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Comentarios a propuesta de reforma constitucional Podría decirse

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Comentarios a propuesta de reforma constitucional Podría decirse
Comentarios a propuesta de reforma constitucional
Podría decirse que el eje principal de la propuesta de reforma constitucional es la
independencia del sistema de justicia. Este es un objetivo deseable, sin embargo,
desde el punto de vista técnico, se observan algunas medidas que podrían resultar
contradictorias en la propuesta. A continuación se presenta el análisis realizado para
cada una de las secciones de la iniciativa:
1. Antejuicio:
Ciertamente en los últimos años el antejuicio ha sido utilizado por algunos para tener
inmunidad y así crear estructuras de corrupción. Sin embargo, la eliminación del
antejuicio no necesariamente sería el camino adecuado. Debemos recordar que el
antejuicio es una figura que protege la función pública de denuncias penales espurias.
De no contarse con ese beneficio, los funcionarios públicos podrían ser sujetos a
persecuciones penales con fines políticos. Asimismo, eliminar el antejuicio podría
tener un efecto directo en la viabilidad política de la reforma, así como en la
gobernabilidad, sobre todo en lo local. La movilización masiva de los alcaldes a favor
de dicho beneficio podría ser uno de los efectos a tomar en cuenta.
Asimismo, resulta un tanto contradictorio que se promueva la eliminación del
antejuicio, cuando en realidad el problema de fondo es la falta de independencia
judicial. Al no existir dicha independencia, los políticos podrían cooptar el poder
judicial y así mantener su inmunidad. Sin embargo, de ser exitosa la propuesta
presentada, se tendría, en teoría, cortes más independientes que resolverían a favor
de quitar el antejuicio cuando haya suficiente evidencia de que el funcionario incurrió
en una falta.
2. Jurisdicción indígena
El debate sobre la jurisdicción indígena no debe ser planteado como un tema de
aceptación o no de la cultura indígena. Si bien, se reconoce la multiculturalidad del
país, es necesario contar con un sistema de justicia que sea viable en la práctica. En
este sentido, la aprobación de las reformas en esta área podría afectar la certeza
jurídica por varias razones.
En primer lugar, si se elimina la exclusividad de la Corte Suprema de Justicia, se podría
impulsar la creación de nuevos tribunales en el futuro, con otras tendencias. En este
sentido, podría ser preocupante que la reforma deje en las manos del Congreso la
definición del modelo de jurisdicción indígena, lo cual podría resultar en la aprobación
de una ley que violente derechos y garantías procesales ya establecidas. Por último, la
implementación de esta reforma, al no estar claro qué se entiende como territorio
indígena, podría incentivar que muchas comunidades se abstraigan del derecho
ordinario en su totalidad. Asimismo, la falta de una definición de territorio podría dar
paso a que las disposiciones del derecho ordinario entren en conflicto directo con las
del derecho indígena, y no exista un mecanismo confiable que defina cuál de las dos
prevalece.
Por otro lado, es importante recordar que El Capítulo I, del Título II de la Constitución
Política de la República desarrolla un conjunto de derechos individuales y garantías
procesales que protegen a los habitantes de la República frente a la acción punitiva del
Estado. Normas constitucionales como la los derechos de los detenidos, las
limitaciones sobre interrogatorios, las regulaciones respecto a los centros de
detención, la presunción de inocencia, la inimputabilidad de los menores de edad o la
irretroactividad de la ley, son garantías procesales que a su vez configuran el diseño
del sistema de justicia penal en Guatemala. El problema de incorporar sistemas
alternativos de justicia en materia penal, es la forma de hacer compatible la aplicación
de jurisdicción con las garantías anteriormente enumeradas.
3. Carrera Judicial
Con este modelo se centraliza la designación en el consejo de la carrera judicial. Si
bien podría argumentarse que esto mejoraría la independencia judicial, también da
todo el poder a un organismo dentro del Estado. En este sentido, se podría dar un
conflicto de interés que el mismo Consejo supervise proceso de oposición de los 3
miembros externos. Para nosotros, sería importante evaluar algún mecanismo para
que instancias externas al OJ participen de la integración del Consejo. Por último, se
observa que no se consigna plazos de miembros del Consejo, lo cual podría resultar en
un vacío legal y daría lugar a un uso discrecional del poder.
4. Corte Suprema de Justicia
En los cambios propuestos para la conformación de la CSJ, se observa que el nuevo
diseño podría dar paso a una conformación poco balanceada. Se sugiere que haya un
peso mayor de magistrados externos, con 7 de la carrera judicial y 6 externos.
5. Ministerio Público
Se considera que se estaría concentrando demasiadas funciones en el Consejo.
Asimismo, se podría dar un conflicto de interés dado que los jueces podrían estar
nombrando fiscales, y eso resultaría contrario a la independencia judicial. Se sugiere
que otros entes, aparte del consejo de la carrera judicial, participen en la selección de
la terna que sería enviada al Presidente.
6. Corte de Constitucionalidad
Al asignarse 9 miembros en la Corte, seleccionados 3 por el Congreso, 3 por la
presidencia y 3 por la CSJ, se estaría dando 6 de los 9 a una decisión de entes
puramente políticos. En este sentido, debe considerarse el escenario en el que un
mismo partido domine tanto la presidencia como el Congreso por mayoría absoluta.
En ese caso, se tendrían 6 magistrados de 9 que podrían corresponder a una misma
corriente política, lo cual podría tener un impacto en la independencia judicial.
Al excluir a otras entidades del proceso de postulación, se podría desbalancear el
poder, dando una cuota demasiada grande a los entes políticos.
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