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Igualdad de trato - Defensor del Pueblo

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Igualdad de trato - Defensor del Pueblo
Fuente: Defensor del Pueblo. Informe anual 2015
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https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2015/
IGUALDAD DE TRATO
Consideraciones generales
El Defensor del Pueblo ha tenido ocasión en numerosas actuaciones de reiterar su
compromiso con la remoción de todos los obstáculos que impiden que la igualdad del
individuo, y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, y ha impulsado con
firmeza el mandato constitucional de facilitar la participación de los ciudadanos en todas
las áreas de la vida política, económica, cultural y social.
Se destaca como ejemplos de lo anterior, el reflejo legal que han tenido dos
recomendaciones dirigidas a remover los obstáculos que afectan a los residentes legales
extranjeros, con discapacidad psíquica, que solicitan la adquisición de la nacionalidad
española por residencia. La disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio,
en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de
España, ha incorporado el contenido de las recomendaciones efectuadas por el
Defensor del Pueblo y ha previsto normativamente que se arbitren los apoyos y los
ajustes razonables que permitan el ejercicio efectivo de la igualdad en los procedimientos
de adquisición de la nacionalidad española para las personas con discapacidad.
También es preciso señalar las diferentes actuaciones realizadas para luchar
contra los estereotipos que sufren distintos colectivos (comunidad gitana, LGBTI,
personas con discapacidad, musulmanes, etcétera) tanto en los medios de comunicación
como en los portales de internet. La contribución de los medios de comunicación en el
tratamiento que se realiza de la información es fundamental en la sociedad, por lo que es
urgente incorporar medidas y acciones positivas para mejorar el tratamiento informativo
de todos los colectivos que presentan alguna desventaja. De este modo se evitará no
solo la difusión de estereotipos negativos, que son el caldo de cultivo para cualquier
discriminación, sino que se logrará una imagen en los medios que asegure el respeto de
la dignidad de todos los individuos y grupos con independencia de sus características,
orientación sexual, origen étnico, confesión religiosa, discapacidad o por cualquier otra
condición o circunstancia personal social.
Otro de los asuntos reseñables se refiere a la actuación iniciada en el año 2013
ante la Real Academia Española de la Lengua (RAE) para la modificación de las
acepciones del término «gitanada» y «gitano» en la 23ª edición de su Diccionario. La
aceptación parcial de la recomendación incorpora una nota de uso que advierte del
significado «ofensivo o discriminatorio» de las acepciones «trapacero» y «trapacería»
para definir las palabras «gitano» y «gitanada» en la versión electrónica del Diccionario
de la Lengua Española, disponible en la página web de la RAE.
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Fuente: Defensor del Pueblo. Informe anual 2015
https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2015/
Informe anual del Defensor del Pueblo 2015
5.1 DISCRIMINACION POR ORIGEN ÉTNICO, RACIAL O NACIONAL
5.1.1 Comunidad gitana
El Defensor del Pueblo ha continuado las actuaciones para conocer las medidas
adoptadas sobre la concentración del alumnado gitano en determinados centros
educativos. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio
de Sanidad ha informado de la puesta en marcha de un estudio para conocer la posible
segregación del alumnado gitano para lo cual ha sido necesaria la participación de las
comunidades autónomas.
El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el organismo encargado de coordinar la
recopilación de información de las prácticas educativas implementadas por las distintas
comunidades autónomas en el marco del reciente Plan operativo 2014-16 de la
Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana 2012-20. El citado
organismo ha comunicado que la información recibida de doce comunidades autónomas
ha sido remitida al Grupo de Trabajo de Educación y al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad que analiza actualmente la propuesta de un estudio sobre la
segregación gitana en el sistema educativo (12012809).
Otras de las cuestiones que ha motivado el inicio de una actuación de oficio se
refiere al índice de alumnado gitano que no finaliza la educación secundaria. Las
conclusiones de un estudio llevado a cabo por el CNIIE, titulado «El Alumnado Gitano en
Secundaria. Un estudio comparado», señalan que más de un 60 % de jóvenes gitanos
no logra el título de Graduado en ESO, y este porcentaje aumenta en la educación
secundaria postobligatoria en la que, a los 16 años, solo está escolarizado el 49,8 % del
conjunto de los jóvenes gitanos y únicamente el 3,4 % sigue estudiando. No solo se ha
detectado un elevado porcentaje de absentismo y una alta tasa de repetición en la ESO,
sino que la tasa de abandono escolar es muy elevada: el 63,7 % de la juventud gitana,
entre 18 y 24 años, ha dejado de estudiar o formarse antes de haber completado la
educación secundaria no obligatoria.
A la vista de las conclusiones de este estudio, se ha iniciado una actuación de
oficio ante la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, para conocer las medidas previstas para la detección
precoz de las dificultades que conducen al abandono escolar de los jóvenes gitanos.
Igualmente, sobre el impacto que está teniendo tanto la implementación de los
programas de prevención del abandono prematuro, como la de los programas
desarrollados para la orientación, refuerzo y apoyo educativo al alumnado y a sus
familias, en la población gitana. También se ha actuado de oficio ante el Consejo para la
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Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para que informe de la implementación de las
recomendaciones a las distintas administraciones recogidas en el estudio mencionado
(15017727, 15017728).
Este año, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del
Ministerio de Sanidad ha finalizado los borradores de un manual de lenguaje inclusivo
para medios de comunicación que se materializará en una «Guía práctica sobre igualdad
y no discriminación para profesionales» y en el documento «Recomendaciones para el
tratamiento de la comunidad gitana en los medios de comunicación». Ambos
documentos están pendientes de su publicación definitiva y constituirán un gran avance
en la difusión de la información libre de prejuicios, constituyéndose como una
herramienta eficaz para prevenir la discriminación y los estereotipos negativos sobre la
cultura gitana como los aparecidos en el programa de televisión titulado «Palabra de
gitano» (13008630).
En esta lucha contra los estereotipos discriminatorios hacia la comunidad gitana,
el Defensor del Pueblo continuó las actuaciones ante la Real Academia de la Lengua
Española (RAE) para la modificación de las acepciones de los términos «gitanada» y
«gitano» en la 23ª edición del Diccionario de la Real Academia (DRAE). Realizó dos
recomendaciones para que se estudiase la eliminación del Diccionario de la Lengua
Española de la acepción «trapacería» en la palabra «gitanada», así como la acepción
quinta, «trapacero», de la entrada «gitano». En el caso de que dicha recomendación no
fuera aceptada se dirigió una segunda recomendación relativa a incluir las abreviaturas
«negat.» y/o «despect.» en las acepciones de «trapacería» y «trapacero» de las
palabras «gitanada» y «gitano», respectivamente.
Se ha comunicado la aceptación de esta última recomendación y, desde el mes
de octubre de 2015, la RAE ha añadido en la versión electrónica del Diccionario de la
Lengua Española, disponible en la página web de la RAE, una nota de uso que advierte
del significado «ofensivo o discriminatorio» de las acepciones «trapacero» y «trapacería»
para definir las palabras «gitano» y «gitanada» (13010166).
5.1.2 Controles policiales de identificación
Se ha continuado un año más con el seguimiento de las recomendaciones relativas a
los controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales realizadas en el año
2013.
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, la Dirección General de la Policía ha participado
que los motivos que dificultan la implementación de un sistema informático que posibilite
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recoger los datos que deriven de la identificación de personas en la vía pública son de
índole técnica y presupuestaria.
Se ha solicitado información sobre el resultado de los trabajos que se vayan
realizando para implementar las modificaciones necesarias a fin de que se puedan
recoger los datos de las identificaciones de personas con todas las garantías legales
(13006593).
5.1.3 Otras discriminaciones por motivos étnicos, raciales o nacionales
Como consecuencia del fallecimiento de un ciudadano en Madrid a manos de grupos
cercanos a dos clubes de fútbol, el Defensor del Pueblo intervino de oficio ante la
Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte para conocer no solo sobre las posibles propuestas de instrucción de
expedientes sancionadores derivados de los hechos sino, también, sobre las medidas
que se hubieran adoptado por la Comisión Estatal y por el Observatorio de la
Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte para prevenir
comportamientos violentos y actos de incitación al odio en el último año.
Con respecto a la primera de las cuestiones, se comunicó que la Comisión Estatal
propuso sanciones a las 88 personas identificadas como participantes en la riña
tumultuaria, todo ello sin perjuicio de los ilícitos penales a que hubiera lugar y
condicionado a lo que en su caso resolviese la Autoridad Judicial. Asimismo se
impusieron sanciones pecuniarias a uno de los clubes de futbol involucrados por la
gestión deficiente del libro de registro de seguidores y por haber facilitado el apoyo al
grupo de seguidores que incurrieron en las conductas definidas como violentas.
En cuanto a las medidas adoptadas por la Comisión Estatal para prevenir
comportamientos violentos, es destacable mencionar que se hicieron recomendaciones y
advertencias a los clubes sobre la irregularidad de que se consientan equipos
independientes de megafonía a los grupos de seguidores en los estadios; a la Liga de
Futbol Profesional sobre separación de aficiones cuando las entradas se adquieren por
internet; y a la Real Federación Española de Fútbol para que los equipos se presenten y
accedan a las instalaciones o estadios con mayor antelación para evitar que coincidan
con aglomeración de aficionados. Además, es necesario destacar que el Consejo
Superior de Deportes (CSD) ha puesto en marcha un buzón de denuncias denominado
[email protected]', para recibir denuncias de cualquier ciudadano que tenga
pruebas de hechos racistas, xenófobos o violentos en el ámbito deportivo. Estas
denuncias se remiten de inmediato a la Comisión Antiviolencia y a los Cuerpos de
Seguridad del Estado.
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Supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas
Por lo que se refiere a las medidas llevadas a cabo por el Observatorio de la
Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte para evitar este tipo de
actos violentos en el deporte, se ha informado de la inactividad del mencionado
Observatorio. La Ley 19/2007, de 11 de julio, estableció que, en función de las
disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio, la Administración General
del Estado adoptaría ciertas medidas entre las cuales se encuentra el desarrollo del
Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
Dada la situación general de crisis económica, el Observatorio no ha realizado estudio o
informe del que pudiera, siquiera indirectamente, extraerse medida o propuesta alguna
(14023057).
Se ha finalizado la actuación ante el Ministerio Fiscal relativa a la posible
discriminación e incitación al odio contra ciudadanos extranjeros por motivos racistas, en
los términos que tipifica el artículo 510 del Código Penal, sobre los intentos de entrada
irregular de inmigrantes en la valla de Melilla. La Fiscalía de Área de Melilla informó de
que no se habían incoado diligencias preprocesales y el Defensor del Pueblo concluyó
sus actuaciones.
No obstante, esta institución ha recordado, en consonancia con la
Recomendación nº 97 del 21 Comité de Ministros del Consejo de Europa, dirigida a los
Estados Miembros, sobre los medios de comunicación y la promoción de una cultura de
tolerancia, que dichos medios pueden hacer una contribución positiva a la lucha contra la
intolerancia, en la medida en que fomenten una cultura de comprensión entre los
diferentes grupos étnicos, culturales y religiosos de la sociedad. Es necesario desarrollar
medidas para promover la tolerancia y la comprensión en las escuelas de periodismo, de
las organizaciones mediáticas y en el contexto del ejercicio de las profesiones de los
medios de comunicación.
Para ello hace falta una nueva alianza para superar la discriminación en los
medios de comunicación y la ayuda de todos los agentes involucrados: las empresas de
prensa, radio y televisión; los nuevos sectores de la comunicación y la publicidad; los
órganos de representación de los profesionales de los medios de comunicación en estos
sectores; organismos de regulación y autorregulación en estos sectores; escuelas de
periodismo y los institutos de capacitación de los medios. Asimismo, el Defensor ha
informado a las personas que se dirigen a esta institución con quejas de esta índole, la
conveniencia de notificar los discursos racistas al Observatorio Español del Racismo a
través de su página web con la finalidad de detectarlos de forma temprana, tener un
mayor conocimiento de ellos y posibilitar un seguimiento para erradicarlos (14021508).
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5.2 DISCRIMINACION POR RAZÓN DE DISCAPACIDAD
El pasado año, el Ministerio de Justicia aceptó las dos recomendaciones dirigidas a
remover los obstáculos que afectan a los residentes legales extranjeros, con
discapacidad psíquica, que solicitan la adquisición de la nacionalidad española por
residencia. En concreto, se solicitaba que se arbitrasen medidas para adecuar el
contenido de las entrevistas a las necesidades específicas de las personas con
discapacidad psíquica, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad y la
elaboración de medidas de acción positiva específicas para prevenir y compensar las
desventajas o especiales dificultades que sufren las personas con discapacidad psíquica
en estos procedimientos, atendiendo igualmente a los diferentes tipos y grados de
discapacidad.
En 2015 ha entrado en vigor la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de
concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, cuya
disposición final segunda contempla la modificación del texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y ha añadido una nueva
disposición adicional duodécima que se hace eco del contenido de ambas
recomendaciones del Defensor del Pueblo.
La disposición adiciona duodécima señala que
«las personas con discapacidad accederán en condiciones de igualdad a
la nacionalidad española. Será nula cualquier norma que provoque la
discriminación, directa o indirecta, en el acceso de las personas a la
nacionalidad por residencia por razón de su discapacidad. En los
procedimientos de adquisición de la nacionalidad española, las personas
con discapacidad que lo precisen dispondrán de los apoyos y de los
ajustes razonables que permitan el ejercicio efectivo de esta garantía de
igualdad».
A fin de supervisar las medidas previstas se continuó la actuación ante el
Observatorio Estatal de la Discapacidad, organismo encargado de detectar
fenómenos o aspectos emergentes en relación con la discapacidad y realizar estudios e
investigaciones. Sin embargo, este año se ha comunicado que el mencionado
observatorio permanece inactivo y se han concluido las actuaciones (13032334).
Con motivo de la publicación en prensa escrita de una noticia sobre la campaña
electoral en la que un cargo público aparece fotografiado con una mujer con síndrome de
Down, el Defensor del Pueblo estimó necesario impulsar una actuación de oficio ante la
Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad para conocer el
tratamiento de los medios hacia las personas con discapacidad psíquica. Esta institución
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ha querido reiterar la importancia de los medios de comunicación para la promoción de
una cultura de tolerancia y la necesidad de que se garantice la dignidad de todas las
personas y el disfrute de los derechos y libertades sin discriminación.
La mencionada dirección general informó de la publicación de una Guía de estilo
para profesionales de los medios de comunicación, en el año 2006, en la que se incluían
medidas para la lucha contra los estereotipos. Dado el tiempo transcurrido y la entrada
en vigor de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de comunicación audiovisual, que
contempla unos requisitos para que el tratamiento de la imagen que se transmite de las
personas con discapacidad sea ajustada, normalizada, respetuosa e inclusiva, se ha
solicitado la actualización de la Guía para profesionales de los medios de comunicación
del año 2006 (15007412).
Asimismo, con la finalidad de eliminar los obstáculos y barreras de las personas
con discapacidad que dificultan su integración en la sociedad española, esta institución
inició una actuación para la remoción de las barreras de accesibilidad al portal de
extranjería de la Administración Central del Estado para aquellas personas que
sufren alguna discapacidad. La Dirección General de Coordinación de la
Administración Periférica, en colaboración con la Dirección de Tecnologías de la
Información de las Comunicaciones, está actualmente trabajando en las adaptaciones
para mejorar la accesibilidad al mencionado portal. La ejecución de las primeras
modificaciones están prevista para el primer trimestre de 2016 (15010131).
5.3 DISCRIMINACION POR RAZÓN DE SEXO Y ORIENTACIÓN SEXUAL
Una actuación destacada de este año se realizó ante la Comisaría General de
Extranjería y Fronteras, a fin de que se sustituyera el nombre propio completo de los
ciudadanos de la Unión Europea por sus correspondientes iniciales en el reverso de las
tarjetas de residencia de los familiares cónyuges de parejas del mismo sexo.
Se había detectado que cónyuges homosexuales de ciudadanos de la Unión
Europea sufrían un trato vejatorio y actitudes discriminatorias en sus países de origen, en
los cuales la homosexualidad no está aceptada socialmente, ni permitida legalmente, en
el momento de mostrar por cualquier motivo a sus respectivas autoridades nacionales la
tarjeta de residencia como familiar de ciudadano de la Unión. La mencionada comisaría
indicó que no existía inconveniente en eliminar de los diferentes tipos de tarjeta de
identidad de extranjero la mención relativa al nombre y apellidos de la persona con la
que se le vincula por razón del parentesco, matrimonio o análoga relación de afectividad.
Se comunicaba que se habían impartido instrucciones al Registro Central de
Extranjeros para llevar a cabo las modificaciones en este sentido y que los interesados
puedan solicitar la correspondiente tarjeta de identidad de extranjero en la que figure
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únicamente el dato relativo al DNI del cónyuge o pareja de hecho, desapareciendo toda
mención relativa al nombre y apellidos (15007607).
5.3.1 No discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales
Se han continuado las actuaciones ante la Dirección General para la Igualdad de
Oportunidades relativas al estudio sobre el acoso homofóbico y la situación potencial de
discriminación por orientación sexual en los centros escolares. El citado organismo ha
finalizado un estudio titulado Abrazar la Diversidad: propuestas para una educación libre
de acoso homofóbico y transfóbico.
El Defensor del Pueblo ha valorado el contenido de este estudio del que se
desprende que se han realizado numerosas recomendaciones a las administraciones
públicas a fin de impulsar políticas y acciones que favorezcan el respeto a la diversidad
sexual, familiar y de identidad de género en los centros escolares sostenidos con fondos
públicos o privados. Se ha solicitado información sobre las actuaciones previstas para
implementar el contenido de estas recomendaciones, en concreto, las relativas a la
modificación y elaboración de leyes y reglamentos necesarios para el efectivo desarrollo
de políticas contra el acoso escolar por homofobia y transfobia; a la creación de
dotaciones específicas de personal y recursos materiales económicos suficientes para
impulsar estas políticas; a la creación de un Plan Estatal contra el Acoso y la Violencia
Escolar; y al establecimiento de los mecanismos de control que garanticen la no
discriminación por razón de sexo, orientación sexual o identidad de género en la
contratación y promoción del personal docente y no docente que desarrolla su labor en
centros sostenidos con fondos públicos o privados (13021231).
En cuanto a agresiones físicas violentas sufridas por personas debido a la
orientación sexual de las víctimas, se impulsó una actuación de oficio al tener
conocimiento de las agresiones físicas sufridas por una persona homosexual en Alcalá
de Henares (Madrid). No solo se solicitó de la Fiscalía General de Estado información
sobre los procedimientos y diligencias de investigación relativas a los hechos homófobos,
sino que se requirió de la Dirección General de la Policía los atestados policiales. En
estos atestados es posible comprobar la incorporación de los indicios necesarios para
acreditar la concurrencia del elemento diferenciador que califica y determina la comisión
de los delitos de odio, tal y como se contempla en el Protocolo de Actuación para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los Delitos de Odio y Conductas que vulneran las
Normas Legales sobre Discriminación (15011748).
También se han recibido quejas en las que se adjuntaron documentación
incitadora al odio hacia el colectivo LGBTI en internet. En concreto, se solicitó
información a la Fiscalía General del Estado sobre las diligencias y las resoluciones
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que se adoptaran sobre un juego online en la página web de Juegos Flasher, llamado
«Juego de matar Gays», consistente en matar a personas homosexuales.
La Sección de Criminalidad Informática y Tutela Penal de la Igualdad y
contra los Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial de Madrid acordó el archivo de
las Diligencias de Investigación Penal, al no haber podido disponer de una copia del
juego on line. El juego interactivo fue eliminado por la persona, bajo cuyo nombre
figuraba registrado, tras recibir el comunicado de una asociación contra la homofobia
alertándolo del contenido ofensivo contra el colectivo gay (15000068).
Asimismo, ha sido objeto de preocupación por esta institución los diferentes tipos
de discriminación que sufren los menores transexuales. Asociaciones de Familias de
Menores Transexuales se dirigieron al Defensor del Pueblo exponiendo la disparidad de
criterios sostenidos por los encargados de los registros civiles en el territorio español en
las resoluciones de las solicitudes de rectificación registral del nombre propio inscrito, por
el usado habitualmente, en los casos de los menores transexuales.
Estos menores presentan disforia de género o transexualidad y solicitan el cambio
del nombre con el que están inscritos en el Registro Civil, el cual no se corresponde con
la identidad sexual que sienten personalmente y muestran socialmente. La identificación
pública con el nombre registrado en discordancia con el nombre que refleja su identidad
provoca en los menores un malestar que puede ser perjudicial para el desarrollo
personal del menor.
La Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la
mención relativa al sexo de las personas, solo legitima a solicitar la rectificación de la
mención registral del sexo a las personas de nacionalidad española mayores de edad.
En consecuencia, los progenitores solicitan el cambio de nombre, conforme lo previsto
en el artículo 209 del Reglamento del Registro Civil, ante los registros civiles
correspondientes que autorizan o deniegan el cambio de nombre con el resultado de una
disparidad de criterios dependiendo del registro civil al que se dirijan.
Se ha solicitado a la Secretaría de Estado de Justicia valorar la oportunidad de
impartir instrucciones a fin de facilitar la rectificación del nombre propio de los menores, a
efectos de que no resulte discordante con su identidad de género y queden garantizados
tanto el interés superior de menor, como la seguridad jurídica y las exigencias del interés
general (14023317).
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5.3.2 Presencia equilibrada de mujeres y hombres en la Administración General del
Estado y organismos vinculados en el ámbito cultural y educativo
Se ha continuado la intervención ante la Secretaria de Estado de Cultura y ante la
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, con el fin de conocer la
aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, en las distintas administraciones e instituciones públicas del ámbito
educativo, cultural y en el área de la creación y producción artística e intelectual.
Actualmente se estudian las medidas realizadas por el Instituto Nacional de
Evaluación Educativa (INEE), la Subdirección General de Orientación y Formación
Profesional y la Secretaría General de Universidades para la promoción de la
presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de control y de gobierno de
los centros docentes de primaria, secundaria y bachillerato.
El Defensor del Pueblo considera de especial relevancia la introducción de la
transversalidad del enfoque de género en todas las áreas, módulos o asignaturas en
todos los niveles educativos y la aplicación del principio de igualdad en los cursos
obligatorios y programas de formación inicial y permanente del profesorado (12012015).
Respecto de las actuaciones ante la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, a fin de conocer, entre otras medidas, las propuestas, en
aplicación de la transversalidad del principio de igualdad de trato y no discriminación,
para la promoción profesional de las mujeres y la potenciación de su acceso a puestos
de responsabilidad y dirección en los organismos administrativos del ámbito de la
educación y de la cultura, se continúa con el estudio de los informes recibidos sobre las
medidas adoptadas para corregir la situación de desigualdad en la producción y creación
intelectual, artística y cultural (12012014, 13018743, 13021190, entre otras).
5.4 DISCRIMINACION POR RAZÓN DE RELIGIÓN
Se han continuado las actuaciones por los hechos discriminatorios por motivos religiosos
sufridos por una alumna de la Universidad Complutense de Madrid, que no pudo
desempeñar las Prácticas Tuteladas en el establecimiento farmacéutico asignado, al
exigírsele la remoción del velo que portaba de conformidad con sus creencias religiosas.
Esta universidad ha informado de que se encuentra en trámite la redacción de un
nuevo Convenio firmado entre el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM)
y la Universidad (UCM), donde se recoge una cláusula que garantiza la libertad religiosa
de los estudiantes de la Facultad de Farmacia en el desarrollo de las Prácticas
Tuteladas. A estos efectos, se ha decidido adjuntar una adenda al convenio actual,
donde se recoge dicha cláusula, que está siendo estudiada actualmente por las
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asesorías jurídicas. Asimismo se ha recibido las contestaciones del Observatorio del
Pluralismo Religioso en España y del Consejo para la Promoción de la Igualdad de
Trato y no Discriminación de Personas por el Origen Racial o Étnico.
El Observatorio ha informado que no ha realizado ninguna medida específica
sobre esta cuestión, si bien es un organismo dedicado a la gestión pública del derecho
de libertad religiosa y de convicciones y ha elaborado diferentes guías temáticas de
apoyo a la gestión pública de la diversidad religiosa.
Por su parte, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica
ha informado de que, en principio, el presente caso está fuera de sus competencias,
puesto que se trata de una discriminación por motivo de religión, que hipotéticamente
podría también sufrir una persona no perteneciente a ninguna minoría racial o étnica y de
nacionalidad española. No obstante, es cierto que con frecuencia la discriminación por
creencia religiosa presenta elementos de conexión con la discriminación por origen racial
o étnico. Sin embargo, la presencia o no de dichos elementos de conexión es algo que
no puede afirmarse con carácter apriorístico, sino que dependerá del incidente concreto
de discriminación que se haya producido (14019423).
Por lo que respecta a los símbolos religiosos, este año se han continuado con las
actuaciones ante Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) relativa a
la exposición permanente de la imagen de un Cristo en la puerta de entrada al
cementerio municipal, puesto que se podría vulnerar la neutralidad religiosa del artículo
16 de la Constitución española. Se permanece a la espera de la valoración cultural,
arquitectónica, decorativa, histórica o artística de la imagen religiosa, expuesta en la
puerta principal de acceso al cementerio municipal, y sobre la valoración, si procediese,
de su remoción o eliminación por parte del citado ayuntamiento (14018412).
Con motivo de otra queja relativa a símbolos religiosos se han concluido las
actuaciones ante el Ayuntamiento de Arona (Tenerife) por la existencia de una imagen
religiosa expuesta a la entrada de la Comisaría de Policía Local. Tomando en cuenta que
la función del Estado es la de reconocer y garantizar la libertad de los individuos y
comunidades, sin ser él mismo sujeto de las opciones religiosas y careciendo de
competencia para hacer valoraciones sobre el objeto de esta libertad, lo cual significa
que los órganos, instituciones o cargos del Estado no pueden promover directamente un
determinado tipo de convicciones de carácter religioso, se solicitó que se valorase la
oportunidad de trasladar la imagen de San Quintín, Patrón de la Policía Local de Arona,
a otro lugar en el mencionado recinto donde no quedase afectada la neutralidad de la
Policía Local en el ejercicio de sus correspondientes funciones.
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Fuente: Defensor del Pueblo. Informe anual 2015
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La corporación municipal ha valorado las consideraciones del Defensor del
Pueblo y, tanto la imagen como los elementos que la acompañan, han sido trasladados a
la Parroquia de la localidad (14009425).
Por último, se han realizado varias actuaciones ante la Fiscalía de Sala para la
Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación de la Fiscalía General del
Estado, sobre posibles discriminaciones por motivos religiosos. Es reseñable el caso de
la propaganda electoral de un partido político, distribuida durante la campaña electoral
municipal en la localidad de Azuqueca de Henares (Guadalajara), en la que se
apreciaban descalificativos discriminatorios hacia la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días (15007633). Igualmente, se solicitó la intervención de esta
institución, tras la información aparecida en el diario La Gaceta de Salamanca sobre la
condena a un ciudadano de confesión musulmana por maltrato habitual. En la noticia de
prensa y en la fuente de internet, aparecía un uso del término musulmán que podría ser
susceptible de provocar discriminación por motivos religiosos (15009642).
5.5 DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN O
CIRCUNSTANCIA PERSONAL O SOCIAL
Esta institución se ha dirigido nuevamente a la Real Academia de la Lengua Española
(RAE) con motivo de la queja interpuesta por la Asociación Proyecto Autismo sobre la
acepción tercera del término «autista» recogida en la nueva edición, la vigésimo tercera,
del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE).
Esta acepción señala sobre este término: «Dicho de una persona: encerrada en
su mundo, conscientemente alejada de la realidad», de modo que no se especifica que
la acepción sea una definición en sentido figurado o metafórico. Se solicitó la valoración
de la RAE sobre la conveniencia de indicar el uso metafórico o figurado de la
enfermedad señalada en las acepciones del término «autista».
La Real Academia ha considerado que la acepción objeto de la queja no va a ser
calificada de figurada, pues desde la 22ª edición la abreviatura «fig», como aclaradora de
que un determinado significado ha derivado del original de la palabra al tomarse en otro
sentido que no es el recto, ya no se utiliza en el DRAE por considerarse cada acepción
distinta y diferente de las demás, sea o no figurada en su origen. Se han concluido las
actuaciones con la RAE con diferencia de criterio (14021834).
Otro asunto de relevancia ha sido la posible discriminación sufrida por menores
extranjeros para el acceso a distintas federaciones autonómicas de fútbol. En una de las
primeras quejas recibidas se exponía las limitaciones impuestas a menores extranjeros
para el acceso a la inscripción en la Federación de Castilla y León de Fútbol. De la
documentación aportada se desprendía la exigencia de requisitos no contemplados en el
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Fuente: Defensor del Pueblo. Informe anual 2015
https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2015/
Supervisión de la actividad de las Administraciones Públicas
artículo 115, relativo a la obtención de las licencias, del Reglamento de la Real
Federación Española de Fútbol. Se iniciaron actuaciones ante la Real Federación
Española de Fútbol y ante Consejo Superior de Deportes. Este último comunicó que no
era competente para el control de la legalidad y/o registro de los estatutos o reglamentos
de las federaciones deportivas autonómicas. Por tanto, actualmente se continúa la
actuación con la Consejería de Cultura y Turismo Junta de Castilla y León de la que
depende la Federación de Castilla y León de Fútbol (14023334).
En todo caso, la discriminación sufrida por menores futbolistas extranjeros y
españoles no de origen, se ha detectado no solo en Castilla y León. Con motivo de
varias quejas relativas al contenido de la Circular número 37 de la Real Federación
Española de Fútbol (RFEF), por la que se aprueba la inscripción de futbolistas
extranjeros y españoles no de origen menores de 10 años de edad, el Defensor del
Pueblo ha dado traslado a la Fiscalía General del Estado, para su valoración, al
comprobar que la documentación mínima exigida para la inscripción de jugadores
menores de diez años en los clubes de fútbol podría resultar lesiva a los derechos de los
menores de edad, tanto españoles como extranjeros, garantizados en nuestro
ordenamiento jurídico (15014642, 15013566, 15014006, 15015134).
Otro colectivo que es objeto de discriminaciones y agresiones físicas es el
compuesto por personas sin hogar que viven en los espacios públicos. El Defensor del
Pueblo impulsó una actuación de oficio al tener conocimiento de la agresión física sufrida
por una persona en Granada, motivada por la aporofobia de los presuntos perpetradores.
Se inició una actuación ante la Fiscalía General del Estado, para conocer si los hechos,
presuntamente delictivos, pudieran recibir la tipificación de un delito de odio.
Además, puesto que la intervención policial temprana es fundamental en este tipo
de incidentes, en concreto el atestado policial en el que se incorpora los indicios
necesarios para acreditar la comisión de los delitos de odio, se ha solicitado información
a la Dirección General de la Policía sobre las primeras diligencias realizadas por parte
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como información sobre el cumplimiento del
contenido del Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los
Delitos de Odio contemplado en la Instrucción nº 16/2014 de la Secretaría de Estado de
Seguridad (15011747).
A solicitud del Síndic de Greuges de Catalunya, se abrió una actuación ante la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Comunidad de
Castilla-La Mancha al haberse aportado una copia del documento de identificación de
un equino con un nombre ofensivo hacia los ciudadanos de la Comunidad de Cataluña.
El Documento de Identificación Equino (DIE) es obligatorio y debe acompañar al animal
en todos sus desplazamientos y ser presentado siempre que sea solicitado por la
autoridad competente, tanto en el territorio nacional como de la Unión Europea, por lo
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Fuente: Defensor del Pueblo. Informe anual 2015
https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2015/
Informe anual del Defensor del Pueblo 2015
que no parece jurídicamente sostenible, ni moralmente aceptable, mantener nombres o
términos que inciten o promuevan directa o indirectamente a la hostilidad, discriminación
o violencia contra un grupo.
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha ha coincidido con la apreciación de esta institución
y ha dirigido comunicación al Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla-La
Mancha, con el objeto de transmitir a los veterinarios responsables de la identificación de
animales y que conciencien a los propietarios de los animales de que no los inscriban
con nombres que puedan incitar o promover directa o indirectamente a la hostilidad,
discriminación o violencia contra un grupo. En cuanto a la cancelación de oficio en el
registro general de identificación individual de équidos de Castilla-La Mancha, se ha
comunicado que si el interesado no se aviniese a modificar el nombre de su equino,
dicha administración tampoco dispondría de la legitimidad jurídica necesaria para
compeler, en vía administrativa, al titular del equino para que proceda al cambio de
nombre (15008772).
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