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Bolt y otros v. la República Cardenal

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Bolt y otros v. la República Cardenal
Caso Bolt y otros v. La República Cardenal
CONCURSO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 2015
Caso Bolt y otros contra la República Cardenal
I. La República Cardenal y el Pueblo indígena Boneca
1. El pueblo indígena Boneca se ha asentado ancestralmente en terrenos que fueron
colonizados por España. Siglos después, las repúblicas independientes Cardenal y Celeste,
formadas de la lucha de independencia americana, acordaron dividir el área y celebraron entre
ellas tratados limítrofes. Tanto la República Cardenal como la República Celeste son miembros
fundadores de la OEA y han ratificado todos los tratados de derechos humanos de dicha
organización. Igualmente la República Cardenal ha ratificado el Estatuto de la Corte Penal
Internacional y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, de lesa
humanidad y genocidio. En la actualidad, la República Cardenal cuenta con una población de
100 millones de habitantes. Según los datos del censo más reciente, el 4,5% de la población
total se considera perteneciente a algún grupo étnico y, dentro de ese porcentaje, el 90%
corresponde al pueblo Boneca.
2. En la década de 1960, en la República Cardenal se vivió un período de dictadura
militar de enfoque integracionista. Cientos de miles de bonecas fueron masacrados, sus
autoridades asesinadas, proscritas y perseguidas, y gran parte de su territorio confiscado.
Asimismo, las condiciones socioeconómicas de los boneca han sido inferiores al promedio
nacional.
3. Desde la década de 1980 se empezó a presentar en el área una situación social de
reclamos, manifestaciones y protestas sociales por parte de miembros del Pueblo boneca, con
el fin de recuperar sus territorios ancestrales. Estas acciones fueron reprimidas con la fuerza y
con el uso del derecho penal. Desde entonces, dirigentes y miembros de comunidades boneca
han sido investigados y juzgados por la comisión de delitos ordinarios en relación con actos
violentos asociados a la referida protesta social y a algunos se les investigó y condenó por
delitos de carácter terrorista. El procedimiento seguido a los líderes se caracterizó porque era
esencialmente escrito y las pruebas eran practicadas ante un juez instructor, que era el
encargado de acusar ante otro juez, que era el que definía la culpabilidad. Se denunciaron
múltiples restricciones para ejercer el derecho a la defensa. Las penas por delitos de carácter
terrorista podían llegar hasta 50 años de prisión.
II. La dictadura militar, el conflicto armado y el proceso de paz
4. En abril de 1990, un grupo de personas de la región – algunas indígenas, otras no conformó el grupo armado Movimiento Revolucionario Libertad Boneca (MRLB). Una de sus
banderas fundamentales fue el derrocamiento del orden constituido y la implementación de un
estado comunista en donde se “respetara el derecho a la libre autodeterminación de los
pueblos”, incluyendo el boneca. Sus acciones armadas se desarrollaron bajo la estrategia de
guerra de guerrillas.
5. Durante la década de los 1990s, se desarrolló en el país, especialmente en la región
boneca, un cruento enfrentamiento armado entre este grupo guerrillero y las fuerzas armadas
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Caso Bolt y otros v. La República Cardenal
de la República Cardenal. Producto del conflicto armado perdieron la vida más de 250 mil
personas, más de 50 mil personas fueron desaparecidas y otros miles fueron víctimas de
tortura, violencia sexual, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados.
6. Hacia finales de la década se realizaron unas elecciones presidenciales que estuvieron
marcadas por actos considerados como terroristas y acciones del conflicto que despertaron
gran conmoción nacional. Especialmente en los centros urbanos se desató un sentimiento
antiguerrillero y antiboneca muy fuerte. El candidato del Partido Restaurador, Armando
Ferreira, se impuso en las elecciones bajo una bandera de fortalecimiento de la fuerza pública
para someter militarmente a la guerrilla. La favorabilidad del candidato en las urnas fue
histórica, excepto en la región boneca.
7. El gobierno de Ferreira implementó un Estatuto de Seguridad que confirió amplios
poderes a las fuerzas militares, que incluyó facultades de investigación judicial, control
operacional confidencial delegado en los mandos militares, capacidad de asumir funciones de
gobernabilidad regional desplazando a gobernadores civiles en caso de que se estimara
necesario por el alto comando militar y, posteriormente, la implementación de tribunales
militares para juzgar delitos relacionados con actividades terroristas, incluso para civiles.
8. Hacia mediados de la década, el gobierno buscó que el Congreso le autorizara una
enmienda constitucional que permitía la reelección inmediata del presidente, lo cual fue
negado. Ferreira, que gozaba de una popularidad de más de 80 por ciento del electorado,
declaró un “autogolpe de estado” mediante el cual, con el respaldo de las fuerzas armadas
disolvió el Congreso, intervino el poder judicial y llamó a la convocatoria de una asamblea
constituyente que mediante una reforma plebiscitaria permitió su reelección inmediata, la cual
fue ratificada en las urnas con una votación favorable del 90% del electorado.
9. En los años siguientes el conflicto se recrudeció. Las denuncias de represión oficial
crecieron abrumadoramente, especialmente aquellas de actos de persecución dirigidas a los
“cabecillas intelectuales” o a los “auxiliadores civiles” de la guerrilla. Estudiantes, sindicalistas,
líderes de izquierda y populares, así como cualquier otra persona que no compartiera la política
de gobierno era estigmatizada y perseguida por supuestos vínculos con la guerrilla. Por su
parte, frente a la ofensiva militar, la guerrilla se replegó y recurrió a atentados estratégicos
ejercidos tanto contra instalaciones militares como contra lo que denominaba “centros
estandarte del imperialismo” que incluyeron infraestructura pública, así como clubes sociales y
colegios a los que asistían personas adineradas. También se multiplicó el secuestro de civiles
con fines extorsivos.
10. En 2006 los enfrentamientos continuaban a gran escala pero ninguna de las dos
partes parecía estar cercana a su objetivo. Aun cuando el Presidente Ferreira seguía siendo muy
popular y recibía el apoyo de buena parte de la población, un amplio sector de la sociedad
empezó a buscar alternativas de paz. Una crisis política asociada con graves acusaciones de
corrupción finalmente hizo que Ferreira tuviera que dejar el poder y aceptar que se convocara a
elecciones presidenciales para su reemplazo. En la época era prácticamente imposible pensar
en investigar judicialmente los hechos oficiales de violación de derechos humanos. Por un
lado, en época del Congreso de Ferreira se adoptó un Código Penal Militar que convertía casi
todos los actos ocurridos durante el transcurso del conflicto como delitos de investigación
militar. En dicha jurisdicción rara vez los casos avanzaron a etapa de juzgamiento. Por otro
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lado, a Ferreira y a los comandantes de las fuerzas los cobijaba un fuero especial que para ser
levantado y permitir la investigación penal debía recibir primero el aval político de las dos
cámaras del Congreso.
11. En 2006 se posesionó Gabriela Nunes como nueva presidenta con una plataforma
política enmarcada en la negociación política de la paz. El gobierno de Nunes hizo poco para
promover la investigación y sanción de los crímenes cometidos por la dictadura de Ferreira.
Para el gobierno, un acuerdo de solución final del conflicto debía asegurar mecanismos de
justicia transicional respecto de todos los hechos y actores de la confrontación armada. El
gobierno prometió que se llegaría a un escenario confluyente de doble transición, tanto por la
reafirmación de la transición de la dictadura hacia la democracia, como la del conflicto a la paz.
12. Tras dos años de negociaciones, el MRLB y el gobierno llegaron a un acuerdo con
base en tres puntos: autonomía de las regiones y reconocimiento del Pueblo boneca, reforma
constitucional democrática, y mecanismos de transición de garantía tanto de paz como de
derechos de las víctimas.
13. Las partes acordaron que la paz se debía construir desde las regiones. Parte del
acuerdo estuvo concentrado en mecanismos de desconcentración del poder nacional,
reconocimiento de la autonomía de las regiones y mecanismos de descentralización en la toma
de decisiones sobre presupuesto. El Estado modificó el enfoque integracionista de su política y
ratificó el Convenio 169 de la OIT. Además, el gobierno se comprometió con un programa
específico de titulación de tierras a comunidades bonecas.
14. Además se realizó un proceso constituyente que ha sido felicitado por especialistas
en la materia. Primero, se trató de un proceso fundacional que planteó rupturas frente al
pasado represivo y se caracterizó por ser genuinamente democrático, mayoritariamente
discutido por la población y refrendado por la misma. Segundo, la nueva constitución dio un
alcance particular a la diversidad étnica y a la autonomía de las comunidades étnicas,
constituyendo a la república Cardenal en una república Plurinacional. Tercero, la Constitución
modificó el modelo de relación entre Estado y economía, reconociendo derechos sociales y
atribuyendo al Estado un papel preponderante en la dirección de la economía para alcanzar la
justicia social. Tras el conflicto, la república Cardenal atraviesa por una difícil situación
económica y de colapso de la infraestructura, así como una amplia situación de inequidad
social y disparidad regional. La república Cardenal es el segundo país más pobre del hemisferio
americano y el más desigual en términos de ingresos y concentración de la tierra.
15. En materia de mecanismos de esclarecimiento y justicia la discusión fue compleja.
Los miembros de la guerrilla y los militares involucrados en violaciones a los derechos
humanos pidieron una política de perdón y olvido. El gobierno se negó, al considerar que
imperativos éticos y jurídicos hacían que los derechos de las víctimas tuvieran la mayor
prioridad posible en las negociaciones.
16. En paralelo con la iniciación de los diálogos de paz, el Gobierno fortaleció a las
organizaciones de víctimas para que participaran en los diálogos. Realizó un proceso de
consulta con estas organizaciones sobre sus expectativas de paz, justicia y reconciliación. Sus
propuestas fueron procesadas y presentadas en la mesa de negociación.
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17. Además, en la mesa de negociación se pactaron varias políticas para satisfacer los
derechos de las víctimas. Esto incluyó la creación de una Comisión de la Verdad y
Esclarecimiento Histórico que hiciera un informe sobre lo ocurrido e hiciera lo posible por
desvelar la verdad de las causas, los móviles, y los patrones de las violaciones graves a los
derechos humanos y de las infracciones graves al DIH. También se pactaron espacios de
participación de víctimas en la planeación, ejecución y seguimiento de la política; así como
medidas amplias de acceso y participación en las sesiones públicas de la Comisión de la Verdad
y en los procesos penales. Se pactó además una política de reparaciones individuales y
colectivas que reconoce los componentes de restitución, compensación, satisfacción,
rehabilitación y garantías de no repetición. Esta política la ejecuta el Ministerio de las Víctimas
y la Reconciliación, que se encarga de administrar los programas, incluyendo el programa de
indemnizaciones monetarias que se otorga de manera individual a las víctimas, conforme a un
registro de las mismas, ya sea como pago único o como una pensión.
18. El gobierno defendió una aproximación holística de la justicia transicional en
donde, dados los imperativos de paz y justicia y las limitaciones fácticas y políticas derivadas de
la terminación negociada de un conflicto armado, era necesario no enfocarse exclusivamente
en una medida o forma de justicia. Dentro de este esquema, el gobierno defendió que uno de
los componentes de la justicia debía tener una dosis de justicia punitiva pero que debía ser
limitada y selectiva pues no sería posible investigar todas las violaciones graves de derechos
humanos, ni sancionar a todos los responsables, ni imponer las penas ordinarias. Para ello se
propuso la Legislación de Responsabilización, Cierre y Reconciliación con los siguientes
componentes.
19. La propuesta de ley partía por reconocer el deber del estado de investigar, juzgar y
sancionar las violaciones graves de derechos humanos y las infracciones graves al derecho
internacional humanitario. Al mismo tiempo, la propuesta partía del postulado de que en un
proceso de transición este deber se ve enfrentado a limitaciones fácticas y políticas que hacen
que se regule de manera que se permita la paz sin atropellar los derechos de las víctimas.
Además reconocía la necesidad de fijar criterios claros y objetivos para establecer las reglas de
operación de los procesos de responsabilidad penal individual, incluyendo los criterios de
selectividad, priorización, máximos responsables, igualdad, entre otros.
20. La propuesta otorgaba una amnistía incondicional a todos los combatientes que
hubieran sido o pudieren ser perseguidos por el hecho de haberse levantado en armas, así
como por los delitos conexos, exceptuando como delitos conexos, para efectos de la acción
penal, los crímenes que constituyen graves violaciones a los derechos humanos o infracciones
graves al derecho internacional humanitario como el genocidio, los crímenes de guerra y los
crímenes de lesa humanidad.
21. Por otro lado, la propuesta establecía un modelo de persecución para las
violaciones más graves. El sistema era mixto en el sentido en que participaba tanto el sistema
judicial como la Comisión de la Verdad. Bajo este modelo, los distintos frentes del grupo
debían iniciar por asistir a la Comisión de la Verdad que a partir de sus relatos, la información
de fuentes oficiales y los aportes de las víctimas determinó patrones generales y regionales de
victimización. Con esto, el Ministerio Público iniciaba investigaciones penales a través de
macroprocesos en donde se investigaba el patrón criminal y de allí se hacían reportes públicos.
Posteriormente, a partir de los principios de selectividad y priorización se establecerían los
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“máximos responsables”, mediante tres criterios: i) nivel de liderazgo (de iure y de facto), ii)
grado de responsabilidad, y iii) posición de dominio y capacidad de dominio efectivo. Al
mismo tiempo, con esta información se definirían aquellos casos de mayor representatividad y
gravedad con base en cuatro criterios: i) naturaleza intrínseca de la conducta, ii) escala, iii)
modalidad, y finalmente, iv) impacto del crimen.
22. Una comisión de alto nivel, presidida por el Director del Ministerio Público y que
contaría con participación del gobierno, de representantes de los desmovilizados, de las
víctimas, y de la comunidad internacional mediante la representación de los países garantes del
proceso, evaluaban esta información y determinaban los casos y responsables que serían objeto
de acción penal. Este mecanismo incluiría tanto a miembros de las guerrillas como a miembros
y ex miembros de la fuerza pública, y a líderes populares e indígenas que hubieran sido
condenados o fueran investigados por delitos relacionados con el terrorismo.
23. En total se seleccionaron 14 patrones, con estudio a profundidad de 236 hechos;
se vinculó procesalmente a 67 máximos responsables, incluyendo a todo el comando central
guerrillero (compuesto por seis personas), a tres excomandantes de las fuerzas armadas, y a dos
ex ministros de la guerra. Politólogos e historiadores nacionales de alto reconocimiento
académico coinciden en una valoración positiva de la representatividad del ejercicio de
selección.
24. Para las personas que se hubieren presentado ante la Comisión de la Verdad pero
no hubieren sido seleccionados se estableció que el estado renunciaría a la acción penal y no
serían entonces investigados judicialmente. No obstante, se estableció un mecanismo judicial
gratuito, rápido y fácil acceso para que las víctimas pudieran pedir la revisión judicial del
otorgamiento de cualquier salvoconducto de renuncia a la acción penal. En total se
presentaron 354 solicitudes de revisión, y la Corte avaló la decisión de la Comisión de alto
nivel en un 97% de los casos estudiados.
25. En materia de sanción, las partes acordaron la posibilidad de implementar una
serie de penas alternativas a la pena ordinaria (que consistía en la pena privativa de la libertad
en un establecimiento carcelario entre 60 años y la cadena perpetua), para aquellas personas
que hubieran sido seleccionadas para ser investigadas penalmente pero hubieran contribuido
efectivamente con la paz y la verdad, por sus declaraciones ante la Comisión de la Verdad.
Estas penas alternativas incluyeron: la privación de la libertad en centros alternativos de
reclusión con facilidades para hacer trabajo político por un máximo de 8 años y un mínimo de
4, dependiendo de la tasación de la pena por parte de la autoridad judicial; desminado; la
obligación de participar en procesos alternativos de justicia restaurativa; penas privativas de
derechos o inhabilitaciones (para conducir vehículos, por ejemplo); sanciones económicas y
penas en dinero, como multas y multas sobre los ingresos calculados por días; incautación y
confiscación de bienes; regímenes de prueba y vigilancia judicial; imposición de servicios a la
comunidad; obligación de acudir regularmente a un centro determinado; y arresto domiciliario.
26. Todas las medidas de transición acordadas en la mesa de negociación fueron
aprobadas por la votación mayoritaria del Congreso, incluyendo la aprobación de la Ley de
Responsabilización, Cierre y Reconciliación. A su vez, los acuerdos producidos en la mesa de
negociación fueron ratificados mediante un referendo popular con el voto afirmativo del 95
por ciento de los votantes concurrentes, con una abstención del 40 de las personas habilitadas
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para votar. Los niveles de abstención en la República Cardenal, en donde el voto no es
obligatorio, han rondado siempre entre el 50 y 60%.
27. A pesar de esta aprobación, dada su naturaleza, las medidas han sido muy
polémicas. La política de verdad se ha criticado por un sector de la sociedad que considera que
remover lo que sucedió lo único que permitirá es reactivar los odios y no dejar que cesen las
heridas, con lo cual se cierran las puertas de la reconciliación y se aviva el conflicto, el odio y la
venganza. Otros sectores criticaron la política de sometimiento a la justicia porque
consideraron que no generaba suficientes incentivos para que los combatientes se
desmovilizaran. Argumentaron que ofreciendo cárcel no se convencía a quien tenía dinero y
poder para que se reintegrara a la vida civil, y con ello lo único que se lograría es el rearme a
partir de facciones más pequeñas de delincuencia organizada. Otros, por el contrario,
argumentaron que la rebaja de penas y la renuncia a la acción penal era una amnistía
encubierta. Algo similar ocurrió con las reparaciones. Para unos, las reparaciones fueron muy
bajas y no cubrían todo lo que deberían cubrir (el pago, por ejemplo, para una persona que ha
perdido un familiar es de $US 20.000 y por desplazamiento una suma de $US5.000). Otros
critican que el Estado pague por los delitos cometidos por una guerrilla que se enfrentó a este y
al cual el Estado no tuvo más que la intención de acabar militarmente. El grupo del ex
presidente Ferreira es el que más ha usado este argumento e incluso ha presentado acciones
judiciales contra el nuevo gobierno para responsabilizarlo por malversación de fondos
públicos.
28. El acuerdo de paz en general ha sido mayoritariamente aceptado, aun cuando con
críticas. Para un sector radical boneca, el acuerdo es insatisfactorio pues reivindican su absoluta
independencia de la República Cardenal. Además, este sector ha rechazado las medidas de
justicia “occidentalizadas” por ser contrarias a sus formas tradicionales de resolución de
conflictos. Con base en experiencias como las de las Cortes Gacaca de Ruanda, los procesos de
espíritus Magamba en Mozambique, las prácticas tradicionales de la región Acholi en el Norte de
Uganda, las prácticas Kpaa Mende en Sierra Leona, la institución del Bashingantahe en Burundi,
las medidas de justicia indígena en Sudáfrica, y la práctica de Lisan en Timor Oriental,
comunidades bonecas han iniciado procesos tradicionales de justicia tanto para ofensores
pertenecientes a su pueblo como para quienes no lo son. Incluso de aquellas personas que ya
han sido judicializadas mediante los mecanismos oficiales de transición.
III.
El caso del secuestro de los angelitos
29. A principios de 1999, el MRLB inició ataques a blancos estratégicos
representativos de lo que consideraban como la “oligarquía racista” en las ciudades. La
estrategia recurrió a secuestros extorsivos, atentados con bombas contra fábricas, empresas y
clubes sociales, así como homicidios selectivos.
30. En enero del 2000, una columna urbana del MRLB secuestró un microbús escolar
en el que se transportaban 23 niñas y niños del Colegio Ángeles del Saber, uno de los colegios
privados más costosos de la capital de la república. El cautiverio se prolongó por más de 90
días. La noticia de los secuestros de infantes conmocionó al país y produjo temor generalizado
en los padres que se rehusaban a dejar salir a sus hijos de sus casas.
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Caso Bolt y otros v. La República Cardenal
31. Los captores se identificaron como miembros del MRLB y exigieron, para la
liberación de los niños, un pago económico, la liberación de personas detenidas tanto por
delitos de rebelión como por delitos terroristas, y garantías para trasladarse a un país neutral
para iniciar un diálogo de paz con el gobierno.
32. El presidente Ferreira se negó a las exigencias de los captores y ordenó amplios
operativos militares para que “a toda costa se diera con el paradero de los angelitos”. Durante
los días que duró el cautiverio se presentaron denuncias de allanamientos abusivos por parte de
la fuerza pública, torturas y detenciones arbitrarias, asociadas a la búsqueda del paradero de los
niños.
33. El 28 de marzo de 2000, un comando antisecuestro conjunto de policía y
ejército realizó un operativo en un barrio irregular de la ciudad capital. A esa zona se llegó por
interceptaciones telefónicas que permitieron la identificación del lugar en donde posiblemente
se encontraban retenidos los niños secuestrados. La información de inteligencia señalaba como
captores a siete personas de las cuales se identificaba a tres milicianos del MRLB: Lucrecia
Rossi, Paulo Mukundi y Ricardo Bolt.
34. El comando antisecuestro pidió a los captores que liberaran a los menores, se
entregaran pacíficamente y a cambio sus vidas serían respetadas. Los captores respondieron al
ofrecimiento con disparos de revólver. El reporte oficial de policía estableció que un sonido
fuerte (como el de una granada) se escuchó al interior de la casa. El comando conjunto, por
orden directa del Presidente Ferreira, inició fuego con armas de largo alcance y granadas para
penetrar la edificación. Tras un momentáneo enfrentamiento, los miembros de la fuerza
pública lograron entrar a la casa. De las siete personas que se presumía que eran las captoras se
encontraron dos cuerpos luego identificados como de milicianos del MRLB, ninguno de ellos
boneca. Bolt, Rossi y Mukundi presuntamente se fugaron por túneles que habían sido
construidos en la casa. En una habitación se encontraron los cuerpos de 4 niños que
perecieron por causa de una explosión.
35. Ese mismo día, los 19 niños restantes aparecieron vivos en distintos lugares de la
ciudad con una flor en la mano. La muerte de los cuatro niños produjo un severo impacto en
la sociedad cardenal. El presidente Ferreira juró ante la tumba de los niños que no descansaría
hasta hacer pagar a quienes habían producido estas muertes. El día del entierro de los niños, el
MRLB emitió un comunicado en el que lamentó los hechos, atribuyó las muertes de los niños
a la actitud irresponsable de las fuerzas armadas y lamentó a los dos camaradas caídos en
combate.
36. A partir de estos hechos, el presidente dio la orden de buscar por todos los
medios a los milicianos identificados como captores. Uno de ellos, Ricardo Bolt pertenecía a
una comunidad del pueblo boneca, la cual fue objeto de hostigamientos, allanamientos,
amenazas y actos de tortura de sus miembros en días subsiguientes. Los boneca reaccionaron a
la violencia con manifestaciones e incendios, los cuales llevaron a la judicialización de sus
líderes bajo cargos de actos de terrorismo, así como a más represión. Los boneca negaron
haber tenido que ver con el secuestro y denunciaron que los hechos eran actos de
estigmatización racial.
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Caso Bolt y otros v. La República Cardenal
37. En junio de 2000, el cuerpo de Lucrecia Rossi, una estudiante de la universidad
pública de la capital y presunta militante del MRLB apareció desmembrado, con signos de
tortura y violencia sexual en una plaza pública de la ciudad. En abril de 2002, en una rueda de
prensa, la policía presentó al recién capturado, Paulo Mukundi, quien había sido condenado en
ausencia a prisión perpetua por varios delitos, entre ellos secuestro, homicidio y rebelión
armada. Mukundi denunció que no había sido capturado el día que había sido presentado, sino
que había sido ilegalmente detenido y había permanecido desaparecido por varios meses,
durante los cuales había sido torturado. Dijo haber compartido cautiverio con Bolt, quien
todavía se encontraba desaparecido. La policía negó esta versión y adujo que Bolt seguía siendo
un fugitivo de la justicia.
IV. El procesamiento interno del caso
38. Por los hechos del secuestro y la muerte de los niños se abrió una investigación
por una corte militar en contra de Paulo Mukundi, Ricardo Bolt y Derek Guadamuz (este
último como comandante en jefe del MRLB y para el caso autor intelectual de los hechos).
Todos fueron juzgados en ausencia y condenados a prisión perpetua. En este tipo de juicios, la
legislación no permitía que los reos en ausencia contaran con abogado de confianza, sino que
les era asignado uno de oficio, adscrito a las fuerzas militares. El proceso determinó que otras
tres personas participaron en los hechos pero que para la fecha de la decisión habían fallecido.
39. El Ministerio Público inició una investigación por los hechos del 28 de marzo de
2000 en contra de los comandantes del ejército y la policía que estuvieron al frente del
operativo. La justicia penal militar inició un choque de competencias para conocer del caso, el
cual finalmente le fue adjudicado para su investigación y procesamiento. El caso fue archivado
días después por no hallar mérito para su continuación.
40. Los familiares de Ricardo Bolt presentaron una denuncia ante la fiscalía por su
presunta desaparición, con base en las declaraciones dadas por Mukundi. El ministerio público
inició una investigación que fue desestimada meses después por no encontrar pruebas que
certificaran la veracidad de la declaración. La misma suerte corrió la investigación por las
denuncias de tortura en contra de Mukundi.
41. Durante años la guerrilla negó que sus miembros hubieran asesinado a los
menores, mientras que el Estado adujo que había sido un acto de crueldad de los captores al
verse acorralados. En 2008, la Comisión de la Verdad decidió seleccionar este caso como un
caso emblemático de los secuestros ocurridos durante el conflicto y de la estrategia
antiguerrillera del Estado. Guadamuz y Mukundi hicieron parte de los declarantes de la sesión
y admitieron la responsabilidad del grupo en el secuestro de todos los niños. También
admitieron que los niños fallecido por un error militar de los captores producido con la toma.
42. De esta sesión también hizo parte el General Retirado João Otavio Pires, quien
confesó haber tenido noticias de la captura de Lucrecia Rossi y aceptó la responsabilidad
personal e institucional por su tortura y asesinato. Adujo que la presión por resultados que
había venido desde la propia presidencia y había producido que miembros de la fuerza
actuaran en contra de la ley. Aun cuando Pires negó tener conocimiento de la desaparición de
Bolt o de las torturas y detención ilegal de Mukundi, mencionó nombres de cinco oficiales y
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cuatro suboficiales que habían participado en la planeación de la estrategia para la búsqueda de
los angelitos. Según Pires, este grupo fungía como consultor de primer nivel del Presidente.
Pese a que ningún miembro de la fuerza pública aceptó responsabilidad individual o
institucional por los hechos, la Comisión de la Verdad determinó que Mukundi y Bolt habían
sido detenidos, llevados a un lugar clandestino de detención y allí habían sido objeto de
torturas. El informe de la Comisión señaló que probablemente Bolt falleció durante las torturas
y su cuerpo fue desaparecido, como era la práctica de algunas unidades militares durante el
conflicto armado.
43. La comunidad boneca de la que era originario Bolt fue además reconocida como
sujeto de reparación colectiva. Se realizaron varios actos simbólicos de satisfacción en consulta
con la comunidad, se revirtieron varias de las condenas que habían sido impuestas a líderes de
la zona por delitos asociados al terrorismo, y se ordenó su liberación inmediata. Estos líderes
fueron incluidos en el registro de víctimas individuales y reparados conforme a los
lineamientos generales de la política de reparación a víctimas.
44. Guadamuz, Mukundi y Pires fueron seleccionados por la comisión de alto nivel
como máximos responsables de crímenes graves y fueron objeto de procesamiento penal. El 1
de marzo de 2009, un tribunal transicional especializado determinó que Mukundi había sido
juzgado sin apego a las garantías del debido proceso y reevaluó su condena. Por su
colaboración con el esclarecimiento y muestra de arrepentimiento, el Tribunal declaró como
pena el tiempo de prisión que ya había servido, ordenó su liberación y lo sentenció a una pena
adicional de trabajo comunitario gratuito por el término de 180 días.
45. Guadamuz fue condenado como autor intelectual de varios patrones
macrocriminales, pero aunque fue vinculado, no se investigó a fondo su participación en el
patrón de secuestros. Del patrón de secuestros se responsabilizaron como autores individuales
a otros miembros del Comando Central del MRLB. En abril de 2009, Guadamuz fue
sentenciado por los distintos delitos cometidos por él y su tropa a una pena privativa de la
libertad de 5 años, en unas instalaciones alternativas al sistema carcelario. Por su colaboración
con el proceso de paz y reconciliación y como fruto de los acuerdos, su pena le permitió hacer
trabajo político que permitiera impulsar el nuevo partido político en el que se transformó el
MRLB después de los acuerdos.
46. Pires fue sentenciado por varios hechos, incluyendo el relacionado con el caso de
las desapariciones y torturas de miembros de las guerrillas y líderes sociales de oposición
durante el conflicto. Fue sentenciado, en marzo de 2009, a prestar servicios a la comunidad y a
la obligación de acudir semanalmente a firmar un libro de asistencia en un juzgado. Se
considera que fue el militar que mayor información aportó, entre los pocos que lo hicieron,
para el trabajo de esclarecimiento realizado por la Comisión de la Verdad. Por riesgos a su
vida, la mayor parte del tiempo ha permanecido en su casa, que ha sido custodiada por policía
desde entonces.
47. Annika Bolt, esposa de Ricardo Bolt, presentó el recurso judicial establecido por la
legislación transicional para revisar la renuncia a la acción penal del ex presidente Ferreira y de
los oficiales y suboficiales mencionados por el General Pires ante la Comisión de la verdad
como determinadores de los hechos. Su caso fue estudiado por un tribunal transicional
especializado que aceptó la solicitud de Bolt el 20 de febrero de 2009. No obstante, el
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Caso Bolt y otros v. La República Cardenal
presidente Ferreira falleció de una afección pulmonar durante su procesamiento. En la misma
decisión, el tribunal no accedió a la solicitud de revocatoria de la renuncia de la acción penal de
los miembros de la fuerza pública por considerar que éstos no calificaban dentro de los
requisitos establecidos para la determinación de máximos responsables.
48. En el registro de víctimas fueron incluidos como sujetos beneficiarios de
reparación: los niños secuestrados, las familias de los niños asesinados, así como las familias de
Lucrecia Rossi, Ricardo Bolt y Paulo Mukundi. El colegio fue considerado por la política de
reparaciones colectivas como un emblema de la intromisión de la guerra en la educación y la
infancia y se realizó un programa para impulsar la escuela como escenario de paz, convivencia
y reconciliación. Este programa es dirigido por la madre de uno de los niños secuestrados. En
el año 2013 el programa fue galardonado con el Premio Iberoamericano de Paz.
49. Conforme a las tablas de indemnización fijadas por la Ley de Reparaciones, a cada
una de las familias de los niños asesinados se otorgó una indemnización de USD 20.000, como
pago único. Las familias también fueron invitadas a participar del programa de atención
psicosocial, pero rechazaron el ofrecimiento pues manifestaron que tantos años después de
ocurridos los hechos, ya habían recibido atención especializada que habían pagado con sus
propios recursos. Solicitaron en cambio que se les hiciera un reconocimiento económico por el
dinero que habían invertido en esta atención, pero su solicitud les fue negada por el Ministerio
de las Víctimas. Los niños secuestrados y sus familias fueron incluidos en el registro y se
otorgó una suma de USD 5.000 dólares por núcleo familiar como indemnización. La mayoría
de las familias recibieron este pago pero alegaron su inconformidad con el monto otorgado.
Tres familias decidieron no reclamar esta suma y manifestaron que se reservaban su derecho de
acudir a los tribunales para obtener la justa reparación a la que tenían derecho.
50. Emily Rossi y Maximiliano Rossi, hermana y padre de Lucrecia Rossi, solicitaron
su inclusión en el registro de víctimas, la cual fue aprobada y les fue otorgado un monto de
indemnización por USD 25.000 a cada uno. La indemnización fue tasada inicialmente en USD
20.000 para cada uno, pero se aumentó pues los dos beneficiarios decidieron acogerse a la
cláusula de transacción que permite la ley. De acuerdo con ella, una persona que recibe una
indemnización no renuncia a su derecho a continuar un juicio de responsabilidad patrimonial
por el valor que considere que no le cubre la indemnización administrativa. Pero si la víctima
así lo acuerda, podrá renunciar a este derecho de demandar al estado y obtendrá un porcentaje
mayor de reparación administrativa. No obstante, este monto adicional no se entrega en dinero
sino en cualquiera de las siguientes modalidades: crédito educativo condonable para adelantar
estudios universitarios; subsidio para compra de vivienda; subsidio para mejora de vivienda
rural; seguro médico complementario más allá de la afiliación ordinaria al sistema de salud.
51. Annika Bolt, como beneficiaria de la víctima Ricardo Bolt, recibió la suma de
USD 20,000, la cual decidió que le fuera pagada mediante cuotas mensuales a diez años.
Además fue incluida en los programas de rehabilitación, satisfacción y construcción de paz
como garantía de no repetición. Bolt había presentado una demanda contenciosa
administrativa contra el Estado en 2004. En el año 2007 el Consejo de Estado, que es el
órgano judicial encargado de analizar las demandas contra el Estado, falló en contra de las
pretensiones al no encontrar elementos probatorios suficientes para verificar la responsabilidad
del Estado. Para la fecha en que se emitió el fallo la Comisión de la Verdad no había iniciado
su trabajo y no se conocían detalles de lo ocurrido. En 2008, cuando se emitió el informe de la
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Caso Bolt y otros v. La República Cardenal
verdad, Bolt presentó un recurso de revisión de la sentencia, que fue fallado en junio de 2010.
En dicha sentencia se le adjudicó una indemnización complementaria a la ya recibida por vía
administrativa de USD 10,000 dólares. El Consejo de Estado tuvo en cuenta la información de
la Comisión de la Verdad, el pago de la indemnización administrativa y la situación fiscal del
país para tasar dicha indemnización.
52. Paulo Mukundi solicitó reparación administrativa, pero esta le fue negada. El
Ministerio para las Víctimas alegó que al haber hecho parte de los excombatientes que
recibieron medidas de reinserción similares a los beneficios de asistencia otorgadas a las
víctimas, no era elegible para una reparación adicional.
V. El trámite ante el Sistema Interamericano
53. Por los hechos relacionados con el denominado “Secuestro de los angelitos” el
sistema interamericano recibió varias peticiones. En diciembre de 2002, Annika Bolt presentó
ante la CIDH una denuncia alegando la responsabilidad del Estado Cardenal por la
desaparición de su esposo Ricardo Bolt y los ataques a la comunidad boneca. La denuncia fue
admitida por la CIDH en enero de 2008 mediante el informe 14/98, frente a las presuntas
violaciones a los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana, en relación todos
con el artículo 1,1 del mismo estatuto. La denuncia alegó que los hechos no habían sido
correctamente procesados por no haber seleccionado a todos los oficiales que hicieron parte
de los crímenes, que las penas que habían recibido los investigados habían sido mínimas y que
la reparación no había sido la adecuada.
54. En mayo de 2009, Lupita López presentó una denuncia por la impunidad de la
muerte de su hijo Aníbal López y por la falta de reparación por los hechos. La denuncia alegó
que la Ley de Responsabilización, Cierre y Reconciliación, aplicada al caso de su hijo, terminó
por liberar sin castigo a la única persona que había sido condenada por los hechos y creó un
juicio simulado para garantizar la impunidad de quien planeó los hechos. Además, alegó que no
había recibido una reparación integral por los hechos conforme a los estándares establecidos
por el SIDH para casos similares.
55. Un mes después, Emily y Maximiliano Rossi presentaron una denuncia contra el
Estado Cardenal por su responsabilidad por la muerte de Lucrecia Rossi y la falta de
investigación, sanción, castigo y reparación de los hechos. La petición alegó que pese a la
condena de Guadamuz, ni los autores materiales de los hechos, ni el determinador de los
mismos (el ex presidente Ferreira) habían respondido por los hechos. Además alegaron que la
reparación que habían obtenido no satisfacía los estándares del sistema interamericano,
especialmente al otorgar como reparación medidas de política social a cargo del Estado.
56. El Estado Cardenal contestó a estas peticiones en agosto de 2009 oponiéndose a
las mismas tanto con argumentos de admisibilidad como de fondo. Particularmente, el Estado
se concentró en explicar el marco de justicia transicional y su compromiso con el
cumplimiento de estándares internacionales, pero atendiendo a la magnitud de las tareas del
Estado. El Estado señaló que este marco había sido reconocido como legítimo por la sociedad
Cardenal, por la comunidad internacional que había respaldado el proceso, e incluso por la
Corte Penal Internacional. En efecto, desde 2004 la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal
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Caso Bolt y otros v. La República Cardenal
había tenido bajo estudio el caso Cardenal. En 2008, tras la firma de los acuerdos la Fiscal fue
consultada sobre la posibilidad de presentar casos respecto del país y avalando el proceso, la
fiscal respondió que si se cumplían con los acuerdos, la posición de su oficina sería no llevar
los casos o aplicar la cláusula sobre interés de la justicia. El Estado resaltó que la estrategia de
justicia integral y holística había producido el mayor grado de verdad, justicia y reparación que
había sido alcanzada en la historia del país y en circunstancias difíciles. Y que además la
ciudadanía, en el referendo, había ampliamente apoyado estas fórmulas de justicia transicional.
Argumentó que cualquier decisión del sistema interamericano debía evaluar el esquema de
transición de manera global y poner los casos en su contexto general.
57. La CIDH decidió priorizar una serie de casos al respecto. Para ello, la CIDH
adoptó el informe de admisibilidad 05/12 de febrero de 2012 en el cual admitió de manera
conjunta las denuncias presentadas por Lupita López y Emily y Maximiliano Rossi. Una vez
admitidas, decidió acumular estas peticiones con el caso de Ricardo Bolt que se encontraba en
etapa de fondo desde el informe 14/98. Tanto peticionarios como Estado reiteraron sus
posiciones en sus alegatos sobre el fondo del asunto. En enero de 2013, la CIDH emitió un
informe de fondo conjunto en donde declaró la responsabilidad del Estado cardenal por la
violación a los derechos consagrados en los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 24 y 25 de la Convención
Americana, en relación todos con los artículos 1,1 y 2, en perjuicio de Ricardo Bolt; los
derechos consagrados en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación todos
con los artículos 1,1 y 2, en perjuicio de Aníbal y Lupita López, y los mismos artículos en
perjuicio de Emily y Maximiliano Rossi.
58. El Estado manifestó su absoluto desacuerdo con el contenido del informe y
presentó, en febrero de 2013, una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. En la presentación de su demanda, el Estado adujo que la decisión de la Comisión
ponía en riesgo la paz y estabilidad democrática, pues la noticia de que se iba a modificar el
régimen de transición adoptado había sido tomada tanto por sectores militares como por
facciones de la guerrilla desmovilizada como una traición al proceso de paz. El gobierno
manifestó tener información de inteligencia tanto de un plan de golpe militar como acciones de
rearme por parte de grupos de desmovilizados.
59. Las partes se preparan entonces para presentar sus alegatos finales en la audiencia
final que será celebrada ante la Corte IDH.
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