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Podría Una Reforma Agraria Haber Evitado la Crisis en Colombia

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Podría Una Reforma Agraria Haber Evitado la Crisis en Colombia
Podría Una Reforma Agraria Haber Evitado
la Crisis en Colombia?1
Albert Berry
Introducción
El trágico estado actual de Colombia es bien conocido alrededor del mundo. Un nivel de
muertes violentas comparable a las existentes bajo condiciones de guerra civil, un porcentaje
considerable del territorio nacional en manos de grupos de guerrilleros, paramilitares agresivos
y sangrientos, un sistema policial y judicial debilitada hasta el punto en que sólamente un
porcentaje muy pequeño de los crímenes se resuelven y se castigan, un millón y medio de
refugiados internos (Comité Estadoudinense para Refugiados, 1998), la tasa de secuestro más
alta del mundo y una larga lista de patriotas quienes con sus vidas han procurado poner fin a
tan doloroso círculo vicioso de violencia. A estas manifestaciones crónicas de la profunda
enfermedad social y política, se han agregado, últimamente, la recesión más severa de todo el
período desde los años treinta, en donde se estima que el PIB disminuyó en casi 5% entre los
primeros trimestres de los años 1998 y 1999 y en un 15% la producción industrial (julio a julio).2
Las tasas de desempleo han alcanzado niveles históricos de más de 20% en algunas ciudades
principales. El nivel sorprendentemente alto de optimismo que ha caracterizado a tantos
colombianos frente a tantas dificultades en el pasado, parece haber disminuido en el
último par de años mientras los intentos del gobierno para llegar a un acuerdo de paz
con la guerrilla no han rendido frutos. Es difícil encontrar fuentes de optimismo sobre el
futuro del país, por lo menos en el corto plazo.
Con tales circunstancias es natural preguntarse qué otro destino se hubiera podido presentar
1
Agradezco los comentarios especialmente útiles de Catherine Legrand sobre un borrador previo, junto con los de
participantes de un seminario en la Universidad de Toronto.
2
en el curso del tiempo con suerte distinta o como resultado de políticas más sabias. Para
muchos observadores, la mayor suerte hubiera sido la no aparición de la industria de los
narcóticos. Sin demanda para la marihuana y la cocaína en los años setenta y ochenta,
Colombia sería probablemente muy distinta a lo que es hoy en día. Tendría niveles muy
inferiores de violencia urbana, inseguridad e impunidad para los actos criminales; un ingreso
por capita mas alto; la actividad guerrillera estaría probablemente presente, pero en escala
menor y las fuerzas paramilitares que crecieron como respuesta y bajo el amparo de la
violencia e inseguridad, tendrían menos poder. El país en los años sesenta y setenta daba la
impresión de ascender por un camino bastante positivo: Tenía niveles persistentes y buenos
de crecimiento económico, modernizaba en varios aspectos su organización política lograba
una
tasa decreciente de la población, alcanzaba buenos índices de educación y de
urbanización hasta llegar a un 75%, desarrollaba una amplia competitividad internacional en un
rango tal de productos, que ya no dependía del café para procurar sus divisas. Aunque, para
sorpresa de muchos observadores, el crecimiento económico continuó subiendo hasta hace
poco, la calidad de vida de la población empezó a deteriorarse bajo la influencia del
narcotráfico.
Hasta ese momento existían
muchas señales positivas de superación las enfermedades
sociales y políticas de los periodos anteriores.
Se encontraba evolucionando hacia una
sociedad más civil, menos violento y con una estructura política capaz de enfrentar a grandes
desafíos con razonable éxito. Aunque la desigualdad se mantuvo a niveles altos, hubo en
Colombia un proceso de mejoramiento urbano desde mediados de los años setenta hasta los
noventa (Londoño, 1995, Berry y Tenjo, 1997). La educación se encontraba en un proceso de
expansión rápida, especialmente en el caso de las mujeres. Los guerrilleros, aunque ya una
fuerza considerable, no tenían mucho respaldo y probablemente no serían hoy una amenaza
seria si el dinero de las drogas no hubiera aparecido. Durante largo tiempo Colombia ha tenido
una notable de capacidad de innovación: Por ejemplo, las Escuelas Nuevas han sido
reconocidas internacionalmente (Vélez, 1997) el empuje hacia la descentralización ha sido
consistente, el país ha sido un buen laboratorio para las ONGs, muchas de los cuales están
2
The Economist, Septiembre 18-24, 1999, p. 116.
3
asociados con empresas privadas locales que financian microempresas.
Antes de la incursión de las drogas, la élite colombiana tenía fama de modernizante (Dix,
1967) y el gobierno de seriedad y prudencia fiscal. Fueron estas las características que muy
probablemente contribuyeran al éxito en el crecimiento económico del período post guerra,
durante el cual Colombia estuvo entre 1950 y 1980 en el segundo lugar después del Brasil en
toda la región, con una tasa promedia de 4,2%. Entre 1980 y 1995 ocupó el segundo lugar con
el 4%, después de Chile.
Pero la llegada de los estupefacientes, en combinación con una impresionante capacidad
empresarial con ventaja especial en las actividades propensas a la violencia3, condujo a la
llegada rápida de Colombia a la preeminencia en el mercado mundial de drogas ilícitas con
enormes efectos sobre la sociedad, la política y la economía (Thoumi, 1994). Colombia ha
vivido en los últimos cincuenta años en una situación de violencia continuada: Primero fue la
política y cuando parecía que estaba saliendo de esa larga noche, surge la tragedia del
narcotráfico, con lo que se configura una doble naturaleza de este fenómeno. Así el cuento de
la interacción de las drogas, los guerrilleros y los paramilitares es complicado. Aquí basta decir
que el nivel del salvajismo que en años pasados era sinónimo del enfrentamiento entre los
partidos liberal y conservador, ha resurgido en otro contexto. Darle mucha importancia al
narcotráfico como razón principal de los problemas actuales de Colombia es entendible pero
poco consistente. Aliviar los daños que produce esta actividad, así los gobiernos concentren
muchos esfuerzos en ese empeño es algo que tiene pocas probabilidades, porque en general
su evolución ha sido exógena al país.
Qué otra cosa, fuera de la suerte de no haber tenido que enfrentarse con el narcotráfico,
hubiera fijado el curso de la historia reciente en Colombia?
3
Una parte importante de la capacidad empresarial en los primeros años de las drogas ilícitas venía de otra caracterización
por un alto nivel de violencia, las esmeraldas. Es difícil saber si la violencia de tales actividades reflejo de la tendencia
general de la Sociedad Colombiana o que la violencia propia de esa actividad contribuyó en forma significante a la
tendencia general. De todas maneras la proclividad general a la violencia, junto con la de las esmeraldas, crearon con
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4
Los defectos crónicos del país han sido la desigualdad y la violencia. La actividad ilícita del
narcotráfico es una adición mas bien reciente a esta mezcla. Como ocurre en la mayoría de los
países de América latina, el patrón de desigualdad tiene sus raíces en el sector agrícola y en el
control sobre la tierra. La violencia ha sido tradicionalmente rural, y a pesar de que se ha
debido mucho a las enemistades históricas entre los dos partidos tradicionales, durante la
ultima medio siglo a la guerrilla y más recientemente a los paramilitares, un aspecto importante
durante más de cien años ha sido la pelea por el control de la tierra y otros activos agrícolas.
Frecuentemente se ha subestimado la importancia de este factor. Los primeros estudios de
"La Violencia", la ola de la violencia rural que, según estimaciones, causó la muerte de
alrededor de 200.000 personas entre 1948 y el fin de los años cincuenta, tuvieron como
enfoque los aspectos políticos (Ramsey, 1973). El primer paso que se tomó como respuesta a
esa crisis fue también política, la creación de un sistema a través del cual los dos partidos
políticos tradicionales compartieron el poder como Frente Nacional. Este importante
experimento disminuyó las tensiones entre los dos partidos y pareció tener éxito al dejar una
base adecuada para el desarrollo económico. El crecimiento fue por lo menos satisfactorio
durante la mayoría del periodo de su existencia (1958-74), gracias al impulso de una
modernización significativa, a la creciente urbanización y a la satisfacción de necesidades
básicas.
El programa de reforma agraria iniciado en los años sesenta con la creación del INCORA
(Instituto Colombiano de Reforma Agraria) con apoyo de la Alianza para el Progreso, aumentó
la posibilidad de que algo se hiciera por los campesinos sin tierra. Pero la presencia no
interrumpida de los guerrilleros y el aporte que recibieron de algunos campesinos, dejó muy
claro que no todo andaba bien en el campo. Cuando la industria de las drogas apareció en los
setenta, primero con la producción marihuana, luego con el procesamiento y siembra de la
coca y finalmente, con la producción del opio, la economía y la sociedad rural de Colombia no
han podido evitar la nueva oleada de violencia. Este proceso ha venido acompañado de un
deterioro de las instituciones del Estado, del recrudecimiento de la fuerza guerrillera y del
contexto apto para el éxito del narcotráfico.
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nacimiento brutal de los paramilitares. El nivel de seguridad personal cayó dramáticamente en
las áreas rurales, sin incluir algunas urbanas. En este momento los agricultores secuestrados
se estiman en más de 600 y en 30.000 los homicidios anuales.
Poco después de la aparición de la industria de las drogas ilícitas, se hizo evidente lo difícil
que iba a ser para Colombia enfrentar con éxito este problema. Una pregunta bien interesante
es si el país hubiera podido implementar medidas encaminadas a cambiar el curso de los
acontecimientos y por tanto evitar el desastre que ahora sufre. Dentro de las políticas que
hubieran podido variar este curso, está la de modificar la estructura agraria. Desde 1930 hubo
por lo menos una ventana de oportunidad, que no se aprovechó.
1. ¿Hubo Escenarios Distintos Posibles? Desarrollo Bajo el
Modelo de una Agricultura igualitaria de Pequeños campesinos
dueños de la tierra.
No hay ninguna duda sobre la fuente histórica del alto nivel de desigualdad en Colombia y de
su relación con las tensiones sociales. La desigualdad empieza en la agricultura con una
distribución desigual de la tierra. Hay una "falta de derechos" que resume el problema de
inseguridad económica, asociada a la falta de acceso garantizado a una fuente de ingresos
de algún tipo (Sen, 1981). En sociedades pobres la fuente principal del ingreso directo es la
tierra, así que el acceso a ella, al ingreso que provee y a su valor como activo vendible bajo
condiciones de emergencia, ha sido siempre un tema central. Colombia ha compartido este
problema con la mayoría de países de América Latina en donde la frecuencia del descontento
rural no es ningún accidente. Es casi seguro que esta herencia infeliz ha reducido la tasa de
crecimiento económico y ha provocado una distribución desigual de los frutos de ese
crecimiento. Hoy día se considera que una estructura agrícola compuesta de fincas
relativamente pequeñas y cuyos dueños las cultiven, alcanza una mayor productividad
promedia de la tierra que otras de diferente tenencia y uso. Ella tiene como característica un
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6
mejor sistema de incentivos no sólamente para la producción corriente sino también par la
inversión en el crecimiento futuro; no sufre mucho por su falta de economías de escala, dada
la poca presencia de tales economías en la agricultura. Desde finales de los años cincuenta ha
venido acumulando evidencia microeconómica que muestra una productividad de la tierra más
alta en las propiedades pequeñas que en las grandes (Binswanger y Deininger, 1997; Berry y
Cline, 1997; Lipton, 1993b) Estimativos hechos por Berry (1973) indicaban que este patrón se
encontraba en Colombia en el año 1960.
Fuera de esta evidencia microeconómica, los beneficios de ciertos tipos de reforma agraria se
confirman (o por lo menos no se contradicen) por un comportamiento post-reforma que
demuestra que una reforma bien implementada tiene el efecto de acelerar la tasa de
crecimiento de la producción agropecuaria. Las reformas más famosamente exitosas son las
de Japón, Taiwán y Corea, todas emprendidas justo después del la Segundo Guerra Mundial y
bajo presión y/o con ayuda del gobierno de los Estados Unidos.4 Después de la reforma
japonesa el producto agropecuario creció en un 3-4% anual durante los cincuenta y los
sesenta y el aumento anual de la productividad de la tierra que estaba antes de la reforma en
1%, pasó a 4% después de ella. La evolución del producto fue también bastante exitosa en
Taiwán y Corea (Ban et al, 1981; Lee y Chen, 1979). Donde existía descontento y protesta
rural (especialmente en Japón) las reformas acabaron con eso. El limite bastante reducido del
tamaño máximo de las propiedades en la reforma, permitió que toda clase de trabajadores, ya
fueran arrendatarios o aparceros (Lee, 1983), quedaron con tierra, dentro de un sistema fuerte
del cual casi nadie se excluyó. Es el caso sorprendente de Taiwán, donde el ingreso per
cápita de la economía total creció a más de 6% por año entre 1953 y 1980, mejorando la
distribución del ingreso, mientras el ingreso per cápita de las familias (más que todo rurales)
del quintil más bajo creció a una tasa extraordinaria de casi el 10% por año (Berry, 1989, 207).
Detrás de este récord excepcional había unas inversiones impresionantes hechas por los
japoneses en infraestructura,
investigaciones agropecuarios, asistencia técnica y difusión.
Los niveles relativamente altos de la educación general y el dinámico sector rural no-agrícola
4
El asesor principal del General MacArthur (el Administrador estadounidense en Japón después de la guerra) sobre
cuestiones de reforma agraria y uno de los expertos mundiales en ese tema era Wolf Ladejinsky cuyo pensamiento y
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7
también contribuyeron de manera importante al auge de los ingresos de las familias agrícolas,
especialmente las de menos tierra (Ho, 1979). 5
Países que por buena suerte o por buenas decisiones de política 6 terminaron con sistemas
agrícolas dominados por propiedades familiares, han recibido los beneficios de un crecimiento
económico saludable una participación política amplia, una estabilidad política y una ausencia
de protesta seria. La mejor estructura parece ser una en que se define un techo en el tamaño
de la propiedad agrícola, bien sea por costumbre o por ley; tal límite deja innecesaria la lucha
continua que se requiere en otros contextos para evitar que la propiedad de la tierra se vuelva
a concentrar. Si se le quita a algunos pequeños productores la opción de invertir en la
expansión de sus propiedades como frente de estatus y de reserva de riqueza, lo que algunos
costos en términos de eficiencia y de incentivos, su probable efecto neto es el de aumentar el
nivel de inversión en equipo técnico de los ahorros agrícolas precisamente, porque disminuye
el atractivo de la tierra como lo demuestran las dos principales reformas de América Latina
(Bolivia y México.
Los ahorros que se dirigen a comprar tierra tienen el efecto de aumentar su precio de mercado,
efecto que a su turno induce al desahorro por parte de los dueños de la tierra en general
(efecto Pigou), camino que reduce la inversión real; los ahorros dirigidos a otras formas de
capital, por contraste, aumentan la capacidad productiva de la economía en la misma
agricultura o en otros sectores. El aumento en la inversión total de la economía, junto con un
experiencias se pueden consultar es Ladejinsky (1973).
5
Los efectos de las dos reformas principales de América Latina Bolivia y México, (dejando al lado a Cuba y a Nicaragua donde
la reforma fue temporal), aunque poco claras por haber sido el tema de menos estudio, también parecen haber sido positivos.
Eckstein et al (1978, 43) arguyen que, aunque es posible que ocurriera una caída transitoria de la producción en Bolivia
durante el proceso de toma de posesión de las haciendas y el episodio de turbulencia asociada durante la mitad de los años
cincuenta, el crecimiento anual promedio de producción e papas, maíz y arroz entre los años pre-reforma y post-reforma fue
bastante alta. En México, donde los ingresos bajos y la tecnología atrasada del sector ejidal (creado por la reforma agraria de
principios del siglo veinte) se critican con frecuencia, sin embargo si uno interpreta el resultado en el contexto del poco apoyo
del gobierno después de la reforma, parece más meritorio (Berry, 1984, 78).
6
No ha sido siempre la “sabiduría convencional” de los expertos que el sistema basado en pequeñas propiedades
cultivadas por los dueños es el más productivo punto de vista que empezó a dominar desde los años setenta. Aunque
siempre ha habido adeptos a este sistema y mucha evidencia empírica como comentan Binswanger y Deininger
(1997,1959), el que este punto de vista no sea mayoritario entre los expertos ha impedido el ser recomendado a los
gobiernos de países en desarrollo, alegando variedad de razones, algunas políticas y de otro orden.
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techo al tamaño de las propiedades, eliminan la venta de tierra bajo condiciones de
emergencia (fuente importante de la concentración de tierra a través del tiempo) y la baja
eficiencia agrícola general, con lo que se fortalece la seguridad de facto de los pequeños
agricultores y el aumento de los incentivos para invertir.
El crecimiento económico agrícola más alto y más igualitario no es el único beneficio de una
estructura agraria de pequeñas propiedades, sino que contribuye a un crecimiento general más
saludable. En el mejor de lo casos un sector dinámico de pequeños agricultores, debidamente
apoyado por inversión pública en infraestructura, en investigación y difusión de tecnologías que
aumente la productividad, ayuda a generar un sector no-agrícola dinámico, inicialmente con
enlaces estrechos con la agricultura, ubicado en pequeños centros urbanos o en el mismo
campo (Ranis y Stewart, 1987). El crecimiento fuerte e igualitario en la no-agricultura es
concomitante con el crecimiento fuerte e igualitario del sector agropecuario. Taiwán es en el
último medio siglo un buen ejemplo de este modelo; tiene tal vez el nivel de desigualdad mas
bajo de todos los países en desarrollo con economías de mercado, obviamente muy lejos de lo
que se ve en países como Brasil y Colombia. Taiwán, por esto mismo ha crecido mas
rápidamente que casi todos los países del mundo.
Al otro extremo, países como Colombia que han permitido que la tierra se concentre en pocas
manos y/o han dejado ambiguo el título de mucha tierra, han sufrido tensiones continuas, que
bajo condiciones desfavorables, degeneran en violencia. Una distribución no igualitaria de la
tierra contribuyente a bajos ingresos promedios y mala distribución del ingreso, fenómenos que
coinciden con una infraestructura rural pobre, mala salud y poca educación, amén de otros
factores contribuyentes a la pobreza. Un sistema débil de apoyo a los pequeños agricultores
tiende a coincidir con un Estado poco efectivo y con débil presencia local. Un Estado débil, o
peor todavía, un Estado represivo, es terreno fértil para la protesta, receta que ha dejado
intactas las raíces históricas de las “brechas sociales” comentadas por autores como Londoño
(1997). En un análisis reciente de las Naciones Unidas –WIDER (Nafziger y Vayrynen, 2001) la
situación actual de Colombia constituye una “emergencia humanitaria compleja”. La gran
mayoría de tales emergencias en los países en desarrollo tienen que ver con la tierra.
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Se puede argüir que la mejor prevención de la protesta y la violencia rural es una distribución
igualitaria de la tierra, o más precisamente un sistema de derechos sobre la tierra que de
acceso amplio y seguro a la población, combinado con políticas que de un apoyo fuerte a la
pequeña agricultura (Berry, 2000). Tal contexto debe ir de la mano de una presencia fuerte y
positiva del Estado. Ambos elementos contribuyen a esa presencia y ambos se benefician de
ella. Una de las principales quejas de las áreas fronterizas que han dado lugar a la FARC
como movimiento de colonización armada, es precisamente la virtual ausencia del Estado, en
términos de servicios de apoyo y de mantenimiento del orden público.7 Si el patrón inicial del
acceso a la tierra difiere marcadamente de lo que se desea, la reforma agraria es necesaria.
Uno puede adivinar que si Colombia se hubiera acercado suficientemente a tal reforma en el
pasado, su historia posterior hubiera sido radicalmente distinta.
Así que vale la pena
considerar momentos históricos en los que se presentaron caminos alternativos a los
escogidos.
2. Oportunidades perdidas
No hay duda de que el mejor escenario para Colombia hubiera sido un acceso relativamente
igualitario a la tierra desde tiempos atrás. Ninguna posibilidad seria se presentó antes del siglo
veinte. En los años treinta, Colombia se acercó a una reforma agraria que terminó siendo mas
simbólica que real. 8
Si se hubiera dado una verdadera reforma, habría probablemente evitado la presencia de las
7
Por otro lado, buenos sistemas de pequeños agricultores tienden a producir de alguna forma, acciones colectivas y con
frecuencia buenos gobiernos locales. Donde el Estado es tradicionalmente inefectivo y no tiene capacidad para resolver
problemas, pueden desarrollarse condiciones que sustituyen. El movimiento de “acción Comunal” en Colombia después de
“La Violencia” reflejaba en parte la debilidad del Estado en los gobiernos locales.
8
En esa instancia no hubo presión internacional hacia la reforma, como ocurrió después en los países del sureste asiático y
tampoco hubo oposición, de los EE.UU. como en el caso de Guatemala en los años cincuenta (Coatsworth, 1994; Handy,
1994). En este sentido, la situación de Colombia era parecida a la República Dominicana, donde en los años treinta el
dictador Trujillo apoyó en forma significativa a cultivadores con deseos de tener sus propias pequeñas parcelas en conflicto
con la gente poderosa que reclamaba la misma tierra (Turist, 1997). En este caso, los EE.UU parecieron dispuestos a
aceptar la política de Trujillo, siempre y cuando no incidiera sobre sus intereses. Las relaciones entre Trujillo y los intereses
agrícolas de los EE.UU. (especialmente en azúcar) se consideran en Legrand (1995)
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drogas. Hubiera también aliviado en forma importante las disparidades económicas y las
tensiones sociales ligadas y se hubiera podido iniciar un proceso de crecimiento mas fuerte y
saludable del que se ha tenido, evitándose la existencia de los grupos guerrilleros 9 , y con toda
seguridad dejando inmune al país de las tentaciones de la industria del narcotráfico que se
aprovecha fácilmente de la pobreza rural, la desigualdad social y de la incertidumbre asociada
a un estado débil y represivo. Colombia, con mas de dos tercios de su población todavía en
áreas rurales, hubiera podido ser, posteriormente el precursor en América Latina de los éxitos
alcanzados por Taiwán. Los hechos llevaron a Colombia mas que cualquier otro país a estar
muy cerca de una reforma agraria de verdad, pero el gobierno central se echó para atrás en el
momento crítico.10
Como se anotó, son raras las condiciones que conducen a una reforma agraria que no
disminuya fuertemente la desigualdad. En unos casos la participación externa resulta
importante, en otros es una combinación especial de condiciones internas que crea la
oportunidad.
En la Colombia de principios de los años treinta había un nivel serio de
descontento rural, fuente de preocupación de algunos líderes políticos por los efectos
desestabilizadores y visto por otros como impedimento para la producción agropecuaria11,
9
Esto fue lo que pasó en Malasia después de la Segunda Guerra Mundial, hubiera podido ocurrir en Vietnam sino es por la
mal interpretación de la situación por parte de los oficiales de los EE.UU. En una vuelta irónica y trágica del destino,
Ladijinsky, cuyo conocimiento de cuestiones agrarias había contribuido al apoyo de los administradores norteamericanos a
favor de las reformas agrarias en Japón y Taiwán, ya no tenía influencia cuando apareció la crisis de Vietnam. Los efectos
de las campañas de difamación del Senador McCarthy habían virtualmente destruido su carrera (Prosterman y Riedinger,
1987, 121). Mas allá, algunos oficiales norteamericanos pensaron que una reforma tendría el efecto de desestabilizar el
gobierno de Saigón, quitándole el aporte de la clase media o contribuyendo al comunismo en el campo, puntos de vista que
se habían presentado también en el caso del Japón y a pesar de que ya la experiencia de este país iba en dirección
totalmente contraria, la reforma había destruido la atracción por el comunismo en las áreas rurales, mientras otros no se
atrevieron a plantear reformas de esta naturaleza por miedo a que la gente de McCarthy lo viera como comunista.
10
Desafortunadamente, la mayoría de las reformas agrarias en América Latina no han producido un nivel de beneficios
parecido al crecimiento con equidad que se alcanzo en Taiwán. Los casos de México y Bolivia son ejemplos de reformas
parciales que por tanto sólo produjeron modestos beneficios y no una transformación amplia de la economía y la sociedad.
Irónicamente, el gobierno de Trujillo en República Dominicana puede ser el que más apoyo ha dado al campesino,
empezando en los años treinta (Turist, 1997) pero como parte de un proceso que de ninguna manera se podría calificar de
participativo. Cada uno de estas experiencias tuvo su propia historia y sus condiciones limitantes, así que los resultados
menos que satisfactorios no implican que Colombia no tuviera, bajo sus condiciones, esperanzas diferentes.
11
La idea de que el gran terrateniente era ineficiente y/o inflexible, lo que llevaba a las alzas en el precio de la comida, era
uno de los elementos del pensamiento de la escuela estructuralista de América Latina (Kafka, 1961). Muchos observadores
de Colombia señalaron la paradoja de que las fincas grandes utilizaban tierra de alta calidad en forma extensivamente,
mientras las fincas pequeñas trataban de subsistir a través del cultivo intenso de tierra de menor calidad. Entre estos
observadores figuró Lauchlin Curie, líder de la primera misión del Banco Mundial a Colombia a finales de los años cuarenta
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11
especialmente de bienes alimenticios, en un período en que la disponibilidad de estos parecía
insegura. Figuras importantes del partido liberal vieron en los colonos y pequeños propietarios
insatisfechos un recurso político del cual se podían aprovechar.
Varios factores contribuyeron al descontento rural: Desigualdad, inseguridad y obstáculos para
el acceso a la tierra que son causas frecuentes de conflicto y tensión12,
especialmente cuando están complementadas por la creencia por parte de muchas familias
con poca tierra o ninguna de la que la propiedad en manos de los grandes terratenientes,
realmente era de ellas, situación común en Colombia.
Otra condición específica del caso Colombiano fue la tensión entre los dos partidos
tradicionales y su violencia periódica13. En este contexto peligroso, fue fácil que los
ingredientes propiamente agrarios se vieran envueltos en el conflicto.
14
En Colombia, durante
los años treinta, los ingresos estuvieron estancados o decrecientes, debido a la depresión
mundial y la creciente presión de población sobre la tierra. En la década de los años veinte
hubo una expansión rápida de la red de transporte y una elevada demanda por el café que
llevó a grandes empresarios a la búsqueda de tierra. Los resultados fueron un aumento
considerable del valor de la tierra y del número de invasiones ente 1918 y 1931 de los terrenos
ocupados por arrendatarios y colonos. Una combinación de la presión de estas invasiones y
un aumento de confianza por parte de los colonos, que ya sentían la oportunidad de ganar
(International Banck for Reconnstruction and Development, 1950).
12
La falta de claridad sobre los derechos de propiedad de la tierra es característica en las áreas fronterizas; en esas zonas
el conflicto aparece fácilmente porque hay una lucha por la tierra y porque el Estado no tiene el poder para resolver
disputas entre presuntos propietarios y poseedores.
La experiencia en América Latina a través de largos períodos de tiempo corresponde a la colonización de áreas poco
pobladas de las zonas bajas y selváticas. Una parte de esta expansión ha tenido que ver con producción para el mercado
doméstico, pero la mayoría se dirige al mercado internacional. En ambos casos los colonos campesinos han entrado en
conflicto con los empresarios /especuladores de tierras. Para más detalles sobre el caso colombiano, véase entre otros,
Jiménez (1995). El caso de América Central está tratado por Williams (1986) y el de Venezuela por Yarrington (1997).
13
Históricamente el “odio hereditario” entre los dos partidos políticos ha sido fuente de conflictos que, junto con el poder
mas o menos igual de esos partidos, explica, en buena parte la tasa alta de muerte en Colombia durante más de cien años.
Esta experiencia hace contraste con la de los países de gobiernos militares fuertes, en donde a pesar de lo opresivo que
fueron a veces tuvieron un monopolio del poder tan completo que nadie más pudo desafiarlos (Maingot, 1968). La ola
reciente de violencia en Colombia no parece deberse a este factor.
14
Brown (1971) concluyó que “probablemente hay suficiente desesperación, rabia, ... y “conciencia” para generar un motín
en casi cualquier comunidad rural de América Latina en casi cualquier día... “Así que cuando la élite agraria empieza a
perder su control, normalmente por la situación económica o política general, el activismo campesino aparece inadvertido y
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12
15
esta lucha (Legrand, 1986,93) , produjo una contraofensiva por parte de los campesinos
después de 1928, durante la cual muchas de las grandes haciendas formadas anteriormente
se invadieron. En este momento el conflicto alrededor de la tierra pública llegó a ser un
problema grande a nivel nacional que indujo al gobierno a intervenir para aclarar la definición
legal de la propiedad privada (Legrand, 1986,xvii).
Mientras tanto, la preocupación de las autoridades nacionales estaba relacionada en parte
con el impacto del conflicto en la producción agropecuaria
16
y sobre la estructura de la
propiedad de la tierra. Las administraciones liberales de los años treinta, menos basadas en el
apoyo rural que los gobiernos conservadores anteriores, pusieron más énfasis en las
necesidades del proceso de industrialización y por eso se preocuparon más por la producción
agrícola para el mercado interno, -la mayoría procedente de fincas pequeñas – que para la
exportación, enfoque que llevó a una reforma de la política de tierras. En relación con las
exportaciones, una buena parte del producto principal, el café ya se producía en fincas
pequeñas, especialmente en Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, mientras que la United Fruit
Company en el período 1910-1921 tenía contratos con muchos pequeños productores de
banano, aunque la mayoría de la producción se generaba en propiedades grandes. Las
posibilidades de las fincas pequeñas eran ya evidentes para los productos de exportación,
igual que para los bienes alimenticios de consumo local. Muchos observadores identificaron
como causa principal del atraso agrícola el control monopólico de la tierra por los latifundistas
sin responder a una agitación externa.
15
Durante el período 1870-1920 la causa principal de la resistencia campesina fue la invasión de los grandes
especuladores. Hasta 1874 los colonos independientes no tenían la capacidad de luchar y el proceso de creación de las
grandes haciendas parece haber sido más que todo sin conflicto. Después de esa fecha los colonos resistieron a esa
tendencia con mayor frecuencia. El factor decisivo que explica el cambio de comportamiento, según Legrand (1986,64) fue
la promulgación de una legislación nacional que apoyó los derechos de los colonos –estos hacían referencia
frecuentemente a las leyes de 1874 y de que aclararon su derecho a asentarse sobre las tierras públicas como de su
propiedad. Aunque las leyes fueron generalmente inefectivas, si influyeron sobre la situación de los colonos, quienes en
muchos casos llevaron a juicio, en forma colectiva, la defensa de sus derechos, aunque normalmente sin éxito porque los
terratenientes sobornaban a las autoridades locales.
16
Los terratenientes respondieron a las iniciativas de los colonos, expulsándolos, pero teniendo cuidado con llevarles a
juicio por el miedo de perderlo. Los colonos, aunque les fue mejor que antes, no tenían el poder de forzar a los
terratenientes a dejar sus reclamos; el resultado fue un conflicto crónico. Los terratenientes expresaron temor por el
conflicto de clases y las perturbaciones fueron vistas como un impedimento a los esfuerzos de aumentar la producción
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13
(López, 1927, Uribe, 1936). El apoyo a los pequeños productores incluyó el primer programa
de colonización planeada y una decisión muy importante de la Corte Suprema en 1926, a
través de la cual se hizo más difícil que los grandes terratenientes reclamaran derechos de
propiedad sobre las tierras fiscales.
La Gran Depresión Mundial, que puso fin al auge
económico en Colombia, agregó otro argumento a favor de la colonización con el regalo de
billetes por parte del gobierno para que los desempleados urbanos volvieran al campo. Los
hacendados,
sufriendo mermas en sus utilidades, intentaron reimponer salarios bajos y
condiciones más duras de trabajo, prevalecientes en los años antes del auge (Palacios, 1980;
Jiménez, 1986); como resultado, mucha gente salió a buscar sus propias parcelas y su
independencia en tierras públicas o en terrenos no aprovechados de las haciendas grandes.
17
Una vez en camino el movimiento de los colonos, fue visto como capital político, especialmente
por parte del partido liberal que acababa de retomar el poder. Se oyeron en este período
todos los argumentos hoy día comunes, a favor de un apoyo y una defensa de los pequeños
productores buscando tierra y se probaron varias maneras de resolver los dos problemas
percibidos como importantes por los responsables de hacer la política: El conflicto asociado a
la competición de reclamos y e nivel no adecuado de producción agropecuaria. Un fallo de la
Corte Suprema de 1926 les quitó mucho territorio y posibilidades de éxito a los grandes
terratenientes.
18
La idea de compra y parcelación de propiedades grandes fue bien recibido
por mucho como una política lógica y amigable. La compra de tres haciendas en áreas de
conflicto especialmente grave y la entrega de títulos gratis a los colonos quienes las habían
ocupado a finales de los años veinte y a principios de los treinta, tuvo el efecto de tranquilizar
las tensiones sociales, pero el costo fiscal fue alto y el gobierno decidió que desde entonces
los beneficiarios debían pagar todo el precio de mercado de la tierra. El programa fracaso
porque los campesinos se negaron a pagar la tierra que consideraban pública, legalmente
disponible para ellos (legrand, 1986, 139). Cuando finalmente la respuesta legislativa a esta
agropecuario.
17
La tasa de crecimiento de la población colombiana se celebró durante la primera mitad del siglo XX, hasta llegar a más
del 3% por año.
18
(Madrid, 1944, citado por Legrand 1986, 145) estimó que el 75% de la propiedad en manos privadas habría revertido a
la nación al implementarse una propuesta hecha en el año 1933 que había sido derrotada en el Congreso. Sus
implicaciones fueron probablemente no muy diferentes de las del reglamento de 1926.
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14
situación llegó en forma de la Ley 200 de 1936, el balance de poder había ya cambiado a favor
de los terratenientes. El movimiento de los colonos había perdido influencia política como
resultado de un proceso de cooptación y disensión entre los campesinos sobre el programa de
parcelación. Aunque la lucha por la tierra continuó sin amainar, la amenaza izquierdista que
representó, disminuía gradualmente, mientras la dirigencia de los colonos buscaban
acomodarse con el gobierno.
Para entonces el presidente López se dedicaba a construir una base de poder político sobre la
fuerza de trabajo urbana, mientras los grandes terratenientes montaban una campaña
sofisticada en contra de su gobierno estimulando la hostilidad de la élite en contra de cualquier
intervención del poder estatal en los problemas de la tierra acusándolo del intento de destruir la
propiedad privada y advirtiendo sobre la amenaza de revolución. Posiblemente López se
convenció de que la única manera de retomar el control político era resolviendo la cuestión
agraria a favor de los terratenientes,
19
El gobierno seguía proclamando su propósito de
ampliar el sector del campesinado independiente: Revocó adjudicaciones de tierra que no se
habían aprovechado y apoyó la colonización y los proyectos de parcelación. De todos modos,
cualquiera que haya sido su intención precisa, en realidad la Ley 200 fortaleció la situación de
los grandes dueños,, al hacerles más fácil reclamar la tierra como su propiedad, debilitando el
argumento de que esa tierra estaba todavía bajo dominio público. De esta manera aumentó
las ventajas de los grandes para deshacerse de los
conflicto sobre derechos de tierra.
20
pequeños colonos, evitando así el
Esta ley vino acompañada de otra de “ociosidad” que
19
Las motivaciones de López han sido tema de debate. Algunos han pensado que la Ley 200 favoreció a los colonos (v.g.
Hirschman, 1965) Otros han atribuido al gobierno de López deseos de ayudar a los aspirantes a hacerse propietarios
pequeños (vg. Cronschaw, 1986). Jiménez (1971). Sánchez (1977) y Legrand (1986) tienen un punto de vista mas negativo,
afirmando que la ley 200 de López y sus asociados tenía un efecto conservador. Aunque esa ley proclamó la función social
de la propiedad, el hecho de que su artículo 1º. Hizo igual de fácil el acceso a tierras públicas que ya cultivaban los grandes
y pequeños aspirantes, finalmente favoreció a los primeros. Legrand (1986, 141) enfatiza que López prometió a los grandes
terratenientes que la ley les ayudaría a validar sus títulos. En su opinión (comunicación personal) una conclusión definitiva
sobre el impacto real de esta ley requerían un estudio de los archivos de la Corte de Tierras establecida por ella.
20
Este efecto, supuestamente no esperado, de motivar las expulsiones, se debió al miedo de los grandes terratenientes de
que la presencia de unos colonos en sus tierras le quitaría fuerza a los derechos reclamados. Tensiones continuas con los
arrendatarios llevaron a los terratenientes a ofrecerles que compraran tierras. Cuando este camino no rindió fruto, algunos
terratenientes sacaron a los arrendatarios y los reemplazaron con mano de obra asalariada. Algunos tomaron la medida
extrema de convertir las haciendas en potreros para disminuir el número de trabajadores necesarios, haciendo más difícil la
vida de los campesinos. También fueron muy frecuentes las tensiones entre los mismos campesinos. El error de no
predecir bien los efectos indirectos de la legislación se repitió en los años sesenta, cuando la ley buscó desincentivar el
arriendo de la tierra, especialmente, lo que causó otra ola de evicciones y de cambio de estructura agraria.
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15
facilitó la expulsión de los colonos. (Safford, 1995, 141) Todos estos factores contribuyeron, sin
duda, una década después a la intensificación de la violencia. En resumen, la Ley 200 hizo
poco o nada para disminuir el proceso de apropiación de las para tierras públicas por parte de
los
terratenientes en las zonas de frontera económica, ni responder a las tensiones
fundamentales entre los colonos y los propietarios agrícolas grandes que continuaron como
causa básica del conflicto social en el campo colombiano. La falta de éxito o el fracaso en la
solución de la cuestión agraria cuando parece haberse presentado una coyuntura favorable, ha
contribuido en forma muy significativa a “La Violencia”, Las primeras interpretaciones, todavía
aceptadas por muchas personas en ese sentido de adjudicarle el origen del conflicto al odio
entre liberales y conservadores y no a sus raíces sociales y económicas, le quita peso a los
verdaderos factores que en realidad han venido actuando.21
La tasa de privatización de la
tierra pública saltó durante “La Violencia” de un promedio de 60.000 has. Por año entre 1931 y
1945 a 15.000 has. entre 1946 y 1954 y a 375.000 durante 1955-59 (Legrand, 1989, 13,
citando a Diot, 1976). Basado en la experiencia histórica, esto implicaría también un aumento
en la frecuencia de expulsión de los campesinos.
¿Hubo realmente algún chance durante los años treinta para implementar un programa de
apoyo suficientemente serio a la pequeña agricultura, como para afectar en forma significativa
la evolución posterior y de esta manera contribuir a una estructura agraria realmente
equilibrada? Hubo, sin duda, un deseo de ayudar a los colonos en su lucha, deseo
probablemente basado en un sentido de justicia, pero también el deseo de evitar una crisis
alimenticia. También existió la convicción de que las grandes oportunidades eran de baja
productividad y fuente del estancamiento de la producción, así como la oportunidad de
Frecuentemente se ha valorado la Ley 100 de 1944 como un esfuerzo de llevar orden a la sociedad rural, como un intento
de restaurar la tenencia de servicio, a través de una especificación mas clara por medio de contratos escritos de las
condiciones entre un dueño y un tenedor, objetivo que no se alcanzó. La ley también se puede interpretar como un intento
de evitar los efectos los efectos no esperados pero desastosos de la ley 200 (Safford, 1995, 141).
21
“La violencia” de las dos décadas 1948-65, que dejó un balance de alrededor de 200.000 muertos y 800.000 sin techo
(Oquist, 1980) no fue sólamente un conflicto político o una guerra campesina, sino fue un fenómeno complicado con raíces
variadas y muchos mecanismos (Zamosc, 1986; Gilhodes, 1970; Cronshaw, 1986). Bergquist (1986) arguye que la pobreza
y la inseguridad de los pequeños cultivadores les hizo víctimas principales de la violencia y a la vez actores principales; esa
violencia trajo el colapso de la autoridad del Estado y bajo la anarquía resultante, muchas formas de guerra. En las zonas
fronterizas tuvo mucho que ver con la lucha por la tierra y probablemente poca relación con la afiliación política. La
violencia política frecuentemente forzó a pequeños propietarios a vender a precios de desesperación; otros que empezaron
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aprovechar el respaldo político de los colonos. ¿Esta combinación hubiera podido generar una
reforma importante? Qué tipo de reforma hubiera sido políticamente factible?
Si bien en esa época hubo reconocimiento de que las grandes propiedades eran ineficaces
(las investigaciones sobre este punto fueron naturalmente mucho menos desarrolladas de los
que son hoy día) la idea de una reforma que dejaría una estructura totalmente igualitaria y que
así acabaría con las propiedades grandes (lo que se hizo en Japón, Corea y Taiwán) era
demasiado radical para que se
pudiera implantar.
Un programa consistente con la
interpretación que tenían los colonos de las Leyes de 1874 y 1892 habría satisfecho sus
demandas y a la vez hubiera dejado en fincas grandes mucha de la tierra cuyo control no era
dispuesto, pero habría generado grandes conflictos son los terratenientes, que se habían
apoderado de tierras que los colonos consideraban suyas. Evidencia de esto fue la reacción
que apareció pocos años después de que los terratenientes percibieron amenazas al control
de sus tierras. La única manera de haber dejado relativamente satisfechos a todos los grupos,
hubiera sido dar incentivos a un buen número de los grandes terratenientes para vender las
tierras en disputa. Algunos estaban dispuestos a hacer esto, pero un programa de esta índole
habría tenido un costo fiscal muy alto.
Se queda uno así con la pregunta de: Habría sido posible un apoyo suficientemente efectivo a
los colonos para no sólamente mejorar su acceso a la tierra, sino también su productividad
cuando ya tuvieran la tierra, como una manera importante de influir sobre la estructura agraria
a través del tiempo? Rectificar las injusticias del pasado a través de una interpretación de esas
leyes favorables a los colonos hubiera sido imposible, pero su aplicación a los territorios en
proceso de colonización, o sea un enfoque hacia el futuro en lugar del pasado, hubiera sido
más factible. En ese entonces quedaron muchas tierras baldías sin colonizar, situación que
produjo mucha tensión, violencia e injusticia.22 De hecho las FARC tuvieron sus raíces en
cuerpos armados de antiguos colonos que habían ocupado tierras públicas antes de los años
sesenta. Habría sido indudablemente difícil controlar el conflicto en un grado necesario, pero
pequeños pero que tenían buenos contactos políticos, fueron capaces de acumular tierra (Safford, 1995, 143).
La relación entre colonización y violencia no era nada nueva en el siglo veinte. Estudiosos del siglo anterior como
Valencia (1994) han presentado evidencia del fenómeno en ese entonces.
22
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17
un esfuerzo serio en esta dirección, junto con unas modestas contribuciones en la forma de
redistribución de tierras compradas o expropiadas en forma selectiva, habría sido la mejor
esperanza disponible. Una aplicación cuidadosa y una implementación eficiente de las leyes
que daban derechos a los que cultivaban la tierra, habría contribuido a la reactivación de
grupos de pequeños propietarios, que de esa manera se habrían convertido en defensores
potentes de sus derechos e intereses. Este enfoque llegó a reconocerse cuando ya no era
posible su aplicación. Si de hubiera puesto en práctica algo de este estilo sólamente en la
mitad de las nuevas zonas de frontera económica en el medio siglo, después de los años
treinta, la estructura agraria de hoy día sería bastante distinta de la que es hoy.
La segunda condición para que este tipo de reforma agraria hubiera tenido rendimiento
histórico apreciable, hubiera sido a un nivel importante de apoyo oficial para los pequeños
productores no tanto como las contrapartidas en la economía ejidataria en México, pero si
parecido al recibido por los pequeños productores de los países del sureste asiático, su
productividad hubiera crecido continuamente a través del tiempo, dejando eventualmente una
agricultura campesina muy próspera. Esta solución hubiera sido políticamente más fácil de
llevar a la práctica que la de imponer leyes sobre derechos a la tierra. Cosa que Colombia ha
hecho de vez en cuando. En el caso del café tal apoyo ha sido bastante importante, aunque
son las oficinas del FEDECAFE las que han administrado tal política. En el área de los cultivos
alimenticios el programa DRI ha tenido un éxito por lo menos razonable (Arango et al, 1987).
En un momento en que el gobierno percibió una crisis latente, existió el incentivo político para
darle peso a tal programa. La experiencia de muchos otros países nos indica que cuando el
sector de pequeños productores es grande, próspero y relativamente seguro, puede presionar
a los gobiernos para invertir en investigaciones agrícolas, difusión, crédito y otras formas de
apoyo 23
¿De haberse seguido otro curso en la evolución agraria colombiana, qué otras cosas habrían
terminado diferentes a lo que en realidad pasó? El impacto más importante de una distribución
23
Hayami y Ruttan (1985) enfatizan este punto en una famosa comparación del apoyo público recibido por la agricultura en
EE.UU. y en Japón.
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18
de la tierra adecuadamente igualitaria habría sido el de dejar históricamente irrevelante a la
guerrilla. Hoy se discute el grado en que los grupos guerrilleros están, motivados por el bien
social. La respuesta a esa pregunta carecería de interés, raisón d’tre en el contexto de una
sociedad coherente e igualitaria.
¿Qué tal el efecto de los famosos “odio hereditarios” entre liberales y conservadores?
Bergquist (1986) arguye que la pobreza e inseguridad de los pequeños caficultores dieron
como resultado no sólamente víctimas abundantes de la violencia sino también protagonistas.
Un sector campesino con poca desigualdad y una presencia más fuerte de un Estado
progresista les habría dejado, por un lado, con más tierra y con menos pobreza, inseguridad y
desesperación y por el otro, con un Interés fuerte en el sistema en el que son parte valiosa.
Dado el hecho de que la desigualdad socio-económica ha sido siempre fuente de tensión
entremezclada con los odios políticos, su ausencia los hubiera atenuado en alto grado. Tales
“odio” tienen su base en bajos niveles de educación, el caudilismo y otros aspectos de una
sociedad desigual. Tal hipótesis se confirman el hecho de que los odios se hubieran reducido
durante los últimos años del Frente Nacional, cuando la economía avanzó bastante.
Finalmente, qué impacto hubiera tenido una reforma agraria sobre la industria de la droga
medio siglo después? Con una mejor distribución de la tierra, es seguro que la economía
colombiana hubiera crecido más rápidamente, no sólo por la mayor eficiencia de la pequeña
agricultura vs. el sistema duda de Colombia, sino también porque hubiera evitado en buena
parte el efecto negativo que tiene tal estructura en la inseguridad crónica y en brotes periódicos
de violencia. En cada momento histórico desde ese entonces, la economía nacional habría
avanzado en los procesos de industrialización y urbanización, la tasa poblacional de
crecimiento habría sido menor y la población rural más reducida. La combinación de una
población menor con ingreso más alto, una distribución de tierra más equitativa y derechos a la
propiedad más claros, habría tenido el efecto de reducir las tensiones rurales. Una población
agrícola menos grande pero más próspera y menos dispersa en zonas distantes (el motivo
principal para irse lejos ha sido el acceso inadecuado a la tierra en las regiones más habitadas)
y más conservadora en términos sociales, el incentivo para meterse en la producción o el
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19
comercio de drogas hubiera sido mucho menor y la capacidad de resistir las presiones para
entrar en esa actividad, considerablemente mayor.
Mientras el Estado no tenga una presencia positiva en las zonas de colonización, el potencial
para la producción de drogas se aumenta.
Desde finales de los años setenta se han
incrementado grandemente los flujos migratorios hacia la selva tropical amazónica por parte de
gente interesada en producir coca en tierras baldías.
La inseguridad relacionada con
periódicos intentos del gobierno de reprimir esta producción, la hace demasiado riesgosa a
gran escala y en sitios fijos e, indirectamente, la incentiva a pequeña escala (Barragán, 1999).
Otros factores que influyen a favor de la producción campesina de la droga son la intensidad
relativamente alta en mano de obra de estos cultivos y los ingresos altos que generan. Bajo
otras condiciones económicas y políticas, el cultivo de la droga podría ser menos violento y
con una presencia modesta como la de Turquía.
3. Oportunidades posteriores y apoyo desde afuera
Desde el posible “casi-éxito” de los años treinta, los gobiernos de Colombia han actuado varias
veces sobre los problemas de la estructura agraria, siempre como respuesta a las tensiones y
a la violencia, pero hasta ahora sin éxito. A diferencia del episodio de los treinta, varias
instituciones internacionales se han involucrado hasta cierto nivel en el problema. Esto es
positivo cuando el apoyo externo puede ayudar a romper obstáculos políticos a proveer
recursos adicionales que se necesitan.
Colombia fue uno de los países que emprendió
reformas en los años sesenta, con la implantación del INCORA. Recibió un apoyo cauteloso
de la Alianza para el Progreso (Holt, 1964, capítulo 5) pero resultó una reforma más paliativa
que fundamental (Binswanger et Deiniger, 1997,1962-3; de Janvry et Sadoulet, 1990; Bagley,
1979). Nunca se pensó en una reforma básica. La violencia rural fue la motivación principal, a
diferencia de los años 30 cuando la preocupación principal fue la producción agropecuaria
estancada y la posibilidad de atraer votos. El creciente poder de los agricultores comerciales
fue otro contraste importante y en este caso contribuyó a la parálisis de los esfuerzos de
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20
reforma (de Janvry et Sadoulet, 1993). La ley de 1968 desincentivó todas las formas del
arriendo de la tierra, produciendo un desahucio masivo de los aparceros (Machado, 1994, 115;
Kalmanovitz, 1978; Binswanger and Deininger, 1997). La deficiencia de diseño se complicó
por la ineficiencia interna del INCORA, cuyo nivel está bajo discusión (Jaramillo, 1998).
Cualquiera que sea el juicio final sobre este último punto, es evidente que el programa no era
suficiente para provocar un efecto duradero sobre la desigualdad de acceso a la tierra.
Ya por los años sesenta Colombia había entrado en un período de crecimiento
relativamente rápido pero seriamente dualista en el sector agropecuario (3.5% por año entre
1950 y 1990) caracterizado por una agricultura comercial en rápida expansión y por un
sector tradicional (campesino) con altos niveles de pobreza rural.24 El crecimiento de la
agricultura comercial, especialmente en los sesenta y setenta, fue en parte una respuesta a
los incentivos a la mecanización y a la intensificación del uso de insumos modernos, y en
parte a la protección de las importaciones (Jaramillo, 1998,29). Bajo este patrón dualista de
crecimiento, la demanda para la mano de obra creció lentamente; la agricultura comercial
ocupó sólamente el 18% de los nuevos trabajadores rurales durante el período 1950-1980,
mientras que los cultivos campesinos lo hicieron en un 70% (Berry, 1992). Es de suponer
que este patrón exclusivo de crecimiento alimentó las tensiones sociales y la violencia en las
áreas rurales.25 Por los años setenta ya habían un considerable respaldo internacional en el
desarrollo rural integrado (DRI).26
Pero, a pesar de los avances en los rendimientos del sector campesino durante las siguientes
dos décadas (Ministerio de Agricultura y Departamento Nacional de Planeación, 1990;
Balcázar, 1990), los precios reales de los principales cultivos cayeron (Jaramillo, 1998, 33).
Sin embargo, el incremento de los ingresos alcanzado por las familias campesinas
24
fue
En el año 1992 alrededor de 4.2 millones de personas se encontraban en pobreza extrema, o sea un 31.2% de la
población rural (World BanK, 1995).
25
Algunos estudios muestran una relación entre las bajas tasas de crecimiento del empleo y/o la producción y la intensidad
de la violencia rural (World Bank, 1996; Bejarano, 1988), reflejando un círculo vicioso de la violencia, pocas oportunidades
de empleo, otra vez violencia. La violencia y la inseguridad pueden haber reducido el PIB agropecuario en hasta un 16%,
según estudios del Departamento Nacional del Planeación, 1990. La evidencia regional afectó la inversión privada en
riego.
26
Un análisis detallado de la experiencia del municipio lo presentan Zandstra et al (1979).
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21
obtenido principalmente, fuera de la finca,
buena parte de ellos basados en la participación
femenina. A pesar de las dificultades enfrentadas por las familias, hubo aumentos en muchas
dimensiones del estándar de la vida rural (Berry, 1978; López ad Valdés, 1998,27
mejoramientos que hubieran sido suficientes para aliviar las tensiones existente antes de las
complicaciones que trajo la industria de la droga, próxima a aparecer en el escenario.
A principios de los años noventa esta industria se había establecido y ya eran evidentes los
impactos negativos sobre la economía y la sociedad colombiana. La violencia rural de nuevo
se recrudeció. Las interacciones entre la droga, los campesinos, loa militares, la guerrilla y los
paramilitares se volvieron complejas y peligrosas. La administración de Gaviria (1990-1994)
con la "apertura" abrió la economía a los mercados mundiales, con efectos impredecibles en
el mediano plazo sobre la agricultura, especialmente sobre las familias pobres de ese sector,
sufrieron muchos trastornos en el corto plazo. La disminución de los cultivos anuales a favor
de los permanentes y de la ganadería durante los años noventa es preocupante desde el
punto de vista de la demanda de la mano de obra y consistente el proceso de concentración
de la tierra, tendencia que no se puede confirmar estadísticamente por falta de información
adecuada, pero que la sospechan muchos observadores en parte por la inversión de dinero de
la droga en las haciendas de ganado. Caídas en los precios internacionales de las comodites,
más otros factores, condujeron a una crisis agrícola a principios de los años noventa. El
cambio hacia el libre comercio se ha identificado como factor importante en la presentación
de la Crisis, que fue más severa para los cultivos anuales importables28 (Jaramillo, 1998, 83).
La crisis afectó la relación entre el gobierno y la mayoría de los grupos agrícolas y debilitó los
esfuerzos conjuntos para aliviarla. Este difícil contexto es el escenario del último intento de
reforma agraria en Colombia, que pretende aprovechar las fuerzas “de mercado” hasta el
27
La información ideal para juzgar el impacto neto de estas varies fuerzas que han influido sobre la vida rural en Colombia
hubiera incluido por lo menos un censo agropecuario para aclarar los cambios de la distribución de la tierra y encuestas de
ingresos para adelantar tendencias en la distribución del ingreso. Ningún censo agropecuario muy útil se ha hecho desde
el año 1960, y no hay encuestas de ingresos claramente comparables en las áreas rurales antes de los años noventa, si es
que existen para esa década. Uno de los datos período (de los datos confuso de los noventa es una aparente caída fuerte
en el nivel de desigualdad entre 1991 y 1995 el coeficiente de Gini caye de 0.57 a 0.44 (Ocampo et ai, 1998). Esta bajada
es tan rápida como para no aparecer creible; aunque parece casi imposible que una caída tan dramática pudiera ocurrir
dentro de un período tan corto, existe la posibilidad de que, aunque la exageren, una caída importante sí ocurrió. Esto
sería consistente con el .
28
El término "importable" se refiere normalmente a bienes producidos en el país pero que también se pueden importar, con el
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22
máximo grado posible. El objetivo inmediato del nuevo programa de "transferencia negociada"
de la tierra a pequeños propietarios fue el de subsidiar en hasta un 70% el precio de la tierra
negociada por ellos, de donde resulta la compra de un millón de hectáreas para beneficio de
70,000 familias (Jaramillo, 1998,93 entre 1995 y 1998).
Es demasiado temprano para intentar un juicio serio sobre este esfuerzo, el más reciente, en
el intento de aliviar los problemas de la tierra en Colombia, sobre todo si se tienen en cuenta
las condiciones inestables y violentas. Esta reforma refleja, por un lado, (por lo menos en los
experimentos hechos en cinco municipios seleccionados) un diseño mucho más competente
que el del esfuerzo anterior y por el otro , implica un reto de gran magnitud frente a los de
fracasos del pasado en Colombia y más generalmente en el tipo de sistema agrario de
América Latina. Llevar a cabo una reforma exitosa en estos sistemas es más difícil que en
países como Japón, Corea y Taiwán, en donde los nuevos dueños fueron arrendatarios que
cultivaban la tierra, lo que facilitó la implementación rápida de las reformas, disminuyendo
fallas considerables en su implementación. En Colombia la necesidad de mantener la reforma
por un largo tiempo, así vaya a tener un efecto total grande, la deja abierta a este peligro
porque muchos de los defectos de la reforma anterior siguen presentes en esta.
Un buen número de nuevos problemas aparecieron rápidamente después de iniciarse esta
reforma. Los subsidios para compra de tierra encontraron fuerte resistencia institucional y
política. La experiencia durante décadas de un manejo de estilo patrón-cliente, en que
dominaban los políticos locales, hizo difícil la tarea de modificar el estatus quo (Jaramillo,
1998, 95: Hollinger, 1998). Algunas de las dificultades que pronto empezaron a asolar el nuevo
intento de reforma reflejan deficiencias en algunos programas complementarios, como los de
irrigación, investigación y difusión, a la vez que otros reflejan problemas de diseño o errores de
la legislación que en principio se podrán rectificar, muchos de los cuales son herencia del
intento anterior. Algunos refinamientos ya se han implementado y probado en los cinco
municipios del proyecto piloto, entre ellos: (i) una reducción de 33% en el ingreso mínimo
agropecuario de los beneficiarios, con el propósito de aumentar su número potencial. La
resultado de que haya competencia entre importaciones y la producción local.
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23
trasferencia de la responsabilidad en la aprobación de las subvenciones de reforma agraria de
la casa matriz del INCORA, a las oficinas regionales y de los recursos a las comunidades
locales con el requisito de que para que un municipio sea candidato a recibir subvención tenga
un consejo municipal que funcione, (iii) obligación de que el proceso de aprobación de los
proyectos sea transparente y con monitoreo, en la esperanza de que esto mejore la situación
de los beneficiarios en el proceso de negociación y en el
uso efectivo de la tierra; (iv) el
intento de dejar las bases de un mercado eficiente de la tierra, a través de procedimientos,
más ordenados en relación con la ecología, la calidad, la disponibilidad de grandes
propiedades, etc.; (v) mayor atención a las condiciones que determinan la factibilidad
económica de los proyectos elaborados por los beneficiarios, como componente general de
reforma; según Deininger (1999, 659) la elaboración de estos proyectos modelos ha resultado
clave; (vi) integrar la reforma agraria con otras prioridades para el desarrollo de los municipios,
con el fin de despertar interés por la reforma en los municipios. En cada uno de los cinco
municipios, con se han iniciado programas complementarios a la reforma
como
microempresas para vincular a las familias no seleccionadas como beneficiarias de la
adjudicación de tierra.
Esta nueva modalidad que se ha establecido en los cinco municipios citados tiene muchas
ventajas de diseño, que reflejan mejor la realidad agraria (en especial la necesidad no sólo de
un subsidio inicial sino de un apoyo posterior para hacer productiva la nueva unidad)29 y en su
serio intento de controlar la corrupción e ineficiencia que acosó el intento anterior. Pero por
depender abiertamente de un grupo de condiciones que no se llenan ni automática ni
29
Binswanger (1987, 1091) se refiere al "problema fundamental de financiamiento de la gente pobre", o sea al hecho de
prestar fondos necesarios para comprar tierra, cuando todos los mercados están perfectos y la tecnología es neutral en
cuanto a escala, requiere cortar el consumo por debajo de lo que uno podría ganar en el mercado de trabajo. El resultado es
que muchos de los nuevos productores pequeños pueden tener un nivel de deuda preocupante o por otras razones estar
demasiado cerca de un margen de seguridad tal, que un porcentaje considerable va a perder la tierra otra vez. En otras
palabras, para el que hubiera podido fácilmente retener su tierra una vez que era dueño de ella, puede no obstante requerir un
subsidio bastante alto o un sistema bueno de apoyo para pasar permanentemente del lado de los sin tierra a los con tierra. Al
no reconocer este hecho los proponentes de "reforma por el mercado" pueden quedarse sorprendidos por una tasa de sobre
vivencia por parte de los beneficiarios mucho menor de la esperada. Tomando en cuenta las imperfecciones que hacen mas
barata la mano de obra en fincas familiares, Carter y Mensah
(1993) encuentran que unidades muy pequeñas pueden
sobrevivir porque la tierra vale mucho como garantía del empleo en un mercado de trabajo poco predecible y donde haya
mucho desempleo; pero por encima del rango en que este factor sea importante, el precio de reserva de la tierra baja
marcadamente con el tamaño, por las necesidades de capital para aprovechar una cantidad mayor de tierra.
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24
fácilmente (una administración local efectiva, una planificación seria del sector agropecuario y
una disponibilidad de asistencia técnica y de crédito) la rapidez con la cual podría responder a
la necesidade que tienen los aspirantes a ser pequeños propietarios en Colombia, es mucho
menor de la reforma en el "sureste asiático".
Cuatro cuestiones determinaran que tan exitoso va a ser este tipo de reforma: El
financiamiento, la voluntad política, la oferta de tierra para la venta voluntaria y el porcentaje de
municipios en que se llenarán eventualmente las "condiciones". Si, por ejemplo, el objetivo era
de mejorar el acceso a la tierra de unas 400,000 familias (60% más que el numero de
unidades tituladas por el INCORA durante el periodo 1960-88 (Misión Agropecuaria,1990,114)
y los costos fueron por ejemplo de $US10.000 por familia30, el costo total de cuatro mil millones
de dólares no se podría considera de ninguna manera excesivo, pues apenas si representa el
5% del PIB de un año. Correspondería a 25 años de gastos del INCORA a la tasa de finales
de los años ochenta, una proporción pequeña del costo actual de la inseguridad que ha
asolado al país. La poca voluntad política es más impedimento que las limitaciones fiscales..
Aunque la oposición de los que tienen miedo de sufrir una expropiación será
o menos
marcada que en el caso de los intentos anteriores, existe otro grupo de opositores, los que van
a perder el control nepotístico sobre el proceso de "reforma". Lo que se necesita es un nivel
significante de apoyo político, basado en un entendimiento del potencial del programa y de una
serie de alternativas para responder a los problemas rurales.
Dos aspectos en este momento desconocidos que garantizarán el éxito son la cantidad de
tierra disponible para la venta y el grado en que se llenen las otras condiciones, las
institucionales. La evidencia que se ha resumido en la literatura sobre reforma agraria estilo
"mercado", indica la necesidad de tener cautela. Cuando se le complementa con reforma
tradicional confiscatoria, el nuevo estilo puede tener más efectividad, en parte por "el efecto de
amenaza" que puede hacer dejar más flexibles a los grandes propietarios frente a la
30
Deininger (1999, 660, 668) indica que el costo promedio de administración en los cinco municipios con proyectos pilotos ha
aproximado a US$1,800 por familia, o sea menos de la tercera parte del costo por familia en la reforma anterior, donde tales
costos alcanzaron a la mitad del presupuesto total de unos $15,000 dólares por familia a principios de los años noventa. Si el
costo de la tierra fuera a seguir alrededor de $8,000, el costo total entonces seria de $10,000. Esto depende, naturalmente, de
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expropiación y a los precios menores de la tierra. El quitar los subsidios que en el pasado han
favorecido a los grandes productores y a los cultivos en que ellos se especializan, puede
contribuir en forma importante a la elaboración de las leyes sobre crédito o tierra para
favorecer a los pobres y al mismo tiempo evita que los ricos subviertan las reformas, dado que
ellas les hacen menos daño que los subsidios que antes recibían.
Es demasiado tarde esperar ahora
los enormes
beneficios que se obtuvieron con las
reestructuraciones de la tierra rural en los casos más exitosos del Asia, o los que se hubieran
podido ganar en Colombia con una reforma de ese estilo en Colombia en los años 30. Por el
otro lado, existe la ventaja de que en fases posteriores del proceso de desarrollo se requieren
recursos correspondientes a un porcentaje menor del PIB que antes en la compra de la tierra
necesaria para llevar a cabo una reforma importante.. Dada la condición tan crítica de
Colombia hoy día, bien vale la pena dar cualquier paso que se tenga quedar para aliviar la
pobreza rural, la tensión y la violencia.
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