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LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Capítulo XXI

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LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL Capítulo XXI
MARANIELLO, Patricio
La cosa juzgada constitucional
Capítulo XXI
LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
Patricio MARANIELLO*
1. INTRODUCCIÓN
Una vez que se dicta sentencia y ésta queda firme, es decir, sin posibilidad de
presentar ningún tipo de apelaciones o acciones posteriores, se dice que estamos frente
a una cosa juzgada judicial.
Es por eso que una vez que la causa pasa a ser cosa juzgada, deviene con ello el
nacimiento del derecho de propiedad, y esto se encuentra protegido por la seguridad
jurídica que reviste toda decisión judicial.
Pero cuando la sentencia además de resolver el litigio entre dos partes (actora y
demandada) realiza un análisis de constitucionalidad y declara la inconstitucionalidad
de una norma, adopta una postura un poco más extensiva; a esto se lo llama “cosa
juzgada constitucional”.
Ello, que parece tan sencillo de explicar en la práctica, se choca con muchas
situaciones que requieren de un análisis muy preciso para delinear los caminos que
desarrollará la cosa juzgada constitucional, como por ejemplo, sus efectos expansivos.
Estas situaciones apuntadas precedentemente variarán según el tipo o la clase de
control de constitucionalidad que tenga el Estado, es decir, si están basados en el sistema
concentrado, difuso o mixto.
2. COSA JUZGADA
A) Concepto y características
La cosa juzgada es el efecto procesal por excelencia de un pronunciamiento judicial,
y podemos definirla como la influencia que ejerce cierta providencia sobre las posibles
declaraciones posteriores de cualquier otro órgano.
A partir de que una sentencia firme puede ser considerada como res iudicata pasa a
ser inatacable, inimpugnable, inmodificable, inmutable1 e imperativa, es decir, hay una
*
Profesor y Director de la Especialización en Derecho Constitucional y de la Integración Judicial en la
Universidad de Buenos Aires (UBA): [email protected]
1
COUTURE, Eduardo, Estudios de derecho procesal civil, Ediar, Bs. As., 1951.
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VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés (Director Científico)
Derecho Procesal Constitucional
imposibilidad material de abrir un nuevo proceso sobre la misma cuestión, existiendo
una verdadera prohibición de que en otro pleito se decida en forma contraria a lo fallado2.
Sabemos que conviven dos valores vinculados al concepto de cosa juzgada: seguridad
jurídica y justicia. Probablemente el escepticismo que surge de estos casos se funda en la
evidente ruptura del plexo axiológico y la sobrevaloración de la seguridad jurídica sobre
la justicia. Ello es lo que debemos analizar.
Hitters3 nos dice que la inalterabilidad de la cosa juzgada no es absoluta y que “la
Corte Suprema Nacional le ha fijado desde siempre a la seguridad jurídica
jerarquía constitucional y también a la cosa juzgada reconociendo la inalterabilidad de los
derechos adquiridos definitivamente por la mediación de una sentencia (11). A su vez
el tribunal citado le ha reconocido también al valor raigambre supralegal, al resaltar que
el preámbulo de nuestra Carta Magna estatuye como pauta fundante el “afianzamiento
de la justicia”.
La cosa juzgada se erige como una de las excepciones, de naturaleza perentoria,
enumeradas por el art. 347 del Código adjetivo. Similar a la litispendencia, pero más
profunda que ella. Cuando se ha llegado a una decisión en el pleito y los efectos de esa
decisión impiden que se planteen nuevamente las cuestiones entre las mismas partes,
por la misma causa4.
Los extremos fácticos habilitantes para la procedencia de la cosa juzgada entrañan a
las tres identidades (coincidencias) básicas del objeto, la causa, y las partes, dejando a
los jueces un suficiente margen de arbitrio para establecer en cada caso en particular si
ésta fue configurada.
B) Límites objetivos y subjetivos
La cosa juzgada tradicional tiene límites objetivos y subjetivos. Los primeros se
refieren al thema decidendum, en cuanto a que su fuerza se extiende a las cuestiones
litigiosas amparadas por la cosa juzgada, tanto en los fundamentos de la sentencia, como
en su parte dispositiva. En cuanto a los límites subjetivos, la cosa juzgada no puede
oponerse al que no ha tenido oportunidad de estar en el juicio: res inter alios judicata, aliis
nec nocere nec prodesse potest (lo que ha sido juzgado entre dos personas no apro-vecha
ni perjudica a terceros), la resolución se limita a las partes, es cerrada, inmodificable,
HITTERS, Juan Carlos, Revisión de la cosa juzgada, segunda edición, Librería Platense, p. 130.
HITTERS, Juan Carlos, ob.cit.
4
FALCÓN, Enrique, Código Procesal Civil Comercial de la Nación comentado anotado y concordado,
p. 52.
5
Podemos citar como ejemplo el art. 3450 del Código Civil, que en su primera parte establece que cada
heredero en estado de indivisión pueden reivindicar contra terceros detentadores los inmuebles de la herencia.
La doctrina mayoritaria sostiene que el coheredero reivindica para la comunidad, con lo cual la sentencia que
acoge la reivindicación aprovecha a todos los coherederos, no porque el demandante haya obrado en nombre o
representación de éstos, sino porque al reingresar el inmueble a la masa de inmue-bles de la herencia su valor
acrecentará el valor a dividir (ZANNONI, Eduardo, Manual de Derecho de las Sucesiones, 5° ed., Astrea, p.
279).
2
3
MARANIELLO, Patricio
La cosa juzgada constitucional
aun cuando hay excepciones, como en el caso de las obligaciones solidarias5 o en las
sentencias de estado civil que revisten autoridad de cosa juzgada erga omnes 6. En estos
últimos casos se dice que estamos frente a la extensión de la cosa juzgada.
La cosa juzgada puede ser interpuesta como excepción previa, como por ejemplo,
el art. 347 del Código Procesal Civil y Comercial Nacional (CPCCN) en su inc. 6º
que dice: “...Para que proceda esta excepción —cosa juzgada—, el examen integral de
las dos contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión
judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiaridad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el
nuevo juicio que se promueve...”.
C) Límites materiales
La cosa juzgada también tiene diferentes modos de apreciación, sea ésta sobre
materia civil o penal, pues la cosa juzgada penal si bien sirve de fundamento en lo que
respecta a los hechos para la causa civil, no suele extenderse en lo relativo la culpa. La
Corte Suprema de Justicia en la causa “Mendizábal de Etchart vs. Kenny”7, repitiendo
una doctrina ya establecida, dijo: “...La cosa juzgada reconocida por el art. 1103 del
Código Civil a la sentencia absolutoria queda limitada a la materialidad de los hechos
y a la autoría, sin comprender las valoraciones subjetivas que hacen a la apreciación de
la culpa (Fallos 315:727; 316:2824), por lo que llevada la cuestión a los estrados de la
justicia civil, puede indagarse en la medida en que la culpa civil es distinta en grado y
naturaleza de la penal si no ha mediado de parte del procesado una falta o culpa civil que
lo responsabilice pecuniariamente (Fallos 315:1324 y sus citas)”.
D) La cosa juzgada írrita
Morello afirma que debe aceptarse la acción de nulidad como instrumento
cancelatorio de la cosa juzgada írrita, es decir, la resultante de “una seudo laboral
jurisdiccional, por reconocer su presupuesto —la sentencia— la existencia de vicios
sustanciales radicales que determinan su nulidad”8. Según Hitters resulta admisible en
casos excepcionalísimos de sentencias intolerablemente injustas, cuando éstas padecen
de vicios sustanciales9.
Es importante recalcar y, con especial énfasis, desmitificar que el fraude o el dolo
son los únicos supuestos de la cosa juzgada írrita (como considera gran parte de la doctrina), por cuanto ha quedado demostrado que el abanico de hipótesis es mucho más rico
(v. gr...: error esencial, defecto formal de una resolución).
6
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, Estela, “La cosa juzgada en los procesos colectivos”, Revista de la Asociación
de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación, del 16/08/2012.
7
Fallos 331:2603 (2008) La Ley, 2009-A, 363.
8
MORELLO, “Pretensión autónoma de sentencia declarativa revocatoria de la cosa juzgada írrita”, ED,
36-288.
9
Fallos 332:1488 (2009) La Ley, 2009-E, 68.
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Derecho Procesal Constitucional
Entrando en el corazón del tema se advierte prístinamente que el tratamiento
dispensado por los precedentes judiciales, en cuanto a los supuestos que ameritan
revocar la cosa juzgada, resultan mucho más amplios y ricos que los mencionados por
la doctrina. Una vez más la “realidad” supera la “ficción”10.
Resulta fina la frontera que divide la viabilidad de la “acción de la cosa juzgada
írrita” con la “acción de daños y perjuicios” al responsable de hacer incurrir en un error
al juez o a este mismo. En otros términos, para que proceda la nulidad de la sentencia
será menester que la infracción provenga de una de los litigantes, del juez (y empleados
a su cargo) o de auxiliares de éste (peritos). Por el contrario, el caso paradigmático
se puede encontrar cuando el juez, con arreglo a una prueba informativa errónea (la
entidad evacua el informe faltando a la verdad, con o sin dolo), decide fundamentar
su reso-lución11. Es común advertir en estos supuestos que la parte que resultó vencida
en el pleito articule la nulidad de la sentencia, cuando en realidad lo correcto reside en
entablar una acción de daños y perjuicios al culpable de la fuente generadora del error.
Cuestión similar a ésta es cuando se acreditan los falsos testimonios de un testigo que
constituyó la base del fundamento de la sentencia12.
Si bien en el ámbito federal no existe una regulación normativa de este instituto, sólo
ha existido de la mano de la jurisprudencia, pero en las provincias sí fue incorporado a
los Códigos de Procedimientos, tales son los casos de Jujuy13 y Córdoba14, aunque en
esta última provincia se denomina recurso de revisión.
3. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
Los fallos que la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores —en el caso
de que no haya más recursos o acciones que presentar— dicten en ejercicio del control
de constitucionalidad se los denomina cosa juzgada constitucional. La cosa juzgada
es una categoría general del derecho y, por consiguiente, tiene una regulación unitaria
y uniforme en todos sus campos, sin perjuicio de una serie de especialidades que se
predican de acuerdo a la naturaleza del asunto debatido15.
GUERRERO, Agustín A., “Alcances de la cosa írrita”, La Ley 01/08/2005, 1 - La Ley 2005-D, 1297.
Conf. dictamen n° 37.077 del procurador gral. del trabajo del 12/11/2003 confirmado por la sala X de
la CNAT, in re “Instituto de las Clínicas Cardiovasculares SA vs. Aguirre Ángela Rosaura s/medida cautelar”
del 31/03/2004.
12
GUERRERO, Agustín A., ob.cit.
13
El art. 183 del Código de la provincia de Jujuy establece que “podrá pedirse, aun después de terminado
el proceso, la anulación de los actos procesales realizados mediante fraude, dolo o colusión. Esta anulación
que se hará valer conforme a los principios enunciados en los artículos anteriores, sólo podrá ser deducida
por la parte que hubiese estado imposibilitada, sin culpa suya, de ejercitar los respectivos remedios legales.
Cuando se trate de anular una sentencia ejecutoriada, la demanda se admitirá únicamente en el caso de que se
funde en un documento público o en uno privado otorgado por el adversario”.
14
El art. 395, inc. IV del Cód. Procesal Civil y Comercial de Córdoba, dentro del recurso de revisión,
dispone para su funcionamiento que la sentencia firme se hubiera obtenido en virtud de prevaricato, cohecho,
violencia u otra maquinación fraudulenta.
15
www.gerencie.com.
10
11
MARANIELLO, Patricio
La cosa juzgada constitucional
La cosa juzgada constitucional es una institución jurídico procesal, que muchas veces
tiene su fundamento en la misma norma constitucional en forma implícita16 o explícita.
Entre estos últimos tenemos el artículo 243 de la Constitución Política de Colombia17,
mediante la cual a las decisiones plasmadas en una sentencia de constitucionalidad se les
otorga el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. De ella surge una restricción
negativa consistente en la imposibilidad de que el juez constitucional vuelva a conocer
y decidir sobre lo resuelto.
Como hemos señalado, la cosa juzgada tiene ribetes diferenciados cuando estamos
frente a la cosa juzgada constitucional. Aunque sus características son diferentes si la
actuación judicial fue desarrollada en los sistemas concentrados, difusos y mixtos.
Esto podemos relacionarlo con los diferentes tipos de jueces; por un lado se
encuentran los jueces ordinarios, que se ocupan de resolver conflictos entre las partes,
y por otro, los jueces constitucionales, cuya tarea se elabora sobre la base del análisis
constitucional de las normas jurídicas. Cuando estamos en el sistema difuso, el juez es
tanto juez ordinario como constitucional, mientras que cuando estamos frente a sistemas
concentrados existe una división entre uno y otro. Y en los sistemas mixtos la separación
ya no radica en el órgano, sino en la materia a tratar, atento a que cuando se trata de
temas netamente constitucionales lo resolverá un tribunal específico creado al efecto, y
cuando estamos en situaciones de conflictos entre partes y además se pretende resolver
cuestiones constitucionales, dicha función la podrán ejercer todas las clases de jueces
asumiendo su rol ordinario y constitucional.
En el sistema difuso la sentencia resolverá la declaración de inconstitucionalidad
o su validez, y su pronunciamiento se aplicará sólo al caso concreto. En el sistema
concentrado o mixto —si es el tribunal especializado— los efectos serán erga omnes. En los tres sistemas la cosa juzgada constitucional puede extenderse, exhortando a
las autoridades para completar la norma vacía; la sentencia tendrá valor y eficacia sin
alterar el marco de adecuación constitucional, en la medida que no legisla ni se arroga
la potestad de hacerlo; solamente señala el defecto, aconseja su revocación; la deja de
aplicar en el caso concreto; advierte dónde están las imperfecciones, y también puede
aconsejar cómo llevar a cabo las reformas pertinentes.
Aunque consideramos que, en caso de suma urgencia y extrema necesidad, puede
llenar el vacío legal provisoriamente para resolver el caso concreto, sin arrogarse
funciones legislativas generales.
16
En la Argentina, si bien no existe ninguna norma que hable de la cosa juzgada constitucional en forma
expresa, se deduce que, según el art. 116 de la CN, dicha actividad la tienen la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y los tribunales inferiores, que son los únicos que pueden llevar a cabo la cosa juzgada constitucional.
17
Artículo 243 de la Constitución de Colombia: “...Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control
jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido
material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las
disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución….”.
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Derecho Procesal Constitucional
A) Sistema difuso
Una de las características más importantes del sistema difuso se centra en que la
declaración de inconstitucionalidad la puede declarar cualquier juez de cualquier
instancia, y que no hay declaraciones generales de inconstitucionalidad, sino resoluciones
de inaplicabilidad de ley al caso concreto.
Nuestro país ha adoptado el sistema de control difuso de constitucionalidad creado
en los Estados Unidos, llamado “revisión judicial” (judicial review); en realidad, no es
un proceso ni un recurso, sino un deber implícito de la jurisdicción, cuya pla-taforma y
esencia es la propia Constitución Nacional. Es por ello que las sentencias que emiten los
jueces del sistema difuso corresponden a ejercicios de “justicia constitucional”.
Sin embargo, el valor de la cosa juzgada es distinto en la Argentina y en los Estados
Unidos. Las diferencias son muchas en el campo del derecho común, y más reducidas
en el derecho constitucional.
En el derecho común anglosajón las reglas surgen de los precedentes, con lo cual ellos
adquieren un valor decisivo. En el derecho constitucional los jueces norteamericanos
parten, al igual que los de la Argentina, de un texto: la Constitución.
La elaboración del control difuso de constitucionalidad por parte de todos los jueces
tiene su formulación inicial en el caso “Marbury vs. Madison” de 1803. Para entenderlo
plenamente resulta necesario recordar que en 1793 la Corte norteamericana se negó a
responder consultas del Presidente, señalando que la Constitución no le otorgaba ese
tipo de función, a diferencia de lo que sucedía en la organización judicial inglesa y en
la práctica anterior de las colonias18. Allí se originó la elaboración del control a partir
del caso concreto y sin escapar de sus límites. Los jueces no exceden la función jurisdiccional, sino que al ejercerla deciden no aplicar, en un litigio, una ley, por ser contraria
a la Constitución.
En muchas ocasiones, el pronunciamiento del juez constitucional en una decisión
sobre la inconstitucionalidad de una norma puede producir lo que se llama en doctrina
los efectos expansivos de la cosa juzgada constitucional, que podrá ser en forma directa
o indirecta.
a) Efectos expansivos directos de la cosa juzgada
Los efectos expansivos directos de la cosa juzgada ocurren cuando existe una
pluralidad de sujetos alcanzados por los efectos de la sentencia, en virtud de previsiones
o precedentes que así lo reconocen. Así, el artículo 43 de la Constitución faculta al
defensor del pueblo o a asociaciones a peticionar sobre intereses colectivos; a través del
18
SWISHER, Carl Brent, El derecho constitucional de los Estados Unidos, Bibliográfica Argentina,
Buenos Aires, 1958, ps. 55 y ss.
MARANIELLO, Patricio
La cosa juzgada constitucional
amparo colectivo o lo resuelto por la Corte Suprema en el caso “Halabi”19 admite las
acciones de clase20.
En el caso señalado, frente a la falta de una ley en nuestro derecho que reglamente el
ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase21, el art. 43 de la Constitución
Nacional es operativo, y es obligación de los jueces darle eficacia cuando se aporta nítida
evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de
su titular, pues donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez
que sea desconocido, principio éste del que ha nacido la acción de amparo, ya que las
garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar
en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas limitaciones
no pueden constituir obstáculo para su vigencia efectiva.
En el caso “Halabi” la Corte argentina opera como legislador supliendo un vacío
legal pero sin declarar la inconstitucionalidad por omisión, es decir, dicta una sentencia
de tipo integrativa, en el aspecto de ocupar las disposiciones que la ley no contiene
pero se deducen de ella. Esta modalidad, como se utiliza en los derechos individuales
homogéneos, al igual que los amparos colectivos, no sufre agravios porque se usa con el
efecto expansivo de la cosa juzgada, que algunos la llamaron erga omnes, aunque alguna
parte de la doctrina no lo considera de ese modo22.
Sin necesidad de declarar la inconstitucionalidad por omisión, se podría haber
utilizado el llamado hábeas norma, que es justamente una acción autónoma que tiene un
procedimiento para, justamente, proteger y aplicar normas constitucionales que han sido
olvidadas o incumplidas23, manifestando su voluntad a tales efectos.
En EE. UU.24 se permite el ejercicio del opting out u opting in. En el primero, aquellos
que no están conformes y sean miembros del grupo implicado pueden manifestar que
no desean quedar vinculados por la resolución, y así la acción puede quedar limitada
a los partidarios del proceso. Mientras que opt in podrá optar por entrar en el proceso
como partes25.
CSJN in re “Halabi Ernesto vs. PEN, ley 25.873, - dec. 1563/04 s/amparo ley 16.986”, del 24/02/2009.
PALAZZO, Eugenio Luis, “La jurisprudencia internacional como fuente del derecho. Reflexiones a
partir del caso Artavia Murillo (fecundación in vitro)”, publicado en Doctrina Judicial en el mes de agos-to
de 2013.
21
Según lo entendido por la Corte en el mencionado caso Halabi, las acciones de clase son derechos de
incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
22
GOZAÍNI, Osvaldo A., Sobre sentencias constitucionales y la eficacia erga omnes, La Ley, 2007-D,
1242.
23
MARANIELLO, Patricio, “Hábeas norma”, www.eldial.com, 05/11/2012.
24
Además, en el sistema americano la revisión judicial de la legislación adquiere desde la doctrina del
precedente obligatorio (stare decisis) y el efecto erga omnes, un alcance aproximado, que no posee nuestro
país, al tener únicamente los fallos de la Corte Suprema de Justicia un valor ejemplificado.
25
En la Argentina en el caso del art. 54 de la ley de Defensa del Consumidor, se establece que “el acuerdo
deberá dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o usuarios individuales que así lo deseen puedan
apartarse de la solución general adoptada para el caso (opt out). Del mismo modo ocurre con el art. 33 de la
Ley General del Ambiente, —25.675— que permite dar por concluido de una vez y para siempre un planteo,
en tanto la sentencia tiene efectos de cosa juzgada para todos aquellos miembros de la clase que no se han
excluido expresamente a través de los medios legales previstos (opt out).
19
20
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VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés (Director Científico)
Derecho Procesal Constitucional
No debemos soslayar que como consecuencia de la aplicación de los efectos
expansivos directos de la cosa juzgada se puede producir el desplazamiento de algunos
principios procesales que se flexibilizan, como la congruencia en juicio (según la cual,
el juez debiera fallar conforme lo afirmado y probado por las partes), que pone de relieve
el impacto que tienen las decisiones judiciales cuando se ocupan de analizar y decidir
contingencias que, siendo motivo del caso en particular, trascienden a las partes para
instalar con la sentencia una suerte de modelo a seguir.
La aparición de nuevos tipos de conflictos originan la necesidad de modificar las
reglas tradicionales del proceso, pues cuando hay derechos colectivos o individuales
homogéneos pareciera que la sentencia individual no es suficiente, y que obligar al
conjunto de iguales a demandar para lograr la misma satisfacción, no sólo produce
desgaste jurisdiccional, sino, además, es un verdadero escándalo jurídico. De allí que la
extensión de la cosa juzgada, en estos supuestos, parece una respuesta muy atinada, pues
la identidad fáctica permitiría extender la eficacia del pronunciamiento a todos quienes
se encuentren en igual condición con iguales derechos.
b) Efectos expansivos indirectos de la cosa juzgada
La expansión indirecta de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad
se produce a través de la fuerza vinculante del precedente y muy especialmente la
resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene una obligación moral
de seguimiento.
Como hemos dicho, se configura la cosa juzgada cuando hay sentencia sin posibilidad
de recurso o acción. Pero además de ser inmodificable e intocable la sentencia, esta
decisión tiene diferente valor si estamos frente a resoluciones del Máximo Tribunal de
Justicia o de los tribunales inferiores en los sistemas difusos. O en el caso del sistema
concretado cuando estamos frente a las decisiones del Tribunal Constitucional.
La característica esencial de los sistemas difusos se basa en la idea de que todos
los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de las normas. Sin embargo, en la
Argentina dicha libertad no es tan así, pues resultan de obligatorio seguimiento los
precedentes desarrollados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación; en estos casos
la jurisprudencia de la Corte obra como precedente obligatorio26. Bien es sabido que, sin
incorporar exactamente el sistema del stare decisis anglosajón, la Corte ha establecido
la obligatoriedad de sus fallos en materia federal y constitucional, sujetándola a ciertas
pautas y requisitos27. Es por ello que debemos hablar del valor del precedente en la cosa
juzgada constitucional, pues lo expresado sólo se efectúa en cuestiones constitucionales
y federales. Los motivos principales se sustentan al ser la Corte Suprema de Justicia de
la Nación el último tribunal para la interpretación de la Constitución y las leyes que se
dictan al efecto.
BIANCHI, Alberto, “Análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema”, Sup. Esp. 2011 (febrero).
BIANCHI, Alberto B., “De la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema (una reflexión sobre la
aplicación del stare decisis)”. El Derecho (constitucional) 2000-2001, p. 335.
26
27
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La cosa juzgada constitucional
Esta doctrina ha sido reiterada en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación “Mauricio Fermín”,28 una causa penal en la cual la extensión del proceso afectaba
garantías constitucionales. La cuestión fue expresada en los siguientes términos: “...El
apartamiento de tan clara jurisprudencia del Tribunal, sin justificación expresa, se opone
al deber que tienen las instancias inferiores de conformar sus decisiones a las sentencias
de la Corte dictadas en casos similares, en virtud de su condición de intérpre-te supremo
de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia, espe-cialmente en
supuestos en los que dicha posición ha sido invocada por el apelante (Fallos 320:1660,
1821; 321:2294 y 3201, entre muchos otros)…”29.
En otro caso, la Corte revocó un fallo de una cámara de apelaciones de La Rioja que
había omitido aplicar el precedente “Campillay vs. La Razón”30. Según dijo el Tribunal:
“...Lo expuesto demuestra que se ha configurado un desconocimiento extremo, en
realidad una tergiversación, de la doctrina establecida por esta Corte en los fallos
aludidos que basta para descalificar el pronunciamiento apelado en la medida de que
se opone al deber que tienen las instancias inferiores de conformar sus decisiones a las
sentencias de este Tribunal dictadas en casos similares, en virtud de su condición de
intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia
(Fallos 307:1094; 319:2061; 320:1660; 325:1227, entre muchos otros)”(considerando
14).
Con similar criterio, la Corte no deja de recordar la “fuerza moral” que debe
asignársele a sus precedentes. Así, en “Romero vs. Lema31, una causa relativa a
la suspensión de la subasta de un inmueble, en la cual los magistrados del Tribunal
Superior de Córdoba se apartaron sin fundamentos suficientes de un precedente de la
Corte Suprema32; la Procuración General en su dictamen —que fuera seguido por el
Máximo Tribunal— sostuvo que “ ...no obstante las decisiones de la Corte Suprema
se circunscriben, como es obvio, a los procesos concretos que le son sometidos a su
conocimiento, no cabe desentenderse de la fuerza moral que emana de su carácter
supremo, sin verter argumentaciones que la contradigan, pues como VE tiene dicho
dada la autoridad institucional de los fallos del Alto Tribunal en su carácter de supremo
intérprete de la Constitución Nacional y las leyes, de ello se deriva el consecuente deber
de someterse a sus precedentes (v. doctrina de Fallos 315:2386 y sus citas)”.
Con relación a la diferencia con nuestro sistema, en Estados Unidos señalan Rivera y
Legarre: “La expansión indirecta de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad
se produce a través del principio del stare decisis vertical33, que consiste en la obligación
Fallos 331:1664 (2008) La Ley online.
Aclaramos que esta frase pertenece al dictamen de la Procuración General (ver punto III) al cual la
Corte se remite.
30
Fallos 308:789 (1986) La Ley, 1986-C, 411.
31
Fallos 332:1488 (2009) La Ley, 2009-E, 68.
32
Se trataba del Banco del Suquía SA vs. Tomassini, Fallos 325:428 (2002) La Ley, 2002-C, 254.
33
En 1958 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en el caso “Cooper vs. Aaron” resuelve
adoptar el sistema del precedente (stare decisis) según el cual las sentencias de ella obligarían a los tribunales
inferiores. El caso se origina ante la inejecución de la famosa sentencia dictada por la Corte Federal en Brown
vs. Board of Education. (P. 358 US 4).
28
29
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Derecho Procesal Constitucional
de los jueces de resolver los casos que se encuentran pendientes de decisión ateniéndose
al holding de las sentencias precedentes dictadas en casos similares por jueces de
jerarquía superior”34. Mientras que en la Argentina tan sólo resultan de obligatorio
seguimiento moral los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los fallos
plenarios de las Cámaras de Apelaciones, con una diferencia sustancial, puesto que
los primeros surgen de su propia jurisprudencia y de los fallos plenarios del Código
Procesal Civil y Comercial Nacional35.
Sin duda, el valor del precedente insinúa una especie de “legislación indirecta” o
“mediata”, porque el juez pierde espacio para interpretar según su leal saber y entender,
debiendo aplicar la doctrina legal que le llega impuesta, sin perjuicio de poder dejar a
salvo su opinión y la posibilidad de no seguir el precedente cuando existen elementos
que resulten diferentes a los de aquél.
En América el sistema difuso tan sólo es seguido por Canadá y Argentina, aunque
en esta última únicamente en el ámbito federal. En el resto de América algunos optaron
por volcarse al régimen concentrado implementado en Europa, otros le asignaron un
valor moral a las sentencias de los Tribunales Superiores concentrando allí la función
de la declaración de inconstitucionalidad, pero en líneas generales, la tendencia tiene
constantes cambios y adaptaciones.
c) Los efectos legislativos de la cosa juzgada constitucional
En ciertas ocasiones los jueces advierten que los hechos del proceso trascienden el
análisis de la normativa, debiendo asumir un rol más activo que el que cumplen. En el
control difuso, la mera inaplicabilidad no se consideró suficiente y comenzaron a darse
sentencias exhortativas e integradoras de la norma aplicada, dándole una referencia
aditiva a su alcance originario.
Ello se inició como exhortación directa o indirecta a la autoridad legislativa para
que supliera con otra la ley que se había encontrado inconstitucional (sentencias
exhortativas). Después se aventuró que, ante la demora (inejecución de la sentencia),
el tribunal podía actuar como legislador de emergencia, modulando con sus fallos el
diagrama legal (sentencias interpretativas).
En doctrina esto se ha llamado declaración de inconstitucionalidad por omisión,
y ha tenido su regulación normativa en los juicios de amparo, luego de la reforma
constitucional de 1994, en el art.43, párrafo primero de la Constitución Nacional.
Existen otras legislaciones que han avanzado un poco más y han permitido sentencias
34
RIVERA, Julio César y LEGARRE, Santiago, “Los efectos de la declaración de inconstitucionalidad
en los Estados Unidos y en la Argentina”, EDCO 2006, p. 303.
35
Aunque la ley 26.853 ha sustituido dichos artículos por el nuevo artículo 288, donde en su inc. 3° le da
la atribución de unificar la doctrina a las nuevas Cámaras de Casaciones. Al respecto debemos men-cionar
que existen varias presentaciones y algunas decisiones de juzgados de primera instancia federal donde han
declarado la inconstitucionalidad de esta modificación.
MARANIELLO, Patricio
La cosa juzgada constitucional
que legislan con el sentido y el alcance que tiene crear la norma, como por ejemplo el art.
436, inciso 10 de la Constitución de Ecuador que dispone que la Corte Constitucional
puede “…declarar la inconstitucionalidad en que incurran las instituciones del Estado o
autoridades públicas que por omisión inobserven, en forma total o parcial, los mandatos
contenidos en normas constitucionales, dentro del plazo establecido en la Constitución o
en el plazo considerado razonable por la Corte Constitucional. Si transcurrido el plazo la
omisión persiste, la Corte, de manera provisional, expedirá la norma o ejecutará el acto
omitido, de acuerdo con la ley…”.
Colombia tiene la figura desde la Constitución de 1886, aunque se implementa con
el nombre de “inconstitucionalidad de la omisión legislativa” en la carta de 1991. La
Corte Constitucional Colombiana también ha utilizado esta herramienta bajo el prisma
del activismo judicial, en fallos tales como: la legalización de la eutanasia, la protección
del derecho a la inviolabilidad parlamentaria de los congresistas, la irrazonabilidad de
la prohibición de aumentar salarios de los funcionarios del Estado36. Aunque la Corte
ha descartado la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad por omisión absoluta ya
que, según ésta, no tendría competencia.
Sin embargo, la exclusión no es absoluta porque se admite cuando el tipo de
imprevisión parte de supuestos de diferenciación o discriminación que vulneren
derechos fundamentales. En estos casos, la sentencia puede corregir los vicios, pero no
parece que fuera propiamente una sentencia legislativa, sino, antes bien, del tipo de las
llamadas “correctivas”37.
En México varios Estados resolvieron asumir en sus Tribunales Superiores locales la
posibilidad de dictar sentencias exhortativas. Como por ejemplo, el Estado de VeracruzLlave modificó su Constitución Política en el año 2000; prevé la figura de la acción por
omisión legislativa. Si bien no dicta sentencias normativas, la decisión sólo exhorta
a que se integre el ordenamiento legal, siendo competente la sala constitucional para
estudiar y elaborar un proyecto de sentencia informativa al pleno del Tribunal Superior
de Justicia para su resolución definitiva. Esta entidad limita la acción a los casos en que se
estime que el Congreso no ha aprobado alguna ley o algún decreto y que esto constituya
violación a la Constitución, confiriendo legitimación para promoverla al gobernador del
Estado y a cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos, otorgando un plazo de
dos períodos de sesiones para expedir la ley o el decreto en cuestión38.
En Bolivia existe el recurso de inconstitucionalidad por omisión, el cual si bien no
36
LÓPEZ DAZA, Germán Alfonso, “El juez constitucional colombiano como legislador positivo: ¿un
gobierno de los jueces?”, en Memorias del Primer Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional
(en homenaje a Héctor Fix Zamudio), 26, 27 y 28 de julio de 2010, Bogotá, p. 174.
37
RAMÍREZ CLEVES, Gonzalo A., “El control de constitucionalidad sobre las omisiones legislativas
en Colombia”, exposición del autor en las II Jornadas Colombo Venezolanas de Derecho Constitucional,
Universidad Externado de Colombia, octubre de 2006.
38
RANGEL HERNÁNDEZ, Laura, “La acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa
en la Constitución mexicana. Un avance en el acceso a la justicia constitucional”, en Revista Cuestiones
constitucionales, n° 18, enero-junio 2008, Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, México.
519
520
VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés (Director Científico)
Derecho Procesal Constitucional
está dentro de la Constitución, fue desarrollado por el otrora Tribunal Constitucional
(hoy Tribunal Constitucional Plurinacional) aunque limitado al caso de omisiones
legislativas parciales . La función es creadora, porque con la figura de la doctrina legal
más probable se establece un sistema de fuentes que adiciona en la ley una lectura no
prevista.
En Brasil el art. 103-2 de la Constitución de 1988 contiene una prescripción donde
se detalla la posibilidad de “…declarada la inconstitucionalidad por omisión de una
medida para hacer efectiva la norma constitucional, se dará noticia al poder competente
para que adopte las providencias necesarias, y, tratándose de un órgano administrativo,
para que lo haga en treinta días...”. Este artículo prevé que la omisión provenga de
cualquiera de los tres órganos de gobierno: Legislativo, Ejecutivo o Judicial, pero los
jueces no pueden integrar el vacío legal que existe en la norma.
La doctrina italiana nos habla de las sentencias sustitutivas e integradoras, ya que
en la parte resolutiva, la Corte, en la sentencia, puede corregir la legislación objeto de
control integrando el precepto, convirtiéndose de esta manera no sólo en un legislador
negativo, sino también en un legislador positivo y activo dentro del proceso judicial.
Aquí vemos cómo la cosa juzgada constitucional no sólo resuelve conflictos
constitucionales, sino que también cumple un rol creador en donde se permite el dictado,
de manera provisional, de una medida que cumpla con la omisión o la negligencia
del Poder Legislativo o Ejecutivo según el caso, a través, primero, de las llamadas
sentencias manipulativas y luego, en caso de silencio, de las sentencias integradoras.
Existe también la posibilidad de dictar sentencias legislativas, que se entienden como
aquellas que le indican al legislador cómo debe ser creada la norma futura inexistente o
recreada en los casos de declaración de inconstitucionalidad.
Por lo tanto, en Italia existen las sentencias manipulativas (donde se pide al órgano
la integración o la modificación de la norma), las sentencias integradoras (cubre el vacio
o modifica la ley), y las sentencias legislativas (indican la forma de crear nuevas normas
o cumplir con los requerimientos dados).
En la Argentina esta función judicial se ha llevado a cabo en el resguardo del derecho
a la salud; siendo una obligación positiva del Estado, está en permanente conflicto en
cuanta área se observe, obligando a los jueces a resolver a sabiendas de la inejecución
por parte de las autoridades públicas.
Podemos citar dos casos emblemáticos: “Beviaqcua”40 y “Monteserrín”41; en ellos
la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió integrar el derecho vigente con los
39
RIVERA SANTIVÁÑEZ, José Antonio, El recurso de inconstitucionalidad en Bolivia, Sucre, 2002,
ps.123 y ss.
40
CSJN in re “Campodónico de Beviacqua Ana vs. Min. Salud - Sec. Programa de Salud y Bco. de Drogas
Neoplásicas”, del 24/10/2000 (Fallos 323:3235).
41
CSJN in re “Monteserrín Marcelino vs. Estado Nacional —M.S. y A.S. —”, del 16/10/2001 (Fallos
324:3571).
MARANIELLO, Patricio
La cosa juzgada constitucional
estándares provenientes de los instrumentos internacionales de derechos humanos,
dando relevancia al interés superior del niño que necesita una protección y asistencia
especial, eludiendo así todo conflicto de competencias o deberes entre organismos
responsables de la atención.
En la Ciudad de Buenos Aires por el decreto N° 690/06 se creó el “Programa de
Atención para familias en situación de calle”; la justicia porteña dispuso que atento el
principio de no regresividad, no se puede aplicar una norma que pusiera al afectado en
una situación más desfavorable en relación con la que cursa en la actualidad42. En el caso
corresponde confirmar la sentencia apelada mediante la cual se concedió la ampliación
de la medida cautelar anteriormente otorgada y se ordenó al Gobierno de la Ciudad que
adoptara las medidas que estimara necesarias con el fin de garantizar—hasta tanto se
resuelva la cuestión de fondo—el alojamiento de la actora y su grupo familiar, a través
del pago necesario de una locación u otro medio adecuado al fin perseguido, teniendo en
consideración que se ha demostrado que el medio elegido por el Gobierno de la Ciudad
para cumplir con la medida oportunamente dispuesta no resulta actualmente adecuado
para solucionar la situación de emergencia habitacional de la familia amparista. En
efecto, considerando que actualmente el subsidio primigeniamente otorgado por el
Gobierno de la Ciudad a fin de cumplir con lo ordenado oportunamente ya no resulta
suficiente para garantizar el acceso de los amparistas a una vivienda digna, la decisión
recurrida no configura más que una medida tendiente a que se dé cabal cumplimiento a
la tutela precautoria previamente dispuesta43.
Pero ello no solo ha acontecido en la ciudad de Buenos Aires sino en muchos Estados.
Las emergencias económicas, que han atravesado y que aun atraviesan muchos Estados
Latinoamericano, africanos o Europeos (Ej. Grecia), ha tenido como resultado una grave
crisis social, que ha obligado al Poder Judicial a resolver las situaciones sociales que
padecía un gran número de habitantes, mayoritariamente de sectores medianos o bajos.
Si bien estas situaciones deberían haber tenido soluciones mediante normas emanadas
del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, estas decisiones políticas jamás llegaron
y llevo a que los jueces, con un grado mayor de involucramiento, tomar medidas a los
efectos de cubrir las necesidades básicas sociales que encontraban y aun se encuentran
insatisfechas o abandonadas.
Dicho de otro modo, toda la sociedad puso en cabeza de los jueces la solución
que tendrían que tener justamente las leyes; pero acorraladas con las graves carencias
sociales las sentencias constitucionales han provocado un necesario efecto expansivo de
la cosa juzgada constitucional, agregando una función que antes carecía; nos referimos
al nuevo rol de juez legislador positivo provisorio, concreto y efectivo.
En un reciente estudio realizado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
42
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, “V. C. L. vs. GCBA y otros s/
amparo”, del 03/06/2009.
43
Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, “G. A. P. vs. GCBA” del
16/03/2009.
521
522
VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés (Director Científico)
Derecho Procesal Constitucional
y por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)44, se han analizado las
dificultades que atraviesan los efectos legislativos en las sentencias constitucionales en
cuestiones sociales; para una mejor comprensión se han divididos en tres tipos de casos;
1) los individuales, que son generalmente de fácil implementación; 2) los colectivos
medianos, que pueden acarrear algún grado de dificultad, pero tienden a implementarse;
y 3) los colectivos estructurales, que generalmente se enfrentan con niveles de dificultad
superiores en el acatamiento.
Los casos elegidos provienen de diferentes jurisdicciones (federales, provinciales
y de la Ciudad de Buenos Aires), de distintas jerarquías judiciales (Corte Suprema,
cámaras, juzgados de instancias), y de diversas competencias (civil, contencioso administrativo, seguridad social, electoral); no obstante, los problemas que se presentan son
afines y transversales a todos los casos.
Los jueces se encuentran frente a situaciones novedosas para la función judicial en las
que se sienten inseguros respecto del curso de acción a adoptar y —en su
mayoría—
muestran una marcada resistencia a desarrollar una actividad intensa en un contexto
de ausencia de regulación y ante procesos que rompen el paradigma de la actuación
judicial tradicional. Esta actitud se profundiza en los jueces más conservadores quienes
se sienten desorientados y reacios a experimentar y establecer mecanismos de su propia
autoría que van contra los principios del derecho procesal histórico. Con el actual
ordenamiento procesal, estos jueces sienten que cumplen con su función a pesar de
hacer poco y nada para lograr la efectiva implementación de sus decisiones y actuar sólo
a instancia de parte. Más aún, sienten que comportarse de otra manera iría contra los
límites que vislumbran para la actuación del poder judicial45. El compromiso del juez en la efectiva implementación de su sentencia se transforma
en una variable clave, y si le agregamos el nivel de presión y coordinación de los
ciudadanos puede ser un factor relevante para que incidan en las chances de lograr que
las sentencias de carácter social sean efectivamente implementadas.
B) Sistema concentrado
En contraposición al sistema difuso, se encuentra el control concentrado de
constitucionalidad; éste surge en Europa después de la Primera Guerra Mundial.
Aparece en las constituciones de Checoslovaquia y Austria, ambas de 1920, pero su
mejor elaboración se da en la segunda, cuyo texto refleja las ideas más exactas de Hans
Kelsen46. A partir de allí se difunde en Europa occidental, y cuando desaparecen los
gobiernos totalitarios se expande al sur, centro y este del continente americano, y a
44
SIGAL, Martín; MORALES, Diego; ROSSI, Julieta, “Algunas consideraciones iníciales
sobre
la implementación de sentencias de derechos sociales en Argentina”, www.escrnet.org/usr_doc/Morales,_
Sigal_y_Rossi_-_Argentina.pdfLa.
45
Ibídem.
46
Luego de realizar la nueva Constitución que es finalmente terminada en 1920, Kelsen es nombrado
como miembro vitalicio del Tribunal Constitucional austríaco.
MARANIELLO, Patricio
La cosa juzgada constitucional
buena parte de Iberoamérica, Asia y África. En ese proceso los distintos Estados fueron
incorporando variaciones al modelo originario, por ejemplo, ampliando la legitimación,
habilitando que los jueces lleven a estos tribunales casos concretos cuando advierten
posibles inconstitucionalidades. Incluso algunos países admiten un control mixto, que
procura combinar ambos sistemas.
En el sistema concentrado se instituye el ideario de la sentencia que legisla, pero no
actúa como creador de normas, sino evitando que ellas consagren inconstitucionalidades;
es por dicho motivo que al sistema se lo llamó de legislación negativa, dado que los
efectos expansivos de la cosa juzgada constitucional hacen que toda norma declarada
inconstitucional sea nula, y como consecuencia de ello es expulsada definitivamente del
sistema jurídico, produciendo efectos erga omnes desde su resolución.
El dilema fue dar ubicación institucional jurisdiccional; su estructura estuvo
naturalmente resistida por la autoridad parlamentaria que veía sesgada su función
creadora; así como la administración la observó como un esquema de intromisión y
obstáculo47.
El tiempo demostró que la genialidad del sistema encontró conflictos polémicos con
la jurisdicción común, tanto en materia de competencias como en asuntos más graves
situados en las Altas Cortes, quienes veían resignada la autoridad de la cosa juzgada de
sentencias revisadas por los tribunales constitucionales, que utilizaron la violación al
debido proceso como puerto de entrada y posibilidad de actuar48.
C) Sistema mixto
Como hemos señalado, los sistemas constitucionales se han hibridado, es decir, se
atemperó el sistema concentrado o se flexibilizó el sistema difuso, dando lugar al sistema
mixto. Este último se ha desarrollado con un tribunal único que resolverá las acciones de
constitucionalidad directa abstracta, mientras que en los demás casos concretos continúa
con el sistema difuso.
En la Argentina, este sistema mixto fue regulado por las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En esta última, expresamente establece la Constitución
local en el artículo 113, que (...) “la declaración de inconstitucionalidad hace perder
vigencia a la norma salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro de
los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros
presentes. La ratificación de la Legislatura no altera sus efectos en el caso concreto ni
impide el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces y
por el Tribunal Superior”.
En la provincia de Río Negro, también la Norma Fundamental regula la abrogación
47
GOZAÍNI, Osvaldo, “El efecto legislativo de las sentencias constitucionales”, Sup. Doctrina Judicial
Procesal 2013 (junio), p. 1.
48
Ibídem.
523
524
VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés (Director Científico)
Derecho Procesal Constitucional
en el artículo 208: “Cuando el Superior Tribunal de Justicia, en juicio contencioso,
declara por unanimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad de un precepto materia
de litigio contenido en una norma provincial o municipal puede, en resolución expresa
dictada por separado, declarar abrogada la vigencia de la norma inconstitucional que
deja de ser obligatoria a partir de su publicación oficial. Si la regla en cuestión fuere una
ley, el Superior Tribunal de Justicia debe dirigirse a la Legislatura a fin de que proceda a
eliminar su oposición con la norma superior. Se produce la derogación automática de no
adoptarse aquella decisión en el término de seis meses de recibida la comunicación del
Superior Tribunal de Justicia quien ordena la publicación del fallo”.
La provincia de Tierra del Fuego establece en el artículo 159 la declaración de
inconstitucionalidad: “Cuando el Superior Tribunal de Justicia declare por unanimidad
y por tercera vez la inconstitucionalidad de una norma jurídica materia de litigio, podrá
resolver la suspensión de su vigencia en pronunciamiento expreso dictado por separado,
el que será notificado en forma fehaciente a la autoridad que la dictara y dado a conocer
en el diario de publicaciones legales dentro de los cinco días de emitido”.
En iguales términos, la provincia de Chubut, siempre hablando del texto
constitucional, sostiene en el artículo 175: “Cuando el Superior Tribunal de Justicia
declara por dos veces consecutivas a tres alternadas la inconstitucionalidad de una
norma legal, ésta deja de tener vigencia a partir del día siguiente a la publicación oficial
de la sentencia definitiva”.
4. COSA JUZGADA INTERNACIONAL
La influencia y la incorporación del derecho internacional o transnacional les agregó
un plus; no es sólo el deber de custodiar la supremacía constitucional, sino también
dar operatividad y eficacia a los derechos del hombre regulados en instrumentos
internacionales.
Esto significa que la función jurisdiccional se ha ampliado, y no sólo tenemos al
juez ordinario y al juez constitucional, sino también al internacional, enriqueciendo la
normatividad interna con los instrumentos internacionales que no se identifican entre
fronteras ni se recortan a los límites territoriales, como se tiene regulado en América
latina a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el Pacto San
José de Costa Rica.
Con estas características los jueces han advertido que el rol de aplicar el derecho
constitucional era sólo una parte de su función. La influencia y la incorporación del
derecho internacional o transnacional (sistema americano de protección de los derechos
humanos) les agregaron un deber más emanado por los tratados internacionales de
derechos humanos.
Además, la CorteIDH puso en claro que la figura de la res judicata no resulta aplicable
cuando el procedimiento culmina con el sobreseimiento de la causa o la absolución del
MARANIELLO, Patricio
La cosa juzgada constitucional
responsable de una violación constitutiva de una infracción al derecho internacional, si
se ha sustraído al acusado de su responsabilidad penal o cuando el procedimiento no
fue tramitado de manera imparcial o independiente con arreglo a las debidas garantías
procesales49.
Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa
juzgada “aparente” o “fraudulenta”50. Resultará baladí hacer ver que tales postulados
que permiten la alteración de la res judicata son enteramente válidos en el derecho
comparado y también en el argentino interno desde antiguo51.
La cosa juzgada constitucional sobre derechos humanos ha tenido, a través de los
fallos de la CorteIDH, un efecto expansivo muy especial que va más allá del análisis y
la protección de los tratados de derechos humanos con el ordenamiento interno.
La CorteIDH ha considerado que no es suficiente con la simple indemnización a las
víctimas o a sus familiares, sino que en los últimos tiempos ha impuesto la obligación
estadual de suprimir las normas y las prácticas infractoras a la Convención y, en caso de
vacío normativo, impuso el dictado de preceptos y el desarrollo de prácticas en favor de
las víctimas (no basta con “no hacer”, a veces hay que “hacer”).
No nos olvidemos que en algunas circunstancias ese Tribunal les mandó a los
gobiernos, por ejemplo, la supresión de normas y prácticas infractoras a la Convención52
y, en caso de vacío normativo, el dictado de preceptos y el desarrollo de prácticas a
favor de las víctimas. También en algunas situaciones le mandó al Estado “pedir perdón”53, dar disculpas públicas a los afectados54, dictar medidas educativas y cursos
49
CorteIDH. Caso “La Cantuta”, párr. 153, del 29/11/2006. Criterio que la CorteIDH venía manejando
desde antiguo, por ejemplo, en el “caso Barrios Altos” (cit.).
50
CorteIDH. Caso “La Cantuta” (cit.), párr. 153. Conf. caso “Almonacid Arellano y otros”, nota 6, párr.
154; Caso “Gutiérrez Soler”, sentencia de 12 de septiembre de 2005, serie C N° 132, párr. 98, y caso “Carpio
Nicolle y otros”, sentencia del 22 de noviembre de 200, serie C N° 117, párr. 131.
51
HITTERS, Revisión de la cosa juzgada, segunda edición, Ed. Platense, con colaboración de Manuel
Hernández, 2001, ps. 187 y ss.
52
CorteIDH. Caso “La Cantuta“ (cit.), párr. 172. Conf. caso “Almonacid Arrellano” nota 6, párr. 118, del
26/09/2006. CorteIDH. Caso “Ximenes Lopes vs. Brasil”, sentencia del 4 de julio de 2006, serie C N° 149,
nota 6, párr. 83, y caso “La Última Tentación de Cristo”, párr. 85, del 05/02/2001.
53
CorteIDH. Caso “La Cantuta” (cit), Voto del juez García Ramírez, párrs. 24 a 30. Destaca el magistrado
que la solicitud de perdón, a raíz de una gravísima falta, implica la puesta en marcha de un valor ético
específico para quien la formula y para quien la recibe. “...En términos generales, la petición de perdón a raíz
de una falta grave reviste un valor ético específico para quien la formula y para quien la recibe. En estos casos,
quien la expresa no es — aunque pudiera ser, en algunas ocasiones— la persona que cometió el agravio. Se
trata de una manifestación que posee carácter formal, más bien que sustancial. Es el Estado, a través de un
agente suyo, quien pide perdón por la conducta ilícita perpetrada por otro agente del Estado. Este es el sujeto
directamente responsable — desde el punto de vista moral, además de jurídico—; en cambio, aquél es extraño
a los hechos, se halla vinculado al proceso por la investidura que ostenta, no por la culpa que tiene, y es ajeno
a los profundos sentimientos, al íntimo dolor, a la grave alteración que los hechos provocaron en la víctima...”.
(párr. 27).
54
CorteIDH. Caso “Masacre de Pueblo Bello”, párr. 296.14, del 31/01/2006.
525
526
VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés (Director Científico)
Derecho Procesal Constitucional
sobre derechos humanos55, erigir monumentos56, prohibir la pena de muerte57, evitar
la discriminación por género58, modificar la constitución interna59, mandar a dictar
nuevamente una sentencia60, dictar un pronunciamiento penal para que se identifique y
sancione a todos los responsables del asesinato cometido61, etcétera.
55
En el caso de la “Masacre de Mapiripán”, párr. 316, del 15/09/2005. La Corte ha reiterado continuamente
la necesidad de la “educación” en materia de derechos humanos. En el tantas veces citado caso “La Cantuta vs.
Perú”, luego de condenar al Estado señaló que, como consecuencia de la infracción, el país “...deberá adoptar
medidas tendientes a formar y capacitar a los fiscales y jueces, incluidos aquellos del fuero penal militar, en
cuanto a los estándares internacionales en materia de protección judicial de derechos humanos. Para ello, el
Estado deberá implementar, de igual manera, en un plazo razonable, programas permanentes de educación en
derechos humanos dirigidos a aquellos funcionarios” (párr. 241) ... “Dentro de dichos programas se deberá
hacer especial mención a la presente sentencia y a los instrumentos internacionales de derechos humanos”
(párr. 242) ... “Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y gastos están
comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana,
puesto que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional
como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas cuando la responsabilidad internacional
del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto a su reembolso, corresponde al
Tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades de la
jurisdicción interna, así como los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano, teniendo
en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de la protección
de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad y tomando
en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre que su quantum sea razonable” (párr. 243.).
56
CorteIDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” (cit), párr. 335.12. En el citado caso “Castro Castro”, y
en el ámbito de las llamadas reparaciones simbólicas, la Corte ordenó que dentro del término de un año a partir
de la publicación del fallo, todas las víctimas del lamentable suceso carcelario ya aludido, estén representadas
en un monumento llamado “Ojo que llora” de Lica Mutal, enclavado en Lima (Puntos Resolutivos 12 y 17).
57
CorteIDH. Caso “Raxcacó Reyes vs. Guatemala”, sentencia del 15 de septiembre de 2005, serie C N°
133, párr. 31.
58
CorteIDH. Caso del “Penal Miguel Castro Castro”, voto del juez Cançado Trindade, párr. 8, 25/11/2006.
59
CorteIDH in re “La Última Tentación de Cristo vs. Chile”, del 5 de febrero de 2001. Otro ejemplo
pero en forma indirecta, lo tenemos en México cuando la CorteIDH en el caso “Radilla Pacheco” ((2009)
condenó a ese país por la violación de varios derechos consignado en la CADH ordenado reformar el art. 57
del Código de Justicia Militar referente a la imposibilidad de juzgar a los civiles en dicho fuero. Ello fue la
antesala de la posterior modificación constitucional del año 2011, incluyendo en su artículo 1° la supremacía
y el cumplimiento de los derechos humanos enunciados en los tratados internacionales. Además, en la misma
reforma constitucional se aprobó otra en materia de amparo, de gran importancia, donde se incorpora la
posibilidad de que las sentencias tengan efectos erga omnes, admitiendo los casos de interés legítimo, etcétera.
60
En el caso “Bulacio”, la CorteIDH condenó a la Argentina por violar los artículos 4°, 7°, 8°, 25 y 1.1
de la Convención, en esta oportunidad por la muerte de un joven por parte de la policía. Dispuso allí que se
investigue y se sancione a los responsables y que sean indemnizados los familiares. La Corte Nacional —en
un interesantísimo decisorio y por entonces con una nueva integración— cambió de tornas y —con algunas
disidencias, pero en concordancia argumental— acató a cabalidad aquella sentencia (Corte Suprema de la
Nación Argentina, “Espósito, Miguel Ángel s incidente de prescripción”, E.224 39 del 23 de diciembre del
2004 (La Ley, 2005-C, 1). A tal punto que dejó sin efecto un fallo local que había decretado la prescripción de
la acción penal a favor del imputado (Comisario Espósito), disponiendo que se lo juzgue nuevamente. Pese a
las disidencias antes señaladas, todos los integrantes de la Corte Nacional (con algunas variantes argumentales)
han acatado el pronunciamiento aludido partiendo de la base de que ella como parte del Estado debe cumplir
los fallos de la Corte Interamericana, aunque —en este caso— tal actitud perjudique el derecho de defensa
en el derecho interno, que tiene raigambre constitucional. En este aspecto, el Dr. Fayt puso de relieve que si
bien es cierto que hay que acatar el fallo del aludido cuerpo regional (Fallos 321:3555), ello no significa que
haya que restringir los derechos procesales de los individuos; la competencia de la Corte Interamericana —
añadió— se refiere exclusivamente a la responsabilidad del Estado y no a la de los individuos.
61
CorteIDH in re “Almonacid Arellano y otros vs. Chile” (2006).
62
CorteIDH, casos: “Barrios Altos vs. Perú” (14/03/2001); “La Cantuta vs. Perú” (29/11/2006) y
“Tribunal Constitucional vs. Perú” (31/01/2001).
MARANIELLO, Patricio
La cosa juzgada constitucional
En los últimos tiempos la Cort IDH, refiriéndose al derecho interno peruano y a partir
de los casos “Barrios Altos”, “El Tribunal Constitucional de Perú” y especialmente en
“La Cantuta”, ha puesto énfasis en señalar los efectos erga omnes de sus fallos para
todo el derecho interno de un país, en este caso, Perú62. La CorteIDH se comportó como
un Tribunal constitucional anulando las leyes de amnistía con efecto erga omnes. Se
observa entonces cómo dicho órgano ha “amplificado” notablemente su tradicional
postura, sosteniendo ahora que la obligación de sus pronunciamientos no se agota en su
parte resolutoria (vale para el caso particular), sino que se multiplica expansivamente a
los fundamentos de los fallos, obligando a los tres poderes del Estado para la generalidad de los casos similares63.
El propio Tribunal Constitucional de dicha Nación ha ratificado los efectos atrapantes
de los decisorios de marras de la siguiente manera: “...La vinculatoriedad de las sentencias
de la Corte Interamericana no se agota en su parte resolutiva (la cual, ciertamente, alcanza
sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o
ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio de la [Cuarta Disposición Final y
Transitoria] CDFT de la Constitución de Perú y el artículo V del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para
todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no
haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la
Convención que tiene la Corte Interamericana, reconocida en el artículo 62.3 de dicho
tratado, aunada al mandato de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación
de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso, sea vinculante
para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal [...]
La cualidad constitucional de esta vinculación derivada directamente de la CDFT de
la Constitución, tiene una doble vertiente en cada caso concreto: a) reparadora, pues
interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte,
queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección;
y, b) preventiva, pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias
institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la [Corte Interamericana],
de las que, lamentablemente, nuestro Estado conoce en demasía. Es deber de este
Tribunal y, en general, de todo poder público, evitar que este negativo fenómeno se
reitere”64.
A todo ello habrá que agregarle que la CorteIDH no sólo condena y ordena se efectúen
ciertas medidas por parte del Estado demandado, sino que además en los últimos tiempos
viene ejerciendo la importante misión de verificar el cumplimiento de sus sentencias,
convirtiéndose en un juez de ejecución de sus fallos, controlando y supervisando su
acatamiento. Si bien ya lo venía realizando a través de su jurisprudencia, el art. 69 de su
nuevo Reglamento dice que dicho trámite se realizará mediante los informes a presentar
63
HITTERS, Juan Carlos, “¿Son vinculantes los pronunciamientos de la Comisión y la CorteIDH?”.
LL 2008-E-1169.
64
Tribunal Constitucional en el caso “Arturo Castillo Chirinos”, expediente N° 2730-06-PA/TC, del 21
de julio de 2006, párrs. 12 y 13.
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VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés (Director Científico)
Derecho Procesal Constitucional
por los Estados, las observaciones de las propias víctimas y de la CorteIDH o también
podrá acudir a cualquier tipo de información65.
En lo que hace a las sentencias de la CorteIDH debemos decir que según el art.
68.1. de la CADH son obligatorias y que los Estados están compelidos a cumplirlas en
todos los casos en que sean parte. El art. 65 de la CADH dispone que la CorteIDH debe
someter a consideración de la Asamblea de la OEA asuntos en que los Estados desoigan
sus fallos.
Con respecto a la Argentina, la CorteIDH ha condenado al país en once (11) casos,
de los cuales seis (6) están siendo supervisados por el aludido Tribunal Interamericano.
En la práctica, la modalidad de recepción de los fallos de la CorteIDH es lisa y llana,
pues sus resoluciones no se consideran extranjeras y, por ende, no necesitan ningún tipo
de homologación ni exequátur. En el país actúan en consuno y con mucha eficiencia dos
organismos: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería, que luego de
recibida la sentencia propicia generalmente un espacio de acuerdo con los reclamantes,
y previamente propone, generalmente, un reconocimiento de la responsabilidad
internacional y da un propuesta de solución a la Comisión y a la CorteIDH.
A tales efectos, no debemos dejar de destacar que existen países, como Venezuela,
que han negado la ejecución de una sentencia de la CorteIDH66. Mientras otros Estados
recurren a la doctrina del margen de apreciación, donde se supone que los Estados
tienen un espacio de discrecionalidad según el cual pueden fijar el alcance de los
derechos, según su realidad social, siempre y cuando no atenten contra sus obligaciones
convencionales67. De lo anterior se desprende que el fundamento principal de esta
doctrina consiste en que el derecho no puede ser ajeno a las realidades sociales de los
Estados68. Según lo dispuesto por el TEDH o Tribunal de Estrasburgo, es válido que
los Estados hagan uso de un margen de apreciación en cuanto a la aplicación de los
derechos convencionales en casos en que no haya un consenso interestatal frente al tema
de referencia, y cuando el Estado sea un Estado de Derecho y cuente con una sociedad
democrática69.
65
HITTERS, Juan Carlos, “Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana”, LL diario del
06 de junio de 2012.
66
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia in re “Chocron Chocron vs. Venezuela” (2011).
67
“T.E.D.H. Handyside vs. UK”. Judgment, of december 7, 1976.
68
Se puede dar el caso en que un Estado que pueda encontrarse demandado ante la Corte DH aplique el
margen de apreciación nacional, y entre sus fundamento de defensa diga que se cumple con los dos elementos,
toda vez que i) no hay un consenso interamericano (que puede ser una situación, como por ejemplo, al
matrimonio de parejas homosexuales, pues de los treinta y cuatro Estados del continente americano únicamente
dos lo permiten en todo su territorio —Argentina y Uruguay— y tres lo permiten en algunos de sus Estados
federados —Brasil, México y Estados Unidos de América—); y ii) según se desprende de los hechos del caso,
el Estado ha sido un Estado democrático de Derecho, caracterizado por el imperio de la ley, el respeto por la
persona humana y la separación de poderes.
69
BARBOSA DELGADO, Francisco R., “El margen nacional de apreciación en el derecho internacional
de los derechos humanos: entre el Estado de Derecho y la sociedad democrática”, en ACOSTA ALVARADO,
Paola y NÚÑEZ POBLETE, Manuel (coords.) El margen de apreciación en el SIDH: proyecciones regionales
y nacionales. www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3160.
MARANIELLO, Patricio
La cosa juzgada constitucional
Es pertinente señalar que la CorteIDH también se ha referido a la doctrina del
margen de apreciación en casos contenciosos70, y especialmente en la OC-4/84 donde
se expresó la utilidad de esta doctrina, estableciendo que debía aplicarse en casos de una
eventual evaluación del derecho a la igualdad y no discriminación71.
Lo ideal sería que ese espacio de análisis en función de las particularidades jurídicas
del Estado en cuestión sea un margen de apreciación y no un reservorio de arbitrariedad,
aunque en cualquier caso deberemos rendirnos ante la evidencia de que se trata de una
noción “resbaladiza”. Dicho de otra manera, en abstracto (y no sin reservas) acaso
podría ser una herramienta apta —como actitud deferente hacia el Estado— sólo en la
medida en que sea empleada mesurada y razonablemente72.
En muchas ocasiones, el Estado parte en la CADH debió eliminar de su ordenamiento
jurídico y está impedido de crear o generar leyes que vulneren los derechos asegurados
convencionalmente73, como ocurrió en el caso “Almonacid Arellano vs. Chile” con el DL
2191 de 1978 de amnistía74; o en el caso “La Cantuta vs. Perú”75 con leyes de amnistía76,
o más recientemente, en el caso “Gelman vs. Uruguay”77 sobre la Ley de Caducidad de
la Pretensión Punitiva del Estado, determinando que estos preceptos legales carecen de
efectos jurídicos, esto es, son inaplicables.
La CorteIDH no ha mencionado el margen de apreciación nacional en ningún caso
donde la Argentina fue parte, sin embargo, la Comisión utilizó la fórmula de “la cuarta
instancia”. Ésta no puede ser utilizada como una instancia revisora de los tribunales de
justicia para corregir errores de hecho o de derecho que hayan cometido internamente
dentro de sus competencias, salvo que exista “evidencia inequívoca” de vulneración de
las garantías del debido proceso protegidas por la CADH. Por lo tanto, la Comisión y
la CorteIDH sólo pueden actuar cuando haya una violación a las normas de la CADH.
70
CorteIDH. Caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y
costas), Sentencia del 2 de julio de 2004, serie C No. 107, párr. 161. CorteIDH. Caso “Barreto Leivavs.
Venezuela” (fondo, reparaciones y costas), sentencia del 17 de noviembre de 2009, serie C No. 206, parr. 90.
CorteIDH. Caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica” (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y
costas), sentencia del 28 de noviembre de 2012, serie C No. 257, parrs. 237-240.
71
Opinión Consultiva OC-4/84. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica
relacionada con la naturalización, 19 de enero de 1984, serie A No. 04, párrs. 58 y 62.
72
BAZÁN, Víctor, “Control de convencionalidad, aperturas dialógicas e influencias jurisdiccionales
recíprocas”, Revista Europea de Derechos Fundamentales, N° 18, 2º semestre 2011, Fundación Profesor
Manuel Broseta e Instituto de Derecho Público Universidad Rey Juan Carlos, Valencia, España, 2012, p. 63.
73
Como se explicita en el caso, “en consecuencia dichas ‘leyes’ no han podido generar efectos, no los
tienen en el presente ni podrán generarlos en el futuro”.
74
CorteIDH. Caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, excepciones preliminares, fondo, reparaciones
y costas, sentencia del 26 de septiembre de 2006, serie C No. 154.
75
CorteIDH. Caso “La Cantuta vs. Perú”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 29 de noviembre de
2006, serie C No. 162.
76
Como se explicita en el caso, “en consecuencia dichas ‘leyes’ no han podido generar efectos, no los
tienen en el presente ni podrán generarlos en el futuro”.
77
CorteIDH. Caso “Gelman vs. Uruguay”, fondo y reparaciones, sentencia del 24 de febrero de 2011,
serie C No. 221, párrafo 223.
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VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés (Director Científico)
Derecho Procesal Constitucional
5. LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL
La Corte Constitucional de Colombia ha expuesto que todo tribunal, y en especial
la Corte Constitucional, tiene la obligación del respeto al principio de igualdad, puesto
que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez.
Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios
jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones.
Esto no significa obviamente que, en materia de jurisprudencia constitucional, el
respeto al precedente y a la cosa juzgada constitucional deban ser sacralizados y deban
prevalecer ante cualquier otra consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede
petrificar el ordenamiento jurídico, sino que además podría provocar inaceptables
injusticias. Se debe entonces aceptar que todo sistema jurídico se estructura en torno
a una tensión permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica —que implica
jueces respetuosos de los precedentes— y la realización de la justicia material del caso
concreto —que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las
situaciones nuevas—”78.
Esto nos lleva a la reflexión de que si bien la cosa juzgada constitucional tiene cierto
grado de inmutabilidad ello no nos puede llevar a que se eternicen las sentencias que
dispusieron la inconstitucionalidad o constitucionalidad de una norma, pues la realidad
es cambiante, y justamente la justicia necesita de esa constante actualización por parte
de los jueces.
Un ejemplo lo tenemos en estados de emergencia, cuando un juez debe resolver
normas dictadas por el Poder Ejecutivo o Legislativo que tratan de modificar o
atemperar una crisis económica. Seguramente esas normas hubiesen sido declaradas
inconstitucionales en tiempos normales, y el juez debe ser más flexible en estas
especiales circunstancias; ello tampoco nos puede llevar a considerar convalidar normas
que no respeten la Constitución, sino que se flexibilizan ciertas situaciones.
La Argentina ha vivido situaciones de crisis económica en los años 1990 y 2001,
donde se han dictado normas de emergencia que transformaban los depósitos bancarios
en bonos del Estado a pagar en cinco o diez años; aquí la Corte dijo que el derecho
constitucional de propiedad no puede ser destruido, pero podría ser aplazado en el
tiempo cuando existan motivos muy graves que ello lo requiera.
El carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión
con la realidad, puede conducir a que en determinados casos resulte imperativo que
el juez constitucional deba modificar su interpretación de los principios jurídicos para
ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva —aun cuando no hayan habido
cambios formales en el texto fundamental—, lo que incide necesariamente en el juicio
de constitucionalidad de las normas jurídicas.
78
En la sentencia C - 447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
MARANIELLO, Patricio
La cosa juzgada constitucional
El concepto de “Constitución viviente” puede significar que en un momento
dado, en vista de los cambios económicos, sociales, políticos e incluso ideológicos y
culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, —
que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas
realidades—, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento
en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben
regir el juicio de constitucionalidad de una determinada norma. En estos casos, no se
puede considerar que el fallo vulnere la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte de
un marco o de una perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a
precisar los valores y los principios constitucionales, y permiten aclarar o complementar
el alcance y el sentido de una institución jurídica79.
A) Inmutabilidad relativa
La norma jurídica se declara inconstitucional sin posibilidad de ser objeto de más
recurso, pero, por diversas razones, el tribunal de justicia ha limitado su escrutinio a
los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa misma norma
pue-da ser nuevamente reexaminada en el futuro a través de otro proceso. Es decir, es
la propia Corte quien en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa
juzgada.
Aquí existe una presunción en contra, atento a que hasta que el tribunal de justicia
no señale que los efectos de una determinada providencia tienen inmutabilidad relativa,
se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a la inmutabilidad absoluta.
De ese modo, es la parte en el juicio quien debe demostrar que la declaración
de inconstitucionalidad reviste el carácter de inmutabilidad relativa por lo dicho
expresamente por el tribunal de justicia en la causa en cuestión.
B) Inmutabilidad absoluta
Se considera como cosa juzgada absoluta cuando el pronunciamiento constitucional
de una disposición a través del control abstracto de constitucionalidad no se encuentra
limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o
inexequible en su totalidad y frente a todo el texto constitucional. Se ha cerrado toda
discusión constitucional.
C) Inmutabilidad formal y material
Cuando se trata de una causa que tenga identidad de objeto80 e identidad de causa
Corte Constitucional Colombiana, sentencia C - 447 de 1997.
En este caso la demanda debe versar sobre la misma pretensión material sobre la cual se predica la cosa
juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre
una o varias cosas o sobre una relación jurídica.
79
80
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VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés (Director Científico)
Derecho Procesal Constitucional
pretendida (eadem causa petendi)81, este evento hace que no se pueda volver a revisar
la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado.
Pero cuando una disposición cuyos contenidos normativos son exactamente iguales,
la cosa juzgada constitucional produce como efecto la inmutabilidad material y opera
respecto del contenido de la norma. La limitación es muy amplia e involucra a las partes
en juicio, a los jueces y la competencia del legislador, que le impide reproducir el
contenido material de la norma que no se ajusta a la Carta Fundamental.
Ello se encuentra regulado en el párrafo segundo del artículo 243 de la Constitución
Política de Colombia, según el cual “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido
material del acto declarado inexequible por razones de fondo…”.
Y ello será en cada proceso concreto, y serán justamente los Tribunales Judiciales
a quienes les corresponde desentrañar en cada caso y frente a cada disposición si
efectivamente se puede predicar la existencia de que la cosa juzgada constitucional tenga una inmutabilidad absoluta o relativa, en aras de garantizar tanto la integridad y la
supremacía de la Constitución como la de los fines y los valores propios de la institución
de la cosa juzgada constitucional.
6. A MODO DE CONCLUSIÓN
La cosa juzgada es el efecto impeditivo que, en un proceso, ocasiona la preexistencia
de una sentencia judicial firme dictada sobre el mismo objeto. Es firme una sentencia
judicial cuando en derecho no cabe contra ella algún recurso impugnativo que permita
modificarla. Este efecto impeditivo se traduce en el respeto a lo decidido sobre lo mismo,
en un juicio anterior.
Implica inmutabilidad de la decisión, ella puede ser formal (pues los efectos pueden
desvirtuarse en un proceso posterior) o material (reviste de eficacia dentro y fuera del
respectivo proceso).
La cuestión no cambia cuando es declarada inconstitucional una disposición
legal; el fenómeno de la cosa juzgada constitucional produce como regla general la
imposibilidad de pronunciarse sobre la materia resuelta, ya que puede conducir a
providencias contradictorias que afecten la seguridad del ordenamiento jurídico, o
alteren la confianza legítima de los administrados en la aplicación de la Constitución, o
vulneren el principio de la igualdad.
En los sistemas difusos todos los jueces son jueces ordinarios82 y jueces
81
La demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento.
82
En un juicio ordinario el juez debe resolver en forma negativa o positiva: hace o no lugar a la demanda;
después modela el alcance de la sentencia y dispone el plazo de ejecución. Ésta es la regla del principio de
congruencia.
MARANIELLO, Patricio
La cosa juzgada constitucional
constitucionales, es decir, ejercen las dos funciones: la decisión del caso concreto
articulado por las partes y la constitucionalidad de las normas. Mientras que en el
sistema concentrado esta función está dividida, teniendo como resultado la separación
entre el juez constitucional y el juez ordinario.
Sin embargo, tenemos la situación que reviste un especial análisis cuando hablamos
de los efectos expansivos de la cosa juzgada constitucional, y ella misma impone
diferencias significativas cuando el control de constitucionalidad fuera efectuado por un
sistema concentrado o un sistema difuso, como por ejemplo, la relacionada con el efecto
inter partes que tiene la cosa juzgada en los sistemas difusos frente al efecto erga omnes,
que reviste en los sistemas concentrados.
En la cosa juzgada constitucional existe una gran diferencia entre los sistema difusos
y concentrados, en lo que hace a sus efectos expansivos... En realidad, la distancia no es
tan significativa en la actualidad; los modelos se fueron aproximando tomando cada uno
algo del otro, de manera que aparece cierta coincidencia procesal, permitiendo que desde
los procesos de amparo o a partir de los planteos incidentales se pierda la resolución in
abstracto que debía pronunciarse hacia la generalidad, para solucionar desde el caso
particular con alcances erga omnes. O en los sistemas difusos la obligatoriedad de los
precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero encontramos una gran incompatibilidad cuando se observa la potestad de cada
juez en la actividad de control constitucional, más precisamente en las decisiones que
involucran un rol más activista en la decisión, incluyendo a personas que no habían
sido partes en el proceso (amparo colectivo o acción de clase) o cuando cubre un vacío
legal. Aquí, en los sistemas concentrados, esta función quizás sea hasta normal, lo que no
ocurre en los sistemas difusos, cuyas características son el caso concreto y el efecto inter
partes. Pero no nos puede llevar a considerar que el juez ante estas situaciones tenga
límites que ni la propia Constitución le ha puesto y en muchas ocasiones la sociedad le
exige, para mejorar la tutela judicial efectiva y el debido proceso, haciendo más ágiles
y reales los procesos judiciales.
Y justamente, la realidad y las necesidades de justicia son los únicos límites de
los jueces. Esta discusión se asienta sobre bases puramente dogmáticas, porque según
Dworkin...“en un sentido trivial los jueces crean una nueva ley cada vez que deciden
un caso importante. Anuncian una disposición, principio, calificación o elaboración que
nunca había sido declarada antes en forma oficial (...). El derecho existe como un hecho
evidente, en otras palabras, y lo que es el derecho de ninguna forma depende de lo que
debería ser”83.
83
DWORKIN, Ronald: “El imperio de la justicia”, Gedisa, Barcelona, 2005 (2ª reimpresión), p. 19.
533
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