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Lecciones a 60 años de la “ley maldita”

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Lecciones a 60 años de la “ley maldita”
MSJ Sociedad
La norma legal
promulgada en 1948
para poner fuera
de la ley al Partido
Comunista no solo
fue éticamente
cuestionable y poco
efectiva en el tiempo,
sino que además
postergó desafíos
críticos para el país,
dañó al sistema político
e influyó en la división
entre los católicos.
Presidente Gabriel González Videla
Lecciones a 60 años
de la “ley maldita”
Carlos Huneeus1
Profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la U. de Chile y
director ejecutivo de la Corporación CERC
44 428
L
as instituciones democráticas se desarrollan en el tiempo
y, aunque pueden ser debilitadas por golpes militares,
revoluciones o guerras, finalmente permanecen y no
son destruidas. Esto se explica porque poseen recursos para
sobreponerse a los contextos hostiles y sus afiliados mantienen
adhesión a ellas a pesar de las adversidades. Pero también dichas
instituciones pueden ser dañadas por gobiernos democráticos
que restringen los derechos individuales, creando condiciones
que debilitan a partidos y grupos de interés y afectan el clima
social necesario para una convivencia democrática.
Hace sesenta años, el 3 de septiembre de 1948, por iniciativa
del presidente radical Gabriel González Videla (1946-1952) fue
promulgada la ley 8.987, de Defensa permanente de la democracia, llamada por sus detractores la “ley maldita”. Su objetivo
fue poner al Partido Comunista (PC) fuera de la legalidad.
En virtud de ella, el Gobierno eliminó de los registros electorales a una cuarta parte de sus votantes —ese partido había
obtenido 16,5% en las municipales de 1947—, expulsó de la
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administración pública a centenares de funcionarios comunistas,
especialmente profesores primarios, y destituyó a los dirigentes
sindicales de esa militancia. Redujo el pluralismo político y la
libertad ciudadana porque combatió una idea y sancionó a las
personas que adherían a ella. También dañó la competencia
electoral al poner a una colectividad fuera de la ley. Igualmente,
restringió los derechos de los trabajadores y fue empleada contra
quienes hacían huelgas, todo ello por decisión del presidente
González Videla y su sucesor, el general Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958). Para hacer efectiva su aplicación, los liberales
y el sector tradicionalista del Partido Conservador entraron al
Gobierno el 7 de julio de 1948 —“el gabinete de concentración
nacional”—, lo cual significó de hecho el quiebre de esa colectividad, consumado un año más tarde2.
UNA VALIENTE MINORÍA
Aprobada por radicales, liberales, conservadores y algunos
socialistas, la “ley maldita” fue rechazada por el PC, ciertos parlamentarios radicales, un sector del socialismo, la Falange Nacional
y el senador conservador Eduardo Cruz-Coke, principal figura
del Partido Conservador, del cual había sido su candidato presidencial en 1946, alcanzando un 27,6% de los sufragios. Esta
minoría fue capaz de resistir el clima anticomunista provocado
desde el Gobierno y alentado por la prensa en el escenario internacional de los inicios de la Guerra Fría, etapa marcada entonces
por la guerra civil en Grecia, la toma del poder en Checoslovaquia
por parte de los comunistas y el bloqueo de Berlín3.
González Videla había sido elegido con el apoyo del PC4 en
el marco de un acuerdo electoral mantenido desde 1936 y que
significaba presentar listas conjuntas con el Partido Radical en
las municipales y parlamentarias. Los comunistas votaron por los
candidatos de ese partido en las elecciones presidenciales de 1938
y 1941. El PC fue incorporado al gabinete con tres ministros,
junto a radicales y liberales, y militantes suyos fueron nombrados intendentes —incluyendo el de Santiago—, gobernadores
y consejeros de instituciones públicas. Sin embargo, seis meses
después González Videla los alejó del gabinete y rompió con
ellos, como respuesta a una huelga de autobuseros en Santiago.
Dos meses más tarde, ante un conflicto laboral en la zona del
carbón de Lota y Coronel, inició una violenta acción en contra
de dirigentes y activistas, acusándolos de promover paralizaciones de carácter político que dañaban gravemente la economía y
ponían en riesgo la estabilidad. Sostuvo que el mundo avanzaba
hacia una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética que conduciría a un tercer conflicto mundial. Advirtió
que Chile no podía marginarse pues estaba en “guerra contra
el comunismo”: la acción sindical del PC, según acostumbraba
argumentar entonces el Presidente, formaba parte de la ofensiva
de Moscú contra el mundo libre5.
DICTADURA CONSTITUCIONAL
González Videla buscó dar fundamento legal a su ataque al
PC mediante dos recursos institucionales: las leyes de “facultades
extraordinarias” y las “zonas de estado de emergencia”. Las primeras permitían restringir garantías individuales consagradas en
la Constitución. Entre fines de agosto de 1947 y el 27 de febrero
de 1950, el Congreso —con los votos de radicales, liberales y
conservadores— aprobó cinco normas legales con una aplicación
de un plazo máximo de seis meses cada una. Ninguno de los anteriores presidentes empleó este recurso como González Videla,
a pesar de que enfrentaron graves problemas que amenazaron
la estabilidad de la democracia. Durante ese largo período, con
la excepción de algunos meses después de las parlamentarias de
marzo de 1949, el país estuvo sometido a estados de excepción,
con censura de prensa y detención de personas sin orden judicial: una “dictadura constitucional”, como la calificaría Clinton
Rossiter6. La mayoría de ellas fueron relegadas a lugares apartados
del país, siendo víctimas no solo dirigentes sindicales comunistas,
sino también socialistas y falangistas7, principalmente —aunque
no únicamente— pertenecientes al mundo sindical8. Muchos de
los representantes de ese sector fueron enviados a Pisagua, ciudad
que sería utilizada años después con el mismo fin por el régimen
del general Pinochet9.
Mediante las “zonas de estado de emergencia”, el Gobierno
controló la protesta de los trabajadores a través de los militares,
que participaron en la detención de dirigentes sindicales, impidieron reuniones políticas y ejecutaron otras actividades represivas.
Los uniformados fueron incorporados al gabinete en agosto de
1947, en dos carteras determinantes en la tarea represiva: el almirante (r) Inmanuel Holger fue nombrado Ministro del Interior,
y el comandante en jefe del Ejército, general Guillermo Barrios
Tirado, titular de Defensa. Ambos actuaron coordinadamente
y así las comunas mineras del norte y del sur del país vivieron
sometidas a un prolongado e intenso control castrense.
El 27 de febrero de 1950, González Videla modificó nuevamente su política, abandonando el pacto con liberales y conser-
Este artículo se basa en una investigación sobre Gabriel González Videla y la persecución de los comunistas, trabajo que próximamente será publicado como libro.
Pereira, Teresa: El Partido Conservador 1930-1965. Fundación Mario Góngora, Santiago, 1994, p. 234.
3
Patterson, James T.: Grand Expectations. The United States, 1945-1974. Oxford University Press, Oxford, 1996.
4
Sus dirigentes y activistas trabajaron activamente en su campaña. El senador Pablo Neruda fue jefe nacional de propaganda.
5
Justifica ampliamente esas medidas en sus memorias, escritas después del golpe militar de 1973. González Videla, Gabriel: Memorias. Editora Nacional Gabriela Mistral Ltda., Santiago,
1975.
6
Rossiter, Clinton: Constitucional Dictatorship. Crisis Government in the Modern Democracies. Harcourt, Brace & World, Inc., N. York, 1963; primera edición de 1948.
7
Fue el caso de Francisco Javier Montesinos, falangista, presidente del sindicato de empleados de la Compañía Carbonífera Schwager, relegado en 1947 a Pisagua durante seis meses. Entrevista
del 23 de julio, 2003.
8
Por ejemplo, la joven abogada Gabriela Álvarez, relegada en 1947 durante tres meses a Ancud por tratar de defender a detenidos por la policía de Investigaciones en Santiago.
9
También arremetió en contra de algunas personalidades del PC, entre ellas, el senador Pablo Neruda, quien fue llevado a la justicia por haber criticado al Presidente en un artículo de prensa
publicado en Venezuela. Neruda debió vivir en la clandestinidad durante un año para no ser detenido y huyó del país para conservar su libertad.
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La crisis que condujo al golpe militar de 1973 comenzó antes, en 1947, con
la política anticomunista del Gobierno de González Videla.
Presidente Salvador Allende
vadores, y llamó al Gobierno a los conservadores socialcristianos
—el sector del partido pelucón que se opuso a la persecución de
los comunistas— y a la Falange Nacional, formando el “gabinete
de sensibilidad social”. Ambas colectividades exigieron poner fin
a la “guerra contra el comunismo” y dejar de aplicar la ley de
Defensa permanente de la democracia.
La política anticomunista no logró los objetivos propuestos,
pues no destruyó al PC. Durante los diez años en que rigió la
“ley maldita”, el PC mantuvo su organización en la clandestinidad, amplió su influencia en el movimiento sindical y creció en
electorado. En las elecciones municipales de 1960, las primeras
en que pudo participar, obtuvo 9,2% de los votos. Creció en las
posteriores, llegando a 16,7% en las parlamentarias de 1969 y a
16,2% en las de marzo de 1973. Se convirtió en el tercer partido
comunista en importancia en el mundo occidental, después de
sus homólogos en Francia e Italia. La fuerza política del PC no
se puede separar de los años de la clandestinidad que generaron
mística entre sus dirigentes y militantes, y una aureola de admiración en amplios sectores de izquierda.
La “guerra contra el comunismo” perjudicó a las instituciones
democráticas.
En primer lugar, polarizó al país en un debate sobre a la
naturaleza y alcances del poder del PC. Así, dejó en un segundo
plano la discusión sobre graves problemas económicos y sociales,
especialmente el atraso de la agricultura, dominada por una es46 430
tructura social tradicional en torno a latifundios y caracterizada
por una bajísima productividad. El rechazo a la ley de sindicalización campesina en 1947 fue el símbolo de la decisión de no
enfrentar la modernización de la agricultura, que provocó una
acumulación del malestar social y político de los campesinos. En
consecuencia, las tensiones producidas por la reforma agraria y
la sindicalización campesina iniciada en 1964 por el Gobierno
de Eduardo Frei Montalva (PDC) (1964-1970) no son la causa
de los problemas de la democracia en esos años. Esos enfrentamientos fueron más bien la consecuencia de la negativa —por la
oposición de radicales, liberales y conservadores— a enfrentar
oportunamente la modernización del campo. La democracia
estará ya debilitada cuando en los años ’60 se impulsen reformas
estructurales, inevitables de realizar. La crisis que condujo al
golpe militar de 1973 comenzó antes, en 1947, con la política
anticomunista del Gobierno de González Videla.
PERJUICIO A LOS PARTIDOS
En segundo lugar, “la guerra contra el comunismo” dañó al
sistema de partidos, comenzando por el PR, que salió tercero en
las elecciones presidenciales de 1952 y que desde ese momento debería cargar con el peso de haber “traicionado” al PC. Asimismo,
afectó a los socialistas, un sector de los cuales, bajo el liderazgo de
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Bernardo Ibáñez —candidato presidencial en 1946—, “se sumó
activamente a la cruzada anticomunista de González Videla”10.
Otro efecto es que dividió y debilitó a los conservadores, que no
tendrían capacidad, como en 1932 y 1946, para nominar un
candidato presidencial propio en ninguna de las tres elecciones
presidenciales siguientes. El persistente anticomunismo les impediría preocuparse de construir una alternativa programática para
enfrentar la fuerte competencia de la Falange Nacional, convertida
en Democracia Cristiana en 1958. La derecha cayó a la mitad en
su votación: del 56,9% obtenido por los dos candidatos en las
presidenciales de 1946, se desplomó al 27,8% en las de 1952,
con un abanderado. La gestión de González Videla fue rechazada por la población.
El general Carlos Ibáñez, el ex dictador convertido en “el general
de la esperanza”, ganó ampliamente en 1952, campaña durante
la cual llamó a barrer a los políticos con una escoba. El discurso
contra ellos fue continuado por el presidente Jorge Alessandri
(1958-1964), quien debilitó a los partidos Liberal y Conservador,
que lo habían llevado a La Moneda. Lo esencial de ese mensaje
fue transmitido al régimen militar a través del gremialismo de
Jaime Guzmán.
En tercer lugar, tuvo consecuencias en las Fuerzas Armadas
pues numerosos oficiales participaron en el control político,
dejando huellas en las instituciones y en los numerosos oficiales
que intervinieron en esas tareas. Fue el caso de la mayoría de
los generales del golpe de Estado de 1973, comenzando por
Pinochet. Él, cuando era capitán, en octubre de 1947 participó
en la detención y traslado de trabajadores de la oficina salitrera
Humberstone a Pisagua y luego, a comienzos de 1948, estuvo a
cargo del destacamento militar que controlaba ese puerto, con 60
soldados y dos oficiales. Después fue destinado como “delegado
del jefe de la Zona de Emergencia” a la compañía carbonífera de
Schwager para participar en el control de las actividades de los
trabajadores del carbón11. El discurso y la acción anticomunista de
la dictadura tienen acá un antecedente de enorme importancia.
DAÑO A LOS CATÓLICOS
La proclamada “guerra” contra el PC perjudicó además a
los católicos, pues el clima anticomunista y la presión ejercida
en los obispos por parte de los conservadores tradicionalistas
empujaron a la jerarquía a intervenir la Asociación de Jóvenes
de la Acción Católica. Ello provocó la renuncia de su directiva
y el fin de la entidad. Había alcanzado un gran desarrollo, con
una organización desplegada de Arica a Punta Arenas con unos
10.000 miembros, gracias al liderazgo del padre Alberto Hurtado,
S.J., su asesor entre 1941 y 1944. Monseñor Augusto Salinas,
encargado por la Jerarquía de relacionarse con la juventud, en
una decisión desproporcionada, arremetió y cuestionó en duros
términos el manifiesto de los jóvenes del 1º de mayo de 1947, en
el cual ellos planteaban la necesidad de atender los derechos de los
10
11
trabajadores y criticaban el negativo anticomunismo de sectores
católicos. El padre Hurtado había llamado en su libro ¿Es Chile un
país católico?, de 1941, a entender el problema comunista como
una consecuencia de la pobreza y abordarlo desde una política
positiva, de combate a la miseria. Pero con la nueva acción de la
Jerarquía se desmoronó una importante obra suya. Por otra parte,
autoridades eclesiásticas se enfrentaron con la Falange Nacional,
acusándola de haber instigado el documento de los jóvenes. Esta
era una acusación sin fundamento pero esa entidad estuvo dispuesta a disolverse debido a la postura de los obispos.
El anticomunismo de estos últimos mostraba un cambio respecto de la posición expuesta en la declaración episcopal del 1º de
enero de 1947, “El deber social de los católicos”, en la cual manifestaron que el problema comunista “no será vencido por medios
negativos como la violencia o la coerción, sino superándolo por
una acción de verdadera redención proletaria en justicia social y
caridad”. Esta postura anticomunista tuvo consecuencias negativas
en el trabajo pastoral de los obispos pues debilitó su presencia en
la juventud y en el mundo de los trabajadores. Esto es un factor
que ayuda a explicar el hecho de por qué en Chile los católicos,
a diferencia de lo que se aprecia en varios países en Europa, han
tenido una baja influencia entre los trabajadores.
Finalmente, dañó a los sindicatos, afectados por el prejuicio en
su contra de parte de la derecha y de un gran sector del empresariado que los han considerado como instituciones manejadas por
los comunistas, imagen que ha perdurado en el tiempo.
LECCIONES PARA EL PRESENTE
¿Por qué recordar esta política? No solo porque es una muy
importante etapa olvidada de nuestra historia. También porque
nos entrega la lección de que cuando no se enfrentan oportunamente los problemas graves del país, se sufren consecuencias
negativas, dañando las instituciones democráticas. El equivalente
funcional del atraso agrario de los años ’40 es hoy la lamentable
realidad de “las escandalosas desigualdades” que no están con
suficiente fuerza en la agenda pública. Esta ausencia tiene consecuencias negativas para la estabilidad de la democracia y del
sistema económico, amenazados por desigualdades económicas y
sociales que, además, generan nocivas diferencias políticas. Si ayer
el comunismo fue el pretexto para impedir que se enfrentaron las
causas de la pobreza, hoy existen otras explicaciones, más sutiles
que aquella pero igualmente efectivas, para desviar la atención
hacia otro lado, aumentando con ello un conflicto social latente
que en algún momento en el futuro —no sabemos cómo ni
cuándo— se hará manifiesto.
Y por supuesto, además, es necesario recordar esta política para
valorar a esa minoría de todos los partidos que se opuso al clima
beligerante de la Guerra Fría, ejemplo que demuestra el valor de
actuar de acuerdo a principios, resistiendo los climas pasajeros de
la opinión pública. MSJ
Walker, Ignacio: Socialismo y democracia. CIEPLAN-HACHETTE, Santiago, 1990, p.134. Ibáñez había sido secretario general de la Confederación de Trabajadores de Chile, CTCH.
Lo cuenta en sus memorias. Pinochet, Augusto: Camino recorrido. Biografía de un soldado, tomo I. Instituto Geográfico Militar, Santiago, 1990, pp. 114-122.
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