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Descargar - Colegio de Abogados de la República

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Descargar - Colegio de Abogados de la República
LEY 91, QUE INSTITUYE EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA
REPÚBLICA
G.O. 9606
EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República
NUMERO: 91
CONSIDERANDO: Que la institución por Ley del Colegio de Abogados
de la República constituye una perentoria necesidad para todo el país, a los
fines de establecer cánones de conducta y eficiencia que le permitan a la
sociedad dominicana esperar de los abogados un ejercicio profesional
idóneo;
CONSIDERANDO: Que las normas morales atinentes al ejercicio de
las profesiones jurídicas, así como el óptimo nivel técnico legal de las
mismas no se han visto suficientemente garantizadas ni por las disposiciones
del capítulo 20 de la Ley de Organización Judicial ni, asimismo por el
Reglamento para la Policía de las profesiones jurídicas;
CONSIDERANDO: Que en este orden de ideas, es Necesario que el
Estado a través de su poder correspondiente, legisle de una manera tal que
instituya una corporación de derecho público interno y de carácter autónomo
que, en una forma mandatoria establezca un instrumento legal cuyas
disposiciones aseguren a los profesionales del derecho una autogestión que
someta sus ejercicios a exigencias morales y técnicas acordes con los
mejores intereses del sector que ellos representan de toda la sociedad en
general;
CONSIDERANDO: Que el Colegio de Abogados de la República que
debe instruirse por ley vendría a garantizar la función social y moral del
ejercicio de la profesión jurídica, así como a establecer normas,
procedimientos e instituciones de asistencia, socorro y atención a las
necesidades de los abogados y sus familiares, tanto en el orden material
como en el orden social y espiritual:
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Art. 1.- Por
República, como
autónomo y con
domicilio principal
la presente Ley se instituye el Colegio de Abogados de la
corporación de derecho público interno de carácter
personalidad jurídica propia, el cual tendrá su sede y
en la ciudad de Santo Domingo.
Art. 2.- Los fines del Colegio son los siguientes:
A.-
Organizar y unir a los abogados de la República estimulando el
espíritu de solidaridad entre sus miembros.
B.-
Defender los derechos de los abogados y el respeto y la
consideración que merecen y se merecen entre ellos, así como
los intereses morales, intelectuales y mátenlos de su profesión.
C.-
D.-
Adoptar un código de Ética Profesional.
Impulsar el perfeccionamiento del orden jurídico, procurando el
progreso de la legislación mediante el estudio profundo y
sistemático de la ciencia jurídica en todas sus vertientes y
especialidades.
E.-
Mantener relaciones con las demás entidades de orden
profesional del país, así como con las similares del extranjero,
persiguiendo una amplia y eficaz colaboración con las mismas.
F.-
Asistir y orientar a los abogados recién graduados, en todos los
problemas relativos al ejercicio profesional.
G.-
Promover y obtener la ayuda mutua de sus miembros; concertar
toda clase de seguros que puedan ampararlos en casos de
enfermedad, invalidez o cualquier otro riesgo, así como sus
familiares en caso de muerte u otras causas atendibles.
H.-
Establecer un servicio permanente y gratuito de asistencia y
defensa de las personas de escasos recursos económicos, de
acuerdo con el reglamento que dictará al efecto.
I.-
Prestar asesoría a los órganos del Congreso Nacional, de
manera espontánea o cuando ello le fuere requerido, a título de
información u observación en torno a proyectos de leyes o
reformas de las mismas.
Art. 3.- Para la consecución de sus fines, el COLEGIO DE ABOGADOS
DE LA REPUBLICA tendrá facultad:
a)
Para existir a perpetuidad bajo ese nombre, demandar y
ser demandado, así como para ejercer todos los derechos
que corresponda a una persona moral.
b)
Para poseer y usar un sello que sólo será modificado por
expresa decisión asumida por el Colegio.
c)
Para adquirir derechos y bienes; Tanto muebles como
inmuebles, por donación, compra o por cualquier otro
modo, poseerlos, disponer de los mismos de cualquier
forma, siempre dentro de los mecanismos institucionales
permitidos y reconocidos en el Estatuto Orgánico del
Colegio.
d)
Para adoptar su Estatuto Orgánico, el cual será obligatorio
para todos los miembros del Colegio según lo disponga la
Asamblea prevista en el artículo 14 de esta Ley, o, en su
defecto, la Junta que más adelante se establece, así como
para enmendar dicho Estatuto en la forma y mediante los
requisitos que en el mismo se estatuyan.
e)
Para nombrar directores y funcionarios en el seno de sus
organismos.
f)
Para recibiré investigar las quejas que se formulen
respecto a la conducta de los miembros en ejercicio de la
profesión, pudiendo si encontrare causa fundada, incoar el
correspondiente procedimiento y proveer, por sí mismo,
sanciones en jurisdicción disciplinarias, conforme las
disposiciones correspondientes de su código de ética.
Queda expresamente derogado por esta Ley el artículo 142
de la Ley de Organización Judicial. Las decisiones
intervenidas en materia disciplinaria podrán ser apeladas
por ante la Suprema Corte de Justicia.
g)
Para proteger a sus miembros en el ejercicio de la
profesión y, mediante la creación de cajas de retiro,
socorro, sistemas de seguros, fondos especiales,
cooperativas o en cualquier otra forma, para asistir a
aquellos que se retiren por inhabilidad física o mental,
avanzada edad, así como a los herederos o a los
beneficiarios de los que fallezcan.
h)
Para crear centros de capacitación y especialización
profesional, de
recreación, bibliotecas, comedores,
publicaciones y otras obras de carácter social y cultural
para promover el desarrollo integral de sus miembros.
i)
Mantener vivo el culto de la justicia y propugnar por el
respeto de la Constitución y de las Leyes y por el
mejoramiento de la organización judicial y administrativa.
j)
Para realizar todos los actos que fueren necesarios o
convenientes a los fines de su creación y que no estuvieren
en desacuerdo con la Ley.
CAPITULO II
DE LOS MIEMBROS
Art. 4.- Serán miembros del Colegio de Abogados de la República,
todos los abogados que estén admitidos a postular ante los tribunales de la
República y cumplan los deberes que esta ley señala y los que se
establezcan en el Estatuto, Código de Ética Profesional o cualesquiera otras
disposiciones que adopte la Asamblea General.
PÁRRAFO I: A los efectos de la presente ley, se considerará abogado
a toda persona física, nacional o extranjera, que haya obtenido título de
abogado en la República, o revalidado el que haya sido expedido en el
extranjero, o aquellos abogados de otros países cuyos gobiernos
mantuvieren con el de nuestro país instrumentos jurídicos en los que se
establezca la reciprocidad en el ejercicio profesional.
PÁRRAFO II: Para tener el derecho a ejercer la profesión de Abogado
se requerirá estar inscrito como miembro activo del Colegio de Abogados de
la República Dominicana.
CAPITULO III
DE LA ORGANIZACIÓN
Art. 5.- Regirá los destinos del Colegio, en Primer término su
Asamblea General; y en Segundo término su Junta Directiva, la cual será
elegida por la Asamblea General.
Art. 6.- El Estatuto Orgánico establecerá el número de funcionarios de
la Junta Directiva y de una Seccional en cada Distrito Judicial, los cuales
habrán de elegirse, funcionar y cumplir sus deberes en la forma y en las
condiciones que el propio Estatuto señale. En la elección o designación de
quienes hayan de constituirlas, sólo participarán abogados cuyos Bufetes
están abiertos en las respectivas demarcaciones territoriales de las
seccionales.
Art. 7.- El Estatuto dispondrá lo que no se haya previsto en la
presente Ley, incluyendo lo concerniente a funciones, deberes y
procedimientos de todos sus organismos y funcionarios.
CAPITULO IV
DE LAS FRANQUICIAS
Art. 8.- El Colegio de Abogados de la República para la realización de
sus fines, gozará:
a)
b)
nacionales.
De franquicia postal y telegráfica; y
De exoneración de todos los impuestos y derechos
CAPITULO V
DE LAS CUOTAS
Art. 9.- Los miembros del Colegio pagarán cuotas en el monto, en la
fecha y en los plazos que fija el Estatuto.
Art. 10.- Cualquier miembro que no pague su cuota perderá sus
derechos, pero podrá rehabilitarse mediante la aplicación del mecanismo que
establezca el Estatuto del Colegio.
Art. 11.- El Estado a través de la Dirección General de Rentas
Internas, expedirá sellos de color rojo con una balanza de la justicia impresa
en su centro como emblema o símbolo. Estos sellos serán de distinto valor o
monto conforme a la siguiente escala de actos judiciales y extra judiciales, a
los que deberán adherirse, a saber:
a)
Actos
de
alguaciles
…………………………........................................................... RD$ 0.30
b)
Sentencia
de
Tribunales…………………………….....................................................RD$ 0.75
c) Contratos incluyendo constitución de compañías de conformidad con
la siguiente escala:
1.
Hasta
RD$
5,000.00
.........................................................................RD$ 1.25
2.
De
RD$
5,000.00
a
......................................................RD$ 3.25
RD$
10,000.00
3.
De
RD$
10,000.00
en
...........................................................RD$ 5.25
adelante
d) Conclusiones:
1.
Juzgado
de
..............................................................................RD$ 0.75
Paz
2.
Primera
Instancia
...........................................................................RD$ 1.25
3.
Tribunal
de
Tierras
de
…………………………………….………....RD$ 1.25
Jurisdicción
Original
4.
Corte
de
Apelación
........................................................................ RD$ 2.50
5.
Tribunal
Superior
de
..............................................................RD$ 2.50
Tierras
6.
Suprema
Corte
de
……………………………….....................................RD$ 4.50
Justicia
e) Instancia a los tribunales o representantes de Ministerio Público
.......................RD$ 0.30
f)
Reclamación
de
valores
ante
bancarias........................................RD$ 0.75
instituciones
PARAFO I: Quedan exentos de la anterior disposición las actuaciones
ante los Tribunales Laborales y de Habeas Hábeas.
PARAFO II: El noventa por ciento (90%) del importe de los sellos
será entregado al Colegio de Abogados de la República y éste importe será
destinado para fines de cajas de retiro, socorro y seguros a favor de los
abogados y de sus herederos y otros fines ya indicados en el ordinal g) del
artículo 3 de la presente Ley, así como los que señalen los Estatutos. El
restante diez por ciento (10%) será retenido por el Estado para cubrir los
gastos que ocasione la ejecución administrativa de la presente Ley.
PARRAFO III: El Tesorero General de la República está obligado a
rendir cuenta y a poner cada tres meses a disposición del Colegio el 90% de
los ingresos. Estos ingresos constituyen montos parciales resultantes de los
términos contractuales mediante los cuales se fijan en cada caso los
honorarios profesionales que reciben los Abogados de sus clientes, y que se
convierten, en virtud de esta ley, en contribuciones individuales de cada
Abogado remitidas para nutrir el fondo general patrimonial del Colegio.
PARRAFO IV: La negativa del Director de la Oficina del Tesoro
General de la República a cumplir con lo dispuesto en el párrafo
precedentemente, será castigada con prisión de 6 meses a 1 año y multa de
RD$ 1,000.00 a RD$ 5,000.00 pesos, sin perjuicio de las acciones civiles que
pueden incoarse. La reincidencia se castigará con el doble de la pena.
Art. 12.- A los efectos de la presente Ley se entiende por actividad
profesional del abogado el desempeño de una función propia de la abogacía
o de una labor atribuida en razón de una ley especial a un egresado
universitario en derecho, o aquellas ocupaciones que exijan necesariamente
conocimientos jurídicos. Se entiende por ejercicio profesional la realización
habitual de labores o la prestación de servicios a título oneroso o gratuito,
propios de la abogacía, sin que medie nombramiento o designación oficial
alguna.
Art. 13.- Quedan sometidos a la presente Ley, en consecuencia,
sujetos a los mismos derechos y obligaciones, los abogados que sean:
docentes o investigadores en las universidades del país, todos los Jueces de
la República; Defensores de Oficio; Representantes del Ministerio Público;
Notarios y Consultores o Asesores Jurídicos de personas físicas o morales,
tanto pública o privada preste el concurso de su asesoramiento.
Art. 14.-El Abogado tiene el deber de ofrecer al cliente el concurso de
su cultura y su técnica y de aplicarlas con rectitud de conciencia y esmero en
la defensa que realiza. Asimismo, debe ser prudente en el consejo, sereno
en la acción y proceder con lealtad frente a su cliente, colaborando con el
Juez para el triunfo de la justicia.
Art. 15.- Los Abogados en ejercicio están obligados a aceptar las
defensas que se le confíe de oficio, salvo negativa razonada sin que puedan
exigir el pago de honorarios a su defendido.
Art. 16.- El ejercicio de la abogacía impone dedicación al estudio de
las disciplinas necesarias para la defensa del derecho, de la libertad y de la
justicia. La Abogacía no puede considerarse como una actividad comercial e
industrial y, en esa virtud no podrá ser gravada con impuestos de esa
naturaleza. Los despachos de abogados no podrán usar denominaciones
comerciales y sólo se distinguirán mediante el uso del nombre propio del
abogado o de los abogados que ejercieren en él, de sus causantes o de los
que habiendo fallecido hubiesen ejercido en el mismo, previo consentimiento
de sus herederos. Podrán usarse las calificaciones de "Bufete", "Escritorio" o
"Despacho de Abogados", o cualquier término equivalente.
Art. 17.- Toda persona física o moral, asociación de cualquier tipo que
sea, Corporación o persona de derecho público interno de la naturaleza que
fuere, para ostentar representación en justicia deberá hacerlo mediante
constitución de abogado. En consecuencia, los magistrados jueces de las
órdenes judicial y contencioso-administrativo sólo admitirán como
representantes de terceros a abogados debidamente identificados mediante
el carnet expedido por el Colegio.
Sólo se exceptúan de esta regla la materia laboral y la acción
constitucional de Habeas Corpus.
Asimismo podrán postular en materia criminal los estudiantes de
derecho, debidamente identificados y autorizados por el Juez Presidente del
Tribunal.
PARRAFO: La violación de las disposiciones de este artículo se
castigará con la destitución del cargo y la nulidad absoluta del acto.
Art. 18.- Los jueces, miembros del Ministerio Público, Registradores
de Títulos, Secretarios Administrativos e Inspectores Fiscales se abstendrán
de protocolizar o dar curso a escrituras contentivas de actos traslativos o
declarativos de propiedad, documentos relativos a constitución o liberación
de gravámenes, contratos de cualquier naturaleza, poderes, documentos
que deba inscribirse en los registros que sean, instancias, escritos de
defensas, réplicas, memoriales, declaraciones de herencia, documentos
supletorios o complementarios y, en general, toda especie de escrituras que
versen sobre cualquier derecho, si dichos documentos no han sido
redactados y firmados por un abogado o notario público el cual deberá
indicar, el número correspondiente a su matrícula en el Colegio de Abogados
de la República. Todo ello, sin perjuicio de la excepción contemplada en el
artículo precedente.
PARRAFO: Cuando se pretenda que un documento redactado en el
extranjero surta efectos en la República Dominicana, el mismo deberá ser
firmado por un abogado en ejercicio en el país.
Art. 19.- Ejercen ilegalmente la profesión de abogado quienes sin
poseer el título respectivo se anuncien como tales, se atribuyan ese carácter
ostentando placas, insignias, emblemas o membretes que hagan suponer
una condición profesional jurídica en quien o quienes las exhiban.
PARRAFO: También ejercen ilegalmente la profesión los abogados
que actúen contrariando las disposiciones de la presente Ley y sus
reglamentos, así como aquellos que ejerzan o pretendan ejercer sin estar
inscritos en el Colegio que por la presente Ley se instituye.
Art. 20.- Toda persona que sin estar debidamente admitida para el
ejercicio de la profesión, según se dispone por esta Ley, o que durante su
suspensión como miembro, ejerza la profesión de abogado, se anuncie como
tal o trate de hacerse pasar como abogado en ejercicio, será castigado con
multa de Quinientos Pesos Oro (RD$ 500,00) a Mil Pesos Oro (RD$
1,000.00) o prisión de dos meses a un año, o ambas penas. Los Jueces
Fiscales y demás autoridades públicas velarán por el cumplimiento de esta
disposición en lo que atañe a los abogados que practiquen diligencias
judiciales o extrajudiciales ante los tribunales, juzgados, fiscalías u otras
oficinas a su cargo, constituyendo falta grave la violación por parte de ellos
de la presente disposición.
Art. 21.- Las acciones y procedimientos establecidos en el Reglamento
de Policía de las profesiones jurídicas, deberán ser incoados por ante el
Colegio de Abogados de la República y su jurisdicción disciplinaria
correspondiente, quedando por consiguiente, derogado el párrafo tercero del
artículo dos del Decreto 6050 del 26 de septiembre de 1949, contentivo de
dicho Reglamento. Todo ello sin perjuicio de la competencia, en segundo
grado, conferida a la Suprema Corte de Justicia en el Párrafo "F", in fine, del
Art. 3 de la presente Ley.
Art. 22.- Queda encargada de la ejecución de la presente Ley, dentro
de los seis (6) meses subsiguientes a su promulgación, la Procuraduría
General de la República, con la asistencia y concurso de todas las
asociaciones de abogados del país que estén debidamente organizadas e
incorporadas y su texto deroga cualquier otra ley que le sea contraria.
DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del
Congreso Nacional en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital
de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril del año
mil novecientos ochenta y dos; años 139° de la Independencia y 120° de la
Restauración. (Fdos.-): Hatuey De Camps, Presidente; Juan A. Medina
Vásquez, Secretario; José A. Ledesma G., Secretario.
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso
Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la
República Dominicana a los doce días del mes de enero del año mil
novecientos ochenta y tres; años 139° de la Independencia y 120° de la
Restauración.
Jacobo Majluta Azar
Presidente
Rafael Fernando Correa Rogers,
Secretario
José A. Constanzo Santana,
Secretario
SALVADOR JORGE BLANCO
Presidente de la República Dominicana
En ejercicio de tas atribuciones que me confiere el artículo 55 de la
Constitución de la República.
PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta
Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la
República Dominicana, a los tres (3) días del mes de febrero del año mil
novecientos ochenta y tres; años 139° de la Independencia y 120° de la
Restauración.
SALVADOR JORGE BLANCO
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