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La corrupción importa

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La corrupción importa
La corrupción
importa
La gobernabilidad ha mejorado en
algunos países latinoamericanos, pero
la corrupción todavía es un obstáculo
al desarrollo de la región
Daniel Kaufmann
M
ILLONES de hinchas del fútbol en el mundo
entero están siguiendo el escándalo de corrupción
de la FIFA (órgano rector de este deporte en el
mundo). Gobiernos como los de Estados Unidos,
Suiza, Brasil, Colombia y Costa Rica, están investigando; y están
involucrados ejecutivos y dirigentes de empresas y organizaciones
regionales y nacionales de América y otras regiones, con cargos
que van desde acusaciones de soborno y colusión en jugosos
contratos, hasta la selección de sedes de la Copa del Mundo.
Cada escándalo y organización es diferente, pero este caso tiene
características comunes en todo el mundo, como la corrupción
entre redes turbias de funcionarios y ejecutivos que conspiran a escala de organizaciones transnacionales y nacionales. El
escándalo de la FIFA revela que, incluso si toma mucho tiempo,
a la larga puede haber una rendición de cuentas, como lo están
demostrando algunas medidas judiciales.
“Car wash” (“Lavado de autos”), el caso que involucra a la
petrolera nacional de Brasil, Petrobras, también es relevante:
contratos inflados con Petrobras a cambio de sobornos a ex ejecutivos, así como contribuciones ilegales a partidos políticos por
parte de influyentes empresas constructoras, han desembocado
20 Finanzas & Desarrollo septiembre de 2015
en acusaciones y condenas por parte del poder judicial de Brasil.
También han surgido denuncias de sobornos para obtener contratos de empresas en Italia, Corea y Suecia. Otros países de la
región (incluyendo Argentina, Chile, Guatemala y México) están
enfrentando sus propios escándalos. Algunos están reaccionando.
El problema de la corrupción es enorme, y va más allá de los
distintos escándalos y reacciones. Se estima que a escala mundial
los sobornos rondan una cifra de US$1 billón, y se calcula que los
flujos financieros ilícitos totales desde países latinoamericanos
durante la última década ascienden a un monto similar.
Definir y medir
Como parte de un proyecto de investigación que inicié a fines
de la década de 1990 con Aart Kraay en el Banco Mundial,
definimos la gestión de gobierno o gobernabilidad como las
tradiciones e instituciones que determinan el modo en que se
ejerce la autoridad (véase “La gobernabilidad es fundamental:
Del análisis a la acción” en la edición de F&D de junio de 2000).
Estas incluyen 1) el modo en que los gobiernos se eligen, rinden
cuentas, son supervisados y reemplazados; 2) la capacidad de los
gobiernos de gestionar recursos con eficacia y formular, adoptar
y aplicar políticas y regulaciones sólidas; y 3) el respeto por las
instituciones que regulan las interacciones económicas y sociales.
Para cada uno de estos tres aspectos diseñamos dos medidas
empíricas, para generar un total de seis Indicadores Mundiales de
Gobernabilidad (WGI, por sus siglas en inglés), con datos de docenas de organizaciones. Cada año evaluamos más de 200 países en
lo que se refiere a voz y rendición de cuentas, estabilidad política y
ausencia de violencia, eficacia gubernamental, calidad regulatoria,
Estado de derecho y control de la corrupción. La corrupción es uno
de varios indicadores de la gobernabilidad, la cual es consecuencia
de deficiencias en otros ámbitos de la gestión de gobierno.
Lo tradicional ha sido definir la corrupción en relación con
funcionarios públicos que abusan de sus cargos en beneficio
propio. Pero la corrupción tiene un alcance mayor. Es un síntoma
costoso del fracaso institucional, que a menudo involucra a una
red de políticos, organizaciones, empresas y particulares que coluden para beneficiarse del acceso al poder, a los recursos públicos
y la formulación de políticas, en detrimento del bien público.
La corrupción política sistémica, en particular ligada al financiamiento de campañas y la “captura de la élite o el Estado”
(influencia indebida sobre leyes, regulaciones y políticas por
parte de intereses empresariales poderosos), afecta a muchos
países industrializados y de mediano ingreso, y democráticos, en
América del Norte, Central y del Sur. En este contexto de captura
del Estado y “corrupción legalizada”, cabe considerar una visión
alternativa de la corrupción: la “privatización de la política pública”.
Resultados dispares
Los resultados de América Latina en relación a la gobernabilidad en los últimos 15 años han sido dispares. Como aspecto
positivo, la región ha escapado a gran parte de los conflictos
y el terrorismo que han aquejado a muchos países en otras
regiones. La democracia sigue evolucionando, pese a algunos
reveses en países como Honduras y Venezuela. Y unos cuantos
países, como Chile, Colombia, México y Perú, han avanzado
en aspectos clave de gobernabilidad económica, en particular
gracias a una mejor gestión macroeconómica que, ahuyentado
los fantasmas inflacionarios del pasado, ha sentado las bases
para la consolidación fiscal y dotado de mayor transparencia a
los procesos presupuestarios y de adquisiciones (con la ayuda
de ministerios de Economía y bancos centrales eficaces).
Pero en muchos países este progreso macroeconómico no se
ha complementado con reformas de la gobernabilidad a más
largo plazo (en particular, reformas políticas e institucionales).
Según los WGI, en promedio, la eficacia del gobierno, el control
de la corrupción y la voz y rendición de cuentas se estancaron
en la región, y se han deteriorado la calidad regulatoria y el
Estado de derecho.
Hacia finales de 2013, la calidad de la gobernabilidad de
América Latina quedó a la zaga de la de otras regiones predominantemente de ingreso mediano, como Europa central y
oriental, que progresaron durante la transición de la planificación
central a la orientación de mercado y su adhesión a la Unión
Europea. De modo similar, y exceptuando la categoría de voz y
rendición de cuentas (en la que América Latina tiene una ventaja
relativa), Asia oriental, que dio prioridad a una estrategia a largo
plazo y a burocracias independientes y meritocráticas, superó a
América Latina en muchos aspectos de gobernabilidad, incluidas
la eficacia gubernamental, el Estado de derecho y el control de
la corrupción (gráfico 1). Los promedios de América Latina se
encuentran por debajo de la media mundial de todos los indicadores de gobernabilidad excepto voz y rendición de cuentas, que
apenas supera la mediana. La calificación es especialmente baja
en cuanto al ejercicio del Estado de derecho. Y la región ocupa
el lugar más bajo en seguridad personal y delincuencia común.
Los promedios regionales ocultan grandes diferencias entre
los países. Chile, Costa Rica y Uruguay tienen calificaciones relativamente altas de gobernabilidad, a diferencia de la mayoría de
los demás países, que están por debajo de la mediana mundial; y
algunos, como Venezuela, tienen una calificación muy baja. Las
tendencias también varían: Uruguay (con un sistema político
cada vez más abierto, una población respetuosa de las leyes y baja
tolerancia a la corrupción) y Paraguay (que partió de una base
muy baja) han mejorado su control de la corrupción a lo largo del
tiempo, mientras que Venezuela experimentó un marcado deterioro.
En un esfuerzo por reducir la corrupción asociada con el
exceso de burocracia, algunos países (Colombia, México y Costa
Rica) han disminuido los trámites burocráticos, pero muchos
otros están quedando rezagados. En sentido más general, en
cuanto a competitividad mundial, según el Foro Económico
Mundial solamente 7 de 18 países latinoamericanos se ubican en
la mitad superior de un índice de 144 países. Solo Chile (puesto
33, y en descenso) y Panamá (puesto 48) se ubican entre los 50
mejores. El principal factor que reduce la competitividad de la
región es la mediocre calidad institucional.
Varios países de la región han dependido en gran parte de sus
materias primas, especialmente petróleo y minerales. Con algunas
excepciones (Chile y, en cierto grado, Colombia y Brasil), en los
países ricos con abundantes recursos naturales la gobernabilidad y
el control de la corrupción son peores que en el resto de la región.
Según datos de todas las regiones, incluida América Latina, en
términos generales los países ricos en recursos no aprovecharon
la oportunidad de reformar la gobernabilidad durante el ciclo
Kaufmann, corrected 8/5/15
Gráfico 1
Resultados dispares
Todos los indicadores de gobernabilidad de América Latina,
excepto el de voz y rendición de cuentas, se encuentran por
debajo de los observados en otras regiones.
(calificación de indicadores mundiales de gobernabilidad, fines de 2013)
Mejor
2,25
Voz y rendición de cuentas
1,75
Eficacia del gobierno
Estado de derecho
1,25
Control de la corrupción
0,75
0,25
–0,25
–0,75
–1,25
–1,75
Peor OCDE, países de
alto ingreso
Asia oriental
Europa central
y oriental
América Latina
Fuentes: Datos de Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (www.govindicators.org) y
cálculos de los autores.
Nota: El rango teórico de los indicadores varía entre –2,5 (peor) y 2,5 (mejor); unidades de
desviación estándar. Las calificaciones de la OCDE excluyen a países de Europa central y oriental.
Finanzas & Desarrollo septiembre de 2015 21
excepcional de las materias primas de la última década. Los datos
indican que en muchos países, incluida América Latina, la voz y
la rendición de cuentas se deterioraron (con mayores restricciones sobre la sociedad civil durante el período, especialmente en
algunos países ricos en petróleo), así como también lo hicieron
el control de la corrupción —excepto, por ejemplo, en Colombia
y Brasil— y el Estado de derecho (gráfico 2).
La importancia de la gobernabilidad
Los WGI muestran la importancia de la gobernabilidad para el
desarrollo. En promedio, observamos que la buena gobernabilidad
genera un dividendo de desarrollo a largo plazo del 300%: así, una
mejora de la gobernabilidad del bajo control de la corrupción (o
Estado de derecho) de Venezuela al nivel de Argentina, México
o Perú (o del nivel de cualquiera de estos tres países a los niveles
observados en Costa Rica) está vinculada causalmente a largo
plazo con una triplicación del ingreso per cápita, una disminución
de un tercio de la mortalidad infantil y tasas de alfabetización
mucho mayores. Y no hay indicios de que los ingresos adicionales
y la potencial flexibilidad derivada de las ganancias excepcionales
de las materias primas en los países ricos en recursos naturales
puedan contrarrestar deficiencias en la gobernabilidad. Los datos
apuntan a que la buena gobernabilidad aporta al desarrollo de
las economías ricas en recursos naturales tanto o más que en
otros países. Datos recientes indican que la mala gobernabilidad
entorpece la inversión en la exploración petrolera.
Más
allá del
efecto
sobre el ingreso, según muchos otros invesKaufmann,
corrected
8/5/15
tigadores (incluyendo Gupta et al., Mauro y Tanzi, del FMI)
la corrupción menoscaba los resultados en educación, salud,
inversión pública e igualdad de ingresos. Frena el desarrollo, entre
otras razones porque apuntala a grupos poderosos y debilita la
base impositiva, socava las finanzas públicas (como en Grecia)
y desvía tanto el talento (de las actividades productivas hacia la
especulación basada en la corrupción) como la inversión pública
Gráfico 2
Estado de derecho
Algunos países de América Latina presentan calificaciones
satisfactorias respecto del Estado de derecho, pero muchos
(incluso países ricos en recursos naturales) tienen bajas
calificaciones y no han mejorado.
(calificación del Estado de derecho)
Mejor
2,0
2013
2000
1,5
1,0
0,5
0,0
Venezuela
Ecuador
Paraguay
Argentina
Brasil
Uruguay
Chile
América Latina, no
ricos en rec. naturales
América Latina, ricos
en rec. naturales
–1,5
–2,0
Peor
OCDE, países
de alto ingreso
Europa central y
oriental
América Latina
–0,5
Fuentes: Indicadores Mundiales de Gobernabilidad (www.govindicators.org) y cálculos de los autores.
Nota: La calificación varía entre –2,5 (peor) y 2,5 (mejor); unidades de desviación estándar.
22 Finanzas & Desarrollo septiembre de 2015
(a costosos proyectos que requieren mucho capital en lugar de
educación y salud). Y la corrupción supone un fuerte impuesto
para los inversionistas.
Esta no es solo una cuestión académica. Pese a los avances en
algunos países, históricamente el crecimiento de América Latina ha
estado por debajo del potencial (y muy por debajo del crecimiento
de Asia oriental), y está experimentando una marcada desaceleración, al igual que la inversión extranjera. Más de un tercio de
la población aún vive con menos de US$5 por día en una región
rica en recursos naturales. La desigualdad de ingresos es una de
las más elevadas en el mundo (véase “La mayor desigualdad del
mundo” en esta edición de F&D), y la educación e innovación
están a la zaga de las de países similares en el resto del mundo.
Abordar la corrupción
La lucha contra la corrupción nunca ha tenido éxito cuando
se ha limitado a iniciativas tradicionales, como otra ley anticorrupción que no se cumple, o una nueva campaña o entidad
de anticorrupción. Se precisa un enfoque que modifique los
incentivos y aborde la corrupción de modo sistemático, que
ataque las redes de captura del poder y de corrupción. Tal
enfoque debe dar protagonismo a un poder judicial más fuerte,
junto con la reforma del financiamiento de la política, sistemas
con base en el mérito, y transparencia y rendición de cuentas.
Todos los poderes del gobierno, la sociedad civil, los medios
de comunicación y el sector privado deben participar.
Las reformas políticas son obviamente prioritarias, incluidos
la democratización y modernización de los partidos políticos y
un sistema de selección de líderes políticos abierto y basado en
el mérito. Muchos países de la región han adoptado regulaciones
sobre el financiamiento del proceso político, pero estas normas
adolecen de lagunas y no se aplican adecuadamente (evidencia de
la usual brecha entre la ley y la práctica) debido a una débil supervisión y ejecución, así como también a la falta de transparencia.
Esto debe resolverse; además, la reforma política debe incluir una
prohibición efectiva de las contribuciones de las empresas, topes
al financiamiento individual y gastos de campaña, divulgación
total de contribuciones a las campañas, y una supervisión más
sólida de las elecciones (como se ha hecho en México).
Dado lo difícil que es para la clase política reformar su propio
sistema político (algo evidente en Estados Unidos), el enfoque en
las reformas del Estado de derecho se torna aún más importante
para enfrentar la corrupción, sobre todo en una región donde la
impunidad reina en muchos países. La policía y el poder judicial son débiles en la mayoría de los países, y a menudo están
sometidos a influencias políticas y empresariales, clientelismo,
corrupción y, en algunos casos, incluso se infiltra la delincuencia organizada. Brasil y Chile han demostrado que es posible
fortalecer el poder judicial, pero la formación de una estructura
meritocrática —y por ende rejuvenecida y despolitizada— de
jueces bien remunerados sigue siendo un reto en muchos otros
países, al igual que la reforma de la policía. Hay que proteger e
incentivar monetariamente quienes denuncien irregularidades.
El segmento competitivo y de alta productividad del sector
privado sabe muy bien lo mucho que se ve afectado por compañías
que participan en actos de corrupción o ejercen una influencia
indebida. Las encuestas empresariales revelan el nivel de los
sobornos en los procesos de adquisiciones y el poder judicial en la
región, así como lo débiles que son los esfuerzos anticorrupción.
Los líderes del sector privado pueden ser un aliado importante
en la promoción de la buena gobernabilidad y la lucha contra
la corrupción y la “captura de las élites”, y pueden apoyar una
aplicación más estricta de medidas contra sobornos y apoyar
políticas relativas a conflictos de intereses y a la conducta de
“puerta giratoria” entre los sectores público y privado.
Las multinacionales de países de alto ingreso y de China también tienen gran responsabilidad. Por ejemplo, ayudadas por la
labor de los organismos reguladores de los países anfitriones, las
petroleras estadounidenses y europeas deberían adoptar plenamente el apartado de la ley estadounidense de Dodd-Frank que
exige a las empresas en las industrias extractivas divulgar todos
los pagos a gobiernos extranjeros. También se necesita un mayor
respaldo de los gobiernos de muchos países de alto ingreso, que
deben exponer y eliminar por completo los paraísos fiscales y
exigir la divulgación de los beneficiarios efectivos de las empresas,
y reforzar el cumplimiento de la legislación relativa a sobornos
en el extranjero de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.
Una mayor transparencia está dando lugar a gobiernos más
abiertos (inclusive a nivel mundial, por medio de la Alianza para
el Gobierno Abierto, AGA). En América Latina se ha avanzado en
materia de transparencia económica y financiera, pero la transparencia política tiene un largo camino por delante para abordar
la captura y los conflictos de intereses del Estado. Funcionarios
públicos, políticos y jueces a nivel nacional y subnacional deben
declarar de modo oportuno y accesible la totalidad de sus intereses
empresariales, activos, fuentes de financiamiento de campaña,
deliberaciones sobre proyectos de ley y registros de votos. También
se necesita transparencia total para enfrentar la corrupción en los
procesos de adquisiciones en todos los sectores, empresas públicas
y municipios, bajo la supervisión de la sociedad civil. Los gobiernos
deben incluir en listas disponibles al público a los licitadores que
coludan o sobornen, e impedirles participar en contratos con el
gobierno, como ahora lo hacen Chile, Colombia y Brasil.
Si se combinan con las innovaciones impulsadas por la tendencia Open Data y con las nuevas herramientas de diagnóstico de
gobernabilidad, las reformas en aras de la transparencia pueden
ayudar a analizar las vulnerabilidades de la gobernabilidad y
exponer públicamente la corrupción y la colusión. Para traducir
esta valiosísima información en rendición de cuentas y reformas, la sociedad civil (incluidas universidades y los centros de
estudios) debe participar y ser empoderada en mayor grado. Es
fundamental que los medios de comunicación desempeñen un
papel protagónico en la investigación y divulgación de casos de
captación de intereses y corrupción, pero en muchos países eso
significará desenmarañar la estructura de propiedad altamente
concentrada de los medios.
Oportunidades de reforma
Los pilares de la reforma de la gobernabilidad mencionados
revisten igual importancia en los países ricos en recursos naturales, pero a menudo también se requieren medidas complementarias para las industrias extractivas. La gestión de gobierno
de los recursos naturales se benefició de algunas iniciativas
notables durante el auge de las materias primas de la última
década. Con la participación de instituciones financieras internacionales y bancos multilaterales de desarrollo, así como de
organizaciones no gubernamentales, se lanzó la Iniciativa para
la transparencia de las industrias extractivas (EITI, por sus
siglas en inglés), que hoy incluye a 48 países. Nuevos enfoques
y herramientas contribuyeron a la evaluación de los países y el
desarrollo de la estrategia; por ejemplo, la Carta de los Recursos
Naturales, que hace hincapié en la formulación de políticas a
través del proceso de decisiones. Pero es necesaria una puesta
en práctica eficaz. Y la política económica tecnocrática junto
con las iniciativas de divulgación deben complementarse con
un refuerzo de la rendición de cuentas y el Estado de derecho.
La reforma en aras de la transparencia es esencial: los países
deben unirse a la EITI, adoptar sus normas mundiales y abordar los
problemas subnacionales, sociales y ambientales (como Colombia
está empezando a hacer). La caída de los precios del petróleo presenta una oportunidad para poner en práctica reformas fiscales
específicas, incluidos la reducción de los subsidios a la energía
(como en Ecuador y México), el fortalecimiento del cumplimiento
tributario por parte de los sectores poderosos y la ampliación de la
base impositiva en general (alejándose de la dependencia excesiva
de las industrias extractivas), la adopción de fondos soberanos de
inversión bien administrados (Chile), y la mejora de la eficacia de
la distribución de los ingresos y el gasto público a nivel subnacional,
donde a menudo prevalecen el desperdicio y la corrupción.
Tal como están empezando a hacer México y Brasil, los países
ricos en recursos naturales deben modernizar sus petroleras
nacionales, someterlas al rigor del mercado, reducir la interferencia
política e instituir sistemas de nombramiento meritocráticos, y
asegurar una eficaz supervisión, divulgación de información
e integridad empresarial. También es fundamental contar con
organismos sólidos y meritocráticos dentro de las industrias
extractivas y los sectores conexos, y prestar atención a los retos
sociales y ambientales (como los que enfrentan Colombia y Perú).
Y se necesita una mayor transparencia en las legislaturas de muchos
países (incluidos Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela).
En general, América Latina padece de un fuerte déficit de
gobernabilidad. A menos que haya mejoras, el crecimiento sostenido y compartido estará en peligro, la gran clase media se
verá amenazada, y es poco probable que se aborden las grandes
desigualdades. Pero hay esperanza y oportunidades. La gran
tolerancia que mostraban los latinoamericanos ante la corrupción y la impunidad está disminuyendo. La sociedad civil está
exigiendo cambios, y algunos países (como Brasil y Chile) han
emprendido reformas. Después de todo, la gobernabilidad de un
país se observa, no en una utópica ausencia de corrupción, sino
en la firmeza y la calidad de la respuesta institucional. El cambio
en la opinión pública, junto con la disminución de los precios de
las materias primas y las presiones socioeconómicas y fiscales a
raíz del menor crecimiento en la región y en China, hacen pensar
que este es el momento de mejorar la gobernabilidad.
■
Daniel Kaufmann es Presidente del National Resource
Governance Institute (NRGI).
Referencias:
Véase www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/09/pdf/kaufmannref.pdf
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