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Principios básicos sobre la función de los abogados

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Principios básicos sobre la función de los abogados
Principios Básicos sobre la Función de los Abogados
Aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de
agosto al 7 de septiembre de 1990
Considerando que los pueblos del mundo afirman en la Carta de las Naciones Unidas,
entre otras cosas, su resolución de crear condiciones bajo las cuales pueda
mantenerse la justicia, y proclaman como uno de sus propósitos la realización de la
cooperación internacional en la promoción y el estímulo del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales de todos sin distinción por motivos de
raza, sexo, idioma o religión,
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los
principios de la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho de toda
persona a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial, y el derecho de toda persona acusada de un delito a todas las garantías
necesarias para su defensa,
Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama,
además, el derecho de las personas a ser juzgadas sin demoras injustificadas y a ser
oídas públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido por la ley,
Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales recuerda que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la
obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades
humanos,
Considerando el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que estipula que toda persona
detenida tendrá derecho a la asistencia de un abogado, a comunicarse con él y a
consultarlo,
Considerando que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
recomiendan, en particular, que se garantice la asistencia letrada y la comunicación
confidencial con su abogado a los detenidos en prisión preventiva,
Considerando que las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de
los condenados a la pena de muerte reafirman el derecho de todo sospechoso o
acusado de un delito sancionable con la pena capital a una asistencia letrada
adecuada en todas las etapas del proceso, de conformidad con el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
Considerando que en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder se recomiendan medidas que
deben adoptarse en los planos nacional e internacional para mejorar el acceso a la
justicia y el trato justo, la restitución, la compensación y la asistencia en favor de las
víctimas de delitos,
Considerando que la protección apropiada de los derechos humanos y las libertades
fundamentales que toda persona puede invocar, ya sean económicos, sociales y
culturales o civiles y políticos, requiere que todas las personas tengan acceso
efectivo a servicios jurídicos prestados por una abogacía independiente,
Considerando que las asociaciones profesionales de abogados tienen que
desempeñar la función esencial de velar por las normas y la ética profesionales,
proteger a sus miembros contra persecuciones y restricciones o injerencias
indebidas, facilitar servicios jurídicos a todos los que los necesiten, y cooperar con
las instituciones gubernamentales y otras instituciones para impulsar los fines de la
justicia y el interés público,
Los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados que figuran a continuación,
formulados para ayudar a los Estados Miembros en su tarea de promover y
garantizar la función adecuada de los abogados, deben ser tenidos en cuenta y
respetados por los gobiernos en el marco de su legislación y práctica nacionales, y
deben señalarse a la atención de los juristas así como de otras personas como los
jueces, fiscales, miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en
general. Estos principios se aplicarán también, cuando proceda, a las personas que
ejerzan las funciones de la abogacía sin tener la categoría oficial de abogados.
Acceso a la asistencia letrada y a los servicios jurídicos
1. Toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su
elección para que proteja y demuestre sus derechos y lo defienda en todas las fases
del procedimiento penal.
2. Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos eficientes y
mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en condiciones de
igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se encuentren en su
territorio y estén sometidas a su jurisdicción, sin ningún tipo de distinción, como
discriminaciones por motivos de raza, color, origen étnico, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento, situación económica u otra condición.
3. Los gobiernos velarán por que se faciliten fondos y otros recursos suficientes para
asistencia jurídica a las personas pobres, y, en caso necesario, a otras personas
desfavorecidas. Las asociaciones profesionales de abogados colaborarán en la
organización y prestación de servicios, medios materiales y otros recursos.
4. Los gobiernos y las asociaciones profesionales de abogados promoverán
programas para informar al público acerca de sus derechos y obligaciones en virtud
de la ley y de la importante función que desempeñan los abogados en la protección
de sus libertades fundamentales. Debe prestarse especial atención a la asistencia
de las personas pobres y de otras personas menos favorecidas a fin de que puedan
probar sus derechos y, cuando sea necesario, recurrir a la asistencia de un abogado.
Salvaguardias especiales en asuntos penales
5. Los gobiernos velarán por que la autoridad competente informe inmediatamente a
todas las personas acusadas de haber cometido un delito, o arrestadas, o detenidas,
de su derecho a estar asistidas por un abogado de su elección.
6. Todas esas personas, cuando no dispongan de abogado, tendrán derecho, siempre
que el interés de la justicia así lo demande, a que se les asignen abogados con la
experiencia y competencia que requiera el tipo de delito de que se trate a fin de que
les presten asistencia jurídica eficaz y gratuita, si carecen de medios suficientes para
pagar sus servicios.
7. Los gobiernos garantizarán además que todas las personas arrestadas, o
detenidas, con una acusación penal o no, tengan acceso a un abogado
inmediatamente, y en cualquier caso dentro de las 48 horas siguientes al arresto o a
la detención.
8. A toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades,
tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse
con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente
confidencial. Estas consultas podrán ser vigiladas visualmente por un funcionario
encargado de hacer cumplir la ley, pero no se escuchará la conversación.
Competencia y preparación
9. Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de
enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y preparación, y
se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los
derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento
jurídico nacional e internacional.
10. Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de
enseñanza velarán por que no haya discriminación alguna en contra de una persona,
en cuanto al ingreso en la profesión o al ejercicio de la misma, por motivos de raza,
color, sexo, origen étnico, religión, opiniones políticas y de otra índole, origen
nacional o social, fortuna, nacimiento, situación económica o condición social,
aunque no se considerará discriminatorio el requisito de que un abogado sea
ciudadano del país de que se trate.
11. En los países en que haya grupos, comunidades o regiones cuyas necesidades de
servicios jurídicos no estén atendidas, en especial cuando tales grupos tengan
culturas, tradiciones o idiomas propios o hayan sido víctimas de discriminación en el
pasado, los gobiernos y las asociaciones profesionales de abogados y las
instituciones de enseñanza deberán tomar medidas especiales para ofrecer
oportunidades a candidatos procedentes de esos grupos para que ingresen a la
profesión de abogado y deberán velar por que reciban una formación adecuada a las
necesidades de sus grupos de procedencia.
Obligaciones y responsabilidades
12. Los abogados mantendrán en todo momento el honor y la dignidad de su
profesión en su calidad de agentes fundamentales de la administración de justicia.
13. Las obligaciones de los abogados para con sus clientes son las siguientes:
a) Prestarles asesoramiento con respecto a sus derechos y obligaciones, así como
con respecto al funcionamiento del ordenamiento jurídico, en tanto sea pertinente a
los derechos y obligaciones de los clientes;
b) Prestarles asistencia en todas las formas adecuadas, y adoptar medidas jurídicas
para protegerlos o defender sus intereses;
c) Prestarles asistencia ante los tribunales judiciales, otros tribunales u organismos
administrativos, cuando corresponda.
14. Los abogados, al proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la
justicia, procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales
reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento actuarán
con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y normas éticas
reconocidas que rigen su profesión.
15. Los abogados velarán lealmente en todo momento por los intereses de sus
clientes.
Garantías para el ejercicio de la profesión
16. Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus
funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias
indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro
de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o
sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida
que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que
se reconocen a su profesión.
17. Cuando la seguridad de los abogados sea amenazada a raíz del ejercicio de sus
funciones, recibirán de las autoridades protección adecuada.
18. Los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus
clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones.
19. Ningún tribunal ni organismo administrativo ante el que se reconozca el derecho
a ser asistido por un abogado se negará a reconocer el derecho de un abogado a
presentarse ante él en nombre de su cliente, salvo que el abogado haya sido
inhabilitado de conformidad con las leyes y prácticas nacionales y con estos
principios.
20. Los abogados gozarán de inmunidad civil y penal por las declaraciones que
hagan de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al comparecer como
profesionales ante un tribunal judicial, otro tribunal uórgano jurídico o
administrativo.
21. Las autoridades competentes tienen la obligación de velar por que los abogados
tengan acceso a la información, los archivos y documentos pertinentes que estén en
su poder o bajo su control con antelación suficiente para que puedan prestar a sus
clientes una asistencia jurídica eficaz. Este acceso se facilitará lo antes posible.
22. Los gobiernos reconocerán y respetarán la confidencialidad de todas las
comunicaciones y consultas entre los abogados y sus clientes, en el marco de su
relación profesional.
Libertad de expresión y asociación
23. Los abogados, como los demás ciudadanos, tienen derecho a la libertad de
expresión, creencias, asociación y reunión. En particular, tendrán derecho a
participar en el debate público de asuntos relativos a la legislación, la administración
de justicia y la promoción y la protección de los derechos humanos, así como a
unirse o participar en organizaciones locales, nacionales o internacionales y asistir a
sus reuniones, sin sufrir restricciones profesionales a raíz de sus actividades lícitas o
de su carácter de miembro de una organización lícita. En el ejercicio de estos
derechos, los abogados siempre obrarán de conformidad con la ley y con las reglas y
normas éticas que se reconocen a su profesión.
Asociaciones profesionales de abogados
24. Los abogados estarán facultados a constituir asociaciones profesionales
autónomas e incorporarse a estas asociaciones, con el propósito de representar sus
intereses, promover su constante formación y capacitación, y proteger su integridad
profesional. El órgano ejecutivo de las asociaciones profesionales será elegido por
sus miembros y ejercerá sus funciones sin injerencias externas.
25. Las asociaciones profesionales de abogados cooperarán con los
garantizar que todas las personas tengan acceso efectivo y en
igualdad a los servicios jurídicos y que los abogados estén en
asesorar a sus clientes sin injerencias indebidas, de conformidad con
reglas y normas éticas que se reconoce a su profesión.
gobiernos para
condiciones de
condiciones de
la ley y con las
Actuaciones disciplinarias
26. La legislación o la profesión jurídica por conducto de sus correspondientes
órganos, establecerán códigos de conducta profesional para los abogados, de
conformidad con la legislación y las costumbres del país y las reglas y normas
internacionales reconocidas.
27. Las acusaciones o reclamaciones contra los abogados en relación con su
actuación profesional se tramitarán rápida e imparcialmente mediante
procedimientos apropiados. Los abogados tendrán derecho a una audiencia justa,
incluido el derecho a recibir la asistencia de un abogado de su elección.
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