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Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con
2º Manifiesto de los Derechos de las
Mujeres y Niñas con Discapacidad
de la Unión Europea
Una herramienta para activistas
y responsables políticos
Adoptado en Budapest los días 28 y 29 de Mayo de 2011 por la
Asamblea General del Foro Europeo de la Discapacidad, a
propuesta de su Comité de Mujeres
Con el respaldo del Lobby Europeo de Mujeres
Revisión efectuada a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas
ÍNDICE
Prólogo de la Procuradora General del Principado de Asturias
Presentación del Presidente del EDF
Prefacio e Introducción de la Pta. del Comité de Mujeres del EDF
Introducción
1
Igualdad y no discriminación.
2
Concienciación, medios de comunicación e imagen social.
3
Accesibilidad.
4
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.
5
Igual reconocimiento como persona ante la ley y acceso efectivo a la
justicia.
6
Violencia contra la mujer.
7
Vida en la comunidad.
8
Derechos sexuales y reproductivos.
9
Educación.
10
Salud.
11
Habilitación y rehabilitación.
12
Trabajo y empleo.
13
Nivel de vida adecuado y protección social.
14
Empoderamiento y liderazgo.
15
Acceso a la cultura, al deporte y al ocio.
16
Interseccionalidad, género y discapacidad.
17
Recopilación de datos y estadísticas.
18
Cooperación internacional.
Prólogo
Si las mujeres hemos luchado y luchamos por ganar visibilidad, reclamar
nuestro papel en la sociedad, arañar cada centímetro de presencia social y de
derechos, esta lucha se hace titánica cuando a la condición femenina se une la
discapacidad física o intelectual. Ser mujer de la edad que sea es un lastre de
partida cuyo peso varía en función de los países y las sociedades. Las mujeres
tenemos que dedicar aún demasiado tiempo a recordar cosas tan elementales
como que somos más de la mitad del mundo y que tenemos los mismos
derechos en la capacidad y en la discapacidad. Una mujer se ve obligada a
probar su capacidad y ser atendida en su discapacidad. Para ambas tareas
necesita un esfuerzo doble que el de los hombres. Y no es esta una lucha de
género, sino una reclamación global de todos los colectivos de discapacitados
que las mujeres y las niñas hacemos nuestra para, una vez, reclamar igualdad
de derechos para todos: hombres y mujeres. Tenemos por delante mucho
trabajo que hacer: en educación, en integración, en políticas sociales, en
justicia a secas.
Hacen falta ideas, voluntad, políticas claras y también recursos. Como
defensora del pueblo del Principado de Asturias reitero aquí el compromiso de
la institución que presido en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas
discapacitadas. Respaldo sin fisuras este Manifiesto y pido su estudio y
difusión como un elemento más en los esfuerzos para acabar con la doble
discriminación que supone ser mujer o niña y discapacitada.
Marguerite Yourcenar reflexionaba sobre la condición humana. Me parece una
buena manera de cerrar estas líneas y animaros a leer este Manifiesto.
“Más allá del dolor y la alegría, la dignidad de ser”.
María Antonia F. Felgueroso
Procuradora General
Octubre de 2011
Presentación
Tengo el gran placer de presentarles el 2º Manifiesto de los Derechos de las
Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea: Una herramienta para
activistas y responsables políticos. Promover la igualdad de derechos de las
mujeres y niñas con discapacidad es uno de los aspectos más importante de la
labor del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF), y estoy convencido de que
este manifiesto se convertirá en una herramienta fundamental para garantizar
que se respeten estos derechos en la práctica.
Es necesario este segundo manifiesto tras la entrada en vigor de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, la
primera convención de derechos humanos que aprueba y ratifica la Unión
Europea como organismo, además de hacerlo sus Estados Miembros.
Es un honor para el EDF que el Lobby Europeo de Mujeres (EWL), del cual
nuestra organización es miembro de pleno derecho, haya respaldado
oficialmente este manifiesto. Su apoyo es crucial para eliminar la discriminación
múltiple que aún sufren las mujeres y niñas con discapacidad en muchos
ámbitos de la vida.
Quisiera felicitar al Comité de Mujeres del EDF, y en particular a Ana Peláez
Narváez, su Presidenta, por la labor impresionante que han realizado en la
elaboración de este manifiesto exhaustivo. Asimismo, quisiera agradecer de
manera especial al Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) por la traducción a distintos idiomas y la publicación del
manifiesto, esta última con el apoyo de la Procuraduría General del Principado
de Asturias de España.
Por último, animo a los responsables políticos, como a todas las personas
implicadas en el movimiento asociativo de la discapacidad- y las que no lo
están- a que utilicen este manifiesto. A través de la incorporación de manera
transversal del género y la discapacidad en todas las políticas podremos, todos
juntos, crear una sociedad en la que la discriminación no tenga cabida; en
definitiva, una sociedad basada en el respeto de los derechos humanos y
civiles de todas las personas.
Yannis Vardakastanis
Presidente del EDF
Julio de 2011
Prefacio
El 22 de febrero de 1997, el Foro Europeo de la Discapacidad, aprobada el
Manifiesto de las Mujeres con Discapacidad, con el firme propósito de asegurar
la presencia y participación de este sector en el marco de la sociedad civil y
sentar las bases para tomar en consideración sus demandas y necesidades
fundamentales para la promoción de su igualdad y no discriminación en la
Unión Europea y en sus Estados Miembros.
Para ello, el documento se basó en la revisión de las recomendaciones del
Seminario de Expertos de la ONU sobre Mujeres con Discapacidad, celebrado
en Viena en 1990, así como en las Reglas Uniformes de Igualdad de
Oportunidades y No Discriminación de las Personas con discapacidad,
aprobadas por la ONU en 1993. Todo ello, gracias al apoyo recibido
directamente por la Comisión Europea a través del programa Helios II, que
también sirvió para establecer de manera permanente y definitiva un comité de
mujeres en el seno del Foro Europeo de la Discapacidad.
Catorce años más tarde presentamos el 2º Manifiesto de los Derechos de las
Mujeres con Discapacidad de la Unión Europea: Una Herramienta para
Activistas y Actores Políticos, que ha sido adoptado por la Asamblea General
Anual del Foro Europeo de la Discapacidad, celebrada durante los días 28 y 29
de mayo de 2011 en Budapest, siendo respaldado en las semanas posteriores
por el Lobby Europeo de Mujeres.
La entrada en vigor de instrumentos fundamentales en la Unión Europea como
la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, la Estrategia Europea de la Discapacidad 2010-2020 o el Pacto
por el pacto de igualdad de Género para el periodo 2011-2020 de la Unión
Europea, justificarían sobradamente la necesidad de revisión y actualización
del primer Manifiesto. Pero, sobre todo y ante todo, ha sido la urgencia por
desarrollar una herramienta que ayude la transversalidad del género en las
políticas de discapacidad y la de discapacidad en las de género la razón
fundamental que ha guiado este trabajo.
Para su elaboración se ha contado directamente con las valiosas aportaciones
del Comité de Mujeres del EDF, las de otras muchas mujeres con discapacidad
y madres de personas con discapacidad de su base asociativa, así como las
realizadas por no pocas asociaciones presentes en la Asamblea Anual del
EDF.
El 2º Manifiesto se estructura en dieciocho áreas temáticas, cada una de las
cuales procura aludir a los distintos artículos de la CDPD, buscando responder
a cinco cuestiones clave: presentar la situación de las mujeres y niñas con
discapacidad en el ámbito referenciado, incorporar sus demandas en lo que se
refiere a su atención directa, proponer mejores en el entorno comunitario,
plantear estudios e investigaciones que serían precisos para conocer la
situación específica de esta población y esbozar un somero análisis de las
cuestiones legislativas de mayor interés en el tema.
Pese a que en el área dieciséis se analizan la interseccionalidad de factores
relevantes en materia de género y discapacidad y que se cuenta con capítulos
específicos para alguno de ellos, existen constantes alusiones a las niñas, las
mujeres mayores, la accesibilidad o la violencia contra la mujer, entre otros, a
lo largo de todo el documento, que son analizados desde diferentes enfoques.
Además, a fin de sistematizar de forma ordenada el tratamiento de todos los
asuntos y aspectos recogidos en las distintas áreas, en no pocas ocasiones se
han estructurado internamente, atendiendo a los distintos artículos de la CDPD
que puedan englobar o a la estratificación natural temática que sugieran. Así,
en materia de accesibilidad, se ha buscado especificar las cuestiones de
género en el diseño del entorno construido y urbanístico, en el transporte, en el
acceso a la información y a la comunicación, así como al de los bienes y
servicios. Igualmente, cuando se analiza la violencia contra la mujer, se hace
tomando en consideración la prevención, la atención y recuperación de las
víctimas, las medidas legislativas necesarias y los estudios e investigaciones
que se deberían desarrollar. La salud se aborda, por su parte, reflexionando
sobre la atención sanitaria primaria, la salud sexual y reproductiva, la atención
sociosanitaria a la violencia contra la mujer y la salud mental. Basten estos tres
ejemplos como muestra de lo dicho.
Aunque en estos momentos el 2º Manifiesto cuenta ya con versiones en inglés,
francés y español (siendo ésta última su versión original), está previsto ofrecer
otras versiones traducidas a otras lenguas, a fin de que su mensaje pueda
llegar a todos los rincones de la Unión Europea. Todas ellas estarán
disponibles en la página web del Foro Europeo de la Discapacidad, cuya
consulta recomendamos fervientemente por parte de los movimientos
asociativos de las personas con discapacidad, y de las mujeres, pero también,
y muy especialmente, de los diferentes actores políticos, sectores profesionales
concernidos y sociedad en general.
Introducción
Aunque la sociedad ha avanzado, la discriminación de las mujeres sigue
persistiendo, ahora, quizás, incluso de una forma mucho más sutil. Y, pese a
que los movimientos de mujeres han desempeñado un papel fundamental en
impulsar cambios, esforzándose por empoderar y preparar a las mujeres para
la lucha por la igualdad, no ha ocurrido así con las mujeres con discapacidad:
de un lado, los movimientos de mujeres sin discapacidad siguen sin tener
conciencia de sus necesidades; pero, de otro, tampoco el movimiento
asociativo de la discapacidad les ha prestado la suficiente atención, a pesar de
los avances (más nominales que reales), que algunas de estas organizaciones
han querido imprimir a su acción en favor de la causa del género.
Consecuentemente, las mujeres con discapacidad siguen quedando al
margen de todos los movimientos de derechos humanos y permanecen
inmóviles en una posición de clara desventaja en la sociedad. Y es que su
situación de mujer con discapacidad no solamente es peor que la de las
mujeres sin discapacidad, sino también que la de sus iguales masculinos;
especialmente en el medio rural, donde sigue predominando un régimen
matriarcal y un sistema económico primario, con menos servicios y
oportunidades para esta población que en el medio urbano. Sin embargo, ni las
políticas públicas, ni los estudios que éstas impulsan reparan en esta flagrante
discriminación, entre otras razones, por no tomar en consideración la inclusión
de indicadores que contemplen la perspectiva de género unida a la de la
discapacidad, de manera que puedan dar cuenta de su realidad en el seno de
la familia, en el acceso a la educación o a los servicios sanitarios, por poner
ejemplos de ámbitos críticos para los procesos de inclusión. Lo mismo
sucedería si se analizaran con perspectiva de género las escasas
oportunidades que tales mujeres tienen para incorporarse al mercado laboral o
su limitado conocimiento de la legislación existente y de los servicios dirigidos a
las personas con discapacidad o de mujeres en general. El olvido mutuo entre
las perspectivas de género y de discapacidad en las diferentes iniciativas
políticas y legislativas de los últimos tiempos invisibilizan las necesidades de
esta población, sometiéndola a una persistente desigualdad estructural.
El empoderamiento de las mujeres con discapacidad se convierte, por lo
tanto, en la necesidad urgente del momento, dado que ni la sociedad, ni los
poderes públicos, ni los movimientos de mujeres, ni tampoco los de las
personas con discapacidad, hemos reconocido verdaderamente sus
necesidades e intereses.
El módulo específico de la Encuesta Europea de Población Activa (LFS)
de 2002 – basada en la auto percepción – sugiere que las mujeres con
discapacidad representan aproximadamente el 16% de la población total de las
mujeres en Europa. 1 Este dato está basado en una población actual de
mujeres casi por debajo de 250 millones, lo que quiere decir que en la Unión
Europea existen aproximadamente 40 millones de mujeres y niñas con
discapacidad.
1
Ad hoc module of the EU Labour Force Survey (LFS) on people with disabilities and long term
health problems, 2002
Para superar la falta de equidad y las barreras que actualmente impiden
que esta población femenina con discapacidad participe plena y
equitativamente en la sociedad, desde el Foro Europeo de la Discapacidad y
sus organizaciones miembro queremos transformar esta realidad, buscando un
compromiso firme y estable en materia de género, ya no sólo con la defensa de
la no discriminación interseccional por razón de discapacidad y sexo, sino por
la verdadera necesidad de impulsar un cambio político que convierta los sutiles
avances que hemos venido provocando en relación con la igualdad entre la
mujer y el hombre, en sólidas políticas de igualdad para todos y todas, que
sirvan para luchar contra la discriminación múltiple contra las personas basada
en desigualdades estructurales.
Un ejemplo claro de multidiscriminación lo podemos encontrar en la
crisis financiera y económica actual, que nos ha hecho reaccionar
sobresaltados por las posibles consecuencias para la discapacidad, sin
hacernos reparar, sin embargo, en su importante componente de género en
aquéllas. Desafortunadamente, hasta ahora las respuestas iniciales ante la
crisis y los planes de recuperación que se han presentado a distintos niveles no
han sabido reconocer su impacto de género, menos aún, ligado éste a la
discapacidad. Sin embargo, tal y como señala, entre otros, el Lobby Europeo
de Mujeres, es sabido que la crisis afecta más gravemente a las mujeres en
mayor riesgo de discriminación múltiple, de manera directa (dado que produce
una disminución de sus ingresos, sus posibilidades de encontrar trabajo y sus
prestaciones sociales, aumentando aún más sus desigualdades estructurales)
e indirecta (mediante recortes en las prestaciones sociales y el traslado
consiguiente de parte de la carga de cuidados del estado a las familias,
especialmente a las mujeres, que siguen siendo las encargadas principales de
proporcionarlos).
Por eso, a pesar del compromiso que hemos ido adoptando desde el
tejido asociativo de la discapacidad para luchar por la igualdad como principio
básico de nuestras organizaciones, todavía dista mucho de conseguirse la
incorporación de la transversalidad de género en nuestras políticas de trabajo,
especialmente en lo relativo a la gestión de recursos (humanos y financieros),
servicios sociales, comunicación y, sobre todo, en la toma de decisiones.
Aunque existan ejemplos aislados de buenas prácticas, la puesta en marcha de
la transversalidad de género, sigue limitándose, en la mayoría de los casos, a
la incorporación de la mujer en estructuras específicas u órganos meramente
representativos, en vez de suponer un proceso de cuestionar y transformar las
propias políticas y organizaciones para conseguir la igualdad para todos y
todas. Además, la aplicación del principio de transversalidad de género sigue
dependiendo en gran parte de la voluntad política de las personas a título
individual, de forma que cuando éstas se marchan, los avances se pierden.
Para lograr, pues, cambios verdaderos en el sector de la discapacidad
que puedan convertirse en acción transformadora de una sociedad más
igualitaria, es necesario comenzar asegurando el compromiso por la igualdad
de manera clara y sin reservas, a través de políticas específicas, mecanismos
institucionales, así como programas y medidas interseccionales de acción.
En general, se puede decir que las organizaciones que formamos parte
del tercer sector de acción social nos hemos caracterizado por impulsar el
reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales de la ciudadanía, de
lograr la cohesión y la inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que
determinados grupos sociales, como el de las personas con discapacidad,
queden excluidos de unos niveles adecuados de bienestar. En nuestro caso
concreto, estos compromisos los hemos llevado al terreno de la discapacidad,
buscando a través de nuestra acción directa en la gestión de servicios y
nuestra capacidad de interlocución política la no discriminación e igualdad de
oportunidades para las personas que representamos y por las que trabajamos.
Pese a estos esfuerzos en cuestiones de justicia social e igualdad que
hemos venido desarrollando a favor de las personas con discapacidad y de sus
familias, no siempre hemos prestado atención al desequilibrio existente entre
los sexos, no sólo en nuestras estructuras, sino también en el desarrollo de
nuestras políticas y programas. Más allá del cumplimiento de la legislación
vigente, tenemos una responsabilidad ineludible en la construcción de la
igualdad de oportunidades y trato entre los sexos y debemos sentirnos
concernidos también por ese otro compromiso de justicia social.
En líneas generales, podemos decir que las organizaciones de la
discapacidad componen un sector de actividad profesional feminizado (entre el
60/70% del personal remunerado son mujeres), en el que las condiciones de
empleo de las trabajadoras son de menor calidad que las de sus compañeros,
dado que no se les ofrece posibilidades efectivas para la conciliación, como
resultado de la falta de consideración de cómo afecta el género en las
condiciones
laborales(jornadas
parciales,
contratos
de
duración
determinada...). Pese a esto, existe un mayor porcentaje de mujeres en tareas
de voluntariado e intervención directa en nuestras organizaciones. En suma,
estamos reproduciendo la división estereotipada de tareas en función de las
atribuciones de género, dado que las mujeres trabajan mayoritariamente en los
ámbitos de intervención y los hombres en los puestos de responsabilidad,
donde desde luego están sobrerrepresentados.
Sin embargo, sería un error pensar por nuestra parte que la alta
proporción de mujeres trabajadoras dentro de nuestro tejido asociativo
garantiza que estemos incorporando y trabajando por la igualdad de trato y
oportunidades, porque estaríamos contribuyendo al efecto perverso de
invisibilizarlas, ya no sólo en las relaciones de poder, sino también en el
respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales con respecto a
sus grupos de referencia.
No podemos tampoco pasar por alto actitudes negativas o escépticas
hacia la igualdad como consecuencia de lo que se puede considerar una
sobrevaloración de los efectos del género en la vida de nuestras respectivas
organizaciones, que están provocando el rechazo determinadas estrategias
dirigidas a fomentar la igualdad por considerarlas molestas, cansinas y
repetitivas en los discursos políticamente correctos), porque tales actitudes se
van a traducir en una flagrante discriminación hacia más de la mitad de las
personas que forman parte de nuestros respectivos movimientos y base
asociativa. Está claro que las relaciones de género no son estéticas, por lo que
nos exigen repensar algunos de los planteamientos teóricos y nuestra forma de
proceder al respecto.
Ante el riesgo de retroceder en el breve camino ya recorrido en pro de la
igualdad, se hace necesario que los poderes públicos, así como las entidades
del tercer sector asumamos políticas, planes y medidas de igualdad que
reduzcan la discriminación intersectorial con base en el género desde un
enfoque de doble vía: desde la propia misión, visión y valores de la entidad, ya
sea ésta de incidencia política y defensa de derechos, ya sea de gestión y
prestación de servicios y apoyos, así como desde sus procesos de gestión de
los recursos disponibles (humanos, financieros, materiales, de comunicación o
estratégicos).
Desde el primer enfoque, se debe garantizar la correcta transversalidad
de género en las actuaciones, servicios y programas que desarrolla la entidad,
atendiendo de forma sistemática a las necesidades prácticas y estratégicas de
las personas usuarias, hombres y mujeres.
Para ello, es necesario establecer, en primer lugar, sistemas de registro
con datos desagregados por sexos y otros indicadores sensibles al género en
los programas y servicios comunes, que nos permitan conocer cómo se
comportan aquéllos con respecto a su distribución entre las personas
beneficiarias de los mismos, buscando las causas que originen los
desequilibrios, así como los mecanismos que lo sostienen, para posteriormente
aplicar medidas que lo eliminen a través de evaluaciones adecuadas.
En segundo término, es importante analizar los ámbitos de actuación en
los que la organización tiene que prestar una atención específica por razón de
género a sus posibles beneficiarios y beneficiarias con discapacidad,
diseñando para ello programas específicos de atención basados en las
características de cada sexo. Los escasos estudios sobre la materia en
personas con discapacidad señalan la salud, la violencia y el abuso, así como
los derechos sexuales y reproductivos, entre otras, como áreas que deben ser
atendidas por separado desde las necesidades y demandas expresadas por
hombres y mujeres respectivamente.
Para ello, se debería asegurar una correcta formación en materia de
género de las personas que tengan que asumir estas tareas en la organización,
las cuales deberán de velar por la inclusión de la perspectiva de género en las
actuaciones, servicios y apoyos ofrecidos. Es un error dar por sentado que, por
el simple hecho de que el personal técnico de las organizaciones de
discapacidad sea mayoritariamente femenino, todas sus profesionales van a
trabajar con perspectiva de género.
Por su parte, desde la vía de los procesos de gestión, se hace
igualmente necesario protocolarizar el compromiso explícito y el
reconocimiento público de la entidad en el ámbito de la igualdad, garantizando
que el enfoque de género está sistematizado e incorporado a la gestión y la
cultura de la organización.
Así, en materia de gestión de los recursos humanos, las organizaciones
de discapacidad deberían impulsar acciones que aseguraran la igualdad y no
discriminación de sus plantillas, implantando medidas tales como promover la
participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones; asegurar
una mayor incorporación de hombres como profesionales y personal
administrativo; impulsar programas de formación y apoyo técnico dirigidos a
mujeres, tanto para formarlas en puestos directivos, como para capacitarlas
después; promover el desarrollo de políticas, planes y medidas de conciliación
de la vida personal, familiar y laboral e implicar a los hombres en ellos, entre
otras posibilidades.
En cuanto a la gestión de los recursos económico-financieros, se debe
hacer un esfuerzo por lograr que también los presupuestos de las
organizaciones de discapacidad sean sensibles al género. Este concepto
implica introducir la perspectiva de género en todas las etapas de los
programas, proyectos, actividades y estrategias de la organización, buscando
para ello que los intereses, necesidades y prioridades de hombres y mujeres en
sus distintos grupos sociales estén adecuadamente incluidos. Dicho examen
supone un reordenamiento de las prioridades presupuestarias para la
organización desde una perspectiva inclusiva, garantizándose así un reparto
equitativo de los recursos económicos de la organización.
Importante será también prestar atención a los productos informativos y
la estrategia en materia de comunicación que pueda desarrollar una
organización, dado que se trata de una herramienta que puede llegar a ser
clave en el apoyo activo a las cuestiones de género. De ahí que se tenga que
velar por considerar el impacto de género en los procesos de preparación,
edición y transmisión de información de las organizaciones, no sólo en sus
productos de comunicación (boletines, notas informativas, artículos en prensa,
folletos y carteles, programas de radio, materiales divulgativos...), sino también
en los procesos de comunicación individual de sus líderes (discursos,
intervenciones, conferencias...). Al mismo tiempo, sería adecuado producir
productos informativos dirigidos específicamente a las mujeres sobre
cuestiones que les atañen directamente, a través de materiales divulgativos
que les lleguen fácilmente, incluido la reserva de un espacio específico en la
Página de Internet corporativa de la organización.
Es fundamental comprender que las herramientas que se plantean a
continuación no sirven para beneficiar sólo a las organizaciones de la
discapacidad, (o también por qué no, a las de las mujeres en general), sino que
forma parte de una apuesta más amplia a favor de la sostenibilidad social y la
calidad de vida de las mujeres y niñas con discapacidad de la Unión Europea,
en cuyas políticas y legislación se tienen que ver reflejadas para poner término,
de una vez por todas, a sus desigualdades en todos los ámbitos de la vida.
Tomando en consideración los instrumentos legislativos existentes sobre
esta materia y los conocimientos que se tienen sobre la incidencia del género
en los asuntos de discapacidad, ofrecemos a continuación una propuesta
abierta y flexible que pueda ayudar a la elaboración de políticas de
discapacidad y políticas de igualdad, con perspectiva de género. Para ello,
trataremos de detallar acciones con arreglo a los derechos humanos y
libertades fundamentales definidos en la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que deben
inspirar las políticas de la Unión Europea y de sus estados miembros, haciendo
también aquí realidad el principio de NADA PARA LAS MUJERES CON
DISCAPACIDAD SIN LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD.
Ana Peláez Narváez
Presidenta del Comité de Mujeres
del Foro Europeo de la Discapacidad
1. Igualdad y no discriminación
1.1. Las mujeres y niñas con discapacidad son iguales ante la ley y tienen
derecho a igual protección e iguales beneficios de ésta sin discriminación
alguna. Se prohibirá toda discriminación por motivo de discapacidad y sexo,
tomando en consideración que la confluencia de ambos factores produce un
efecto exponencial en la desigualdad, por lo que será necesario garantizar su
protección efectiva frente a la discriminación en todos los ámbitos de la vida.
1.2. Las mujeres y niñas con discapacidad deben ser informadas de sus
derechos
para
que
puedan
tomar
sus
propias
decisiones.
Complementariamente, los mecanismos y herramientas existentes para la
aplicación y demanda de los derechos deben ser difundidos entre ellas para
garantizar su verdadero ejercicio, proporcionándose medidas específicas de
protección y apoyo. En cualquier caso, la información será transmitida de
manera accesible y comprensible, teniendo en cuenta los diferentes modos,
medios y formatos de comunicación que ellas elijan. Además, será preciso
incorporar a mujeres con discapacidad en todas estas actividades, que sirvan
como efectivos modelos de mujeres autónomas e independientes para sus
iguales.
1.3. Se deben tomar medidas para alcanzar mayor concienciación en la
sociedad y en las familias sobre los derechos de las mujeres y niñas con
discapacidad. Los profesionales involucrados en este proceso han de formarse
adecuadamente en este nuevo enfoque de género en los derechos humanos
de las personas con discapacidad.
1.4. Las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y
sus familias deben incorporar el principio de la igualdad entre el hombre y la
mujer en su cultura organizacional, sus reglamentos y sus programas de
trabajo, además de garantizar que la efectiva realización de este principio
incluya a las mujeres con discapacidad a todos los niveles, incluida la
participación en la toma de decisiones. Asimismo, las organizaciones de
mujeres deben asegurar la plena inclusión y participación de las mujeres con
discapacidad, prestando adecuada atención a su múltiple discriminación
1.5. Todas las disposiciones legislativas, políticas e iniciativas en materia de
discapacidad o de género deben tener en cuenta la situación específica de las
mujeres con discapacidad. La Estrategia Europea sobre Discapacidad 20102020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras, y la Estrategia
para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 de la Unión Europea
deben aplicarse y desarrollarse teniendo en cuenta a las mujeres y niñas con
discapacidad.
1.6. La Unión Europea y sus Estados Miembros deben revisar, modificar o
derogar toda legislación, reglamento o costumbre que sea discriminatoria para
las mujeres y niñas con discapacidad. Esto hará referencia no sólo a la
legislación específica en materia de discapacidad, sino también a la de género
o igualdad, corrigiendo cualquier terminología inadecuada que haga referencia
a las mujeres y niñas con discapacidad.
1.7. En cumplimiento de la normativa internacional, los órganos legislativos
nacionales, europeos, y regionales deben promulgar legislación para proteger
los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Esta legislación debe
ser objeto de seguimiento por parte de los órganos gubernamentales
apropiados, a fin de garantizar que se aplique de forma efectiva.
1.8. La elaboración y aplicación de legislación y políticas que garanticen la no
discriminación e igualdad de oportunidades debe realizarse celebrando
consultas estrechas y colaborando activamente con las mujeres y niñas con
discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, que las habrá de
incorporar directamente en su interlocución con las administraciones públicas.
1.9. Se debe realizar estudios sobre la discriminación en las mujeres y niñas
con discapacidad, prestando atención a sus denuncias y contenidos de las
sentencias judiciales, tanto en la Unión Europea, como en sus Estados
Miembros. Los indicadores de sexo y discapacidad deberán ser siempre
considerados en todas las investigaciones e informes que se elaboren en
materia de no discriminación e igualdad de oportunidades.
1.10. Se deben apoyar y financiar investigaciones a escala europea y nacional
en el campo de los indicadores reconocidos de la exclusión social en el caso de
las mujeres y niñas con discapacidad; entre ellos, las desventajas
socioeconómicas, el aislamiento social, el factor rural, las múltiples formas de
discriminación, la violencia contra la mujer, la esterilización y el aborto
forzados, la falta de acceso a los servicios comunitarios, la baja calidad de la
vivienda, la institucionalización, la atención sanitaria inadecuada o la
denegación de la oportunidad de contribuir y participar activamente en la
sociedad.
1.11. El Instituto Europeo para la Igualdad de Género debe ofrecer orientación
al respecto de la situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad a
nivel comunitario y de los estados miembros, tomando parte activa en la
defensa de su igualdad de derechos y luchando contra su discriminación.
2. Concienciación, medios de comunicación e imagen social
2.1. La historia, las actitudes y los prejuicios en la comunidad, incluyendo el
entorno familiar, han servido para estereotipar a las mujeres y niñas con
discapacidad negativamente, contribuyendo así a su mayor aislamiento y
exclusión social. Los medios de comunicación prácticamente hacen caso omiso
a las mujeres con discapacidad, y cuando las considera, lo hacen desde una
perspectiva médica asexuada que pasa por alto sus capacidades y
aportaciones al entorno que las rodea.
2.2. Es necesario que las mujeres y niñas con discapacidad alcancen mayor
visibilidad en todos los niveles de la sociedad. Desde el tejido asociativo de la
discapacidad y del feminismo se tienen que ofrecer ejemplos positivos a otras
mujeres y niñas con discapacidad, trabajando igualmente con sus familias en la
desmantelación de roles y costumbres erróneos asignados tradicionalmente a
la condición de mujer o niña con discapacidad. Asimismo, se deberá promover
una mayor inclusión de las mujeres y niñas con discapacidad en el ámbito de la
información y de la comunicación, no sólo en relación con sus necesidades,
sino como miembros activos dentro del contenido cotidiano de la sociedad.
2.3. El establecimiento y desarrollo de redes locales, nacionales, europeas e
internacionales de mujeres con discapacidad sería un avance importante en el
intercambio y difusión de información, sirviendo para fomentar la
concienciación social, así como para motivar y empoderar a las mujeres con
discapacidad para que se involucren activamente en los movimientos de la
sociedad civil organizada.
2.4. Se debe fomentar esta actitud de respeto de los derechos de las mujeres y
niñas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo para toda la
comunidad escolar desde una edad temprana. Es necesario garantizar que los
planes de estudios de la educación primaria, secundaria y terciaria incluya
materiales sobre la igualdad entre la mujer y el hombre, la discapacidad,
comprender la diversidad, los roles no estereotipados de los sexos, el respeto
mutuo, la resolución de conflictos en las relaciones interpersonales sin
violencia, y los conceptos del honor y la autodeterminación de cada persona,
adaptándose el contenido en función de la evolución de las facultades de los
estudiantes.
2.5. Deben iniciarse y mantenerse campañas efectivas de concienciación sobre
los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas con
discapacidad a nivel de la sociedad en general y en sectores específicos
(laboral, sindical, empresarial, judicial, sanitario...), con el fin de mejorar su
percepción social y el ejercicio de los mismos por aquéllas, combatiendo los
estereotipos, prejuicios y prácticas perjudiciales todavía arraigados en la
sociedad. Entre ellos, los que se basan en el sexo y la discapacidad.
2.6. Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la
difusión de información relativa a las mujeres con discapacidad y deben
contribuir a efectuar un cambio positivo en la actitud pública hacia ellas, en
consonancia con los principios y valores de la CDPD de Naciones Unidas. El
uso y la selección de un lenguaje positivo cuando se abordan temas de
discapacidad y mujeres deben fomentarse entre los profesionales de los
medios de comunicación.
2.7. Se debe animar a las cadenas de televisión, las emisoras de radio y la
prensa escrita a que desarrollen programas de formación que aborden las
necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad, en colaboración con sus
organizaciones representativas. Se debe hacer un esfuerzo particular por
concienciar al público sobre la diversidad de esta población femenina,
prestando atención especial a las mujeres con discapacidades invisibles.
2.8. Desde los medios de comunicación se debe consultar y hacer partícipes a
mujeres con discapacidad, preferentemente designadas por sus
organizaciones, que además deben participar en las presentaciones y
supervisar los programas. Teniendo en cuenta la práctica habitual de
intercambiar producciones televisivas y radiofónicas tanto a escala regional
como internacional, dichos programas deben difundirse ampliamente.
2.9. La publicidad es una herramienta útil con la que se construye la identidad
sociocultural de las personas que, sin embargo, no ha prestado atención a la
imagen de la mujer con discapacidad. Es necesario difundir una imagen de
mayor implicación social y normalización de las mujeres y niñas con
discapacidad, que esté exenta de tabúes y motivaciones irracionales hacia
ellas, a través de una formación adecuada y elaboración de claves básicas
para su tratamiento informativo o publicitario.
2.10. Las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de información y
comunicación (como internet, las redes sociales y las páginas web), no deben
contener información que viole en modo alguno la integridad de las mujeres y
niñas con discapacidad. Las organizaciones representativas de las mujeres y
niñas con discapacidad deben velar por que esto se cumpla en los planos
nacional y europeo, en cooperación con los respectivos consejos nacionales de
la discapacidad y lobbies nacionales de mujeres, así como con el Foro Europeo
de la Discapacidad y el Lobby Europeo de Mujeres. Es necesario favorecer el
intercambio de buenas prácticas entre ellas, involucrando también a las
organizaciones locales.
3. Accesibilidad
3.1. Es necesario garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad puedan
vivir de manera autónoma y participar plenamente en todos los aspectos de la
vida en igualdad de condiciones con las demás personas, especialmente con
respecto a sus poblaciones de referencia. Tal y como reconoce la CDPD de
Naciones Unidas en su artículo 9, se tienen que tomar medidas adecuadas
para asegurar el verdadero acceso de las mujeres y niñas con discapacidad al
entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluyendo las
tecnologías y los sistemas de información y comunicación, así como otros
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas
urbanas como rurales.
3.2. A fin de incorporar una correcta transversalidad del género en las medidas,
planificación, proyectos, programas y auditorías en materia de accesibilidad, se
debe asegurar la participación de las mujeres con discapacidad en las
instancias correspondientes (preferiblemente como consultoras, asesoras o
expertas), velando porque los diseños de entornos, bienes y servicios tomen en
consideración las necesidades y demandas específicas de la población
femenina con discapacidad.
Accesibilidad al Entorno construido y urbanístico
3.3. Es necesario garantizar la incorporación de la perspectiva de género en el
diseño, desarrollo y ejecución de las políticas urbanísticas de los espacios
públicos y privados con criterios de accesibilidad, autonomía, sociabilidad y
habitabilidad. Tomando en consideración que las mujeres con discapacidad
disponen de bajos ingresos, escasa participación en la vida laboral, dificultades
para vivir de forma independiente, frecuente ausencia de vehículo privado, así
como mayor longevidad con respecto a sus iguales masculinos, se ha de
favorecer la proximidad vecinal, la rehabilitación de edificios y viviendas, la
movilidad peatonal y la reducción de las necesidades de desplazamiento a
través del transporte, recuperando la calle como espacio de encuentro y
relaciones sociales.
3.4. El entorno construido y el diseño urbanístico tienen que estar planificados
con criterios de seguridad civil para ofrecer una deambulación ciudadana
protegida, velando porque las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad
ante la violencia y el abuso (como las mujeres, los niños y niñas, las personas
mayores o las personas con discapacidad) se sientan protegidas.
3.5. Es necesario impulsar nuevas medidas para la formación de profesionales
de la arquitectura, el diseño y la ingeniería que ejercen en la actualidad, y los
del futuro, en la accesibilidad universal, el diseño para todos y la perspectiva de
género en la arquitectura y la construcción. Existe la necesidad de crear un
programa internacional de referencia en esta materia.
Accesibilidad al Transporte
3.6. El transporte debe ser accesible para todas las personas con
discapacidad, facilitando así su movilidad autónoma. Partiendo del hecho
constatado de que las mujeres con discapacidad son mayoritarias en el uso del
transporte público en comparación con sus iguales masculinos, que tienen
menor acceso al uso del vehículo privado que aquéllos y que sus
desplazamientos diarios son más complejos como consecuencia de sus
responsabilidades frecuentes en el cuidado de otras personas y en el hogar, es
fundamental que en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas de
transporte se consideren la convergencia de los aspectos asociados a la
discapacidad y el género, a fin de asegurar la igualdad de oportunidades y no
discriminación de las mujeres con discapacidad. Para ello, sería importante
invitar a expertas con discapacidad para que se incorporaran como consultoras
en todas las fases del proceso.
3.7. En materia de accesibilidad a los medios de transporte, y teniendo
presente el escaso poder adquisitivo de las mujeres con discapacidad, se tiene
que velar porque los procesos de reglamentación de las medidas que
garanticen su uso y disfrute a las personas con discapacidad o con movilidad
reducida tomen en consideración para su implementación la prioridad en el
mayor uso en los distintos tipos de transporte (autocar, ferrocarril, aéreo o
marítimo), y el menor coste de los mismos, no sólo en el entorno urbano, sino
también y muy especialmente en el rural. Las madres con discapacidad o de
hijos o hijas con discapacidad deben disfrutar de la opción de desplazar a sus
hijos cada vez que sea necesario de manera gratuita o a precios asequibles,
siendo esta medida compatible con una persona de asistencia durante el
trayecto.
3.8. Los responsables de la prestación del servicio a personas con
discapacidad o con movilidad reducida en los distintos transportes deben poner
especial empeño en garantizar que las mujeres con discapacidad sean tratadas
de manera digna. Es necesario formar al personal especializado para ofrecer
este servicio de atención en el trato específico a las mujeres, velando por no
transgredir las normas básicas de respeto entre sexos. Cuando tales mujeres
viajen acompañadas por sus hijos o hijas menores, el personal pondrá a su
disposición los servicios específicos para niños allá donde hubiere (áreas de
recreación, cambiadores de pañales, salas de lactancia...).
Accesibilidad a la Información y a la Comunicación
3.9. Se debe garantizar a las mujeres y niñas con discapacidad el acceso, en
un plano de igualdad, a los diversos componentes de la sociedad de la
información. En el desarrollo de tecnologías de la información y la
comunicación, han de considerarse los aspectos económicos, la necesidad de
formación y la igualdad de oportunidades, sin importar la edad, permitiendo así
que las niñas y mujeres con discapacidad que puedan ser susceptibles de sufrir
exclusión social o situaciones de pobreza puedan acceder a ellas.
3.10. Se tiene que garantizar la no discriminación por razón de sexo en la
prioridad y concesión de servicios de apoyo a la comunicación. Los servicios
disponibles para las mujeres en general (incluidos los de violencia contra la
mujer y atención a la infancia) han de ofrecerse en todos los lenguajes, formas
y formatos posibles de manera fácil y segura. Cuando dichos servicios se
ofrezcan a través de atención telefónica o teleasistencia, éstos deberán ser
también accesibles para mujeres sordas y sordociegas.
3.11. Las mujeres sordas deben disponer de acceso libre y gratuito a servicios
de interpretación de la lengua de signos, así como de aquellos de apoyo a la
comunicación oral (como bucle magnético, equipos de frecuencia modulada,
subtitulado o facilitadores de lectura labial), siempre que lo necesiten (en actos
en el seno de su comunidad, religiosos, culturales y políticos), de modo que
puedan participar plenamente e integrarse de manera más activa en la vida de
la comunidad. Para que las personas sordas puedan tener la posibilidad de
elegir entre intérpretes hombres o mujeres, se debe fomentar la formación
paritaria de intérpretes de la lengua de signos.
3.12. Todos los servicios específicos y materiales concretos dirigidos a las
mujeres tienen que ser accesibles también para las mujeres y niñas con
discapacidad intelectual. La lectura fácil, el uso de pictogramas o contar con
una persona de apoyo para la comunicación, cuando sea necesario, son
recursos que deben ser contemplados para su correcta atención.
3.13. Los documentos relativos a las mujeres y niñas con discapacidad y sus
derechos deben ser comprensibles y estar disponibles en lenguas vernáculas,
en lengua de signos, Braille, formatos aumentativos y alternativos de
comunicación, y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación
accesibles, incluidos los electrónicos.
Accesibilidad a los Bienes y Servicios
3.14. Es necesario asegurar la accesibilidad universal y el diseño para todos de
productos, objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos con perspectiva
de género para garantizar que los frecuentemente utilizados por las mujeres y
niñas estén también a disposición de las mujeres y niñas con discapacidad en
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural
posible. Especial atención merecen aquéllos que den soporte a la salud sexual
de las mujeres con discapacidad (anticonceptivos, camillas de exploración
ginecológica, aparatos de mamografías...) y a su maternidad (biberones con
asas, cochecitos de bebés para acoplarlos a una silla de ruedas o poder tirar
de ellos con una sola mano, cambiadores de pañales adaptados en altura...),
los cuales deberán ser incorporados en catálogos de uso público y a precios
asequibles. Será necesario fomentar entre los fabricantes el diseño no sólo de
modelos masculinos de objetos de uso común por ambos sexos (como relojes,
sillas de ruedas, coches...), que habrán de estar también disponibles en sus
versiones femeninas. Se debe velar porque se fabriquen juguetes accesibles.
3.15. Las instituciones nacionales y europeas responsables del desarrollo y la
normalización de productos de apoyo deben tener presentes las cuestiones
relativas al género, incorporando en sus grupos de trabajo a expertas con
discapacidad en esta materia. Las empresas que incorporan el diseño para
todos en la fabricación de bienes dirigidos a facilitar la vida de las personas
con discapacidad deberían recibir financiación pública o reducciones fiscales.
3.16. Todos los servicios de atención a mujeres (especialmente en los ámbitos
de la salud, la maternidad, la violencia contra la mujer y la atención a la
infancia) deben ser plenamente accesibles para las mujeres y niñas con
discapacidad.
4. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
4.1. Las situaciones de riesgo y las emergencias humanitarias agravan
sobremanera las condiciones de seguridad y protección de las mujeres y niñas
con discapacidad, reduciendo notablemente sus posibilidades de
supervivencia. Las mujeres y niñas con discapacidad se encuentran en una
posición de mayor vulnerabilidad que las demás personas antes, durante y
después de producirse situaciones de riesgo, como los conflictos armados,
territorios ocupados, desastres naturales y emergencias humanitarias.
4.2. En situaciones de emergencia, es posible que las necesidades de una
mujer o niña con discapacidad pobre no se satisfagan si su familia tiene que
utilizar los escasos recursos que tiene para sobrevivir. Ante esa circunstancia, y
como consecuencia de la discriminación estructural en el sistema productivo de
muchas culturas que no consideran a las mujeres "rentables" en términos
económicos, menos aún a las que tienen una discapacidad, existen evidencias
de mayores niveles de abuso y/o abandono de las mujeres y niñas con
discapacidad por parte de la familia y la comunidad.
4.3. Las mujeres y niñas con discapacidad refugiadas, residentes en territorios
en conflicto armado u ocupación, así como las supervivientes de desastres
naturales, están expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia o abuso
sexual, lo que se tiene que prevenir y atender correctamente desde la acción
humanitaria. Para ello, las víctimas no sólo deben disponer de atención
sanitaria adecuada, sino también de salud mental para poder superar tanto las
secuelas psicológicas de la violación, como la posterior estigmatización. Es
necesario contar con la colaboración de profesionales sanitarios, mujeres y
niñas que hayan superado la traumatización del abuso y sus propias
comunidades, para que estas mujeres y niñas con discapacidad se liberen de
la trampa de la violencia de género y puedan comenzar a recuperarse.
4.4. Deben proporcionarse servicios basados en las necesidades individuales
de las mujeres y niñas con discapacidad en situaciones de riesgo y emergencia
humanitaria, garantizándose su accesibilidad mediante la eliminación de
barreras físicas, de la comunicación, sociales, culturales, económicas, políticas
y de otra índole, incluyendo medidas para ampliar los servicios de calidad en
zonas rurales y remotas y para prestar atención especial a las que se
encuentren en situación de mayor vulnerabilidad. Las mujeres y niñas con
discapacidad deben disfrutar del acceso, en igualdad de condiciones con las
demás personas, a las campañas de información pública y concienciación,
tales como las campañas de prevención de VIH/SIDA y los programas de
concienciación relativos a la salud sexual y reproductiva.
4.5. Se debe garantizar la inclusión y la participación plena y activa de las
mujeres y niñas con discapacidad, a través de sus organizaciones
representativas, además de otras partes interesadas pertinentes, en las
actividades relativas a la ayuda y la asistencia; sobre todo, en lo que se refiere
a los planes nacionales de acción, el marco jurídico, las políticas, los
mecanismos de aplicación, el seguimiento y la evaluación de tales medidas.
4.6. Las mujeres y niñas con discapacidad deben recibir mayor apoyo de las
redes sociales. La muerte o enfermedad grave de familiares, amistades o
vecindario pueden provocar en las mujeres y niñas con discapacidad un
importante trauma psicológico y dolor, privándolas además de los apoyos
necesarios que reciben habitualmente.
4.7. Debido a las limitaciones de algunos países para dar respuesta a
situaciones de riesgo y crisis humanitarias, a menudo es necesario la
participación de la comunidad internacional. Consecuentemente, es
fundamental que se aborde esta temática en las políticas de cooperación
internacional, aprovechando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para
prevenir y superar las situaciones de riesgo y coordinar la respuesta
humanitaria.
4.8. Es necesario concienciar a las agencias nacionales e internacionales
responsables de la salud pública, los preparativos para situaciones de
desastre, la ayuda de emergencia y la ayuda humanitaria sobre los derechos y
las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, como
población diversa y heterogénea, y, de manera específica, sobre la necesidad
de disponer de los recursos humanos y materiales que aseguren la
accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades de las mujeres y niñas
con discapacidad en las situaciones de riesgo y emergencia, evitando así su
falta de atención y/o posibles intervenciones inadecuadas.
5. Igual reconocimiento como persona ante la ley y acceso
efectivo a la justicia.
5.1. Como consecuencia de la invisibilidad, las nociones erróneas y la falta de
reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales en las
mujeres y niñas con discapacidad por la sociedad en general, el igual
reconocimiento como persona ante la ley y el acceso a la justicia de esta
población son todavía derechos ampliamente vulnerados en este sector social.
Las mujeres con discapacidad apenas se sienten titulares de derechos, antes
bien, merecedoras de un trato discriminatorio justificado, basado en un
sentimiento de culpa o carga hacia los demás, que se agrava con el escaso
crédito que se le otorga a una mujer con discapacidad cuando trata de
denunciar. Es necesario trabajar con urgencia con las mujeres y niñas con
discapacidad sobre sus derechos fundamentales y procesos para demandarlos,
mediante la colaboración con los servicios sociales y con las organizaciones
de sus grupos de referencias (especialmente, de mujeres con discapacidad),
contando para ello con la elaboración de guías de defensa y de otros
materiales accesibles de amplia difusión.
Igual reconocimiento como persona ante la ley
5.2. Como reconoce la CDPD en su artículo 12, todas las personas con
discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su
personalidad jurídica en todos los aspectos de la vida en igualdad de
condiciones con las demás. Las mujeres con discapacidad han de poder
ejercer su capacidad jurídica tomando sus propias decisiones, incluidas las
relativas a mantener su fertilidad, ejercer su derecho a la maternidad, y
establecer relaciones, además de sus derechos a poseer y heredar bienes,
controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de
condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito
financiero.
5.3. Es necesario adoptar medidas efectivas para proporcionar acceso a las
mujeres con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad jurídica. Dicho apoyo, cuando se requiera, habrá de ser proporcional
a sus necesidades y capacidad personales para la toma de decisiones en
materia de derechos civiles y políticos, pero también contemplarán actividades
dirigidas a crear confianza para ayudar a las mujeres con discapacidad a
evaluar las implicaciones y consecuencias de algunas de sus acciones o
inacciones; especialmente cuando se tengan que enfrentar a costumbres
ampliamente interiorizadas y aceptadas por la sociedad con respecto a la
percepción que ésta tiene de las mujeres con discapacidad como personas
asexuadas, dependientes de terceras personas, improductivas laboralmente e
incapaces para ejercitar su derecho a la maternidad. Las mujeres con
discapacidad deben elegir o, en su defecto, dar su consentimiento, a la
persona que le proporcionará apoyo en la toma de decisiones.
5.4. Se proporcionarán salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir el
abuso por terceras personas o instituciones de las mujeres con discapacidad
en el ejercicio de su capacidad jurídica, tales como la realización de
evaluaciones imparciales de sus verdaderas necesidades a través de la
valoración de expertos independientes reconocidos, con revisiones periódicas
de las medidas adoptadas y la posibilidad de recurrir las decisiones tomadas.
Los deseos de la mujer con discapacidad serán siempre el factor determinante
en todo el proceso.
5.5. Se fomentarán, establecerán y mantendrán estructuras y redes formales e
informales de personas con discapacidad, especialmente de mujeres, dado que
ofrecen apoyo al principio de la autodeterminación de las mujeres con
discapacidad en sus vidas independientes. Todo tipo de comunicación utilizado
por las mujeres con discapacidad debe fomentarse y será válida para el apoyo
en la toma de sus decisiones.
Acceso efectivo a la justicia
5.6. Se tiene que garantizar que las mujeres con discapacidad tengan acceso
efectivo a la justicia de forma accesible, fácil y segura, pudiendo contar en cada
fase del proceso con los sistemas y tecnologías de apoyo a la comunicación
oral que ellas elijan, incluida la presencia de intérpretes de lengua de signos o
guías intérpretes para personas sordociegas, a fin de garantizar su correcta
comunicación con el personal policial y judicial. Dado los altos índices de
dependencia que sufren muchas mujeres con discapacidad de la persona
encargada de su cuidado, que es también la que le agrede y abusa de ella, se
tienen que asegurar formas independientes de comunicación con ellas, a fin de
ofrecer posibilidades de denuncia y derivación inmediata a centros de atención
integral de manera transitoria, hasta resolver judicialmente la denuncia.
5.7. Se garantizarán programas de información, formación y concienciación
dirigidos a las mujeres y niñas con discapacidad, así como a las madres de
hijos o hijas con discapacidad, sobre sus derechos y libertades fundamentales
y sobre las oportunidades que tienen de acceder a la justicia, prestando
especial atención a grupos en mayor riesgo de discriminación, como mujeres
con grandes necesidades de apoyo, institucionalizadas, mayores, residentes en
el medio rural o de etnias, orientación sexual o religión diferentes de las
mayoritariamente presentes en una comunidad determinada.
5.8. Asimismo, se garantizarán programas semejantes dirigidos a sus
familiares, a los proveedores de servicios, a las personas cercanas a ellas, así
como a las representantes de organizaciones de mujeres o de discapacidad. .
5.9. Se tiene que promover la capacitación adecuada en materia de género y
discapacidad para todas las personas que trabajan en la Administración de
Justicia, incluido el personal policial y penitenciario, dirigida a desmantelar la
errónea imagen social que de la mujer con discapacidad se tiene, poniendo en
valor el nuevo paradigma centrado en su imagen positiva como sujeto de
derechos y enfatizando en primer término su condición de mujer,
especialmente en los asuntos relacionados con situaciones de divorcios,
separaciones y concesión de guarda y custodia de menores, incluidos los
casos de las madres de hijos o hijas con discapacidad.
5.10. Se revisarán el derecho penal sustantivo y los procedimientos judiciales
para poder detectar situaciones de violencia en las que están implicadas
mujeres cuya discapacidad sea un factor relevante en el acto criminal, con el fin
de permitir dictar sentencias más severas para castigar conductas de este tipo
debido a la mayor vulnerabilidad de las víctimas.
5.11. La discapacidad no debería utilizarse nunca como un argumento en los
trámites legales para separar a niños o niñas de sus madres con discapacidad,
o a niños o niñas con discapacidad de sus madres. El apoyo que las madres
con discapacidad puedan necesitar para desempeñar su papel maternal
debería ofrecerse de acuerdo con sus necesidades individuales y personales y
en el mejor interés del niño o de la niña.
6. Violencia contra la mujer
6.1. La violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación y una
violación de sus derechos humanos. Se entenderá por violencia contra la mujer
todo acto de violencia de género que tenga o pueda tener como consecuencia,
el daño físico, sexual, psicológico o económico o el sufrimiento para la mujer,
incluyendo amenazar con realizar tales actos, la coacción y la privación
arbitraria de la libertad, independientemente de que ocurra en la vida pública o
privada 2. Según se establece en la CDPD, la Unión Europea y sus estados
miembros adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo,
social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las
mujeres y niñas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él,
contra todas las formas de explotación, violencia y abuso.
6.2. Se ha reconocido que las mujeres y niñas con discapacidad pueden sufrir
actos de violencia de maneras particulares, cometidos en sus hogares o en
instituciones por miembros de la familia, por personas encargadas de su
cuidado o por desconocidos. Se deben adoptar todas las medidas pertinentes
para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso contra ellas,
asegurando formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta
sus necesidades específicas.
6.3. Se deben considerar formas de violencia contra la mujer la esterilización
forzosa y el aborto coercitivo, que deben ser erradicados y condenados
enérgicamente por las autoridades competentes de la Unión Europea y de sus
estados miembros. Tales actos, incluso, pueden llegar a equivaler a tortura o
tratos inhumanos o degradantes, por lo que deben ser perseguidos y
castigados.
6.4. Las mujeres con discapacidad lesbianas y bisexuales están expuestas a
un mayor riesgo de abuso y violencia sexual y a menudo pueden recibir una
respuesta inadecuada de las autoridades competentes. Las mujeres con
discapacidad transexuales son particularmente vulnerables a la violencia,
especialmente en los espacios públicos. Es necesario tomar consideración de
estas situaciones en las campañas de concienciación e imagen social de las
personas con discapacidad, visibilizando la diversidad de esta población en
relación a su orientación sexual o al cambio de su identidad sexual.
6.5. Se deberá promover la formación de los profesionales y del personal de los
servicios de protección contra la violencia y el abuso sexual sobre las
especificidades y necesidades concretas de las mujeres y niñas con
discapacidad en este ámbito, prestando atención a su diversidad y
heterogeneidad. Dicha formación se deberá hacer también extensible a todos
los profesionales que trabajan directamente con ellas (en sus organizaciones,
centros de atención, residencias, geriátricos o colegios, entre otros).
2
DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Resolución aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/48/629)] Resolución
número 48/104.
Prevención
6.6. Es necesario reconocer que la discapacidad es un asunto transversal que
hay que incorporar en todas las políticas, acciones y medidas que se
desarrollen con el fin de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y
garantizar el principio de accesibilidad universal.
6.7. Se debe proporcionar formación adecuada a las mujeres y niñas con
discapacidad, así como a sus familias y personas de su entorno cercano, sobre
la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación,
violencia y abuso, poniendo a su disposición información comprensible en
formatos accesibles sobre los servicios de apoyo y medidas legales existentes
para combatirlos.
6.8. La mayor vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad ante la violencia
está ligada a su imagen social, así como a las explicaciones, en ocasiones
irracionales, que se han esgrimido para explicar o justificar abusos sexuales
perpetrados contra ellas. La discapacidad debe incluirse en todos los
materiales de las campañas de concienciación general y cursos de formación
elaborados para ser impartidos a profesionales sobre la violencia contra la
mujer. Tales campañas y materiales tendrán que ser accesibles.
6.9. Es necesario examinar en qué medida la Unión Europea y sus estados
miembros están garantizando la inclusión y accesibilidad de las niñas y mujeres
con discapacidad en los programas generales de prevención y las campañas
informativas sobre los remedios, tomando medidas al respecto a la luz de los
resultados obtenidos, que garanticen su no discriminación y plena participación
en los mismos.
6.10. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y
abuso, se debe asegurar que todos los servicios y programas diseñados para
servir a las mujeres y niñas con discapacidad sean supervisados efectivamente
por autoridades independientes. Es necesario desarrollar un sistema de
detección precoz de situaciones de violencia en niñas y mujeres con
discapacidad institucionalizadas o residentes en entornos cerrados y
segregados, estableciendo protocolos de prevención de la violencia y el abuso
para los profesionales implicados en su atención, así como salvaguardas
efectivas para ellas.
Atención y recuperación de las víctimas
6.11. Deben impulsarse medidas concretas de acción positiva que tomen en
consideración la naturaleza específica de la violencia contra las niñas y
mujeres con discapacidad, atendiendo a su diversidad como grupo humano,
para evitar su exclusión de las políticas y servicios generales.
6.12. La exclusión y el aislamiento de las mujeres con discapacidad de la
sociedad en escuelas separadas, en instituciones residenciales, hospitales y
centros de rehabilitación, y la falta de ayudas a la comunicación y movilidad,
aumentan su vulnerabilidad ante la violencia y el abuso sexual, contribuyendo a
la impunidad de los actos de violencia. Lo mismo sucede con las mujeres y
niñas con discapacidad que se encuentran en campos de refugiados o en
situaciones de riesgo o emergencia humanitaria. Es necesario prestar especial
atención a estas circunstancias en los servicios y programas en materia de
violencia contra la mujer.
6.13. Las mujeres con discapacidad intelectual (que generalmente pueden
presentar dificultades para denunciar la violencia o el abuso) y con
discapacidad psicosocial (cuyos testimonios se interpretan como síntomas de
su “enfermedad mental”) están expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia
o abuso sexual. En las declaraciones y testimonios de denuncia de tales
hechos, se debe conceder crédito a los testimonios de las mujeres y niñas con
discapacidad, sin discriminación por razón de la misma.
6.14. La recuperación, rehabilitación e integración social física, cognitiva y
psicológica de las mujeres y niñas con discapacidad que hayan sido víctimas
de cualquier tipo de explotación, violencia o abuso debe ser accesible y debe
realizarse en un entorno que favorezca la salud, el bienestar, el autorespeto, la
dignidad y la autonomía de la mujer. Asimismo, debe realizarse con su
consentimiento libre y tener en cuenta sus necesidades específicas de su edad.
Las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de la violencia tendrán derecho
al reconocimiento y la reparación.
6.15. Cuando tenga lugar un acto de violencia contra una mujer con
discapacidad, los servicios sociales competentes en la materia deberán
proporcionar un alojamiento transitorio rápido y seguro para la víctima y sus
hijos e hijas, tomando las medidas oportunas para acelerar el proceso de
retorno al domicilio familiar con las máximas garantías de seguridad. En ningún
caso el perpetrador podrá regresar al mismo.
6.16. Se debe facilitar el acceso de las mujeres con cualquier discapacidad a
las viviendas protegidas (como refugios para mujeres, centros de atención,
servicios sociales...), así como a otros servicios (folletos, números de teléfono,
terapeutas...) existentes en el ámbito de la protección contra la violencia y el
abuso sexual, prestando atención a todas sus necesidades físicas,
comunicativas, sociales y emocionales en el caso de la violencia doméstica.
6.17. Las madres con discapacidad y las madres de hijos e hijas con
discapacidad víctimas de violencia tendrán el derecho de permanecer con sus
hijos e hijas en los alojamientos a los que se las derive, debiéndoseles ofrecer
los recursos y apoyos necesarios para su atención y cuidado en dichos
alojamientos.
Medidas legislativas
6.18. La Unión Europea y sus Estados Miembros deben revisar su legislación
para garantizar la no discriminación de las mujeres y niñas con discapacidad,
de acuerdo con la futura Convención sobre la Prevención y Lucha contra la
Violencia contra las Mujeres y Violencia Doméstica (CAHVIO) y las
Convenciones de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD) y Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
6.19. Se adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas las centradas en
la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia
y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en
su caso, juzgados.
Estudios e investigaciones
6.20. La Unión Europea y sus estados miembros tomarán las medidas
necesarias para desarrollar iniciativas en materia de investigaciones que
analicen la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en relación con la
violencia, tomando en consideración las situaciones de mayor vulnerabilidad.
6.21. Se debe incluir la discapacidad de forma efectiva como indicador en los
informes oficiales que se realicen desde la Unión Europea y sus estados
miembros para visibilizar la violencia sufrida por las mujeres con discapacidad.
En dichos informes se tiene que hacer una reunión sistemática de datos
desagregados por sexo y por otros factores relevantes (edad, origen racial o
étnico, discapacidad...), detallando la prevalencia de todas las formas de
violencia contra la mujer; las causas y consecuencias de la violencia contra la
mujer, y la eficacia de cualesquiera medidas que se apliquen para prevenir y
reparar la violencia contra la mujer.
6.22. La Unión Europea y sus estados miembros deben incorporar la
discapacidad en el informe anual que elaboren sobre la situación de prevención
y lucha contra la violencia de género con una perspectiva interseccional, así
como el trabajo desarrollado para conseguir los objetivos (como pueden ser los
datos recogidos de instituciones gubernamentales, la policía, los juzgados, los
servicios sociales, etc.); todo ello, en colaboración con la sociedad civil.
Asimismo, deben llevar a cabo una evaluación formativa y monitorización de
las políticas y medidas tomadas para prevenir y combatir la violencia contra las
mujeres y la violencia doméstica.
6.23. La situación de las niñas y mujeres con discapacidad debe incorporarse
en las investigaciones del Relator Especial sobre la violencia contra la mujer
del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en el trabajo de los
Comités de otros tratados internacionales.
7. Vida en la comunidad
7.1. Las mujeres con discapacidad tienen derecho a vivir en la comunidad, con
opciones iguales a las de las demás personas, debiéndose garantizar su plena
inclusión y participación en la misma. Igualmente, tendrán el derecho a elegir
su lugar de residencia, dónde y con quién vivir, sin verse obligadas a hacerlo
con arreglo a un sistema de vida impuesto por otras personas.
7.2. Dado que las mujeres con discapacidad dependen en mayor medida de
terceras partes e instituciones, se les debe ofrecer la oportunidad de vivir fuera
de entornos segregados, promoviendo su acceso, en igualdad de condiciones
con las demás personas, a una serie de servicios de apoyo comunitario en sus
hogares, incluidas las viviendas compartidas, pisos protegidos o pequeñas
residencias comunitarias, entre otros, previniendo así su aislamiento social y
favoreciendo su inclusión en la comunidad. En función de sus necesidades
específicas, las mujeres y niñas con discapacidad deben disponer de servicios
de apoyo en la comunidad que sean adecuados, asequibles, accesibles y
aceptables.
7.3. Es necesario acelerar el proceso de desinstitucionalización de las mujeres
y niñas con discapacidad de centros asistenciales segregados (como
sanatorios, psiquiátricos, reformatorios, geriátricos, orfanatos o centros de
acogida para menores, entre otros), proporcionando ayudas que favorezcan la
autonomía personal de las mujeres y niñas con discapacidad más
dependientes de terceras partes, asegurando un nivel de vida adecuado y su
plena inclusión en la comunidad.
7.4. A fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación
de las niñas con discapacidad, se deben impulsar campañas informativas
dirigidas a las familias, ofreciendo información sobre recursos comunitarios
disponibles para su atención y desarrollo futuro, que pueda coadyuvar a la
desmantelación de estereotipos sexistas y discriminatorios. Cuando la familia
inmediata no pueda cuidar de un niño o niña con discapacidad, las
administraciones públicas deberán proporcionar atención alternativa dentro de
la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un
entorno familiar. Es necesario incentivar el acogimiento y la adopción de niños
y niñas con discapacidad, agilizando los procedimientos burocráticos y
ofreciendo información adecuada a las familias de acogida o adoptantes en
relación con los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las
personas con discapacidad.
7.5. Es necesario garantizar el acceso de las mujeres con discapacidad a los
programas de vivienda social, de forma individual o compartida, ofreciendo
para ello ayudas económicas para la eliminación de barreras en el hogar, que
deberán estar también disponibles para las viviendas alquiladas.
7.6. Se deben poner a disposición de todas las mujeres con discapacidad los
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo en la
comunidad, respetando su sexo y discapacidad. Es necesario prestar atención
especial para satisfacer las necesidades de las mujeres y niñas en situación de
mayor dependencia de terceros.
7.7. Dado que con frecuencia las instituciones asistenciales limitan el
desarrollo, autoestima y autodeterminación de los individuos, es necesario
asegurar que todos los servicios y programas diseñados para servir a las
personas con discapacidad sean supervisados por autoridades independientes,
a fin de impedir la vulneración de todos sus derechos humanos y libertades
fundamentales recogidos en la CDPD. Será necesario prestar atención especial
a la violencia y el abuso, estableciendo para ello protocolos claros y
transparentes para su prevención y su detección precoz.
7.8. Las mujeres con discapacidad, a través de sus organizaciones
representativas, deben participar en el asesoramiento a los proveedores de
servicios, controlando la calidad de los mismos y velando porque sean
apropiados para las necesidades específicas de las mujeres y niñas con
discapacidad.
Servicios residenciales comunitarios
7.9. Los servicios residenciales comunitarios tienen que ser accesibles para las
mujeres con discapacidad, incorporando la perspectiva de género, tanto en el
diseño del entorno construido y ubicación urbanística, como en el diseño de
sus servicios y equipamientos.
7.10. Las mujeres con discapacidad deben tener la posibilidad de elegir entre
alojamientos exclusivamente para mujeres o alojamientos mixtos. Lo mismo
cabe decir en lo que se refiere al personal responsable de su cuidado y a los
asistentes personales.
7.11. Se debe favorecer la formación adecuada del personal de los centros
residenciales comunitarios en las especificidades de las mujeres con
discapacidad, estableciendo en la rutina profesional protocolos para la
prevención de la violencia de género.
7.12. Los servicios residenciales comunitarios deben permitir que las mujeres
con discapacidad vivan sus propias vidas, tal y como ellas quieran,
garantizándose su propia autodeterminación.
7.13. Las madres con discapacidad han de poder optar a esta forma de
residencia comunitaria con sus hijos o hijas cuando lo precisen, facilitándoles
los recursos necesarios para el desempeño de su maternidad.
Asistencia y necesidades técnicas
7.14. Actualmente, las mujeres y niñas con discapacidad tienen acceso limitado
a equipos y productos de apoyo adecuados para sus necesidades específicas.
A menudo, el coste de tales dispositivos es excesivo. Se recomienda vivamente
la puesta en marcha de programas regionales y nacionales que impulsen la
fabricación de equipos y productos de apoyo, incluyendo formación en la
fabricación y uso por parte de las mujeres con discapacidad.
7.15. Los productos de apoyo deben satisfacer las necesidades funcionales de
las mujeres y niñas con discapacidad y obedecer a criterios estéticos en lo que
a su diseño, material y calidad se refiere. Si estos productos de apoyo no
estuvieran disponibles localmente, se debe facilitar el suministro de equipos
importados de donde sean necesarios.
7.16. Las mujeres y niñas con discapacidad necesitan ayudas y asistencia
técnica específicamente diseñadas para atender sus necesidades particulares.
Tales servicios se deben proporcionar de manera que se contemplen sus
tradiciones culturales y religiosas.
7.17. La Unión Europea y sus estados miembros deben mantener las políticas
financieras, fiscales, impositivas y de derechos de importación necesarias para
garantizar que los dispositivos de asistencia estén también a disposición de las
mujeres y niñas con discapacidad, al menor coste posible y con la misma
facilidad que los bienes y productos ordinarios, por lo que se deberá considerar
el factor de la pobreza indicador clave para el desarrollo de dichas políticas.
Mentorado
7.18. Las mujeres con discapacidad deben tener acceso a servicios de
orientación ofrecidos por otras mujeres con discapacidad y con experiencias
similares. Igualmente, deben tener derecho a recibir orientación del servicio
que ellas elijan, en igualdad de condiciones con las demás personas, teniendo,
asimismo, la oportunidad de ser representadas de manera adecuada en las
organizaciones de mujeres y las organizaciones de personas con discapacidad.
7.19. El voluntariado activo de las mujeres con discapacidad, en tanto que
elemento esencial de la nueva gobernanza social, constituye una manifestación
del impulso solidario de este grupo de ciudadanas activas y comprometidas con
la comunidad. El voluntariado social que llevan a cabo las mujeres con
discapacidad constituye un importante e irrenunciable agente de cambio social,
comprometido con la plena inclusión social y no discriminación de las mujeres y
niñas con discapacidad. Se debe garantizar un apoyo efectivo a medidas que
apoyen el voluntariado social en torno a las mujeres con discapacidad, con el
fin de permitir que un mayor número de personas, y de manera especial de
mujeres con discapacidad, se involucre en actividades de este tipo, apoyando
el aprendizaje inter pares y el intercambio y establecimiento de buenas
prácticas a escala local, regional, nacional, europea e internacional.
7.20. Es necesario garantizar que se establezcan mecanismos y estructuras
que permitan que las organizaciones del tercer sector social de la discapacidad
inciten al voluntariado activo entre las mujeres con discapacidad y contribuyan
a su promoción y desarrollo, fomentando para ello redes de mujeres con
discapacidad.
8. Derechos Sexuales y Reproductivos
8.1. De conformidad con el Artículo 23 de la CDPD de Naciones Unidas, las
mujeres con discapacidad en edad de contraer matrimonio tienen derecho a
casarse y fundar una familia sobre la base de su consentimiento libre e
informado, así como a otras formas de uniones afectivas que constituyen vida
en pareja estable, digna de protección por los poderes públicos, como las
parejas o uniones de hecho, entre otras. Igualmente, pueden decidir el número
de hijos que quieren tener, deben tener acceso a información sobre la
reproducción y la planificación familiar, y tienen derecho a mantener su
fertilidad en igualdad de condiciones con las demás personas. Es necesario
ofrecer a las mujeres con discapacidad los medios adecuados que les permitan
ejercer esos derechos, tomando para ello las medidas necesarias para poner
fin a la discriminación contra las mujeres con discapacidad en todas las
cuestiones relacionadas con sus derechos sexuales y reproductivos. En todo
caso, siempre tendrá que prevalecer el derecho de la mujer a controlar su
cuerpo y su sexualidad.
8.2. Dado que la sociedad en general y la familia en particular ha considerado a
la mujer con discapacidad asexuada, no apta para vivir en pareja y ser madre,
sometiéndola a un control férreo represivo de sus necesidades sexuales,
resulta necesario desarrollar seminarios de formación en materia de derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad dirigidos
tanto a ellas mismas, como a sus familias, prestando especial atención a las
que se encuentran en situación de mayor riesgo de exclusión, como las que
precisan grandes necesidades de apoyo, las que tienen discapacidades
intelectuales, psicosociales o sordoceguera, entre otras.
Derechos sexuales
8.3. Los derechos sexuales, entendidos como la libertad para decidir libre y
responsablemente sobre todos los aspectos relacionados con la sexualidad
(derecho a ejercer la sexualidad sin riesgos, libre de discriminación , coerción o
violencia relativas a la sexualidad; derecho al placer físico y emocional;
derecho a la libre orientación sexual; derecho a la información sobre la
sexualidad, y derecho a tener acceso a servicios sanitarios) se tienen que
garantizar plenamente para las adolescentes y mujeres con discapacidad en
condiciones de igualdad, pleno consentimiento y respeto mutuo, compartiendo
responsabilidades en las relaciones sexuales y sus consecuencias.
8.4. El acceso limitado y el escaso control que las adolescentes y mujeres con
discapacidad tienen sobre su propia sexualidad las convierten en seres
vulnerables a la explotación sexual, a la violencia, a los embarazos no
deseados y a las enfermedades de transmisión sexual. Las niñas, las
adolescentes y las mujeres con discapacidad necesitan tener acceso a la
educación afectivo-sexual para poder vivirla saludablemente. Deben alcanzar
conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo (cómo se produce un
embarazo y cómo se puede evitar; cómo hacer que la relación sexual sea más
comunicativa y placentera; cómo oponerse a prácticas que no se desean; cómo
evitar enfermedades de transmisión sexual...) impartida por profesionales
expertos en la materia, como educadores de servicios sociales públicos
locales.
8.5. Se debe garantizar el derecho a la familia, a las relaciones, a los contactos
sexuales y a la maternidad, de las lesbianas, mujeres bisexuales y
transexuales con discapacidad. Los prejuicios contra la homosexualidad en
general no deben impedir que las lesbianas, mujeres bisexuales y transexuales
con discapacidad puedan disfrutar del necesario apoyo financiero, ayuda
técnica, independencia económica o de una vida independiente como lesbiana,
mujer bisexual o transexual, ya sea en un entorno de vida independiente, ya
sea cuando vivan en el seno de una institución.
Derechos reproductivos
8.6. Los derechos reproductivos, entendidos como la libertad y autonomía de
todas las personas para decidir libremente y con responsabilidad si tener
descendencia o no, cuánta, en qué momento y con quién, engloban también el
derecho a contar con información, educación y medios para ello; el derecho
para tomar decisiones sobre la reproducción, libre de discriminación, coerción y
violencia; el derecho al acceso a servicios de atención primaria de calidad, y el
derecho a contar con medidas de protección a la maternidad. Todos ellos se
tienen que garantizar plenamente para las adolescentes y mujeres con
discapacidad en condiciones de igualdad, pleno consentimiento y respeto
mutuo.
8.7. El miedo al embarazo y sus consecuencias (como considerar que no
tienen habilidades y/o medios suficientes para cuidar de una criatura, las
repercusiones físicas para la madre, el miedo a que pueda heredar la
discapacidad, entre otras) han sido durante años de historia la gran
preocupación de las familias y cuidadoras de las mujeres con discapacidad.
Este miedo ha condicionado sus propias vidas, llevándolas a tener menor
autonomía y privacidad, supervisándolas y controlándolas sin motivos
justificados. Es necesario asegurar los derechos de las mujeres con
discapacidad a decidir sobre sus propias vidas, a su sexualidad y a su
maternidad, sin que nadie pueda decidir sin su consentimiento informado sobre
cuestiones que afectan a la esfera más íntima de su integridad personal.
8.8. Se sigue negando el derecho a la libertad reproductiva a muchas mujeres
con discapacidad, bajo el pretexto de su bienestar. La esterilización forzosa, la
mutilación genital femenina y el aborto coercitivo son algunos claros ejemplos
que sufren muchas mujeres y adolescentes con discapacidad, sin que ellas
hayan dado su consentimiento o comprendan su intencionalidad. Estas
prácticas, que deben ser condenadas y perseguidas, suponen una violación de
los derechos fundamentales, incluyendo los derechos a la integridad corporal y
a mantener el control de la salud reproductiva.
8.9. Deben existir cláusulas de salvaguardia legales para aquellas mujeres
incapaces de dar su consentimiento informado en materia de reproducción. En
particular, nunca se debe administrar métodos contraceptivos o interrumpir un
embarazo en contra de la voluntad de una mujer con discapacidad. La
interrupción del embarazo debe, además, requerir la aprobación judicial
pertinente, si el consentimiento no se puede obtener. Las mujeres con
discapacidad deben tener el derecho a ofrecer su consentimiento informado o
comprender toda práctica médica, incluyendo la esterilización y el aborto.
8.10. Nunca deben practicarse la esterilización forzosa o el aborto coercitivo. Si
una mujer con discapacidad es incapaz de dar su consentimiento, el
consentimiento de la familia o de la persona que represente a la niña o mujer
con discapacidad (si se requiere por ser menor de edad o por una
incapacitación judicial previa), debe basarse siempre en el respeto de los
derechos humanos y la voluntad de la mujer o niña con discapacidad. Es
responsabilidad también del personal médico garantizar que la mujer o niña
con discapacidad sepa que la intervención médica llevará a la esterilización y
conozca las consecuencias de este hecho para su futuro.
8.11. Hay que tomar las medidas necesarias al respecto de la sensibilización,
la información y la formación tanto de las familias de aquellas niñas y mujeres
con discapacidad más vulnerables y con mayor riesgo de sufrir la esterilización
forzada, como de los profesionales, en particular de los profesionales de los
sectores sanitario y jurídico, para así garantizar que escuchen la voz de las
niñas y mujeres con discapacidad durante las investigaciones y los procesos
jurídicos. Habría que cooperar estrechamente con las organizaciones
representativas de las personas con discapacidad en la aplicación de estas
medidas.
8.12. Todos los poderes públicos deben revisar el marco jurídico que regula la
esterilización forzada y el aborto coercitivo, abordando el “consentimiento
informado” y la “capacidad jurídica”, con el fin de permitir los ajustes necesarios
y cumplir con la filosofía y las obligaciones que impone la CDPD de Naciones
Unidas. La Convención obliga a los Estados Partes firmantes a introducir
aquellas reformas jurídicas que permitan el reconocimiento del respeto del
hogar, de la familia, y de la dignidad e integridad personal de las personas con
discapacidad como derechos fundamentales que no pueden violarse.
8.13. Es necesario que la Unión Europea impulse y desarrolle estudios que den
a conocer la realidad de la esterilización de personas con discapacidad en el
marco de sus estados miembros, con perspectiva de género, edad y tipo de
discapacidad, facilitando estadísticas exactas sobre la esterilización forzada y
terapéutica.
Maternidad
8.14. Es necesario desarrollar programas apropiados con el fin de asegurar que
las mujeres y niñas con discapacidad embarazadas reciban apoyo para
prepararles para la maternidad, y que las madres con discapacidad que
necesiten apoyo para el cuidado de sus hijos tengan acceso a asistencia y
servicios adecuados. En las situaciones en las que exista un diagnóstico
prenatal que pueda derivar en una discapacidad futura, se deberá asegurar
una atención apropiada a la mujer embarazada en términos óptimos de respeto
y trato idóneo, al objeto de favorecer la igualdad de oportunidades y la no
discriminación por razón de discapacidad.
8.15. Las mujeres con discapacidad deben tener el derecho a la
responsabilidad de criar a sus hijos e hijas respecto de la tutela, curatela,
custodia y adopción, o instituciones análogas cuando quiera que estos
conceptos existan en la legislación nacional. Se les prestará la asistencia
apropiada, y en todos los casos se respetarán los intereses del menor.
8.16. Es necesario cambiar las actitudes discriminatorias y modificar la
legislación discriminatoria vigente hacia las mujeres con discapacidad en lo que
respecta a su maternidad; sobre todo, en el caso de los derechos al acceso a la
reproducción asistida, a la custodia en caso de divorcio, adopción, acogida
familiar, otras formas de paternidad y maternidad sociales, y la utilización de la
inseminación artificial. La sociedad debe aceptar y respetar la maternidad de
las mujeres con discapacidad. Han de adoptarse las medidas necesarias en
relación con la concienciación, la información y la formación dirigidas tanto a
las familias de las niñas y mujeres con discapacidad como a los profesionales
implicados.
8.17. Forman parte de los derechos reproductivos el derecho de la mujer a no
ser despedida por motivo de su embarazo, y el derecho a la baja maternal
pagada. En algunos países de Europa se reconoce también el derecho a baja
por paternidad, puesto que se entiende que en las primeras semanas la mujer,
aun sin trabajar, puede no ser capaz de hacerse cargo sola de su casa y de su
hijo o hija, siendo además ésta una responsabilidad compartida entre el padre y
la madre. Además, es necesario ampliar estos permisos cuando el hijo o la hija
presente discapacidad, equiparándolos al permiso por parto múltiple.
8.18. Debido a los desafíos adicionales que experimentan las mujeres con
discapacidad en la sociedad, las mujeres con discapacidad deben tener
derecho a un permiso por maternidad ampliado, si así lo desean, a fin de
adaptarse a su nueva situación y desarrollar correctamente su vida familiar. Las
mujeres con discapacidad deben tener derecho a los servicios sociales que
necesiten durante el permiso por maternidad. Los derechos y los servicios
deben estar a disposición de las mujeres con discapacidad migrantes en la
Unión Europea, ya sea como trabajadoras o para acompañar a sus parejas.
Explotación sexual
Explotación sexual
8.19. La explotación sexual, entendida como una actividad ilícita mediante la
cual una persona (mayoritariamente mujer o menor de edad) es sometida de
forma violenta o intimidatoria a realizar actos o prácticas sexuales sin su
consentimiento, en cuya virtud un tercero recibe una beneficio económico, es
un delito ante el que las mujeres y niñas con discapacidad están expuestas por
su mayor vulnerabilidad. Se debe asegurar que las mujeres y niñas con
discapacidad (especialmente intelectual o con grandes necesidades de apoyo)
no sean explotadas sexualmente, prestando atención a sus entornos cercanos
y estableciendo salvaguardas y medidas preventivas que las protejan.
8.20. Las organizaciones de las personas con discapacidad y de mujeres
deben trabajar para defender los derechos de estas mujeres y niñas tratadas
como objetos y que sufren física y psíquicamente este tipo de torturas y tratos
inhumanos o degradantes, concienciando a los entornos de mayor riesgo sobre
la explotación sexual y denunciando públicamente las situaciones que se
conozcan.
8.21. El Foro Europeo de la Discapacidad y sus organizaciones miembro
condena el uso de mujeres con discapacidad como reclamo en la publicidad de
contenido sexual.
9. Educación
9.1. La educación constituye uno de los factores más determinantes en la lucha
contra la desigualdad, la exclusión social y la pobreza. Las niñas y mujeres con
discapacidad sufren elevadas tasas de analfabetismo, así como de fracaso,
absentismo y abandono escolares, lo que conlleva importantes consecuencias
en términos de cohesión, participación y comportamiento sociales. Sólo con el
efectivo cumplimiento de los derechos esenciales, entre ellos el derecho a la
educación de calidad, inclusiva y gratuita para todas las personas, se logrará
una sociedad más tramada, madura, justa y solidaria, en la que primen los
valores de cohesión social frente a los obstáculos que impiden la participación
de todas las personas. Es imprescindible fomentar la inclusión educativa de las
niñas y las adolescentes con discapacidad, para paliar la clara situación de
mayor desventaja de este grupo social en el ámbito educativo, lo que dificulta la
posterior inserción laboral y comunitaria de las mujeres con discapacidad.
9.2. Se ha de entender la educación inclusiva de las niñas y mujeres con
discapacidad desde los paradigmas de calidad educativa, igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal a lo largo de todo el ciclo vital,
asegurando la educación permanente de las mujeres con discapacidad como
fórmula de promover su autonomía personal, el libre desarrollo de su
personalidad, ejerciendo siempre el derecho a tomar sus propias decisiones y
eligiendo su modo de vida, y su inclusión social.
9.3. Las niñas y mujeres con discapacidad deben poder disfrutar del derecho a
la educación en igualdad de condiciones que las demás personas, en cuyo
desarrollo y contenido debe tomarse como marco orientador y de referencia
necesaria la CDPD, especialmente su artículo 24, consagrado al sistema de
educación inclusivo a todos los niveles, que obliga a garantizar la educación
inclusiva de las alumnas con discapacidad, observando los principios de
normalización, igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad
universal, provisión de apoyos, calidad y equidad que compensen las
desigualdades basadas en la discapacidad, pero también en el género.
9.4. Es preciso garantizar el principio de acceso normalizado de las niñas y
mujeres con discapacidad a los recursos educativos ordinarios, sin
discriminación o segregación de ningún tipo por esta circunstancia,
proporcionando los apoyos necesarios para que la inclusión educativa en un
entorno educativo abierto sea siempre una realidad en todas las etapas
educativas. Para ello, se debe garantizar la identificación temprana de las
necesidades educativas, así como la disposición garantizada de recursos
humanos, didácticos y tecnológicos, entre otros, que permitan ofrecer
respuestas adecuadas a las necesidades existentes en cada caso. Es
necesario promover medidas que favorezcan el envejecimiento activo de las
mujeres con discapacidad, dirigidas a reducir las altas tasas de analfabetismo
de las mujeres con discapacidad de edad avanzada, así como a potenciar entre
este grupo de mujeres el uso de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación en la formación continuada a lo largo de toda la vida.
9.5. Toda la comunidad educativa debe estar sensibilizada hacia la realidad, la
diversidad y el valor intrínseco de las mujeres con discapacidad y su
contribución a la comunidad en la que viven. Las familias y profesorado deben
recibir una formación complementaria sobre la perspectiva de género aplicada
a la discapacidad, dirigida a respetar una imagen adecuada de las niñas y
mujeres con discapacidad, que reconozca y respete sus derechos humanos,
que incida especialmente en la eliminación de los estereotipos negativos
arraigados en la sociedad que impiden su desarrollo como personas y su plena
inclusión social en igualdad de condiciones que los demás.
9.6. En la formación inicial y permanente del profesorado, así como de los
profesionales responsables de la orientación educativa, debe promoverse una
adecuada cualificación, especialización y actualización competencial que
acomode su intervención a las necesidades específicas de las alumnas con
discapacidad, con especial consideración a la mayor vulnerabilidad de las niñas
con discapacidad ante situaciones relacionadas con cualquier forma de acoso
escolar y abusos sexuales en el entorno educativo.
9.7. En los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los de evaluación, en la
aplicación de los materiales didácticos y las nuevas tecnologías, así como en
los contenidos de formación y adquisición de competencias del profesorado
deben incorporarse los principios de no discriminación, accesibilidad universal y
diseño para todas las personas.
9.8. Los sistemas educativos deben desarrollar planes de estudios flexibles
para garantizar la posibilidad de que todo el alumnado pueda seguir un
itinerario educativo individualizado, incluyendo las niñas con discapacidad. Los
itinerarios educativos deben contemplar actividades no académicas y de
formación profesional. Es preciso tener en cuenta la perspectiva de género a la
hora de diseñar los contenidos de las actividades no académicas, incluyendo
por ello actividades afines con las preferencias de las mujeres.
9.9. Los programas educativos deben tener en cuenta las necesidades
formativas de las niñas y mujeres con discapacidad especialmente en situación
de mayor riesgo de exclusión (como aquellas que tienen un alto grado de
dependencia, las inmigrantes, las pertenecientes a minorías étnicas, las que
habitan en un entorno rural y las mujeres mayores analfabetas), velando por su
adecuada atención y luchando contra su abandono o su fracaso escolar.
9.10. La formación a distancia o la teleformación pueden encontrar una
respuesta muy positiva entre muchas mujeres con discapacidad, ya que les
puede facilitar la conciliación con responsabilidades familiares o actividades
laborales. Es necesario garantizar el acceso de las mujeres con discapacidad a
toda esta información, a través de campañas de divulgación accesibles en sus
entornos comunitarios.
9.11. Las Organizaciones Internacionales, y de manera especialmente
significativa la UNESCO, deben incluir de manera transversal en sus
programas educativos la perspectiva de género y discapacidad, desarrollando
programas que persigan la escolarización y atención educativa adecuada de
las niñas y mujeres con discapacidad en entornos inclusivos y velando por su
adecuada promoción a lo largo de todo el sistema educativo.
9.12. Es necesario incorporar la perspectiva de género y la discapacidad en los
estudios globales de población en materia de educación, de forma que se
pueda disponer de datos fiables en relación con la situación de las niñas y
mujeres con discapacidad en la Unión Europea y sus estados miembros.
10. Salud
10.1. Tal y como reconoce la CDPD en su artículo 25, las mujeres y niñas con
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud y, a
ese respecto, se tienen que adoptar medidas para asegurar su acceso a
servicios sanitarios que tengan en cuenta las cuestiones de género y
discapacidad, incluida la rehabilitación relacionada con la salud.
10.2. La Unión Europea reconoce que el género es un determinante
significativo de la salud que origina desigualdades en el acceso a la atención
sanitaria y el tratamiento entre hombres y mujeres; sin embargo, hasta el
momento no ha prestado atención a poblaciones en situación de mayor riesgo
de exclusión por la confluencia de otros factores discriminantes como la
discapacidad, lo que ha originado una falta de respuestas adecuadas a la
situación específica de las mujeres y niñas con discapacidad. Ante la ausencia
de información al respecto, es necesario promover la incorporación de
indicadores de género y discapacidad en los estudios e investigaciones que se
desarrollen en materia de salud, tanto desde la Unión Europea, como de sus
estados miembros.
10.3. Es necesario proteger a las mujeres y niñas con discapacidad de la
discriminación basada en la prevalencia de estereotipos y costumbres erróneos
y contrarios al respeto de sus derechos humanos y libertades fundamentales
en la práctica sanitaria, asegurándoles el acceso adecuado a una atención
sanitaria de calidad y a campañas y programas dirigidos a las mujeres en
general, incluida la violencia contra la mujer.
10.4. Deben adoptarse medidas que garanticen una formación adecuada a los
profesionales del ámbito de la salud sobre la atención a mujeres y niñas con
discapacidad, especialmente en lo referente a sus derechos sexuales y
reproductivos, el respeto a su integridad física y mental, así como al respeto a
su dignidad y a su autonomía, poniendo en valor el nuevo paradigma basado
en el reconocimiento de la persona con discapacidad como titular de derechos.
Deben impulsarse normas éticas y protocolos de actuación para la atención
sanitaria pública y privada de las mujeres y niñas con discapacidad en lo
referente a su atención específica; preferentemente, en las áreas de
ginecología, obstetricia y la atención a la violencia contra la mujer.
10.5. Cualquier tipo de tratamiento o intervención debe prestarse en base al
consentimiento libre e informado de la mujer con discapacidad. Es necesario
adoptar medidas para erradicar la esterilización forzada, el aborto coercitivo y
los experimentos y ensayos médicos realizados con personas con
discapacidad.
10.6. Es necesario ofrecer formación y asesoramiento adecuado a las mujeres
y niñas con discapacidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, así
como sobre el respeto a su integridad física y mental, poniendo a su alcance
información comprensible en formatos accesibles. Las organizaciones de
mujeres con discapacidad, de personas con discapacidad o de mujeres en
general habrán de incorporar en sus programas de trabajo el desarrollo de
seminarios específicos y grupos de discusión sobre esta temática, animando a
las propias mujeres con discapacidad a actuar como ponentes y mentoras de
otras compañeras.
10.7. La atención sanitaria primaria, los servicios y programas en materia de
salud sexual y reproductiva, la atención sanitaria a la violencia contra la mujer,
así como los servicios de salud mental deben ser accesibles para las mujeres y
niñas con discapacidad. Disponer de camillas hidráulicas de exploración
ginecológica y aparatos de mamografía que puedan descender en altura hasta
una silla de ruedas; asegurar espacio suficiente en la sala de consulta para el
desplazamiento con bastones o con una silla de ruedas, incluidos los espacios
reservados para vestirse o desvestirse; disponer de auxiliares sanitarios que
asistan a las mujeres con movilidad reducida no sólo durante la consulta
médica, sino también durante la permanencia de éstas en el centro; contar con
intérpretes de lengua de signos y guías intérpretes para personas sordociegas
independientes, disponer de servicios de apoyo a la comunicación oral (como
bucle magnético, equipos de frecuencia modulada, paneles de texto para
transcribir mensajes sonoros, facilitadores de lectura labial o para la
comunicación aumentativa), ofrecer información comprensible en formatos
accesibles, o ampliar el tiempo estimado de duración de la consulta médica,
entre otras, son todos piezas claves para asegurar a las mujeres y niñas con
discapacidad una correcta atención sanitaria en los ámbitos de la salud
señalados.
Atención sanitaria primaria
10.8. Las campañas generales de salud pública dirigidas a las mujeres deben
ser inclusivas y accesibles para las que tienen una discapacidad. Asimismo,
hay que poner en marcha servicios de salud y programas de detección
temprana e intervención, según el caso, para evitar y reducir al máximo la
aparición de nuevas enfermedades discapacitantes de mayor incidencia en la
población femenina, incluidas las enfermedades raras, especialmente en zonas
rurales y remotas.
10.9. Partiendo del hecho de que las mujeres con discapacidad son
mayoritariamente mujeres mayores, se hace necesario tomar en consideración
sus necesidades y demandas específicas, especialmente en relación con la
discapacidad y la edad, a fin de garantizar su acceso y atención adecuados a
los servicios de atención sanitaria primaria. Es necesario proporcionar esos
servicios lo más cerca posible de sus residencias, incluso en el propio
domicilio, incluido el entorno rural. Los servicios de salud ofrecidos por medios
telemáticos también han de ser completamente accesibles para ellas.
Salud sexual y reproductiva
10.10. Las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan generalizadamente a
barreras sociales y estructurales para acceder a servicios sanitarios de salud
sexual y reproductiva. Es necesario garantizar el acceso adecuado de las
mujeres y niñas con discapacidad a los servicios de ginecología y obstetricia,
partiendo de una correcta formación de los profesionales en materia de los
derechos sexuales y reproductivos de aquéllas, y garantizando la accesibilidad
universal en todos los entornos, equipamientos y servicios requeridos.
10.11. Los servicios de ginecología, como parte de la medicina que trata de las
enfermedades propias de la mujer, tienen que estar disponibles para todas las
mujeres y niñas con discapacidad, que habrán de acceder en igualdad de
condiciones y sin discriminación alguna a la planificación familiar y a Las
revisiones periódicas de ginecología y mamografía. Se velará para que
especialmente mujeres y niñas con discapacidad intelectual, psicosocial,
sordociegas o con grandes necesidades de apoyo, reciban una correcta
atención a una menstruación no dolorosa y al uso de anticonceptivos
adecuados con sus características individuales. Es necesario garantizar un
seguimiento adecuado de todas estas cuestiones por los servicios sanitarios en
mujeres y niñas todavía institucionalizadas en entornos segregados (como en
orfanatos, escuelas especiales, centros de día, centros especiales de empleo,
centros psiquiátricos, casas tuteladas, residencias y geriátricos, entre otros).
10.12. Se debe concienciar a las mujeres y niñas con discapacidad del riesgo
de infección por VIH y SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Para
ello, resultan esenciales la educación en materia de contracepción y la
educación sexual. Las mujeres y niñas con VIH o SIDA deben ser consideradas
como mujeres y niñas con discapacidad, y por ello deben tener los mismos
derechos y privilegios que el resto de las mujeres y niñas con discapacidad.
Sus demandas deben atenderse entre las áreas de interés del movimiento en
favor de las personas con discapacidad.
10.13. Los servicios de obstetricia, como parte de la medicina que trata de la
gestación, el parto y el puerperio, comprendiendo también los aspectos
psicológicos y sociales de la maternidad, tienen que ser ofrecidos
adecuadamente a las mujeres y a las jóvenes con discapacidad. Éstas deben
tener acceso a la reproducción asistida. Asimismo, debe garantizarse su
acceso a servicios apropiados durante el embarazo, el parto y el periodo
postnatal, de manera gratuita cuando sea necesario, además de asegurar una
nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. La práctica de la
cesárea, mayoritariamente utilizada en las mujeres con discapacidad, debe ser
reconducida hacia el parto natural, ofreciéndose una adecuada atención
individualizada que contemple los aspectos de la accesibilidad física de los
entornos y equipamientos sanitarios, pero también de la comunicación e
información.
10.14. Asimismo, hay que desarrollar programas que tengan como objetivo
garantizar que las mujeres con discapacidad embarazadas reciban apoyo para
prepararse para la maternidad, y asegurar que las madres con discapacidad
que necesitan apoyo para poder cuidar a sus hijos e hijas o las madres de hijos
o hijas con discapacidad tengan acceso a la asistencia y los servicios
adecuados.
10.15. En ocasiones, existe prejuicios y temor entre los profesionales sanitarios
con relación a las consecuencias de un embarazo en el caso de una mujer con
discapacidad; sobre todo, si se trata de mujeres con discapacidad psicosocial o
intelectual. Consecuentemente, el personal sanitario puede intentar convencer
a la paciente para que aborte o se esterilice. Se tiene que garantizar una
adecuada formación de los profesionales para asegurar su correcto
asesoramiento en relación con los derechos reproductivos de las mujeres y
niñas con discapacidad.
10.16. Es cada vez más frecuente realizar pruebas prenatales a las mujeres en
general, aplicándose a veces por defecto, y no por elección, las tecnologías
procreativas. En el caso de las mujeres con discapacidad, estas pruebas se
realizan con mayor frecuencia, pero es esencial tener el derecho a negarse a
someterse a ellas. Si se detecta que el feto tiene una discapacidad, la madre
tiene también el derecho a llevar a término el embarazo. Hacer hincapié en la
eliminación de la discapacidad mediante el uso de las tecnologías
reproductivas, sin abordar el contexto social en el que se impulsan y se aplican,
supone una discriminación por motivo de discapacidad. Debe revisarse o
eliminarse cualquier medida legislativa que fomente prácticas eugenésicas o
discriminatorias por motivo de género o discapacidad.
Atención sanitaria a la violencia contra la mujer
10.17. Desde los servicios sanitarios se puede desempeñar un papel crucial
para ayudar a las mujeres y niñas con discapacidad que sufren violencia, ya
que la mayoría de ellas entran en contacto con dichos servicios en algún
momento de su vida. Además, los malos tratos afectan a la salud de las
mujeres, por lo que éstas acceden más a los servicios sanitarios; en particular,
a la atención primaria, servicios de urgencias, obstetricia y ginecología y salud
mental. Es necesario garantizar una atención sanitaria adecuada a las mujeres
y niñas con discapacidad desde las políticas sanitarias de atención a la
violencia contra la mujer, incluyendo todas las fases del proceso (prevención,
diagnóstico temprano y recuperación de las víctimas).
10.18. Dado que hay evidencias de que las mujeres y niñas con discapacidad
están expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia o abuso sexual por parte
de personas de su entorno cercano, y que difícilmente tienen oportunidades de
denunciar esos actos violentos, los profesionales de la atención sanitaria
primaria desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico temprano.
Además de prestar atención a la aparición de indicios en sus consultas
rutinarias con ellas, pueden poner a disposición de los servicios sociales y
policiales información relevante sobre el maltrato o la exposición a la violencia
de sus pacientes.
10.19. No suele ser frecuente el acceso de una mujer o niña con discapacidad
víctima de violencia a los servicios sanitarios de urgencia por malos tratos,
como consecuencia de los altos niveles de dependencia vital y emocional de
ésta con respecto a la persona que le agrede, así como la prevalencia de
barreras infranqueables que impiden su desplazamiento autónomo (físicas, de
comunicación e información, y de los transportes). Sin embargo, cuando lo
haga por éste u otro motivo, se tiene que asegurar actuaciones por parte del
personal sanitario para la posible detección de síntomas de violencia, a través
de indicadores de sospecha de malos tratos, que en las mujeres con
discapacidad pueden ser la negación u omisión de atención por razón de
discapacidad. La actuación asistencial que se ofrezca desde los servicios de
urgencias a la víctima con discapacidad tiene que prever el emplazamiento
inmediato adecuado de esa mujer o niña en un entorno accesible diferente que
garantice los apoyos que ésta requiera por razón de discapacidad.
10.20. Para asegurar la correcta atención por parte de los profesionales de la
salud, es preciso establecer protocolos para la actuación sanitaria ante la
violencia contra la mujer que garanticen la seguridad e intimidad de la mujer o
niña con discapacidad en la consulta médica; en dichos protocolos se habrá de
ofrecer los servicios de apoyo a la comunicación oral que la paciente requiera,
asegurando la privacidad de la información que ésta transmita al personal
sanitario y concediéndole la credibilidad de su testimonio.
Salud mental
10.21. Según la OMS, el género afecta de manera fundamental la salud mental
y las enfermedades mentales, dado que determina el poder diferencial y el
control que los hombres y las mujeres tienen sobre los determinantes
socioeconómicos de sus vidas, su posición y condición social, el modo en que
son tratados dentro de la sociedad y su susceptibilidad y exposición a riesgos
específicos para la salud mental. La depresión, la ansiedad y las quejas
somáticas son trastornos que predominan mayoritariamente en las mujeres,
afectando también a las que tienen una discapacidad. Es necesario asegurar el
acceso y la atención adecuados de las mujeres con discapacidad a los
servicios de salud mental, poniendo especial cuidado en la resolución de
conflictos personales como consecuencia de haber sufrido una esterilización o
aborto forzosos, malos tratos, abusos de todo tipo, abandono o retirada de hijos
o hijas por cuestionar su capacidad para cuidarlos, entre otros.
10.22. Es necesario garantizar una adecuada formación de los profesionales de
salud mental sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de las
mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual que garantice una atención
basada en el pleno respeto de su dignidad y autonomía, según los principios
establecidos en la CDPD.
10.23. Se debe ofrecer ayuda profesionalizada a las madres con discapacidad
y las madres de hijos o hijas con discapacidad cuando precisen apoyo
emocional para superar la angustia y la ansiedad que se pueden presentar
como consecuencia del conocimiento del diagnóstico de una discapacidad en
un hijo o hija. Todo ello en ocasiones puede llegar incluso a provocar conflictos
en el entorno familiar al verse alterada la estructura familiar por la presencia de
una discapacidad en uno de sus miembros.
11. Habilitación y rehabilitación
11.1. La Unión Europea y sus estados miembros deben garantizar que las
mujeres y niñas con discapacidad alcancen y mantengan la máxima
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y
participación plena en todos los aspectos de la vida mediante servicios y
programas integrales de habilitación y rehabilitación, en particular en los
ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, sin
discriminación por motivo de sexo u otros factores interseccionales, a lo largo
de toda la vida.
11.2. Como consecuencia de la prevalencia de estereotipos y prejuicios
sociales( que adjudican un menor valor a las mujeres, por considerarlas menos
productivas), a los roles sociales (que las circunscriben dentro del hogar,
realizando tareas domésticas, cuidando de terceros y realizando labores que
no son valoradas económicamente), a la sobreprotección de la familia, y a la
propia falta de autoestima, entre otros factores, las mujeres y niñas con
discapacidad tienen un menor acceso a los servicios y programas de
habilitación y rehabilitación. Es esencial asegurar que las mujeres y niñas con
discapacidad tengan acceso a los servicios de habilitación y rehabilitación en
su comunidad, libremente y sin coste económico, por lo que las
administraciones públicas y los servicios sociales deben considerar el factor de
la pobreza prioritario en la adjudicación de recursos.
11.3. Los servicios de habilitación y rehabilitación dirigidos a las mujeres y
niñas con discapacidad deben incluir formación en lenguaje corporal y
autoconfianza. Conviene desarrollar, en estrecha colaboración con sus
organizaciones representativas, distintos modelos de habilitación/rehabilitación
para las mujeres y niñas con discapacidad, teniendo en cuenta su
heterogeneidad y necesidades individuales.
11.4. Los servicios de habilitación y rehabilitación no deben discriminar por
motivo de género y deben ponerse a disposición de todas las mujeres y niñas
con discapacidad, independientemente de su edad. Tales servicios no se
deben circunscribir únicamente al ámbito de la salud, los cuidados diarios o las
tareas del hogar, sino que debe promocionarse la habilitación y la rehabilitación
de las mujeres en los ámbitos de la educación y el empleo, poniendo en
marcha medidas de acción positiva específicas para su inclusión en estos
programas.
11.5. Tomando en consideración los mayores niveles de pobreza de esta
población, los dispositivos y las tecnologías de apoyo deben estar disponibles a
precios asequibles para las mujeres y niñas con discapacidad, velando porque
su diseño sea satisfactorio para ellas y porque puedan conocer su uso y
manejo en formatos accesibles.
11.6. Se debe promover la formación inicial y continua de los profesionales en
lo que respecta a la atención específica de las niñas y mujeres con
discapacidad en el ámbito de la habilitación/rehabilitación. Dicha formación se
habrá de basar en la evaluación multidisciplinar de las necesidades y
capacidades de la persona en el marco de la rehabilitación basada en la
comunidad (RBC), tomando en consideración el sexo, el tipo de discapacidad,
la situación socioeconómica y otros factores intersectoriales. Esta formación
debe prestarse en las etapas tempranas y lo más cerca posible de la
comunidad en todas las zonas rurales y urbanas, contando con el aporte de las
mujeres con discapacidad como parte de los equipos multidisciplinares.
11.7. Las mujeres con discapacidad deben tener derecho a elegir si quieren
que el profesional que les atienda sea hombre o mujer.
12. Trabajo y empleo
12.1. Como reconoce la CDPD en su artículo 27, las mujeres con discapacidad
deben tener el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo libremente
elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sean abiertos,
inclusivos y accesibles. El ejercicio del derecho al trabajo debe salvaguardarse
y promoverse, incluso para las mujeres que adquieran una discapacidad
durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de
legislación antidiscriminatoria.
12.2. Tomando en consideración los altos índices de desempleo e inactividad
laboral de esta población, es necesario desarrollar acciones, tanto
transversales como positivas, dirigidas a las mujeres con discapacidad para
impulsar la formación, la contratación, el acceso al empleo, la retención del
empleo, la igualdad salarial con las mismas competencias, las adaptaciones al
puesto de trabajo y el equilibrio entre la vida privada y laboral. Las mujeres con
discapacidad deben tener derecho, en igualdad de condiciones con las demás
personas, a condiciones laborales justas y favorables, incluyendo la igualdad
de oportunidades y la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, a
condiciones laborales seguras y saludables, a protección del acoso, y a
servicios de reparación en caso de quejas.
12.3. Es necesario impulsar la incorporación de las mujeres con discapacidad
en el mercado laboral a través de subvenciones dirigidas a fomentar el empleo
estable y de calidad, aumentando sus conocimientos, mejorando su
empleabilidad, disponiendo de las medidas necesarias para asegurar la
accesibilidad al entorno laboral y la adaptación al puesto de trabajo,
impulsando proyectos de conciliación de la vida familiar y profesional,
desarrollando proyectos de concienciación en materia de igualdad de
oportunidades, formando a los actores sociales y profesionales del área, y
redoblando los esfuerzos para la incorporación en el mercado laboral y la
inclusión social de aquéllas mujeres en situación de mayor riesgo de exclusión.
12.4. Se debe animar a las mujeres con discapacidad a buscar empleos con
salarios y condiciones laborales dignas, prestándoles para ello el apoyo
efectivo para encontrarlos, obtenerlos y retenerlos, o para que regresen al
mercado laboral a través de herramientas efectivas, como los servicios de
seguimiento y contacto con el tejido empresarial y los servicios de protección
legal contra despidos improcedentes por razón de discapacidad, entre otras.
12.5. Es necesario impulsar campañas de concienciación entre el tejido
empresarial a fin de eliminar las actitudes negativas de las empresas hacia las
mujeres con discapacidad, mediante programas atractivos de formación en
empresas y campañas informativas sobre subvenciones y bonificaciones
existentes por su contratación.
12.6. Teniendo en cuenta la creación de un nuevo instrumento de
microfinanciación para el empleo y la inclusión social en la Unión Europea,
debe impulsarse el desarrollo de medidas para promover el autoempleo, la
creación de empresas propias, el desarrollo de cooperativas y la promoción de
mujeres con discapacidad emprendedoras, que deben tener derecho, en
igualdad de condiciones con las demás personas, al apoyo económico y deben
considerarse emprendedoras cualificadas. En este sentido, es necesario
proporcionar medidas de acción positiva para las mujeres emprendedoras con
discapacidad, como créditos blandos, microcréditos y subvenciones a fondo
perdido.
12.7. En los programas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y
otros semejantes deben incorporarse proyectos específicos para Europa sobre
la situación de las mujeres con discapacidad, colaborando estrechamente con
ellas a través de sus organizaciones representativas.
12.8. Es necesario investigar la situación social y laboral de las mujeres con
discapacidad, la evolución del mercado de trabajo y las oportunidades efectivas
de las que disponen, con el fin de identificar nuevos yacimientos de empleo
para ellas en sectores emergentes y competitivos.
12.9. Las políticas de la Unión Europea deben animar a las organizaciones
patronales, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales a elaborar
maneras más efectivas de promover el derecho al empleo de las mujeres con
discapacidad, así como medidas que favorezcan la conciliación entre la vida
laboral y la vida privada. Los sindicatos deben incorporar a trabajadoras con
discapacidad en sus negociaciones colectivas que puedan proponer y defender
sus derechos en igualdad.
12.10. Se deben adoptar medidas especiales para garantizar que las mujeres
con discapacidad gocen de la misma libertad de desplazamiento en el mercado
laboral europeo que las demás personas trabajadoras, según el principio de
libertad de movimiento consagrado en los Tratados de la Unión Europea.
12.11. Todas las políticas y programas de fomento del empleo y la formación
profesional comunitarias deben tomar en consideración la situación específica
de las mujeres con discapacidad, así como su discriminación múltiple como
consecuencia de la interseccionalidad de otros factores discriminantes, como la
edad, la orientación sexual, la ruralidad, la inmigración, las minorías étnicas, el
ser víctima de violencia de género, estar en riesgo de pobreza...
Formación profesional
12.12. Es necesario ofrecer información relevante accesible a las mujeres y a
las jóvenes con discapacidad sobre el mercado laboral ordinario y las
oportunidades que existen de inserción laboral en los sectores público y
privado, prestándoles además asesoramiento y asistencia cuando sea
necesario.
12.13. Las mujeres con discapacidad deben recibir una formación de calidad
que les permita acceder a las oportunidades de empleo en el mercado laboral,
tanto público como privado, así como recibir oportunidades específicas de
formación a lo largo de toda la vida, con miras a disponer de la capacitación y
cualificación necesarias, en términos de responsabilidad y creación de
confianza y capacidad.
12.14. Cuando sea necesaria una formación específica, las mujeres con
discapacidad no deben ser puestas en situación de desventaja respecto a los
demás. Es preciso, además, que puedan acceder en condiciones adecuadas a
todos los programas de formación, incluyendo programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación
profesional y continua, y su participación en ellos debe ser fomentada de
manera activa.
12.15. Los programas de formación profesional existentes para mujeres deben
abrirse de manera especial a la participación de las mujeres con discapacidad,
incluida la teleformación, ofreciéndoseles servicios de apoyo cuando lo
requieran.
12.16. Debe asegurarse la alfabetización digital para las mujeres con
discapacidad que quieran acceder al mercado laboral, ofreciéndoseles
complementariamente financiación o créditos blandos para la adquisición de los
equipamientos tecnológicos y productos de apoyo requeridos para su
accesibilidad, así como su conectividad. Atención especial merecerán en este
asunto los colectivos de riesgo de exclusión (mujeres mayores, rurales,
inmigrantes, pertenecientes a minorías étnicas, con gran dependencia por
razón de discapacidad...), quienes deberán ser preferentes para la adjudicación
de las ayudas económicas señaladas.
Conciliación entre la vida laboral y la vida privada
12.17. La Unión Europea y sus estados miembros deben mejorar la conciliación
entre la vida laboral y la vida privada de las mujeres con discapacidad mediante
medidas efectivas basadas en sus demandas específicas. La transparencia de
los salarios, los procedimientos de contratación y las cotizaciones a la
seguridad social; la flexibilidad laboral horaria o el teletrabajo parcial; el
equilibrio de los costes derivados de la discapacidad en relación con la
maternidad y el cuidado de otras personas con grandes necesidades de apoyo;
la promoción del acceso universal a servicios de asistencia asequibles y de
calidad en distintas franjas horarias, como guarderías infantiles o servicios
asistenciales para las personas mayores y otras personas con grandes
necesidades de apoyo , pueden ser algunas posibilidades para tal fin.
12.18. Los servicios sociales competentes deben desarrollar medidas
adecuadas para apoyar a las madres con discapacidad o a las madres de hijos
o hijas con discapacidad en la búsqueda y consolidación de un empleo, retos
muchas veces imposibles de alcanzar por ellas mismas, como consecuencia de
la sobrecarga derivada del cuidado de sus hijos e hijas u otras personas con
grandes necesidades de apoyo, las exigencias del mercado laboral y una
formación no siempre acorde con las exigencias del mercado.
12.19. Los estados miembros deben mejorar la accesibilidad para el cuidado de
la infancia, especialmente mediante apoyo financiero, y deben reforzar las
estructuras públicas de cuidado infantil, ofreciendo incentivos a las empresas
para que creen este tipo de estructuras en sus instalaciones. Las mujeres con
discapacidad y las madres de hijos o hijas con discapacidad deben tener
prioridad en la adjudicación de éstos servicios.
12.20. Los Fondos Estructurales, en particular el Fondo Social Europeo, deben
utilizarse como instrumentos fundamentales para ayudar a que los países de la
Unión promuevan el mayor número de guarderías infantiles y servicios e
instalaciones asistenciales para las personas mayores y personas con grandes
necesidades de apoyo y otros servicios de asistencia personal, intentando
nuevas modalidades de cooperación organizativa y financiera de carácter
público- privado y nuevos dispositivos para la misma.
13. Nivel de vida adecuado y protección social
13.1. Dado que las mujeres con discapacidad están más expuestas al riesgo de
pobreza relativa (definida ésta como ingresos disponibles por debajo del 60%
de la mediana del país de residencia 3), se hace especialmente necesario
considerar su situación prioritaria en las políticas sociales y económicas, que
poca cuenta han tomado de ello hasta el momento a la hora de garantizarles su
derecho a un nivel de vida adecuado y a una efectiva protección social. La
confluencia de factores tales como la falta de una formación profesional
competitiva, el analfabetismo digital, la alta tasa de inactividad laboral, la falta
de acceso al mercado de trabajo, el desarrollo de actividades no
mercantilizadas, las diferencias de sueldo existentes entre hombres y mujeres,
los obstáculos creados por la ausencia de conciliación de la vida familiar y
laboral, la mayor esperanza de vida de las mujeres y, en general, las distintas
formas de discriminación por razón de género y discapacidad, determinan que
las mujeres con discapacidad integren uno de los grupos sociales más pobres.
13.2. Todas las medidas políticas que se adopten a nivel europeo y nacional
para combatir la pobreza deben tener en consideración la dimensión del género
y la discapacidad de forma conjunta, haciendo hincapié en la importancia de la
inclusión de las mujeres con discapacidad en el mercado laboral como factor
clave para luchar contra su pobreza y su exclusión social. Ya que en tiempos
de crisis económica y financiera las mujeres con discapacidad están
especialmente expuestas a realizar trabajos precarios, a perder sus empleos,
así como a gozar de una menor cobertura social, se deben asegurar medidas
que garanticen ingresos suficientes para gozar de un nivel de vida adecuado,
lo que incluye la alimentación, el vestido y la vivienda social, además de los
gastos relacionados con su discapacidad, como la contratación de la asistencia
personal para el desempeño de tareas relacionadas con la atención a la
infancia.
13.3. Los programas de vivienda pública tienen que considerar la perspectiva
de la discapacidad, no sólo tomando en consideración criterios de accesibilidad
del entorno construido y urbanístico (como la proximidad del vecindario o de
los servicios comunitarios a través del desplazamiento peatonal), sino también
garantizando la prioridad en la adjudicación a mujeres con discapacidad sin
ingresos, víctimas de violencia contra la mujer o en riesgo de abandono. Dada
la imposibilidad de muchas mujeres con discapacidad para comprar una
vivienda, se tienen que promover ayudas económicas para la eliminación de
barreras e incorporación de adaptaciones para el hogar en viviendas de alquiler
o viviendas antiguas, incorporando la obligatoriedad de la accesibilidad de los
espacios comunes en la legislación relativa a la propiedad horizontal.
13.4. Es necesario asegurar el fomento y promoción del empleo de las mujeres
con discapacidad en los sectores estratégicos de desarrollo, adoptando
3
Los hombres y mujeres con discapacidad en Europa: Análisis estadístico del módulo ad hoc de la Encuesta de
Población Activa y las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), Informe Final,
Comisión Europea, DG de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades (2007).
medidas particulares a favor de la formación inicial y continua, la inclusión
específica en el mercado laboral, la flexibilización de los horarios, la igualdad
salarial, la concesión de beneficios fiscales y la puesta en marcha de medidas
que les permitan el ejercicio de sus derechos sociales, como los derechos
durante el embarazo, el derecho al permiso de maternidad y de lactancia, la
adquisición de derechos de pensión y el acceso a la seguridad social.
13.5. Se debe impulsar el desarrollo de iniciativas destinadas a reconocer el
sector de la economía informal y cuantificar el valor de la "economía de la vida"
utilizando el enfoque específico del género. La Unión Europea y sus estados
miembros deben prever beneficios sociales apropiados para las mujeres que
cuidan familiares con discapacidad, las madres con discapacidad y las mujeres
mayores.
13.6. Especial mención merece la situación de las mujeres con discapacidad
que se constituyen en cuidadoras de otros miembros de la familia con grandes
necesidades de apoyo. No sólo hay que tener en cuenta su realidad mediante
los apoyos y recursos precisos, sino también evitar que el entorno familiar y
social las induzca a permanecer en el hogar, privándolas de su derecho a ser
incluidas en la comunidad y desarrollar su proyecto de vida libremente elegido,
para disponer de mano de obra barata cuidadora.
13.7. Las mujeres mayores con discapacidad tienen un mayor riesgo de ser
más pobre; en particular, en los Estados miembros en los que los sistemas de
pensiones predominantes basan su cálculo sólo en los ingresos y cotizaciones
a lo largo de la vida laboral. Estos sistemas de pensiones hacen que las
mujeres que han cuidado de los hijos o familiares con grandes necesidades de
apoyo, y las mujeres con discapacidad que no han podido trabajar se
encuentren en situación de desventaja, ya que los ingresos obtenidos a lo largo
de su vida laboral se han visto reducidos. Por consiguiente, es necesario
ofrecer una seguridad social adecuada a las mujeres encargadas del cuidado
de familiares enfermos, mayores o con discapacidad, así como a las mujeres
con discapacidad mayores que reciben una pensión reducida.
13.8. Las mujeres con discapacidad, independientemente de su grupo de
edad, están expuestas a un riesgo de pobreza mucho mayor que sus grupos de
referencia (hombres con discapacidad y mujeres en general) cuando se
separan de su cónyuge, al igual que les ocurre a las madres que tienen hijos o
hijas con discapacidad. Éstas deben recibir apoyo económico suficiente para
permitirles llevar una vida digna, sean solteras, casadas o se encuentren en
cualquier otro tipo de relación. Las prestaciones, ayudas, servicios, asistencia
personal, entre otros, no deben depender nunca de su estado civil. Si tienen
derecho a prestaciones sociales, éstas se entregarán directamente a las
beneficiarias.
13.9. El acceso de las mujeres con discapacidad a los servicios de crédito
financiero es muy limitado, lo que constituye un importante obstáculo para su
desarrollo e independencia económica. Las mujeres con discapacidad tendrán
derecho a prestaciones familiares, préstamos bancarios, hipotecas y otras
modalidades de crédito financiero en igualdad de condiciones con las demás
personas. Es necesario impulsar los planes de ahorro y créditos blandos, y los
programas de orientación y capacidad financiera, además de otras medidas
relativas a asuntos económicos que permitan a las mujeres con discapacidad
mejorar su situación.
13.10. La legislación en materia de consumo debe incorporar modificaciones
que garanticen el respeto de los derechos de las personas con discapacidad
como consumidoras de bienes y servicios en igualdad de condiciones con las
demás personas. Es preciso asegurar que las mujeres con discapacidad gocen
del mismo acceso a la información sobre los bienes y servicios disponibles en
el mercado, especialmente de aquéllos que utilizan con mayor frecuencia que
otros sectores sociales.
13.11. Es necesario establecer un diálogo social estructurado que permita a las
mujeres con discapacidad intercambiar experiencias y contribuir a superar las
situaciones de pobreza, ofreciendo ejemplos concretos de las mejores
prácticas a escala local, nacional y europea. La Plataforma Europea contra la
Pobreza debe tomar en consideración la situación de pobreza de las mujeres
con discapacidad, incorporando su inclusión en sus programas y medidas.
13.12. La Unión Europea y sus estados miembros deben facilitar datos e
información desglosada sistemáticamente por género y discapacidad en los
informes anuales y en el Informe conjunto anual sobre protección e inclusión
social.
14. Empoderamiento y liderazgo
14.1. Tal y como se reconoce en el artículo 29 de la CDPD, se debe garantizar
los derechos políticos de las personas con discapacidad, así como la
posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás. Es
necesario velar porque este derecho fundamental no se viole en el caso de las
mujeres con discapacidad, asegurando su participación plena y efectiva en la
vida política y pública, incluidos su derecho y su posibilidad de votar y ser
elegidas.
14.2. El acceso a la información debe ser considerado como un derecho
democrático de todas y cada una de las personas que componen la sociedad.
Las mujeres con discapacidad deben tener acceso a toda la información que
necesiten y deseen para poder ejercer sus derechos legales, políticos y
humanos. La transparencia de los procesos e instituciones políticos resulta
esencial para ello.
14.3. Las mujeres y niñas con discapacidad siguen quedando al margen de
todos los movimientos de derechos humanos. Es necesario asegurar que los
Informes Periódicos de los tratados de derechos humanos pertinentes de la
Unión Europea y sus estados miembros incluyan información sobre las mujeres
y niñas con discapacidad de oficio, en relación con cada uno de los derechos,
incluyendo la situación actual de hecho y la situación de derecho, información
sobre las medidas tomadas para mejorar su situación, así como las dificultades
y obstáculos que hayan tenido, especialmente en el ámbito rural. Esta práctica
debe extenderse a todas las instituciones que trabajen en la defensa de los
derechos humanos tanto en el marco europeo, como en el nacional, incluidas
las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus
familias, de mujeres en general o de mujeres con discapacidad.
14.4. Es necesario promover la autodefensa activa de las mujeres con
discapacidad en los programas generales dirigidos a su atención,
ofreciéndoles formación adecuada sobre sus derechos y los instrumentos
disponibles para demandarlos. Al mismo tiempo, es necesario favorecer el
establecimiento de redes sociales de apoyo y asistencia jurídica entre iguales.
14.5. Las diferentes estructuras, programas, acciones e iniciativas de la Unión
Europea y las correspondientes de sus estados miembros deben ayudar a las
mujeres con discapacidad en su empoderamiento y aumentar las posibilidades
de tomar parte activa en el desarrollo de sus sociedades. Los organismos
europeos y nacionales para la promoción de la condición de la mujer deben ser
reforzados y contar con la participación de mujeres con discapacidad,
asegurando que en sus mecanismos de participación y consulta no exista una
infra representación de las mujeres con discapacidad; sobre todo, en las
cuestiones que les afectan directamente.
14.6. Es necesario garantizar que se establezcan mecanismos y estructuras
que permitan que las voces de las mujeres con discapacidad se escuchen y
que éstas puedan participar políticamente como agentes, tanto en el seno de
las organizaciones de personas con discapacidad, como de mujeres en
general.
14.7. Las mujeres con discapacidad de Europa deben producir y difundir
información y material destinado a concienciar a los responsables de la toma
de decisiones comunitarios y nacionales sobre el riesgo de discriminación
múltiple contra las mujeres y niñas con discapacidad. Elegirán como objetivo
prioritario a las personas encargadas de las políticas relacionadas con las
personas con discapacidad en general, así como a las que se ocupan de la
igualdad entre hombres y mujeres.
Empoderamiento
14.8. El empoderamiento de las mujeres con discapacidad, entendido como la
capacidad de las mujeres para incrementar su auto-confianza, así como su
poder y autoridad de manera que puedan decidir en todos los aspectos que
afectan a su vida, se convierte en la necesidad urgente del momento, dado que
ni la sociedad, ni los poderes públicos, ni los movimientos de mujeres, ni
tampoco los de las personas con discapacidad, reconocen verdaderamente sus
necesidades e intereses. Es necesario apoyar y fortalecer las organizaciones,
redes y grupos dirigidos y gobernados por las mujeres con discapacidad en la
defensa de sus propios intereses colectivos, tal y como ellas mismas los
definan, sin perjuicio de su presencia a través de organizaciones mixtas o
específicas.
14.9. Se deben iniciar y apoyar programas especiales de mentorado en los
ámbitos local y regional de los distintos países europeos, en los que mujeres
pertenecientes al movimiento de las personas con discapacidad se apoyen
mutuamente a lo largo de las distintas etapas de desarrollo y empoderamiento
personales.
14.10. Las mujeres con discapacidad deben hacerse cada vez más visibles en
las diferentes organizaciones que se ocupan de cuestiones de discapacidad,
asuntos sociales, política y sociedad en general. Se deben emprender
proyectos específicamente diseñados con este fin, además de tomar medidas
financieras especiales que aseguren su participación. Su participación en los
asuntos de interés público dará como fruto medidas efectivas relativas a la
toma de decisiones que responden a sus necesidades y contribuyen a alcanzar
una sociedad plenamente inclusiva.
14.11. El Foro Europeo de la Discapacidad y todas sus organizaciones
miembros deben adoptar como directriz política importante la representación
paritaria de mujeres y hombres en la toma de decisiones en sus estructuras
orgánicas, incluido la designación de candidatos y candidatas a los distintos
puestos directivos y representativos de la organización.
14.12. Las mujeres con discapacidad deben participar activamente tanto en las
organizaciones de personas con discapacidad como en las organizaciones de
mujeres. Las organizaciones nacionales y europeas de personas con
discapacidad deben fomentar la creación de comités de mujeres con
discapacidad o grupos independientes de mujeres con discapacidad. El Foro
Europeo de la Discapacidad debe instar a sus miembros a que creen sus
propios comités, grupos y redes de mujeres.
14.13. Es preciso impulsar la presencia de mujeres con discapacidad en las
delegaciones nacionales a las reuniones, conferencias y comisiones
internacionales que se convoquen tanto sobre asuntos relacionados con la
mujer como sobre las personas con discapacidad. Se debe fomentar en
general la participación de las mujeres con discapacidad, y no sólo cuando
consten en el programa asuntos específicamente relacionados con ellas.
14.14. Las organizaciones y organismos de la mujer gubernamentales y no
gubernamentales, nacionales, europeos e internacionales deben integrar a las
mujeres con discapacidad y los asuntos relacionados con éstas en el
movimiento general de mujeres, llevando a la práctica planes de acción.
14.15. En el ámbito europeo, las mujeres con discapacidad deben trabajar, en
el marco del Foro Europeo de la Discapacidad, en estrecha colaboración con el
Lobby Europeo de Mujeres (EWL) en asuntos de interés común. Asimismo, es
necesario fomentar la colaboración a nivel nacional e internacional.
Liderazgo
14.16. La capacitación para el liderazgo debe ayudar a las niñas y mujeres con
discapacidad a mejorar la autoestima, fomentar su autonomía, y animarlas a
alcanzar posiciones de responsabilidad que las conviertan en miembros
plenamente integrados de sus comunidades, además de fomentar su
participación en el reparto de poder en todos los niveles de la sociedad y en
todos los países, especialmente en asuntos de interés público.
14.17. Se debe fomentar la participación de las mujeres con discapacidad en
los programas de formación de los organismos nacionales que se dedican a la
capacitación de líderes y ejecutivos. Asimismo, deben diseñarse programas
específicos para mujeres y niñas con discapacidad, que se considerarán parte
integral de los programas de formación existentes para mujeres.
14.18. Los seminarios de formación de líderes, programas educativos y
programas de formación laboral destinados al establecimiento de cooperativas
y actividades remuneradoras deben ser organizados localmente, e incluso en
las zonas rurales, para sensibilizar a las mujeres con discapacidad sobre su
propia situación en la comunidad e impulsar su participación activa.
14.19. Las distintas organizaciones regionales europeas y las estructuras de la
ONU deben ayudar a las mujeres con discapacidad a formarse para el
liderazgo a través de la elaboración de currículos modelo por parte de la OIT, la
FAO y la Unesco, para que puedan ser utilizados en los diferentes niveles de
liderazgo, en todos los países y a través de la cooperación técnica. Se debe
hacer todo lo posible por animar a las mujeres con discapacidad a que sean
formadoras.
15. Acceso a la cultura, al deporte y al ocio
15.1. Es necesario garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad puedan
disfrutar de manera autónoma y participar plenamente en todos los aspectos de
la cultura, el deporte y el ocio en igualdad de condiciones con las demás
personas, especialmente con respecto a sus poblaciones de referencia
(hombres con discapacidad y mujeres en general).
15.2. A fin de incorporar una correcta transversalidad del género en las
medidas, planificación, proyectos, programas y auditorías en materia de
accesibilidad a la cultura, al deporte y al ocio, se debe asegurar la participación
de las mujeres con discapacidad y de las organizaciones que las representan
en las instancias correspondientes (preferiblemente como consultoras,
asesoras o expertas), velando porque los diseños de entornos, bienes y
servicios relacionados directamente con estas esferas tomen en consideración
las necesidades y demandas específicas de la población femenina con
discapacidad.
15.3. Tomando en consideración que las mujeres con discapacidad disponen
de bajos ingresos, escasa participación en la vida laboral, dificultades para vivir
de forma independiente, frecuente ausencia de vehículo privado, así como
mayor longevidad con respecto a sus iguales masculinos, se ha de favorecer la
proximidad de los entornos de la oferta cultural, deportiva y recreativa a sus
domicilios habituales, incluidos los centros de día, residencias de mayores o
geriátricos, entre otros.
Acceso a la cultura
15.4. Se debe garantizar la plena inclusión y participación de las mujeres y
niñas con discapacidad en las actividades culturales, en igualdad de
condiciones con las demás personas, y velar por que puedan desarrollar y
utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio
beneficio, sino también para el enriquecimiento de la sociedad.
15.5. Es preciso fomentar un desarrollo artístico equilibrado, adoptando para
ello las medidas precisas para apoyar la creación artística realizada por
mujeres y niñas con discapacidad, emprendiendo acciones encaminadas a
hacer posible que, si es su interés, se conviertan en artistas profesionales en
las diferentes ramas de las artes.
15.6. Es imprescindible que dentro de la oferta cultural se incorporen productos
que también respondan a intereses específicos de las mujeres y de las niñas, y
tomar las medidas necesarias para que dicha oferta específica de mujeres sea
accesible para las que tienen discapacidad.
15.7. Se deben fomentar aquellos proyectos culturales en los que las mujeres y
niñas con discapacidad puedan desarrollar su creatividad. Las mujeres y niñas
con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás
personas, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
específica, incluidas la lengua de signos y la cultura de las personas sordas.
Acceso al deporte
15.8. Es un hecho constatado que las mujeres y niñas con discapacidad tienen
dificultades para acceder en igualdad con sus iguales de referencia a la
práctica deportiva. Es necesario asegurar la incorporación, permanencia y
promoción de las niñas y adolescentes con discapacidad de la práctica
deportiva desde el deporte escolar y el deporte de base, tanto individual, como
colectivo. Es necesario, igualmente, potenciar el deporte de élite en la práctica
femenina, favoreciendo becas para la preparación de competiciones
paralímpicas.
Acceso al ocio y a la vida recreativa
15.9. Las mujeres y niñas con discapacidad deben tener las mismas
oportunidades de participar en actividades recreativas, deportivas y de ocio, ya
sean de carácter general o específicas para las personas con discapacidad, y
de acceder a las instalaciones destinadas a tal fin. Las personas que organizan
estas actividades o se encargan de estas instalaciones deben ser conscientes
de este hecho y deben garantizar que sean accesibles para las mujeres y niñas
con discapacidad, incluso en el entorno escolar.
15.10. No debe olvidarse, finalmente, la necesaria accesibilidad que deben
reunir los entornos y ofertas culturales especialmente concebidos para el
público infantil.
16. Interseccionalidad, género y discapacidad
16.1. Como reconoce la CDPD en su artículo 6, Las mujeres y niñas con
discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese
respecto, deben adoptarse medidas para asegurar que puedan disfrutar
plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, garantizando su pleno desarrollo, adelanto y
potenciación.
16.2. Es necesario tener en cuenta y examinar cómo la existencia de diferentes
categorías de discriminación, construidas social y culturalmente (entre las que
se encuentran las derivadas de la situación económica, la raza, el origen
étnico, la clase social, la edad, la orientación sexual, la nacionalidad, la religión
y la cultura), interactúan en múltiples y, con frecuencia, simultáneos niveles,
contribuyendo con ello a una sistemática desigualdad social. La confluencia de
estos factores (que definen el concepto de “interseccionalidad”) en las mujeres
y niñas con discapacidad tiene un efecto multiplicador que potencia la
discriminación experimentada. Dicha discriminación procede de la forma en la
que las personas construyen sus identidades, que no reconoce la diversidad
existente entre las distintas mujeres con discapacidad y tiende a
homogeneizarlas en todos los espacios de socialización, entendiendo su
realidad desde una perspectiva excluyente. Es fundamental impulsar el uso de
un lenguaje común, claro y preciso que permita el reconocimiento de la
interseccionalidad en la discriminación de las mujeres y niñas con
discapacidad.
16.3. Las propias mujeres y niñas con discapacidad deben tomar conciencia de
la discriminación múltiple a la que se ven sometidas, y se les debe proporcionar
las herramientas y recursos necesarios, incluyendo la prestación de servicios
de asistencia apropiados con arreglo a su discapacidad y edad, así como a la
situación que dio paso a la discriminación, para poder ejercer sus derechos.
Esta toma de conciencia debe iniciarse desde niñas, a fin de prevenir la
ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación y debe basarse en su
derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten, opinión que recibirá la debida consideración, teniendo en cuenta su
edad y madurez.
16.4. Se debe invertir y promover la capacitación de las mujeres y niñas con
discapacidad en la promoción de liderazgos; especialmente, dirigida a las que
se encuentran en situaciones de mayor riesgo de exclusión por la confluencia
de otros factores de discriminación, a fin de proporcionarles acceso real a su
cuota de poder y empoderarlas para el ejercicio pleno de su ciudadanía.
16.5. Se debe luchar contra los estereotipos erróneos sobre las mujeres y niñas
con discapacidad, promoviendo desde los medios de comunicación campañas
de desmantelación de las representaciones sociales incorrectas hacia ellas que
propicien la construcción de una cultura pública adecuada, basada en el
respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales. La comunidad
educativa ha de velar porque las escuelas luchen activamente contra la
discriminación por motivos múltiples (sexo, discapacidad, raza, etnia,
religión...), reconociendo el valor de la diversidad humana y sus aportes
diferenciados a la sociedad.
16.6. Es necesario la adopción de un enfoque interseccional hacia las
desigualdades derivadas del género y la discapacidad en las políticas públicas,
que han de converger tanto en las dirigidas a las mujeres, como en las dirigidas
a las personas con discapacidad. Tales políticas han de ser más inclusivas y
estar atentas a la inclusión de la diversidad, promoviendo así la eliminación de
obstáculos a la inclusión social de las mujeres y niñas con discapacidad.
16.7. La Unión Europea y sus estados miembros deben apoyar a las mujeres
con discapacidad en situación de mayor riesgo de exclusión social por medio
de un sistema eficaz de políticas activas y medidas de formación adecuadas, a
fin de permitir su rápida adaptación a las necesidades del mercado laboral y
lograr luchar contra su pobreza mediante el empleo y el refuerzo de los
sistemas de protección social.
16.8. Se debe impulsar la realización de estudios sobre las mujeres y niñas con
discapacidad que se enfrentan a la discriminación múltiple. Tales estudios
deben tener en cuenta la situación específica de las mujeres con discapacidad
de distintas edades, distintas orientaciones sexuales, en zonas rurales, las
mujeres inmigrantes con discapacidad, las mujeres con discapacidad de
minorías étnicas, las mujeres con grandes necesidades de apoyo, las mujeres
con discapacidad víctimas de violencia de género, y las mujeres con
discapacidad en riesgo de pobreza.
16.9. Dado que es necesario analizar y definir la interseccionalidad en las
mujeres y niñas con discapacidad, asegurando la visibilidad de las
discriminaciones múltiples, la desagregación de los datos que conciernen a las
mujeres y niñas con discapacidad han de tomar en consideración los
principales indicadores de discriminación y su factor exponencial. Es necesaria
una mayor teorización y evidencia de las diferencias para lograr una mejor
comprensión de este fenómeno por parte de los distintos actores en el marco
de los Derechos Humanos.
16.10. La legislación europea y nacionales deben visibilizar y combatir las
situaciones de discriminación múltiple a la que se hayan visto sometidas las
mujeres y niñas con discapacidad, proporcionando los remedios adecuados y
garantizando su protección efectiva en igualdad.
Mujeres mayores
16.11. Dado que el envejecimiento es un proceso evolutivo íntimamente ligado
a la discapacidad, que provoca un desequilibrio ascendente entre los sexos
como consecuencia de la mayor longevidad de las mujeres, se hace necesario
prestar especial atención a las necesidades y demandas de las mujeres
mayores con discapacidad, escuchándolas y adoptando sus propios puntos de
vista como sujetos y no como objetos de derechos.
16.12. El género y la edad son dos variables que, unidas a la
discapacidad, perjudican a las mujeres en el acceso y permanencia en el
mercado laboral, limitando sus posibilidades de ascenso y poniendo coto a su
carrera profesional. Como consecuencia de actitudes negativas en directivos
hacia el envejecimiento femenino, las mujeres con discapacidad o mujeres
cuidadoras de personas con discapacidad tienen una vida laboral más corta y
su experiencia profesional es menos tenida en cuenta por aquéllos. La Unión
Europea y sus estados miembros deben favorecer acciones positivas a favor
de la contratación, permanencia y promoción de las mujeres con discapacidad
o cuidadoras mayores de 45 años, a través de incentivos fiscales para
empresas o criterio de prioridad en las administraciones públicas.
16.13. Es importante que las políticas sociales dirigidas a la tercera edad tomen
en consideración las consecuencias de la dependencia, la discapacidad y el
envejecimiento, prestando atención especial a la dimensión del género como
factor relevante de desigualdad. Las mujeres mayores con discapacidad deben
recibir una atención adecuada en todos los ámbitos de su vida, más allá de los
aspectos relacionados con su salud y cuidado personal, y deben poder elegir
dónde y cómo quieren vivir, ofreciéndoles actividades culturales, deportivas y
recreativas que favorezcan su inclusión en el entorno comunitario.
16.14. Teniendo presente que uno de los roles más importantes
desempeñados por las mujeres con discapacidad y madres de personas con
necesidades de apoyo generalizadas ha sido la actividad asistencial de
familiares y cónyuges, es necesario ofrecerles en su edad avanzada servicios
de cuidados para quienes están a su cargo.
16.15. Es necesario desarrollar nuevas funciones para las mujeres con
discapacidad en términos de creatividad, crecimiento personal y elección, dado
que alcanzan mayor esperanza de vida que los hombres y, en consecuencia,
tienen más probabilidades de llegar a la tercera edad y de permanecer más
tiempo en ella. Las políticas en materia de envejecimiento activo tienen que
tomar en consideración este hecho y ofrecer aprendizajes novedosos y útiles
para las mujeres mayores con discapacidad, como su alfabetización digital y
uso de tecnologías que favorezcan su autonomía personal en sus entornos
comunitarios.
16.16. Dada la importancia de las redes sociales en la vejez y la mayor
esperanza de vida femenina, se deben garantizar modelos de apoyo
adecuados para las mujeres mayores con discapacidad que les ayuden a
afrontar mejor las pérdidas de sus cónyuges y familiares.
16.17. Se debe garantizar la participación política de las mujeres mayores con
discapacidad en sus organizaciones representativas, velando por su igualdad
de oportunidades y no discriminación por razón de su sexo y edad.
17. Recopilación de datos y estadísticas
17.1. Es fundamental que la Unión Europea y los gobiernos nacionales adopten
medidas para incorporar la recopilación de datos y estadísticas que tengan en
cuenta el género en relación con la discapacidad en las encuestas existentes,
de conformidad con los principios de la CDPD. La recopilación de información
apropiada, respetando los derechos humanos y libertades fundamentales, los
principios éticos, las salvaguardias jurídicas, la protección de los datos, la
confidencialidad y la privacidad, permite a los gobiernos formular y aplicar
políticas para cumplir sus obligaciones en relación con los tratados
internacionales de derechos humanos.
17.2. Paralelamente, la Unión Europea y sus estados miembros deben
promover investigaciones y estudios cualitativos (como entrevistas,
observaciones, investigación etnográfica…) que son necesarias para
comprender la complejidad de la interseccionalidad o discriminación múltiple
que pueden sufrir las mujeres y niñas con discapacidad.
17.3. Si el Estado utiliza indicadores para realizar el seguimiento de la situación
respecto de los derechos de la mujer en general, las estadísticas deben
desagregarse también por discapacidad. Es necesario que la perspectiva de
género sea tenida en cuenta también en todas las investigaciones que se
vayan a emprender sobre las personas con discapacidad o relacionadas con
éstas, así como la perspectiva de discapacidad en las investigaciones sobre
mujeres y niñas, teniendo también en cuenta la interseccionalidad existente.
Los datos se utilizarán para identificar y abordar las barreras que tienen las
mujeres y niñas con discapacidad a la hora de ejercer sus derechos. Las
estadísticas no se centrarán únicamente en la prevalencia de la discapacidad.
17.4. Cada país debe emprender encuestas nacionales sobre la discapacidad,
empleando para ello un cuestionario tipo que tenga en cuenta los principios de
la CDPD de Naciones Unidas. La encuesta debe contemplar la situación de las
mujeres y niñas con discapacidad y permitir recabar datos sobre sus ingresos,
situación laboral, educación, el acceso a la salud, los derechos sexuales y
reproductivos, la maternidad y la conciliación de la vida privada y profesional,
entre otras cosas. Una encuesta de estas características permitirá analizar la
situación nacional y establecer comparaciones regionales e internacionales
17.5. La Unión Europea debe constituir un Comité de Discapacidad que cuente
con un grupo de trabajo específico sobre las mujeres con discapacidad.
EUROSTAT, la oficina de estadísticas de la Unión Europea, permite la
publicación de datos estadísticos sobre las personas desagregados por sexo,
por lo que se le debe exigir que asegure que los Estados Miembros de la Unión
Europea desagreguen los datos por sexo y discapacidad.
17.6. Es imprescindible formar en género y discapacidad a todo el personal
responsable de la recopilación de datos oficiales en encuestas y censos
realizados en hogares, así como las personas que trabajan en la interpretación
y análisis de los datos.
17.7. Las descripciones facilitadas por las propias mujeres y niñas con
discapacidad sobre su situación deben constituir la fuente de información
prioritaria. La interpretación y documentación que hacen las propias mujeres de
su experiencia puede sentar las bases para un amplio proyecto de
investigación a escala mundial sobre las mismas.
17.8. Se deben desarrollar actividades para alentar a las instituciones
académicas y los organismos de investigación que se dedican a estudiar la
situación de la mujer o la de las personas con discapacidad para que aborden
la situación específica de discriminación múltiple de las mujeres y niñas con
discapacidad, así como la de las madres de hijos o hijas con discapacidad.
Tales instituciones deberían favorecer la incorporación de mujeres con
discapacidad para el desarrollo de esas investigaciones y estudios académicos.
18. Cooperación internacional
18.1. La Unión Europea y sus estados miembros deben reconocer la
importancia de la cooperación internacional y el impulso de la misma en apoyo
a los esfuerzos nacionales para hacer efectivo el derecho de las mujeres y
niñas con discapacidad a gozar, plenamente y en igualdad de condiciones, de
todos sus derechos humanos y libertades fundamentales. Para ello, se deben
tomar las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, en asociación con
las organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil, velando
porque los intereses de las mujeres y niñas con discapacidad estén tomados
en consideración tanto en las políticas y los programas de cooperación en
materia de género, como en los de discapacidad.
18.2. La cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo
internacionales, debe ser inclusiva para las mujeres y niñas con discapacidad.
Para ello, es necesario implicar directamente a sus organizaciones
representativas (mixtas o específicas) en el diseño, desarrollo, seguimiento y
evaluación de las políticas de cooperación que se pongan en marcha a nivel
local, nacional, comunitario o internacional, mediante el intercambio y la
distribución de información, experiencias, programas de formación y mejores
prácticas.
18.3. Siguiendo los principios contenidos en el “Consenso Europeo”, la Unión
Europea debe fomentar que sus políticas, programas y proyectos de
cooperación al desarrollo, así como las de sus estados miembros, incorporen el
género y la discapacidad como asunto transversal, garantizando asimismo que
se elaboren proyectos específicos que impulsen la igualdad de oportunidades
de las mujeres y niñas con discapacidad.
18.4. Es necesario que la Unión Europea promueva que sus estados miembros
lleven a cabo estudios sobre la situación de las personas con discapacidad en
sus políticas de desarrollo nacionales para poder elaborar estrategias más
eficientes y eficaces de inclusión teniendo en cuenta la situación de mayor
pobreza de las mujeres y niñas con discapacidad. A su vez, la perspectiva de
género tiene que ser considerada en el trabajo de actualización de las
Directrices sobre Discapacidad y Desarrollo para las Delegaciones y Servicios
de la Unión Europea.
18.5. Es esencial formar en igualdad y discapacidad a todos los actores
implicados en el diseño de políticas de cooperación para el desarrollo,
ofreciendo información relevante sobre la situación de las mujeres y niñas con
discapacidad en relación a sus derechos humanos y libertades fundamentales
en zonas deprimidas económicamente o en países en desarrollo.
18.6. La Unión Europea debe garantizar que los posibles países candidatos a
formar parte de la misma, avancen en la promoción de los derechos de las
mujeres y niñas con discapacidad, asegurando que los instrumentos
económicos previstos para ofrecer apoyo antes de la adhesión se aprovechen
para mejorar su situación.
18.7. Es necesario que las organizaciones que operan a nivel regional y
subregional en Europa (como las instituciones de la Unión Europea, la
Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas, las oficinas regionales
de las agencias especializadas de la ONU, el Consejo de Europa, la
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, otros organismos
intergubernamentales y las ONGs regionales, incluidas las redes regionales de
los medios de comunicación) desarrollen acciones para promover la igualdad
de derechos de las mujeres y niñas con discapacidad en sus programas y
proyectos.
18.8. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, las Naciones Unidas, las
agencias especializadas y demás agencias donantes internacionales,
nacionales y locales, deben incluir la financiación de programas dirigidos a las
mujeres y niñas con discapacidad entre sus prioridades, asignando fondos al
respecto en sus programas generales y adjudicando financiación para
programas o componentes de programas dirigidos a las mujeres y niñas con
discapacidad.
18.9. Se debe animar a los países que forman parte de la Política de Vecindad
de la Unión Europea a que, mediante diálogos acerca de las políticas e
intercambios de experiencias, se interesen por la protección de los derechos de
las mujeres y niñas con discapacidad.
18.10. La Unión Europea debe incluir los derechos de las mujeres y niñas con
discapacidad en su cooperación bilateral y con terceros países a largo plazo
con las administraciones locales, ofreciendo apoyo económico directo en sus
políticas multilaterales de cooperación al desarrollo, mediante aportaciones
económicas a organizaciones internacionales, en la cofinanciación con las
Organizaciones no Gubernamentales de la Unión Europea y de otras partes del
mundo, y en las políticas relacionadas con la ayuda humanitaria.
18.11. Las organizaciones del sistema de Naciones Unidas y las
organizaciones gubernamentales regionales deben prestar apoyo económico y
de otra índole a las ONGs y las organizaciones activas que representan a las
mujeres con discapacidad, a fin de promover que las mujeres y niñas con
discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los
demás.
18.12. Se debe fomentar la participación europea activa de las mujeres con
discapacidad a través de sus organizaciones representativas (especialmente
del Foro Europeo de la Discapacidad, del Lobby Europeo de Mujeres y sus
miembros nacionales respectivos) en el seguimiento de los tratados
internacionales de derechos humanos, proporcionando información relevante
en informes alternativos que puedan dar cuenta de la situación de mujeres y
niñas con discapacidad con respecto a sus derechos humanos y libertades
fundamentales de forma interseccional.
18.13. Las políticas y programas dirigidos a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) en la Unión Europea y sus estados miembros
deben tener en cuenta el cumplimiento de aquéllos en las mujeres y niñas con
discapacidad. Se deben incluir indicadores con los que medir los progresos
alcanzados al respecto y poder realizar un seguimiento estrecho de los
resultados.
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