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CG/21/03: ¿Hay algún texto legal en relación a esta nueva ley que

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CG/21/03: ¿Hay algún texto legal en relación a esta nueva ley que
CG/21/03: ¿Hay algún texto legal en relación a esta nueva ley que se pueda poner en los folletos
de productos para evitar problemas en caso de errores tipográficos o de características?
Esta pregunta parece que debe interpretarse como qué se puede hacer para evitar que un error
tipográfico en el etiquetado pueda afectar a la falta de conformidad. En principio sería un caso extraño
en la práctica, pero posible, por ejemplo que se informe de cualidades que el producto no tiene. La
respuesta sería más sencilla, en principio la responsabilidad por las afirmaciones correctas o
incorrectas, verbales o escritas es del vendedor. El reparto de responsabilidades entre los agentes
que hayan intervenido en el etiquetado no altera esta responsabilidad del vendedor frente al
consumidor.
En cualquier caso, los empresarios deben verificar, antes de su puesta en circulación, la adecuación
de las menciones que realicen a la realidad, no pudiendo exonerarse de responsabilidad en base a
una falta de diligencia propia y no del cliente.
CG/22/03: Van a adaptarse a la nueva Ley las Comunidades Autónomas, o los organismos de
las Autonomías se van a seguir rigiendo por sus especiales autonómicas? En este último caso,
¿cuál prevalecería?.
La disposición final séptima de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de
consumo señala que la Ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas que corresponden al
Estado en materia de legislación mercantil, procesal y civil (Art. 149.1. 6º y 8º CE). En consecuencia
las Comunidades autónomas no tienen competencias en esta materia, que incide sobre relaciones
jurídico-privadas, que no pueden ser objeto de regulación autonómica. Ello sin perjuicio de que, al
amparo de sus propias competencias puedan imponer determinadas exigencias jurídicas con
consecuencias administrativas, respetando la legislación estatal.
CG/23/03: Si es necesario entregar algún documento al cliente, ¿Se podrían recoger las típicas
cláusulas de exclusión de la garantía que incluyen los fabricantes en sus condiciones de
cobertura de la garantía p.e.: óxido, golpes, mal uso, etc.?.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 23/2003, de 20 de julio de garantías en la venta de
bienes de consumo, lo que ésta regula es la obligación del vendedor de entregar al consumidor un
bien que sea conforme con el contrato de compraventa, en los términos previstos en la propia norma.
Así, se entiende que un bien es conforme al contrato cuando cumpla todos los requisitos siguientes:
Ajustarse a la descripción realizada por el vendedor y, en su caso, tener las cualidades que se le
hubieran presentado mediante una muestra o modelo.
Servir para los usos a que ordinariamente se destinan los bienes de consumo del mismo tipo o para
cualquier uso especial requerido por el consumidor, cuando el vendedor haya admitido que el bien es
apto para dicho uso.
Presentar la calidad y el comportamiento esperados, especialmente atendidas las declaraciones
públicas sobre las características concretas de los bienes hechas por el vendedor, el productor o su
representante.
En el caso de algunos defectos señalados –óxido, y, en ocasiones, golpes- se puede producir una
falta de conformidad con el contrato, y no existe ninguna posible causa de exención de la
responsabilidad legal del vendedor, ya que la Ley señala que es nula toda renuncia previa del
consumidor a los derechos reconocidos en la misma (Art. 4), sin perjuicio de las instrucciones sobre
el uso correcto del bien.
En relación con la garantía comercial, su contenido es definido libremente por el vendedor o el
productor que lo otorga. Sólo tiene dos límites: los formales derivados del artículo 11 y el hecho de
que debe mejorar la regulación legal, pues de lo contrario puede considerarse engañoso. La garantía
comercial puede, sin duda, excluir los supuestos mencionados, pero sin que ello afecte a la
responsabilidad legal por faltas de conformidad.
CG/24/03: ¿Cómo actuaríamos en el caso de mal funcionamiento de una batería? Entiendo que
el cliente siempre optará por la sustitución del bien, pero ¿Qué sucede si la batería ya no se
fabrica
porque
está
descatalogada,
siendo
imprescindible
este
producto
para
el
funcionamiento del teléfono?.
Aparentemente la exigencia de la reparación de una batería podría ser considerada
“desproporcionada”, porque seguramente ocasionaría al vendedor costes no razonables, en relación
con los que generaría la sustitución. En el caso de que fuese imposible la sustitución se puede
entender que se podría optar por la resolución, de acuerdo con el artículo 6.f. de la Ley.
Sin embargo, depende de si la batería se ha vendido de forma separada o conjuntamente con el móvil.
En éste último caso efectivamente la sustitución de la misma no es realmente “sustitución” en el
sentido de la Ley –no se sustituye todo el bien disconforme, porque sólo se sustituye la parte del bien
que determina la falta de conformidad. En consecuencia, en este supuesto, la sustitución de la batería
sería un supuesto de reparación del bien, y, salvo que las circunstancias concretas del caso indiquen
otra cosa, parece que, en principio, la sustitución del bien resulta desproporcionada. Cuando no sea
posible la reparación por falta de “recambios”, procederá la sustitución, del bien comprado, esto es, el
móvil, en aplicación estricta del artículo 5 de la Ley.
No obstante, respecto de la inexistencia de recambios, debe recordarse la obligación del productor o,
en su defecto, el importador, contenida en el artículo 12.3 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, de garantizar frente a los compradores el suministro de piezas de
repuesto durante un plazo mínimo de cinco años a contar desde la fecha en que el producto deje de
fabricarse.
CG/25/03: ¿Qué se entiende por escasa importancia (artículo 7)?.
Evidentemente no se puede aportar un criterio matemático, pero aparentemente la escasa importancia
implica una relación entre el coste de la falta de conformidad y el valor del bien, así como el valor que
para el consumidor tenga este y los inconvenientes que puedan ocasionarle la falta de conformidad.
Por tanto, todo depende de las circunstancias del caso concreto.
En el caso de discrepancia entre las partes cabe acudir al Sistema Arbitral de Consumo para dirimir
el conflicto, pudiendo ofrecerse al cliente esta posibilidad con carácter general mediante la oferta
pública de sometimiento al Arbitraje de Consumo.
CG/26/03: ¿Qué significa que el consumidor deberá informar al vendedor de la falta de
conformidad en un plazo de dos meses desde que tuvo conocimiento de ella? ¿Cómo se
materializa este deber en los seis primeros meses de garantía?.
Se trata de una obligación incluida en el artículo 9.4 que facilita la planificación y el saneamiento de
las faltas de conformidad por parte del vendedor y condiciona el ejercicio de los derechos reconocidos.
Esta exigencia de información, establecida por razones de seguridad en el tráfico jurídico, significa
que al consumidor que haya dejado transcurrir más de dos meses desde que se percató de la falta de
conformidad sin informar de la misma al vendedor se le podrá oponer el incumplimiento de esta
obligación y, en su caso, la pérdida del derecho al saneamiento. No obstante, será el vendedor quien
deba probar que la información le ha sido transmitida rebasados los dos meses de haberse advertido
la falta de conformidad, toda vez que el artículo 9.4, segundo párrafo, establece una presunción a
favor de que la información se ha realizado en plazo.
La obligación de información tiene el mismo valor legal en los seis primeros meses que en el resto del
plazo del artículo 9, siendo este un hecho irrelevante.
CG/27/03: Qué sucede en el caso de los terminales móviles que van asociados a un IMEI?.
Actualmente la operadora no acepta los cambios.
Si debe producirse la sustitución del bien de acuerdo con la Ley debe ser por un bien semejante. No
parece, sin embargo, que el IMEI o el número de serie, etc., afecten a la conformidad del bien con el
contrato en los términos del artículo 3 de la Ley.
El IMEI y el número de serie de un bien no forman parte del objeto del contrato de compraventa, por
lo que no cabe plantear reservas por su causa para la sustitución ante una falta de conformidad del
mismo.
Si no es posible conservar el IMEI, es evidente que podrá activarse otro nuevo, si el consumidor está
de acuerdo.
En el caso de que la falta de conservación del IMEI cause un perjuicio al comprador y éste no acepte
el cambio, entraríamos en el segundo nivel de remedios: reducción del precio y resolución.
CG/28/03: ¿Qué se entiende por imposible o desproporcionado?. P.e: en el caso de un cliente
que al noveno mes de la compra de un teléfono móvil o de un ordenador exija la sustitución
del bien.
Se entiende por desproporcionado “toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que,
en comparación con la otra forma de saneamiento, no sean razonables, teniendo en cuenta el valor
que tendría el bien si no hubiera falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y si la
forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor”.
Es decir, depende del caso concreto, y no sólo del tipo de producto, sino de la naturaleza, estado,
características… del bien y no tanto del momento en el que se solicite la reparación o sustitución.
Además la imposibilidad o desproporción lo que permite es dar preferencia a una de las dos opciones,
pero no excluye la responsabilidad del vendedor.
La Ley asume que en cualquiera de los dos casos el vendedor puede tener costes (principio de
gratuidad) que debe asumir, así que la mera existencia de costes es algo irrelevante a estos efectos.
La opción que implique mayores gastos al vendedor no sería “per se”, desproporcionada, ya que la
diferencia de costes, entendida, de acuerdo con el Considerando 11 de la Directiva 1999/44/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, implica “gastos considerablemente más
elevados”. Además la Ley habla de costes no razonables, introduciendo como un elemento relevante
para valorarlos los inconvenientes que pueden causar al consumidor las respectivas formas de
saneamiento.
Finalmente, se considera imposible la inexistencia material de la posibilidad de sustituir o reparar el
producto, ya sea porque, por ejemplo, no exista el modelo en el mercado u otro de similares
características y naturaleza, en el caso de sustituciones, ya sea porque la falta de conformidad no
admita ningún tipo de reparación que pueda poner el bien en conformidad con el contrato.
CG/29/03: ¿Corresponde a la empresa cargar con los gastos del transporte del producto hasta
sus instalaciones aun cuando el consumidor no abonara el transporte del mismo en la factura?.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 6 a) de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta
de bienes de consumo, la reparación y la sustitución serán gratuitas para el consumidor. Dicha
gratuidad comprenderá los gastos necesarios realizados para subsanar la falta de conformidad de los
bienes con el contrato, especialmente los gastos de envío, así como los costes relacionados con la
mano de obra y los materiales y ello, con independencia de que en el momento de la compraventa el
consumidor no contratara su traslado a su domicilio.
Cuando, atendiendo al tipo de bien que se trate, al lugar en que se efectúo la compraventa o a
cualquiera otras circunstancias concurrentes en el caso, el traslado del bien implique gastos
específicos, según lo dispuesto en la Ley, éstos deben ser asumidos por el vendedor.
Ello no impide, conforme a elementales criterios de buena fe, que, en muchos supuestos en los que
el consumidor trasladó el bien a su domicilio por medios propios, no sea razonable que exija su
devolución al vendedor utilizando otros distintos.
CG/30/03: ¿Corresponde a la empresa cargar con los gastos del transporte del producto que
traslade una empresa transportista contratada por el consumidor a portes debidos y sin
conocimiento de la vendedora, cuando se demuestre posteriormente que no existía un mal
funcionamiento o se le puede reclamar el coste al consumidor?.
Como cuestión previa debe señalarse que, no parece posible ni razonable que el consumidor contrate
por sí mismo el transporte del producto al domicilio del vendedor, para su reparación o sustitución, sin
conocimiento de éste.
Así, a tenor de lo dispuesto en la Ley, aún cuando la elección entre la reparación o sustitución
corresponde al consumidor, la opción debe ser comunicada por éste al vendedor (art. 5.1). Asimismo,
aquél debe informar a éste de la falta de conformidad (art. 9.4) en el plazo de dos meses desde que
tuvo conocimiento de ella. En consecuencia en estos momentos, el vendedor le habrá podido dar
instrucciones sobre cómo trasladar el producto disconforme.
Por otra parte, no cabe que el consumidor imponga al vendedor un medio de transporte. El consumidor
podrá exigir la reparación o sustitución, su gratuidad y que la opción elegida se realice sin mayores
inconvenientes para él, pero no puede imponer al vendedor una forma de organización.
No obstante, producido el traslado del bien sin el conocimiento del vendedor, por los medios
libremente elegidos por el comprador, aquél deberá correr con los gastos de traslado si el bien no
fuera conforme al contrato, salvo que se formalizara el envío por un medio de transporte
extremadamente costoso, en cuyo caso, el vendedor no deberá asumir más allá de los costes
razonables.
Otra cosa es, que la actuación del consumidor responda a la falta de instrucciones del vendedor, a
pesar de que aquél haya procedido conforme establecen los artículos 5 y 9.4 de la Ley.
En tales supuestos, el vendedor debería correr con los gastos aún cuando el transporte elegido sea
extremadamente costoso, por proceder de una negligencia imputable al mismo (artículo 1103 Código
Civil).
Lo propio cabe señalar, cuando corresponde al vendedor la prueba de que la falta de conformidad no
es de origen. En estas ocasiones, aquél deberá asumir los costes de traslado aún cuando finalmente
se acreditará la inaplicación de la Ley, toda vez que el debió correr con ellos, siendo imputable a su
negligencia no informar al consumidor sobre los medios de transporte por él habilitados para el
cumplimiento de sus obligaciones legales.
Si no fuera exigible por el consumidor la reparación o sustitución del bien, a su elección, –por ejemplo,
por no haber quedado acreditado que la falta de conformidad del bien existiera en el momento de la
entrega y no operar la presunción prevista en el segundo párrafo del artículo 9, según la cual las faltas
de conformidad que se manifiesten durante los seis meses posteriores a la entrega del bien se
presumirá que ya existían cuando la cosa se entregó- el vendedor no deberá correr con los gastos de
reparación en base a las exigencias previstas en la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la
venta de bienes de consumo, salvo que hubiera asumido tal obligación en la garantía comercial o en
la publicidad.
CG/31/03: ¿Puede la vendedora negarse a recibir un producto traído por un transportista a
portes debidos y remitido por el consumidor si no le deja el transportista realizar prueba alguna
para comprobar el origen del problema?.
Sin perjuicio de lo señalado en relación con la pregunta 30/01 en cuanto a la imputación de los gastos
del envío, el vendedor deberá demostrar ante el consumidor (no ante el transportista) que no existe
falta de conformidad del bien, sin que, en consecuencia, proceda la negativa a recibir el producto
remitido.
CG/32/03: ¿Puede la vendedora negarse a recibir un producto traído por un transportista a
portes debidos y remitido por el consumidor si conocimiento de la empresa cuando el coste
del bien sea por ejemplo 5 € y el del transporte 20€?.
Como cuestión previa debe señalarse que, no parece posible ni razonable que el consumidor contrate
por sí mismo el transporte del producto al domicilio del vendedor, para su reparación o sustitución, sin
conocimiento de éste.
Así, a tenor de lo dispuesto en la Ley, aún cuando la elección entre la reparación o sustitución
corresponde al consumidor, la opción debe ser comunicada por éste al vendedor (art. 5.1). Asimismo,
aquél debe informar a éste de la falta de conformidad (art. 9.4) en el plazo de dos meses desde que
tuvo conocimiento de ella. En consecuencia en estos momentos, el vendedor le habrá podido dar
instrucciones sobre cómo trasladar el producto disconforme.
Sin perjuicio de ello y de lo señalado en relación con la pregunta 30/01 en cuanto a la imputación de
los gastos del envío, nunca puede ser obstáculo para el saneamiento del bien el hecho de que los
gastos de trasporte sean superiores al coste del mismo.
CG/33/03: ¿En qué categoría entraría los siguientes productos: batería de teléfono móvil,
cargadores, tarjetas de recarga, o resto de accesorios de telefonía? ¿Qué garantía tienen?
¿Son fungibles?.
La responsabilidad por falta de conformidad con el contrato que determina la Ley 23/2003, de 10 de
julio, de Garantías en la venta de bienes de consumo, para los bienes muebles corporales destinados
al consumo privado, que no establece distinción entre bienes sustituibles o no, consumibles o no, etc.,
alcanza sin duda a los bienes citados.
Los mencionados bienes tienen el carácter de bienes fungibles, es decir, se trata de bienes sustituibles
por otros.
Como se señala en la consulta 5/03, el artículo 6 g) de la Ley 23/2003, dispone que “el consumidor
no podrá exigir la sustitución en el caso de bienes no fungibles, ni tampoco cuando se trate de bienes
de segunda mano”. Luego, la referencia de la Ley 23/2003 no es a los bienes fungibles, sino a los no
fungibles.
En cuanto al concepto de bienes fungibles hay que tener en cuenta que el Código Civil no da un único
concepto de bienes “fungibles” o “no fungibles”, sino dos. De un lado, el contenido en el precepto
citado por el consultante, en el que la cualidad que define el bien es su carácter de consumible o no,
y, de otro, el sobreentendido en los artículos 1.452.2; 1.196.2; 1.753, etc. en los que el elemento
determinante es el de tratarse de bienes “sustituibles o intercambiables” o no, por otros de la misma
especie y calidad.
La exclusión realizada por la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de
consumo –atendiendo a las previsiones de la Directiva de la que ésta constituye transposición- se
justifica, como en el caso de los bienes de segunda mano, por tratarse de bienes no sustituibles.
La interpretación contraria no sólo sería contraria a la Directiva, conduciendo al absurdo de considerar
que el consumidor no tiene derecho a optar por la sustitución en relación con los que no se consumen
con el uso, sino también sería contraria al concepto acuñado por la doctrina en relación con el término
“fungibles”.
Cabe concluir pues, que la previsión del artículo 6 g) de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías
en la venta de bienes de consumo se refiere a aquellos bienes que, como los bienes usados, no son
intercambiables por otros de la misma especie y calidad.
Por otra parte, y según se señala en la consulta 4/03, la Ley hace referencia a los bienes muebles
corporales destinados al consumo privado, incluyendo los contratos de suministro de bienes muebles
corporales que hayan de producirse o fabricarse. De esta forma son bienes de consumo los que
adquiere normalmente el consumidor.
La Ley no prevé ninguna especificidad para los bienes perecederos, es decir, los que tienen un periodo
de vida muy limitado, desapareciendo el bien o su utilidad al agotarse este periodo o al ser
consumidos, por lo que se aplican sus disposiciones en la medida en que lo permita la naturaleza del
bien. Por lo tanto la Ley se aplica tanto a los bienes duraderos, como a los productos perecederos,
como los productos alimenticios, aunque, en este caso, la propia naturaleza del bien limita o modula
la aplicación de la Ley. De hecho, en numerosas ocasiones, la Ley se refiere a la “naturaleza del bien”
como factor corrector de la regulación general o como criterio interpretativo (por ejemplo en la
presunción del artículo 9.1, o en la interpretación del plazo de las reparaciones, en el 6.b).
Con independencia de lo anterior, en el caso de la tarjeta de recarga, es preciso diferenciar entre el
soporte físico de la misma, con los posibles defectos de conformidad que puede presentar, y el servicio
en sí que se presta a través de la misma como tiempo de conversación, que como tal queda fuera del
ámbito de la Ley. Asimismo, la recarga de la tarjeta puede realizarse telefónicamente, o desde un
canal digital de televisión, o mediante la comprar de bonos de tiempo de llamadas sin que se nos
entregue ningún bien corporal, con independencia de la factura o la acreditación de la adquisición.
CG/34/03: En cuanto a las reglas de la reparación o sustitución, no está claro que siempre se
suspenda el cómputo de los plazos en ambos casos, ya que en algunas leyes autonómicas se
opta por la novación de la garantía, en el caso de la sustitución.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 6.c y d de la Ley 23/2003, de 20 de julio de garantías en la venta
de bienes de consumo, la reparación y la sustitución suspenden el cómputo de los plazos a que se
refiere el artículo 9 de la ley. El período de suspensión comenzará en el caso de la reparación desde
que el consumidor ponga el bien a disposición del vendedor y concluirá con la entrega al consumidor
del bien ya reparado, y en la sustitución desde el ejercicio de la opción hasta la entrega del nuevo
bien.
Como se señala en la consulta 22/03, la disposición final séptima de la Ley 23/2003, de 10 de julio,
de Garantías en la venta de bienes de consumo señala que la Ley se dicta al amparo de las
competencias exclusivas que corresponden al Estado en materia de legislación mercantil, procesal y
civil (Art. 149.1. 6º y 8º CE). En consecuencia las Comunidades autónomas no tienen competencias
en esta materia, que incide sobre relaciones jurídico-privadas, que no pueden ser objeto de regulación
autonómica. Ello sin perjuicio de que, al amparo de sus propias competencias puedan imponer
determinadas exigencias jurídicas con consecuencias administrativas, respetando la legislación
estatal.
CG/35/03: En el supuesto de que no sea aplicable la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías
en la venta de bienes de consumo, ¿puede el servicio técnico que hubiera intervenido en la
determinación de los hechos que dan origen a tal conclusión, reparar el producto y cobrar por
ello?.
Si las partes del contrato, vendedor y consumidor, han constatado –en este caso, con la colaboración
de un servicio de asistencia técnica- que el bien es conforme al contrato y no resulta de aplicación la
Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de consumo, es claro que el
consumidor puede encargar la reparación del bien al servicio de asistencia técnica que haya
colaborado en la identificación de los hechos que determinan tal conclusión. No obstante, tal encargo
y la correspondiente prestación, si los bienes no estuvieran acogidos a una garantía comercial,
estarían al margen de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de consumo.
En tal supuesto, por tanto, será de aplicación la normativa sectorial o general vigente sobre la materia,
siendo el consumidor el que, libremente, debe decidir si acude o no a dicho servicio técnico.
Este servicio técnico, como cualquier otro al que pudiera acudir el consumidor, deberá entregarle el
presupuesto previo, en el caso de que sea exigible, y, de ser aceptado por el consumidor, éste asumirá
el precio de la operación.
Lo que en ningún caso cabe es que el servicio técnico, una vez determinada la inaplicación de la Ley
23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la venta de bienes de consumo, actúe al margen de un
encargo concreto del consumidor y, por propia iniciativa repare el bien, reclamando al consumidor el
pago de una prestación no solicitada.
CG/36/03: Sí la venta se realiza a un comprador no destinatario final que adquiera el bien con
el fin de integrarlo en un proceso de producción, ¿Qué plazo de garantía legal le hemos de
otorgar?.
La Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo, no afecta a las
relaciones comerciales entre empresas.
Por otra parte, el ámbito de aplicación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista viene establecido en su art. 1.2. disponiendo que a los efectos de la presente Ley, se
entiende por comercio minorista aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro
consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos,
utilizando o no un establecimiento.
Por su parte el artículo 12 de la Ley 7/1996, modificado mediante la Ley 42/2002, de 19 de diciembre,
establece en su párrafo 1, que “El vendedor de los bienes responderá de la falta de conformidad de
los mismos con el contrato de compraventa, en los términos definidos por la legislación vigente”.
Por todo lo anterior, y al no ser de aplicación la Ley 23/2003, en estos casos habrá que estarse a los
acuerdos y obligaciones contractuales que pueden asumir ambas partes en el uso de la libertad
contractual, y, en defecto de pacto, al régimen de saneamiento por vicios ocultos previsto en la
legislación civil y mercantil.
De igual forma, nada impide que los bienes se oferten acompañados de una garantía comercial que
no discrimina si el comprador lo va a integrar o no en un proceso de producción. En este caso, el
adquirente profesional podrá hacer uso de la garantía comercial en los términos y plazos que señale
la misma.
CG/37/03: Según la Disposición Transitoria Primera, lo dispuesto respecto a la garantía
comercial no será de aplicación a los productos puestos en circulación antes de la entrada en
vigor de esta ley, ¿Quiere esto decir que la garantía legal será aplicable a los productos puestos
en circulación antes del 11 de septiembre de 2.003?.
La Ley se aplica a partir del 11 de septiembre de 2003, fecha en la que se cumplen los dos meses de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado (Disposición final octava) y, por tanto, la responsabilidad
por faltas de conformidad será exigible en todas las ventas realizadas a partir de esa fecha, pero no
a las anteriores.
CG/38/03: ¿Qué ocurre en aquellos supuestos en que el usuario no efectúa un mantenimiento
del vehículo adecuado, no lleva a cabo las revisiones en garantía en un taller de reparación
autorizado, sino a un taller que pudiera obrar de manera defectuosa, sigue el vendedor
teniendo que responder de la garantía legal durante 2 años?.
El vendedor responderá de las faltas de conformidad que se manifiesten en un plazo de dos años
desde la entrega del bien, en consecuencia, no cabe imponer limitaciones para el ejercicio de los
derechos del consumidor derivados de la falta de conformidad con el contrato, tales como acudir a un
determinado taller.
Ahora bien, la Ley exige que la falta de conformidad sea originaria, es decir que existiese, aunque no
se percibiese, en el momento de la entrega del bien de consumo. Por tanto, dicha conformidad debe
existir en el momento de la compra del bien y, en consecuencia, no puede tener su origen en el
tratamiento que del mismo hace el consumidor, ni en la intervención de un tercero.
Otra cosa es en relación con la garantía comercial, en la que habrá de estarse a las condiciones
establecidas por el garante, respecto de las prestaciones adicionales ofrecidas. Sin que quepa, en
cualquier caso, limitar los derechos legales del consumidor.
CG/39/03: El Artículo 10 establece que cuando al consumidor le resulte imposible o le suponga
una carga excesiva dirigirse frente al vendedor por la falta de conformidad de los bienes, podrá
reclamar directamente al productor ¿Qué debemos entender por imposible o por carga
excesiva?.
Se trata de una cuestión que deberá ser valorada en función de las circunstancias que concurran en
el supuesto concreto. A título de ejemplo, se puede citar el caso del cierre o cese de actividad del
comercio en el que el consumidor compró el producto o, también, el caso de un producto adquirido
por el consumidor en una ciudad distinta a la de su residencia cuando el fabricante tiene su sede en
esta o en otra ciudad más próxima, etc.
CG/40/03: Me gustaría saber si sobre un contrato de compraventa de una embarcación de
segunda mano entre dos particulares se puede aplicar la Ley 23/2003 de Garantías.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 23/2003, de 20 de julio de garantías en la venta de
bienes de consumo, lo que ésta regula es la obligación del vendedor de entregar al consumidor un
bien que sea conforme con el contrato de compraventa, en los términos previstos en la propia norma,
y a tal efecto, en su párrafo segundo, se señala que “A los efectos de esta ley son vendedores las
personas físicas o jurídicas que, en el marco de su actividad profesional, venden bienes de consumo”.
Por tanto, la Ley no se aplica a las ventas entre particulares.
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