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Hacia la construcción de políticas públicas a favor de las mujeres

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Hacia la construcción de políticas públicas a favor de las mujeres
Hacia la construcción de políticas públicas
a favor de las mujeres migrantes
Caso Chiapas, México
Hacia la construcción de políticas públicas a favor
de las mujeres migrantes / Caso Chiapas, México
México, primera edición, 2010
D.R. Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social,
Incide Social, A.C.
Hilario Pérez de León núm. 80
Col. Niños Héroes de Chapultepec
03440 México, D.F.
Teléfono: 52 (55) 5590-8754
www.incidesocial.org
Sin Fronteras, I.A.P.
Calle Puebla núm. 153
Col. Roma, 06700 México, D.F.
Teléfono: 52 (55) 5514-1519
[email protected]
Impreso en México. Printed in Mexico
La presente publicación ha sido elaborada con la
asistencia financiera de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de
Incide Social, A.C. y Sin Fronteras I.A.P., y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de
vista de la Unión Europea.
«La Unión Europea está formada por 27 Estados
miembros que han decidido unir de forma progresiva sus conocimientos prácticos, sus recursos y sus
destinos. A lo largo de un periodo de ampliación de
50 años, juntos han constituido una zona de estabilidad, democracia y desarrollo sostenible, además
de preservar la diversidad cultural, la tolerancia y
las libertades individuales.
La Unión Europea tiene el compromiso de
compartir sus logros y valores con países y pueblos
que se encuentren más allá de sus fronteras.»
Coordinación
Nancy Pérez García
Asesor
Manuel Ángel Castillo
Equipo
Emilio Chávez Herrerías
Santiago Martínez Junco
Nadia Nehls Martínez
Genoveva Roldán Dávila
Ana Stern Leuchter
Melissa Vértiz Hernández
Consejo Editorial
Incide Social
Laura Breña Huerta
René Torres–Ruiz
Dino Zardoni Marie
Diseño de cubierta
Altas y Bajas, Servicios
Editoriales, Sociedad
Cooperativa de R.L. de C.V.
Fotografía: Melissa Vértiz
Hernández
Edición
Altas y Bajas, Servicios
Editoriales, Sociedad
Cooperativa de R.L. de C.V.
(55) 5519-6755
Hacia la construcción de políticas públicas
a favor de las mujeres migrantes
Caso Chiapas, México
Índice
Prólogo
Nancy Pérez García
9
Introducción
Manuel Ángel Castillo
11
Derechos humanos y migración
Genoveva Roldán Dávila
15
Género y migración
Ana Stern Leuchter
31
Instrumentos internacionales de protección
a la migración femenina
Ana Stern Leuchter
43
Los flujos internacionales de migración femenina
Genoveva Roldán Dávila
67
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
Genoveva Roldán Dávila
81
8
Hacia la construcción de políticas públicas a favor de las mujeres migrantes / Caso Chiapas, México
Marco jurídico nacional, política migratoria
y migración femenina
Ana Stern Leuchter
121
Marco jurídico estatal y municipal, política
migratoria y migración femenina
Santiago Martínez Junco
137
Lugares de origen y destino del flujo migratorio
internacional de mujeres hacia la región
del Soconusco, Chiapas, México
Santiago Martínez Junco
155
Situación de los derechos de las mujeres migrantes
en la región del Soconusco, desde su perspectiva
Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter /
Melissa Vértiz Hernández
171
Propuestas de políticas públicas para atender
la situación de las mujeres migrantes
internacionales en la región del Soconusco
Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García /
Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter /
Melissa Vértiz Hernández
199
Bibliografía
225
Prólogo
E
n diciembre de 2008, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide
Social, y Sin Fronteras iniciaron el proyecto “Promoción de políticas
públicas a favor de los derechos humanos de las mujeres migrantes y la
eliminación de prácticas discriminatorias y de violencia”. El propósito fue
promover la inclusión de estándares internacionales en la construcción de
políticas públicas dirigidas a mujeres migrantes para contribuir a prevenir
y eliminar la discriminación así como la violencia contra la mujer.
Para lograr este objetivo se desarrollaron diferentes actividades: trabajo de campo, investigación documental, talleres de formación y entrevistas
a profundidad a mujeres migrantes, talleres y reuniones de sensibilización
con funcionarios y representantes de instituciones involucradas en el tema;
varias jornadas de discusión y análisis del equipo de investigación; y un
foro de discusión en Tapachula.
El proyecto se desarrolló por un grupo interdisciplinario, conformado por profesionales con amplia experiencia en el fenómeno migratorio
local y nacional, radicados tanto en Tapachula, Chiapas, como en el Distrito Federal, lo que permitió tener una retroalimentación muy rica entre
la realidad que se vive diariamente en el territorio y lo que destacan las
últimas tendencias teóricas e investigaciones en la materia.
Si bien hubo dificultades, ya que el trabajo con un grupo de población
como la migrante, es complejo por naturaleza, no se presentaron obstáculos
10
Hacia la construcción de políticas públicas a favor de las mujeres migrantes / Caso Chiapas, México
insalvables. Se tuvo que hacer una readaptación metodológica de la propuesta inicial de los talleres, para armonizarlos con los tiempos y particularidades de cada grupo de mujeres, así como con las condiciones de acceso
de cada municipio.
Los textos que a continuación se presentan buscan aportar un acercamiento a la realidad que viven actualmente las mujeres migrantes
radicadas en la región del Soconusco e identificar sus necesidades apremiantes, a partir de las propias mujeres. Reconocemos que los resultados
no tienen como base una muestra significativa; sin embargo, se detectaron coincidencias en las demandas realizadas por la diversidad de mujeres
migrantes que participaron en los talleres y entrevistas a profundidad.
Para la construcción de las propuestas de políticas, se hizo un ejercicio para aportar desde las áreas de especialidad del equipo, recomendaciones que abarcan desde las deseables (estructurales), hasta aquellas
que son posibles bajo el contexto actual; estas últimas son propuestas a
corto plazo que sólo requieren voluntad política para llevarse a cabo.
Proyectos de esta naturaleza permiten visibilizar problemáticas locales que demandan, en principio, atención de los gobiernos, pero también llaman a reflexionar sobre lo que podemos hacer la diversidad de
actores nacionales e internacionales por aquellos grupos de población
que viven en condiciones de discriminación o que han sido invisibilizados. También abren nuevas vetas de trabajo que requieren atención y
sobre las cuales las organizaciones de la sociedad civil continuaremos
desarrollando propuestas que coloquen en el centro a la población y el
irrestricto respeto a su dignidad.
Agradecemos el valioso apoyo de la Delegación de la Unión Europea
en México por hacer posible la realización de esta iniciativa, que aporta
significativamente a mejorar el conocimiento del fenómeno que se desarrolla en la región del Soconusco, a fortalecer capacidades, a sensibilizar y a construir propuestas de política, desde las organizaciones de la
sociedad civil mexicanas.
Nancy Pérez García
Introducción
E
n los años recientes se ha generado una voluminosa producción de
conocimiento sobre los procesos migratorios en el mundo. A ello
ha contribuido la intensidad y diversidad de desplazamientos de población con diversos propósitos, composiciones, destinos, orígenes y circunstancias en los que ocurren. Los aportes difundidos abarcan una amplia
gama de aspectos que tratan de integrar la complejidad de los movimientos migratorios contemporáneos. Los mismos han sido abordados desde
muy diversas perspectivas teóricas, metodologías de análisis y distintas
fuentes de información.
Sin embargo, estos avances en el conocimiento no se han desarrollado con igual profundidad y extensión respecto al abanico de temas que,
desde los fenómenos migratorios, han provocado la preocupación de
muchos sectores de las sociedades involucradas. Uno de ellos es el apropiado reconocimiento de la participación de las mujeres en los desplazamientos de población, en buena medida desconocido o ignorado por los
estereotipos difundidos a partir de ciertos flujos, cuyas características se
generalizaron de manera acrítica. Por otra parte, la secular subordinación y discriminación de las mujeres en muchas sociedades, sobre todo
en aquellas que hoy son fuente de crecientes y significativos movimientos
migratorios, contribuyeron a lo que la literatura califica como “invisibilización” de las mujeres en las migraciones. Ello significa que no solamente
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Hacia la construcción de políticas públicas a favor de las mujeres migrantes / Caso Chiapas, México
se ha subestimado la presencia de este importante conjunto de población
en la dinámica migratoria como protagonistas de los desplazamientos
como sujetos activos, en contraste con las tradicionales visiones que las
ubican como acompañantes o como miembros de un conjunto en busca
de la reunificación familiar. Tampoco se ha reconocido su valiosa y oportuna contribución para que ocurran muchos flujos masculinos sin que
ellas necesariamente se involucren en el desplazamiento.
De ahí que hoy se distinga un auge de los estudios encaminados a
destacar en su justa dimensión el papel de las mujeres en los procesos
migratorios contemporáneos. En México es posible reconocer una significativa producción en aumento, que se propone contribuir no solamente a caracterizar las diversas formas de participación de las mujeres en la
dinámica migratoria, sino también –desde una perspectiva de género– a
redimensionar su papel en las familias y especialmente en las transformaciones ocurridas en dichos ámbitos a partir de los desplazamientos de
sus miembros. Estos esfuerzos destacan asimismo los cambios en el papel
de las mujeres en las sociedades contemporáneas en el contexto de procesos como los de globalización e integración económicas, los cuales han
repercutido en transformaciones de los mercados laborales y en otros
espacios vinculados con la movilidad de la población.
Por esa razón, en la actualidad el conocimiento de la dinámica migratoria de la población mexicana da cuenta de una intensa y significativa
participación de las mujeres en las dinámicas migratorias de flujos específicos, tanto de carácter interno como internacional, así como en diversas esferas de la realidad en la que se mueven. No obstante, así como el
conocimiento de los flujos de inmigración y transmigración de población
extranjera en el país es limitado, en parte por el carácter reciente de la
mayoría de los procesos, tampoco se sabe mucho sobre la presencia histórica y actual de las mujeres en dicha dinámica.
Como se explica en el texto, uno de los flujos más antiguos de este
conjunto, es el de trabajadores agrícolas guatemaltecos que, desde fines
del siglo XIX y principios del XX , han concurrido anualmente a laborar a
las plantaciones de café de la región fronteriza del Soconusco, Chiapas.
Durante mucho tiempo, se planteó como un movimiento de fuerza de
Introducción
13
trabajo masculina, por la manera en que se organizan y desarrollan las
actividades vinculadas con el cultivo del grano. Esa visión incluso repercutió sobre las formas adoptadas para regular el flujo por las autoridades
migratorias, pues a pesar de la presencia evidente de mujeres (y menores), las autorizaciones y la documentación migratoria se extendía a los
hombres como titulares y, en el mejor de los casos, se mencionaba a “las
acompañantes”, pero sin nombre ni identidad reconocida.
La dinámica migratoria actual ha aportado evidencias contundentes
sobre la presencia y participación de las mujeres en los desplazamientos.
No obstante, la diversidad de modalidades observadas, pero sobre todo
su exposición a riesgos, vejámenes y abusos, han llamado la atención
sobre su condición de población en situación de vulnerabilidad en un
contexto cada vez más violento. En el conjunto de denuncias y registros
de violaciones de derechos humanos de los migrantes que se encuentran
o transitan por el territorio de la frontera sur de México destaca el caso de
las mujeres y menores, quienes son víctimas de abusos por su misma
condición, a los cuales se suman también otros factores como el étnico y
la situación migratoria irregular.
Los elementos anteriores son algunos de los antecedentes que motivaron la realización del presente estudio. Éste se propone, a partir del
examen de un marco contextual, jurídico e institucional, de los derechos
de los migrantes, y de una perspectiva de género, examinar la situación de
las mujeres migrantes en la región fronteriza del estado de Chiapas, México. Para ello, se analizan tendencias generales del comportamiento migratorio de las mujeres en el mundo actual, así como la evolución de los
instrumentos jurídicos y las políticas migratorias de diversos países y
regiones, mismos que plantean una serie de retos para perspectivas como
las de protección de los derechos humanos y los enfoques de género.
Con esos antecedentes, el estudio aborda la situación del marco jurídico y de las políticas migratorias en México. Se realiza un examen de
las instituciones y la capacidad instalada en las esferas federal, estatal y
municipal, que poseen competencias y jurisdicciones respecto del amplio tema de la gestión migratoria. Se cuestionan los alcances de dichas
instancias y sobre todo se concluye en la necesidad de avanzar, no sólo
14
Hacia la construcción de políticas públicas a favor de las mujeres migrantes / Caso Chiapas, México
en una adecuación y actualización del marco jurídico de conformidad
con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano ante la comunidad internacional, sino también en la necesidad de formular una sólida
política migratoria integral de Estado.
Esta última aspiración busca resolver problemas de coherencia y
coordinación interinstitucional a fin de garantizar a mujeres (y hombres)
migrantes, la vigencia y protección de sus derechos; se trata de asegurar
el acceso a instituciones y programas que les permitan condiciones de
bienestar y equidad, independientemente de su condición migratoria
específica. Para ello, el equipo de investigación, con base en el trabajo de
análisis documental y el trabajo de campo, plantea una serie de conclusiones que sirven de base a un conjunto de recomendaciones y estrategias
que orienten las acciones de diversos actores gubernamentales y de la
sociedad civil para lograr esos objetivos, con énfasis en la particular situación de las mujeres migrantes.
Manuel Ángel Castillo
Derechos humanos y migración
Genoveva Roldán Dávila
L
os niveles de conocimiento y difusión de la problemática relativa a la
migración laboral internacional han sido progresivamente mayores
en las tres últimas décadas, particularmente en lo referente a las reiteradas violaciones a los derechos humanos de que son objeto los trabajadores migratorios documentados e indocumentados, en virtud de su alto
grado de vulnerabilidad y desprotección.
En buena medida la identificación de los abusos, violencia y agresiones que, con más frecuencia de lo que dan cuenta las estadísticas de
los Estados nacionales y de los organismos internacionales, ponen en
riesgo la integridad física, emocional y la vida misma de los trabajadores
migratorios, ha sido el resultado de las acciones permanentes de diversas
organizaciones civiles, algunas de ellas de carácter religioso. Con el compromiso y tenacidad de dichas acciones, se logró visibilizar una problemática de la cual no podía mantenerse ajeno el sistema internacional de
protección de los derechos humanos.
La intensidad que adquirieron las denuncias, particularmente en los
años ochenta, sobre las condiciones en las que los trabajadores migratorios realizan el tránsito hacia los mercados laborales que los requieren, se
tradujo en que el 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,
16
Genoveva Roldán Dávila
la cual tuvo que recorrer un tortuoso camino para entrar en vigor trece
años después, el 1o de julio de 2003, con el depósito del vigésimo instrumento de ratificación realizado por Guatemala. Hasta mayo de 2009, había
un total de 41 ratificaciones (la última fue depositada por Albania), así
como 15 signatarios. En el caso de México, que fue miembro de la comisión
que elaboró dicho instrumento, suscribió la Convención el 22 de mayo de
1991 y emitió su ratificación, casi ocho años después, en marzo de 1999.
Además del anterior instrumento, se identifican otras acciones, como
la que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, institución que creó en 1997, una relatoría específica sobre migrantes, a partir
de la resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos. Con la misma orientación, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas integró en 1999, la Relatoría Especial sobre
los derechos humanos de los migrantes (CEPAL , 2006). Por otro lado, se
aprobó el protocolo de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, que busca prevenir, reprimir
y sancionar el tráfico de migrantes.
De gran importancia resultan los instrumentos elaborados por la
Organización Internacional del Trabajo, particularmente los convenios
relativos a los trabajadores migrantes (núms. 97 y 143) y los tocantes al
trabajo forzoso u obligatorio (núms. 29 y 105), así como las recomendaciones referentes a los trabajadores migrantes (núms. 86 y 151) (Rodríguez
y Rodríguez, 1994: 663).
De los compromisos adquiridos por la comunidad internacional, cabe
resaltar el significado que alcanza la percepción frente a la migración de
trabajadores. No de forma unánime pero sí de carácter significativo, es el
logro de que se piense al conjunto de las migraciones, como fenómenos
en constante movimiento, en estrecha relación y articulación, pero dándole una especificidad a las diversas expresiones migratorias, distinguiendo
las nacionales de las internacionales, la de los trabajadores migratorios
internacionales y sus familias, de las que se realizan por razones de refugio,
o de aquellas que suceden porque son movilizados de forma obligada.
De ahí que la convención internacional que protege los derechos de los
trabajadores migratorios, permite distinguir las profundas especificidades
Derechos humanos y migración
17
que contiene esta expresión migratoria y que la distinguen de la movilidad que al interior de los Estados nacionales persiste y de otras expresiones
migratorias como las que se especifican en el artículo 3 de la Convención
(Rodríguez y Rodríguez, 1994: 667-668), y además delimita que ésta no
se aplicará a: 1) las personas enviadas o empleadas por organizaciones
y organismos internacionales, por un Estado o por un empleador en su
nombre, 2) las personas que se instalen en un país distinto de su Estado
de origen en calidad de inversionistas, 3) los refugiados y apátridas, 4) los
estudiantes y las personas que reciban capacitación, 5) los marinos y
los trabajadores en estructuras marinas que no hayan sido autorizados a
residir y ejercer una actividad remunerada en el Estado de empleo (Convención).
Sin lugar a dudas, la migración laboral internacional mantiene estrechas articulaciones con otros flujos migratorios, particularmente con las
migraciones laborales internas de los Estados nacionales, las cuales, en
determinados momentos históricos, terminan por diluirse y fundirse con
la migración internacional. Es el caso de ciertos sectores de las migraciones internas de jornaleros agrícolas del sur de México, hacia los campos
agrícolas del norte del país y la ulterior incorporación, de algunos grupos,
al flujo internacional; o las migraciones internas hacia las empresas maquiladoras en el norte de México, parte de las cuales, posteriormente, se
redirecciona hacia Estados Unidos. Sin embargo, esta dinámica no desvirtúa la necesaria distinción entre los procesos de índole interna y los
que trascienden las fronteras.
Otro proceso migratorio significativo, por el número de seres humanos que incluye, así como por su impacto social y cultural, es el de los
refugiados políticos o por fenómenos naturales que, mayoritariamente,
está integrado por sectores sociales en condiciones de pobreza, probablemente mayores a las de los inmigrantes laborales y cuya acción está
presionada por ese escenario económico y dificultades en las que son
colocados por los conflictos militares o condicionamientos ecológicos. En
esta expresión migratoria, algunos de los movimientos o desplazamientos
poblacionales por refugio, que trascienden fronteras, son el resultado
de acciones desorganizadas que sólo tienen el propósito de escapar de
18
Genoveva Roldán Dávila
las condiciones de riesgo para sus vidas por las condiciones políticas,
militares, naturales o desastres sociales; para muchos de ellos la migración significa una opción de vida, frente a la posibilidad de una muerte
inminente en caso de permanecer en sus países. Las características muy
especiales de la problemática de los refugiados políticos tuvo un reconocimiento inmediato por la comunidad internacional: desde 1954 entró
en vigor la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y, en virtud de
que la Convención se aplicaba a los refugiados que habían pasado a tener
esta condición como resultado de los sucesos anteriores a enero de 1951,
así como por las nuevas condiciones surgidas en este fenómeno después
de ese mismo año, Naciones Unidas adoptó el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados en 1966, el cual entró en vigor en 1967. La especificidad de las condiciones de los refugiados (políticos o por fenómenos y
desastres naturales), no se contradice por el hecho de que bajo determinadas condiciones han provocado desenlaces no estrictamente previsibles y, en algunos casos, han desembocado en movimientos que se tornan
permanentes y terminan confundiéndose con las migraciones laborales
entre naciones. Proceso que podemos observar en experiencias como la
de los refugiados guatemaltecos en México, así como los nicaragüenses
y salvadoreños en Estados Unidos, entre otros.
No es un asunto secundario el logro de la visualización en todo el
mundo de las difíciles condiciones en las que se realiza la migración internacional de trabajadores, así como el diseño y elaboración de instrumentos que se proponen proteger sus derechos humanos. Significa el
reconocimiento de las particularidades de la problemática que genera
este tipo de migración y la necesidad de atenderla por considerar, según
se afirma en la Convención, “la situación de vulnerabilidad en que con
frecuencia se encuentran los trabajadores migratorios y sus familiares
debido, entre otras cosas, a su ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en razón de su presencia en el Estado de
empleo” (Rodríguez y Rodríguez, 1994: 665). Todavía más específica resulta la consideración presentada en la misma Convención, en la que se
sostiene que los “trabajadores no documentados o que se hallan en situación irregular son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo
Derechos humanos y migración
19
menos favorables que las de otros trabajadores y que para determinadas
empresas ello constituye un aliciente para buscar este tipo de mano de
obra con el objeto de obtener los beneficios de una competencia desleal”.
De ahí que la Convención es aplicable durante todo el proceso migratorio de los trabajadores y sus familiares. Comprende los preparativos para la
migración, el desplazamiento, el cruce y todo el periodo de residencia y de
ejecución de una actividad remunerada en el Estado que requiere ese empleo, así como el retorno al Estado de nacimiento, o de residencia usual.
La complejidad del fenómeno migratorio de trabajadores y de los intereses económicos, políticos y sociales que perfila, se pone en evidencia
si consideramos que sólo cinco años han transcurrido de la entrada en
vigor de la Convención que protege los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias, después de casi dos décadas de que se
presentó a la comunidad internacional y de que estos derechos se encuentran respaldados no sólo por el manto protector que emerge de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, sino también
por los instrumentos que posteriormente han surgido y que comprometen a los Estados miembros de la ONU al cumplimiento de los derechos
registrados en dicha Declaración, en virtud de que el acatamiento de esta
última carece de obligatoriedad ya que no tiene carácter vinculante.
El sinuoso camino que ha tenido que recorrer el compromiso adquirido por la comunidad internacional, frente a esta problemática, nos exige
una estricta valoración sobre lo obtenido, que no sólo contemple los avances, como los ya mencionados, sino que también identifique los obstáculos. En esa dirección se observa que el análisis del estatus, declarativo y
fáctico, de la protección y defensa de estos derechos humanos, sugiere
diversas aristas para reflexionar; sin embargo sólo destacaremos dos
ángulos de análisis, por considerar que merecen especial atención.
El primero se refiere a la preocupante disociación entre los progresos
en el terreno declarativo, y la limitada expresión en su cumplimiento
(Castillo, 2000: 189), tanto en la cotidianeidad del fenómeno migratorio,
en el día a día de estos trabajadores, mujeres, niños y hombres, documentados o indocumentados, como en las tendencias de mediano y largo plazos que se vislumbran. De igual manera llaman la atención los contrastes
20
Genoveva Roldán Dávila
y, en algunos casos, hasta divergencias que se presentan entre las políticas migratorias, laborales y sociales de diversos Estados y sociedades
nacionales, y los instrumentos internacionales que protegen sus derechos. Estas condiciones no sólo son el resultado de la relativa juventud de
la Convención, si únicamente tomamos en cuenta la fecha de su entrada
en vigor; o de las fallas y limitaciones económicas, políticas y jurídicas,
para eslabonar las acciones nacionales con las disposiciones internacionales, en aquellos países que ya han ratificado la Convención; sino también del peso específico que tienen, en cuanto a esta expresión migratoria,
los países que no se han comprometido con la ratificación de los instrumentos y declaraciones internacionales.
La movilidad del trabajo no tiene un comportamiento errático, de tal
manera que se distingue por la configuración de sistemas migratorios
que revelan la existencia de mercados laborales regionales, en donde los
países con mayor crecimiento se han convertido en demandantes de
fuerza de trabajo barata y con escasa especialización, de ellos destacan
Estados Unidos y diversos países de la Unión Europea como principales
solicitantes. De acuerdo con el informe Estado de la población mundial
2006 (Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA), América del
Norte (léase, Estados Unidos) y la Unión Europea (léase, Alemania, España, Gran Bretaña, Francia) son las regiones que con mayor frecuencia
requieren de trabajadores inmigrantes; en 2005, por ejemplo, dos de cada
tres inmigrantes internacionales se dirigieron hacia estas regiones.
De ahí que no resulte de poca monta, el hecho de que ninguno de
estos países haya ratificado o sea signatario de diversos instrumentos,
particularmente en el caso de la convención que protege a los trabajadores migratorios. Las convenciones ratificadas son consideradas, por Estados Unidos, como inaplicables y se les juzga como no “autoejecutables”
(Chomsky, 1999).
La segunda arista que interesa destacar en este documento, tiene relación con la ausencia en la reflexión y los instrumentos, de la protección
y defensa del derecho al desarrollo, como derecho humano, de los trabajadores migrantes internacionales y sus familias. Con la intención de
situar los posibles elementos explicativos de esta omisión, identificamos
Derechos humanos y migración
21
que el énfasis, tanto de la comunidad internacional, como de las políticas migratorias aplicadas en el ámbito nacional, se ha situado en el
enfoque de la elección racional, en donde son los individuos la unidad de
análisis. Este modelo analítico se ha complejizado un poco al incorporar
los efectos a escala y las externalidades que redundan en el aumento
de los costos de la migración por las diferencias culturales, sociales y
formas de vida, así como aquellas que surgen del conocimiento y habilidades del trabajador, es decir, de los niveles de “capital humano” que
están involucrados en la movilidad laboral. También suponen que la migración provoca que la remuneración para los inmigrantes pueda ser
transferida al país expulsor, por medio de las remesas, lo cual provoca
una pérdida del producto para el país receptor. Vale señalar que además
se supone que aquella transferencia es total, sin hacer alguna consideración sobre el destino de esos recursos, como puede ser el caso de que
con ellos se adquieran bienes y servicios que no se producen en el país
de origen y, por lo mismo, se establezcan mecanismos de retorno a los
países de destino.
Desde esta perspectiva, se ha insistido en los aspectos negativos que
provoca la inmigración, tales como: la reducción de los salarios de los
trabajadores de similar cualificación, partiendo del supuesto del pleno
empleo y, en caso de que no exista flexibilidad del mercado laboral, la
inmigración atraería un segundo aspecto negativo: el aumento del desempleo. Estas reflexiones han sido cuestionadas por investigaciones empíricas que han demostrado que la movilidad laboral internacional no
impacta en un aumento del desempleo en los países que atraen esta fuerza de trabajo, así como el hecho de que su impacto en los salarios es
mínimo, lo cual ha puesto en evidencia su escaso nivel explicativo de la
movilidad laboral internacional.
Pese a que mantienen una relación analítica entre la migración y el
desarrollo, reducen la amplitud del análisis a la microeconomía por considerar que las variables de la relación migración-desarrollo tienen más
que ver con la asociación microeconómica de la toma de decisiones y la
existencia de “fallas” en los mercados que están ligadas a un modo “precapitalista” de producción, por tanto, dichas “fallas” sólo están localizadas
22
Genoveva Roldán Dávila
en el nivel sectorial, local, es decir, son fenómenos que aparecen desconectados de la totalidad económica, además de ser atemporales.
El concepto de elección racional se ha “modernizado”. Al respecto es
importante citar algunas de las reflexiones de Oded Stark, quien ha incorporado la variable de “la familia” en la toma de decisión; la cual es
vista como un “portafolio de inversión”, que realiza su elección racional
aislada, según las condiciones en las que los “fallos del mercado” se relacionen con su actividad. Así, la migración se explica por un extraño entrelazamiento de factores signados por la supuesta racionalidad económica,
con tintes voluntaristas, que se expresa en que las familias realizan cálculos de beneficio, que les permiten “elegir con buen criterio”, para que el
sujeto que realice el proceso migratorio, sea aquel miembro de la familia
que probablemente les proporcione más ganancias de renta neta, en donde el “enemigo común” que tiene el núcleo familiar es “toda una distribución de un conjunto de familias”, que son vecinas de la localidad, mas no
las condiciones de distribución y trabajo que se viven en sus poblaciones.
Esta “racionalidad” económica se entrelaza con una terrible subjetividad que se auxilia de supuestos sicológicos, que resultan ser los principios de la economía marginalista que supone la realización de “contratos
implícitos intrafamiliares”, la “comparación interfamiliar”, la “carencia
relativa”, entendida ésta como los sentimientos suscitados por las desigualdades existentes entre los grupos (Stark, 1993).
Desde esta interpretación, difícilmente se realiza un análisis detenido y minucioso sobre el papel determinante que juegan las condiciones
de subdesarrollo y atraso, en la decisión individual. Menos aún se identifica que el detonante del flujo migratorio en los mercados laborales
regionales que existen, lo han constituido las necesidades de los mercados laborales de los países con un crecimiento mayor que el de los países
de origen de la migración. De hacerlo, exigiría profundizar en las características que asumen las relaciones económicas, políticas y sociales
entre las naciones involucradas en estos flujos laborales.
Al considerar a la migración como un resultado de la racionalidad
económica individual, en algunas de sus políticas la comunidad internacional se ha orientado a proteger los derechos individuales de los
Derechos humanos y migración
23
inmigrantes y a considerar que el origen de los flujos se localiza en los
países de procedencia. Este nexo explica por qué se insistió en darle mayor énfasis al carácter individual de los derechos, partiendo de que la
Declaración Universal de 1948 insistía en los derechos del individuo, pero
sin precisar el lugar que éstos jugaban en la colectividad, es decir, no se
precisó cuál es el papel de los derechos de la colectividad respecto al
de los individuos.
La promoción de que la defensa de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias no se debe separar de sus derechos
económicos, sociales y culturales, del derecho al desarrollo, se sustenta
en una reflexión que difícilmente ve a la migración internacional de trabajadores como una simple acción individual: la considera una acción
colectiva que se origina en el cambio social y que afecta a toda la sociedad. Se subrayan los factores estructurales que están presentes en las
migraciones laborales y su eslabonamiento con los móviles y acciones de
los individuos y grupos involucrados.
Si partimos de los supuestos de que los seres humanos están fuertemente influidos por su biografía, condiciones materiales, estatus social,
pertenencia étnica y nacional, el curso del análisis nos llevará a la necesidad de fincar una conjugación de la perspectiva de individuos reales,
con el marco estructural en el que se desenvuelve su acción nacional e
internacional, sin perder de vista el contexto y estructuras sociales que
se reproducen. No se puede separar al individuo de la sociedad histórica
en la que se ha formado, así como tampoco se puede considerar al individuo como un hombre-masa que carece de identidad. El concepto del
hombre como ser social, no significa la disolución de su base material,
es decir, de la historia particular del contexto en el que se ha formado, lo
cual exige la identificación de las interacciones y articulaciones entre los
inmigrantes y su contexto.
La asociación entre movilidad laboral internacional y desarrollo económico alude a las anteriores reflexiones, ya que dos factores en cuanto
al desarrollo económico van a estar presentes en la decisión de migrar.
Por un lado, las necesidades de las economías demandantes de estos
trabajadores que requieren de la flexibilidad laboral que significa la
24
Genoveva Roldán Dávila
inmigración; y, por otro lado, el no desarrollo económico de aquellos
países desde los que se trasladan estos trabajadores, que inhibe las posibilidades de empleo y/o de remuneraciones de igual capacidad que las
ofrecidas en los países demandantes. Otros factores complejizan todavía
más la inmigración laboral, los cuales también mantienen una estrecha
relación con el derecho al desarrollo y que sólo queremos dejar enunciados: los históricos, demográficos y culturales.
Esta inexistente relación, en la comunidad internacional, entre los
instrumentos creados para la protección de los individuos, de los trabajadores migratorios, y la necesidad de proteger los derechos económicos
y sociales que condicionan esta problemática, pone de manifiesto que la
distancia que existe entre los derechos individuales y los sociales en cuanto al fenómeno de la migración laboral, tampoco es resultado de la imprevisión. Ello responde al hecho de que en los años posteriores a la adopción
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre 1948 y 1951,
con el ánimo de generar instrumentos que comprometiesen a los Estados
miembros a garantizarla, se produjo un intenso debate en la comunidad
internacional sobre los vínculos que existen entre los derechos civiles y
políticos con los derechos económicos, sociales y culturales.
Durante tres años, la discusión giró en torno a la posibilidad o no de
su separación. Los países con mayor nivel de desarrollo insistieron en la
necesidad de desvincularlos; se ha esgrimido el argumento de que el desarrollo es “un hecho, no un derecho” (Teitelbaum, 1993). Resulta revelador que, hasta la fecha, del total de instrumentos fundamentales sobre
derechos humanos, Estados Unidos sólo se ha adherido a uno: el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; incluso, este país vetó, unilateralmente, la Declaración del Derecho al Desarrollo.
Finalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1951,
acordó que sí se separaban, en virtud de que los derechos económicos,
sociales y culturales debían conseguirse progresivamente, mientras
que los derechos civiles y políticos debían asegurarse de inmediato. El
acuerdo de redactar dos convenios que serían adoptados conjuntamente,
no significó el final de las controversias, de tal manera que las negociaciones se prolongaron durante quince años (Madrazo, 1995).
Derechos humanos y migración
25
La postura que sostenía una simulada dicotomía, salió triunfante y en
1966 se separaron en sendos instrumentos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aun bajo estas condiciones, de la práctica división
de los derechos humanos, no resultó sencillo el proceso de validación, ya
que los pactos exigían, como mínimo, que 35 países los ratificaran. De
ahí que tendrían que transcurrir 10 años más, para que ambos pactos
entraran en vigor, con un poco más de dos meses de diferencia, en 1976.
Durante el debate que sobre los derechos económicos, sociales y culturales se realizó a finales de los años sesenta, el embajador de Estados
Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
Abram Morris, afirmaba que estos derechos “no son derechos”, estas
propuestas son un “recipiente vacío” y “parecen disparatadas”, incluso
una “incitación peligrosa” (Chomsky, 1999). Aseveraciones poco distantes de las expresadas por la ultraconservadora embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, durante la presidencia de Ronald Reagan, Jeane
Kirkpatrick, cuando señaló que los derechos socioeconómicos son “una
carta a Santa Claus”, ya que “ni la naturaleza, ni la experiencia o la probabilidad alimentan estas listas de ‘prerrogativas’, las cuales no tienen
restricción alguna salvo las del alcance y apetito de sus autores”. La postura de este país ha sido en la dirección de que estos derechos (los socioeconómicos) contenidos en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, no tienen validez alguna.
La fragmentación y compartimentación de los derechos humanos se
expresó en la teoría que conocemos como la de las generaciones de derechos humanos, en la cual el derecho al desarrollo es parte de la tercera
generación de derechos humanos, que se sustenta en la progresividad en
el acceso y respeto de los derechos humanos y niega la interrelación existente entre ellos, así como su indivisibilidad. Con tal separación se desconoció el hecho de que el bienestar de las mujeres y hombres del mundo,
garantizado por condiciones materiales de vida, con trabajos productivos,
creativos y una vida digna, no puede estar al margen de sistemas políticos
que funcionen sobre bases democráticas y con la amplia y profunda participación de la sociedad en su conjunto.
26
Genoveva Roldán Dávila
Igualmente se pasaba por alto que en el preámbulo de la Carta de las
Naciones Unidas, suscrita en 1945, se plasmó la necesidad de promover
el progreso social y elevar el nivel de vida, dentro de un concepto más
amplio de la libertad, y con tales finalidades se propuso promover el
progreso económico y social de todos los pueblos. En el preámbulo de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se proclamó,
como una de las aspiraciones más elevadas del ser humano, el advenimiento de un mundo en el que éste fuera liberado del temor y de la miseria.
En los artículos 22 al 28 se especificaron y consagraron ciertos derechos
económicos, sociales y culturales que son indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de los seres humanos: el derecho al trabajo y
protección contra el desempleo, igual salario por trabajo igual, derecho
al descanso y disfrute de tiempo libre, a la salud, alimentación, vestido,
vivienda y educación.
Como se puede observar, se definieron y clasificaron derechos y libertades que atienden a la problemática que se deriva del no desarrollo y
a sus expresiones más dramáticas, como son: la ignorancia, la miseria y el
desempleo. Reflexiones en la misma dirección son las expresadas por
Augusto Cançado cuando señala que:
Es a la luz de esta visión fragmentada que hoy se viene forjando –en América Latina y otras regiones– modelos de “crecimiento económico” y planes
de “modernización” que dictan los parámetros de políticas sociales limitadas a intentar contener sus devastadores efectos negativos, e incapaces así
de impedir o frenar el agravamiento del empobrecimiento de la mayoría de
la población y la marginalización y exclusión político-sociales de un considerable número de personas. Solamente mediante una visión integral y
globalista de los derechos humanos podremos precavernos y armarnos
intelectualmente contra tales distorsiones, lamentablemente tan corriente
en nuestros días, en todos los rincones del globo. (Cançado, 1996: 66)
La perspectiva sesgada de los derechos humanos ha permitido justificar aquellas concepciones que, con el propósito de lograr el crecimiento económico, con el obvio beneficio para algunos sectores, pero con
Derechos humanos y migración
27
escasas consideraciones para el mejoramiento social y la disminución de
las desigualdades, violaron sistemáticamente los derechos civiles y políticos (las dictaduras de los años setenta en América Latina son un claro
ejemplo de ello); y, a la inversa, tenemos el panorama actual en algunos
de nuestros países latinoamericanos donde, en aras de garantizar la supuesta libertad que otorgan las economías de libre mercado, se niegan
los más elementales derechos económicos y sociales de cada vez más
amplios sectores de la población.
Las debilidades de esta perspectiva y la renuencia a ratificar los protocolos, a pesar de que confirmaban la división de los derechos humanos,
así como la consecuente postergación de los derechos económicos y sociales, han motivado el permanente cuestionamiento sobre el nivel de
progreso en la disminución de las abismales diferencias entre los países
industrializados y los subdesarrollados, así como el impacto de dicha
situación en cuanto a la protección de los derechos económicos, sociales
y culturales de vastos sectores de la población mundial. De tal manera
que en 1968, en la Proclamación de Teherán se estableció en los principios
12 y 13, que:
12. La creciente disparidad entre los países económicamente desarrollados
y los países en desarrollo impide la realización de los derechos humanos en
la comunidad internacional. Dado que el Decenio para el Desarrollo no ha
alcanzado sus modestos objetivos, resulta aún más necesario que cada país,
en particular los países desarrollados, procuren por todos los medios eliminar esa disparidad.
13. Como los derechos humanos y las libertades fundamentales son
indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce
de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible. La
consecución de un progreso duradero en la aplicación de los derechos
humanos depende de unas buenas y eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico y social.
En un nuevo intento de reiterar que existe una interdependencia
entre el desarrollo económico y social y los derechos civiles y políticos, en
28
Genoveva Roldán Dávila
1969, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Declaración
sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. En este instrumento se
insiste en la necesidad de que los Estados activen políticas que garanticen a toda persona el derecho al trabajo y a elegir empleo libremente, así
como promover ingresos más altos a partir de que se alcance una distribución del ingreso más equitativa.
Con todo, el instrumento más acabado se lograría en la Declaración
sobre el Derecho al Desarrollo (1986), en la que se recuerda el derecho
de los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual tienen derecho a determinar libremente su condición política y a realizar su desarrollo económico, social y cultural, con soberanía plena y completa
sobre todos sus recursos y riquezas naturales. Asimismo, confirma que
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes y que, a fin de fomentar el desarrollo, se debe
examinar con la misma atención y urgencia la aplicación, promoción
y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales. De tal manera que el disfrute de ciertos derechos humanos
y libertades fundamentales “no pueden justificar la denegación de otros
derechos humanos y libertades fundamentales”. Finalmente, también
insiste en la necesidad de un nuevo orden económico internacional. Sin
embargo, no debemos perder de vista que esta declaración, tampoco
está provista de fuerza jurídicamente obligatoria, ya que todos los instrumentos de carácter declarativo no asignan ningún compromiso formal a ningún Estado que lo haya adoptado y menos aún a los que no lo
hayan ratificado.
Reconocidos juristas internacionales como Cuadra, Sepúlveda, Teitelbaum, y Cançado Trindade, entre otros, han insistido en que la debilidad de la comunidad internacional en cuanto a la protección global de
los derechos humanos, no se explica por la falta de instrumentos sino,
como señalaba en 1995 el expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México Jorge Madrazo:
Es innegable que los instrumentos internacionales que consagran los derechos económicos, sociales y culturales, y los que norman el derecho al
Derechos humanos y migración
29
desarrollo han sido hasta ahora impotentes para desterrar el problema
mundial de la pobreza y la pobreza extrema. El problema no es normativo
sino de poder económico y político. Las naciones y los grupos poderosos
adoptan decisiones que afectan literalmente a la humanidad en su conjunto, y lo hacen en la más completa impunidad. Las consecuencias están a la
vista: hambre, desnutrición, analfabetismo, enfermedades, desempleo
creciente, crisis cíclicas, mayor concentración de poder y de riqueza. (Madrazo, 1995: 199)
La realidad económica y social de vastas regiones del planeta nos
exige insistir en que la observancia de los derechos humanos civiles y
políticos se debe constituir en fuente de creatividad para impulsar el
proceso de desarrollo, con el ánimo de lograr la humanización de las
conducciones económicas, lo cual a su vez permitirá fortalecer la protección de los primeros. La interdependencia e indivisibilidad de todos los
derechos es lo que garantizará que la actuación del ser humano se constituya en el verdadero motor de impulso a un desarrollo que no sea a
costa de la dignidad humana. Mientras persistan las visiones tecnócratas
y economicistas y se continúe separando los derechos humanos, se volverá a posponer la observancia del contenido y esencia de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Durante más de medio siglo, la comunidad internacional se ha regido por la interpretación sesgada del
contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; de ahí
la necesidad de realizar un balance que permita considerar sus limitaciones orgánicas.
El sesgo que ha tenido la protección y defensa de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y sus familias, orientado fundamentalmente hacia los derechos individuales, encuentra explicación en
diversos planos de análisis. De ellos, se ha intentado destacar los que de
forma directa o indirecta han estado presentes y que se han convertido
en verdaderos obstáculos para atender la problemática de conjunto, sin
obviar los aspectos estructurales, que envuelve a la migración de trabajadores y sus familias en el plano internacional.
Género y migración
Ana Stern Leuchter
Importancia del tema
D
urante toda la historia de la humanidad han ocurrido desplazamientos de personas en distintas direcciones por diversas razones,
cada uno con su propia particularidad. Ahora nos encontramos frente a
procesos o ajustes estructurales y de modelos económicos que no sólo
implican flujos de capitales y de productos, sino también de personas que
buscan empleo y mejores condiciones de vida fuera de sus países de origen. Así, estos cambios en el nivel global impelen, ya no sólo a hombres
sino también a mujeres y niños, a aceptar empleos de baja calidad y poca
remuneración en la industria, los servicios y la agricultura.
Existen numerosas hipótesis para interpretar las causas de estas tendencias: por ejemplo, se argumenta que la mayor presencia de mujeres
migrantes está determinada por el tipo de fuerza de trabajo que el país
receptor necesita, que por lo general es la menos calificada, pero su género hace que se les prefiera respecto a los hombres igual calificados. Se
trata de personas a quienes se les considera como: sumisas, detallistas,
obedientes, conformes con su precaria situación e incapaces de organizarse y protestar por las condiciones laborales arbitrarias. Se dice también
que las mujeres migrantes prefieren desplazarse a los países desarrollados porque éstos ofrecen un abanico de oportunidades de empleo y de
32
Ana Stern Leuchter
educación, porque las leyes protegen la reunificación familiar o porque
estos países dan empleo a personas con ocupaciones tradicionalmente de
tipo femenino, como las del cuidado de la salud y de los niños y adultos.
Otra de las premisas es que los países desarrollados necesitan hombres
para trabajar en la agricultura, la construcción y la jardinería, mientras
que las mujeres se ocupan en el sector de servicios. Se insiste también
en que las leyes tienden a favorecer la migración temporal o permanente,
individual o familiar, legal o indocumentada de las mujeres (Banco Mundial, 2008), como una forma de reforzar los lazos familiares o de permitir
a las mujeres jóvenes mayor independencia y autonomía que aquella de
la que disponen en sus lugares de origen, normalmente países con tradiciones que impiden el pleno desarrollo de las mujeres, lo que tiene implicaciones diferenciadas para hombres y mujeres.
Así, considerando los ejemplos antes señalados, podemos decir que
la composición de género en la migración actual refleja una interacción
compleja de condiciones económicas, sociales, políticas y culturales. La
demanda laboral en los países de destino se ha feminizado, lo cual ha
afectado más que antes, tanto a los hogares como a la dinámica de las comunidades de origen. Las historias de las migrantes así lo prueban.
La migración es un proceso profundamente condicionado y determinado por el género. Aquellos estudiosos que no asuman la perspectiva de
género y sólo utilicen las explicaciones convencionales de la migración
masculina en sus modelos teóricos o en sus estudios, tendrán resultados
sesgados y poco confiables, debido a que la migración masculina no es
equivalente a la migración femenina; ambas se diferencian no sólo en las
razones para migrar, en los riesgos que tienen en la travesía, en los trabajos que realizan en los lugares de destino, sino en las formas en que
se adaptan y asumen la migración, en fin, en un conjunto amplio de
diferencias de género.
Ahondando aún más en la importancia del género, se puede agregar
que, en el campo de los mercados de trabajo, la ausencia de una perspectiva de género impide comprender el trato desigual que reciben las mujeres. Así, en los mercados laborales de los países receptores, las mujeres
perciben menores salarios que los hombres por el mismo tipo de trabajo,
Género y migración
33
por lo que son ellas las mejores fuentes de plusvalía para la acumulación
de capital. Otro ejemplo está dado en la inserción al trabajo: generalmente los hombres ocupan empleos mejor calificados y remunerados y las
mujeres se dedican a los trabajos basados en las supuestas características
físicas y psicológicas propias de su género. No considerar estas diferencias de género en una migración impregnada y atravesada por el
condicionante masculino o femenino, tanto dentro del método, como en
la recolección de los datos y en el análisis, conduce a resultados sesgados
para ambos sexos y constituye un obstáculo para la investigación y para la
formulación eficaz y eficiente de políticas públicas (Pessar, 2007).
Análisis de la migración: la perspectiva de género
Hasta la década de los sesenta, la migración femenina resultaba invisible
como movimiento autónomo y con propósitos propios. A la migración
femenina se le consideraba en un segundo plano, ya sea porque la mujer
migraba como acompañante del marido o como reunificadora familiar
cuando iba en busca de su cónyuge y de sus hijos que habían ya migrado.
En cuanto al hombre, él sí era visible por tener empleo e ingresos y por
enviar remesas a su país de origen. Este cambio ocurrió durante los años
setenta cuando, de acuerdo con Ariza (2000), se otorgó pleno reconocimiento a las migrantes como trabajadoras, como personas que se desplazaban movidas por una razón laboral; sin tener presente, en ese entonces,
un marco teórico metodológico propio de análisis que incorporara una
perspectiva de género, distinguiendo entre el sexo como entidad biológica y el género como construcción social y cultural. A partir de entonces,
se ha señalado y trabajado respecto a la necesidad de contar con un enfoque de género que permita aprehender cuáles son las especificidades
de los movimientos que involucran a las mujeres y de las relaciones que
establecen con sus contrapartes masculinas.
Cabe asentar y reconocer que fueron los grupos feministas de los años
setenta quienes tuvieron una fuerte incidencia en los estudios de las
ciencias sociales en materia de género y de migración, al percatarse del
34
Ana Stern Leuchter
incremento de los flujos migratorios femeninos y de sus condiciones
precarias.
Pero fue entre los años ochenta y noventa cuando se realizó el vuelco
analítico que se concretó en la perspectiva de género. Por ello, siendo el
género una construcción que atraviesa toda la estructura social, el estudio
de la migración puede abordarse seleccionando determinadas problemáticas, como son los factores de expulsión y atracción de la fuerza laboral y
las particularidades que éstos adquieren cuando se trata de hombres o de
mujeres. También, la migración puede ser vista como un fenómeno, a la
vez, de cambio y de continuidad, que incide en las pautas matrimoniales,
en la selección de la pareja, en los aspectos ligados a la reproducción familiar, en las aspiraciones y en las expectativas. De esta manera, se abre
una brecha de conflictos que ponen en tensión las normas, creencias,
lealtades, así como las representaciones de lo que cada grupo o colectividad considera como el comportamiento adecuado para cada uno de sus
miembros, de acuerdo con el sexo, la edad y el estatus (Ariza, 2000).
Fue a partir de la mitad de los años noventa cuando surgió la preocupación por parte de los estudiosos por investigar la migración internacional, misma que presenta rasgos distintivos respecto a los de la movilidad
interna. Este afán permanece hasta la fecha, debido al volumen de migrantes mexicanos que se dirigen hacia el exterior y particularmente
hacia el país del norte. En la segunda mitad de los años ochenta comenzaron a realizarse trabajos sobre la migración proveniente de los países
centroamericanos que se asienta especialmente en el estado de Chiapas.
Múltiples son los temas que aborda el enfoque de género en relación
con la migración, unos han sido más estudiados que otros y algunos necesitan reforzarse. Así, por ejemplo, el impacto que sufren las mujeres que
se quedan en la comunidad de origen, debido a los cambios estructurales
que sufre la familia cuando el esposo o uno de sus miembros migra, es uno
de los más investigados. Asimismo son estudiadas las razones por las que
se movilizan, relacionándolas con el contexto o lugar de origen, dentro de
una unidad doméstica; y también se enfoca la participación de los miembros
de la misma en la decisión de quien migra; todo ello, dependiendo del
lugar que ocupan en la familia y de la etapa de vida en que se encuentran.
Género y migración
35
A su vez, emergen otros temas menos estudiados que tienen relación
con la esfera afectiva, los sentimientos, el costo emocional, la sexualidad
y el manejo del cuerpo. Adquiere también relevancia la vulnerabilidad de
las mujeres en el proceso migratorio frente a los diferentes actores que las
extorsionan, dada su situación de precariedad o por ser migrantes irregulares. Finalmente, vale nombrar otros temas tales como: las remesas que
envían las mujeres, la ciudadanía, la participación política y las organizaciones sociales trasnacionales, así como las empleadas domésticas provenientes de otros países, junto con el tema de las jornaleras agrícolas y el
de las prostitutas y su eventual relación con las migraciones laborales.
La médula filosófica de la perspectiva de género la constituyen las diferencias existentes en el comportamiento entre ambos sexos, donde tiene
mayores reconocimientos y posibilidades en la sociedad lo masculino que
lo femenino, por lo que el género como construcción social está referido
a las reglas, normas, costumbres y prácticas mediante las cuales las personas se comportan según sean hombres o mujeres. Son las conductas
esperadas, según el peso que una sociedad determinada le da a uno u otro
sexo, lo que diferencia a hombres y mujeres, y da como resultado el trato
desigual, la discriminación y la exclusión que hay para un sexo o para otro.
Logros del análisis de la migración femenina
bajo la perspectiva de género
La perspectiva de género permite reconocer que las ideologías, jerarquías y relaciones sociales de género influyen en forma diferente en las
probabilidades y resultados de la migración de hombres y mujeres. También ayuda a entender la migración de las mujeres como un fenómeno
social diferente, aunque a veces estrechamente imbricado a la movilidad
de los varones.
La migración es una respuesta a la situación económica, social y cultural de las mujeres. En todos los aspectos es particularmente importante la
construcción simbólica de lo que es o debe ser lo masculino y lo que es o
debe ser lo femenino, por lo que puede aportar a una mejor comprensión
36
Ana Stern Leuchter
de las múltiples causas de la migración de las mujeres −en las que se
entretejen necesidades e inequidades−, así como de las consecuencias
de la migración de mujeres en las sociedades de origen y destino, y tanto en
las familias, como en el desarrollo de las comunidades y en el tejido social.
En el enfoque también se evidencian aquellos factores que las colocan en
una posición de mayor vulnerabilidad durante el proceso migratorio
respecto a los hombres (Stern, 2009).
Una de las principales aportaciones de esta perspectiva al estudio de
las migraciones ha sido plantear cómo influyen las relaciones de género
en la capacidad que tienen las mujeres de tomar su propia decisión de migrar e influir sobre otras personas en las diferentes etapas del ciclo familiar.
También ha posibilitado una mejor comprensión según clase, etnia y grupos
sociales, lo que ayuda a tener mayor claridad, tanto en los procesos como
en las esferas de negociación que entablan las mujeres en las comunidades
y en las familias. Dichos aspectos influyen en su decisión de migrar, en su
participación laboral y en su permanencia en la sociedad receptora.
La ampliación del abanico de temas, a medida que se ha ido profundizando en la perspectiva de género aplicada a la migración y en el análisis de los nuevos sucesos, ha permitido una mayor flexibilidad analítica
y una manera más amplia y específica de abarcar la composición de los
flujos migratorios, la estructura y la dinámica familiar, los mercados de
trabajo y las redes sociales.
Así, ha emergido un nuevo tipo de migrantes: esto es, personas que
portan consigo un conjunto de recursos y habilidades desde su lugar
de origen, los cuales le sirven para su inserción en la nueva sociedad, donde
se incorporan, se suman o tratan de desplegar sus potencialidades. Esta
nueva perspectiva de análisis se llama transnacionalismo. Se refiere al
surgimiento de un nuevo espacio de reproducción social, por donde circulan personas, información, bienes, capital, servicios, así como símbolos
culturales cada vez más difíciles de reclamar como patrimonio de una
sola cultura nacional, que vinculan a los migrantes que radican en uno u
otro lado de la frontera. Estos mundos interconectados, la corresidencia
entre ambas naciones, el ir y venir, el estar aquí y allá, que caracteriza a
la doble pertenencia, ha permitido hablar de hogares transfronterizos
Género y migración
37
(Woo, 1995; Ojeda, 2005), de hogares binacionales o, más usualmente, de
familias transnacionales (Ariza, 2002; D’Aubeterre, 2005).
En cuanto a la metodología empleada, este enfoque representa un
adelanto al tratar las migraciones con profundidad y no sólo como un dato
estadístico; al caracterizar a las personas por su nivel de instrucción, estado civil, edad, clase social y etnia; al poder conocer su estructura familiar y el tipo de familia, las causas y consecuencias según contexto y
unidad doméstica. En fin, todos los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de las mujeres y los cambios producidos por el proceso
migratorio pueden ser tratados con este enfoque. El método utilizado con
más frecuencia es el análisis micro que permite conocer en su especificidad y particularidad, tanto a los hombres como a las mujeres, privilegiando en el análisis el conocimiento del proceso migratorio de viva voz
mediante los testimonios, estudios de caso, encuestas y cuestionarios,
donde se resalta el comportamiento y el sentir de las personas, destacando las relaciones asimétricas de poder, de subordinación, tanto frente
al cónyuge como en las relaciones laborales entre pares (Stern, 2009).
Causas y consecuencias de la migración
Causas
Desde la sociología, la antropología y la etnología se han realizado grandes
esfuerzos para estudiar las causas de la migración femenina internacional.
La han distinguido por edad y lugar geográfico de origen con las particularidades del contexto. Estos trabajos ponen de relieve el creciente y sostenido
proceso de feminización, como respuesta, entre otros factores, a la incorporación de las mujeres a la actividad productiva remunerada. Esta migración laboral es producto de las dificultades que existen en los países en
vías de desarrollo para absorber la fuerza de trabajo y del deterioro de los
niveles de vida, de los avances en las tecnologías de la comunicación, de
la información sobre oportunidades distantes, de las mayores facilidades
de transporte y de la existencia de redes sociales que unen a las personas
38
Ana Stern Leuchter
de los lugares de origen con los de destino. Todos estos factores están incentivando a una creciente población a buscar nuevos horizontes.
La mayoría de las mujeres van en pos de mejores oportunidades laborales que les permitan cubrir sus necesidades y las de sus familias,
aunque todavía persiste la causa de la reunificación familiar. Gran parte
de ellas toma la decisión, aparentemente, de manera autónoma; no obstante, existe un significativo número de personas que cruzan las fronteras
presionadas por situaciones de conflictos armados o persecución, inseguridad ciudadana, impunidad, delincuencia, condiciones de pobreza,
deterioro ambiental, fenómenos naturales, por nombrar algunos. Entre
los factores culturales que explican la migración femenina encontramos
que muchas mujeres se ven obligadas a salir de sus comunidades de origen
por las condiciones de violencia intrafamiliar y de amenazas por parte de
sus familiares directos, para romper o liberarse del control familiar, por
abuso sexual, o por la existencia de usos y costumbres propios de la cultura que coartan el desarrollo y superación personales.
Es cada vez mayor la cantidad de mujeres jóvenes solteras que migran
en busca de mejores oportunidades laborales, de romper con las tradiciones o con el control familiar patriarcal, para la realización libre de la
construcción de su identidad femenina o en función de ejercer el derecho
a disfrutar de su sexualidad. Otro componente de los grupos migrantes son
las madres solteras o madres que cumplen el papel de principales proveedoras económicas de la familia, manifestación de un tejido social caracterizado por el incremento del número de hogares con liderazgo femenino.
Consecuencias
Destaca que muchas mujeres logran concretar los cometidos de la migración −mejorar su condición de vida y tener un empleo mejor remunerado−
con un costo social y emocional elevados. Envían remesas que contribuyen
al sostén de su familia en el lugar de origen y a mejorar los niveles de vida.
En su comunidad logran mejoras en beneficio de la población. Al contar
con un ingreso propio disminuyen la dependencia respecto al marido,
cuentan con mayor autonomía, mayor libertad y autoestima. Esto las
Género y migración
39
fortalece como mujeres y como personas, lo cual trae consigo un cambio
mental positivo. En el ámbito doméstico, se pueden dar relaciones más
igualitarias en las labores de casa y en el cuidado de los hijos.
No obstante, la migración de las mujeres tiene potenciales efectos
negativos porque puede desintegrar la vida familiar cuando los hijos se
quedan en el lugar de origen; causar la repatriación por carecer de documentos, tener papeles vencidos o haber presentado papeles falsos y/o
haber infringido alguna ley del país receptor. Todo lo anterior puede causar grandes desequilibrios emocionales además de inestabilidad económica, tanto para quienes abandonan el país como para quienes se quedan.
Además, cabe la posibilidad de que se tengan que regresar en forma voluntaria por no haber logrado integrarse a la nueva sociedad, al sentirse
discriminadas y excluidas o no haber contado con redes sociales de apoyo
que actúen como agentes facilitadores en su inserción a la nueva sociedad.
Al retorno pueden encontrarse ante actitudes de discriminación y/o estigmatización por parte de sus connacionales y por la falta de empleo.
Existen otros factores negativos en materia económica cuando las
mujeres se siguen desempeñando en sectores laborales considerados
femeninos −como son el servicio doméstico y el cuidado de los niños o
adultos mayores−, los que por lo general son informales, no cuentan con
un contrato ni con prestaciones, suponen largas jornadas de trabajo y
ofrecen poca protección de sus derechos sociales. En este mismo sentido,
la migración femenina puede repercutir negativamente en las relaciones
matrimoniales, pudiendo provocar abandono por parte de un miembro
de la pareja, así como separaciones y divorcios.
Algunas consideraciones finales
El análisis de la migración, con un enfoque de género, ha permitido subrayar la complejidad del proceso migratorio femenino al describir, analizar
y sistematizar bajo un mismo marco teórico, la movilidad desde el punto
de partida o lugar de origen hasta el lugar de destino y su retorno. Destacan las causas que impulsaron a las mujeres a tomar la decisión de migrar;
40
Ana Stern Leuchter
el tránsito con sus riesgos; la inserción a la nueva sociedad con los problemas a los que se tiene que enfrentar, es decir, a las consecuencias de
la migración; también se ocupa de los principales mercados de trabajo y,
por último, del retorno a su lugar de origen.
Este proceso no se analiza en forma lineal, sino a partir de los cambios en las costumbres, en las normas, en los valores, es decir, en la yuxtaposición de dos culturas, de ahí la acuñación del nueva concepto de
transnacionalismo o transculturación, que implica mantener pautas
de comportamiento o formas de pensar del lugar de origen y apropiarse
o asimilar las nuevas del lugar de residencia. Es decir, analiza todo proceso de integración social de los migrantes a la sociedad receptora sin
perder aspectos de la identidad de los migrantes transnacionales.
Este razonamiento nos lleva a destacar, por un lado, la metodología,
y por otro, el marco teórico sobre el que se sustenta el enfoque de género.
Se trata de una metodología flexible, capaz de incorporar temas diversos
para el análisis, tanto de la vulnerabilidad que representa ser mujer en
un medio adverso, colmado de riesgos, violaciones, exclusión y discriminación, como también de sentimientos, sufrimientos y de retos ante circunstancias adversas como son el desierto, el clima caluroso y el crudo
invierno. Se habla también de las dificultades del idioma extranjero, del
cuidado del cuerpo y de la sexualidad de la migrante.
En cuanto al marco teórico de la perspectiva de género, éste se sustenta
en el concepto de cambio, que enfatiza en la búsqueda de condiciones de
equidad para la mujer; en el logro de un espacio digno y reconocido dentro de la sociedad. Se trata de destacar el paso de lo invisible a lo visible;
de la sumisión y abnegación al fortalecimiento o empoderamiento; de la
subestima a la autoestima; temas tratados por las propias feministas,
quienes le dieron base, empuje y validez a este enfoque.
El contexto es un elemento que influye en la decisión de migrar pero
al que, a su vez, el proceso migratorio moldea y modifica. Este elemento
ha sido detallado por etnógrafos en diversos trabajos, donde describen el
momento histórico en que ocurre la migración. Ellos caracterizan a la
comunidad como ente económico, social y cultural y la describen dentro
del modelo económico, cuyas características particulares inciden en
Género y migración
41
la decisión de migrar de las mujeres. También éstos destacan la importancia de la estructura familiar, las condiciones ideológicas de la pareja, las
normas de residencia posmaritales en el lugar de origen, una vez que el
hombre migró, entre otros.
Los estudiosos mencionan algunos problemas como son: la falta de
estadísticas confiables sobre los diferentes ámbitos de la migración; la carencia de rigor en el empleo del concepto de género; así como la falta de
estudios sobre la relación riesgo-violencia en un contexto globalizado,
donde este tipo de relación hacia las mujeres, por su vulnerabilidad de
género, es una característica predominante.
Algunos investigadores enfatizan que los estudios de género muestran
que la feminización de la migración trae consigo la posibilidad de abrir
nuevos espacios dentro de la familia y la sociedad, flexibilizar la división
sexual del trabajo y transformar los modelos y los roles de género; pero
también esconden el riesgo de afectar los proyectos de vida de las mujeres,
reforzar su condición de subordinación y las jerarquías asimétricas de
género, así como aumentar su carga de trabajo, menoscabar su dignidad
y atentar contra sus derechos. Al respecto, argumentan que debe diferenciarse entre las percepciones positivas de la experiencia migratoria individual y las consecuencias colectivas de las asimetrías de género.
Por otra parte, faltan más estudios sobre la violación de los derechos de
las mujeres migrantes en diferentes ámbitos como son: el trabajo, la salud
y la educación. Este estudio pretende aportar en esta materia, teniendo
como marco los instrumentos internacionales ratificados por México,
así como las leyes y la normatividad mexicanas. Dichos conocimientos
permitirán sugerir políticas públicas en materia de defensa de los derechos humanos para las mujeres migrantes.
De este modo se abrirá la posibilidad de incluir estándares internacionales en la construcción de las políticas públicas, tomando el enfoque
de los derechos humanos y la perspectiva de género para analizar las
condiciones particulares de las mujeres migrantes, en aras de contribuir
a la prevención y eliminación de la discriminación, así como de la violencia que ellas sufren.
Instrumentos internacionales de protección
a la migración femenina
Ana Stern Leuchter
Introducción
E
n este apartado nos proponemos presentar los principales instrumentos jurídicos internacionales para la defensa de los derechos
humanos creados para que los hombres y las mujeres puedan vivir con
dignidad y equidad, así como garantizar sus libertades fundamentales
y enfrentar los desafíos y riesgos que la vida en sociedad conlleva. Más
aún, el interés específico de este recuento es revisar los aportes de cada uno
de ellos para atender la situación de los migrantes internacionales, dado el
crecimiento de los movimientos migratorios en el mundo, impulsados por
las carencias internas de los países de origen y por los efectos de los procesos de globalización. De modo particular, intentaremos destacar qué
es lo que se ha hecho respecto a la situación de las mujeres migrantes y
en especial de las “irregulares”, cuyos derechos humanos son constantemente violados.
Se destacará, entonces, la relación existente entre la condición de
vulnerabilidad de la mujer migrante y los derechos humanos. Estos últimos se examinarán de acuerdo con los principios e instrumentos desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales, los cuales tienen una “capacidad habilitadora”, esto es,
suplen la vulnerabilidad estructural que deriva de la existencia de un
44
Ana Stern Leuchter
poder del que no pueden defenderse las mujeres, dada su situación de
impotencia o desvalimiento. Aún más, cuando se trata de mujeres migrantes indocumentadas, su vulnerabilidad es triple: por ser, a la vez,
mujeres, migrantes e indocumentadas. Es importante tomar en cuenta la
indefensión en la que se encuentran frente a determinantes estructurales
cuyas raíces emanan del sistema socioeconómico y político actual, que
tiene una estructura de poder centrada en unos pocos, que hacen uso de
él para defender sus intereses; manipulando los usos y costumbres; difundiendo estereotipos y prejuicios; propagando el racismo y la xenofobia; así como fomentando la ignorancia y la discriminación institucional,
todo lo cual tiende a amplificar negativamente las diferencias existentes
entre los nacionales y los extranjeros (Cortés, 2005: 12, citando a varios
autores, como Lagarde; Bravo, Araujo y Larraín).
A menudo, las mujeres migrantes son víctimas de agresores institucionales que, abusando de sus funciones públicas, tanto en el nivel local,
como municipal o estatal, incurren en vejaciones, maltratos y hasta violaciones, al amparo de la corrupción e impunidad reinantes. Más aún,
sucede que, algunos de ellos, en connivencia o alianza con grupos de
delincuentes, narcotraficantes y tratantes de mujeres, atentan contra
su libertad y, a veces, contra sus vidas. La multiplicación de este flagelo se
ha vuelto una preocupación mayor, nacional e internacional, razón por la
cual los hacedores de los instrumentos jurídicos y legales han buscado
apoyarlas con nuevas iniciativas de protección, defensa y apoyo, tanto en
los países de origen, como en los de tránsito y destino.
Por su lado, las diferentes organizaciones civiles defensoras de estos
grupos pugnan por conseguir mejores condiciones de vida para estas mujeres y las instan a defender sus derechos y denunciar las violaciones a las
que son sometidas.
Si nos remitimos a las causas de la migración, tanto la literatura especializada como las evidencias testimoniales muestran que la causa
principal de la movilidad es la económica, debido a que la brecha salarial
existente entre el lugar de origen y el de destino es amplia. Pero no sólo
el indicador económico juega un papel importante, sino que las migrantes esperan alcanzar niveles de bienestar que además de traducirse en
Instrumentos internacionales de protección a la migración femenina
45
mayores ingresos, mejoren sus condiciones de vida en general, lo cual
incluye elementos sentimentales y emocionales. Estas oportunidades
deben ser conseguidas en las condiciones mínimas de dignidad y seguridad que ellas esperan. En este sentido, los gobiernos deben responder
a la consecución de estos fines, mediante una política migratoria que
influya en la evaluación del costo, en la medición del riesgo y en el beneficio de las personas que deciden migrar. A su vez, la política migratoria,
vale insistir, incide en las condiciones en que se lleva a cabo la migración,
porque clasifica a la población migrante en distintas categorías, tales
como migrantes regulares e irregulares, temporales y permanentes, entre
otras, lo que tiene implicaciones en términos de acceso a determinados
derechos y discriminación respecto a otros.
Ahora bien, además de la presentación de los instrumentos internacionales para la defensa de las migrantes, pondremos de relieve los
derechos humanos universales que, por una parte, protegen a los seres
humanos en general e incluyen por ello a los y las migrantes; y por otra
parte, destacaremos las implicaciones jurídicas internacionales vinculadas directamente a los asuntos específicos de los hombres y de las
mujeres, en cuanto a sus diferencias sobre la base teórico metodológica
del enfoque de género.
Con esto se trata de relacionar los principales instrumentos de defensa
de los derechos humanos de los migrantes dentro de las especificidades de
género, incluyendo las necesidades propias de las mujeres migrantes. Al
respecto, vale la pena adelantar que estos instrumentos fueron elaborados en la década de los noventa, cuando la situación de la mujer migrante
se hizo más visible; por lo que se pudo reconocer su condición de subordinación y la violación de sus derechos humanos. Así, a finales del siglo
pasado y en los inicios de éste, cuando un grupo de expertos en el tema
formuló recomendaciones al Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés) se emprendió el análisis con un enfoque de género, el
que va progresivamente utilizándose para destacar las particularidades
de este fenómeno, que se vuelve más complejo y violento frente a la vulnerabilidad estructural que experimentan las mujeres migrantes.
46
Ana Stern Leuchter
Así, los instrumentos jurídicos internacionales seleccionados en este
trabajo, permitirán mostrar la evolución experimentada desde una situación de invisibilidad de las mujeres migrantes en nuestros países, a una
mayor visibilidad y presencia. Con ello, se evidencian las causas y las
circunstancias que las hacen más vulnerables, tanto en el ámbito privado
como público, a medida que la migración femenina se masifica y las condiciones en que ocurre se tornan violentas.
Los instrumentos buscan conformar un marco de protección jurídica, social y política y enfatizan su preocupación particular por la situación de los migrantes y posteriormente de las mujeres migrantes. Las
Naciones Unidas y organismos internacionales como la Organización
Internacional para las Migraciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, han solicitado la cooperación de los gobiernos y de la sociedad civil para resolver los problemas que el aumento de
la migración femenina suscita.
Instrumentos jurídicos internacionales a favor de los derechos
humanos de las migrantes1
La Declaración Universal de los Derechos
Humanos
Este instrumento fue aprobado en 1948. Los derechos de los migrantes
están protegidos por un amplio cuerpo jurídico internacional que,
aunque no se refiere específicamente a ellos, los incluye por tratarse de
derechos universales; pero vale señalar que algunos derechos de la Declaración Universal tienen también directa significación e incidencia sobre
la vida de las personas migrantes, puesto que tratan del reconocimiento
1
El listado de los instrumentos internacionales de derechos humanos se encuentra
en http://www.unhchr.ch/spanish/html/intlinst_sp.htm. Consúltese también:
SRE / Unifem, 2006.
Instrumentos internacionales de protección a la migración femenina
47
de su personalidad jurídica; del derecho a un recurso efectivo ante los
tribunales nacionales competentes, que los amparen contra los actos que
violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución
mexicana; también destacan el derecho a circular libremente, a elegir la
residencia en el territorio de un país y a pedir asilo y disfrutar de él en
cualquiera de ellos (Cortés, 2005: 14).
El Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Sociales,
Económicos y Culturales
Ambos fueron aprobados en 1966 y son llamados instrumentos sobre los
derechos de la vida.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluye directamente a la población migrante, al establecer el derecho de toda persona
a elegir su lugar de residencia, a circular libremente por el territorio de
un Estado parte y a salir de cualquier país, incluido el propio. Además, se
estipula el derecho de un extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado, a no ser expulsado, sino sólo mediante una decisión
que explicite la causa legal de ese acto. Las únicas restricciones al respecto son las necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden
público, la salud y la moral públicas o los derechos y libertades de terceros
(Cortés, 2005: 14-15).
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales incluye un conjunto de derechos indispensables para
salvaguardar la dignidad y el bienestar individual y consolidar la igualdad social; pero, en lo referente a la migración, éstos deben ser reconocidos sin discriminación por los Estados parte, teniendo en cuenta los
derechos humanos y su economía nacional, para determinar en qué medida puedan garantizar los derechos económicos reconocidos a las personas que no son sus nacionales.
48
Ana Stern Leuchter
La Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial
Esta convención fue adoptada en 1965 y entró en vigor a partir de 1969.
Si analizamos el Sistema de Naciones Unidas a partir de la segunda
mitad del siglo XX , encontramos evidencia de la preocupación de este
organismo en torno a la necesidad de prevenir la discriminación y los
abusos sufridos por los migrantes.
Así, la Convención, que en México entró en vigor en marzo de 1975,
tiene como propósito respecto a la migración, garantizar el respeto a la
igualdad racial de los grupos menos privilegiados y a los migrantes originarios de comunidades pobres que eran rechazados por su condición
étnica o racial. Este instrumento establece en su artículo 1, inciso 2, que
la Convención “no se aplicará a las distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias que haga un Estado parte […] entre ciudadanos y no
ciudadanos”. Sin embargo, un informe de la relatora especial Rodríguez
Pizarro consigna que “entre los no ciudadanos, los Estados no podrán
someter a discriminación a ninguna nacionalidad determinada” (E/
CN.4/2001/83: 9).
El Convenio 143 de la Organización Internacional
del Trabajo sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas
y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades
y de Trato de los Trabajadores Migrantes
Este instrumento fue adoptado en 1975 y entró en vigor en 1978.
El Convenio 143 destaca el derecho al trabajo, en el sentido de garantizar y respetar los derechos fundamentales de todos los trabajadores
migrantes. Motiva a los Estados miembros a suprimir las migraciones
clandestinas con fines laborales y el empleo ilegal de inmigrantes. A su
vez, el Estado parte debe garantizar a los migrantes que se encuentran
legalmente en su territorio, la igualdad de oportunidades y de trato en
materia de empleo y profesión, seguridad social, derechos sindicales y
culturales.
Instrumentos internacionales de protección a la migración femenina
49
La Convención sobre los Derechos del Niño,
elaborada por Naciones Unidas
Ésta entró en vigor en México en 1968 y denota una preocupación por los
derechos de los niños, por su vulnerabilidad, principalmente en cuanto
a su cuidado, identidad y nacionalidad; por su derecho a expresar su
opinión libremente en cuanto a los asuntos que les afectan; es decir, por
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Con referencia
a la condición de migrantes, los niños tienen derecho a salir de cualquier
país incluido el suyo, y a entrar en su propio país, con excepción de las
restricciones legales necesarias para proteger la seguridad nacional, el
orden público, la salud y la moral públicas, así como los derechos y libertades de otras personas.
La Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación
contra las Mujeres (CEDAW)
Este instrumento internacional se creó para la promoción y defensa de
los derechos humanos de las mujeres; fue aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificado por México el 23 de
marzo de 1981.
La CEDAW se refiere a la noción de género y a sus estereotipos, a la necesaria modificación de las estructuras sociales y culturales que inciden
negativamente sobre las mujeres, a fin de asegurar la igualdad de derechos
para ellas en todas las esferas de su vida. La gran aportación de la CEDAW es
la definición de discriminación contra la mujer, que se relaciona a la construcción de la igualdad entre los sexos y, por ende, al campo de los derechos humanos. Así, discriminación contra la mujer es:
…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
50
Ana Stern Leuchter
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o
cualquier otra esfera (art. 1).2
La Convención no alude específicamente a la violencia, pero al definir
la discriminación, hace inteligible el posible vínculo entre ésta y la discriminación cuando la mujer reivindica sus derechos y por ello puede ser
violentada.
La importancia de la CEDAW
La importancia de la Convención radica en que refuerza las disposiciones
del resto de los instrumentos internacionales, pero los amplía al abarcar
el concepto de igualdad, no sólo entendido en su forma de igualdad ante
la ley −ya que podría no ser suficiente para garantizar que las mujeres
gocen de los mismos derechos que los hombres−, sino como la efectiva
igualdad de oportunidades y de resultados. Es decir, la Convención reconoce que para que la igualdad de resultados sea posible, podría ser necesario que los hombres y las mujeres reciban trato diferente, creando un
entorno propicio que permita conseguir igualdad de resultados (Unifem,
2009: 10, 11 y 22).
Las obligaciones de los Estados parte y la CEDAW
La CEDAW exige a los Estados parte que adopten las medidas adecuadas
de carácter legislativo, judicial, administrativo y económico para garantizar en todos los ámbitos la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres (art. 2), incluyendo la modificación de los patrones socioculturales que promueven la discriminación de las mujeres, la supresión de
cualquier tipo de explotación de la que puedan ser víctimas, además
2
Para un desglose detallado de cada uno de los componentes de la definición de discriminación, véase Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 2009:
21 (citado en lo sucesivo como Unifem, 2009).
Instrumentos internacionales de protección a la migración femenina
51
de la eliminación de su discriminación en la vida política y pública del
país (arts. 5, 6 y 7).
Las principales áreas de influencia
de la CEDAW
Los temas más relevantes que abarca la CEDAW son: la participación de
la mujer en la vida pública y política (derecho al voto y a ser elegida por
votación popular); el derecho a la educación, a los servicios de atención
médica y planificación familiar, al trabajo, a la nacionalidad; asuntos
relacionados con el matrimonio y con el derecho de compartir, en igualdad de condiciones, las responsabilidades durante el matrimonio y como
progenitores; también abarca el asunto del derecho a la propiedad y a la
administración de los bienes, así como la libertad de tránsito; todos ellos
son temas fundamentales para avanzar y lograr la igualdad de género y
eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.
Como es evidente, la CEDAW refuerza las disposiciones del resto de
los instrumentos internacionales, identifica las situaciones concretas
de discriminación en contra de las mujeres al ir apuntalando los diferentes derechos y toca puntos fundamentales del enfoque de género, ya
que toma en cuenta la condición, la situación y las necesidades diferenciales de hombres y mujeres e identifica la inequidad de género que
existe contra la mujer.
La formación del Comité de la CEDAW
Por otra parte, en 1982 se creó el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,3 con la finalidad de examinar los progresos
3
El Comité está formado por 23 personas independientes, expertas en derechos de la
mujer, ubicadas en diferentes partes del mundo, que monitorean los avances o implementaciones de la Convención. El Comité redacta las recomendaciones a partir de
los informes periódicos elaborados y presentados por los Estados. Para mayor información, véase: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm
52
Ana Stern Leuchter
realizados en la aplicación de las disposiciones de la Convención. Los
Estados parte deben presentar periódicamente un informe sobre las medidas que hayan adoptado, incluso de carácter legislativo, para hacer
efectiva la Convención en el ámbito nacional. El Comité examina esos
informes y emite conclusiones y recomendaciones generales como por
ejemplo, la número 18, acerca de las mujeres con discapacidad; la número 24, referida a la mujer y la salud; la número 25, sobre las medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de un objetivo concreto
relacionado con la igualdad sustantiva o de facto de la mujer; o la número
26, acerca de las trabajadoras migrantes.
La Recomendación General número 26
Transcurrieron 28 años, desde la adopción de la CEDAW en 1979 hasta
noviembre de 2008, fecha en la que se emitió la Recomendación General
del Comité sobre las Mujeres Migrantes.4 Entre sus preocupaciones señala el alto riesgo en que se encuentran las mujeres migrantes trabajadoras,
especialmente las indocumentadas, y destaca que las trabajadoras migrantes cuentan con trabajos mal remunerados, que pueden estar expuestas a abusos y discriminación y que quizás nunca podrán obtener la
legalización de su situación migratoria o su ciudadanía, a diferencia de
las profesionistas, que son trabajadoras más calificadas y con títulos reconocidos y, por tanto, tienen todas estas facilidades.
Reconoce que tanto los hombres como las mujeres sufren abusos y
discriminación, pero las formas y las repercusiones son mayores para las
segundas. La Recomendación enfatiza en todas las medidas que deberían
tomar los Estados y en especial que, tanto los países de origen, de tránsito,
como de destino, deben comenzar a reconocer las responsabilidades que
tienen respecto a las trabajadoras migrantes.
4
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_
workers_sp.pdf
Instrumentos internacionales de protección a la migración femenina
53
Para entender los impactos de la migración en las mujeres, el Comité
recomienda examinar el proceso de movilidad desde la perspectiva de la
desigualdad o inequidad entre los géneros, en cuanto a: los roles femeninos tradicionales, el desequilibrio del mercado laboral desde el género,
los riesgos que esta desigualdad conlleva y la prevalencia generalizada
de la violencia por motivo de género, la feminización de la pobreza, y la
migración laboral. La incorporación de una perspectiva de género permite, por tanto, un análisis de la situación de las mujeres migrantes y la
elaboración de políticas para combatir la discriminación, la explotación
y el abuso del que son víctimas.
El Protocolo Facultativo de la Convención
El 6 de octubre de 1999, después de casi veinte años de haberse aprobado
la CEDAW, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, equiparándolo con otros tratados internacionales de derechos humanos. La importancia del Protocolo reside en que introduce procedimientos de protección para los
derechos de las mujeres. Así, a partir de su entrada en vigor, el Comité
tiene competencia para:
1. Recibir, considerar y revisar comunicaciones de cualquier víctima
de violación (sea persona o grupo), la cual puede acudir al Comité para que determine si el Estado ha sido el infractor. El Comité
emite sus conclusiones y recomendaciones al Estado en cuestión
y éste debe responder por escrito informándole todas las medidas
adoptadas, en respuesta a las recomendaciones.
2. Iniciar investigaciones en aquellos países en los que se sospeche
que se están cometiendo violaciones graves o sistemáticas contra
los derechos humanos de las mujeres, reconocidos por la Convención. Los Estados que no acepten ser sometidos a este procedimiento, pueden declararlo al momento de la ratificación, firma o
adhesión al Protocolo.
54
Ana Stern Leuchter
La Convención Internacional sobre la Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares
El instrumento internacional más completo en materia de derechos de
los migrantes es la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
(CTMF o MWC por sus siglas en inglés), aprobada por la Asamblea General
de la ONU en 1990 y en vigor desde 2003. En noviembre de 20055 se habían adherido ya 49 países, de los cuales, 34 la habían ratificado; todos
éstos constituyen países en desarrollo, que generalmente son emisores de
migrantes. Ningún país desarrollado la ha ratificado, lo cual es preocupante, ya que son precisamente éstos los que históricamente han sido los
grandes receptores de población migrante y que, al parecer, se muestran
indiferentes frente a este instrumento. Vale resaltar también que entre los
países de la región latinoamericana que no firmaron la Convención, se
encuentran: Brasil, Costa Rica, República Dominicana y Venezuela, que
aunque son emisores, tienen una importante actividad migratoria como
países de destino.
En opinión de muchos analistas, la resistencia de los países desarrollados a firmar la Convención radica en que ésta fija obligaciones para todos
los países que la ratifiquen, tendientes a generar mecanismos de promoción y protección de los derechos de los no ciudadanos para los países
receptores y para los no residentes; en el caso de los países de origen,
todos estos mecanismos se basan en los principios de igualdad de trato,
en aspectos como: remuneración, horarios de trabajo, seguridad y otras
condiciones laborales.
Por su lado, este nuevo instrumento incluye también derechos de
mayor protección a los migrantes como son: el de debido proceso, el acceso a la seguridad social y a la educación, como también los que se refieren
a los derechos políticos, económicos, sociales y culturales para trabajadores
5
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Instrumentos internacionales de protección a la migración femenina
55
migrantes y que los países receptores no podrán aceptar fácilmente porque no convienen a sus intereses. Además, su práctica podría fomentar,
según ellos, la llegada de personas en situación irregular, por lo que las
legislaciones nacionales se verían rebasadas porque tendrían mayores
obligaciones contraídas y más trabajo para la administración de los servicios migratorios; también aluden al costo económico y social que supondría la aplicación efectiva de esos derechos a los migrantes. Otros
argumentos que ellos esgrimen tienen que ver con la soberanía6 y con la
lucha contra el terrorismo que por una parte ha aumentado la vigilancia
de las fronteras, y por la otra ha tornado más rígidas las políticas migratorias y recrudecido el trato negativo hacia los migrantes; ello ha colocado
en segundo plano los derechos de los mismos que los países en desarrollo
reivindican (Cortés, 2005: 19-22; CEPAL , 2006: 288-293; y García Aguilar,
2008: 33-37).
Vale resaltar que la Convención no crea nuevos derechos, sino que
recoge y enumera compromisos ya aceptados en el orden jurídico internacional de los derechos humanos y en las convenciones de la OIT7 y los
extiende a todas las personas migrantes. Dentro de sus diversas aportaciones encontramos la definición de trabajador migrante como “toda
persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional” (art. 2). Además de presentar una clasificación sobre los diferentes tipos de trabajadores migrantes,
la Convención hace una diferenciación entre los que son documentados,
es decir, aquellos que están autorizados a ingresar a un país, y los que son
6
7
“La soberanía define también el poder que tiene el Estado para defender su propia
seguridad. Hay normas internacionales de derechos humanos que permiten su elusión por consideraciones de seguridad nacional. Es bien sabido que, después del 11
de septiembre del 2001, quedó demostrado que ‘los Estados no dudan en recurrir
ampliamente a su poder para derogar las obligaciones de derechos humanos en
nombre de la seguridad nacional’” (CEPAL , 2006: 288).
Para mayor información, véase el Convenio 97 relativo a los trabajadores migrantes;
el 143, sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de la igualdad
de oportunidades y de trato de los trabajadores migrantes; y el 29, relativo al trabajo
forzoso u obligatorio, entre otros.
56
Ana Stern Leuchter
no documentados, es decir, que se encuentran en situación irregular;
estos últimos por lo regular no cuentan con prestaciones, por lo que al ser
empleados en condiciones menos favorables se encuentran en situación
más vulnerable, en comparación con el resto de los trabajadores. Otro
aporte de la Convención es que incluye a los familiares de los migrantes
y les otorga los mismos derechos humanos fundamentales que a los migrantes, sean o no documentados.
Finalmente, la Convención reconoce derechos específicos para los
trabajadores migrantes que están documentados o se encuentran en situación regular, como son: el derecho a conocer y a ser plenamente informados de sus condiciones de contratación; la libertad de tránsito en el
Estado receptor; la de asociarse a sindicatos o a otro tipo de asociaciones;
el derecho a participar en asuntos políticos en su Estado de origen; además
de los derechos a la protección de la familia y a las prerrogativas fiscales.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer
La Convención, elaborada por la Organización de Estados Americanos
(OEA), es también conocida como Convención de Belém do Pará porque
fue adoptada en esa ciudad de Brasil en 1994; entró en vigor el 5 de marzo
de 1995 y fue ratificada por todos los países de la región; México la adoptó tres años después, el 12 de diciembre de 1998, y se publicó en el Diario
Oficial el 19 de enero de 1999.
Esta convención tiene gran importancia, puesto que es la primera en
América Latina elaborada con base en la realidad de nuestros países. Está
conformada tomando en cuenta los derechos universales, los planteamientos de la CEDAW y los de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares, pero agrega el concepto de violencia contra la mujer, de gran
importancia para defenderla de este flagelo, y a la cual define como:
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte,
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
ámbito público como en el privado” (art. 1).
Instrumentos internacionales de protección a la migración femenina
57
La Convención señala los ámbitos donde se da la violencia, esto es:
dentro de la familia o unidad doméstica, en la comunidad o perpetrada
por el Estado o sus agentes, y pone mucho cuidado en señalar que no es
el espacio físico donde la violencia se realiza el que la define, sino las relaciones de poder que se producen y la naturaleza de las relaciones interpersonales de las víctimas con los agresores (art. 2). “Así, la violencia
dentro de la familia, para ser considerada violencia de género, debe producirse en el marco de las relaciones de subordinación que caracterizan
las relaciones patriarcales entre hombres y mujeres” (CEPAL , 2007: 18).
La Convención de Belém do Pará presenta desafíos importantes para
nuestros países porque exige de los Estados parte: medidas legislativas,
programas estatales, capacitación, rehabilitación, programas de educación para concientizar al público sobre la problemática de la violencia
contra la mujer; además de reformas en el ámbito de la administración
de justicia, entre otras obligaciones, las que tienen que ir acompañadas de
campañas masivas que contribuyan al cambio cultural necesario para la
erradicación de la violencia contra la mujer (arts. 7 y 8). Así, para aplicar
todas estas medidas, el Estado parte tiene que considerar la situación de
violencia que pueda sufrir la mujer por su condición de raza, etnia, de migrante, refugiada o desplazada. Ahora bien, al visibilizar la vulnerabilidad de las migrantes, la Convención está reconociendo una problemática
diferenciada por género, ya que el proceso migratorio representa mayor
riesgo de violencia y discriminación para las mujeres. La detección de
esto se dificulta por las prácticas culturales existentes, así como por la escasa atención que las autoridades le prestan.
Instrumentos posteriores y complementarios
a la Convención Internacional para la Protección de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
Existe un conjunto de declaraciones y recomendaciones que se han elaborado en fecha posterior a la aprobación de esta convención, con objeto
de proteger a los migrantes, especialmente mujeres, niños y jóvenes. Se
ha constituido una agenda global en la que se plantea la necesidad de dar
58
Ana Stern Leuchter
un tratamiento igualitario y de equidad tanto para los hombres como
para las mujeres; luchar contra la explotación, acoso, discriminación y
violación contra los anteriores; y velar por la protección de sus derechos
humanos (CEPAL , 2005: 23).
Por lo anterior, consideramos relevante mencionar los siguientes
instrumentos, reuniones y conferencias que se relacionan con el tema
que nos ocupa:
Instrumento
Conferencia Mundial
de Derechos Humanos
(Viena, 1993)
Aportaciones a la atención de la problemática
migratoria femenina
El Estado crea condiciones para garantizar armonía
y tolerancia entre los trabajadores migratorios y la
ciudadanía del país receptor.
Conferencia Internacional
Reconoce la salud sexual y reproductiva como parte
sobre Población y Desarrollo, de la salud integral. Invita a los Estados parte para
CIPD (El Cairo, 1994)
adoptar medidas frente a los problemas de los migrantes documentados e irregulares.
Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social
(Copenhague, 1995)
Los Estados parte deben comprometerse a garantizar el cumplimiento de los instrumentos nacionales e internacionales que beneficien a los migrantes.
Es preciso que los indocumentados cubran sus necesidades básicas y se creen medidas para castigar a
traficantes de seres humanos.
Cuarta Conferencia Mundial Plantea la situación de las trabajadoras migrantes
sobre la Mujer (Beijing, 1995) frente a su vulnerabilidad, a la violencia y a los malos
tratos que reciben.
Convención contra
la Delincuencia Organizada
Transnacional (Palermo,
2000)
Dedica especial atención a las mujeres migrantes
víctimas del crimen organizado, y en particular a la
trata de personas.
Protocolo para Prevenir,
Reprimir y Sancionar
la Trata de Personas,
especialmente Mujeres
y Niños (Palermo, 2000)
Define el concepto de trata, el cual incluye la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la
esclavitud, la servidumbre, entre otros. Compromete
a los Estados a prevenir, penalizar, investigar, sancionar y juzgar a los tratantes y a proteger a las víctimas y testigos.
Protocolo contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire
(Palermo, 2000)
Los Estados se comprometen a penalizar, perseguir
y sancionar el tráfico de migrantes, entendido como
un crimen al obtener beneficios monetarios o de
otro tipo.
Instrumentos internacionales de protección a la migración femenina
59
El papel de los relatores 8
Nos interesa analizar el papel de los dos relatores especiales que hasta
la fecha se han ocupado de la defensa y protección de los derechos humanos de los migrantes en las Naciones Unidas. La primera fue Gabriela Rodríguez, quien desempeñó este cargo desde 1999 hasta marzo de
2005, y el segundo es el actual relator, Jorge Bustamante. Nuestro propósito es destacar cuáles han sido sus preocupaciones en materia de violaciones de los derechos humanos de los y las migrantes, así como el afán
de los mismos en la búsqueda de mecanismos efectivos de protección de
los migrantes.
Cabe notar que antes de 1999 no existía una relatoría especial; la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó una específicamente para la defensa y protección de los derechos de los migrantes.
Durante el periodo de la relatora Rodríguez, si bien es cierto que existía en el derecho internacional el concepto jurídico de migrantes, ella
abogó para que los migrantes no documentados fuesen considerados
como una categoría especial, dada la gran carga discriminatoria de que
son objeto, al negárseles sus derechos y libertades.
En sus informes también realiza un análisis sobre el contexto de la
feminización de la migración y el interés creciente de la comunidad internacional por la detección de este fenómeno.
Su preocupación radicó también en la consideración de las dificultades que tienen que enfrentar los migrantes internacionales ante las
diferencias culturales e idiomáticas, así como las presiones económicas
y sociales que padecen, tanto en sus lugares de origen como en los de
8
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó la relatoría específica de los migrantes en 1999, mientras que la Comisión Interamericana hizo lo
propio en 1997, a partir de la resolución de la Asamblea General de la OEA. Para
efectos de este trabajo nos referiremos solamente a los dos relatores de Naciones
Unidas. Los informes son públicos y describen tanto las vulneraciones de los derechos de las personas migrantes como las respuestas que ofrecen las autoridades
nacionales. Véanse: http://www2.ohchr.org/spanish/issues/migration/rapporteur
y http://www.cidh.oas.org
60
Ana Stern Leuchter
tránsito y destino. Destacó que el proceso migratorio constituye una
fuente de vulnerabilidad y señaló que las mujeres migrantes son “doblemente vulnerables” por ser migrantes que se exponen a abusos, tanto en
el ámbito doméstico como laboral, recibiendo menores salarios; además, son objeto de violencia física, psicológica o sexual. También afirmó
que son vulnerables porque no conocen sus derechos como migrantes y
temen ser deportadas, así como por carecer de documentos de identidad.
Además se encuentran en una situación de marginación, lo que se agrava
cuando el Estado receptor la tolera o hace caso omiso de ella.
En fin, la relatora tocó los puntos problemáticos que atañen a la situación de la mujer migrante indocumentada: la marginación, la violencia y
la discriminación a que se tienen que enfrentar y sugirió alternativas,
tanto para los países de origen como de destino. Para los primeros, destacó que los migrantes deben tener trabajos dignos, con salarios que les
permitan cubrir sus necesidades de tal forma que desistan de migrar.
Para los segundos, en el lugar receptor, propuso el establecimiento de sanciones penales aplicables a los responsables de la violación de los derechos
de los migrantes; la prestación de asistencia, el aseguramiento de un retorno sin peligro y el apoyo para su reinserción en sus países de origen.
En cuanto al relator especial Jorge Bustamante, entre sus preocupaciones destaca la creciente impunidad en casos de corrupción, especialmente los sobornos y las extorsiones, así como la violencia y el abuso en
las prácticas laborales, particularmente hacia las mujeres y los niños.
Afirma además que la impunidad está vinculada con los abusos de poder
y de recursos, en los niveles municipal, estatal y federal.
Asimismo, exhorta a que se ponga fin al doble lenguaje de las autoridades y organizaciones mexicanas entre lo que dicen y piden para sus
propios migrantes en el extranjero en materia de protección, y el tipo de
tratamiento que aquéllas ofrecen en México a la población migrante, especialmente a la centroamericana.
En relación con las mujeres migrantes, el relator detalla que éstas
constituyen la mayoría de los casos de acoso o malos tratos en situaciones de detención, trabajo doméstico clandestino, prostitución y abusos
sexuales y resalta que también son víctimas de trata. Reconoce que las
Instrumentos internacionales de protección a la migración femenina
61
migrantes que logran un trabajo “decente” perciben salarios hasta 40 por
ciento más bajos que los hombres. Insiste, además, en la carencia de programas para tratar a mujeres que sufren abusos, ya sea durante el tránsito, en el lugar de destino o en su retorno.
Por último, el relator especial recomienda que se introduzcan reformas legislativas adecuadas para luchar contra la impunidad reinante
respecto a las violaciones de los derechos humanos, y señala las principales deficiencias del sistema judicial en este tema.
Consideraciones y reflexiones
Consideraciones
1. El trabajo que se presenta no pretende ser un análisis exhaustivo
de los instrumentos internacionales que hacen referencia a la problemática de género y migración; sino que más bien se efectúa un
recorrido por algunos de ellos para destacar cuál ha sido la problemática considerada por los organismos internacionales, en cuanto
a la promoción y protección de la mujer migrante, tomando en
cuenta su vulnerabilidad desde al menos tres dimensiones: las de
mujer, migrante e indocumentada.
2. Destaca también la preocupación de quienes formularon estos
instrumentos, por los temas de igualdad de derechos de hombres
y mujeres, de su dignidad y libertad.
3. Resalta la importancia que tiene el análisis de la situación de la
mujer desde una perspectiva de género, que toma en cuenta su
condición histórica y explicita la diferencia entre hombres y mujeres. Lo anterior sirve también como herramienta de análisis que
permite identificar las situaciones de inequidad de género y detectar los mecanismos para superarla, tomando en cuenta las necesidades de ambos para fijar las metas y proponer las medidas que
deben adoptarse por parte del Estado para resolver los problemas
anotados.
62
Ana Stern Leuchter
4. Subraya que frente a la complejidad y diversidad del fenómeno
migratorio, los instrumentos internacionales utilizados han logrado avances, aunque queda camino por recorrer, especialmente
debido a que muchos Estados no se han adherido a ellos dejando de lado las políticas públicas que éstos promueven enmarcados
en un ambiente de respeto y protección de los derechos de los
migrantes. Por tanto, se enfatiza que es necesario redoblar tanto el
esfuerzo que realizan los países en este sentido, como el papel de
la cooperación internacional y las acciones de la sociedad civil,
para robustecer la agenda de protección de los derechos, especialmente de las mujeres y de los niños, y en particular, de aquellas
migrantes que se encuentran en forma irregular.
Reflexiones
Como un desafío para el pensamiento, desde la óptica de los derechos
humanos, la integración social de los y las migrantes resulta fundamental, porque no sólo asegura el funcionamiento de los mecanismos de
cohesión familiar y social, sino el ejercicio de los derechos y las responsabilidades entre los inmigrantes. Ello posibilitaría enfrentar con éxito la
xenofobia, la discriminación y las visiones estereotipadas que clasifican
la condición de las personas y de los ciudadanos como de primera o de
segunda categoría.
Su inserción mediante la regularización permitiría a los migrantes disminuir su precariedad laboral, aminorar la violación de sus derechos humanos, posibilitar la reunificación familiar, contar con documentos para
beneficiarse de los servicios que el gobierno otorga a sus nacionales y finalmente poder participar como ciudadanos con derechos y obligaciones.
En la actualidad, las medidas de control migratorio, dadas las carencias nacionales y los efectos de la globalización, se han vuelto más duras
y violentas, no solamente por el incremento de la migración, sino porque
los riesgos crecen tanto en el trayecto en general como en el específico
del cruce de fronteras, pues el proceso es dificultado por los controles
cada vez más frecuentes y sofisticados.
Instrumentos internacionales de protección a la migración femenina
63
En especial, el proceso migratorio se ha feminizado, y casi ha igualado al de los hombres. En términos porcentuales, la migración de las mujeres oscila entre 46 y 50 por ciento del total de la migración mundial. En
este sentido, las mujeres al ser más vulnerables por su condición de género pueden ser presa fácil del acoso laboral y sexual y más propensas a
ser tratadas con violencia. También cabe considerar que en términos de
edad, no sólo hay más mujeres jóvenes que emigran, sino también adolescentes y niños acompañados o solos. Las rutas se han modificado y son
más riesgosas, hostiles y peligrosas. El fenómeno se complica, dado que
no se posee información sobre los riesgos, por lo que la vulnerabilidad a
las circunstancias fortuitas se incrementa, los accidentes son más frecuentes y los peligros de mayor violencia y de muerte en el trayecto, se
multiplican. Esto se debe a que las organizaciones delictivas que se dedican al coyotaje, a la extorsión y a la trata, se han multiplicado, y han encontrado en la necesidad de migrar de las mujeres y de los hombres un
negocio floreciente en el que también, por desgracia, participan autoridades migratorias.
Ahora bien, no todos los migrantes han corrido con la misma suerte,
pues no todos enfrentan riesgos y situación de vulnerabilidad en cuanto
a sus derechos. En el caso de los y las migrantes, no todos son objeto de
discriminación y explotación. Existen estudios que destacan el fortalecimiento de las migrantes que han logrado una mayor independencia y
autoestima. En el nivel macro, las economías desarrolladas y algunos
países receptores de migrantes reconocen los aportes recibidos gracias
a la inmigración de personas provenientes de los países menos desarrollados. Por su parte, los países de origen son beneficiados gracias a las
remesas que ayudan a la economía nacional y a la familia del migrante
que se quedó en la localidad, además de que, gracias a la emigración,
disminuye la presión hacia el logro de un empleo digno que los gobiernos no están generando para sus connacionales. La migración, por tanto, para gran parte de los países expulsores ha constituido una válvula
de escape de las tensiones crecientes y ha evitado el aumento de la pobreza así como de la violencia y, por ende, de la criminalidad e inseguridad en los países.
64
Ana Stern Leuchter
México se caracteriza por ser a la vez un país de origen, de tránsito,
de destino y de retorno de migrantes. Como país de origen, la migración de
las mujeres se inicia con la salida de sus comunidades, no sólo por falta
de oportunidades, sino porque se violan sus derechos humanos en términos del acceso a la educación, la salud, el desarrollo económico y social,
así como al bienestar ciudadano.
También es un país de tránsito de migrantes nacionales y extranjeras
que buscan en la migración mejores oportunidades de vida. El tránsito
para todas ellas, nacionales o extranjeras, como ya lo hemos señalado,
está plagado de peligros: los propios coyotes o polleros que las timan o las
abandonan a medio camino; o éstos, que en contubernio con las bandas
o los dueños de los hoteles, les roban su dinero y les imposibilitan seguir
su camino. Además de los abusos que sufren por parte de los funcionarios
públicos, se deben considerar las extorsiones que realizan diferentes
grupos delictivos. Si bien, tanto hombres como mujeres sufren violaciones, las mujeres sufren doblemente ante la vulnerabilidad de su condición de género.
Las migrantes extranjeras, especialmente las que vienen de los países
centroamericanos a México como país de destino, temporal o permanente, y las mexicanas que van a Estados Unidos, llegan a recibir salarios
inferiores a los que se pagan a los hombres y también más bajos que el
mínimo legal establecido, además de laborar largas jornadas y tener mayor carga de trabajo. Experimentan también violencia física, psicológica
o sexual y sufren de malnutrición, la confiscación de sus documentos
personales, así como la carencia de servicios de salud y educación, entre
los más indispensables.
Lo anterior nos hace pensar que los instrumentos internacionales en
defensa de los derechos de las mujeres migrantes, así como de los niños
y las niñas, no están siendo aplicados o, en su defecto, que su aplicación
es muy limitada.
Cabe señalar la preocupación por parte de funcionarios internacionales, de estudiosos y organizaciones civiles, de romper la dicotomía o el
doble lenguaje, porque éstos hieren a los migrantes y restan confianza
entre los impulsores de los derechos humanos que demandan protección
Instrumentos internacionales de protección a la migración femenina
65
de los mismos. Por ello, han solicitado al gobierno hacer un esfuerzo para
adoptar medidas que terminen con las arbitrariedades e impunidad y que
se establezcan sanciones penales aplicables a los autores de actos de violencia contra las y los trabajadores.
Problemas destacables
No se está dando una integración social de los migrantes en la sociedad
de destino, frente a los ciudadanos de la misma. Se violan los derechos
humanos de los migrantes, lo que se manifiesta en la escasa atención a
la salud y en la discriminación que sufren en el trabajo, entre otras situaciones. Siguen siendo analfabetos, reciben una educación precaria
o no tienen acceso a la misma, y si la tienen, es de muy baja calidad.
Viven hacinados en viviendas estrechas e insalubres y sin los servicios
indispensables. Gran parte de ellos están en situación irregular porque
carecen de documentos de identidad y de permisos de residencia, no
obstante que, en muchos casos, pueden haber vivido largos años en el
país de destino.
Todos estos factores implican la exclusión del grupo de migrantes y
son elementos de discriminación, frente a los ciudadanos del país de
destino, por lo que tornan más violento el ambiente en que aquéllos viven
y están más desprotegidos, a pesar de los distintos instrumentos internacionales que muchos de los países han firmado y ratificado.
La impunidad que se da en la mayoría de los países cuando se violentan los derechos humanos, es un factor que impele a que los Estados
parte se preocupen por el buen funcionamiento de las instituciones que
hacen justicia. Esto lo podrían lograr mediante la selección cuidadosa de
los servidores públicos y el control de los mismos en las fronteras, así
como en las estaciones migratorias, para que no cometan atropellos.
Deberían también, capacitarlos y sensibilizarlos para que comprendan
la realidad de la población migrante.
Por estas razones, la sociedad civil que sirve de enlace entre los migrantes y el gobierno y que es la portadora de las demandas sociales, en
66
Ana Stern Leuchter
el caso específico de las migrantes juega un papel relevante en la defensa de los derechos humanos y debe exigir al gobierno que cumpla las
leyes, respete los instrumentos internacionales firmados y ratificados
por México e implemente acciones concretas que regulen y defiendan
los derechos de los migrantes.
Los flujos internacionales de migración femenina
Genoveva Roldán Dávila
Nunca ha sido tan fácil viajar
y tan difícil moverse libremente.
Las Moiras
Introducción
E
s habitual que las reflexiones sobre el tema de la migración, ya sean
las realizadas por instituciones públicas, organismos internacionales
gubernamentales o no gubernamentales, o por investigadores universitarios, se inicien con una presentación que cuantifica, de forma profusa,
la dimensión del fenómeno. Menor atención se presta a las deficiencias
metodológicas que actualmente tienen las mediciones ofrecidas, lo cual
no ha significado que se ignore absolutamente el tema, pues instituciones
como la Organización de los Estados Americanos (OEA), han insistido en
la necesidad de que todos los censos del mundo incluyan preguntas que
proporcionen información básica sobre el tema. Particularmente su coordinadora de Migración, Araceli Azuara, señaló en Santo Domingo (junio
de 2009) que “es necesario incluir en los censos de todo el mundo informaciones básicas sobre migraciones, algo de lo que estos registros carecen
en la actualidad. La falta de información debilita la toma de decisiones y
las políticas migratorias”.
68
Genoveva Roldán Dávila
Las carencias también han sido señaladas en el Informe sobre desarrollo humano 2009 del PNUD : “hay buenos motivos para sospechar
que el recuento de los inmigrantes en los censos no es completo […] En
su gran mayoría, los datos sobre migración siguen siendo fragmentarios,
difíciles de comparar y de conseguir” (2009: 25, 31). En razón de lo anterior, la presentación de los datos que haremos a continuación, la acompañamos de un señalamiento en el sentido de la importancia de que la
comunidad internacional y particularmente los responsables e interesados en el tema de las migraciones laborales internacionales, se sumen a
estas propuestas. La urgente necesidad de más y mejor información sobre
el fenómeno, no debe soslayar que uno de los aspectos que dificulta la
valoración más exacta de la magnitud de este fenómeno, se localiza en
la extensión y profundización de las acciones estatales y de la sociedad
civil, con un cariz antimigratorio, que criminalizan el proceso y que han
influido de forma determinante en el incremento de la que se realiza de
forma indocumentada y clandestina.
A lo antedicho, se suma la volatilidad y cambios a que dan lugar las
migraciones en las condiciones demográficas, tanto en los países de origen, como los de destino, de tal manera que la migración es uno de los
fenómenos más difíciles de observar, en la medida que la información
censal se ve rebasada en poco tiempo ante la continuidad o discontinuidad de los acontecimientos migratorios. Esto remite a mediciones que,
haciendo uso de diversas técnicas de muestreo o encuestas, permiten
acercarse, con los posibles sesgos y/o error de muestreo, a ciertos aspectos del proceso, como es el de la movilidad internacional indocumentada,
el retorno, la que se realiza de forma cíclica, la movilidad regional interna
de los países receptores y en los mercados laborales, entre otros.
En virtud de las obvias limitaciones para ser generadores tanto de
información sobre los montos de los flujos migratorios internacionales,
como de los particularmente realizados por las mujeres, en este apartado
nos limitaremos a dar una presentación muy breve sobre las más recientes expresiones cuantitativas presentadas por el informe de Naciones
Unidas Superando barreras: Movilidad y desarrollo humanos (PNUD,
2009), The International Migration of Women (Banco Mundial, 2007) y el
Los flujos internacionales de migración femenina
69
informe de la OCDE Perspectivas de las migraciones internacionales 2006
(2007). Este breve recuento estadístico brindará las condiciones para
abordar, en un primer apartado, los principales aspectos de las características y condiciones de la migración femenina internacional, y en la
última sección se abordará algunos de los temas primordiales que se
encuentran a debate en cuanto a sus causas y efectos, desde una perspectiva de análisis cualitativo.
Los números y la migración
internacional femenina
Un tanto lejanos y superados se presentan los estudios de la migración
internacional, donde los presumibles contrastes y parangones entre la
emigración del hombre y la de la mujer no eran significativos en las cuantificaciones que se realizaban. A casi tres décadas “de que se buscó remediar la exclusión de sujetos femeninos en la investigación sobre migración,
así como combatir las tendencias sexistas y androcéntricas” (HondagneuSotelo, 2007: 427), la migración femenina ya no pasa inadvertida.
Tal situación se explica por el hecho de que en la migración internacional, que alcanza los 214 millones de personas (3.1 por ciento de la
población mundial), las mujeres constituyen aproximadamente la mitad
(48 por ciento) (PNUD, 2009: 28), es decir, alrededor de 103 millones, cifra
equivalente a 15 por ciento de la población mundial.
Otra importante expresión de la movilidad femenina, es que se trata
de un fenómeno que ha venido cimentando fuertes cepas de orden cultural, histórico, económico y social, no sólo por sus aspectos cuantitativos,
ya que esta proporción mantiene una presencia, con mínimas variaciones, en las últimas cinco décadas −en 1960 ya era de 47 por ciento (PNUD,
2009: 28)−; sino también por las raigambres construidas en los mercados
laborales y en las relaciones sociales generadas alrededor del fenómeno
migratorio.
Si la movilidad internacional femenina en el mundo constituye 1.5
por ciento de la población total, la magnitud de este fenómeno revela que
70
Genoveva Roldán Dávila
se encuentra muy lejano de ser un proceso masificado, que justifique
las señales de alarma lanzadas desde los medios masivos de comunicación, algunos ambientes políticos y ciertos grupos de la sociedad civil
antimigrantes. Afirmación que no pretende desconocer las mayores dimensiones que alcanza este fenómeno en ciertas regiones, o su impacto
en algunos Estados nacionales o localidades, así como su significado en
las construcciones sociales contemporáneas.
Al visibilizar la migración femenina internacional, se inició un proceso de conocimiento de su complejidad, manifiesta, entre otros aspectos, en sus expresiones multivariadas en los planos regionales. Es el caso
de la migración femenina hacia la Unión Europea, en donde la proporción
es mayor, ya que alcanza 52 por ciento; o por el contrario, la que tiene
como destino Asia, en donde es menor, ya que disminuye a 45 por ciento
del total del flujo. Entre 1960 y 2005, el mayor incremento de la migración
femenina se localiza en la antigua Unión Soviética, donde evolucionó de
48 a 58 por ciento; en Oceanía, de 44 a 51 por ciento; América Latina y el
Caribe, de 45 a 50 por ciento; África, de 42 a 47 por ciento. La única región
donde se localizó una disminución del porcentaje de mujeres migrantes
fue Asia, que pasó de 46 a 43 por ciento; y la región con la menor proporción de migrantes del sexo femenino es Oriente Medio, donde representa
38.4 por ciento (Banco Mundial, 2007: 2).
Las estadísticas más finas son las que permiten un mejor acercamiento a este fenómeno, ya que la perspectiva regional puede ser utilizada
para minimizar u obscurecer el papel de la migración femenina; los planos nacionales permiten detectar que, desde algunos países, ha sido especialmente numerosa. Es el caso de la que se produjo desde Sri Lanka,
en 2002, cuando fue el doble respecto a la masculina; entre 2000 y 2003
ellas representaron 80 por ciento de la migración de Indonesia; en 2005
más de 65 por ciento de los emigrantes filipinos (que se calculaban en
3 mil) que emigraban al día, eran mujeres; en 2001 alrededor de 70 por
ciento de la migración procedente de República Dominicana hacia España fue de mujeres. Originarias de países latinoamericanos, las mujeres
representaron 70 por ciento de emigrantes hacia Italia (36o Congreso,
Forum: Migración, Lisboa, abril 2007).
Los flujos internacionales de migración femenina
71
En los últimos años se convirtió en un lugar común, la afirmación de
que la migración internacional de trabajadores se producía del sur al
norte, lo cual se marcaba como una característica de la migración en
condiciones de globalización, incluso para diferenciarla de la producida
a finales del siglo XIX y principios del XX . El reciente informe del PNUD,
así como la ponencia sobre Migración y Mujeres del 36o Congreso, Forum
(2007), insisten en señalar que al contrario de lo que generalmente es
aceptado, la migración sur-sur es de mayores dimensiones que la migración sur-norte; sólo 37 por ciento de la migración mundial es desde países
en desarrollo a países desarrollados: “La mayoría del desplazamiento
tiene lugar entre países de la misma categoría de desarrollo: alrededor
del 60 por ciento de los migrantes se traslada o bien entre países en desarrollo o entre países desarrollados (el restante 3 por ciento se mueve
desde países desarrollados a países en desarrollo)” (PNUD, 2009: 23).
Cuando se menciona que la emigración se direcciona, en su mayoría,
hacia países con la misma categoría de desarrollo, no significa que no
existen diferencias entre los países de origen y los de destino, sino más
bien que se orienta hacia otros países en desarrollo, pero con niveles de
vida más altos y/o con más empleos. “Casi la mitad de todos los migrantes
internacionales se desplaza al interior de su región de origen y un 40 por
ciento lo hace a un país vecino” (PNUD, 2009: 24); un claro ejemplo de lo
anterior es la migración que sucede en el interior de Asia, la cual explica
casi 20 por ciento de toda la migración internacional (entre 1995 y 2005
alrededor de un millón de mujeres trabajadoras de Indonesia, Filipinas y
Sri Lanka emigraron a Arabia Saudita), y resulta superior a la migración
total que recibe Europa, desde todas las demás regiones. Asimismo, en su
mayor parte, la migración femenina desde África Subsahariana, 47 por
ciento, se realiza en la misma región. Sin embargo, no se debe perder de
vista las tendencias que anuncian el incremento de la migración femenina desde países del sur, hacia países desarrollados; casos representativos
han sido los de la migración femenina que se dirige de países latinoamericanos a España y a Estados Unidos.
La inclusión de las mujeres en las estadísticas mundiales de migración, se corresponde con una perspectiva que se propone sacudirse de
72
Genoveva Roldán Dávila
aquella que sugería que la migración femenina sólo se realizaba “por asociación”, “como acompañantes” de los hombres, los cuales se consideraba
que sí tenían vínculos con los mercados laborales. Hondagneu-Sotelo
(2007: 427) sostiene que el supuesto de que las mujeres sólo migraban como
acompañantes, se explica por los antecedentes históricos de la movilidad
internacional. Nos recuerda que en el caso de los programas de trabajadores huésped en Europa, en los años de la segunda posguerra, así como en
los convenios Bracero signados por México y Estados Unidos, el objetivo
fue “reclutar inmigrantes hombres para trabajar por un periodo limitado
de tiempo; sin embargo después de que las mujeres emparentadas con
dichos hombres migraron también, surgieron numerosas familias que se
establecieron de forma permanente”. Condiciones que, asimismo, podemos observar en la migración sucedida a finales del siglo XIX y principios
del XX , que también fue básicamente masculina, pues la demanda era de
trabajadores hombres, y la incorporación de la mujer se circunscribía a su
condición de esposa, madre o hija y al trabajo invisibilizado del “hogar”.
En la configuración analítica que negaba, o simplemente pasaba de
largo frente a la presencia de las mujeres, en las investigaciones sobre
migración, quedó inadvertido el hecho de que la movilidad internacional del trabajo, mantiene una estrecha relación con las características y
condiciones del desarrollo, entendido éste no sólo como crecimiento
económico, sino también como el conjunto de condiciones (económicas,
políticas, jurídicas, antropológicas y sociales) con las que interactúa la
sociedad en su conjunto. De ahí que el fenómeno migratorio no escapó a
la creciente incorporación de la mujer a la población económicamente
activa, en las últimas cinco décadas, así como a las transformaciones en
las relaciones de género, a las que dio lugar la migración y, a la inversa, el
impacto que el género ha tenido en las experiencias, entidades y circuitos
que están presentes en la inmigración de trabajadores y mujeres trabajadoras. En diversas investigaciones se ha demostrado que, en ciertas condiciones, la movilidad femenina (ecuatorianas, bolivianas, peruanas,
colombianas, polacas, filipinas y mexicanas) se ha realizado sin acompañante masculino y que, posteriormente, son ellas las que promueven la
reunificación familiar.
Los flujos internacionales de migración femenina
73
En las investigaciones realizadas sobre las migraciones internacionales de mujeres y hombres, el tema del empleo continúa absorbiendo la
atención. El trabajo, así lo demuestran las encuestas, entrevistas y muestreos, es la variable independiente y principal, de un segmento de la
movilidad humana a través de las naciones. En lo referente a la movilidad
femenina y su relación con el empleo, ha revelado una estructuración de
género muy delimitada, que no sólo expresa las características y condiciones de funcionamiento de la “nueva economía”, así como de originales
relaciones de poder entre el trabajo –masculino y femenino– y el capital
y cambios en la organización del trabajo, sino también redefiniciones en
las relaciones familiares, tradiciones y cultura.
Difícilmente pueden disociarse estos ámbitos, salvo desde aquellas
perspectivas que, con la intención de desprenderse y marcar distancia de
enfoques muy limitados, por su fuerte cariz economicista, omiten o colocan en un plano secundario, la relación existente entre migración femenina y trabajo, y dan prioridad al análisis de la migración femenina en
cuanto a su impacto en la formación de espacios trasnacionales y variables antropológicas que exigen que se reconsidere el papel de “lo contingente” y en los que se sobredimensiona el rol e impacto de la construcción
de redes de inmigrantes, en el proceso en su conjunto. Estas parcelas del
conocimiento, sin duda importantes por la concreción y especificidad
de algunas de sus aportaciones, pueden provocar que disminuya la atención hacia las condiciones en las que se entretejen los vínculos entre género y migración. En estos nexos, el carácter estructural de la violencia
de género, así como su sistema de desigualdades, tienen un rol configurador de los procesos migratorios, pero no se agota en ellos. De ahí la
necesidad de lograr un mayor nivel de precisión sobre el papel, que en
ese engranaje, juegan, entre otros, las relaciones familiares, las tareas
reproductivas, las redes, las contingencias, el poder económico, las desigualdades, los privilegios, la discriminación sexual, la explotaciónsegmentación laboral, las políticas migratorias.
Pese a las reticencias, insisto, por su posible desliz hacia un enfoque
economicista que sólo observa a la mujer migrante como un sujeto pasivo, en cuanto que mano de obra disponible en función de las leyes de la
74
Genoveva Roldán Dávila
oferta y la demanda del mercado de trabajo, una de las variables centrales
que ha contemplado la incorporación de la migración femenina internacional a las estadísticas, ha sido la que se propone dar cuenta de las
características y condiciones del aumento de su presencia en los mercados laborales. Esta incorporación ha sido tipificada, casi unánimemente,
por las investigaciones realizadas, por tener que hacer frente a un gran
cúmulo de dificultades y observar una discriminación de índole multidimensional (OCDE , 2007: 82). En el Forum: Migraciones (2007), se afirmaba que:
Migrant women are particularly vulnerable to exploitation, discrimination
and abuse. Many of them are especially exposed to violence, insecure working conditions, and increasingly to the sex trade […] The highest concentration of women workers is to be found in the most menial occupations or
placed at lower levels of the professional hierarchies. Women are also in the
majority in the least secure sectors like domestic work or in the unofficial
sector, which makes them especially exposed to abuses.
Las formaciones de género en el ámbito laboral no sólo están impactadas por la consideración general de que existe una dualidad en su interior:
“trabajos que son para mujeres” y otros que son específicamente “masculinos”, sino que además el contexto laboral también interactúa con legados
de índole cultural y étnica, en cuanto al papel de la mujer y el hombre en la
familia, las condiciones que prevalecen en los acuerdos matrimoniales, así
como trayectorias históricas en cuanto a la relación entre lo público y lo
privado, el acceso a la educación formal y la preparación o especialización
en un conjunto de actividades laborales, no reconocidas.
Para ilustrar la diversificada discriminación de que es objeto la
mujer migrante internacional, las estadísticas destacan las siguientes
expresiones:
En cuanto a la migración femenina que se dirige hacia países desarrollados, particularmente a los europeos miembros de la OCDE,
se observa una fuerte segmentación vertical en el mercado de
Los flujos internacionales de migración femenina
75
trabajo femenino, que opera especialmente en detrimento del trabajo realizado por las mujeres inmigrantes, fenómeno que no sólo
abarca el universo femenino sino que también se observa en el
caso de los hombres. La sobrecualificación de las mujeres migrantes procedentes de países que no son miembros de la OCDE, en los
empleos que realizan, es mayor que en las autóctonas, particularmente en Europa meridional. Existe una sobrerrepresentación de
las mujeres en ocupaciones “profesionales” y “técnico profesionales” de nivel medio en el sector sanitario y ventas; sin embargo, el
empleo de las mujeres inmigrantes, con mucho mayor frecuencia
se realiza en ocupaciones poco cualificadas y particularmente en
las de “trabajadores no cualificados”, alrededor de 20 por ciento,
frente a 9.2 por ciento de las nativas (OCDE, 2007: 85-86).
Este fenómeno tiene una particular expresión en el nivel sectorial
y en ciertos países, ya que la participación de la mujer inmigrante
en el sector sanitario de los países europeos miembros de la OCDE,
es de 17 por ciento; sin embargo, en países escandinavos, como
Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Reino Unido, oscila entre
32 y 23 por ciento, lo cual se explica por la escasez de mano de obra,
particularmente de enfermeras y cuidadoras, así como por la alta
demanda a resultas de los cambios demográficos. En Suecia y el
Reino Unidos las mujeres inmigrantes empleadas en el sector
educativo alcanzan 15 y 13 por ciento, respectivamente, del empleo
total de las mujeres inmigrantes. En estos países, las mujeres inmigrantes se encuentran sobrerrepresentadas en el sector de
servicio doméstico, donde son cuatro veces más numerosas que
las mujeres nativas (OCDE, 2007: 90). De las mujeres latinoamericanas inmigrantes, 60 por ciento son empleadas domésticas, porcentaje que se eleva en España, a 70 por ciento. Proporción
parecida es la que se localiza en las mujeres etíopes y somalís que
trabajan en este sector en Italia. Tanto en Europa como Estados
Unidos, la necesidad de enfermeras y cuidadoras va en aumento:
en 2008 Gran Bretaña requería 25 mil doctores y 250 mil enfermeras más que las que necesitaba en 1997. Se calcula que Estados
76
Genoveva Roldán Dávila
Unidos necesitará más de un millón de enfermeras, de aquí a 2020
(Forum: Migraciones, 2007). Difícilmente pueden pasar inadvertidas las implicaciones para los países de origen, de este éxodo de
mujeres con cierto nivel de calificación.
Las tasas de desempleo son más altas entre las mujeres inmigrantes que entre las nativas. En Bélgica, Alemania, España, Grecia,
Finlandia, Francia, la República Eslovaca y Polonia, más de 15 por
ciento de las mujeres inmigrantes que participan en la población
activa están buscando trabajo. En términos relativos, la tasa de desempleo de las mujeres inmigrantes es de al menos el doble de la
que se presenta entre las mujeres nativas en Austria, Dinamarca,
Finlandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Suecia y Suiza (OCDE,
2007: 83).
Otra expresión que asume el trabajo de las mujeres inmigrantes y
en donde se pone en evidencia su mayor nivel de vulnerabilidad,
es el referente a que los empleos en los que son demandadas, básicamente son temporales y a tiempo parcial. En este sentido el
informe de la OCDE (2007: 90) señala que son trabajos que “van
unidos a una precariedad mayor y a menudo a una protección
menor del empleo [lo cual] constituye un indicador cualitativo de
la integración en el mercado de trabajo”. Situación que adquiere
mayores expresiones en Reino Unido, Noruega, Finlandia, Grecia,
Polonia y España. Es importante no perder de vista que este fenómeno no es propio de las mujeres inmigrantes, sino que incluye a
los hombres, así como a las autóctonas.
Análisis cualitativo de la migración
internacional femenina
El análisis cualitativo de la migración internacional femenina se ha propuesto, entre otros objetivos, dar seguimiento a las características y
condiciones en las que ha sido incorporado este fenómeno en las principales investigaciones sobre migraciones. Las aportaciones de Pierrette
Los flujos internacionales de migración femenina
77
Hondagneu-Sotelo (2007), en Estados Unidos; de Marina Ariza (2007),
en México; o las de Carmen Gregorio Gil (1998), en España, son un interesante referente, sin duda valioso, para aproximarse al estado del arte
de la movilidad internacional femenina. Ellas destacan el hecho de que
fue hasta los años ochenta y principios de los noventa, cuando el género
se incluyó como categoría de análisis en los procesos migratorios, tal
como lo revelan las investigaciones realizadas por Brettel & Simon, Kats,
Fawcett, Fernández-Kelly, Morokvasic, Pessar y Pittin (Gregorio Gil, 1998:
21). Fue entonces cuando se “reconoció la existencia del género como una
serie de prácticas sociales que afectan y son afectadas por la migración”
(Hondagneu-Sotelo, 2007: 431). Todo parece indicar que la reciente incorporación del tema en las agendas de investigación, así como la complejidad que le es inherente, es lo que permite explicar la diversidad de
enfoques en las primeras y nuevas propuestas para estudiar la migración
y el género.
Pese a lo anterior, resulta un interesante avance el hecho de que en la
actualidad pareciera adquirir mayor relevancia, la consideración de que
son las relaciones sociales de género, sus marcos teóricos y las redefiniciones conceptuales a las que obligan, lo que debe enriquecer los estudios
sobre los procesos migratorios, así como las analogías y disparidades
entre ellos. Perspectiva que tiene un enorme potencial, al colocarse más
allá de la simple distribución por sexo de los colectivos que los integran.
Es importante insistir en la necesidad de promover investigaciones
que consideren las relaciones de género como una premisa conceptual
básica para el análisis de las relaciones sociales de poder y desigualdad
que se configuran en los procesos migratorios internacionales. Así lo
exige la internacionalización de la economía o la globalización, que han
agudizado los sistemas de creación de desigualdades de género, lo cual
tiene como consecuencia brechas mayores entre regiones, clases sociales
y entre géneros. Prueba de ello es la feminización de la pobreza, la explotación de mujeres en las industrias trasnacionalizadas, el trabajo doméstico, el turismo y la prostitución. Los continuos cambios que observan las
migraciones internacionales, las nuevas condiciones a las que se enfrenta con la crisis mundial que asomó con violentas expresiones económicas
78
Genoveva Roldán Dávila
y sociales, en 2008, imprimieron premura a la construcción de una perspectiva que se preguntara por la conceptualización de las diferencias
entre hombres y mujeres y las relaciones sociales que las estructuran,
intentando situarlas en contextos específicos, como es el referente a la
movilidad internacional.
Diversas autoras han insistido en la necesidad de que la categoría de
género no se presente como un monolito, ya que ineludiblemente se vincula con otras estructuras sociales de desigualdad, como son la clase, etnia,
edad y nacionalidad, entre otras. Este enfoque pone en evidencia que
para comprender cómo operan las relaciones de género, es imprescindible vislumbrar más allá del género, estableciendo una relación dialéctica
que considera que, de igual manera, no podemos entender cómo se desencadenan y procesan otras formas de segmentación y jerarquización
social, sin distinguir las relaciones de género.
Atinada resulta la reflexión de Carmen Gregorio (1998: 22) en el sentido de que la interpretación de la migración internacional que ha tenido
preponderancia, es la teoría con el enfoque del equilibrio, en donde la
persona migrante se mueve entre dos mundos, la sociedad tradicional
y la sociedad moderna. La causa de la movilidad es la toma de decisión
individual y racional que los individuos y sus familias llevan a cabo, basada en una racionalidad económica; en este modelo la mujer, cuando
emigra, lo hace como sujeto individual, racional y sin distinguir entre
hombres y mujeres. La autora nos recuerda que Todaro y Thadani expresan una crítica al respecto, por considerar que la anterior reflexión significa considerar que los patrones de la migración femenina, son como el
espejo de la masculina. De tal manera que en los estudios de estas teorías
las potenciales diferencias entre la emigración del hombre y la de la mujer no son significativas ni teórica, ni empíricamente (1998: 22).
La polémica contemporánea aborda nuevas aristas de la migración
femenina internacional aunque, finalmente, continúa intentando profundizar en las causas y consecuencias que hoy, ante su evolución, nos
permiten entenderla y generar las políticas públicas que se acerquen a
una mayor y mejor protección de sus derechos. De ello se deriva la necesidad de que tanto las investigaciones específicas −como la aquí propuesta−,
Los flujos internacionales de migración femenina
79
como las que tengan propósitos de un enfoque más global, tracen agendas que permitan avanzar en el análisis de hipótesis, cuya investigación
difícilmente podemos considerar que esté agotada.
En cuanto a las causas de dicho flujo, podemos agrupar las siguientes:
La mujer emigra por factores no económicos, sino por deseos de
independencia familiar y social.
Los factores sociales son los que desencadenan la emigración de
la mujer: tales como la ruptura matrimonial, los embarazos prematrimoniales y la viudez.
Los factores sociales no están separados de lo económico y productivo ya que la emigración femenina, tanto sola como unida a la
del hombre, se explica por razones propias, siendo las económicas
las más importantes.
La emigración femenina que acompaña a sus parejas puede deberse a la imposibilidad de hacer frente, ellas solas, al sistema de
producción agrícola, ante la ausencia de sus esposos.
La desposesión del usufructo de la tierra y el empeoramiento de su
situación económica y social, que lleva aparejado la separación o el
repudio en determinadas sociedades, es la causa de su migración.
Las mujeres emigran para mantener su papel como principales
mantenedoras de la familia, y otras mujeres, incluso cuando viajan
con sus esposos, es porque esperan encontrar oportunidades de
empleo para ellas mismas, y perciben la migración como una
oportunidad de mejorar su estatus económico.
En cuanto a los efectos, existe una dicotomía central, que lleva a diversas hipótesis:
La emigración es un proceso, a través del cual la interconexión
entre dos sociedades produce la reconstrucción o el cambio de las
desigualdades de género.
El proceso migratorio contribuye a la continuidad de la desigualdad
de género.
80
Genoveva Roldán Dávila
Existen factores desencadenantes de la emigración que afectan de
manera diferencial a hombres y mujeres.
Se producen formas diferentes de organización social derivadas
de la emigración, donde tienen un papel fundamental las relaciones de género y el impacto de la emigración en las relaciones de
género.
La investigación debe centrarse en el estudio de las formas de
construcción y cambio de las desigualdades de género.
El contacto con lo “moderno”, a partir de la emigración, transforma
las relaciones de género.
Las mujeres migrantes despliegan diversas estrategias de cuestionamiento y redefinición de sí mismas y de las relaciones sociales
que las configuran.
Por último, pero no por ello de menor importancia, está la necesidad
de responder a:
¿Qué variables deben ser incorporadas para poder comprender los
procesos migratorios femeninos, sus desencadenantes, consecuencias e impacto?
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
Genoveva Roldán Dávila
U
n enfoque basado en los derechos humanos y con sensibilidad de
género es la norma mínima a que debería ajustarse toda política
de inmigración. Sin embargo, en el nivel mundial ha habido lentitud
en la protección explícita de los derechos humanos de los migrantes
internacionales, y en particular de los derechos propios de las mujeres
(UNFPA , 2006).
A pesar de la multiplicación de procedimientos jurídicos que atienden
ciertas condiciones sobre la entrada y salida de ciudadanos asalariados
por las fronteras de los Estados nacionales, así como los escenarios de
su posterior estancia o retorno, difícilmente tales procedimientos constituyen políticas migratorias integrales de Estado. En ocasiones atienden
situaciones coyunturales o algunos aspectos del fenómeno; en otras, hay
poca integración en las medidas existentes en el interior de los mismos
Estados; o éstas se supeditan a criterios que, en muchas ocasiones, poco
tienen que ver con el fenómeno. Tal es el caso de la relación que se ha
establecido entre seguridad y migración, la cual ha llevado a la definición
de severas acciones políticas por diversos Estados nacionales para enfrentar la migración. En estas condiciones, lo que sí podemos indicar es
que existen tendencias mundiales hacia la definición de ciertas prácticas
migratorias, pero no absolutas certezas en cuanto a sus fundamentos, ni
la formulación integral de regulaciones hacia la inmigración y emigración.
82
Genoveva Roldán Dávila
A esa situación no escapan ni los países receptores o expulsores, ni los
que poseen ambas características.
De tal manera que la proliferación de medidas, más que revelar avances, representa un alto grado de incertidumbre para los procesos migratorios y los seres humanos que se encuentran involucrados en ellos. Su
ritmo de crecimiento ha sido intenso; prácticamente mantiene una relación directa con el aumento del número de Estados-nación que han presentado acciones en materia migratoria, los cuales se han cuadruplicado
hasta llegar a casi 200, durante el último siglo (PNUD, 2009: 2). Sin embargo, pocos logros se observan en cuanto a la conjunción de políticas bilaterales, regionales o multilaterales, ya que los Estados nacionales, en su
gran mayoría, muestran una gran resistencia a ceder su soberanía en
cuanto a su competencia de establecer los criterios para seleccionar y
admitir a los no-nacionales, los montos, así como los fundamentos de las
políticas por aplicar en el caso de la inmigración indocumentada. A este
aspecto, no escapan los principales países industrializados receptores de
inmigrantes (Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Japón),
ni los de desarrollo medio del mediterráneo europeo, del sureste asiático
o del Golfo Pérsico, como tampoco los países subdesarrollados de América Latina y África, en los que se observan ambos procesos (expulsores
y receptores de migración).
Pese a la incertidumbre que genera la carencia mundial de políticas
migratorias integrales, lo cierto es que en los últimos años sí se ha perfilado con mayor nitidez una tendencia, que ha sido determinante para
los flujos compuestos por trabajadores y trabajadoras migrantes y sus
familias. Es una tendencia en la que prevalecen, en los principales países
receptores y expulsores, medidas orientadas a la construcción de un entramado institucional que intensifica los controles fronterizos, que establece
criterios más rigurosos de selección con el objetivo de restringir nuevos
flujos y limita la libre movilidad de las y los ciudadanos asalariados.
Poco novedosa resulta la afirmación de que las políticas migratorias,
en el ámbito internacional, han dado claras muestras de aplicar medidas en dirección contraria a las que se han fomentado y creado en cuanto
a la movilidad de las mercancías y del capital. Sin embargo, igualmente
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
83
cierto es que los reiterados señalamientos sobre la existencia de esta
profunda paradoja, han arrojado escasos resultados en cuanto a la construcción de reglamentaciones nacionales migratorias, basadas en la cooperación multilateral, regional y/o bilateral y que, además, se sustenten,
como en el caso de las mercancías y del capital, en la protección y defensa de su movilidad.
De ahí que la insistencia es necesaria y obligada, por tratarse de un
tema no sólo no resuelto, sino con indicadores que apuntan a la profundización de contradicciones en las diferentes esferas en las que se expresa. Entre las variables indicativas de este proceso está la introducción de
ciertas acciones comunes o las coincidencias que sobre la marcha se han
apreciado, en los últimos años, hacia un endurecimiento y mayores obstáculos a la movilidad del trabajo, entre las naciones, así como la firma
de tratados comerciales y de inversiones, en los que no se incorpora el
fenómeno de las migraciones.
Otras acciones políticas presentes en este fenómeno, que no son el
objetivo de esta investigación pero que tampoco podemos dejar de mencionar, dada su influencia en las definiciones y ambivalencias nacionales,
son las prácticas que desde la sociedad civil se han instrumentado frente
a la migración. Por una parte están las que han buscado la protección de
los derechos humanos, laborales y políticos de los inmigrantes y emigrantes de ambos sexos, poniendo especial atención en los sectores más
vulnerables; por otra parte, aquellas que, desde partidos políticos con
fuerte presencia y organizaciones sociales, ambos con fundamentos racistas y xenófobos, han mantenido una militancia activa para enfrentarla
y detenerla. También se encuentran presentes las acciones que, desde
diversos organismos internacionales (CEPAL , ONU, BID, BM , PNUD), pretenden avanzar en el mejor conocimiento de estos fenómenos, que desemboque en la construcción de nuevas miradas y acciones frente a la
movilidad internacional de las y los ciudadanos asalariados.
La elaboración y aplicación de políticas migratorias, que remonten
las barreras físicas, sociales, jurídicas y políticas que se han construido
frente a la movilidad del trabajo, presentan un mayor grado de dificultad,
pues exigen un compromiso social, que difícilmente se puede sustentar
84
Genoveva Roldán Dávila
en un contexto económico de crisis o de un lento proceso de recuperación
de la economía mundial. También requieren una voluntad política no
fácil de construir, en virtud de la polarización social generada, principalmente por la incertidumbre económico-social que ha resultado del modelo de crecimiento vigente desde los años ochenta, así como por la
insolvencia tanto de ciertas instituciones responsables del tema migratorio, como de los partidos políticos.
Dos factores tienen una particular influencia en el fenómeno y en las
políticas migratorias aplicadas: confundir el terrorismo y la delincuencia
organizada con la migración de asalariados y, en segundo término, el alto
impacto que han tenido las crisis financieras y económicas de los últimos ya casi veinte años. En este último caso ocupa especial lugar la que
estalló a finales de 2008, por sus efectos en los niveles de desempleo en
todo el mundo, especialmente, en aquellos países receptores de inmigrantes laborales, por la estigmatización que se ha hecho de estos trabajadores como usurpadores de los empleos que les corresponden a los
nativos y como responsables del deterioro de los servicios de salud, educación y transporte, entre otros.
La actual crisis está exigiendo cambios sustanciales en diversos ámbitos de las relaciones internacionales. Uno de los más destacados es el
replanteamiento de la arquitectura institucional vigente para la movilidad
del capital, de tal manera que, pensando en el proceso de recuperación e
inicio de un nuevo ciclo económico, es oportuno considerar que, una vez
más, en dicho proceso, los requerimientos de trabajadores inmigrantes de
baja calificación o que se dirigen a empleos de bajos salarios, tendrán un
nuevo impulso. Por ello, resulta muy pertinente que se avance en la presentación de iniciativas sobre las políticas migratorias que debieran construirse en esta nueva etapa, en las que corresponde lograr un particular
énfasis en las acciones que los Estados nacionales deben impulsar frente
a la movilidad femenina.
Partiendo de algunas reflexiones sobre cómo las principales disposiciones que se han tomado frente a la migración, escasamente diferencian
entre la que realizan los hombres y la que efectúan las mujeres, presentaremos las políticas migratorias más paradigmáticas, ya que afectan por
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
85
igual al conjunto de la población que se encuentra en la dinámica de la
movilidad internacional; en un segundo apartado, reseñaremos aquellas
acciones que sí se sustentan en una perspectiva de género; y, finalmente,
plasmaremos las conclusiones a las que arribamos en esta sección.
Principales características de las tendencias migratorias
Además de los aspectos ya mencionados, por los cuales las políticas migratorias contemporáneas han sido tipificadas como antimigratorias, otro
factor cuestionado con amplitud es que dichas políticas, escasamente
reflejan acciones encaminadas hacia la migración internacional femenina. Así se destaca en los planteamientos de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), la cual señala que:
Existe una tendencia entre la mayoría de los países de destino cuando se
formulan políticas relacionadas con la migración y se adoptan disposiciones
legales pertinentes para poner más énfasis en los asuntos relacionados con
la inmigración y el control fronterizo sin incorporar un análisis de género
en su planeación […] A pesar de la evidencia cada vez mayor sobre los aspectos de migración de género específico, la mayoría de las políticas y disposiciones relacionadas con la migración no son específicas a un género
(OIM , 2009: 1).
En la misma dirección, la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), en la propuesta para la gestión eficaz de las migraciones laborales
presente en su Marco Multilateral para las Migraciones Laborales (2006),
señala que tanto los Estados −que tienen el derecho soberano de elaborar
sus propias políticas para gestionar las migraciones laborales−, las normas internacionales del trabajo, así como las normas multilaterales, deben tomar en cuenta ciertas directrices que permitan que esas políticas
sean coherentes, eficaces y equitativas. En razón de los objetivos de esta
investigación es importante destacar la directriz 4.5, sugerida por la OIT,
que señala la necesidad de “garantizar que las políticas de migraciones
86
Genoveva Roldán Dávila
laborales integren las cuestiones de género y aborden los problemas y
los abusos específicos a los que se enfrentan a menudo las mujeres en los
procesos de migración” (2006: 7).
Esta inquietud también está presente en el informe del Banco Mundial The International Migration of Women (2007), en el que, después de
expresar diversas consideraciones sobre cómo la migración femenina
aumenta y estimula el desarrollo, para incrementar las repercusiones
positivas de la migración de la mujer en el desarrollo propone: “Asignar
volúmenes importantes de recursos a la recopilación y el análisis de nuevas estadísticas sobre las migraciones desglosadas por sexo, que suministren información importante para el diseño de políticas migratorias
para la próxima generación”.
En el informe de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales titulado Las migraciones en un mundo interdependiente: Nuevas
orientaciones para actuar, se señala que la Comisión:
…subraya la necesidad de políticas y programas migratorios que tengan en
cuenta el género, presten atención a la situación social y a la inclusión de las
mujeres migrantes […] Deben realizarse todos los esfuerzos posibles para
que las mujeres migrantes participen activamente en la formulación, la
aplicación y la evaluación de estas políticas y programas (2005: 53).
En cuanto al informe presentado por el Fondo de Población de las
Naciones Unidas, titulado Hacia la esperanza: Las mujeres y la migración
internacional, se afirma que:
…las políticas de migración raramente toman en cuenta las cuestiones de
género. Esto se debe en parte a la ausencia de estudios sobre las diferencias
entre mujeres y hombres en cuanto a oportunidades, riesgos, contribuciones
y experiencias, y puede redundar en pérdida de oportunidades de multiplicar las ventajas económicas y sociales de la migración (2006: 70).
La investigación realizada por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
87
Mujer (Instraw) y el Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad) del
Gobierno de España, que se plasmó en el informe titulado Cruzando
fronteras II: Migración y desarrollo desde una perspectiva de género (2008),
destaca que: “Los análisis sobre la importancia de los factores de género
para comprender los flujos migratorios, así como su impacto en las estructuras socioeconómicas, son aún escasos. La utilización de una noción del desarrollo sensible al género en el marco de estos debates es
anecdótica”. Profundizando más en el tema, también subraya que:
Estas deficiencias analíticas se traducen, obviamente, en deficiencias en el
diseño y puesta en marcha de políticas que fomenten sinergias positivas
entre la migración y el desarrollo y que lo hagan no sólo atendiendo a cómo
afectan los factores de género, sino asumiendo como objetivo mismo del desarrollo la erosión de las relaciones de género de desigualdad (2008: 13).
Como se puede observar, existe acuerdo en cuanto a que las políticas, regulaciones y programas dirigidos a la fenomenología migratoria,
no diferencian, de forma evidente, la referida a las mujeres migrantes.
Por el contrario, muchas políticas y programas en los que se incluye a
la mujer, parten del supuesto de que la reunificación familiar se tiene
que realizar en condiciones de dependencia para la mujer, es decir, del
derecho a la documentación que se deriva de ser la “esposa de” y que no
incluye el permiso de trabajo. En las políticas de reunificación familiar,
las mujeres son incorporadas como “familiares a cargo”, de tal manera
que se les limita el acceso a empleos que exigen una regularidad en documentos, esto es el resultado de que se establezca una diferencia entre
el derecho de los migrantes a trabajar y el derecho a la residencia. De tal
manera que las mujeres, sin permisos de trabajo, serán orilladas a incorporarse a un mercado de trabajo más inseguro y no regulado por leyes
laborales y políticas de inmigración.
En virtud de la prevalencia de un esquema migratorio androcéntrico,
consideramos necesario destacar ciertas experiencias de políticas migratorias por su alto impacto en la movilidad internacional, ya sea por su importancia como países receptores de migración y/o por ser experiencias
88
Genoveva Roldán Dávila
paradigmáticas en cuanto al fenómeno migratorio en sí mismo, como
en cuanto a las acciones y normatividades que han promovido. En el entendido de que, si bien afectan de forma severa al género masculino,
por su mirada restrictiva de la movilidad y por la segmentación laboral
que enfrentan, resultan de mayor impacto para la mujer migrante, ya que
no consideran las especificidades que tiene el género femenino. En las
mujeres, por su condición de tales, así como por la discriminación motivada por razones de etnia, clase y cultura, tendrán expresiones particulares, de tal manera que serán objeto de ciertos abusos que no son
aplicados a los varones, tanto en el tránsito, como en las condiciones en
las que se realiza la inmigración en el país receptor y en los empleos en los
que serán requeridas y ocupadas.
Tendencias de las políticas migratorias
de Estados Unidos
Cuando existe el propósito de plantear una definición de la sociedad
estadounidense, lo primero que vendrá a la cabeza es el señalamiento
de que es un país de inmigrantes, en virtud de que su construcción como
nación se dio sobre la base de la movilidad de trabajadores, colonos, inversionistas y empresarios europeos, particularmente provenientes de
Gran Bretaña y, en segundo término, de Alemania. Cuando la intención es
profundizar un poco más en las características que asumió la inmigración en la construcción del Estado nacional, necesariamente tenemos
que acudir al hecho de que la política de “puertas abiertas” llegó a su fin
muy temprano, prácticamente después de la Guerra Civil. Entre 1862 y
1864, se aprobaron la Homestead Act (Ley de Hogar Seguro) y la Contract
Labor Act (Ley de Contratación Laboral), con el objetivo de continuar
promoviendo los asentamientos poblacionales en los estados de la costa
del Pacífico, sobre bases diferentes y nuevas condiciones para la migración laboral; el otro aspecto novedoso es que se acudió a la contratación
de inmigrantes procedentes de otros continentes, en específico se firmaron contratos para fomentar la inmigración de trabajadores procedentes de China.
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
89
El último tercio del siglo XIX se acompañó de la intensificación en la
actividad legislativa, con la aprobación de diversas leyes: la Immigration
Act (Ley de Inmigración, 1875), la Chinese Exclusion Act (Ley de Exclusión de Trabajadores Chinos, 1882) y la Alien Contract Labor Act (Ley de
Contratación de Trabajadores Extranjeros, 1885). El fuerte rechazo que
había suscitado la inmigración procedente de Oriente motivó la adopción
de regulaciones restrictivas sobre la inmigración, estipulando la ilegalidad de contratar o importar trabajadores extranjeros (Delaet, 2000: 27).
La disparidad entre las legislaciones y las necesidades del desarrollo industrial estadounidense, implicó que no se detuviera el ingreso de trabajadores procedentes de otros países. Entre 1861-1920 ingresaron más de
30 millones de inmigrantes, fenómeno caracterizado por la diferenciación entre los procedentes de países europeos y los de Oriente.
La ineficacia de las leyes vigentes en cuanto al control del flujo propició que, desde diversos sectores de la sociedad estadounidense, se presionara por una regulación más estricta en cuanto a la inmigración. En
1917, se aprobó la Ley Orgánica de Inmigración (Verea, 1983), después de
la primera guerra mundial; en ella se recogió la preocupación de diversos
sectores de la población estadounidense que empezaban a exigir restricciones selectivas y que hizo que se incluyera en la lista de inmigrantes
inadmisibles a los analfabetos. El diputado demócrata por Texas, C. Box,
argumentaba que “los mexicanos mostraban una tendencia al analfabetismo, la delincuencia y las enfermedades”, consideraciones que ya
revelaban el incremento de la presencia de inmigrantes mexicanos. Las
necesidades del proceso de producción exigieron que en 1921, y posteriormente en 1924, se decretaran leyes para establecer cuotas de inmigrantes:
la Ley de Cuotas por Origen Nacional (National Origins Quota Law) tuvo
como propósito controlar la inmigración que no fuera sajona. Sin embargo, en sustitución de la inmigración procedente de Asia, la de México iba
en aumento, y para controlarla, en ese mismo año, se creó la Patrulla
Fronteriza.
Tomaron un fuerte impulso las políticas de atracción y expulsión de
trabajadores mexicanos. Las repatriaciones de mexicanos en 1919 y 19301933, sobre todo después del crack económico, fueron masivas y forzadas.
90
Genoveva Roldán Dávila
Poco después, con el propósito de ordenar este proceso, se firmaron los
Convenios Braceros. Del papel de simple espectador, el Estado mexicano
pasó al de subordinado respecto a los requerimientos de Estados Unidos.
Se ha sugerido la necesidad de recuperar la experiencia de los programas braceros, ignorando que fue la Comisión de Empleos en Tiempos
de Guerra y los departamentos del Trabajo, de Estado, de Justicia y de
Agricultura estadounidenses quienes, por presiones ejercidas por los agricultores de California, Arizona, Nuevo México y Texas, condujeron a la
realización de una investigación sobre las posibilidades reales de la importación de fuerza de trabajo mexicana, ante la carestía y escasez de la
mano de obra estadounidense.
El inicio y finiquito de dichos convenios (1942-1964) dependió de los
intereses y decisión estadounidenses, así como lo plasmado en los convenios; en cuanto a la protección ante las condiciones de extremo racismo laboral y de vida de los inmigrantes mexicanos, regularmente fue
violada, ante la tolerancia, desatención y falta de decisión de los gobiernos mexicanos.
Se hacían deducciones a los salarios de los braceros sin autorización; el
transporte a los lugares de trabajo, que debía ser gratuito, muchas veces se
les cobraba, además de que se realizaba en condiciones de gran peligro
para ellos y la comida era de calidad muy inferior a la acordada. No siempre
se cumplía con las estipulaciones respecto a los seguros por desocupación,
enfermedad o accidentes, las condiciones de trabajo no llenaban los requisitos de seguridad establecidos por la ley. Muchas veces los braceros se enfermaban, se accidentaban e incluso, llegaban a morir. Respecto de las
habitaciones, éstas eran barracas improvisadas, sin calefacción ni servicios
sanitarios (Morales, 1982: 147).
En este periodo, 4.6 millones de trabajadores temporales agrícolas
mexicanos fueron contratados, proceso que se acompañó del incremento de la migración indocumentada. Con la intención de frenarla se aprobaron programas como el de incorporación de la categoría de los border
commuters, misma que posibilitaba a los residentes fronterizos cruzar la
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
91
frontera, ya sea diariamente o por ciertas temporadas; así como la de
trabajadores visitantes (visitor workers), los cuales podían permanecer
hasta por 72 horas, a una distancia máxima de la frontera de 25 millas.
Al inicio de la segunda mitad del siglo XX , la política migratoria estadounidense tuvo un nuevo giro con la aprobación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 (McCarren-Walter Act). En ella se eliminó el
sistema de cuotas restrictivas sobre origen nacional y se aumentó e impuso un límite global al número de visas (170 mil, para países que estuvieran fuera del hemisferio occidental). Paralelamente se instauró un
sistema que seleccionaba a los inmigrantes. Lo anterior no significó que
se eliminaran las acciones frente a los trabajadores de origen mexicano,
ya que por la otra puerta el gobierno estadounidense implementaba la
Operación Espaldas Mojadas (1954), en la que se expulsó a más de un
millón de mexicanos con métodos oprobiosos y violatorios de derechos
humanos. A finales de los años setenta se realizaron nuevas modificaciones a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, estableciendo límites numéricos a las visas otorgadas a los países del continente americano. El
número de visas accesibles para los mexicanos cayó a tan sólo 20 mil visas
anuales, excluyendo a los parientes inmediatos de los ciudadanos estadounidenses, una cuota mucho menor de la que recibía con anterioridad
(Massey, 2002: 43). Con tales medidas se redujo en 60 por ciento la migración documentada de mexicanos; paralelamente se inició un programa
de control aéreo y de sistemas de alarmas electrónicas en las fronteras sur
y norte de Estados Unidos.
La recuperación y restructuración de la economía estadounidense,
de la crisis de los años setenta, generó una importante demanda de asalariados mexicanos, proceso que no se acompañaba de una legislación
que permitiera su ingreso ordenado. De tal manera que el incremento de
inmigrantes indocumentados fue considerable, lo que provocó importantes y contradictorios debates, los cuales se encaminaron hacia la
formulación de una nueva enmienda en la legislación migratoria: la Ley
de Reforma y Control a la Inmigración (IRCA , 1986), cuyo objetivo principal fue el de la legalización o “amnistía” de la población extranjera que
se encontraba en forma indocumentada en ese país. El resultado de esta
92
Genoveva Roldán Dávila
legislación fue que alrededor de tres millones de trabajadores indocumentados fueron regularizados; entre ellos, aproximadamente dos millones fueron mexicanos.
Esta regularización sólo abarcó a la migración ya establecida y dio por
supuesto el fin del flujo migratorio; su complemento fue el endurecimiento frente a la continuidad del fenómeno, encabezado fundamentalmente
por la movilidad de los mexicanos. En el periodo comprendido entre 1987
y 1993, la policía fronteriza contó con la anuencia para detener a toda
costa a los inmigrantes. De ahí que se observó un incremento del número de denuncias por golpes con brutalidad, que provocaron lesiones
irreversibles; negativas de atención médica; atropellamiento con vehículos oficiales; acorralamiento y encajonamiento en barrancos y ríos; golpes
con linternas, macanas, puntapiés, o contra la carrocería de las patrullas
fronterizas; tortura con el aire acondicionado en tiempos de frío; agresiones sexuales; esposamientos con lujo de violencia; sometimiento a
revisiones degradantes; insultos y, en no pocos casos, inmigrantes que
perdieron la vida a manos de la policía fronteriza. El incremento de la
impunidad y de los asesinatos y violaciones a los derechos humanos de
los trabajadores migratorios mexicanos quedó documentado en dos informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH,
1991; CNDH , 1996).
A inicios de la década de los noventa se aprobó una nueva modificación a la Ley de Inmigración, la cual tuvo como propósito principal
favorecer una inmigración con mayor “capital humano”. Se estableció
un límite a la admisión de trabajadores de alta capacitación (H-1B) a 65
mil visas anuales, aunque en la práctica ese límite se rebasó debido a la
enorme demanda de trabajadores calificados. La selección de inmigrantes se ha orientado hacia la especificación de visas como la H-1A para
enfermeras y las O y P, Q y R para científicos destacados, artistas, atletas
y personas empleadas en la industria del entretenimiento, religiosos, y
trabajadores con habilidades especiales.
La violencia aplicada por las autoridades migratorias de Estados
Unidos, en la franja fronteriza con México, se acompañó de la preparación de una nueva ley migratoria, con la presentación de más de un
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
93
centenar de propuestas de ley, xenófobas y racistas, que plantearon nuevos proyectos de “control fronterizo”, los cuales se empezaron a instrumentar desde septiembre de 1993, con la operación Bloqueo y meses
después con las llamadas Portero o Guardián, Salvaguardia y Río Grande.
En ellos, se estableció el objetivo de recuperar el control de las rutas principales de acceso a territorio estadounidense, cerrando y obstaculizando
los caminos más frecuentemente utilizados por los emigrantes, para hacer más difícil y costosa la entrada a ese país, de manera que se lograra
controlar la entrada de indocumentados y disminuir así, que no eliminar,
la acción directa de la policía migratoria.
Dos de los propósitos de estos operativos y del nuevo entorno legislativo se han cumplido ampliamente, por una parte, los costos de la
migración se han elevado: en los años ochenta se pagaba al pollero alrededor de 200 dólares, pero al enfrentarse a nuevas rutas los emigrantes
se ponen en manos de redes de traficantes de personas que les llegan a
cobrar 2 mil dólares o más; y también han logrado el segundo objetivo,
que era dificultar la entrada por las principales rutas de acceso al territorio estadounidense. En el tercer y principal propósito fracasaron estas
políticas: controlar y disminuir el flujo migratorio de indocumentados.
De mayor efectividad ha resultado la crisis de la economía estadounidense y la ralentización de la demanda de trabajadores, las cuales han
logrado una importante disminución del flujo desde el año 2006.
El debate en el Congreso estadounidense concluyó en 1996 con la
aprobación de la Ilegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act (Reforma sobre la Inmigración Ilegal y las Responsabilidades del
Inmigrante), de la cual habría que destacar lo que señala Delgado Wise:
“Lo trascendente –y aberrante a la vez– de esta ley, es que institucionaliza
la criminalización de la migración laboral, a través de una serie de normas
arbitrarias y de procedimientos, que trasgreden los derechos humanos y
laborales de los trabajadores fronterizos…” (2004: 24-25). Al momento de
su aprobación, además de sus imprecisiones y contradicciones, la ley ya
era obsoleta y se volvía a plantear la necesidad de su reforma. En el año
2000 se volvió a enmendar, en la Sección 245 (i), ya que en el Congreso
estadounidense el debate entre demócratas y republicanos empezó a
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Genoveva Roldán Dávila
oscilar entre la posibilidad de una amplia amnistía para los trabajadores
indocumentados o el establecimiento de un nuevo Programa Bracero, o
un aumento de la cuota de visas que anualmente entrega Estados Unidos
a los mexicanos, o un programa de trabajadores huésped temporales.
Antes de los atentados terroristas de septiembre de 2001, ya se vislumbraba un empantanamiento sobre el tema migratorio, pese a que el
gobierno mexicano había insistido en la necesidad de una reforma migratoria que contemplara tanto la regularización de los indocumentados
como programas para las nuevas contrataciones, la propuesta conocida coloquialmente como la “enchilada completa”. El tema migratorio se desplazó hacia los últimos lugares en las prioridades del gobierno estadounidense
por más de cinco años, debido básicamente a la crisis económica en Estados Unidos (2000) y posteriormente con el lugar prioritario que alcanzó
la lucha antiterrorista. A estos dos factores se le sumaron las campañas
para las elecciones intermedias de 2002 y las elecciones presidenciales de
2004 y 2008. Sin embargo, el tema ha continuado presente y ha ocupado
un importante espacio, ya sea porque se le responsabiliza del desempleo,
porque el combate al terrorismo pasa por la lucha contra la inmigración
indocumentada, por el papel que juega en las campañas electorales el
voto de los inmigrantes –particularmente el latino–, o por el impacto que
provocaron en la primavera de 2006 las multitudinarias manifestaciones
en las principales ciudades de Estados Unidos, que denunciaron la discriminación de que son objeto los inmigrantes, además de exigir una ley
que regularice a los indocumentados. En septiembre de 2006, el Congreso
aprobó la Secure Fence Act (Ley del Muro de Seguridad), con un presupuesto de 1 200 millones de dólares, para construir el famoso doble muro
de 700 millas de longitud, en la frontera con México.
Periódicamente el tema ha vuelvo a ser objeto de discusión sobre la
base de los mismos ejes: la migración como asunto de seguridad nacional,
la necesidad de retomar el control de la frontera, dar seguimiento criminal
o regularizar a los aproximadamente 12 millones de indocumentados que
se encuentran en ese país, algún programa de trabajadores temporales y
la penalización a los empleadores de trabajadores no documentados. En
2007, aparentemente se habían conciliado las posturas republicanas y
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
95
demócratas en el proyecto de ley de reforma migratoria que el 25 de mayo
(2007), con el visto bueno de la Casa Blanca, se aprobó. Con 62 votos a
favor y 36 en contra, el Senado aprobó la Ley S2611, que implicó contratar
18 mil nuevos agentes para la Patrulla Fronteriza, construir 600 kilómetros de muro en la línea divisoria y otros 320 kilómetros de barreras
móviles, edificar 70 torres de radar con el objetivo de detener a 27 500
personas diariamente que intenten ingresar a Estados Unidos desde México. También incluyó el aumento de las penas por ingresos indocumentados
y por portar documentos falsos, multas de 5 mil dólares para regularizar a
los migrantes en un proceso que puede tomar alrededor de ocho años y
que implica que el solicitante regrese a su país de origen para iniciar el
trámite. Frente a este proyecto se encuentra el del “extremista” de Sensenbrenner, aprobado por la cámara baja ese mismo año.
Se inició un proceso de “conciliación” entre los dos proyectos que
están sujetos a otro voto de aprobación en cada una de las cámaras, antes
de ser enviada finalmente al presidente para ser promulgada. Este proceso ha estado sujeto a las dinámicas y contradicciones de los tiempos político-electorales que vivió Estados Unidos durante 2008. Por lo pronto,
diversas organizaciones latinas y de defensa de inmigrantes (Liga de
Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC) consideran la propuesta
aprobada por el Senado como muy mala por violar “los valores y principios de los millones que marcharon esta primavera en 200 ciudades estadounidenses por una reforma migratoria justa y humana”.
El triunfo de Barack Obama se acompañó de una gran esperanza por
ver terminada una etapa colmada de enormes sacrificios del pueblo estadounidense en todos los terrenos (económico, político, militar, social).
En cuanto a las expectativas que desde México se generaron frente al
tema migratorio, vale preguntarse, como lo hace Eduardo Galeano (2008):
“¿Obama seguirá creyendo que está muy bien que un muro evite que los
mexicanos atraviesen la frontera, mientras el dinero pasa sin que nadie
le pida pasaporte?”. Cuestionamiento que no sólo es resultado de que
durante la campaña electoral, Obama apenas opinó sobre el tema de la
inmigración, o de que haya votado a favor del muro fronterizo, sino también porque está presente la posibilidad de que, ante la profunda crisis
96
Genoveva Roldán Dávila
económica, se consolide una política proteccionista estadounidense en
el tema del empleo y de la seguridad fronteriza. Se ha puesto en evidencia
que su propuesta de revisar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) no se sustenta en la imperiosa necesidad de considerar
las asimetrías y proponer medidas de apoyo a la economía mexicana,
sino que más bien se propone profundizar su proteccionismo, lo que
también se podría expresar en operativos de retorno, para los mexicanos desempleados en Estados Unidos. Las miradas y acciones en Estados
Unidos están centradas en la reforma sanitaria, así como en una posible
reforma energética y de regulación del sistema financiero, de tal manera que la reforma migratoria se encuentra muy al final de la agenda. Por
otro lado, no podemos olvidar que, en contra de esta última reforma,
opera el alto índice de desempleo en Estados Unidos, que ya ronda una
tasa de 10 por ciento, así como también la importancia de las próximas
elecciones intermedias que mantendrán ocupadas a las fuerzas políticas de aquel país.
La falta de una política migratoria de Estado que integre al país en
su conjunto, así como la persistencia de la problemática migratoria, ha
llevado a que ciertos estados de la Unión Americana presenten con
mucho ímpetu propuestas para el control de la migración, con las que
se ha radicalizado la percepción negativa respecto a los indocumentados, particularmente los mexicanos; es el caso de las iniciativas de los
estados de Arizona y California. Tan sólo en 2007, se presentaron más
de 1 400 proyectos de ley, de los cuales, 170 se promulgaron en 41 estados −cuatro fueron vetados por los gobernadores y 12 aguardan la promulgación−, más del doble de todas las medidas promulgadas en todo
2006, que sumaron 84.
Los temas sobre los que gira un importante número de estas iniciativas son los de conceder poderes extraordinarios a las policías locales para
aplicar las leyes migratorias; restringir el envío de remesas; limitar la
aceptación de la matrícula consular como una tarjeta de identidad, así
como las subvenciones estatales por servicios de seguridad pública, salud
y educación; convertir el idioma inglés en el oficial del Estado; quitar la
ciudadanía estadounidense a hijos de padres indocumentados; y, para no
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
97
dejar ninguna duda sobre el racismo y la xenofobia, también se ha propuesto considerar un crimen la presencia de los inmigrantes.
Frente a estas tendencias de la política migratoria estadounidense, lo
que ya es un hecho irrefutable es la disminución del flujo de mexicanos
migrantes hacia Estados Unidos, desde 2005, así como la caída en el envío
de remesas en 2008 en -3.6 por ciento. Dichos recursos registraron una
tasa anual negativa en 20 entidades federativas, entre las cuales destacan
el Distrito Federal con -19.6 por ciento, Tabasco con -13.9, Hidalgo con
-13.5 y Zacatecas con -10.5 por ciento, de acuerdo con información proporcionada por el Banco de México. Esta caída se mantuvo en 2009 y en
los primeros nueve meses acumuló un descenso de 13.4 por ciento.
Tendencias de las políticas migratorias europeas
Especial atención merecen las expresiones que, en materia migratoria, ha
experimentado la Unión Europea en general y diversos países miembros,
dada la importancia que han adquirido en cuanto a receptores de migración latinoamericana, particularmente femenina. En el caso de España,
la feminización de la migración es mayor entre los originarios de Latinoamérica, ya que las mujeres constituyen 54 por ciento del total de esa
población. Hay nacionalidades de origen de migrantes con un claro predominio de mujeres, como es el caso de República Dominicana, con 60
por ciento (Cachón, 2007: 72).
Por ello, en primera instancia abordaremos las características que
han tomado las acciones migratorias de la Unión Europea, referentes a
la inmigración de trabajadores que, atendiendo a criterios geográficos
y/o del proyecto de integración, no proceden de países miembros. No debemos perder de vista las particularidades que asume la inmigración
desde terceros países, a partir de que se firmó el Tratado de Roma (1958),
ya que las características actuales de este fenómeno se vienen perfilando
desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX , con la inmigración
laboral hacia algunos países europeos procedente del interior de Europa y de las colonias. Es el caso de la irlandesa, italiana, polaca, judía,
belga y holandesa, hacia Gran Bretaña, Alemania y Francia; así como la
98
Genoveva Roldán Dávila
inmigración laboral que resultó de las colonias del norte de África e Indochina. Tampoco se pierde de vista que esos procesos tuvieron expresiones
institucionales, sin lugar a dudas, muy interesantes. Sin embargo, en
virtud de los objetivos de esta investigación, sólo nos proponemos abordar los vínculos de este fenómeno, con las disposiciones que han surgido
de lo que hoy conocemos como la Unión Europea.
La obviedad del hecho no puede traducirse en su inadvertencia. Por
ello es importante retomar que, en el Tratado de Roma (1958), no se perfiló el trazado de una política común en el tema de la inmigración laboral.
Lo contradictorio de esta omisión es que, paralelamente al proceso de
integración, en la Europa de esos años los requerimientos de trabajadores, desde los países más industrializados, había dado lugar a un importante flujo migratorio desde países miembros pero con un nivel de
desarrollo menor, así como flujos procedentes desde terceros países; con
o sin programas de reclutamiento, denominados “sistemas de trabajadores huéspedes”, así como mediante la migración de “trabajadores coloniales” (Castles y Kosack, 1973; Castles y Miller, 2004). El nacimiento de
la Comunidad se acompañó de un fuerte impulso de la migración documentada y, fundamentalmente, de indocumentada que no sólo se originaba en países miembros de la Comunidad −y que se podían amparar en
el principio de la libre circulación, como era el caso de Italia−, sino también de países como España, Portugal e Irlanda, así como de las antiguas
colonias británicas, francesas y holandesas.
Se trata de un periodo en que no fueron pocas las voces que expresaron su preocupación porque el “auge de la reconstrucción” no sería sostenible por muchos años, de tal manera que se insistía en la necesidad de
limitar el establecimiento de los inmigrantes, con acciones xenófobas y
políticas antimigratorias, con el objetivo de contener el flujo. Aquellos
“temores” ante la inmigración también se intentaban atemperar con la
consideración de que se trataba de una migración circular.
En este periodo, la postura utilitarista de los inmigrantes laborales
procedentes de terceros países, resultó evidente en el interior de la Comunidad Europea, no sólo por su no inclusión en la libre circulación del
trabajo o por las condiciones de discriminación en las que se incorpo-
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
99
raron a los mercados de trabajo, sino también porque las tendencias de
las políticas migratorias aplicadas en esos años por los Estados nacionales,
fueron hacia una considerable vigilancia y estrictas restricciones hacia la
posibilidad de que estos flujos migratorios intentaran romper la circularidad en el flujo migratorio.
Una larga etapa de indefinición caracterizó a la Unión Europea (UE)
en cuanto a plantear la necesidad de proyectar una política común de
inmigración. La ausencia de definiciones institucionales no significó un
freno para este fenómeno: “la inmigración laboral en la región europea
ha tenido un fuerte impulso y se estima que en la UE27 residen en conjunto alrededor de 27 millones de personas procedentes de terceros países, lo que representa 5.6% de la población” (Comisión Europea, 2009: 80).
Desde 2002 se ha producido el ingreso de 2 millones de llegadas netas por
año. Para el 1o de enero de 2006 había 18.5 millones de documentados,
procedentes de terceros países [COM (2008) 359 final: 4]. Pese a las dificultades para obtener información precisa sobre el número de inmigrantes indocumentados, se considera que actualmente su número oscila
entre cuatro millones y medio y ocho millones, con un incremento de entre
350 mil y 500 mil por año. Las aportaciones de la economía sumergida,
que en buena parte se sostiene con el trabajo de los inmigrantes indocumentados, alcanzan entre 7 y 16 por ciento del PIB europeo.
Esta realidad no ha logrado remontar dos tendencias: i) Las crecientes
contradicciones en las condiciones en las que se desenvuelven los mercados laborales europeos, las dificultades para instrumentar políticas de
integración que eliminen las altas tasas de paro, así como el impacto del
terrorismo, han sido utilizados políticamente por las posturas más conservadoras, que han logrado valiosos beneficios políticos, al promover
políticas xenófobas, racistas y nacionalistas, que consideran a la inmigración como una “amenaza a la seguridad”; ii) Las dificultades para construir
una política común europea sobre inmigración se sustentan en consideraciones que le atribuyen a este fenómeno una gran cercanía a la línea
divisoria entre las decisiones que se consideran soberanas de los Estados
miembros y los de competencia comunitaria; los Estados miembros de este
proyecto de integración han planteado una postura muy renuente a ceder
100
Genoveva Roldán Dávila
competencias, en materia de gestión y regulación de sus mercados laborales, a decisiones comunitarias, de ahí que en la Unión Europea existan 27
sistemas diferentes de admisión de inmigrantes.
El intento exitoso en esta materia es el que se impulsó en los años
ochenta, cuando se presentó la propuesta del que posteriormente sería
conocido como el Acuerdo Schengen. En ella se abordó uno de los aspectos que es parte de una política migratoria comunitaria: los controles en
las fronteras interiores, con normas comunes en materia de visado, derechos de asilo y control en las fronteras externas, con la meta de asegurar
la libre circulación de ciudadanos europeos y reglamentar la entrada de
nacionales de terceros países, mediante la separación en las terminales
de aeropuertos y puertos de los viajeros procedentes del exterior, su obligación de declaración cuando circulan de un país a otro y la instauración
de derechos de observación y persecución transfronteriza para los agentes de policía de los Estados miembros del espacio Schengen. Así fue
como la libre circulación de los ciudadanos de la Unión se acompañó
de medidas “compensatorias” que les dan garantías de seguridad, ya que
se proponen mejorar la cooperación y coordinación entre los servicios de
policía y autoridades judiciales para proteger la seguridad interior de los
Estados miembros. Bajo estos principios se creó el Sistema de Información Schengen (SIS), el cual cuenta con una base de datos de gran complejidad, en la que se intercambia información sobre personas y bienes.
Ante el desacuerdo de muchos países frente a esta propuesta, se trasladó a un ámbito fuera del comunitario, y aun fuera del derecho de la
Unión, de tal manera que el proceso de firma de este acuerdo (1985) no
logró traducirse en acciones inmediatas. El debate retomaba el significado del concepto de “libre circulación de personas”, cuestionando si
este principio sólo es aplicable a los ciudadanos europeos o, de lo contrario, en qué condiciones se puede establecer una libre circulación para
cualquier ciudadano del mundo. Las dificultades para llegar a un acuerdo que incluyera a todos los países miembros, tuvieron como consecuencia que Francia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos
pactaran la elaboración de este acuerdo, proceso que se prolongó durante cinco años, logró su conclusión en 1990 y entró en vigor diez años
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
101
después, o sea, en 1995. Esta cooperación intergubernamental se amplió
a trece Estados más de la Unión Europea, en 1997; en esta fecha, el Tratado de Ámsterdam integró este acuerdo al Derecho de la Unión Europea;
su incorporación a la legislación vigente en la Unión Europea, también
conocida como el Acervo de la UE, se formalizó el 1o de mayo de 1999.
Con la ampliación de la UE en 2004, el espacio Schengen sólo acogió a
nueve de ellos, a partir del 21 de diciembre de 2007 (Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y la República
Checa), en cuanto a las fronteras terrestres y marítimas. Las aéreas se
suprimieron a partir del 30 de marzo de 2008, salvo Chipre que decidió
mantener el control de sus fronteras. Mientras tanto, Dinamarca, Irlanda
y Reino Unido sólo participan en algunas de las disposiciones del Acervo
Schengen.
Sin menospreciar la importancia de la construcción del espacio
Schengen, así como las consideraciones que se hicieron en el Tratado de
Maastricht (1992), en el Tercer Pilar, o sea, en el ámbito intergubernamental, en cuanto al tema referente al cruce de fronteras, el cual es un aspecto
que debe contener toda política migratoria, su abordaje se limitó a buscar
mecanismos de colaboración entre Estados soberanos, pero no a construir
una política migratoria común. Decía que, sin subestimar esos avances,
en diversas investigaciones se considera, lo cual nos parece acertado, que
fue con el Tratado de Ámsterdam y la realización del Consejo Europeo de
Tampere (Finlandia) en 1999, cuando en la Unión Europea se empezó
a considerar la necesidad de tomar decisiones vinculantes en cuanto a
políticas migratorias. En esta última reunión, se estableció un programa
que abarcó el periodo 1999-2004, en el que se proponía construir una política común de inmigración (Consejo Europeo de Tampere, 15 y 16 de
noviembre de 1999).
Basándose en la anterior conclusión, la Comisión Europea presentó
una propuesta de Directiva referente a las condiciones de ingreso de
inmigrantes, por razones de trabajo [COM (2001) 386 final]. Esta directiva fue rechazada en el Consejo, por la falta de acuerdo en aspectos como
el de aprobar un permiso que integraba residencia y trabajador por cuenta ajena en un solo documento, lo cual contraviene diversas prácticas
102
Genoveva Roldán Dávila
administrativas nacionales. No debemos perder de vista que el campo de
la “inmigración legal y laboral” está sujeto a la regla de la unanimidad, es
decir, queda fuera del proceso de codecisión; este procedimiento de decisión ha imposibilitado llegar a un acuerdo sobre políticas comunes en
la Unión Europea en el tema migratorio, como se corroboró con la propuesta de esta directiva. En este caso, las demás instituciones europeas,
el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, habían emitido dictámenes favorables, pero el debate en
el Consejo se limitó a la primera lectura del texto y luego se procedió a su
desaprobación.
En este complicado proceso de búsqueda de una política migratoria
común y ante los tropiezos, que culminarían en el fracaso de lo proyectado en Tampere, continuaron las declaraciones de buenas intenciones
en Niza (2000), Laeken (2001) y Sevilla (2002). El siguiente paso, que sí
logró un mayor impacto, se materializó en el Programa de La Haya (2004),
adoptado por el Consejo Europeo y denominado “Diez prioridades para
los próximos cinco años (2005-2009). Una asociación para la renovación
europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia”, en el cual
está contemplada la inmigración y en donde se dejó definido que las
materias objeto de atención en el área de las migraciones son: asilo, inmigración legal, dimensión exterior y gestión de los flujos. Este programa
resultó menos ambicioso que el de Tampere, ya que en este documento
se resalta e insiste en que las decisiones sobre el número de inmigrantes
económicos son de competencia exclusiva de los Estados miembros.
De los resultados obtenidos en el marco de este programa, cabe destacar un primer producto: la Directiva 2005/71/CRE, relativa a los requisitos de admisión de nacionales de terceros países para el desarrollo de
investigación científica. En ambas agendas (Tampere y La Haya) ronda
la reflexión de que, para alcanzar un espacio de justicia y seguridad en
el interior de la Unión, es indispensable el control del flujo migratorio,
particularmente el de los “sin papeles”. Se trazaron dos grandes líneas
de intervención, con sus correspondientes paquetes de acciones. En la
primera se propone impermeabilizar sus fronteras y para lograrlo se instrumentan diversos programas técnicos y policiacos encaminados a dar
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
103
garantías en esa dirección; la segunda línea gira en torno a prevenir este
flujo y se infiere que existe una asociación entre la migración y la pobreza, así como las problemáticas sociales y civiles de los países de origen
de los inmigrantes.
El segundo producto del Programa de La Haya fue la presentación,
en 2005, por la Comisión Europea, del documento titulado “Libro Verde. El planteamiento de la UE sobre la gestión de la inmigración económica” (COM , 2004: 811 final). Con este texto la Comisión convocó a un
“debate en profundidad” argumentando que “la falta de criterios comunes de admisión de inmigrantes económicos hará que aumente el número de ciudadanos de terceros países que entran en la UE ilegalmente
y sin ninguna garantía de empleo declarado” y sin posibilidad de integración en las sociedades europeas. Lo anterior no significa que se deje
de considerar que “las decisiones sobre el número de inmigrantes económicos que deben admitirse para buscar trabajo corresponden a los
Estados miembros”.
Del “Libro Verde” es importante rescatar algunos de los cuestionamientos más importantes que propone alrededor del tema del que se
ocupa. Son preguntas que continúan vigentes, en la medida que la diversidad de las respuestas son una clara expresión de las diferencias que
existen al interior de la región y que continúan permeando la posibilidad
de construir acciones comunes: ¿En qué medida debe desarrollarse una
política europea de migración laboral? ¿Cuál debe ser el nivel de intervención comunitaria en la materia? ¿Cuáles son los grupos de inmigrantes a los que se dará preferencia y por qué? ¿Cómo se puede garantizar la
aplicación eficaz del principio de “preferencia comunitaria”? El fomento
de la movilidad de los trabajadores de terceros países entre los Estados
miembros, ¿será beneficioso para la economía de la UE y los mercados nacionales? La admisión de nacionales de terceros países en el mercado
laboral de la UE, ¿debe estar condicionada a la existencia de un empleo
vacante concreto? ¿De qué manera puede demostrarse eficazmente que
se necesita un trabajador de un tercer país?
La Comisión sometió el “Libro Verde” a una audiencia pública y, posteriormente, a finales de 2005, presentó el Plan de Política en Materia de
104
Genoveva Roldán Dávila
Migración Legal. Ambas acciones no tienen un carácter jurídico vinculante; su propósito, insisto, se limitaba a abrir la discusión detallada
sobre los aspectos principales que motiva el tema de la inmigración laboral, centrando la atención en que las características y condiciones de
la admisión de inmigrantes económicos es la piedra angular de toda
política de inmigración comunitaria.
En este “Libro Verde” se reconoce el impacto del envejecimiento y la
disminución de la población activa en la economía en Europa como un
fenómeno que ha establecido una estrecha relación con la inmigración
económica. Ahí se destaca que, entre 2010 y 2030, con los flujos migratorios actuales, la disminución de la población en edad de trabajar de la UE
de los 25, supondrá una disminución de unos 20 millones de empleados
[COM (2004) 811 final: 3]; así como el hecho de que esta tendencia establece un estrecho vínculo con la migración. En Eurostat se han realizado
proyecciones que señalan que hasta 2025, el crecimiento de la población
se deberá, principalmente, a la migración neta, ya que el número total
de fallecimientos será superior al número total de nacimientos a partir de
2010. Se sostiene que el efecto de la migración neta dejará de superar el
decrecimiento natural a partir de 2025. En estas condiciones se prevén
graves consecuencias, particularmente en cuanto al porcentaje de población en edad de trabajar respecto a la población total, el cual disminuirá de 67.2 por ciento que representaba en 2004, a 56.7 por ciento en 2050,
es decir, una disminución de 52 millones de trabajadores. Es importante
precisar que este fenómeno no afecta por igual a los países de la UE , pues
naciones como Alemania, Hungría, Italia y Letonia ya están experimentando una disminución de la población en edad de trabajar, mientras que,
en el caso de Irlanda, se proyecta que ocurrirá a partir del año 2035.
En 2005, la UE atiende otra arista del fenómeno de la migración, la
posibilidad de influir en políticas y acciones de terceros Estados, particularmente con los países de la Unión Africana, condicionando los fondos
de ayuda oficial al desarrollo, con la meta de que mejoren su capacidad
en la gestión migratoria, particularmente en lo concerniente a las fronteras y los acuerdos de readmisión. También se establece la conexión entre
migración y desarrollo, la cual se sustenta en la consideración de que
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
105
la promoción de los derechos económicos en los países de origen, tiene el
efecto de desincentivarla.
En junio de 2006, la Comisión Europea adoptó una Comunicación en
la que además de plantear la lucha contra la inmigración ilegal, incluyó la
cooperación con terceros Estados. En esta dirección se encaminó la primera Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Migración y Desarrollo,
en Rabat (2006); los programas MEDA con fondos para la gestión y el
control migratorio, que son el principal instrumento de la Asociación
Euro-Mediterránea, fueron aprobados en la Conferencia Ministerial de
Valencia y posteriormente adoptados por el Reglamento CE 2698/2000;
la primera Conferencia Ministerial sobre Migración y Desarrollo, realizada en Trípoli (2006); la reunión Ministerial Euro-Mediterránea sobre
Migraciones, en Albufeira (2007); la segunda Cumbre UE-África, de Lisboa (2007); y la segunda Conferencia Ministerial Euro-Africana sobre
Migración y Desarrollo, realizada en París (2008). Los Consejos Europeos
han insistido en que las relaciones con terceros países deben promover
(Abad, 2007: 215):
Readmisión/repatriación de sus nacionales y los de terceros
Estados
Control de fronteras e interceptación de ilegales
Lucha contra el tráfico de seres humanos
Cooperación en materia de visados
Creación de regímenes de asilo
Redocumentación de nacionales
El énfasis que adquirió el control de las fronteras a partir de 2006, le
dio un impulso a los operativos realizados por la Agencia Europea para
la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los
Estados miembros de la UE (Frontex), la cual fue creada por el Reglamento CE 2007/2004 del Consejo, el 26 de octubre de 2004, en donde se establece que mantendrá cooperación con la Oficina Europea de Policía
(Europol). El primer proyecto conjunto que instrumentaron fue el Angelaus (2007), que tuvo como objetivo detectar la llegada de menores, no
106
Genoveva Roldán Dávila
acompañados, por vía aérea. Uno de los ejes del sistema Frontex es la
cooperación en operaciones conjuntas con terceros países, particularmente con los vecinos que son territorio de origen y tránsito de la inmigración tipificada como “ilegal”, pero también con otros Estados. Fue el
caso de la operación Amazon I y II (2006 y 2007), que tuvo como meta
controlar el ingreso de inmigrantes procedentes de América del Sur (Bolivia, Brasil y Paraguay), en los principales aeropuertos de la Unión Europea. Las acciones marítimas y terrestres en el Mediterráneo oriental se
realizaron en dos etapas de la operación Poseidón, en el Mediterráneo
central, y en Malta se aplicó el plan Nautilius, en cuanto a las Islas Canarias −zona de particular importancia− se operó con Hera III. Otros operativos han sido el Niris (en el mar Báltico), el Hydra (para mantener el
control aéreo de la inmigración procedente de China) y la operación Indalo en España, con el propósito de controlar a la inmigración procedente de Argelia y Marruecos.
Una misión técnica sobre migración ilegal, que llama la atención por
su extraterritorialidad, es la que realizó Frontex en Libia (2007), que le
llevó a presentar un informe sobre los flujos migratorios que afectan a
dicho país, además de ciertas recomendaciones para enfrentar esta problemática. En la vigilancia marítima, además de la participación de España, se incorporaron Portugal, Malta, Alemania, Francia, Italia, Chipre
y Rumanía con patrullas costeras y aviones; a esta coordinación se le
denomina European Patrols Networks. La importancia asignada al control de las fronteras se revela nítidamente al observar el crecimiento vertiginoso que ha tenido el presupuesto de Frontex: en el año 2005 fue de 6.2
millones de euros, para el año siguiente se disparó a 19.2 millones de
euros, y para 2007 ya alcanzaba la cifra de 22.2 millones de euros, más 13
millones de reserva (www.frontex.europa.eu).
Las acciones para combatir la inmigración “ilegal”, han tenido un
importante refuerzo con la aprobación de la Directiva de Retorno, de los
“sin papeles”. En el segundo semestre de 2008, se aprobó la propuesta
[COM (2005) 391 final], presentada por la Comisión en 2005. Después
de casi tres años de debate, en su primera lectura en el pleno de la Eurocámara, con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 abstenciones, fue
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
107
aprobada una directiva que ha generado una fuerte oposición. Impulsada por el gobierno francés y el español, fue rápidamente aprobada, en
virtud de que ya había sido negociada por el ponente parlamentario y
la presidencia del Consejo, además de que había recibido el respaldo de
parte de los ministros del Interior de los Estados miembros. En ella se
prevé la repatriación al país de origen del inmigrante, a un país de tránsito
con el que la UE tenga acuerdo de repatriación o a otro país al que el inmigrante decida ir, siempre que sea admitido; el retorno voluntario se
tendrá que realizar entre 7 y 30 días, en caso de no cumplirse, se realizará
el internamiento en un centro de detención, el cual podrá ser hasta de seis
meses y ampliable por 12 meses más, es decir, hasta un total de 18 meses.
La Directiva también contempla que tras la expulsión, el inmigrante
no podrá entrar a Europa en un plazo de cinco años o más, en caso de
que se aprecie que supone una “amenaza grave” para el orden y la seguridad. En cuanto a los menores, éstos podrán ser expulsados a países
donde no tengan un tutor o una familia, siempre que haya “una estructura adecuada de acogida”. Los Estados miembros tienen 24 meses para
adaptarse a esta nueva legislación, aunque hay países como España, que
tendrá que hacer cambios mínimos.
El Consejo Europeo aprobó, en octubre de 2008, el Pacto Europeo
sobre Inmigración y Asilo (Pema). La aplicación de este pacto será objeto
de un debate anual, a partir del Consejo Europeo de 2010, dentro del Programa que sucederá al de La Haya. Este pacto fue impulsado por el presidente Sarkozy y ampliamente promovido por Alemania y España, con un
mensaje directo: la Unión debe fortalecer la lucha contra la inmigración
irregular (el concepto que se utiliza en los documentos oficiales es el de
ilegal, el cual es ampliamente rechazado en espacios académicos y de organismos no gubernamentales, porque de forma tendenciosa se criminaliza un fenómeno que sólo remite a una falta administrativa). En el Pema
también se prevén fuertes multas para las personas que contraten a trabajadores irregulares, lo cual ha suscitado una fuerte reacción de rechazo
de parte de los empresarios de los 27 países miembros, por las restricciones para contratar a inmigrantes; ellos señalan que su trabajo no consiste
en informar al gobierno sobre la documentación que garantiza la estancia
108
Genoveva Roldán Dávila
de los inmigrantes. Aunque también es importante destacar que, hasta la
fecha, sólo se comprueban los registros de los trabajadores en 2 por ciento
de las compañías europeas, de tal manera que la posibilidad de detectar
estas anomalías es prácticamente inexistente (Report, 2009).
En cuanto a la propuesta que presentó la Comisión (diciembre 2005),
en su Plan de política en materia de migración legal, acerca de las condiciones de la inmigración de trabajadores altamente calificados, se presentó como una propuesta de directiva en 2007; posteriormente fue
retomada en este pacto y, finalmente, en mayo de 2009, fue aprobada la
Directiva 2009/50/CE, la cual busca facilitar la contratación de trabajadores extranjeros altamente cualificados, mediante la creación de la
Tarjeta Azul. Se argumentó que, en la medida que no se ha podido instrumentar un marco horizontal, es decir, un proyecto que regule las condiciones de admisión de todas las categorías de los trabajadores de terceros
países, se ha tenido que optar por instrumentar un enfoque sectorial, que
se ocupa de categorías específicas, de determinadas cualificaciones,
formación y experiencia para regular el ingreso de ciertas categorías de
inmigrantes. Otro argumento para favorecer la creación de la Tarjeta
Azul, es aquel que señala, con preocupación, que 55 por ciento de inmigrantes de primera generación, a nivel mundial, con títulos universitarios,
reside en Estados Unidos y Canadá, y sólo 5 por ciento se dirige a la Unión
Europea. Por otro lado, 87 por ciento de los inmigrantes que tienen un nivel
inferior a primaria y con nivel de primaria o secundaria, están en Europa,
la gran mayoría procedente de los Estados del Magreb.
Tanto la abundante retórica, como las acciones que han estado presentes en la UE , en los últimos cinco años, tienen su fundamento en un
conjunto de acontecimientos que han cimbrado a la sociedad europea en
sus raíces al poner en evidencia el avance de una Europa que, por un lado,
levanta muros frente a la inmigración y que difícilmente puede disimular
las necesidades de su mercado laboral, del flujo migratorio procedente
de terceros países; por otro lado, promueve la libre movilidad del capital
y las mercancías a escala global, como necesidades del mercado, mientras que continúa levantando vallas a la movilidad laboral de trabajadores extracomunitarios, aun a costa de implementar acciones altamente
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
109
discriminatorias (Tarjeta Azul) y violatorias de derechos humanos (Directiva Retorno, Pacto Europeo sobre Inmigración), sin que se tracen
acciones que realmente atiendan el fenómeno desde sus raíces.
Algunos de los más importantes acontecimientos son: el cuestionamiento expresado en el Parlamento Europeo por países como Alemania,
Holanda y Francia al proceso de regularización emprendido en 2005, por
el Gobierno español, por considerar que esto iba a producir un “efecto
llamada” que provocaría una avalancha de inmigración; los dramáticos
sucesos que tuvieron lugar en Ceuta y Melilla en otoño del mismo año,
que desembocaron en la muerte de inmigrantes subsaharianos que intentaban brincar las mallas de ambas ciudades, sucesos que eran la
punta del iceberg de las condiciones en las que el fenómeno inmigratorio
se desenvuelve no sólo en esas ciudades sino también en Lampedusa,
Malta y las islas griegas orientales; los descubrimientos, en 2006, de granjas situadas en la región de Apulia y Foggia, Italia, donde trabajaban
inmigrantes polacos en situaciones laborales con claros matices de “esclavitud moderna” ya que, entre otras cosas, se les castigaba con látigo si
pretendían escapar de estas granjas.
En lo que va de la presente década se han generalizado las políticas
migratorias nacionales en las que predomina el control de las fronteras y
la caza y expulsión de los indocumentados. De acuerdo con cálculos
presentados por Fortress Europa, de 1998 a 2008 se registraron 13 444
muertes de migrantes en las puertas de las fronteras europeas, las cuales
no incluyen a los que desaparecieron en las aguas del Mediterráneo; el fracaso de las políticas de integración en Gran Bretaña y Francia, de las que
fueron clara muestra las revueltas en los suburbios franceses de 2005,
por jóvenes que en su gran mayoría eran hijos de inmigrantes sin educación y acceso a los mercados laborales; la llamada “crisis de los cayucos”
en el verano de 2006, cuando inmigrantes procedentes de Mauritania,
Senegal y Gambia desbordaron los centros de detención de las Islas Canarias; la tragedia de Teguise, Lanzarote, cuando se ahogaron 25 personas en su intento por alcanzar la costa de esta isla española; así como
los repetidos ataques xenófobos en contra de inmigrantes en diversas
ciudades europeas.
110
Genoveva Roldán Dávila
Los programas, comunicaciones, directivas, reglamentos y pactos
aquí destacados, todavía no logran constituir una política común de migración, ya que los aspectos centrales de una política de esa envergadura
continúan siendo atribución exclusiva de los Estados miembros. Sin embargo, igualmente cierto es que los avances logrados sí son reveladores
de que las principales tendencias que han adquirido las políticas migratorias de los Estados miembros, son cada vez más coincidentes, pero la
posibilidad de concretarlas en una política migratoria común, con criterios específicos y que abarquen al conjunto del fenómeno, todavía tendrá
que caminar largo trecho, en la medida que afecta aspectos de las soberanías nacionales que, difícilmente, aceptarán su transposición a los
planos comunitarios.
Los temas en los que existe una clara tendencia al acuerdo, lo cual ha
permitido la generación de una arquitectura institucional profusa, pero
no contundente, son: la atención se ha centrado en la lucha contra la inmigración irregular, en la que adquiere particular importancia el control
de las fronteras, con lo cual se pierde de vista que el incremento de los “sin
papeles” es un fenómeno que no es parte de la naturaleza de la movilidad
del trabajo, sino el resultado de la ambivalencia entre los procesos económicos y las condiciones políticas; el segundo gran tema es el acuerdo
que existe en cuanto a poner el énfasis en la migración altamente cualificada, postura que es una nítida expresión del pensamiento liberal ortodoxo, que considera que es esta expresión de la movilidad laboral la que
sí resulta positiva para las economías receptoras, con ello se pierde de
vista la información proporcionada por diversas instancias comunitarias
en cuanto a la demanda continua, de los mercados laborales del trabajo,
de inmigrantes poco cualificados.
Se puede concluir que no existe una política común de migración,
pero sí existe una política común de control de fronteras. De las novedosas condiciones que ha generado el regionalismo europeo, se puede considerar que ha dado lugar o se acompaña de un nuevo escenario para la
movilidad del trabajo extracomunitario, pero caracterizado por una
mayor inflexibilidad. De lo hasta aquí planteado, también se puede concluir que, con el proceso de integración regional europeo, sí se ha generado
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
111
un sinnúmero de instrumentos y condiciones necesarias que pueden
apoyar el trazo y construcción de una política migratoria común, pero que
hasta la fecha pervive un conjunto de tendencias que se han constituido
en trabas para su concreción, las cuales cuestionan la posibilidad de que
hoy en día se pueda hablar de la existencia de una política migratoria
europea, abierta y accesible.
Lo hasta aquí descrito, en cuanto a las acciones instrumentadas en
materia migratoria en la Unión Europea y por algunos países miembros
de ella, es ampliamente coincidente con lo expresado en la IX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, realizada en Quito, Ecuador, el 21
y 22 de septiembre de 2009, en donde se manifestó, de forma muy clara:
...su preocupación por la dirección que está tomando la Política Europea
Común en materia migratoria, así como las normas comunitarias que derivan de la misma –Directiva de Retorno y conexas y otras tales como medidas
de tránsito aeroportuario−, caracterizadas por la criminalización de los
migrantes, personas que por su propia condición de movilidad son particularmente vulnerables. (Declaración de Quito, numeral 11)
Particularmente, manifestaron su discrepancia con la aprobación de
la Ley sobre Seguridad Italiana, ya que caracteriza a la inmigración indocumentada como un delito y la relaciona con la seguridad pública; todo
esto trae consigo que el inmigrante sea desprestigiado al identificarlo
como una amenaza social. De igual manera subrayan su preocupación
por la “imposición por parte del Gobierno de Francia de un doble visado”
para algunos países sudamericanos, mediante la exigencia de una visa de
tránsito aeroportuaria, además de la visa Schengen, lo cual constituye una
flagrante medida discriminatoria.
Otras experiencias
En el caso de Asia Oriental, se han vivido situaciones relativamente similares a las experiencias española, italiana, irlandesa y griega, en cuanto
a su reconversión de países de emigración a países de inmigración. Al
112
Genoveva Roldán Dávila
igual que las tendencias en Estados Unidos y la Unión Europea, la oposición social a la inmigración ha ido en aumento, de tal manera que sus
políticas migratorias (Malasia y Tailandia), tienen la meta de controlar y
reducir el volumen de los flujos migratorios. En la mayoría de las economías asiáticas, se repiten las políticas aplicadas en las experiencias ya
revisadas: promover la migración selectiva y oponerse a la migración
abierta. Es el caso de Singapur, que ofrece ciertas facilidades para adquirir el estatuto de residente permanente, pero para inmigrantes altamente cualificados. Ronald Skeldon (2007: 50), señala que algunas economías
asiáticas autorizan la entrada de inmigrantes no cualificados, de acuerdo
con determinadas normas laborales de empleo directo (Taiwán), o a través de programas de formación y estudio que les permiten trabajar de
forma documentada (Corea del Sur y Japón). Países como China, India,
Nepal, Birmania, Laos, Camboya, Uzbekistán, Turkmenistán y Kazajstán,
abastecen de mano de obra a ciertos países de Asia oriental y suroriental.
Dichos flujos sólo en países como Brunei, Malasia y Singapur han adquirido dimensiones mayores, mientras que en el resto de las economías
asiáticas no llegan a representar dos por ciento de la población nativa.
En cuanto a las políticas migratorias, las naciones del Golfo Pérsico
(Kuwait, Omán, Katar, Arabia Saudita, Bahrein, y los Emiratos Árabes Unidos) se rigen por el esquema de trabajadores invitados, es decir, bajo el
supuesto de que se trata de un fenómeno temporal. De ahí que los trabajadores y sus hijos no tengan el derecho a la ciudadanía, y no existan disposiciones legales al respecto; aunque en realidad muchos de los trabajadores
inmigrantes han estado trabajando más de diez años. La residencia (iqama) sólo se otorga en función del contrato de trabajo firmado, el cual no
excede los dos años. Nasra M. Shah (2007: 61) señala cómo a partir de 2005,
los cinco países más ricos en petróleo (Emiratos Árabes, Kuwait, Omán,
Katar y Arabia Saudita), plantearon su preocupación por el alto nivel de
inmigración, de tal manera que se han intensificado las medidas para reducir los flujos y “se tomaron medidas destinadas a la implementación real
de políticas de larga duración y se imponen de manera más activa”.
En esta región, además de los obreros de la construcción, ha existido
otra categoría de trabajadores inmigrantes, los destinados a los servicios
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
113
de limpieza, cuidados y servicios domésticos. De estos últimos, la mayoría son mujeres procedentes de Sri Lanka, Filipinas, Indonesia e India. En
Kuwait, país que sí proporciona información, las mujeres empleadas en
el trabajo doméstico representan 7.1 por ciento de la población (2 millones 87 mil mujeres). En Arabia Saudita, los datos de la inmigración son
considerados “secreto de Estado” y se ha aprobado una ley que exige, para
la obtención de la nacionalidad, la capacidad de hablar y escribir árabe
de manera fluida o poseer una elevada formación (Shah, 2007: 62, 64).
Algunas acciones con perspectiva
de género
La ausencia de políticas migratorias que atiendan a la problemática de la
mujer, así como la tendencia a incorporar a las mujeres en políticas desarticuladas y no como parte de un enfoque totalizador, han permitido que
las acciones “neutrales en género” influyan de forma negativa a las mujeres. En el documento titulado “Creación de una política migratoria
sensible al género”, del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UNInstraw), se documenta que:
…políticas nacionales de inmigración como las de Canadá y Estados Unidos
se niegan a reconocer las habilidades de muchas mujeres como tales. En el
nuevo sistema de puntos del Reino Unido, ‘se prioriza a los niveles salariales
previos a la emigración y, dadas las brechas de remuneración por género en
todo el mundo, el sistema favorece en consecuencia a los hombres’ (testimonio de Reino Unido). La Tarjeta Azul de la Unión Europea está concebida
principalmente para las finanzas y trabajo IT, actividades dominadas tradicionalmente por hombres. (2008: 5)
Un papel central adquieren las acciones selectivas que, desde los países de destino, se han aplicado de forma “neutral” y que dirigen a los
inmigrantes hacia algunos sectores laborales. Es el caso de las mujeres
114
Genoveva Roldán Dávila
dominicanas que migran a España y Suiza, las cuales ilustran algunos de
estos mecanismos. No siempre la atención del género lleva a prácticas
óptimas y respetuosas de la migración femenina:
La estrategia suiza de restringir la migración femenina limitando la disponibilidad de visas en todas las categorías salvo las de bailarinas de
cabaret y ‘acompañantes’, resultó en el ingreso de un gran número de dominicanas al trabajo sexual en Suiza, donde luego enfrentaron grandes
restricciones para cambiar de empleo y para regularizar su situación migratoria (siendo el matrimonio con un ciudadano suizo una de las pocas vías
disponibles). De otro lado, a las migrantes dominicanas en España les resulta fácil entrar al servicio doméstico, un sector poco regulado al que
pueden acceder aunque no tengan permiso de residencia o de trabajo” (UNInstraw, 2008: 36-37).
En el caso de Filipinas, dicha nación tiene una política de emigración que busca su protección y para lo cual ha creado la Administración
de Empleo en el Extranjero de Filipinas (POEA), organismo especializado dependiente del Departamento de Trabajo y Empleo; no obstante,
muestra debilidad en cuanto al tema de género, ya que Filipinas permite
que las agencias de colocación pidan pruebas de embarazo y de VIH/sida
a las y los trabajadores emigrantes (Marco Multilateral de la OIT para las
Migraciones Laborales, Anexo II, 2005: 31).
Con lo anterior, no pretendemos subestimar algunas prácticas empleadas en países subdesarrollados o industrializados, que han prestado
alguna atención a la migración femenina. Por el contrario, el interés
de llamar la atención sobre ellas tiene un doble objetivo: por un lado,
el de provocar a la reconsideración a aquellos países que no las aplican,
y en segundo término y quizás más trascendente, insistir en que estas
acciones se deben encuadrar en un cuerpo integral con un enfoque de
género, con lo cual se evitará la dispersión de sus metas y potenciará sus
resultados. Del Anexo II del Marco Multilateral de la OIT para las Migraciones Laborales (2005: 22-51), hemos seleccionado aquellas políticas
migratorias que rescatan aspectos de género:
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
115
Azerbaiyán, en su Código de Trabajo, que entró en vigor en 1999,
prohibió la discriminación en el empleo por motivos de ciudadanía,
sexo, raza, nacionalidad, idioma, lugar de residencia, situación
económica, origen social, edad, situación familiar, religión, opiniones políticas, afiliación sindical o a otras asociaciones públicas
que no estén relacionadas con las calificaciones profesionales,
el desempeño en el trabajo o con las aptitudes profesionales.
Jordania, en 2003, aprobó un contrato de trabajo especial para trabajadores domésticos no jordanos, en su mayoría mujeres, con
el propósito de incrementar su protección, si bien la legislación
nacional no protege a los trabajadores domésticos. En el mismo
año, modificó una ley sobre el registro de las agencias de colocación
y su supervisión.
Estados Unidos, en la Ley de Derechos Civiles, prohíbe la discriminación por embarazo. Por lo tanto es ilegal que un empleador
exija a una trabajadora la realización de una prueba de embarazo
o que la discrimine porque está embarazada.
En Mauricio se prohíbe la discriminación por motivos de nacionalidad, raza, religión, color, credo o sexo y, en cumplimiento de lo
anterior, la Unidad Especial para los Trabajadores Migrantes del
Ministerio de Trabajo, que atiende e inspecciona las condiciones de
empleo de los trabajadores migrantes, ha estado abordando la
cuestión de los abusos en el sector de la industria del vestido, integrado por un importante número de mujeres inmigrantes.
En julio de 2005, el Ministerio de Trabajo de Arabia Saudita anunció la creación del Departamento de Protección de los Trabajadores Domésticos Migrantes, para proteger sus derechos, así como
imponer sanciones a los empleadores que cometan abusos. El
Departamento recibirá quejas de los trabajadores domésticos que
sean objeto de acoso sexual, malos tratos o que no hayan recibido
su pago. Los empleadores podrán ser condenados a no contratar
ningún trabajador doméstico durante un periodo de cinco años.
En Tailandia se han instrumentado diversas acciones relacionadas con los peligros de la migración y la trata de personas. La
116
Genoveva Roldán Dávila
primera fue la instrumentación de un proyecto cooperativo entre
Radio de Tailandia, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales; la segunda fue la firma en 2003 de
un memorando con Camboya de cooperación bilateral para eliminar este fenómeno; y por último, en 2005, se firmó otro memorando con el Gobierno de la República Democrática Popular Lao
para combatir este lacerante problema, que incluye a mujeres,
hombres y niños.
En el Reino Unido, una vez que ha sido admitido un trabajador
doméstico, tiene derecho a cambiar de empleador. Los trabajadores domésticos que han dejado a su primer empleador por haber
sido objeto de abuso o de explotación y están en situación irregular, pueden solicitar su regularización. Otro aspecto que se ha
abordado en las políticas migratorias es la elaboración del Repertorio de recomendaciones prácticas del Departamento de Salud
para la contratación internacional de profesionales de la salud (2004),
que dispone que los países en desarrollo no deberían ser el objetivo de los empleadores del National Health Service en materia de
contratación de profesionales de la salud. Asimismo, el Repertorio
establece indicadores de buenas prácticas para las partes que
participan en la contratación internacional; la adopción de una
lista de, aproximadamente, 150 países en desarrollo que corren el
riesgo de sufrir escasez de trabajadores de la salud, en los cuales
no deberían contratarse trabajadores; la inclusión en el Repertorio
de los profesionales de la salud, temporales y permanentes. El
Reino Unido, también tiene acuerdos bilaterales con China, España, Filipinas e India, en materia de contratación de trabajadores
de atención a la salud.
La Comisión Europea financia la Red Europea de Trabajadores
Domésticos Migrantes, compuesta por organizaciones básicas de
trabajadores domésticos migrantes, organizaciones no gubernamentales y sindicatos, que tiene por objetivo promover los derechos
y la aplicación de medidas de política pública con el fin de mejorar sus condiciones de trabajo y de su reconocimiento legal. En
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
117
2001, la Red presentó la Carta de Derechos para los Trabajadores
Domésticos Migrantes.
Camboya, República Democrática Popular Lao, Tailandia, Vietnam
y la provincia de Yunnan de la República Popular de China participan en el Proyecto Subregional del Mekong para combatir la trata
de mujeres y niños. El Proyecto promueve la creación de puestos de
trabajo, la educación y la capacitación profesional en los países
de origen, con el fin de impedir que los niños y las mujeres sean
víctimas de trata.
En Costa Rica se creó la Asociación de Trabajadoras Domésticas
(Astradomes), con trabajadoras afiliadas de Nicaragua, El Salvador,
Honduras y Guatemala. El objetivo es proporcionarles información y asistencia sobre cuestiones laborales y sociales. Promueve
una legislación laboral que proteja mejor a las trabajadoras domésticas, y además, mantiene un centro de acogida para trabajadoras despedidas.
Filipinas cuenta con la Administración de Empleo en el Extranjero
(POEA), que ofrece información en su sitio web sobre reclutadores
privados habilitados, puestos de trabajo vacantes en el extranjero
y la dirección de los consulados en los países de destino. Proporciona asesoramiento y advierte respecto a reclutadores que no
utilizan procedimientos éticos y de las prácticas que deben evitar
durante el proceso de migración cuando se postulan a un empleo.
En los países de destino los consulados tienen encargados de
asuntos laborales, entre los cuales hay mujeres que se dedican a
atender a las mujeres emigrantes e informarles sobre la trata de
personas.
Los consulados de Sri Lanka tienen funcionarios encargados de
dar información y asistencia a los trabajadores migrantes en los
países de destino. Brindan apoyo a las mujeres que han tenido que
huir de empleadores abusivos para recuperar sus pasaportes, si les
han sido retenidos por sus empleadores, a obtener los salarios
impagos y a suministrar fondos y asistencia para el retorno a Sri
Lanka. El Fondo de Bienestar para los Trabajadores Migrantes,
118
Genoveva Roldán Dávila
•
•
•
creado por la Oficina de Empleo en el Extranjero de Sri Lanka, está
a la disposición de los trabajadores inmigrantes que necesitan
fondos, ya sea en el país o en los países de destino. Ha firmado
memorandos de entendimiento con agencias de contratación en
los Estados del Golfo, Singapur y Hong Kong, que contienen disposiciones relativas a la aprobación por el Gobierno de Sri Lanka
de los contratos de trabajo de los trabajadores domésticos y al
examen de las referencias de sus empleadores.
En Etiopía, a raíz de los abusos de que fueron víctimas sus trabajadores inmigrantes, en particular los trabajadores domésticos, se
integraron las Agencias de Empleo Privadas (1998). Esta acción
fue promulgada con el fin de exigir la certificación de las agencias
de empleo. Los contratos de empleo que expidan deben contener
ciertos requisitos legales mínimos; debe presentarse al gobierno
una copia del contrato de cada trabajador; las agencias deben registrar a los trabajadores que contratan y envían al extranjero y
deben asumir la responsabilidad legal de la violación de los contratos de empleo, por terceras partes.
Canadá estableció en 2003 un programa de prestación de cuidados
a domicilio para resolver la escasez de trabajadores a domicilio
necesarios para atender a niños, personas mayores o discapacitados. Este programa autoriza a los trabajadores migrantes a solicitar
el permiso de residencia permanente después de haber cumplido
dos años de contrato, en un plazo de tres años posteriores a su
llegada a Canadá.
La Secretaría de la Commonwealth elaboró el Repertorio de recomendaciones prácticas para la contratación internacional de
trabajadores de la salud y el Protocolo sobre contratación de profesores (2004). Dicho repertorio contiene directrices para los países
miembros, destinadas a evitar la contratación en países que sufren
de escasez de trabajadores de la salud. Ha sido adoptado por los
ministros de Salud de la Commonwealth y establece un marco para
la interacción entre los países que procuran atender las necesidades básicas de salud de sus poblaciones. En el mismo sentido se
Tendencias de las políticas migratorias hacia las mujeres
119
constituyen las acciones del Protocolo, que pretende lograr un
equilibrio entre el derecho a migrar de los profesores, ya sea en
forma temporal o permanente, y las necesidades de proteger la
integridad de los sistemas nacionales de educación y prevenir
la explotación de los escasos recursos humanos de los países en
desarrollo.
Lo hasta aquí planteado nos permite concluir que, a la limitada atención que se le presta en las políticas migratorias a la migración femenina,
se agrega el hecho de que en las actuales acciones migratorias, predomina el binomio selectividad-reforzamiento del control fronterizo, que
tiene un impacto directo sobre las condiciones en las que se realiza la
movilidad internacional de las mujeres. Por otro lado, es importante
destacar que, ante la gravedad de las condiciones en las que se realiza, ha
adquirido preponderancia la necesidad de acciones políticas para enfrentar las condiciones de los trabajadores domésticos migrantes, en los que
predominan de forma sustancial las mujeres: “las inmigrantes trabajan
mucho más a menudo que las autóctonas en el sector del servicio doméstico en el que son cuatro veces más numerosas que las autóctonas” (OCDE ,
2007: 90). Otro tema que también ha requerido una mayor atención es el
referente a la trata de mujeres y niños y algunas especificaciones sobre
el tratamiento de la migración, que fundamentalmente es femenina,
orientada a la atención de la salud y la educación. Estas acciones revelan
que la movilidad internacional de trabajadoras está exigiendo una mayor
atención, que debiera avanzar hacia la construcción de políticas migratorias con una perspectiva de género.
Marco jurídico nacional, política migratoria
y migración femenina
Ana Stern Leuchter
Presentación
E
l propósito de este capítulo es ubicar dentro del marco jurídico mexicano los derechos de los migrantes internacionales en general y los
de las mujeres migrantes en particular. Así nos proponemos:
Destacar los principales instrumentos nacionales y las instituciones
creadas para la protección y fortalecimiento de este grupo poblacional, es decir, el de los y las migrantes internacionales.
Establecer la protección legal que tienen las mujeres migrantes
dentro de los parámetros de la legislación nacional.
Identificar y describir los principales obstáculos presentados por
la normatividad y la práctica de las migrantes desde la perspectiva
de género y de los derechos humanos.
Problemática
El marco legal relevante en materia migratoria en México está integrado tanto por los instrumentos internacionales y regionales de derechos
humanos incorporados al sistema jurídico en virtud del artículo 133
122
Ana Stern Leuchter
constitucional y ratificados por el Gobierno mexicano, así como por la
normatividad nacional y los acuerdos binacionales y locales. Esto no
significa que los tratados internacionales sean incorporados en su cabalidad, sino que pueden sufrir reservas. Por ello es preciso considerar la
soberanía que cada Estado nación ejerce, ya que cuenta con una jurisdicción que define los derechos de sus habitantes y el derecho colectivo a la
admisión y a la denegación de su estadía, es decir, a ejercer su autodeterminación, considerando sus necesidades internas, tanto demográficas,
como económicas, políticas y sociales.
Por esta razón, el control del territorio abre al Estado a la exigencia de la
necesidad de la sociedad nacional, por lo que la distribución territorial
de las personas no sólo se circunscribe a lo geopolítico, sino que responde a
las exigencias internas prácticas: por ejemplo, los inmigrantes tienen que
realizar labores que se consideran fatigosas, peligrosas y degradantes
o menos costosas que si las realizaran los nacionales.
Considerando lo anterior, el Estado, entonces, tiene su jurisdicción
propia que define los derechos de sus habitantes. En cambio, la comunidad
internacional tiende a colocarse del lado de los migrantes, postura desarrollada por las Naciones Unidas, que protege y defiende los derechos
humanos y la condición de ciudadanía en general de los mismos, en cuanto se refieren a los derechos políticos, sociales, culturales y ambientales,
que se han integrado en las agendas de política pública de los Estados.
Si bien México como Estado parte ha adquirido el compromiso de
adhesión a los tratados y convenciones internacionales y regionales, el
proceso no ha sido fácil debido a las diferencias de intereses entre éste
como país receptor y los países expulsores, lo que se expresa en la defensa de lo que percibe y define como su soberanía. Así, la adopción e instrumentación de los compromisos asumidos en el ámbito internacional,
las más de las veces entra en contradicción con los intereses nacionales.
De tal modo que, para cumplirlos, es preciso examinar la correlación de
fuerzas existente entre los países receptores y los expulsores. Así, cuando
México es receptor de inmigrantes de otros países, por ejemplo, de Centro
o Sudamérica, no toma en cuenta los derechos de éstos, especialmente
cuando son irregulares; pero cuando es expulsor y sus connacionales van
Marco jurídico nacional, política migratoria y migración femenina
123
a Estados Unidos, defiende y reivindica los derechos de los mexicanos,
frente a la vulneración contraída por parte de las autoridades migratorias
del país vecino.
Lo anterior explica algunas de las contradicciones en las que incurre
el gobierno mexicano, en cuanto a la observancia de los acuerdos y convenciones internacionales y regionales. Por su lado, la problemática a la
que se enfrentan particularmente los inmigrantes y los migrantes en
tránsito, es la inexistencia de un instrumento jurídico de carácter nacional
que establezca de manera específica los derechos de aquéllos y más aún,
cuando se trata de mujeres. Sin embargo, por tratarse de seres humanos, la legislación internacional les da un margen de protección que el
gobierno de México debe velar por que se les respete.
Ahora bien, cuando se trata de los inmigrantes mexicanos en el exterior
y de los que retornan, éstos ya cuentan con algunos programas;1 sin embargo, falta formular una política basada en los derechos humanos, tanto
de los inmigrantes como de los emigrantes.
Así, cuando las instancias de México relacionadas con el trato de los
inmigrantes de otros países están en armonía, se facilita el cumplimiento de los acuerdos. Este mismo caso también funciona cuando México es
un país expulsor y Estados Unidos es país receptor, como lo afirmamos
anteriormente.
En resumen, el respeto de los derechos humanos de los grupos vulnerables, como son los migrantes y en particular las mujeres, depende de
los intereses de los países expulsores y receptores y de la correlación
de fuerzas existente entre ellos.
Todo lo anterior da como resultado la construcción o la existencia de
un conjunto de instrumentos normativos nacionales que en la práctica
se ven frenados, por lo que no pueden cumplir con el objetivo asignado
1
Se considera el Programa de Repatriación Humana el emblemático del actual gobierno federal en materia migratoria, pero existen otros como: Programa Protección
a Migrantes, Grupo Beta; Programa de Atención a Menores Fronterizos; Programa
3x1; Programa Binacional de Educación Migrante, Probem, entre otros.
124
Ana Stern Leuchter
internacionalmente de proteger a los migrantes, especialmente a los
irregulares, debido a que las políticas públicas sobre migración, de manera directa o indirecta, reproducen y profundizan esquemas de desigualdad e inequidad que están vigentes en el país.
Marco jurídico
Los pactos, convenciones y convenios internacionales y regionales tienen
vigencia y aplicabilidad formal en el sistema jurídico mexicano una vez
que han sido firmados por el presidente de la República, ratificados por
el Senado y publicados en el Diario Oficial de la Federación, tomando en
cuenta las necesidades nacionales, según lo dispuesto por el artículo 133
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En resumen, la Constitución es la norma máxima del Estado mexicano y, con base de ella, el Estado ha suscrito acuerdos internacionales. De
esta manera, se ha elaborado un conjunto de instrumentos para su implementación, junto con sus respectivos reglamentos. Ahora bien, como
ya se afirmó anteriormente, existen ciertas contradicciones prácticas
entre éstos, dada la falta de armonización de los cuerpos jurídicos menores, tales como: leyes, reglamentos, disposiciones y procedimientos de
operación, respecto a las convenciones a las que México se ha adherido.
En nuestro país las convenciones poseen rango constitucional explícito,
por lo que su adopción implica la necesaria e inmediata modificación de
cualquier regulación de rango menor que contravenga sus disposiciones. No obstante, la falta de observancia de los compromisos por desconocimiento o por negligencia es frecuente (Castillo, 2007: 279).
En este sentido apunta la Recomendación de la CEDAW (CEDAW/C/
MEX/CO/6) al señalar que:
El Comité observa con preocupación el que no haya una armonización sistemática de la legislación y de otras normas federales, estatales y municipales
con la Convención, lo cual tiene como consecuencia la persistencia de leyes
discriminatorias en varios estados y dificulta la aplicación efectiva de la
Marco jurídico nacional, política migratoria y migración femenina
125
Convención. El Comité lamenta las escasas explicaciones proporcionadas
sobre los mecanismos existentes para que los estados cumplan las leyes
federales y los tratados internacionales de derechos humanos en que México es parte, así como sobre las medidas que se toman cuando los estados y
municipios no adoptan las reformas legislativas necesarias para garantizar
su cumplimiento.
Marco legal y derechos humanos en la protección
a la migración femenina
Avances en la normatividad interna
Es importante aclarar que, para el caso de los migrantes extranjeros, el
goce y ejercicio de sus derechos se encuentran condicionados a la calidad migratoria que tengan.
En México la legislación más relevante en materia migratoria en
general se encuentra contemplada en los siguientes instrumentos:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Nacionalidad (Diario Oficial de la Federación, 23 de enero
de 1998)
Ley General de Población (Diario Oficial de la Federación, 7 de
enero de 1974) y
Reglamento de la Ley General de Población (Diario Oficial de la
Federación, 14 de abril de 2000)
A su vez, el Estado mexicano elabora un conjunto de leyes secundarias
en defensa de la no discriminación, de la no violencia y en beneficio de la
igualdad de las mujeres, no sólo respecto al trato con los hombres y con
las instituciones, sino también, en función de las oportunidades y resultados que éstas tienen que alcanzar, lo que se expresa fundamentalmente
en lo siguiente:
126
Ana Stern Leuchter
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (Diario Oficial de la Federación, 12 de enero de 2001)
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Diario
Oficial de la Federación, 11 de junio de 2003) y
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (Diario Oficial de la Federación, 1o de febrero de 2007)
Constitución
La Constitución incorpora los principios de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)
y establece la igualdad ante la ley entre el hombre y la mujer (art. 4o), así
como la protección de las garantías previstas en ella a todo individuo que
se encuentre en el país. Prohíbe la discriminación, entre otras razones,
por género o estado civil, o “cualquier otra que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades
de las personas” (art. 1o).
En el artículo 1o se destaca la introducción del concepto de igualdad
que prohíbe la discriminación entre los géneros y en las relaciones conyugales.
Sin embargo, la Constitución mexicana restringe a las personas extranjeras los derechos de libre tránsito por el territorio nacional y de libertad de participación política en este país (arts. 9, 11 y 33).
Ley General de Población
El objetivo de la Ley General de Población es regular y reglamentar el
fenómeno poblacional en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y
distribución en el territorio nacional. En su capítulo segundo se establecen las reglas para la migración, los servicios migratorios, así como la
vigilancia de la entrada y salida de nacionales y extranjeros. En el artículo 7 se establece que la Secretaría de Gobernación deberá velar por el
respeto de los derechos humanos y la integridad familiar de la población
migrante.
Marco jurídico nacional, política migratoria y migración femenina
127
Este instrumento jurídico resalta la defensa de los derechos humanos
de los individuos, cuando éstos se encuentran en el territorio nacional,
sin perjuicio de la nacionalidad que tengan, salvo las excepciones que la
propia ley considera y regula.
Los problemas más relevantes respecto a la legislación migratoria y
la vigencia de los derechos humanos de los y las migrantes y sus acompañantes son aquellos relacionados con la discrecionalidad/arbitrariedad, relativa al acceso al debido proceso y la restricción a la libertad de
tránsito.
En relación con la discrecionalidad, la autoridad migratoria cuenta
con un margen de decisión dentro de lo legal. Esta facultad discrecional
sólo la pueden ejercer los servidores públicos de mayor rango, pero es
delegable a funcionarios con una jerarquía mayor, lo cual se presta a que
sucedan actos arbitrarios cuando la autoridad actúa sin criterios ni objetivos claros. Las arbitrariedades han dado lugar a procedimientos de
control migratorio que pasan por alto la legalidad y que tienen como consecuencia la vulneración de los derechos humanos de los migrantes.
La Ley General de Población no establece lo que debería definirse
como interés público para el país, sino que deja la definición a la Secretaría de Gobernación, la cual se sujeta a los diferentes criterios de las
autoridades, para fijar las condiciones de entrada, de salida, de tránsito
interno y de permanencia en el territorio nacional a los extranjeros.
Por otra parte, el artículo 33 de la Constitución, ya mencionado, faculta al Ejecutivo2 para expulsar del territorio nacional inmediatamente
y sin necesidad de juicio previo, a los extranjeros, residentes o no, cuya
permanencia juzgue inconveniente. Este artículo otorga a la autoridad
2
Es interesante la lectura de las Observaciones finales del Comité de Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, documento
que recomienda que el Estado parte considere adoptar las necesarias medidas legislativas con miras a retirar su reserva al párrafo 4 del art. 22 de la Convención a fin de
garantizar el derecho de los interesados a exponer las razones que les asisten para
oponerse a su expulsión, así como a someter su caso a la autoridad competente.
Véase CMW/C/Mex/CO/1, 8 de diciembre de 2006.
128
Ana Stern Leuchter
un margen de discrecionalidad basado en el principio de que con la expulsión se previene una amenaza a la seguridad del país.
Por último, el desconocimiento de las leyes y de los programas migratorios por parte de los funcionarios ha dado lugar a que se cometan
arbitrariedades que han perjudicado a los migrantes, ya sea en términos
de su permanencia en el país, en su trabajo y en el registro de nacimiento de sus hijos nacidos en el país. En este último caso, si bien no se necesita demostrar la estancia legal de los padres para registrar a los hijos, los
funcionarios les han negado a los migrantes irregulares ese derecho de
pertenencia de los hijos al país.
El acceso al debido proceso que indica la ley se refiere a que la autoridad migratoria debe conocer las condiciones y llevar a cabo los requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para afectar
legalmente los derechos de los extranjeros que están en el país o en tránsito. Al respecto, las actividades que emprenden los funcionarios y empleados de Gobernación son:
a) Realizar la inspección de la frontera y hacer la revisión de las rutas
que siguen los migrantes dentro del territorio. En estas instancias
se cometen los actos discriminatorios y se violan los derechos humanos, especialmente de los migrantes que están en situación
irregular. Las autoridades de la Secretaría de Gobernación, por
medio del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal, son las “responsables de verificar y vigilar la legal estancia de
los extranjeros en el país. Sin embargo, son muchas las fuerzas
de seguridad pública y militares que intervienen en la detención de
migrantes”. No obstante, “Ni la ley [General de Población] ni el reglamento establecen los términos en que esta colaboración [entre
las autoridades] ha de llevarse a cabo, lo que ha provocado que
todas las fuerzas de seguridad pública y militares intervengan en
la intercepción de los extranjeros” (Gómez, 2002: 67) y que los
atropellos y abusos se multipliquen.
b) El aseguramiento de los migrantes irregulares por parte de los
oficiales de migración es un caso que se presta para arbitrariedades,
Marco jurídico nacional, política migratoria y migración femenina
129
ya que formalmente se fija un plazo perentorio para que el extranjero que se encuentra a disposición de las autoridades de migración
abandone el país; pero en la realidad, muchas veces, esto no sucede.
Cumplir con la formalidad evitaría actos irregulares y lesivos de los
derechos humanos. Por otra parte, son frecuentes las omisiones o
irregularidades en cuanto al otorgamiento de información a los
migrantes, acerca del motivo de su aseguramiento; así como la
falta de un representante consular que los defienda legalmente o
de un traductor, si se trata de una persona que habla otra lengua.
El derecho a la libertad de tránsito se contempla en el artículo 11 de
la Constitución, aunque se trata de un derecho restringido ya que se encuentra sujeto al principio de reserva legal, según el cual, dichas libertades sólo podrán ser limitadas mediante prevenciones expresamente
consignadas por la ley.
Así, tanto los migrantes irregulares como los documentados encuentran multitud de limitaciones a su derecho al libre tránsito, al internarse
en México y al transitar por el país.
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
A partir de esta ley se establece la existencia formal del Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres) como un organismo público descentralizado de
la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio
propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus
atribuciones, objetivos y fines.
El objetivo general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, así como la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros (art. 4). Incluye como sujetos de los
derechos a las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el
territorio nacional y a las mexicanas en el extranjero, sin importar origen
étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma; quienes podrán participar en los programas,
servicios y acciones que se deriven de ese ordenamiento (art. 3).
130
Ana Stern Leuchter
El principal aporte de esta ley fue poner en un marco legal el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su participación equitativa en
la vida política, cultural, económica y social del país.
Dentro de sus objetivos específicos se encuentra la promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres, de las jóvenes y de las
niñas, consagrados en la Constitución Política de México y en los tratados
internacionales ratificados por el país, en particular de los relativos a
derechos y libertades de las mujeres. En ella se considera la promoción,
seguimiento y evaluación de políticas públicas con la participación de la
sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no
discriminación hacia ellas. Expresada así la Ley, no hay fundamento legal
bajo el cual las mujeres migrantes en México no puedan acceder al pleno
goce de sus derechos humanos, incluyendo una vida sin violencia y el
acceso a la justicia.
En 2004, el Instituto Nacional de Migración y el Inmujeres suscribieron un convenio con la finalidad de unir esfuerzos para atender la problemática de las mujeres migrantes nacionales y extranjeras y avanzar en
el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia. Así,
acordaron llevar a cabo conjuntamente eventos interinstitucionales y
capacitar al personal del Instituto Nacional de Migración, con el propósito
de sensibilizar a los funcionarios de esta institución en materia de equidad de género y promover la transversalidad de la perspectiva de género,
el respeto y la protección de los derechos de las migrantes.
Si bien ese convenio tenía una vigencia hasta el 30 de noviembre de
2006, éste ha continuado desarrollándose, en coordinación con diversos
organismos de la Administración Pública Federal y Estatal, además del
Instituto Nacional de Migración, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones religiosas y representantes académicos, todos ellos orientados a la protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes
y a la eliminación de prácticas discriminatorias. Su trabajo se asienta en
cuatro ejes: 1. Mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos; 2. Mujeres migrantes mexicanas en el interior de la república y en zonas fronterizas, 3. Mujeres migrantes extranjeras en México; y 4. Mujeres que viven
en zonas de alta movilidad.
Marco jurídico nacional, política migratoria y migración femenina
131
Asimismo, se impulsan las Semanas Nacionales de la Migración en
diferentes partes de la República, con la finalidad de analizar la situación
de la emigración e inmigración.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación
Esta ley establece, entre otros motivos de discriminación, el sexo, el embarazo, la lengua, o cualquier otra condición que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades
de las personas (art. 4). En el artículo 43 se menciona que:
Toda persona podrá denunciar presuntas conductas discriminatorias y
presentar ante el Consejo reclamaciones o quejas respecto a dichas conductas, ya sea directamente o por medio de su representante.
Las organizaciones de la sociedad civil podrán presentar reclamaciones o quejas en los términos de esta Ley, designando un representante.
Así, se contemplan dos tipos de procedimientos: la reclamación,
derivada de actos presuntamente discriminatorios por parte de servidores públicos, y la queja, consecuencia de actos de particulares. Ambos
procedimientos se resuelven mediante la conciliación.
Por su parte, el artículo 9 estipula lo siguiente:
Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real
de oportunidades.
A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:3
I. Impedir el acceso a la educación pública o privada […];
3
Se seleccionaron estas fracciones con base en el estudio realizado en Tapachula,
Chiapas, donde las migrantes manifestaron ser objeto de discriminación y no tener
acceso a los servicios de educación, salud, movilidad en el empleo, ni acceso a la
procuración de justicia por su condición de migrantes irregulares.
132
Ana Stern Leuchter
II. Prohibir la libre elección de empleo […];
[…]
VII. Negar o condicionar los servicios de atención médica […];
[…]
XI. Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia […];
[…]
XVIII. Restringir el acceso a la información […];
[…]
XXIII. Explotar o dar un trato abusivo o degradante.
A su vez, el artículo 14 se refiere a medidas positivas y compensatorias
a favor de la igualdad de oportunidades para la población indígena, como
son: el establecimiento de programas educativos bilingües, campañas de
información que promuevan el respeto a las culturas indígenas en el
marco de los derechos humanos o que se tomen en cuenta sus costumbres en los juicios y otros procedimientos legales, dentro del marco de la
Constitución.
Las medidas antes señaladas y otras han sido denunciadas en diferentes estudios empíricos como violadas por las distintas autoridades responsables, ya sea intencionalmente, por desinformación o por no entender
su facultad discrecional, en el trato con migrantes irregulares. Estos hechos
nos llevan a concluir que en México no existe un marco normativo federal que proteja y haga valer los derechos de las mujeres migrantes, y que,
aunque la presencia del Inmujeres ha sido un mecanismo muy valorado
para promover acciones a favor de las mujeres, aún falta la inclusión del
sector de las migrantes.
En cuanto a la problemática, y en particular de las mujeres indígenas, la protección a este grupo no ha sido incluida en los instrumentos
internacionales y, por ende, ha sido escasamente incorporada en el marco jurídico nacional a pesar de la importancia de su participación como
fuerza laboral en el sector agrícola para los casos de la emigración hacia
Estados Unidos o de la inmigración de centroamericanos en Chiapas
principalmente.
Marco jurídico nacional, política migratoria y migración femenina
133
Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia
La Ley tiene como finalidad principal “prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres […] así como establecer […] los principios y
modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que
favorezca el desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad
y de no discriminación” (art. 1o).
La violencia es una forma de discriminación que impide el goce de
los derechos de los que son titulares las mujeres. El aporte de esta ley
es la ampliación de la concepción de violencia, ya que no sólo incluye la
violencia física, la psicológica, la patrimonial, la económica, la sexual,
sino también la violencia en la comunidad y la perpetrada o tolerada por
el Estado; lo que ha permitido visibilizar con mayor objetividad los atropellos contra las mujeres en espacios públicos, haciendo evidente la
concepción errada de que la violencia contra las mujeres es un fenómeno
que se da solamente en el ámbito privado y que el Estado queda fuera de
toda responsabilidad para adoptar medidas que garanticen los derechos de las mujeres y en su caso reparar el daño que se les ha causado
(arts. 18, 19 y 20; Marco jurídico. Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, 2009: 166).
Además de incluir esta perspectiva de la violencia, la Ley pone de manifiesto la discriminación en cuanto al género y la desigualdad respecto a
los hombres como un problema propio de las sociedades, que tiene que ser
abordado para su solución mediante políticas gubernamentales y medidas
legislativas orientadas hacia todos los ámbitos del accionar de las mujeres
para garantizar el goce pleno de los derechos humanos y de todas sus libertades. Así se podrá contribuir a la construcción de una sociedad más
igualitaria en derechos y oportunidades, así como en las relaciones entre
ambos sexos. Solamente corrigiendo estas inequidades, tanto las mujeres como los hombres podrán tener acceso al patrimonio que ambos han
construido, expresado en recursos económicos, políticos y culturales
en condiciones democráticas (art. 4,4 fracciones de I a IV y IX Marco jurídico.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: 162).
134
Ana Stern Leuchter
En consonancia con la problemática de la discriminación y su expresión en las diferentes formas de violencia en contra de las mujeres migrantes, se puede sostener, tomando como referencia numerosos estudios
empíricos en ambas fronteras, que las migrantes experimentan violaciones a sus derechos y de discriminación por género desde antes de migrar,
durante el proceso, en el lugar de destino y cuando son expatriadas a sus
países de origen. Numerosas son las violaciones a sus derechos antes de
migrar y constituyen en muchas ocasiones, las causas principales para
abandonar su país. Las razones de violencia pueden ser económicas,
sociales y culturales; por ejemplo, el no goce del derecho a la educación
y al trabajo digno o la falta de acceso a la justicia a partir de situaciones
de violencia familiar o de discriminación por género.
Aquellas mujeres que están en tránsito por México en condición
de migrantes irregulares, se encuentran más propensas a la extorsión, el
abuso físico y sexual, el robo, el abandono, la falta de debido proceso y de
la atención por parte del servicio consular de su país. Cuando ellas sufren
algún accidente o tienen problemas de salud, debido a las condiciones del
viaje, por lo general no son atendidas, lo cual viola los derechos fundamentales de cualquier ser humano, consignados en los artículos 1o y 4o de
la Constitución (véase nota 3) que tienen que ver con las garantías individuales, así como con la igualdad jurídica de los sexos.
En el país de destino, las mujeres migrantes pueden sufrir violaciones
a sus derechos en el ámbito familiar, laboral, de salud y de acceso a la
justicia, dependiendo de su situación. Así, si uno de los integrantes de
la pareja es mexicano y se rehúsa a darle al otro miembro la carta de dependencia económica, éste se verá obligado a abandonar el país. En este
caso, el Instituto Nacional de Migración tiene la obligación de recibir las
denuncias e investigarlas, y si hay violaciones a la Ley General de Población o a su Reglamento, sancionarlas. En el ámbito laboral, lo común es
4
El artículo 4 de la Ley General establece como principios rectores para el acceso de
las mujeres a una vida libre de violencia: la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres.
Marco jurídico nacional, política migratoria y migración femenina
135
que la discriminación ocurra por ser migrante y mujer, otorgándoles un
menor salario o violando el derecho a la libertad de moverse de un trabajo a otro; asunto difícil en el caso de las indocumentadas puesto que son
muchos los requisitos que la Secretaría de Gobernación pide tanto al
empleador como al propio migrante. Respecto a la salud, por ser indocumentadas no es fácil que se les otorgue dicho servicio.
En cuanto a la repatriación, por lo general a las personas se les envía
a sus lugares de origen por haber cometido un delito de mayor cuantía,
por no contar con documentos o por ambos. En la actualidad, en Estados
Unidos son comunes las redadas y los allanamientos a las casas donde
viven los migrantes y los deportan sin ningún miramiento, dejando a los
hijos solos.
Para el caso de las familias que se ven obligadas a dejar a sus hijos en
su lugar de origen, a pesar de que México es un país firmante de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, no cumple con el compromiso de la reunificación familiar, situación que también se ha agudizado
para los migrantes que viven en Estados Unidos y en Centroamérica.
Reflexiones
1. Se reconoce la incorporación de los acuerdos que el Gobierno
mexicano ha suscrito en el ámbito internacional, en el marco jurídico de la carta magna, para visibilizar los derechos humanos de
las mujeres.
2. Los instrumentos internacionales, de acuerdo con el artículo 133
de la Constitución, son ley suprema de la Unión, y se han elaborado
leyes específicas, basadas en los principios rectores de la no discriminación, el derecho a la igualdad y el de la no violencia, con el
enfoque de la perspectiva de género. De este modo, el gobierno
mexicano está reconociendo la precaria situación histórica de la
mujer y procurando, gracias a la presión social y a la de los grupos
comprometidos, elaborar programas y ejecutar acciones para lograr
136
Ana Stern Leuchter
la equidad de género y el acceso indiscriminado al patrimonio
social en vista del desarrollo individual y colectivo de los hombres
y las mujeres.
3. A pesar de que existe todo un conjunto de leyes que sustentan la
perspectiva de género en defensa de los derechos humanos de
las mujeres en general, y que por ello incorporan a las migrantes
en particular, aún persisten numerosos problemas a los que se
tienen que enfrentar, como son: la regularización de estancia5 y el
mantenimiento de su estatus migratorio regular, la flexibilidad para
el acceso al trabajo, la obtención de documentación de identidad
para ellas y sus hijos, el acceso a los servicios de salud y el acceso a
la justicia; todo ello, para obtener la protección debida y participar
así como ciudadanas con derechos y obligaciones.
4. Los avances en la actualización de los marcos jurídicos y en la
elaboración de las leyes específicas y de sus reglamentos se dan
gracias a las presiones que la sociedad civil junto con la academia
ejercen sobre los poder ejecutivo y legislativo. Pero las acciones del
sistema federal abarcan a los tres poderes, por lo que falta actuar
sobre el poder judicial, que es el encargado de la procuración de
la justicia, y por lo tanto debe atender a la población migrante en
lo que respecta a las violaciones de los derechos humanos.
5
La regularización de estancia es el trámite que solicita un extranjero para adquirir
una estancia legal en México. La Ley General de Población y su reglamento establecen
diferentes requisitos dependiendo del tipo de migrante y del tiempo de su estadía.
Marco jurídico estatal y municipal, política migratoria
y migración femenina
Santiago Martínez Junco
Antecedentes
L
a migración centroamericana a México data de fechas inmemoriales.
Tan antiguas son que pueden señalarse antecedentes previos al establecimiento del Estado nación en 1821. Con la formalización de la línea
divisoria entre los estados guatemalteco y mexicano en 1882, los desplazamientos poblacionales no se vieron alterados. Tras el reparto agrario
del gobierno de Lázaro Cárdenas, guatemaltecos avecindados en localidades chiapanecas optaron por la nacionalidad mexicana, con lo que se
hicieron acreedores a una dotación de tierra.
La frontera sur de México tiene aproximadamente 1 149 kilómetros y
está integrada por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, los cuales limitan geográficamente con Guatemala y Belice (Instituto Nacional de Migración, 2009). Parte de esta extensión se encuentra
en la región del Soconusco, en Chiapas. Esta región está formada por 16
municipios,1 de los cuales, siete hacen frontera con Guatemala: Suchiate,
1
Los municipios de la región del Soconusco son Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán,
Metapa, Villa Comaltitlán, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán y Unión
Juárez (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2003).
138
Santiago Martínez Junco
Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez y
Tapachula. Los diferentes municipios de esta región forman un espacio
social en el que se dan procesos de intercambio comercial entre pobladores de uno y otro lado de la frontera, y migraciones laborales de larga
data, como el de las trabajadoras domésticas y las/los trabajadores guatemaltecos en fincas cafetaleras, o migrantes de Guatemala y otros países
centroamericanos que trabajan en diversos empleos vinculados al sector
de servicios o de la construcción. Vinculados al empleo, se han observado
también procesos de asentamiento relativamente nuevos.
Desde el último tercio del siglo XIX, el Soconusco fue tierra de frontera, de expansión agrícola y ganadera, de pioneros provenientes de Estados Unidos, Alemania y España, principalmente. Para el naciente Estado
mexicano, el Soconusco simbolizaba el límite de la construcción de la
nación al que era necesario darle una dimensión económica y social
(Villafuerte, 2004A).
Según informes de organizaciones locales y de albergues para migrantes, son muchos los problemas con los que se encuentran los migrantes al estar residiendo o al estar de paso en el estado de Chiapas. “El
primer muro invisible se encuentra en el sur de México; es un muro más
peligroso que el de Estados Unidos, construido por asaltantes de indocumentados y en el que participan todas las corporaciones policíacas y el
personal del Instituto Nacional de Migración” (Pickard, 2006). Chiapas
tiene un ingreso anual de poco más de un millón de migrantes en ocho
cruces fronterizos, 31 informales y más de mil peatonales.2 Aunque cabe
aclarar que las estadísticas en la región no son fiables, pero dan una visión general del complejo y dinámico fenómeno migratorio.
La mayoría de quienes emigran lo hacen por motivos económicos,
buscando un mejor nivel de vida. La situación de hambre y miseria en
muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes a arriesgar
su vida, e incluso a perderla, con tal de salir de su situación. “Estamos en
2
Seminario de Migración y Derechos Humanos: Retos y Oportunidades, 2008, Tapachula, Chiapas.
Marco jurídico estatal y municipal, política migratoria y migración femenina
139
presencia de una frontera sur que tiene varios rostros o regiones, unas con
relaciones más intensas que otras, pero al fin constituyen espacios de relaciones que conforman realidades nuevas, con escalas y tiempos diversos” (Villafuerte, 2004B: 22).
Si bien, anteriormente se sabía que los que tomaban la decisión de
migrar eran los hombres de la casa, el esposo, el papá, el hijo mayor o en
última instancia, la mamá, ahora la migración es generalizada:
No sólo migran los estómagos vacíos, los brazos jóvenes que quieren explotar su capacidad productiva, sino también los que, oteando horizontes,
comprenden que su realización social sólo es posible adentrándose en otras
tierras, que las propias no cuentan con las actividades (o éstas no están lo
suficientemente desarrolladas) que les permitan ensanchar su creatividad
humana. (Casillas, 1996: 143)
La imposición de la agenda estadounidense de seguridad ha repercutido en la nulificación de esfuerzos de construcción de esquemas
subregionales y regionales de cooperación. A su vez, la falta de cooperación intergubernamental en el tema migratorio ha debilitado el avance
de esfuerzos para su tratamiento multilateral e integral.
Así, la política migratoria mexicana y su aplicación en la frontera sur
se tiene que leer en el marco de una agenda de seguridad reactiva, que
incorpora de manera creciente el tema del control migratorio desde una
perspectiva represiva y contribuye a construir a los migrantes, en la percepción social, como enemigos y delincuentes.
La política migratoria mexicana juega un doble papel: uno ante Estados Unidos y otro frente a los países centroamericanos, constituyendo
una política migratoria contradictoria.
Ante el gobierno de Estados Unidos, México pide, y en ocasiones exige, el respeto a los derechos humanos y laborales de los mexicanos en ese
país del norte, pero en ocasiones omite pronunciarse o exigir dicho respeto, como ocurrió en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), lo que propicia que en este tipo
de tratados se haga más evidente la desigualdad entre países norte-sur.
140
Santiago Martínez Junco
Política migratoria de Chiapas
En las décadas recientes se han dado flujos migratorios de diversas características, desde los flujos interregionales como los que se iniciaron con la
producción de café en Chiapas, que empezó a fines del siglo XIX , y donde
“[p]rincipalmente empresarios alemanes, estadounidenses, británicos, y
mexicanos se establecieron para producir el grano” (Martínez, 1991);
pasando por las migraciones derivadas de los históricos desastres socionaturales y los conflictos político-armados que han azotado a la región
centroamericana en años pasados (Woodwasrd, 1999); hasta la reciente
oleada de migrantes centroamericanos, entre ellos, hondureños, que por
diferentes circunstancias –como veremos más adelante– han llegado a la
región del Soconusco, específicamente a la ciudad de Tapachula, ya sea en
su tránsito hacia Estados Unidos o para establecerse en esta ciudad.
El desastre socionatural que significó el huracán Mitch (1998) en Centroamérica y que representó un detonante que aumentó la migración de
los hondureños, particularmente a Estados Unidos y algunas partes de Europa; el huracán Stan (2005) (Martínez, 2008); la devastación provocada
por el huracán Wilma; así como la caída de los precios del café y otros
productos agrícolas, representan hoy en día factores determinantes en la
generación y formas de ocurrencia del flujo migratorio centroamericano.
Según el Gobierno de Chiapas, en el libro La otra frontera / Política
migratoria en Chiapas, entre las características que está adquiriendo el
fenómeno destacan:
El incremento masivo, año con año, de migrantes, en el que la
mujer tiene una participación activa. (En este punto hay que tener
cuidado en cuanto al término masivo, ya que desde el huracán
Stan, con la destrucción de las vías férreas desde Ciudad Hidalgo,
continuando con el municipio de Tapachula, el flujo de las y los
migrantes en tránsito aumentó por la frontera de Tabasco.)
El incremento sostenido de la participación de migrantes hondureños a la región del Soconusco, Chiapas. (En este inciso, si bien
se ha percibido −por falta de estadísticas fiables sobre migrantes
Marco jurídico estatal y municipal, política migratoria y migración femenina
141
en el Soconusco− un probable aumento de personas de origen
hondureño, en referencia a las salvadoreñas y nicaragüenses.)
El incremento del número de centroamericanos con destino a
Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo en busca de oportunidades laborales. (Es posible que ese aumento del flujo haya influido para la expedición de la Forma Migratoria para Trabajador
Fronterizo (FMTF) expedida ya formalmente en 2008.)
La permanente dificultad operativa del Instituto Nacional de Migración para contener el flujo migratorio de tránsito, la que hace
poco probable que pueda frenar la migración. (Este punto es indicador de las políticas de contención operadas por el Estado
mexicano ante este fenómeno social.)
Por todos estos factores, las acciones y programas del Gobierno del
estado de Chiapas tienen como base el Plan de Desarrollo Chiapas 20012006. En el eje temático de “Gobierno y Soberanía Estatal”, se toma como
ejes centrales los siguientes puntos retomados del libro publicado por el
Gobierno de Chiapas, La otra frontera:
“Vigilar que la política migratoria contenida en la Ley General de
Población sea aplicada efectivamente, en especial en lo que se
refiere a la obligación de los integrantes del Instituto Nacional
de Migración (INM) de velar por el respeto a los derechos humanos
y la integridad familiar de los migrantes”. (Gobierno del estado de
Chiapas, 2006: 99)
“Gestionar el adecuado control sanitario y del flujo migratorio, observando el pleno respeto a los derechos humanos en toda la franja fronteriza del país, para abatir la proliferación de actividades
ilegales y erradicar riesgos de salud pública”. (Gobierno del estado
de Chiapas, 2006: 99)
Para ejecutar las acciones y programas en materia migratoria, el
Gobierno del estado de Chiapas creó la Unidad de Atención a Migrantes,
con una oficina principal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, bajo la presión
142
Santiago Martínez Junco
de los consulados centroamericanos y de la sociedad civil, por ser un
estado expulsor, receptor y de tránsito de migrantes. Además, el gobernador Pablo Salazar otorgó facultades a la Coordinación de Relaciones
Internacionales para que abriera una oficina en Tapachula para la atención a migrantes. El gobierno estatal está en proceso de abrir otra oficina
en Arriaga (ciudad en la costa de Chiapas, que después del huracán Stan,
cobró relevancia en el fenómeno migratorio porque desde esa ciudad
iniciaba la trayectoria el tren que abordan las y los migrantes con menos
posibilidades económicas) y en Comitán (ciudad con antecedentes importantes en la época del llamado refugio guatemalteco, en los años ochenta
y noventa).
El Gobierno del estado, por instrucciones del gobernador Juan Sabines
Guerrero, ha realizado un trabajo vinculado con los representantes de los
gobiernos centroamericanos vecinos, inicialmente con los cónsules de
Guatemala, Honduras y El Salvador, y próximamente con el de Nicaragua;
y en segundo término con los mandatarios de los mismos países, en el
marco de los convenios para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre México y los países de Centroamérica. Ha expresado que “se
cuenta con una excelente relación de cordialidad, hermanamiento con la
región centroamericana, con la que se comparten costumbres y tradiciones, lo que ha derivado en una mejor atención a temas importantes como
es el de la migración” (La Jornada, 2009).
En el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chiapas, correspondiente a la administración 2007-2012, que encabeza Juan Sabines Guerrero, se integraron 15 estrategias y 710 acciones que promueven el respeto
a los derechos humanos de la población de la entidad, incluyendo a los
migrantes. Entre ellas se consideran las siguientes:
1. Se crearán espacios de reflexión, diálogo, análisis y atención a los
asuntos prioritarios relacionados con los derechos humanos.
Capacitar a los servidores públicos en materia de derechos humanos.
Suscribir acuerdos de colaboración con organismos defensores
de los derechos humanos.
Marco jurídico estatal y municipal, política migratoria y migración femenina
2.
3.
4.
5.
6.
7.
143
Coordinar con los organismos no gubernamentales la atención
de denuncias de violaciones a derechos humanos.
Se dará apoyo a familias chiapanecas para repatriación de personas,
traslado de cuerpos, orientación jurídica y/o asistencia e información para la ubicación de personas e identidades.
Se promoverá la creación de un registro sobre el flujo migratorio en
Chiapas. Esto con el fin de tener estadísticas generadas por la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur. (No se tiene información si tendrá relación con las estadísticas realizadas por el
Instituto Nacional de Migración.)
Realizar diagnósticos y análisis de información que permitan
un diseño de políticas públicas en el estado.
Realizar estudios y encuestas dirigidos a conocer el perfil del
migrante.
Se impulsará el respeto a los derechos de los migrantes evitando
su discriminación y abuso.
Realizar campañas sobre la difusión del respeto a los derechos
humanos aplicado a la migración.
Promover la instalación de módulos de información sobre derechos de los migrantes en lugares clave de tránsito de personas.
Celebrar convenios con las instancias relacionadas con el tema.
Se promoverá entre las corporaciones de seguridad y procuración
de justicia en el estado y a nivel municipal, el respeto a los derechos
humanos de los migrantes.
Realizar talleres, foros, cursos de capacitación y evaluación entre
las instancias estatales y municipales.
Se fortalecerán los mecanismos existentes relativos a la protección
de migrantes, cuando sean víctimas de un delito.
Promover mecanismos de protección a los migrantes víctimas
de algún delito.
Promover entre los migrantes la cultura de la denuncia ciudadana, para la adecuada procuración de justicia.
Se promoverá con la federación medidas de protección para las
víctimas de traficantes y trata de personas.
144
Santiago Martínez Junco
8.
9.
10.
11.
12.
Establecer módulos de atención y recepción de quejas en las
distintas oficinas de gobierno.
Se apoyarán los mecanismos de acción interinstitucional dirigidos
a evitar el tráfico ilegal y trata de personas y el incremento de la
delincuencia organizada.
Promover un proyecto que permita el flujo permanente de información entre las instancias de procuración de justicia y seguridad
de los tres niveles de gobierno.
Se formularán programas regulares de atención médica en la entidad para los migrantes.
Dar atención médica a la población vulnerable inmigrante discapacitada.
Establecer Centros de Vigilancia Epidemiológica interfronterizos
para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles
en la población.
Se dará atención a la población migrante en situación de extrema
urgencia.
Atender a la población migrante en situación extrema a través
de albergues fronterizos, cuya coordinación esté a cargo de organizaciones de la sociedad civil.
Se establecerán programas de orientación a los migrantes menores
de edad no acompañados.
Crear un albergue para migrantes menores de edad.
Promover la firma de un convenio entre los países centroamericanos, para que apoyen el traslado de los migrantes menores
de edad.
Se sensibilizará a la población respecto a una cultura de respeto
hacia los inmigrantes.
Promover la coordinación interinstitucional para la producción
y difusión de mensajes en los medios de comunicación locales,
sobre la inmigración.
Como primera acción, se ampliaron los servicios brindados por la
Dirección de Atención a los Migrantes, la cual originalmente atendía a
Marco jurídico estatal y municipal, política migratoria y migración femenina
145
chiapanecos fuera del país, pero ahora lo hace también con los centroamericanos. Asimismo, se creó una Policía Estatal Fronteriza, que debe
constituir un cuerpo de seguridad con la suficiente sensibilidad para respetar los derechos humanos de las personas, “que esté preparada, que no
extorsione, no golpee y no asalte a los indocumentados que vienen de
Centroamérica”. Finalmente, también se estableció la Secretaría para
el Desarrollo de la Frontera Sur, la cual −como se estipula en el decreto de
creación−:
…se encargará de impulsar el desarrollo integral de la región y en general,
de todo el Estado, fungiendo como la instancia que servirá de enlace y vinculación directa e inmediata con el resto de las dependencias del Ejecutivo,
para la ejecución de los procesos institucionales que éstas realicen en esa
región, así como también para la coordinación sectorial de los proyectos relacionados con energías alternativas y renovables, lo concerniente a la atención de los migrantes que ingresan a nuestro país, siendo la instancia que
fortalezca las acciones del Estado como entrada a México, así como fungir
como la instancia coordinadora y de enlace del Estado en todo lo concerniente a los proyectos y programas de integración y desarrollo de los
Estados del Sureste y los países de Centroamérica, gestionando proyectos regionales del sur de México y países centroamericanos.
Acciones emprendidas por el gobierno estatal
en la legislación local
Debe destacarse la reforma al artículo 56 del Código Civil del Estado de
Chiapas, publicada en el periódico oficial del gobierno estatal el 13 de mayo
de 2009, en la cual se prescribe que, bajo ninguna circunstancia, se negará el registro a los menores de edad nacidos dentro del estado, aun
cuando uno o ambos padres sean de origen extranjero y no cuenten con
la acreditación de legal estancia dentro del territorio nacional.
Por otra parte, se emitió la Ley que Previene y Combate la Discriminación en el Estado de Chiapas. En esta nueva ley queda prohibido referirse
146
Santiago Martínez Junco
o calificar a cualquier persona, y en particular a los extranjeros en condición indocumentada, con el término de ilegales, por ser denigrante,
ofensivo y equívoco.
Otro instrumento que debe mencionarse es la Ley para Combatir,
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas, por
medio de la cual se sanciona el delito de trata de personas con penalidades que pueden fluctuar entre seis y 12 años de prisión y multas de
entre 500 y 1 500 días de salario mínimo, que incluso pueden duplicarse cuando el victimario se aproveche de la necesidad o vulnerabilidad
de las personas, como es el caso de migrantes que se encuentren en
tránsito por el estado de Chiapas o que sean trabajadores migrantes o
hijos de éstos.
Uno de los eventos más importantes fue el acuerdo denominado Agenda Chiapas ONU, suscrito con los representantes de las agencias en
México y, en particular, con las que actúan en este estado, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el fin de abatir la desigualdad de los índices de desarrollo humano de las zonas indígenas y
marginadas y con una intensa cultura de promoción del respeto a los derechos humanos.
Para el caso de personas migrantes recluidas en cárceles, y a solicitud
de la representación diplomática de su país de origen, el gobierno de
Chiapas cuenta con el mecanismo denominado Mesa de Reconciliación,
para estudiar y analizar los procedimientos penales, desde la fase de la
averiguación previa hasta las sentencias ejecutorias, y garantizar la legalidad en el proceso jurídico.
En lo que se refiere a aspectos laborales en las fincas cafetaleras de la
entidad, para garantizar que durante la estancia laboral de los jornaleros
migrantes en el país se respeten sus derechos, el Gobierno del estado ordenó
la inspección a las fincas productoras de café, para proporcionarles ayuda
en materia de seguridad, atención laboral, salud y educación, por medio de
la Procuraduría de la Defensa de la Mujer. En conjunto con UNICEF, se implementó la creación de escuelas para los hijos de los migrantes jornaleros
en las fincas de trabajo mediante el programa “Todos a la Escuela”.
Marco jurídico estatal y municipal, política migratoria y migración femenina
147
La creación del Albergue Especial para Niños Migrantes se realizó
como parte de la política nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(SNDIF), dentro del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable y con la ampliación de la atención al dar alojamiento a las madres
de los menores, a fin de “no separar a la familia que viene con ilusiones y
sueños para mejorar su vida económica”, esto último a propuesta de Margarita Zavala, esposa del presidente de la República.
Dentro del mismo ámbito, se creó –y está próxima a inaugurarse– la
Casa de Atención a Niños y Jóvenes Migrantes en situación de calle, en
trabajo conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones.
En el tema de procuración de justicia, se creó la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, misma que busca garantizar el
acceso a la justicia y la protección de aquellos migrantes que son víctimas
de extorsión y asaltos dentro del territorio de Chiapas. Con ello –según declaraciones de los cónsules de Guatemala, Honduras y El Salvador– han
disminuido las agresiones en contra de inmigrantes en territorio chiapaneco, y cuentan actualmente con la garantía que serán tratados con dignidad y con apego a la legalidad.
En la frontera de Talismán-El Carmen, del lado mexicano se instaló
un consultorio de control de medicina preventiva (perteneciente a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, a cargo del programa Sala Situacional de Salud Atención al Migrante) en las instalaciones de la llamada
“Casa Roja” del Instituto Nacional de Migración. En él se realizan actividades de vacunación, desparasitación, dotación de suero oral, suministro
de ácido fólico, dotación de métodos de planificación familiar, detección de tosedores, pacientes febriles, diabetes, hipertensión y control
de embarazadas, a quienes se les otorga el Pasaporte de Salud a fin de
contar con un control epidemiológico de la población que transita por
ese lugar.
En ese consultorio se brindaron 835 consultas a migrantes guatemaltecos en un periodo comprendido entre el 2 de marzo y el 14 de mayo de
2009. (Secretaría de Salud en el Estado de Chiapas, Jurisdicción Sanitaria
VII, Sala Situacional de Salud Atención al Migrante.)
148
Santiago Martínez Junco
Si bien es cierto que el Gobierno del estado ha implementado acciones
de atención para los migrantes –mismas que han sido reconocidas internacionalmente–, aún existen vacíos en el trabajo implementado para
salvaguardar los derechos humanos. Existen denuncias realizadas y documentadas por medios de comunicación, organizaciones civiles y activistas sociales. A continuación se mencionan algunos casos:
1. El fenómeno del trabajo sexual comercial es una actividad importante, con presencia significativa en ciudades fronterizas como Tapachula, Ciudad Hidalgo, Metapa de Domínguez, entre otras. Es una
actividad en la que las mujeres –principalmente centroamericanas–
son doblemente estigmatizadas, primero por ser extranjeras y segundo por dedicarse a una actividad que es socialmente rechazada,
por lo que sus derechos son fácilmente vulnerados, tanto por las
instituciones como por la población en general.
2. En el marco del Día Internacional del Migrante, el cónsul de Guatemala, Melvin Valdez, manifestó que las trabajadoras domésticas
guatemaltecas continúan siendo víctimas de violencia física y
económica, por parte de sus empleadores (Diario del Sur, Tapachula, 19 de diciembre de 2008).
3. Fermina Rodríguez Velazco, directora del Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, señaló que existen grupos delictivos que secuestran a migrantes en la frontera sur (Diario del Sur,
Tapachula, 17 de diciembre de 2008).
4. Las mujeres migrantes que ingresan a México a través de Chiapas,
en especial por el Soconusco y Zona Costa, son más vulnerables a
la violencia, revelaron autoridades de la Jurisdicción Sanitaria VII
(Diario del Sur, Tapachula, 19 de noviembre de 2008).
5. Luego de realizar una visita relámpago a Tapachula, el fiscal especializado en delitos cometidos en contra de migrantes en Chiapas,
Alfonso Enrique Méndez Rojas, expuso que es en las fincas cafetaleras donde se registran más abusos de parte de mexicanos contra
mujeres migrantes centroamericanas (Diario del Sur, Tapachula, 5
de noviembre de 2008).
Marco jurídico estatal y municipal, política migratoria y migración femenina
149
6. Bandas delictivas y agentes de los diversos cuerpos policiacos son
los principales agresores de los migrantes que cruzan por esta
región, denunció la asistente de relaciones públicas e internacionales del albergue “Jesús el Buen Pastor del Pobre y el Migrante”,
Kathrin Zeishke (Diario del Sur, Tapachula, 23 de octubre de
2008).
Ámbito municipal
En los municipios del Soconusco, Chiapas, la poca atención de los ayuntamientos municipales mediante programas y acciones locales dirigidas
a las y los migrantes establecidos en la zona, reflejan la falta de claridad
de competencias y responsabilidades que existe por el fenómeno migratorio, a pesar de que en la región es importante el flujo de migrantes internacionales, originario del triángulo norte-centroamericano.
A continuación reseñamos programas y acciones que los gobiernos
locales están llevando a cabo, generalmente enmarcados en la que el
gobierno estatal, en su libro La otra frontera (2006), ha llamado política
migratoria en Chiapas y que por instrucciones de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur ponen en marcha en el Soconusco, Chiapas.
No existen trabajos estadísticos sobre las características y condiciones de la población migrante residente en la región. En algunas localidades como Suchiate y Cacahoatán, se encuentran realizando censos de la
población migrante con fines individuales de acuerdo con las necesidades de cada municipio.
A través de los institutos municipales de la mujer, brindan apoyo a
las mujeres migrantes. En la mayoría de los municipios, como el de Tuxtla Chico, aún se encuentran en la etapa de creación de las oficinas; otros
municipios, como el de Mazatán, todavía no cuentan con ese organismo.
Aunque en las observaciones de campo que se realizaron, las acciones
van dirigidas principalmente a las mujeres locales, y si atienden a mujeres extranjeras, es para dar orientación psicológica y/o jurídica. Los
talleres que imparten son de manualidades, repitiendo patrones donde
150
Santiago Martínez Junco
ponen a la mujer en actividades “típicas femeninas” impuestas por la
sociedad, por generaciones, como bordado, costura, elaboración de piñatas y adornos navideños, entre otros.
Algunos municipios, como Tapachula y Huixtla, iniciaron en el año
2009 proyectos financiados por el Instituto Nacional de las Mujeres para
implantar la perspectiva de género en las políticas públicas locales. Huixtla inició el proceso de sensibilización en género y perspectiva de género
destinado a funcionarios municipales. En Tapachula, elaboraron un primer diagnóstico sobre la situación de la mujer en el municipio, el cual
harán público en marzo de 2010.
Las procuradurías de la Defensa de la Mujer, vinculadas al DIF estatal
y local, también atienden casos de mujeres centroamericanas violentadas
por su pareja. Hay que recalcar que tanto los institutos municipales de la
mujer como las procuradurías de la Defensa de la Mujer no tienen programas específicos para mujeres migrantes, sino que en sus actividades diarias se enfrentan de manera directa o indirecta con el tema migratorio. La
Procuraduría de la Defensa de la Mujer tanto en Cacahoatán como en Huehuetán, ha decidido de manera casi personal apoyar a mujeres y hombres
de origen centroamericano con el trámite de su regulación migratoria.
A continuación se expone el trabajo que sobre el tema migratorio
están realizando, desde el gobierno local, algunos municipios. La información se obtuvo en entrevistas no estructuradas con funcionarios públicos locales.
Tapachula
El Instituto Municipal de la Mujer brinda asesoría jurídica a las mujeres
migrantes que lo solicitan, ayudándolas a obtener la pensión alimenticia
para los niños, así como apoyo con el trámite necesario para la regularización migratoria. Solamente han atendido un caso de una mujer extranjera que fue violentada físicamente por su pareja. Han organizado pláticas
sobre la violencia para la población en general, principalmente la local.
En cuanto a la Oficina de Atención a Mujeres Migrantes del Gobierno del Estado, que tiene sus instalaciones en el mismo Instituto Municipal
Marco jurídico estatal y municipal, política migratoria y migración femenina
151
de la Mujer, principalmente imparte pláticas, brinda apoyo jurídico y
psicológico a las mujeres violentadas y ha trabajado en cooperación con
algunos organismos civiles para asistir y buscar refugio a las migrantes.
Actualmente, están programando cursos de cine debate para los
agentes de tránsito sobre derechos humanos; en esta área, las necesidades son muy numerosas, entre las que destacan las de financiamiento
para la capacitación de los policías municipales y otros funcionarios
municipales.
Se encuentran programando cursos de capacitación y de alfabetización para las 214 personas que trabajan en el basurero como recolectores;
se está organizando su regularización; existe además un programa de
salud municipal hacia ese sector de la población, que consiste en visitas
para darles atención básica.
Cacahoatán
Principalmente, la Procuraduría de la Defensa de la Mujer ayuda a quienes requieren efectuar el trámite de regularización, en la obtención y
llenado de formatos para la documentación que necesitan entregar en el
Instituto Nacional de Migración; comentan que ellos no pueden hacer
todos los trámites, ya que las autoridades migratorias solicitan que sean
los propios migrantes quienes los realicen.
En ocasiones, también apoyan a las mujeres con algún tipo de despensa, ya que para todos los apoyos que otorga el gobierno, el beneficiario
tiene que contar con su credencial de elector, documento que no poseen
por su propia condición de migrante.
A algunas mujeres migrantes las han ayudado respecto a problemas
de violencia familiar, así como con atención médica, proporcionándoles dinero para pagar su pasaje y que puedan trasladarse al Hospital de
Tercer Nivel de Especialidades en Tapachula.
También están levantando el censo en todas las comunidades pertenecientes al municipio, ahora que los están apoyando con su regularización migratoria.
152
Santiago Martínez Junco
Suchiate
En el Ayuntamiento Municipal no existen programas para brindar apoyo
a las y los migrantes. En algunas ocasiones sirve de enlace con el cónsul
general de Guatemala en Ciudad Hidalgo; asimismo se encuentra llevando a efecto las primeras reuniones con funcionarios de otros ayuntamientos, puesto que se están realizando juntas informativas, convocadas
por la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, en donde están
haciendo de su conocimiento los nuevos decretos e iniciativas de ley.
La prioridad del municipio es la regularización del ambulantaje en la
zona −la mayoría de los vendedores son de nacionalidad guatemalteca−
para que no les quiten su mercancía. Esta misma acción exige un mejor
control en salubridad de las vendedoras. El ayuntamiento local no cuenta con un censo de la población migrante.
Frontera Hidalgo
En la atención hacia las mujeres que acuden a solicitar ayuda no les preguntan su nacionalidad. Cuentan con un acuerdo informal con el Centro
de Salud Municipal para prestar atención médica sin ningún costo a las
migrantes embarazadas; cuando ocurre el parto, la mujer tiene que acudir
al Hospital General, y el DIF solventa los gastos, pero para comprobarlos
necesita una credencial de elector, la cual tiene que proporcionarla la
pareja, que debe ser de nacionalidad mexicana.
Están realizando un censo de los migrantes que viven en ese municipio, que consta de 13 comunidades. Trabajan con la Secretaría para
el Desarrollo de la Frontera Sur, por medio de sus agentes municipales.
También ayudan al registro de los niños de padres extranjeros nacidos en
territorio nacional, y los apoyan para que los exoneren del pago de su
regularización migratoria. Asimismo, los asesoran en materia de violencia familiar y para la necesaria comunicación con los cónsules de sus
países de origen. El problema principal que manifestó la procuradora y
que les impide otorgar más apoyos es que todos los que envía el gobierno
estatal tienen que otorgarse a personas que cuenten con una credencial
Marco jurídico estatal y municipal, política migratoria y migración femenina
153
de elector, ya que a ellos les requieren que entreguen una copia. Comentó también que han tenido problemas con la encargada del Registro Civil
en esa comunidad, ya que pone trabas para registrar a los niños cuyos
padres son extranjeros.
Metapa de Domínguez
En particular no hay apoyo por parte de este municipio a las y los migrantes; sólo informan que han servido de enlace entre los cónsules y
los migrantes para canalizar casos. El contacto que tiene el ayuntamiento
municipal con las mujeres es por medio de la Oficina de Salud Municipal,
en donde se encargan de hacer las revisiones semanales a las mujeres que
trabajan en el sexo comercial; se involucran poco en la salud sexual y
reproductiva.
Lugares de origen y destino
del flujo migratorio internacional de mujeres
hacia la región del Soconusco, Chiapas, México
Santiago Martínez Junco
N
o se conoce el número ni las características de los inmigrantes centroamericanos documentados y no documentados en la región del
Soconusco en el estado de Chiapas. Se podrán tener aproximaciones en
las estadísticas de asegurados, regularizados y expulsados por el Instituto
Nacional de Migración (INM), así como en el Censo de Población del año
2000, en la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur, en los intentos de
la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur de contar a las y los migrantes establecidos de manera casi permanente en la región, y aun así
los datos estadísticos no serían suficientes, debido a que una parte de la
población intenta mimetizarse con la población local, logrando una invisibilización estadística. Esto no quiere decir que tengan que ser desechadas las fuentes oficiales, simplemente lo que interesa es reflejar lo
complicado del fenómeno migratorio en la región del Soconusco.
Según fuentes oficiales, como el Instituto Nacional de Migración, la
mayoría de los aseguramientos de los migrantes no documentados son
llevados a cabo en el estado de Chiapas (50 por ciento en 2006) y en otros
estados del sureste mexicano como Tabasco (13 por ciento), Veracruz (9
por ciento) y Oaxaca (3 por ciento). Pero el número de detenciones en el
tránsito de los migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos ha registrado un incremento en algunos estados del centro y norte del país.
Algunos trabajadores guatemaltecos (mayoritariamente hombres)
reciben permisos de trabajo del Instituto Nacional de Migración para
156
Santiago Martínez Junco
laborar en la agricultura de Chiapas. Sin embargo, el número de permisos
otorgados por el INM ha descendido en los últimos años: de 70 626 en 2000
a solamente 40 244 en 2006. Según la organización civil Sin Fronteras
I.A.P., en la zona rural de Huehuetán y Mazatán, en 2007 la cantidad de
agricultores guatemaltecos disminuyó aún más, debido –en parte– a que
el pago por recolección de café mejoró en Guatemala y las elecciones
presidenciales propiciaron que muchas personas decidieran quedarse en
su país para ejercer su voto.
La existencia del fenómeno migratorio en la ciudad de Tapachula es
evidente, y esta observación va más allá de ver a los centroamericanos en
las calles. En la actualidad, la sociedad tapachulteca se conforma no sólo
por personas de la región. En su calidad de ciudad fronteriza, también es
un lugar de destino de personas de diversas nacionalidades –especialmente centroamericanas– que han pasado a formar parte de la vida cotidiana de la ciudad.
La población inmigrada es en su mayoría guatemalteca, y proviene
sobre todo de zonas rurales,1 mientras que los inmigrantes salvadoreños,
hondureños y nicaragüenses son por lo general originarios de zonas urbanas, de las ciudades capitales, principalmente. Esta situación se refleja
al momento de insertarse en el campo laboral: la población guatemalteca
trabaja en el campo agrícola y en el trabajo doméstico. En cuanto a las y
los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses son contratados en la construcción, en el sector servicios (restaurantes, bares y cantinas) o bien se
dedican al trabajo sexual. Todas estas actividades constituyen empleos
mal pagados, sin contratos formales ni prestaciones laborales de ley,
como aguinaldo, vacaciones, seguridad social, entre otras.
La sociedad tapachulteca vive el día a día envuelta en un marco dinámico de movimientos poblacionales. La condición de frontera brinda
matices muy diversos acerca de la composición social de la ciudad de
1
Mujeres y hombres que tradicionalmente vienen a trabajar en los campos agrícolas,
en el cultivo de café (tradicionalmente cosechado por manos guatemaltecas), papaya, plátano, mango, entre otros.
Lugares de origen y destino del flujo migratorio internacional de mujeres hacia la región...
157
Tapachula. En el marco de la migración, la ciudad juega un papel que
adquiere diversos tintes.
De esa manera, se puede hablar de Tapachula como una ciudad de
emisión, tránsito y destino; y algunos analistas ya hablan de un cuarto
papel, que es el de retorno de migrantes, todo lo cual favorece el intercambio cultural entre los flujos migratorios y la sociedad local. Sin embargo, este proceso no siempre se desarrolla de manera armónica; por el
contrario, muchas veces existen tensiones y actitudes de rechazo, que
generan conflictos, agresiones y diversas conductas antisociales.
Características socioeconómicas de las mujeres
en comunidades de destino
La feminización de la migración
en el Soconusco
La migración centroamericana hacia México no puede ser analizada y
discutida como un problema entre regiones y países, sino como un problema humano, ya que los países han podido llegar a acuerdos en cuanto
al flujo de mercancías mas no de seres humanos; siguen sin comprender
que manteniendo una política de contención y de no desarrollo económico y social en los países de origen, no conseguirán frenar la migración,
principalmente de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.
La mujer migrante tiene que sortear una serie de obstáculos para
dejar su país de origen, entre ellos, en primer lugar tomar la decisión de
migrar, de abandonar a su familia, seguido de las estrategias y tácticas
que empleará para transitar de una región a otra o de un país a otro. Tendrá que afrontar los costos económicos, emocionales, incluso sexuales.
La mujer se convierte en una moneda de cambio en el proceso migratorio.
Una moneda que fue acuñada por la pobreza, la exclusión social, la falta
de oportunidades, los empleos mal remunerados, la violencia social en
los países de origen, entre otros factores. Se repite la ecuación “mujer +
pobreza = migración” (Salazar, 2007).
158
Santiago Martínez Junco
Mujeres e hijo/as guatemaltecos participantes en el taller llevado a cabo en el
ejido San Antonio Chicharras, municipio de Tapachula, Chiapas. Fotografía:
Melissa Vértiz Hernández.
La mujer se embarca en busca del sueño americano (american dream),
sueño inconsciente que se hace latente y presente en la motivación de darle una vida –que ella considera– mejor para sus hijos, padres, hermanos, o
para ella misma. Este sueño, como plantea Mara Girardi (2007: 160), se
sintetiza en una frase por parte de sus informantes “una hora de trabajo
en Estados Unidos es un día de trabajo en mi país (y un día corresponde a
una quincena). Cálculo muy eficaz porque combina los posibles ingresos
en Estados Unidos con los estándares de consumo del país de origen”.
Al “aventurarse” en busca del american dream, se encuentran con el
primer muro (tangible en la contención de migrantes con las diferentes
corporaciones policiacas y de migración) llamado México, en especial
con la región que conforma el Soconusco, Chiapas. Una región que posee
dos elementos clave: “la participación directa y la correspondiente impunidad de las corporaciones policiacas, agentes de migración y de miembros del ejército y, por otra parte, las agresiones al cuerpo de la mujer”
(Girardi, 2007: 162).
Lugares de origen y destino del flujo migratorio internacional de mujeres hacia la región...
159
Para efectos de este trabajo no describiremos la serie de violaciones
a los derechos humanos que las mujeres migrantes enfrentan en su tránsito por la región del Soconusco, en las que se evidencia que la mujer es
vulnerada por las instituciones y por las organizaciones de tráfico y trata
de personas.
En esta investigación nos centraremos en las migrantes que se establecieron en el Soconusco, mujeres que se estacionaron en esta región,
mujeres que cambiaron el american dream por el mexican dream. Un
sueño que ha tenido un alto costo emocional, familiar y económico y que
ha sido poco explorado. Los estudios se han dirigido a las migrantes en
tránsito y muy poco a las llamadas inmigrantes en México, especialmente a las residentes en el Soconusco.
Registro de asistentes al taller llevado a cabo
en el ejido San Antonio Chicharras, municipio de Tapachula, Chiapas. Fotografías: Marcela Aguirre.
160
Santiago Martínez Junco
Este grupo cada vez más amplio y visible de mujeres que no viven el
estatus de confort; mujeres surgidas en la posguerra centroamericana,
como sostiene Abelardo Morales (2008: 54) “una subregión más integrada a Estados Unidos, más dependiente de su mercado, mucho más alienada política e ideológicamente y articulada al consumo de masas y al
american way of life”.
La migración femenina centroamericana se concentra principalmente en actividades asociadas a los roles tradicionales asignados a la mujer,
como son “el servicio doméstico, el trabajo sexual, ayudantes en el sector de
hotelería, vendedoras” (Salazar, 2007: 234); también en el sector agrícola:
primero como acompañantes y, en recientes fechas, como trabajadoras
reconocidas y con contratos. Las actividades económicas mencionadas son
caracterizadas por malos salarios, sin acceso a servicios de salud y en condiciones laborales deficientes. Más adelante se describirán actividades en
las que se emplean estas mujeres en la región de estudio.
Mujeres participantes en la discusión sobre sus derechos y situación como
migrantes en el taller llevado a cabo con apoyo del consulado de Guatemala
en Ciudad Hidalgo. Fotografía: Melissa Vértiz Hernández.
Lugares de origen y destino del flujo migratorio internacional de mujeres hacia la región...
161
Mujer de Guatemala compartiendo su dibujo sobre sus necesidades y derechos. Fotografía:
Melissa Vértiz Hernández.
La población femenina centroamericana que decide quedarse en
México es en su mayoría guatemalteca, originaria de zonas rurales (de los
departamentos de San Marcos y Quetzaltenango), mientras que las salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses provienen de zonas urbanas.
El nivel de escolaridad de las guatemaltecas es bajo o nulo, coincidiendo con que provienen de zonas rurales e indígenas, y vienen a esta región
con pase local, en la mayoría de los casos, “con ello se contribuye a reforzar los estereotipos que presentan a las mujeres migrantes compuestos
por personas analfabetas o con baja formación” (Salazar, 2007: 231). Las
hondureñas, salvadoreñas y nicaragüenses, como lo dijimos antes, provienen de zonas urbanas, tienen la primaria terminada y algunas cuentan
con escolaridad media básica. Llegan a esta región de manera no documentada.
162
Santiago Martínez Junco
Lugares de destino de las migrantes en el Soconusco
Municipios fronterizos
SUCHIATE
Extensión territorial
606.1 km 2
Total de habitantes
32 976
Mujeres
16 871
Hombres
16 105
Localidades: Barra de Cahoacán (El Chical), Benito Juárez (Cosalapa),
Ciudad Hidalgo, Cuauhtémoc, Dorado Nuevo, El Gancho, Ignacio López
Rayón, Jesús Carranza, La Libertad, Miguel Alemán
Principales actividades económicas: ganadería, comercio, agricultura,
industria de la transformación, turismo
TUXTLA CHICO
Extensión territorial
857 km 2
Total de habitantes
34 101
Mujeres
17 425
Hombres
16 676
Localidades: El Sacrificio, Guadalupe Victoria, Izapa Primera Sección,
Izapa Segunda Sección, Manuel Lazos, Primera Sección de Guillén,
Primera Sección de Medio Monte, Segunda Sección de Guillén, Segunda
Sección de Medio Monte, Tuxtla Chico
Principales actividades económicas: ganadería, comercio y abasto, agricultura, turismo
FRONTERA HIDALGO
Extensión territorial
106.8 km 2
Total de habitantes
10 902
Mujeres
5 533
Hombres
5 366
Localidades: El Sacrificio, Francisco I. Madero, Francisco I. Madero (San
Antonio), Frontera Hidalgo, Guadalupe Victoria, Gustavo Díaz Ordaz,
Ignacio Zaragoza, Izapa Primera Sección, Izapa Segunda Sección, Las
Viudas, Manuel Lazos, Primera Sección de Guillén, Primera Sección de
Medio Monte, Santa Cruz, Santa Lucía, Segunda Sección de Guillén,
Segunda Sección de Medio Monte, Texcaltic, Tuxtla Chico
Principales actividades económicas: agricultura, ganadería, apicultura,
industria de la transformación, explotación forestal, turismo, comercio,
servicios
Nota: Las localidades en negritas corresponden a las cabeceras municipales.
Lugares de origen y destino del flujo migratorio internacional de mujeres hacia la región...
UNIÓN JUÁREZ
Extensión territorial
268.3 km 2
Total de habitantes
13 459
Mujeres
6 927
Hombres
6 532
Localidades: 11 de Abril, Córdova Matazanos, El Desengaño, Eureka, San
Gerónimo, San Rafael, Santo Domingo, Toquian, Trinidad, Unión Juárez
Principales actividades económicas: agricultura, industria de la transformación, turismo, comercio
CACAHOATÁN
Extensión territorial
173.9 km 2
Total de habitantes
40 975
Mujeres
21 006
Hombres
19 969
Localidades: Aguacatlan, Benito Juárez, Cacahoatán, El Águila, El Progreso, Faja de Oro, Mixcúm, Salvador Urbina, Unión Roja
Principales actividades económicas: agricultura, ganadería, apicultura,
comercio, turismo
METAPA
Extensión territorial
101.8 km 2
Total de habitantes
4 806
Mujeres
2 449
Hombres
2 357
Localidades: Cacahuatales, Candelaria, El Arenal, El Herradero, Las Picas,
Los Hules, Metapa de Domínguez, San José
Principales actividades económicas: agricultura, industria de la transformación, comercio, turismo
TAPACHULA
Extensión territorial
303 km 2
Total de habitantes
286 420
Mujeres
146 547
Hombres
135 873
Localidades: 20 de Noviembre, Álvaro Obregón, Carrillo Puerto, José
María Morelos, Leoncillo, Llano de la Lima, Puerto Madero (San Benito),
Raymundo Enríquez, Tapachula, Viva México
Principales actividades económicas: agricultura, ganadería, pesca, turismo, comercio, servicios, industria de la transformación
Nota: Las localidades en negritas corresponden a las cabeceras municipales.
163
164
Santiago Martínez Junco
Municipios no fronterizos
HUIXTLA
Extensión territorial
385 km 2
Total de habitantes
47 953
Mujeres
24 852
Hombres
23 101
Localidades: Cañaveral (Nuevo Milenio), Efraín A. Gutiérrez, El Arenal,
Francisco I. Madero, Huixtla, Ingenio Azucarero, Las Torrecillas (Nuevo
Milenio), La Unión, Playa Grande, Rancho Nuevo
Principales actividades económicas: agricultura, ganadería, apicultura,
explotación forestal, industria, turismo, comercio, servicios
HUEHUETÁN
Extensión territorial
313 km 2
Total de habitantes
30 450
Mujeres
15 730
Hombres
14 720
Localidades: Chamulapita, Guachipil, Guadalupe, Huehuetán, Huehuetán
Estación, Nueva Victoria, Plan de Ayala, Plan de Iguala, San José Amate
Principales actividades económicas: agricultura, ganadería, industria,
comercio
MAZATÁN
Extensión territorial
382.6 km 2
Total de habitantes
24 017
Mujeres
12 023
Hombres
11 994
Localidades: Adolfo Ruiz Cortínez, Aquiles Serdán, Buenos Aires, Efraín
A. Gutiérrez, El Aguacate, Guanacastal, Marte R. Gómez, Mazatán, San
José Huayate (Barra de San José), San José de los Llanos
Principales actividades económicas: agricultura, ganadería, pesca, turismo, comercio, servicios
Nota: Las localidades en negritas corresponden a las cabeceras municipales.
Las mujeres migrantes en el mercado laboral
del Soconusco
Las mujeres migrantes según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afrontan una doble discriminación en el campo laboral:
por ser mujeres en un mundo sin equidad de género y por ser extranjeras
Lugares de origen y destino del flujo migratorio internacional de mujeres hacia la región...
165
en un mundo donde se criminaliza la migración irregular y donde los estigmas y prejuicios van asociados a las nacionalidades. A continuación
enlistaremos y describiremos brevemente, las actividades lucrativas en
las que se insertan las mujeres migrantes en el Soconusco, Chiapas:
1. Trabajo doméstico. La “estabilidad” de las familias tapachultecas
de clase media y alta, principalmente, no podría darse sin la presencia de las trabajadoras domésticas guatemaltecas (nacionalidad
sectorizada en esta actividad lucrativa). Según estudios realizados
por Martha Rojas, del Centro de Derechos Humanos “Fray Matías
de Córdova”, 38 por ciento de las mujeres guatemaltecas laboran en
este sector. Se iniciaron en esta actividad desde los 12 años de edad,
en promedio; muchas de ellas con una historia migratoria en el
sector agrícola, también con tradición migratoria familiar en este
trabajo, siendo la abuela o la madre la iniciadora de esta tradición.
En el trabajo doméstico no hay contratos escritos, se contratan
de manera verbal. El contacto empleadora-empleada es en día
Mujeres participantes en la reconstrucción de su historia migratoria en
el taller llevado a cabo con apoyo del consulado de Guatemala en Ciudad
Hidalgo. Fotografía: Melissa Vértiz Hernández.
166
Santiago Martínez Junco
domingo en el parque central Miguel Hidalgo, ubicado en la ciudad
de Tapachula. Sin embargo, puede darse por medio de familiares
y amigos de las muchachas que sirven de enlace entre patrones y
empleadas.
El salario oscila entre los mil y los mil quinientos pesos mensuales. Con horarios que van de 6 de la mañana a 7 de la noche.
Tienen el día domingo de descanso. No tienen acceso a la seguridad social; si se enferman, el patrón o la patrona las llevará al
médico, a alguna farmacia o ellos mismos le recetarán algún medicamento.
2. Trabajo sexual. Según Lucía Melgar y Marisa Belausteguigoitia
(2007) “el Soconusco es hoy la tercera zona de prostitución de
menores en el mundo. Incide en ello el tráfico internacional ilegal
de personas, mujeres y niñas en particular, para fines sexuales,
pero en este negocio también intervienen actores locales, desde
la policía municipal hasta las autoridades federales que hacen
poco o nada para frenarlo”.
El trabajo sexual de mujeres es una actividad asociada a la
nacionalidad hondureña, salvadoreña y en menor medida nicaragüense y guatemalteca. El trabajo sexual se realiza en bares, centros
Actividad de evaluación “la telaraña” en el taller llevado a cabo con apoyo del consulado de
Guatemala en Ciudad Hidalgo. Fotografía: Saúl Sánchez Jiménez.
Lugares de origen y destino del flujo migratorio internacional de mujeres hacia la región...
167
Mujeres de Nicaragua, Honduras y Guatemala escribiendo sobre su historia migratoria en el taller impartido en el municipio de Metapa de Domínguez. Fotografía: Melissa Vértiz Hernández.
nocturnos, table dance, en la zona de tolerancia denominada Las
Huacas y en la calle.
Los días lunes, preferentemente, van a su revisión sanitaria con
el médico del Ayuntamiento Municipal de Tapachula. Es necesario
que acudan a su revisión para que ellas puedan trabajar el resto de
la semana.
Las mujeres en este servicio, frecuentemente son relacionadas
con el fenómeno de la trata de personas y con la migración en
tránsito, aunque también se tienen casos de mujeres que decidieron quedarse a vivir en México.
3. Trabajo en el comercio informal. Hay mujeres que se dedican al
ambulantaje, vendiendo discos y películas pirata, tarjetas de telefonía celular; productos de puerta en puerta, como atoles, tamales,
pan, verduras, entre otros. No se tiene un estimado de la cantidad
de mujeres en este sector, ni de sus condiciones laborales y de
acceso a servicios educativos y de salud.
168
Santiago Martínez Junco
Familias trabajando en la selección de café, Finca San Francisco. Fotografía: Nancy
Pérez García.
4. Trabajo en el sector servicios. Las mujeres laboran como camareras de hoteles o como recepcionistas, principalmente en hoteles
cuyos consumidores son migrantes centroamericanos.
También trabajan en fondas o pequeños restaurantes, ubicados en los diferentes mercados de la ciudad de Tapachula y en el
resto de los municipios del Soconusco.
5. Trabajo agrícola. Según un diagnóstico realizado por el gobierno
de Chiapas, 14 por ciento de las mujeres ocupadas en las actividades agrícolas se dedican al corte de café, limpieza, abono y
selección de frutos (2006). En este sector, en palabras de Mercedes
Olivera y Luis Antonio Sánchez (2008: 267), “entran al territorio
mexicano con un permiso, denominado Forma Migratoria para
Visitantes Agrícolas, [que] sólo es concedido a las trabajadoras y
a los trabajadores de Guatemala para laborar de manera temporal
en el estado de Chiapas”.
Lugares de origen y destino del flujo migratorio internacional de mujeres hacia la región...
169
Las condiciones salariales y de vida en las plantaciones de café
no son favorables. El sueldo que perciben va de los 60 a los 75 pesos diarios. Duermen en lugares denominados “galleras”, en camas
de tablas, de cartón o de los sacos donde se almacena el grano.
Vienen a las fincas en los meses de octubre a diciembre, principalmente. Aunque hay familias que se quedan más tiempo en las
fincas, dependiendo de las necesidades del dueño.
Sobre las mujeres que trabajan en la producción y cosecha de
papaya, plátano, tabaco, palma africana, soya, sorgo, conocemos
muy poco. Las mujeres que laboran en esas plantaciones, no son
exclusivamente guatemaltecas, hay también un buen número de
hondureñas y salvadoreñas. No tienen contratos, no tienen acceso
a servicios de salud (por lo menos no por parte del empleador) y se
trata −a diferencia de la migración al corte del café− de una migración más permanente. A ellas les pagan de 600 a 700 pesos en día
sábado cada dos semanas. Viven en los ejidos, en casas rentadas o
de su pareja mexicana.
Situación de los derechos de las mujeres migrantes
en la región del Soconusco,
desde su perspectiva
Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter /
Melissa Vértiz Hernández
E
l flujo de inmigrantes y transmigrantes en territorio mexicano, en
particular en la región del Soconusco, hacen de Chiapas un estado
con una dinámica migratoria interesante y compleja, misma que debe constituir un punto de partida para la formulación e implementación de políticas públicas y programas sociales a favor de las y los migrantes.
Grupo de trabajo de mujeres discutiendo sobre sus derechos en un
taller llevado a cabo en el municipio de Tuxtla Chico. Fotografía:
Melissa Vértiz Hernández.
172
Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
En particular, el Soconusco es considerada la región del estado de
Chiapas cuya ciudad Tapachula, es la cabecera económica, política y
social. Está integrada por 16 municipios: Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Mapastepec, Huehuetán, Huixtla,
Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Villa
Comaltitlán y Unión Juárez.
Este capítulo aborda las vivencias compartidas por mujeres asistentes
a los talleres que se impartieron durante 2009 como parte de las estrategias para facilitar el tratamiento del tema en la región del Soconusco.
Partimos de sus necesidades como migrantes en una tierra aparentemente cercana a sus lugares de origen, pero que plantea dificultades en cuanto
al respeto a sus derechos fundamentales y el acceso a servicios básicos.
Convocatoria realizada en
el municipio de Huehuetán a través de un megáfono. Fotografía: Melissa
Vértiz Hernández.
Huixtla
Huehuetán
Mazatán
Tapachula
Cacahoatán
Unión Juárez
Tuxtla Chico
Metapa
Frontera Hidalgo
Suchiate
Fuente: Elaborado con base en mapas del INEGI, Marco Geostadístico Municipal 2005, www.cuentame.inegi.org.mx
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2
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10
Situación de los derechos de las mujeres migrantes en la región del Soconusco, desde...
173
174
Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
Ubicación geográfica de las mujeres
En los siguientes cuadros se presenta información sociodemográfica de
la población de los municipios en donde se realizaron los talleres con
mujeres migrantes.
HUIXTLA
Extensión territorial
385 km 2
Total de habitantes
47 953
Mujeres
24 852
Hombres
23 101
Localidades: Cañaveral (Nuevo Milenio), Efraín A.
Gutiérrez, El Arenal, Francisco I. Madero, Huixtla,
Ingenio Azucarero, Las Torrecillas (Nuevo Milenio),
La Unión, Playa Grande, Rancho Nuevo
Principales actividades económicas: agricultura
ganadería, apicultura, explotación forestal, industria, turismo, comercio, servicios
Principales actividades
de las mujeres
migrantes
Trabajo sexual
Trabajo agrícola: caña de
azúcar, mango, papaya
Trabajo doméstico
Comercio
Servicios
HUEHUETÁN
Extensión territorial
313 km 2
Total de habitantes
30 450
Mujeres
15 730
Hombres
14 720
Localidades: Chamulapita, Guachipil, Guadalupe,
Huehuetán, Huehuetan Estación, Nueva Victoria,
Plan de Ayala, Plan de Iguala, San José Amate
Principales actividades económicas: agricultura,
ganadería, industria, comercio
Principales actividades
de las mujeres
migrantes
Trabajo agrícola: mango,
papaya, plátano
Trabajo doméstico
Trabajo sexual
Comercio
Servicios
Nota: Las localidades en negritas corresponden a las cabeceras municipales.
Situación de los derechos de las mujeres migrantes en la región del Soconusco, desde...
175
MAZATÁN
Extensión territorial
382.6 km 2
Total de habitantes
24 017
Mujeres
12 023
Hombres
11 994
Localidades: Adolfo Ruiz Cortínez, Aquiles Serdán,
Buenos Aires, Efraín A. Gutiérrez, El Aguacate, Guanacastal, Marte R. Gómez, Mazatán, San José Huayate
(Barra de San José), San José de los Llanos
Principales actividades económicas: agricultura,
ganadería, pesca, turismo, comercio, servicios
Principales actividades
de las mujeres
migrantes
Trabajo agrícola: mango,
papaya, plátano
Trabajo doméstico
Trabajo sexual
Comercio
Servicios
SUCHIATE
Extensión territorial
606.1 km 2
Total de habitantes
32 976
Mujeres
16 871
Hombres
16 105
Localidades: Barra de Cahoacán (El Chical), Benito
Juárez (Cosalapa), Ciudad Hidalgo, Cuauhtémoc,
Dorado Nuevo, El Gancho, Ignacio López Rayón,
Jesús Carranza, La Libertad, Miguel Alemán
Principales actividades económicas: ganadería, comercio, agricultura, industria de la transformación,
turismo
Principales actividades
de las mujeres
migrantes
Trabajo sexual
Trabajo doméstico
Servicios: hoteles, restaurantes, dependientas
Comercio
Trabajo agrícola: plátano,
tabaco
TUXTLA CHICO
Extensión territorial
857 km 2
Total de habitantes
34 101
Mujeres
17 425
Hombres
16 676
Localidades: El Sacrificio, Guadalupe Victoria, Izapa
Primera Sección, Izapa Segunda Sección, Manuel Lazos, Primera Sección de Guillén, Primera Sección de
Medio Monte, Segunda Sección de Guillén, Segunda
Sección de Medio Monte, Talismán, Tuxtla Chico
Principales actividades
de las mujeres
migrantes
Trabajo doméstico
Trabajo agrícola: café
Trabajo sexual
Comercio
Principales actividades económicas: ganadería, comercio y abasto, agricultura, turismo
Nota: Las localidades en negritas corresponden a las cabeceras municipales.
176
Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
FRONTERA HIDALGO
Extensión territorial
106.8 km 2
Total de habitantes
10 902
Mujeres
5 533
Hombres
5 366
Localidades: Francisco I. Madero, Francisco I. Madero (San Antonio), Frontera Hidalgo, Gustavo
Díaz Ordaz, Ignacio Zaragoza, Las Viudas, Santa
Cruz, Santa Lucía, Texcaltic
Principales actividades
de las mujeres
migrantes
Trabajo sexual
Trabajo agrícola: plátano,
mango
Comercio
Servicios
Principales actividades económicas: agricultura, ganadería, apicultura, industria de la transformación,
explotación forestal, turismo, comercio, servicios
UNIÓN JUÁREZ
Extensión territorial
268.3 km 2
Total de habitantes
13 459
Mujeres
6 927
Hombres
6 532
Localidades: 11 de Abril, Córdova Matasanos, El
Desengaño, Eureka, San Gerónimo, San Rafael,
Santo Domingo, Toquian, Trinidad, Unión Juárez
Principales actividades
de las mujeres migrantes
Trabajo agrícola: café,
cacao
Servicios
Comercio
Principales actividades económicas: agricultura, industria de la transformación, turismo, comercio
CACAHOATÁN
Extensión territorial
173.9 km 2
Total de habitantes
40 975
Mujeres
21 006
Hombres
19 969
Localidades: Aguacatlán, Benito Juárez, Cacahoatán, El Águila, El Progreso, Faja de Oro, Mixcum,
Salvador Urbina, Unión Roja
Principales actividades económicas: agricultura,
ganadería, apicultura, comercio, turismo
Principales actividades
de las mujeres
migrantes
Trabajo sexual
Comercio
Servicios
Trabajo agrícola: rambután, café, cacao
Nota: Las localidades en negritas corresponden a las cabeceras municipales.
Situación de los derechos de las mujeres migrantes en la región del Soconusco, desde...
177
METAPA
Extensión territorial
101.8 km 2
Total de habitantes
4 806
Mujeres
2 449
Hombres
2 357
Localidades: Cacahuatales, Candelaria, El Arenal, El
Herradero, Las Picas, Los Hules, Metapa de Domínguez, San José
Principales actividades
de las mujeres migrantes
Trabajo sexual
Comercio
Trabajo agrícola: mango,
plátano
Servicios
Principales actividades económicas: agricultura,
industria de la transformación, comercio, turismo
TAPACHULA
Extensión territorial
303 km 2
Total de habitantes
286 420
Mujeres
146 547
Hombres
135 873
Localidades: 20 de Noviembre, Álvaro Obregón,
Carrillo Puerto, José María Morelos, Leoncillo,
Llano de la Lima, Puerto Madero (San Benito),
Raymundo Enríquez, Tapachula, Viva México
Principales actividades económicas: agricultura,
ganadería, pesca, turismo, comercio, servicios, industria de la transformación
Principales actividades
de las mujeres
migrantes
Rural: trabajo agrícola
(café, cacao), servicio
doméstico, comercio,
servicios
Urbano: trabajo sexual,
trabajo doméstico,
comercio, servicios
Nota: Las localidades en negritas corresponden a las cabeceras municipales.
Características sociodemográficas de las mujeres migrantes
participantes en los talleres
Una de las estrategias para conocer la situación que viven las mujeres
migrantes en la región del Soconusco fue mediante la impartición de
talleres diagnósticos. En total se llevaron a cabo 12 talleres y dos grupos
focales.
Estos talleres tuvieron como objetivo informar y otorgar herramientas para la defensa de los derechos humanos de las mujeres migrantes en
la región del Soconusco.
178
Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
Una mujer escribe sobre su historia migratoria. Taller impartido en el municipio
de Tapachula con el apoyo de Save the Children. Fotografía: Herminia Jiménez.
Reconstrucción de la historia migratoria de
mujeres del municipio de Tuxtla Chico.
Fotografía: Melissa Vértiz Hernández.
TALLERES IMPARTIDOS (2009)
Lugar
Fechas
Tipo de reunión
1
Huehuetán
23 de mayo
Grupo focal
2
Mazatán
30 de mayo
Grupo focal
3
Ciudad Hidalgo
28 de junio
Taller
4
Huehuetán
10 de agosto
Taller
5
Metapa de Domínguez
28 de agosto
Taller
6
Tuxtla Chico
29 de agosto
Taller
7
Reclusorio
29 de septiembre
Taller
8
Huixtla
11 de septiembre
Taller
9
Finca Chicharras
29 de septiembre
Taller
10
Tuxtla Chico
6 de octubre
Taller
11
Talismán
21 de octubre
Taller
12
Huixtla
23 de octubre
Taller
13
Finca Chiripa
25 de octubre
Taller
14
Tapachula
30 de octubre
Taller
Situación de los derechos de las mujeres migrantes en la región del Soconusco, desde...
179
Respecto a la metodología, se utilizó la propuesta por la educación
popular, la cual concibe los procesos educativos desde una perspectiva de
aprendizaje en la propia piel, partiendo de situaciones educativas que
implican experiencias vivenciales, juegos de roles y de simulación, dramatizaciones, que permiten aflorar sentimientos y actitudes profundas.
A partir de la implementación de dos grupos focales, se definieron los
temas prioritarios para abordar durante las sesiones de talleres:
1. Reconstrucción de las causas y consecuencias de la migración de
las mujeres migrantes
2. Riesgos y problemas a los que se enfrentan las mujeres migrantes
durante el proceso migratorio
3. Derechos humanos desde una perspectiva de género
4. Lugares de denuncia de violaciones a derechos humanos
5. Evaluación participativa
Grupo de trabajo de mujeres, dibujando sus derechos en el taller llevado a cabo
en el municipio de Huehuetán. Fotografía: Melissa Vértiz Hernández.
180
Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
Mujeres asistentes al taller llevado a cabo en el ejido San Antonio Chicharras, municipio de
Tapachula, Chiapas. Fotografía: Marcela Aguirre.
Durante los talleres participaron un total de 218 mujeres, cuyas características se presentan a continuación.
Edad. Las edades fluctuaron entre los 13 y los 73 años. Es importante
mencionar que el mayor número de mujeres pertenecían al grupo de
edad productiva y reproductiva.
Nacionalidad. Las nacionalidades de las mujeres fueron: costarricense
(una), estadounidense (una), guatemalteca (118), hondureña (26), mexicana (56), nicaragüense (cinco) y salvadoreña (11).
Escolaridad. En cuanto a la escolaridad: 102 mujeres cuentan con nivel
primaria (solamente 42 concluyeron los seis grados correspondientes),
Situación de los derechos de las mujeres migrantes en la región del Soconusco, desde...
181
Mujeres escuchando sobre los distintos tipos de violencia hacia las mujeres. Grupo focal
llevado a cabo en el municipio de Huehuetán. Fotografía: Christian Villegas.
25 con secundaria (20 concluyeron este nivel), seis cursaron la preparatoria (cinco la concluyeron), cinco mujeres manifestaron tener carrera
técnica y dos mujeres estudiaron nivel universitario (pedagogía y enfermería, respectivamente). Finalmente, 65 mujeres manifestaron no saber
leer ni escribir, aunque tres sabían leer sin haber acudido a algún centro
educativo.
Estado civil. El estado civil de las mujeres es variado: 93 viven en unión
libre por dos razones principales, porque no cuentan con documento
de legal estancia y por ser mejor para ellas; 72 son solteras, de las cuales
47 son madres solteras con un promedio de dos hijos, lo cual significa
que son las únicas proveedoras económicas del hogar; 45 son casadas,
cinco separadas, dos viudas y una no respondió a la pregunta.
Actividad económica. La principal ocupación de las mujeres participantes fue la de amas de casa: 47.24 por ciento realiza las labores domésticas
como el aseo de la casa, lavado de ropa, elaboración de la comida de la
familia y cuidado de los menores de edad.
182
Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
Mujeres asistentes al taller llevado a cabo en el municipio de Tapachula con el apoyo
de Save the Children. Fotografía: Herminia Jiménez.
Algunas mujeres realizan actividades adicionales a este trabajo, buscando una remuneración económica en la pizca del café (en temporada);
se identificó a una partera, y el resto, en algunas ocasiones, se dedica a
vender productos de belleza, hacer limpieza e incluso a lavar ropa.
El siguiente rubro es el trabajo agrícola: 12.84 por ciento de las mujeres realizan diversas actividades, entre las que resaltan la pizca del café
(en temporada), el trabajo en almácigos, la recolección de frutas y legumbres (como plátano, papaya y papa), y las actividades del desfloramiento,
aplicación de fertilizantes en plantíos (principalmente de café), aplicación de abono, y empaque de fruta, verdura e incluso de flores.
El tercer rubro es el de mujeres que trabajan en centros botaneros,
registrado en 11.46 por ciento de los casos; las actividades más específicas
a las que se dedican son variadas: encargadas de los centros botaneros,
cajeras, ficheras, meseras, personal de limpieza, e incluso trabajo sexual.
El siguiente rubro corresponde al comercio, con 11 por ciento de las
mujeres dedicadas a él. Esta actividad incluye la venta de ropa, verduras y
fruta que regularmente compran a mujeres comerciantes transfronterizas
Situación de los derechos de las mujeres migrantes en la región del Soconusco, desde...
183
guatemaltecas, y las venden ya sea en puestos ubicados en el mismo municipio o de manera informal en las calles o puestos móviles. También
incluye la venta de alimentos preparados, como elotes cocidos o asados,
tamales, empanadas, frutas, bebidas y botanas en algunos lugares de su
comunidad, o afuera de centros educativos.
Posteriormente, 8.71 por ciento de las mujeres manifestaron trabajar
como empleadas domésticas. Es importante recalcar que, en muchas
ocasiones, el trabajo que realizan por un mismo sueldo incluye tanto
actividades de limpieza de la casa como de lavado de ropa. En algunas
ocasiones incluyen la elaboración de la comida y, muchas veces, el cuidado de menores de edad.
Solamente 3.66 por ciento manifestó estar desempleada; en este caso
es importante mencionar que se asumen como tales; sin embargo, de todas
maneras realizan labores domésticas, pero sin percibir un salario.
Los dos últimos rubros son los casos de las mujeres dedicadas a la
manufactura de productos diversos como hamacas, cascarones (cascarones de huevo con confeti) y otro tipo de manualidades, 2.29 por ciento;
y con 1.37 por ciento, las estudiantes y empleadas de comercios establecidos, como papelerías, tortillerías y abarrotes.
Número de hijos. De las mujeres participantes, 186 manifestaron tener hijos, tres se encontraban en periodo de gestación y el resto dijo no tenerlos.
Tiempo de estancia en México. El tiempo de residencia reportado por las
mujeres extranjeras (147) fue muy variado: desde un mes hasta 40 años.
Situación migratoria o legal. De un total de 162 mujeres extranjeras (incluyendo las mujeres privadas de su libertad), solamente 33 contaban con
documentos: 11 tenían FM2 , 21 FM3 y dos FMT ; además, participaron dos
mujeres naturalizadas con 12 años y 21 años de residencia.
Gracias al apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres de Tapachula,
se llevó a cabo un taller en un centro de detención para mujeres en el
ejido Viva México de este municipio, en donde las mujeres que participaron fueron en su mayoría centroamericanas.
184
Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
Motivos de la migración de mujeres. Las migraciones de las mujeres
centroamericanas y sudamericanas han presentado diversos cambios en
cuanto a las motivaciones para migrar desde sus países de origen. Salvo
por cuestiones de catástrofes derivadas de fenómenos naturales o situaciones de guerra, el motivo principal dejó de ser la salida de su país para
reencontrarse con sus esposos. Las mujeres, que en algunos casos son
madres solteras, cabezas de familia o simplemente mujeres con una
formación académica o profesional, buscan mejores oportunidades de
crecimiento económico, lo que se ha constituido en el motivo principal
para migrar desde lugares en donde no existen ofertas de empleo que
dignifiquen su situación. Todo esto ha propiciado que el flujo de mujeres
migrantes haya aumentado y sea similar en porcentaje al grupo de hombres migrantes. Otro motivo para migrar es la reunificación familiar, pero
Reconstrucción de la historia migratoria de mujeres del municipio de Huixtla. Fotografía:
Melissa Vértiz Hernández.
Situación de los derechos de las mujeres migrantes en la región del Soconusco, desde...
185
Mujeres de Guatemala y Honduras asistentes al taller llevado a cabo en el
municipio de Tuxtla Chico. Fotografía: Melissa Vértiz Hernández.
también la búsqueda de acceso a educación, así como el desarrollo y la
superación personales.
La migración es una realidad dinámica, y dentro de ésta, hoy la feminización de la migración es un hecho.
Situación de los derechos humanos
de las mujeres migrantes
Derecho a la identidad. Una de las principales necesidades que manifestaron las mujeres es la de contar con algún documento que compruebe su
legal estancia en el país, debido a que consideran que tener o no documento migratorio puede ser la diferencia entre ser tomadas en cuenta para
tener acceso a servicios educativos, de salud y hasta los registros de nacimiento y escolar de sus hijos, o ser ignoradas y discriminadas, tanto por
las instituciones de gobierno, como también por vecinos y familiares.
186
Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
Para las mujeres migrantes no tener documentos que comprueben su
legal estancia significa:
Ser privadas de su libertad e incluso ser deportadas a su país de
origen. Muchas mujeres manifestaron que temen ser detenidas y
deportadas por circular en lugares en donde según autoridades de
Migración y de la Policía Federal y Fronteriza no lo tienen permitido. A pesar de ello, lo continúan haciendo ya que tienen la necesidad de salir a buscar empleo, atención médica o dónde vivir.
No ser reconocidas como madres de hijos mexicanos al acudir a
registrar a sus hijos, ya que muchas veces el registro civil les niega
este derecho por no contar con documentación migratoria. Con
frecuencia, la alternativa de las mujeres para registrarlos, y para que
puedan acudir a la escuela y recibir la correspondiente documentación, es pedir a vecinas o amigas que lleven a cabo el registro de las
y los menores de edad, resignándose a no aparecer en el acta de
nacimiento, en cuyo caso solamente son registrados por el padre.
Grupo de trabajo de mujeres, dibujando sus derechos en el taller llevado a
cabo en el municipio de Huehuetán. Fotografía: Melissa Vértiz Hernández.
Situación de los derechos de las mujeres migrantes en la región del Soconusco, desde...
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Algunas mujeres manifestaron haber dicho que son mexicanas, por lo que en el momento de querer regularizar su situación
migratoria, el proceso que pudiera ser satisfactorio para ellas, se
vuelve un problema debido a que hubo falsedad en declaración.
No poder acceder a servicios médicos, educativos, obtener mejores
empleos ni recibir apoyos por parte de programas sociales.
Una situación especial es la que refieren las mujeres de nacionalidades de las que no hay consulado en la región, como es el caso de las
nicaragüenses. En un taller se identificó a una mujer que decía que era
originaria de Nicaragua pero que no contaba con ningún documento de
identidad; esta situación se vuelve mucho más compleja cuando no existe
consulado que pueda apoyarla para obtener algún documento de identidad que le permita comenzar el proceso de regularización migratoria, o
simplemente para contar con documentos de identificación.
Después de escuchar los testimonios y situaciones que refieren las
mujeres respecto a este derecho, es importante considerar que el derecho que está en riesgo es el de la identidad, éste se materializa en un
Mujeres asistentes al taller sobre sus derechos, impartido en el municipio de Tapachula con el apoyo de Save the Children. Fotografía: Herminia Jiménez.
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Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
documento, el cual es un medio para el ejercicio de otros derechos y acceso a servicios básicos.
El condicionamiento de contar con un documento migratorio para
acceder a derechos es una violación a las legislaciones internacional y
nacional. Además, en el caso de los menores de edad nacidos en México,
es una violación al derecho a la identidad del niño y/o la niña, sobre todo
si se tiene en cuenta que se trata de mexicanos. Por ello, la acción y omisión de las autoridades referente a este derecho, no sólo atenta contra la
persona extranjera, sino contra personas nacidas en territorio mexicano.
El gobierno del estado de Chiapas reformó el artículo 56 del Código Civil
por medio del cual se ordena el registro de los menores hijos/hijas de
padres centroamericanos nacidos en territorio chiapaneco, sin importar
la calidad migratoria de sus padres. Sin embargo, esta reforma ha presentado una serie de dificultades, pues los empleados del registro civil continúan solicitando documentos como el que hace constar la legal estancia
de la madre para efectuar esta labor.
El Instituto Nacional de Migración (INM) implementó recientemente
dos nuevas formas migratorias. Una de ellas es la Forma Migratoria de
Visitante Local (FMVL), cuyo propósito es facilitar la documentación a los
extranjeros que visitan o trabajan en los estados de la región. Asimismo,
tiene el objeto de establecer las reglas conforme a las cuales se otorgan
facilidades migratorias a los visitantes locales guatemaltecos que, por
diversas razones, efectúan un tránsito diario entre poblaciones fronterizas. Esta modalidad promueve la documentación en regla, favorece el
acceso a una plena migración documentada y reduce la internación al
país sin los documentos requeridos. Esta iniciativa es reciente, por lo que
habría que esperar para evaluar si en la práctica se cumplen las expectativas y los objetivos propuestos.
El segundo documento creado por el INM es la Forma Migratoria de
Trabajadores Fronterizos (FMTF). La FMTF tiene vigencia de un año, permite el flujo temporal y la estancia documentada, segura y ordenada de
trabajadores guatemaltecos y beliceños, para que puedan laborar en cualquier actividad lícita y honesta, siempre que exista una oferta de trabajo por
parte de un empleador en las entidades federativas de la frontera sur de
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México. Este último requisito es, en cierta forma, difícil de cumplir o ambiguo, pues la pregunta es cómo contar con una oferta de trabajo, mientras el
trabajador no está en territorio mexicano.
En el tema del derecho al empleo, el gobierno de Chiapas instaló las
oficinas de enlace de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en la Casa
Roja de la localidad fronteriza de Talismán. Dicha acción promovida por
la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal, tiene el propósito de brindar atención a los centroamericanos que entran a Chiapas por la frontera sur con propósitos laborales.
Las oficinas de enlace de la Procuraduría sirven para la defensa de los
derechos de los trabajadores temporales, aunque en la práctica y hasta la
fecha no hayan tenido avances importantes en garantizar el respeto a los
derechos laborales de las y los trabajadores agrícolas o en otros sectores
productivos.
La oficina del trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(federal) debe llevar a cabo la verificación y revisión de las condiciones
laborales de los trabajadores agrícolas.
Mujeres asistentes al taller impartido en el municipio de Tuxtla Chico. Fotografía: Saúl
Sánchez Jiménez.
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Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
Mujeres escriben sobre su historia migratoria.
Taller impartido en el municipio de Tapachula
con el apoyo de Save the Children. Fotografías:
Herminia Jiménez.
Derecho a la salud. El siguiente derecho al que hicieron referencia las
mujeres es el derecho a la salud. Consideran que el acceso a los servicios es deficiente, ya que en ocasiones no existen médicos suficientes y
especializados en centros o casas de salud cercanas a ejidos o fincas. Denuncian que hacen falta medicamentos, tanto de carácter general como
especializados, además refieren que el trato del personal médico en algunas ocasiones es poco o nada cordial. En caso de no tener Seguro Popular o no ser parte de algún programa social, deben pagar las consultas
médicas y además comprar los medicamentos.
Asimismo, mencionaron que la atención es limitada a ciertos días y
horarios, por lo que en caso de ocurrir alguna emergencia médica en el
lugar cercano a su comunidad, o de necesitar atención especializada,
tienen que realizar un gasto extra o incluso pedir un préstamo para ser
atendidos en alguna institución privada. También afirmaron que, en
Situación de los derechos de las mujeres migrantes en la región del Soconusco, desde...
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algunas ocasiones, hacen uso de remedios caseros, de automedicación y,
en el mejor de los casos, acuden a las llamadas “farmacias similares”.
Una situación particular es la que viven las mujeres que trabajan en
los denominados “centros botaneros”. A ellas se les realiza una revisión
médica semanal, con la finalidad de detectar infecciones de transmisión sexual; en caso de detectar algún indicio de padecerlas, no se les
autoriza a continuar con su actividad, sino hasta que estén en condiciones sanitarias para continuar sus labores. Las características de la “atención médica” demuestran las limitaciones de los servicios, ya que tienen
una duración máxima de cinco minutos; consisten solamente en una
revisión vaginal, que tiene un costo de 50 pesos y, en caso de requerir
algún tipo de medicamento, debe ser adquirido por ellas mismas en farmacias particulares; además, en ocasiones no se les provee de condones,
lo cual significa que ellas deben comprarlos.
El control de la revisión médica se plasma en una “tarjeta hemerográfica” en donde solamente se coloca el nombre de la paciente, fecha de
revisión y un sello del municipio, y la información sobre padecimientos
o el seguimiento a los mismos es nulo.
En general, cuando se les preguntó sobre la información que reciben
acerca de atención especializada de la mujer, mencionaron las charlas a las
que acuden al centro de salud; también a partir del programa Oportunidades se han enterado de estos temas, pero hay algunas que no son convocadas y no tienen esta información. Además, la información está enfocada
a temas de salud física, pero no toman en cuenta que un aspecto importante en la atención de la salud es el derecho a una vida libre de violencia.
El nulo o limitado acceso a servicios médicos muchas veces se ve determinado por la condición migratoria regular o irregular de las personas
migrantes. Lo que llama aún más la atención de esta situación es que esta
práctica reiterativa, ha establecido una especie de contrato social, en
donde las personas migrantes comienzan a asumir esta situación como
algo normal y aceptable.
En lo que respecta al derecho a la salud, las autoridades de la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria No. VII, con sede
en Tapachula, han realizado acciones conforme a sus facultades, para dar
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Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
Mujer participante en la reconstrucción de su historia migratoria en el
taller llevado a cabo con apoyo del consulado de Guatemala en Ciudad
Hidalgo. Fotografía: Melissa Vértiz Hernández.
respuesta al derecho de la salud. Entre sus actividades destacan las siguientes:
La implementación del Carnet de Salud del Migrante y el Programa
para la Salud Migrante “Llega, vete y regresa sano” tienen como propósito
ofrecer atención en salud a la población migrante para que se vaya, se
conserve y retorne sana a su país de origen. Este documento permite a los
que ingresan recibir atención institucional; se anota el tratamiento, las
vacunas, y las detecciones que se les hayan hecho, entre otros aspectos.
De la misma manera, realizan atenciones en las unidades de salud, la
atención básica en puntos fronterizos, específicamente en la Casa Roja de
Talismán, en donde se realiza la promoción, detección, prevención y consulta, como parte de la atención a los migrantes. También se desarrollan
actividades de salud mental en la estación migratoria y en los albergues.
Ambas acciones están relacionadas con la migración de paso, pero no
garantizan a las mujeres residentes el acceso a la salud en los centros y
casas de salud en sus comunidades o en las zonas rurales. Las acciones
realizadas en la Casa Roja, aunque tienen una buena intención, no dejan
de ser un servicio de nivel básico.
Situación de los derechos de las mujeres migrantes en la región del Soconusco, desde...
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Derecho al empleo. Como es bien sabido, las mujeres migrantes generalmente se emplean en trabajos relacionados con el servicio doméstico;
cuidado de ancianos, niñas o niños; la venta de verduras, frutas, comida
preparada y ropa; así como en lugares de entretenimiento. Las condiciones laborales varían de acuerdo con la actividad económica, pero en lo
que se asemejan es en que no existe un contrato formal de sus servicios,
dejando de lado la posibilidad de tener seguridad del empleo y en el empleo, como es generar antigüedad, seguridad social, formar o ser parte de
sindicatos, entre otros.
A continuación se presentan algunas características de las condiciones laborales, de acuerdo con la actividad económica que refirieron las
mujeres:
Cabe mencionar que ninguna de estas mujeres ha recibido capacitación para realizar otro oficio o para profesionalizar su trabajo. Las mujeres que trabajan en centros botaneros comentaron que, cuando llegan a
la frontera a preguntar sobre algún empleo, la primera opción que les
ofrecen es trabajar en esos lugares. Ellas, por el miedo de ser detenidas,
o incluso por vergüenza, no buscan otro empleo; sin embargo, tampoco
han recibido información de alguna instancia u organización que les
pueda brindar otra opción laboral.
Derecho a la educación. En el tema del derecho a la educación, el gobierno de Chiapas implementó el programa Educación Primaria para Niñas
y Niños Migrantes (Pronim), que pretende ayudar a los menores migrantes para que ingresen al sistema educativo. La principal acción del Programa ha sido la instalación de aulas de educación preescolar y primaria
en nueve fincas cafetaleras de la región del Soconusco. Hasta el momento no hay una evaluación de los resultados obtenidos de esta iniciativa.
El Pronim tiene como objetivo promover la atención educativa intercultural, en los niveles preescolar y primaria, a las hijas e hijos de familias
jornaleras agrícolas, a través de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales.
UNICEF y el Gobierno del estado han proporcionado becas a los hijos
de los trabajadores agrícolas temporales y se busca establecer un nuevo
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Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
programa, por medio del cual se propone brindar el apoyo a estudiantes
que tengan necesidad de terminar la educación secundaria.
Derecho a la vivienda. Las mujeres que asistieron a los talleres manifestaron que pagaban una renta o en algunos casos cuidaban una casa a
cambio del pago de la misma, y algunas incluso vivían en el mismo lugar
de trabajo. Al preguntarles si les gustaría comprar una casa y dejar de
pagar una renta, mencionaron que sí; solamente una mujer estaba informada que, de acuerdo con la legislación mexicana, existen ciertas restricciones para ello.
En lo que respecta a las mujeres que viven con sus familias en casas
prestadas, manifestaron sentir incertidumbre, ya que en cuanto se les
pida la casa, no podrán pagar una renta, debido a la situación económica
en que viven. Es importante mencionar que las mujeres con las que se
trabajó en los talleres son de escasos recursos y que “viven al día”.
En algunos casos la actividad económica a la que se dedican las mujeres y sus familias, determinan, entre otras cosas, el lugar de vivienda.
Mujeres escuchan sobre sus derechos en el taller llevado a cabo con apoyo del consulado de
Guatemala en Ciudad Hidalgo. Fotografía: Melissa Vértiz Hernández.
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Grupo de trabajo de mujeres discutiendo sobre sus derechos en el
taller llevado a cabo en el municipio de Tuxtla Chico. Fotografía:
Melissa Vértiz Hernández.
Por ejemplo, a migrantes que trabajan y viven en fincas ya sea cafetaleras, bananeras o de otro tipo, los dueños les prestan el lugar que habitan.
Las viviendas generalmente son de dos tipos: el primero consta de espacios más o menos adecuados para ser habitados, cuentan con letrina o
baños privados, y con la mayoría de los servicios; el segundo corresponde al de las llamadas “galleras”, en las cuales el lugar asignado a cada persona es de aproximadamente 3 x 2 m, y las “camas” son literas de estructura
de fierro con una madera a manera de colchón; la cocina, los baños y las
regaderas son comunitarios.
En el caso de las mujeres que trabajan en los centros botaneros, duermen en el mismo lugar en donde trabajan; algunas mencionaron no tener
privacidad y que debían cuidar sus pertenencias, ya sea de abusos por parte de sus propias compañeras de trabajo, o bien de la o el dueño y de los
clientes que acuden a estos espacios. Son lugares en donde cabe una cama
y un buró; las mujeres que tienen hijos deben vivir en esos mismos sitios.
En lo que respecta a las mujeres que trabajan en el servicio doméstico
que manifestaron no ser de planta, tienen sus propios lugares de alojamiento y tienen que trabajar desde la mañana hasta en la tarde.
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Santiago Martínez Junco / Ana Stern Leuchter / Melissa Vértiz Hernández
Algunas de las dificultades para que las mujeres migrantes residentes
puedan obtener para sí una vivienda, es la restricción que genera el que
no cuenten con referencias o un aval para iniciar el trámite en el buró de
crédito de cualquier institución hipotecaria, sea pública o privada; otro
punto es que, sencillamente los precios de las casas son elevados, tomando en cuenta los salarios que perciben las mujeres. Estas situaciones generan que timadores conocidos como coyotes, abusen de las necesidades
de las mujeres migrantes, y las desfalquen con el compromiso de conseguir la vivienda añorada.
Otro elemento que consideramos esencial para las y los extranjeros
que residen en el Soconusco, Chiapas, se refiere a que las y los ciudadanos extranjeros pueden comprar terrenos en México, si la propiedad no
se encuentra en la zona restringida (dentro de 50 kilómetros desde la
costa o a 100 kilómetros de la frontera). Una extranjera o extranjero puede tener bienes inmuebles (terrenos, casas, departamentos) cerca de la
playa y de las fronteras a través de fideicomisos, mismos que permiten a
los extranjeros como beneficiarios gozar del uso de la tierra situada en las
zonas restringidas.
Derecho a una vida libre de violencia. En materia del derecho a una vida
libre de violencia podemos encontrar diversas acciones para procurar
una mejora en este tema; entre las principales acciones realizadas por el
Gobierno del estado se pueden mencionar las legislaciones recientes
como la Ley que Previene y Combate la Discriminación, la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Principio de la unidad familiar. En cuanto al principio de la unidad familiar, se cuenta con un albergue temporal para menores y madres con
menores migrantes, ubicado en la comunidad de Viva México en la ciudad de Tapachula. En julio de 2009, el albergue temporal inició la recepción de madres solteras o mujeres procedentes de Centroamérica que
viajan con sus hijos a territorio nacional. En los módulos de atención se
otorga consulta psicológica y médica.
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La atención del albergue temporal consiste en brindar asistencia
médica gratuita, trato digno y con respeto a los derechos humanos del migrante, alimentación a los usuarios y permanencia de 15 días en el mismo,
en espera de la resolución de su situación migratoria, trámite realizado
por los representantes consulares de su país de origen.
Es importante mencionar que algunos otros derechos no fueron expresados con la misma frecuencia; entre ellos se encuentra la cuestión relativa a la recreación. Esto adquiere vital importancia cuando se reflexiona
respecto al tiempo que cada mujer se da a sí misma. Cuando hablamos
de los motivos que las condujeron a migrar, generalmente están vinculados a la mejoría de la vida de sus familias, pero pocas veces a la mejoría
de su propia condición.
Propuestas de políticas públicas para atender la situación
de las mujeres migrantes internacionales
en la región del Soconusco
Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García /
Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter /
Melissa Vértiz Hernández
A
manera de conclusiones del proyecto, se presentan una serie de
propuestas de políticas públicas, elaboradas por el equipo de investigación, las cuales se formularon a partir de todas las actividades desarrolladas (reuniones con funcionarios, talleres con mujeres migrantes,
un foro de discusión, entrevistas a profundidad e investigación documental). Esperamos que contribuyan de manera significativa a mejorar en el
conocimiento y reconocimiento de las necesidades de este grupo de población y permitan avanzar hacia el respeto de los derechos humanos de
las mujeres migrantes.
La matriz va acompañada de una cédula de explicación, que permite
entender de mejor manera las propuestas.
Foro “Construyendo políticas públicas
a favor de los derechos humanos de las
mujeres migrantes” realizado en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Fotografía:
Nadia Nehls Martínez.
Registro Civil
Presidencias municipales
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
Instituto Nacional de Migración
Instituto Municipal de la Mujer
Secretaría de Salud
Autoridad involucrada
Registro Nacional de Población
Propuestas
1. Promover una campaña nacional de difusión
sobre el derecho a la identidad y a los mecanismos de acceso.
2. Ejecución del programa de capacitación para
los funcionarios del Registro Civil (secretarias,
oficiales y directores).
3. Elaborar programa de capacitación dirigido al
personal involucrado en el registro (médicos, enfermeras, parteras y trabajadoras sociales).
Meta
Garantizar el respeto
al derecho a la identidad de las personas
migrantes.
Problemática
Autoridad involucrada
Propuesta
Meta
La población migrante Instituto Nacional de Migración
Promover la regularización de la Contribuir a que los migrantes tengan
no cuenta con un docu- Coordinación de Regulación y Estancia situación migratoria, dándole el acceso a servicios: seguridad jurídica,
mento que compruebe
apoyo del llenado de las formas, justicia, salud, educación, mejores conPresidencia Municipal
su regular estancia.
contacto y seguimiento al pro- diciones laborales, otro tipo de trabajo,
Instituto Municipal de la Mujer
ceso.
programas sociales y movilidad.
Procuraduría de la Defensa de la Mujer
Aliados estratégicos
Asociaciones civiles: Por la Superación de la Mujer, A.C. [organización en Tapachula]; Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de
Córdova”, A.C. [organización en Tapachula]; Sin Fronteras, I.A.P. [D.F.].
Organismos internacionales: Organización Internacional para las Migraciones, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados,
COMAR.
Consulados: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Ecuador.
ACCIONES INMEDIATAS / 2. Derecho a un documento de identificación
Aliados estratégicos
Asociaciones civiles: Sin Fronteras, I.A.P.; Por la Superación de la Mujer, A.C.; Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.;
DIF.
Organismos internacionales: UNICEF.
2. Violación al art. 56
del Código Civil del estado de Chiapas.
Problemática
1. Violación del art. 30
constitucional.
ACCIONES INMEDIATAS / 1. Derecho a la identidad
Matriz
200
Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
Autoridad involucrada
INM, agentes migratorios
Oficiales del Registro Civil
Policías municipales
Ejército y Marina
Policía Federal Preventiva
Policía Estatal
Médicos, enfermeras
y trabajadores sociales
Maestros
Propuestas
Meta
1. Programa de formación, sensibiliza- Garantizar una atención digna
ción y capacitación permanente en ma- para la población migrante.
teria de derechos humanos, migración
y equidad de género.
2. Garantizar un nivel mínimo en el perfil de los servidores públicos.
Aliados estratégicos
Asociaciones civiles: Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.
Organismos internacionales y nacionales: OIM, ACNUR, UNICEF, CNDH, CEDH.
Organismos de gobierno: Instituto Municipal de Derechos Humanos, Procuraduría de la Defensa de la Mujer.
Problemática
1. Deficiencias en el cumplimiento
de la labor del personal operativo.
2. Formación de los servidores
públicos responsables del primer
contacto.
ACCIONES INMEDIATAS / 4. Formación de funcionarios
Problemática
Autoridad involucrada
Propuestas
Metas
1. Existen limitaciones en los programas de 1. Rectores de las universi- 1. Incluir dentro de la currícula 1. Sensibilización, formación y
estudio universitarios en la región del Soco- dades locales, coordinado- los temas de derechos humanos, capacitación en los temas de denusco con respecto a los temas de: derechos res académicos, Secretaría migración, y equidad de género. rechos humanos, migración y
humanos, migración y equidad de género.
de Educación estatal.
2. Incluir en los libros de texto equidad de género.
2. Ausencia en los programas de educación 2. SEP, Secretaría de Edu- oficiales los temas de migración, 2. Fomentar una cultura de paz,
básica de los temas de equidad de género, cación estatal, UPN Tapa- derechos humanos y equidad de respecto a los derechos humamigración y derechos humanos.
chula, Normal Superior.
género.
nos y a la interculturalidad.
Aliados estratégicos
Asociaciones civiles: Ririki, S.C.; Intervención Social, A.C.; Save the Children.
Organismos internacionales: OACNUDH, UNICEF, UNESCO, PNUD – San Cristóbal de las Casas.
Instituciones académicas: Universidad Iberoamericana, UNAM, FLACSO, UACM, UPN, Normal Superior de Maestros, Instituto Interamericano
de los Derechos Humanos.
ACCIONES INMEDIATAS / 3. Derecho a la Educación en y para los derechos humanos y sensibilización
Propuestas de políticas públicas para atender la situación de las mujeres migrantes...
201
Otras instancias:
Medios de comunicación
Autoridad involucrada
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera
Sur, Oficina de Atención al Migrante
Instituto Nacional de Migración
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Instituto Municipal de Derechos Humanos
Instituto Municipal de la Mujer
Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia
Propuestas
Meta
1. Campañas de información en Fomentar una cultura de
diversos medios masivos de comu- respeto a los derechos hunicación, sobre los derechos huma- manos.
nos de las mujeres migrantes.
2. Talleres de capacitación sobre:
derechos humanos, migración y
equidad de género, para mujeres
migrantes y población local.
Aliados estratégicos
Asociaciones civiles locales y nacionales: Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.; Una Mano Amiga en la Lucha Contra el
SIDA, A.C.; Por la Superación de la Mujer, A.C.; Cuenta Conmigo, A.C.; Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. (Insyde); Litigio Estratégico
en Derechos Humanos, A.C. (IDHEAS); radios comunitarias; IMER Cacahoatán; casas del migrante; Albergue Belén; Albergue Jesús del Buen
Pastor.
Instituciones eclesiásticas: Servicio Jesuita Migrante; Hermanas Oblatas; Casa del Migrante Hogar de la Misericordia (Arriaga); Casa del Migrante
Tecún Umán (San Marcos, Guatemala).
Organismos internacionales: OXFAM México, Médicos Sin Fronteras, Save the Children, UNESCO, ACNUR, OIM, OACNUDH, Fundación Rosa
Luxemburgo.
Instituciones universitarias: Universidad Iberoamericana, UNAM, UACM, FLACSO, UPN, Normal Superior de Maestros, UNACH, Universidad
Salazar Narváez, Universidad Valle del Grijalva, Universidad del Soconusco.
Consulados: Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Ecuador.
Problemática
1. Discriminación contra la
población migrante.
2. Desconocimiento de la población migrante de sus derechos.
ACCIONES INMEDIATAS / 5. Cultura de los derechos humanos de las mujeres migrantes
202
Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
Problemática
Autoridad involucrada
Propuesta
Meta
Desconocimiento sobre las Instituto Nacional de Migración,
Hacer una campaña territorial Que la población migrante tenga
regulaciones migratorias y Coordinación de Delegaciones
sobre las disposiciones vigen- mayor conocimiento sobre las
sus derechos.
tes en materia de regulación disposiciones migratorias viComisión Nacional de los Derechos
migratoria y de derechos eco- gentes y sus derechos.
Humanos
nómicos sociales y culturales.
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Instituto Municipal de Derechos Humanos
Consulados centroamericanos
Aliados estratégicos
Asociaciones civiles: Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.; Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, A.C.; Por la
Superación de la Mujer, A.C.; Cuenta Conmigo A.C.; Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde); Litigo Estratégico en Derechos
Humanos A.C. (IDHEAS); Save the Children.
Organismos internacionales: OXFAM México, Médicos Sin Fronteras.
Organismos de gobierno: Fiscalía Especializada para la Atención al Migrante, Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas, Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, Oficina de Atención al Migrante, Secretaría de Relaciones Exteriores.
ACCIONES INMEDIATAS / 6. Acceso a información
Propuestas de políticas públicas para atender la situación de las mujeres migrantes...
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1
Autoridad involucrada
Secretaría de Salud
Jurisdicción No. VII
IMSS Coplamar
Instituto Municipal
de Salud
DIF
Propuestas
1. Promover una campaña permanente de salud que incluya:
a) Unidades móviles de salud, para la prevención y atención gratuitas
b) Campañas en medios
c) Talleres
d) Programas de seguro médico
e) Campañas temáticas de acuerdo a la problemática de la comunidad
2. Promover una cartilla de salud
Meta
Garantizar el acceso a
servicios de salud a la
población migrante.
Autoridad involucrada
Secretaría del Trabajo
Mesa de Conciliación y Arbitraje
Secretaría de Salud
IMSS
Propuesta
Vigilancia y respeto a la Ley Federal
del Trabajo.
Meta
Garantizar a todos los trabajadores sus derechos laborales.
Aliados estratégicos
Asociaciones civiles nacionales y locales: Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.; Una Mano Amiga en la Lucha Contra el
SIDA, A.C.; Por la Superación de la Mujer, A.C.; Centro de Reflexión y Acción Laboral, A.C.; IDHEAS, A.C.; Centro de Atención y Capacitación
de las Empleadas del Hogar, A.C.
Organismos internacionales: Médicos Sin Fronteras, OX FAM México, Organización Internacional para las Migraciones, Organización
Internacional del Trabajo, Organización Panamericana de la Salud.
Financiadoras internacionales: Unión Europea, Fondo Global para los Derechos Humanos.
Problemática
Violación a los derechos laborales
de la población migrante.
ACCIONES PERMANENTES / 8. Derechos laborales
La jurisdicción No. VII corresponde a la zona del Soconusco.
Aliados estratégicos
Asociaciones civiles locales y nacionales: Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.; Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, A.C.; MEXFAM, A.C.
Organismos internacionales: Médicos Sin Fronteras, OPS, OXFAM México.
Fundaciones: PFIZER, Fundación Ford.
Instituciones académicas: Universidad de San Diego.
Problemática
Fa lta disponibilidad de infraestructura, médicos
y medicinas en la
localidad.
ACCIONES PERMANENTES / 7. Derecho a la salud
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Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
Autoridad involucrada
SEP
INEA
Consejo Nacional para el
Fomento a la Educación
Programa para Niños
Migrantes
Propuestas
1. Promover campañas de alfabetización (lenguas
originarias):
a) Formación trunca
b) Revalidación y certificación
2. Promover un documento de transferencia.
3. Incorporación al sistema formal de educación.
Meta
Disminuir el analfabetismo y
la marginación social por causas de falta de acceso a la educación.
Autoridad involucrada
Poder Judicial: autoridades de los
centros penitenciarios (directores,
custodios).
Consulados.
Propuesta
Solicitar que la CNDH elabore
un diagnóstico sobre la situación de las mujeres migrantes en
los centros penitenciarios.
Meta
Garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso a las
mujeres migrantes privadas de
su libertad.
Aliados estratégicos
Asociaciones civiles locales y nacionales: IDHEAS, A.C.; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.;
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.; Asistencia Legal para los Derechos Humanos, A.C.; Centro de Derechos
Humanos “Agustín Pro”, A.C.
Organismos autónomos: CNDH, CEDH.
Instituciones gubernamentales: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, Oficina de Atención a Migrantes; Fiscalía Especializada para
Atención a Migrantes.
Instituciones colegiadas: Colegios de Abogados Democráticos.
Problemática
Los elementos de debido proceso están siendo violentados a las mujeres
migrantes privadas de su libertad en
centros de readaptación social.
ACCIONES PERMANENTES / 10. Acceso a la justicia
Aliados estratégicos
Asociaciones civiles locales y nacionales: Ririki, S.C.; Alfabetiza, A.C.
Organismos internacionales: UNICEF, UNESCO, OACNUDH.
Fincas en la zona del Soconusco: San Francisco, Chicharra, Chiripa, Irlanda, Hamburgo, Argovia.
Instituciones escolares y académicas: UNAM (brigadas universitarias), Universidad Iberoamericana, Tecnológico de Monterrey, Colegio Madrid.
Problemática
Analfabetismo y formación
trunca.
ACCIONES PERMANENTES / 9. Derecho a la educación
Propuestas de políticas públicas para atender la situación de las mujeres migrantes...
205
206
Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
Cédula explicativa
En términos estratégicos, en el proceso de ejecución de las propuestas,
tanto Incide Social, A.C., como Sin Fronteras, I.A.P., son organizaciones
caracterizadas por una labor que cruza transversalmente todo el proceso
y están dispuestas a acompañar el ejercicio de incidencia que se propone
como parte de los resultados del proyecto “Promoción de políticas públicas a favor de los derechos humanos de las mujeres migrantes y la
eliminación de prácticas discriminatorias y de violencia”.
Otras instancias de incidencia, fundamentales en el acompañamiento de las propuestas, son: la Conferencia Regional sobre Migraciones, la
Red Regional de Organismos Civiles para la Migración (RROCM), el Foro
Migraciones y la Red de Migración y Desarrollo, todas ellas atraviesan de
manera transversal el proceso y son importantes para cada una de las
propuestas sugeridas.
Asimismo, resulta fundamental contemplar como aliados estratégicos a las organizaciones de la sociedad civil locales. Éstas juegan un
papel importante, ya que muchas de ellas han desarrollado trabajo directo con las poblaciones de mujeres migrantes y pueden colaborar dando
seguimiento directo a temáticas específicas a partir de sus experiencias.
Primera reunión con funcionarios de gobierno, representantes del Poder Legislativo, organismos internacionales y consulados. Ciudad de México, agosto de 2009. Fotografía: Patricia
García Chávez.
Propuestas de políticas públicas para atender la situación de las mujeres migrantes...
207
Es preciso aprovechar el capital humano con el que se cuenta en la región
del Soconusco.
A continuación se desglosan brevemente las propuestas planteadas en la matriz anterior y se recuperan algunos elementos que consideramos indispensable tomar en cuenta. Es importante precisar que
las primeras seis recomendaciones son medidas de acción inmediata, es
decir, se puede avanzar en su implementación, con base en la voluntad de
las autoridades competentes, ya que no requieren modificaciones legislativas ni reglamentarias, tampoco implican la creación de programas nuevos o la disposición de partidas específicas en los presupuestos
de las instituciones.
Sin embargo, se identificaron también recomendaciones de acción
permanente, que implican cambios estructurales, como pueden ser
modificaciones o armonización jurídica de leyes federales y locales,
asignación de partidas presupuestales específicas, instalación de infraestructura, cambios en programas sectoriales, entre otros.
ACCIÓN INMEDIATA
ACCIÓN PERMANENTE
Derecho a la identidad
Derecho a la salud
Derecho a un documento de identificación
Derechos laborales
Derecho a la educación en y para los
derechos humanos y sensibilización
Acceso a la justicia
Derecho a la educación
Formación de funcionarios
Cultura de los derechos humanos de las
mujeres migrantes
Acceso a información
1. Derecho a la identidad
La Constitución mexicana establece que todo niño o niña nacido en
territorio nacional, así sea de padres extranjeros que no puedan comprobar su estancia legal, tiene derecho a ser registrado y es mexicano por
nacimiento.
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Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
Segunda reunión con funcionarios de gobierno, organismos de gobierno y académicos. Ciudad de México, septiembre de 2009. Fotografía: Patricia García Chávez.
Se anexan a la letra los artículos relativos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Civil del Estado de
Chiapas.
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por
naturalización.
A) Son mexicanos por nacimiento:
I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres;
II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos
en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de
madre mexicana nacida en territorio nacional;
III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana
por naturalización, y
IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas,
sean de guerra o mercantes.
B) Son mexicanos por naturalización:
Propuestas de políticas públicas para atender la situación de las mujeres migrantes...
209
I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de
naturalización, y
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro
del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto
señale la ley.
Código Civil del Estado de Chiapas
Capítulo II, De las actas de nacimiento
Artículo 56. El estado garantizará el derecho a la identidad a través del registro de nacimiento universal, gratuito y obligatorio, en los términos del
presente código.
Las declaraciones de nacimiento, se harán presentando a la niña o niño
ante el oficial del registro civil o solicitando la comparecencia del mismo al
lugar donde se encuentra aquél.
Bajo ninguna circunstancia se negará el registro del nacimiento del
menor nacido en territorio del estado de Chiapas, cuando sea hijo de padre,
madre o ambos de nacionalidad extranjera que carezcan de documento
que acredite su legal estancia en territorio nacional. Asimismo, no podrá
Foro “Construyendo políticas públicas a favor de los derechos humanos de las mujeres migrantes” Mesa II. Propuestas de la sociedad civil para la atención del tema de género y migración.
Fotografía: Patricia García Chávez.
210
Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
coartarse el derecho del padre, madre o ambos extranjeros a que se note su
nombre en el registro de nacimiento del menor por dicha circunstancia,
para lo cual la autoridad del registro deberá allegarse de la información y
documentación necesarias para acreditar fehacientemente la identidad de
los progenitores, y que el menor nació en territorio del estado.
Se recomienda realizar trabajo de incidencia en las siguientes instituciones u oficinas, especialmente porque están vinculadas directa e indirectamente con los asuntos relacionados al tema del registro de nacimiento:
Registro Nacional de Población
Registro Civil
Presidencias municipales
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar (en este caso la
intención es evitar que las personas refugiadas vivan actos de discriminación, abusos y corrupción)
Instituto Nacional de Migración
Instituto Municipal de la Mujer
Secretaría de Salud (por ser la instancia que certifica las constancias
de alumbramiento emitidas por las parteras, las cuales se encuentran
previamente certificadas y registradas por la misma institución)
Entre los aliados estratégicos para desarrollar la incidencia encontramos a organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Algunos de ellos ya han desarrollado un trabajo previo respecto a la temática:
Asociaciones Civiles:
Sin Fronteras, I.A.P.
Save the Children
Por la Superación de la Mujer, A.C.
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.
Organismos internacionales:
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF
Propuestas de políticas públicas para atender la situación de las mujeres migrantes...
211
Instancias gubernamentales:
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF
2. Derecho a un documento de identificación
En este caso promovemos la difusión adecuada sobre las posibilidades de
regulación migratoria, dando la información correspondiente sobre las formas y programas de regulación, los trámites que deben seguirse y los procedimientos correspondientes. Existen muchos migrantes que al no saber leer
y escribir no comprenden los procedimientos, por lo que es preciso explicar
las posibilidades de regulación de manera sencilla y accesible.
Se considera pertinente informar sobre los diversos permisos que se
pueden obtener.
Formas migratorias1 que acreditan legal estancia:
FMTTV: Forma migratoria para turistas, transmigrantes, visitantes,
personas de negocios y visitantes consejeros.
FM3: Forma migratoria aplicable para la calidad de no inmigrante.
FM2: Forma migratoria aplicable para la calidad de inmigrante o inmigrado, en sus modalidades artista y deportista, asimilado, confianza, científico, familiar, inversionista, profesional, rentista, técnico.
FMTF: Forma migratoria de trabajador fronterizo. Es la forma migratoria diseñada para facilitar la internación de guatemaltecos y beliceños
que quieran desempeñarse como trabajadores fronterizos temporales en
los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
FMVL: Forma migratoria de visitante local. Aplicable para la característica de visitante local fronterizo de origen guatemalteco o beliceño,
que ingresa por Chiapas o Quintana Roo.
FMVL: Forma migratoria aplicable para la característica de visitante
local marítimo.
1
Información obtenida de la página web del Instituto Nacional de Migración.
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Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
Formas migratorias estadísticas:
FME (negro): Forma migratoria aplicable únicamente con fines estadísticos para el mexicano residente en el país o en el extranjero.
FME (rojo): Forma migratoria aplicable únicamente con fines estadísticos para extranjeros.
Se recomienda realizar labor de incidencia con las siguientes instituciones:
Instituto Nacional de Migración
Coordinación de Regulación y Estancia
Presidencias municipales en la región del Soconusco
Instituto Municipal de la Mujer
Procuraduría de la Defensa de la Mujer
Entre los aliados estratégicos podemos contar con organizaciones de
la sociedad civil nacionales y locales, organismos internacionales y los
consulados de los países involucrados.
Asociaciones civiles:
Por la Superación de la Mujer, A.C. (organización en Tapachula)
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (organización en Tapachula)
Sin Fronteras, I.A.P. (Distrito Federal)
Organismos internacionales:
Organización Internacional para las Migraciones, OIM
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
ACNUR
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar
Consulados:
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Ecuador
Propuestas de políticas públicas para atender la situación de las mujeres migrantes...
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3. Derecho a la educación en y para los derechos humanos
y sensibilización
La intención será incidir en las diferentes universidades e institutos educativos de la región para que incluyan en sus programas de estudio los
temas de migración, derechos humanos y perspectiva de género.
Se recomienda realizar trabajo de incidencia con las autoridades involucradas en el proceso educativo:
Rectores de las universidades locales
Coordinadores académicos
Secretaría de Educación Estatal
Secretaría de Educación Pública
Universidad Pedagógica Nacional-Unidad Tapachula
Normal Superior de Maestros
Los aliados estratégicos detectados para poder colaborar en esta
tarea son:
Asociaciones civiles:
Ririki, Intervención Social, A.C.
Save the Children
Organismos internacionales:
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, OACNUDH
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, UNESCO
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD - San
Cristóbal de las Casas
Instituciones académicas:
Universidad Iberoamericana
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM
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Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM
Universidad Pedagógica Nacional, UPN
Normal Superior de Maestros
Instituto Interamericano de los Derechos Humanos
4. Formación de funcionarios
Es necesario continuar el trabajo de formación y sensibilización con personal operativo, por lo que consideramos preciso realizar talleres con
funcionarios de mandos medios, agentes migratorios y oficiales que tienen un trato directo con las y los migrantes. Asimismo, recomendamos
realizar talleres de capacitación con líderes comunitarios y religiosos
con la finalidad de garantizar una atención digna para la población
migrante.
Estratégicamente se sugiere trabajar con las siguientes autoridades y
personas involucradas:
Autoridades del Instituto Nacional de Migración: agentes migratorios, oficiales, personal de trato directo con los migrantes
Oficiales del Registro Civil
Policías municipales
Ejército y Marina
Policía Federal
Policía Estatal
Médicos, enfermeras y trabajadores sociales
Maestros
Entre los aliados estratégicos contamos a las siguientes organizaciones tanto nacionales como internacionales:
Asociaciones civiles:
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.
Propuestas de políticas públicas para atender la situación de las mujeres migrantes...
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Organismos internacionales:
Organización Internacional para las Migraciones, OIM
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
ACNUR
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH
Comisión de los Derechos Humanos, CDH
Organismos de gobierno:
Instituto Municipal de Derechos Humanos
Procuraduría de la Defensa de la Mujer
5. Cultura de los derechos humanos
de las mujeres migrantes
Este punto es fundamental debido a que únicamente con la creación de
una cultura de los derechos humanos de las mujeres migrantes se podrán combatir problemas como la discriminación a la que se enfrentan
día con día las mujeres. Es preciso señalar que la discriminación que
enfrentan no solamente es por parte de las autoridades o patrones, sino
incluso por parte de la población local. Por lo que consideramos de suma
importancia realizar campañas de información en los medios masivos
de comunicación, así como talleres de capacitación tanto para las mujeres
migrantes como para la población local. Resulta muy importante realizar trabajo de base en las diversas comunidades del Soconusco.
Proponemos realizar trabajo de incidencia en las siguientes instituciones:
Medios masivos de comunicación
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, Oficina de Atención
al Migrante
Instituto Nacional de Migración, INM
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Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH
Comisión de Derechos Humanos, CDH
Instituto Municipal de Derechos Humanos
Instituto Municipal de la Mujer, IMM
Oficina de Atención a Migrantes
Desarrollo Integral de la Familia, DIF
Los aliados estratégicos entre los cuales se puede contar con apoyo
para llevar a cabo las campañas de incidencia son los siguientes:
Asociaciones civiles locales y nacionales:
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.
Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida, A.C.
Por la Superación de la Mujer, A.C.
Cuenta Conmigo, A.C. (esta asociación civil no trabaja directamente el tema, pero puede apoyar en las campañas de difusión)
Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde, A.C.
Litigio Estratégico en Derechos Humanos, IDHEAS, A.C.
Radios comunitarias
IMER Cacahoatán
Casas del migrante
Albergue Belén
Albergue Jesús del Buen Pastor
Instituciones eclesiásticas:
Servicio Jesuita Migrante
Hermanas Oblatas
Casa del Migrante Hogar de la Misericordia (Arriaga)
Casa del Migrante Tecún Umán (San Marcos, Guatemala)
Organismos internacionales:
OXFAM México
Médicos Sin Fronteras
Save the Children
Propuestas de políticas públicas para atender la situación de las mujeres migrantes...
217
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, UNESCO
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
ACNUR
Organización Internacional para las Migraciones, OIM
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, OACNUDH
Fundación Rosa Luxemburgo
Instituciones universitarias:
Universidad Iberoamericana
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO
Universidad Pedagógica Nacional, UPN
Normal Superior de Maestros
Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, UNACH
Universidad Salazar Narváez
Universidad Valle del Grijalva
Universidad del Soconusco
Centro de Estudios Superiores de Tapachula
Consulados:
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Ecuador
6. Acceso a información
Respecto a este tema, encontramos que existe una desinformación profunda sobre las regulaciones migratorias y los derechos que se tienen, por
lo que consideramos preciso hacer una campaña sobre las disposiciones
vigentes con la finalidad de que los funcionarios del Instituto Nacional
de Migración y otras autoridades homogenicen la información y la promuevan adecuadamente entre los y las migrantes. La finalidad es que la
218
Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
población tenga la mayor información sobre las disposiciones y regulaciones en materia de migración.
El trabajo de incidencia se pretende realizar entre funcionarios de
diferentes niveles en las instituciones que señalamos a continuación:
Instituto Nacional de Migración, Coordinación de Delegaciones
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH
Comisión de los Derechos Humanos, CDH
Instituto Municipal de Derechos Humanos
Consulados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Ecuador
Ente los aliados estratégicos contamos con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y algunos organismos de gobierno:
Asociaciones civiles:
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.
Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida, A.C.
Por la Superación de la Mujer, A.C.
Cuenta Conmigo, A.C. (esta asociación civil no trabaja directamente el tema pero puede apoyar en las campañas de difusión)
Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde, A.C.
Litigo Estratégico en Derechos Humanos, IDHEAS, A.C.
Save the Children
Organismos internacionales:
OXFAM México
Médicos Sin Fronteras
Organismos de Gobierno:
Fiscalía Especializada para la Atención al Migrante
Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y
Trata de Personas, Fevimtra
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur
Propuestas de políticas públicas para atender la situación de las mujeres migrantes...
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Oficina de Atención al Migrante
Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE
7. Derecho a la salud
Existe una falta de infraestructura médica en la localidad y por lo tanto,
una carencia de atención para las mujeres migrantes. Consideramos
fundamental garantizar el acceso a los servicios de salud para la población migrante femenina sin importar su estatus migratorio.
Para ello será preciso realizar trabajo de incidencia con las siguientes
instituciones:
Secretaría de Salud, Jurisdicción núm. VII (correspondiente a la
zona de Soconusco)
Instituto Mexicano del Seguro Social-Coordinación General del
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, IMSSCoplamar
Instituto Municipal de Salud, IMS
Desarrollo Integral de la Familia, DIF
Para el apoyo estratégico debemos considerar a asociaciones civiles,
organismos internacionales, así como fundaciones que apoyan programas de salud.
Asociaciones civiles locales y nacionales:
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.
Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida, A.C.
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Mexfam, A.C.
Organismos internacionales:
Médicos Sin Fronteras
Organización Panamericana de la Salud, OPS
OXFAM México
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Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
Fundaciones:
PFIZER
Fundación Ford
Instituciones académicas:
Universidad de San Diego
8. Derechos laborales
En la mayoría de los casos encontramos serias violaciones a los derechos
laborales de las mujeres migrantes, por lo que es necesario la vigilancia
y el debido respeto a la Ley Federal del Trabajo para garantizar el respeto
a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras migrantes.
El trabajo de incidencia deberá realizarse con las siguientes instituciones:
Secretaría de Trabajo y Previsión Social, STPS
Mesa de Conciliación y Arbitraje
Secretaría de Salud, Ssa
Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS
Entre los aliados estratégicos para apoyar esta labor podemos contar
a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática, organismos internacionales, consulados de los países centroamericanos y
financiadoras internacionales.
Asociaciones civiles nacionales y locales:
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.
Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida, A.C.
Por la Superación de la Mujer, A.C.
Centro de Reflexión y Acción Laboral, A.C.
Litigo Estratégico en Derechos Humanos, IDHEAS, A.C.
Centro de Atención y Capacitación de las Empleadas del Hogar,
A.C.
Propuestas de políticas públicas para atender la situación de las mujeres migrantes...
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Organismos internacionales:
Médicos Sin Fronteras
OXFAM México
Organización Internacional para las Migraciones, OIM
Organización Internacional del Trabajo, OIT
Organización Panamericana de la Salud, OPS
Financiadoras internacionales:
Unión Europea
Fondo Global para los Derechos Humanos
Consulados:
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Ecuador
9. Derecho a la educación
Sobre este punto encontramos que existen múltiples casos de analfabetismo y formación trunca en la población migrante. Consideramos que la
educación es básica si queremos fomentar una cultura de los derechos
humanos, asimismo pensamos que la educación es el motor del desarrollo.
Resulta fundamental promover campañas de alfabetización con miras a
disminuir en la mayor medida posible el analfabetismo en la región. Por
otra parte, es importante impulsar la revalidación de estudios debido a
que en muchas ocasiones esto puede permitir el acceso a un mejor empleo. Asimismo se requiere que las instituciones encargadas de los asuntos educativos promuevan los documentos de transferencia educativa. La
meta fundamental es disminuir el analfabetismo y la marginación social
a causa del acceso a la educación.
Es preciso realizar trabajo de incidencia con las siguientes instituciones:
Secretaría de Educación Pública, SEP
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA
Consejo Nacional de Fomento Educativo, Conafe
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Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
Programa para Niños Migrantes
Entre los aliados estratégicos que podrían colaborar con los trabajos
de incidencia tenemos a diversas organizaciones de la sociedad civil,
organismos internacionales, centros educativos y algunas fincas de la
zona del Soconusco.
Asociaciones civiles locales y nacionales:
Ririki, Intervención Social, S.C.
Alfabetiza, A.C.
Organismos internacionales:
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, UNESCO
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, OACNUDH
Fincas en la zona del Soconusco:
San Francisco
Chicharra
Chiripa
Irlanda
Hamburgo
Argovia
Instituciones escolares y académicas:
Universidad Nacional Autónoma de México (brigadas universitarias)
Universidad Iberoamericana
Tecnológico de Monterrey
Colegio Madrid
Propuestas de políticas públicas para atender la situación de las mujeres migrantes...
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10. Acceso a la justicia
Las mujeres migrantes privadas de su libertad en centros de readaptación
social son violentadas porque no se está cumpliendo con los elementos
del debido proceso. Con elementos de debido proceso nos referimos a la
labor de los jueces o autoridades responsables e imparciales; derecho
de defensa; derecho a la información, traducción e interpretación; derecho a la representación legal; derecho a la revisión judicial; y acceso a
autoridades consulares. Las mujeres que se encuentran en prisión no
están recibiendo los tratos y el seguimiento judicial adecuados, lo que
representa una violación a sus derechos humanos.
Es de suma importancia realizar trabajo de incidencia en las instituciones involucradas, pero sobre todo con las instancias encargadas del
seguimiento de los casos de mujeres presas:
Poder Judicial:
Autoridades de los centros penitenciarios (directores, custodios)
Consulados
Como aliados estratégicos para realizar el trabajo de incidencia tenemos una amplia lista de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos autónomos y de gobierno.
Asociaciones civiles locales y nacionales:
Litigo Estratégico en Derechos Humanos, IDHEAS, A.C.
Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, A.C.
Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.
Asistencia Legal para los Derechos Humanos, A.C.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro”, A.C.
Organismos autónomos:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH
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Santiago Martínez Junco / Nancy Pérez García / Genoveva Roldán Dávila / Ana Stern Leuchter / et al.
Comisión de los Derechos Humanos, CDH
Instituciones gubernamentales:
Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur, Oficina de Atención
a Migrantes
Fiscalía Especializada para Atención a Migrantes
Instituciones colegiadas:
Colegios de Abogados Democráticos
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fue impreso en abril de 2010
en Offset Universal, S. A., Calle 2 núm. 113,
Col. Granjas San Antonio, tel. 5581-7701,
bajo el cuidado de Rodrigo Castellanos Fajardo.
El tiraje constó de mil ejemplares.
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