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dos etapas estelares de la comisión europea y algún

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dos etapas estelares de la comisión europea y algún
Antonio Alonso*
DOS ETAPAS ESTELARES
DE LA COMISIÓN EUROPEA
Y ALGÚN ENTREACTO
La Comisión de la CEE se puso en marcha en enero de 1958, al entrar en vigor los
Tratados de Roma. Años más tarde, en 1967, la Comisión de la CEE pasó a ser el
órgano ejecutivo de las tres Comunidades. Esos años iniciales de las Comunidades
Europeas, nacidas con la voluntad de asegurar la paz en Europa Occidental,
persiguiendo al mismo tiempo un interés común en lo económico y rescatando a
Alemania de la difícil situación en la que se hallaba tras la contienda, fueron muy
fecundos en todos los campos. España no pudo participar en esta etapa inicial, ya que
hasta 1970 no firmaría el acuerdo con la CEE. En este artículo se repasan algunas
etapas clave de la andadura comunitaria.
Palabras clave: integración europea, instituciones comunitarias, Tratado de Roma, Tratado de Maastricht.
Clasificación JEL: F02.
1.
Introducción
He tenido la fortuna de vivir las dos etapas estelares
de la Comisión Europea. La primera desde fuera de la
Institución, pero en muy estrecho contacto con ella, durante la presidencia de Walter Hallstein, cuando negociamos el Acuerdo de 1970, y más tarde una segunda,
como director en los Servicios Lingüísticos, bajo la presidencia de Jacques Delors.
Centraré este escrito en esas dos épocas, aunque refiriéndome también, más brevemente, a otros dos períodos menos brillantes que siguieron a aquéllas y que
también me tocó vivir, desde fuera el uno y desde dentro
de la Comisión el otro. Sería desleal a ésta si a las mu-
* Ministro plenipotenciario. Ex Director en la Comisión Europea.
chas alabanzas no añadiera algunos sentidos lamentos
e inevitables críticas.
2.
Las presidencias fundacionales de Walter
Hallstein y Jean Rey
La Comisión de la CEE fue puesta en marcha en enero de 1958, al entrar en vigor los Tratados de Roma.
Estaba dirigida por un tándem sensacional, formado por
Walter Hallstein como presidente y Émile Noël como secretario general. Hallstein había sido secretario de Estado de Relaciones Exteriores con Konrad Adenauer, y
Émile Noël procedía del equipo de Jean Monnet, el inspirador de la declaración de Robert Schuman de 1950
de la que todo arrancó. Ambos habían participado activamente en la negociación y redacción de los Tratados
de Roma.
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Años más tarde, al entrar en vigor el Tratado de fusión de los Ejecutivos, el 1 de enero de 1967, la Comisión de la CEE pasó a ser el órgano ejecutivo de las
tres Comunidades, con el nombre de Comisión de las
Comunidades Europeas, ahora Comisión Europea. En
aquella misma fecha, Jean Rey, hasta entonces comisario encargado de las Relaciones Exteriores, asumió
la Presidencia, que desempeñó brillantemente hasta
junio de 1970, siempre con Émile Noël como secretario
general. El despacho del presidente, hasta entonces
en el edificio de La Joyeuse Entrée, donde tuve el honor de visitar en dos ocasiones a Hallstein acompañando al embajador Ullastres, pasó al emblemático Berlaymont, que se inauguró entonces y que albergó la mayor parte de los servicios, entonces de muy discretas
dimensiones.
Fueron años fecundos aquellos iniciales de las Comunidades Europeas. Nacieron de una voluntad de asegurar la paz en Europa Occidental, persiguiendo al mismo
tiempo un interés común en lo económico y rescatando
a Alemania de la difícil situación en que se hallaba tras
la contienda. Ese mensaje de reconciliación y de prosperidad compartida prendió en la población de los Seis.
Durante los doce primeros años, que correspondieron a
las llamadas presidencias fundacionales, desde la de
Walter Hallstein hasta 1966 y la de Jean Rey desde entonces hasta 1970, los intercambios comerciales intracomunitarios se sextuplicaron y el PNB se incrementó
en un 70 por 100. La Comisión Europea aparecía como
la clave de bóveda del edificio.
España había perdido aquel tren, lo cual era inevitable por razones evidentes, pero es que además ni siquiera intentó encaramarse a los vagones de cola, pirueta que habría sido realizable si hubiéramos intentado
una asociación en los primeros momentos, como lo hicieron Grecia y Turquía, países con credenciales democráticas no del todo impecables. Solicitaron la asociación en 1959 y firmaron sus respectivos acuerdos en
1961 y 1962. El Gobierno español, en cambio, no lo hizo
hasta el 9 de febrero de 1962, un mes después de que
el Parlamento Europeo aprobara el Informe Birkelbach,
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a través de una carta de Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores.
Ese Informe iba orientado a evitar que se produjeran
asociaciones de otros países europeos que tuvieran regímenes no democráticos. Los acuerdos de asociación
se reservaban para los países que reunieran las condiciones para la adhesión pero que, no pudiendo asumir
las obligaciones económicas que ésta llevaba consigo,
necesitaran un período preparatorio para antes fortalecer su economía. Quedaba claro que, como entonces
se dijo, la asociación se había convertido en la «antesala de la adhesión».
La asociación quedó con ello vedada para España,
pero para los más lúcidos aparecía como evidente que,
siendo el nuestro un país europeo y por más que su régimen político les resultara inaceptable, era preciso tender un cable que facilitara algún día nuestra transición
hacia un sistema democrático. A ello se añadía el interés de los comunitarios por penetrar a fondo en el mercado español, muy apetitoso pero entonces fuertemente
protegido por toda clase de trabas a la importación. Sin
embargo, estoy convencido de que el impulso último
que les movía era mucho más noble. Quienes del lado
comunitario recogieron el reto eran hombres y mujeres
cuyo europeísmo, en buena parte, derivaba de una vivencia directa de dictaduras y de horribles conflictos armados entre pueblos con un destino que debía ser común, es decir en el fondo de auténticas guerras civiles.
Ello les hacía comprender más cabalmente que había
que ayudar a salir del atolladero político a los españoles, ya en fase de franca recuperación pero por el momento sólo en el plano económico y social.
Del lado comunitario contaban, al nivel de comisarios
y de directores generales responsables de las relaciones exteriores, con negociadores como Rey, Hörst o Sigrist, de gran estatura profesional y ética. Se apoyaban
en un puñado de excelentes funcionarios, para nosotros
eficaces interlocutores, que llegaban a la Comisión movidos más por un deseo de servir a Europa que por las
retribuciones que entonces recibían y que no pasaban
de ser dignas. Probablemente no llegaban a compen-
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sarles del alto coste que supone instalarse lejos del país
de origen, sobre todo en aquellos tiempos en que la
oferta de las comunicaciones aéreas era ínfima en comparación con lo que ahora conocemos.
Del lado español, el único funcionario dedicado exclusivamente al tema comunitario era José Luis Cerón, entonces consejero de Embajada, inicialmente solo y
quien, desde junio de 1965, contó con la magra ayuda
de tres alumnos de la Escuela Diplomática, Camilo Barcia, Pablo Benavides y yo. Por la mañana trabajábamos
con él, o más bien nos beneficiábamos de su fecundo
magisterio, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y, por
la tarde, seguíamos asistiendo a los cursos de la Escuela. Hasta junio de 1966 no nos nombraron secretarios
de Embajada.
Aquel núcleo inicial empezó a encontrar poco después su lugar bajo el sol con el nombramiento de Don
Alberto Ullastres como embajador de España ante las
Comunidades Europeas. Llegó a Bruselas en septiembre de 1965, rodeado de un aura de enorme prestigio.
Ullastres había sido ministro de Comercio desde febrero
de 1957, cuando accedieron al Gobierno varios prestigiosos economistas, entonces llamados «tecnócratas»,
con Mariano Navarro Rubio a la cabeza. Ullastres fue el
hombre que desde Comercio inició la apertura de la
economía española hacia el exterior, siempre con la mirada puesta en Europa. Él desde la embajada y Cerón
desde Madrid constituyeron un sensacional tándem,
comparable al de Hallstein y Noël. Fue para mí una inmensa suerte iniciar mi andadura profesional a las órdenes de tan eminentes personalidades.
Los buenos toreros son los que saben mirarle la cara
al toro, como los buenos olivicultores son los que saben
mirar una oliva. Los buenos negociadores, como los que
en aquella ocasión había de uno y otro lado de la mesa,
saben contemplarse, comprenderse y consensuar los
terrenos. Todos negociamos defendiendo a capa y a espada nuestros intereses económicos respectivos, pero
la clave del éxito radicó en que lo hicimos orientados por
una muy fina sensibilidad, sin jamás aludir al contenido
político de aquella negociación, que sólo aparecía en
leve filigrana, imperceptible para los no muy avisados.
Jamás traslucimos hacia el exterior cuáles eran los últimos objetivos que perseguíamos. Como alguna vez dijo
Don Alberto Ullastres: «¡No necesitamos que nos vitoreen!».
La delegación negociadora que teníamos frente a nosotros era un ente trabadísimo, fruto de la confianza que
existía entre la Comisión, que era la que negociaba, y
los Estados miembros, que le confiaban esa responsabilidad sobre la base de detallados mandatos de negociación, a su vez elaborados a propuesta de la propia
Comisión. Eran los años de gloria del sabio y delicadísimo diálogo Comisión-Consejo, tan bien descrito por
Émile Noël en Les rouages de l’Éurope. A través de ese
diálogo se dosificaban las dos grandes líneas de fuerza,
esto es la supranacional tendente hacia el federalismo,
que encarnaba la Comisión, y la de los partidarios, en
diferentes grados, de la Europa de los Estados, firmemente respaldada por el general De Gaulle.
Los españoles sabíamos que las posiciones de partida de la Comunidad, reflejo de difíciles equilibrios entre
los intereses de los Estados miembros, son luego difícilmente modificables a través de las sesiones de negociación. Por ello no tuvimos inconveniente en prolongar
todo lo necesario la fase preparatoria, a través de infinitas visitas a nuestros colegas en sus despachos del
Berlaymont, esto es negociando «en los pasillos», hasta
conseguir un segundo mandato que fue transmitido por
el Consejo a la Comisión en octubre de 1969 y que permitió entrar en la recta final con el acuerdo prácticamente hecho.
Yo trataba de hacer comprender esa situación con
una broma, en el fondo una metáfora bastante seria,
que hizo fortuna. Imaginaba a la Comunidad como un
elefante firmemente anclado sobre sus cuatro patazas,
que parecía inamovible pero que, una vez que se le convencía para que adelantara una de ellas, iniciaba una
marcha imparable. Lo importante era no sólo ponerlo en
marcha, sino conseguir que lo hiciera en la buena dirección. Una distinguida colega comunitaria, tras oírme, incorporó al florilegio entonces vigente, como mía, la frase
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«la Communauté, Madame, est un éléphant politique
énorme», que mi buen amigo Fernando Mansito se
complace en recordar.
El nudo de la negociación para nosotros estaba, más
que en las concesiones comerciales recíprocas, que debían ser adecuadamente asimétricas, en lograr que se
insertara en el acuerdo un mecanismo que le permitiera
evolucionar hacia la adhesión, cuando las circunstancias políticas lo permitieran.
Puesto en marcha el elefante en la buena dirección, a
base de pasarle la mano por el lomo porque con empujones nada se habría logrado, se logró urdir un acuerdo,
que alguien llamó «telescópico», en dos etapas pero sin
definir su contenido sino para la primera, que duraría al
menos seis años. De esa etapa se pasaría a la segunda, según disponía su artículo 1, «por común acuerdo
entre las Partes, en la medida en que se reúnan las condiciones». Es fácil imaginar cuáles eran esas condiciones, de las que nada se decía. Tampoco se fijaban las
obligaciones en cuanto a desarmes comerciales durante la segunda etapa, pero lo que sí se precisaba era que
debía conducir a «la supresión de los obstáculos con
respecto a lo esencial de los intercambios entre España
y la Comunidad Económica Europea», es decir a la adhesión o, como mínimo, a la constitución de una zona
de librecambio. Recogí la historia de esas negociaciones y de las que luego siguieron, hasta la adhesión, en
mi libro España en el Mercado Común. Del Acuerdo del
70 a la Comunidad de Doce.
El acuerdo entre España y la CEE fue firmado el 29
de junio de 1970 en Luxemburgo, por tres eminentes
políticos, Pierre Harmel como presidente del Consejo,
Jean Rey como presidente de la Comisión y, por parte
de España, Gregorio López Bravo, entonces ministro de
Asuntos Exteriores. Hasta poco antes había desempeñado la cartera de Industria, puesto desde el que había
hecho posible la negociación al convencer de la necesidad de empezar a liberalizar el mercado español a los
no pocos que, desde el Gobierno y desde el mundo empresarial, se cerraban en banda ante tal perspectiva.
Junto a López Bravo integraron la delegación española,
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además de Alberto Ullastres y de José Luis Cerón, altos
funcionarios de diversos departamentos ministeriales
que habían intervenido decisivamente en la negociación, como Félix Pareja por Comercio, Jaime Nosti por
Agricultura y José Lladó por Industria. Además de varios
diplomáticos, entre otros Enrique Domínguez Passier,
segundo de a bordo de la misión ante las Comunidades
Europeas y «preceptor» de algún joven compañero
suyo entonces también destinado en ella.
Las preferencias comerciales que las partes se otorgaron entre sí eran asimétricas, esto es, mucho más
amplias las de la Comunidad en favor de productos españoles que las de España para mercancías comunitarias. Ello era perfectamente lógico, teniendo en cuenta
la diferencia de potencial económico. Pero quizá los comunitarios habían infravalorado las posibilidades de la
industria española. Consideraban a España como un
país con un gran potencial agrícola pero en el plano industrial lo identificaban como un apetitoso mercado más
que como un posible competidor. Como es lógico, nosotros no hicimos nada por rectificar esa imagen, más bien
de cartel turístico.
Las reducciones arancelarias españolas, además de
bastante limitadas, estaban moduladas por grupos de
productos, lo que nos permitió conseguir que las de mayor entidad se refirieran a bienes de equipo y productos
intermedios, que la industria española necesitaba recibir
a costes internacionales para que sus productos finales
fueran realmente competitivos. Tampoco conviene olvidar que nuestro sistema de fiscalidad indirecta en cascada defendía aún más eficazmente nuestro mercado
que los contingentes a la importación y los derechos de
aduana, por más que algunos de éstos fueran muy elevados. Habíamos conseguido evitar cualquier compromiso de implantar el IVA.
Todas esas circunstancias, y sobre todo la formidable
reacción de la industria española ante la apertura del
mercado de los Seis, dieron lugar a que el acuerdo de
1970 corriera peligro de ser víctima de su propio éxito.
Todo ello explica que la Comisión, empujada por los
Estados miembros, no sólo empezara pronto a lamentar
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un supuesto desequilibrio del mismo sino incluso a sondear la posibilidad de negociar de nuevo para reequilibrarlo.
En realidad, el acuerdo en lo comercial fue muy beneficioso para ambas partes. Si no lo hubiera sido no se habría mantenido en vigor, durante más de quince años y a
través de infinitos avatares, hasta la entrada en vigor del
Tratado de Adhesión. Aprendimos gracias a él a convivir
con un mundo que era el nuestro pero que hasta entonces había aparecido como muy lejano, abrió la economía
española hacia el exterior y dio lugar a un formidable incremento de los intercambios comerciales entre la Comunidad y España. Esa expansión comercial se debió a
que nuestra cobertura exportación/importación frente a la
Comunidad, entonces sólo del 45 por 100, empezó a mejorar hasta equilibrar la balanza comercial. Ello hizo posible que, al mismo ritmo, fueran expandiéndose los intercambios sin que nuestra divisa se hundiera.
Pero desde algunos sectores de la Comunidad no parecían ver otra cosa que la creciente presencia de productos españoles en su mercado y esa percepción se
hizo más intensa con la adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. La adhesión de los tres nuevos Estados miembros tuvo lugar el 1 de enero de 1973, fecha
en la que además entraron en vigor los acuerdos de
zona de librecambio con los demás países de la EFTA.
Quedaban fuera de esa constelación los países que clasificaban como mediterráneos, especie de cajón de sastre en el que situaron a España, Israel y los tres del Magreb. En junio de aquel mismo año, el Consejo aprobó
mandatos para negociar nuevos acuerdos con todos
ellos.
Se abrió así un trienio, el de 1973-1975, difícil para
nosotros. La Comunidad había optado para España
por la fórmula que menos nos convenía, pues la creación de una zona de librecambio habría significado
pura y simplemente abrir nuestro mercado a la competencia de poderosísimas industrias, sin apenas
compensaciones para la agricultura. Porque para los
productos agrícolas, que pesaban aún mucho en
nuestro comercio exterior, no se podrían obtener sino
concesiones comerciales limitadas. Instaurar la libre
circulación para ellos sólo era posible aplicando la Política Ágrícola Común, es decir accediendo España a
la condición de Estado miembro. Y desde luego nuestra situación política no era como para pensar que se
fueran a «reunir las condiciones» a que aludía, sin especificarlas, el artículo 1 del acuerdo de 1970 y que
habrían permitido pasar, «por común acuerdo entre
las Partes», a una segunda etapa conducente a la adhesión.
Por otra parte, los interlocutores ya no eran los mismos. En la Comisión Europea, institución con la que habíamos dialogado más eficazmente, se había procedido, en los dos años y medio que siguieron a la presidencia de Jean Rey, a nombrar otros tres sucesivos
presidentes, dando hacia el exterior una impresión de
provisionalidad en la cúpula que en nada podía favorecerla. Menos aún en momentos en que la ampliación
hacia países de la EFTA iba a reforzar, inevitablemente,
la tendencia siempre presente hacia lo intergubernamental. Además, con ello entraba en la Comunidad un
gran país que, no habiendo conocido dictadura alguna
desde tiempos de Cronwell, difícilmente podía sentir, al
contrario que algunos de los Estados miembros fundadores, el sentimiento de solidaridad hacia la población
española que siempre creí percibir en muchos de los
que negociaron con nosotros desde la Comunidad de
Seis. Ahora, en el plano político, dos y dos eran cuatro,
aún en mayor medida que antes.
Y a ello no dejaba de contribuir la evolución de la política interna española. La tensión que se apreciaba en el
interior de España ante la ausencia de síntomas de
apertura, agudizada por factores como el Proceso 1001,
llegó al paroxismo con el asesinato el 20 de diciembre
de 1973 del presidente del Gobierno, almirante Carrero
Blanco. Le sucedió Carlos Arias Navarro, que fue visto
desde Europa como alguien atrincherado en un búnker,
lo cual en nada nos favorecía a quienes actuábamos en
Bruselas. A ello se añadió la circunstancia de que Laureano López Rodó fue reemplazado en Asuntos Exteriores por Pedro Cortina, prestigioso profesional de la di-
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plomacia, pero con el que el embajador Ullastres ya no
tenía el hilo directo que tanto nos había ayudado, desde
la época de López Bravo.
En ese poco deseable contexto se iniciaron las negociaciones orientadas hacia la constitución de una zona
de librecambio. La posición de partida de los comunitarios quedó plasmada en un primer mandato, aprobado
por el Consejo en junio de 1973. Fue muy mal acogido
en España, como era lógico, pues proponía un desarme
industrial total entre las partes, complementado sólo con
concesiones para nuestras naranjas y algún otro producto agrícola. Es decir, que se nos quería hacer pagar
lo que para nosotros aparecía como lo esencial del precio de una adhesión, esto es la eliminación de barreras
frente a los envíos de productos industriales a cambio
de prácticamente nada. El único elemento de flexibilización que avanzaban, sumamente vaporoso, eran unos
«reexámenes» de los que hablaba el mandato, pronto
bautizados en la jerga comunitaria como rendez-vous.
Con ocasión de ellos, en determinados momentos del
proceso de desarme industrial, que en ningún caso se
interrumpiría, podríamos intentar convencer a la Comunidad de que incrementara sus concesiones para nuestras exportaciones agrícolas.
Desde la misión en Bruselas, como de costumbre, habíamos trabajado a fondo a nuestros interlocutores de la
Comisión, logrando sustanciales mejoras en sus propuestas al Consejo acerca del futuro mandato. Pero, en
esta ocasión, el resultado de esa especie de prenegociación apenas se reflejó en el mandato. El problema
fue que el Consejo se mostró tan poco permeable ante
los argumentos de la Comisión como las «capitales»,
esto es los Gobiernos de los Estados miembros, hacia
las gestiones de nuestros embajadores.
Al mes siguiente se celebró una primera sesión de negociación en la que no se avanzó nada, en vista de lo
cual la Comisión se esforzó en obtener un segundo
mandato más flexible. Pero el contenido de éste, aprobado por el Consejo en junio de 1974, apenas ofrecía diferencias apreciables respecto del anterior. Algunos
pensábamos que la única posibilidad de salir mediana-
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mente bien de aquel atolladero era la de explotar alg
máximo las posibilidades que podían ofrecer los rendez-vous. Éstas desde luego se multiplicarían si, cuando esos rendez-vous tuvieran lugar, la política española
hubiera entrado en una nueva etapa o, lo que cada vez
parecía menos imaginable, si los que trabajaban desde
dentro del Régimen de Franco para hacerlo evolucionar
hubieran conseguido que empezara a apuntar alguna
apertura sustancial.
Pero lo más curioso es que, en los momentos en que
Franco se encontraba más débil, tras estallar en abril la
revolución de los claveles en Portugal y tras su grave
enfermedad del verano de 1974, el Gobierno evolucionaba hacia posiciones cada vez más intransigentes.
Cundió al parecer el ejemplo en la Administración y así
empezó a abrirse paso una corriente de opinión en el
sentido de que había que convertir los «reexámenes»,
en «cerrojos», término ya de por sí significativo. Se pretendía que los pudiéramos utilizar para interrumpir unilateralmente el desarme industrial, que constituye la
esencia de toda zona de librecambio, si no nos daban
satisfacción en cuanto a las concesiones agrícolas.
Todo ello explica que en la sesión de negociación celebrada el 20 y 21 de noviembre de 1974 el embajador
Ullastres se viera obligado a leer una declaración, que le
había llegado de Madrid, en la que sin paños calientes
de ninguna clase se anunciaba que nos reservábamos
la posibilidad de interrumpir el desarme si, en los «reexámenes», no se nos otorgaban concesiones agrícolas
que estimáramos adecuadas. En medio de un ambiente
de enorme tensión, muy bien descrito por Raimundo
Bassols en su libro España en Europa, la delegación comunitaria rechazó pura y simplemente nuestra posición
y advirtió que no negociaría en lo sucesivo sino a partir
de su propio mandato. No hubo ni comunicado final.
Pero, tras sólo dos meses como de luto riguroso, Roland De Kergorlay, personaje de gran talla profesional y
humana, asumió el riesgo de lanzarse con Ullastres a
una negociación underground, inicialmente no sólo confidencial sino estrictamente secreta, para intentar recomponer los platos rotos. Se esforzaron en evitar que la
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transición política se abriera en España en un ambiente
de tensión con la Comunidad. Y, desde luego, su intención era la de no reanudar las negociaciones sino cuando
ya se hubiera perfilado para ellas un happy end. Con vistas a ello trataron de hallar un equilibrio entre concesiones industriales y agrícolas aceptable para ambas partes, a base de explotar hábilmente el factor de flexibilidad
que podían aportar los rendez-vous, para hacer avanzar
el proceso. Éste tendría en filigrana como punto de llegada, al igual que el acuerdo de 1970, la adhesión.
Cuando, meses más tarde, esas conversaciones ya
eran del dominio público e incluso los dos interlocutores
habían logrado «vender» a sus autoridades respectivas,
bien que mal, el paquete que habían pergeñado, los fusilamientos de septiembre de 1975 dieron al traste con
todo ello. La Comisión Europea se creyó obligada a proponer al Consejo la suspensión de las negociaciones
con España aunque el Consejo, menos riguroso, se limitó a constatar que, por el momento, no podían reanudarlas. Probablemente era lo mejor que entonces nos podía ocurrir, pues si al sobrevenir el fin del Régimen de
Franco, que cada vez se adivinaba como más próximo,
hubiéramos tenido en vigor un acuerdo de zona de librecambio con la Comunidad ya no habríamos contado,
para unas negociaciones de adhesión, con la baza importantísima del desarme industrial.
3.
La Comisión Europea vista desde Madrid
En octubre de 1975 fui destinado al Ministerio de
Asuntos Exteriores, donde me asignaron temas que no
me interesaban gran cosa. Quizá no tuve demasiada
paciencia, pero tras diez años de apasionante actividad
en los temas comunitarios, primero en Exteriores y luego en la misión ante las Comunidades, siempre en el ojo
del ciclón, pensé que debía evitar cualquier peligro de
aletargarme. Decidí seguir dedicándome a la integración europea, como finalmente lo he hecho durante toda
mi vida profesional, pero ahora desde la profesión liberal. Así pasé, de la mano de Ignacio Aguirre, al bufete de
Pío Cabanillas, donde monté un gabinete de estudios
sobre integración europea, dedicado al asesoramiento
de empresas privadas y de entidades públicas. Tuve la
satisfacción de aportar a aquel peculiar bufete, plataforma de intensísima actividad política, una dimensión comunitaria muy apreciada por Pío Cabanillas, de quien
yo decía en broma que era el cliente al que dedicaba
más tiempo.
Mi segundo vínculo con los temas comunitarios, durante esa época, nació de nuevo de una conexión con Don
Alberto Ullastres, ya de regreso de Bruselas, a quien propuse lanzarnos a formar especialistas en integración europea. Acogió muy favorablemente la idea y así creamos
unos «Cursos sobre las Comunidades Europeas», para
posgraduados, que él presidió durante muchos años y de
los que yo fui, durante bastante tiempo, profesor y secretario general. Se celebraron, desde septiembre de 1977,
en el edificio de la Escuela Diplomática y allí se especializaron, entre otros destacados profesionales, muchos y
muchas de los que accedieron a la función pública comunitaria. Impartían clase en esos cursos profesores de
Universidad, altos funcionarios españoles que habían negociado de cerca o de lejos con las Comunidades y también funcionarios de la Comisión que Émile Noël, muy
amigo de Alberto Ullastres, se complacía en enviarnos en
comisión de servicio, y con los que manteníamos interminables conversaciones. Los cursos constituyeron una auténtica plataforma de encuentro entre europeístas de las
más variadas procedencias.
Mientras tanto, se convirtió en cliente de mi gabinete
de estudios la CEOE, que entonces estaban poniendo
en marcha Carlos Ferrer Salat como presidente y José
María Cuevas en tanto que secretario general, otro tándem memorable. Quien me puso en contacto con ellos
fue José Luis Cerón, después presidente de su comisión de Economía durante largos años y, en aquellos
primeros momentos, uno de los más sólidos puntales de
la naciente organización empresarial.
Los empresarios durante decenios integrados por imperativo legal en los sindicatos verticales, al desaparecer éstos quedaron sin plataforma alguna desde la que
los representaran y defendieran sus intereses. Lo único
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que había subsistido, aparte de las Cámaras Oficiales
de Comercio, era Fomento del Trabajo Nacional, la secular patronal catalana, cuyo presidente, Carlos Ferrer,
pasó a serlo de la CEOE.
Carlos Ferrer logró convencerme de que cerrara mi
gabinete para incorporarme a una Oficina de Relaciones con las Comunidades Europeas que iban a crear en
la CEOE. No hubo forma de persuadirle de que podría
continuar prestándoles mis servicios desde mi posición
de profesional liberal y finalmente acepté su propuesta,
por más que había sólidas razones que me podrían haber inclinado a no cerrar mi gabinete. Nunca lamenté
aquella decisión.
De momento, la Oficina de Relaciones con las Comunidades Europeas, creada en enero de 1980, sólo contó
conmigo como director y con una secretaria de muy alto
coturno profesional, Marta Paredes, que desde hacía ya
varios años trabajaba conmigo. Nos instalamos en un
piso de la prolongación de la Castellana, entonces diminuta sede de la CEOE, donde junto al presidente y al secretario general trabajábamos, codo a codo, un puñado
de profesionales.
Teníamos claro que había que reconstituir el tejido
de instituciones con el que toda sociedad debe contar,
como puentes entre el individuo y las entidades oficiales. El nuevo Gobierno democrático necesitaba contar
con interlocutores y nosotros aspirábamos a ser uno de
ellos, y no de los menores, hablando en nombre del
mundo empresarial. También necesitaban un interlocutor empresarial los sindicatos, sobre todo UGT, que estaba reorganizándose. Conviene recordar que, desaparecidos los sindicatos verticales, los empresarios no
tenían al otro lado de la mesa otro sindicato que Comisiones Obreras, constituido en la clandestinidad.
Uno de los temas clave para la CEOE era el de la deseada integración en las Comunidades Europeas, que
veíamos como un esfuerzo colectivo de todos los españoles. Nos proponíamos aportar la creatividad y la sensibilidad de los empresarios, defendiendo al mismo
tiempo sus intereses, que correctamente interpretados
no podían sino coincidir con el interés general.
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Nuestra demanda de adhesión a las Comunidades fue
presentada en julio de 1977, un mes después de celebrarse las primeras elecciones legislativas. En abril de
1978 se dio un primer paso adelante desde Bruselas, con
la transmisión por la Comisión al Consejo de un amplio
dossier, que se dio en llamar el «fresco» y que abordaba
el conjunto de los problemas que planteaba la futura adhesión de los tres países mediterráneos candidatos,
España, Portugal y Grecia. Comprendían que no se trataba simplemente de incorporarnos a un gran mercado,
como había ocurrido con los países de la primera ampliación, puesto que ahora los candidatos eran países con
economías muy diferentes de las de los Estados miembros. Se debía llevar a cabo adoptando, por otra parte,
todas las precauciones precisas, para evitar que la ampliación hacia el Sur quebrara la evolución ya iniciada,
penosamente, por la Comunidad hacia la unión económica y monetaria. Se ponía de relieve, con particular énfasis, una preocupación por el coste financiero de la ampliación y se subrayaba la necesidad de reestructurar la
política agrícola, sobre todo en lo concerniente a los productos mediterráneos. En definitiva, se planteaban las
que luego serían las cuestiones clave de las futuras negociaciones de adhesión, al menos de la de España, que
era el país candidato que realmente les preocupaba.
Del lado español no se intentó explotar pacientemente, en contacto con la Comisión, todas las posibilidades
que el «fresco» ofrecía, sino que al parecer se consideró como objetivo prioritario que la Comisión lo transformara cuanto antes en un dictamen que enviara al Consejo, para que éste diese luz verde a las negociaciones
de adhesión. La Comisión lo hizo en el mes de noviembre de aquel año, pero desgraciadamente el dictamen,
exigente y rígido, tuvo poco que ver con el espíritu abierto e imaginativo del «fresco». Se sugería, entre otras cosas, que el desarme arancelario se realizara «en los plazos más cortos posibles» y que se aplicaran a nuestros
envíos de productos mediterráneos mecanismos destinados a evitar que pudieran originar perturbaciones en
el mercado comunitario. El IVA debía ser implantado, a
más tardar, desde el momento de la adhesión.
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No hubo prácticamente ninguna reacción al «fresco»
y pocas al dictamen, aparte de la que hizo pública la
CEOE, alarmada ante lo que se sugería en aquél acerca
del período transitorio. La CEOE lanzó, además, a través de sus organizaciones miembros una amplia encuesta, publicando luego sus resultados, muy críticos y
mayoritariamente a favor de un período de transición de
diez años tanto para la industria como para la agricultura. Lo más sorprendente es que entonces casi nadie intuyera que lo que en el «fresco» se proponía era la única vía para una adhesión posible.
La sesión de apertura formal de las negociaciones
para la adhesión tuvo lugar el 5 de febrero de 1979. En
el curso de ella, el Presidente de la delegación comunitaria, François Poncet, ministro de Asuntos Exteriores
de Francia, propuso que se iniciaran con la elaboración
en común de una vue d’ensemble, o visión de conjunto
de las dificultades que nuestra adhesión pudiera plantear a cada una de las partes. Se trataba en realidad de
unas conversaciones exploratorias entre las delegaciones, que se prolongaron hasta fines de 1981, es decir a
lo largo de casi tres años.
Fue la época en que Leopoldo Calvo Sotelo soportó la
ingrata carga de esa negociación, primero personalmente como ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, luego desde la Vicepresidencia del
Gobierno de Asuntos Económicos y, tras el intento de
golpe de Estado, como presidente del Gobierno. Ha explicado, de palabra y por escrito, siempre con su admirable lucidez, lo que fue esa penosa travesía del desierto. Para los comunitarios, aun siendo un tema de gran
trascendencia política, una vez que habíamos accedido
a la democracia se había transformado en un asunto
esencialmente económico, por no decir mercantil, de los
que se tratan contando habas.
Es cierto que el tema de la adhesión quedó planteado en un momento incómodo. La crisis del petróleo,
cuya causa incidental había sido la Guerra del Yom
Kippur de octubre de 1973, había causado estragos en
una Comunidad que se reveló incapaz de dar una respuesta colectiva. A la complicada coyuntura económi-
ca se sumaban las dificultades derivadas del gran contencioso planteado por el Reino Unido, cuando en
1974 los laboristas llegaron al poder, decididos a reducir la aportación de su país al presupuesto comunitario.
Esa etapa negra duró una década. Fueron años de
franco resurgimiento del impulso intergubernamental,
que difícilmente podía frenar la Comisión bajo las presidencias escasamente carismáticas de Ortoli, Jenkins
y Thorn. Sólo a mediados de los años ochenta empezó
a recuperar la economía comunitaria su pulso, en gran
medida gracias a la bajada de los precios del petróleo y
a la reducción de la dependencia energética del exterior. Por fin, en el Consejo Europeo de Fontainebleau
de junio de 1984 se logró resolver el contencioso presupuestario con el Reino Unido. Únicamente entonces
se entró en la fase final de las negociaciones para la
adhesión de España.
El arranque de aquel largísimo proceso, iniciado en
1977 con nuestra demanda de adhesión, no podía haber sido más kafkiano. Cuenta Calvo Sotelo, en su prólogo al libro España en Europa de Raimundo Bassols,
que la primera batalla que hubieron de ganar fue la de
evitar la renegociación del acuerdo de 1970, que según
él la Comunidad y principalmente Francia exigían de
España «como condición previa para el comienzo de las
negociaciones de adhesión». Lo lograron y añade la reflexión de que «así nos fue posible utilizar la ventaja que
nos daba el acuerdo en el ámbito industrial como espuela para pinchar la pereza negociadora de la Comunidad
en el ámbito agrícola».
La vue d’ensemble, que avanzaba a paso de plantígrado, quedó prácticamente congelada a causa de lo
que los españoles calificaron de «giscardazo». Ocurrió
que, con la esperanza de conseguir algunos votos más
en las elecciones presidenciales previstas para el año
siguiente, Giscard d’Estaing se lanzó a advertir, ante un
auditorio de agricultores, que no se podía negociar la
adhesión de España mientras no se redefiniera lo que
había de ser la estructura financiera de la Comunidad y
su política agrícola. Y además, había que entender,
mientras los productos agrícolas mediterráneos de
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Francia no quedaran protegidos frente a los envíos desde España.
En medio de aquel parón y buscando reavivar el interés de los españoles por un tema que empezaba a desalentar hasta a los más entusiastas europeístas, la
CEOE lanzó su Libro Blanco, así llamado quizá por el
color de la portada, pero que en realidad se titulaba La
empresa española ante la adhesión al Mercado Común.
Se publicó en dos volúmenes, de los cuales el primero,
que fue el que apareció en enero de 1981, comenzaba
con una parte que era la esencial y que llevaba, a su
vez, un título muy acorde con el objetivo que se perseguía: Planteamientos de base para una adhesión
posible.
Fue muy bien recibido por los españoles, que encontraron allí algo que respondía a sus justificadas inquietudes, pero también entre los comunitarios. En la primera
sesión de negociación a nivel ministerial que se celebró
tras la aparición del Libro Blanco, en marzo de 1981, la
delegación comunitaria destacó en su declaración «los
esfuerzos desplegados por los dirigentes españoles y
por los medios profesionales para integrar armónicamente la economía y las estructuras sociales españolas
en la Comunidad».
Se partía de la idea de que se trataba de una integración entre dos economías muy diferentes. No bastaba
con extender hasta España los límites del ámbito por
donde circulaban, sin barreras, mercancías y factores
de producción. Había que hacerlo no sólo a lo largo de
un período transitorio amplio y equilibrado, sino además
acompañando la supresión de obstáculos de una serie
de acciones, basadas en las políticas comunes, que
neutralizasen los efectos negativos iniciales del librecambio sobre la economía española. Se leía en el Libro
Blanco que, a diferencia de lo que ocurrió al producirse
la primera ampliación, «en esta ocasión se dan unas circunstancias nuevas, derivadas del actual contexto económico mundial y de las peculiaridades de la economía
española, que exigen un esfuerzo de imaginación capaz
de hacer un ensamblaje cuidadoso, pausado y suave de
dicha economía en la comunitaria».
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Más concretamente, se pedía un calendario de desarme industrial de diez años, lineal y con rebajas arancelarias iguales a lo largo de todo él. Y un período transitorio para la agricultura de la misma duración y concebido
de tal forma que pudiera compensar, al menos parcialmente, los sacrificios que España tendría que realizar
en lo industrial. En cuanto al IVA, debería ser implantado ya bien avanzado el período de transición.
Uno de los objetivos que la CEOE buscaba con su Libro Blanco era el de ayudar a recuperar el capital de
imaginación y de flexibilidad que había en el «fresco».
Así lo comprendió uno de los diplomáticos destinados
en el Palacio de la Trinidad, Carlos Westendorp, que
hizo el comentario, certero pero hiperbólico, de que lo
que el empresariado estaba pidiendo era «una nueva
conferencia de Messina».
Cuando en el primer semestre de 1982 Bélgica asumió la presidencia del Consejo, a pesar de lo muy poco
favorable que era la situación, logró dar carpetazo a la
vue d’ensemble. La presidencia belga propuso que se
iniciaran las auténticas negociaciones, cerrando seis
capítulos de escasa importancia en una sesión a nivel
ministerial, pero a condición de que fuera precedida de
otra de suplentes en la que España aceptara implantar
el IVA desde la entrada en vigor del Tratado de adhesión, cuestión que ya venían planteaban los franceses
como un préalable a la apertura de las negociaciones.
Se trataba de un auténtico caballo de batalla para los
comunitarios, que ya habían presionado enormemente,
cuando negociamos el acuerdo de 1970, para que
reemplazáramos por el IVA nuestro sistema de imposición indirecta en cascada, el Impuesto de Tráfico de
Empresas o ITE, a decir verdad poco transparente. Sospechaban que las desgravaciones fiscales a la exportación calculadas sobre la base del ITE pudieran estar infladas, de forma que con ellas no se procediera únicamente a neutralizar las cargas fiscales internas, sino
que de hecho se estuvieran subvencionando las exportaciones.
La CEOE se sintió justificadamente inquieta ante la
perspectiva de que nuestra delegación cediera la gran
DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO
baza negociadora de la fecha de implantación del IVA,
sin obtener a cambio compromisos en cuanto al calendario de desarme industrial. A través de contactos confidenciales se pactó que, al mismo tiempo que la delegación española renunciara a obtener un período transitorio para la implantación del IVA, se alineara oficialmente
sobre la posición, defendida por la organización empresarial, de que el desarme industrial se debía llevar a
cabo a lo largo de un período de diez años. Con arreglo
a lo convenido, la delegación española, en la sesión de
negociación a nivel de suplentes de 26 de febrero, aceptó que se implantara el IVA al entrar en vigor el Tratado
de adhesión, pero sugiriendo al mismo tiempo que hubiera un período de transición de diez años, aunque a
través de la fórmula más bien ambigua de que «las necesidades de la integración de la industria española en
la Comunidad requieren un período de transición próximo al límite indicado de diez años, sin sobrepasar sin
embargo ese límite». Con arreglo a lo previsto, en la sesión a nivel ministerial que se celebró un mes más tarde,
el 22 de marzo, se cerraron seis capítulos, los únicos
que se concluyeron siendo presidente del Gobierno
Leopoldo Calvo Sotelo.
El 3 de diciembre de aquel año de 1982 quedó constituido el primer Gobierno presidido por Felipe González,
con Fernando Morán al frente del Ministerio de Asuntos
Exteriores y, dependiendo de él, Manuel Marín como secretario de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas. El 13 de diciembre tuvo lugar la primera sesión de negociación con la delegación española
presidida por Fernando Morán, quien declaró en el curso de ella que «la adhesión de España a las Comunidades es un asunto de Estado».
En mayo de 1983, la Comisión elevó al Consejo una
propuesta de desarme arancelario y en junio otra relativa al sector agrícola. En la primera proponía que el calendario se extendiera a lo largo de siete años, pero a
base de que España redujera sus aranceles un 50
por 100 en los doce primeros meses. En cuanto a las
fórmulas para la agricultura eran aún peores, pues se
sugería un período transitorio dividido en dos etapas y
durante la primera de las cuales no recibiríamos ventaja alguna para nuestros envíos de productos hortofrutícolas, ni se nos aplicarían los mecanismos de precios
comunes y apoyos financieros de la PAC. Es decir, que
proponían unos desarmes considerablemente asimétricos, como lo habían sido los del acuerdo de 1970,
pero esta vez desequilibrados en contra de la parte
más débil.
Por las mismas fechas, la Comunidad procedió a limpiar su mesa para lanzarse de una vez a la negociación.
En el Consejo Europeo de Stuttgart de junio de 1983 se
pactó una solución al tema agropresupuestario que, gracias a la presión de Alemania, principal contribuyente al
presupuesto comunitario, quedaba condicionada a que
se llevara a cabo la adhesión de España y Portugal. Y en
noviembre fue aprobado un reglamento que protegía
fuertemente los productos hortofrutícolas franceses frente a la competencia española, tras lo cual el Presidente
Mitterrand expresó un apoyo muy explícito a la adhesión
de España. Finalmente, en el Consejo Europeo de Fontainebleau de junio de 1984, fue resuelto el contencioso
presupuestario con el Reino Unido, que se arrastraba ya
desde 1979, pactando el montante del «cheque británico» y precisando los incrementos de la aportación por
IVA ligados a la adhesión de España y Portugal.
Desde aquella época, en la que aparecía como evidente que se iba a entrar en la etapa final de las negociaciones, los principales interlocutores del Gobierno,
esto es Coalición Popular como principal partido de la
oposición y CEOE como entidad que representaba al
empresariado, actuaron con la máxima prudencia. La
CEOE, reduciendo sus pretensiones al nivel de lo factible, había propuesto poco antes al Gobierno unos «objetivos mínimos» a alcanzar en el Tratado de adhesión.
Lo había hecho a través de un documento agrícola y de
otro industrial, fechados el 14 y 15 de marzo de 1984,
que no publicó para no estorbar la labor de los negociadores. Un par de meses después, Coalición Popular
precisó al Gobierno los límites que, a su juicio, no se debían sobrepasar y que coincidían en lo esencial con los
comunicados por la CEOE.
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Sobre tales bases se produjo una ejemplar convergencia entre las posiciones del Gobierno, de la CEOE y
de los diferentes partidos. Quedó reflejada a través de
la votación en el Congreso de los Diputados, el 13 de
junio, de una moción del Grupo Parlamentario Popular
que recogía esas posiciones y que fue aprobada con
238 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Había
sido presentada por Miguel Herrero de Miñón, en uno
de sus brillantes y lúcidos discursos en el Congreso sobre las negociaciones de adhesión. El resultado de
aquella votación sin duda reforzó muy considerablemente la posición de nuestra delegación frente a la comunitaria. Se había llegado a un consenso prácticamente total acerca de lo que se podía y debía obtener
en el Tratado de adhesión, que aparecía así como un
auténtico «asunto de Estado», tal como lo había calificado el ministro Morán.
La etapa final de las negociaciones, que entonces se
iniciaba y que se había previsto que sería breve, duró
aún casi un año. Fue el 12 de junio de 1985 cuando, en
un solemne acto celebrado en el Palacio de Oriente, se
firmó el Tratado de adhesión, que entró en vigor el 1 de
enero de 1986. Con ello se coronaban muchos años de
esfuerzos y se alcanzaba lo que había sido una meta
para todos los españoles.
A continuación se iniciaron los contactos entre el Gobierno y Coalición Popular para ponerse de acuerdo
acerca de a quién proponer para uno de los dos puestos
de comisarios que correspondían a España, esto es, el
que con arreglo al criterio siempre aplicado en Bruselas
debía proceder de un ámbito político que fuera diferente
del gubernamental. Se produjo una considerable tensión al negarse el Gobierno a presentar a Carlos Robles
Piquer, impecable candidato, que desde hacía años había llevado el tema comunitario, como tantos otros, desde la calle Génova. Tal como se resolvió aquel asunto
era fácil imaginar que, a partir de entonces, los candidatos para otros puestos relevantes, por ejemplo A1 y A2,
fuera cual fuera su perfil profesional o adscripción ideológica, habrían de recibir el visto bueno de los dos comisarios.
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Se pudo comprobar hasta qué punto ese filtro sería riguroso a propósito del nombramiento de director de la
Oficina de Prensa e Información de las Comunidades
Europeas en Madrid, luego Representación de la Comisión, que era de nivel A3, pero al que en aquella fase de
puesta en vigor del Tratado se le atribuía la mayor importancia. Se había pactado, al más alto nivel, que para
ese puesto el Gobierno apoyaría a un candidato por el
que la misma Comisión Europea, a través del comisario
Ripa di Meana, había mostrado una clara preferencia.
Unos meses más tarde, el comisario convocó de nuevo
al candidato para ponerle al tanto de una serie de circunstancias, fácilmente imaginables, que les iban a llevar a designar a otra persona, procedente del Palacio
de la Trinidad. A ello añadió el comisario que ese otro
candidato no sería oficialmente nombrado al frente de la
Oficina de Prensa e Información antes de que el candidato preterido hubiera tomado posesión de un puesto
de director en Bruselas. Ripa di Meana había cedido,
pero al menos actuó con cortesía y dignidad.
4.
Director en los Servicios lingüísticos
de la Comisión Delors
El 1 de febrero de 1987 aterricé como director en el
Servicio Común Interpretación Conferencias, más conocido por sus siglas como SCIC. De toda la Comisión, ya
entonces objeto de duras críticas por motivos muy diversos y más o menos justificados, el Servicio de Interpretación era de los pocos indiscutidos. El equipo de intérpretes del SCIC era reconocido, urbi et orbi, como el
mejor del mundo y su directora general, Renée van
Hoof, desde un puesto A1 a título personal, lo gobernaba con mano férrea. Era, por así decirlo, la directora fundacional de ese gran Servicio, que ella había creado y
que consideraba, más que su creación, su criatura.
Renée van Hoof había dirigido un pequeño equipo de
intérpretes en la CECA, antes de ser nombrada jefa de
una división de Interpretación que fue creada al ponerse
en marcha la Comisión de la CEE. Yo la conocí cuando
negociábamos el acuerdo de 1970 y su división ocupa-
DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO
ba unos pocos despachos en el recién inaugurado Berlaymont. En 1973, la división fue elevada al rango de dirección y, en 1971, se transformó en servicio interinstitucional, el SCIC, que aseguraría la interpretación de
todas las Instituciones, salvo en el Parlamento y en el
Tribunal de Justicia, que contaban con sus propios equipos de intérpretes.
El SCIC, en una época en que la interpretación se enseñaba únicamente en la muy prestigiosa escuela de Ginebra y en alguna otra en Bélgica, se esforzaba también
en formar intérpretes, sobre todo de las lenguas de países candidatos a la adhesión. Y así, cuando la adhesión
de España parecía inminente, empezó a preparar a jóvenes españoles, llenando un absoluto vacío, ya que ni la
interpretación ni la traducción aparecían incluidas en los
planes de estudio de las universidades españolas.
Esa operación de formación de jóvenes intérpretes
se llevó a cabo dentro del marco de los cursos sobre
las Comunidades Europeas, que impartíamos en el
edificio de la Escuela Diplomática. Los candidatos, seleccionados cuidadosamente por Renée van Hoof y
Marco Benedetti, con mi colaboración, recibían por la
mañana clases de interpretación con funcionarios del
SCIC, entre otros Jean Zinc, y por la tarde asistían a
las de los cursos. De esa colaboración mía con la directora general del SCIC surgió un aprecio mutuo que
en buena parte explica el que luego me nombraran director en su servicio.
Por aquel entonces, el SCIC ya aseguraba la interpretación en casi 11.000 reuniones al año. Para ello contaba en primer lugar con sus intérpretes funcionarios, en
número de casi 500, y además con agentes temporales
y con intérpretes free-lance rigurosamente seleccionados. Puesto que el número de buenos intérpretes a
quien se podía recurrir era limitado, como también lo era
el presupuesto disponible, sólo se podía asegurar una
comunicación de alta calidad en tan numerosísimas reuniones a base de limitarse a atender a lo que llamaban
las «necesidades reales». Es decir, reduciendo el número de lenguas utilizadas en toda la medida de lo posible, con arreglo a la reunión de que se trataba.
Ello significaba que, por ejemplo, a las reuniones a
nivel ministerial se enviaban equipos de intérpretes
que cubrían las entonces nueve lenguas oficiales, de
forma que se interpretaba desde cada una de ellas hacia las ocho restantes. Mientras que en otras reuniones el régimen lingüístico era asimétrico, en mayor o
menor grado, de forma que normalmente se podían
hablar todas las lenguas oficiales, pero únicamente se
interpretaba hacia algunas de ellas, lo más frecuentemente hacia las tres consideradas como vehiculares,
esto es el francés, el inglés y el alemán. Es decir, que
en la mayor parte de las reuniones cada delegado podía expresarse en su lengua materna, pero debía estar en condiciones de comprender las intervenciones
de los otros participantes transpuestas al francés, el
inglés o el alemán.
Aparte del aspecto técnico de distribuir unos recursos
escasos de la forma más eficaz posible, teníamos que
ser capaces de «vender» nuestros regímenes lingüísticos asimétricos o reducidos a tan distinguidos «clientes» como la Secretaría General del Consejo o nuestras
direcciones generales. Todo ello suponía un considerable volumen de delicada gestión, que exigía buenas dosis de paciencia, de firmeza y de tacto. Me venía a la
memoria la definición famosa que de la Hacienda Pública dio un prestigioso hacendista italiano, para quien era
«la ciencia de desplumar la gallina tributaria sin que cacaree demasiado».
Renée van Hoof me ofreció la única dirección que
existía en su dirección general, para que me ocupara
junto a ella de esa complicada gestión, en un momento
oportuno, pues la Comisión había decidido nombrarme
director. Hubo alguna dificultad porque uno de los gabinetes españoles se opuso frontalmente a ello, mientras
que el otro no me apoyaba en absoluto. El problema se
resolvió gracias a la intervención de Pascal Lamy, jefe
del gabinete del presidente Delors, del que el SCIC para
su fortuna dependía. Mi puesto A2, a propuesta conjunta de los dos gabinetes españoles, fue considerado
«fuera de cuota», es decir, no contabilizado entre los
que la Comisión había reservado para españoles. Hilan-
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do más fino, eso significaba que no quedaba infeudado
a ninguno de los dos gabinetes.
Me encantó servir la causa de la construcción europea desde el SCIC. Encontré allí una pléyade de gente
inteligente y sensible, excelentes lingüistas y eficaces
funcionarios, capaces de hacer una transposición desde
otras lenguas hacia la suya materna con la mayor fidelidad en cuanto al contenido, las intenciones o incluso a
veces la premeditada imprecisión de las intervenciones
de los participantes en las reuniones. Nos sentíamos
eficazmente respaldados por un gabinete tallado a la
imagen del excepcional presidente Jacques Delors, que
volvió a hacer de la Comisión el motor y la conciencia de
la integración europea, como décadas antes lo había
sido con Walter Hallstein y Jean Rey, los presidentes
fundacionales.
Durante los más de cuatro años que pasé en el SCIC
reforzamos los equipos de intérpretes de las lenguas de
los nuevos Estados miembros, formamos a otros de las
lenguas de los países candidatos, y desarrollamos nuevas tecnologías, orientadas a facilitar el trabajo de los
intérpretes y a contener el continuo incremento de los
costes de la interpretación. No tuvimos ningún percance, es decir que nunca hubo que lamentar ningún fallo
en el cumplimiento de la misión del SCIC, esto es la de
facilitar la mejor comunicación y comprensión posibles
entre quienes asumían la responsabilidad del proceso
decisorio comunitario y de la elaboración de los textos
legislativos.
Uno de los problemas planteados era el del fuerte desequilibrio entre el número de intérpretes funcionarios y
agentes temporales de las diferentes lenguas oficiales.
Los de los nuevos Estados miembros, por ejemplo
España, resultaban muy insuficientes. Cuando llegué al
SCIC sólo eran diez los intérpretes de lengua española.
Un año después, tras denodados esfuerzos en buena
parte llevados a cabo por nuestro representante permanente, Carlos Westendorp, se había logrado aumentar
su número hasta treinta y dos, cosa importante teniendo
en cuenta que durante el primer semestre de 1989 correspondería a España la presidencia del Consejo. Du-
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rante ella, afortunadamente, todo marchó sobre ruedas
en materia de interpretación, gracias a ese fuerte aumento de los intérpretes españoles del SCIC y, también,
de la aportación de los free-lance.
Fue la única ocasión en que advertí un interés de las
autoridades españolas por cuestiones relacionadas con
la situación de nuestra lengua en las Instituciones comunitarias. Más tarde se han esforzado porque se puedan utilizar en ellas, dentro de ciertos límites, nuestros
idiomas regionales. Pero nunca se ha intentado explotar
las posibilidades con que cuenta el español, lengua de
ámbito intercontinental, vehículo de literaturas y culturas
transnacionales, eufónica y atractiva, para ser colocada,
poco a poco, entre las llamadas lenguas vehiculares de
las Instituciones europeas. El alemán se cuenta entre
ellas, junto al francés y al inglés, gracias a la perseverancia que la República Federal ha puesto en ello. Nosotros no hemos hecho lo necesario por capitalizar en
Bruselas lo que entiendo que es nuestro mayor activo a
la hora de actuar en el exterior.
Tras casi cuatro años y medio de permanencia en el
SCIC, me surgió la oportunidad de participar en una
operación de reorganización y puesta al día de la traducción. Se trataba de un complejo de muy considerables dimensiones. Los funcionarios traductores a él adscritos, que tras la adhesión de España y de Portugal sumaban unos 1.200, traducían anualmente alrededor de
800.000 páginas, sin más ayuda que la, en aquella época bastante limitada, de la traducción free-lance.
Sobre ellos recaía la responsabilidad de salvaguardar
el principio del multilingüismo, consagrado en el primer
reglamento adoptado por el Consejo de la CEE, en
1958. Con arreglo a su artículo 1 eran lenguas oficiales
de la CEE, en pie de igualdad, las de todos los Estados
miembros. Y en su artículo 4 se precisaba que los reglamentos y demás textos jurídicos de alcance general se
publicarían en todas las lenguas oficiales, algo inevitable tratándose de normas directamente integradas en el
ordenamiento jurídico de los Estados miembros. A esa
masa ya considerable de documentos jurídicos, entre
cuyas diferentes versiones no debe existir discordancia
DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO
alguna, se suman los documentos preparatorios de
ellos y todos los de alguna relevancia en el proceso de
adopción de decisiones, entre otros.
Pero el logro esencial a contabilizar en el activo de los
lingüistas, no era el de traducir cada año una montaña
de documentos. Su principal mérito era el de haber hecho posible la transposición de textos relativos a las materias más diversas entre lenguas a veces muy alejadas
entre sí y entre las que anteriormente se había traducido
muy poco. Haber conseguido realizar versiones perfectamente coherentes hacia por ejemplo el portugués y el
griego, lo mismo de pliegos de condiciones técnicas sobre vehículos de motor que de un informe en materia de
pesca redactados en lenguas tan alejadas como el danés, constituye toda una hazaña de los traductores y
terminólogos de la Comisión y de otras Instituciones comunitarias. Sin el alto nivel de multilingüismo que ellos
aseguraban, ni habría sido posible la comunicación dentro de las Instituciones comunitarias, ni habría resultado
aceptable la fuerte dosis de supranacionalidad que la
construcción europea exige de las viejas naciones que
en ella participan, tan apegadas a sus lenguas y a sus
tradiciones culturales.
Lo más sorprendente es que esa ingente labor, al
contrario de lo ocurrido en la interpretación, se había llevado a cabo desde la sombra por unos traductores prácticamente abandonados a su suerte. Habían deambulado por la dirección general de Personal y Administración, más conocida como DG IX y luego como DG
Admin, de unas a otras unidades, por no llamarlas cajones de sastre, en las que cohabitaban con actividades
como las de la documentación o la reproducción. Tras
larga peregrinación de los traductores a través de los
meandros de aquella dirección general, por fin en 1987
fue creada una dirección de Traducción, con una sede
en Bruselas y otra en Luxemburgo, y siempre dentro de
la DG IX. El director, sobre el que recaía la última responsabilidad de hacer traducir casi un millón de páginas
entre nueve lenguas, comentaba cuando fue liberado de
semejante carga, que apenas contaba con tiempo para
otra cosa que para «negociar» los célebres rapports de
notation con los nada menos que 1.200 funcionarios LA
que de él dependían. El déficit de management, que resultaba patente, no era achacable sino a la inadecuación de las estructuras administrativas.
La actividad de los traductores y del personal administrativo de apoyo estaba dirigida por los jefes de las divisiones lingüísticas, que eran dieciocho, una por lengua y por sede, y de enormes dimensiones, pues entre
todas ellas agrupaban a casi 2.000 funcionarios. Contaban con el apoyo de un grupo multilingüe de terminólogos, que había creado una formidable base de datos,
Eurodicautom, con más de un millón de entradas y muy
utilizada tanto en la Comisión como fuera de ella. Un pequeño planning coordinaba la actividad de las divisiones
lingüísticas, sobre todo con vistas a evitar que el retraso
en una u otra versión pudiera bloquear todo el proceso.
Siendo inexistente la infraestructura informática, salvo
en lo relativo a Eurodicautom, los traductores grababan
sus traducciones en dictáfonos, pasando luego las cintas a secretarias que las mecanografiaban.
Tal era la situación de la dirección de la Traducción
cuando, hacia mediados de 1991, el comisario Cardoso
e Cunha, responsable de la DG IX, tuvo el acierto de
desgajar de ésta a los lingüistas, creando un servicio de
Traducción al frente del cual fue nombrado Eddy Brackeniers, como director general a título personal. Brackeniers me propuso incorporarme a la única dirección
existente, llamada dirección de Traducción cuando fui
nombrado, el 1 de julio de 1991, y más tarde dirección
de Asuntos Generales y Lingüísticos, aunque más conocida como AGL. Sentí dejar el SCIC, pero lo cierto es
que mi antigua dirección quedaba en muy buenas manos, las de Noël Muylle, eminente intérprete y excelente
administrador, y que por otra parte las tareas que me
confiaban en el Servicio de Traducción aparecían como
un interesante reto al que merecía la pena hacer frente.
Se logró «vender» a los traductores y a la jerarquía intermedia un nuevo organigrama, en plazo breve y sin
excesivas dificultades, sin duda porque era razonable.
Con él se buscaba que, aun manteniendo equipos de
traductores de una misma lengua, éstos se integraran
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en entidades más amplias, que dimos en llamar grupos
temáticos, cada uno constituido por nueve pequeñas
unidades de traductores, una por cada lengua oficial.
Así dejarían de trabajar aislados en un marco unilingüe,
fórmula nada recomendable en una Institución como la
nuestra. Al frente de cada grupo temático se nombró a
un consejero que coordinaría las nueve unidades lingüísticas y aseguraría el contacto con la cúpula del Servicio. Y a cada grupo temático, de los cuales fueron
creados cinco en Bruselas y dos en Luxemburgo, se le
confió la traducción de los documentos relativos a un
área determinada, promoviendo así una especialización
que la creciente complejidad y diversidad de los documentos cuya traducción se nos confiaba había hecho indispensable.
La dirección de Asuntos Generales y Lingüísticos, y
una unidad informática dependiente de la dirección general, tenían ante todo como misión la de sacar la actividad del traductor del contexto anacrónico en el que se
hallaba encapsulada. Era preciso hacer entrar en juego
factores multiplicadores de la eficacia de nuestros lingüistas, liberándolos en la mayor medida posible de los
aspectos repetitivos de su trabajo, para que pudieran
concentrarse en tareas más creativas. No era imaginable que se limitaran a traducir, página a página y línea a
línea, utilizando los procedimientos tradicionales, sino
que debían combinar, cada uno a su nivel de responsabilidad, las posibilidades derivadas de la lingüística
computacional que lográramos poner a su disposición.
Sólo así aparecería justificada la posición profesional y
estatutaria de nuestros traductores, incluso para quienes contemplaban con espíritu más crítico la función pública europea.
Hubo división de opiniones entre los traductores. Bastantes de ellos acogieron positivamente el anuncio de
tales novedades, mientras que otros se mostraron reticentes en diversos grados, algunos ante el temor de
que tales criterios de economicidad les alejara de su
ideal profesional de transmitir, de la forma más impecable, los textos a veces muy delicados que se les confiaban. Se logró tranquilizarlos a base de desarrollar las di-
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versas aplicaciones teniendo muy en cuenta sus comentarios y, sobre todo, asociándolos a nuestros proyectos y dándoles siempre la posibilidad de ensayarlos
a medida que los desarrollábamos. Fue importante a
esos efectos la creación de un célebre Atelier de Traduction, donde un grupo de voluntarios se lanzaron, los
primeros, a traducir utilizando esas novedosas aplicaciones. Eran la auténtica punta de lanza de la renovación, dentro del servicio, de los métodos de traducción.
Afortunadamente contamos desde el principio con
unos excelentes lingüistas, destinados en la AGL, que
se dedicaron con ahínco a crear aplicaciones informáticas de ayuda a la traducción. Otras aplicaciones, sumamente especializadas, que precisábamos para traducir
entre un número tan elevado de lenguas y sobre los temas más dispares, las hicimos desarrollar por firmas externas siguiendo nuestras especificaciones. Del buen
hacer de esos lingüistas queda testimonio en los artículos que ellos mismos firman y que aparecen en el número 1, 1998 de la revista Terminologie et Traduction, monográfico, dedicado a instrumentos de ayuda a la traducción como el Translators’ Work Bench, EURAMIS o
Systran, entre otros varios, actualmente utilizados en todas las Instituciones de la Unión y fuera de ellas.
Ya por entonces los utilizaban, en diversa medida,
muchos traductores del servicio, que así lograban concentrarse en la traducción realmente creativa, evitando
las tareas repetitivas y tediosas. Para ello facilitábamos
el acceso de los traductores, desde su ordenador, a
toda clase de recursos terminológicos y documentales,
es decir que les ahorrábamos tiempo y esfuerzo para
conseguir tales informaciones. Les evitábamos, además, traducir de nuevo lo que ya lo había sido anteriormente, gracias al empleo de las memorias electrónicas
de traducción, que les proponían en la pantalla los textos o fragmentos de textos ya traducidos e introducidos
en esas memorias. También les ofrecíamos, a través de
la traducción automática, un producto «en bruto» que,
para ciertos tipos de textos y de combinaciones lingüísticas, suponían un eficaz desbroce de la tarea que habían de realizar.
DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO
Éramos plenamente conscientes de que, con informática o sin ella, la traducción seguirá siendo siempre una
actividad de elevado contenido intelectual y alto riesgo,
que no cabe abordar sin conocimientos lingüísticos profundos y una singular capacidad de análisis y de síntesis. Por ello el manejo de los sistemas de ayuda a la traducción no dan buenos resultados sino cuando lo llevan
a cabo profesionales de la traducción.
Por otra parte teníamos claro que una utilización a
fondo de toda esta infraestructura informática no era
viable si no se apoyaba en una «masa crítica» de traducciones absolutamente fiables. Por esta razón, y no
sólo porque a veces la «traducción humana» es indispensable, el meollo del servicio debe estar siempre
constituido por traductores que dediquen lo esencial de
su tiempo a traducir los textos con la calma y con el recogimiento con que se puede traducir un poema.
Alcanzar un alto nivel de calidad de la traducción fue
siempre un objetivo que compartimos con el resto del
servicio. La AGL contaba entre sus funcionarios con
unos muy prestigiosos profesionales, los coordinadores
lingüísticos, que constituían un vínculo de unión entre
todos los traductores de la lengua de cada uno de ellos,
destinados en siete diferentes unidades. Eran también
los garantes de la calidad de los sistemas de traducción
que desde la AGL ofrecíamos.
La AGL no sólo apoyó eficazmente la traducción realizada en los grupos temáticos facilitándoles la imprescindible ayuda terminológica y sistemas informáticos de
ayuda a la traducción, sino que aportó un muy considerable volumen de traducción, de más de 50.000 páginas
anuales traducidas por personal por free-lance. Una
«convocatoria de manifestaciones de interés» lanzada
en 1991 nos permitió constituir un amplísimo fichero de
traductores y firmas de traducción de alta fiabilidad, que
luego explotamos siguiendo rigurosos criterios en cuanto a atribución de trabajos, costes y controles de calidad, con arreglo a lo convenido en los contratos marco
que con ellos firmamos.
La vibrante gestión del servicio de Traducción que entre todos llevamos a cabo, en aquellos años, sólo se ex-
plica desde la atmósfera de optimismo y de seguridad
en nosotros mismos que caracterizó la etapa de Jacques Delors. Había llegado a la presidencia de la Comisión de forma inesperada, al oponerse Margaret Thatcher al nombramiento del candidato que Mitterrand proponía, que no era otro que Claude Cheysson. Un puro
azar había llevado a la presidencia de la Comisión a la
persona adecuada.
La nueva Comisión quedó constituida el 6 de enero
de 1985 y sólo unos días después, en su discurso de investidura ante el Parlamento Europeo, Delors arrancó
ya con un mensaje capaz de movilizar voluntades e ilusiones. Anunciaba que se iba a lanzar a perfeccionar el
mercado único, eliminando las muchas barreras físicas,
técnicas y fiscales que aún dificultaban la libre circulación de mercancías y servicios. Se trataba, en definitiva,
de acabar de construir la unión aduanera que en los Tratados de Roma se habían fijado como objetivo esencial.
Poco a poco, el horizonte de su acción se ampliaría.
Primero porque, por pura coherencia, no cabía concebir
un mercado realmente único sin moneda común y sin
una mayor dosis de cohesión económica y social. Y más
tarde porque comprendió que debía apoyar al canciller
Kohl para reunificar Alemania, operación política de dimensión comparable a la inicial integración de los Seis.
El 9 de diciembre de 1989, justo un mes después de
la caída del Muro de Berlín y ante la perspectiva de una
posible reunificación, el Consejo Europeo de Estrasburgo decidió poner en marcha dos conferencias intergubernamentales, una sobre la Unión económica y monetaria y otra sobre la Unión política. Sus trabajos, en los
que participaba activamente la Comisión, condujeron a
que el 7 de febrero de 1992 se firmara el Tratado de
Maastricht, con el que se daba un gran paso, sin duda
muy positivo, pero que además incidió considerablemente en los equilibrios institucionales.
Era, como se dijo entonces, un templo construido
sobre tres pilares. El primero y central llevaba hasta
sus últimas consecuencias el proyecto inicial de la Comunidad, hasta transformarla en una Unión económica y monetaria. De los otros dos uno era el de la
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PESC y el otro entraba en campos, como el de la política de inmigración o el de la cooperación judicial y policial, acerca de los cuales era aún menos pensable
que los Estados miembros pudieran aceptar recortes
de competencias. Evidentemente eran cuestiones a
abordar, no desde el clásico diálogo Comisión-Consejo, sino desde la óptica intergubernamental, cosa que
quedaba patente en el articulado del Tratado. A partir
de ese momento sólo una Comisión muy fuerte podía
evitar el riesgo de convertirse en una importante secretaría general y órgano burocrático que administrara las políticas comunes.
Tal riesgo había empezado a materializarse con las
dos siguientes presidencias de la Comisión, una que ha
pasado tristemente a la historia ante todo por su autoliquidación tras los dramáticos enfrentamientos con el
Parlamento y la otra sorprendentemente anodina. Aquellos polvos trajeron estos lodos. Nada tiene de sorprendente el que la Comisión haya salido tan malparada del
Tratado Constitucional, el más grave traspié en la construcción europea desde el fiasco del Tratado de la Comunidad Europea de Defensa de 1952. Me tocó vivir
esas dos presidencias, la segunda sólo hasta el 2001,
desde el Servicio de Traducción, que fue uno de los más
zarandeados.
En menos de siete años, desde la jubilación de Eddy
Brackeniers a fines de 1996, fueron nombradas cinco
personas al frente del mismo, por orden cronológico
desde tres directores generales ad personam, ad interim y faisant fonction, hasta dos sucesivos directores
generales, el último de los cuales, afortunadamente,
con visos de más larga permanencia en el cargo. Aparte
de esa inestabilidad en la cúpula, el Servicio de Traducción tuvo que soportar otros traumas. Uno impuesto por
las circunstancias, como es el pasar de traducir entre
once lenguas a traducir entre veinte; otro impuesto desde arriba, consistente en tener que deshacer el camino
andado, volviendo a concentrarse los traductores en divisiones lingüísticas; y finalmente un tercero, con la reforma Kinnock. Como tantos otros servicios de la Comisión, a pesar de los pesares ha sido capaz de seguir
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cumpliendo eficazmente la misión que se le había confiado, en este caso el de la defensa del principio del multilingüismo en la comunicación escrita.
Muchos de los funcionarios de los primeros tiempos
de la Comisión habían salido de las filas de los europeístas, de las que también procedíamos no pocos de
los incorporados más tarde, tras la adhesión de nuestros países respectivos. Ése es también mi caso, formado como fui en la cátedra de Don Antonio Truyol, uno de
nuestros más sabios y eminentes europeístas. Ahora
abundan más los expertos en materias de integración
europea que los europeístas, lo cual no es lo más deseable. Es como si se contara con muchos críticos literarios y escasos buenos poetas.
La de los europeístas es una misión permanente, necesaria incluso en una Europa que hubiera alcanzado
su meta última, es decir, que se hubiera dotado de una
estructura federal. La federación habría que vigilarla y
alentarla para que se mantuviera firmemente anclada
en lo que Europa encierra de humanismo, creatividad,
cultura y resortes éticos. Pero ahora que hemos emprendido otra travesía del desierto, la aportación de los
europeístas es aún más precisa y urgente, imaginando
y soñando el futuro, como hacían en los años cincuenta.
Urge que nos pongamos a ello.
Una de las primeras cuestiones a plantearse es la de
cuál puede ser el ángulo desde el que abordar las tareas que tenemos por delante, una vez que se ha llegado a un aceptable nivel de cohesión en el plano económico y monetario. Son tareas que quedan dentro del
ámbito de lo intergubernamental y no de aquel que inicialmente se había reservado para la Comunidad Europea. Por consiguiente no cabe imaginar que sea un futuro sensacional presidente de la Comisión quien realice
la hazaña de movilizar voluntades, como lo hizo Delors.
Los mensajes que se pudieran lanzar, al modo de aquel
célebre anunciando la creación del Mercado único,
dada la naturaleza de los temas a tratar, serían más
bien de la competencia del presidente del Consejo Europeo. Sería éste en definitiva, cuando exista, quien podría dar el pistoletazo de salida y, si no fuera así, sólo
DOS ETAPAS ESTELARES DE LA COMISIÓN EUROPEA Y ALGÚN ENTREACTO
quedaría la posibilidad de que viniera de dentro del
cuerpo social, esto es de los europeístas.
Es cierto que la Comisión ha marcado hasta ahora el
ritmo de la construcción europea. Los más recientes logros, plasmados en el Tratado de Maastricht, van a su
haber y, por el contrario, lo que quedó fuera de su radio
de acción, como la Convención que elaboró el Tratado de
la constitución europea, hemos visto a qué condujo.
Esperemos que se vuelva a escuchar a la Comisión y
que, sea cual sea la distribución de competencias, al menos pueda seguir cumpliendo con la primera de sus funciones, la que Ángel Viñas define como la de ser «la conciencia de la Unión». Esto es continuar apareciendo, en
una situación cada vez más proclive a lo intergubernamental, si no como el motor de la maquinaria institucional, al menos como el más firme bastión del europeísmo.
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