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Cuando las cátedras eran trincheras. La - Hispania Nova

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Cuando las cátedras eran trincheras. La - Hispania Nova
HISPANIA NOVA
Revista de Historia Contemporánea
http://hispanianova.rediris.es
SEPARATA
Nº 6 - Año 2006
E-mail: [email protected]
© HISPANIANOVA
ISSN: 1138-7319 - Depósito legal: M-9472-1998
Se podrá disponer libremente de los artículos y otros materiales contenidos en la revista
solamente en el caso de que se usen con propósito educativo o científico y siempre y cuando
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aprovechamiento comercial.
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cualquier
HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea. Número 6 (2006) http://hispanianova.rediris.es
DOSSIER
GENERACIONES Y MEMORIA DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA:
UN BALANCE DE LOS MOVIMIENTOS POR LA MEMORIA
2. ¿POLÍTICA DE EXTERMINIO? EL DEBATE ACERCA DE LA IDEOLOGÍA,
ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE LA REPRESIÓN.
Cuando las cátedras eran trincheras
La depuración política e ideológica de la Universidad
española durante el primer franquismo
When the chairs were trenches.
The political and ideological purification of the Spanish
University during the Franco first period.
Jaume CLARET MIRANDA
(Institut Universitary d´Història Jaume Vicens Vives de la Universitat Pompeu Fabra)
[email protected]
HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea. Número 6 (2006) http://hispanianova.rediris.es
HISPANIA NOVA
http://hispanianova.rediris.es/
Jaume CLARET MIRANDA, Cuando las cátedras eran trincheras. La depuración
política e ideológica de la Universidad española durante el primer franquismo.
RESUMEN
El artículo aborda la represión en la Universidad española llevada a cabo por el régimen
encabezado por el general Francisco Franco. Primero se analizan los esfuerzos
republicanos para consolidar la democracia a partir de la educación, con la oposición de la
Iglesia católica y de las clases conservadoras que veían peligrar su control y privilegios. La
guerra civil convirtió la violencia verbal en física y desencadenó una contundente represión
que en el caso del funcionariado –y del profesorado particularmente— se disfrazó como
depuración profesional. El mérito académico dio paso al mérito político e ideológico, y se
inició una purga política contra cualquier docente sospechoso o no suficientemente
comprometido. La represión franquista descabezó el escalafón con sanciones que iban del
asesinato al cese, del encarcelamiento al traslado, de la inhabilitación a la jubilación
forzosa. Además, la ciencia quedó sometida a la ideología nacional-católica y las vacantes
se convirtieron en botín de guerra para los adictos.
Palabras clave: franquismo, universidad, represión, depuración, intelectual, nacionalcatolicismo, educación, España, guerra civil española, posguerra, catedrático, ciencia y
violencia.
ABSTRACT
This article studies the repression suffered by the Spanish university during the first years of
Franco’s dictatorship. First of all, the efforts of the Republican government to consolidate the
democracy from the bases of the education are analyzed, together with the opposition
exerted by both the Spanish Catholic Church and the conservative class, who feared about
the loss of power and privileges. The civil war transforms the oral violence into physical
violence and triggers the burst of a fierce repression, which in the particular case of
teachers, is dressed-up as a professional depuration. Political merits and a political purge
against any suspicious professor –or even against professors that are not enough engaged
with the new regimen— substitute the excellence in the academic records. The Francoist
repression beheads the university roster with general and merciless punishments –murders,
dismisses, imprisonments, transfers and forced retirements—. Moreover, science starts to
be ruled by the national-catholic ideology and the available positions become booty for those
who prove to be followers of the new regimen.
Key words: Francoism, university, repression, depuration, intellectual, national-Catholicism,
teaching, Spain, Spanish civil war, post-war, professor, science and violence.
HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea. Número 6 (2006) http://hispanianova.rediris.es
Sumario
-
Una Republica de profesores
-
La violencia nacional-católica
-
La depuración profesional
-
Primeras consecuencias
HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea. Número 6 (2006) http://hispanianova.rediris.es
Cuando las cátedras eran trincheras. La depueración política e
ideológica de la Universidad española durante el primer franquismo
Jaume CLARET MIRANDA
(Institut Universitary d´Història Jaume Vicens Vives - Universitat Pompeu Fabra)
[email protected]
Desde hace unos años y a partir de libros como Víctimas de la guerra civil de Santos
Juliá, el estudio cuantitativo de la represión ha dado paso a un interés por la investigación
cualitativa e interpretativa de ésta1. Trabajos a menudo de carácter regional o local, como
los de Francisco Moreno, Julián Casanova, Conxita Mir, Francisco Espinosa, Michael
Richards o Arcángel Bedmar, nos han caracterizado la violencia como un rasgo fundamental
y fundacional del régimen franquista2.
En estos estudios se añade un nuevo elemento interpretativo esencial para entender
el papel básico jugado por la violencia. Hasta entonces, la represión tan sólo era
considerada en su doble acepción de elemento de castigo para los desafectos y de sumisión
de los indecisos. Ahora se suma una tercera significación, tanto o más importante: la
cohesión de los vencedores.
El terror de Estado, las purgas sean del signo que sean, necesitan de la colaboración
activa de parte de la sociedad. Dejémoslo claro: el franquismo no fue sólo el general
Francisco Franco. El caudillo no aplicó personalmente la represión, sino que contó con un
implicación activa de parte de la ciudadanía que, a cambio, se benefició y, además, ayudó a
consolidar el régimen político naciente al vincular sus intereses con él. Cada vacante de un
vencido –por asesinato, por prisión, por exilio, por incautación— generaba una oportunidad
para un vencedor.3
1
JULIÁ, J. (Coord.), Víctimas de la guerra civil. Madrid, Temas de Hoy, 1999.
2
Algunos de los exponentes más relevantes de este nuevo enfoque los hallamos, por ejemplo, en:
RICHARDS, M., Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de
Franco, 1936-1945. Barcelona, Crítica, 1999; ESPINOSA MAESTRE, F., La justicia de Queipo.
Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936. Barcelona, Crítica, 2005; MIR, C., Vivir es
sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña de posguerra. Lleida, Milenio, 2000;
CASANOVA, J. (Coord.), El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939). Zaragoza,
Mira, 2001; BÉDMAR, A., Republica, guerra y represión. Lucena 1931-1939. Lucena, Ayuntamiento
de Lucena, 2000; y CASANOVA, J. (Coord.), Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de
Franco. Barcelona, Crítica, 2002.
3
MIR, C., “El estudio de la represión franquista: una cuestión sin agotar” en Ayer, nº 43, (2001).
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La represión adoptó diferentes formas y, entre ellas, destacó la depuración
profesional. Este procedimiento, de lenguaje administrativo pero voluntad política, se aplicó
a todo el funcionariado con el objetivo de garantizar la adhesión de los cuerpos de la
administración. La depuración, positiva lógicamente, se convirtió en requisito previo
imprescindible para recuperar el puesto de trabajo o para acceder a la función pública, e
incluso para otros ámbitos profesionales.4
En el caso de la enseñanza y en tanto que funcionarios, la depuración afectó a los
diferentes niveles educativos, con una atención si cabe más pronunciada, debido a su
función formativa y a su uso como herramienta de ideologización. En este ámbito, Francisco
Morente Valero había sido el pionero con su exhaustivo estudio sobre los maestros de
primaria.5
Ya desde este primer trabajo se nos revela la falsedad de la presunta raíz
democrática de toda nuestra intelectualidad. De nuevo, el maniqueísmo que rodea nuestra
historia ha logrado incorporar acríticamente a la memoria colectiva esta concepción. En
realidad, no todos los docentes eran partidarios de la República, ni todos fueron depurados
negativamente. Esto tampoco los convertía automáticamente en partidarios de los
sublevados, ni tampoco diluye o se pretende diluir la dureza de la represión, pero sí ajustar
el relato histórico a lo sucedido.
Ciertamente, una mayoría de los profesores universitarios apoyaron a la República,
pero también muchos otros se adhirieron al levantamiento –con diferentes grados de
entusiasmo, tal y como sucedía en el otro lado— y participaron en los diferentes niveles de
la naciente administración franquista. A menudo, la adscripción dependía de situaciones
personales y geográficas, pero también había grandes convencidos.
No olvidemos que la represión en la Universidad fue ejercida por los propios
compañeros de Claustro. Así, por ejemplo, los catedráticos refugiados en Zaragoza durante
la guerra y procedentes de diversos centros escribían en noviembre de 1936 al general
Francisco Franco, solicitándole que limpiase “de antipatriotas y elementos revolucionarios el
escalafón de catedráticos de Universidad, con lo cual se lograrán dos beneficios, el de
depurar y el de ahorrar”.6
4
NICOLÁS, Mª. E., “Los expedientes de depuración: una fuente para historiar la violencia política del
franquismo” en Áreas, 9, Murcia, Editora Regional de Murcia, 1998. Para el caso médico, por ejemplo:
SOLÉ i SABATÉ, J. M. (Dir.), El Col·legi de Metges de Barcelona i la societat catalana del seu temps
(1894-1994). Barcelona, Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, 1994; y SIMÓN LORDA, D.,
Médicos ourensáis represaliados na Guerra Civil e na posguerra. Historias da “longa noite de pedra”.
Ourense, Fundación 10 de marzo, 2002.
5
MORENTE VALERO, F., La depuración del Magisterio Nacional (1936-1943). La escuela y el Estado
Nuevo. Valladolid, Ámbito, 1997. Para no extenderme con los diferentes estudios publicados, puede
consultarse un estado de la cuestión en MORENTE VALERO, F., “La depuración franquista del
Magisterio público. Un estado de la cuestión” en Hispania, LXI/2, nº 208 (2001).
6
Documentación conservada en el despacho de la Universidad de Zaragoza de los profesores Julián
Casanova y Ángela Cenarro, carpeta 4, declaración firmada por los catedráticos “pertenecientes a
Universidades sitas en territorio no liberado por el Ejército salvador de España, pero que residen
accidentalmente en Zaragoza”.
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Una República de profesores
La Segunda República fue, ante todo, una República de profesores. Tanto el
republicanismo moderado como las izquierdas españolas coincidían en la necesidad de
disponer de una auténtica y extensa escuela estatal, primer paso para convertir en
ciudadanos a una población formada hasta entonces por súbditos.7 La cultura y la escuela
se convertían así en herramienta para la regeneración, la difusión y el arraigo de los ideales
democráticos y republicanos.
El uso de la escuela como elemento de nacionalización y de cimentación del estado
era habitual en el resto de países europeos. La especificidad española se hallaba en la
oposición de la todopoderosa y predominante Iglesia católica. Esa futura red pública, por
tanto, entraba en directa competencia con la trama religiosa existente, ya que cualquier
avance sería en su detrimento, más aún cuando se proclamaba la voluntada laicista de los
nuevos gobernantes.
Para la República se trataba de una cuestión de supervivencia si se quería asentar el
nuevo régimen. Para la Iglesia también, pues la enseñanza se había convertido en la fuente
indispensable de recursos económicos y de influencia ideológica. Unos y otros compartían la
ambición monopolizadora: “¿Quién que tuviera un instrumento de formación ciudadana tan
eficaz como la escuela lo entregaría a sus enemigos?”8.
Este enfrentamiento vició las relaciones entre ambos poderes, especialmente a raíz
del impulso laicista. La República llegó a prohibir que las órdenes religiosas mantuvieran sus
casi cinco mil escuelas y 295 institutos, con el consiguiente desgaste político y sin la eficacia
prevista, pues la Iglesia católica mantuvo el control de sus centros a través de gestores
interpuestos.
Sin embargo, la ‘guerra escolar’ no debe ocultarnos la importante tarea desarrollada
en el ámbito educativo. En el primer bienio de gobierno se aprobó el plan quinquenal de
construcción de escuelas, cuyo resultado fueron siete mil nuevas escuelas durante el primer
bienio y, a pesar del proceso de involución durante el bienio posterior, dos mil más durante
el bienio de las derechas. De 1931 a 1936 se crearon 13.850 plazas y 3.400 más entre 1934
y 1935. Además, se aumentó tanto el número de profesores, inspectores y escuelas, como
los sueldos de los docentes. En 1931 se nombraban siete mil nuevos maestros y, según las
cifras del Ministerio, pasaron de 35.680 en 1930 a 46.260 en 1933, mientras que los
inspectores se incrementaban de 212 a 382.
Las realizaciones de la Segunda República en el campo de la educación contrastan y
enfatizan el desastre que supuso el franquismo, pero también representan en ellas mismas
un bagaje a reivindicar. El retroceso es evidente, más aún si consideramos los pocos
recursos disponibles y el escaso margen temporal con que contaron las autoridades
republicanas. Quizás sea hora de reivindicar dicho período y enterrar las interpretaciones
simplistas que pretenden reducirlo a mero preludio de la guerra civil y se limitan a realizar
lecturas teleológicas en busca de evidencias del posterior enfrentamiento militar. A pesar de
7
DUARTE, A., Història del republicanisme a Catalunya. Vic y Lleida, Eumo y Pagès, 2004, pág. 270273, muestra la continuidad de esta creencia republicana. Un ejemplo de la tarea republicana puede
verse en Biblioteca en guerra. Madrid, Biblioteca Nacional, 2005.
8
ORTS-RAMOS, A., Enseñanzas: religiosa y laica. Barcelona, Villarroel, 1933, pág. 147.
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sus deficiencias, de sus fallos y de su idealismo, este pequeño paréntesis democrático
constituye el único referente histórico moderno de nuestra actual democracia.
Volviendo al ámbito educativo, aunque la reforma republicana se centró
principalmente en la Primaria, también incluía proyectos para el resto de niveles educativos.
Respecto de los estudios universitarios, la ansiada autonomía tan sólo se concretó de forma
experimental para las Facultades de Filosofía y Letras de Madrid y Barcelona, el 15 de
septiembre de 1931. Los cambios se concretaron en la supresión de los exámenes
particulares, reunidos ahora en dos pruebas de conjunto, “compuestas cada una de
ejercicios escritos y ejercicios orales”. La primera garantizaba unos mínimos de cultura
general exigible a cualquier estudiante, mientras la segunda, “más compleja, tiende a
determinar los conocimientos y la formación intelectual indispensables a quien quiera
obtener el título de licenciado”, con un carácter más especializado, donde jugaba un
importante papel la elección y el orden determinado por los alumnos. “Sin duda esto no
significa que la Facultad abandone a sus estudiantes a una preparación anárquica, sin
dirección. Por el contrario, los catedráticos y profesores están con su consejo y estímulo al
lado de los alumnos en todo instante”9.
Posteriormente, esta autonomía se generalizó para toda la Universidad de Barcelona
el 1 de junio de 1933 (Gaceta, 2 de junio). Su tramitación no estuvo exenta de una agria
polémica, especialmente centrada en el tema de la lengua vehicular de la enseñanza. Como
todo aquello que atañía al ‘problema catalán’, en la tramitación parlamentaria se evidenció
un enfrentamiento político e ideológico que tendría continuidad durante todo el período
republicano, que se manifestaría violentamente a partir de la guerra civil, y que todavía
resurge cíclicamente.10
La relevancia de la reforma trascendía el ámbito local. Por un lado, se revelaba como
el modelo que los republicanos aspiraban a extender al resto de centros, pero, por el otro,
personificaba también las peores pesadillas de la derecha política y de buena parte de la
intelectualidad española. 11
Esta especial preocupación de los gobiernos de Manuel Azaña y del Frente Popular
hacia la enseñanza y la cultura, así como la participación de gran número de docentes en la
administración, el Parlamento y los gobiernos republicanos, dieron alas a la especie que
identificaba al profesorado –de cualquier nivel educativo— con la Segunda República y con
las llamadas ideologías extranjerizantes. El apriorismo se hallaba plenamente extendido
entre los golpistas y la ‘guerra escolar’ no había hecho más que ratificarlo.
Al calor de ese convencimiento se desarrolló toda una línea de pensamiento
extremadamente radical que estigmatizaba a los docentes. El simplismo argumentativo
9
ANUARIO DE LA UNIVERSIDAD DE MADRID, 1932-33, Biblioteca Universitaria, “Facultad de
Filosofía y Letras”, pág. 99-100; ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,
caja 354, borradores de las Actas de la Junta de Gobierno, en su interior se halla el folleto: Bases
para una Ley de Instrucción Pública. Anteproyecto redactado por la Comisión nombrada en el
Claustro de Profesores y Alumnos de la Universidad de Madrid. Madrid, Imprenta Herrera, 1931.
10
Entre otras obra, el debate puede seguirse tanto a través de la contextualización PÉREZ GALÁN,
M., La enseñanza en la Segunda República. Madrid, Mondadori, 1988, pág. 157-165; como de la
reproducción de los discursos en DÍAZ-PLAJA, F., Dictadura… República (1923-1936). El siglo XX.
Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1964, pág. 314-340 y 449-471.
11
Para un estudio en detalle del caso barcelonés: CLARET, J., La repressió franquista…, op. cit..
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soslayaba el hecho de que en ambos lados podían hallarse miembros de claustros y
ateneos. Poco importaba la veracidad de la generalización, como recordaba el maestro
madrileño José Mena, la “intelectualidad” se convertiría incluso en un cargo punible.12 No por
casualidad, en plena guerra se editaban libros como Los intelectuales y la tragedia
española, o Los causantes de la tragedia hispana. Un gran crimen de los intelectuales
españoles.13
Con el fracaso del golpe de estado de 18 de julio de 1936 y el inicio de la guerra civil,
la violencia verbal dio paso a la violencia física. La guerra fragmentó el mapa universitario
siguiendo la línea política y bélica del frente. Mientras los insurgentes controlaban un mayor
número de centros, los más importantes se mantuvieron en manos republicanas. El reparto
se concretaba con Granada, La Laguna, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela,
Sevilla (y la Facultad de Medicina de Cádiz), Valladolid y Zaragoza por un lado, y Barcelona,
Madrid, Murcia y Valencia por el otro.
Todos los claustros sufrieron importantes modificaciones, tanto por las bajas
provocadas por la dispersión estival y la implicación en uno u otro bando, como por la
adscripción provisional de aquéllos a quienes resultaba imposible regresar a sus centros
originales. La participación de muchos docentes en tareas administrativas y militares facilitó
el agrupamiento. Por último, la mayoría del alumnado masculino –e incluso algunos
profesores— se incorporaban a filas, los recursos se reconducían a objetivos bélicos y la
mayoría de laboratorios también. De hecho, los centros educativos superiores cerraron sus
puertas y, tan sólo, realizaban algunos cursillos de carácter patriótico y habilitaciones
especiales para cubrir, por ejemplo, las necesidades más urgentes de los servicios médicos.
La Universidad de Madrid, por ejemplo, quedó absolutamente trastocada por la
conversión de la Ciudad Universitaria en línea de frente y por el traslado de la mínima
actividad restante a las Universidades de Valencia y, en menor medida, de Barcelona,
siguiendo la mudanza de la capitalidad republicana. La conocida como Universidad Central
se había convertido en poco más que una sombra de lo que había sido. Como comenta
Carolina Rodríguez, el centro ya tan sólo disponía de unas pocas personalidades “que
trataron de sustentar los delgados pilares universitarios que a cada paso eran embestidos
por las balas”. La actividad acabó limitándose a gestos como la impresión de papel oficial
con el escudo de la República bajo el epígrafe de “Universidad de Madrid en Valencia”14.
12
FRASER, R., Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la guerra civil española.
Barcelona, Crítica, 2001, pág. 714. El cargo habría sido imputado a un catedrático de Historia –no
aclara si de Instituto o de Universidad—, a pesar de ser de derechas.
13
SUÑER ORDÓÑEZ, E., Los intelectuales y la tragedia española. Burgos, Editorial Española, 1937;
y EGUÍA RUIZ, C., Los causantes de la tragedia hispana. Un gran crimen de los intelectuales
españoles. Buenos Aires, Difusión, 1938.
14
RODRÍGUEZ LÓPEZ, C., La Universidad de Madrid en el primer franquismo. Ruptura y continuidad
(1939-1951). Madrid, Dykinson, 2002, pág. 288-291; ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID, expedientes personales de José Gaos y González de Pola y de Luis
Santaló Sors.
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La violencia nacional-católica
A lo largo de esos primeros meses de guerra, se forjó un discurso mezcla de
conservadurismo corporativista, catolicismo ultraortodoxo, nacionalismo excluyente y
fascismo. Es decir, aquello que conocemos como nacional-catolicismo y que se
complementaba con un odio profundo hacia la Segunda República, los partidos de
izquierdas y la democracia en general. La violencia pasó a ser considerada como una
medida sanitaria y los discursos se llenaron de referencias higienistas. “La depuración ha
hecho desaparecer de nuestra Universidad el dolor de sus miembros podridos, de los
desertores en quienes no les interesaba de ella más que la nómina, o de los traidores que la
utilizaban para encubrir con la noble prestancia de sus títulos los designios tenebrosos que
mordían sus almas renegadas”15.
Las circunstancias internacionales y económicas posteriores atemperaron los
objetivos y la ideología franquistas. Pero, al tener acceso a las fuentes originarias, a los
materiales y a las declaraciones en base a las cuales se tomaron las decisiones primeras,
todo ello nos permite conocer los propósitos reales iniciales y mostrar el proyecto
contrarrevolucionario preexistente en el bando insurgente. Son los documentos de entonces,
aquellos que patentizan la voluntad de extirpar, en palabras del máximo responsable de la
política educativa franquista durante los primeres meses de la guerra, a “esos intelectuales,
en primera línea, productores de la catástrofe. Por ser más inteligentes y cultos, son los más
responsables”16.
Aunque numéricamente la represión franquista centró su objetivo en campesinos,
obreros, sindicalistas y militantes de izquierdas, republicanos y nacionalistas periféricos, la
violencia desencadenada contra los docentes e intelectuales se reviste de una innegable
importancia cualitativa. Sólo respecto de los catedráticos universitarios, tenemos evidencia
documental de más de 160 sanciones, que iban de la jubilación forzosa a la expulsión, de la
inhabilitación para ejercer cargos al traslado. A parte, se añadía la incertidumbre ante los
largos procesos de tramitación y revisión, las sanciones dictadas por otras instancias
represoras, la indefensión, la cárcel, el exilio y el asesinato.
Me gustaría citar al menos, como pequeño homenaje, los nombres de esos docentes
asesinados: el catedrático y rector de Oviedo Leopoldo García Alas Argüelles, el catedrático
y rector de Granada Salvador Vila Hernández, el catedrático y ex rector de Valencia Joan
Peset Aleixandre, los catedráticos de Granada Joaquín García Labella, Rafael García
Duarte Salcedo, Jesús Yoldi Bereau y el vicerrector José Polanco Romero, el catedrático de
Valladolid Arturo Pérez Martín y el auxiliar Federico Landrove López, el catedrático de
Salamanca Casto Prieto Millán y los auxiliares Julio Pérez Martín y Julio Sánchez Salcedo, y
los catedráticos de Zaragoza Francisco Aranda Millán, José Carlos Herrera y Augusto
Muniesa Belenguer y, el hermano de este último, el auxiliar José María Muniesa Belenguer.
Además, existen diversas muertes no suficientemente esclarecidas como las de los
auxiliares de Madrid Manuel Calvelo López, Francisco Pérez Carballo y Luis Rufilanchas
Salcedo, y del auxiliar de Sevilla Rafael Calbo Cuadrado, entre otras. Y, finalmente,
15
GOMÉZ JIMÉNEZ DE CISNEROS, A., La Verdad, 1 de enero de 1941, citado por GONZÁLEZ
MARTÍNEZ, C., “La Universidad de Murcia: II República y guerra civil” en La Universidad en el siglo
XX (España e Iberoamérica). X Coloquio de Historia de la Educación. Murcia, Sociedad Española de
Ciencias de la Educación, 1998, pag. 173.
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mencionar también la suerte –la mala suerte— del catedrático de Madrid Julián Besteiro
Fernández muerto en el campo de concentración de Carmona y del suicidio inducido del
catedrático y decano de Medicina de Santiago de Compostela Luís Morillo Uña.
Como bien resumía desde su exilio mexicano José Puche Álvarez, “lo que se perdió
en la guerra no fue sólo un gobierno, sino toda una cultura” 17.
Más allá de la violencia física, la represión franquista tomó como forma primordial la
depuración profesional para purgar al funcionariado en general y al docente en particular. En
este proceso, la Iglesia católica española –salvo contadas excepciones— asumió el papel
de colaborador necesario, pues aportó tanto el personal como la ideología imprescindibles
para poner en marcha una auténtica contrarrevolución y una depuración brutal. Para las
nuevas autoridades académicas, como el ministro de Educación Nacional José Ibáñez
Martín, “el problema fundamental de la educación española” pasaba a ser: “¿Cómo podrá
formar el alma del niño un Maestro que no sepa rezar?”18. Junto a la Iglesia, también
hallamos los propios colegas de los depurados, primeros y principales beneficiarios de las
vacantes creadas por las sanciones dictadas.
La novedad de la depuración profesional franquista no se hallaba en la herramienta,
sino en su sentido, pues bajo un lenguaje administrativo-jurídico se ejerció una violenta
purga de carácter político e ideológico. De hecho, las propias autoridades republicanas la
ejercieron durante la guerra. El 21 de julio de 1936 (Gaceta, 22 de julio) ya se había
ordenado “la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el
movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen”. Entre el 3 y el 19 de
agosto se confirmaban las bajas definitivas de catedráticos tan próximos e implicados con
los insurgentes como Antonio Royo Villanova, Pedro Sainz Rodríguez, Severino Aznar
Embid, Lorenzo Gironés Navarro, José María Yanguas Messía, Enrique Suñer Ordóñez,
Vicente Gay Forner, Alfonso García Valdecasas, Gonzalo del Castillo Alonso, Ángel A.
Ferrer Cagigal, Salvador Gil Vernet, Martiniano Martínez Ramírez, Francisco Gómez del
Campillo, Eduardo Pérez Agudo y Blas Pérez González. A éstos, se añadía el día 28 el
catedrático de Salamanca José María Gil Robles.19
Las autoridades republicanas justificaban su aplicación por la excepcionalidad del
enfrentamiento bélico. Más aún cuando las sanciones se limitaron al ámbito administrativo y
se centraron en personas claramente implicadas en el movimiento insurgente. Lógicamente,
ello no esconde ni suaviza las consecuencias económicas y personales que representaban
ser señalado públicamente como enemigo, en pleno conflicto bélico con sus penurias y
16
SUÑER ORDÓÑEZ, E., Los intelectuales y…, op. cit., pág. 41-42.
17
Cita de PUCHE ÁLVAREZ, José incluida en Instituto Luis Vives. Colegio español de México, 19391989. México, Embajada de España en México, 1989, p. 9.
18
IBÁÑEZ MARTÍN, J., La escuela bajo el signo de Franco. Discurso de clausura del Primer
Congreso Nacional del S.E.M.. Madrid, Imprenta Samarán, 1943, pág. 7.
19
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, sección Educación, IDD 1.03, 31/6047, carpeta
del rectorado madrileño. También ofrece un listado ALTED, A., Política del nuevo estado sobre el
patrimonio cultural y la educación durante la Guerra Civil española. Madrid, Dirección General de
Bellas Artes y Archivos, Centro nacional de información artística, arqueológica y etnológica, Ministerio
de Cultura, 1984, pág. 167-168, nota 2.
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excesos. Sin embargo, la equivalencia respecto de la represión franquista resulta imposible
por su sentido, amplitud, contundencia y discrecionalidad.20
El odio nacional-católico a la inteligencia no tuvo equivalente en los regímenes
dictatoriales contemporáneos al franquista, ni tampoco hallaba justificación en la formalista
depuración republicana. A diferencia de Italia, Portugal o Alemania, aquí se asesinaba.21
Aquí, en palabras del mismo general Francisco Franco, se era absolutamente contrario a
una actuación “al estilo liberal, con sus monstruosas y suicidas amnistías que encierran más
de estafa que gesto de perdón”.22 El rigor depurador, hijo de la Cruzada intransigente, no
admitía la tolerancia, entendida como una muestra de “enfermedad” y “debilidad”, y clamaba
por el castigo ejemplar y la arbitrariedad.23
La depuración profesional
La depuración franquista se iniciaba con la separación del servicio de todos los
empleados públicos. Esta medida discrecional previa suponía una auténtica primera criba,
ya que a menudo esta cautelar se convertía en definitiva. De hecho, el encausado se veía
obligado a solicitar el reingreso y la apertura del correspondiente expediente de depuración
de responsabilidades, si deseaba recuperar su antigua plaza. Sin embargo, las diligencias
depuradoras podían también iniciarse de oficio por el organismo responsable.
En el caso de los docentes, aunque previamente la Junta de Defensa Nacional o
alguna otra autoridad insurgente los hubiesen ya sancionado, todos estaban sujetos al
trámite supuestamente administrativo y profesional. El legislador entendía que, con el
asentamiento de la estructura represora, la depuración adoptaba “un carácter de revisión de
las primeras sanciones, con una mayor garantía para el interesado”. Primero la Comisión
Depuradora del Personal Universitario y, a partir de 18 marzo de 1939, los jueces
instructores de turno –tan sólo se nombraron cuatro, tres por cada uno de los centros
recientemente ‘liberados’ (Barcelona, Madrid y Valencia) y uno de carácter general (de
Universidades Varias)—, fueron quienes asumieron tanto la continuación de las diligencias,
como la apertura de nuevos expedientes. En un proyecto que no llegó a ver la luz, el
ministro Sainz Rodríguez cifraba en 1.101 los profesores universitarios depurados hasta
entonces.24
A pesar del supuesto carácter administrativo y profesional del proceso, las preguntas
de los cuestionarios formalizados se centraban en la conducta política, social, moral y
religiosa del imputado. Éstos pretendían establecer las responsabilidades políticas y penales
derivadas tanto de las actuaciones concretas del encausado, como de su pasividad,
20
ORTIZ HERAS, M., Violencia política en la IIª República y el primer franquismo. Madrid, Siglo XXI,
pág. 99 y 446.
21
MORENTE VALERO, F., “La Universidad en los regímenes fascistas: la depuración del profesorado
en Alemania, España e Italia”, inédito.
22
Citado por SUEIRO, D. y DÍAZ, B., Historia del franquismo, Madrid, Sedmay, 1977, volumen I, pág.
9.
23
PEMARTÍN, J., Qué es “lo nuevo”. Consideraciones sobre el momento español presente.
Santander, Cultura Española y Aldus, 1938, pág. 189-190.
24
ALTED, A., Política del nuevo estado…, op. cit., pág. 171.
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militancia, grado de confianza depositado en él por las autoridades republicanas,
pertenencia a la masonería y delaciones sobre actuaciones de sus compañeros.
El imputado acostumbraba a realizar una contundente y firme declaración de
adhesión, minimizando la importancia de las actuaciones susceptibles de sanción,
negándolas o atribuyéndolas a presiones, necesidad o voluntad de favorecer a personas de
orden. A su vez, se subrayaban los servicios prestados al Alzamiento Nacional, con la
retórica y expresiones propias del régimen. Las respuestas debían avalarse mediante
pruebas documentales y certificados de personalidades políticas, religiosas, militares,
falangistas, administrativas, ex combatientes, ex cautivos y colegas de prestigio. Por último,
respecto del espinoso tema de las delaciones, la casuística iba desde la resistencia y el
silencio, a la excusa del desconocimiento, a citar personas que se sabía ya se hallaban en el
exilio, a la colaboración activa y a quien aprovechaba para cobrarse cuentas pendientes y
conseguir algún ascenso o prebenda. Según relataba Pedro Laín Entralgo, “se decía:
«¿Quién es masón? El que va por delante en el escalafón»”25.
Tras la apertura de diligencias, uno de los ponentes de la comisión depuradora o el
juez instructor solicitaba los informes preceptivos correspondientes sobre la conducta, las
ideas profesionales y políticas, y las actitudes morales y religiosas del encausado. Los
escritos procedían principalmente de las autoridades académicas (rectores y decanos), del
Gobierno Civil, de fuentes militares (Gobierno Militar, Auditoria de Guerra, Servicio de
Información y Policía Militar [SIPM]) y de Falange, y se completaban con las delaciones –
anónimas o no— y por el conocimiento directo del instructor. Éste evidenciaba con su actitud
el carácter político de la purga, pues sus principales intereses eran la militancia y las
simpatías políticas, las delaciones, y los documentos y avales presentados.
A partir de estos primeros informes, se establecía si se proponía la libre confirmación
del imputado en sus derechos, o bien existían indicios que justificasen la apertura oficial de
un proceso de depuración. En este último caso, se solicitaba a la autoridad superior –fuese
la Comisión de Cultura y Enseñanza, fuese el organismo ministerial correspondiente, según
la época— la autorización para redactar el pliego de cargos. Incluso, si existían “causas
graves” podía proponerse “la suspensión de empleo y sueldo del funcionario objeto del
expediente, aunque éste se halle en tramitación”. Normalmente todo jugaba en contra del
encausado, pues ante dos comunicaciones contradictorias siempre se primaba la más
perjudicial.
A pesar de su falta de objetividad y fiabilidad, los informes preceptivos representaban
la base documental principal de la depuración. Al otorgar tanto peso a estas
comunicaciones, el franquismo favorecía las delaciones y las denuncias particulares
anónimas, dejando vía libre a la mera venganza personal. El proceso se hallaba viciado de
origen y todo iba en contra del encausado. Esta indefensión se acentuaba por la
permeabilidad a las presiones, a favor y en contra, provenientes del ámbito militar o político.
La arbitrariedad también incluía a las propias instancias depuradoras. Así, los propios
compañeros de Claustro y, sobre todo, el juez depurador se convertían en elementos
decisivos a través de sus conocimientos previos, sus filias y sus fobias. En el caso del juez
instructor de la Universidad de Madrid, el catedrático y decano de Medicina Fernando
25
LAÍN ENTRALGO, P., Descargo de conciencia (1930-1960). Barcelona, Barral, 1970, pág. 283,
nota 12.
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Enríquez de Salamanca, éste no se limitó a efectuar una tarea administrativa, sino que se
implicó directamente en la tramitación, pues utilizó su conocimiento directo de los
encausados –especialmente cuando pertenecían a la Facultad de Medicina— y aprovechó
para cobrarse cuentas pendientes. Lógicamente, había también quien se beneficiaba, como
el catedrático de Urología Leonardo de la Peña Díaz, rehabilitado el 3 de agosto de 1940
(BOE, 18 de agosto) con el argumento de que, al ser “persona sobradamente conocida de
este juez”, “no hace falta hacer más averiguaciones respecto a su conducta”. Otros, no26.
La implicación del instructor convertía las diligencias en una mezcla de opiniones
preconcebidas y comentarios personales, aderezados con las declaraciones y los avales
pertinentes. Todo ello suponía una simple excusa para justificar condenas decididas de
antemano, y a menudo originadas por conflictos personales y profesionales previos. En el
caso del catedrático de Odontología, el valenciano Bernardino Landette Aragó. Cuando el
encausado sugirió que las diligencias estaban dirimiendo en el fondo cuestiones de carácter
personal y profesional, Enríquez de Salamanca lo calificó de insidia mientras aseguraba que
“este Juzgado ha procurado y conseguido ‘una profunda aclaración de los hechos’ y no se
ha dejado ‘envolver en una red de maleficios y bajas pasiones, hábilmente tendida para
entorpecer una marcha libre de apasionamientos’”.
A continuación, menospreciaba los avales –“no tienen valor alguno”—, al no
considerar “que tenga valor una lista de firmas que rezuma democratismo y coacción a la
Autoridad”, y tan sólo tomaba en consideración el informe condenatorio de la Falange
valenciana. Respecto de la indignación y las dudas sobre la legitimidad de ciertas
imputaciones expresadas en el descargo, éstas se convertían en la evidencia de “que se
puso el dedo en la llaga y que creía que la depuración del personal docente es cosa de puro
trámite y de papeleo formulista”. Aseguraba, incluso, que el uso de la expresión “extinto” en
lugar de “difunto” revelaba, a “un espíritu eficaz”, “el concepto que él tiene de enjuiciar ese
trascendental problema”.
«En resumen: no se niega el valor científico y profesional del Dr. Bernardino Landette
Aragó. Lo que se niega y se prueba hasta la evidencia es su espíritu y conducta frentepopulista y antiespañola en nuestro Glorioso Movimiento Nacional y antes de él, su
incapacidad para las delicadas funciones docentes y educadoras de la juventud. Sería muy
de lamentar que se intentara abocar esta segunda Guerra de Independencia a unas
segundas Cortes de Cádiz»27.
Este primer pliego de cargos se hacía llegar al interesado por correo en un sobre
lacrado o por requisitoria a través del BOE para que, en un período de diez días no
demasiado estricto, aportase la documentación que pudiese desvirtuar las acusaciones. De
hecho, se permitía la aportación de nuevos avales durante toda la tramitación. La defensa
afrontaba a menudo simples rumores o imputaciones genéricas, pero también graves cargos
sin conocer las pruebas o la base de éstas.
26
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, sección Educación, IDD 1.03, caja 31/3999,
expediente personal de Leonardo de la Peña Díaz.
27
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, sección Educación, IDD 1.03, caja 31/3977,
expediente personal de Bernardino Landette Aragó.
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En el pliego de descargo, los encausados acostumbraban a mostrar su “sorpresa e
indignación ante las acusaciones que se les formulaban; se hacía una proclamación inicial
de inocencia, se atribuían los cargos a la animadversión de los informadores y se hacía
referencia a posibles rencillas personales, envidias o intereses ocultos como la razón de las
falsedades y calumnias levantadas contra ellos; se protestaba por el honor dañado que
difícilmente podría ser restablecido en su integridad, se despreciaba a los acusadores
tildándoles de bajeza moral, etc.”.28 Pero negaciones y argumentaciones razonadas carecían
de relevancia, pues lo realmente decisivo eran los avales de personajes influyentes y la
documentación que evidenciara la adhesión al régimen y las persecuciones sufridas. Sin
papeles ni firmas, la condena era inevitable, al considerarse confirmados los cargos.
En caso de incomparecencia, por no localizarse al imputado o por otros motivos, “se
seguirá el expediente como si hubiese sido oído” el descargo, ya que el silencio también se
entendía como conformidad con las acusaciones.
Siempre y cuando no se solicitasen nuevas diligencias, se retomaba el expediente y
se realizaba una propuesta de resolución a partir de las pruebas y declaraciones reunidas.
En el caso de la Comisión A, previamente la exposición del ponente recibía el apoyo del
resto de miembros, normalmente de forma unánime aunque, a diferencia de las comisiones
depuradores de primaria,29 alguna vez se producía un voto particular. Si el descargo se
había acompañado de un buen fundamento documental y, sobre todo, de consistentes
avaladores, era posible aspirar a una suavización o, excepcionalmente, neutralización de las
acusaciones. En caso contrario, o si persistía la duda, podía llegar incluso a endurecerse la
pena solicitada.
La propuesta de sanción se elevaba a la instancia superior correspondiente para su
ratificación, si bien ésta podía solicitar informes complementarios, devolver el expediente por
incompleto o modificar la pena. Posteriormente, todavía debía obtenerse el beneplácito de la
Presidencia de la Junta Técnica del Estado, pero éste era una pura formalidad. En el caso
de los jueces depuradores, sus propuestas pasaban por los organismos técnicos –Oficina
Técnico-Administrativa y Comisión Superior Dictaminadora—, quienes se limitaban a
comprobar la corrección del proceso, antes de remitir las carpetas al director general y al
ministro. Aunque la firma normalmente confirmaba la pena sugerida por el instructor, a
veces se acompañaba de alguna modificación manuscrita de la propuesta realizada por
alguno de los dos altos cargos del departamento. La resolución final también se publicaba
en el BOE.
El proceso aún podía alargarse si el encausado solicitaba la revisión de su
expediente. Esto únicamente se concedía cuando la petición se acompañaba de nuevos
elementos de juicio y, de hecho, a menudo se rechazaba la reapertura por falta de nuevas
evidencias. La posibilidad de recurso no se reconoció hasta el 11 de marzo de 1938, con la
creación de la Oficina Técnico-Administrativa, y posteriormente la competencia sería
traspasada a la Comisión Superior Dictaminadora el 18 de marzo de 1939. Sin embargo, la
mayoría de revisiones se produjeron tras la finalización de la guerra, siendo encargadas
28
MORENTE VALERO, F., La depuración del Magisterio…, op. cit., pág. 288-294. El autor dedica
todo el apartado cuarto a los pliegos de descargo, con gran riqueza de ejemplos. La cita corresponde
a la pág. 289.
29
Ibídem, pág. 103.
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normalmente al mismo juez instructor que había fijado la pena. Se producía así la paradoja
de que la misma instancia sancionadora resolviese el recurso contra ésta. A partir de enero
de 1942, con la supresión de la Comisión Superior Dictaminadora, se creó un nuevo
Juzgado Superior de Revisiones encargado de autorizarlas y nombrar a los
correspondientes jueces instructores.
Tal y como ha señalado Francisco Morente Valero, en general tendían a
considerarse “más graves los actos que las ideas” y “el izquierdismo que el nacionalismo,
aunque, por supuesto, la combinación de ambos era, con diferencia, lo peor”30. Si bien, esto
no se traducía en tolerancia hacia lo que el franquismo calificaba como delito de
‘separatismo’. En Navarra, por ejemplo, la comisión depuradora de primaria fue pionera en
castigarlo con el “traslado, sanción económica y manifestación por escrito de adhesión
política”31.
La alergia a la diferencia provenía de la obsesión unitarista insurgente, que tenía en
los Reyes Católicos su paradigma. La unión dinástica castellano-aragonesa representa tanto
la “indisoluble unidad” de la nación española, como la de “dos realidades: la pasión cristiana
y la pasión española”. La embriaguez historicista facilitaría al ministro Ibáñez Martín la
directa conexión entre la España medieval y la contemporánea: Isabel de Castilla y el
general Franco “frente a un espíritu de dispersión afirmaron un espíritu de unidad. Vencer al
enemigo interno era la premisa para vencer después al enemigo exterior”. Incluso se buscan
precedentes históricos a la violenta purga, y así se asegura que la reina “comprendió que en
más de una ocasión un riguroso escarmiento produce mayor número de bienes que una
falsa bondad”32.
Sin embargo, la depuración iba más allá de las actitudes y actuaciones políticas o
lealtades nacionales, y sancionaba tanto las conductas moralmente reprobables (y aquí
entraban todas las cuestiones relacionadas con el comportamiento y las actitudes
religiosas), como la orientación profesional disolvente fuese la defensa del laicismo, el
librepensamiento o las nuevas tendencias pedagógicas.
Asimismo, la depuración no se hallaba aislada respecto del resto de la represión
franquista y, de hecho, resultaba especialmente sensible a las demás jurisdicciones. La
influencia se convertía en decisiva cuando se trataba de sentencias condenatorias, aunque
a menudo la simple imputación ya repercutía en la purga. Esta redundancia implicaba que
tras considerar el mismo caso, diferentes instancias castigasen el mismo delito varias veces
y/o adoptasen resoluciones contradictorias.
A modo de ejemplo, en la Universidad de Madrid se conservan peticiones de
información de los diversos juzgados de responsabilidades políticas sobre diferentes
docentes, entre ellos los catedráticos Manuel Martínez Risco y Macías de Acústica y óptica,
José Giral Pereira de Química orgánica, Antonio Madinaveitia Tabuyo de Química orgánica,
Luis Jiménez de Asúa de Derecho penal, Obdulio Fernández Rodríguez de Farmacia, José
30
Ibídem, pág. 197.
31
OSTOLAZA ESNAL, M., El garrote de la depuración. Maestros vascos en la guerra civil y el primer
franquismo (1936-1945). San Sebastián, Ibaeta Pedagogía, 1996, pág. 118.
32
IBÁÑEZ MARTÍN, J., Los Reyes Católicos y la Unidad Nacional. Discurso pronunciado en el acto
inaugural del V Centenario de los Reyes Católicos. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1951, pág. 45, 33 y 8, respectivamente.
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Gaos y González de Pola de Introducción a la Filosofía, Pedro Salinas y Serrano agregado
desde la Universidad de Sevilla, Manuel Márquez Rodríguez de Oftalmología, Luis Zulueta
Escolano de Pedagogía, Américo Castro Quesada de Historia de la lengua castellana, José
Cuatrecasas Arumí de Botánica, Cándido Bolívar Pieltain de Ciencias, Bernardino Landette
Aragó de Odontología y Arturo Duperier Vallesa de Geofísica. Los seis primeros habían
desempeñado responsabilidades académicas, mientras que seis más habían ocupado
cargos gubernamentales o en la administración.33
Con anterioridad a la ocupación del centro universitario, diferentes docentes
madrileños ya habían sido objeto de purga política a través de la Comisión para la
Depuración del Personal Universitario. Esta primeriza represión no afectó a un gran número
de profesores, pues se aplicó únicamente a quienes se hallaban en territorio insurgente el
18 de julio de 1936 o que se pasaron a él durante la guerra. Más excepcionalmente aún,
también se sancionó de oficio a algunos catedráticos que desempeñaban importantes
cargos en la administración y en el gobierno republicanos, como Juan Negrín López,
Fernando de los Ríos Urruti, José Giral Pereira, Luis Jiménez de Asúa y Gustavo Pittaluga
Fattorini.
Esta misma excepcionalidad se repitió al finalizar la guerra, ya que los docentes más
significados fueron represaliados directamente por el jefe del Estado, el general Francisco
Franco. El 4 de febrero de 1939 (BOE, 7 de febrero), a través de un decreto de la
Presidencia del gobierno que rompía con la propia legislación franquista, se decretaba la
separación definitiva de los catedráticos Luis Recasens Siches, Honorato de Castro Bonel,
Pedro Carrasco Garrorena, Enrique Moles Ormella, Miguel Crespí Jaume y Cándido Bolívar
Pieltain, de Ciencias; Antonio Medinaveitia Tabuyo de Farmacia; y Manuel Márquez
Rodríguez, José Sánchez Covisa y Teófilo Hernando Ortega de Medicina. La sanción no
exigía ninguna formalidad jurídica y se justificaba por los “antecedentes completamente
desfavorables y en abierta oposición con el espíritu de la nueva España” de los purgados.
Pocos días después la relación se ampliaba. En Derecho se confirmaba la sanción
de Luis Jiménez de Asúa y de Fernando de los Ríos, y se añadían los nombres de Pablo
Azcárate Flórez, Demófilo de Buen Lozano, Mariano Gómez González, Felipe Sánchez
Román, José Castillejo Duarte y Wenceslao Roces Suárez. José Giral repetía como único
catedrático de la Facultad de Farmacia, mientras en Medicina se ratificaba la sanción contra
Juan Negrín y Gustavo Pittaluga. Por último, el listado se completaba con los catedráticos
de Filosofía y Letras Julián Besteiro Fernández, José Gaos González Pola y Domingo
Barnés Salinas, y el de Ciencias Blas Cabrera Felipe.
Sin embargo, la orden más contundente se publicaba el 29 de julio de 1939 (BOE, 18
de agosto). Con ella se decretaba la separación directa y colectiva de docentes tan
conocidos como Américo Castro Quesada, Agustín Viñuales Pardo, Claudio Sánchez
Albornoz, Rafael de Buen Lozano, Emilio González López, José María Ots Capdequí, Niceto
Alcalá-Zamora Castillo, Juan Peset Aleixandre, José Puche Álvarez, Luis de Zulueta
33
ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, expedientes personales de
Manuel Martínez Risco y Macías, de Luis Jiménez de Asúa, de José Gaos y González de Pola, de
Pedro Salinas Serrano, de Manuel Márquez Rodríguez, de Luis Zulueta Escolano, de Américo Castro
Quesada, de José Cuatrecasas Arumí, de Cándido Bolívar Pieltain y Arturo Duperier Vallesa; y D
1868, Oficios, 1937-44, solicitudes de 6 y 17 de junio, y 3 de julio de 1940. ARCHIVO GENERAL DE
HISPANIA NOVA. Revista de Historia Contemporánea. Número 6 (2006) http://hispanianova.rediris.es
Escolano, Pedro Salinas Serrano, Blas Ramos Sobrino, Enrique Rioja Lo-Bianco, Pedro
Castro Barea, Juan Manuel Aguilar Calvo, Manuel López Rey Arroyo y Antonio Flores de
Lemus. La radicalidad de la medida se justificaba por ser “pública y notoria la desafección”,
“no solamente por sus actuaciones en las zonas que han sufrido la dominación marxista,
sino también por su pertinaz política antinacional y antiespañola en los tiempos precedentes
al Glorioso Movimiento Nacional”. Por tanto, “la evidencia de sus conductas perniciosas para
el país, hace totalmente inútiles las garantías procesales, que en otro caso constituyen la
condición fundamental de todo enjuiciamiento”.
Si bien en todas las universidades el franquismo se planteó una doble tarea de
eliminación de todo vestigio del pasado republicano y de construcción de una nueva
tradición nacional-católica, acostumbraba a primar el primer elemento sobre el segundo. En
cambio, la Universidad de Madrid supuso la excepción, dado que ambos objetivos
compartieron importancia desde el primer momento. Esta circunstancia ya se manifestó en
la elección del rector: el zaragozano Pío Zabala Lera.
Bagaje e ideología convirtieron a Pío Zabala, desde el principio, en referente para el
diseño de la futura política educativa franquista. Éste aprovechó la ocasión para otorgarse y
para garantizar a los futuros rectores un poder absoluto, similar al que se arrogaban el resto
de instancias insurgentes en constitución. Posteriormente, la Ley de Ordenación
Universitaria (LOU) ratificó esta interpretación y consagró el despotismo rectoral.34
Desde su refugio en Burgos, el nuevo rector consensuó los nombres de su futuro
equipo con el ministro Sainz Rodríguez. La mayoría de los elegidos se caracterizaban por su
firme adhesión y por haber sido sancionados por las autoridades republicanas.35 La
Universidad de Madrid quedó en manos de una autentica coalición reaccionaria, germen
político de la Dictadura, todos ellos conservadores, colaboradores de los sublevados en
cargos de responsabilidad durante la guerra e ideológicamente seguros.
Como ya se ha comentado, tras cada sanción se hallaba un perjudicado pero
también un beneficiario. Cátedras y auxiliarías se convirtieron en botín de guerra y
retribución por los servicios prestados. En el caso del centro madrileño, quizás uno de los
casos más ilustrativos sea el del ayudante de Filosofía y Letras, el sevillano Manuel
Ballesteros Gaibrois, conde de Beretta. Gracias a sus “servicios de carácter político-militar”,
este profesor de Lengua y literatura española en el Instituto de Secundaria de Burgos en
julio de 1936 logró encargarse de la cátedra de Historia universal y de España en la
Universidad de Madrid en 1939. El 9 de noviembre de 1942 conseguía la cátedra de esta
misma materia en Valencia y el decanato de Filosofía y Letras el 24 de julio de 1946.
Finalmente, regresaba a la capital española como catedrático de Historia de América el 6 de
diciembre de 1949, traslado que no generó ninguna vacante en el centro valenciano, pues
se declaró extinguida al no figurar como dotada.
LA ADMINISTRACIÓN, sección Educación, IDD 1.03, caja 31/3997, expediente personal Bernardino
Landette Aragó.
34
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, sección Educación, IDD 1.03, caja 31/4001,
expediente personal de Pío Zabala Lera.
35
ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, SG, caja 1, Libro nº 19, Libro de
la Junta de Gobierno de la Universidad de Madrid, Empieza el 3 de Marzo de 1934 y termina el 4 de
Noviembre de 1948, sesión de 24 de mayo de 1939. ARCHIVO GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN, sección Educación, IDD 1.03, caja 31/1054.
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Los méritos para un ascenso tan vertiginoso los había acumulado durante la guerra
civil, primero como voluntario en el frente de Somosierra, al norte de Madrid, y, a partir de
abril de 1937, en Santander y en las diferentes ciudades sede de los organismos de los
sublevados. Allí desempeñó diferentes cargos de confianza: miembro del Consejo Provincial
Sindical de la Producción, delegado jefe del Sindicato Provincial de Prensa y Artes Gráficas,
delegado de Propaganda de los Sindicatos, director de la revista Nacional Sindicalismo –que
ya había dirigido anteriormente en Burgos—, jefe de Centuria del Estado Mayor de la
Segunda Línea, director fundador del diario Alerta, jefe Provincial de Prensa, organizador del
Servicio de “Lecturas del Soldado” y asesor técnico del Ministerio de Educación Nacional.
En septiembre obtuvo el grado de alférez del Servicio Militar de Recuperación Artística de
Asturias, y en junio de 1938 se le destinaba a Cataluña y a Castellón. Al finalizar la guerra
se le designó consejero asesor extraordinario del 5º Consejo Nacional del SEU, jefe de la
Oficina de Prensa e Información del Ministerio de Educación Nacional, y teniente alcalde del
Ayuntamiento de Valencia. Además, Manuel Ballesteros fue reconocido con la medalla
militar colectiva –como miembro de la columna del general Francisco García Escámez
Iniesta, posteriormente marqués de Somosierra— y con la medalla de campaña por sus
servicios militares.36
Primeras consecuencias
El mérito militar, el mérito político, el mérito ideológico… todos pasaban por delante
del mérito académico y científico. Consecuencia lógica de una concepción que valoraba la
guerra como una auténtica reconquista: “Vienen nuestros estudiantes cubiertos por el polvo
glorioso de heroicos combates, y al cambiar la espada por la pluma y las balas por los libros,
saben que también es milicia el estudio, y que toda la cátedra es una trinchera, en la que se
lucha para conquistar la verdad y para defenderla contra el error”37.
La represión, el exilio, la sumisión de la ciencia a la política y la primacía del mérito
político en el acceso a las cátedras agravaron la precariedad universitaria durante la
posguerra. Desde las propias filas franquistas, el vicerrector de la Universidad de Madrid
Julio Palacios Martínez describía con crudeza la situación: “Son tantas las personas de valor
científico que han traspuesto las fronteras de España, que la situación actual es
verdaderamente desoladora y resulta agravada porque, gran número de elementos que por
su escaso valor habían sido justamente postergados, se comportan como si la guerra no
hubiese sido otra cosa que unas elecciones ganadas, y piensan que ha llegado la ocasión
de ocupar todos los puestos que antes se hallaban en poder del adversario”38.
De la mano de las famosas ‘opusiciones’ –neologismo nacido a partir de la creciente
influencia del Opus Dei en los concursos de cátedra— y del mérito político-militar, se creaba
una universidad donde el purismo ideológico era más importante que el mérito académico y
36
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, sección Gobernación, caja 55/1964, expediente
personal de Manuel Ballesteros Gaibrois.
37
BULLÓN, E., “La hora presente y la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid” en Vértice. Revista
Nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, nº 27, noviembre-diciembre de 1939,
pág. 22.
38
ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, sección Educación, IDD 1.03, caja 31/8532,
expediente personal de Julio Palacios Martínez.
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docente. La preeminencia nacional-católica y las clases de Formación del Espíritu Nacional
habían de garantizar, según el ministro José Ibáñez Martín, un nuevo tipo de estudiante
patriota “sin que lo deforme y corrompa la soberbia científica”39. No se trataba de nada
excepcional, pues el franquismo defendía abiertamente la separación entre enseñanza e
investigación, sometía el conocimiento a la ideología, promovía el acercamiento a las
potencias del Eje, y premiaba la investigación aplicada sobre la teórica.
Si no fuese por la gravedad de las circunstancias y con todo el respeto hacia los
africanos, uno tiene ganas de dar la razón al director del Museo de Prehistoria de Madrid
cuando en 1939 declaraba orgullosamente: “los españoles no somos étnicamente europeos.
A Dios gracias, África empieza en los Pirineos; nosotros no somos ni alpinos ni
indogermanos, sino beréberes o camitas”40.
Pero el tema sí que reviste de cierta gravedad, pues partes de la actual universidad
española aún son más hijas del “atroz desmoche” franquista que de la olvidada universidad
republicana.41 Cuando nos referimos al yermo franquista siempre tenemos en mente a todos
aquellos docentes que se perdieron, pero olvidamos que el yermo real y duradero lo crearon
sobre todo aquellos profesores que permanecieron en España y ocuparon las vacantes. No
porque todos ellos fuesen malos, sino porque la ideología pasaba por delante de la ciencia y
tuvieron cuarenta años para perpetuarse.
Evidentemente, en esta desgraciada herencia hay excepciones. Casos especiales
debidos a profesores concretos que se mantuvieron activos con sanciones menores, que
lograron les fuesen revisadas las condenas, que regresaron del exilio o que impartieron su
conocimiento desde fuera de las aulas oficiales. Con los años, además, la masificación
impidió mantener el control estricto de los Claustros y, poco a poco, algunas cátedras se
airearon, pero en muchas otras la herencia sigue presente.
Como escribía Gregorio Morán: “El dilema hoy no consiste en cómo recuperar el
exilio, sino en cómo desterrar la miseria del nacional-catolicismo que aparece en cuanto nos
descuidamos, porque está en la esencia de nuestra formación, los ancestros culturales”42.
39
IBÁÑEZ MARTÍN, J., Realidades universitarias en 1944. Discurso de apertura del curso académico
1944-45. Valencia, Universidad de Valencia, 1944, pág. 14.
40
PÉREZ DE BARRADAS, J., “Raíces de España”, en La Revolución Nacional desde la Universidad.
Cursillo de orientación nacionalsindicalista. Madrid, Radio Nacional de España, SEP, 1939, pág. 46.
41
42
LAÍN ENTRALGO, P., Descargo de conciencia…, op. cit., pág. 283.
MORÁN, G., “…y la memoria traicionada” en La Vanguardia, 30 de noviembre de 2002,
http://www.lavanguardia.es.
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