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Sobre el Consentimiento de los padres separados para la

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Sobre el Consentimiento de los padres separados para la
Sobre el Consentimiento de los padres separados para la intervención psicológica
con sus hijos menores.
El Código Deontológico aún vigente (1987) es anterior a toda la doctrina actual
sobre el Consentimiento informado, por tanto, no está adaptado a la nueva legislación
(uno de los motivos por el que era urgente contar con nuevo Código). No obstante en
su artículo 25 se indica:
“Al hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos, instituciones o
comunidades, el/la Psicólogo/a ofrecerá la información adecuada sobre las
características esenciales de la relación establecida, los problemas que está
abordando, los objetivos que se propone y el método utilizado.
En caso de menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a sus
padres o tutores.
En cualquier caso, se evitará la manipulación de las personas y se tenderá hacia
el logro de su desarrollo y autonomía”.
En la legislación española se regula el ejercicio de la Patria Potestad en el
artículo 156 del Código Civil, en el que se indica que ésta se ejercerá conjuntamente
por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del
otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las
circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. En caso de desacuerdo,
cualquiera de los dos podrán acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si
tuviera suficiente juicio y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá sin
ulterior recurso la facultad de decidir al padre o a la madre (o si los desacuerdos fueran
reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio
de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o
distribuir entre ellos sus funciones)1.
En los casos de padres separados o divorciados con la patria potestad
compartida, el ejercicio de la misma también es conjunto y, por tanto, ambos tienen
derecho a tomar decisiones en todos los aspectos importantes de la vida de los hijos
menores (salvo en aquellos casos en que en Sentencia judicial se haya otorgado la
capacidad de decidir en un supuesto concreto a uno sólo de los progenitores). Lo
habitual, no obstante, es el ejercicio conjunto, por lo que habrá que tener especial
cautela ya que no puede presumirse sin más que un progenitor que toma una decisión
importante sobre sus hijos menores está obrando con el consentimiento del otro.
Existe jurisprudencia respecto a que, en temas ordinarios, la patria potestad la
ejercerá el progenitor con el que convivan los menores (ej., llevar a un niño al pediatra
por tener un catarro o cualquier otra enfermedad común), también en casos de
urgente necesidad, pero en casos no ordinarios, como por ejemplo, llevar al hijo a un
profesional de la psicología para una evaluación o tratamiento (más aún si se va a
realizar un informe pericial que puede surtir efectos en temas importantes que afectan
a la relación de los hijos con ambos progenitores), se precisaría el acuerdo de ambos.
1
Procedimiento específico de jurisdicción voluntaria (divergencias en el ejercicio de la patria potestad).
Por otro lado, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, regula quien deberá otorgar el consentimiento informado para
las intervenciones en el ámbito de la salud con menores sin pleno derecho a consentir
por sí mismos. Es lo que se denomina “consentimiento por representación” y viene
recogido en el artículo 9.3 de la citada Ley. Se indica que: “el consentimiento lo dará el
representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce
años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero
emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por
representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del
facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la
toma de la decisión correspondiente. Consecuentemente, de acuerdo con esta Ley, el
consentimiento deberá otorgarlo “el representante legal”, que sería, según el citado
artículo 156 del Código Civil, los titulares de la patria potestad.
La Comisión de Ética y Deontología del Colegio Oficial de Psicologia de
Andalucía Occidental, interpreta el citado artículo 25 del Código Deontológico de
acuerdo a las normas legales que se han mencionado respecto al consentimiento
informado por representación y a los actos que la jurisprudencia ha establecido que
requerirían una decisión común de ambos titulares de la patria potestad (entre ellos,
los informes y tratamientos psicológicos). Evidentemente, el ejercicio de la profesión
de la psicología se somete al principio de legalidad no pudiendo entrar ninguno de los
preceptos contenidos en el Código Deontológico en contradicción con la legislación
vigente (la adherencia a los criterios legales es un imperativo) y, por tanto, no caben
interpretaciones que permitan acciones que no se ajusten a la legalidad en vigor. De
cualquier forma, en la Comisión Deontológica Estatal, también se ha mantenido ese
criterio. La anterior presidenta Carmen Batres en colaboración con el asesor jurídico
del Colegio, José Eugenio Gómez, publicaron en 1999 en Infocop un artículo donde
estos criterios, compartidos por las distintas Comisiones Deontológicas de España,
quedan suficientemente claros (a pesar de que en 1999 aún no estaba aprobada la
citada Ley de Autonomía del Paciente).2
Por ello, desde nuestra Comisión siempre se ha considerado que el derecho de
los titulares de la patria potestad a tomar decisiones respecto a las cuestiones
importantes que afecten a sus hijos menores, no puede limitarse a un mero
“conocimiento” de uno de los titulares tras una sucinta comunicación por burofax u
otros medios documentados por parte del profesional de que va a proceder a realizar
con sus hijos una evaluación psicológica y posterior informe o un tratamiento a
solicitud del otro titular de patria potestad, sino que se ha de respetar el derecho de
ambos a participar en la toma de decisiones de dichas cuestiones. Los tratamientos o
informes psicológicos son actos importantes y existe jurisprudencia que así los
considera y, por tanto, no pueden incluirse entre aquellos actos “ordinarios” que
podrían ejercitarse por el progenitor custodio sino que deberán contar con el
consentimiento de ambos titulares de la patria potestad (excepto si en Sentencia
Judicial se hubiera otorgado la capacidad para decidir en ese supuesto concreto a uno
2
Gómez, J.E. y Batres, C. (1999). La intervención profesional del psicólogo con menores no
emancipados. Infocop, 73
sólo de los progenitores) y ambos deberán ser informados de los resultados de la
evaluación y/o el tratamiento y recibir los informes que se realicen.
Una vez que ambos titulares de la patria potestad han sido informados, si uno
de los dos no otorgara el consentimiento, bien porque no se hayan puesto de acuerdo
respecto a la necesidad de la intervención (tanto para una evaluación como para
tratamientos), al profesional elegido, al tipo de intervención, etc. y si aún así el
profesional estimara, en defensa de los legítimos intereses del los menores, que dicha
intervención es necesaria o conveniente, deberá comunicarlo a ambos y quedar a la
espera de la decisión que finalmente se adopte. El padre o la madre solicitante de la
intervención en el caso de no llegar al consenso con el otro progenitor, de acuerdo a la
legislación vigente, podrá recurrir a la vía judicial. El juez, tras oír a ambos titulares de
la patria potestad y al menor si tuviera más de 12 años, podrá autorizar la intervención
psicológica sin el consentimiento del progenitor discrepante.
Consecuentemente, siempre que un sólo progenitor acuda a un profesional de
la psicología con sus hijos menores con el objetivo de: a) iniciar un proceso de
evaluación de tales menores para posteriormente realizar un informe pericial y ser
presentado en un Juzgado, b) realizar una evaluación sin un objetivo claro, o c) realizar
un tratamiento psicológico, el profesional deberá asegurarse sobre quien ostenta la
patria potestad de dichos menores y si esta es conjunta (ambos progenitores), deberá
comprobar que el otro titular de la patria potestad y en pleno ejercicio de la misma,
consiente en que se lleven a cabo los servicios psicológicos que solicita el otro. En
primer lugar, deberá obtener información sobre la situación de ambos y de las causas
por las que el progenitor ausente no ha acudido a esa primera sesión. Si están
separados o divorciados, sería conveniente revisar la Sentencia para comprobar si se
ha otorgado un ejercicio conjunto de la patria potestad (que suele ser lo habitual) y,
consecuentemente, para una intervención psicológica, se requeriría el mutuo acuerdo
de ambos, o si, por el contrario, se ha atribuido el ejercicio exclusivo en algunas
cuestiones (como podrían ser las intervenciones psicológicas o sanitarias en general) a
uno sólo de los titulares.
Una vez realizadas tales comprobaciones, si el ejercicio es conjunto, se deberán
iniciar las acciones encaminadas a contar con el consentimiento y colaboración de
ambos progenitores. Si entre ellos existe una relación cordial, no habrá problemas ya
que citaremos al ausente para la próxima sesión, completaremos la recogida de datos
y obtendremos el consentimiento informado (recomendablemente por escrito). Si el
progenitor solicitante de la intervención no accediera a informar al ausente y se negara
a facilitar al profesional los datos para éste pudiera citarlo (esgrimiendo cualquier tipo
de argumentos o excusas), se debe suspender la intervención hasta que no se cuente
con el adecuado consentimiento o con la autorización judicial. Si nos indicaran que el
progenitor ausente no está localizable o no se conoce su paradero, sería conveniente
contar con la autorización judicial o, en su defecto, hacer constar en el informe o en la
historia clínica (si se trata de una intervención terapéutica) de forma detallada tal
circunstancia, los intentos realizados y la imposibilidad de localización del ausente. En
cualquier caso, las reticencias o impedimentos que uno de los titulares de la patria
potestad manifieste para dificultar la obtención del consentimiento informado por
parte del otro, debería ponernos en máxima alerta ya que el riesgo de mala praxis
estaría muy acentuado. En el caso de que el progenitor ausente hubiera sido citado en
forma debidamente documentada (ej., mediante burofax o correo certificado) y no
acudiera a la cita ni contactara con el profesional para programar otra o para
manifestar de forma expresa (y documentada) su desacuerdo para que se lleve a cabo
la intervención con los menores, se podrá entender que no se opone a la misma y se
podrá continuar. En ese caso, también se deberán consignar detalladamente en el
informe (o en la Historia Clínica) las acciones realizadas para contactar con el
progenitor ausente, la fecha de la cita a la que no ha comparecido y la no existencia de
comunicaciones debidamente documentadas por parte de este en las que exprese
claramente que no autoriza que se lleve a cabo la intervención psicológica con sus
hijos menores. También se le debería informar de nuestra disposición para informarle
personalmente de los resultados de la evaluación y/o tratamiento así como de
entregarle copia de los informes realizados.
Carmen del Río Sánchez
Presidenta de la Comisión de Ética y Deontología de Andalucía Occidental
Documentos Relacionados:
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