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cuando parot llegó a estrasburgo - Revistas Científicas de la UNED
CUANDO PAROT LLEGÓ A ESTRASBURGO
MARÍA DÍAZ CREGO
Profesora Ayudante Doctora de Derecho Constitucional
Universidad de Alcalá
Sumario
I.Introducción.
II.El problema: el porqué de la doctrina Parot y
su aplicación posterior .
III.La posición del Tribunal Constitucional: una
solución de compromiso y escasamente convincente.
IV.La posición del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos: ¿hacia la desaparición de la doctrina Parot?
V.Hacia una solución: ¿qué hacer tras la sentencia condenatoria del TEDH?
VI. A modo de conclusión.
I. INTRODUCCIÓN
En febrero del año 2006, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo modificó los
criterios hasta entonces aplicados en relación con el cómputo de la redención de penas
por el trabajo en supuestos de acumulación jurídica de penas privativas de libertad. La
STS 197/2006, de 28 de febrero, reinterpretaba así las reglas contenidas en los arts. 70
y 100 del Código Penal de 1973 (CP de 1973, en adelante) de una forma notablemente
perjudicial para los intereses de numerosos reclusos.
La nueva interpretación se introducía en un caso que llamó especialmente la atención de la opinión pública española: el caso de Henri Parot, uno de los miembros más
sanguinarios de la banda terrorista ETA. Al hilo de este asunto, la ciudadanía descubrió
sorprendida que, tras un largo historial de delitos —por el que debía afrontar el cumplimiento de más de 3000 años de prisión— Parot podía salir en libertad, por extinción
de todas sus penas, tras haber permanecido en prisión 18 años de su vida. La aplicación
* Las primeras versiones de este trabajo fueron revisadas por los Profs Pablo Santolaya Machetti y Javier
García Roca, y por el jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, José Díaz Sánchez, a quienes quiero agradecer sus valiosos comentarios.
UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 31, 2013, pp. 573-612.
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de las reglas generales al caso concreto fue tachada de injusta y, quizás por ello, la presión social para que Parot cumpliera íntegramente su condena fue notable.
En ese contexto, el Tribunal Supremo modificó su jurisprudencia sobre el cómputo
de la redención de penas por el trabajo, exigiendo que estas bonificaciones de pena se
aplicaran sobre la totalidad de las impuestas al recluso y no sobre el resultante de la
acumulación de condenas que preveía el art. 70.2 del CP de 1973 —triple de la mayor o
30 años—. El efecto de la nueva doctrina, la conocida como «doctrina Parot», resultaba
evidente, en la medida en que, al contabilizar la redención de penas por el trabajo —art. 100
del CP de 1973 y arts. 65 y ss. del Reglamento de los Servicios de Prisiones, aprobado
por Decreto de 2 de febrero del año 1956— sobre el total de las penas impuestas en
sentencia y no sobre el resultante de la acumulación prevista en el artículo 70.2 del CP
de 1973, se producía un alargamiento efectivo del tiempo de permanencia en prisión
para los reclusos a los que se había aplicado el citado precepto del CP de 1973. La nueva
doctrina dejaba así sin efecto las redenciones obtenidas por los penados que hubieran
sido condenados a penas que sumaran, en total, entre 45 y 60 años —en función de
que se les concedieran únicamente redenciones ordinarias o también extraordinarias—,
ya que los días que hubieran redimido no podrían tener el efecto de acortamiento del
tiempo de permanencia en prisión que perseguía la redención.
A pesar de las trascendentales consecuencias de la jurisprudencia sentada en la
STS 197/2006, ésta fue aplicada de forma claramente retroactiva. La doctrina Parot se
aplicó así no sólo a los reclusos condenados en virtud del CP de 1973 respecto de los
cuales no se había adoptado todavía un auto de acumulación de condena ex artículo 70.2
del CP de 1973, como era el caso de Henri Parot, sino también a aquellos reclusos
cuyas condenas habían sido acumuladas, en ocasiones hacía años; que llevaban tiempo
cumpliendo esa condena y redimiendo pena ex artículo 100 del CP de 1973; y que,
en ocasiones, estaban a punto de cumplir la totalidad de su condena bajo las reglas de
cómputo anteriores a la STS 197/2006, pero que, repentinamente, vieron ampliado su
tiempo de permanencia en prisión, en ocasiones hasta en 15 años.
Ante tan relevantes consecuencias, no es de extrañar que muchos de los reclusos afectados por la doctrina Parot acudieran a las más diversas sedes jurisdiccionales
cuestionando la interpretación del CP de 1973 efectuada por el Tribunal Supremo y la
aplicación a sus causas. Un aluvión de recursos llegaron así al Tribunal Constitucional
y, luego, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que si bien no han podido pronunciarse sobre el fondo del caso de Henri Parot1, sí han tenido la oportunidad de analizar otros casos semejantes, en los que se cuestiona la eventual falta de adecuación de la
doctrina sentada en la STS 197/2006 a la Constitución española y al Convenio Europeo
de Derechos Humanos.
En esta lógica, el trabajo que sigue analizará la jurisprudencia de ambos tribunales, tratando de aclarar las principales diferencias que presenta el análisis de la doctrina
Parot efectuado por las dos cortes (III y IV). Igualmente, intentaré determinar cuál
1 El recurso de amparo que interpuso Henri Parot fue inadmitido por el ATC 1979/2010, de 29 de
noviembre, por incumplimiento del requisito previsto en el art. 44.1.a) LOTC (falta de agotamiento de todos
los recursos posibles ante la jurisdicción ordinaria) al no haberse interpuesto el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241.1 de la LOPJ.
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habrá de ser el proceder de los tribunales españoles si la Gran sala del TEDH confirma
la sentencia que condenó a nuestro país por la aplicación de la doctrina Parot en el caso
Del Río Prada (V)2, el único asunto resuelto por el TEDH en la materia hasta la fecha.
No obstante, antes de examinar la jurisprudencia del TC y el TEDH en relación con la
doctrina Parot, parece necesario comprender bien el alcance de esta doctrina (II).
II. EL PROBLEMA: EL PORQUÉ DE LA DOCTRINA PAROT Y SU
APLICACIÓN POSTERIOR
Como ha quedado ya indicado, la STS 197/2006 introdujo una modificación importantísima en la forma de cómputo de la redención de penas por el trabajo, regulada
en el artículo 100 del CP de 1973, alargando de forma clara el tiempo de permanencia
en prisión de los reclusos cuyas penas han sido objeto de una acumulación jurídica ex
artículo 70.2 de ese Código.
Hasta esa sentencia, los condenados por varios delitos bajo el imperio del CP de
1973 veían refundidas las penas privativas de libertad que les habían sido impuestas,
en virtud de lo previsto en el art. 70.1. Sin embargo, la llamada acumulación material
de penas —que no era más que la suma aritmética del conjunto de penas impuestas al
reo— tenía un límite, en la medida en que el art. 70.2 del CP de 1973 preveía que la
acumulación no podía derivar en el cumplimiento de una condena superior al triple
del tiempo de la pena más grave de las impuestas o, en su caso, de una pena superior a
los 30 años, cuando las distintas penas hubieran sido impuestas en un único proceso o
en procesos distintos, pero siempre que los hechos, por su conexión, pudieran haberse
enjuiciado en uno sólo.
La conexidad —requisito indispensable para que se aplicaran los límites máximos
de cumplimiento indicados— fue interpretada, sin embargo, de forma amplia y flexible, de modo que se entendían acumulables todos los delitos que fueran imputados a
una persona, excepto los que hubieran sido cometidos con posterioridad a una previa
sentencia condenatoria firme3. Dada la amplitud con la que se configuró el criterio de
conexidad, lo habitual era que todas las penas de un sujeto fueran acumuladas ex art. 70.2
del CP de 1973, de modo que al recluso correspondiente se le exigiera el cumplimiento
del límite máximo fijado en ese precepto — triple de la pena más grave o 30 años, que
actuaba como una suerte de límite de cumplimiento absoluto—.
Si la acumulación jurídica de penas ex art. 70.2 del CP de 1973 suponía ya, en
muchos casos, una reducción notable de la condena a cumplir, esa reducción resultaba
más significativa si el recluso cumplía las exigencias que le permitían redimir condena
por trabajo durante su permanencia en prisión. Esto era así porque el resultado de la
acumulación de condenas ex art. 70.2 del CP de 1973 había sido considerado de forma
reiterada por la jurisprudencia y la práctica penitenciaria en la materia como una suerte
2 STEDH Del Rio Prada c. España, de 10 de julio de 2012.
3 STS 197/2006, de 28 de febrero, que recoge la jurisprudencia anterior.
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de «nueva pena», distinta a las sucesivamente impuestas al reo, y sobre la que se aplicaban los beneficios penitenciarios, en concreto, la redención de penas por el trabajo4.
En virtud de esta institución, el recluso trabajador podía redimir un día por cada
dos de trabajo —si tenía derecho a las redenciones ordinarias, reguladas en el art. 100
del CP de 1973 y en los arts. 65 y ss. del Reglamento de los Servicios de Prisiones— e,
incluso, un día por cada día de trabajo —si tenía derecho a las redenciones extraordinarias por méritos adicionales relacionados con el esfuerzo, dedicación e interés en el
trabajo, o riesgo asumido al auxiliar a las autoridades, según lo previsto en el art. 71
y ss. del Reglamento de los Servicios de Prisiones—, siempre que no incurriera en los
supuestos de pérdida del derecho, previstos en los arts. 100 del CP de 1973 y 65.3 del
Reglamento de los Servicios de Prisiones, esto es, quebrantamiento de condena o interrupción temporal por mal comportamiento reiterado5.
De este modo, un condenado a cientos de años de prisión podía ver refundidas sus
penas en una condena total de 30 años, de la que podría llegar a cumplir en prisión entre la mitad o las 2/3 partes, en función de las redenciones ordinarias o extraordinarias
que se le reconocieran, y ello siempre que no le fueran de aplicación las disposiciones
sobre libertad condicional, que podían disminuir notablemente el tiempo efectivo de
privación de libertad6.
4 En relación con esta interpretación, mantenida de forma incontestada desde la entrada en vigor del anterior Código Penal, ver: MUÑOZ CLARES, J., «La «doctrina Parot»: comentario a la sentencia del Tribunal Supremo (Sala 2ª) 197/2006, de 28 de febrero», Revista General de Derecho Penal, núm. 5, 2006, págs.
1-10; FERNÁNDEZ GARCÍA, J., «Comentarios a la sentencia 197/2006, de 28 de febrero, de la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo sobre redención de penas por el trabajo», Comunicación presentada al Congreso
Penitenciario Internacional titulado «La función social de la política penitenciaria», celebrado en Barcelona
(España), los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril de 2006; REDONDO HERMIDA, A., «El cambio jurisprudencial en materia de redención de penas. Comentario a la STS de 28 de febrero de 2006 (Caso Parot)»,
La Ley Penal, núm. 27, 2006, págs. 121-126; GÓNZALEZ FRANCO, J.A. y RAGUÉS I VALLÊS, R., «La
refundición de penas en el derecho penal vigente», La Ley Penal, núm. 39, 2007. Según recoge la propia STS
197/2006, de 28 de febrero, la única sentencia del TS que acoge esta jurisprudencia en relación con el CP de
1973 es la STS de 8 de marzo de 1994, Sala de lo Penal. Sin embargo, otras sentencias del TS han reiterado
que la condena refundida debe entenderse como una nueva pena, aunque refiriéndose a la acumulación de condenas que permite el CP de 1995: STS de 15 de septiembre de 2005, Sala de lo Penal; STS de 14 de octubre
de 2005, Sala de lo Penal.
5 El artículo 65.3 del Reglamento de los Servicios de Prisiones preveía que no podían redimir pena por
el trabajo en la causa que se encontraren cumpliendo: a) Quienes quebrantaren la condena o intentaren quebrantarla, aunque no lograran su propósito; b) Los que reiteradamente observaren mala conducta durante el
cumplimiento de la misma. Se entenderá comprendidos en este apartado los que cometieren nueva falta grave
o muy grave sin haber sin haber obtenido la invalidación de las anteriores, conforme al artículo 116.
6 Los arts. 98 y ss. del CP de 1973 regulaban las condiciones en que los penados podían obtener la libertad condicional una vez que hubieran extinguido —partes de su condena. Si un recluso, cuyas penas hubieran
sido refundidas en un máximo de 30 años de condena, cumplía las exigencias que le permitían acceder a la si­
tuación de excarcelado en libertad condicional una vez extinguidas— partes de su condena, así como las condi­
ciones requeridas para obtener el máximo posible de redenciones ordinarias y extraordinarias por trabajo, ese
recluso podía extinguir la totalidad de su condena tras permanecer en prisión durante un período de tiempo
de 11 años y 3 meses (tiempo que se computaría como doble si tenía derecho a redenciones extraordinarias, de
modo que habría extinguido 22 años y 6 meses de su condena), y permanecer en situación de excarcelado en
libertad condicional los últimos 7 años y 6 meses (que constituirían así la última cuarta parte de su condena).
EJEMPLO: 1/4 de 30 años son 7 años y 6 meses, tiempo que puede extinguirse en situación de excarcelado en
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La aplicación que se realizaba de los arts. 70 y 100 del CP de 1973 resultaba así
notablemente más beneficiosa para ciertos reclusos que la que se derivaba de los arts. 75
y ss. del Código Penal de 1995 (CP de 1995, en adelante), especialmente tras su modificación por la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, que llevaba el explícito título de
«medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas». El nuevo
Código no sólo hizo desaparecer la redención de penas por el trabajo, sino que estableció
también límites máximos de cumplimiento diferenciados en función de la gravedad de
los delitos cometidos y previó la posibilidad —y, en determinados supuestos, la obligación— de que los beneficios penitenciarios se aplicaran sobre las penas efectivamente
impuestas en sentencia y no sobre el resultante de la acumulación que establecía el
art. 76 del CP de 1995.
Efectivamente, el art. 76 del CP de 1995 prevé un límite máximo de cumplimiento de condena que oscila entre los 20 y los 40 años, en función de la gravedad de los
delitos por los que haya sido condenado el reo. Así, si bien el límite ordinario de cumplimiento de condena es de 20 años, el art. 76 del CP de 1995 prevé cuatro excepciones
que permiten extender ese límite máximo a 25, 30 ó 40 años, siendo aplicable este último a aquellos sujetos que hayan sido condenados por dos o más delitos si, al menos, dos
de ellos están castigados con pena de prisión superior a 20 años, y a aquellos que hayan
sido condenados por dos o más delitos de terrorismo, siempre que alguno de ellos esté
castigado con pena de prisión superior a 20 años. En la misma línea, el art. 78.1 del CP
de 1995 introduce una posibilidad no prevista expresamente en el CP de 1973, al permitir al tribunal sentenciador decidir, en algunos supuestos de acumulación a 20 años7,
si los beneficios penitenciarios, los permisos de salida y otras instituciones de ejecución
penitenciaria, serán aplicados en relación con cada una de las penas impuestas al reo o
en relación con la condena acumulada. No obstante, la modificación más significativa a
los efectos ahora estudiados es la introducida por el art. 78.2 del CP de 1995, que exige
al tribunal sentenciador optar por la aplicación de los beneficios penitenciarios en relación con cada una de las penas impuestas en sentencia, en los supuestos de acumulación
de condena a 25, 30 ó 40 años, si el resultante de la acumulación es inferior a la mitad
de la suma total de las penas impuestas en sentencia.
El objetivo de las modificaciones introducidas en el nuevo CP parecía claro y así se
plasmaba en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 7/2003, que decía modificar
los preceptos que venimos analizando con la finalidad de «concretar la forma del cumplimiento de las penas para conseguir que se lleve a cabo de manera íntegra y efectiva».
Se pretendía así evitar el drástico acortamiento de las penas privativas de libertad que
producía el juego de los arts. 70 y 100 del CP de 1973. Sin embargo, tal pretensión
llegaba demasiado tarde para un colectivo concreto de reclusos, los pertenecientes a la
banda terrorista ETA. Puesto que ETA desarrolló su actividad más mortífera en los
libertad condicional. El resto del tiempo, 22 años y seis meses, se extingue en prisión. Si el interno redime día
por día y está en prisión 11 años y 3 meses, en ese tiempo habrá extinguido 22 años y 6 meses de su condena.
7 El art. 78.1 del CP de 1995 faculta al tribunal sentenciador a decidir si los beneficios penitenciarios
serán aplicados en relación con cada una de las penas impuestas o en relación con la condena acumulada en los
supuestos de acumulación a 20 años, siempre que se cumpla la premisa de que el resultante de la acumulación
sea inferior a la mitad de la suma total de las penas impuestas.
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años 80, las previsiones del CP de 1995, mucho más exigentes que las del CP de 1973,
no resultaban de aplicación a parte de los actos de la banda, desarrollados antes de que
el actual Código Penal entrara en vigor y de que se produjera la reforma del año 20038.
Curiosamente, el cambio jurisprudencial introducido por la STS 197/2006, parecía alcanzar un objetivo que los cambios legislativos, excesivamente tardíos, no podían lograr
si no querían contravenir el principio que prohíbe la retroactividad de la ley penal desfavorable (arts. 9.3 y 25 CE).
A partir de la STS 197/2006, la convergencia entre el CP de 1973 y el CP de 1995
parece mayor9. En esa sentencia, el Tribunal Supremo señalaba que el límite máximo
de cumplimiento de condena fijado por el CP de 1973 dejaba de entenderse como una
suerte de «nueva pena» sobre la que se aplicaban los beneficios penitenciarios, y comenzaba a interpretarse como el máximo de cumplimiento efectivo del penado en un centro
penitenciario. Consecuentemente, la redención de penas por trabajo pasaba a aplicarse
sobre cada una de las penas impuestas al reo y no sobre el límite máximo resultante de
la acumulación de condenas. En esta lógica, afirmaba el TS, si un penado había sido
condenado por varios delitos a distintas penas de prisión, la forma de cumplimiento
de la condena total se realizaría del siguiente modo: «Se principiará por el orden de la
respectiva gravedad de las penas impuestas, aplicándose los beneficios y redenciones
que procedan con respecto a una de las penas que se encuentre cumpliendo. Una vez extinguida la primera, se dará comienzo a la siguiente, y así sucesivamente, hasta que, se
alcancen las limitaciones impuestas en la regla segunda del art. 70 del Código penal de
1973. Llegados a este estadio, se producirá la extinción de todas las penas comprendidas
en la condena total resultante» (FJ 4).
Esta nueva interpretación, que ampliaba notablemente el tiempo efectivo de cumplimiento de las penas privativas de libertad para aquellos reos a los que todavía resultaba de aplicación el CP de 1973 —912 internos, de los cuales sólo 225 pertenecían
a bandas armadas, según la información proporcionada por la Fiscalía10—, planteaba
varios problemas, reconocidos no sólo por el Voto disidente formulado por los Magistrados Martín Pallín, Jiménez García y Andrés Ibáñez, sino también por la propia STS
197/2006. Así, el fundamento jurídico quinto de la STS 197/2006 trataba de alejar las
dudas sobre la eventual vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la ley
y del principio de legalidad penal, señalando que el cambio jurisprudencial estaba suficientemente motivado y que la prohibición de retroactividad, vinculada al principio de
legalidad penal, no podía predicarse de la jurisprudencia, sino sólo de las disposiciones
legales y reglamentarias.
8 Esta contradicción aparece plasmada también en: ARRIBAS LÓPEZ, E., «Otra vez a vueltas con la redención de penas por el trabajo», La Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía,
núm. 3, 2005, págs. 1546-1552.
9 Así lo ponen de manifiesto también numerosos autores que han analizado el contenido de la STS
197/2006: NISTAL BURÓN, J., «La doctrina Parot. Un mecanismo necesario para corregir el desajuste
entre pena impuesta y pena cumplida», Diario La Ley, núm. 7071, Sección Tribuna, 2008, págs. 1-13;
MUÑOZ CLARES, J., op. cit.; FERNÁNDEZ GARCÍA, J., op. cit.
10 Esa información se recoge en: MANZANARES SAMANIEGO, J.L, «Apuntes de urgencia sobre la
sentencia del Tribunal Supremo en relación con el denominado caso Parot», Diario La Ley, núm. 6443, de 17
de marzo de 2006, pág. 4.
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Sin embargo, tan escuetas afirmaciones no podían esconder que el cambio jurisprudencial se producía en relación con una norma ya derogada, que se había aplicado de
forma constante e indiscutida durante toda su vigencia en un sentido diametralmente
distinto. Además, la discusión sobre la constitucionalidad de esa doctrina adquiría tintes especiales, en la medida en que el cambio jurisprudencial era claramente perjudicial
para el reo y se introducía con la intención de ser aplicado de forma retroactiva y, en
la medida en que esa aplicación retroactiva podía tener importantes consecuencias en
la libertad personal de numerosos reclusos, al provocar un alargamiento efectivo de su
tiempo de permanencia en prisión. La polémica estaba así servida.
III. LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: UNA
SOLUCIÓN DE COMPROMISO Y ESCASAMENTE CONVINCENTE
Como no podía ser de otro modo, el TC ha sido llamado a pronunciarse, a través de
numerosos recursos de amparo, sobre la adecuación al texto constitucional de la doctrina Parot11. Hasta la fecha en la que se cierra este trabajo, el TC ha dictado un total de 37
sentencias en las que se pronuncia sobre esta doctrina12, ora denegando el amparo, ora
otorgándolo, sobre la base de un razonamiento que se antoja excesivamente formalista.
De todas las sentencias adoptadas, tan sólo 4 otorgan el amparo13, 6 inadmiten el recurso por motivos procesales14 y las demás deniegan el amparo.
La diferencia entre aquellos asuntos en los que el TC otorga el amparo y aquellos
en los que se deniega parece, sin embargo, forzada, ya que el Alto Tribunal establece
una distinción entre los casos en los que alguna decisión judicial firme indicaba
—supuestamente— que la redención de penas por el trabajo prevista en el art. 100 del
CP de 1973 debía aplicarse sobre el límite máximo de 30 años de condena y los casos
en los que no existía tal pronunciamiento15. El TC parece obviar así, tal y como ahora
11 Hasta la fecha, la jurisprudencia del TC en la materia no ha sido objeto de muchos análisis doctrinales, pero sí pueden manejarse: TAJADURA TEJADA, J., «Doctrina Parot y Estado de Derecho», Claves de
Razón Práctica, núm. 222, 2012, págs. 98-109, en el que el autor defiende claramente la doctrina sentada
por el TC; y ARRATIBEL PASTOR, I, «La redención de penas y la doctrina Parot llegan al TC», Revista
Aranzadi Doctrinal, núm. 3, 2012, págs. 99-101.
12 Las sentencias dictadas por el TC en la materia son: STC 39-69/2012, de 29 de marzo; STC 108/2012,
de 21 de mayo; STC 113/2012, de 24 de mayo; STC 114/2012, de 24 de mayo; STC 128/2012, de 18 de
junio; STC 152/2012, de 16 de julio.
13 STC 39/2012, de 29 de marzo; STC 57/2012, de 29 de marzo; STC 62/2012, de 29 de marzo; STC
113/2012, de 24 de mayo.
14 STC 58/2012, de 29 de marzo; STC 60/2012, de 29 de marzo; STC 63/2012, de 29 de marzo; STC
128/2012, de 18 de junio; STC 152/2012, de 16 de julio; STC 157/2012, de 17 de septiembre.
15 El único de los amparos otorgados que presenta alguna diferencia es el resuelto por la STC 62/2012,
de 29 de marzo, ya que en este caso se reconoce vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes porque una providencia de la Audiencia Nacional,
que no se recurre y se convierte en firme, aprueba el licenciamiento definitivo del recurrente en amparo para
la fecha en que le correspondía abandonar la cárcel en aplicación de las reglas de cómputo de las redenciones
anteriores a la STS 197/2006. Tras advertir el error, el Ministerio Fiscal solicita a la Audiencia Nacional que
adopte una nueva resolución en la que se fije una nueva fecha de licenciamiento aplicando la doctrina Parot.
La Audiencia Nacional cumple con lo solicitado, posponiendo en 9 años la fecha de licenciamiento definitivo
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explicaremos, que las resoluciones judiciales no solían hacer referencia a la forma en
que debía aplicarse el art. 100 del CP de 1973 porque era práctica habitual de la administración penitenciaria y jurisprudencia constante de nuestros tribunales hasta la STS
197/2006 que esa redención se aplicaba sobre la condena acumulada y no sobre cada
una de las penas individualmente impuestas.
El TC resuelve así «en falso» los problemas planteados por la STS 197/2006, al
pronunciarse con excesiva ligereza sobre la eventual vulneración del principio de legalidad penal o la libertad personal, tal y como demuestra la sentencia ya dictada en la
misma materia por una de las Salas del TEDH y tal y como ya argumentaban los votos
discrepantes de algunos Magistrados del TC y el propio Ministerio Fiscal, en la mayoría
de los asuntos resueltos.
No obstante, vayamos por partes y analicemos con calma el razonamiento del TC
sobre las principales alegaciones formuladas en los recursos que ha resuelto; alegaciones
que se centran en la eventual vulneración de los derechos a la legalidad en el ámbito penal (art. 25 CE); a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE); a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 CE); y a la libertad personal (art. 17 CE).
a) El principio de legalidad penal: la exclusión de las medidas de ejecución de
la pena del ámbito de aplicación del art. 25 CE
La primera de las alegaciones que formularon los recurrentes afectados por la doctrina Parot ante el TC se relacionaba con el principio de legalidad penal, subrayándose
que la doctrina sentada por la STS 197/2006 modificó la interpretación que tradicionalmente se venía realizando de los arts. 70.2 y 100 del CP de 1973, en perjuicio de
aquellos que entendían habían redimido gran parte de su condena, y lo hizo alejándose
del tenor literal y el espíritu del CP de 1973, que pretendía el acortamiento efectivo de
la condena a través del trabajo, y acercándose a la lógica introducida por la reforma de
2003 en el CP de 1995. Los recurrentes planteaban así, con mayor o menor acierto, que
la modificación radical de criterio introducida por la STS 197/2006 había supuesto un
alargamiento efectivo de sus condenas muy notable y que esa modificación sustancial de
la pena que iban a cumplir parecía contradecir las exigencias derivadas del principio de
legalidad penal, que se plasman en la necesidad de que una ley praevia, scripta, stricta y
certa defina los delitos y las penas que pueden ser impuestas a un particular en caso de
cometer ciertos actos.
A pesar de la importancia de la cuestión planteada, el TC resolvía estas alegaciones
desde su primera sentencia en la materia —STC 39/2012, de 29 de marzo— de forma
un tanto artificiosa. Subrayaba así que, si bien el principio de legalidad penal exige la
concreción previa, a través de una ley, de las conductas que son constitutivas de delito y
de las penas que se corresponden a tales delitos, la modificación de criterio introducida
por la STS 197/2006 quedaba fuera de ese ámbito —«que es el de la interpretación y
aplicación de los tipos penales, la subsunción de los hechos probados en los mismos y la
del recurrente en amparo. El TC considera que la nueva resolución modificó una resolución del mismo tribunal que devino firme y lo hizo sin mediar recurso legal, vulnerándose así el derecho a la intangibilidad de las
resoluciones judiciales firmes.
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imposición de la pena en ellos prevista», FJ 3— y se ubicaba en el ámbito de la «ejecución de una pena privativa de libertad». Parecía entenderse así que, puesto que la STS
197/2006 modificaba un criterio jurisprudencial asentadísimo en lo que a la ejecución
de penas se refería, y el principio de legalidad penal exige «tan sólo» la concreción de
los delitos y las penas a través de la ley, nada podía reprocharse a la nueva jurisprudencia
desde el punto de vista del principio de legalidad penal.
Para justificar la diferenciación entre pena y ejecución de la pena y, por tanto,
excluir la doctrina Parot de las exigencias derivadas del principio de legalidad penal,
el TC recurría a la jurisprudencia del TEDH, indicando que, en varios asuntos, ese
tribunal acogía la distinción subrayada, excluyendo a las medidas relacionadas con la
ejecución de la pena del ámbito de aplicación del art. 7 CEDH, siempre que tales medidas no supusieran que la pena cumplida fuera más grave que la prevista en la ley. A
pesar de que ese último inciso parecía plantear serias dudas en relación con la mayoría
de los casos analizados, en los que los recurrentes en amparo habían sufrido un alargamiento notable de su condena —hablábamos, por tanto, de la duración de la pena—,
el TC se limitaba a indicar que, en ningún caso, se habían cumplido penas superiores a
las previstas en los tipos penales aplicados en cada caso, ni tampoco una pena superior
al límite máximo legalmente establecido —triple de la pena superior o 30 años, según
el art. 70.2 del CP de 1973—.
Curiosamente, el TC no se mostraba excesivamente seguro de su razonamiento y de
la exclusión plena de todas las medidas de ejecución de penas del ámbito de aplicación
del principio de legalidad penal, ya que, acto seguido, se planteaba si la STS 197/2006
había aplicado retroactivamente el tenor del art. 78 del CP de 1995 y había vulnerado
así el principio de legalidad penal, al aplicar a los recurrentes en amparo —condenados
todos bajo el imperio del CP de 1973— una norma no vigente en el momento de comisión de los hechos y que, se entendía, perjudicaba notablemente sus intereses. Aunque
el TC reconocía que la jurisprudencia sentada por el TS acogía el criterio de cómputo
consagrado expresamente en el CP de 1995, lo relevante para el Alto Tribunal era que,
tanto la STS 197/2006, como las resoluciones judiciales posteriores que acogieron su
contenido, habían aplicado el CP de 1973, esto es, la norma vigente en el momento
en que se cometieron los hechos por los que los recurrentes habían sido condenados y
que habían realizado una interpretación de tal norma que, aunque iba en la línea de lo
estipulado al respecto en el CP de 1995, era una interpretación «posible», dado el tenor
literal de los arts. 70.2 y 100 del CP de 1973.
El razonamiento del TC parecía así criticable desde varios puntos de vista. Por un
lado, la exclusión de la redención de la penas por el trabajo del ámbito de aplicación del
art. 25 CE parecía un tanto forzada si se tenía en cuenta que la aplicación de la doctrina
Parot a los recurrentes en amparo había supuesto un alargamiento notable de su condena —que oscilaba entre los 5 y los 15 años, según los casos16—. Si formalmente puede
establecerse una diferencia clara entre pena y modalidades de ejecución de la misma, ese
deslinde pierde nitidez en aquellos supuestos en los que la modalidad de ejecución de
16 Por citar tan sólo algunos ejemplos, la STC 61/2012, de 29 de marzo, resuelve un recurso de amparo
en el que el licenciamiento definitivo del recurrente se había postergado en 15 años, mientras que en la STC
44/2012, de 29 de marzo, los años añadidos de cumplimiento eran 5.
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la pena supone un agravamiento notable de ésta, léase un alargamiento significativo
de la duración de la misma. Así lo subrayaban claramente los Votos disidentes de la
Magistrada Adela Asúa Batarrita, que se hacía eco de la jurisprudencia del TEDH al
respecto. Y así lo plasmaba posteriormente la Sala del TEDH en su sentencia Del Río
Prada c. España, en la que, como luego veremos, el Alto Tribunal ponía en entredicho
la existencia de una clara distinción entre pena y modalidades de ejecución de la misma en su jurisprudencia y consideraba que tal diferenciación perdía sentido en supuestos como el analizado, en el que la aplicación de un cambio de criterio en relación con
la modalidad de ejecución de la pena suponía un alargamiento efectivo de la duración
de la misma que rozaba, en el caso Del Río Prada, los 9 años adicionales de privación
de libertad.
Por otro lado, el razonamiento del TC sobre la eventual vulneración del principio
de legalidad penal parecía criticable por un segundo motivo. Resultaba claro que lo que
se discutía nada tenía que ver con la aplicación expresa del CP de 1995 a los casos de
los recurrentes en amparo, sino con la aplicación a los mismos de una jurisprudencia
que modificaba criterios asentadísimo sobre el cómputo de la redención de penas por el
trabajo y lo hacía: 1. en perjuicio de los recurrentes; 2. en un sentido diametralmente
distinto a como la norma se había aplicado de forma indiscutida durante más de 30
años; 3. y mucho tiempo después de que la norma aplicada hubiera sido derogada y, por
tanto, con una clara proyección retroactiva.
Ese problema parecía cuestionar, al menos, tres de las exigencias asociadas al principio de legalidad penal y, nuevamente, así lo subrayaban tanto la Magistrada Adela
Asúa Batarrita, como la Sala del TEDH en su sentencia Del Río Prada c. España. Si el
principio de legalidad penal exige que la norma que defina los hechos tipificados como
delito y las penas que corresponden a tales delitos sea una ley praevia, scripta, stricta y certa17, la doctrina Parot podía cuestionarse, al menos, desde tres perspectivas: las asociadas al principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable (lex praevia), al principio
de tipicidad (lex stricta) y al principio de taxatividad (lex certa).
En relación con el principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable, varios
autores subrayaron pronto que la doctrina Parot suponía una interpretación de los arts.
70.2 y 100 del CP de 1973 que perjudicaba claramente a numerosos reclusos, agravando las condiciones de cumplimiento de las penas que les habían sido impuestas de forma
retroactiva18, en la medida en que la norma cuya interpretación se había modificado radicalmente estaba incluso derogada. Esa problemática, especialmente clara en relación
con aquellos reclusos a los que la doctrina Parot fue aplicada cuando ya tenían autos
de acumulación de condena y llevaban años redimiendo días de condena a través de su
trabajo, se relacionaba con la espinosa cuestión de la eventual prohibición de irretroac17 En relación con la definición del principio de legalidad penal, ver: DE VICENTE MARTÍNEZ, R.,
El principio de legalidad penal. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004; HUERTA TOCILDO, S., «El derecho
fundamental a la legalidad penal», Revista Española de Derecho Constitucional nº 39, 1993, pp. 81-113.
Y el muy sugerente: ORTIZ DE URBINA GIMENO, I.: «¿Leyes taxativas interpretadas libérrimamente?
Principio de legalidad penal e interpretación del Derecho Penal», en MONTIEL, J.P. (ed.): La crisis del
principio de legalidad en el nuevo Derecho Penal: ¿decadencia o evolución?. Marcial Pons, Madrid, 2012,
págs. 173-206.
18 Esta cuestión es planteada por: MUÑOZ CLARES, J., op. cit.; FERNÁNDEZ GARCÍA, J., op. cit.
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tividad de los cambios jurisprudenciales desfavorables. Aunque el TS se ha pronunciado
de forma constante en contra de esa prohibición, esto es, afirmando que el principio de
irretroactividad se aplica sólo en relación con disposiciones legales y reglamentarias y
no en relación con los cambios jurisprudenciales19, nuestro TC no se ha pronunciado
nunca de forma clara sobre esta cuestión20, en absoluto baladí si se tiene en cuenta que,
en casos como el analizado, el cambio de criterio jurisprudencial produce efectos tan
radicales como los que podría producir una eventual modificación legislativa.
Más allá de este primer interrogante, que habría exigido una toma de postura al
respecto por parte de nuestro TC, la doctrina Parot también parecía plantear serios problemas en lo referido al respeto de los principios de tipicidad y taxatividad. Teniendo
en cuenta la jurisprudencia del propio TC, podía cuestionarse la labor interpretativa
desarrollada por el TS, que parecía ser una interpretación extensiva in malam partem de
los arts. 70.2 y 100 del CP de 1973; y cabía también plantearse si las normas apuntadas cumplían las exigencias mínimas de concreción que exige la caracterización de una
norma penal como lex certa.
Efectivamente, podíamos preguntarnos, en primer lugar, si el giro copernicano
introducido por el TS en relación con la interpretación de los arts. 70.2 y 100 del CP
de 1973 cumplía las exigencias impuestas por la jurisprudencia del TC en relación con
la interpretación de las normas sancionadoras por parte de nuestros órganos jurisdiccionales. Aunque la aplicación de su jurisprudencia en la materia ha sido ciertamente
inconstante21, el TC ha subrayado en numerosas ocasiones la obligación de nuestros
tribunales de interpretar las normas sancionadoras de forma estricta y rigurosa, en la
medida en que se produciría una vulneración del principio de legalidad penal si la
interpretación de la norma punitiva fuera «tan carente de razonabilidad que resulte
imprevisible para sus destinatarios, sea por apartamiento del tenor literal del precepto,
sea por la utilización de pautas valorativas extravagantes en relación con el ordenamiento constitucional, sea por el empleo de modelos de interpretación no aceptados por la
comunidad jurídica, comprobado todo ello a partir de la motivación expresada en las
resoluciones recurridas»22.
En este sentido, parecía poder discutirse la razonabilidad de una interpretación
jurisprudencial que no tenía en cuenta la pretensión de acortamiento de la pena que
19 En este sentido, la propia STS 197/2006, de 28 de febrero, FJ 5, entre otras muchas.
20 Sobre esta cuestión, ver: VIDALES RODRÍGUEZ, C., La eficacia retroactiva de los cambios jurisprudenciales, Tirant, Valencia, 2001, especialmente, págs. 120 y ss. En general, sobre la retroactividad de
los cambios jurisprudenciales en el ámbito penal, ver: REDONDO HERMIDA, A., «La retroactividad de la
jurisprudencia en Derecho penal español», La Ley Penal, núm. 48, 2008; MADRID CONESA, F., El principio de irretroactividad de la ley penal y las variaciones jurisprudenciales desfavorables al reo, Universidad,
Valencia, 1982.
21 En este sentido: FERRERES COMELLA, V. y MIERES MIERES, L.J., «Algunas consideraciones
acerca del principio de legalidad penal (A propósito de las Sentencias 111/1993 y 150/1997 del Tribunal
Constitucional)», Revista Española de Derecho Constitucional nº 55, 1999, pp. 293 y ss.; HUERTA TOCILDO, S., «El derecho fundamental a la legalidad penal», Revista Española de Derecho Constitucional nº 39,
1993, pp. 103 y ss.
22 STC 120/2005, de 10 de mayo, FJ 6. En la misma línea: STC 195/2000, de 24 de julio; STC
137/1997, de 21 de julio; STC 123/2001, de 4 de junio.
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ha tenido históricamente la redención de penas por el trabajo23 al dejarla sin efecto
práctico para todos aquellos reclusos que hubieran sido condenados a penas superiores a
45-60 años, y que tampoco parecía cohonestarse bien con el contenido del CP de 1995.
Si ese Código introducía por primera vez la obligación de calcular los beneficios penitenciarios sobre la totalidad de las penas impuestas a un sujeto y no sobre la condena
acumulada, cuando el condenado lo hubiera sido a ciertas penas —art. 78.2 del CP de
1995—, era porque partía de la lógica de que, con carácter general, los beneficios penitenciarios se aplican sobre la condena acumulada. De hecho, el propio art. 78.3 del CP
de 1995 señala que el «régimen general de cumplimiento» es aquel en virtud del cual
los beneficios penitenciarios se aplican sobre la condena acumulada. Si nada decía el CP
de 1973 sobre la obligación de calcular esos beneficios sobre las penas individualmente
impuestas, parecía lógico entender que procedía calcularlos siempre sobre la condena
acumulada.
No obstante, y aún cuando pudiera discutirse el carácter razonable o no del giro
jurisprudencial introducido por el TS, lo que no parecería posible de ningún modo era
afirmar a la par que la STS 197/2006 realizaba una interpretación constitucionalmente
admisible y que las normas interpretadas eran lo suficientemente precisas como para
cumplir con las exigencias que derivan del principio de taxatividad. Ese principio exige
que la norma penal sea suficientemente precisa y determinada, de modo que se evite
el riesgo de que la aplicación de la misma dependa de una decisión libre y arbitraria
de jueces y tribunales24. El TC ha admitido cierto grado de indeterminación en toda
norma penal, siempre que la concreción del contenido de la misma sea razonablemente
factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia, que permitan prever
con suficiente seguridad el contenido de la norma25. Nuestro Alto Tribunal ha llegado
incluso a admitir la importancia del contexto legal y jurisprudencial en el que el precepto penal se inscribe a fin de determinar si su nivel de concreción es suficiente para
cumplir con las exigencias derivadas del principio de legalidad26.
Sin embargo, parece evidente que una norma que admite dos interpretaciones diametralmente diferentes, con consecuencias jurídicas tan diversas como las que se derivan
de la interpretación realizada de los arts. 70.2 y 100 del CP de 1973 antes y después de
la STS 197/2006, no cumple las exigencias mínimas de certeza y previsibilidad que exige el principio de taxatividad. Así lo sugería la Magistrada Adela Asúa Batarrita en sus
Votos particulares y así lo vuelve a subrayar la Sala del TEDH en su sentencia Del Río
Prada, en la que uno de los argumentos centrales para condenar al Estado español se relaciona con la imposibilidad de prever la forma en que sería interpretado el CP de 1973.
b) El derecho a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE)
El segundo de los debates que resuelve el TC en relación con la aplicación de la
doctrina Parot parte de las alegaciones de los recurrentes referidas a la eventual vul23 En relación con el origen histórico de esta institución, ver: FERNÁNDEZ GARCÍA, J.,op. cit.
24 Entre muchas otras: STC 53/1994, de 24 de febrero, FJ 4; STC 89/1993, de 12 de marzo, FJ 2
25 STC 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 9.
26 STC 89/1993, de 12 de marzo, FJ 2.
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neración del principio de igualdad en la aplicación de la ley. Tal violación se habría
derivado del tratamiento diverso que habrían sufrido los reclusos que todavía no habían
cumplido toda su condena en el momento en que se modifica el criterio jurisprudencial
y aquellos a los que se había aplicado el CP de 1973 en el sentido más beneficioso imperante antes de la STS 197/2006.
El TC ventila estas alegaciones de forma contundente, subrayando que si bien
la conformidad con la CE de un cambio jurisprudencial puede ser analizada desde la
perspectiva del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y no —parece deducirse— desde la óptica del principio de legalidad penal, no cabe entender vulnerado ese
derecho en los casos de aplicación posterior de la doctrina sentada en la STS 197/2006,
en la medida en que esa sentencia introdujo un cambio de criterio jurisprudencial que
el resto de tribunales se ha limitado a seguir y la aplicación de esa nueva doctrina habría
motivado el tratamiento diferenciado de aquellos reclusos que cumplieron su condena
antes y después de la misma.
En esta lógica, el TC rechaza analizar si la STS 197/2006 —en sí misma— provocó
la eventual vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley y se centra
en la violación de tal derecho por las decisiones posteriores, en su mayoría de la Audiencia Nacional, que aplicaron esa jurisprudencia a los recurrentes en amparo. Desde
esa perspectiva, el TC entiende que no hay vulneración alguna del derecho, ya que la
desigualdad en la aplicación de la norma está plenamente justificada por el cambio jurisprudencial introducido por el TS.
Parece claro así que la inadmisión del recuso de amparo interpuesto por Henri Parot eximió al TC de desarrollar la labor de revisión de la motivación de la STS 197/2006
que le habría impuesto su jurisprudencia sobre la igualdad en la aplicación de la ley27. Y
que, eximido de un quehacer que siempre le acerca a la revisión de la interpretación de
la legalidad ordinaria llevada a cabo por nuestros tribunales28, el TC se escuda en el propio cambio jurisprudencial introducido por el TS para justificar el distinto tratamiento
sufrido, antes y después del 28 de febrero de 2006, por reclusos que se encontraban en
situaciones idénticas.
Sin embargo, este proceder, procesalmente irreprochable, lleva a situaciones paradójicas, como las resueltas por las SSTC 42/2012 y 51/2012, ambas de 29 de marzo, en
las que el TC señala que no se había vulnerado el derecho a la igualdad en la aplicación
de la ley de los recurrentes en amparo, que vieron alargada su pena privativa de libertad
en 11 y 5 años, respectivamente, tras la aplicación de la doctrina Parot. El TC mantenía
27 En relación con las exigencias de motivación que impone la jurisprudencia constitucional a los tribunales ordinarios cuando modifiquen sus propios precedentes, ver entre otras muchas: STC 47/1995, de 14
de febrero.
28 Algunos autores han criticado al TC por el carácter excesivamente flexible de la revisión de la motivación de las resoluciones de los tribunales ordinarios que realiza ex art. 14 CE: VIDALES RODRÍGUEZ, C.,
La eficacia retroactiva de los cambios jurisprudenciales, Tirant, Valencia, 2001, págs. 98 y ss.; SÁNCHEZURÁN AZAÑA, Y., «Sobre el principio de igualdad y la insuficiente motivación del cambio de línea jurisprudencial», Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 34, 1988, pp. 287-304. Otros autores parecen
alabar que el TC se haya mantenido alejado de un control exhaustivo de la aplicación de la legalidad ordinaria
efectuada por nuestro tribunales: REQUEJO PAGES, J.L, «Juridicidad, precedente y jurisprudencia», Revista Española de Derecho Constitucional nº 29, 1990, págs. 223-240.
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esa posición, a pesar de que coimputados en sus mismas causas obtuvieron el licenciamiento definitivo en enero de 2006 al aplicárseles la redención de penas por el trabajo
sobre la condena acumulada. Puesto que el licenciamiento definitivo de los recurrentes
estaba previsto para mayo y octubre de 2006 y la doctrina Parot fue formulada en febrero de 2006, la Audiencia Nacional decidió aplicársela, extendiendo su tiempo efectivo
de cumplimiento de condena. Apenas unos meses de diferencia en relación con la fecha
prevista de licenciamiento definitivo se convirtieron así en 5 y 11 años de diferencia
efectiva de privación de libertad. A pesar de ello, el TC considera justificada la aplicación diferente de la ley en ambos casos, en la medida en que la decisión de la Audiencia
Nacional fue adoptada con posterioridad a la STS 197/2006 y aplicaba estrictamente el
contenido de la jurisprudencia del TS. Tal formalismo parece, sin duda, criticable, pero
va en la línea de la reiterada jurisprudencia de nuestro TC sobre las exigencias derivadas
del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley29.
c) La intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes y la vulneración, tan
sólo en ciertos casos, del art. 24 CE
La tercera gran cuestión sobre la que se pronuncia el TC en relación con la aplicación de la doctrina Parot realizada por nuestros tribunales se relaciona con el derecho a
la tutela judicial efectiva, en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales
firmes. Puesto que ese derecho garantiza que las resoluciones judiciales no puedan ser
alteradas o modificadas fuera de los cauces legalmente previstos y la mayoría de los recurrentes en amparo contaban, antes de la STS 197/2006, con un auto de acumulación
de condena en el que se indicaba el tiempo máximo de cumplimiento de la misma30, se
planteaba si la modificación radical de criterio en cuanto al modo de ejecutar esos autos
no debía considerarse, de hecho, una modificación del contenido de los mismos.
Lo llamativo de la cuestión planteada era que la mayoría de esos autos se limitaban
a acordar la acumulación de las penas del condenado y a indicar el tiempo total de cumplimiento de acuerdo con el máximo previsto en el art. 70.2 del CP de 1973, que era,
en la mayoría de los casos, de 30 años. Nada decían esas resoluciones sobre la forma en
29 Sobre esta jurisprudencia ver: ZOCO ZABALA, C., Igualdad en la aplicación de las normas y motivación de sentencias (artículos 14 y 24.1 CE) Bosch, Barcelona, 2003, págs. 82 y ss.; XIOL RÍOS, T.A.; «El
principio de igualdad en la aplicación de la ley», en El Principio de igualdad en la Constitución Española: XI
Jornada de Estudio. Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, págs. 241-2993. VIDALES RODRÍGUEZ, C., La
eficacia retroactiva de los cambios jurisprudenciales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, págs. 95 y ss.; RUBIO
LLORENTE, F.: «La igualdad en la aplicación de la ley», en GARCÍA SAN MIGUEL, L.: El principio de
igualdad. Dykinson/UAH, Madrid, 2000, págs. 47-58.
30 En muy pocos de los asuntos analizados por el TC, el auto de acumulación de condenas había sido
adoptado con posterioridad a la STS 197/2006, de 28 de febrero: STC 47/2012, de 29 de marzo; STC
65/2012, de 29 de marzo; STC 69/2012, de 29 de marzo; STC 108/2012, de 21 de mayo. No obstante, en
todos esos asuntos, el auto de acumulación de condena indicaba ya la aplicación al caso de la doctrina Parot,
de modo que los recurrentes en amparo alegan la vulneración de los arts. 14, 24, 25 y 17 CE por la aplicación
de esa doctrina a los días que habrían redimido desde que ingresaron en prisión provisional y hasta la fecha
de adopción del auto de acumulación. Los propios recurrentes en amparo entendían así que sus legítimas
expectativas de cómputo de las redenciones sobre el límite máximo de cumplimiento desaparecieron tras la
adopción del auto de acumulación que subrayó la aplicación a su caso de la doctrina Parot.
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que debía ejecutarse la condena y, por tanto, sobre el modo en que debía computarse la
redención de penas por el trabajo, entre otras cosas, porque no parecía necesario, dada
la práctica constante de la administración penitenciaria y la jurisprudencia reiterada de
nuestros tribunales hasta la STS 197/200631.
Tan sólo en algunos —muy pocos— de los casos estudiados por el TC, las resoluciones judiciales impugnadas hacían una mención a la redención de penas por el trabajo. Esa
mención se realizaba bien en los autos de revisión de condena adoptados por el tribunal
sentenciador, tras la entrada en vigor del CP de 1995, con el objetivo de determinar si el
nuevo Código resultaba de aplicación al condenado por ser más favorable, o bien en algunas sentencias condenatorias dictadas con posterioridad a la entrada en vigor del CP de
1995 en las que se trataban de dilucidar si procedía aplicar el CP de 1973 o el de 1995
por ser la norma más favorable. Buena parte de esas resoluciones judiciales se limitaron
a constatar que no procedía la revisión porque el límite máximo de cumplimiento del
penado era el mismo según ambos Códigos32 o porque, dados los hechos enjuiciados y
las penas impuestas, no eran más favorables las previsiones del CP de 199533.
Sin embargo, en dos de esas resoluciones judiciales, el tribunal sentenciador indicaba que no procedía la revisión de la condena, ya que se perdería el derecho a obtener
la redención de penas por el trabajo, y realizaba tal afirmación tras estudiar la liquidación de condena remitida por las autoridades penitenciarias en la que las redenciones
se aplicaban sobre la condena acumulada y no sobre cada una de las penas impuestas
al condenado34. Y, en un asunto más, el tribunal sentenciador, en la sentencia condenatoria, desechaba la posibilidad de aplicar el CP de 1995 a hechos cometidos bajo el
imperio del CP de 1973, al señalar que el límite máximo de cumplimiento de condena
para el recurrente en ambos casos sería el de 30 años, pero que el CP de 1973 le daba la
posibilidad de redimir días de condena por trabajo, siendo así la norma más favorable35.
Curiosamente, esa sutil —y en apariencia insignificante— diferencia lleva al TC
a otorgar el amparo a alguno de los recurrentes a los que se aplicó la doctrina Parot36 y
a desestimar las pretensiones del resto, al considerar que la aplicación de tal doctrina a
aquellos recurrentes en amparo que contaban con una resolución judicial de la que se
desprendiera una determinada forma de cómputo de la redención de penas por el trabajo, vulneraba el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes. Por
el contrario, aquellos recurrentes en amparo que contaban con autos de acumulación
de condena o autos de revisión de la misma de los que no se desprendía ese criterio
de cómputo quedaban totalmente desamparados. Y ello a pesar de que sus condenas
hubieran sido acumuladas y de que, a partir de la acumulación, tanto los jueces de vigilancia penitenciaria —a través de autos que devinieron firmes—, como las autoridades
31 Sobre la asentadísima jurisprudencia de nuestros tribunales en la materia, ver nota a pie núm. 4.
32 En este sentido, los asuntos resueltos por: SSTC 40/2012, de 29 de marzo; 44/2012, de 29 de marzo;
49/2012, de 29 de marzo
33 En este sentido: SSTC 43/2012, de 29 de marzo; 54/2012, de 29 de marzo.
34 En este sentido, los asuntos resueltos por: SSTC 39/2012, de 29 de marzo; 57/2012, de 29 de marzo.
35 En este sentido: STC 113/2012, de 24 de mayo.
36 Se otorga el amparo por este motivo en las SSTC 39/2012 y 57/2012, de 29 de marzo, y STC
113/2012, de 24 de mayo. El único asunto en el que se otorga el amparo por un motivo diferente es el resuelto por la STC 62/2012, de 29 de marzo, analizado en la nota a pie núm. 15.
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penitenciarias —a través de las hojas de cálculo de condena— les hubieran reconocido
una serie de días de redención. Y de que estas últimas hubieran calculado la fecha de
licenciamiento definitivo teniendo en cuenta que los días redimidos se aplicaban a la
condena acumulada y no a cada una de las penas impuestas37.
Para el TC, los cálculos elaborados por la administración penitenciaria no podían
considerarse —claro está— resoluciones judiciales firmes y de las decisiones de los Jueces de vigilancia penitenciaria reconociendo días de redención de penas por el trabajo,
de los autos de acumulación de condena y de los autos de revisión de condena adoptados
en la mayoría de los casos resueltos no podía derivarse una situación consolidada e intangible sobre la forma en que debían computarse las redenciones.
En relación con las resoluciones de los Jueces de vigilancia penitenciaria reconociendo días de redención, el TC subrayaba que esos jueces se limitaban a reconocer
días redimidos, pero no aprobaban liquidación de condena alguna, ni decidían acerca
de la forma de cómputo de las redenciones; funciones que correspondían al tribunal
sentenciador. De este modo, la intangibilidad de los autos de los Jueces de vigilancia
penitenciaria en los que se reconocían días redimidos a los penados se aseguraba por
el hecho de que tales redenciones hubieran sido tenidas en cuenta por los tribunales
sentenciadores a la hora de liquidar la condena, aunque se aplicaran sobre cada una de
las penas impuestas y no sobre la condena acumulada; algo que convertía tales redenciones en inútiles en aquellos casos —la mayoría38— en los que las penas efectivamente
impuestas superaran los 45-60 años de privación de libertad. En la misma línea, el TC
enfatizaba que los autos de acumulación de condena se limitaban a aplicar el art. 70.2
del CP de 1973, sin pronunciarse sobre la forma de cómputo de la redención de penas
por el trabajo. Finalmente, el TC subrayaba que la mayoría de los autos de revisión de
condena tampoco se pronunciaban expresamente sobre esa cuestión, de modo que de
ninguna de esas resoluciones podía derivarse «el efecto de intangibilidad respecto al
criterio de cómputo de las redenciones pretendido»39.
No obstante, esa aproximación formalista, que se basaba en una supuesta diferencia nítida entre aquellos asuntos en los que una resolución judicial contenía algún criterio sobre la forma de cómputo de la redención de penas por el trabajo y aquellos en los
que tal referencia estaba ausente, resultaba muy criticable, en la medida en que parecía
contradecir la propia jurisprudencia del TC sobre el derecho a la intangibilidad de las
resoluciones judiciales firmes, y en la medida en que una lectura sosegada de las resoluciones judiciales sobre las que se pronunciaba el TC no permitía establecer diferencias
tan nítidas entre aquellas que «supuestamente» incorporaban un determinado criterio
de cómputo de la redención de penas por el trabajo y aquellas que no.
En relación con la primera cuestión, hay que subrayar que el TC lleva años afirmando que el derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes se proyec37 Es de subrayar, en este sentido, que según la jurisprudencia del TC (STC 174/1989, de 30 de octubre), los días redimidos deben considerarse condena extinguida.
38 Tan sólo hay una excepción en los asuntos resueltos por el TC: STC 51/2012, de 29 de marzo, en
la que las redenciones obtenidas permiten al penado extinguir su condena en 21 años y seis meses. A pesar
de ello, si las redenciones le hubieran sido computadas sobre la condena acumulada habría permanecido en
prisión 5 años menos.
39 Entre otras muchas: STC 40/2012, de 29 de marzo, FJ 10.
UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 31, 2013, pp. 573-612.
CUANDO PAROT LLEGÓ A ESTRASBURGO
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ta sobre «todas aquellas cuestiones respecto de las que pueda afirmarse que una resolución judicial firme ha resuelto, conformando la realidad jurídica en un cierto sentido»,
de modo que esa intangibilidad «no afecta sólo al contenido del fallo, sino que también
se proyecta sobre aquellos pronunciamientos que constituyen ratio decidendi de la resolución, aunque no se trasladen al fallo o sobre los que, aun no constituyendo el objeto
mismo del proceso, resultan determinantes para la decisión adoptada»40.
En esta lógica, parece un tanto forzado afirmar que la consolidada e indiscutida
jurisprudencia sobre la forma de cómputo de la redención de penas por el trabajo no
formaba parte de esa «realidad jurídica» que quedaba «conformada» por los autos de
acumulación de condena, las resoluciones de los jueces de vigilancia penitenciaria reconociendo los días redimidos o, más claro aún, por los autos de revisión adoptados
tras la entrada en vigor del CP de 1995, en los que se decidió seguir aplicando a los
recurrentes en amparo el CP de 1973. ¿Cómo se entendería sino que reclusos con penas
que sumaban cientos de años de privación de libertad decidieran trabajar durante años
en prisión? La única explicación lógica parecía asociarse al hecho de que tuvieran una
expectativa razonable de que ese trabajo supondría un acortamiento efectivo del tiempo de reclusión; imposible si la redención se computaba sobre cada una de las penas
impuestas. O, ¿cómo explicar sino que muchos autos de revisión se limitaran a afirmar
que no procedía la misma porque el límite máximo de condena era idéntico en el CP
de 1973 y el de 1995 o porque la pena impuesta conforme al CP de 1973 era también
imponible conforme al CP de 1995? La única explicación coherente parecía asociarse al
hecho de que el nuevo Código Penal hacía desaparecer la redención de penas por el trabajo e impedía aplicar los nuevos beneficios penitenciarios sobre la condena acumulada
en relación con los penados condenados por ciertos delitos —art. 78.2 CP.
Además, una lectura atenta de las resoluciones judiciales referidas a aquellos recurrentes a los que se otorgó el amparo y a aquellos a los que se les denegó planteaba
numerosas dudas en cuanto a las supuestas diferencias existentes entre unos y otros
casos, de modo que no sorprende así que muchas de las sentencias del TC vinieran
acompañadas de votos discrepantes de algunos Magistrados. En esta línea, parecen más
o menos claros los argumentos utilizados por el TC para otorgar el amparo en las SSTC
39/2012 y 57/2012, de 29 de marzo, en la medida en que, en ambos asuntos, el auto de
revisión de condena de los recurrentes en amparo subrayaba que, en virtud del CP de
1995, les correspondería cumplir una condena acumulada de 25 años, y no de 30, como
les correspondería cumplir bajo el imperio del CP de 1973, pero que, aun así, este último resultaba la norma más favorable porque les permitía redimir días de condena por
el trabajo. Incluso, parecía más o menos claro el argumento por el que el TC otorgaba
el amparo en la STC 113/2012, de 24 de mayo, ya que en este caso la sentencia condenatoria optaba por aplicar el CP de 1973 y no el CP de 1995 utilizando los siguientes
argumentos: «por las normas concursales, la pena a aplicar conforme a ambos textos
legales se traduce en un máximo de treinta años y siempre será más favorable el que
otorga la posibilidad de redimir las penas por el trabajo». El TC entendía que, de esa
40 Entre otras muchas: STC 39/2012, de 29 de marzo, FJ 5.
UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 31, 2013, pp. 573-612.
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MARÍA DÍAZ CREGO
referencia a la redención de penas por el trabajo, se deducía una determinada forma de
cómputo de la redención misma41.
Sin embargo, lo que no parece tan evidente es porque no se llegaba a la misma
conclusión en relación con una larga serie de casos, que inauguraba la STC 41/2012, de
29 de marzo42, en los que los autos de revisión de condena de los recurrentes en amparo
rechazaron la aplicación del CP de 1995 como norma más favorable, afirmando lo siguiente: «no se considera más favorable el nuevo Código cuando la duración de la pena
anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al
nuevo Código», de lo que el Tribunal dedujo que «tampoco procederá la revisión cuando la antigua pena por aplicación de los beneficios penitenciarios del art. 100 del Código penal vigente y normas complementarias equivalga en términos de cumplimiento
real a una pena que también sea imponible, es decir que se encuentre dentro del ámbito
punitivo que establezca la nueva norma», razón ésta por la que acordó no haber lugar a
la revisión dado que la pena impuesta conforme al Código Penal de 1973 era también
imponible conforme al nuevo Código penal».
En esta larga serie de casos, la referencia expresa al art. 100 del CP de 1973 dejaba
traslucir que no procedía la aplicación del nuevo Código Penal porque, a pesar de la
semejanza de las penas contempladas en ambos textos para los delitos cometidos por los
recurrentes en amparo, la desaparición de la redención de penas por el trabajo en el nuevo Código, convertía al CP de 1973 en la norma más favorable. Estos casos planteaban
así ciertas semejanzas con el analizado por la STC 113/2012, de 24 de mayo, en el que
la mera referencia a la redención de penas fue tenida en cuenta por el TC para el otorgamiento del amparo. Sin embargo, el TC desestimó todos los recursos en los que los autos de revisión se pronunciaban en idéntico sentido a la STC 41/2012, de 29 de marzo,
sin que se alcanzara a ver bien el porqué. Parecía obvio que ninguna de las resoluciones
judiciales tenidas en cuenta explicaba de forma expresa que la redención de penas por el
trabajo prevista en el art. 100 del CP de 1973 debía computarse sobre el límite máximo
de cumplimiento previsto en el art. 70.2 del CP de 1973, pero así debía entenderse, ya
que sino el CP de 1995 hubiera resultado, en muchos casos, la norma más favorable.
De hecho, esta afirmación resultaba tan evidente que, en el caso resuelto por la STC
41/2012, de 29 de marzo, en el que el TC afirmaba que no se había producido una vulneración del derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, los votos
disidentes de los magistrados Elisa Pérez Vera y Luis Ignacio Ortega subrayaban que
el auto de revisión de la condena del recurrente —adoptado por la Audiencia Nacional
41 La STC 113/2012, de 24 de mayo, venía acompañada por sendos Votos discrepantes de los Magistrados Javier Delgado Barrio, Ramón Rodríguez Arribas, Pérez de los Cobos Orihuel y Manuel Aragón Reyes.
Todos ellos consideraban que el recurso debería haberse inadmitido o, en su defecto, denegado, al estimar
que la referencia que hacían las dos sentencias condenatorias a la redención de penas no predeterminaba una
determinada forma de cómputo de esas redenciones.
42 En este sentido se pronunciaban muchos autos de revisión referidos a recurrentes cuyos amparos han
sido desestimados: STC 41/2012, de 29 de marzo; STC 42/2012, de 29 de marzo; STC 46/2012, de 29 de
marzo; STC 51/2012, de 29 de marzo; STC 52/2012, de 29 de marzo; STC 55/2012, de 29 de marzo; STC
56/2012, de 29 de marzo; STC 66/2012, de 29 de marzo. La expresa referencia a la redención de penas por el
trabajo determinó el contenido de dos votos discrepantes de los magistrados Elisa Pérez Vera y Luis Ignacio
Ortega Álvarez.
UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 31, 2013, pp. 573-612.
CUANDO PAROT LLEGÓ A ESTRASBURGO
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en el año 1996— sí había incorporado un criterio sobre el cómputo de la redención de
penas por el trabajo para justificar que el CP de 1973 era la norma más favorable y no
procedía la revisión. Para justificar su afirmación, los magistrados discrepantes señalaban que, en el año 2009, la Audiencia Nacional volvió a pronunciarse sobre la revisión
de la condena del recurrente en amparo, accediendo a la misma, tras afirmar que: «Esta
doctrina —entiéndase la doctrina Parot— aplicada al presente caso ha tenido el efecto
de que, estando previsto el licenciamiento para el año 2006, se determinó para el año
2018. Es obvio, que si en 1996 el penado hubiese podido prever esta doctrina, hubiera
elegido y la Sala lo hubiera autorizado, la revisión de la sentencia» 43.
La formalista posición del TC provocaba así disfunciones obvias, ya que al dotar de
tan trascendentales consecuencias a ciertas menciones expresas a la redención de penas,
el Alto Tribunal parecía estar olvidando que la amplitud con que ese beneficio penitenciario se reconocía en el CP de 1973 fue uno de los motivos por los que no se revisaron
las condenas de muchos recurrentes al entrar en vigor el CP de 199544. De haberse
revisado sus condenas de conformidad con ese texto legal, la mayoría de los recurrentes
habría visto como los beneficios penitenciarios se les habrían aplicado sobre cada una
de las penas que les habían sido impuestas y no sobre la condena acumulada, según lo
previsto en el art. 78 del CP de 1995. Curiosamente, la parquedad del razonamiento
del tribunal sentenciador en algunos autos de revisión de condena ha jugado de forma
decisiva en contra de los intereses de ciertos recurrentes en amparo.
d) La vulneración de la libertad personal tan sólo en aquellos casos en los que
se reconoce la previa vulneración del art. 24 CE
Finalmente, las sentencias del TC analizadas se pronuncian sobre la eventual vulneración de la libertad personal de los recurrentes en amparo; violación que se habría
producido por la extensión notable del tiempo de privación de libertad que todos sufrieron tras la aplicación de la doctrina Parot a sus casos. Las alegaciones de los recurrentes ponían así de manifiesto que esa extensión de la duración de la pena, provocada por
un cambio jurisprudencial muy posterior al momento de comisión de los hechos y al
momento en que comenzaron a cumplir condena, debía tener relevancia desde el punto
de vista del art. 17 CE, en la medida en que supuso un aumento notable del tiempo de
privación de libertad.
Esta alegación se relacionaba así claramente con las anteriores. El respeto de la
libertad personal prohíbe la privación de la misma fuera de los casos contemplados en
43 En este caso, dadas las condenas impuestas al recurrente en amparo, tal y como fueron recogidas en los
antecedentes de la sentencia del TC, parecía claro que si al recurrente se le aplicaba el CP de 1995 le correspondería cumplir una condena acumulada de 20 años y no de 30, tal y como le correspondía bajo el imperio
del CP de 1973. Y lo mismo ocurría en el caso analizado por la STC 66/2012, de 29 de marzo, en el que el
TC tampoco otorga el amparo.
44 De hecho, la doctrina ha apuntado la necesidad de volver a revisar las condenas de todos los afectados
por la doctrina Parot a fin de determinar si, dada la nueva interpretación del CP de 1973, procede o no aplicarles el CP de 1995 como norma más favorable, de modo que las disfunciones provocadas por los pronunciamientos del TC parecen obvias. En este sentido: MONTERO HERNANZ, T., «Otros efectos de la doctrina
Parot», Diario La Ley, núm. 7176, 2009, págs. 1-9.
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MARÍA DÍAZ CREGO
la ley y cuando no se respeten las condiciones, plazos y procedimientos previstos legalmente, de modo que cualquier decisión que afecte al cómputo de estancia en prisión
debe tener una clara base legal, ya que en caso contrario vulneraría el art. 17 CE45.
En esta lógica, parecía difícil desestimar las alegaciones referidas a este derecho si se
consideraba que la aplicación de la doctrina Parot a los recurrentes en amparo había
vulnerado el principio de legalidad penal, el derecho a la tutela judicial efectiva o el
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Así parecía entenderlo, de hecho, el TC,
en la medida en que, en los pocos casos en los que otorga el amparo por vulneración del
derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones
judiciales firmes, el Alto Tribunal reconoce vulnerado también el art. 17 CE46. Afirma
el TC que, puesto que alguno de los recurrentes en amparo contaba con una resolución
judicial firme de la que podía deducirse que la redención de penas por el trabajo se
aplicaría sobre la condena acumulada y no sobre la totalidad de las penas impuestas, la
privación de libertad de esos reclusos más allá de la fecha de licenciamiento definitivo,
calculada siguiendo ese modo de cómputo, vulneraría el art. 24 CE, al alterar el contenido de una resolución judicial firme y, por tanto, carecería de base legal, vulnerando
también el art. 17 CE.
A pesar de que no podemos sino estar de acuerdo con ese razonamiento, sorprendía
que, dada la notable extensión de la pena de privación de libertad que habían sufrido
todos los demandantes, el TC no se planteara la posibilidad de que la libertad personal
se hubiera vulnerado de forma autónoma, esto es, aún sin que se hubiera producido la
violación del resto de derechos alegados por los recurrentes. De hecho, el TC siempre
liga su razonamiento en torno a este derecho bien a la eventual vulneración del derecho
a la tutela judicial47, bien a la eventual vulneración del principio de legalidad penal48.
Sin embargo, parecía exigible un razonamiento diferenciado, especialmente en
aquellos casos en los que se une el destino de los arts. 17 y 25 CE, en la medida en que
el razonamiento del TC en torno al art. 25 CE —tal y como he subrayado ya— se centra
en excluir de la aplicación del art. 25 CE los casos analizados porque se relacionan con la
interpretación de una medida de ejecución de pena y en afirmar que no se había aplicado retroactivamente el CP de 1995. Esos argumentos obviaban el análisis del problema
sustantivo, esto es, si el giro jurisprudencial realizado por la STS 197/2006 en relación
con los arts. 70.2 y 100 del CP de 1973 vulneraba alguna de las exigencias vinculadas
al principio de legalidad penal y, por tanto, nada nos decían sobre la legalidad de una
decisión que supuso el alargamiento efectivo de penas privativas de libertad en años.
Dicho más claramente, cabía perfectamente argumentar que el cambio jurisprudencial
quedaba fuera del ámbito de aplicación del art. 25 CE porque no se refería a la pena,
sino a la ejecución de la misma, y, paralelamente, analizar la legalidad de tales medi45 En este sentido, entre otras muchas: STC 39/2012, de 29 de marzo, FJ 4.
46 STC 39/2012, de 29 de marzo; STC 57/2012, de 29 de marzo; STC 62/2012, de 29 de marzo; STC
113/2012, de 24 de mayo.
47 En esta línea: STC 39/2012 y STC 40/2012, ambas de 29 de marzo.
48 En este sentido, destaca el razonamiento que el TC realiza en el FJ 6 de la STC 41/2012, de 29 de
marzo. En esa sentencia, el TC subraya que: «por razones atinentes al principio de legalidad, (se colige) que el
demandante no ha sido privado de libertad personal en supuestos distintos de los establecidos en la ley penal,
lo que descarta la alegada vulneración del art. 17.1 CE».
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CUANDO PAROT LLEGÓ A ESTRASBURGO
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das desde la perspectiva del art. 17 CE, ya que, como reconoce el propio tribunal en
varias de sus sentencias, puede vulnerarse tal derecho «como consecuencia de la forma
de ejecución de la condena en relación con el cómputo del tiempo de estancia en prisión, por inobservancia de las disposiciones legales respecto del cumplimiento (de la
condena) que pudieran reducir el tiempo de permanencia en prisión del condenado,
en cuanto que suponga un alargamiento ilegítimo de dicha permanencia»49. Desde esa
perspectiva, sí parecía exigible, por tanto, un análisis diferenciado de la legalidad de las
decisiones que determinaron el alargamiento efectivo de las penas privativas de libertad
de los recurrentes.
En esa línea parecían situarse los Votos formulados por el Magistrado Pablo Pérez
Tremps, en los que ponía de manifiesto que la aplicación de la doctrina Parot a los casos
de los recurrentes sí había supuesto una vulneración del derecho a la libertad personal,
pero no por los motivos que se habían apuntado en algunas de las sentencias estudiadas.
Subrayaba así que el derecho en liza no sólo exige que cualquier privación de libertad
se ajuste estrictamente a las previsiones legales, sino que también exige que éstas estén
dotadas de la suficiente precisión para permitir prever con «razonable certeza» en qué
condiciones podrá producirse la privación de libertad. Aludiendo a la propia jurisprudencia del TC y a la jurisprudencia del TEDH, el Magistrado señalaba que «hubiera
sido preciso afrontar el análisis de la resolución judicial impugnada en su contexto
normativo y teniendo en cuenta, además, las peculiaridades del caso para verificar si la
regulación del cómputo de la redención de penas por el trabajo que dio lugar al nuevo criterio interpretativo era lo suficientemente accesible y precisa para que pudieran
preverse de manera razonable por el ciudadano las consecuencias jurídicas de sus actos,
lo que incluye no sólo la pena a imponer sino también, y por lo que ahora importa, la
duración real y efectiva de la privación de libertad»50.
La aplicación de los criterios apuntados por el Magistrado discrepante debería haber llevado a la mayoría a considerar vulnerado el art. 17 CE en todos los recursos de
amparo planteados, en la medida en que: el cambio de criterio jurisprudencial parecía
del todo imprevisible, dada la jurisprudencia constante existente en sentido contrario;
la norma estaba ya derogada, sólo se aplicaba de forma residual y había sido sustituida
por el legislador por una norma que sí preveía expresamente la posibilidad apuntada
por la nueva jurisprudencia; y la norma enjuiciada no parecía cumplir las mínimas
exigencias de certeza y precisión, dado que había admitido dos interpretaciones muy
divergentes en cuanto a sus efectos sobre la duración de las penas privativas de libertad.
La calidad de la norma enjuiciada salía así de nuevo a relucir y justificaba, como
ya ocurriera con los Votos de la Magistrada Adela Asúa Batarrita sobre el principio de
legalidad penal, la vulneración del derecho a la libertad personal. Ambos votos particulares preveían, con extraordinario acierto, cual sería el sentido de la sentencia de la Sala
del TEDH en el asunto del Río Prada.
49 STC 40/2012, de 29 de marzo, FJ 7. En la misma línea: STC 39/2012, de 29 de marzo. Y también en
la misma línea, el voto particular del Magistrado Eugeni Gay Montalvo a la STC 41/2012, de 29 de marzo.
50 Voto particular del Magistrado Pablo Pérez Tremps a la STC 39/2012, de 29 de marzo, epígrafe 2.
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600
MARÍA DÍAZ CREGO
IV. LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS
HUMANOS: ¿HACIA LA TOTAL DESAPARICIÓN DE LA
DOCTRINA PAROT?
Hasta el momento, el TEDH ha tenido oportunidad de pronunciarse en un sólo
asunto sobre la eventual inadecuación al CEDH de la doctrina Parot y lo ha hecho a
través de una única sentencia de Sala, que ha sido recurrida ante la Gran Sala, y que, por
tanto, uno es firme. En la sentencia Del Río Prada c. España, de 10 de julio de 2012, la
Sala del TEDH analiza el caso de una reclusa, que había sido condenada a más de 3000
años de privación de libertad por numerosos delitos asociados al terrorismo de ETA.
Tras la acumulación de su condena a 30 años y la aplicación de las correspondientes
redenciones, el centro penitenciario en el que estaba recluida propuso su licenciamiento definitivo para el año 2008, después de haber permanecido 21 años en prisión. La
Audiencia Nacional, tribunal sentenciador y, por tanto, competente para decidir sobre
el licenciamiento definitivo, exigió el cálculo de la fecha prevista de puesta en libertad
de acuerdo con la jurisprudencia sentada por el TS en el caso Parot, aumentando así el
tiempo efectivo de reclusión de la demandante en casi 9 años. Ninguno de los recursos
internos interpuestos por la demandante contra tal decisión prosperó, de modo que ésta
acudió ante el TEDH alegando la eventual vulneración del art. 7 CEDH, por la aplicación retroactiva de la jurisprudencia Parot, que perjudicaba claramente sus intereses,
así como la eventual vulneración del principio de legalidad penal (art. 7 CEDH) y de su
libertad personal (art. 5 CEDH).
La cuestión de fondo que suscitaba el caso, que fue inadmitido por el TC por una
cuestión procesal51, habría sido resuelta por el máximo intérprete de la Constitución
española de una forma negativa, en la medida en que de los hechos del caso no se desprende que el auto de acumulación de condena de la demandante —ni ninguna otra
resolución judicial— recoja criterio alguno en relación con el cómputo de la redención
de penas por el trabajo. Sin embargo, el TEDH analiza el asunto desde una perspectiva
diferente a la que ha utilizado el TC en sus sentencias, llegando a conclusiones bien distintas a las que ha llegado el máximo intérprete de nuestra Constitución y ello a pesar
de centrarse en la eventual vulneración de los mismos derechos.
a) Legalidad penal y medidas de ejecución de penas
Como ya ocurriera ante el TC, la primera alegación que plantea la demandante
ante el TEDH gira en torno al principio de legalidad penal, al señalar que se le habría
aplicado retroactivamente la doctrina Parot y que el nuevo cálculo que se habría realizado en relación con la redención de penas por el trabajo habría implicado una agravación
de su pena de casi 9 años.
La resolución de esta cuestión planteaba los mismos puntos oscuros ya estudiados
al hilo del análisis de las sentencias del TC. Por un lado, resultaba dudoso que pudie51 La demandante interpone un recurso de amparo ante el TC que es inadmitido porque «la requérate
n'avait pas justifié la pertinence constitutionnelle de ses griefs» (STEDH Del Rio Prada c. España, de 10 de
julio de 2012, § 18)
UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 31, 2013, pp. 573-612.
CUANDO PAROT LLEGÓ A ESTRASBURGO
601
ra aplicarse el principio de legalidad penal a una cuestión relacionada no tanto con la
concreción del delito o la pena, sino con la ejecución de la condena. Por otro lado, se
planteaban también las espinosas cuestiones referidas a la concreción de la norma penal
aplicada, al control de la interpretación de la misma efectuada por nuestros tribunales
y a los eventuales efectos retroactivos de una interpretación que perjudicaba claramente
a la demandante: era y es evidente que las disposiciones legales aplicables al caso no
habían variado y que no se pretendía —al menos no abiertamente— la aplicación retroactiva de normas posteriores, sino que se había producido un cambio jurisprudencial
notable en la aplicación de ciertas normas, que se había aplicado retroactivamente al
caso de la demandante, perjudicándola de forma clara.
En relación con la primera cuestión, la sentencia del TEDH demuestra la difícil
aplicación práctica de la jurisprudencia que trata de establecer una distinción nítida
entre pena y modalidad de ejecución de la misma. El TEDH ha afirmado de forma
reiterada que el art. 7 CEDH exige que tanto los delitos como las penas estén claramente definidos en la ley en el momento de comisión de los hechos. Ese tribunal también
ha subrayado que tales exigencias no se aplican a las modalidades de ejecución de la
pena, que quedarían fuera del ámbito de aplicación del precepto reseñado52. A pesar de
enunciar tal diferencia, el propio TEDH ha reconocido ya, y vuelve a hacerlo en el caso
Del Río Prada, que en ciertas ocasiones es difícil establecer una frontera nítida entre la
pena y sus modalidades de ejecución53. Para tratar de establecer una distinción entre
ambos conceptos, el TEDH ha tratado de construir un concepto autónomo de «pena»,
teniendo en cuenta varios elementos: que la medida se imponga tras la condena por una
infracción penal; la naturaleza y la finalidad de la medida; su calificación en Derecho
interno; el procedimiento que se sigue para su adopción y ejecución; y su gravedad54. La
aplicación de estos criterios al caso llevan al TEDH a afirmar que el cambio jurisprudencial efectuado en relación con la redención de penas por el trabajo no podía considerarse una medida asociada a la modalidad de ejecución de la condena, dado el «impacto
decisivo» que tuvo sobre el alcance de la pena impuesta a la demandante, que vio como
su tiempo efectivo de permanencia en prisión se alargaba en casi 9 años.
A pesar de que la argumentación brindada por el TEDH al respecto parecía adecuada, en la medida en que la gravedad de los efectos de la interpretación introducida
por la STS 197/2006 convertía al tiempo añadido de estancia efectiva en prisión en
una suerte de «nueva pena», la realidad es que la jurisprudencia del TEDH al respecto
resulta bastante oscilante y parece estar en una suerte de proceso de evolución 55, de
52 En este sentido, entre otras muchas: STEDH M. c. Alemania, de 17 de diciembre de 2009; STEDH
Gurguchiani c. España, de 15 de diciembre de 2009; STEDH Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de 2008
(Gran Sala)
53 STEDH Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de 2008 (Gran Sala) FJ 148; STEDH Del Río Prada c.
España, FJ 58.
54 STEDH Del Río Prada c. España, FJ 48, recogiendo los criterios fijados en8TEDH Welch c. Reino
Unido, de 9 de febrero de 1995.
55 Para un análisis más detallado de esta jurisprudencia, ver: HARRIS, D.J., O’BOYLE, M., y
WARBRICK, C., European Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2009, págs. 337
y ss.; HUERTA TOCILDO, S., «El contenido debilitado del principio europeo de legalidad penal (Art. 7
CEDH y art. 4 P7)», en GARCÍA ROCA, J. y SANTOLAYA, P., La Europa de los Derechos, CEPC,
Madrid, 2009, págs. 392 y ss, y especialmente, el trabajo de LANDA GOROSTIZA, J.M.: «Ejecución de
UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 31, 2013, pp. 573-612.
602
MARÍA DÍAZ CREGO
modo que es posible que éste sea el punto central sobre el que deba pronunciarse la
Gran Sala del TEDH tras el recurso planteado contra la sentencia Del Río Prada. Para
ilustrar lo cambiante de la jurisprudencia del TEDH al respecto sirva como botón de
muestra el contenido del asunto Kafkaris c. Chipre. En ese asunto, resuelto el 12 de
febrero de 2008, la Gran Sala del TEDH excluyó del ámbito de aplicación del art. 7
CEDH a una medida que determinaba, bajo ciertas condiciones, la disminución de la
pena de prisión permanente a 20 años efectivos de reclusión56. En la misma sentencia, y
de forma un tanto incomprensible, el TEDH consideraba que se había vulnerado el art.
7 CEDH, pero no porque se hubieran modificado las normas que permitían redimir la
prisión permanente en 20 años y esa modificación se hubiera aplicado retroactivamente
al demandante, sino porque la legislación vigente en Chipre en el momento de comisión de los hechos no permitía prever con la suficiente certeza el alcance de la pena de
prisión permanente. Parecía lógico pensar que esa cuestión estaba ligada a la modalidad
de ejecución de esa pena, pero aún así, el TEDH realizaba una distinción —un tanto
forzada— entre ambas cuestiones57.
En fin, una vez que el TEDH resolvía aplicar el art. 7 CEDH al caso Del Río Prada,
a diferencia de lo que había hecho antes el TC, surgía el segundo grupo de problemas
que planteaba el análisis del caso desde la perspectiva del principio de legalidad penal.
En este asunto, como en todos en los que se ha aplicado la doctrina Parot, las normas
que sirvieron de base para determinar la culpabilidad de la demandante, para imponerle
las penas correspondientes y para determinar el modo de ejecución de las mismas, ya
estaban vigentes en el momento en que ésta cometió los delitos por los que fue condenada. Quedaba claro, entonces, que el problema se derivaba del cambio jurisprudencial
introducido en el año 2006 sobre la forma de interpretar esas normas.
Para el TEDH, la solución a este problema resultaba compleja en la medida en
que su jurisprudencia constante señala que el principio de legalidad penal no sólo exige
que la pena esté prevista en la ley en el momento de comisión del delito, sino también
que la ley cumpla determinadas condiciones de accesibilidad y previsibilidad58. En este
sentido, el TEDH ha destacado, en numerosas ocasiones, que el principio de legalidad
penas y principio de legalidad ante el TEDH», InDret n.o 4/2012, págs. 1-25, centrado en la evolución de la
jurisprudencia del TEDH sobre las modalidades de ejecución de penas.
56 En el FJ 151 de la STEDH Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de 2008 (Gran Sala) se indicaba:
«Toutefois, pour ce qui est du fait que, le droit pénitentiaire ayant été modifié (paragraphe 58 ci-dessus), le
requérant, condamné à la réclusion à perpétuité, ne peut plus prétendre à une remise de peine, la Cour relève
que cette question se rapporte à l’exécution de la peine et non à la «peine» imposée à l’intéressé, laquelle
demeure celle de l’emprisonnement à vie. Même si le changement apporté à la législation pénitentiaire et aux
conditions de libération ont pu rendre l’emprisonnement du requérant en effet plus rigoureux, on ne peut y
voir une mesure imposant une « peine » plus forte que celle infligée par la juridiction de jugement (Hogben
et Hosein, toutes deux précitées). La Cour rappelle à ce propos que les questions relatives à l’existence, aux
modalités d’exécution ainsi qu’aux justifications d’un régime de libération relèvent du pouvoir qu’ont les
Etats membres de décider de leur politique criminelle»
57 Resulta, de hecho, muy curioso que se realice esa distinción tras haber admitido, en el FJ 148 de la
STEDH Kafkaris c. Chipre, de 12 de febrero de 2008 (Gran Sala), que la distinción entre el alcance de la pena
de prisión permanente y su modalidad de ejecución no parecen claras: «La distinction entre la portée d’une
peine perpétuelle et les modalités de son exécution n’apparaissait donc pas d’emblée».
58 En este sentido, ver: HARRIS, D.J., O’BOYLE, M., y WARBRICK, C., op. cit, págs. 334 y ss.;
HUERTA TOCILDO, S., op.cit., págs. 376 y ss.
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penal exige que el justiciable pueda prever, a partir del texto de la ley y de la interpretación proporcionada por los tribunales, por qué actos y omisiones puede ser objeto de
una condena penal y qué pena le sería impuesta. Esta exigencia obliga al Alto Tribunal
a tener en cuenta no sólo el Derecho interno, sino también la forma en que éste era aplicado en la época. Y es esa exigencia, como puede imaginarse, la que lleva al TEDH a
considerar vulnerado el principio de legalidad penal en el caso de la demandante.
Subraya el TEDH que, en el momento en que la demandante cometió los ilícitos
penales por los que después fue condenada, el art. 70.2 del CP de 1973 preveía claramente como límite máximo de cumplimiento de una pena privativa de libertad el de
30 años. En la misma línea, el art. 100 del CP de 1973 regulaba la redención de penas
por el trabajo y preveía dos únicos casos en los que la redención no sería aplicable
—mal comportamiento reiterado del interno e intento de fuga—. Sin embargo, indicaba el tribunal, ningún precepto del CP de 1973 aclaraba si la redención de penas por
el trabajo debía aplicarse sobre cada una de las penas individuales impuestas a los condenados o sobre la condena acumulada, derivada de la aplicación del límite máximo de
cumplimiento efectivo de una medida privativa de libertad. A pesar de ello, la práctica
constante de las autoridades penitenciarias y de los tribunales españoles consideraba la
condena acumulada como una suerte de nueva pena, sobre la que debían aplicarse los
beneficios penitencias y, en concreto, la redención de penas por el trabajo. Si bien sólo
una sentencia del TS se había pronunciado en ese sentido en el año 1994, el TEDH
señalaba que así se desprendía claramente de la jurisprudencia generalizada sentada por
los tribunales españoles cuando hubieron de determinar, tras la entrada en vigor del CP
de 1995, cuál era la norma penal más favorable a los condenados bajo el imperio del CP
de 1973.
Dada la existencia de esa jurisprudencia constante en relación con la aplicación
de la redención de penas por el trabajo a la condena resultante de la acumulación de
penas y no a cada pena impuesta, la demandante, entendía el TEDH, podía esperar
legítimamente que esa sería la modalidad de cumplimiento de su condena, máxime
después de que la Audiencia Nacional dictara, en el año 2000, un auto acumulando
sus condenas al límite máximo de 30 años. Para el TEDH, resultaba evidente que la
demandante no podía prever, en el momento de comisión de los hechos, ni después,
cuando se adoptó el auto de acumulación de condena, las consecuencias que tendría
la doctrina Parot sobre la ejecución de su condena. Y, además, subrayaba el TEDH,
tampoco parecía previsible el cambio jurisprudencial efectuado por el TS, en la medida en que ninguna de las sentencias del TS se había pronunciado previamente en el
sentido de la doctrina Parot.
En ese contexto, el TEDH señalaba que la aplicación de la doctrina Parot a la
demandante alargó retroactivamente la pena que debía cumplir en casi 9 años y supuso, por tanto, una interpretación extensiva del Derecho penal interno en su perjuicio.
Incluso, el TEDH llegaba a sugerir que la doctrina Parot no habría hecho sino aplicar
el espíritu de los cambios legislativos que introdujo el CP de 1995 en materia de redención de penas por el trabajo al caso concreto de la demandante, lo que habría supuesto
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«la aplicación retroactiva y en detrimento del interesado del espíritu de cambios legislativos que se produjeron después de la comisión de la infracción» (FJ 62)59.
Sin embargo, este pronunciamiento parecía atenuarse a posteriori al afirmarse que la
vulneración del art. 7 CEDH se produjo porque la demandante no pudo prever el cambio de jurisprudencia del TS y, por tanto, no pudo saber, en el momento de comisión
de los hechos y en el momento en el que todas sus penas fueron acumuladas, que la redención de penas por el trabajo le sería aplicada sobre cada una de las penas individuales
que le fueron impuestas y no sobre la condena resultante de aplicar el límite máximo de
cumplimiento de una pena privativa de libertad previsto en el CP de 1973.
Quedaba claro así que, para el TEDH, la vulneración del principio de legalidad penal en el caso de la recurrente se había producido porque la STS 197/2006
había realizado una interpretación extensiva in malam partem de los arts. 70.2
y 100 del CP de 1973 y porque esa interpretación se había aplicado retroactivamente al caso de la recurrente. Sin embargo, el TEDH no parecía formular
reproche alguno en relación con la eventual falta de certeza de tales normas, en la
medida en que entendía que las lagunas que podían apreciarse en relación con la
regulación del criterio de cómputo de la redención de penas por el trabajo —en
concreto, la falta de referencia a si los días redimidos debían computarse sobre
cada pena impuesta o sobre la condena acumulada— habían sido suficientemente
colmadas por la jurisprudencia antes de la STS 197/2006, que vino a introducir
un criterio nuevo e imprevisible para los afectados. El TEDH reconocía así un
valor trascendental a la jurisprudencia española en la materia, muy en línea con el
concepto amplio de «ley» que el propio tribunal maneja al construir los parámetros del principio de legalidad penal60.
Sin embargo, esa aproximación parecía plantear varias dudas desde la óptica española. Si bien el TC ha reconocido la importancia de la jurisprudencia a la hora de
determinar el contenido exacto de la norma penal, un eventual análisis de fondo de
nuestro TC sobre la vulneración del principio de legalidad penal en casos como el estudiado debería tener en cuenta que, si nuestra Constitución no admite la jurisprudencia
como fuente del Derecho penal, al contrario de lo que ocurre en el caso del CEDH, las
exigencias de taxatividad de la norma penal deben imponerse esencialmente al texto
escrito de la ley penal.
Además, la solución aportada por el TEDH parecía plantear una segunda duda.
El Alto Tribunal subrayaba claramente que la vulneración del art. 7 CEDH se había
producido, en el caso de la recurrente, porque se le había aplicado de forma retroactiva un cambio jurisprudencial que no pudo prever y que perjudicaba sus intereses.
Sin embargo, del pronunciamiento del TEDH no se intuía cuál podría haber sido
el resultado del control efectuado por el tribunal si la doctrina sentada en la STS
59 La versión original en francés afirma: «(…) les juridictions internes ne sauraient appliquer rétroactivement et au détriment de l’intéressé l’esprit des changements législatifs intervenus après la commission de
l’infraction.»
60 En este sentido, hay que recordar que el TEDH considera fuente de Derecho posible en el ámbito
penal no sólo a la ley en sentido formal, sino también otras normas escritas, la jurisprudencia, la costumbre
e, incluso, los principios general del Derecho reconocidos por las naciones civilizadas. En este sentido, ver:
HARRIS, D.J., O’BOYLE, M., y WARBRICK, C., op. cit., págs. 333 y ss.
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197/2006 hubiera sido aplicada de forma prospectiva y no retroactiva. Surgía así la
duda de si el TEDH consideraría igualmente vulnerado el art. 7 CEDH si la doctrina
Parot se aplicara a los reclusos condenados bajo el imperio del CP de 1973, pero con
efectos desde el 28 de febrero de 2006. Esta cuestión no resulta en absoluto baladí,
dado que algunos de los casos resueltos ya por el TC se refieren a afectados por la
doctrina Parot que cuentan con autos de acumulación de condena posteriores a la
STS 197/2006, en los que se especifica que esa jurisprudencia será de aplicación a su
caso61. En esos supuestos, la aplicación prospectiva de la doctrina Parot podría quizás conjurar los peligros de falta de previsibilidad y de aplicación retroactiva que el
TEDH apuntaba en su sentencia.
b) Sobre la vulneración de la libertad personal: de nuevo, en torno a la
imprevisibilidad de la norma litigiosa
Dada la respuesta proporcionada por el TEDH a la alegación referida al principio
de legalidad penal, parecía claro que el Alto Tribunal también estimaría la segunda de
las alegaciones de la demandante, en la que subrayaba que su privación de libertad no
podía considerarse «legal» a partir de julio de 2008, fecha en la que debería haber sido
puesta en libertad si se le hubiera aplicado la interpretación seguida en relación con la
redención de penas por el trabajo antes de la STS 197/2006.
Para resolver esta cuestión, el TEDH se limita a recordar que el art. 5 CEDH
exige que toda privación de libertad tenga una base legal en Derecho interno y que
la norma que actúe como tal cumpla los requisitos de accesibilidad, precisión y
previsibilidad; y, además, que la finalidad de la medida privativa de libertad sea
una de las expresamente previstas en el art. 5 CEDH. En este sentido, el TEDH
subraya que parecía claro que la demandante había sido inicialmente privada de
libertad tras ser condenada por un tribunal competente y, por tanto, según lo previsto en el art. 5.1.a) CEDH. Sin embargo, el problema se planteaba en relación con
su privación de libertad posterior a la fecha en la que debería haber sido puesta en
libertad en caso de aplicarse la interpretación del CP de 1973 anterior a la doctrina
Parot (julio de 2008). Para el TEDH, la previsibilidad de la norma aplicable a una
privación de libertad debe referirse también a la duración efectiva de la misma y,
dada sus consideraciones referidas al art. 7 CEDH, parecía claro que la demandante
no había podido prever ni en el momento de cometer los hechos ni, posteriormente,
en el momento en que todas sus penas fueron acumuladas, que el método de cálculo
de la redención de penas por el trabajo se haría aplicándosele retroactivamente la
doctrina Parot y que, por tanto, su privación de libertad aumentaría en casi 9 años.
A la luz de esas consideraciones, no podía entenderse que su privación de libertad
fuera legal después de julio del año 2008. Una conclusión obvia, si se tiene en
cuenta el razonamiento del TEDH en relación con la vulneración del principio de
legalidad penal.
61 En esta línea. STC 47/2006, de 29 de marzo; STC 65/2012, de 29 de marzo; STC 69/2012, de 29 de
marzo; STC 108/2012, de 21 de mayo.
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MARÍA DÍAZ CREGO
V. HACIA UNA SOLUCIÓN: ¿QUÉ HACER TRAS LA SENTENCIA
CONDENATORIA DEL TEDH?
Una vez analizado el contenido de la sentencia de la Sala del TEDH en el asunto Del
Río Prada surge una duda evidente, recurrente cada vez que España es condenada por el
TEDH: cómo dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, ejecutando la sentencia condenatoria. A pesar de que la sentencia dictada por
el TEDH en el asunto Del Río Prada no es todavía una sentencia firme, ya que estamos
a la espera de una decisión de la Gran Sala del TEDH al respecto —decisión que puede
ser inminente, dado que la audiencia ha sido fijada para el 20 de marzo del 2013—, y de
que podríamos dar respuesta a esta pregunta indicando que es necesario esperar al pronunciamiento de la Gran Sala, la realidad es que parece probable que ese órgano confirme
el fallo condenatorio de la Sala. A la luz de la jurisprudencia del TEDH, podría quizás
discutirse la condena a España por vulneración del principio de legalidad penal, en la
medida en que la diferencia entre pena y ejecución de pena no es nítida en la doctrina
de Estrasburgo, tal y como se desprende, por ejemplo, del caso Kafkaris c. Chipre, ya
analizado. Sin embargo, no parece discutible la condena a nuestro país por violación de la
libertad personal de la demandante, dada la clara falta de previsibilidad del CP de 1973
en lo que a la aplicación de la redención de penas por trabajo se refiere.
En esta línea, entiendo que para dar correcto cumplimiento a la sentencia condenatoria del TEDH deberíamos partir de una distinción inicial entre el caso Del Río Prada
y el resto de asuntos que no han llegado ante el TEDH, pero en los que la doctrina Parot
ha sido aplicada en circunstancias idénticas. Dado el carácter vinculante de las sentencias firmes del TEDH que se desprende del art. 46 CEDH62, la ejecución de la sentencia
Del Río Prada en relación con la demandante requerirá, si la Gran Sala no modifica el
contenido del fallo de la Sala, el pago de la cuantía fijada por el TEDH en concepto de
indemnización por los perjuicios causados y en concepto de gastos y costas; y la puesta
en libertad de la demandante a la mayor brevedad. Esta última obligación se contempla
expresamente en el fallo de la Sala, que ha hecho uso de la facultad que le atribuye el
art. 46 CEDH para indicar al Estado español la única medida concreta que, a ojos del
TEDH, puede poner fin a la violación de derechos constatada63.
Esta última obligación plantea, no obstante, un problema capital, en la medida en
que la condena a nuestro país se deriva de la existencia de una resolución judicial firme
interna y no existe en nuestro ordenamiento una vía adecuada para ejecutar las sentencias del TEDH cuando la ejecución exija la reapertura de un proceso que ha finalizado
con una resolución judicial firme64. Y, ese es precisamente el caso en el asunto Del Río
62 En este sentido: QUERALT JIMÉNEZ, A., La interpretación de los derechos: del Tribunal de Estrasburgo al Tribunal Constitucional, CEPC, Madrid, 2008, especialmente, págs. 7 y ss.
63 Sobre el uso que ha dado el TEDH al art. 46 CEDH a fin de concretar las medidas a adoptar por los
Estados parte en aras de ejecutar sus sentencias, ver: ZANGHI, C., «Evolución e innovación en los efectos de
las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», en GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., Integración europea a través de derechos fundamentales: de un sistema binario a otro integrado,
CEPC, Madrid, 2009, págs. 199- 228.
64 Sobre la inexistencia de una vía procesal específica para dar ejecución a las Sentencias condenatorias
del TEDH que exijan la revisión de una decisión judicial firme interna, ver: ARANGÜENA FANEGO, C.,
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Prada, ya que la demandante continúa en prisión en virtud de un auto de la Audiencia
Nacional, confirmado en súplica por ese mismo tribunal, y que devino firme tras la inadmisión del recurso de amparo presentado ante el TC.
A pesar de la inexistencia de una vía procesal específicamente pensada para reabrir
la cosa juzgada y dotar de eficacia interna a la sentencia condenatoria del TEDH, entiendo que la demandante podría barajar diversas vías a fin de exigir el cumplimiento
de la sentencia dictada por el TEDH. La primera de ellas sería plantear un incidente de
nulidad de actuaciones ante la Audiencia Nacional, en virtud de lo previsto en el art.
241 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Este procedimiento,
que permite declarar la nulidad de una actuación judicial que haya vulnerado cualquier
derecho fundamental de los previstos en el art. 53.2 CE, y por tanto, del principio de
legalidad penal y de la libertad personal reconocidos en los arts. 17 y 25 CE, permitiría
la declaración de nulidad del auto de la Audiencia Nacional litigioso y la reposición de
las actuaciones al momento anterior a la vulneración del derecho.
Sin embargo, la utilización de este procedimiento plantea varias dudas. Por un lado,
podría cuestionarse la utilización de esta vía procesal dado que, según la jurisprudencia
del TS, el recurso de revisión puede utilizarse para dotar de eficacia interna a las sentencias
condenatorias del TEDH y que el incidente de nulidad sólo puede plantearse contra resoluciones que no sean susceptibles de recurso ordinario ni extraordinario. Por otro lado, la
utilización de esta vía procesal plantea un segundo problema de tipo temporal, ya que la
nulidad de actuaciones sólo podría ser solicitada por la demandante en el plazo de 5 años
desde la notificación de la resolución judicial que vulneró sus derechos y, dado que el auto
de la Audiencia Nacional que fijó la fecha de licenciamiento definitivo de conformidad
con la doctrina Parot fue adoptado en 2008, ese plazo podría haber transcurrido antes de
que la Gran Sala del TEDH se pronunciara sobre su asunto65.
La segunda vía que podría barajar la demandante para dotar de eficacia interna a la
sentencia condenatoria del TEDH, en concreto, plantear un recurso de revisión ante el
TS, parece más adecuada, en la medida en que el propio TS ha señalado que, en ausencia
de un vía procesal específicamente pensada para dar ejecución a las sentencias condenatorias del TEDH, el recurso de revisión parece el mecanismo más idóneo para alcanzar
ese fin, dado que permite reabrir la cosa juzgada interna, así como la unificación de la
doctrina en torno a la eficacia interna de las sentencias del TEDH, al atribuirse su conocimiento únicamente al TS66. En esta lógica, el TS ha estimado que las sentencias del
TEDH en las que se declare que España ha vulnerado uno de los derechos reconocidos
«El cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la revisión de sentencias
firmes», en GARCÍA ROCA, J. y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A., Integración europea a través de derechos
fundamentales: de un sistema binario a otro integrado, CEPC, Madrid, 2009, págs. 289-323.
65 El problema temporal que plantea la utilización del incidente de nulidad de actuaciones como vía
para ejecutar las sentencias del TEDH es analizado con detalle en: ARANGÜENA FANEGO, C., «Revisión
penal y ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», en ARANGÜENA
FANEGO, C. y SANZ MORÁN, A.J. (ed.), La reforma de la justicia penal, Lex Nova, Valladolid, 2008,
págs. 359 y ss. y 376 y ss.
66 ATS 5417/2004, de 29 de abril de 2004, FJ 7. Para un análisis detallado de la jurisprudencia del TS
al respecto, ver: ARANGÜENA FANEGO, C., op. cit; QUERALT JIMÉNEZ, A., op. cit., especialmente,
págs. 54 y ss.
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en el Convenio pueden considerarse un «hecho nuevo», en el sentido previsto en el
art. 954.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No obstante, esa jurisprudencia parece exigir, a fin de abrir esta vía procesal, que la sentencia condenatoria de Estrasburgo
ponga de manifiesto la existencia de una vulneración «actual» de un derecho fundamental67; exigencia que no parece plantear problemas en relación con la ejecución de la
sentencia Del Río Prada, dado que la demandante continúa privada de libertad.
Aunque esta exigencia no plantea problema alguno en el caso objeto de estudio,
es cierto que la utilización de esta vía procesal en el asunto analizado suscita ciertas
dudas, dado que la finalidad del recurso de revisión en el ámbito penal es, en palabras
del TC, «la rescisión de una sentencia penal condenatoria firme, (…) a través de la reivindicación de la inocencia de quien resultó firmemente condenado»68. Siguiendo una
aproximación muy formalista, podría así subrayarse que el planteamiento de un eventual recurso de revisión en el caso Del Río Prada no se adecua al objeto de ese recurso
ya que la sentencia condenatoria del TEDH no pone en tela de juicio las condenas de la
demandante, sino el alargamiento indebido de su tiempo de permanencia en prisión. El
recurso de revisión demuestra así su debilidad como mecanismo de ejecución interna de
las sentencias del TEDH.
La tercera vía en la podría pensar la demandante para dotar de eficacia interna a la
sentencia condenatoria del TEDH es la vía del recurso de amparo; vía que ha sido utilizada en una sola ocasión de forma exitosa. En la STC 245/1991, de 16 de diciembre,
el TC dotaba de eficacia interna a la STEDH Barberá, Messegué y Jabardo c. España,
de 6 de diciembre de 1988, irrogándose la competencia para ejecutar las sentencias
condenatorias del TEDH, al menos en aquellos supuestos en los que la condena de Estrasburgo pusiera de manifiesto la existencia de una vulneración actual de los derechos
de los demandantes; lo que ocurría en el caso objeto de estudio, dado que los afectados
permanecían en prisión. A pesar de ese primer pronunciamiento, las sentencias posteriores del TC han sido muy restrictivas a la hora de admitir la posibilidad de utilizar el
amparo como mecanismo para dotar de eficacia interna a las sentencias condenatorias
del TEDH, al considerar que o bien no se habían agotado todas las vías procesales ordinarias, poniéndose en entredicho la subsidiariedad del recurso de amparo; o bien la
lesión del derecho fundamental derivada de la sentencia condenatoria del TEDH no
podía considerarse actual69. A pesar de esta restrictiva jurisprudencia, entiendo que,
agotadas las vías procesales ante los tribunales ordinarios que han sido utilizadas en
otras ocasiones para tratar de dotar de eficacia interna a las sentencias del TEDH —
véase, esencialmente, el recurso de revisión— la situación planteada por el caso Del
Río Prada sí podría encajar en la jurisprudencia del TC, en la medida en que no parece
67 ATS 5417/2004, de 29 de abril de 2004, FJ 6, en el que se afirma: «la declaración del TEDH acerca
de una violación del Convenio que suponga una vulneración de un derecho fundamental debe ser examinada
por los Tribunales españoles ordinarios con la finalidad de evitar una lesión actual, de ese u otro derecho de
tal clase».
68 STC 70/2007, de 16 de abril, FJ 3. En el mismo sentido: ATS 5417/2004, de 29 de abril de 2004,
FJ 7.
69 Para un estudio detallado de la jurisprudencia del TC en la materia, ver: ARANGÜENA FANEGO, C.,
op. cit, págs. 304 y ss.; QUERALT JIMÉNEZ, A., op. cit., págs. 54 y ss.
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poder dudarse de la actualidad de la lesión de los derechos fundamentales vulnerados si
la demandante permanece todavía en prisión70.
Una última vía que permitiría dar ejecución a la sentencia del TEDH sería el
indulto parcial de la demandante. Si bien el indulto no parece una vía adecuada para
ejecutar las sentencias del TEDH cuando éstas susciten dudas sobre la culpabilidad de
un condenado, dado que en tales casos el indulto no podría repara íntegramente la violación constatada por el TEDH, ese problema no parece plantearse en el caso Del Río
Prada, en el que la discusión se centra en el cómputo del tiempo de permanencia en
prisión de la demandante71. Sin embargo, sí es cierto que esta solución deja en manos
del Consejo de Ministros la decisión sobre la ejecución de la sentencia del TEDH y, por
tanto, no parece la más adecuada desde una perspectiva estrictamente jurídica.
Finalmente, la ejecución de la sentencia Del Río Prada parece más fácil en
relación con aquellos asuntos que son semejantes al resuelto por el TEDH, pero que
todavía no han llegado a ese tribunal y están siendo analizados por nuestros tribunales.
En tales casos, la solución debe partir de la consideración de los efectos interpretativos
que producen las sentencias del TEDH como obligatorios para nuestros tribunales72. Si
se admite que la interpretación del Convenio sentada por el TEDH produce efectos de
cosa interpretada que son vinculantes para las autoridades internas, o que el art. 10.2
CE impone a nuestro tribunales la obligación de interpretar los derechos fundamentales
de conformidad con el criterio del TEDH, parece evidente que el contenido de la sentencia Del Río Prada debe inspirar las resoluciones de todos los tribunales españoles,
TC a la cabeza, en asuntos semejantes. En esa lógica, todos nuestros tribunales deberían
extraer las consecuencias que sean necesarias de entender que la aplicación retroactiva
de la doctrina Parot es contraria al principio de legalidad penal y a la libertad personal.
Y, a partir de ese entendimiento, deberían fijar las fechas de licenciamiento definitivo
de los reclusos condenados bajo el imperio del CP de 1973 teniendo en cuenta la imposibilidad de aplicar los criterios sentados en la STS 197/2006 de forma retroactiva.
VI. A MODO DE CONCLUSIÓN
Una vez analizado el contenido de la sentencia Del Río Prada y de todas las sentencias del TC que se han pronunciado sobre la constitucionalidad de la doctrina Parot
parece evidente la sustancial diferencia entre la forma de afrontar esta problemática por
parte del TC y del TEDH.
70 En el mismo sentido: QUERALT, A., «Esperando a Parot», El Diario, Zona Crítica, edición de 27 de
septiembre de 2012. Sin explicar el procedimiento a seguir, también se exige el acatamiento de la sentencia
del TEDH en: MARTÍN PALLÍN, J.A., «La doctrina Parot severamente rechazada», Actualidad Jurídica
Aranzadi, núm. 848, 2012, pág. 3.
71 Sobre los problemas que plantea el indulto como mecanismo para dotar de eficacia interna a las sentencias condenatorias del TEDH, ver: RIPOL CARULLA, S., «La ejecución de las sentencias del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en el ordenamiento español», Revista Europea de Derechos Fundamentales,
n.º 15, 2012, págs. 89 y ss.
72 En esta línea, ver el excelente trabajo de QUERALT JIMÉNEZ, A., op. cit., especialmente, págs. 71 y ss.
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El TC ha adoptado una postura en exceso formalista y ha obviado, en sus 37 sentencias en la materia, el análisis del problema de fondo, asociado a la eventual vulneración del principio de legalidad penal y de la libertad personal. Ambas cuestiones
ocupan una posición secundaria en los pronunciamientos de nuestro máximo intérprete
de la Constitución, que se limita a excluir la problemática analizada del ámbito de
aplicación del principio de legalidad penal; y a subrayar que la privación de libertad sufrida por los demandantes de amparo es legal, en la mayoría de los casos, al no plantear
problema alguno en relación con el resto de los derechos reconocidos por el texto constitucional. Las escasas sentencias del TC en las que este tribunal estima las alegaciones
de los recurrentes en amparo se centran en la vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva, en su vertiente de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes y, en ese
sentido, tienen en cuenta una diferencia puramente formal relacionada con el contenido
de los autos de revisión de condena de algunos de los recurrentes en amparo.
En el lado opuesto, la única sentencia del TEDH que hasta la fecha se ha pronunciado sobre la cuestión entra de lleno en el problema de fondo que suscita la doctrina
Parot, poniendo de manifiesto que una interpretación de una norma penal que perjudica claramente a un conjunto de reclusos no puede ser aplicada de forma retroactiva
y que la previsibilidad de una norma penal que se interpreta de forma diametralmente distinta en dos momentos diferentes debe ser cuestionada. Parece evidente que el
TEDH, alejado de todo formalismo, trata de asegurar la efectividad de los derechos
reconocidos por el Convenio Europeo.
La sentencia Del Río Prada c. España pone así en tela de juicio la aproximación
a esta cuestión realizada por el TC y plantea serios problemas en lo que se refiere al
cumplimiento de los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido. Si esta
sentencia es confirmada por la Gran Sala del TEDH, se planteará la difícil cuestión de
dotarla de eficacia interna. Esta problemática se verá además agravada por el hecho de
que el caso Del Río Prada constituirá tan sólo la primera de una larga serie de sentencias
condenatorias contra nuestro país, en la medida en que las circunstancias analizadas por
el TEDH en ese asunto son sustancialmente idénticas a las que presentan el resto de los
casos analizados por el TC hasta la fecha y, quizás también, de muchos otros que han
podido ser inadmitidos por ese tribunal. En este sentido, no cabe sino instar a todas las
autoridades españolas para que colaboren a fin de dar correcta ejecución a la sentencia de
la Gran Sala del TEDH, enmendando así el daño derivado de la aplicación de la doctrina Parot a numerosos reclusos.
***
Title: When Parot arrived to Strasbourg.
Abstract: In February 2006, the Spanish Supreme Court modified its case-law regarding some provisions of the
abrogated Criminal Code of 1973 that allowed the early release of prisoners if they worked while serving their sentence
and they demonstrated good conduct. This change in the Spanish Supreme Court case-law had relevant consequences for
some convicted prisoners as it meant an important extension of imprisonment years. Many of the prisoners affected by this
new case-law appealed against the decisions extending their time in prison before the Spanish Constitutional Court and,
after that, before the European Court of Human Rights. In this context, the main aim of this paper is to analyse the
decisions adopted by these Courts while reviewing the Spanish Supreme Court case law, and to determine what the Spanish
authorities must do after the European Court decision in «Del Río Prada», the sole case in which the European Court has
examined the Spanish Supreme Court case-law.
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CUANDO PAROT LLEGÓ A ESTRASBURGO
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Resumen: En febrero del año 2006, el TS modificaba la forma de cómputo de la redención de penas por el trabajo,
regulada en el ya derogado Código Penal de 1973. Esa modificación tenía consecuencias muy importantes para algunos
de los condenados bajo el imperio de ese Código, que vieron cómo se alargaba su tiempo de permanencia en prisión hasta en
15 años. Las relevantes consecuencias derivadas de la aplicación de la llamada «doctrina Parot» llevaron a muchos de los
reclusos afectados ante el TC y el TEDH. Sin embargo, los pronunciamientos de estos dos tribunales han sido divergentes:
si bien el TC ha estimado muy pocos de los recursos de amparo interpuestos, el TEDH parece haber rechazado de forma
frontal la doctrina introducida por el TS. En este marco, el presente trabajo analiza las decisiones de estos dos tribunales
y trata de determinar cómo deben actuar las autoridades españolas tras la condena a España en el caso Del Río Prada,
a fin de resolver el problema de fondo planteado por la aplicación de la doctrina Parot a una gran cantidad de reclusos.
Key Words: Parot case-law; Spanish Constitutional Court; European Court of Human Rights.
Palabras Clave: Doctrina Parot; Tribunal Constitucional; Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Fecha de recepción: 14.11.2012. Fecha de aceptación: 12.02.2013.
UNED. Teoría y Realidad Constitucional, núm. 31, 2013, pp. 573-612.
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