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El movimiento de la parte maldita

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El movimiento de la parte maldita
El movimiento de la parte maldita
I. Dimensiones del conflicto social
El conflicto social en el país ha desarrollado varias características nuevas
y ha alcanzado una intensidad que revela fuertes rasgos de crisis, pero
también contiene rasgos de renovación y recreación de los lazos sociales
y de la dirección de las cosas. Este breve texto es un ensayo de interpretación de sólo un conjunto recortado de aspectos del conflicto social en
Bolivia. El análisis y la interpretación se articulan en torno a los siguientes puntos: la producción y consumo del excedente, los ejes de explotación-exclusión-dominación y, por último, la cuestión de la igualdad
político-cultural.
Las posibilidades de cambio y desarrollo de las sociedades dependen del excedente que en determinado momento llegan a producir, es
decir, de la disponibilidad de parte de sus recursos más allá de las necesidades de reposición de las condiciones básicas de la reproducción
simple de la forma de vida que ya han experimentado previamente. El
excedente es, primero, una cuestión del tiempo de trabajo que una
sociedad dedica para reproducirse y, segundo, para posibilitar su complejización o movimiento en el crecimiento y el cambio.
Las sociedades han respondido históricamente con cambios tecnológicos y organizativos en la producción para enfrentar los límites de
las formas previas del saber productivo y social, para responder al crecimiento y, por tanto, a la escasez. Esos saltos cognitivos y organizacionales han permitido a muchas sociedades no sólo resolver sus necesidades
básicas, sino también disponer de un excedente para gasto improductivo. El gasto se vuelve improductivo en la medida en que la sociedad no
tiene ni encuentra otras formas de reinsertar el excedente para incrementar la producción. El excedente se gasta, entonces, en guerra, fiestas,
lujos, religión, ritos, arte, erotismo.
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Política salvaje
Georges Bataille llamó la parte maldita a este excedente que se
gasta improductivamente1. Lo propio de las sociedades antiguas fue el
gastarlo en eventos de consumo colectivo que, además, servían para
renovar los lazos y el orden social, precisamente en esos momentos de
desborde y de derroche. La diferencia entre las clases dominantes de las
sociedades antiguas, aristocráticas, y la clase dominante moderna, la
burguesía, es que ésta última sólo gasta dicho excedente en sí misma.
La gran diferencia de la sociedad moderna industrial es que instituye, como resultado sintético y aleatorio de varias innovaciones tecnológicas y sociales, las formas y la práctica de dedicar una buena parte del
excedente nuevamente a la producción, en una dinámica de reproducción y acumulación ampliada. De ahí la posibilidad y la centralidad de la
acumulación económica, que reduce y anula a veces el gasto colectivo
del excedente, a la vez que lo privatiza. Ambas cosas van juntas.
En las culturas que han vivido y viven bajo formas comunitarias de
producción y gobierno, una buena parte del excedente se gasta en relaciones de don y reciprocidad, que tienen el efecto de forjar su peculiar
sistema de poder y prestigio. En el momento de la fiesta se juntan y articulan prácticas y necesidades de reproducción ritual del orden social y
de la comunidad, el gasto improductivo y la reproducción de relaciones
de prestigio, autoridad y poder en su seno.
El gasto de la parte maldita sirve para la producción de la dimensión sagrada de las sociedades. La parte maldita da lugar a la dimensión de lo trascendente, aquella en la que los bienes y las personas
dejan de ser cosas, simples medios para la producción y la reproducción, y pasan a ser elementos integrantes del fundamento y del fin, que
desconocemos y reconocemos a la vez. La parte maldita financia el
misterio de las sociedades y lo escenifica en los momentos de gasto
colectivo improductivo.
La parte maldita está destinada a la destrucción, en el sentido económico, y a veces en todo sentido, como en la guerra. En este consumo
destructivo de excedente se suelen producir y reproducir lazos y relaciones sociales. En la destrucción improductiva a veces se produce y se vive
1. Bataille, Georges: La parte maldita, Edhasa, Barcelona, 1974.
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El movimiento de la parte maldita
lo intangible. En la destrucción improductiva a veces se reforman y
renuevan o recrean las sociedades, como en las revoluciones y las
revueltas.
La cuestión clave en el consumo del excedente es la de la soberanía, es decir, quiénes gastan ese excedente y cómo lo hacen2. El tiempo
y modalidad del gasto social del excedente dependen del modo en que
se ha organizado el tiempo de la producción, esto es, la soberanía y el
gasto dependen de la estructura de clases. El excedente funda o instituye también la dominación, o la exclusión de los trabajadores del gasto
del mismo.
Se podría decir que hay soberanía de la comunidad cuando el
tiempo y los sujetos del gasto del excedente se corresponden con los de
la producción. Hay soberanía sobre la comunidad cuando la participación en el tiempo y las formas del gasto del excedente son desiguales y
los sujetos del consumo no son los mismos que los de la producción.
La soberanía consiste en el gasto del excedente. La política suele
ser considerada como el campo privilegiado de la soberanía porque en
ella se decide la dirección del consumo y los grados de inclusión o exclusión en los momentos y formas del gasto. Aunque, en rigor, la soberanía
se ejerce precisamente en el momento del consumo, la política queda
como un preámbulo respecto del mismo. Otra manera alternativa y
complementaria de ver las cosas es pensar que la política se prolonga,
entonces, al momento del consumo, a la realización de las decisiones
públicas o políticas sobre la distribución, redistribución y destrucción
improductivas de los bienes y de las personas.
Quiero relacionar la consideración del destino de la parte maldita
y las formas de soberanía en el país actual, que es el eje de este análisis,
a la consideración de lo que llamo los ejes de explotación-exclusióndominación, para proporcionar así un fondo histórico y estructural a
estas opiniones.
Primero se puede distinguir un eje de explotación-exclusióndominación de carácter colonial, que en síntesis y en clave más política,
consiste en el desconocimiento y negación de la igualdad entre los prin2. Bataille, Georges: Lo que entiendo por soberanía, Paidós, Barcelona, 1996.
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Política salvaje
cipios organizadores y de gobierno entre sociedades diferentes, que de
esta manera establecen relaciones de dominación entre sí a partir de las
pretensiones de superioridad de una sobre las otras, por un lado, y del
hecho de la derrota político-militar, por el otro, que con el tiempo acaba
volviéndose derrota cultural, esto es, introyección de la sumisión y la
desvalorización del dominado.
La desigualdad instituida por el poder político dominante deviene
un orden económico tributario, en el que unas sociedades trabajan para
otras. Inicialmente la desigualdad es política y cultural, pero luego se
convierte en estructura de desigualdad económica. El orden colonial se
apropia del excedente de las sociedades dominadas. No sólo del excedente, sino también de parte de lo destinado a la reproducción simple.
De esta forma da lugar al deterioro y la contracción de estas sociedades,
que se ven en el apremio de reformular los márgenes históricos y sociales de la supervivencia y la reproducción.
El colonialismo no sólo se apropia del excedente de los conquistados, sino que también provoca una recomposición del tiempo de trabajo y de los márgenes de reproducción simple de las sociedades colonizadas. El colonialismo es una política de reducción de sociedades por la vía
del incremento del tiempo de trabajo necesario para producir el excedente en cuyo gasto no se participa y, en consecuencia, de reducción del
tiempo y los recursos para su propio desarrollo. Así, es una reducción del
umbral histórico de reproducción simple de las sociedades.
Digo que se trata de un eje de explotación-exclusión-dominación
justamente porque el colonialismo excluye a las sociedades productoras
de los procesos de consumo del excedente, en los cuales incorpora únicamente a algunas élites locales o grupos de mediación descendente por
lo general. Esta exclusión del consumo del excedente implica también
un no reconocimiento de ciudadanía política, o sea, la concentración de
la soberanía, tanto en el consumo como en el gobierno.
Hay poderes de facto y procesos históricos que instituyen la
desigualdad entre sociedades que a su vez ya han producido formas
internas de desigualdad o estructuras estamentales o clasistas. El colonialismo implica la exclusión de los procesos de gobierno político para los
miembros de las sociedades dominadas. El colonialismo es la institución
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explícita de la desigualdad. La exclusión política ejercida sobre la base
del supuesto de la desigualdad cultural contiene la exclusión principal,
que es la exclusión de los procesos, momentos y formas de consumo del
excedente. Una sociedad vive de las otras porque las consume y consume el tiempo y los recursos requeridos para su autodesarrollo.
Por estos motivos, las modernas luchas sociales y políticas por la
conquista de la ciudadanía o democratización del estado, por un lado,
y por la independencia nacional o descolonización política, por el otro,
están fuertemente ligadas a la lucha por el control local del excedente,
en el segundo caso, y por la redistribución progresiva del mismo, en el
primero.
La historia de la democracia no comprende solamente la lucha
por el reconocimiento de derechos políticos y de representación, como
dirían los liberales; se trata más bien de procesos de disputa por el control del excedente y por la reorganización de las condiciones políticas y
sociales de acceso al consumo legítimo de una porción del mismo.
Las democratizaciones han sido procesos de restauración —en
algunos casos de institución por primera vez— de formas colectivas de
gasto del excedente. Si no hay un acceso ampliado al consumo del excedente se puede sospechar que en rigor no hay democratización. La institucionalización de la representación y separación de poderes, por
ejemplo, puede ser parte significativa en el desarrollo de un estado de
derecho pero no son necesariamente democratizaciones si no hay un
consumo más colectivizado del excedente.
La historia de las democratizaciones consiste en luchas por conquistar márgenes más amplios de igualdad política, que a la vez se proyecta para atacar las desigualdades socioeconómicas. La condición
imaginaria de la igualdad política permite presionar por la redistribución del excedente económico y modificar algunos patrones de consumo del excedente y de reproducción social, expresados en la vida de
cada individuo. Sin embargo, sólo la igualdad socioeconómica crea las
condiciones de posibilidad de una igualdad política efectiva. Se hacen
posibles una a la otra, aunque no existan como realización plena. Los
grados de experiencia vivida conquistados dependen de este condicionamiento mutuo.
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Política salvaje
La historia de la democracia es compleja y multidimensional, pero
tanto en el pasado como en la actualidad ha tenido como eje sustantivo
la disputa política por el excedente y las formas de consumirlo. El núcleo
de la ciudadanía es la definición de los márgenes de inclusión o exclusión en el consumo productivo o destrucción del excedente. Por consiguiente, la historia de la democracia y la ampliación de la ciudadanía
están estrechamente vinculadas a la ampliación de los márgenes de
inclusión en el gasto del excedente, para lo cual fue necesario conquistar derechos políticos y el reconocimiento de la igualdad imaginaria en
el ámbito de la política y el estado. La democratización implica una diseminación de la soberanía porque implica una colectivización ampliada
del gasto y el consumo del excedente.
Precisamente el eje de exclusión colonial, y como reacción a estos
procesos de democratización histórica que han experimentado las
sociedades modernas —algunas de manera más continua y progresiva y
otras sólo de manera esporádica y discontinua—, sirve como base para
el contemporáneo eje de explotación-exclusión-dominación de carácter
neoliberal.
El eje neoliberal consiste en el desconocimiento y desmantelamiento de los grados de igualdad y redistribución ampliada del poder
político y social, y sobre todo del excedente, logrados por la historia de
las luchas sociales que conquistaron los derechos políticos y sociales
que instituyeron y ampliaron la ciudadanía, es decir, el umbral de inclusión y reconocimiento en las sociedades y los estados modernos.
El neoliberalismo es el desconocimiento del grado de democratización política y social que la historia moderna produjo como sumatoria de procesos de reforma que de alguna manera redujeron los monopolios económicos y políticos —de la propiedad y del gobierno—, que
son constitutivos de las sociedades capitalistas modernas y sus dominios. Es el desconocimiento y desmontaje de la igualdad producida por
la historia moderna. En esta perspectiva, el neoliberalismo es una estrategia de reconstrucción oligárquica y metanacional de las sociedades. Se
trata también de una nueva dirección o gobierno en el sentido de la
reversión de los procesos de democratización y de reducción de la ciudadanía. Es una vuelta a los orígenes del capitalismo, a la sociedad de los
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monopolios privados que hoy han alcanzado niveles más altos de concentración y exclusión; es una vuelta a la modernidad sin grados de
democratización e igualdad.
En este sentido, el neoliberalismo es una forma de contramodernidad, que corresponde totalmente a la configuración del mundo actual
y lo reconfigura. Se trata de una estrategia que mira hacia atrás, acelerando los ritmos de rotación y acumulación de los capitales y, por tanto,
los de apropiación del excedente de las sociedades, que deben producir
cada vez más rápido, pero que al mismo tiempo también se descomponen y excluyen cada vez más.
Para países neocolonizados como el nuestro, el neoliberalismo es
una estrategia de aceleración de la rotación del capital, a la vez que es
una estrategia de inmovilización de las sociedades y países en los que se
han desmantelado las estructuras de propiedad y de vida política que
permitieron durante algún tiempo la participación de los trabajadores
en el consumo del excedente.
La desestatización de las empresas de explotación de los recursos
naturales, ferrocarriles, telecomunicaciones y servicios básicos, además
de manufacturas menores, ha entregado el control y el usufructo del
excedente a monopolios de capital privado local y transnacional. La
entrega del excedente es la cancelación de la soberanía. Lo gracioso y
triste a la vez es que los gobernantes se jactan de haber modernizado
Bolivia por esta vía, mientras que el estado que semigobiernan vive de
préstamos y donaciones.
El proceso de reformas del estado y de la economía ha sido un itinerario de organización sistemática de entrega del excedente local o
nacional. Es la organización de las condiciones legales e institucionales
de la soberanía de otros sobre el país y sus habitantes. A diferencia de la
colonización española, mediante la cual los conquistadores imponen sus
instituciones y organizan las condiciones del nuevo orden colonial utilizando en parte las estructuras de desigualdad, autoridad y conflicto preexistentes, la dominación neocolonial e imperial de hoy en día ha sido
organizada por agentes internos que preparan la entrega del excedente y
del gobierno a través de lo que han llamado reforma del estado, que en la
medida que entrega el excedente se consolida más como un orden poli31
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cial de instituciones de control y reproducción de los monopolios. Un
estado que entrega el excedente es como un aparato represivo que entrega las condiciones de poder a un soberano externo para el que luego
cumple las tareas de un conjunto de burocracias mercenarias.
El colonialismo clásico es una cancelación externa de las soberanías locales. El neoliberalismo se materializa en la cancelación interna
de la soberanía por parte de las clases dominantes subalternas, casi
siempre guiadas por el poder externo. En este sentido, el neoliberalismo
no resulta de la conquista de mercados, como el discurso épico del liberalismo quiere hacer creer, sino de la entrega y la organización de la
entrega del excedente realizada por las clases dominantes y el sistema de
partidos de los países dominados. En esto se parece a la organización de
un nuevo orden económico tributario, en el que las clases dominantes
entregan como tributo lo sustancial del excedente local para ocupar o
mantenerse en esas posiciones intermedias de un sistema más mundializado de dominación.
La reforma del estado ha sido un proceso de adecuación institucional a los requerimientos de entrega del excedente impuestos por los
capitales transnacionales y las instituciones metanacionales de regulación de las economías y de ejercicio del poder político.
La reforma del estado ha sido también un proceso conflictivo, porque hubo varias formas y fuerzas de resistencia y defensa de los derechos de apropiación y consumo local del excedente. La reforma del estado siempre es un proceso de lucha de clases y de redefinición de las formas y márgenes de apropiación y consumo del excedente. La reforma
del estado ha desplazado el ámbito de la soberanía, del espacio público
—que no era muy amplio pero existía— al de los monopolios privados.
Hay una privatización de la soberanía. Eso es parte del debilitamiento o
cancelación del estado-nación.
El eje de explotación-exclusión-dominación neoliberal combina
una apropiación transnacional del excedente con un uso improductivo
local de una porción del excedente recaudado por el estado y que es
apropiado por miembros de los partidos políticos que han convertido el
acceso a cargos públicos en fuente de enriquecimiento a través de una
extendida práctica de corrupción. En efecto, muchos empresarios llegan
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a la apropiación del excedente no por mecanismos meramente económicos o del orden de la producción y la circulación, sino a través de su
presencia en el gobierno del estado.
El eje neoliberal articula el orden de los monopolios económicos
privados con el monopolio de la política organizado en el sistema de
partidos, que legaliza la entrega del excedente. El sistema de partidos se
ha convertido en la instancia de mediación entre la apropiación del
excedente y el poder político estatal. La mayoría de los partidos que se
alternan en el poder están liderizados por los principales empresarios
del país, que también están ampliamente representados en el Ejecutivo
y el Legislativo.
Se ha establecido una fuerte secuencia capital-partido-estado,
que configura lo que Zavaleta llamaba una situación instrumental del
estado, es decir, cuando la clase dominante ejerce directamente el
poder político y el gobierno del estado en beneficio de sus intereses
particulares.
Si consideramos varios aspectos a la vez, tenemos una entrega del
excedente vía capitalización y privatización; un uso cínico y privado de
los bienes públicos por parte de las élites político-partidarias, caracterizadas además por un alto grado de corrupción y prácticas patrimonialistas del poder político en el seno del estado; en la medida en que entrega el excedente producido internamente, el estado financia su propio
funcionamiento y los llamados proyectos de desarrollo recurriendo a
préstamos que comprometen aun más el excedente futuro de la economía nacional.
Lo que quiero decir con esto es que los trabajadores se hallan cada
vez más excluidos del consumo del excedente que producen y que ya no
se destina a financiar el desarrollo económico local ni se gasta colectivamente. Bajo las formas de dominación colonial y neoliberal se restringe
el consumo del excedente, porque éste es expropiado y entregado, y
fluye hacia otros sujetos de consumo soberano.
Cabe introducir algunos matices en estas consideraciones, principalmente para dar cuenta de la permanencia de relaciones y prácticas
de don y reciprocidad en las formas comunitarias que se han reproducido a lo largo de los periodos colonial y republicano.
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Política salvaje
En el seno de las comunidades agrarias del Altiplano y la zona
andina, a pesar del tributo o entrega del excedente al poder colonial y al
estado republicano, se ha continuado con las prácticas de gasto improductivo. La parte maldita ha sido y es destruida para mantener y reproducir la comunidad. Bajo condiciones de subordinación tributaria y de
explotación a través del intercambio desigual que implica su articulación puntual en los procesos económicos de los mercados de la economía nacional, el gasto sacrificial implica otro cálculo de lo que va a
reproducción simple y lo que se gasta soberana e improductivamente en
don, fiesta, prestigio, simbolización.
A diferencia de las situaciones en las que no hay dominación
externa y, por tanto, entrega del excedente, en situaciones de dominación colonial o neoliberal las sociedades dominadas se ven obligadas a
destinar una porción de lo que antes destinaban a la reproducción simple, es decir, que no era considerado como excedente, para fines sacrificiales o como parte maldita, lo que implica una reforma reductiva de los
parámetros de la vida social y su reproducción; o, con el tiempo, a la producción de un doble excedente: uno para la obligación tributaria y otro
para gasto improductivo interno.
Los aymaras y quechuas migrantes, o los que realizan las mediaciones comerciales y políticas entre los ámbitos de las comunidades
agrarias y la economía moderna, se han caracterizado por explotar
hábilmente las redes comerciales que han montado para disponer de un
excedente que puedan gastar en relaciones de don y prestigio. Lo que
quiero decir es que en situaciones de dominación y subordinación, o
bien se crea una zona intermedia de consumo soberano de excedente
duplicado o repartido entre la entrega y la soberanía local, o se usa como
parte maldita una porción de lo que no era excedente y se destinaba a la
reproducción simple de la vida social.
El tercer elemento de estas consideraciones que hago para armar
la estructura de mi interpretación del conflicto social actual es el de la
igualdad en sus varias dimensiones. La dominación colonial ejerce de
facto la desigualdad entre sociedades asumiendo que la legitimidad de
la misma se desprende de su desempeño histórico y de los resultados de
su conflictiva interrelación. El eje colonial ejerce la desigualdad política,
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El movimiento de la parte maldita
económica y cultural en bloque, esto es, no hay ciudadanía para los
miembros de la sociedad dominada; ésta trabaja para la dominante y
entrega su excedente como tributo; la sociedad colonizadora pretende
superioridad cultural sobre las subalternas.
Este bloque de desigualdades persiste en Bolivia hasta 1952, con
algunos momentos previos en que se modifican varias de esas estructuras, sobre todo los modos de apropiación y uso del excedente. En 1952
se instituye el reconocimiento de la igualdad política de los individuos,
dando lugar así a un proceso más amplio de inclusión política o ciudadanización. La redistribución de la riqueza se realiza a través de la reforma agraria y la nacionalización de las minas. La nacionalización es el
núcleo de la soberanía porque implica la apropiación y control del excedente que va a servir para financiar todas las ampliaciones del consumo
colectivo desde los servicios a la educación pública y la salud, para
financiar al propio estado, luego de haber financiado la expansión del
capitalismo en el país a través de la organización de las empresas estatales y el fomento de la acumulación privada con parte del excedente
minero y luego petrolero.
En 1952 no se planteó la igualdad cultural ni la socioeconómica —
salvo por ciertos sectores obreros y socialistas— porque se planteó la
soberanía nacional como modernización capitalista, a la que renunció
bien pronto, sin embargo, con la excepción de algunos momentos de
fuerte relación entre sociedad civil y estado. El programa no era la igualdad social y económica porque el proyecto era el capitalismo. No se
planteó la igualdad cultural porque el proyecto era el estado-nación en
el momento que necesita presuponer y materializar la homogeneidad o
sustitución cultural que acompaña la constitución de las sociedades
modernas.
Debajo del reconocimiento de la igualdad política o ciudadanía
individual subyace la existencia de una sociedad dominante. El voto
universal implica la posibilidad de igualdad política en el seno y en la
vida de la sociedad dominante, pero persiste la desigualdad entre las
sociedades y las culturas.
Parto de la idea de que Bolivia no sólo es un país multicultural sino
que es también multisocietal. En este sentido, considero que Bolivia, en
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Política salvaje
su acepción más amplia, no es una sociedad sino el nombre histórico de
un país que contiene una diversidad de sociedades en situación de
dominación más o menos colonial. Se podría decir que en una perspectiva más restringida es el nombre de la sociedad dominante, aunque se
trate más bien de la historia de esta conflictiva articulación de desigualdades y formas de superposición desarticulada. Esto es lo que Zavaleta
designaba como lo abigarrado. Bolivia es lo abigarrado, la existencia de
una sociedad dominante, que a su vez es subalterna en lo mundial, que
se superpone a las sociedades y culturas locales, que son articuladas
parcialmente, de manera intermitente, en condiciones de desigualdad y
explotación.
El proceso revolucionario del 52 no logra una nueva unidad,
aunque expande un tipo de articulación y unificación en algunos
ámbitos, que a su vez son momentos de articulación conflictiva con lo
heterogéneo.
Ni el proceso del 52 ni el periodo político y social posterior llegan
a producir la homogeneización social —que no es lo mismo que la igualdad—, pero tampoco llegan a reconocer la diversidad cultural.
Esta es una cuestión que se problematiza desde fines de los años
setenta, sobre todo a partir de la emergencia del katarismo y luego con
la emergencia política de la organización y movilización de los pueblos
de la Amazonía y del Chaco en el ámbito nacional.
La reforma del estado ha reconocido esta diversidad cultural en la
modificación del artículo primero de la Constitución, y sobre todo en la
Ley de Participación Popular, pero en ninguno de estos casos reconoce
ni instituye la igualdad entre las culturas y pueblos porque no reconoce
que son sociedades, es decir, totalidades, y no sólo lenguas y creencias
diferentes.
Se puede reconocer la diversidad cultural sin reconocer su igualdad. La política del apartheid es el caso extremo de reconocimiento
explícito de la diferencia cultural y societal que se vuelve desigualdad y
exclusión general o absoluta.
Reconocer que Bolivia es multicultural y plurilingüe es reconocer
tardíamente algo que siempre ha existido en los hechos. No contiene de
por sí nada democrático mientras no hable de la igualdad. En la institu36
El movimiento de la parte maldita
cionalización de este reconocimiento como reforma administrativa del
estado, que es el proceso de municipalización reorganizado por la Ley
de Participación Popular, se puede ver claramente la institucionalización de la desigualdad entre culturas y sociedades. Se reconoce las formas tradicionales de autoridad local, pero no como formas de autogobierno comunitario y local que siempre han existido, sino como formas
de representación y de control en los procesos de generación de demandas y proyectos en el ámbito de la gestión municipal. Algo que es una
forma de autogobierno se convierte en una forma de delegación y control de la política liberal y burocrática en el núcleo. Ésta es una forma de
reconocimiento distorsionada y a la vez de reducción política de las formas comunitarias de vida política.
La desigualdad política intercultural consiste en que no se reconoce a las diferentes formas políticas la capacidad de realizar las mismas
prácticas de gobierno global de sus sociedades y de la dimensión nacional en la articulación. La Ley de Participación Popular implicó una redistribución positiva del presupuesto municipal, pero a la vez institucionalizó la desigualdad política intercultural. Como dice Huanchu Daoren,
hay algo malo en lo bueno3.
Habría que interpretar sintomáticamente los discursos estatales e
internacionales sobre la ciudadanía y la democratización, la lucha contra la pobreza y las drogas; esto es, se empieza a hablar mucho de lo que
precisamente está empezando a faltar o se está reduciendo, como en el
caso de la democracia, o lo que, al contrario, se está produciendo de
manera ampliada, como la pobreza y las drogas.
También se habla mucho de multiculturalidad, cuando a escala
mundial se expande un sistema de estructuras económico-sociales y
políticas caracterizadas por un dogmatismo de modelo único o el
monoteísmo del capitalismo, es decir, cuando se crean las condiciones
contrarias al reconocimiento efectivo o institución de la igualdad entre
culturas y sociedades.
El multiculturalismo liberal se presenta bajo una apariencia cosmopolita, pero en realidad es la forma contemporánea y encubierta del
3. Daoren, Huanchu: Retorno a los orígenes, Edaf, 1996.
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Política salvaje
racismo, esto es, asumir como un hecho la existencia y la práctica de una
cultura y un tipo de sociedad superior a las demás: el supuesto de que
las puede contener cuando en realidad sólo las traduce y, de ese modo,
las traslada imaginaria y falazmente a su seno4.
Considero que la igualdad intercultural sólo es posible cuando se
reconocen las formas políticas de autogobierno de todas las sociedades
involucradas en el mismo proceso, en igualdad de condiciones, integrándolas en la composición de la forma de gobierno general o macro de
un país, de una región y del mundo, en vez de marginarlas a procesos
administrativos secundarios y meramente locales, cuando la interpenetración ya está dada.
Más aun, creo que los individuos no van a experimentar una igualdad efectiva en el seno de la sociedad dominante, basada en el sistema
liberal de derechos, en tanto la sociedad y la cultura a las que pertenecen no se hayan reconocido como iguales, integrándolas en la forma de
gobierno general y su sistema, compuesto así de participación, deliberación, representación y gobierno.
La igualdad intercultural o el multiculturalismo democrático
implican el reconocimiento y la incorporación de las formas políticas de
autogobierno en la composición de las instituciones y procesos de
gobierno general y macro de la complejidad así históricamente producida y reformada. La igualdad efectiva entre individuos en países o espacios multiculturales depende de este tipo de igualdad política intercultural o entre sociedades.
II. El gasto social en libertad colectiva
Las formas de conflicto social y político que se han experimentado
durante el año 2000, sobre todo en abril y septiembre, han implicado
grandes e intensas movilizaciones que constituyen una renovación de
las formas de acción colectiva y de las luchas populares. Aquí quiero
considerar exclusivamente una de sus dimensiones: las movilizaciones y
4. Zizek, Slavoj: “Multiculturalism or The Logic of Transnational Capitalism” en New
Left review 225, Londres, 1987.
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El movimiento de la parte maldita
la acción colectiva son un gasto social, no sólo de energías sino también
de recursos y bienes.
Mi hipótesis es que estas fuerzas sociales están gastando en conflicto social parte de su excedente, e incluso parte de los recursos normalmente destinados a cubrir la reproducción simple; lo están gastando
en un conflicto que, con la Coordinadora del Agua en Cochabamba a la
cabeza, cuestiona la viabilidad y la realización de aspectos del modelo
neoliberal de entrega del excedente, además de las formas locales de
apropiación del mismo a través del régimen de propiedad de las tierras
y el agua.
Las movilizaciones de abril se centraron en un cuestionamiento
del eje neoliberal de explotación-exclusión-dominación, y vencieron.
Las movilizaciones de septiembre fueron, en parte, una continuación
del cuestionamiento al mencionado eje neoliberal y monopolizante,
pero se incorporó con fuerza el cuestionamiento al eje colonial persistente. El conflicto en torno a las leyes de tierras y de aguas no fue una
cuestión meramente de orden económico y del régimen de propiedad;
también fue una querella sobre la igualdad política y cultural.
En el conflicto del Altiplano se cruzan los ejes colonial y neoliberal de dominación, a los que también se ataca. El planteamiento de
negociar de igual a igual entre cabeza de gobierno y movimiento indígena campesino implica instituir de facto en el conflicto la demanda de la
igualdad política y una ruptura en la relación colonial entre miembros
de diferentes culturas.
Las movilizaciones que cristalizaron en la llamada guerra del
agua en abril de ese año fueron resultado de una preparación previa y
de la condensación y desborde en la coyuntura. La condición de posibilidad es un periodo de maduración y de construcción de un andamiaje organizativo previo, posibilitados ambos por los comités de regantes
y la articulación de la Coordinadora. En principio hay un gasto de tiempo en organización, discusión y deliberación. En el momento de la condensación y la crisis estatal producida localmente, hay un despliegue
de acción colectiva y de fuerzas sociales que en la fase de movilización
y de fusión convocan a más gente. Esta revuelta colectiva ha implicado
también un gran despliegue de recursos acumulados a partir de contri39
Política salvaje
buciones de pequeña cuantía. La gente —cada uno en la medida de su
voluntad y de sus posibilidades— aportó comida, palos, medicamentos, panfletos, sus casas, etc., para mantener la lucha y para satisfacer
las necesidades de sus compañeros en esos momentos de solidaridad
combativa.
Hubo un gasto en lucha social. Hubo destrucción y consumo
improductivo de una porción de los recursos populares para sostener la
lucha social y política. Por el modo en que se organizaron las cosas para
la evaluación de los hechos y la toma de decisiones en asambleas y cabildos dirigidos a reconstituir la capacidad de autogobierno en las organizaciones populares, se podría decir que ésta fue una forma de gasto
social en libertad colectiva.
Ocurre que en situaciones de normalidad en los procesos de acumulación económica, la vida política está organizada para que en ella no
intervengan los trabajadores ni los sectores populares, a no ser como
clientes y súbditos. Los gastos políticos generalmente se hacen en campañas electorales. La normalidad política en el horizonte del funcionamiento de las instituciones liberales existentes y el modelo económico
son lo contrario de la libertad política; son su ausencia, porque se ejercen sobre la base del monopolio de la política, que a su vez se basa en los
monopolios económicos.
Por eso, la libertad política, cuando ocurre, se plantea como ruptura de esa normalidad institucional y como bloqueo de los procesos
económicos, que es donde se dan el disciplinamiento y la subordinación
más fuertes, es decir, la cancelación de la libertad.
Alguna gente gasta en conflicto social parte del excedente que consume, mientras que otros gastan parte de los recursos que garantizan su
reproducción simple, todo esto para modificar las condiciones generales
y legales de la acumulación, apropiación y consumo del excedente.
La gente gasta parte de su excedente y parte de lo que no lo era
para tratar de recuperar el margen de excedente que ha sido transnacionalizado a través del proceso de capitalización. Hay un gasto del pequeño excedente que acompaña en algunos casos la reproducción simple,
es decir, que se usa como reproducción ampliada. En los conflictos
sociales hay un gasto social del pequeño excedente para disputar el gran
40
El movimiento de la parte maldita
excedente, e incluso hay un gasto de una parte de los bienes de la reproducción simple en la disputa por el excedente. El conflicto social y la
lucha de clases son una disputa por la parte maldita de la sociedad y por
el modo de consumirla.
Sin embargo, si se tratara meramente de un cálculo económico, es
decir, sobre la conveniencia de desechar un uso o gasto del excedente
para conquistar otro alternativo, se podría interpretar las luchas sociales
sobre la base de un cálculo racional microeconómico de medios-fines,
como lo hace la mentalidad que opera a partir de la teoría de la elección
racional. Hay un elemento adicional que alimenta y complejiza la querella del excedente, es lo que yo llamaría el gasto social en libertad colectiva como un fin en sí mismo, aunque las acciones están ligadas a la disputa económica.
El gasto en conflicto social que quiebra el orden estatal, como
sucedió en abril y septiembre de 2002, es un gasto soberano. Es consumo y destrucción de bienes y tiempo de manera improductiva para los
procesos económicos de acumulación. Es un gasto en sí mismo, pero de
manera colectiva. Es un gasto en deliberación y lucha colectiva, en política para sí mismos, no para otros.
Ahora bien, este gasto y esta acción colectiva se dirigen a intentar
recuperar el tiempo de trabajo o excedente expropiable y de hecho
expropiado por las reformas privatizadoras y transnacionalizadoras,
esto es, a disputar el consumo de dicho excedente en el tiempo futuro
también. Es una soberanía que se ejerce también para definir las condiciones y los márgenes de la soberanía futura.
Se trata de una soberanía ejercida en el momento del conflicto y
provocación de la crisis del estado; se trata de libertad ejercida en la
lucha de clases, que disputa los márgenes de soberanía en el ámbito de
la reproducción simple y ampliada de la vida individual y colectiva, en el
consumo de los bienes que el trabajo global de una sociedad produce
como masa de reposición y excedente, como reproducción y posibilidades de desarrollo. Es una soberanía política diseminada fuera del estado,
disputando también la soberanía en el consumo privado.
Algunos tratan la cuestión del agua simplemente como un problema de servicios que puede resolverse de manera más eficiente a tra41
Política salvaje
vés de una mercantilización privada y monopólica, como es la capitalización. La Coordinadora del Agua ha planteado que se trata de una
dimensión de síntesis en la coyuntura, que contiene claramente una
estrategia de privatización del excedente económico que modifica y
modificará los procesos globales de reproducción social, sobre todo en
las áreas rurales.
Lo importante de la crisis de abril es que globaliza la cuestión de
la disputa del excedente y la soberanía, ya que no sólo cuestionó la solución económica y el aumento de las tarifas, sino también la forma política de definir los problemas y las soluciones, engendrando una continuidad democrática entre política y consumo, entre deliberacióngobierno de la comunidad y reproducción social local y nacional.
Ser soberano implica consumir una porción del excedente, y se es
más soberano mientras mayores sean esa porción y ese consumo.
Ocurre que la política estatal se ha convertido sobre todo en un ámbito
privilegiado de la definición de quiénes entran en el consumo y en qué
márgenes, cuando ese estado asume el papel de regulador de las condiciones legales y policiales de una economía privatizada y monopólica.
Por eso, para defender y mantener parte del excedente que ya consumimos o parte del valor destinado a la reproducción simple, hay que hacer
política. Los márgenes y modos de consumo se definen también a través
de las instituciones políticas y de la lucha política.
La política neoliberal afecta los patrones de consumo de la población. En primer lugar, desmonta las instituciones estatales que respondían a los derechos sociales. Mediante un cambio del régimen de propiedad, traslada a manos privadas la apropiación del excedente que
financiaba esos servicios colectivos. Esto implica una reducción del
salario real o valor del trabajo, ya que los salarios no aumentan y la gente
se ve obligada a deducir el costo del consumo de estos servicios de su
salario nominal, que en vez de incrementarse por el acceso a esos servicios, se ha reducido.
En segundo lugar, el eje de la política económica neoliberal —sobre
todo en países que no contaban con un estado de bienestar amplio—
consiste no sólo en privatizar el excedente redistribuido previamente
por las instituciones de la seguridad social y la educación, sino también
42
El movimiento de la parte maldita
en reducir el umbral de la reproducción simple, a modo de ampliación
del excedente apropiado por los capitales. La flexibilización laboral es
una estrategia de explotación de plusvalía absoluta y de regresión histórica forzada del valor de la fuerza de trabajo.
Parte de la reproducción de la vida de los trabajadores se convierte en parte maldita o excedente expropiado que se invierte en explotación y apropiación de más excedente a escala mundial. La parte maldita puede ser utilizada de varias maneras: en goce erótico, en creación
artística, en culto religioso o en guerra, y desde el punto de vista político
puede ser utilizada en la organización de estructuras de dominación
más o menos subjetivadas o en el ejercicio de libertad colectiva.
El neoliberalismo forma parte de las estrategias de succión y concentración del excedente, así como de exclusión de la mayoría de la
población mundial de su consumo. La soberanía, así, se concentra también. El monopolio sobre la parte maldita empobrece cultural y políticamente a las sociedades explotadas, ya que disponen de menos recursos
(o de ninguno) para explorar y desplegar su carácter multidimensional
más allá del trabajo.
Ante estos procesos de concentración del gran excedente, están
brotando las revueltas en las que algunos sectores populares están consumiendo su parte maldita para quebrar y reformar la acumulación de
los capitales y los procesos de su reproducción social.
La parte maldita apropiada por los capitales está financiando las
tecnologías de aceleración del tiempo social y sobre todo la de la acumulación económica. De esta manera, cambia los patrones de consumo a
través de la rápida sustitución de los medios, a la vez que aumenta la
exclusión, siempre mitigada por la necesidad de masificar el consumo
de algunos bienes como condición de realización de las mercancías y la
acumulación.
La parte maldita sigue siendo aniquilada en guerras, en las que los
capitales de las industrias bélicas realizan productivamente sus mercancías mientras otras sociedades se destruyen política y socialmente. La
parte maldita que se usa en acumulación ampliada del capital, bajo las
estrategias neoliberales de explotación de plusvalor, está destruyendo
los lazos sociales.
43
Política salvaje
Al contrario, la parte maldita gastada en libertad colectiva en las
revueltas sociales contra el capital, el modelo económico mundial y
local, está recreando los lazos sociales. El gasto improductivo contra la
economía está produciendo sociedad, y en algunos casos comunidad.
El consumo concentrado de la parte maldita está destruyendo o descomponiendo los lazos sociales. El consumo o gasto colectivo los está
recreando, y en la medida en que lo logra plantea problemas o pone en
crisis a los estados policiales del capital, pues implican otro patrón de
consumo y soberanía. Contra la soberanía del capital y el estado, la
soberanía del gasto social en libertad colectiva y popular. Así entendería
las movilizaciones de abril en Cochabamba. La parte maldita está dividida y las clases sociales la usan para disputar el consumo soberano de
la misma.
Muchos teóricos, y sobre todo políticos, afirman que ya no tiene
sentido hablar de la soberanía nacional, porque ya la han anulado en
muchos lugares. Ésta no era sino mecanismo para colectivizar el consumo de la parte maldita en el seno de las sociedades capitalistas. En tal
sentido, una estrategia política popular, populista o populachera necesita plantearse una renacionalización del excedente, o como se quiera llamar a este proceso, pero de lo que se trata es de ejercer soberanía local
gastando colectivamente y de manera ampliada el excedente de nuestro
trabajo.
El gasto en conflicto social no es consumo en satisfacción directa
de necesidades materiales específicas, es un gasto en libertad política
para disputar la definición y la satisfacción de las necesidades. Es una
destrucción de las cosas, en pos de la reconstrucción o la reforma del
mundo social.
En este sentido se puede interpretar también el proceso de los bloqueos de septiembre y abril. Se trata de una ruptura de los procesos de
circulación de las cosas y las personas que afecta a los procesos de acumulación económica y, por tanto, a la reproducción del poder político
del estado y del poder social de la clase dominante, aunque también
afecta a otros procesos y tránsitos personales que deberían ocurrir en la
coyuntura. Cuando los trabajadores hacen un paro o un bloqueo significa que dejan de trabajar para otros. Un paro o un bloqueo no sólo son
44
El movimiento de la parte maldita
un perjuicio económico para los capitales y el estado político, pues también se perjudica la gente que los realiza, y más aun en un país como
Bolivia, donde la mayoría de los trabajadores y productores no son asalariados dependientes sino que dependen de su propia iniciativa y autoempleo artesanal, agrícola o comercial. En este sentido, la participación
en las luchas sociales es un sacrificio económico, en algunos casos en
aras de la libertad política, como sucedió en abril y septiembre del año
2000, mientras que en otros casos se reduce a la mera dimensión económica como redistribución del excedente, que también ha estado presente en todas las coyunturas de conflicto y crisis.
En septiembre el tiempo del conflicto fue más largo y también fueron más las regiones y los sujetos sociales en conflicto, por lo que el
gasto social fue consiguientemente mayor. Lo característico de estos
años es una fuerte localización de la política, lo cual ha provocado una
diversificación de los puntos y motivos de la acción colectiva. La vida
política se ha hecho más compleja, ya que responde a diferentes fines,
organizaciones y direcciones.
Sin embargo, entre abril y septiembre se ha pasado rápidamente a
formas primarias de articulación, comunicación y solidaridad entre los
diferentes sectores en conflicto —aunque no entre todos—, en las que se
ha experimentado también fortalecimiento y debilitamiento, reversibles
ambos.
En ese periodo hubo un mayor gasto social porque hubo acumulación histórica y política. La contrapartida es una mayor destrucción
improductiva de bienes y valor económico. Las evaluaciones de los conflictos sociales se basan generalmente en el cálculo de las pérdidas económicas en cada coyuntura pero no suelen considerar o vislumbrar los
beneficios políticos y sociales, pues éstos derivan precisamente del
gasto y destrucción improductiva en el conflicto. Puesto que se trata de
procesos de lucha de clases, no puede haber coincidencias en la evaluación de pérdidas y beneficios.
En los conflictos de abril y septiembre no se estaba disputando
solamente la distribución del excedente ya producido, sino las condiciones legales de apropiación del mismo, es decir, el régimen de propiedad.
Esto se hace patente en la expulsión del monopolio privado del agua en
45
Política salvaje
Cochabamba y el intento de una administración autogestionaria de
ésta. Está presente también en la demanda de derogación o modificación de la ley INRA sobre la propiedad de la tierra. Es el régimen de propiedad el que define los derechos de apropiación del excedente, de
manera que una disputa radical por el excedente implica una disputa
sobre el régimen de propiedad. En este sentido, las luchas sociales apuntan al meollo del asunto, aunque no a todo el régimen de propiedad. La
socialización de la parte maldita no está en el orden del día sino, más
bien, el uso colectivo y local de la misma en algunas regiones y ámbitos
de la economía y el consumo de bienes y servicios.
En abril se ataca el eje neoliberal desde lo local y lo popular; en
septiembre se ataca también el eje colonial desde lo indígena y lo político cultural. En septiembre se ataca conjuntamente el eje neoliberal y el
colonial porque están en juego cuestiones que van desde la mercantilización de la tierra y el agua, y la desprotección de mercados internos,
hasta la igualdad política o, más precisamente, la desigualdad política
intercultural. El despliegue de autonomía política y fuerza social que se
dio en el Altiplano fue organizado y dirigido por la CSUTCB, pero tuvo su
base en la organización y la acción comunitarias.
La CSUTCB plantea negociar en pie de igualdad con los representantes del estado, no como gobierno y súbditos, que era lo normal. Aquí,
la igualdad política no se da en las elecciones sino en el conflicto, en la
crisis y en la negociación política directa. Esta igualdad política no es
completa ni continua en el tiempo y en el espacio, pero es más real que
la que promete el discurso legal en el seno de las instituciones de mediación y representación delegada, pues se sigue negociando entre gobernantes y gobernados y sólo temporalmente, a pesar del cambio de estatuto de los sujetos planteado de facto en el conflicto. No se trata todavía
de negociaciones entre dos formas de autogobierno, lo cual sería expresión de una mayor igualdad política. Esta intervención de la CSUTCB ha
inducido un proceso de autovaloración colectiva entre indígenas y campesinos, que es necesaria para la igualdad política intercultural.
En las movilizaciones de septiembre han intervenido tanto sectores que disponen de un pequeño excedente como sectores que no lo tienen y que sacrifican los medios de obtención de alguno en el futuro a
46
El movimiento de la parte maldita
través de la venta de sus productos. Hay un gasto colectivo en autonomía y libertad política, en una fractura temporal del eje colonial y el neoliberal a la vez.
La situación anfibia de las comunidades y productores agrarios,
que están y no están en los circuitos de la economía capitalista nacional,
les permite financiar este tipo de gasto social en conflicto social, que en
esta ocasión también fue intercultural.
III. El lugar de la democracia
Como parte de las redefiniciones que afectan al mundo actual, académicos y políticos suelen definir la democracia como un mecanismo para la
elección de gobernantes (en el caso de las corrientes más minimalistas),
y también como un modo de resolución de conflictos según procedimientos. Para unos es un recorte institucional que les facilita el trabajo
al reducirlo y les permite buenas relaciones con los otros, los políticos,
que son los que efectivamente reducen la democracia a la elección de
gobernantes, es decir, que la hacen desaparecer.
Todo el proceso de reformas neoliberales del estado se ha acompañado de un discurso sobre la consolidación de la democracia en estos
términos procedimentales. En las crisis de abril y septiembre se decía
que estos movimientos rebeldes ponían en peligro la democracia. Hubo
y hay efectivamente el peligro de una regresión autoritaria dictatorial en
lo que se refiere al régimen político, sobre todo si los que gobiernan ya
practicaron esa vía anteriormente.
Ahora bien, lo que las coyunturas de crisis revelaron es la inoperancia, la indiferencia y el carácter superfluo del sistema de partidos en
relación a las necesidades y demandas políticas populares, aunque sí es
muy funcional en el papel de legalizador de la entrega del excedente y la
aprobación de las reformas hoy cuestionadas. Por eso, estas crisis ponen
en peligro el sistema de partidos descrito, desplazando la política real a
otros escenarios y tiempos, de la pseudorrepresentación a la autorrepresentación en el planteamiento de los problemas, en las posibles soluciones y en la negociación.
47
Política salvaje
Precisamente en estas coyunturas en las que el bloque dominante y
sus intelectuales piensan que la democracia está en peligro, considero que
se están desplegando los verdaderos procesos de democratización en el
país. En las condiciones de monopolización privada y transnacional, estas
movilizaciones plantean la defensa y disputa por el excedente local y la
soberanía, por un lado, y el problema de la igualdad política, por el otro.
La democracia no nació en la antigüedad ni renació en la era
moderna como mero procedimiento electoral, sino como un proceso
social y político de cuestionamiento de la propiedad oligárquica de la
riqueza y como efectiva aunque parcial redistribución de la misma. La
idea y la práctica democráticas consistieron históricamente en modificar la forma de gobierno, ampliando la participación en la deliberación,
a fin de reducir la desigualdad social y económica.
El discurso liberal y neoliberal parte de los procedimientos y la
forma política del contenido de lo democrático. Por consiguiente tenemos hoy procesos llamados de democratización o consolidación democrática junto a procesos de agudización de las desigualdades sociales y
económicas, así como de concentración en los procesos de gobierno
macro de las economías y estados.
El lugar y tiempo de lo democrático es algo que se desplaza permanentemente y suele ser discontinuo. En principio la democracia no
es la solución de conflictos sino, más bien, el planteamiento de un conflicto específico en torno a algún tipo de desigualdad existente. La clave
de lo democrático es que no basta resolver un problema colectivo; para
hacerlo hay que desarrollar una forma política que implique también el
ejercicio de la igualdad. En la democracia se trata de ejercer igualdad
política para atacar la desigualdad social y económica, además de otras
formas de desigualdad. Cuando esto no se da de manera regular y central en la vida política de la forma de gobierno vigente, como ocurre
actualmente en Bolivia, los impulsos democratizadores vienen de fuera
del sistema, como conflictos planteados por fuerzas sociales y políticas
constituidas o reconstituidas para problematizar alguna desigualdad o
algún aspecto del conjunto de desigualdades existentes.
Las democratizaciones ocurren o pueden ocurrir cuando se
cuestiona el orden establecido y estable de desigualdades. En este sen48
El movimiento de la parte maldita
tido, no siguen procedimientos; al contrario, los desbordan, ya que
éstos existen para reproducir las cosas como están allá donde hay desigualdades.
Jacques Ranciere prefiere llamar orden policial al sistema institucional de lugares para cada clase, grupo, individuos, así como a la desigualdad organizada y reproducida regularmente mediante lugares y
jerarquías. Las democratizaciones ocurren cuando se constituyen sujetos con autonomía que atacan y modifican el orden policial existente, en
algún punto o en su conjunto. Las democratizaciones vienen de las
revueltas igualitarias o de los procesos de reforma o distribución procesual del poder político y socioeconómico en el sentido de la reducción
de su carácter monopólico.
El lugar de la democracia está fuera del orden policial, en su negación. La revuelta de abril y el conflicto de septiembre son cuestionamientos al orden policial organizado por el neoliberalismo y por el eje
colonial. En este sentido, son procesos de democratización y de redistribución de facto del poder político en los territorios y tiempos en que
cancelaron local y parcialmente al estado en la crisis.
El lugar de la democracia no está en el sistema de partidos y su
tiempo tampoco es el de las elecciones. Estos procesos y lugares se han
vaciado de política democrática. Se caracterizan, más bien, por un alto
grado de corrupción y frivolidad, así como por su funcionalidad para
legalizar la concentración de la propiedad y el excedente. La democracia
está en las crisis y en los lugares en los que se han constituido sujetos
sociales y políticos que están cuestionando las desigualdades e injusticias a través de formas locales de igualdad política y mediante su presencia en la deliberación y las decisiones.
El lugar de la democracia es cambiante. A veces no existe. En la
Bolivia actual aparece como un archipiélago de islas de política local que
están planteando la disputa por el excedente, la soberanía y la igualdad
política. Hoy por hoy el tiempo de la democracia es el tiempo de las crisis, que son producidas precisamente por la constitución de sujetos y
autonomías políticas críticas. El lugar de la democracia es hoy la territorialidad de la Coordinadora, las asambleas abiertas, los cabildos, la
CSUTCB, algunos sindicatos, algunas comunidades.
49
Política salvaje
La democracia se caracteriza por no tener un lugar privilegiado,
como el sistema de partidos. Hoy, la parte maldita consumida en conflicto social y en libertad colectiva fuera del orden policial está produciendo los lugares de la democracia, que es un conjunto de puntos críticos, que empiezan a trabajar su comunicación a la vez que experimentan sus conflictos y diferencias entre sí.
La democracia tiene presente o presencia y futuro si se diseminan
o multiplican los lugares y tiempos de cuestionamiento de las desigualdades. La democracia se reduce cuando las desigualdades se estabilizan
y legalizan, como parece que estaba ocurriendo en Bolivia. Si el sistema
de partidos es el medio de legitimar tales desigualdades, como ocurre en
Bolivia, éste no es un lugar de democracia o democratización.
La parte maldita puede servir para destruir o complejizar la vida
de las sociedades. La entrega del excedente es la incapacidad de la clase
dominante para ejercer soberanía sobre el conjunto de la parte maldita,
pero también de su incapacidad para compartirla como gasto colectivo;
por eso la entrega como brasa que quema. Egoísmo e incapacidad.
La democracia, como régimen de redistribución del excedente,
necesita financiarse a su vez con el uso de parte del excedente. Esto presupone la capacidad de retención política del excedente por parte del
estado, es decir, un estado-nación fuerte o la nacionalización del estado. En este sentido existe un vínculo estrecho entre estado-nación y
democracia.
La redistribución del excedente debe ser financiada por otra porción del excedente que sostenga la vida política democrática que la dirige. Esto implica que algunos procesos políticos anteriores llegaron a instaurar la decisión de invertir en un régimen político de reforma igualitaria de la sociedad.
Un estado que no se autofinancia no es democrático. Las reformas
del estado han entregado gran parte del excedente nacional a capitales
transnacionales y a oligarquías locales. Por eso, el estado se financia parcialmente con préstamos, ayudas y donaciones internacionales, que
más bien son inversiones extranjeras en poder político local, ya que les
permite dirigir y definir la orientación de las reformas de los sistemas
normativos, sobre todo, y de los regímenes de propiedad y gobierno
50
El movimiento de la parte maldita
político. Un estado que entrega el excedente no puede ser democrático,
es como un soldado que entrega las armas al ejército enemigo.
Cuando las reformas políticas se financian externamente no
puede haber cambio democrático, sino inversión en fachadas políticas y
normativas por medio de las cuales el estado se prohíbe a sí mismo el
ejercicio de la soberanía, esto es, se reduce y autoanula como estado.
La condición de la democracia como régimen político, inclusive
en el caso del estado liberal representativo, es la retención y dirección
local de la inversión y el consumo del excedente. La democracia empieza destinando una parte del excedente a financiar una ampliación de la
vida política, que como resultado redistribuya con más justicia el resto
del excedente.
Las reformas del estado han anulado las condiciones político-económicas de la democratización institucional y global del país. Algunas
luchas sociales están gastando su pequeño excedente para intentar
revertir algunos de estos procesos y lograr reformas por medio de las
cuales este estado pueda retener y dirigir democráticamente el gran
excedente.
La soberanía sobre la parte maldita funda la libertad. Se puede
pensar la democracia como una reconquista de la parte maldita, para lo
cual se convierte en parte maldita algo hasta ahora destinado a la reproducción básica de nuestras vidas.
Los procesos de democratización implican también destrucción
improductiva de riqueza social, para lograr una redefinición antimonopólica del patrón de distribución de la misma.
La democracia tiene lugar cuando alguien cuestiona los lugares
que los ejes colonial y neoliberal han diseñado para que trabajemos para
otros y para que se obedezca la voluntad de los monopolios.
La democracia es el lugar de la crítica práctica de las desigualdades; por eso constituye hoy los lugares de las crisis, en los que se está
consumiendo la parte maldita como gasto social en libertad colectiva.
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Movimientos sociales,
movimientos societales y
los no lugares de la política
Las sociedades no dejan de moverse en el tiempo. Para gobernar ese
movimiento se hace política dentro de cada sociedad y entre sociedades.
Los movimientos más intensos se dan cuando se está definiendo la composición socio-política global o en los momentos constituyentes, en los
momentos de crecimiento rápido y en los procesos de reacción, de
reforma de las fallas estructurales en la composición de la sociedad, es
decir, en los periodos revolucionarios o fundacionales, en las olas
expansivas y en las crisis.
En países multisocietales como Bolivia no todas las fuerzas se
mueven en la misma dirección, debido a una construcción incompleta
que hace que casi siempre haya un flujo subterráneo de procesos sociales desarticuladores del orden estatal y económico nacional. En este
sentido, algunos procesos no son solamente movimientos sociales, o
sea, movilización y acción política de ciertas fuerzas o de una parte de la
sociedad con la finalidad de reformar algunas de sus estructuras, sino
que también en algunos casos son movimiento de sociedades en proceso de conflicto más o menos colonial en el seno de un país estructuralmente heterogéneo.
I. Los lugares de la política
La política es una práctica que resulta del movimiento de lo social en el
tiempo. En tanto esto implica dirección y gobierno, la política es una de
las prácticas de producción y reproducción de los diversos órdenes
sociales y, en este sentido, productora y reproductora de sus propios
espacios.
Los lugares de la política son una configuración que resulta de
propensiones determinadas por el conjunto de las estructuras sociales y
53
Política salvaje
principalmente por el modo en que las acciones políticas responden a
éstas, definiendo para sí mismas las condiciones institucionales de
intervención en la articulación y dirección de sus sociedades.
La forma de la sociedad define los lugares de la política, los escenarios de su institucionalización y los de la acción legítima y reconocida, a la vez que necesaria. La forma moderna de las sociedades ha erigido o producido un espacio privilegiado de la política como estado. En
principio ésta fue y es una forma de concentración y monopolio de la
política, que se organiza tendencialmente como una forma burocrática
de administración y dominio1.
Las historias del desarrollo de los estados modernos han complejizado y diversificado ese espacio central de la política, produciendo
varios lugares para la representación de los gobernados, la división de
los poderes y el reparto del poder o las prácticas de cogobierno.
Los procesos de diversificación y ampliación de los lugares de la
política en el seno del estado responden a dos líneas de causalidad histórica: por un lado, al desarrollo de la ciudadanía y la democratización
del estado, y por otro lado, al desarrollo de la complejidad y diversificación estructural que produce el movimiento de lo moderno, que va
desde la creciente división del trabajo hasta la división constitucional de
poderes y la descentralización del gobierno. Esta dimensión de diferenciación institucional se da necesariamente en relación a la otra dimensión de la ciudadanización.
Los procesos de ciudadanización que se han experimentado históricamente han producido el espacio de la representación en el seno
del estado, que es el lugar del parlamento. Con el tiempo, el parlamento
ha pasado a ser más un resultado secundario del proceso de selección de
los gobernantes o la cabeza del ejecutivo, en el caso de los regímenes
presidencialistas.
El lugar de la representación y la legislación a través de representantes elegidos siempre ha sido posible a través de la institución y el
reconocimiento de un conjunto de derechos políticos de asociación,
participación, información y voto. Estos derechos se ejercen para acce1. Cfr. Marx y Weber.
54
Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política
der al espacio o lugar central de la política, pero también son derechos
que permiten la práctica política fuera del estado, en la organización de
la sociedad civil y la esfera de lo público. La sociedad civil es otro lugar
de la política, en realidad, un conjunto de lugares en los que se organiza
vida política no estatal.
Los lugares de la política han tendido a ampliarse o diversificarse,
pero a la vez también a estabilizarse, es decir, a institucionalizarse, a
adquirir cierta regularidad, a organizarse en espacios delimitados, así
como sus relaciones mutuas.
Una buena parte de las instituciones de la sociedad civil funciona
como mediaciones o puentes hacia el estado. Una porción considerable
de la sociedad civil se organiza como resultado de la diferenciación
estructural y social que deviene un conjunto organizado de intereses y
de acciones que se institucionalizan para interactuar en el mismo seno
de la sociedad civil y con el estado.
La sociedad civil se organiza como un conjunto de lugares en los
que se hace política sectorial o política nacional desde lo sectorial.
Tendencialmente, las instituciones de la sociedad civil aceptan las normas del orden social y político; se constituyen con la finalidad de negociar
su posición relativa en el conjunto de las relaciones sociales y de poder.
Cuando los sujetos y prácticas que han configurado dichos
momentos políticos de la sociedad civil y las esferas de lo público que
resultan de su acción o despliegue en relación al estado y la política
nacional, o los que no han constituido todavía sociedad civil, desbordan
esos lugares de la política, entonces puede estar constituyéndose un
movimiento social.
Un movimiento social empieza a configurarse cuando la acción
colectiva empieza a desbordar los lugares estables de la política, tanto
en el seno de la sociedad civil como en el del estado, y se mueve a través
de la sociedad buscando solidaridades y aliados en torno a un cuestionamiento sobre los criterios y formas de distribución de la riqueza social
o de los propios principios de organización de la sociedad, del estado y
del gobierno.
Lo característico de un movimiento social es que no tiene un lugar
específico para hacer política sino que, a partir de algún núcleo de cons55
Fly UP