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Derecho de buscar y recibir asilo

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Derecho de buscar y recibir asilo
5.
Buena práctica: Derecho de buscar y recibir asilo.
Constitución de Bolivia de 2009:
“Artículo 29.
I. Se reconoce a las extranjeras y los
extranjeros el derecho a pedir y
recibir
asilo
o
refugio
por
persecución política o ideológica, de
conformidad con las leyes y los
tratados internacionales.”
Corte Interamericana de Derechos
Humanos, caso Pacheco Tineo contra
Bolivia:
“El derecho de buscar y recibir asilo
establecido en el artículo 22.7 de la
Convención Americana, leído en
conjunto con los artículos 8 y 25 de la
misma, garantiza que la persona
solicitante de estatuto de refugiado
sea oída por el Estado al que se
solicita, con las debidas garantías
mediante
el
procedimiento
respectivo”.
Cuadros 9 y 9bis
Decretar el derecho de asilo en la constitución es buena práctica (cuadro 9): Violar el asilo es también
violar la constitución.
Empezaremos por definir la palabra “asilo” en algunos tratados internacionales. Luego volveremos al
derecho constitucional. Entre el ordenamiento interno y el internacional hay múltiples vinculaciones
que serán examinadas.
Hay quienes se inclinan a una definición de asilo que toma elementos de las diferentes Convenciones
(la del 51, las relativas a asilo diplomático y territorial, etc.) y construyen un genérico derecho de asilo.
Otra perspectiva objetaría que las diferentes convenciones en que aparece la palabra asilo o su
componente elemental (non refoulement) no tienen alcances similares.
Es una cuestión pragmática: ¿Cuál definición nos permite describir mejor el texto o los textos que
intentamos explicar?
En el cuadro H (más abajo) se extraen disposiciones sobre “asilo” de convenciones internacionales
en la región, con alcances muy diferentes (¡no se diga si se hubiera incluido la Convención de 1951!).
Una definición generalísima de “asilo” podría oscurecer esas diferencias.
Definir el asilo es ponerse de acuerdo sobre el significado de una palabra. Una definición será más o
menos útil según nos permita describir más o menos apropiadamente el contenido de los
instrumentos internacionales que analizamos.
Por asilo entendamos en el presente trabajo la condición jurídica internacional de una persona que es
titular de los derechos enumerados en la Convención de 1951.
Podríamos, acaso, en lugar de “asilo” utilizar la palabra “protección” (tutela de derechos) siempre que
ésta la liguemos a la específica convención cuyo contenido queremos describir. Hablaríamos,
entonces, de la protección de refugiados en la Convención de 1951, o bien de la protección que
ofrece la Convención sobre Asilo diplomático de 1954. Estas convenciones versan sobre materia
diferente aunque ambas usen la palabra asilo. Diríamos entonces que la Convención de 1951 protege
al solicitante contra refoulement (devolución) y establece otros derechos no sujetos a requisitos de
residencia o a que se encuentre el refugiado legalmente (ver cuadro J, al final), y que a quienes son
reconocidos como refugiados confiere la gama amplia de derechos que figuran en su articulado.
Desde luego también diríamos que (al menos en los estados latinoamericanos) tanto la protección
contra devolución como la protección que ofrece el resto del articulado de la Convención de 1951 son
derechos subjetivos, no graciosas concesiones estatales. Más adelante nos extenderemos sobre este
último punto.
Si hablamos de “asilo diplomático” no pretenderemos atribuirle las características del “asilo” a tenor
de la Convención de 1951:
Sea suficiente un examen somero de la Convención sobre Asilo diplomático (Caracas, 19541) para
constatar que la palabra “asilo” allí tiene otro significado jurídico que en la Convención de 1951.
La materia2 que regula la Convención de 1951 versa sobre una condición jurídica internacional, un
auténtico catálogo de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los refugiados (además de
la no devolución, que es su componente elemental, pues sin ella casi todos los demás derechos no
son susceptibles de ser reclamados).
La materia que regula la Convención de Caracas de 1954 es la siguiente:
a) Obligación del estado territorial de conceder -una vez acordado el “asilo”- las garantías
necesarias para que la persona beneficiada salga del territorio del estado territorial y cuente con un
salvoconducto; y
1
Convención sobre Asilo diplomático, adoptada en Caracas en 1954. Entrada en vigor el 29 de diciembre de 1954. Ver
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0038.pdf.
Para
el
status
de
firmas
y
ratificaciones
ver
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-46.html.
2 Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados de 1969, artículo 30: “Aplicación de tratados sucesivos
concernientes a la misma materia. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas,
los derechos y las obligaciones de los Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se
determinaran conforme a los párrafos siguientes. 2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado
anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado prevalecerán las disposiciones de este
último. 3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior, pero el tratado anterior
no quede terminado ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicara únicamente en la
medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior. 4. Cuando las partes en el tratado anterior
no sean todas ellas partes en el tratado posterior: a) en las relaciones entre los Estados partes en ambos tratados se
aplicará la norma enunciada en el párrafo 3: b) en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un
Estado que sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado en el que los dos
Estados
sean
partes.
(…)”.
Énfasis
agregado.
http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf.
b) la obligación del estado asilante de no devolverla al país de origen.
Obsérvese (en contraste con la Convención de 1951) que en la Convención de Caracas de 1954 el
non refoulement solamente es derecho del solicitante luego de haber recibido el ¨asilo” diplomático:
“Artículo V. El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo
estrictamente indispensable para que el asilado salga del país con las seguridades otorgadas
por el gobierno del Estado territorial a fin de que no peligre su vida, su libertad o su integridad
personal, o para que se ponga de otra manera en seguridad al asilado”.
“Artículo XI. El gobierno del Estado territorial puede, en cualquier momento, exigir que el asilado
sea retirado del país, para lo cual deberá otorgar un salvoconducto y las garantías que prescribe
el artículo V”.
“Artículo XII. Otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio
extranjero, y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente, salvo caso de fuerza mayor,
las garantías necesarias a que se refiere el artículo V y el correspondiente salvoconducto”.
“Artículo XVII. Efectuada la salida del asilado, el Estado asilante no está obligado a radicarlo en
su territorio; pero no podrá devolverlo a su país de origen, sino cuando concurra voluntad
expresa del asilado”.
CUADRO H
Decl. Americana
“Toda
persona
tiene derecho de
buscar y recibir
asilo en territorio
extranjero (…)”
Art. XXVII7
3
Convenció
n sobre
Asilo
Territorial
(1954) 3
“Todo
Estado
tiene
derecho, en
ejercicio de
su
soberanía, a
admitir
dentro de su
territorio a
las
personas
que juzgue
convenient
e” Art.I
Convención sobre
Asilo diplomático
(1954) 4
Convención sobre el Asilo
y Refugio Político de
Montevideo (1939)5
“Todo Estado tiene
derecho a conceder
asilo; pero no está
obligado a otorgarlo ni
a declarar por qué lo
niega”
Art. II
“El asilo (…) será
respetado en la medida
en que, como un
derecho o por
humanitaria tolerancia,
lo admitieren el uso,
las Convenciones o las
leyes del país de
refugio (…)”
Art.2
“El asilo otorgado en
legaciones, navíos de
guerra y campamentos
o aeronaves militares,
a personas perseguidas
por motivos o delitos
políticos, será respetado
por el Estado territorial”
Art. I.
“El asilo no podrá ser
concedido sino en casos
de urgencia y por el
tiempo
estrictamente
indispensable para que
el asilado salga del
país con las seguridades
otorgadas
por
el
gobierno del Estado
territorial (…)”
Art.V
* “El asilo sólo puede “Legaciones, navíos de
concederse
en
las guerra, campamentos o
embajadas,
legaciones, aeronaves militares”
buques
de
guerra,
campamentos o aeronaves
militares”
Art. 2
*
“El
refugio
(será)
concedido en el territorio de
las
Altas
Partes
Contratantes”
Art.11
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0037.pdf?view=1. Énfasis agregado.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0038. Énfasis agregado.
5 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0608.pdf?view=1. Énfasis agregado.
6 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0609. Énfasis agregado.
7 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0025. Énfasis agregado.
4
Convención sobre
Asilo (1928) 6
Declaración
Americana (1948)
Art. XXVII
“en
caso
de
persecución”
“que no sea motivada
por
delitos
de
derecho común y de
acuerdo
con
la
legislación de cada
país y los convenios
internacionales”
Convención
sobre Asilo
Territorial (1954)
Personas
“perseguidas”
Art. II
“por sus creencias,
opiniones
o
afiliación política o
por actos que
puedan
ser
considerados
como
delitos
políticos”
Art. II
Convención sobre Asilo
diplomático
(1954)
Personas
“perseguidas”;
(únicamente) “en casos de
urgencia” (incluso cuando el
individuo) “se encuentre en
peligro de ser privado de su
vida o libertad por razones de
persecución política”
Art. V
Convención sobre el Asilo y
Refugio Político de Montevideo
(1939)
“perseguidos” Arts. 2 y 11
Artículo XVII
Efectuada la salida del asilado,
el Estado asilante no está
obligado a radicarlo en su
territorio;
pero no podrá devolverlo a su
país de origen, sino cuando
concurra voluntad expresa del
asilado.
La concesión de refugio no
comporta para el Estado que lo
otorga, el deber de admitir
indefinidamente en su territorio a
los refugiados.
Art. 11
“por motivos o delitos políticos”
Art.I
“Asilo” y “refugio”:
por motivos o delitos políticos y
por delitos políticos concurrentes
en que no procede la extradición
Convención sobre Asilo
Político (1928)
“El asilo no podrá ser
concedido sino en casos de
urgencia y por el tiempo
estrictamente
indispensable
para que el asilado se ponga
de otra manera
en seguridad” Art. 2
“Delincuentes políticos” Art.2
Art. 2 y 11
“Otorgado el asilo el Estado
asilante puede pedir la salida
del asilado para territorio
extranjero
y
el
Estado
territorial está obligado a dar
inmediatamente, salvo caso de
fuerza mayor, las garantías
necesarias” (“para que el
asilado salga del país”)
Art. XII
“”el agente diplomático o el
comandante que haya concedido el
asilo podrá por su parte, exigir las
garantías necesarias para que el
refugiado
salga
del
país
respetándose la inviolabilidad de
su persona”
Art.6
“Efectuada la salida del
asilado, el Estado asilante no
está obligado a radicarlo en
su territorio; pero no podrá
devolverlo a su país de
origen”
Art. XVII.
“El Estado que acuerde el asilo no
contrae por ese hecho el deber
de admitir en su territorio a los
asilados, salvo el caso de que
éstos no fueran recibidos por
otros Estados”
Art.1
“Tercero: El Gobierno del
Estado podrá exigir que el
asilado sea puesto fuera del
territorio nacional dentro del
más breve plazo posible; y el
Agente Diplomático
del país que hubiere
acordado el asilo, podrá a su
vez exigir las garantías
necesarias para que el
refugiado salga del país
respetándose la inviolabilidad
de
su persona.
Cuarto: Los asilados no
podrán ser desembarcados
en ningún punto del
territorio nacional ni en lugar
demasiado próximo a él.” Art.
2
A tono con el carácter interestatal de la Convención de 1954 (y contrastando con el estatuto del
refugiado como conjunto de derechos individuales) el otorgamiento del “asilo” diplomático o del “asilo
territorial” es eminentemente discrecional (tal vez, para el caso del asilo diplomático, porque incide
muy de cerca en la soberanía del estado territorial y suele afectar las relaciones entre los estados
involucrados).
Según la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 “todo Estado tiene derecho de conceder asilo;
pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega” (artículo II, énfasis agregado).
Todo lo contrario en la Convención de 1951:
El estado que recibe una solicitud está obligado a reconocer derechos subjetivos:
a) El del solicitante a la no devolución, a la no discriminación, al libre acceso a los tribunales, y
otros derechos con relación a los cuales la Convención no tiene requisito de residencia o
exigencia de encontrarse el refugiado legalmente; y,
b) en los países latinoamericanos, el conjunto de derechos previstos por esa Convención (ver
cuadro J, al final para los diversos criterios pertinentes para la atribución de un derecho en
esta Convención; lo mismo en cuadro 45).
La protección ofrecida por la Convención sobre Asilo Territorial de 1954 expresamente está sujeta a
la mera conveniencia del estado de asilo; exige persecución y no temor fundado de ésta; tiene
carácter interestatal antes que declaratorio de derechos humanos; y está muy lejos de otorgar a las
personas formalmente reconocidas como asilados un elenco de derechos políticos, económicos y
culturales comparable con el estatuto internacional del refugiado a tenor de la Convención de 1951.
Examinemos ahora la protección que ofrece la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984)8. Sus beneficiarios gozan de protección contra devolución:
Cuando haya razones fundadas para creer que una persona estaría en peligro de ser sometida a
tortura el estado debe negarse a expulsarla, devolverla o extraditarla.
¿Llamaríamos “asilo” a la protección que confiere la Convención contra la Tortura con el prurito de
construir una definición genérica, pensando acaso que por incluir el non refoulement incluye también
un componente “esencial” del “asilo”?
Una decisión que expulsara, devolviera o extraditara a una persona en peligro de ser torturada sería
absolutamente nula. Pero es preferible utilizar la expresión protección en virtud de la Convención
contra la Tortura antes que “asilo” para designar los derechos de una persona que fundadamente
creamos en riesgo de tortura. No parece óptimo denominar asilo a la simple prohibición de devolver a
alguien sin temor de persecución (Pensemos en el caso de una persona indigna de protección por
haber cometido un crimen contra la humanidad pero a quien se protege contra devolución porque
enfrentaría tortura en el país en que lo cometió).
La protección medular contra devolución, digámoslo también, se resiste a ser definida de manera
generalísima. Es aconsejable referir el “derecho de no devolución” a un específico instrumento
8
Ver http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0020.pdf. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987.
internacional. El non-refoulement tiene mayor o menor alcance en diferentes instrumentos
internacionales como puede constatarse en el cuadro I, más abajo.

La Convención de 1951 protege al “refugiado” (temor fundado de persecución) y por motivos
tasados (además de contener una excepción en el art. 33.2).

La Convención Americana sobre Derechos humanos protege al “extranjero” y no exige
persecución, pero sí motivos tasados de riesgo.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
de 1987 protege a cualquier persona, pero únicamente si hay riesgo de tortura.

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985 protege a
quienes corrieren riesgo de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o de ser
juzgados por tribunales especiales

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal como lo interpreta el Comité de
Derechos Humanos, parece tener tener significativa cobertura.

Por su parte, la Declaración sobre el Asilo Territorial de 1967 expresamente prohíbe la
inadmisión en frontera de las víctimas de persecución.
CUADRO I9
Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de
1966
Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 1969
Convención de 1951
Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes de
1984
Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la
Tortura de 1985
Declaración sobre el Asilo
Territorial adoptada por la
Asamblea General en su
Resolución 2312 (XXII), de 14
de diciembre de 1967
9
“Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.”
* Ver Observación General No. 7, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos
Humanos, Artículo 7.
Artículo 22.8
“En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen,
donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza,
nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.”
“Artículo 33.
1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un
refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones
políticas.”
Artículo 3 “1. Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una
persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser
sometida a tortura.”
Art- 13 No se concederá la extradición ni se procederá a la devolución de la persona requerida
cuando haya presunción fundada de que corre peligro su vida, de que será sometido a tortura,
tratos crueles, inhumanos o degradantes o de que será juzgada por tribunales de excepción o
ad hoc en el Estado requirente.
Artículo 3
1. Ninguna de las personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1 será objeto de medidas tales
como la negativa de admisión en la frontera o, si hubiera entrado en el territorio en que busca asilo,
la expulsión o la devolución obligatoria a cualquier Estado donde pueda ser objeto de persecución.
Artículo 1
1. El asilo concedido por un Estado, en el ejercicio de su soberanía, a las personas que tengan
justificación para invocar el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, incluidas
las personas que luchan contra el colonialismo, deberá ser respetado por todos los demás Estados.
Convención de 1951, citada, artículo 33.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (tal como ha sido interpretado por el Comité de Derechos
Humanos), artículo 7. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976.
Ver http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0015.
Observación General No.7, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, Artículo 7:
“2. Según se desprende de los términos de este artículo, el alcance de la protección exigida es mucho más amplio
que la simple protección contra la tortura, tal como se la entiende normalmente. Quizás no sea necesario establecer
distinciones muy precisas entre las diversas formas prohibidas de tratos o penas. Estas distinciones dependen de la
naturaleza, la finalidad y la severidad del trato particular que se dé. A juicio del Comité, la prohibición debe abarcar el castigo
corporal, inclusive los castigos físicos excesivos impuestos como medida pedagógica o disciplinaria. Incluso una medida
como el encarcelamiento solitario, según las circunstancias, y especialmente cuando se mantiene a la persona en situación
de incomunicación, puede estar reñida con este artículo. Además, el artículo claramente protege no sólo a las personas
presas o detenidas, sino también a los alumnos de los establecimientos de enseñanza y a los pacientes de las instituciones
médicas. Por último, es también obligación de las autoridades públicas garantizar la protección de la ley contra esa clase de
tratos, aun cuando sean infligidos por personas que actúan fuera de los límites de su función pública o que no ejercen
función pública alguna. Respecto de todas las personas privadas de libertad, la prohibición de tratos contrarios al artículo 7
se complementa con la exigencia positiva contenida en el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto de que se les trate
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” Énfasis agregado.
Ver http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom7.html.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1987, art. 3. Ver
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0020. Entrada en vigor: 26 de junio de 1987.
DECLARACIÓN SOBRE EL ASILO TERRITORIAL adoptada por la Asamblea General en su
Resolución
2312
(XXII),
de
14
de
diciembre
de
1967.
Ver
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0009.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de
1984http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-51.html.
El asilo -conjunto de derechos de que una persona goza bajo la Convención de 1951- incluye la no
devolución. Es un derecho subjetivo conforme a dos instrumentos internacionales:
Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 22.7):
“Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de
persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la
legislación de cada Estado y los convenios internacionales10”.
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:
“Artículo XXVII: Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio
extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de
acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales11”.
En derecho internacional general es asunto librado al derecho interno si en un estado las
disposiciones de la Convención de 1951 son domésticamente exigibles con la mera ratificación o
adhesión, o si es necesario que el poder legislativo expresamente las incorpore al ordenamiento
interno.
En Latinoamérica los tratados de derechos humanos en vigor en un estado por lo general son directa
e inmediatamente exigibles.
Jueces, administradores y legisladores han de interpretar las
disposiciones internas conforme al derecho internacional en vigor. Jueces y administradores no
pueden ampararse en la inexistencia de ley interna que proteja los derechos que los instrumentos
internacionales reconocen a las personas y las obligaciones estatales que son su contrapartida.
Los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometieron a
dictar medidas (judiciales o administrativas) cuando estimen que el ejercicio del derecho de asilo
requiere norma legislativa doméstica, y por una u otra razón no hay ley formal que así lo establezca
(desde 1990 así lo escribe Agustín Gordillo, en conciso y memorable libro12). Su obligación está en el
artículo 2 de la Convención. Tal es el sentido de la frase “medidas legislativas o de otro carácter”,
formulación por lo demás usual en los principales tratados sobre derechos humanos13 :
“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
10
Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.
Entrada en Vigor: 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. (Énfasis agregado).
Ver http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0001.
11 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional
Americana Bogotá, Colombia, 1948). Serie: Novena Conferencia Americana, Bogotá, 1948. Acta y Documentos, p. 297.
(Énfasis agregado).
Ver http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0025.
12 Gordillo, Agustín, “Derechos humanos. Doctrina, casos y materiales”, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos
Aires, 1990.
13 Por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, citado, artículo 2.2: “Cada Estado Parte se
compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro
carácter.” (Énfasis agregado).
Ver http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0015.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, artículo 2.1: “Cada uno de los Estados Partes
en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la
plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. (Énfasis agregado). Entrada en vigor: 3 de enero de 1976,
Ver http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0014.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”14
Un estado parte de la Convención Americana sobre derechos humanos y de la Convención de 1951
tiene obligación, en virtud precisamente de este artículo, de dictar medidas administrativas o
judiciales para hacer efectivo el derecho de buscar y recibir asilo.
El estado no podría alegar que carece de legislación nacional o que ésta es insuficiente. Así lo
expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en John Doe y otros contra Canadá
(2011):
“91.
El análisis de este caso requiere una aclaración acerca del ámbito de los derechos
protegidos y cada una de las obligaciones del Estado conforme al artículo XXVII; cuestiones
previamente examinadas por la Comisión, incluido el Caso de Interdicción de Haitianos. Los
Estados parte, incluido Canadá en este caso, han mantenido que el efecto del criterio dual
cumulativo del artículo XXVII es que si un derecho está establecido en el derecho
internacional pero no en la legislación interna, no constituye un derecho que sea reconocido
por el artículo XXVII. En el contexto de este caso, el Estado alega que como la legislación
canadiense autoriza expresamente las devoluciones directas, el derecho a procurar asilo en
Canadá incluye la posibilidad de que una solicitud no sea procesada inmediatamente y que se
le pueda pedir a un solicitante que regrese temporalmente a Estados Unidos sin que el Estado
viole el artículo XXVII.
92.
Esta interpretación del artículo XXVII no está bien fundamentada. El artículo XXVII no
tendría sentido de acuerdo a esta interpretación porque los Estados Miembros podrían excluir
amplios grupos de refugiados a través de su legislación interna sin cumplir con sus
obligaciones consagradas en el artículo XXVII y el derecho internacional de refugiados. Este
caso ofrece una oportunidad para aclarar este punto que fue tratado en el Caso de
Interdicción de Haitianos. Al mismo tiempo, como se estableció claramente en el Caso de
Interdicción de Haitianos, la Comisión cree que “la legislación internacional ha evolucionado a
un nivel en el que se reconoce el derecho de audiencia de una persona que busca refugio
para determinar si cumple con lo previsto en la Convención [de Refugiados]". El derecho a
buscar asilo requiere que una persona sea oída para ver si se encuentra en riesgo de
persecución --es el acto de oír a una persona lo que implementa el elemento más fundamental
del derecho a buscar asilo—y fue esta oportunidad de procedimiento esencial lo que se les
denegó a los John Does. En consecuencia, la Comisión concluye que el artículo XXVII ofrece
el fundamento del debido proceso para los demandantes que procuran asilo en un territorio
extranjero”15.
El derecho a buscar y recibir asilo ha sido examinado por primera vez por la Corte Interamericana de
derechos humanos (caso Pacheco Tineo contra Bolivia, 2013):
“154. El derecho de buscar y recibir asilo establecido en el artículo 22.7 de la Convención
Americana, leído en conjunto con los artículos 8 y 25 de la misma, garantiza que la persona
solicitante de estatuto de refugiado sea oída por el Estado al que se solicita, con las debidas
garantías mediante el procedimiento respectivo”.
14Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969, citada. (Énfasis agregado).
Ver http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0001
15 INFORME No. 78/11, CASO 12.586, FONDO, JOHN DOE Y OTROS c/ CANADÁ, 21 de julio de 2011. Ver
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2011/CAPU12586ES.doc.
“197. La Corte reitera que el derecho de buscar y recibir asilo establecido en el artículo 22.7
de la Convención Americana no asegura que deba reconocerse el estatuto de refugiado a la
persona solicitante, pero sí que su solicitud sea tramitada con las debidas garantías.
198. En este caso, en relación con la denegatoria de la solicitud de asilo, el Estado violó los
derechos a las garantías judiciales, a buscar y recibir asilo, el principio de no devolución, y el
derecho a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8, 22.7, 22.8 y 25 de la
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de
Rumaldo Juan Pacheco Osco, Fredesvinda Tineo Godos, Frida Edith, Juana Guadalupe y
Juan Ricardo, los tres de apellido Pacheco Tineo.
199. Asimismo, a efectos del presente caso, la expulsión al país de origen de los miembros
de una familia en violación de las garantías mínimas de debido proceso, y con conocimiento
de que podían contar con protección como refugiados de un tercer país, resulta incompatible
con el derecho de buscar y recibir asilo y con el principio de no devolución, reconocidos en los
artículos 22.7 y 22.8 de la Convención Americana”16.
Según la Opinión Consultiva 21 (2014) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
“74. (…) debe tenerse presente que, si bien la noción de asilo se encontraba inicialmente
anclada en la llamada tradición latinoamericana del asilo, que comprendía el asilo diplomático
y territorial así como la no extradición por motivos o delitos políticos, lo cierto es que a partir
de la adopción de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (en adelante
“Convención de 1951”) y su Protocolo de 1967116, la institución del asilo asumió una
específica forma y modalidad a nivel universal: la del estatuto del refugiado”.
“261. En suma, para garantizar de forma efectiva el derecho comprendido en los artículos 22.7
de la Convención Americana y XXVII de la Declaración Americana, los Estados deben
adecuar los procedimientos de asilo o de determinación de la condición de refugiado para
brindar a las niñas y niños un acceso efectivo a los mismos que permita considerar su
situación específica. La Corte considera que dicha obligación conlleva: no obstaculizar el
ingreso al país; si se identifican riesgos y necesidades dar a la persona acceso a la entidad
estatal encargada de otorgar el asilo o el reconocimiento de la condición de refugiado o a
otros procedimientos que sean idóneos para la protección y atención específica según las
circunstancias de cada caso; tramitar de forma prioritaria las solicitudes de asilo de niñas y
niños como solicitante principal; contar con personal de recepción en la entidad que pueda
examinar a la niña o niño para determinar su estado de salud; realizar un registro y entrevista
procurando no causar mayor trauma o re-victimización; disponer de un lugar para la estadía
de la persona solicitante, si no lo tiene ya; emitir un documento de identidad para evitar la
devolución; estudiar el caso con consideración de flexibilidad en cuanto a la prueba; asignarle
un tutor independiente y capacitado en caso de niñas o niños no acompañados o separados;
en caso de reconocerse la condición de refugiado, proceder a trámites de reunificación
familiar, si fuere necesario de conformidad con el interés superior, y finalmente, buscar como
solución duradera la repatriación voluntaria, el reasentamiento o la integración social, de
acuerdo a la determinación del interés superior de la niña o del niño”.
Por lo demás, haremos bien de precavernos contra la simplista contraposición entre “asilo” y un
peregrino “refugio”17.
16Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Pacheco Tineo Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. (Énfasis agregado)
Ver http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9390.pdf?view=1
17 Murillo, Juan Carlos, “El debate entre ‘asilo’ y ‘refugio’”, El Universal, México, 5 de enero de 2011: “América Latina es una
región pionera en la institución del asilo. La costumbre de brindar tratamiento humanitario a quienes buscan protección y
asilo ha alcanzado expresión positiva en los instrumentos del sistema interamericano. Sin embargo, actualmente existen
confusiones terminológicas que pueden minar la protección del derecho humano a solicitar asilo. ¿En qué consiste el
dualismo asilo-refugio? En un contexto latinoamericano, donde el asilo tiende a ser visto como una institución de
Numerosas constituciones latinoamericanas proclaman el derecho de asilo, a veces con acusadas
diferencias de redacción. La Constitución de Bolivia de 2009 expresamente proclama el derecho de
pedir y recibir asilo:
“Artículo 29.
I. Se reconoce a las extranjeras y los extranjeros el derecho a pedir y recibir asilo o
refugio por persecución política o ideológica, de conformidad con las leyes y los tratados
internacionales.”
La Constitución ecuatoriana de 2008, por su parte, no señala expresamente el derecho de recibir
asilo, pero éste se incorpora al ordenamiento interno de cualquier estado latinoamericano en virtud de
la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre.
Ecuador. “Artículo 41 de la Constitución:
Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos
internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo
o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El
Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia
humanitaria y jurídica de emergencia.”
Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, y la
República Bolivariana de Venezuela, en la Declaración de Brasilia Sobre la Protección de Personas
Refugiadas y Apátridas en el Continente Americano de 2010, reiteran “el derecho de toda persona de
buscar y recibir asilo y la importancia del derecho a la nacionalidad, consagrados en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos de 1969”18.
“Los órganos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano han revisado casos
relativos a víctimas de desplazamiento forzoso, que involucran a países tan diversos como Bahamas,
Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos de América, México, Panamá, República Dominicana y
Venezuela. Estos casos han revelado la existencia de una serie de problemas, incluyendo los niveles
patrimonio regional, con características de interestatal y discrecional, no resulta sencillo ver su vinculación con el tema de la
protección de refugiados. Y si decimos que al brindarse protección a un refugiado, en realidad lo que un país o un
Estado le brinda es asilo, no falta que salten las voces que digan que lo que se ha brindado es “refugio”.
Ciertamente cuando hablamos de refugiados y la protección internacional que les brinda un Estado, nos referimos
a un estatuto o condición jurídica de un extranjero amparado por un régimen especial de protección, donde la
utilización común del término “refugio” resulta no sólo imprecisa sino simplista. Mientras que el asilo es un derecho
subjetivo y no un acto discrecional del Estado, la institución del asilo político latinoamericano fue incluida en tratados del
derecho internacional clásico, que reconocen obligaciones recíprocas entre Estados y no crean derechos para los individuos
ni obligaciones correspondientes para los Estados, por lo que la concesión de asilo político es una facultad discrecional del
Estado que se da dentro del ejercicio de su soberanía. No así el reconocimiento de la condición de refugiado, que tiene
como fundamento el derecho humano a solicitar asilo contemplado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, por lo que no se trata de una concesión discrecional del Estado sino de un reconocimiento de un
derecho connatural. Lo propio sucede respecto del derecho a solicitar y recibir asilo consagrado en la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXVII) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(artículo 22.7)”. Énfasis agregado. Ver http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/51216.html.
San Juan, César Walter, con la participación de Manly, Mark, “El asilo y la protección internacional de los refugiados en
América Latina: Análisis crítico del dualismo “asilo-refugio” a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “El Asilo y la protección internacional de los refugiados en
América Latina”, San José, Costa Rica, Editorama, 1ª. ed, 2004. Ver http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3187.pdf.
18 Énfasis agregado. Declaración de Brasilia Sobre la Protección de Personas Refugiadas y Apátridas en el Continente
Americano,
Brasilia,
11
de
noviembre
de
2010,
Preámbulo,
párrafo
sexto.
Ver
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2010/8133
dispares de las garantías del debido proceso en los procedimientos para la determinación de la
condición de refugiado en los países de la región, la falta de legislación nacional en materia de
refugiados, la detención de solicitantes de asilo y refugiados, la precariedad de las condiciones de
detención, las violaciones al derecho a no ser desplazado forzosamente, las condiciones de vida de
los desplazados internos, el irrespeto del principio de non-refoulement, no obstante su carácter de
norma de jus cogens, y la falta del reconocimiento de las obligaciones de los Estados que van más
allá de sus fronteras”19.
La no devolución y los demás derechos contenidos en la Convención de 1951 son derechos
humanos:
La declaración adoptada el 13 de diciembre 2001 (Ginebra, Reunión Ministerial de los Estados Parte
de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967) reconoce que la Convención de 1951 “establece
derechos”, incluyendo derechos humanos20. Constatamos entonces que no se trata simplemente de
“beneficios” o graciosas concesiones de los estados. Solicitantes y refugiados tienen derechos derechos subjetivos, a saber, pretensiones exigibles ante la administración, la judicatura; incluso
frente al parlamento-.
El derecho de buscar y recibir asilo nos permite echar un vistazo a la interacción entre derecho
internacional general, derechos humanos y derecho de los refugiados, juego sistemático que Agustín
Gordillo acusara21:
El derecho internacional aplicable entre las partes incluye el derecho internacional de los derechos
humanos, cuya evolución desde la adopción de la Convención de 1951 es tan señalada.
Detengámonos en la múltiple vinculación entre la Convención de 1951 y los instrumentos relativos a
derechos humanos:
a) El Preámbulo de la Convención de 1951.
Las partes se propusieron “asegurar a los refugiados el ejercicio más amplio posible de los derechos
y libertades fundamentales”.
b) La precitada Declaración adoptada el 13 de diciembre 2001 (Ginebra, Reunión Ministerial de los
Estados Parte de la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967).
A su tenor, como acabamos de constatar, la Convención de 1951 contiene derechos, incluidos los
derechos humanos de sus beneficiarios. Esa declaración es un acuerdo ulterior entre las partes
acerca de la interpretación de la Convención del 51 o de la aplicación de sus disposiciones, y como
tal un criterio decisivo para el intérprete22.
Murillo, Juan Carlos, “El derecho de asilo y la protección de refugiados en el continente americano”, en ACNUR (ed.), “La
Protección Internacional de Refugiados en las Américas”, Quito, 2011, p. 64. Ver:
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/8340.
20 Declaración adoptada el 13 de diciembre 2001 (Ginebra, Reunión Ministerial de los Estados Parte de la Convención de
1951 o el Protocolo de 1967) Preámbulo, párrafo 2. Ver http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0747.pdf
21 Ver más arriba nota de pie de página 12.
22 Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969, citada:
“Artículo 31. Regla general de interpretación.
I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado
en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
(…)
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
19
c) Declaraciones como la también precitada Declaración de Brasilia Sobre la Protección de Personas
Refugiadas y Apátridas en el Continente Americano de 2010, según la cual los estados reiteran “el
derecho de toda persona de buscar y recibir asilo y la importancia del derecho a la nacionalidad,
consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969”.
d) El artículo 5 de la Convención de 195123 estatuye que ninguna de sus disposiciones puede
interpretarse con menoscabo de otros derechos otorgados por las partes a los refugiados. A saber:
La Convención de 1951 no es pretexto, leemos en el clásico Comentario de Grahl-Madsen, para
quitar o reducir los derechos y beneficios que mediante tratados, leyes o normas domésticas, los
Estados hubieran independientemente otorgado a los refugiados24.
Los diferentes tratados de derechos humanos o las disposiciones internas que los Estados Parte de
la Convención de 1951 hayan adoptado desde entonces o adopten en lo venidero vienen o vendrán a
beneficiar al solicitante por la vía del artículo 5 de la Convención de 1951.
e) La Convención de 1951 se ubica en el mundo de los derechos humanos de hoy, al cual nos remite
el artículo 31, 3 c) de Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 cuando sienta
como criterio de interpretación “toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las
relaciones entre las partes”25.
f) Los Estados Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales26 y de la Convención Americana sobre Derechos
a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus
disposiciones” (Énfasis agregado).
Ver http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf.
23 Artículo 5. – “Derechos otorgados independientemente de esta Convención.
Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios
independientemente de esta Convención otorgados por los Estados Contratantes a los refugiados.” (Énfasis agregado).
24 Grahl-Madsen, Atle, “Commentary on the Refugee Convention”, 1951, published by UNHCR, 1997, Article 5: El propósito
del Artículo 5 es que los refugiados pueden, en virtud de la Convención obtener una posición más favorable de lo que la que
pudo haber tenido, mientras que por otra parte, la Convención no debe ser una excusa para reducir o quitar los derechos y
beneficios que de otra forma se les concede a los refugiados por parte de algunos Estados. Los derechos se podrá otorgar a
los refugiados, ya sea por tratado o por las disposiciones de una ley interna (directamente por la operación de la ley, o por
medio de una decisión administrativa o judicial basada en la ley), o por medio de un contrato entre el refugiado y la autoridad
competente.
Ver http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search?page=search&docid=3d4ab5fb9&query=Grahl%20Madsen
25 “Artículo 31. Regla general de interpretación.
I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado
en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y
anexos:
a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del
tratado:
b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás
como instrumento referente al tratado;
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:
a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones:
b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la
interpretación del tratado:
c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.” (Énfasis agregado).
Ver http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_de_Viena_sobre_derecho_tratados_Colombia.pdf.
26 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2.2: “Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con
arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar
las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el
presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.” (Énfasis agregado).
Ver http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0015.
Humanos se comprometieron a dictar medidas legislativas o de otro carácter (judiciales y
administrativas, por ejemplo) para hacer efectivos los derechos reconocidos en dichos instrumentos.
g) Las disposiciones jurídicas rara vez son unívocas.
Así, los actos deben interpretarse conforme a las leyes. Las leyes conforme a la Constitución. Las
constituciones latinoamericanas suelen proclamar el respeto al derecho internacional (tratados en
vigor y derecho internacional general).Luego, si no es claro y distinto el significado de un acto o de
una ley ha de interpretárselos conforme al derecho internacional. Entre las diversas interpretaciones
posibles, la administración o la judicatura deben escoger la que mejor se adapte al derecho
internacional.
Concluyamos con el programa Asilo de Calidad (Plan de Acción de la Declaración de Brasil 2014),
que se propone consolidar “los sistemas nacionales de determinación de la condición de refugiado,
en particular para garantizar:
i. El acceso efectivo a procedimientos de determinación de la condición de refugiado, especialmente
en las fronteras, aeropuertos y puertos, respetuosos del principio del debido proceso legal y de los
estándares regionales e internacionales;
ii. El respeto al principio de no devolución y el derecho a representación legal, si es posible a través
de mecanismos gratuitos, e intérpretes o traductores idóneos;
iii. El principio de confidencialidad del solicitante y de su solicitud y el derecho de los solicitantes de
ser escuchados en un procedimiento preestablecido y objetivo, incluyendo una valoración del riesgo a
los derechos más fundamentales, y la posibilidad de contactar al ACNUR; y
iv. El derecho de los solicitantes de asilo a obtener una decisión por escrito debidamente fundada y
motivada sobre su caso, en un plazo razonable y determinado, con aplicación de los principios de
buena fe y del beneficio de la duda”27.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1: “Cada uno de los Estados Partes en el
presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la
plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. (Énfasis agregado).
27 Declaración de Brasil, “Un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para Fortalecer la Protección Internacional de las
Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe”, Brasilia, 3 de diciembre de 2014, capítulo
segundo.
Ver http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9867
Cuadro J.
Criterios para la atribución de derechos conforme a la Constitución de 1951
(Tomado de Hathaway, James, “The Rights of Refugees under International Law”,
Cambridge University Press, 2005)
Sujeción a la jurisdicción
(de jure o de facto)
Presencia en el Territorio
Arts. 3 (“prohibición de la discriminación’’),
33 (‘‘prohibición de expulsión y de devolución’’),
16(1) (‘‘acceso a los tribunales’’)
13 (‘‘bienes muebles e inmuebles’’), 20 (‘‘racionamiento’’), 22 (‘‘educación pública’’), y 29
(‘‘gravámenes fiscales’’).
Arts. 31(2) (no restricciones de circulación innecesarias a los refugiados “que se encuentran
ilegalmente en el país de refugio’’),
31(1) (no penalización por entrada o presencia ilegal),
4 (‘‘religión’’), y 27 (‘‘documentos de identidad’’).
Presencia Legal
(Lawfully in)
Arts. 32 (‘‘expulsión’’),
26 (‘‘libertad de circulación’’),
y 18 (‘‘trabajo por cuenta propia’’).
Encontrarse legalmente
(Lawfully staying)
Arts .17 (‘‘empleo remunerado’’),
24 (‘‘legislación del trabajo y seguros sociales’’),
28 (‘‘documentos de viaje’’),
19 (‘‘profesiones liberales’’), 21 (‘‘vivienda’’), 23 (‘‘asistencia pública’’) en ciertas circunstancias
(‘‘exención de reciprocidad’’) y 17(2) (no aplicación de medidas restrictivas respecto del emple
extranjeros).
“Residencia”
Art. 7(2) (“exención de reciprocidad”), 16(2) (asistencia judicial y exención de la cautio judicatu
solvi), y 17(2) (no aplicación de medidas restrictivas respecto del empleo de extranjeros).
Refugiados en general
Trato como a nacionales
Trato como a extranjeros en
general
El trato más favorable
concedido en las mismas
circunstancias a los nacionales
de un país extranjero
Derechos otorgados independientemente de la Convención (art.5) a los refugiados,
A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Convención, todo Estado
Contratante otorgará el mismo trato que otorgue a los extranjeros en general (art.7.1.) a los
refugiados,
Exención de medidas excepcionales (art.8) a refugiados,
Estatuto personal (art. 12.1) de cada refugiado,
Transferencia de haberes por reasentamiento (art. 30.1) a los refugiados.
Religión (art. 4) un trato por lo menos tan favorable como (…) a (los) nacionales,
Derecho de propiedad intelectual (art. 14) (…) la misma protección concedida a los naciona
Racionamiento (art. 20) (…) el mismo trato que los nacionales,
Asistencia pública (art. 23) el mismo trato que a sus nacionales,
Legislación nacional y seguros sociales (art. 24.1) el mismo trato que a los nacionales en (…
Remuneración (…) b) Seguros sociales (…),
Gravámenes fiscales (art. 29.1) no (se) impondrá(n) (…) derecho, gravamen o impuesto que
exceda de los que se exijan(…) (a)los nacionales (…) en condiciones análoga.
Libertad de circulación (art. 26),
Adquisición de bienes muebles o inmuebles (art. 13) como a extranjeros en iguales circunst
Trabajo por cuenta propia (art. 18),
Vivienda (art. 21),
Educación distinta de la elemental (art. 22.2).
Derecho de asociación (art. 15),
Empleo remunerado (art. 17).
Recopilado por la Unidad Legal Regional del Bureau de las Américas, ACNUR
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