso adentro de la prisión. Ello contribuye
al hacinamiento penitenciario, puesto que los
procesos pueden tardar meses o años65.
A nivel regional, en promedio 4 de cada diez
personas se encuentra en prisión preventiva,
aunque en algunos países esta cifra es
rebasada. Uno de los casos más dramáticos
es el de Bolivia. De acuerdo a un estudio del
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
(CEJIL), este país cuenta con una de las leyes
penitenciarias más avanzadas de la región en
lo que corresponde a la incorporación de la
perspectiva de género y de los derechos de las
personas privadas de la libertad66.
Sin embargo, la realidad es otra: las mujeres
representan más del 13% de la población
penitenciaria total, una de las tasas más altas
a nivel mundial y el 80% están en espera de
una sentencia67. Más de dos mil niños viven
en prisión con sus padres o madres. Existen
casos en que por la situación de pobreza
extrema toda la familia se va a vivir a la cárcel. El
hacinamiento y el abuso de la prisión preventiva
son de los principales problemas que afectan el
sistema penitenciario boliviano. Por ejemplo, la
prisión de Palmasola, la más grande del país,
fue construida con una capacidad para 600
personas. Actualmente en ella se encuentran
casi 5,000 internos68.
14
A raíz de unos motines que tomaron lugar en
este centro en agosto de 2013, en septiembre
el Presidente Evo Morales promulgó un
decreto de indulto y amnistía que beneficiaría
a personas con sentencias ejecutoriadas cuya
pena sea menor de ocho años y a persona
procesadas por delitos cuya pena sea inferior a
cuatro años69. De acuerdo a Kathryin Ledebur,
directora de la Red Andina de Información70,
con este decreto se beneficia por primera vez
a la población procesada. Sin embargo, las
personas acusadas de tráfico de drogas quedan
excluidas de esta medida, ya que la “Ley del
régimen de la coca y sustancias controladas”71
(conocida como Ley 1008) establece para este
delito una pena mínima de diez años.
Alternativas a la prisión y su aplicación
en delitos de drogas
En algunos países de la región, se prevé una
suspensión a la prisión preventiva o a la pena
bajo ciertos supuestos.
Por ejemplo, en Paraguay se prevén
limitaciones con respecto a la imposición de
la prisión preventiva para las mujeres durante
los últimos meses de embarazo y las madres
en los periodos de lactancia de sus hijos e
hijas. Asimismo, se prevé que el cumplimiento
de la condena a una pena privativa puede ser
suspendida cuando ésta debe ser aplicada a
una mujer embarazada o con un hijo menor de
seis meses al momento de la sentencia72.
El Artículo 314 del Código de Procedimientos
Penales de Colombia prevé que “La detención
preventiva en establecimiento carcelario podrá
sustituirse por la del lugar de la residencia en
los siguientes eventos: […] 3. Cuando a la
imputada o acusada le falten dos (2) meses
o menos para el parto. Igual derecho tendrá
durante los seis (6) meses siguientes a la fecha
de nacimiento. […] 5. Cuando la imputada o
acusada fuere madre cabeza de familia de hijo
menor o que sufriere incapacidad permanente,
siempre y cuando haya estado bajo su cuidado.
En ausencia de ella, el padre que haga sus veces
tendrá el mismo beneficio”73.
En Venezuela, El Código Orgánico Procesal
Penal determina que no se podrá aplicar la
prisión preventiva a las mujeres en los tres
últimos meses de embarazo y a las madres
durante la lactancia de sus hijos, hasta los seis
meses posteriores al nacimiento74.
De esta manera se procura reconciliar el
poder punitivo con los derechos de los niños
y de madres. No obstante, cuando se trata de
delitos de drogas, los beneficios que otorga
la ley se ven restringidos. Rodrigo Uprimny y
Diana Guzmán explican cómo en Colombia el
beneficio del sistema de monitoreo electrónico
como alternativa a la prisión no aplica para los
casos de delitos de drogas75.
Lo mismo acontece en Argentina. Como señala
Corda76, si bien desde 2009 se ha introducido
el derecho a la prisión domiciliaria para mujeres
embarazadas, con hijos menores a cinco años
o con personas con discapacidad a cargo,
sigue habiendo muchas mujeres embarazadas
y con hijos pequeños en prisión. Uno de los
argumentos utilizados por los jueces y juezas
para negar el derecho a la prisión domiciliaria en
el caso de aquellas mujeres acusadas de vender
drogas, es que, de otorgárseles, regresarían al
mismo sitio donde se dedicaban a la venta.
En Perú las personas acusadas de delitos de
drogas77 tampoco tienen acceso a los beneficios
relacionados con reducción de la pena.
En México, la negación del derecho a los
beneficios de libertad preparatoria se encuentra
en el Artículo 85 del Código Penal Federal78:
“No se concederá la libertad preparatoria
a: Los sentenciados por alguno de los
delitos previstos en este Código que a
continuación se señalan: […]
b) Contra la salud, previsto en el artículo
194, salvo que se trate de individuos en los
que concurran evidente atraso cultural,
aislamiento social y extrema necesidad
económica; y para la modalidad de
transportación, si cumplen con los
requisitos establecidos en los artículos
84 y 90, fracción I, inciso c), para lo cual
deberán ser primodelincuentes, a pesar
de no hallarse en los tres supuestos
señalados en la excepción general de
este inciso […]”
Las personas con “atraso cultural” a las que
hace referencia el Código son las que proceden
de comunidades indígenas, lo cual es bastante
indicativo de cómo son percibidas por el
sistema penal.
Iniciativas y reformas legislativas
En los últimos años han surgido una serie de
iniciativas y reformas legislativas relacionadas con
las personas encarceladas por delitos de drogas.
En 2008, el gobierno de Ecuador proclamó
un indulto que benefició a alrededor de 1,500
personas, “mulas del narcotráfico”, víctimas
de la legislación desproporcional vigente en
el país79. La Ley de Sustancias Estupefacientes
o Psicotrópicas, o Ley 10880, prevé penas
indiferencias de entre 12 y 16 años para mulas,
vendedores al menudeo o grandes traficantes.
En 2010 comenzó un proceso de revisión de
las leyes de drogas en Ecuador, en el marco
de una reforma judicial de amplio respiro81. Al
momento de escribir este documento la Ley
108 sigue estando vigente.
En 2009, en México se publicó el “Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley General
de Salud, del Código Penal Federal y del
15
Código Federal de Procedimientos Penales”82,
conocido mediáticamente como “Ley del
Narcomenudedo”. Con este decreto se
despenaliza el consumo mediante el sistema de
umbrales de posesión y se reducen las penas
de algunas modalidades de los delitos contra la
salud. Por ejemplo, en el caso de las aguacateras,
antes de la reforma la sentencia mínima era de
quince años sin derecho a beneficios. Ahora, si
la cantidad está dentro de cierto umbral (por
ejemplo, máximo kilos de marihuana o 500
gramos de cocaína), la sentencia mínima sería
de seis años.
En el caso de Costa Rica, la reforma mencionada
en la introducción que fue aprobada en agosto
de 2013, prevé una reducción de sentencias
(pasando de una sentencia de mínimo 8 añosmáximo 20 años a una de mínimo tres añosmáximo ocho años) para las mujeres que
introducen drogas a los centros de reclusión
cuando reúnen los siguientes supuestos83:
a) Se encuentren en condición de pobreza
b)Sean jefas de hogar en condición de
vulnerabilidad
c) Tengan bajo su cargo personas menores
de edad, adultas mayores, o personas con
cualquier tipo de discapacidad que amerite
la dependencia de la persona que la tiene a
su cargo
d)Sean una persona adulta mayor en
condiciones de vulnerabilidad.
En caso de que se determinen alguna de las
condiciones anteriores, el juez competente o el
juez de ejecución de la pena podrá disponer el
cumplimiento de la pena impuesta, en modalidad
de detención domiciliaria, libertad asistida,
centros de confianza, libertad restringida con
dispositivos electrónicos no estigmatizantes o
cualquier tipo de medida alternativa a la prisión.
Por último, es importante señalar que en materia
de sentencias por delitos de drogas, también
16
algunos países europeos han reaccionado
ante el aumento de mulas extranjeras
encarceladas en sus prisiones, reduciendo las
sentencias, partiendo del entendimiento que
son en su mayoría mujeres primodelincuentes
responsables de un delito no violento y madres
vulnerables que en la mayoría de veces son
las únicas cuidadoras y sustentos económicos
de sus familias. Por ejemplo, en Inglaterra,
después de un periodo de consulta, en enero
de 2012 se hicieron públicos unos nuevos
lineamientos del Sentencing Council en materia
de drogas. Éstos contemplan la combinación
de factores estrictamente relacionados con el
tráfico (modalidad del delito, tipo de sustancia
y cantidad), otros de índole criminológica (el
nivel de liderazgo, por ejemplo, distinguiendo
entre papel de liderazgo (leading role), papel
significativo (significant role) o papel menor
(lesser role) y sociológicos (si la persona
es la única o principal responsable de otras
que dependen de ella, si su vulnerabilidad es
explotada, si manifiesta buena disposición y
arrepentimiento, entre otros)84.
Estas medidas prevén una reducción a las
penas impuestas por introducción de drogas
al país. De hecho, uno de los documentos que
conforman el material de investigación para
la elaboración de los lineamientos consiste
en doce entrevistas a mujeres acusadas de
introducir drogas al país85. El objetivo del
trabajo es discutir con las entrevistadas los
antecedentes y las circunstancias que las
llevaron al delito, la reacción de las mulas ante
las sentencias y el impacto que éstas han tenido
sobre sus vidas y la de sus familias. Las historias
de vida de estas mujeres han sido tomadas en
cuenta para delinear sentencias más adecuadas
a las circunstancias del delito y al perfil de las
personas que lo cometen.
Este antecedente puede ser relevante para los
países de América Latina que decidan revisar
y modificar sus políticas en materia de drogas,
puesto que retoma las experiencias de vida de
las personas y les confiere un valor testimonial
que puede conllevar cambios en las políticas.
La reducción de sentencias, la ampliación de
los derechos de penas alternativas a la prisión,
el reconocimiento de los derechos de las niñas
y niños hijos de madres y padres privados de
la libertad así como medidas puntuales, como
el indulto, son instancias que permiten mejorar
la situación carcelaria y la experiencia individual
de las personas privadas de la libertad que se
benefician de estos cambios.
Sin embargo, la manera de abordar el problema
de las drogas en América Latina sigue siendo
eminentemente enfocada en reprimir mediante
el ejercicio de la acción penal a las personas
que se vinculan por distintas razones con
los mercados ilícitos de drogas. Para que se
diseñen e implementen cambios en las políticas
públicas se requiere de un enfoque basado en
los derechos humanos, en las personas y sus
circunstancias y en la prevención, más que en
el castigo.
Triple condena
Los sistemas penitenciarios de América Latina
tienen una serie de problemas generales que
afectan a toda la población: hacinamiento,
deficientes condiciones de reclusión, violencia,
uso de la tortura, uso excesivo de la prisión
preventiva, corrupción y falta de programas
laborales y educativos, entre otros86. A su vez,
la discriminación y la violencia que afectan a
todas las personas privadas de la libertad se
añaden otras que afectan específicamente a
ciertos grupos. Las mujeres son uno de los
grupos afectados. Otros grupos víctimas de
discriminación son las personas de la tercera
edad o discapacitadas, las que sufren de
determinadas condiciones de salud (como el
VIH/SIDA), las personas con uso dependiente
de sustancias psicoactivas, las personas
extranjeras o de grupos étnicos o raciales
distintos al grupo dominantes y la población
lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti,
transgénero e intersexual.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en su informe sobre el acceso a la
justicia para las mujeres víctimas de violencia,
ha señalado que en la región “la violencia y
la discriminación contra las mujeres todavía
son hechos aceptados en las sociedades
americanas”87. La perpetuación de patrones
culturales discriminatorios contra las mujeres
agrava la situación de vulnerabilidad de este
grupo y su indefensión frente a los grupos del
crimen organizado pero también frente al estado,
así como la reproducción de patrones violentos
por parte de las instancias de procuración e
impartición de justicia y adentro de las cárceles.
Las mujeres en prisión por delitos de drogas se
ven afectadas por tres niveles de exclusión que
se traducen, en la prisión, en una triple condena.
Primero, aquellos factores de discriminación
que empiezan fuera de los muros de la prisión
y que están vinculados a la permanencia de
prácticas discriminatorias y de relaciones de
poder asimétricas entre hombres y mujeres en
el espacio público y privado.
Segundo, al igual que los varones que participan
en delitos de drogas, son sometidas a penas
desproporcionales.
Tercero, sufren de formas de discriminación
específica dentro del espacio penitenciario.
El perfil de las mujeres recluidas en las
cárceles latinoamericanas es coincidente en
todas las fuentes: son en su mayoría mujeres
primodelincuentes, presuntas inocentes o
culpables de un delito no violento, jefas de
hogares en su mayoría monoparentales, con
dos o más hijos, procedentes de hogares
17
marginados y con historias de vida marcadas
por distintas formas de violencia y, en muchos
casos, abuso sexual. La mayoría son las únicas
responsables de sus hijos y, a menudo, de
otras personas. Tienen bajo nivel educativo
(en su mayoría estudios primarios completos o
incompletos o secundarios incompletos) y una
precaria inserción laboral antes del encierro88.
Entre las principales actividades laborales
que realizan antes de la detención emergen el
comercio informal, los trabajos domésticos y la
prostitución89.
Como lo señala el estudio del CELS antes
mencionado: “la selectividad penal recae sobre
las mujeres pertenecientes a sectores social y
económicamente desfavorecidos”:
“La gran mayoría de las encarceladas
encabezaba familias monoparentales y
ejercía la jefatura del hogar. El 60,1%
del total de encuestadas respondió
que en el momento de la detención
no convivía con un cónyuge o pareja,
y el 63,5%, que era el principal sostén
económico de su hogar, porcentaje
que alcanza el 70,4% en el caso de
las extranjeras. Incluso 4 de cada 10
mujeres respondieron que, aun luego
de la detención, continuaron realizando
aportes económicos a sus hogares. Este
último dato es categórico en cuanto a
la acuciante situación económica del
grupo familiar, más aún si se consideran
los magros ingresos que perciben las
reclusas por las actividades laborales
que desarrollan” 90.
La investigación feminista ha contribuido a
visibilizar la ceguera de género que permea el
sistema penitenciario. Éste “no sólo está basado
en ideas estereotipadas sobre las mujeres que
infringen la ley penal, sino que, al haber sido
diseñado para varones, no presta atención a las
problemáticas específicas de las mujeres”91.
18
Lo anterior generalmente se justifica
argumentando que las mujeres en reclusión
son pocas en comparación con la contraparte
varonil. Esta inferioridad numérica marca
la inserción de las mujeres en el espacio
penitenciario92. A continuación presentamos
los aspectos que suelen sobresalir cuando
miramos a los centros penitenciarios para
mujeres o a las secciones femeniles de centros
mixtos. Puesto que existen grandes diferencias
entre países, regiones, estados e incluso entre
un centro y otro, ofrecemos una panorámica
general, basada en los estudios consultados y
en la experiencia empírica de quien escribe.
En el caso de las mujeres se registran menores
niveles de hacinamiento que en los centros
o secciones varoniles. Sin embargo, se
presentan otras formas de violencia, abuso y
discriminación. Un primer elemento es la falta
de centros exclusivos para mujeres, lo cual
tiene una cascada de efectos93. Una primera
consecuencia es que las mujeres son alojadas
en centros muy alejados de su domicilio, lo
cual afecta sus lazos familiares, la relación con
sus hijas e hijos y el acceso a mecanismos de
defensa legal adecuados.
Otra implicación de las falta de centros es que
pueden ser alojadas en anexos, secciones o
pabellones de centros varoniles. Los centros
mixtos pueden garantizar que las mujeres
estén más cerca de su domicilio. No obstante,
las dinámicas internas de los centros pueden
convertirse en una desventaja para las internas.
Con respecto al acceso a los servicios básicos,
las mujeres sufren de menores oportunidades
en términos laborales, de capacitación para el
trabajo, de educación, recreación y salud. Lo
anterior depende de que se de preferencia a la
sección varonil, hacia la cual se dirigen la mayoría
de los fondos disponibles, aunque, como se
señaló anteriormente, las condiciones laborales
y educativas son deficientes e insuficientes
también para los hombres en prisión.
Las mujeres no cuentan con instalaciones
médicas propias, lo cual implica que sean
atendidas a menudo en la sección masculina,
después de los hombres, viéndose así expuestas
a situaciones de riesgo, y siempre como un
apéndice menos importante y olvidado94.
Como señala la guía de Penal Reform
International, Asociación para Prevenir la
Tortura, la Unión Europea y UK Aid sobre
mujeres privadas de la libertad95, en las
cárceles suele haber inadecuados servicios
higiénicos y de salud sexual y reproductiva
específicos del género. A las mujeres no se les
suelen proporcionar toallas sanitarias, además
que en muchos casos no tienen acceso a
servicios de prevención y atención centrados
en las necesidades específicas del género
(por ejemplo, cáncer cervical y de mama
y menopausia). Esta situación se presenta
también en el caso de las mujeres embarazadas
y lactantes. Las mujeres que viven en prisión
con sus hijas e hijos a menudo no tienen acceso
a la debida atención médica antes y después
del parto ni a atención pediátrica, alimentación
especial, leche o pañales.
En ese sentido, las Regla 5 de las Reglas de
Bangkok señala:
“Los recintos destinados al alojamiento
de las reclusas deberán contar con
los medios y artículos necesarios para
satisfacer las necesidades de higiene
propias de su género, incluidas toallas
sanitarias gratuitas y el suministro
permanente de agua para el cuidado
personal de niños y mujeres, en particular
las que cocinen, las embarazadas y
las que se encuentren en período de
lactancia o menstruación.”
Las actividades laborales disponibles para las
mujeres suelen ser escasas y poco funcionales a
integrarse a la economía formal después de salir
de la cárcel. Generalmente, para las mujeres
se contemplan principalmente actividades de
manualidades, como el bordado, la costura
y la fabricación de muñecos de peluche, la
cocina, la belleza, la elaboración de alimentos o
actividades informales dentro del centro, como
el lavado y planchado de ropa96. Generalmente
las naves industriales y los talleres de zapatería,
carpintería, panadería y similares se ubican en
los penales o en las secciones varoniles.
Otro aspecto que sobresale en los trabajos
sobre mujeres en reclusión es el trato diferencial
que regula el régimen de las visitas familiares e
íntimas. Las mujeres ven restringido, prohibido
o anulado el ejercicio de sus derechos sexuales,
puesto que en las cárceles femeniles o en las
secciones femeniles de centros mixtos se
aplican criterios más rígidos para la concesión
del derecho a la visita íntima97. Este hecho ha
dado lugar al texto de la Regla 27 de las Reglas
de Bangkok:
“En caso de que se permitan las visitas
conyugales, las reclusas tendrán el
mismo derecho a ellas que los reclusos
de sexo masculino”.
Con respecto a la visita familiar, está
comprobado98 que las mujeres en reclusión
reciben menos visitas que los hombres, lo
cual depende de varios factores: un primer
elemento es la distancia del centro al domicilio
de la familia. Los gastos de transporte pueden
obstaculizar las visitas, ya que las personas
en reclusión suelen pertenecer a núcleos
familiares de escasos recursos.
Sin embargo, lo que más influiría en el abandono
progresivo de las mujeres en reclusión por parte
de sus familiares y amistades son las creencias
acerca de lo que es propio de una mujer y sus
responsabilidades. El quebrantamiento de la
norma moral a través de la transgresión de la
norma penal, es decir, la transición de “mujer
19
madre” a “mujer delincuente” acarrea como
sanción social el abandono. Ello explica también
por qué los hombres en reclusión, en cambio,
reciben más visitas por parte de sus madres,
esposas, novias, amantes, hijos, etc99.
El documento Mujeres privadas de libertad:
una guía para el monitoreo con perspectiva de
género y otras fuentes100 señalan también los
puntos siguientes:
•
Las mujeres pueden ser víctimas de varias
formas de abuso sexual y de violación por
parte del personal de seguridad. Esto puede
acontecer en los traslados y en las requisas,
por ejemplo101.
•
Si bien desde 1955 las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos, de Naciones
Unidas102, han señalado la importancia
de que la población femenina privada
de la libertad esté a cargo de personal
femenino, en muchos países estos no
ocurre y personal masculino tiene acceso
a los dormitorios de las mujeres. Eso da
lugar a una serie de abusos: desde que los
guardias espíen a las mujeres cuando están
en sus zonas de alojamiento, en la ducha u
otras situaciones de privacidad o desnudez,
hasta la petición de prestaciones sexuales
a cambio de servicios y la violación103. En el
Inca, la cárcel más grande Ecuador, se ha
reportado la existencia de estas prácticas104.
Por último cabe señalar que además del
delicado tema de la maternidad en prisión
en sus dos dimensiones. Por un lado, la
convivencia de las internas con sus hijas e
hijos en prisión tiene varias implicaciones para
los centros en los que se encuentran alojadas:
la necesidad de que existan instalaciones
médicas adecuadas para atender las funciones
reproductivas de las internas y las cuestiones
de salud, alimentación, educación e higiene
de los niños y niñas; las áreas para las madres
20
lactantes y el establecimiento de guarderías; la
reglamentación legislativa con respecto al parto,
el registro del infante y hasta qué edad los niños
y las niñas pueden permanecer con sus madres
(o padres) en prisión. También deben tomarse
en cuenta los derechos laborales asociados
a la maternidad así como la oferta de trabajo
remunerado en la prisión, considerando que las
mujeres son a menudo las únicas responsables
de sus hijas e hijos105.
Además de las cuestiones relacionadas con la
vida en prisión, deben considerarse aquellas
medidas destinadas a mantener y fortalecer los
lazos con las hijas e hijos que viven afuera de
la prisión, ya sea con otros familiares u otras
personas, en instituciones o por su cuenta.
La separación de las hijas e hijos tiene
implicaciones severas para la salud mental de
las mujeres y contribuye a la desintegración
familiar y a menudo a la institucionalización de
las y los menores de edad106.
Las Reglas de Bangkok hacen mucho énfasis en
la responsabilidad que tienen las autoridades
penitenciarias de hacer los esfuerzos necesarios
para mantener estos vínculos.
Por ejemplo, la Regla 4 establece que, “En la
medida de lo posible, las mujeres serán enviadas
a cárceles cercanas a su hogar o sus centros
de rehabilitación social, teniendo presentes
sus responsabilidades de cuidado de los
niños”. Asimismo, las Reglas 22 y 23 prohíben
las sanciones de aislamiento o segregación
disciplinaria a las mujeres embarazadas, ni
a las mujeres con hijos y a las madres en
período de lactancia y establecen que las
sanciones disciplinarias para las reclusas no
comprenderán la prohibición del contacto con
sus familiares, en particular con sus hijos.
Finalmente, las mujeres indígenas y extranjeras
sufren ulteriores formas de aislamiento,
derivadas de las barreras lingüísticas y culturales
que las separan de la población en general y que
pueden ser fuente de discriminación107. Desde
su ingreso, la población penitenciaria indígena y
extranjera debería tener acceso a personas que
se comuniquen en su idioma. Asimismo, en el
caso de las extranjeras se les debe garantizar el
acceso a los servicios consulares y apoyos para
poder realizar llamadas a sus lugares de origen.
Las personas indígenas pueden ser sujeto de
discriminación étnica y racial. Es responsabilidad
de las autoridades del centro garantizar que el
personal y la población en reclusión no ejerzan
patrones de discriminación y exclusión y que las
mujeres indígenas tengan acceso a los servicios
disponibles y al cumplimiento de sus derechos
en igualdad de condiciones.
Conclusiones
Desde finales de la década de los ochenta
las mujeres se han involucrado cada vez
más en delitos de drogas. El desarrollo de
la criminología feminista en América Latina
ha permitido dar cuenta de este fenómeno.
En las últimas dos décadas ha crecido el
número de investigaciones sobre este tema
y se ha generado mayor conocimiento sobre
la vinculación que existe entre relaciones de
género, las condiciones socio-económicas en
América Latina, el desarrollo del narcotráfico y,
finalmente, el enfoque punitivo de las políticas
de drogas.
En este reporte nos hemos propuesto revisar y
sintetizar las principales tendencias cuantitativas
y cualitativas del desarrollo de la participación
de las mujeres en delitos de drogas. Hemos
abordado la participación de las mujeres en el
tráfico de drogas con un enfoque de género, es
decir, mostrando cómo las creencias y los roles
que socialmente se construyen alrededor de
“los hombres” y “las mujeres” influyen también
en la conformación de las redes criminales.
El mosaico de personas que participan en
delitos de drogas es muy variado. Sin embargo,
existen una serie de condiciones que tienden
a repetirse. Una de ellas es la condición de
exclusión social de la cual proceden la mayoría
de las mujeres (y hombres) que entran a
formar parte de los eslabones más bajos, y
prescindibles, de las redes criminales.
En las historias de vida de las mujeres en
reclusión por delitos de drogas se repiten
patrones que las convierten en sujetos
vulnerables: marginalidad, bajo nivel educativo,
historias familiares marcadas por distintas
formas de violencia, inserción en el mundo
de trabajo desde la infancia, principalmente
en la economía informal, embarazos en la
adolescencia y una ausencia de los mecanismos
de protección y garantía de los derechos
humanos por parte del estado. La creciente
feminización de la pobreza y el aumento de los
hogares monoparentales a jefatura femenina
son factores que empujan a las mujeres hacia
las redes del tráfico.
Ahora bien, la exclusión social conlleva mayor
vulnerabilidad no solamente frente a las
organizaciones, sino también frente al estado. El
desconocimiento de las leyes y de sus derechos
y la falta de acceso a mecanismos de defensa, la
falta de recursos económicos y de un capital social
sólido, coloca a las personas en una situación de
desventaja e impotencia ante un estado punitivo.
Además, las mujeres son víctimas de formas
específicas de violencia de género socialmente
aceptadas y que se reproducen en el seno de las
instituciones de justicia.
La desproporcionalidad de las penas y la
ceguera de género deben ser abordadas y
corregidas por los estados de América Latina:
causan daños enormes e innecesarios, y hay
21
poca evidencia sobre su efecto disuasivo108 ­es
decir, la aplicación de largas sentencias no sería
efectiva para reducir el crimen­, ni disminuyen la
cantidad de drogas ilícitas disponibles.
A su vez, las condiciones de encarcelamiento
que prevalecen en los países de América
Latina, a menudo en centros de detención
alejados del domicilio de origen y plagados
de irregularidades y deficiencias estructurales,
conllevan una revictimización sistemática.
en América Latina. Esta información
debería ser generada por cada estado
nacional y accesible a todo tipo de
usuario. La OEA, y en los específico la
Comisión Interamericana de Mujeres
(CIM) y la Comisión Interamericana
para el Control y Abuso de Drogas
(CICAD) podrían apoyar técnica e
institucionalmente.
•
A los datos generales desagregados
por sexo (número de personas en
reclusión, porcentaje de personas
en prisión preventiva, niveles de
hacinamiento, número de centros, entre
otros) deberían incorporarse datos
específicos que abarquen aspectos
delictivos (disgregación por tipo de
delito y sentencias, por ejemplo) grupos
específicos (personas extranjeras,
personas indígenas, personas con
enfermedades de transmisión sexual,
personas homosexuales, transgénero,
etc.), problemas de salud mental y
tipo de atención (casos de suicidio e
intentos de suicidio, acceso a atención
psiquiátrica, cantidad y tipo de
medicamentos suministrados), lazos
con el exterior (frecuencia de las visitas
familiares, acceso a la visita conyugal),
uso problemático de sustancias
psicoactivas y acceso a tratamiento
y servicios de reducción de daño,
número y tipo de traslados, entre otros.
•
Dicha información debería idealmente
formar parte de una estrategia nacional
(de cada país de América Latina) y de la
región en su conjunto para el desarrollo
de políticas públicas nacionales y
hemisféricas que abarquen el ámbito
de la prevención, el ámbito penal y
penitenciario y las políticas en materia
de drogas
Como lo afirma de manera contundente
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), “la práctica penitenciaria
debería cumplir con un principio básico: no
debe añadirse a la privación de la libertad mayor
sufrimiento del que ésta representa”109.
En cambio, las mujeres y los hombres privados
de la libertad en las prisiones de América
Latina no ven garantizados sus derechos a una
vida digna ni a programas que garanticen su
reingreso a la sociedad.
A continuación se presentan una serie de
propuestas que pueden contribuir a fortalecer
la introducción de la perspectiva de género en
distintos ámbitos de las políticas públicas, en
aras de atacar aquellas formas de discriminación
que afectan particularmente a las mujeres en
razón de género.
Recomendaciones
En la introducción se señalaron cuatro ámbitos
de propuestas.
1. Elaboración de datos cuantitativos y
cualitativos
• Se recomienda la recopilación de
información
detallada
sobre
la
situación de las personas en reclusión
22
•
La información cuantitativa debería
estar disgregada por sexo.
•
Se recomienda la generación de
información actualizada y pública que
abarque las distintas dimensiones
cuantitativas y cualitativas de la
participación de las mujeres en el
tráfico internacional de drogas.
•
•
•
•
La investigación cualitativa debería
realizarse con perspectiva de género.
Esta herramienta debería utilizarse
para estudiar la participación de las
mujeres y los hombres en el tráfico,
tanto como grupos específicos como
en sus mutuas relaciones.
A las variables sexo-genéricas deberían
añadirse otras, como las diferencias
étnicas, raciales y de nacionalidad.
Se recomienda que los gobiernos
de los países de América Latina, la
sociedad civil, las empresas privadas
y las organizaciones internacionales
competentes apoyen el proyecto de
estudio regional propuesto por la CIM.
Se recomienda también la realización
de más estudios sobre las zonas de
cultivo, el rol desempeñado por las
mujeres, las niñas, niños y personas de
la tercera edad y la criminalización de
las comunidades.
2.Prevención
•
Se recomienda la elaboración de
programas de prevención dirigidos
específicamente a grupos que pueden
verse involucrados en delitos de drogas;
estos programas deberían tomar en
cuenta los procesos socio-culturales
que intervienen en la formación de
los modelos de lo que es considerado
propio de lo masculino y lo femenino,
sin por ello caer en esencializaciones.
Una aproximación con políticas de
prevención con perspectiva de género
puede reducir la penetración de las
redes criminales, y los valores que las
caracterizan, en el tejido social.
•
Los programas de prevención deberían
ser diseñados e implementados con
la participación de la comunidad a
la cual se dirigen y aprovechando la
experiencia y presencia en el campo de
organizaciones de la sociedad civil.
•
Dichos programas deberían contar con
el apoyo de la CICAD y de la CIM.
•
Se recomienda una mayor cooperación
internacional en materia de prevención
entre los países de la región con la
participación de la sociedad civil y las
agencias de desarrollo.
•
En ese sentido, se requiere una
adecuada asignación de recursos en
programas preventivos basados en la
evidencia científica, la participación, la
transparencia, los derechos humanos y
la perspectiva de género.
3. Sistema penitenciario
•
En primer lugar, se recomienda que
cada país de la región realice un
escrutinio meticuloso de su legislación
(federal y local, allí donde existen
las dos) y reglamentos en materia
penitenciaria. Dicha revisión debería
darse mediante una consulta y
asesoría abierta, pública y transparente
de personas de la academia y de la
sociedad civil conocedoras del tema y
de las instituciones locales, nacionales
e internacionales pertinentes.
23
•
Se recomienda la ampliación y debida
aplicación de alternativas a la prisión
en su fase preventiva y de ejecución de
la pena, y que las personas acusadas
de delitos de drogas no sean excluidas
de estas medidas.
•
Las Reglas de Bangkok pueden
servir de plataforma para diseñar e
implementar un sistema penitenciario
sensible a las situaciones y necesidades
específicas de las mujeres en prisión
y como tal deberían ser incorporadas
a los sistemas penitenciarios de los
países de América Latina.
•
Se recomienda el establecimiento
de régimen mixto que favorezcan la
participación en actividades laborales
y educativas de las personas privadas
de la libertad afuera de los muros de
las prisiones.
Las niñas y niños en prisión deben ocupar
un lugar central en las preocupaciones
de las instituciones de los países
de América Latina. Se requiere un
monitoreo constante, meticuloso y
al mismo tiempo respetuoso de los
derechos de los niños y de sus madres
(y padres, en caso de que haya niñas
y niños viviendo con ellos en prisión)
del número de niñas y niños presentes
en cada centro, su situación médica, su
desarrollo y la adecuada provisión de
servicios higiénicos, de educación y
esparcimiento, alimentación, espacios
libres de rejas, material educativo y
lúdico, entre otros. Las autoridades
penitenciaria
deberían
garantizar
este flujo de información de manera
constante y transparente.
•
Para el diseño e implementación de
medidas de salidas diurnas, semanales
o de fin de semana se tomarán en
especial consideración a las personas
que viven con sus hijas e hijos en prisión
o que tienen a sus hijas e hijos afuera.
•
Se recomienda tomar en cuenta lo
señalado por las Reglas de Bangkok
con respecto al alojamiento de las
mujeres en centros cercanos a su
domicilio y a la importancia de mantener
y fortalecer sus vínculos con el exterior,
especialmente con sus familias.
•
El poder judicial debería prestar
especial atención a estos casos y
analizarlos desde una perspectiva de
género y del interés superior del niño.
•
La ONUDD podría brindar el apoyo
técnico e institucional necesario.
•
•
Debería ser prioritario para el estado
evitar cualquier daño que pueda ser
ocasionado por la situación de encierro
de sus padres o madres a las niñas y
niños que viven en prisión. En ese
sentido, se tomarán todas las medidas
Se recomienda la debida e inmediata
implementación de todas aquellas
medidas relacionadas con el acceso
para las mujeres en prisión a servicios
de salud que respondan a sus
necesidades específicas de género.
•
Se recomienda la investigación de las
redes de trata de personas que operan
•
24
oportunas para que no sean sujetos de
discriminación y que puedan atender
a actividades recreativas, así como a
centros escolares y médicos fuera de
los muros de la prisión. Los gobiernos
se apoyarán en las organizaciones
públicas que se encargan de la niñez y
en la sociedad civil.
adentro de las prisiones y la sanción de
las y los funcionarios involucrados.
•
•
Se recomienda que en los sistemas
penitenciarios de los países de
América Latina se garantice que las
mujeres en prisión sean atendidas por
personal femenino.
Se recomienda que las mujeres en
reclusión tengan acceso a mecanismos
de denuncia confidenciales, seguros,
expeditos y eficaces de casos de abuso,
toqueteo, violación o cualquier trato
inhumano y degradante por parte de
funcionarias y funcionarios públicos y
que éstos sean debida y prontamente
sancionados.
•
La fase de reinserción es crucial. Tanto
adentro de las prisiones como afuera
deberían de fortalecerse programas
de capacitación laboral y de oferta
de trabajo que rompan con los
estereotipos de género pero también
que respondan a las posibilidades de
empleo real para las mujeres que salen
de la cárcel.
•
Se recomienda destinar recursos a
programas que faciliten la reinserción
de las personas que salen de prisión
a la sociedad, como casas de medio
camino, apoyo psicológico, asistencia
para resolver cuestiones prácticas
que pueden ser muy difíciles para
alguien que sale de prisión y más
con el estigma que implica tener
antecedentes penales (por ejemplo
encontrar casa, abrir una cuenta en un
banco, conseguir un trabajo, un seguro
médico, etc.).
•
Es importante involucrar a la iniciativa
privada para que contribuya a la
reinserción laboral de las personas en
reclusión.
4. Políticas de drogas
• Se recomienda que los países de
América Latina cumplan con lo
establecido en la Declaración de
Antigua firmada en ocasión de la
Asamblea General de la OEA en junio
de 2013. En la Declaración se afirma
que las políticas públicas relacionadas
con drogas deben ser diseñadas e
implementadas con enfoque de género,
cuando corresponda110.
•
Se recomienda que la CICAD impulse
una perspectiva de derechos humanos
hacia las personas vinculadas con
delitos de drogas en función del perfil
de estas personas, es decir, que adopte
en su plan estratégico una visión de
tipo preventivo que contribuya a atacar
las múltiples formas de discriminación
y exclusión social que sufren las
personas que se involucran en delitos
de drogas. Este enfoque no debería
abordar solamente, y como ya se hace,
a las personas que manifiestan un uso
dependiente de sustancias psicoactiva,
sino a todas las personas que participan
en actividades relacionadas con
drogas y que pueden ser expuestas a
procesos de revictimización y castigo
desproporcional.
•
Los gobiernos de América Latina
deberían de apoyarse, para el diseño de
sus políticas de drogas, en la sociedad
civil y en representantes de los grupos
afectados, en este caso las mujeres.
25
•
Se requieren políticas de drogas
enfocadas en las personas y basadas
en evidencia científica, en la prevención
más que en el castigo.
•
En ese sentido, se considera
indispensable la asignación de
presupuesto a programas de prevención
y atención del uso de sustancias
psicoactivas así como la creación,
fortalecimiento e institucionalización
de programas de reducción de daños
adentro y afuera de las prisiones.
•
•
•
26
Se considera que es de especial
importancia subrayar que la mayoría de
las mujeres aprehendidas por delitos
de drogas son primodelincuentes
responsables de delitos no violentos
y sin vínculos con la delincuencia
organizada. En ese sentido, se
recomienda que en estos casos se
aplique la suspensión de la prisión
preventiva, la reducción de sentencias
y todos aquellos mecanismos que
pueden reducir el impacto negativo de
la pena privativa de la libertad.
Se recomienda la eliminación de los
impedimentos (como la tipificación de
los delitos de drogas como “graves”)
que obstaculizan el otorgamiento de
medidas alternativas a la prisión y la
suspensión o reducción de la pena
privativa de la libertad.
En caso de que los delitos de drogas
sean tipificados por las legislaciones
nacionales como graves y por ello no
aptos para la aplicación de beneficios
procesales, se recomienda tomar
en cuenta lo que señala la Regla 64
de las Reglas de Bangkok: “Cuando
sea posible y apropiado se preferirá
imponer sentencias no privativas de
la libertad a las embarazadas y las
mujeres que tengan hijos a cargo, y se
estudiará imponer sentencias privativas
de la libertad si el delito es grave o
violento o si la mujer representa un
peligro permanente, pero teniendo
presentes los intereses superiores del
hijo o los hijos y velando por que se
adopten disposiciones apropiadas para
el cuidado de esos hijos”.
•
Asimismo, se recomienda un proceso
de revisión de las sentencias aplicadas
por delitos de drogas para combatir el
problema de desproporcionalidad que
las caracteriza.
•
Se subraya la necesidad de eliminar
la prisión preventiva obligatoria en el
caso de delitos no violentos, cometidos
por personas primodelincuentes y en
situación de vulnerabilidad.
•
Se recomienda la plena descriminalización del uso de drogas y de la posesión
para el consumo personal.
•
Se considera que una reducción
en la persecución de actividades
relacionadas con drogas, por ejemplo
en el ámbito del micro-tráfico,
implicaría una disminución de la
población penitenciaria.
•
Para el caso de internas extranjeras, se
recomienda que puedan compurgar
la sentencia en su país, si ellas dan
su consentimiento. Incluso se podrían
adoptar políticas que sustituyan el
procedimiento penal con la repatriación
y el decomiso de la droga al momento
del arresto.
•
Cualquier reforma a las políticas de drogas
debería ser integral, coherente, basada en
evidencia científica y en las experiencias
internacionales más exitosas. Asimismo,
deberían de tener difusión pública para
que sean de conocimiento de todas y
todos los ciudadanos.
•
Se sugiere la redacción, discusión e
implementación de unos lineamientos
de carácter regional que abarquen las
sentencias y la ejecución de la pena
en los casos de mujeres acusadas
de delitos de drogas. Éstos deberían
tomar en cuenta los factores sociales,
económicos y de género que influyen
en el involucramiento de las mujeres en
el tráfico de drogas. Asimismo, deberían
basarse en el reconocimiento de que
las mujeres son a menudo víctimas
de las redes del crimen organizado y
que ocupan lugares secundarios. Por
último, al momento de establecer las
sentencias, debería otorgarse especial
atención a aquellas mujeres que son
responsables de sus hijas e hijos.
•
Se recomienda que la inclusión del
enfoque de género y de los derechos
humanos permee todo el sistema
internacional de fiscalización de
sustancias.
Agradecimientos
La autora desea expresar sus agradecimientos a
quienes leyeron y comentaron este documento:
•
Carlos Alberto Zamudio Angles; Colectivo
por una política integral hacia las drogas,
México
• Coletta Youngers; Oficina de Washington
para asuntos Latinoamericanos y Consorcio
Internacional sobre Políticas de Drogas,
Estados Unidos
• Diana Esther Guzmán Rodríguez; Dejusticia
(Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad), Colombia
• Marie Nougier; Consorcio Internacional
sobre Políticas de Drogas, Reino Unido
• Nischa Pieris; Comisión Interamericana
de Mujeres, Organización de los Estados
Americanos
• Raúl Alejandro Corda; Universidad de
Buenos Aires; Intercambios Asociación
Civil, Argentina.
27
Notas finales
1
Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Autónoma de Chiapas, México
2
Elizabeth Almeda, Corregir y castigar; el ayer y hoy de
las cárceles de mujeres, Barcelona: Ediciones Bellaterra,
2002; Carmen Antony García, Estudio sobre violencia
de género: mujeres transgresoras, Panamá: Universidad
de Panamá, Instituto de la Mujer, 2005; Elena Azaola y
Cristina J. Yacamán, Las mujeres olvidadas, Ciudad de
México: CNDH, El Colegio de México, 1994; Marcela
Briseño López, Garantizando los derechos humanos de
las mujeres en reclusión, Ciudad de México: Inmujeres,
PNUD, 2006; Alejandro Corda, Encarcelamiento por delitos
relacionado con estupefacientes en Argentina, Buenos Aires:
Intercambios Asociación Civil, Universidad de Buenos Aires,
2011; Rosa Del Olmo (coord.), Criminalidad y criminalización
de la mujer en la región andina, Caracas: Editorial Nueva
Sociedad, 1998; Jennifer Fleetwood, “Five kilos. Penalities
and Practice in the International Cocaine Trade”, British
Journal of Criminology, vol. 51, 2011, 375-393
3
UNODC, Handbook for prison managers and policymakers
on Women and imprisonment, 2008, http://www.unodc.org
4
“Drug Crime”, en European Institute for Crime Prevention
and Control y UNODC, “International Statistics on Crime and
Justice”, 2010, http://www.unodc.org
5
Gender Equality Observatory of Latin America and the
Caribbean, Annual Report 2012. A look at grants. Support
an Burden for women, 2013, http://www.cepal.org/cgi-bin/
getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/50235/P50235.
xml&xsl=/tpl-i/p9f.xsl&base=/oig/tpl-i/top-bottom.xslt
6
CEPAL, Panorama social de América Latina 2012, 2013,
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/48455/
PanoramaSocial2012.pdf
7
8
9
Pien Metaal y Coletta Youngers (eds.), Systems Overload.
Drug Laws and Prisons in Latin America, Transnational
Institute, Washington Office on Latin America, 2011, http://
www.tni.org/report/systems-overload-drug-laws-andprisons-latin-america
Con el término género me refiero a la construcción
sociocultural de la diferencia sexual entre hombres y
mujeres y a la subordinación de las segundas. Los roles
de género, así como los atributos y las creencias acerca
de lo que es “propio” de cada género varían histórica y
geográficamente, no se presentan de manera homogénea
dentro de una misma sociedad y se entrelazan con otros
ejes identitarios – la clase, la etnia, las preferencias sexuales,
la condición jurídica, entre otros–
Corina Giacomello, Género, drogas y prisión. Experiencias
de mujeres privadas de su libertad en México, Ciudad de
México: Tirant lo Blanch, 2013
10 Ibid; Rosalva Aída Hernández Castillo (coord.), Bajo
la sombra del Guamúchil. Historias de vida de mujeres
indígenas y campesinas en prisión, Ciudad de México:
CIESAS, IWGIA, Ore-media, 2010
28
11 Metaal y Youngers (2011). Se recomienda revisar la página
del Colectivo de Estudios Drogas y Derechos, en particular
la sección “Proporcionalidad y delitos de drogas”, http://
www.drogasyderecho.org/proporcionalidad-y-delitos-dedrogas.html
12 Penal Reform International (et. al.), Mujeres privadas de
la libertad: una guía para el monitoreo con perspectiva de
género, 2013, http://www.apt.ch/content/files_res/womenin-detention-es.pdf
13 Almeda (2002); CEJIL, Mujeres privadas de libertad. Informe
regional Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay”, 2006,
http://www.cladem.org; CELS, Mujeres en prisión. Los
alcances del castigo, Buenos Aires: Siglo XXI Editores,
2011; CNDH, Informe especial de la comisión nacional de
los derechos humanos sobre el estado que guardan los
derechos humanos de las mujeres internas en centros de
reclusión de la república mexicana, 2013, http://www.cndh.
org.mx/sites/all/fuentes/documentos/informes/especiales/
informeEspecial_CentrosReclusion_0.pdf; Elena Margarita
Espinosa Morales y Corina Giacomello, Discriminación a
personas reclusas y exreclusas con perspectiva de género,
2006, http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=
documento&id=22&id_opcion=148&op=215; Inmujeres,
Niños y niñas invisibles: hijos e hijas de mujeres reclusas,
Ciudad de México: Inmujeres, 2002
14 El informe de la mesa puede consultarse en la página http://
www.oas.org/en/cim/
15 Naciones Unidas, “Reglas de las Naciones Unidas para
el tratamiento de las reclusas y medidas privativas de
la libertad para mujeres delincuentes”, 2010, https://
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/
crimeprevention/65_229_Spanish.pdf
16 CEJIL (2006)
17 IDPC, “Reforma en la ley de drogas de Costa Rica beneficia
a mujeres en condiciones de vulnerabilidad y sus familias”,
20 de agosto de 2013, http://idpc.net/es/blog/2013/08/
reforma-en-la-ley-de-drogas-de-costa-rica-beneficia-amujeres-en-condiciones-de-vulnerabilidad-y-sus-familias
18 Véase Carmen Antony (2005) y “Mujeres invisibles: las
cárceles femeninas en América Latina”. Revista Nueva
Sociedad, no 208, marzo-abril 2007, http://bdigital.binal.
ac.pa/bdp/artpma/mujeres%20delincuentes.pdf; Rosa Del
Olmo (1998) y Reclusión de mujeres por delitos de drogas.
Reflexiones Iniciales, 1996, http://www.cicad.oas.org/
reduccion_demanda/esp/Mujer/venezuel.pdf
19 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de
Belém do Pará”) define la “violencia contra las mujeres”
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico
de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado
e incluye la violencia física, sexual y psicológica (…)”. El texto
completo de la Convención se puede encontrar en: http://
www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
20 Azaola y Yacamán (1994); Inmujeres (2002); Natalia Ribas
Mateos y Alexandra Martínez, “Mujeres extranjeras en las
cárceles españolas”, Revista Sociedad y Economía, no 5,
octubre 2003, 65-88
21 Giacomello (2013); Florizelle O’ Connor, Administración
de justicia. Estado de derecho y democracia, 2004, http://
www.unifem.org.mx; Claudia Palma Campos, “Delito y
sobrevivencia: las mujeres que ingresan a la cárcel El Buen
Pastor en Costa Rica por tráfico de drogas”, Anuario de
Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 37:
245-270, 2011; Andreina Isabel Torres Angarita, Drogas y
criminalidad femenina en Ecuador. El amor en la experiencia
de las mulas, Quito: FLACSO sede Ecuador, 2007
22 Lilian Paola Ovalle, Entre la indiferencia y la satanización.
Representaciones del narcotráfico desde la perspectiva de
los jóvenes universitarios de Tijuana, Mexicali: Universidad
Autónoma de Baja California, 2007
23 Por ejemplo, algunos casos notorios de México son el de
Sandra Ávila Beltrán, conocida como La Reina del Pacífico
y el de Delia Patricia Buendía, alias Ma Baker. En el libro
Drogas sin fronteras, Luis Astorga (Luis Astorga, Drogas
sin fronteras, Ciudad de México: Grijalbo, 2003) reporta las
actividades de una mujer-mito de la historia del narcotráfico
en México: Ignacia Jasso viuda de González, alias La Nacha,
“la traficante más famosa y poderosa de Ciudad Juárez” y
la primera persona cuya extradición fue pedida por los
Estados Unidos por delitos relacionados con drogas. La
Nacha se dedicó al tráfico de drogas local e internacional
entre los años treinta hasta finales de los años sesenta;
vivía en Ciudad Juárez (aunque en ocasiones se tuvo que
mudar para eludir la persecución judicial) y no vendía droga
en su casa, sino a través de Alfonso Estrada, quien a su vez
la distribuía a vendedores locales. La vida de La Nacha se
alternó entre el negocio, la prisión y el soborno; era la líder
de su actividad comercial y siguió operando incluso desde
de la cárcel y en la vejez, mediante sus hijos y nietos
24 Carlos Alberto Zamudio Angles, Las redes del narcomenudeo,
Ciudad de México: CEAPAC Ediciones, 2012
25 Giacomello (2013)
26 Margaret S. Malloch, Women, drugs and custody. The
experiences of women drug users in prison, Winchester,
Reino Unido: Waterside Press, 2000
27 Giacomello (2013)
28 Julia Kensy, Camille Stengel, Marie Nougier y Ruth Birgin,
“Políticas de drogas y mujeres: abordando las consecuencias
del control perjudicial de drogas”, noviembre de 2012, http://
idpc.net/es/publications/2012/11/documento-informativodel-idpc-politicas-de-drogas-y-mujeres-abordando-lasconsecuencias-del-control-perjudicial-de-drogas, 7
29 Ibid., 11; Malloch (2000)
30 Giacomello (2013)
31 Almeda (2002); Corda (2011); Metaal y Youngers (2011);
Ribas Mateos y Martínez (2003); O’Connor (2004); Torres
Angarita (2007)
32 Fleetwood (2011)
33 DNE (et. al.), Las mulas del eje cafetero, 2002, http://www.
descentralizadrogas.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=40BH
x2Eoa04%3D&tabid=160
34 Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (DCSA), Annuale
2009, Roma: DCSA, 2010
35 Un estudio de la Dirección Nacional de Estupefacientes
(DNE) y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) calcula que los
casos mencionados abarcan alrededor del 10%. (DNE (et.
al.) (2002)
36 Angarita (2007); CELS (et. al.) (2011)
37 María Cristina Dorado, “Mujeres latinoamericanas detenidas
en Europa: el caso de Colombia”, en Del Olmo (1998), 75-101
38 Página www.tni.org
39 Página www.wola.org
40 Metaal y Youngers (2011)
41 Véase “Drogas y cárceles en Argentina”, http://www.
druglawreform.info/es/informacion-por-pais/argentina/
item/890-drogas-y-carceles-en-argentina; “Leyes de
drogas y cárceles en México”, http://www.druglawreform.
info/es/publicaciones/el-rostro-humano/item/361-leyesde-drogas-y-carceles-en-mexico); “Drogas y cárceles en
Ecuador”, http://www.druglawreform.info/es/publicaciones/
el-rostro-humano/item/362-leyes-de-drogas-y-carcelesen-ecuador
42 Torres Angarita (2007), 6
43 CEPAL, Estudio económico de América Latina y el
Caribe, 2013, http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.
asp?xml=/publicaciones/xml/4/50484/P50484.
xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/
top_publicaciones.xsl; Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe, 2012, http://www.eclac.org/cgi-bin/
getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/48862/P48862.
xml&xsl=/publicaciones/ficha.xsl&base=/publicaciones/
top_publicaciones.xsl; Panorama Social de América
Latina 2010, 2010, http://www.eclac.org/cgi-bin/getProd.
asp?xml=/publicaciones/xml/9/41799/P41799.xml&xsl=/
dds/tpl/p9f.xsl&base=/dds/tpl/top-bottom.xsl
44 Del Olmo (1996), 16-17
45 De acuerdo a la lista de mujeres en reclusión elaborada
por el International Centre for Prison Studies para el año
2012, la población femenil en prisión a nivel mundial era
en promedio 4.45% de la población penitenciaria total. En
80% de los sistemas penitenciarios la población femenil
constituye entre 2 y 9% de la población penitenciaria total,
con las siguientes variaciones continentales: en los países
africanos la población penitenciaria femenil es 3.1% del
total, en el continente americano 5.15% y en Asia 5.95%. En
Europa las mujeres en reclusión representan el 4.9% y en
Oceanía el 3.9% de la población penitenciaria. Véase Roy
Walmsley, World Female Imprisonment List (second edition),
2012, http://www.prisonstudies.org/images/news_events/
wfil2ndedition.pdf
46 UNODC (2008), 3
47 Eka Iakobishvili, Cause for Alarm: The Incarceration of
Women for Drug Offences in Europe and Central Asia, and
the need for Legislative and Sentencing Reform, 2012,
http://www.ihra.net/contents/1188
48 European Commission, Women, integration and prison.
An analysis of the processes of sociolabour integration of
women prisoners in Europe, 2005, http://ec.europa.eu/
research/social-sciences/pdf/mip_en.pdf
29
49 Rosa Del Olmo, ¿Prohibir o domesticar? Políticas de drogas
en América Latina, Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1992
50 Campaña Global para la Justicia Previa al Juicio- Región
América Latina, “Mujeres y prisión preventiva: presuntas
inocentes sufriendo castigos anticipados y abusos”, 2013,
http://www.presunciondeinocencia.org.mx/images/stories/
hoja_campania_global_mujer_prision_abril2012.pdf
51 Walsmsley (2012)
52 Ibid
53 Ibid
54 Campaña Global para la Justicia Previa al Juicio- Región
América Latina (2013)
55 CELS (et. al.) (2011)
56 Palma Campos (2011)
57 María Noel Rodríguez, “Mujer y cárcel en América Latina”,
en CDHDF (et. al.), Violencia contra las mujeres privadas de
la libertad en América Latina, 2004, http://www.catedradh.
unesco.unam.mx/SeminarioCETis/Documentos/Doc_
basicos/5_biblioteca_virtual/7_violencia/19.pdf, 57-74
58 Torres Angarita (2007)
59 República Federativa do Brasil (et. al.), Mulheres
presas. Dados gerais, 2011, http://portal.mj.gov.br/
services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.
asp?DocumentID=%7B4B3271E4-7474-41A7-8E4A494B08701E31%7D&ServiceInstUID=%7B4AB016227C49-420B-9F76-15A4137F1CCD%7D
60 Corda (2011)
67 Ibid.; Walsmsley (2012)
68 Red Andina de Información, “Bolivian Prison Deaths
highlight Flaws in Judicial and Penitentiary Systems”, 12 de
septiembre de 2013, http://hosted.verticalresponse.com/11
13479/7291f56a2a/520392651/73c220ceef/
69 Godofredo Reinicke Borda, “Indulto y amnistía: Pequeño ‘gran
paso’ en Bolivia – Alternativas a la retardación de justicia, una
pesadilla que deja insomne”, Puente Investigación y Enlace,
23 de septiembre de 2013, http://www.piebolivia.org.bo/
index.php/2013-08-25-00-16-04/articulos/102-indulto-yamnistia-pequeno-gran-paso-en-bolivia-alternativas-a-laretardacion-de-justicia-una-pesadilla-que-deja-insomne;
Univisión, “Congreso de Bolivia aprueba decreto de indulto
a reos propuesto por Morales”, 19 de septiembre de 2013,
http://feeds.univision.com/feeds/article/2013-09-16/
congreso-de-bolivia-aprueba-decreto
70 Ledebur fue consultada por la autora por correo electrónico.
La página de la Red es http://ain-bolivia.org/
71 El texto de la ley puede ser consultado en http://www.
aipe.org.bo/public/lst_politicas_publicas_nac/LST_
POLITICAS_PUBLICAS_NAC_ley_1008_es.pdf
72 CEJIL (2006)
73 Véase : http://www.secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/ley/2007/ley_1142_2007.htmlhttp://www.
congresoson.gob.mx/docs_biblio/docBiblio_236.pdf
74 Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, http://www.
congresoson.gob.mx/docs_biblio/docBiblio_281.pdf
75 Rodrigo Uprimny Yepes y Diana Esther Guzmán,”Drug policy
and the prison situation in Colombia” en Metaal y Youngers
(2011), 39-49
61 CELS (et. al.) (2011)
76 Corda (2011)
62 Azaola y Yacamán (1994); Briseño (2006); Giacomello (2013)
77 Metaal y Youngers (2011)
63 CIDE, Primera Encuesta a Población en Reclusión
78 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf
del Sistema Penitenciario Federal, 2013, http://www.
miguelcarbonell.com/docencia/Primera_Encuesta_a_
Poblaci_n_en_Reclusi_n.shtml
64 Ana Paula Hernández, “Drug legislation and prison situation
65
in Mexico”, en Metaal y Youngers (2011), 60-70.
Metaal y Youngers (2011)
66 En el estudio se señala que la ley penitenciaria de Bolivia
“establece que madres o padres privados de la libertad tienen
la posibilidad de tener la tutela de un/a menor de 6 años y
de convivir con su hijo/a en el establecimiento penitenciario.
Solo posee prioridad la madre cuando el/la niño/a se
encuentra en período de lactancia. Según la ley, el servicio
de atención médica debe estar dirigido, entre otras cosas,
a ‘otorgar asistencia médica especializada, atendiendo las
particularidades de género y grupos etáreos’, y ‘otorgar cursos
sobre educación sexual y salud reproductiva’. A su vez, en
el capítulo que se refiere a las faltas disciplinarias, se califica
como ‘muy grave’ el acosar sexualmente28 y se indica que en
ningún caso se podrá sancionar con la permanencia solitaria
a mujeres embarazadas o madres con niños/as en período
de lactancia29. Asimismo, la normativa da la posibilidad a las
mujeres que se encuentren embarazadas de seis meses o
más de cumplir la condena en detención domiciliaria, hasta
90 días después del parto.” CEJIL (2006), 16
30
79 Pien Metaal, “Indulto de mulas en Ecuador, una propuesta
sensata”, febrero de 2009, http://www.druglawreform.info/
images/stories/documents/dlr1s.pdf
80 http://www.druglawreform.info/images/stories/documents/
ley108ec.pdf
81 Sandra G. Edwards y Coletta Youngers, “Reforma sobre
legislación de drogas en Ecuador: generando impulso para
un enfoque más efectivo, balanceado y realista”, mayo de
2010, http://www.druglawreform.info/images/stories/
documents/ecuador-memo-s.pdf
82 Diario Oficial de la Federación (20 de agosto de
2009), “Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley General de
Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de
Procedimientos Penales”, www.dof.gob.mx
83 IDPC (2013)
84 Sentencing Council, “Drug Offences Definitive Guideline”,
2012, http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/
Drug_Offences_Definitive_Guideline_final_(web).pdf
85 Sentencing Council, “Drug “mules”: twelve case studies”,
2011, http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/
Drug_mules_bulletin.pdf
86 CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas
privadas de la libertad en las Américas, 2011, http://www.
oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/PPL2011esp.pdf
87 CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de
violencia en las Américas, 2007, http://www.cidh.org/
women/acceso07/indiceacceso.htm, X
88 CDHDF (et. al.) (2004); CEJIL (2006); Giacomello (2013);
República Federativa do Brasil (et. al.) (2011)
89 Por proporcionar un ejemplo, el perfil de las mujeres en
prisión en México es el siguiente: son predominantemente
jóvenes entre los 18 y los 35 años, procedentes de niveles
socioeconómicos bajos o muy bajos y de hogares violentos
y desintegrados, cuyos miembros en el 30% de los casos
tienen antecedentes penales. 51.2% de ellas ha sufrido
abuso sexual, 40% ha vivido parte de sus vidas en las calles
y ha ingresado al mercado laboral en forma temprana, entre
los 8 y los 14 años, sufriendo experiencias de explotación
infantil. En general manifiestan problemas de autoestima,
vínculos afectivos problemáticos, expulsiones tempranas del
hogar, parejas violentas con problemas de uso dependiente
de alcohol y/u otras drogas que las explotan laboral y
sexualmente y embarazos adolescentes; de hecho, 86% de
las mujeres en prisión son madres
90 CELS (et al.) (2011), 35-36
91 CEJIL (2006), 12
92 Almeda (2002); European Commission (2005); Noel
Rodríguez (2004); UNODC (2008)
93 WHO Regional Office for Europe y UNODC, Women’s health
in prison. Correcting gender inequity in prison health, 2009,
http://www.unodc.org/documents/commissions/CNDSession51/Declaration_Kyiv_Women_60s_health_in_
Prison.pdf
94 CEJL (2006); CELS (et al.) (2011); CDHDF (et. al.) (2004);
CNDH (2013)
96 Carmen Antony García, “Mujer y cárcel: el rol genérico en la
ejecución de la pena”, en Del Olmo (1998), 63-73; Briseño
(2006); CEJIL (2006), European Commission (2005);
Giacomello (2013)
97 Briseño (2006); CELS (et al.) (2011); Hernández Castillo
(2010)
98 UNODC (2008)
99 CELS (et al.) (2011); Azaola y Yacamán (1994);
Giacomello (2013)
100 CEJIL (2006); CNDH (2013); European Commission
(2005); Inmujeres (2002); WHO Regional Office for Europe
y UNODC (2009)
101 Penal Reform International (et. al.) (2013)
102 http://www2.ohchr.org/spanish/law/reclusos.htm
103 Penal Reform International (et. al.) (2013)
104 Kensy, Stengel, Nougier y Birgin (2012)
105 CELS (et al.) (2011); CEJIL (2006); CNDH (2013);
Inmujeres (2002); Naciones Unidas (2010); UNODC (2008)
106 Elena Azaola y Marcelo Bergman, Delincuencia,
marginalidad y desempeño institucional. Resultados de
la tercera encuesta a población en reclusión en el Distrito
Federal y el Estado de México, Ciudad de México: CIDE,
2009; Ernest Drucker, A plague of prisons. The epidemiology
of mass incarceration in America, Nueva York: The new press,
2011; WHO Regional Office for Europe y UNODC (2009)
107 Corda (2011); CELS (et. al.) (2011); CNDH (2013); Torres
Angarita (2007)
108 Fleetwood (2011)
109 CIDH (2011), 26
110 Véase: http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/
declaracion-antigua-guatemala-politica-integral-frente-alproblema-mundial-las-drogas.
95 Penal Reform International (et. al.) (2013)
31
El Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC, www.idpc.net/es) es
una red mundial integrada por ONG y redes profesionales que promueve un debate
objetivo y abierto sobre la eficacia, la dirección y el contenido de las políticas de
drogas en el ámbito nacional e internacional, y apoya las políticas fundamentadas
en evidencias científicas que reducen eficazmente los daños relacionados con las
drogas. La red elabora informes periódicos, difunde los informes de sus organizaciones
miembro sobre cuestiones específicas relacionadas con las drogas y ofrece servicios
de asesoría a encargados de políticas y funcionarios de todo el mundo.
Durante décadas, los Gobiernos de América Latina siguieron en gran medida las
políticas y programas trazados por Washington para la llamada guerra contra las
drogas. Sin embargo, América Latina se ha convertido recientemente en la vanguardia
de los esfuerzos para promover el debate sobre la reforma de la política de drogas.
Después de analizar el debate regional, las reformas y los obstáculos a las reformas
a nivel nacional, este informe concluye con recomendaciones de políticas concretas
que deben llevarse a cabo para mantener el impulso y hacer progresar los debates
sobre políticas de drogas y reformas en la región.
Financiado por:
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