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Los derechos humanos, el terrorismo y la lucha contra el
Derechos Humanos
Derechos Humanos
NACIONES UNIDAS
Los derechos humanos,
el terrorismo y la lucha
contra el Terrorismo
Folleto informativo No
32
Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos,
el Terrorismo y la Lucha
contra el Terrorismo
Folleto informativo No
32
NOTA
Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que
aparece su contenido no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones
Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios,
ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de
sus fronteras o límites.
*
*
*
El contenido de esta publicación puede citarse o reproducirse libremente
a condición de que se mencione su procedencia y se envíe un ejemplar de
la publicación en la que figure la información reproducida a la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Genève 10, Suiza
ii
CONTENTS
Page
Introducción.................................................................................. 1
III. LOS DERECHOS HUMANOS Y EL TERRORISMO...................... 3
I
A. ¿Qué son los derechos humanos?..................................... 3
B. ¿Qué es el terrorismo?....................................................... 6
C. Los efectos del terrorismo sobre los derechos humanos...... 7
D. Responsabilidad y derechos humanos de las víctimas......... 10
E. El terrorismo y otros aspectos del derecho internacional.. ... 12
III. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO.......................................................................... 20
A. La promoción y protección de los derechos humanos en
la lucha contra el terrorismo.............................................. 20
B. La flexibilidad de las normas de derechos humanos........... 24
III. RETOS ESPECÍFICOS EN EL CONTEXTO DEL TERRORISMO Y LA
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO........................................... 32
A. El derecho a la vida........................................................... 32
B. La prohibición absoluta del uso de la tortura..................... 34
C. Traslado de personas sospechosas de actividades terroristas
36
D. Libertad y seguridad de la persona.................................... 38
E. La utilización de perfiles y el principio de la no discrimi nación............................................................................... 39
F. Las garantías procesales y el derecho a un juicio justo....... 41
G. El principio de legalidad y la definición del terrorismo........ 42
H. La libertad de expresión y la prohibición de incitar al
terrorismo ........................................................................ 45
I. Libertad de asociación....................................................... 46
J. Vigilancia, protección de datos y derecho a la vida privada
48
K. Derechos económicos, sociales y culturales........................ 50
Anexo: Medidas de las Naciones Unidas para luchar contra el
terrorismo.......................................................................... 61
iii
«La promoción y la protección de los derechos para todos y el imperio de
la ley son elementos esenciales de todos los componentes de la Estrategia,
reconociendo que las medidas eficaces contra el terrorismo y la protección
de los derechos humanos no son objetivos contrapuestos, sino que se
complementan y refuerzan mutuamente»
Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo
(resolución 60/288 de la Asamblea General, anexo)
iv
INTRODUCCIÓN
El costo humano del terrorismo se ha sentido prácticamente en todos
los rincones del planeta. El sistema de las Naciones Unidas mismo ha
sufrido pérdidas humanas trágicas como resultado de violentos actos de
terrorismo. El ataque contra sus oficinas de Bagdad del 19 de agosto de
2003 cobró la vida del Representante Especial del Secretario General,
Sergio Vieira de Mello, de 21 otros funcionarios y funcionarias y lesionó a
más de 150, algunos de ellos muy gravemente.
Claramente el terrorismo tiene efectos muy reales y directos sobre los
derechos humanos, con consecuencias devastadoras para el ejercicio del
derecho a la vida, la libertad y la integridad física de las víctimas. Además
de ese costo individual, el terrorismo puede desestabilizar gobiernos,
socavar la sociedad civil, poner en peligro la paz y la seguridad y amenazar
el desarrollo social y económico. Todos estos tienen también efectos reales
sobre el goce de los derechos humanos.
La seguridad del individuo es un derecho humano fundamental y, en
consecuencia, la protección de los individuos es una obligación fundamental
del gobierno. Los Estados, en consecuencia, tienen la obligación de velar
por los derechos humanos de sus nacionales y de otros mediante la
adopción de medidas positivas para protegerlos contra la amenaza de
actos terroristas y para llevar ante la justicia a los autores de esos actos.
En los últimos años, sin embargo, las propias medidas adoptadas por los
Estados para luchar contra el terrorismo con frecuencia han planteado
graves retos a los derechos humanos y el imperio de la ley. Algunos
Estados han recurrido a la tortura y otros malos tratos para luchar contra el
terrorismo, en tanto que se ha solido dejar de lado salvaguardias jurídicas y
prácticas cuyo objeto es prevenir la tortura, como la supervisión periódica
e independiente de los centros de detención. Otros Estados han devuelto
personas sospechosas de realizar actividades terroristas a países en que
enfrentan un riesgo auténtico de tortura o de otros abusos graves de
derechos humanos, con lo que han violado la obligación internacional de
no devolución. En algunos lugares se ha menoscabado la independencia
del poder judicial, en tanto que el uso de tribunales excepcionales para
enjuiciar civiles ha afectado la eficacia de los sistemas judiciales ordinarios.
Se han utilizado medidas represivas para ahogar las voces de defensores
de los derechos humanos, periodistas, minorías, grupos indígenas y
la sociedad civil. Se han distraído recursos normalmente destinados a
programas sociales y la asistencia para el desarrollo hacia el sector de
la seguridad, con lo que se afectan los derechos económicos, sociales y
culturales de muchos.
Esas prácticas, en particular cuando se consideran en conjunto, tienen
un efecto corrosivo sobre el imperio de la ley, la buena gobernanza y
los derechos humanos. Son además contraproducentes respecto de los
esfuerzos nacionales e internacionales para luchar contra el terrorismo.
El respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley deben constituir
la base fundamental de la lucha global contra el terrorismo. Esto requiere
la formulación de estrategias nacionales contra el terrorismo que procuren
prevenir actos de terrorismo, enjuiciar a los responsables de esos actos
criminales y promover y proteger los derechos humanos y el imperio de
la ley. Implica medidas para hacer frente a las condiciones que propician
la propagación del terrorismo, incluidas la falta del imperio de la ley y las
violaciones de los derechos humanos, la discriminación étnica, nacional
y religiosa, la exclusión política y la marginación socioeconómica, y
para fomentar la participación activa y el liderazgo de la sociedad civil,
condenar las violaciones de derechos humanos, prevenirlas y prohibirlas en
el derecho nacional, investigarlas y enjuiciarlas prontamente, y prestar la
debida atención a los derechos de las víctimas de violaciones de derechos
humanos, por ejemplo, mediante la restitución y la compensación.
Se ha preparado el presente folleto informativo con el objeto de reforzar la
comprensión de las relaciones complejas y multifacéticas entre los derechos
humanos y el terrorismo. En él se especifican algunas de las cuestiones
fundamentales de derechos humanos planteadas en el contexto del
terrorismo y se destacan los principios y las normas pertinentes de derechos
humanos que se deben respetar en todo momento y en particular en el
contexto de la lucha contra el terrorismo.
Está dirigida a las autoridades de los Estados, las organizaciones no
gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, las instituciones
nacionales de derechos humanos, los profesionales del derecho y las
personas interesadas en la protección y promoción de los derechos
humanos en el contexto del terrorismo y la lucha contra el terrorismo.
Concretamente, el folleto informativo tiene por objeto:
• Despertar conciencia acerca de los efectos del terrorismo y de la lucha
contra el terrorismo sobre el ejercicio de todos los derechos humanos;
• Servir de instrumento práctico para los que se ocupan del terrorismo,
las medidas contra el terrorismo y los derechos humanos;
• Dar orientación acerca de las garantías del cumplimiento de las
normas de derechos humanos en la lucha contra el terrorismo;
• Dar ejemplos concretos de problemas de derechos humanos que
surgen en la lucha contra el terrorismo.
I. LOS DERECHOS HUMANOS Y
EL TERRORISMO
En el presente capítulo se enuncia el marco de derechos humanos antes
de examinar los efectos del terrorismo sobre los derechos humanos. A
continuación se trata la relación entre el terrorismo, los derechos humanos
y otras disposiciones jurídicas internacionales pertinentes.
A. ¿Qué son los derechos humanos?
1. El carácter de los derechos humanos
Los derechos humanos son valores universales y garantías jurídicas que
protegen a personas y grupos contra acciones y omisiones primordialmente
de agentes del Estado que interfieren con las libertades fundamentales,
los derechos y la dignidad humana. El espectro completo de los derechos
humanos implica el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como el derecho al
desarrollo. Los derechos humanos son universales, es decir, pertenecen
intrínsecamente a todos los seres humanos, y son interdependientes e
indivisibles1.
2. Las normas internacionales de derechos humanos
Las normas internacionales de derechos humanos están reflejadas en
algunos tratados internacionales básicos de derechos humanos y en el
derecho internacional consuetudinario.
Esos tratados incluyen en particular el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos con sus dos Protocolos Facultativos. Otros tratados universales
básicos de derechos humanos son: la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
y su Protocolo Facultativo, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo, la
Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos,
y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos
los trabajadores migratorios y de sus familiares. Las más recientes son la
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas y la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, que se aprobaron
en diciembre de 2006. Existe un número creciente de tratados y protocolos
relativos a temas concretos, así como diversos tratados regionales sobre la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Las normas internacionales de derechos humanos no se limitan a la
enumeración de derechos en los tratados, sino que también incluyen
derechos y libertades que han entrado a formar parte del derecho
internacional consuetudinario, lo que significa que obligan a todos
los Estados aunque no sean partes en un tratado determinado. Se
considera en general que muchos de los derechos enunciados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos tienen este carácter. El
Comité de Derechos Humanos ha observado de manera semejante, en
sus Observaciones generales Nos. 24 (1994) y 29 (2001), que algunos de
los derechos que figuran en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos reflejan normas de derecho internacional consuetudinario.
Además, se reconoce que algunos derechos tienen una situación especial
de normas de jus cogens (normas perentorias del derecho internacional
consuetudinario), lo que significa que no hay circunstancia alguna en que
se permita su suspensión. La prohibición de la tortura, la esclavitud, el
genocidio, la discriminación racial y los crímenes de lesa humanidad, y el
derecho a la libre determinación, se reconocen ampliamente como normas
perentorias, lo que se refleja en los artículos de la Comisión de Derecho
Internacional sobre la responsabilidad de los Estados. La Comisión de
Derecho Internacional enumera también las normas básicas del derecho
internacional humanitario aplicable en los conflictos armados como
ejemplos de normas perentorias2. El Comité de Derechos Humanos ha
señalado asimismo que la prohibición de la privación arbitraria de la vida,
la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, la toma de rehenes, los
castigos colectivos, la privación arbitraria de la libertad y las violaciones de
ciertos derechos procesales no se puede suspender, en tanto que el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su declaración sobre la
discriminación racial y las medidas para luchar contra el terrorismo, ha
confirmado el principio de la no discriminación como una norma de jus
cogens.
3. Elcarácter de las obligaciones de los Estados en virtud
de normas internacionales de derechos humanos
Las normas de derechos humanos obligan a los Estados, primordialmente,
a hacer algunas cosas y les impiden hacer otras. Los Estados tienen el deber
de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. El respeto por los
derechos humanos implica primordialmente no interferir con su ejercicio.
La protección se centra en tomar medidas positivas para asegurarse de
que otros no interfieran con el ejercicio de los derechos. El cumplimiento
de los derechos humanos requiere que los Estados adopten las medidas
apropiadas, incluidas medidas legislativas, judiciales, administrativas o
educacionales, con objeto de cumplir sus obligaciones jurídicas. Un Estado
parte puede ser declarado responsable de injerencia en el ejercicio de los
derechos humanos de las personas o las entidades privadas si no ejerce la
debida diligencia para proteger contra ese tipo de actos. Por ejemplo, con
arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los Estados
partes tienen la obligación de adoptar medidas positivas para garantizar
que las personas o entidades privadas no inflijan torturas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes a otras personas sometidas a su poder. Las
normas de derechos humanos contienen además la responsabilidad de
que los Estados prevean remedios eficaces en el caso de que se violen
esos derechos3.
Los derechos humanos que forman parte del derecho internacional
consuetudinario son aplicables a todos los Estados4. En el caso de los
tratados de derechos humanos los Estados que son parte en un tratado
determinado tienen obligaciones en virtud de ese tratado. Hay diversos
mecanismos para hacer cumplir esas obligaciones, incluida la evaluación
por órganos de supervisión del cumplimiento de algunos tratados por
un Estado y la capacidad de las personas para reclamar acerca de la
violación de sus derechos a órganos internacionales. Más aún, lo que es
particularmente pertinente a diversas denuncias relativas a violaciones de
derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, todos los Miembros
de las Naciones Unidas están obligados a adoptar medidas conjuntas
y separadas en cooperación con las Naciones Unidas para lograr los
propósitos enunciados en el Artículo 55 de su Carta, incluidos el respeto
universal de los derechos humanos y libertades fundamentales para todos,
y la observancia de esos derechos y libertades, sin distinción en cuanto a
raza, sexo, idioma o religión.
Una cuestión fundamental es la del alcance territorial de las obligaciones
internacionales de derechos humanos de un Estado. El carácter de la
obligación jurídica general de los Estados partes a este respecto se trata
en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Como lo confirmó el Comité de Derechos Humanos en su Observación
general Nº 31 (2004), esta obligación de los Estados de garantizar los
derechos del Pacto a todas las personas en su territorio y sujetas a su
jurisdicción significa que un Estado parte debe garantizar esos derechos a
cualquier persona que esté sometida a su poder, aunque no se halle en su
territorio. Además, el ejercicio de los derechos humanos internacionales
no está limitado a los ciudadanos de los Estados partes sino que debe ser
accesible a todos los individuos, independientemente de su nacionalidad
o de su condición de apatridia, como las personas que solicitan asilo y
los refugiados. En una opinión consultiva la Corte Internacional de
Justicia llegó asimismo a la conclusión de que el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos es aplicable respecto de los actos de un Estado
en el ejercicio de su jurisdicción fuera de su territorio. Llegó a la misma
conclusión con respecto a la aplicabilidad de la Convención sobre los
Derechos del Niño5.
B. ¿Qué es el terrorismo?
Por terrorismo se entienden comúnmente actos de violencia dirigidos
contra los civiles procurando objetivos políticos o ideológicos. En términos
jurídicos, aunque la comunidad internacional aún no ha adoptado una
definición general de terrorismo, en declaraciones, resoluciones y tratados
«sectoriales» universales vigentes relacionados con aspectos concretos
del terrorismo se definen ciertos actos y elementos básicos. En 1994 la
Asamblea General aprobó la Declaración sobre medidas para eliminar el
terrorismo internacional en su resolución 49/60, en cuyo párrafo 3 señaló
que el terrorismo incluye «actos criminales con fines políticos concebidos
o planeados para provocar un estado de terror en la población en general,
en un grupo de personas o en personas determinadas», y que esos actos
son «injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las
consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas
o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlos».
Diez años más tarde el Consejo de Seguridad, en su resolución 1566
(2004), se refirió a «actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con
la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar
rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población
en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar
a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional
a realizar un acto o a abstenerse de realizarlo». Posteriormente, ese año, el
Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio describió
el terrorismo como «cualquier acto... destinado a causar la muerte o
lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el
propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una
población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a
realizar un acto o a abstenerse de hacerlo» e identificó algunos elementos
clave, haciendo referencia a las definiciones que figuraban en el Convenio
Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y en la
resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad6.
La Asamblea General procura actualmente elaborar un convenio general
contra el terrorismo que complementaría las convenciones sectoriales
contra el terrorismo existentes. En su proyecto de artículo 2 contiene una
definición de terrorismo que incluye señalar que «comete delito quien
ilícita e intencionalmente y por cualquier medio cause: a) la muerte o
lesiones corporales graves a otra persona o personas; o b) daños graves a
bienes públicos o privados, incluidos lugares de uso público, instalaciones
públicas o gubernamentales, redes de transporte público, instalaciones
de infraestructura o el medioambiente; o c) daños a los bienes, lugares,
instalaciones o redes... cuando produzcan o puedan producir un gran
perjuicio económico... en caso de que el propósito de tal acto sea, por su
naturaleza o contexto, intimidar a la población u obligar a un gobierno o a
una organización internacional a hacer o dejar de hacer algo». El proyecto
de artículo define además como delito la participación como cómplice, la
organización o la dirección de otros, o la contribución a la comisión de
esos delitos por un grupo de personas que actúe con un propósito común.
Si bien los Estados Miembros han convenido en muchas disposiciones del
proyecto de convenio general, opiniones divergentes en cuanto a si se
debe o no excluir a los movimientos de liberación nacional del ámbito
de aplicación han impedido el consenso acerca de la aprobación del
texto completo. Las negociaciones continúan. Muchos Estados definen el
terrorismo en su legislación nacional sobre la base de esos elementos en
diferente medida.
En la sección G del capítulo III se examinan más detalladamente retos
concretos en relación con la definición del terrorismo y el principio de
legalidad.
C. Los efectos del terrorismo sobre los derechos
humanos
El terrorismo está encaminado a la destrucción misma de los derechos
humanos, la democracia y el imperio de la ley. Ataca los valores en que se
basan la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales:
el respeto de los derechos humanos, el imperio de la ley, las normas que
rigen los conflictos armados y la protección de los civiles, la tolerancia
entre pueblos y naciones, y la solución pacífica de los conflictos.
El terrorismo tiene efecto directo sobre el ejercicio de algunos derechos
humanos, en particular los derechos a la vida, la libertad y la integridad
física. Los actos de terrorismo pueden desestabilizar gobiernos, socavar
la sociedad civil, poner en peligro la paz y la seguridad, amenazar el
desarrollo social y económico, y afectar negativamente en especial a
ciertos grupos. Todos ellos tienen efecto directo sobre el ejercicio de los
derechos humanos fundamentales.
Se ha reconocido el efecto destructivo del terrorismo sobre los derechos
humanos y la seguridad en el más alto nivel de las Naciones Unidas,
en especial el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la antigua
Comisión de Derechos Humanos y el nuevo Consejo de Derechos
Humanos7. Concretamente, los Estados Miembros han determinado que
el terrorismo:
• Amenaza la dignidad y la seguridad de los seres humanos en todas
partes, pone en peligro o cobra vidas inocentes, crea un entorno que
destruye el derecho de la población a vivir sin temor, pone en peligro
las libertades fundamentales y tiene por objeto destruir los derechos
humanos;
• Tiene efecto negativo sobre el establecimiento del imperio de la ley,
socava la sociedad civil pluralista, procura la destrucción de las bases
democráticas de la sociedad y desestabiliza gobiernos legítimamente
constituidos;
• Tiene vínculos con la delincuencia organizada transnacional, el tráfico
de drogas, el blanqueo de dinero y el tráfico de armas, así como con el
transporte ilegal de material nuclear, químico o biológico, y también
está relacionado con la posterior comisión de delitos graves como
asesinatos, extorsiones, secuestros, agresiones, tomas de rehenes y
robos;
• Tiene consecuencias adversas para el desarrollo económico y social
de los Estados, pone en peligro las relaciones de amistad entre los
Estados, y tiene efectos perniciosos sobre las relaciones de cooperación
entre los Estados, incluida la cooperación para el desarrollo, y
• Amenaza la integridad territorial y la seguridad de los Estados,
constituye una violación grave de los propósitos y principios de
las Naciones Unidas, es una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales, y su represión es un elemento esencial para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Las normas internacionales y regionales de derechos humanos dejan
en claro que los Estados tienen a la vez el derecho y la obligación de
proteger de los ataques terroristas a las personas que se hallan dentro
de su jurisdicción. Esto deriva de la obligación general de los Estados de
proteger a las personas dentro de su jurisdicción contra la injerencia en el
ejercicio de los derechos humanos. Más concretamente, se reconoce esta
obligación como parte de las obligaciones de los Estados de velar por el
respeto del derecho a la vida y a la seguridad.
El derecho a la vida, que está protegido en tratados internacionales y
regionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, ha sido descrito como el «derecho supremo»8 porque
sin su garantía efectiva todos los demás derechos humanos no tendrían
significado9. Por ello existe una obligación del Estado de proteger el derecho
a la vida de todas las personas que se hallen en su territorio10 y no se permite
suspensión alguna de este derecho, incluso en situaciones de emergencia
pública. La protección del derecho a la vida incluye una obligación de
los Estados de tomar todas las medidas apropiadas y necesarias para
salvaguardar la vida de los que se hallen dentro de su jurisdicción. Como
parte de esta obligación los Estados deben establecer sistemas efectivos
de justicia penal y de cumplimiento de la ley como medidas para disuadir
de la comisión de delitos y para investigar las violaciones dondequiera que
ocurran, velar por el enjuiciamiento de los sospechosos de actos delictivos,
dar a las víctimas remedios efectivos y tomar las demás medidas necesarias
para prevenir una repetición de las violaciones11. Además, las normas
internacionales y regionales de derechos humanos han reconocido que, en
circunstancias determinadas, los Estados tienen una obligación positiva de
adoptar medidas preventivas operacionales para proteger a una persona
o personas cuya vida se sabe o se sospecha que está en riesgo de sufrir
actos delictivos de parte de otro individuo12, que desde luego incluye a los
terroristas. También es importante destacar la obligación de los Estados
de velar por la seguridad personal de quienes se hallen en su jurisdicción
en los casos en que se conozca o se sospeche una amenaza13. Esto, desde
luego, incluye las amenazas terroristas.
Con el fin de cumplir las obligaciones que le incumben con arreglo a las
normas de derechos humanos de proteger la vida y la seguridad de las
personas de su jurisdicción, los Estados tienen el derecho y la obligación
de adoptar medidas efectivas contra el terrorismo para prevenir y disuadir
de futuros ataques terroristas y enjuiciar a los responsables de realizar
ese tipo de actos. Al mismo tiempo, la lucha contra el terrorismo plantea
graves problemas a la protección y promoción de los derechos humanos.
Como parte de la obligación de los Estados de proteger a las personas
dentro de su jurisdicción, todas las medidas adoptadas para luchar
contra el terrorismo deben ellas mismas cumplir las obligaciones de los
Estados con arreglo al derecho internacional, en particular las normas
internacionales de derechos humanos, las relativas a los refugiados y el
derecho humanitario.
D. Responsabilidad y derechos humanos de las
víctimas
Desde una perspectiva de derechos humanos es sumamente importante
apoyar a las víctimas del terrorismo. Aunque en las medidas adoptadas
inmediatamente después de los acontecimientos del 11 de septiembre de
2001 no se tuvieron debidamente en cuenta los derechos humanos de
las víctimas, cada vez se reconoce más la necesidad de que la comunidad
internacional tenga plenamente en cuenta los derechos humanos de
todas las víctimas del terrorismo. Por ejemplo, en el Documento Final de
la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1 de la Asamblea General) los
Estados Miembros subrayaron «la importancia de asistir a las víctimas del
terrorismo y de ayudarlas, a ellas y a sus familias, a sobrellevar sus pérdidas
y su dolor». Asimismo, en la Estrategia global de las Naciones Unidas
contra el terrorismo se expresa la voluntad de «promover la solidaridad
internacional en apoyo de las víctimas y fomentar la participación de la
sociedad civil en una campaña mundial contra el terrorismo y para su
condena».
Al atender las necesidades de las víctimas del terrorismo debe distinguirse
entre las víctimas del delito y las víctimas de violaciones de los derechos
humanos. Aunque esta distinción no siempre es manifiesta, es importante
señalar que, en la mayoría de los casos, los actos de terrorismo se tratarán
como delitos cometidos por individuos y que, en principio, un Estado no
será responsable de la conducta ilegal misma. Los actos que constituyen
violaciones de los derechos humanos son cometidos principalmente por
órganos o personas que representan al Estado. No obstante, en algunos
casos el Estado puede ser responsable de actos de particulares que
pueden constituir una violación de las normas internacionales de derechos
humanos.
Aunque el objetivo de esta publicación no es hacer un análisis exhaustivo
de las necesidades de las víctimas de crímenes y de violaciones de los
derechos humanos en el contexto del terrorismo, ni de las respuestas a
esas necesidades, cabe destacar algunos principios básicos. En particular,
las normas internacionales y regionales relativas a las víctimas de delitos
y a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario pueden ser útiles para atender las necesidades de las víctimas
del terrorismo14. Algunas disposiciones de los tratados universales relativas
a aspectos concretos del terrorismo son también pertinentes para tratar la
situación de las víctimas del terrorismo.
10
De acuerdo con la Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, aprobada por la
Asamblea General en su resolución 40/34, se entenderá por víctimas «las
personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o
menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia
de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados
Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder». Es importante
destacar que en la Declaración se señala que podrá considerarse víctima
a una persona «independientemente de que se identifique, aprehenda,
enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación
familiar entre el perpetrador y la víctima». El término «víctima» incluye
además «a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata
con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir
para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización».
En esa Declaración también se indican las normas mínimas sobre el trato de
esas víctimas de acuerdo con varios principios fundamentales de justicia.
Esos principios exigen que las víctimas:
• Sean tratadas con compasión y respeto por su dignidad;
• Estén informadas de los procedimientos judiciales y puedan presentar
en ellos sus opiniones y preocupaciones;
• Reciban asistencia apropiada durante todo el proceso judicial;
• Estén protegidas contra todo acto de intimidación y represalia;
• Tengan garantizada la protección de su intimidad;
• Puedan participar en mecanismos oficiosos para la solución de
controversias, incluida la mediación;
• Tengan derecho al resarcimiento y la indemnización, según proceda,
y
• Reciban la asistencia material, médica, psicológica y social que sea
necesaria.
Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario
a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados en 2005 por
la Asamblea General en su resolución 60/147, destacan que las víctimas
deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos
humanos y que han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar
su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los
11
de sus familias. En los Principios y directrices básicos se indican también
los recursos que se han de poner a disposición de las víctimas contra las
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos
y las violaciones graves del derecho internacional humanitario. Entre ellos
figuran los siguientes derechos de la víctima: acceso igual y efectivo a
la justicia; reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido, y
acceso a información pertinente sobre las violaciones y los mecanismos
de reparación. Esos Principios y directrices básicos señalan en concreto
algunas obligaciones de los Estados, como la de conceder reparación a
las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado
y constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales
de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional
humanitario, y la de establecer programas nacionales de reparación y otra
asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no
pueda o no quiera cumplir sus obligaciones.
E. El terrorismo y otros aspectos del derecho
internacional
1. El terrorismo y el derecho internacional humanitario
El derecho internacional humanitario establece una serie de normas sobre
la protección de las personas en los «conflictos armados», tal como se
entiende ese término en los tratados pertinentes, así como durante las
hostilidades. Esas normas forman parte de varios tratados, en particular
los cuatro Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos Adicionales, así
como otros instrumentos internacionales concebidos para mitigar el
sufrimiento humano en los conflictos armados. En la actualidad muchas
de las disposiciones de esos instrumentos se consideran parte del derecho
internacional consuetudinario15.
No hay una definición explícita de «terrorismo» como tal en el derecho
internacional humanitario, pero este último prohíbe muchos actos
cometidos durante los conflictos armados que podrían considerarse actos
de terrorismo si se hubiesen cometido en tiempos de paz16.
Por ejemplo, en el derecho internacional los actos deliberados de violencia
contra la población civil o bienes de carácter civil constituyen crímenes de
guerra susceptibles de que sus autores sean enjuiciados. Esta norma deriva
del principio fundamental del derecho internacional humanitario relativo
a la protección de los civiles en los conflictos armados, concretamente
del principio de distinción. Este principio obliga a todas las partes en un
12
conflicto a diferenciar en todo momento entre civiles y combatientes.
Ello quiere decir esencialmente que los ataques sólo pueden dirigirse
contra objetivos militares, esto es, aquellos objetos que por su naturaleza,
ubicación, propósito o utilización constituyen una contribución efectiva a
la acción militar y cuya destrucción parcial o total, captura o neutralización,
en las circunstancias imperantes del momento, ofrezca una ventaja
militar definitiva. Los civiles dejan de ser considerados como tales cuando
participan directamente en las hostilidades.
Además, el derecho internacional humanitario prohíbe estrictamente los
ataques indiscriminados, es decir, aquellos que no están dirigidos contra
un objetivo militar específico, que emplean un método o medios de
combate que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto, o
emplean un método o medios de combate cuyos efectos no es posible
limitar, tal como exige el derecho internacional humanitario, y que, en
consecuencia, son de tal naturaleza que atacan objetivos militares y civiles
o bienes civiles sin distinción. Entre los ataques indiscriminados prohibidos
figuran los ataques desproporcionados.
El derecho internacional humanitario prohíbe también expresamente las
«medidas de terrorismo» o los «actos de terrorismo». El objetivo de esas
prohibiciones es destacar la responsabilidad penal individual y prohibir los
castigos colectivos y «toda medida de intimidación o de terrorismo»17.
Además, el derecho internacional humanitario prohíbe también
estrictamente «los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal
sea aterrorizar a la población civil»18. Según el Comité Internacional de la
Cruz Roja, aun cuando un ataque lícito a un objetivo militar puede también
aterrorizar a los civiles, estas disposiciones, relativas al desarrollo de las
hostilidades, prohíben los ataques específicamente dirigidos a aterrorizar
a los civiles, por ejemplo, bombardeos o disparos de francotiradores contra
civiles en zonas urbanas19.
Es importante señalar que, además del derecho internacional humanitario,
las normas internacionales de derechos humanos siguen aplicándose
durante los conflictos armados, con la única excepción de algunas
limitaciones permitidas acordes con los estrictos requisitos contenidos
en los tratados internacionales de derechos humanos. Básicamente,
la diferencia entre los dos marcos normativos es que, mientras que las
normas de derechos humanos protegen a la persona en todo momento,
el derecho internacional humanitario se aplica únicamente en situaciones
de conflicto armado. A este respecto, el Comité de Derechos Humanos
señaló en su Observación general Nº 31, que:
El Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] se aplica también
en situaciones de conflicto armado a las que son aplicables las normas del
13
derecho internacional humanitario. Si bien, con respecto a determinados
derechos del Pacto, normas más específicas del derecho internacional
humanitario pueden ser directamente pertinentes a los efectos de la
interpretación de los derechos del Pacto, ambas esferas del derecho son
complementarias y no mutuamente excluyentes.
La Corte Internacional de Justicia también ha confirmado la aplicabilidad
del Pacto durante los conflictos armados al afirmar que «el derecho a
no ser privado de la vida arbitrariamente se aplica también en tiempo
de hostilidades. Ahora bien, para determinar si la privación de la vida es
arbitraria hay que referirse a la lex specialis aplicable, a saber, el derecho
aplicable en caso de conflicto armado»20. En su opinión consultiva sobre
las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio
palestino ocupado, la Corte defendió la aplicabilidad de la normativa
de derechos humanos durante los conflictos armados al afirmar que «la
protección que ofrecen los convenios y convenciones de derechos humanos
no cesa en caso de conflicto armado, salvo en caso de que se apliquen
disposiciones de suspensión como las que figuran en el artículo 4 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos»21. Más recientemente
la Corte aplicó las normas de derechos humanos y el derecho internacional
humanitario al conflicto armado entre la República Democrática del Congo
y Uganda22.
Los actos de terrorismo cometidos fuera de conflictos armados constituyen
generalmente delitos tipificados en el ordenamiento jurídico interno y,
dependiendo de las circunstancias, en el derecho penal internacional,
por lo que deben reglamentarse en el marco de la aplicación del derecho
penal nacional e internacional.
2. El terrorismo y el derecho penal internacional
Durante cuatro decenios la comunidad internacional, con los auspicios de
las Naciones Unidas, ha elaborado 13 convenios relativos a la prevención
y eliminación del terrorismo. Estos convenios llamados sectoriales, que
tratan cuestiones que van desde el secuestro de aeronaves y la toma de
rehenes hasta la represión de los atentados terroristas cometidos con
bombas, contribuyen al régimen jurídico mundial contra el terrorismo y
proporcionan un marco para la cooperación internacional. Esos convenios
obligan a los Estados a adoptar medidas concretas para prevenir la comisión
de actos terroristas y prohibir los delitos relacionados con el terrorismo, en
particular tipificando como delitos determinadas conductas, estableciendo
criterios jurisdiccionales (por ejemplo, el conocido principio de aut dedere
14
aut judicare, es decir, «extraditar o enjuiciar»), y sienta las bases jurídicas
para la cooperación en materia de extradición y asistencia legal.
La mayoría de esos tratados relativos a aspectos concretos del terrorismo
definen como delitos determinados actos y exigen que los Estados los
tipifiquen como tales. Abarcan delitos relacionados con la financiación del
terrorismo, delitos basados en la condición jurídica de la víctima (como
la toma de rehenes y los delitos contra personas internacionalmente
protegidas), delitos relacionados con la aviación civil, delitos relacionados
con buques y plataformas fijas y delitos relacionados con materiales
peligrosos23. Por ejemplo, de conformidad con el Convenio Internacional
para la represión de la financiación del terrorismo, se considera acto
terrorista cualquier «acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales
graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente
en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el
propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una
población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a
realizar un acto o a abstenerse de hacerlo». El Convenio obliga a tipificar
delitos concretos relacionados con la financiación del terrorismo tal como
en él se define.
El Consejo de Seguridad ha considerado que la ratificación y la aplicación
efectiva de los instrumentos universales contra el terrorismo tienen la
máxima prioridad. El 28 de septiembre de 2001, actuando en virtud del
Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, aprobó la resolución 1373
(2001), en la que se declara explícitamente que todo acto de terrorismo
constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y que
«los actos, métodos y prácticas terroristas son contrarios a los propósitos
y principios de las Naciones Unidas». En la resolución también se exige
a todos los Estados que tipifiquen como delito los actos de terrorismo,
castiguen los actos de apoyo o preparación de delitos de terrorismo,
tipifiquen como delito la financiación del terrorismo, despoliticen los
delitos de terrorismo, congelen los fondos de las personas que cometan,
o intenten cometer, actos de terrorismo, e intensifiquen la cooperación
internacional en materia penal.
Dependiendo del contexto, los actos terroristas pueden también constituir
delitos en el marco del derecho internacional. Durante la elaboración del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional varias delegaciones
abogaron por la incorporación del terrorismo en la jurisdicción de la Corte
como delito per se. Sin embargo, la mayoría de los Estados no estuvieron
de acuerdo con esa posibilidad, debido precisamente a la cuestión de la
definición. El Acta Final de la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios
de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal
15
Internacional, celebrada en Roma el 17 de julio de 1998, recomendó que
una Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma, que podría organizarse
siete años después de la entrada en vigor del Estatuto, es decir, en 2009,
examinara varios delitos, entre ellos el terrorismo, con miras a alcanzar
una definición aceptable e incluirlos en la lista de delitos incluidos en la
competencia de la Corte.
Aunque el Estatuto de Roma no incluye el «terrorismo» como delito
distinto, tipifica varios delitos que pueden incluir conductas terroristas,
dependiendo de los hechos y circunstancias concretos de cada caso.
Un acto de terrorismo puede constituir un crimen de lesa humanidad,
tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma, cuando se cometa como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y
con conocimiento de dicho ataque24. Además, actos tales como los ataques
deliberados o indiscriminados contra civiles o la toma de rehenes podrían
considerarse crímenes de guerra, tal como se definen en el artículo 8 del
Estatuto de Roma.
Las disposiciones del derecho penal internacional contra el terrorismo
también han sido utilizadas en la práctica por los tribunales internacionales.
En 2003 el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, actuando con
arreglo al artículo 3 de su estatuto, condenó, por primera vez, a una
persona por el delito de terror contra la población civil de Sarajevo, que
consideró como crimen de guerra. El Tribunal llegó a la conclusión de que el
delito de terror contra la población civil incluía elementos comunes a otros
crímenes de guerra, además de otros elementos extraídos del Convenio
Internacional para la represión de la financiación del terrorismo25.
3. Elterrorismo y las normas de derecho internacional
relativas a los refugiados
Junto con las obligaciones generales de las normas de derechos
humanos, las normas de derecho internacional relativas a los refugiados
son el cuerpo normativo que proporciona un marco jurídico concreto
para la protección de los refugiados mediante la definición del término
refugiado, la determinación de las obligaciones de los Estados respecto
de los refugiados y el establecimiento de normas para su trato. Algunos
aspectos de las normas de derecho internacional relativas a los refugiados
se relacionan también con los solicitantes de asilo. La Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados, de 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los
Refugiados, de 1967, son los dos instrumentos universales de las normas
de derecho internacional relativas a los refugiados.
16
Respecto del terrorismo y de las medidas adoptadas para combatirlo,
ambos instrumentos contienen un sistema de contrapesos y salvaguardias
que toma plenamente en consideración los intereses de la seguridad de los
Estados y las comunidades de acogida a la vez que protege los derechos
de las personas que, a diferencia de otras categorías de extranjeros, ya no
disfrutan de la protección de su país de origen.
Como ya se ha señalado, la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad
obliga a los Estados Miembros a adoptar una serie de medidas para prevenir
actividades de terrorismo y tipificar como delito diferentes formas de actos
terroristas, así como medidas para asistir y promover la cooperación entre
los países, incluida la firma de los instrumentos internacionales contra el
terrorismo. En la resolución se tratan también cuestiones relacionadas con
la inmigración y la condición de refugiado. Por ejemplo, se insta a los
Estados a que impidan la circulación de terroristas o de grupos terroristas
imponiendo controles eficaces de fronteras y controles en la expedición de
documentos de identidad y de viaje (párr. 2 g)). También se exhorta a los
Estados a que, antes de conceder el estatuto de refugiado, se aseguren
de que los solicitantes de asilo no hayan planificado ni facilitado actos de
terrorismo, ni participado en su comisión (párr. 3 f)), y a que velen por que
el estatuto de refugiado no sea utilizado de modo ilegítimo por autores,
organizadores o patrocinadores de actos de terrorismo (párr. 3 g)).
Cabe señalar que, por lo que respecta a la condición de refugiado y al
asilo, la resolución no introdujo nuevas obligaciones en las normas de
derecho internacional relativas a los refugiados. La Convención de 1951
ya contenía disposiciones para asegurar que la protección internacional
de los refugiados no se hiciera extensible a los responsables de actos de
terrorismo.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) considera que debe impedirse que los responsables de actos
de terrorismo manipulen los mecanismos de refugiados para encontrar
refugio o conseguir la impunidad26. Las normas de derecho internacional
relativas a los refugiados contienen disposiciones de protección contra
abusos que permiten responder a la posible explotación de los mecanismos
de refugiados por responsables de actos terroristas.
En primer lugar, el estatuto de refugiado sólo puede concederse a
quienes cumplan los criterios de la definición de refugiado que figura en
el apartado A del artículo 1 de la Convención, es decir, a toda persona
que tenga «fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas». En muchos casos los responsables de actos de terrorismo no
17
tienen fundados temores de ser perseguidos por los motivos expuestos en
la Convención de 1951, sino que más bien huyen para no ser legítimamente
enjuiciados por delitos que han cometido.
En segundo lugar, según el apartado F del artículo 1 de la Convención de
1951, las disposiciones de la Convención no serán aplicables a las personas
que cumplan los criterios fijados en el apartado A del artículo 1 pero de
las cuales existan motivos fundados para considerar que han cometido un
crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un grave delito común
fuera del país de refugio antes de ser admitidas en él como refugiadas,
o que se hayan hecho culpables de actos contrarios a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas. A este respecto es especialmente
pertinente el inciso b) del apartado F del artículo 1, que se refiere a la
comisión de un grave delito común por un solicitante de asilo fuera del
país de refugio antes de ser admitido en él como refugiado. Los actos
con características de terrorismo equivaldrán siempre e invariablemente
a graves delitos comunes. El ACNUR ha elaborado directrices27 sobre la
aplicación de las cláusulas de exclusión de la Convención de 1951 y ha
señalado, en particular, su carácter excepcional y la necesidad de que se
apliquen escrupulosamente.
Aunque las indicaciones de una presunta participación de un solicitante
de asilo en actos de terrorismo obligarían a examinar la aplicabilidad
del apartado F del artículo 1 de la Convención de 1951, las normas de
derecho internacional relativas a los refugiados exigen que se evalúen en
un procedimiento justo y efectivo el contexto y las circunstancias de cada
caso antes de adoptar una decisión. El rechazo sumario de solicitantes
de asilo, en particular en las fronteras o en los puntos de entrada, puede
equivaler a una devolución, lo que está prohibido por las normas de
derecho internacional relativas a los refugiados y las normas de derechos
humanos. De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos,
toda persona tiene derecho a buscar asilo.
En tercer lugar, de conformidad con el artículo 2 de la Convención de 1951,
las personas a las que se haya reconocido la condición de refugiados, así
como los solicitantes de asilo que esperan a que se adopte una decisión
sobre sus solicitudes, están obligados a acatar las leyes y reglamentos
del país donde se encuentran. De no ser así, podrán ser enjuiciados de
acuerdo con la ley.
Además, en el párrafo 2 del artículo 33 de la Convención de 1951 se
enumeran excepciones al principio de no devolución. La prohibición de
expulsión y devolución al país de origen podrá no aplicarse cuando haya
razones fundadas para considerar que el refugiado puede constituir un
18
peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o cuando, habiendo
sido condenado por un delito particularmente grave, constituya una
amenaza para la comunidad de tal país. Finalmente, la Convención de 1951
prevé en su artículo 32 la posibilidad de expulsar a un refugiado a un tercer
país por razones de seguridad nacional. Podrá aplicarse cualquiera de esos
artículos en virtud de una decisión adoptada por la autoridad competente
conforme a los procedimientos legales vigentes, incluidos el derecho a ser
oído y el derecho a interponer un recurso. Sin embargo, es fundamental
subrayar que la aplicación de cualquiera de las limitaciones contenidas
en el artículo 32 y en el párrafo 2 del artículo 33 de la Convención de
1951 está sujeta al cumplimiento de las demás obligaciones de derechos
humanos que incumben al Estado, concretamente a lo dispuesto en el
artículo 3 de la Convención contra la Tortura y en el artículo 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya protección es absoluta.
El estatuto de refugiado concedido a una persona de conformidad con
la Convención de 1951 puede anularse si existen motivos fundados para
considerar que no se debería haber reconocido a esa persona tal condición
en su momento. Este caso se produce cuando existen motivos para pensar
que al adoptar la decisión inicial el solicitante no cumplía los criterios de
inclusión establecidos en la Convención de 1951, o que se le deberían
haber aplicado las cláusulas de expulsión previstas en la Convención28.
Entre esos motivos figura la comisión de actos de terrorismo. La anulación
del estatuto de refugiado procede con arreglo a la Convención de 1951
si se demuestra, mediante procedimientos apropiados, que la persona
en cuestión no cumplía los criterios de la definición de refugiado en el
momento en que se le reconoció esa condición.
En algunos casos las medidas de lucha contra el terrorismo y de seguridad
nacional adoptadas por los Estados han tenido efectos negativos en la
protección de los refugiados, como las medidas legislativas y administrativas
indebidamente restrictivas, la falta de acceso a los procedimientos de asilo
y la «criminalización» de los refugiados y los solicitantes de asilo, lo que
ha influido negativamente en la opinión pública.
19
II. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LUCHA
CONTRA EL TERRORISMO
Como se vio en el capítulo I, el terrorismo tiene efecto directo sobre el
ejercicio de los derechos humanos. Los Estados tienen la obligación de
tomar medidas efectivas contra el terrorismo. Si bien la complejidad y la
magnitud de los retos que enfrentan los Estados y otros en sus esfuerzos
para luchar contra el terrorismo pueden ser importantes, las normas
internacionales de derechos humanos tienen suficiente flexibilidad para
tratarlos de manera efectiva. En el presente capítulo nos centraremos en
las relaciones entre la lucha contra el terrorismo y los derechos humanos,
examinando más concretamente la obligación de los Estados de velar
por que todas las medidas contra el terrorismo cumplan las normas
de derechos humanos (sec. A) y la flexibilidad propia de las normas de
derechos humanos para ocuparse de las circunstancias excepcionales (sec.
B).
A. La promoción y protección de los derechos
humanos en la lucha contra el terrorismo
Así como el terrorismo afecta a los derechos humanos y el funcionamiento
de la sociedad, también pueden hacerlo las medidas adoptadas por los
Estados para luchar contra el terrorismo. Como se mencionó anteriormente,
por cuanto el terrorismo tiene un efecto grave sobre diversos derechos
humanos fundamentales, los Estados no sólo tienen el derecho sino la
obligación de adoptar medidas efectivas contra el terrorismo. Las medidas
efectivas contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos son
objetivos complementarios que se refuerzan mutuamente y que se deben
procurar conjuntamente como parte de la obligación de los Estados de
proteger a las personas de su jurisdicción.
Como se mencionó en la sección E del capítulo I, el Consejo de Seguridad
actuó con prontitud después de los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001 para reforzar el marco jurídico de la cooperación
internacional y los criterios comunes ante la amenaza del terrorismo en
esferas como la prevención de su financiación, la reducción del riesgo
de que los terroristas puedan adquirir armas de destrucción masiva y
el mejoramiento de la actividad de los agentes del orden con el fin de
compartir información, así como para establecer un órgano, el Comité
contra el Terrorismo, encargado de supervisar la aplicación de esas
medidas. También se han formulado criterios regionales en el contexto
20
de la Unión Africana, el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Liga de
los Estados Árabes, la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa, la Organización de los Estados Americanos, la Organización
de la Conferencia Islámica, la Asociación del Asia Meridional para la
Cooperación Regional y otras organizaciones.
Ha habido una proliferación de legislación y normas de seguridad y contra
el terrorismo en todo el mundo desde la aprobación de la resolución 1373
(2001) del Consejo de Seguridad, gran parte de la cual ha tenido efectos
sobre el ejercicio de los derechos humanos. La mayoría de los países, al
cumplir sus obligaciones de luchar contra el terrorismo apresurándose
a adoptar medidas legislativas y prácticas, han creado consecuencias
negativas para las libertades civiles y los derechos humanos fundamentales.
Las preocupaciones más pertinentes en cuanto a derechos humanos que
los Estados deberían considerar seriamente para velar por que cualquier
medida adoptada para luchar contra el terrorismo fuera compatible
con sus obligaciones con arreglo a las normas de derechos humanos se
destacarán en el capítulo III.
El papel central de los derechos humanos y las obligaciones del
Estado en la lucha contra el terrorismo
La comunidad internacional se ha comprometido a adoptar medidas
para velar por el respeto de los derechos humanos y por el imperio de
la ley como base fundamental de la lucha contra el terrorismo con la
aprobación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas de lucha contra
el terrorismo por la Asamblea General en su resolución 60/288. Los Estados
Miembros han decidido adoptar medidas encaminadas a hacer frente a las
condiciones conducentes a la difusión del terrorismo, incluidas las fallas
del imperio de la ley y las violaciones de derechos humanos, y velar por
que todas las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo cumplan
sus obligaciones derivadas del derecho internacional, en particular las
normas de derechos humanos, y relativas a los refugiados y el derecho
internacional humanitario.
En 2004 el Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el
cambio informó de que las reclamaciones alimentadas por la pobreza, la
ocupación extranjera y la ausencia de derechos humanos y de democracia
contribuían al reclutamiento de grupos terroristas internacionales29.
En el Documento Final de la Cumbre Mundial aprobado por la Asamblea
General en 2005 se consideró también la cuestión del respeto de los
derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y se llegó a la conclusión
21
de que la cooperación internacional para luchar contra el terrorismo debía
llevarse a cabo de conformidad con el derecho internacional, incluidas la
Carta de las Naciones Unidas y las convenciones y protocolos internacionales
pertinentes. La Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos han
hecho hincapié en que los Estados deben velar por que todas las medidas
adoptadas para luchar contra el terrorismo cumplan las obligaciones
que les incumben en virtud del derecho internacional y de las normas
internacionales de derechos humanos, las normas relativas a los refugiados
y el derecho internacional humanitario. El Consejo de Seguridad ha hecho
lo mismo, comenzando con la declaración que figura en su resolución
1456 (2003), en la que el Consejo de Seguridad señaló que «los Estados
deben cerciorarse de que las medidas que adopten para luchar contra el
terrorismo cumplan todas las obligaciones que les incumben con arreglo
al derecho internacional y adoptar esas medidas de conformidad con el
derecho internacional, en particular las normas relativas a los derechos
humanos y a los refugiados y el derecho humanitario». Esa posición se
reafirmó en la resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad. En su
informe de 2006, «Unidos contra el terrorismo: recomendaciones para
una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo» (A/60/825), el
Secretario General de las Naciones Unidas describió los derechos humanos
como esenciales para la realización de todos los aspectos de una estrategia
contra el terrorismo y destacó que la adopción de medidas eficaces contra
el terrorismo y la protección de los derechos humanos no eran objetivos
contrapuestos, sino complementarios y que se reforzaban mutuamente.
En los órganos universales y regionales basados en los tratados se ha
observado asimismo con frecuencia que la licitud de las medidas contra el
terrorismo depende de su conformidad con las normas internacionales de
derechos humanos30.
La Estrategia Global de las Naciones Unidas de lucha contra el terrorismo
reafirma los vínculos indisolubles entre derechos humanos y seguridad y
coloca el respeto por el imperio de la ley y los derechos humanos en la
base de los esfuerzos nacionales e internacionales contra el terrorismo.
Mediante la Estrategia los Estados Miembros se han comprometido a velar
por el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley como base
fundamental de la lucha contra el terrorismo. Para ser efectiva ésta debe
incluir la formulación de estrategias nacionales contra el terrorismo que
procuren prevenir actos de terrorismo y que hagan frente a las condiciones
que conducen a su difusión, enjuiciar o extraditar lícitamente a los
responsables de esos actos delictivos, propiciar la participación y dirección
activas de la sociedad civil y prestar la debida atención a los derechos de
todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.
22
La promoción y protección de los derechos humanos no es sólo esencial
para luchar contra el terrorismo, sino que los Estados tienen que velar por
que todas las medidas contra el terrorismo que adopten cumplan además
sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
La Asamblea General ha adoptado una serie de resoluciones relativas
al terrorismo desde diciembre de 1972 que se refieren a medidas para
eliminar el terrorismo internacional y a las relaciones entre el terrorismo y
los derechos humanos. Ha destacado que los Estados deben velar por que
todas las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo cumplan las
obligaciones que les incumben con arreglo al derecho internacional, en
particular las normas internacionales de derechos humanos, las normas
relativas a los refugiados y el derecho internacional humanitario31.
Con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas incumbe al Consejo de
Seguridad la responsabilidad principal del mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales, incluidas las medidas para luchar contra el
terrorismo como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. El
Consejo de Seguridad ha adoptado diversas medidas contra el terrorismo,
especialmente en forma de sanciones contra Estados que se considera
que tienen vínculos con algunos actos de terrorismo (principalmente en
el decenio de 1990) y posteriormente contra los talibanes y Al-Qaida, así
como con la creación de comités para supervisar la aplicación de esas
sanciones. En 2001 aprobó la resolución 1373 (2001), que obliga a los
Estados Miembros a adoptar algunas medidas para prevenir las actividades
y tipificar diversas formas de acciones terroristas, y los exhorta a adoptar
medidas que ayuden y promuevan la cooperación entre los países, incluso
mediante la firma de instrumentos internacionales de lucha contra el
terrorismo. Los Estados Miembros están obligados a presentar informes
periódicos al Comité contra el Terrorismo (véase el anexo) acerca de la
marcha de sus trabajos.
Como se vio anteriormente, el Consejo de Seguridad ha instado a los
Estados en varias de sus resoluciones a velar por que las medidas contra
el terrorismo cumplan las normas internacionales relativas a los derechos
humanos y a los refugiados y el derecho humanitario32. En el informe
que presentó al Consejo de Seguridad (S/2005/800) el Comité contra
el Terrorismo reiteró ese llamamiento. Destacó además que la Dirección
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (véase el anexo) debía tenerlo en
cuenta en sus actividades.
Además de la obligación general de los Estados de actuar dentro de un
marco de derechos humanos en forma permanente, cabe señalar que los
tratados universales de lucha contra el terrorismo requieren expresamente
23
el cumplimiento de diversos aspectos de las normas de derechos
humanos. En el contexto del Convenio Internacional para la represión
de la financiación del terrorismo, por ejemplo, se observa en el artículo
15 (expresamente permite a los Estados negarse a la extradición o a la
asistencia judicial si hay razones fundamentales para creer que el Estado
solicitante se propone enjuiciar o castigar a una persona por razones de
discriminación, que están prohibidas), el artículo 17 (que requiere el «trato
justo» de toda persona que se detenga, incluido el goce de todos los
derechos y garantías en virtud de las normas internacionales de derechos
humanos aplicables) y el artículo 21 (una disposición general que deja en
claro que la Convención no menoscaba los demás derechos, obligaciones
ni responsabilidades de los Estados).
B. La flexibilidad de las normas de derechos
humanos
La promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra
el terrorismo es una obligación de los Estados y parte integral de la
lucha contra el terrorismo. Las estrategias nacionales de lucha contra el
terrorismo, por encima de todas las cosas, deben tratar de prevenir los
actos de terrorismo, enjuiciar a los responsables de esos actos criminales y
promover y proteger los derechos humanos y el imperio de la ley.
Desde el comienzo es importante destacar que la gran mayoría de las
medidas contra el terrorismo se aprueban sobre la base de la legislación
ordinaria. En un conjunto limitado de circunstancias nacionales
excepcionales, pueden resultar permisibles algunas limitaciones del
ejercicio de ciertos derechos humanos.
Sin embargo, velar a la vez por la promoción y la protección de los derechos
humanos y las medidas eficaces contra el terrorismo plantea varios retos
prácticos a los Estados. Un ejemplo de ello es el dilema que enfrentan los
Estados para proteger las fuentes de información, que puede requerir que
se limite la revelación de las pruebas en las audiencias relacionadas con el
terrorismo a la vez que se respeta el derecho a un juicio justo y el derecho
a que se escuche a la persona acusada en una audiencia justa.
Estos retos no son insuperables. Los Estados pueden cumplir efectivamente
sus obligaciones de derecho internacional mediante la flexibilidad
incorporada en el marco de las normas internacionales de derechos
humanos, que permiten imponer limitaciones a algunos derechos y,
dentro de circunstancias excepcionales muy limitadas, suspender algunas
disposiciones de derechos humanos. Esos dos tipos de restricciones se
24
concibieron concretamente para dar a los Estados la flexibilidad necesaria
para tratar circunstancias excepcionales y simultáneamente, siempre que
se reúnan ciertas condiciones, cumplan las obligaciones que les imponen
las normas internacionales de derechos humanos.
1. Limitaciones
Tal como se prevé en convenios internacionales de derechos humanos,
los Estados pueden legítimamente limitar el ejercicio de ciertos derechos,
incluidos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de
asociación y reunión, la libertad de desplazamiento y el derecho al respeto
de la vida privada y la familia. Con objeto de cumplir cabalmente sus
obligaciones de derechos humanos a la vez que imponen esas limitaciones,
los Estados deben respetar algunas condiciones33. Además de respetar
los principios de igualdad y no discriminación, las limitaciones deben
estar previstas en la ley, deben procurar uno o más propósitos legítimos
concretos y deben ser «necesarias en una sociedad democrática».
a) Disposición legal
El requisito de que toda medida que limite el goce de los derechos y libertades
debe ser prevista o autorizada por la ley es común a los instrumentos y
directrices internacionales, regionales e internos de derechos humanos34.
Para ser prevista en la ley: a) la ley debe ser apropiadamente accesible de
manera que las personas tengan una indicación adecuada acerca de la
forma en que la ley limita sus derechos, y b) la ley debe estar redactada con
precisión suficiente para que las personas puedan regular su conducta35.
Además, toda prohibición de derecho penal debe cumplir además el
principio de la irretroactividad. El artículo 15 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos requiere a este respecto que ninguna disposición
que defina un delito debe tipificar la conducta anterior a su entrada en
vigor como derecho aplicable. Asimismo, todas las penas deben limitarse
a las aplicables en el momento en que se haya cometido un delito y, si la
ley dispone posteriormente la imposición de una pena inferior, debe darse
al infractor el beneficio de la pena inferior36.
b) Debe procurarse un propósito legítimo
Los propósitos legítimos permisibles respecto de la interferencia varían
según los derechos sujetos a las posibles limitaciones así como según el
tratado de derechos humanos de que se trate. Son la seguridad nacional,
la seguridad pública, el orden público, la salud, las buenas costumbres y
los derechos humanos y las libertades de otros37.
25
El importante objetivo de luchar contra el terrorismo se suele usar como
pretexto para aumentar los poderes estatales en otras esferas38. Los
delitos que no constituyen actos de terrorismo, independientemente de
su gravedad, no deben ser objeto de legislación contra el terrorismo.
Tampoco una conducta que no revista la calidad de terrorismo debe ser
objeto de otras medidas contra el terrorismo, aunque las realice una
persona de quien también se sospeche que haya cometido delitos de
terrorismo. Nuevamente este requisito se refleja en diversos documentos
internacionales y regionales sobre la promoción y la protección de los
derechos humanos en la lucha contra el terrorismo39.
c) Necesidad y proporcionalidad
Lo que se suele señalar como «necesario en una sociedad democrática»
es una salvaguardia adicional que requiere que el Estado demuestre
que las limitaciones no obstaculizan el funcionamiento democrático de
la sociedad. En la práctica significa que deben cumplir los requisitos de
necesidad y proporcionalidad, de manera que toda limitación del ejercicio
de los derechos y libertades debe ser necesaria en la búsqueda de un
objetivo urgente y sus efectos sobre los derechos y libertades deben ser
estrictamente proporcionales al carácter de ese objetivo.
Como cuestión general, dados los efectos del terrorismo sobre los
derechos humanos, la seguridad y el funcionamiento de diversos aspectos
de las sociedades internacionales y nacionales, no cabe duda de que la
lucha contra el terrorismo internacional es un objetivo importante que, en
principio, puede permitir la limitación de ciertos derechos. Sin embargo,
la imposición de una limitación de ese tipo debe cumplir varios requisitos
para ser justificable. En el supuesto de que el derecho se puede limitar
y que la medida de limitación se impone dentro de los parámetros de
ciertos requisitos procesales, debe ser necesaria para lograr un objetivo
determinado de lucha contra el terrorismo. Para ser necesaria debe
haber un vínculo racional entre la medida de limitación y la búsqueda
del objetivo determinado40. Normalmente se aceptará la existencia de un
vínculo racional si la medida hace avanzar lógicamente hacia el objetivo,
aunque podrían resultar necesarias más pruebas de esta conexión si ese
vínculo no es claramente evidente41.
A ese respecto, y a los efectos de determinar la importancia del objetivo
de una medida determinada, será instructivo determinar: la forma en
que la medida se vincula con la lucha contra una amenaza efectiva o
potencial de terrorismo contra el Estado, la contribución de la medida
a los marcos internacionales y regionales de lucha contra el terrorismo
26
y, subsidiariamente, su contribución a otros intereses nacionales del
Estado42.
d) Ejemplo de limitaciones permisibles
Se pueden ilustrar los requisitos de una limitación válida de derechos
en el contexto de la incitación al terrorismo y la libertad de expresión,
tema que se examina más adelante en el capítulo III. La prohibición de
la incitación al terrorismo implica una limitación de la capacidad de las
personas para expresarse como desean. Toda prohibición de la incitación,
por lo tanto, debe cumplir los requisitos de una limitación legítima de
derechos y libertades: la limitación debe estar prevista expresamente por
la ley, debe procurar un propósito legítimo y debe ser a la vez necesaria y
proporcional.
El primer requisito, que toda limitación esté prevista expresamente en la
ley, significa que la prohibición de la incitación debe asumir la forma de
una disposición legislativa. En cuanto al propósito legítimo, la prohibición
de la incitación al terrorismo es compatible con la protección de la
seguridad nacional o el orden público, ambos fundamentos legítimos de
la limitación de la libertad de expresión en el párrafo 3 del artículo 19 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La prohibición de la
incitación al terrorismo es compatible además con el párrafo 2 del artículo
20, que requiere que los Estados puedan prohibir toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la
hostilidad o la violencia.
El requisito final de la necesidad y la proporcionalidad es pertinente a la
forma en que se expresa la prohibición en la legislación y a la forma en
que se aplica. La ley que prohíbe la incitación al terrorismo debe estar
expresada de manera que no sólo respete el principio de la legalidad,
sino que además vele por limitarse a su propósito legítimo. El artículo
19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite sólo
las limitaciones de la libertad de expresión «necesarias» para lograr los
propósitos previstos en el párrafo 3. En consecuencia, la prohibición de la
incitación al terrorismo debe limitarse a lo que se requiere efectivamente
para proteger la seguridad nacional o el orden público.
La disposición y la forma en que se aplica, también debe ser proporcional, es
decir, respecto de cada medida se debe determinar si, dada la importancia
del derecho o la libertad, el efecto de la medida sobre el ejercicio de ese
derecho o libertad es proporcional a la importancia del objetivo que se
procura con la medida y su posible eficacia para lograr ese objetivo43. El
mérito de cada medida dependerá de la importancia del objetivo que
27
persiga en la lucha contra el terrorismo, así como de su posible eficacia
para lograrlo. No es probable que se pueda justificar la imposición de
una limitación de los derechos y libertades a los fines de luchar contra el
terrorismo por medios ineficaces. Al evaluar los efectos de una medida
contra el terrorismo sobre los derechos y libertades debe considerarse,
en cada caso, el nivel en que limita el derecho o la libertad, así como la
importancia y el grado de protección ofrecido por el derecho humano que
se limita44.
2. Suspensiones
En un conjunto limitado de circunstancias, como una emergencia pública
que amenace la vida de la nación, los Estados pueden tomar medidas
para suspender ciertas disposiciones de derechos humanos que figuran
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su artículo
4 se enuncian los requisitos formales y sustantivos que un Estado parte
debe reunir para suspender legítimamente ciertas obligaciones del Pacto45.
Debe entenderse que un estado de emergencia es una medida provisional
verdaderamente excepcional a la que se puede recurrir sólo si existe
una auténtica amenaza a la vida de una nación. Si la situación no es tan
extrema, los Estados deben preparar y aplicar legislación interna eficaz y
otras medidas en cumplimiento de sus obligaciones internacionales de
derechos humanos.
Por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, todo Estado
que suspenda una disposición debe informar inmediatamente a los demás
Estados partes en el Pacto de las disposiciones que está suspendiendo y de
las razones que haya tenido para hacerlo. Además, el Estado parte debe
estar enfrentado a una situación que constituya una amenaza a la vida de
la nación y puede adoptar solamente las medidas que la situación haga
que resulten estrictamente necesarias. Este requisito se relaciona tanto con
el grado de interferencia como con el ámbito territorial y temporal de la
medida adoptada. Esto implica que la necesidad del estado de emergencia
mismo y las medidas de suspensión deben ser examinadas periódicamente
por órganos independientes, en particular los poderes legislativo y judicial.
Las medidas deben ser además compatibles con otras obligaciones de
derecho internacional, en particular las normas del derecho internacional
humanitario y las normas perentorias de derecho internacional.
a) Derechos humanos que no se pueden suspender
La suspensión de ciertos derechos humanos enunciados en tratados
internacionales de derechos humanos está prohibida, incluso en estado
28
de excepción. El artículo 4 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos determina que no se pueden suspender el derecho a la vida,
la libertad de la tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes,
la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la libertad de la prisión
por incumplimiento de contrato, la libertad de las penas retroactivas,
el derecho a ser reconocido como persona ante la ley, y la libertad de
pensamiento, conciencia y religión. En su Observación general Nº 29 el
Comité de Derechos Humanos ha destacado además que las disposiciones
del Pacto relativas a las salvaguardias procesales jamás podrán ser objeto
de medidas que eludan la protección de esos derechos que no se pueden
suspender. El derecho regional de los derechos humanos ha destacado
además la importancia de las garantías procesales. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos, por ejemplo, ha señalado que los «procedimientos
de hábeas corpus y de amparo figuran entre las garantías judiciales que
son indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión
está vedada… y sirven, además, para preservar la legalidad en una
sociedad democrática… Los ordenamientos constitucionales y legales de
los Estados partes que autoricen, explícita o implícitamente la suspensión
de los procedimientos de hábeas corpus o de amparo en situaciones
de emergencia deben considerarse incompatibles con las obligaciones
internacionales que a esos Estados impone la Convención»46.
Además de esta lista de derechos que no se pueden suspender, en el
párrafo 1 del artículo 4 del Pacto se especifica que toda medida de
suspensión no debe ser incompatible con las obligaciones derivadas del
derecho internacional que, como ha señalado el Comité de Derechos
Humanos en su Observación general Nº 29, incluye obligaciones de las
normas internacionales de derechos humanos, el derecho internacional
humanitario y el derecho penal internacional. El Comité determinó además
que hay derechos y libertades del derecho internacional consuetudinario
(aplicable a todos los Estados) que no se podrán suspender incluso
aunque no estén enumerados en el párrafo 2 del artículo 4. El Comité
de Derechos Humanos ha determinado que son derechos derivados
del derecho internacional consuetudinario: el derecho de toda persona
privada de libertad a ser tratada con humanidad y con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano; la prohibición de la toma de rehenes,
los secuestros o la detención no reconocida; la protección internacional de
los derechos de las personas pertenecientes a minorías; la deportación o
el traslado forzoso de población sin motivos autorizados por el derecho
internacional, y la prohibición de la propaganda en favor de la guerra o de
apología del odio nacional, racial o religioso que constituiría incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia.
29
El cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho internacional
impide además la adopción de medidas de suspensión que pretendan
autorizar una conducta que constituiría la base para hacer efectiva la
responsabilidad penal individual por un crimen de lesa humanidad.
Por cuanto el derecho a un juicio justo está garantizado expresamente
en el derecho internacional humanitario durante un conflicto armado, el
Comité de Derechos Humanos ha expresado la opinión de que deben
respetarse también los requisitos de un juicio justo durante un estado de
emergencia. De manera de respetar el principio de legalidad y el imperio
de la ley, la protección de los derechos que se ha reconocido que no se
pueden suspender exige que en toda situación exista cierta salvaguardia
procesal, incluidas las garantías judiciales. El Comité ha destacado que sólo
un tribunal de derecho podrá enjuiciar y condenar a una persona por
un delito penal y que debe respetarse la presunción de inocencia. Con
el fin de proteger los derechos que no pueden ser objeto de suspensión,
el derecho de acceso a los tribunales, para que éstos decidan sin demora
sobre la legalidad de una detención, no debe ser afectado por una decisión
del Estado parte de suspender ciertas garantías del Pacto.
b) ¿Qué es una «emergencia pública que amenace la vida de la
nación»?
La capacidad de suspender las disposiciones del párrafo 1 del artículo 4
del Pacto comienza sólo en un momento de «emergencia pública que
amenace la vida de la nación». En su Observación general Nº 29 el Comité
de Derechos Humanos ha caracterizado ese tipo de emergencia como
una situación de carácter excepcional. No toda perturbación o catástrofe
reúne esos requisitos. El Comité ha comentado que, incluso durante un
conflicto armado, las disposiciones que suspendan la aplicación del Pacto
se permitirán sólo en la medida en que la situación constituya un peligro
para la vida de la nación. Tendrá que evaluarse en cada caso si los actos o
amenazas terroristas determinan que se justifica un estado de emergencia
de ese tipo47.
c) Extensión permisible de las suspensiones
Toda suspensión adoptada con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 del Pacto
sólo podrá hacerse «en la medida estrictamente limitada a las exigencias
de la situación. La clave de este requisito es el carácter provisional de toda
suspensión». El Comité de Derechos Humanos ha dicho que la restauración
del estado de normalidad en que nuevamente se pueda garantizar el pleno
respeto de las disposiciones del Pacto debe ser el objetivo predominante
de un Estado parte que suspenda la aplicación de las disposiciones del
30
Pacto. Toda medida que suspenda las disposiciones del Pacto debe ser
necesaria y proporcional.
El párrafo 1 del artículo 4 especifica que ninguna suspensión podrá
entrañar discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión u origen social. Dispone además que ninguna
medida de suspensión de obligaciones ha de ser incompatible con las demás
obligaciones que impone al Estado el derecho internacional, que incluirían
obligaciones relativas a las normas internacionales de derechos humanos,
el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
El párrafo 1 del artículo 5 también es pertinente. Aclara que ninguna
disposición del Pacto (incluida la capacidad prevista en el artículo 4 de
suspender obligaciones) podrá ser interpretada en el sentido de conceder
derecho alguno para emprender actividades o realizar actos encaminados
a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en
él. Finalmente, como ocurre con las limitaciones anteriormente descritas,
toda suspensión debe cumplir estrictamente los principios de necesidad y
proporcionalidad.
31
III. RETOS ESPECÍFICOS EN EL CONTEXTO DEL
TERRORISMO Y LA LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO
Como se examinó en los capítulos anteriores, tanto el terrorismo como la
lucha contra el terrorismo afectan el ejercicio de los derechos humanos.
Si bien no es posible hacer un análisis en profundidad de todas las
preocupaciones relativas a los derechos humanos en el contexto del
terrorismo y de las medidas para luchar contra el terrorismo, en el presente
capítulo se presenta una selección de retos de derechos humanos actuales
y emergentes.
A. El derecho a la vida
Tanto las normas internacionales como regionales de derechos humanos
reconocen el derecho y la obligación de los Estados de proteger a las
personas de su jurisdicción. En la práctica, sin embargo, algunas de las
medidas que han adoptado los Estados para proteger a las personas
de los actos de terrorismo han planteado ellas mismas graves retos al
derecho a la vida. Entre ellas se incluyen los «homicidios premeditados» o
«selectivos» para eliminar individuos determinados como una alternativa
de su detención y enjuiciamiento. El Comité de Derechos Humanos ha
declarado que no se deben utilizar los asesinatos selectivos como disuasión
o castigo y que debe considerarse en la mayor medida posible el principio
de la proporcionalidad. Las normas estatales deben expresarse claramente
en las directrices que se den a los comandantes militares y un órgano
independiente debe investigar prontamente las denuncias acerca del uso
desproporcionado de la fuerza. Antes de prever el recurso al uso de la
fuerza letal, deben agotarse todas las medidas para detener a una persona
sospechosa de hallarse en vías de cometer actos de terrorismo48.
En otros casos los Estados han adoptado normas de cumplimiento de la
ley que consisten en «tirar a matar»49. En el contexto de la lucha contra el
terrorismo, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha destacado
la importancia de velar por que todas las fuerzas del orden, desde los
funcionarios policiales hasta los fiscales y los oficiales que administran
lugares de detención y prisión, actúen dentro de la ley. Advirtió que, en la
lucha contra el terrorismo, todas las personas en situación de autoridad
debían aplicar extrema vigilancia contra toda forma de uso indebido del
poder y que debían inspirar una cultura de respeto de la ley, especialmente
por los que estaban encargados de su aplicación50.
32
Como observó el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias, «la retórica de tirar a matar y sus equivalentes
plantea una amenaza grave y perdurable a los enfoques de aplicación de
la ley basados en los derechos humanos. Del mismo modo, las expresiones
del tipo «asesinato selectivo» y tirar a matar se utilizan para sugerir un
nuevo enfoque e insinuar que frente al terrorismo es inútil actuar en el
marco de la ley. Sin embargo, las normas de derechos humanos permiten
el recurso a medios letales cuando sea estrictamente necesario para salvar
vidas humanas. La retórica de tirar a matar tan sólo sirve para dejar de
lado las normas legales claras mediante una autorización para matar
vagamente definida que produce confusión entre los agentes del orden,
pone en peligro a personas inocentes y facilita los errores al tiempo que
se eluden los verdaderos problemas que plantea una amenaza concreta».
El Relator Especial ha sugerido además que los Estados que adopten
políticas de tirar a matar para ocuparse, por ejemplo, de los terroristas
suicidas «deben elaborar marcos jurídicos que incorporen adecuadamente
la información y los análisis de los servicios de inteligencia tanto en la
planificación operacional como en las bases de rendición de cuentas de
la responsabilidad del Estado posteriores al incidente». Deben «garantizar
que únicamente la información fidedigna, junto con la adopción de
salvaguardias de procedimiento adecuadas, darán lugar al uso de los
medios letales»51.
Con arreglo a las normas regionales de derechos humanos la protección
contra la privación arbitraria de la vida no se puede suspender incluso en
un estado de emergencia que amenace la vida de la nación52. El Comité
de Derechos Humanos ha declarado «la protección contra la privación
arbitraria de la vida... es de importancia capital. El Comité considera que
los Estados partes no sólo deben tomar medidas para evitar y castigar
los actos criminales que entrañan la privación de la vida, sino también
evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria. La
privación de la vida por las autoridades del Estado es una cuestión de suma
gravedad. Por consiguiente, la ley debe controlar y limitar estrictamente
las circunstancias en que dichas autoridades pueden privar de la vida a
una persona»53. Por lo tanto, para cumplir las normas internacionales de
derechos humanos toda política estatal que permita el uso de la fuerza
letal debe corresponder a esos casos estrictamente definidos en que la
privación de la vida no puede considerarse arbitraria.
Para ser considerado lícito, el uso de la fuerza letal debe cumplir siempre
el principio de la necesidad y debe usarse en una situación en que sea
necesaria para la defensa propia o para la defensa de la vida de otro. Debe
cumplir siempre con el principio de la proporcionalidad, y siempre se debe
tratar de usar tácticas no letales para capturar o prevenir cada vez que sea
33
posible. En la mayoría de las circunstancias los agentes del orden deben
dar a los sospechosos la oportunidad de rendirse y recurrir a la fuerza
en forma graduada54. «El marco jurídico del Estado debe pues «controlar
y limitar estrictamente las circunstancias» en que los agentes del orden
pueden recurrir a los medios letales»55.
El derecho internacional humanitario contiene disposiciones semejantes
contra el «asesinato selectivo» de civiles en el contexto de un conflicto
armado (véase el capítulo I).
B. La prohibición absoluta del uso de la tortura
La prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
es absoluta en derecho internacional. Se trata de una norma perentoria,
es decir, una norma de jus cogens56 y no se puede suspender su ejercicio
incluso en estados de emergencia que amenacen la vida de la nación con
arreglo a los tratados nacionales y regionales de derechos humanos57.
La prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
no cede ante la amenaza planteada por el terrorismo ni el supuesto peligro
planteado por una persona a la seguridad de un Estado58. En la práctica,
sin embargo, los Estados con frecuencia han adoptado políticas y métodos
para enfrentar el terrorismo que, de hecho, eluden y menoscaban esta
prohibición absoluta59.
Por ejemplo, el uso de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos
o degradantes para extraer información del sospechoso de terrorismo
está absolutamente prohibido, así como el uso en actuaciones judiciales
de pruebas obtenidas mediante la tortura, ya sea internamente o en el
extranjero, y de «pruebas secretas» utilizadas por la acusación y otras
autoridades en las actuaciones judiciales con infracción del principio de la
inadmisibilidad de las pruebas extraídas mediante la tortura, que figura,
entre otros, en el artículo 15 de la Convención contra la Tortura60.
Las políticas estatales que procuran excluir la aplicación de las normas
de derechos humanos a personas fuera de su territorio pueden
efectivamente erosionar la prohibición absoluta de la tortura y de los
tratos crueles y degradantes. Según el Comité de Derechos Humanos
los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos son aplicables a todas las personas que puedan estar situadas
en el territorio de un Estado parte y a todas las personas sometidas a su
jurisdicción (véase supra). Esto significa que un Estado parte debe respetar
y garantizar los derechos establecidos en el Pacto, incluida la prohibición
34
absoluta de la tortura, a todos los que se encuentren bajo su control o
poder efectivos, aunque no estén situados en su territorio. Asimismo, la
Corte Internacional de Justicia ha declarado que, si bien la jurisdicción de
los Estados es principalmente territorial, los derechos consagrados en el
Pacto se extienden a los actos de un Estado en el ejercicio de su jurisdicción
fuera de su propio territorio61.
Respecto de las condiciones de detención, las prácticas como el uso de
la detención secreta y con incomunicación62, así como del confinamiento
prolongado en condiciones de aislamiento y medidas semejantes
encaminadas a causar situaciones de estrés, pueden equivaler a tortura, o
a trato cruel, inhumano o degradante63.
Los Estados deben velar por que se cuente con todas las diversas
salvaguardias jurídicas y prácticas para prevenir la tortura, incluidas las
garantías relativas al derecho a la libertad y la seguridad personales y las
garantías procesales. Por ejemplo, el derecho que toda persona detenida
acusada de delito sea sometida prontamente ante un juez y enjuiciada
dentro de un plazo razonable o puesta en libertad. Se incluye además
el derecho a impugnar con prontitud la licitud de la detención ante un
tribunal. El Comité de Derechos Humanos, en su Observación general Nº
29, ha confirmado que debe protegerse este derecho en todo momento,
incluso en un estado de emergencia, destacando con ello el papel
fundamental de las garantías procesales para velar por el cumplimiento de
la prohibición absoluta de la tortura o de otros tratos crueles, inhumanos
o degradantes. Además, los detenidos deben tener acceso normal a
atención médica y asesoramiento jurídico. Finalmente, los Estados deben
permitir además la supervisión periódica e independiente de los centros de
detención (véase la sección D infra).
La entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura el 22 de junio de 2006 es un acontecimiento importante que
implica un progreso en la protección práctica de los detenidos contra la
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se establece
un Subcomité de Prevención de la Tortura de composición internacional
con el mandato de visitar los lugares de detención en los Estados partes
y requiere que los Estados partes establezcan mecanismos nacionales
preventivos, que también han de tener acceso a lugares de detención
y a prisioneros. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha
alentado a todos los Estados a que firmen y ratifiquen ese instrumento
como una medida práctica importante y una demostración de su
compromiso con la prevención de la tortura y los malos tratos y con la
protección de los derechos humanos de las personas que se hallen dentro
de su jurisdicción.
35
C. Traslado de personas sospechosas de actividades
terroristas
Los Estados tienen la obligación de efectuar los traslados de detenidos de
manera transparente y conforme con los derechos humanos y el imperio
de la ley, lo que incluye el derecho de todos a la dignidad personal, a
ser reconocidos como personas ante la ley y el derecho a las garantías
procesales. El marco jurídico internacional de los derechos humanos
requiere que toda privación de libertad se efectúe por motivos y con arreglo
a procedimientos establecidos en la ley, que se informe a los detenidos
de las razones de la detención, que se les notifique cuanto antes de los
cargos que se les imputan y que se les facilite el acceso a un abogado.
Además, debe garantizarse la revisión pronta y eficaz de la detención
por un funcionario judicial que verifique la legalidad de la detención y
proteja otros derechos fundamentales del detenido. El mínimo acceso a
la asistencia letrada y los límites previstos razonables de la duración de
la detención preventiva siguen siendo obligatorios incluso en los estados
de excepción. Además, las autoridades nacionales tienen la obligación de
impedir las violaciones de los derechos humanos e investigar y tramitar
con diligencia cualquier denuncia de prácticas que puedan entrañar
el traslado o la detención de personas de manera incompatible con el
derecho internacional.
Desde el 11 de septiembre de 2001, en particular, según se informa,
algunos Estados han extraditado, expulsado, deportado o de otra forma
trasladado a extranjeros, algunos de ellos solicitantes de asilo, sospechosos
de terrorismo, a su país de origen o a otros países donde presuntamente
estarían expuestos a un peligro de tortura o malos tratos sin atender al
principio de no devolución. Este principio, incorporado en el párrafo 1
del artículo 33 de la Convención sobre el estatuto de los refugiados, es
absoluto y no susceptible de suspensión con arreglo a la normativa de
derechos humanos, en particular el artículo 3 de la Convención contra la
Tortura64 y el artículo 16 de la Convención Internacional para la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Se refleja también
en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
el Comité de Derechos Humanos interpretó en su Observación general
Nº 20 (1992) en el sentido de incluir la obligación de los Estados de no
exponer a las personas «al peligro de ser sometidas a torturas o a penas
o tratos crueles, inhumanos o degradantes al regresar a otro país tras la
extradición, la expulsión o la devolución»65. De acuerdo con la Observación
general Nº 31, el artículo 2 del Pacto entraña además una obligación de
los Estados de «no extraditar, deportar, expulsar o retirar de otro modo
a una persona de su territorio, cuando hay razones de peso para creer
36
que existe un riesgo real de provocar un daño irreparable... sea en el país
al que se va a trasladar a la persona o a cualquier otro país al que la
persona sea posteriormente trasladada». Está claramente establecido en
el derecho internacional que la prohibición de devolución es absoluta si
existe el peligro de tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante66. No
obstante, esta obligación es aplicable también en los casos que implican un
peligro de daño irreparable y en los casos de privación arbitraria de la vida
(incluida la imposición indebida de la pena de muerte), las desapariciones
forzadas, la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes y la
exposición a un juicio manifiestamente injusto.
El traslado de una persona que tiene lugar fuera del imperio de la ley
y sin garantías procesales puede desembocar en diversas violaciones de
derechos humanos, especialmente la violación del derecho a la libertad
y la seguridad de la persona, la prohibición de la tortura y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes, el derecho de todo ser humano, en
todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a
un juicio imparcial, el derecho a la vida privada y de familia, y el derecho a
un recurso efectivo. Según las circunstancias, puede equivaler también a
una desaparición forzada67.
En el contexto de la lucha contra el terrorismo algunos Estados han
utilizado las garantías diplomáticas, memorandos de entendimiento y
otras formas de acuerdo diplomático para justificar el traslado irregular de
personas sospechosas de participar en actividades terroristas a países en
los que pueden correr el riesgo real de ser sometidas a tortura o a otras
violaciones graves de los derechos humanos. Esta práctica plantea diversas
preocupaciones graves de derechos humanos. La Alta Comisionada para
los Derechos Humanos ha subrayado que, como cuestión práctica, esos
acuerdos no funcionan por cuanto en la realidad no brindan una protección
apropiada contra la tortura y otros malos tratos, ni, como cuestión
jurídica, pueden anular la obligación de no devolución. En la mayoría de
los casos las garantías se firman entre Estados que son partes en tratados
internacionales y regionales vinculantes que prohíben la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la devolución cuando
se utilizan esas prácticas, lo que plantea, en todo caso, la cuestión de por
qué se necesitan nuevas medidas bilaterales. Aunque todas las personas
tienen derecho a la igual protección de los tratados vigentes, las garantías
equivalen a la creación de un sistema de dos clases entre los detenidos
al crear la protección especial para unos pocos, desconociendo a la vez
la situación de muchos otros. Por lo tanto, se debe tratar de centrar
los esfuerzos en la plena aplicación de las obligaciones internacionales
de derechos humanos por las estructuras existentes, especialmente
mediante el establecimiento de sistemas de visitas periódicas de órganos
37
internacionales y nacionales independientes a los lugares en que las
personas se hallan privadas de libertad.
Todos los Estados tienen una obligación positiva de garantizar que no se
utilice su territorio para trasladar a personas a lugares donde probablemente
vayan a ser sometidas a tortura, lo que supone tomar todas las medidas
prácticas para determinar si las operaciones extranjeras en su territorio se
utilizan para facilitar tales prácticas en los casos en que hay motivo para
creerlo. Como mínimo, los Estados deben velar por que todo traslado de
personas de un territorio a otro se haga de acuerdo con lo establecido
por la ley y en el marco del derecho internacional. Además, antes del
traslado debe existir la posibilidad de revisión y examen judiciales, y se
deben investigar las denuncias creíbles de traslados que conlleven un
auténtico riesgo de tortura. Se debe hacer una evaluación de todas las
circunstancias, incluida la práctica anterior del Estado de tránsito, el origen
y el destino de la aeronave o vehículo en tránsito, la disposición o no
del Estado de tránsito a comunicar información u ofrecer garantías, y, en
el caso de las aeronaves, el estatuto de éstas a tenor del artículo 4 del
Convenio de Chicago. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura
han destacado la importancia de seguir vigilantes respecto de las prácticas
que erosionan la prohibición absoluta de la tortura en el contexto de la
lucha contra el terrorismo68.
Puede incurrirse en responsabilidad internacional de los Estados por
cometer un hecho internacionalmente ilícito, por prestar asistencia o
ayuda a otros Estados en la comisión de un hecho ilícito, por acceder a esa
conducta o por dejar de prevenir ese tipo de hechos en su territorio. Puede
también hacerse responsables a los Estados cuando sus agentes hayan
actuado ultra vires. Además, en los casos en que haya habido ese tipo
de infracciones, los Estados tienen la obligación de hacer investigaciones
prontas y eficaces para identificar y enjuiciar a los responsables, así como
para garantizar que se compense apropiadamente a las víctimas69.
D. Libertad y seguridad de la persona
Todas las personas están protegidas contra la injerencia ilícita o arbitraria
en su libertad. Esta protección es aplicable en el contexto de los juicios
penales, así como en otras esferas en que el Estado puede afectar la
libertad de las personas70. En la práctica, como parte de sus esfuerzos para
luchar contra el terrorismo, los Estados han adoptado medidas que tienen
efectos sobre la libertad de las personas, como: procedimientos anteriores
al juicio respecto de los delitos de terrorismo, incluidas disposiciones
38
relativas a la libertad bajo fianza y la continuación de la detención de
las personas a la espera de juicio; prisión preventiva anterior al juicio
(detención antes de presentar una acusación penal contra una persona
a los efectos de continuar la investigación acerca de la participación de
esa persona en la comisión, o la asistencia a la comisión, de un delito de
terrorismo); detención administrativa (detención para impedir la comisión
por una persona, o su asistencia a la comisión, de un acto terrorista);
órdenes de control (imponer condiciones a una persona, sin llegar a la
detención, para impedir la comisión por esa persona, o su asistencia a la
comisión, de un delito de terrorismo, incluida la detención de la persona
a la espera de determinar su condición de inmigrante o refugiado), y
audiencias obligatorias (detención e interrogatorio obligatorio de una
persona, sospechosa o no de terrorismo, para reunir información acerca
de actividades terroristas).
Como parte de sus esfuerzos para luchar contra el terrorismo, un Estado
puede detener lícitamente a las personas sospechosas de actividades
terroristas, como con cualquier otro delito. No obstante, si una medida
implica la privación de la libertad de una persona, es esencial cumplir en
forma estricta las normas internacionales y regionales de derechos humanos
relacionadas con la libertad y seguridad de las personas, el derecho a su
reconocimiento ante la ley y sus garantías procesales. Toda medida de ese
tipo, por lo menos, debe prever el escrutinio judicial y la capacidad de los
detenidos para que una autoridad judicial determine la legalidad de su
detención71. El respeto de las garantías procesales y el derecho a un juicio
imparcial son esenciales para salvaguardar apropiadamente la libertad y
seguridad de una persona.
E. La utilización de perfiles y el principio de la no
discriminación
Como se subraya en la sección A del capítulo I, los principios de igualdad
y no discriminación son centrales en las normas de derechos humanos
y se reconocen como normas de jus cogens72. La Corte Interamericana
de Derechos Humanos, por ejemplo, ha declarado que «el principio de
igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación,
pertenece al jus cogens, puesto que sobre él descansa todo el andamiaje
jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio
fundamental que permea todo ordenamiento jurídico»73. En el contexto
concreto de la lucha contra el terrorismo, el Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial ha dicho que no se puede limitar el principio de no
discriminación por cuanto ha pasado a ser una norma de jus cogens. Esto
39
se refleja en diversos documentos internacionales y regionales relativos a
la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el
terrorismo74.
El uso de conjuntos de indicadores para hacer el perfil de posibles
sospechosos puede ser, en principio, un medio permisible de investigación
y puede ser un instrumento importante de cumplimiento de la ley. En
general, la utilización de perfiles es un proceso de filtración que implica
un solo indicador o un conjunto de indicadores que, al agruparse,
presentan las características de una persona, un pasajero o un envío
de alto riesgo. Cuando los agentes del orden utilizan perfiles generales
que reflejan generalizaciones no examinadas, incluso a los efectos de la
lucha contra el terrorismo, esas prácticas pueden constituir una injerencia
desproporcionada en los derechos humanos. En particular, si uno de los
indicadores en que se basa el perfil es el de una persona de origen étnico
o nacional, esto plantea la cuestión de la compatibilidad del uso del perfil
con el principio de no discriminación75.
En su Recomendación general Nº 30 (2004), el Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial ha pedido a los Estados que velen por que las
medidas que se tomen en la lucha contra el terrorismo no discriminen,
por sus fines o efectos, por motivos de raza, color, ascendencia u origen
nacional o étnico, y que los no ciudadanos no se vean sometidos a
caracterizaciones o estereotipos raciales o étnicos. En el plano regional
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que
toda utilización de perfiles o mecanismos semejantes por un Estado debe
cumplir estrictamente los principios internacionales que rigen la
necesidad, la proporcionalidad y la no discriminación, y deben ser objeto
de escrutinio judicial estrecho76. La Comisión Europea contra el racismo
y la intolerancia ha pedido a los gobiernos que velen por que no resulte
ninguna discriminación de las leyes o reglamentos, o de su aplicación,
en la esfera de los controles practicados por las fuerzas del orden77.
Finalmente, la Red de la Unión Europea de Expertos Independientes en
los Derechos Fundamentales ha expresado grave preocupación por la
preparación de perfiles de terroristas; la utilización de perfiles sobre la base
de características como la nacionalidad, la edad o el lugar de nacimiento,
han advertido los expertos, crea un riesgo importante de discriminación78.
Esto es aplicable además a la utilización de perfiles de personas sobre la
base de su religión. La utilización de perfiles o de mecanismos semejantes
debe cumplir estrictamente los principios de necesidad, proporcionalidad
y no discriminación; debe ser objeto de escrutinio judicial estricto y se
debe revisar periódicamente79.
40
F. Las garantías procesales y el derecho a un
juicio justo
Las garantías procesales, incluso de los sospechosos de terrorismo, son
esenciales para asegurar que las medidas de lucha contra el terrorismo sean
efectivas y respeten el imperio de la ley. Las salvaguardias de los derechos
humanos de todas las personas acusadas de delitos penales, incluidos
los delitos relacionados con el terrorismo, se establecen en los artículos
14 y 15 del Pacto e incluyen el derecho a la presunción de inocencia, el
derecho a ser oído con las debidas garantías y en un plazo razonable por
un tribunal competente, independiente e imparcial, y el derecho a que
el fallo condenatorio y la pena impuesta sean revisados por un tribunal
superior que reúna los mismos requisitos80. El derecho internacional
humanitario prevé protecciones semejantes en lo esencial respecto del
juicio a las personas en el contexto de los conflictos armados81.
En julio de 2007 el Comité de Derechos Humanos aprobó la Observación
general Nº 32, en que revisó su observación general sobre el artículo 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho
a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia.
La observación general revisada señala que el derecho a un juicio imparcial
y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia es un elemento
fundamental de la protección de los derechos y sirve para salvaguardar
el imperio de la ley por medios procesales. El artículo 14 del Pacto tiene
por objeto garantizar la adecuada administración de la justicia y a tal
efecto garantiza una serie de derechos específicos, incluida una garantía
general de igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, el derecho
de las personas a ser oídas públicamente y con las debidas garantías
por un tribunal competente, independiente e imparcial, si enfrentan
una acusación de carácter penal o si sus derechos y obligaciones tienen
carácter civil, que todas las personas acusadas de un delito tienen derecho
a la presunción de inocencia en tanto no se demuestre su culpabilidad
con arreglo a derecho y que todas las personas condenadas por un delito
tengan derecho a que su condena sea revisada por un tribunal superior
con arreglo a derecho.
La ex Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos
se ocupó durante muchos años de cuestiones relacionadas con el
terrorismo y los derechos humanos, incluida la administración de justicia
por tribunales militares. El uso de tribunales militares y especiales para
enjuiciar a sospechosos de terrorismo puede también tener efectos graves
sobre las garantías procesales, según el carácter del tribunal o corte y
41
las restricciones que se impongan a la persona acusada ante ellos82. En
particular, son raras las circunstancias en que corresponderá que un
tribunal militar enjuicie a un civil.
Otras medidas contra el terrorismo adoptadas por Estados Miembros
han tenido efectos graves sobre las garantías procesales de las personas
sospechosas de terrorismo, así como sus familias, como la inclusión de
personas y grupos en listas de entidades terroristas o asociadas con ellos,
o su exclusión de esas listas, ya sean medidas adoptadas por el Comité
del Consejo de Seguridad de Sanciones contra Al-Qaida y los Talibanes o
adoptadas en procedimientos nacionales83. Si bien las sanciones dirigidas
concretamente contra personas sospechosas de participar en actividades
terroristas pueden ser un instrumento eficaz en las actividades de un Estado
para luchar contra el terrorismo, esos procedimientos plantean diversos
problemas graves de derechos humanos. Deben tomarse medidas para
asegurar que el procedimiento de inclusión y exclusión de las listas sea
transparente, basado en criterios claros, y con una aplicación apropiada,
explícita y uniforme de las reglas de la prueba, así como un mecanismo
efectivo, accesible e independiente de revisión para los individuos y
Estados interesados. Como mínimo, las normas requieren que se vele
por procedimientos imparciales y claros y deben incluir el derecho de una
persona a tener información acerca de las medidas adoptadas y a conocer
prontamente los fundamentos de la causa en su contra y, en la medida de
lo posible, sin obstaculizar el propósito de los regímenes de sanciones, el
derecho a ser escuchado en un plazo razonable por el órgano competente,
el derecho a una revisión efectiva por un mecanismo independiente y
competente de revisión, el derecho a contar con asesoramiento letrado
respecto de todas las actuaciones, y el derecho a un recurso efectivo84.
G. El principio de legalidad y la definición del
terrorismo
El marco jurídico internacional vigente respecto de la lucha contra el
terrorismo enuncia obligaciones con respecto al terrorismo, sin dar una
definición amplia de la expresión. Podría entenderse que los llamamientos
hechos por la comunidad internacional para luchar contra el terrorismo sin
definirlo dejan a cada Estado que entienda por éste lo que él defina. Esto
abre la posibilidad de dar cabida a abusos de derechos humanos e incluso
al mal uso deliberado del término85.
42
Un ejemplo concreto en este contexto es el respeto del principio de
legalidad, consagrado en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y que no puede ser suspendido, incluso en tiempos de
emergencia pública. Implica que la imposición de la responsabilidad penal
está limitada a disposiciones claras y precisas, de manera de respetar el
principio de certidumbre del derecho y de velar por que no esté sujeto a
interpretaciones que amplíen indebidamente el alcance de la conducta
prohibida. Los Estados pueden utilizar las definiciones excesivamente
vagas o amplias del terrorismo como un medio para abarcar acciones
pacíficas encaminadas a proteger, entre otras cosas, derechos laborales,
los derechos de las minorías o los derechos humanos, o, más en general,
para limitar cualquier tipo de oposición política86.
Como se mencionó anteriormente, ninguno de los convenios internacionales
vigentes contra el terrorismo contiene una definición amplia de la expresión
terrorismo. Tampoco hay una definición general en las resoluciones de los
diversos órganos de las Naciones Unidas. En lugar de ello, los convenios
tienen carácter «sectorial» y se refieren a temas concretos, ya sea la
seguridad marítima, la seguridad de la navegación marítima y de las
plataformas marítimas, la protección de las personas o la represión de los
medios con que se pueden cometer o apoyar actos de terrorismo. Como se
mencionó en la sección B del capítulo I, prosiguen las negociaciones relativas
a un proyecto de convenio general sobre el terrorismo internacional, que
se remitió en 2001 a una comisión de la Asamblea General. Lo que es
importante, el proyecto de convenio contiene una definición general en el
artículo 2. Dado su criterio general, la aprobación del proyecto de convenio
contribuiría a reforzar el marco jurídico internacional al consolidar diversas
conductas penales que las convenciones universales «sectoriales» vigentes
no cubren. No obstante, ciertos aspectos del proyecto de convenio siguen
siendo objeto de discusión, en particular el alcance de la aplicación de la
definición propuesta de delitos de terrorismo y si se debe excluir o no a los
movimientos de liberación nacional de su ámbito de aplicación, así como
su relación con otras disposiciones de derecho internacional87. Además,
aunque se convenga en el plano internacional una definición general,
todavía podrán surgir preocupaciones de derechos humanos según si se
adopta en el plano nacional la definición de delitos relacionados con el
terrorismo.
En 2004 el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1566 (2004), en
que se hizo un llamamiento a todos los Estados a que cooperaran
plenamente en la lucha contra el terrorismo y a que al hacerlo previnieran
y castigaran los actos criminales que tuvieran las tres características
siguientes, independientemente de que se hubieran cometido por
43
consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica,
religiosa u otra similar:
• Que se hayan cometido, inclusive contra civiles, con la intención
de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar
rehenes;
• Que se hayan cometido con el propósito de provocar un estado
de terror en la población en general, en un grupo de personas
o en determinada persona, intimidar a una población u obligar
a un gobierno o a una organización internacional a realizar un
acto, o a abstenerse de realizarlo; y
• Que constituyan delitos definidos en los convenios, las
convenciones y los protocolos internacionales relativos al
terrorismo.
Aunque el Consejo de Seguridad no dijo expresamente que se tratara
de una definición del terrorismo, el Relator Especial sobre la promoción
y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en la lucha contra el terrorismo ha apoyado este criterio como medio de
confinar el término a una conducta que tenga carácter auténticamente
terrorista88. Este criterio tiene grandes beneficios ya que se basa en
parámetros convenidos y es compatible con los principios de legalidad y
precisión.
Pese a la falta de una definición convenida del terrorismo en el plano
internacional, es claro que los actos de terrorismo no se justifican
como medio de lograr la libre determinación ni ningún otro objetivo.
Resoluciones anteriores de la Asamblea General que se refirieron a la
cuestión del terrorismo contenían la afirmación expresa del principio de
la libre determinación. En su resolución 3034 (XXVII), por ejemplo, instó
a los Estados a que resolvieran el problema del terrorismo ocupándose
de las cuestiones subyacentes que daban origen a la conducta terrorista.
Reafirmó el derecho a la libre determinación y a la independencia de todos
los pueblos y sostuvo la legitimidad de los movimientos de liberación
nacional. Desde que aprobó en 1994 la Declaración sobre medidas para
eliminar el terrorismo internacional, sin embargo, la Asamblea General
ha dejado en claro que esto no legitima el uso del terrorismo por quienes
procuran lograr la libre determinación.
En su Estrategia global contra el terrorismo la Asamblea General declaró
que los Estados Miembros de las Naciones Unidas resolvían «condenar
de manera sistemática, inequívoca y firme el terrorismo en todas sus
formas y manifestaciones, independientemente de quién lo cometa y de
dónde y con qué propósitos». El Consejo de Seguridad ha dicho en sus
44
resoluciones 1269 (1999) y 1566 (2004) que todos los actos de terrorismo
son injustificables independientemente de su motivación.
H. La libertad de expresión y la prohibición de incitar
al terrorismo
Se ha utilizado la prohibición de incitar al terrorismo en la sección B del
capítulo II para ilustrar la exigencia general de que toda limitación de ciertos
derechos humanos esté prevista en la ley, con un propósito legítimo, y que
sea a la vez necesaria y proporcional. En la presente sección se examina
el tema con mayor detalle en la medida en que se refiere a la libertad de
expresión.
La incitación al terrorismo es una estrategia que utilizan comúnmente las
organizaciones terroristas para aumentar el apoyo a su causa y llamar a la
acción violenta. El Consejo de Seguridad la ha identificado como conducta
contraria a los propósitos y principios de las Naciones Unidas y ha instado
a los Estados a que adopten medidas para prohibirla y prevenirla89. La
prohibición de la incitación al terrorismo es parte integral de la protección
de la seguridad nacional y el orden público, que constituyen fundamentos
legítimos para limitar la libertad de expresión en el párrafo 3 del artículo
19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es compatible
además con el párrafo 2 del artículo 20, que requiere que los Estados
prohíban toda propaganda o apología del odio nacional, racial o religioso
que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia,
pero hay que velar por que toda limitación de la libertad de expresión
sea a la vez necesaria y proporcional. Esto es especialmente importante
por cuanto la libertad de expresión es un fundamento esencial de una
sociedad democrática90, y su ejercicio está vinculado con otros derechos
importantes, incluidas la libertad de pensamiento, conciencia y religión,
credo y opinión.
Aunque ninguno de los convenios universales relativos al terrorismo requiere
expresamente la prohibición de la incitación al terrorismo, el Convenio
del Consejo de Europa sobre la prevención del terrorismo requiere que
los Estados partes tipifiquen la provocación pública, ilícita e intencionada
de cometer un delito de terrorismo, definiéndola como la distribución o
comunicación de un mensaje al público con la intención de incitar a la
comisión de un delito terrorista en los casos en que esa conducta, ya
sea que se propicien o no directamente los delitos terroristas, provoque
un peligro de que se cometa uno o más de esos delitos (párrafo 1 del
artículo 5). El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y
45
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la
lucha contra el terrorismo ha considerado que esta disposición constituye
una mejor práctica al definir la prohibición de la incitación al terrorismo91. El
artículo 5 del mismo Convenio fue resultado de una detenida negociación
intergubernamental y define lo que equivale a una provocación pública
a cometer un delito de terrorismo en relación con tres elementos. Debe
haber, en primer lugar, un acto de comunicación (la distribución o
comunicación al público de un mensaje). En segundo lugar, debe haber
una intención subjetiva de parte de la persona de incitar al terrorismo
(con la intención de incitar a la comisión de un delito de terrorismo, ya
sea propiciando directamente o no la comisión de delitos de terrorismo).
Finalmente, debe haber un riesgo objetivo adicional de que la conducta de
la persona incite al terrorismo (en los casos en que esa conducta provoque
un peligro de que se cometan una o más infracciones de ese tipo). Este
último requisito objetivo separa la incitación al terrorismo de un acto de
apología del terrorismo. El requisito de intención del párrafo 2 del artículo
5 reafirma el elemento subjetivo en la definición de provocación pública
a cometer un delito de terrorismo y requiere que el acto de comunicación
sea además intencionado.
Ha surgido una tendencia inquietante a la prohibición de la glorificación
(apologie) del terrorismo, que implica elementos que pueden no ir tan
lejos como incitar o propiciar la comisión de actos de terrorismo, pero
que sin embargo podrían aplaudir actos anteriores. Si bien ese tipo de
declaraciones puede ofender la sensibilidad de personas y sociedades, en
particular, la de las víctimas de actos de terrorismo, es importante que
no se utilicen expresiones vagas de alcance incierto, como glorificar o
promover el terrorismo, al limitar la libertad de expresión. Una declaración
conjunta de expertos en libertad de expresión explica que «la incitación
debe ser entendida como un llamado directo a cometer terrorismo, con
la intención de que promueva el terrorismo, y en un contexto en el que
el llamado es directamente responsable de incrementar la probabilidad de
que ocurra un acto terrorista»92.
I. Libertad de asociación
La libertad de asociación, como la libertad de expresión, es una plataforma
para el ejercicio y la defensa de otros derechos, como los derechos a la
participación política y los derechos culturales. Los defensores de derechos
humanos suelen usar este derecho como base jurídica para su acción. Es
fundamental en una sociedad democrática93.
46
Sin embargo, los Estados suelen limitarla como respuesta a una amenaza
terrorista, sea o no real94. Si bien la libertad de asociación puede estar
sujeta a suspensiones y limitaciones con arreglo a la mayoría de los
tratados de derechos humanos, deben existir salvaguardias claras para
velar por que no se utilicen para limitar los derechos de partidos políticos
de oposición, sindicatos o defensores de derechos humanos95. Incumbe
al Estado la carga de probar que las medidas adoptadas corresponden
a objetivos permisibles de conformidad con las normas internacionales
de derechos humanos. Esto implica que los Estados no deben sostener
que las medidas de limitación de derechos se adoptan para preservar la
seguridad nacional cuando de hecho se tomen para ahogar efectivamente
toda oposición o para reprimir a su población.
Además de garantizar que los principios de necesidad y proporcionalidad
se respeten en todos los casos, se requieren salvaguardias específicas
para velar por la interpretación estricta de las limitaciones de la libertad
de asociación96. Entre éstas se incluye la garantía de que se respete el
principio de legalidad en la definición de terrorismo, actos de terrorismo y
grupos terroristas. Una definición demasiado amplia o vaga puede llevar
a la criminalización de grupos cuyo objetivo es proteger pacíficamente,
entre otras cosas, los derechos laborales, los derechos de las minorías o
los derechos humanos.
Toda decisión de prohibir un grupo o asociación debe adoptarse caso
por caso. Las garantías procesales generales incluyen asegurarse de que
la evaluación se base en las pruebas fácticas de las actividades del grupo,
lo que implica que el Estado no puede determinarlo antes del proceso de
inscripción y antes de que el grupo haya comenzado sus actividades97. Debe
hacer la evaluación un órgano judicial independiente, con notificación
completa al grupo afectado, así como con la posibilidad de apelar de la
decisión.
La Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de
los defensores de los derechos humanos ha dejado en claro que «toda
organización tiene derecho a defender los derechos humanos, los
defensores de los derechos humanos están llamados a examinar de forma
crítica las acciones de los gobiernos, y las críticas de las acciones de los
gobiernos, así como la libertad para expresar esas críticas, constituyen un
componente esencial de la democracia y deben legitimarse en el régimen
jurídico y en la práctica. Los Estados no pueden aprobar leyes ni prácticas
que ilegalicen las actividades de defensa de los derechos humanos».
La Representante Especial ha destacado a este respecto algunos
problemas que enfrentan las ONG en el proceso de inscripción. En sus
recomendaciones destaca que los Estados no deben ejercer un escrutinio
47
a priori de los objetivos de las ONG. La legalidad de los objetivos de una
organización y su conformidad con la ley deberían examinarse solamente
cuando se interpusiera una demanda contra la organización y únicamente
los órganos judiciales independientes deberían tener competencia para
examinar los objetivos de las organizaciones y determinar si éstos infringen
o no la legislación vigente98.
Todas las medidas que den como resultado una limitación de la libertad
de asociación deben estar sujetas a revisión judicial. «Los tribunales civiles
deben tener jurisdicción para examinar las disposiciones y supervisar la
aplicación de todas las medidas de lucha contra el terrorismo sin ninguna
presión o injerencia, en particular de parte de las demás ramas del
Gobierno»99. Este principio es fundamental en el contexto de la lucha
contra el terrorismo, en que la información clasificada o confidencial puede
utilizarse como base para una decisión de prohibición de una organización
o para poner a una organización en una lista de terroristas. El Relator
Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, asimismo, ha
destacado la importancia de velar por que todas las decisiones que limiten
los derechos humanos estén sometidas a la revisión del poder judicial, de
manera que sigan siendo lícitas, apropiadas, proporcionales y eficaces, y
de manera que en definitiva se pueda hacer responsable al gobierno de la
limitación de los derechos humanos de las personas100.
J. Vigilancia, protección de datos y derecho a la vida
privada
El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíbe
a los Estados partes que se injieran en la vida privada de los que están
sometidos a su jurisdicción y les exige que protejan a esas personas por ley
contra la injerencia arbitraria o ilícita en su vida privada. En la vida privada
se incluye la información acerca de la identidad de la persona101.
La mayoría de los Estados ha aumentado la seguridad en los aeropuertos
y en otros lugares de tránsito, por ejemplo, recogiendo datos biométricos
de los pasajeros (examen ocular por un escáner y huellas digitales),
fotografías, detalles del pasaporte y otros semejantes. Los Estados han
otorgado desde hace mucho tiempo a sus servicios de inteligencia y
seguridad las atribuciones de vigilancia, incluidas la vigilancia electrónica
y el uso de mecanismos de seguimiento. Algunos Estados han ampliado
significativamente esas atribuciones de vigilancia en los últimos años.
Todas esas prácticas implican la recolección de información acerca de una
persona. En consecuencia, limitan la vida privada de esas personas, así
48
como plantean cuestiones acerca de la forma en que se han de proteger los
datos. La injerencia en la vida privada deriva también de las investigaciones
de seguridad y los registros corporales de personas.
Todo acto que tenga efecto sobre la vida privada de una persona debe
ser lícito, es decir, debe estar autorizado por ley102. Esto significa que todo
allanamiento, vigilancia o recolección de datos acerca de una persona debe
ser autorizado por ley. La medida en que esto ocurra no debe ser arbitraria,
lo que a su vez requiere que la legislación no debe ser injusta, imprevisible o
irracional. La ley que autorice la injerencia en la vida privada debe especificar
en detalle las circunstancias precisas en que se permite la injerencia y no se
debe aplicar de manera discriminatoria103. Esto no significa, sin embargo,
que los Estados tengan discreción ilimitada para injerirse en la vida privada,
ya que toda limitación de derechos debe ser necesaria para lograr propósitos
legítimos y ser proporcional a esos propósitos. Debe tenerse en cuenta
además la obligación de los Estados de proteger contra el ejercicio arbitrario
de esas autorizaciones. De esta manera en Klass c. Alemania, por ejemplo,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que debía probarse
que todo sistema de vigilancia secreta organizado por el Estado debía ir
acompañado de garantías adecuadas y eficaces contra el abuso104.
En los casos en que se recoja información personal deben protegerse los
datos contra el acceso, revelación o uso ilícito o arbitrario. Aunque la
jurisprudencia acerca de esta obligación es escasa, el Comité de Derechos
Humanos, en su Observación general Nº 16 (1988), explicó que los
Estados debían tomar medidas eficaces para asegurar que la información
relativa a la vida privada de una persona no llegara a manos de personas
que no estuvieran autorizadas por ley para recibirla, procesarla y usarla,
y que nunca se usara con fines incompatibles con el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos. La protección efectiva debe incluir la
capacidad de toda persona para averiguar de manera inteligible si sus
datos personales se almacenan en archivos automáticos de datos, y con
qué fines, con el derecho correspondiente a solicitar la rectificación o
eliminación de los datos incorrectos.
Otras organizaciones han adoptado normas para la recolección y
procesamiento de datos personales. Las Directrices del Consejo de Europa
sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo, por ejemplo,
disponen que en el marco de la lucha contra el terrorismo la recolección
y el tratamiento de datos de carácter personal por cualquier autoridad
competente en materia de seguridad del Estado sólo podrá atentar contra
el respeto de la vida privada de las personas si:
iii) Están regulados por disposiciones apropiadas en derecho interno;
49
iii) Están en proporción con el objetivo por el que han sido previstos;
iii) Son susceptibles de control por una autoridad externa independiente.
K. Derechos económicos, sociales y culturales
Los intentos por tratar las consecuencias de las medidas contra el terrorismo
sobre los derechos humanos han tendido a centrarse en la protección
de los derechos civiles y políticos, y se ha prestado poca atención a sus
efectos sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
Pero es claro que el terrorismo y las medidas adoptadas por los Estados
para luchar contra él reciben la influencia del ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales de los afectados e influyen sobre ellos, así
como con los objetivos más generales del desarrollo. Será imposible lograr
los objetivos globales de seguridad sin hacer esfuerzos concertados para
lograr la realización de todos los derechos humanos. Por lo tanto, deben
hacerse mayores esfuerzos por comprender y tratar los vínculos entre el
terrorismo y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
En esta sección se destacarán brevemente dos ejemplos: en primer lugar,
la importancia de la realización de los derechos económicos, sociales y
culturales y los objetivos del desarrollo para prevenir las condiciones que
conducen a la difusión del terrorismo, y, en segundo lugar, los efectos de
ciertas medidas contra el terrorismo sobre el ejercicio de esos derechos.
Con el Plan de Acción de la Estrategia global de las Naciones Unidas
contra el terrorismo los Estados Miembros reconocen la necesidad de
hacer frente a las condiciones que conducen a la difusión del terrorismo,
incluso ocupándose de cuestiones como la marginación socioeconómica,
las infracciones de los derechos humanos y la falta de buena gobernanza.
Estos vínculos son complejos y requieren consideración y análisis detenidos.
Queda claro, por ejemplo, que el desarrollo económico y social, incluso
mediante la cooperación y la asistencia internacionales, puede desempeñar
un papel para reducir el apoyo al terrorismo previniendo las condiciones
que dan lugar a la violencia en general y al terrorismo en particular, y
contribuyendo a la estabilidad social y económica en el largo plazo. Esto
puede incluir medidas para apoyar la estabilidad estructural, denegar a
grupos o individuos los medios para realizar actos de terrorismo y sostener
la cooperación internacional. Por el contrario, destinar a la seguridad y la
lucha contra el terrorismo recursos normalmente asignados a programas
y sectores sociales y económicos, como la educación, la salud, el agua
y el saneamiento, la asistencia para el desarrollo y la reducción de la
pobreza, puede tener consecuencias serias para los países y comunidades
50
afectados. Como lo señaló el Comité de Asistencia para el Desarrollo de
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD/OCDE), la
asignación de ayuda debe calibrarse cuidadosamente en los casos en que
la prevención del terrorismo es un objetivo pertinente del desarrollo. En
particular, «las reasignaciones presupuestarias deben ir precedidas de un
análisis en profundidad de la necesidad y la eficacia de la ayuda de manera
que la ayuda para el desarrollo contribuya a la estabilidad estructural a
largo plazo y no pase a ser un instrumento de los intereses no vinculados
con el desarrollo»105.
La adopción de medidas concretas contra el terrorismo puede también
tener efectos directos sobre el ejercicio de los derechos económicos,
sociales y culturales. Por ejemplo, las sanciones dirigidas contra personas
determinadas de quienes se sospecha que participan en actividades
terroristas, como la congelación de sus activos financieros o la imposición
de restricciones de viaje, pueden ser un medio efectivo para seguir, e incluso
prevenir, la actividad terrorista. No obstante, el régimen actual de sanciones
específicas plantea algunos problemas serios, en particular con respecto
a la falta de transparencia y garantías procesales en los procedimientos
de inclusión y exclusión de listas. Las sanciones específicas que dan
como resultado la congelación de activos, la imposición de prohibición
de viajes y otras restricciones pueden también tener consecuencias serias
para la capacidad de las personas afectadas y sus familias de disfrutar de
derechos económicos y sociales, así como su acceso a la educación y el
empleo pueden verse gravemente limitados. El uso efectivo de exenciones
humanitarias puede ser un medio importante para limitar los efectos
negativos de las sanciones sobre el ejercicio de los derechos económicos,
sociales y culturales. Asimismo, las medidas represivas de seguridad (como
las órdenes de control y la construcción de barreras físicas para limitar los
movimientos de ciertas personas y grupos) adoptados con miras a luchar
contra el terrorismo han limitado severamente la capacidad de ciertas
personas y poblaciones para trabajar, así como su derecho a la educación,
los servicios de salud y una vida de familia. Un análisis en la perspectiva de
los derechos humanos de los efectos de esas medidas contra el terrorismo
merece particular consideración atendidas las graves consecuencias que
pueden tener para el individuo, así como para su familia y su comunidad.
51
Notas
1 Véase, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, Art. 55 c), la Declaración Universal
de Derechos Humanos, art. 2, y la Declaración y Plan de Acción de Viena.
2 Véase Comisión de Derecho Internacional, Proyecto de artículos sobre la responsabilidad
del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, con comentarios, 2001 (Naciones Unidas,
2008), comentarios del artículo 26, párr. 5, y del artículo 40, párrs. 3 a 5. Véase además
Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, Fiscal c. Furundžija, caso IT-95-17/1, fallo de
10 de diciembre de 1998.
3 Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 31 (2004), sobre la índole
de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto.
4 Asuntos relativos a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua
(Nicaragua c. los Estados Unidos de América), fundamentos, fallo de 27 de junio de 1986,
I.C.J. Reports 1986, párrs. 172 a 201.
5 Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado,
Opinión consultiva de 9 de julio de 2004, I.C.J. Reports 2004, párrs. 111 y 113. Véase también
el asunto relativo a las actividades armadas en el territorio del Congo (República Democrática
del Congo c. Uganda), fallo de 19 de diciembre de 2005, I.C.J. Reports 2005, párrs. 216 y
217. Véanse casos regionales en Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Coard y
otros c. los Estados Unidos, caso Nº 10.951, informe Nº 109/99, 29 de septiembre de 1999,
párr. 37.
6 Véase Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos (publicación de las
Naciones Unidas, Nº de venta: S.05.I.5).
7 Véanse en particular las resoluciones del Consejo de Seguridad 1373 (2001) y 1377
(2001); las resoluciones de la Asamblea General 48/122, 49/185, 50/186, 52/133, 56/160 y
58/174, así como su Declaración sobre las medidas para eliminar el terrorismo internacional
(resolución 49/60); las resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos 2001/37 y
2004/44, la resolución 6/28 del Consejo de Derechos Humanos y su reciente resolución sobre
la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el
terrorismo (28 de marzo de 2008).
8 Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 6 (1982).
9 Véase Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Right: CCPR Commentary,
segunda edición revisada (N. P. Engel, 2005), pág. 121.
10 Véase Comité de Derechos Humanos, opiniones sobre la comunicación Nº 859/1999,
Luis Asdrúbel Jiménez Vaca c. Colombia, 25 de marzo de 2002 (A/57/49 (vol. II), anexo IX,
sec. W, párr. 7.3).
11 Véase, por ejemplo, «Conjunto de principios actualizados para la protección
y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad»
(E/CN.4/2005/102/Add.1). Véase también Comité de Derechos Humanos, opiniones sobre
la comunicación Nº 195/1985, Delgado Páez c. Colombia, 12 de julio de 1990, (A/45/40
(vol. II), anexo IX, sec. D).
12 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Kiliç c. Turquía, Nº 22492/93, fallo de 28 de
marzo de 2000, párr. 62. Véase también Velásquez Rodríguez, párr. 174.
13 Véase Delgado Páez c. Colombia: «Los Estados Partes se han comprometido a
garantizar los derechos consagrados en el Pacto. No puede ocurrir que, como cuestión de
derecho, los Estados puedan desconocer amenazas conocidas contra la vida de personas
que viven en su jurisdicción, sólo porque esas personas no se hallen detenidas. Los Estados
52
Partes tienen la obligación de adoptar medidas razonables y apropiadas para protegerlas.
Una interpretación del artículo 9 que permitiera que un Estado Parte desconociera las
amenazas a la seguridad personal de personas no detenidas que se hallen en su jurisdicción
haría totalmente inefectiva la garantía del Pacto» (párr. 5.5).
14 Véase, por ejemplo, el Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos
Violentos, recomendación Nº R (85) 11 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre
la posición de la víctima en el marco del derecho penal y del procedimiento penal.
15 Véase Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, eds., Customary International
Humanitarian Law (Cambridge, Cambridge University Press, 2005), así como la jurisprudencia
del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para
Rwanda.
16 Véase Comité Internacional de la Cruz Roja, «Derecho internacional humanitario
y terrorismo: respuestas a preguntas clave», 5 de mayo de 2004; se puede consultar en
www.icrc.org.
17 IV Convenio de Ginebra, art. 33.
18 Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, art. 51 2), y Protocolo Adicional II
a los Convenios de Ginebra, art. 13 2).
19 Véase «Derecho internacional humanitario y terrorismo...».
20 Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza
o el empleo de armas nucleares, de 8 de julio de 1995, I.C.J. Reports 1996, párr. 25.
21 Consecuencias jurídicas…, párr. 106.
22 Véanse la Observación general Nº 31, párr. 11; Consecuencias jurídicas…, párr. 163, y el
caso relativo a las actividades armadas…, párrs. 216 a 220, 345 3). Véanse también «Normas
básicas de humanidad» (E/CN.4/2006/87, cap. III), y Naciones Unidas, Recopilación de la
jurisprudencia de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales sobre la protección
de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo (Nueva York y Ginebra, 2003),
cap. I, sec. (C).
23 Véase, por ejemplo, Guía legislativa de las convenciones, los convenios y los protocolos
universales contra el terrorismo (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.04.V.7).
24 Véase Christopher Greenwood, «International Law and the «War against Terrorism»,
International Affairs, vol. 78, Nº 2 (abril de 2002), pág. 301. En 2001 el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describió como crimen de lesa humanidad
los atentados terroristas ocurridos en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.
25 Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, El Fiscal c. Galić , caso Nº IT-98-29,
sentencia de 5 de diciembre de 2003. El tribunal agregó los siguientes elementos concretos
(párr. 133):
1. Actos de violencia dirigidos contra la población civil o personas civiles que no participan
directamente en las hostilidades con resultado de muerte o consecuencias graves para
la integridad física o la salud de esas personas;
2. El autor sometió intencionadamente a esos actos de violencia a la población civil o a
personas civiles que no participaban en las hostilidades;
3. El delito mencionado fue cometido con el objetivo principal de aterrorizar a la
población civil.
26 Véanse los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
acerca de la posición del ACNUR sobre la forma de velar por las cuestiones de seguridad
sin menoscabar la protección de los refugiados (noviembre de 2001), y Diez cuestiones de
53
interés en materia de protección de los refugiados tras el 11 de septiembre, comunicado de
prensa, 23 de octubre de 2001.
27 ACNUR, «Directrices sobre la protección internacional: aplicación de las cláusulas de
exclusión: párrafo F del artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951» (HCR/GIP/03/05); ACNUR, «Background note on the application of the exclusion
clauses: article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees» (2003).
28 Véase ACNUR, «Nota sobre la anulación del estatuto de refugiado» (22 de noviembre
de 2004).
29 Un mundo más seguro…, párr. 21.
30 Véanse, por ejemplo, el Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos 1990-1991, cap. V, sec. II, y el Digest of jurisprudence…
31 Véase, por ejemplo, la resolución 60/158 de la Asamblea General, párr. 1.
32 Véanse las resoluciones del Consejo de Seguridad 1456 (2003), anexo, párr. 6, y 1624
(2005), párr. 4.
33 Véanse Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 31, párr. 6, y los
Principios de Siracusa sobre la limitación y derogación de disposiciones del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (E/CN.4/1985/4, anexo).
34 Véanse, por ejemplo, Observación general Nº 29 del Comité de Derechos Humanos, los
Principios de Siracusa (E/CN.4/1985/4, anexo, párrs. 15 y 17), el «Informe del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y seguimiento de la Conferencia Mundial
sobre los Derechos Humanos: un marco unitario» (E/CN.4/2002/18, anexo, párrs. 3 a) y
4 a)), Directrices del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los derechos humanos
y la lucha contra el terrorismo (2002), Directriz III, y Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, «Informe sobre terrorismo y derechos humanos» (OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5
rev. 1, Corr., párr. 53).
35 Como sostuvo, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sunday Times
c. United Kingdom, Nº 6538/74, fallo de 26 de abril de 1979, párr. 49.
36 En el contexto de los delitos de terrorismo, el Relator Especial sobre la promoción y la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el
terrorismo hizo hincapié en esos requisitos (E/CN.4/2006/98, párr. 49).
37 Hay sin embargo excepciones. Véase, por ejemplo, el artículo 18 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que protege la libertad de pensamiento, conciencia,
religión y credo y no incluye la seguridad nacional como una razón que permita imponer
limitaciones.
38 El Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha destacado que la represión
de los delitos creados en virtud de la legislación contra el terrorismo, así como todas las
facultades asociadas con la investigación o el enjuiciamiento, debe limitarse a la lucha contra
el terrorismo (E/CN.4/2006/98, párr. 47). Véase además el «Proyecto marco preliminar
de principios y directrices relativos a los derechos humanos y el terrorismo» (E/CN.4/
Sub.2/2005/39, párr. 33).
39 Véanse, por ejemplo, los Principios de Siracusa (E/CN.4/1985/4, anexo, párr. 17),
Consejo de Europa, Directrices..., Directriz III, (párr. 2), y Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, «Informe sobre terrorismo y derechos humanos» (párrs. 51 y 55).
40 Véanse, por ejemplo, E/CN.4/2002/18, anexo, párr. 4 d), Consejo de Europa,
Directrices..., Directriz III (párr. 2), y Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
«Informe sobre terrorismo y derechos humanos» (párrs. 51 y 55).
54
41 Véase, por ejemplo, el criterio adoptado por la Corte Suprema del Canadá en ese
sentido: Lavigne c. Ontario Public Service Employees Union [1991] 2 SCR 211 y Figueroa c.
el Canadá (Attorney General) [2003] 1 SCR 912.
42 Véase un examen de esos factores en Alex Conte, «The ICT project on human rights
compliance when countering terrorism: a guide to legislators, policy-makers and the
judiciary», en ISC 2005: Security, Terrorism and Privacy in Information Society, K. von Knop
y otros, editores (2006).
43 Véanse, por ejemplo, «Australia: estudio sobre el respeto de los derechos humanos en
la lucha contra el terrorismo» (A/HCR/4/26/Add.3); «Informe del Experto independiente sobre
la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el
terrorismo, Robert K. Goldman» (E/CN.4/2005/103, párrs. 8, 9 y 74); Comité de Derechos
Humanos, Observación general Nº 29, párrs. 4 y 5; E/CN.4/2002/18, anexo, párrs. 4 b) y e)
a g); Consejo de Europa, Directrices…, Directriz III (párr. 2), y Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, «Informe sobre terrorismo y derechos humanos» (párr. 51).
44 Véase, por ejemplo, la jurisprudencia canadiense, en particular R. c. Oakes [1986]
1 SCR 103 y R. c. Lucas [1998] 1 SCR 439, párr. 118.
45 Véanse también el artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales y el artículo 27 de la Convención Interamericana
sobre los Derechos Humanos. La Carta Africana no contiene una cláusula de derogación.
Según la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, no se pueden justificar
por emergencias ni circunstancias especiales las limitaciones de los derechos y libertades
consagrados en la Carta. Las únicas razones legítimas para limitar los derechos y libertades
de la Carta Africana se hallan en el párrafo 2 del artículo 27, es decir, que los derechos de
la Carta se ejercerán con la debida consideración por los derechos de otros, la seguridad
colectiva, la moralidad y el interés común. Además, la justificación de las limitaciones debe
ser estrictamente proporcional a las ventajas y absolutamente necesaria para ellas. Lo que es
más importante, una limitación no puede erosionar un derecho de tal modo que el derecho
pase a resultar ilusorio (Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation and Media
Rights Agenda v. Nigeria, comunicaciones Nos. 140/94, 141/94, 145/95, párrs. 41 y 42).
46 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-8/87 sobre el
hábeas corpus bajo suspensión de garantías, 30 de enero de 1987 (párrs. 42 y 43).
47 Al interpretar la disposición comparable relativa a la suspensión del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha indicado cuatro criterios para determinar si
una situación determinada constituye un momento de emergencia pública que amenace
la vida de la nación. En primer lugar, debe tratarse de una crisis o emergencia actual o
inminente. En segundo lugar, debe ser excepcional, de manera que las medidas «normales»
sean insuficientes. A continuación la emergencia debe amenazar la continuación de la vida
organizada de la comunidad. Finalmente, debe afectar a la población del Estado que adopta
las medidas. Respecto de este cuarto punto las primeras decisiones del Tribunal señalaron
que era necesario que la emergencia afectara a toda la población. El Tribunal parece haber
aceptado posteriormente que una emergencia que amenace la vida de la nación podría
afectar materialmente a sólo parte de la nación en el momento de la emergencia. Véase
Lawless v. Ireland (Nº 3), Nº 332/57, fallo de 1º de julio de 1961, párr. 28. Véase también
Brannigan and McBride v. United Kingdom, Nº 14553/89; Nº 14554/89, fallo de 25 de mayo
de 1993, por contraste con la opinión disidente del magistrado Walsh, párr. 2.
48 Véase A/58/40 (vol. I), párr. 85 15).
49 Véanse «Las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias: informe del Relator
Especial, Philip Alston» (E/CN.4/2006/53, párrs. 44 a 54) y el «Informe del Relator Especial
55
sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin» (A/HRC/4/26, párrs. 74 a 78).
50 Véase la intervención de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos,
Louise Arbour, «A human rights framework for fighting terrorism» (Un marco de derechos
humanos para luchar contra el terrorismo), Universidad Estatal de Moscú/Universidad de
Relaciones Internacionales, 11 de febrero de 2005.
51 E/CN.4/2006/53, párrs. 45 y 51.
52 Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 6) como la Convención
Interamericana de Derechos Humanos (art. 4) prohíben la privación arbitraria de la vida,
en tanto que el artículo 2 del Convenio Europeo dispone que nadie será privado de la vida
intencionadamente y que el uso de la fuerza que no sea superior a la absolutamente necesaria
está permitido en defensa de una persona contra una agresión ilegítima. Véase también
Comité de Derechos Humanos, opiniones sobre la Comunicación Nº 146/1983, Baboeram
c. Suriname, 4 de abril de 1985: «El derecho consagrado en este artículo es el derecho
supremo del ser humano. Se desprende de ello que la privación de la vida por las autoridades
estatales es una cuestión muy grave, y ello se desprende también del conjunto del artículo
y, en particular, es la razón por la que, en el párrafo 2 del mismo artículo, se establece
que sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos. Las exigencias
de que el derecho esté protegido por la ley y de que nadie pueda ser privado de la vida
arbitrariamente significa que la ley debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias
en que una persona podrá ser privada de su vida por las autoridades del Estado» (A/40/40,
anexo X, párr. 14.3).
53 Véase Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 6 (1982). Véase
también Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «Informe sobre terrorismo y
derechos humanos» (párrs. 87 y 89), en que se cita el fallo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso Neira Alegría y otros c. el Perú, fallo de 19 de enero de 1995
(párrs. 74 y 75).
54 Véase Comité de Derechos Humanos, opiniones sobre la comunicación Nº 45/1979,
Suárez de Guerrero c. Colombia, 31 de marzo de 1982 (A/37/40, anexo XI, párrs. 12.2, 13.1
a 13.3). Véanse también los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de
fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (A/CONF.144/28/Rev.1), el
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (resolución 34/169
de la Asamblea General) y los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación
de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (resolución 1989/65 del Consejo
Económico y Social).
55 Véase E/CN.4/2006/53, párr. 48. Con respecto a los requisitos estrictos del uso de la
fuerza con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, véase, entre otras cosas,
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, McCann c. el Reino Unido, Nº 18984/91, fallo de
27 de septiembre de 1995.
56 Véase, por ejemplo, Prosecutor v. Furundžija, párr. 144.
57 Véanse los artículos 7 y 4 2) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los
artículos 3 y 15 2) del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos, los artículos 5 y 27 2)
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 5 de la Carta Africana de
los Derechos Humanos y de los Pueblos, y el artículo 3 de los cuatro Convenios de Ginebra.
Véase también Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «Informe sobre la situación
de los derechos humanos de los solicitantes de asilo en el marco del sistema canadiense de
determinación de la condición de refugiado» (OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 40 rev., párr. 118).
58 Véase Comité contra la Tortura, opiniones sobre la comunicación Nº 39/1996, Tapia
Páez c. Suecia, 28 de abril de 1997: «El texto del artículo 3 de la Convención es absoluto.
56
Siempre que existan motivos fundados para creer que una persona estaría en peligro de ser
sometida a la tortura tras ser expulsada a otro Estado, el Estado parte tiene la obligación
de no devolver a esa persona a ese Estado. El carácter de las actividades en que la persona
interesada hubiera participado no puede ser una consideración material cuando se adopte
una decisión en virtud del artículo 3 de la Convención» (A/52/44, anexo V). Véase también
Comité de Derechos Humanos: «El Estado parte debe reconocer la índole absoluta de la
prohibición de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no puede
conculcarse en ninguna circunstancia. Jamás pueden justificarse estas prácticas aduciendo
el equilibrio que debe haber entre los intereses de la sociedad y los derechos de la persona
estipulados en el artículo 7 del Pacto. Ninguna persona, sin excepción alguna, incluidas las
personas de las que se sospeche que representan un peligro para la seguridad nacional
o la seguridad de cualquier persona, ni siquiera durante un estado de emergencia, podrá
ser deportada a un país en que corra el riesgo de ser sometida a torturas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes» (A/61/40 (vol. I), párr. 76 15)).
59 Véanse, por ejemplo, el Informe del Comité contra la Tortura (A/59/44, párrs. 67, 126 y
144) y «Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes: informe del Relator Especial
sobre la cuestión de la tortura, Manfred Nowak» (E/CN.4/2006/6).
60 Véase el informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos
o degradantes (A/61/259, párrs. 44 a 65).
61 Consecuencias jurídicas..., párr. 111.
62 Véase también la resolución 2005/39 de la Comisión de Derechos Humanos:
«... la prolongación de la detención en situación de incomunicación puede facilitar la comisión
de actos de tortura y constituir en sí una forma de trato cruel, inhumano o degradante o
incluso de tortura, e insta a todos los Estados a respetar las salvaguardias relativas a la
libertad, la seguridad y la dignidad de la persona» (párr. 9).
63 Véanse, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 20 (1992),
párr. 6, y «Situación de los detenidos en la bahía de Guantánamo» (E/CN.4/2006/120,
párr. 53).
64 Véase E/CN.4/2005/103, párr. 52.
65 Véase también Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Soering c. el Reino Unido,
Nº 14038/88, fallo de 7 de julio de 1989.
66 Véanse, por ejemplo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Chahal c. el Reino
Unido, Nº 22414/93, fallo de 15 de noviembre de 1996, y Louise Arbour, «In our name and
on our behalf», International and Comparative Law Quarterly, vol. 55, Nº 3 (julio de 2006),
pág. 511.
67 Véase, por ejemplo, Comisión Europea para la democracia por medio del derecho
(Comisión de Venecia), «Opinion on the international legal obligations of Council of
Europe members States in respect of secret detention facilities and inter-State transporte of
prisoners», 17 y 18 de marzo de 2006, opinión Nº 363/2005, CDL-AD (2006) 009.
68 Véanse, por ejemplo, «Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos sobre la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en la lucha contra el terrorismo» (A/HRC/4/88), la Declaración de la Alta
Comisionada en el Día de los Derechos Humanos, diciembre de 2005, y E/CN.4/2006/6,
cap. III. Véanse también Comité contra la Tortura, opiniones sobre la comunicación
Nº 233/2003, Agiza c. Suecia, 20 de mayo de 2005 (A/60/44, anexo VIII, sec. A), y Comité
de Derechos Humanos, opiniones sobre la comunicación Nº 1416/2005, Alzery c. Suecia,
25 de octubre de 2006 (A/62/40 (vol. II) anexo VII).
69 Véanse «Alleged secret detentions in Council of Europe member States» («Informe
Marty»), AS/Jur (2006) 03 rev, y el informe complementario «Secret detentions and
57
illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: second report»,
doc. 11302 rev.; «Secretary General’s report under article 52 of the European Convention
on Human Rights on the question of secret detention and transport of detainees suspected
of terrorist acts, notably by or at the instigation of foreign agencies» (SG/Inf (2006) 5, 28 de
febrero de 2006), y el informe complementario sobre el tema (SG/Inf (2006) 13, 14 de junio
de 2006); Comisión de Venecia, op. cit.
70 Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 8 (1982) sobre el derecho a la
libertad y seguridad de las personas (art. 9), párrs. 1 y 4.
71 Véase Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9, párrs. 3 y 4).
Véase también Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, International
Pen, Constitutional Rights Project, Interights on behalf of Kenn Saro-Wiwa Jr. and Civil
Liberties Organization v. Nigeria, comunicaciones Nos. 137/94, 139/94, 154/96 y 161/97,
párr. 83.
72 Véanse, por ejemplo, Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 1 y 2) y Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 26). Véase además Digest of jurisprudence...
(cap. III, sec. K).
73 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-18/03,
sobre condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, 17 de septiembre de
2003, párr. 101.
74 Véanse, por ejemplo, E/CN.4/2006/98, párr. 48; Comité de Derechos Humanos,
Observación general Nº 29 (2001) sobre los estados de excepción (art. 4), párrs. 8 y 16, y
E/CN.4/2002/18, anexo, párr. 4 i).
75 Véase A/HRC/4/26, párrs. 32 a 62.
76 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «Informe sobre terrorismo y derechos
humanos», párr. 353.
77 Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia, «Recomendación normativa
general Nº 8, sobre la lucha contra el racismo al tiempo que se lucha contra el terrorismo»
(CRI (2004) 26).
78 Red de la Unión Europea de Expertos Independientes en los Derechos Fundamentales,
«The balance between freedom and security in the response by the European Union and its
member States to the terrorist threats» (2003), pág. 21.
79 Véanse E/CN.4/2005/103, párrs. 71 a 76, y A/HRC/4/26, párrs. 32 a 62.
80 Véase, en general, Comité de Derechos Humanos, Observación general Nº 13 (1984).
81 E/CN.4/2005/103, párr. 44.
82 Véanse, por ejemplo, Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Media
Rights Agenda c. Nigeria, comunicación Nº 224/98 (párrs. 59 a 62), y Corte Interamericana
de Derechos Humanos, Castillo Petruzzi y otros c. el Perú, fallo de 30 de mayo de 1999
(párrs. 128 a 131 y 172).
83 Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Sheinin (A/61/267).
84 Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Sheinin (A/61/267).
85 Véanse, por ejemplo, E/CN.4/2005/103, párr. 32, y E/CN.4/2006/98, párr. 26.
86 Véase un ejemplo regional en Castillo Petruzzi y otros c. el Perú (párr. 121).
87 Véase la situación más reciente de las negociaciones en http://www.un.org/law/
terrorismo/index.html.
58
88 Véase E/CN.4/2006/98, párr. 42.
89 Resolución 1624 (2005) del Consejo de Seguridad, párr. 1.
90 Véase, por ejemplo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Handyside v. United
Kingdom, Nº 5493/72, fallo de 7 de diciembre de 1976.
91 A/HRC/4/26/Add.3.
92 Véase «Mecanismos internacionales para promover la libertad de expresión»,
declaración conjunta del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de opinión y de
expresión, el representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación y el
Relator Especial de la OEA para la Libertad de Expresión (21 de diciembre de 2005).
93 Véase, por ejemplo, Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Amnesty
International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights, Association
of Members of the Episcopal Conference of East Africa v. Sudan, comunicaciones Nº 48/90,
Nº 50/91, Nº 52/91, Nº 89/93 (párrs. 78 a 80).
94 Véase «Informe presentado por la Representante Especial del Secretario General sobre
la cuestión de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani» (E/CN.4/2006/95): «las
denominadas medidas de seguridad o de lucha contra el terrorismo se han utilizado también
para restringir las actividades relacionadas con los derechos humanos. Personas y grupos
que defienden los derechos humanos han sido objeto de amenazas y actos arbitrarios a raíz
de la introducción de excepciones al principio de legalidad y suspensiones de los derechos
humanos adoptadas mediante leyes especiales de seguridad» (párr. 52). Véase también la
resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad. Entre las medidas que habían de adoptar
los Estados se incluían congelar fondos de ciertas entidades (párr. 1 c)), prohibir que ciertas
entidades dispongan de adquirir fondo alguno (párr. 1 d)), abstenerse de proporcionar todo
tipo de apoyo a ciertas entidades reprimiendo el reclutamiento de miembros de grupos
terroristas (párr. 2 a)), impedir la circulación de grupos terroristas (párr. 2 g)), todas medidas
que afectan a «asociaciones».
95 Véanse los informes de la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión
de los defensores de los derechos humanos, Hina Jilani (A/59/401 y E/CN.4/2006/95).
96 Véase A/61/267.
97 Véase, por ejemplo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sidiropoulos y otros c.
Grecia, Nº 26695/95, fallo de 10 de julio de 1998: «El Tribunal no descarta que, una vez
constituida, la asociación haya podido, amparándose en los objetivos citados en su acta
constitucional, participar en actividades incompatibles con dichos objetivos. Tal posibilidad,
que los tribunales nacionales consideraron cierta, difícilmente pudo estar refrendada por
actos concretos puesto que, dado que nunca existió, la asociación no tuvo tiempo de
desarrollar actividad alguna» (párr. 46).
98 A/59/401, párrs. 49 y 51 a 82.
99 Véase E/CN.4/2005/103, párrs. 13 a 15.
100 Véase A/61/267, párr. 29.
101 Véase, por ejemplo, Comité de Derechos Humanos, opiniones sobre la comunicación
Nº 453/1991, Coeriel y otros c. los Países Bajos, 31 de octubre de 1994 (A/50/40 (vol. II),
anexo X, sec. D). En cuanto al significado y alcance de la expresión «vida privada», véase,
por ejemplo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Amann c. Suiza, Nº 27798/95, fallo
de 16 de febrero de 2000, y Rotaru c. Rumania, Nº 28341/95, fallo de 4 de mayo de 2000.
102 Véanse el párrafo 1 del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el párrafo 2 del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales y el párrafo 2 del artículo 11 de la Convención
Interamericana sobre Derechos Humanos.
59
103 Véase Comité de Derechos Humanos, opiniones sobre la comunicación
Nº 35/1978, Aumeeruddy-Cziffra y otros c. Mauricio, 9 de abril de 1981 (A/36/40,
anexo XIII, párr. 9.2 b) 2 i) 8).
104 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Klass c. Alemania, Nº 5029/71, fallo de 6 de
septiembre de 1978, párr. 50.
105 Véase, por ejemplo, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos,
A Development Co-operation Lens on Terrorist Prevention: Key Entry Points for Action, DAC
Guidelines and Reference Series (OCDE, 2003), disponible en www.oecd.org.
60
Anexo
MEDIDAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LUCHAR
CONTRA EL TERRORISMO
Aplicación de la Estrategia global de las Naciones
Unidas contra el terrorismo
El 8 de septiembre de 2006 la Asamblea General aprobó la Estrategia
global de las Naciones Unidas contra el terrorismo, el primer marco
estratégico amplio y mundial de lucha contra el terrorismo aprobado
por los Estados Miembros. La Estrategia establece medidas concretas
que los Estados Miembros deben adoptar en forma individual y colectiva
para hacer frente a las condiciones que favorecen la propagación
del terrorismo, prevenir y combatir el terrorismo y aumentar
la capacidad individual y colectiva de los países para hacerlo, y
proteger los derechos humanos y defender el imperio de la ley en
el contexto de la lucha contra el terrorismo. En la Estrategia se pide
a los Estados Miembros que colaboren con el sistema de las Naciones
Unidas para aplicar las disposiciones del plan de acción que forma parte
de ésta y, al mismo tiempo, se pide a los órganos de las Naciones Unidas
que colaboren con los esfuerzos de los Estados Miembros.
Los departamentos, programas, fondos y órganos de las Naciones Unidas
han estado adoptando medidas acordes con la estrategia en varias esferas,
a título individual y de forma conjunta, en el marco del Equipo Especial
sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo*:
Coordinación y cooperación
El Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo,
creado en 2005 por el Secretario General, está encargado de asegurar
la coordinación y coherencia generales entre un mínimo de 24 entidades
de todo el sistema de las Naciones Unidas que participan en actividades
antiterroristas. El Equipo Especial elaboró un programa de trabajo y
estableció grupos de trabajo para poner en práctica una primera serie
de iniciativas de asistencia a los Estados Miembros en la aplicación de la
Estrategia. A continuación se enumeran algunos de los grupos de trabajo
dedicados a:
• La facilitación de la aplicación integral de la estrategia. Se
ha encomendado a este grupo de trabajo la elaboración de una
metodología práctica para –en cooperación con las entidades y
61
organizaciones pertinentes del Equipo Especial– apoyar a los Estados
Miembros que lo soliciten a aplicar la estrategia de forma integral.
• La respuesta a la radicalización y el extremismo que propician
el terrorismo. El grupo está encargado de ofrecer asistencia a los
Estados Miembros para identificar las formas en que la radicalización
y el extremismo pueden impulsar el terrorismo, así como para
concebir ideas encaminadas a disminuir el atractivo del terrorismo.
• La lucha contra el empleo de Internet con fines terroristas.
Tiene por objetivo identificar y reunir a las partes interesadas y sus
asociados para debatir acerca del uso abusivo de Internet con fines
de terrorismo e identificar posibles medios de luchar contra este uso
a nivel nacional, regional y mundial.
• La protección de los derechos humanos en la lucha contra
el terrorismo. Su propósito es apoyar las iniciativas de los
Estados Miembros en pro de la promoción y la protección de los
derechos humanos en el contexto de la lucha contra el terrorismo
-en particular mediante la formulación de instrumentos prácticosy facilitar el intercambio de información sobre preocupaciones
prioritarias de derechos humanos y de ejemplos de buenas prácticas
sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el
terrorismo, aprovechando la experiencia a nivel nacional y regional.
• Mejor protección de los objetivos vulnerables. Pretende
establecer mecanismos apropiados para facilitar tanto el intercambio
de las prácticas óptimas existentes como la formulación de otras
para proteger los objetivos vulnerables.
• El apoyo a las víctimas del terrorismo y la divulgación de
su situación. Vela por promover el intercambio de prácticas
óptimas entre los agentes competentes para apoyar a las víctimas
del terrorismo; sentar las bases de un diálogo constructivo entre
las víctimas y los Estados Miembros; fomentar la solidaridad entre
las víctimas, los Estados Miembros, la comunidad internacional y
la sociedad civil, y consolidar un apoyo amplio a la lucha contra el
terrorismo mediante la difusión del sufrimiento de sus víctimas.
• La represión de la financiación del terrorismo. Examina los
diferentes componentes de las estrategias contra la financiación
del terrorismo y propone medios para aumentar la eficacia de la
aplicación de las normas internacionales por los Estados Miembros,
en particular las recomendaciones especiales del Grupo de acción
financiera (GAFI).
62
El Equipo Especial se ha vinculado con varias organizaciones regionales
y subregionales con las que está cooperando, entre otras la
Organización de la Conferencia Islámica (OCI), la Organización Islámica
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ISESCO), la Unión Europea, el
Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE).
Respuesta a las condiciones que favorecen la propagación el
terrorismo
Los Representantes y Enviados Especiales del Secretario General han
facilitado la mediación y prestado apoyo al Departamento de Asuntos
Políticos, lo que ha contribuido a la celebración de 13 acuerdos de paz
en distintas partes del mundo desde 2001. Su recientemente creada
Dependencia de Apoyo a la Mediación y la Oficina de Apoyo a la
Consolidación de la Paz servirán para mejorar la capacidad de las Naciones
Unidas en materia de establecimiento y consolidación de la paz.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) promueve el diálogo entre civilizaciones, culturas
y pueblos y, por ende, entre distintas religiones y confesiones. Con tal
fin, fomenta los intercambios, una educación de calidad que promueva
los derechos humanos en diferentes niveles de la sociedad, el ejercicio
democrático de la ciudadanía, la tolerancia, las redes de periodismo
multiculturales y la capacitación en mediación intercultural. El programa
«Cultura de Paz» de la UNESCO ayuda a las organizaciones de la sociedad
civil a denunciar los actos terroristas como inexcusables.
El Departamento de Información Pública (DIP) colabora con los Estados
Miembros, los medios de comunicación, las instituciones educativas, las
ONG y la sociedad civil para impulsar el diálogo, el respeto, la tolerancia
y la diversidad cultural. El DIP organiza una serie de seminarios titulada
«Desaprendizaje de la intolerancia», dedicados a examinar diferentes
manifestaciones de intolerancia y a encontrar medios de promover el
respeto y la comprensión entre los pueblos. Los cinco seminarios que
se realizaron hasta la fecha trataron de: las formas de hacer frente al
antisemitismo y la islamofobia, la función de los medios de comunicación
en la promoción de la tolerancia, la prevención del genocidio, y el papel
de la caricatura política.
El Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el
terrorismo, que depende del nuevo Consejo de Derechos Humanos, tiene
la función de enfrentar las condiciones que favorecen la propagación del
63
terrorismo. Con tal fin realiza una labor centrada en los países, que abarca
visitas a éstos, y prepara informes temáticos que presenta al Consejo de
Derechos Humanos y a la Asamblea General.
Prevención de los actos de terrorismo y lucha contra el terrorismo
Con los auspicios de las Naciones Unidas y las organizaciones
intergubernamentales vinculadas a la organización se han redactado y
aprobado 16 instrumentos jurídicos universales (13 instrumentos
y 3 enmiendas). La mayor parte de esos instrumentos están vigentes,
constituyen un marco jurídico para las medidas multilaterales contra el
terrorismo y tipifican algunos delitos de terrorismo, como el secuestro
aéreo, la toma de rehenes, los atentados terroristas cometidos con bombas,
la financiación del terrorismo y el terrorismo nuclear. Estos instrumentos
se complementan con las resoluciones de la Asamblea General 49/60,
51/210 y 60/288, y del Consejo de Seguridad 1267 (1999), 1373 (2001),
1540 (2004), 1566 (2004) y 1624 (2005).
El Comité contra el Terrorismo y su Dirección Ejecutiva están
encargados de supervisar la aplicación de las resoluciones del Consejo de
Seguridad 1373 (2001) y 1624 (2005) y de brindar asistencia técnica a los
países que la soliciten. Basándose en varios informes presentados por los
192 Estados Miembros y en otras fuentes de información, el Comité está
completando una evaluación preliminar de la aplicación de la resolución
1373 (2001), en la que se pide a todos los países que promulguen medidas
para prevenir los actos de terrorismo, con recomendaciones de mejoras al
respecto. El Comité también ha visitado 22 Estados Miembros y proyecta
hacer otras 11 visitas.
En el marco del régimen de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes,
administrado por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en
virtud de la resolución 1267 (1999), todos los Estados deben proceder
a congelar los activos de las personas y entidades que figuran en la
lista consolidada del Comité debido a sus vínculos con Al-Qaida, Osama Bin
Laden o los talibanes, e imponerles la prohibición de viajar y un embargo
de armas. Estas sanciones se aplican a las personas y entidades listadas
independientemente del lugar en el que se encuentren. En noviembre de
2007 la lista consolidada contenía los nombres de 367 personas y 112
entidades, y 36 Estados habían congelado sus activos en consecuencia.
Hasta la fecha el Equipo encargado de prestar apoyo al Comité establecido
en virtud de la resolución 1267 (1999) para promover la aplicación del
régimen de sanciones ha compilado siete informes analíticos de evaluación
de la aplicación de las sanciones, la evolución de la amenaza que representan
64
Al-Qaida y los talibanes y las mejores medidas para enfrentarla. El Equipo
ha visitado más de 60 Estados Miembros para analizar formas de mejorar
el régimen de sanciones y ha establecido una relación de cooperación con
28 órganos internacionales y regionales. También ha creado cuatro grupos
regionales de servicios de inteligencia y organismos de seguridad de varios
países, así como grupos de banqueros y otros agentes del sector financiero
privado encargados de brindar asesoramiento y presentar propuestas al
Consejo de Seguridad para su examen.
El Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la
resolución 1540 (2004) y sus expertos han examinado informes de 136
Estados Miembros (85 de los cuales presentaron información adicional) y
una organización (la Unión Europea) sobre las actividades realizadas para
cumplir los requisitos de la resolución 1540 (2004) del Consejo, y han
trabajado para detectar deficiencias y sugerir mejoras a fin de impedir que
los agentes no estatales tengan acceso a las armas de destrucción en masa
y sus componentes.
Los componentes militar y de policía de las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas han creado un
entorno más seguro en 16 zonas de conflicto de diversas partes del
mundo durante los últimos cinco años. Esto ha contribuido a limitar las
oportunidades que tienen los terroristas para hacer proselitismo y realizar
sus operaciones en esas regiones.
El Organismo Internacional de Energía Atómica está aplicando su
segundo Plan de seguridad nuclear -el primero cubrió el período 20022005 y el segundo cubre el período 2006-2009- orientado a seguir
mejorando y fortaleciendo la seguridad del empleo, almacenamiento y
transporte de los materiales nucleares y otros materiales radiactivos en
todo el mundo, apoyando los esfuerzos de los Estados para impulsar sus
regímenes nacionales de seguridad nuclear.
La Oficina de Asuntos de Desarme ha dado inicio a la primera fase
del establecimiento de la base de datos única y amplia sobre incidentes
biológicos prevista en la estrategia. En la base de datos se reunirá
información detallada sobre todos los casos de incidentes biológicos
notificados en los que un agente biológico haya causado daños -o exista
el riego de que cause daños- a los seres humanos, el ganado o los bienes
agrícolas. También incluirá información sobre todos los falsos incidentes
notificados. Se han celebrado consultas con los Estados Miembros
interesados sobre el alcance de esa base de datos. La Oficina mantiene
también una lista de expertos y laboratorios para el mecanismo de
investigación del Secretario General sobre el presunto empleo de armas
65
biológicas. A principios de 2007 la Oficina de Asuntos de Desarme envió
una solicitud a todos los Estados Miembros para que enviaran una lista
actualizada de expertos y laboratorios calificados. Un grupo de expertos
está analizando las directrices y los procedimientos técnicos para una
investigación de ese tipo.
La Organización de Aviación Civil Internacional elabora tratados,
normas internacionales, prácticas recomendadas y material de orientación
para proteger las aeronaves, los aeropuertos y otras instalaciones de
navegación aérea. Hasta el 31 de marzo de 2007 había llevado a cabo
auditorías de seguridad en 159 Estados Miembros y coordinado la
asistencia para resolver las deficiencias detectadas. También se ocupa de la
seguridad de los documentos de viaje y la racionalización de los sistemas y
procedimientos de autorización de entrada y salida en las fronteras.
La Organización Marítima Internacional adoptó medidas obligatorias
para aumentar la seguridad marítima, en particular el Código Internacional
para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias
(Código PBIP), que aplican 158 Estados Miembros, es decir, el 99%
de la flota mercante mundial que realiza viajes internacionales
(unos 40.000 buques). Asimismo, unas 10.000 instalaciones portuarias
cuentan con planes de seguridad aprobados.
El Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia ha reunido datos de
25 países de la región euroasiática sobre estrategias nacionales de lucha
contra el tráfico ilícito de materiales químicos, biológicos, radiológicos o
nucleares y preparado un informe de evaluación y perfiles de los países en
que se señalan las deficiencias y las prácticas óptimas de esas estrategias
nacionales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el marco del
Reglamento Sanitario Internacional (2005), atiende el estado de
preparación de la salud pública y la respuesta a todas las emergencias
de salud pública de importancia internacional, independientemente de
su origen o fuente. Un sistema mundial de alerta y respuesta permite
detectar problemas internacionales de salud pública, hacer una evaluación
de los riesgos y movilizar a una red internacional de agentes de la salud
pública para colaborar en la respuesta de los países a los problemas. Se han
elaborado directrices para ayudar a los países a evaluar y mejorar su estado
de preparación a fin de hacer frente a las consecuencias de salud pública
de un incidente de terrorismo biológico, químico, radiológico o nuclear.
La OMS ha preparado normas de bioseguridad para los laboratorios y
les imparte capacitación para promover el empleo y almacenamiento de
66
los materiales biológicos en condiciones de seguridad a fin de reducir al
mínimo el riesgo de que se utilicen con otros fines.
** La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)
brinda, por medio de un grupo de trabajo especializado, un foro para
que los expertos en la lucha contra el terrorismo puedan intercambiar
prácticas óptimas e información operacional con miras a identificar los
grupos terroristas en actividad y sus miembros, incluidas las jerarquías
organizativas y los métodos de entrenamiento, financiación y reclutamiento
de las personas y grupos sospechosos de terrorismo. La INTERPOL mantiene
muy diversas bases de datos mundiales con información fundamental (por
ejemplo, nombres de personas buscadas por la policía, huellas dactilares,
fotografías, entre otros) y ha desarrollado la tecnología necesaria para
que esos datos ‑especialmente su base de datos sobre documentos de
viaje robados o extraviados- estén disponibles en los puestos de seguridad
fronterizos. También coordina la distribución de alertas y advertencias
sobre sospechosos de terrorismo o terroristas buscados por la policía y
presta asistencia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la
aplicación del régimen de sanciones contra Al-Qaida y los talibanes por
medio de la distribución de información pertinente acerca de las personas
sobre las que recaen las sanciones de las Naciones Unidas a las fuerzas del
orden de todo el mundo. A solicitud de sus países miembros, INTERPOL
presta asistencia en las investigaciones posteriores a un acto de terrorismo,
constituyendo en el lugar equipos de reacción en caso de atentados.
Desarrollo de la capacidad de los Estados para luchar contra el
terrorismo
La Oficina de Asuntos Jurídicos ha preparado publicaciones y organizado seminarios y programas de capacitación para difundir información
sobre los instrumentos universales de lucha contra el terrorismo y alentar
a los Estados a que participen en los regímenes creados en virtud de esos
tratados.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha
prestado asistencia a más de 149 países para que firmen y apliquen
los instrumentos universales de prevención y represión de los actos
de terrorismo internacional y para que refuercen los mecanismos de
cooperación internacional en asuntos penales relacionados con el
terrorismo, entre otras cosas, mediante la formación de capacidad nacional.
La Oficina ha proporcionado asesoramiento jurídico sobre la lucha contra
el terrorismo a más de 80 países. También ha preparado o está preparando
más de 12 instrumentos de asistencia técnica, incluidas bases jurídicas de
67
datos y leyes modelo, para ayudar a los países a reforzar sus regímenes
jurídicos de lucha contra el terrorismo. La Oficina sigue enviando a
expertos profesionales sobre el terreno para impartir capacitación a los
funcionarios de las autoridades competentes y reforzar las instituciones
a fin de aumentar la capacidad del país para luchar contra el blanqueo
de dinero y la financiación del terrorismo. Además, presta asistencia a
los Estados Miembros para que consoliden sus sistemas de justicia penal
conforme al imperio de la ley y las normas de derechos humanos.
La Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo determinó
y jerarquizó las necesidades de asistencia técnica de más de 90 Estados
Miembros y las señaló a la atención de posibles donantes. También creó,
en el sitio web del Comité contra el Terrorismo, una guía de prácticas
recomendadas, códigos y normas internacionales para la aplicación de la
resolución 1373 (2001).
El Equipo encargado de prestar apoyo al Comité establecido en virtud
de la resolución 1267 también ha recabado información y solicitudes
sobre las necesidades de asistencia técnica de 151 Estados Miembros
para una aplicación más eficaz del régimen de sanciones contra Al‑Qaida
y los talibanes, información que ha remitido tanto a la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Subdivisión de Prevención del
Terrorismo) como a la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo
para su información y para que adopten medidas al respecto.
Su presencia sobre el terreno en 166 países permite al Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizar, a solicitud de los
gobiernos, numerosas actividades destinadas a promover la gobernanza
y el imperio de la ley, incluidos programas para respaldar la aplicación de
leyes contra el blanqueo de dinero y el fortalecimiento de los sistemas
judiciales.
El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz
imparte capacitación a los funcionarios de la policía nacional y de las fuerzas
del orden sobre asuntos penales, como el secuestro, la recopilación de
información, la toma de rehenes, la protección personal y la investigación
de magnicidios, asesinatos y atentados con bombas.
El Departamento de Seguridad se encarga de la coordinación de
las actividades del sistema integrado de gestión de la seguridad de las
Naciones Unidas relativas a la seguridad y protección del personal, los
bienes y las operaciones de la Organización en todos los lugares de
destino del mundo frente a distintas amenazas, incluido el terrorismo.
El Departamento, la INTERPOL y la Oficina de Coordinación de Asuntos
68
Humanitarios también están colaborando para desarrollar la capacidad de
respuesta a las emergencias provocadas por amenazas contra la seguridad,
incluido el terrorismo.
Según lo previsto en la resolución E/2006/28 del Consejo Económico y
Social, relativa al Observatorio internacional permanente sobre medidas
de seguridad durante espectáculos públicos, aprobada en julio de 2006, el
Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones
sobre la Delincuencia y la Justicia siguió apoyando a numerosos Estados
Miembros en los preparativos de seguridad de grandes eventos, como
los Juegos Olímpicos y otros espectáculos deportivos en gran escala, las
cumbres de alto nivel y otros acontecimientos multitudinarios. El Instituto
también ha impartido capacitación a encargados de planificar la seguridad
de 17 países de América Latina, mientras que en Europa ha impulsado la
investigación integrada sobre la seguridad en grandes eventos. Asimismo,
ha creado una serie de instrumentos técnicos para apoyar a los encargados
de formular las políticas y de planificar la seguridad en los países.
Entre las actividades del Organismo Internacional de Energía Atómica
orientadas a prestar asistencia a los Estados se cuentan las siguientes:
más de 100 misiones de evaluación para ayudar a los Estados a detectar
sus propias necesidades generales de seguridad nuclear; la organización
de la recuperación, la destrucción o el almacenamiento de unas 100
fuentes de alta radiactividad y de neutrones; el apoyo a la capacitación de
funcionarios de aduanas y puestos fronterizos, así como a la instalación
de equipos de detección en esos puestos, y la operación de una red de
contacto permanente para facilitar la cooperación de los Estados en caso
de accidente nuclear o emergencia radiológica. El Organismo también
ayuda a los Estados a cumplir los compromisos actuales y futuros derivados
de los instrumentos que integran la plataforma internacional reforzada en
la esfera de la seguridad nuclear, como la Convención sobre la protección
física de los materiales nucleares, recientemente enmendada, el Convenio
internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear y la
resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas contribuye
a la lucha mundial contra el terrorismo promoviendo la adhesión universal
a la Convención sobre las Armas Químicas. En el marco de su mandato
prosigue sus esfuerzos por ayudar a los Estados a aumentar su capacidad
de impedir que los terroristas tengan acceso a materiales químicos, velar
por la seguridad de las instalaciones conexas y responder eficazmente en
caso de que se cometa un atentado con esos materiales. La Organización
ha inventariado y puesto a buen recaudo más de 71.000 toneladas
69
métricas de agentes químicos, y se han desactivado todas las instalaciones
de producción de armas químicas que existían en el mundo.
Mediante el Programa mundial sobre seguridad marítima la Organización
Marítima Internacional (OMI) ha realizado 60 misiones de evaluación de
las necesidades y de asesoramiento de los países, 68 seminarios, talleres y
cursos a nivel nacional y 50 a nivel regional en los que se impartió formación
a unas 6.000 personas sobre métodos para garantizar la seguridad
marítima. Esas actividades se orientaron a destacar la seguridad marítima
y algunas amenazas existentes por medio de la difusión y la aplicación
de las disposiciones del capítulo XI‑2 del Convenio internacional para la
seguridad de la vida humana en el mar y el Código PBIP, y han alentado
la cooperación regional y subregional contra el terrorismo y fomentado
la prevención de los actos ilícitos en los puertos y el mar. En cursos de
capacitación de instructores nacionales y regionales se ha formado a
instructores para que capaciten a otros con miras a lograr esos fines.
Desde principios de 2002 el Fondo Monetario Internacional ha hecho
61 evaluaciones de países sobre la capacidad para luchar contra el
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El Fondo ha prestado
asistencia técnica a 222 países por medio de talleres de capacitación
a escala nacional y regional; ha ayudado a la creación de capacidad
adaptada a cada caso, por ejemplo, para la redacción de proyectos de ley
y el fortalecimiento de la supervisión del sector financiero con respecto
a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Unos 2.470 funcionarios han participado en los talleres dirigidos por el
FMI en los últimos cinco años.
Desde 2001 el Banco Mundial ha hecho 32 evaluaciones (11 de ellas
conjuntamente con el FMI) sobre el cumplimiento de la normativa de lucha
contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Durante ese
período se hicieron unas 275 misiones de asistencia técnica bilaterales o
regionales para fortalecer todos los aspectos de la normativa. Además,
el Banco Mundial hizo 14 análisis bilaterales de corredores de remesas.
Los análisis proporcionan nueva información sobre las características
de las corrientes de remesas a los países de origen y receptores. Esa
información sirve de base para revisar las políticas con miras a lograr un
aumento de las corrientes y una reducción de sus costos junto con un
mejor cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de dinero y la
financiación del terrorismo. El Banco también está analizando el riesgo en
términos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo que supone
el empleo de teléfonos móviles en el ámbito de los servicios financieros.
El estudio incluirá recomendaciones a los gobiernos y partes interesadas
70
sobre las normas óptimas para promover esa nueva actividad reduciendo
al mismo tiempo sus riesgos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) proporciona un marco educativo basado
en los derechos humanos y materiales didácticos y planes de estudio que
fomentan una pedagogía incluyente y con contenidos diversificados. La
Organización promueve la solidaridad, la comprensión y el diálogo entre
universidades mediante la red que integran sus 550 Cátedras UNESCO, el
Global Learning Portal y el programa UNITWIN, que ofrece oportunidades
a los jóvenes de todas las regiones. La UNESCO también ha preparado un
código de conducta para los científicos a fin de contribuir a evitar la labor
científica con fines terroristas.
** La INTERPOL lanza y coordina numerosos programas de capacitación
sobre diferentes delitos de gran importancia orientados a aumentar
la capacidad de los Estados para luchar contra el terrorismo. Como
complemento de los cursos proporciona las guías de estudio respectivas,
entre ellas la Guía sobre la anticipación y respuesta a situaciones de
crisis relacionadas con el bioterrorismo. Hasta la fecha la INTERPOL ha
realizado cinco talleres regionales sobre bioterrorismo, a los que asistieron
delegados de más de 130 países, y ha iniciado sesiones de capacitación
de instructores en las que participan funcionarios de la policía, servicios
de salud, fiscalías y servicios de aduanas para encontrar nuevas formas
de trabajar en conjunto. En las sesiones se identifican estrategias eficaces
de prevención y respuesta; se forjan vínculos de cooperación regional, y
se evalúa la legalidad de ciertas funciones críticas de la policía. Asimismo,
la INTERPOL ha constituido equipos especializados para respaldar las
medidas de seguridad y protección adoptadas por los Estados anfitriones
de grandes eventos. También ha preparado una guía de prácticas óptimas
de lucha contra el terrorismo, disponible en el sitio web de la Estrategia
global de las Naciones Unidas contra el terrorismo. En su calidad de
miembro del grupo de trabajo sobre la mejora de la protección de los
objetivos vulnerables del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha
contra el Terrorismo, la INTERPOL creará un centro de información para
facilitar el intercambio de experiencia, prácticas óptimas y, en su caso,
asistencia técnica.
Defensa de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH) aboga por la promoción y la protección
de todos los derechos humanos y la aplicación de medidas eficaces
contra el terrorismo como objetivos complementarios y que se refuerzan
71
mutuamente. En lo relativo a la protección de los derechos humanos en la
lucha contra el terrorismo, el ACNUDH formula recomendaciones generales
sobre las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y, a
solicitud de éstos, les proporciona asistencia y asesoramiento, en particular
en la difusión de las normas internacionales de derechos humanos entre
las fuerzas del orden. Asimismo, presta asistencia y asesoramiento a los
Estados Miembros acerca de la protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, lo que abarca
la elaboración de leyes y una política de lucha contra el terrorismo que
respeten los derechos humanos. Además, el ACNUDH contribuye a la labor
del Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, en
el que dirige el grupo de trabajo sobre la promoción y protección de los
derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
El ACNUDH está impulsando una mayor protección de los derechos
humanos sobre la base de su liderazgo y promoción, la prestación de
asistencia técnica y capacitación, y el desarrollo de instrumentos para
ayudar a los profesionales. Se ha centrado en profundizar el conocimiento
de las obligaciones internacionales de derechos humanos en el contexto
del terrorismo mediante investigaciones y análisis sobre el tema, en
particular un folleto informativo sobre los derechos humanos, el terrorismo
y la lucha contra el terrorismo. También organiza seminarios regionales
sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo; actualiza el
«Resumen de jurisprudencia de las Naciones Unidas y las organizaciones
regionales sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra
el terrorismo», y prepara otro folleto informativo sobre la relación entre
el derecho internacional humanitario y las normas internacionales de
derechos humanos.
Compete al Relator Especial sobre la promoción y protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra
el terrorismo, que depende del nuevo Consejo de Derechos Humanos,
detectar, intercambiar y promover las prácticas óptimas sobre medidas
de lucha contra el terrorismo que respeten los derechos humanos y las
libertades fundamentales. El Relator Especial también se ocupa de las
denuncias de violaciones de los derechos humanos en el contexto de la
lucha contra el terrorismo. Realiza visitas a algunos países y mantiene
correspondencia con más de 40 países acerca de su legislación y práctica.
En forma periódica presenta informes temáticos y de sus visitas a países,
entre otras cosas, al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea
General.
El Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones
sobre la Delincuencia y la Justicia ha impartido capacitación sobre la
72
protección de los testigos, en particular de las personas que participan o
que han participado en grupos terroristas o de la delincuencia organizada,
así como de las víctimas del terrorismo, a los fiscales y otros funcionarios
de investigación competentes de 19 países de América Latina. La finalidad
de las actividades de capacitación es mejorar la capacidad de aprovechar
al máximo la información proporcionada por los testigos de conformidad
con el derecho de defensa y promover un trato apropiado a las víctimas
del terrorismo.
***
* El Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo está integrado
por representantes de: el Banco Mundial, el Departamento de Asuntos Políticos (DAP),
el Departamento de Información Pública (DIP), el Departamento de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz, el Departamento de Seguridad, los expertos del Comité
1540, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, el Equipo encargado de
prestar apoyo analítico y vigilar la aplicación de las sanciones del Comité 1267, el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Oficina de Asuntos de Desarme (ODA), la
Oficina de Asuntos Jurídicos (OAJ), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Mundial de Aduanas (OMA),
la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. En su labor de planificación
y coordinación el Equipo Especial trasciende el sistema de las Naciones Unidas e incluye
otras entidades, como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
**Aunque la INTERPOL no integra el sistema de las Naciones Unidas, es miembro del
Equipo Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo, que se creó en 2005
y que está presidida por la Oficina del Secretario General de las Naciones Unidas.
(El anterior inventario de las actividades de lucha contra el terrorismo realizadas
por las Naciones Unidas se basa en información proporcionada por
las organizaciones que integran el Equipo Especial sobre la Ejecución de
a Lucha contra el Terrorismo.)
Para mayor información, sírvase consultar: www.un.org/spanish/terorism/index.
shtml
*****
Publicado por la Sección de Paz y Seguridad del Departamento de Información Pública–DPI/2439B/
Rev.2–diciembre de 2007
73
Folletos informativos sobre los derechos humanos*
Nº 2
Carta Internacional de Derechos Humanos (Rev.1)
Nº 3Servicios de asesoramiento y asistencia técnica en materia de derechos
humanos (Rev.1)
Nº 4
Métodos de lucha contra la tortura (Rev.1)
Nº 6
Desapariciones forzadas o involuntarias (Rev.2)
Nº 7
Procedimientos para presentar denuncias (Rev.1)
Nº 9
Los derechos de los pueblos indígenas (Rev.1)
Nº 10 Los derechos del niño (Rev.1)
Nº 11 Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (Rev.1)
Nº 12 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
Nº 13 El derecho internacional humanitario y los derechos humanos
Nº 14 Formas contemporáneas de la esclavitud
Nº 15 Derechos Civiles y Políticos: El Comité de Derechos Humanos (Rev.1)
Nº 16 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Rev.1)
Nº 17 Comité contra la Tortura
Nº 18 Los derechos de las minorías (Rev.1)
Nº 19Instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos
humanos
Nº 20 Los derechos humanos y los refugiados
Nº 21 El derecho a una vivienda adecuada
Nº 22 Discriminación contra la Mujer: la Convención y el Comité
Nº 23Prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de la mujer y el niño
Nº 24La Convención Internacional sobre los trabajadores migratorios y su
Comité (Rev.1)
Nº 25 Desalojos forzados y derechos humanos
Nº 26 El Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria
Nº 27Diecisiete preguntas frecuentes acerca de los Relatores Especiales de las
Naciones Unidas
Nº 28Repercusiones de las actividades de los mercenarios sobre el derecho de
los pueblos a la libre determinación
* Los Folletos Nos. 1, 5 y 8 han dejado de publicarse. Todos los folletos informativos están
disponibles en línea en http://www.ohchr.org.
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Nº 29Los defensores de los derechos humanos: protección del derecho a
defender los derechos humanos
Nº 30El Sistema de Tratados de Derechos Humanos en las Naciones Unidas:
introducción a los tratados fundamentales de derechos humanos y a los
órganos creados en virtud de tratados
N° 31 El derecho a la salud
N° 32 Los derechos humanos, el terrorismo y la lucha contra el terrorismo
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La serie Folletos informativos sobre los derechos humanos es una
publicación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos de la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra. En ella se tratan cuestiones de derechos humanos que son objeto
de examen intensivo o que revisten especial interés.
La finalidad de los Folletos informativos sobre los derechos humanos es que
cada vez más personas conozcan los derechos humanos fundamentales,
la labor que realizan las Naciones Unidas para promoverlos y protegerlos
y los mecanismos internacionales con que se cuenta para ayudar a hacer
efectivo su cumplimiento. Los Folletos informativos sobre los derechos
humanos se distribuyen gratuitamente en todo el mundo. Se alienta su
reproducción en idiomas distintos a los idiomas oficiales de las Naciones
Unidas a condición de que no se modifique su texto, se informe al respecto
a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en Ginebra y se mencione debidamente la fuente.
Las peticiones de información deben dirigirse a:
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
8-14, Avenue de la Paix
1211 Genève 10
Suiza
Oficina de Nueva York:
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
Naciones Unidas
New York, NY 10017
Estados Unidos de América
Printed at United Nations, Geneva GE.08-41875–september 2008–2,510
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ISSN 1014-5567
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