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Maltrato de obra y abandono emocional como causa de

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Maltrato de obra y abandono emocional como causa de
InDret
REVISTA PARA EL
ANÁLISIS DEL DERECHO
Maltrato de obra
emocional
como
desheredación
Silvia Algaba Ros
Facultad de Derecho
Universidad de Málaga
BARCELONA, ABRIL 2015
WWW. INDRET.COM
y
abandono
causa
de
InDret 2/2015
Silvia Algaba Ros
Abstract
La sociedad actual debe dar respuesta a los retos que plantea el envejecimiento de la población, regulando
materias, modificando normas, reinterpretando las existentes y fomentando instrumentos que mejoren las
condiciones de vida del mayor. Con éste interés, se analiza si el abandono emocional puede ser considerado
causa de desheredación permitiendo al testador sancionar por ese motivo a sus descendientes.
Today´s society must respond to the challenges caused by the aging population, creating legal rules,
modifying, reinterpreting existing norms and promoting instruments that improve the lives of the elderly.
For this purpose we analyze if the emotional neglect may be considered cause for disinheritance in order to
those allows the testator sanction for that reason their descendants.
Title: Mistreatment and emotional neglect as a cause of disinheritance
Palabras clave: desheredación, maltrato de obra, abandono emocional, mediación familiar
Keywords: disinheritance, mistreatment, emotional neglect, family mediation
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InDret 2/2015
Silvia Algaba Ros
Sumario
1. Introducción
2. La desheredación: una aproximación
3. El maltrato de obra como causa de desheredación a los descendientes
4. El abandono emocional como supuesto de maltrato de obra
5. El abandono emocional y la obligación de alimentos: caracterización
6. Abandono emocional y gestión de conflictos. La mediación familiar.
7. Tabla de jurisprudencia citada
8. Bibliografía
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InDret 2/2015
Silvia Algaba Ros
1. Introducción
El envejecimiento de la población y los cambios en la configuración de la familia han hecho surgir
nuevas necesidades. Las expectativas de vida son cada vez más amplias pero en la mayoría de
las ocasiones se ven acompañadas de un deterioro en la persona del mayor que exige especial
cuidado. El actual contexto socio-económico 1 complica aún más la situación dificultando su
atención y generando en ocasiones la ruptura de las relaciones familiares. No cabe duda, de que
vivimos un momento histórico en el que tenemos más tiempo de vida pero cada vez tenemos
menos tiempo para dedicarlo a nuestras cuestiones personales y familiares.
Frente a la anterior realidad, las normas del Código civil que actualmente regulan la institución
familiar y sucesoria son insuficientes, pues si bien cuando el mayor tiene necesidades de
alimentos (art. 142 CC) puede solicitar judicialmente a sus descendientes lo necesario para su
sustento, sin embargo cuando las necesidades desatendidas son las emocionales no existe
ninguna norma que directamente aborde la situación. Hasta tiempos recientes y de forma
reiterada se han pronunciado los Tribunales argumentando que estos temas son cuestiones de
conciencia que escapan al ámbito jurídico, pero lo cierto es que sería aconsejable que tuvieran
algún reflejo en las normas dada su trascendencia. En concreto, resulta insuficiente el tenor literal
del art. 853CC 2 que regula el maltrato de obra como causa de desheredación a los descendientes,
aunque afortunadamente la reciente STS, 1ª, 3.6.2014 (RJ 2014\3900, MP: Francisco Javier Orduña
Moreno) ha flexibilizado su interpretación al permitir incluir en su seno conductas relacionadas
con el abandono emocional.
En este trabajo se abordará si el abandono emocional puede ser considerado como maltrato de
obra y por tanto causa de desheredación, pese a no ser expresamente acogido en las normas.
También se hará mención a las posibilidades que la mediación familiar ofrece para gestionar los
conflictos familiares de manera que no se llegue al indeseado abandono emocional.
2. La desheredación: una aproximación
Las normas que en el Código civil regulan la sucesión por causa de muerte, nos permiten
adivinar la concepción que el texto legal tiene de la familia. Los derechos, obligaciones y
potestades que dibujan las normas reguladoras de la institución familiar, se proyectan sobre el
derecho de sucesiones especialmente en materia de legítima incidiendo ésta tanto en la sucesión
En concreto, señala LASARTE ALVAREZ (2007, p.363) que “El actual envejecimiento de la población española
generado por la mejoría de las condiciones sanitarias y en consecuencia la prolongación de la edad media de vida
de las personas (en torno a los ochenta años); la vida ciudadana y sus continuos desplazamientos, sea por oficio,
beneficio u ocio; la necesidad de desarrollar vida extradoméstica por parte de ambos miembros de la pareja… son
elementos determinantes de una realidad social cada vez más preocupante y sociológicamente detectada: el
abandono de las personas mayores, sea en sus propios domicilios, en radical soledad, o en centros (mejor o peor
dotados), fuera por tanto del ámbito familiar ".
1
Obsérvese que en Códigos civiles europeos como el Code francés y el Codice civile se desconoce la
desheredación.
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testada e intestada. Se configura la legítima en el Código civil como un límite a la facultad de
disponer mortis causa y de donar, que tiene un carácter imperativo pues las normas que la
regulan deben ser necesariamente acatadas. De la legítima se predica su intangibilidad
cuantitativa y cualitativa que aspira a que los legitimarios obtengan la cuota que legalmente les
correspondan y que las atribuciones patrimoniales que reciban estén libres de cargas y
gravámenes con las salvedades permitidas en la ley 3.
Pese a ser normas de derecho necesario las que regulan la legítima, no cabe duda de que el
causante y testador puede obviarlas tanto de forma intencionada como sin intención 4 . Un
supuesto significativo de privación intencionada de la legítima es el que se produce con la
desheredación.
La desheredación 5 puede ser definida como un acto formal y una sanción civil por la que el
legitimario es privado de la condición de heredero, de la totalidad de la herencia salvo que
expresamente el testador haya dispuesto de otra cosa, y de la posibilidad de solicitar lo que por
legítima le corresponda conservando, sin embargo, para determinados efectos la condición de
legitimario. La desheredación se configura como una sanción civil que tiene un marcado carácter
personal pues no se traslada a su descendencia como se desprende del art. 857 CC en el caso en
que el desheredado sea descendiente.
Señala el art. 849 CC que la desheredación justa es aquélla que se ha realizado en testamento por
alguna de las causas de señala la ley 6. Los efectos que produce son numerosos. El desheredado no
es llamado a la sucesión intestada ni testada. Perderá el derecho a solicitar lo que por legítima le
corresponde, siendo una cuestión dudosa la relativa a la incidencia de la desheredación sobre el
cálculo de la legítima. Ante la falta de claridad del texto legal, dos son las posturas que pueden
adoptarse sobre esta materia: que la desheredación implica la pérdida de la condición de
legitimario a todos los efectos convirtiendo al desheredado en un extraño 7, o bien el desheredado
conserva la condición de legitimario aunque no puede solicitar lo que por legítima le
corresponde. Parece más plausible la segunda postura que implicaría que el desheredado aunque
no puede solicitar lo que por legítima le corresponde sin embargo vería imputada en su cuota
El art. 813.2ª CC prohíbe al testador imponer sobre la “legítima gravamen, ni condición, ni sustitución de
ninguna especie, salvo lo dispuesto en cuanto al usufructo del viudo y lo establecido en el art. 808 respecto de los
hijos o descendientes judicialmente incapacitados”. También el art. 824 CC permite imponer sobre la legítima
gravámenes en favor de otros legitimarios o descendientes.
3
En concreto, las acciones que permiten defender la legítima son varias. Si el legitimario ha sido silenciado en el
testamento podrá ejercitar según proceda la acción de preterición intencional o no intencional cuya regulación
aparece acogida en el art. 814 CC. Aquel legitimario que haya recibido menos de aquello que por legítima le
corresponda podrá utilizar la vía que le ofrece el art. 815 CC es decir la acción de complemento y finalmente el
legitimario que haya sido desheredado injustamente puede instar la acción de desheredación injusta prevista en
el art. 851 CC. A estas acciones se pueden adicionar la de reducción de las donaciones por inoficiosas.
4
5
ALGABA ROS (2002).
6
Las causas de desheredación se acogen en los arts. 852 CC y ss.
7
Esta postura es defendida por JORDANO FRAGA (2004, pp. 134 y ss.).
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legitimaria las posibles donaciones que hubiese recibido del causante. Con ello se favorecería que
la desheredación se considerase como una sanción para el desheredado que no puede suponer un
beneficio para otros desheredados ni un aumento de las limitaciones de disponer por parte del
testador 8.
La desheredación, según el art. 851 CC es injusta cuando se ha realizado sin expresión de causa,
o por causa cuya certeza, si fuere contradicha, no se probare, o que no sea una de las señaladas en
los arts. 852 a 855. Los efectos que produce son personales y patrimoniales.
Desde un punto de vista personal dado que la desheredación supone una sanción que afecta
personalmente al desheredado, éste podrá ejercitar la acción de desheredación injusta aunque
haya recibido por vía no testamentaria lo que por legítima le corresponde. Así se podría inducir
de la STS, 1ª, 10.06.1988 (RJ 1988\4853; MP: Alfonso Barcalá Trillo-Figeroa).
En cuando a los efectos patrimoniales de la desheredación injusta, el precepto establece que se
anulará la institución de heredero en cuanto perjudique al desheredado. No obstante, ello no
supone que se produzca una nulidad que implique la apertura de la sucesión intestada pues el
propio tenor del precepto es altamente clarificador al señalar que al desheredado únicamente le
corresponde solicitar lo que por legítima le corresponde “pero valdrán los legados, mejoras y
demás disposiciones testamentarias en cuanto no perjudiquen dicha legítima”. La polémica se
plantea al abordar el quantum de dicho perjuicio.
Para determinar el quantum, no existen dudas en torno al mismo cuando el legitimario es
ascendiente, cónyuge del testador o único descendiente, pues será la legítima que les
corresponda. Tampoco se suscitan dudas cuando existiendo varios descendientes, el testador que
ha desheredado injustamente a uno de ellos, ha dispuesto de la mejora a favor de todos o algunos
de los restantes descendientes, pues al desheredado injustamente le corresponderá la legítima
estricta. La cuestión conflictiva se plantea cuando ha sido desheredado un descendiente y existen
otros descendientes a los que no se ha mejorado expresamente pues se discute si en éste caso le
corresponde la denominada legítima estricta o bien la legítima larga.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que
al desheredado le corresponderá la legítima estricta. Es paradigma de esa tendencia la STS, 1ª,
A mayor abundamiento, con referencia a la incidencia de la desheredación justa sobre las atribuciones
patrimoniales que el desheredado haya recibido del testador (ej: donación) la desheredación no es motivo de
revocación de las donaciones pues las causas de revocación de las donaciones son exclusivamente las señaladas
en los arts. 644 CC y ss. Por tanto, en caso de desheredación justa, las donaciones que hubiera en su momento
recibido el justamente desheredado, se mantendrían. Merece ser destacado que la desheredación justa produce
efectos que afectan a los hijos del desheredado. El hijo desheredado en virtud de art. 164.2 CC perderá la
administración de los bienes que sus hijos (nietos del testador que deshereda) hubieran recibido en la herencia en
la que hubiesen sido justamente desheredados. Esta limitación debe alcanzar tanto a los bienes que reciba el hijo
desheredado por aplicación del art. 857 CC como a aquellos otros bienes que el hijo del desheredado recibiese de
la herencia de testador. En cualquier caso si el desheredado deja descendientes éstos tendrán derecho a la
legítima.
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23.1.1959 (RJ 1959\125; MP: Francisco Eyré Varela) 9 que ha marcado la línea seguida de forma
generalizada en numerosas sentencias como ocurre en la reciente a STS, 1ª, 29.11.2012 (RJ
2012\190; MP: O´Callaghan Muñoz) donde se acoge como obiter dicta que hasta el momento la
tesis mayoritaria es que al desheredado que ejercita la acción de desheredación injusta le
corresponde la legítima estricta. A nuestro juicio, el Alto Tribunal se posiciona en aquellos que
relacionan la desheredación injusta con la mejora tácita 10 y defienden que la forma más eficaz de
respetar la voluntad del testador que ha desheredado injustamente a un descendiente, es mejorar
tácitamente al resto de los descendientes pues el ordenamiento debe responder restableciendo
únicamente aquella parte de la legítima de la que el testador no puede en ningún caso responder:
la estricta 11.
Siguiendo otra opinión doctrinal, es posible defender que al desheredado injustamente no le
corresponde exclusivamente la legítima estricta, pues como nos clarifica LACRUZ BERDEJO (1993,
p. 449) "me parece muy dudoso que una voluntad injusta expresada tenga efectos dispositivos
implícitos, cuando no los tendría igual voluntad sin expresar la falta de mención del legitimario
en testamento, que sería menos injusta; y cuando el testador ha podido relegar al legitimario a su
posición estricta con sólo ordenarlo así". Por otro lado, esta interpretación puede parecer más
coherente con el sistema legitimario dibujado en el Código civil pues la legítima estricta sólo
existe si hay mejora, y si no se ha dispuesto de la mejora la legítima estricta no puede existir. En
cualquier caso, no se puede obviar que es un tema polémico frente al que se plantean otras tesis
significativas como la de profesor MIQUEL GONZÁLEZ (2014, pp. 990 y ss.) que considera que en
materia de desheredación injusta "si el problema solo fuera una cuestión de inoficiosidad, no
tendría que anularse la institución de heredero" tal y como señala el art. 851 CC. "Si se anula la
institución de heredero en lo que perjudique al desheredado injustamente (art. 851), esto da lugar
a la apertura de la sucesión intestada y el injustamente desheredado es llamado a su cuota
intestada, aunque gravada con mejoras y legados en la medida en que no sean inoficiosos".
3. El maltrato de obra como causa de desheredación a los descendientes
En el Código civil, la única especialidad que la desheredación encuentra en relación a los
distintos legitimarios que pueden ser desheredados es la que se refiere a las causas.
Centrándonos en la desheredación a los descendientes en virtud de los arts. 852 y 853 CC son
justas causas de desheredación las señaladas en los art. 756 CC en sus números 2º, 3º, 5º, 6ª y
específicamente las de "haber negado sin motivo legítimo, los alimentos al padre o ascendiente
que le deshereda" y "haberle maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra" 12 . La
9 Como señala Martín GARCÍA-RIPOLL MONTIJANO (1998, p.1070) en el texto de esta sentencia "es evidente la
influencia de las posturas de VALLET DE GOYTISOLO Y DE LA CÁMARA".
10
VALLET DE GOYTISOLO (1981, pp. 54 y ss.) es uno de los defensores de esta tesis.
11 Se ha hecho eco de las diversas opiniones doctrinales TORRES GARCÍA (2012). Especialmente significativos son
los argumentos en favor de la no admisión de la mejora tácita de MIQUEL GONZÁLEZ (1993, pp. 1791 y ss.)
12
Parte de la doctrina entiende que pese al tenor literal de la norma, la mención que el art. 852 CC realiza al art.
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trascendencia práctica y actualidad de la causa de desheredación maltrato de obra, se pone de
manifiesto en que las dos últimas Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en materia de
desheredación, versan sobre la citada causa. Nos referimos a la STS, 1ª, 3.6.2014 (Ar.3900) y STS,
1ª, 30.01.2015 (RJ 2015\77522, MP: Francisco Javier Orduña Moreno) 13.
Centrándonos en el objeto de este trabajo, la posible inclusión del abandono emocional en el
maltrato de obra, es preciso plantearse previamente cómo pueden interpretarse con carácter
general de las causas de desheredación.
La desheredación es una sanción civil, respecto de la que se predica la aplicación del principio de
legalidad dado que nadie puede ser sancionado por un acto que en el momento de su
perpetración no estuviese recogido en la norma como causa de desheredación. La citada
afirmación se desprende de la propia configuración de la legítima como norma de derecho
necesario, indisponible para el causante y también del tenor literal del art. 848 CC. Tenor que
hasta la citada STS, 1ª, 3.6.2014 (Ar.3900), había desembocado en una continuada línea
jurisprudencial defensora de que las causas de desheredación sólo admiten una interpretación
restrictiva.
En efecto, ha sido "tajante la jurisprudencia al establecer que las causas de desheredación han de
ser una de las específicamente determinadas por la ley cuya enumeración ha de entenderse
exhaustiva, sin comprender en ella otras distintas, aun cuando guarden analogía o sean de mayor
entidad, porque de otra forma, se daría al traste de con todo el sistema legitimario" 14. Así se
desprende de las siguientes Sentencias del Tribunal Supremo STS, 1ª, 28.6.1993 (RJ 1993\4792,
MP: Gumersindo Burgos Pérez de Andrade), STS, 1ª, 14.03.1994 (RJ 1994\1777, MP: Jesús Marina
Martínez Pardo), siendo especialmente significativa la STS, 1ª, 4.11.1997 (RJ 1997\7930, MP: Jesús
Marina Martínez Pardo).
756.6º CC es preciso entenderla referida al art. 756.5º CC. La razón se encuentra en que originariamente el
precepto remitía efectivamente al nº6, pero dado que la Ley 22/1978, de 26 de mayo suprimió el párrafo quinto,
el contenido del nº 6 pasó al nº 5. Por tanto, al no modificarse el art. 852 CC, esta reforma que suponía una
modificación de las causas de indignidad provocaba un cambio en las causas de desheredación que no había sido
prevista por el legislador. No obstante, el tema es cuestionable dado el tiempo transcurrido sin que el legislador
haya acometido una reforma.
Argumentan sobre la trascendencia práctica de esta causa
FERNÁNDEZ (1980, p. 17).
13
BARCELÓ DOMENECH (2004, p. 474) y RIVERA
14 SAP Valencia, Civil Sec.8ª, 21.03.2013 (AC 1207; MP: María Fe Ortega Mifsud) acoge la doctrina seguida hasta
el momento. Opina con acierto DOMENECH BARCELÓ (2004, p. 475) que "precisamente ha sido esa rigidez de los
Tribunales en la apreciación de la existencia de las causas de desheredación lo que ha impulsado al testador a
acudir a vías indirectas, distintas a la desheredación”.
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No obstante otra interpretación es posible, como lo ha corroborado la STS, 1ª, 3.6.2014 (RJ.3900) 15
donde se señala que el hecho de que las causas de desheredación sean de enumeración taxativa
sin posibilidad de analogía, “no significa que la interpretación o valoración de la concreta causa,
previamente admitida por la ley, deba ser expresada con un criterio rígido o sumamente
restrictivo”. Señala la referida sentencia que las causas de desheredación “deben ser objeto de
una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los valores del
momento en que se producen”.
En la misma línea se ha manifestado la STS, 1ª, 30.01.2015 (RJ 2015\77522) donde expresamente
se reitera la doctrina jurisprudencial anteriormente señalada al afirmar que "los malos tratos o
injurias graves de palabra como causas justificadas de desheredación… que, de acuerdo con su
naturaleza, deben ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo
cultural y a los valores del momento en que se produce 16".
Coincidimos con la doctrina acogida en las referidas sentencias porque es trascendental tener
presente que es una sanción privada y no pública, y ello determina un diferente tratamiento de la
sanción de desheredación. El principio de legalidad viene acogido en el art. 25.1 de la CE donde
se señala que "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la
legislación vigente en aquel momento". Es un principio que abarca las sanciones de naturaleza
pública y se viene manteniendo según afirma RAMOS TAPIA (2010, pp. 126-127) que "la
interpretación extensiva es perfectamente lícita siempre que haya sido alcanzada con un método
de interpretación aceptable… Lo que exige el principio de legalidad es que el juez efectúe la
interpretación dentro del tenor literal del precepto… en el marco delimitado por el sentido literal
posible del texto de la ley".
Por tanto, si incluso en el ámbito público es admisible una interpretación extensiva del principio
de legalidad, tanto más lo serán en el marco de la sanción privada el que se impide por voluntad
del ofendido que un legitimario pueda solicitar la legítima, como respuesta a su conducta. Ahora
En esta sentencia son relevantes los datos que seguidamente se expondrán. Los hijos del causante, doña
Sonsoles y don Roberto interpusieron demanda de desheredación injusta contra la hermana del causante
solicitando entre otros pedimentos que se declarase nula y sin efecto la cláusula testamentaria en virtud de la cual
habían sido desheredados por su padre. En efecto, el causante había otorgado testamento en el que deshereda
expresamente a sus hijos por las siguientes causas: A su hija Sonsoles por la causa la del artículo 853 CC, al haber
negado injustificadamente al testador asistencia y cuidados y además por la causa 2ª del citado artículo al haberle
injuriado gravemente de palabra. Y a su hijo Roberto por la causa 2ª del mismo artículo antes citado, al haber
injuriado gravemente de palabra al testador y además maltratado gravemente de obra. El TS consideró que la
causa de desheredación estaba acreditada pues doña Sonsoles y don Roberto incurrieron en un maltrato psíquico
y reiterado contra su padre del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y consideración que se
derivan de la relación jurídica de filiación.
15
Obsérvese que en la STS, 1ª, 30.01.2015 (RJ 2015\77522) se aborda un supuesto de maltrato psicológico: " En
efecto, solo de este modo se puede calificar el estado de zozobra y afectación profunda que acompañó los últimos
años de vida de la causante, tras la maquinación dolosa de su hijo para forzarla, a finales del año 2003, a otorgar
donaciones en favor suyo, y de sus hijos, que representaban la práctica totalidad de su patrimonio personal.
Comportamiento doloso y conflicto emocional de la testadora que ya apreció esta Sala en la sentencia de 28 de
septiembre de 2011 al declarar la nulidad de las citadas donaciones; pero que en nada pudo reparar su estado de
afectación ya que su muerte aconteció el 28 de abril de 2009, año y medio antes de la citada sentencia".
16
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bien, debe quedar claro que la interpretación extensiva no puede llegar a la analogía que, como es
notorio, está proscrita para las sanciones. Se trataría por tanto, de interpretar la norma de forma
que el resultado de la interpretación sea acogido por la propia norma y siguiendo la citada STS,
1ª, 3.6.2014 (RJ 2014\3900) la realidad social debe ser uno de los criterios que inspiren la
interpretación extensiva de las causas de desheredación.
Como puso de manifiesto el profesor MIQUEL GONZÁLEZ (1997, pp. 303 y ss.) al interpretar las
normas conforme a la realidad social, estamos haciendo uso de las cláusulas generales en nuestro
ordenamiento, y es preciso destacar como señala el autor citando a Weber que "estas deben
considerarse en cuanto normas jurídicas incompletas, medios auxiliares de metodología con
tareas y misiones específicas dentro del marco del Derecho legislado". La cláusula general se
caracteriza con su indeterminación o imprecisión. "La imprecisión aquí no se limita a los lugares
periféricos del concepto sino a su mismo núcleo que se hace lingüísticamente inaprensible de
modo que la incertidumbre se extiende en el concepto en su totalidad". Y efectivamente cuando
se recurre a la interpretación de la norma conforme a la realidad social, nos encontramos ante una
indeterminación que obliga al aplicador del derecho a su concreción. Con ello se corren riesgos
pero también se obtienen ventajas como la de cambiar "el color del ordenamiento" (término del
citado profesor) adaptando las normas a las nuevas circunstancias sociales. Nos recuerda el
profesor MIQUEL GONZÁLEZ (1997, p.306) que no se puede olvidar que con las cláusulas generales
se favorece la propia concepción de la codificación pues lleva al entendimiento de que el
ordenamiento tiene un carácter pleno que permite en su seno absorber las nuevas situaciones
sociales. Las cláusulas generales aportan "al juez una medida, una directiva para la búsqueda de
la norma de decisión ", son así una técnica de formación judicial del derecho.
Partiendo de la conveniente aplicación de las cláusulas generales, el problema que plantean las
mismas como señala el citado autor, es el de su concreción, y en el caso que nos ocupa sería
necesario analizar si la interpretación conforme a la realidad social de la causa de desheredación
maltrato de obra puede incluir en su seno el abandono emocional.
4. El abandono emocional como supuesto de maltrato de obra
El abandono emocional surge en aquellos casos en los que el testador, mayor, necesita cuidados,
atención y/o afecto de sus descendientes. Se identificaría por tanto con la falta de relación
afectiva y comunicación, existiendo un evidente desinterés por el mayor pese a encontrarse en
una situación material de dependencia. Quedarían al margen aquéllos supuestos en los que el
mayor precisa alimentos legales dado que no cuenta con la capacidad económica necesaria para
atender a sus exigencias materiales más básicas.
No coincidimos por ello con la tesis mantenida en la STS, 1ª, 3.6.2014 (RJ\20143900) de que el
abandono emocional en sí mismo no es relevante a los efectos de ser considerado como causa de
desheredación. Se señala en la citada sentencia:
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"[…] debe puntualizarse que, fuera de un pretendido "abandono emocional", como expresión de la libre
ruptura de un vínculo afectivo o sentimental, los hijos, aquí recurrentes, incurrieron en un maltrato
psíquico y reiterado contra su padre del todo incompatible con los deberes elementales de respeto y
consideración que se derivan de la relación jurídica de filiación, con una conducta de menosprecio y de
abandono familiar que quedó evidenciada en los últimos siete años de vida del causante en donde, ya
enfermo, quedó bajo el amparo de su hermana, sin que sus hijos se interesaran por él o tuvieran contacto
alguno; situación que cambió, tras su muerte, a los solos efectos de demandar sus derechos hereditarios".
El término "abandono emocional", en contradicción con la postura expuesta, no debería
entenderse como una mera ruptura de relaciones personales libre y voluntaria. Aconseja esta
interpretación el significado que la RAE otorga a la palabra "abandonar" que es "dejar,
desamparar a alguien o algo". Desamparar a un ascendiente implica desasistirlo y la
desasistencia es incompatible con los deberes que derivan de la relación jurídica paternofilial.
Desde esta perspectiva se trata de determinar si el abandono emocional tiene encaje en la causa
de maltrato de obra.
El art. 853.2 CC al referirse al maltrato de obra como justa causa de desheredación, es una
disposición jurídica incompleta en cuanto que en la misma sólo contiene un supuesto de hecho
que necesita de otra disposición donde se acoja la consecuencia jurídica. Y es además una
disposición que incorpora un concepto jurídico indeterminado pues los términos "maltrato de
obra" tienen un contenido impreciso. Es cierto que en el Código Penal también se hace referencia
al maltrato de obra en los arts. 153.2 y 617, pero en los citados preceptos no se dan ninguna
definición aunque se distingue del acto de golpear. En cualquier caso, es posible afirmar
siguiendo la doctrina generalizada 17 que las interpretaciones dadas a este concepto en el ámbito
penal no serían trasladables al ámbito civil pues aquí no se abordan penas públicas sino privadas.
Sobre qué se entienda por "maltrato de obra" el art. 853 CC no aclara nada sobre el particular y se
limita a relacionar esta causa con la "injura grave de palabra". Por tanto, del citado precepto tan
solo existe rotundidad en la delimitación negativa del concepto de forma que los supuestos de
injurias graves no serán considerados casos de maltrato de obra.
Desde un punto de vista literal se ha considerado el maltrato de obra como el acto por el que el
desheredado realiza acciones que implican un “tratar mal” al testador que deshereda, es decir,
efectuar un acto de violencia que se ha entendido como física. Esta interpretación coherente con
los antecedentes históricos de la norma, fue seguida por una abundante doctrina. Así nos lo
recuerda BARCELÓ DOMENECH (2004, p. 488) cuando afirma que "en los antecedentes
históricos…se pone de manifiesto que el maltrato de obra equivale a violencia física. Basta traer a
colación por resultar muy expresivo, el texto de Las Partidas (Ley VI, Título VIII, Partida VI) en la
que se habla de " quando el fijo, a sabiendas, e sañudamente, mete manos y radas en su padre,
para ferirle o prenderle" La causa de desheredación se da cuando el hijo pone las manos sobre su
ascendiente ; son las "injurias de hecho" por utilizar la misma expresión que maneja García
Goyena al glosar el artículo 672 del Proyecto de 1851" 18 .
17
BARCELÓ DOMENECH (2004, en nota 35) cita a la referida doctrina.
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La interpretación por el contexto de la norma, nos lleva a concluir que la privación de la legítima
debe ser siempre interpretada de forma restrictiva como se deduce de los arts. 813 y 848 CC, y
que tiene un carácter "físico" pues los términos "maltrato de obra" se expresan en el art. 853.2 CC
en contraposición a "injuriado gravemente de palabra". Por tanto, ello nos llevaría a ser muy
restrictivos en cualquier interpretación extensiva de los términos "maltrato de obra" y a centrar su
ámbito de aplicación en los actos de violencia física.
Aunque con la interpretación literal, por el contexto y antecedentes históricos no cabría admitir el
abandono emocional como causa de desheredación, sin embargo resultaba llamativo que
existiesen sentencias que mantuviesen otro criterio hermenéutico. Es el caso de la STS, 26.6.1995
[RJ 1995\5117, M.P. Rafael Casares Córdoba]) donde se señalaba que para la existencia de esta
causa no era necesario el maltrato físico señalando específicamente que:
"no es necesario que la expulsión del domicilio por el hijo o por su esposa pero aceptada por él, sea
mediante el empleo de fuerza física para que en la conducta de éste deba reputarse existente el maltrato
de obra que la norma del artículo 853.2 del Código recoge como causa de desheredación, máxime
cuando el estado de cosas que sigue a la salida de la casa de la madre, continúa durante años en los que
ésta, vive precariamente sin ser mínimamente atendida en modo alguno por el descendiente cuya
desheredación, por maltrato según el testamento de la víctima ha de reputarse legalmente correcta".
Sin embargo, en Sentencia anterior también dictada por este Alto Tribunal, se adoptaba una
postura diferente, la STS, 1ª, 28.6.1993 (RJ 1993\4792; MP: Gumersindo Burgos Pérez de
Andrade) en la que se argumentaba:
"[…] la falta de relación afectiva y comunicación entre la hija y el padre, el abandono sentimental sufrido
por éste durante su última enfermedad, la ausencia de interés, demostrado por la hija, en relación con los
problemas del padre, etc., son circunstancias y hechos que de ser ciertos, corresponden al campo de la
moral, que escapan a la apreciación y a la valoración jurídica, y que en definitiva sólo están sometidos al
Tribunal de la conciencia."
En esta misma línea se manifestó la STS, 1ª, 4.11.1997 (RJ 1997\7930) en la que se afirmaba que:
"El motivo cuarto denuncia la infracción del artículo 853 del Código Civil, causas primera y segunda,
porque entiende que en tales causas de desheredación incurrieron los hijos desheredados, pues no
convivieron con el padre, no mantuvieron relación con él, le privaron al testador de su presencia en vida
para confortarle de sus dolencias mortales y ni siquiera acudieron al entierro. El motivo se desestima,
porque los hechos imputados no son subsumibles en el artículo citado (negativa a prestar alimentos, sin
motivo legítimo y malos tratos de obra o injurias graves de palabra), la jurisprudencia que interpreta este
precepto, por su carácter sancionador, es absolutamente restrictiva en la interpretación y no extiende su
aplicación a casos no previstos en la ley. Los desheredados ni negaron alimentos ni maltrataron de obra
o palabra al padre, y no demostrada la causa de la desheredación (artículo 850) por la parte a quien le
incumbe, la desestimación es la única decisión posible".
Esta diversidad de doctrinas seguida por el Tribunal Supremo, ha desembocado en una
contradictoria jurisprudencia de las Audiencias, en la que abundaba la tesis de exclusión del
18
En BARCELÓ DOMENECH (2004 pp.478 y ss) se analizan los antecedentes históricos.
12
InDret 2/2015
Silvia Algaba Ros
abandono emocional del ámbito del "maltrato de obra" como causa de desheredación. Este es el
caso de la SAP Alicante, Sec.6ª, 28.01.2014 (AC 567; MP: José Luis Fortea Gorbe).
Frente a este panorama existe un hecho notorio. Aquellos ciudadanos que no son conocedores del
sistema jurídico sucesorio quedan asombrados cuando se les pone de manifiesto la línea
jurisprudencial por la que los padres deben dejar a sus hijos su legítima aunque durante años
hayan mantenido una postura de indiferencia, alejamiento y abandono emocional. Es evidente
que ello pone de manifiesto que existe algún desajuste del sistema. El derecho no es más que una
manera de resolver los conflictos cuando las partes son incapaces de resolverlo por sí mismas, y
se entiende que adopta como regla jurídica aquella que acoge una forma de resolver el conflicto
que con abstracción y generalidad parece más justa. Cuando a los afectados por el conflicto ese
criterio de resolución les parece inadecuado, es el momento de acometer una profunda reforma
de la norma. Como afirma LASARTE ÁLVAREZ (2007, p. 370) "Habrá de llegarse a la conclusión…
de que el rol de la desheredación no puede continuar siendo el mismo desde el momento en que
los principios rectores de la familia y de la vida en pareja han dejado de ser los mismos que en la
codificación".
En relación a lo anteriormente expuesto, presenta un gran interés la STS, 1ª, 3.6.2014 (RJ
2014\3900) donde se considera relevante a los efectos de privar de la legítima, al "conducta de
menosprecio y de abandono familiar " pues el art. 852 Cc debe
"[…] ser objeto de una interpretación flexible conforme a la realidad social, al signo cultural y a los
valores del momento en que se producen".
La sentencia anteriormente citada supera los criterios de interpretación literal, histórico y por el
contexto, y, se reafirma en una interpretación del art. 853.2 CC conforme a la realidad social que
permite la inclusión de otros comportamientos en el ámbito del "maltrato de obra" distintitos del
mero acto violento.
Las normas deben ser interpretadas según dispone nuestro art. 3 del CC conforme a la realidad
social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo al espíritu y finalidad de aquéllas Y la
realidad social nos dibuja un panorama actual que el aplicador del derecho no puede obviar. La
sociedad está envejeciendo y según la OMS "entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del
planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este
grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo" 19. Esta
mayor prolongación de la vida, provoca en la última fase de la vida numerosas personas
precisen del cuidado de terceras personas y se encuentren solas. Según la citada institución
"entre 2000 y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta
alcanzar los 395 millones. Es un acontecimiento sin precedentes en la historia "que exige a la
sociedad afrontar las nuevas circunstancias".
OMS, Envejecimiento y ciclo de vida,
Datos
http://www.who.int/ageing/about/facts/es/ (19.01.2015).
19
13
interesantes
acerca
del
envejecimiento,
InDret 2/2015
Silvia Algaba Ros
El nuevo panorama social plantea la necesidad de que los poderes del Estado intervengan, pero
en lo que ahora nos ocupa nos conduce a la necesidad de interpretar las normas conforme a la
actual realidad social. Y la realidad social pone de manifiesto que el abandono emocional de un
mayor debe ser tenido presente en el contexto de las normas permitiendo a éste desheredar a sus
descendientes cuando sea objeto del mismo. No tiene sentido que el ordenamiento no le permita
privar de la legítima a aquellos que no han mantenido con él ninguna relación familiar, pues le
obligan a respetar unos lazos familiares que han quedado rotos.
Llegados a este punto, se plantea un inconveniente de naturaleza teórica: una norma
sancionadora que es objeto de una interpretación correctora de carácter extensivo y el aforismo
"odiosa sunt restringenda" impediría esta interpretación. No obstante, no existe obstáculo pues
también señala el art. 3 CC que "las normas se interpretarán… atendiendo fundamentalmente al
espíritu y finalidad de aquéllas" y se trata de un criterio que como señala la propia norma tiene
un matiz especialmente relevante. Partiendo del espíritu y finalidad de la norma, la
desheredación otorga al testador la posibilidad de eludir el sistema de legítimas porque el
legitimario ha mantenido una conducta injusta hacia el testador, y, un legitimario que mantiene
al causante en una situación de abandono emocional está maltratando de obra y no es merecedor
del derecho a heredar de los parientes. A través de la desheredación se está reconociendo al
testador la posibilidad de sancionar las conductas del desheredado. Por tanto, desde el punto de
vista del legitimario, las causas de desheredación restringen la libertad del testador pues
únicamente cuando existan estas causas el testador podrá privar de la legítima. Sin embargo
desde la perspectiva del testador, la existencia de las causas de desheredación potencia su
libertad de testar pues le permiten obviar el límite legitimario. La interpretación del art. 853.2 CC
debe realizarse desde la perspectiva del testador y por ello la regla a aplicar sería "favorabilia
sunt amplianda" por lo que cabría una interpretación de la norma correctora y extensiva. La
perspectiva del testador es la que hay que tener presente para analizar el art. 853.2 CC pues en
este precepto se abordan las causas que va a permitir al testador recuperar su libertad de testar.
Finalmente, nos parece especialmente elocuente otro argumento favorable a la admisión del
abandono emocional como un supuesto de maltrato de obra y señalado en STS, 1ª, 3.6.2014 (RJ
2014\3900) al afirmar que:
“la inclusión del maltrato psicológico, como una modalidad del maltrato de obra… viene también
reforzada por el criterio de conservación de los actos y negocios jurídicos que esta Sala tiene reconocido
no sólo como canon interpretativo, sino también como principio general de derecho con una clara
proyección en el marco del Derecho de sucesiones en relación con el principio del “favor testamenti”.
Este argumento del Tribunal nos resulta especialmente significativo pues evidentemente el
principio de conservación de los negocios debe revestir un papel trascendental en el ámbito que
nos ocupa pues no se puede obviar que el testamento es un negocio que va a alcanzar plena
eficacia cuando el testador ya no existe y por tanto se debe potenciar la conservación del tenor del
mismo salvo que vulnere una norma imperativa.
14
InDret 2/2015
Silvia Algaba Ros
Obsérvese finalmente que conductas subsumibles en el abandono sentimental se acogen como
causa de desheredación en otras legislaciones de nuestro entorno donde también existe un
sistema legitimario. Es el caso del Derecho civil Catalán. En efecto en la Ley 10/2008, de 10 de
julio, Libro Cuarto del Código civil de Cataluña (BOE nº 190, 7.8.2008), no se ha diferenciado las
causas de desheredación en función de quien sea legitimario sino que se ha previsto causas
comunes a todos los legitimarios. Una de las causas es la prevista en el art. 451.17.2 “… e) La
ausencia manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario, si es por
una causa exclusivamente imputable al legitimario”.
La primera cuestión que llama la atención es que se trata de una causa nueva introducida en el
2008 que coexiste con la causa de "maltrato grave al testador, a su cónyuge o conviviente en
unión estable de pareja, o a los ascendientes o descendientes del testador". Obsérvese que antes
de la introducción de la causa de "ausencia manifiesta y continuada de relación familiar" ya se
había planteado ante los Tribunales esa cuestión. En relación a esta nueva causa, la Ley 10/2008
justifica en su Preámbulo en el punto VI señalaba:
"[…] Con relación al desheredamiento, es destacable la adición de una nueva causa, que es la ausencia
manifiesta y continuada de relación familiar entre el causante y el legitimario por causa exclusivamente
imputable a este último. A pesar de que, ciertamente, el precepto puede ser fuente de litigios por la
dificultad probatoria de su supuesto de hecho, que puede conducir al juzgador a tener que hacer
suposiciones sobre el origen de desavenencias familiares, se ha contrapesado este coste elevado de
aplicación de la norma con el valor que tiene como reflejo del fundamento familiar de la institución y el
sentido elemental de justicia que es subyacente…".
Destaca sobremanera la opinión que la introducción de la citada causa ha suscitado en los
autores. Así mientras VAQUER ALOY (2012, p.500) considera que con esta nueva causa…
Se "…reconoce la libertad de testar del causante para que, privando de la legítima a quien no ha
mantenido el trato familiar, pueda favorecer a aquel de sus descendientes o al cónyuge o al conviviente
que mejor le haya atendido".
Otros autores RIBOT IGUALADA (2009, p. 1402) defienden que…
"la mesura s´emmarca indubtablement en "la tendència secular a afeblir i restringir la llegítima" a què
també fa referència el Preàmbul i es justifica adduint el "valor que té com a reflex del fonament familiar
de la institució i el sentit elemental de justícia que hi és subjacent"
En mi opinión, ambas interpretaciones son complementarias y nos alertan de que si bien esta
causa potencia la libertad de testar, también fomenta la subsistencia del sistema de legítima pues
permite su adaptación a las actuales necesidades familiares. En cualquier caso, esta causa tiene un
ámbito de aplicación más amplio que el abandono emocional pues incluye todo supuesto de
ausencia manifiesta y continuada de relaciones familiares por causa imputable al legitimario 20 . El
Señala FARNÓS AMORÓS (2015, p. 459) que "Desde la entrada en vigor del libro cuarto el número de sentencias en
las que se ha planteado la desheredación por esta causa no es lo suficientemente relevante como para poder
realizar afirmaciones concluyentes sobre su incidencia en la práctica. De las poco más de 350 resoluciones de
tribunales españoles (TS, TSJ y AP) que desde 1 de enero de 2009, fecha de entrada en vigor del libro cuarto,
20
15
InDret 2/2015
Silvia Algaba Ros
abandono emocional implica una ausencia manifiesta y continuada de relaciones familiares
cualificada pues implica que existe una hiriente desatención personal por el ascendiente.
En cualquier caso conviene traer a colación que esta causa ha sido también valorada de forma
restrictiva, lo que implica que en los tribunales hayan exigido una escrupulosa prueba de los
presupuestos que la configuran. Resulta significativa para determinar los citados requisitos la
SAP Barcelona, Secc. 14, 13.02.2014 (RJ 2014\85318; MP: Marta Font Marquina) en la que señala
que el art. 451.17.2.e):
"...ofrece dos aspectos esenciales para su aplicación que se contraen a:
1º. Que la ausencia de relación familiar sea manifiesta y continuada, es decir que sea "conocida" y "no
esporádica", lo que es igual a la práctica inexistencia de vínculos no sólo afectivos sino de contacto físico
y que estos sean "notorios" para todos los de su entorno.
2º. Que esta ausencia sea "exclusivamente imputable al legitimario", en otras palabras que el causante no
haya sido la causa de este alejamiento, que sólo en aquellos supuestos más sangrantes pueda producirse
en ocasiones, como los malos tratos, abusos, etc... Siendo, sin duda, muy difícil valorar otras
circunstancias que quedan dentro de la intimidad familiar, como podían ser las diferencias ideológicas,
de carácter, desavenencias, o de cualquier otra índole, que provoque la distancia entre los legitimarios y
el causante".
En la citada Sentencia no se consideró acreditada la causa y por ello no prosperó la
desheredación. Obsérvese que recayendo la prueba en los herederos del causante va a resultar
muy complicado para éste poder conseguir acreditar esos extremos a no ser que se potencie la
vía que señala la SAP Barcelona, Secc. 14, 13.02.2014 (RJ 2014\85318):
"Sería necesario o aconsejable que los fedatarios públicos, al otorgar testamento, invocando esta causa de
desheredamiento, no se limitaran a citar literalmente la causa, sino que solicitaran al testador una mayor
explicación o razonamiento a fin de evitar situaciones injustas, y facilitar la labor de convencimiento de
la realidad de la ausencia imputable al legitimario".
El escaso tiempo de vigencia del art. 451.17.2. e) CCCat nos impiden sacar conclusiones del tema,
pero la exigencia de rigurosa prueba dificultarán su incidencia práctica.
Obsérvese que el maltrato de obra también es apreciado en otras legislaciones civiles pero en
términos similares al Código civil sin hacer expresa mención al abandono emocional. Éste es el
caso de la Ley 2/2006 de 16 de junio de Derecho civil de Galicia (en adelante LDCG) en cuyo art.
263.2 recoge como causa de desheredación "el maltrato de obra o injuria grave" sin especificar
quién sea el legitimario. Es preciso tener presente que en relación al precedente legislativo
gallego de 1995 en la actualidad únicamente son legitimarios según señala el art. 238 LDCG: " 1º
Los hijos y descendientes de hijos premuertos, justamente desheredados o indignos.2º El cónyuge
viudo no separado legalmente o de hecho". También se menciona la causa de desheredación que
discutían la desheredación, 40 se plantearon ante los tribunales catalanes. De éstas, sólo tres discutían la causa
concreta de desheredación del art. 451-17.2.e) CCCat, y otras cuatro lo hacían indirectamente como causa de
extinción de la obligación de alimentos… Sólo en un caso prosperó la causa invocada. Posiblemente la entrada en
vigor de los libros cuatro y segundo hace poco más de cinco y tres años, respectivamente, explica los pocos casos
planteados hasta la fecha, y el requisito de la imputabilidad el poco éxito de la causa invocada".
16
InDret 2/2015
Silvia Algaba Ros
nos ocupa sin expresión del abandono sentimental en el Decreto legislativo 1/2011, de 22 de
marzo, por el que se aprueba el Código de Derecho Foral de Aragón. En concreto en el art. 510
señala como causa de desheredación entre otras "haberle maltratado de obra o injuriado
gravemente, así como a su cónyuge, si éste es ascendiente del desheredado".
En cualquier caso, en las anteriores legislaciones civiles y en el Código civil, en tanto se produce
la reforma de los respectivos preceptos que regulan las causas de desheredación debe
interpretarse que el "maltrato de obra" admite en su seno el abandono emocional pues es notorio
que es una exigencia de la sociedad actual. Ello evitaría situaciones como las que conduce a la
desheredación de hecho y otras como la resuelta en la STS, 1ª, 29.09.2014 (RJ 2014\4966; MP:
Xavier O´Calhagan Muñoz) en la que la causante deshereda a sus hijas y perfecciona un contrato
de vitalicio con el fin de favorecer " a una persona cercana que daba a la cedente afecto, seguridad
y protección". Las atribuciones recibidas en virtud del citado contrato fueron reducidas por
afectar a la legítima de las desheredadas injustamente.
5. El abandono emocional y la obligación de alimentos: caracterización
Son numerosos los argumentos que conducen a admitir que el abandono emocional pueda ser
entendido como un caso de "maltrato de obra", pero, su admisión nos enfrenta a otro tipo de
problema cual es el de su caracterización.
La desheredación, institución de derecho sucesorio, guarda íntima relación con otra institución
enmarcada en el Derecho de Familia cual es el derecho de alimentos. Efectivamente, entre las
causas de extinción de la obligación de alimentos a las que se refiere al art. 152 CC, merece ser
destacada una que nos resulta significativa en el contexto de este trabajo "cuando el alimentista,
sea o no heredero forzoso hubiere cometido una de las causas que dan lugar a la desheredación".
Por otra parte, es causa de desheredación: haber negado alimentos. Obsérvese que dicha causa
difiere en el texto legal en función del sujeto desheredado. Cuando los desheredados son hijos o
descendientes, o, bien padres y ascendientes es preciso que la negativa a los alimentos se haya
realizado "sin motivo legítimo" (arts. 853 y 854 CC), sin embargo cuando el desheredado es el
cónyuge no se realiza esa puntualización.
Como reiteradamente ha señalado el Tribunal Supremo la obligación de prestar alimentos " tiene
su fundamento en el derecho a la vida configurado como un derecho de la personalidad, a cuya
conservación tiende esta figura que tutela, pues, un interés privado e individual" (STS, 1ª,
23.2.2000 (Ar. 1169; MP: Ignacio Sierra Gil de la Cuesta). Está por tanto íntimamente relacionado
con la "solidaridad familiar" que ha de ser recíproca de forma que si el descendiente incurre en
causa de desheredación respecto del ascendiente éste se verá legalmente liberado de la
obligación de alimentos.
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InDret 2/2015
Silvia Algaba Ros
La conexión entre ambas instituciones, alimentos y desheredación nos ayudan a entender que es
posible acudir a sentencias recaídas en materia de alimentos para caracterizar el abandono
sentimental como causa de desheredación, y en concreto nos van a servir de guía las sentencias
recaídas en el ámbito del derecho civil catalán. Nos referimos a aquéllas que abordan la
aplicación de los arts. 451.17 y el art. 237.7 CCCat donde señala como causa de extinción de la
obligación de alimentos "El hecho de que el alimentado, aunque no tenga la condición de
legitimario, incurra en alguna de las causas de desheredación establecidas por el artículo 451-17".
Pues bien, trayendo a colación esta normativa, es clarificadora la interpretación que de la citada
causa de desheredación ha realizado la Audiencia Provincial de Tarragona en un caso de
solicitud de extinción de la obligación de alimentos en que el alimentista era el padre, y, el
alimentante, el hijo. Por tanto el que debería haber incurrido en causa de desheredación sería el
padre, pero a pesar de ello la sentencia es de interés por la caracterización que realiza del
abandono sentimental. Se trata de la SAP Tarragona, Sec. 1ª, 28.01.2014 (JUR 46676; MP: Francisco
Javier Oficial Molina) en la que destaca:
"Debe pues acreditarse la concurrencia de los siguientes requisitos: Ausencia de relación entre padre e
hija. Que tal ausencia de relación sea manifiesta, esto es conocida por todos. Que sea continuada y
constante en el tiempo. Que no haya relación ni trato entre ellos. Y que la causa sea imputable
exclusivamente a la hija, sin intervención alguna del padre."
A estos criterios, es preciso añadir el que fija la SAP Barcelona, Civil Secc. 18ª, 22.04.2014 (JUR
135884; MP: Mª Dolores Viñas Maestre) donde se exige que aquél que incurre en la causa tenga
capacidad suficiente:
"El descendiente que incurre objetivamente en causa de desheredación entendemos que debe reunir
suficientes condiciones mentales para ser considerado responsable de sus propios actos, que la conducta
haya sido realizada con discernimiento, no bastando la realización objetiva de la conducta. El juicio de
reproche que constituye la causa de desheredación debe realizarse desde parámetros distintos a los que
se aplican a una persona que se encuentra en plenitud de facultades volitivas y cognitivas, en el que la
voluntariedad es clara. En el caso planteado la situación personal y mental del demandante impide que
su conducta merezca el mismo reproche jurídico".
De estas sentencias aunque referidas a una "falta de relación familiar", se puede extraer
conclusiones aplicables al abandono emocional que sería una cualificada "falta de relación
familiar". No todo supuesto de abandono emocional tiene relevancia jurídica, pues es preciso
que se den los siguientes presupuestos: tener capacidad de imputación, que el abandono sea
manifiesto, prolongado en el tiempo e imputable exclusivamente al desheredado. A ello habría
que añadir que la necesidad de que el abandono sea relevante.
Por tanto un primer requisito es tener capacidad suficiente de imputación. Sobre esta cuestión,
como ya se abordó en otro lugar, son varias las posturas que pueden adoptarse a falta de norma
clarificadora en el Código Civil. Una primera nos lleva a utilizar las previsiones de la Legislación
Penal, otras se centran en el concreto discernimiento del desheredado o en dejar la cuestión al
arbitrio del juez en función de la prueba acreditada. Cabe también seguir una postura intermedia
que en función de la causa de desheredación nos lleve al criterio señalado por la legislación penal
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InDret 2/2015
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o a la capacidad de discernimiento. De todos los criterios señalados quizá sea más idóneo aquel
que atiende al específico discernimiento para imputar a causa de desheredación.
En cualquier caso, para que opere esta concreta causa que nos ocupa (abandono emocional como
maltrato de obra) se requeriría tener capacidad de imputación y por ello es preciso distinguir
entre un menor de edad y un mayor. Un menor de edad no podría nunca ser sujeto de esta causa
pues durante la minoría de edad la patria potestad como función-deber a cargo de los
progenitores impediría que operase pues únicamente el menor podría sufrir el abandono. Por
ello únicamente un mayor de edad con capacidad de discernimiento y de voluntad podría
incurrir en esta causa. Así si el sujeto activo del abandono estuviese incapacitado judicialmente
nunca podría ser sujeto de desheredación y la mera sentencia de incapacitación impediría que
operase esta causa.
En el caso de un mayor que estuviese incapacitado de hecho, son esclarecedoras las afirmaciones
que DÍEZ PICAZO (1996, p.146) realizó en relación a la "teoría de los contratos" de donde se puede
deducir que si existe incapacidad de hecho no cabe que exista el discernimiento suficiente para
ser sujeto de esta causa de desheredación. Ahora bien, dado que no existe sentencia de
incapacitación, como señala DÍEZ PICAZO "el actor tendrá que probar la incidencia de su
enfermedad o anomalía en relación con tales factores y en relación también con el tipo contractual
debatido"… en el caso que nos ocupa en relación con la concreta causa de desheredación. Por
tanto, al propio desheredado le corresponde probar su falta de discernimiento y voluntad.
Sí existe capacidad de imputación suficiente en el desheredado, un segundo requisito se exigiría:
ausencia de relación entre padre y descendientes, manifiesta, continuada y constante en el
tiempo. No se puede tratar de una situación temporal pues por todos es conocido que el conflicto
es sustancial en las relaciones humanas y sólo cuándo éste alcance unos caracteres relevantes en
atención a su prolongación en el tiempo se cumplirá este presupuesto que quedará sometido a la
libre apreciación de los tribunales.
En tercer lugar, se precisa que la causa sea imputable al desheredado sin intervención alguna del
desheredante. Afirma ROMERO COLOMA (2007, p. 282) que "lo más adecuado, sería valorar las
circunstancias de cada supuesto y entrar a considerar si esas actitudes negativas del hijo para con
su progenitor son unilaterales o bien son recíprocas, es decir, si el padre (o la madre), de alguna
forma han evitado la relación con el hijo, no la han fomentado o incluso se han desatendido de la
relación". Como señala BARCELÓ DOMENECH (2004) es necesario analizar las causas los motivos,
las circunstancias que ocasionaron el distanciamiento o la ruptura de las relaciones personales.
Finalmente merece ser destacado un último requisito, la necesidad de que el abandono sea
relevante. Como ya se ha expuesto en otra parte de este trabajo, la STS ,1ª, 3.6.2014 (RJ 2014\3900)
señala que más allá de un abandono emocional, es relevante a estos efectos la existencia de "un
maltrato psíquico y reiterado contra su padre del todo incompatible con los deberes elementales
de respeto y consideración que se derivan de la relación jurídica de filiación". Por tanto, el
abandono emocional debe ser significativo para ser considerado causa de desheredación,
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subsumible en el maltrato de obra.
Desde un punto de vista práctico, la prueba es el eje central en el que se desenvuelve esta causa
de desheredación. Y para entender las reglas de la carga de la prueba es preciso tener presente el
art. 850 CC. Es notorio que una vez que en testamento se deshereda a un legitimario expresando
la causa, producido el fallecimiento, la desheredación despliega todos sus efectos. Pero sin
embargo si el desheredado negase la causa, corresponderá a los herederos acreditar su existencia.
Por ello, negada la causa de desheredación, la carga de la prueba de la existencia del abandono
recaería en los herederos del testador. Ahora bien es preciso hacer una precisión. La prueba
operará de forma distinta en los casos en los que se alegue la causa de desheredación en el ámbito
de la obligación legal de alimentos pues en este caso la prueba le corresponde a la persona que
ha sufrido dicho abandono que necesariamente ha de estar viva pues es causa de extinción de la
obligación de alimentos como lo tiene previsto el art. 152 CC.
De lo anteriormente expuesto, se deduce un importante obstáculo al cumplimiento de la
voluntad del testador, el hecho de que la carga de la prueba recaiga necesariamente en los
herederos del testador los cuales en la mayoría de los casos carecerán de medios para acreditar
esos extremos. Como señala LASARTE ALVAREZ (2007, p. 382) "debería la persona que ostente la
condición de legitimaria y que haya sido desheredada demostrar el mantenimiento de los lazos
afectivos, la cercanía sentimental, los cuidados propios de cada caso en relación con la persona
causante… Así pues nos parecería más ecuánime y de mayor justicia proponer abiertamente la
modificación de la regla contenida en el art. 850, cuyo tenor podría pasar a ser el siguiente: "La
prueba de la falsedad de la causa de desheredación corresponderá a la persona que pretenda
contradecir la correspondiente cláusula testamentaria".
A mayor abundamiento, obsérvese que la prueba de la causa de desheredación tal y como se
configura a partir del art. 850 CC, va a ser muy dificultosa pues a los herederos del testador
sobre los que recae la carga de la prueba, les resulta difícil acreditar unos hechos de los que no
son protagonistas. Contrasta lo señalado, con el hecho de que los desheredados injustamente
estarían en una posición más ventajosa para acreditar la injusticia de la causa de desheredación.
Sería mucho más factible por tanto, que la carga de la prueba correspondiese a aquellos que se
sientan injustamente desheredados.
En cualquier caso, además de ser objeto de reforma el art. 850 CC, también debería serlo el
sistema legitimario del Código civil pues el contexto social sobre el que se construyó ha
cambiado considerablemente. Son especialmente elocuentes las afirmaciones de BARRIO
GALLARDO (2012, pp. 451 ss.) cuando fundamenta entre otras argumentaciones, la necesidad de
"repensar las líneas maestras de la legítima", en el incremento de la esperanza de vida y la
variación en la fuente del enriquecimiento personal. Sin duda el legislador no puede obviar que
la legítima daba respuesta a una realidad social que ha cambiado de una manera drástica y por
ello debería afrontar una profunda reforma de la misma, que afectase entre otras cuestiones, a la
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introducción literal como causa de desheredación del abandono emocional 21.
6. Abandono emocional y gestión de conflictos. La mediación familiar.
Resulta significativo, la cercanía existente entre la infancia y la vejez 22. Es notorio que la sociedad
ha ampliado las expectativas de vida, y los mayores cuando tienen una edad muy avanzada
precisan del cuidado de terceras personas para atender a sus necesidades más básicas.
Evolucionan a una situación similar a la del menor pero de forma inversa: el menor cada vez
alcanza una mayor independencia mientras que el mayor conforme se suceden los años suele
situarse en una posición más dependiente. Y en este contexto, debe ser entendido el tenor del art.
art. 50 de la Constitución española donde se afirma textualmente: " Los poderes públicos
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que
atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio". Por tanto, un pilar
básico de la política económica y social debe ser "promover el bienestar" de los mayores para
atender entre otros a sus problemas específicos de salud donde se encuentra el hecho de adoptar
medidas que aborden el abandono emocional, al incidir éste en su salud psíquica.
Aunque el legislador se ha hecho eco de los problemas relacionados con el envejecimiento, sin
embargo las previsiones que ha realizado, resultan insuficientes. Además como señala la Ley
39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía de Personal y Atención a las
Personas en situación de Dependencia, en su Exposición de Motivos:
"[…] diversos estudios ponen de manifiesto la clara correlación existente entre la edad y las situaciones
de discapacidad, como muestra el hecho de que más del 32% de las personas mayores de 65 años tengan
algún tipo de discapacidad, mientras que este porcentaje se reduce a un 5% para el resto de la
población."
Es cierto que no todos los mayores tienen que ser técnicamente dependientes, pero sin embargo
es notorio que conforme avanzan los años el mayor va precisando la ayuda de terceras personas
para acometer los actos básicos de subsistencia. En ocasiones, la incapacidad de gestionar los
conflictos derivados de la necesidad de atención y cuidado del mayor, genera en sus
descendientes una complicada situación personal que les empuja al deterioro de las relaciones lo
que perjudica a todos especialmente al mayor. Y es en este contexto donde puede encontrarse
21 CAÑIZARES LASO (2014, p. 268) defiende que "que el sistema debe mantenerse. No obstante, respondiendo la
legítima a la idea de la protección de la cohesión de la familia y a un principio de solidaridad familiar
intergeneracional deben producirse algunos cambios que exige la realidad social actual".
22 Señala ROMERO COLOMA (2013, p. 5) citando a CASTAN TOBEÑAS que no existe un deber legal de cuidar a los
padres aunque sí existe un deber legal de cuidar a los hijos y "Esta falta de reciprocidad no tiene lógica y rompe la
coherencia del sistema, debido a que, para el Ordenamiento Jurídico Español, tanto infancia como la ancianidad
son dos etapas en la vida de la personas que precisan de especial atención".
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una de las posibles causas del abandono emocional, respecto a la que la mediación familiar 23
podría cumplir una función de prevención.
La mediación como mecanismo aplicable a la gestión de conflictos nacidos con ocasión del
cuidado del mayor, es un recurso de gran valía pues como señala la Ley 5/2012 de 6 de julio de
mediación en asuntos civiles y mercantiles en su Exposición de Motivos “entre las ventajas de la
mediación es de destacar su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a
determinados conflictos entre las partes… en ningún caso pretende esta norma encerrar toda la
variedad y riqueza de la mediación, sino tan solo sentar sus bases y favorecer esta alternativa
frente a la solución del conflicto".
En el ámbito del cuidado del mayor 24, inciden una multitud de conflictos que son complejos,
interconectados, y que relacionan a sujetos diferentes. Los tipos de conflictos pueden ser muy
distintos e interrelacionan a los sujetos implicados de forma muy diversa. Unos se sitúan al
cuidador junto al mayor en la necesidad de resolver conflictos frente a terceros: servicios
médicos, comunidad de propietarios… Otros conflictos se suscitan entre el propio cuidador
informal y el mayor. Otros se generan en las relaciones entre los cuidadores informales, si existen
varios, o bien entre el descendiente que asume el papel de cuidador informal y otros familiares,
todo en relación al mayor 25. Sólo clarificando el entramado de conflictos dibujados se podrá
realizar una gestión adecuada de los mismos. Ello determina como señala MERINO ORTIZ (2013, p.
74) que la mediación requeriría "una aproximación al conflicto en la sesión inicial, en el momento
de la acogida o, según algunos modelos o escuelas, de una fase específica de premediación, de
23 La mediación supone un cambio sustancial en la forma de afrontar las relaciones sociales y familiares que
legislativamente en nuestro país tiene una trayectoria relativamente reciente. En nuestro ordenamiento, desde
2001 cuando se promulgó la primera ley de mediación familiar (la derogada Ley 1/2001, de 15 de marzo de
mediación familiar en Cataluña) se han sucedido numerosas leyes donde se aprecia una evolución en sus
ámbitos que está en estrecha relación con la trascendencia que ha ido adquiriendo la mediación. En efecto, en la
actualidad las leyes más recientes se centran en la mediación civil en general. Baste recordar con alcance estatal, la
Ley 5/2012, de 6 de julio de Mediación, y, en el ámbito de las Comunidades autónomas, la Ley 1/2011 de
Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Ley 15/2009, de 22 de julio de Mediación en el ámbito
privado (Cataluña). Ello pone en evidencia que la Mediación cada vez tiene un predicamento superior en nuestro
ordenamiento que no es más que reflejo del éxito que esta institución ha alcanzado en otros países de nuestro
entorno. Obsérvese que la UE también ha mostrado un interés en la misma como queda constancia especialmente
en la Directiva 2008/52/CE, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles de 23 de abril
de 2008.
En estos conflictos ocupa un papel preferente el mayor que puede ser dependiente o todavía no, pero que se
siente abandonado sentimentalmente. Las necesidades de afecto o atención emocional son imprescindibles para el
desarrollo de las personas que aunque sean capaces se pueden ver y sentir en una situación vulnerable provocada
por la edad avanzada. Con carácter general respecto a la dependencia tal y como afirma SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
(2011, pp. 2047-2048): "El perfil conflictual se encuentra condicionado por una serie de circunstancias que van a
influir de forma directa en la gravedad del mismo. Entre ellas cabe citar las que siguen:
1ª Características de la persona dependiente. La edad, el tipo de enfermedad y lugar que ocupa en el seno de la
familia…
2ª Situación económica en la que se encuentra la persona dependiente.
3ª Grado de adaptación y aceptación del dependiente de la situación.
4ª Perfil de la persona que desarrolle las labores de cuidado: cuidador formal o informal, grado de formación, etc.
5ª Contexto en el que se desarrollan las labores de cuidado de la persona dependiente: hospitalarios, asistenciales,
domiciliarios, etc."
25 Las exigencias que provoca el cuidado del mayor también se van a producir conflictos en el ámbito de la familia
nuclear del cuidador, sus amigos y su trabajo.
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modo que permita a la persona mediadora realizar un mapa del conflicto familiar, identificando
la situación, las personas protagonistas, sus posiciones, intereses y el proceso de comunicación y
relación que tiene el grupo familiar". Se trata de que se puedan identificar los sujetos del conflicto
y todos los conflictos, a fin de que la mediación que se realice sea efectiva.
Dado que el mayor es el sujeto protagonista de estas mediaciones, es imprescindible fomentar
sus intereses aunque en las leyes de mediación familiar no se suelen acoger dichos intereses con
algunas excepciones. Es el caso del art. 4 de la ley 1/2006, de 6 de abril de Mediación Familiar de
Castilla y León. No obstante, aunque la norma no recoja esa previsión, el mediador debería
potenciar la misma porque es trascendental para que la mediación se pueda realizar que los
sujetos que medien estén en situación de igualdad, y, evidentemente cuando uno de los sujetos es
mayor y precisa de atención y cuidado, se encuentra en una situación de desigualdad sea o no
técnicamente dependiente, pues materialmente se encuentra en clara posición de vulnerabilidad.
Sólo existiendo un plano de igualdad entre los sujetos se podrá acometer una mediación eficaz.
Ahora bien esta intervención del mediador en interés del mayor nos lleva a la necesidad de
compatibilizar esa actuación con la neutralidad e imparcialidad que se deben predicar de la
intervención del mediador según es sentir generalizado de las legislaciones que han regulado la
institución.
La neutralidad e imparcialidad son dos de los principios que identifican la mediación junto a la
igualdad de partes, voluntariedad, confidencialidad, autocomposición y buena fe. Como afirma
LUQUIN BERGARECHE (2007, pp. 105 y ss.) mientras la imparcialidad "implica una actitud de
equidistancia" que ha de tener el mediador, sin embargo la neutralidad "requiere que el mediador
o mediadora no oriente y menos aún imponga a las partes su propia escala axiológica frente a las
propias de cada persona, evitando plantear alternativas que sean más conformes a la propia
escala del mediador". No obstante, si se parte de que la especial protección del interés del mayor
debe ser respetada estos principios deberían ser matizados o al menos reinterpretados.
Frente a aquellos autores que postulan que la superación de la imparcialidad y la neutralidad
conducirían a que la mediación se alejara de su esencia, opina MERINO ORTIZ (2013, p. 94), que la
mediación encuentra su sentido en la autodeterminación, "que las partes sean capaces de tomar
sus propias decisiones con la mayor autonomía posible, en la situación de mayor equilibro entre
ambas, pensado en los intereses de las dos y en las otras partes afectadas…En consecuencia es en
estas situaciones en las que la persona mediadora debe ser parcial para logar la imparcialidad" .
No se trata de que la neutralidad e imparcialidad desaparezcan sino que se permita al mediador
o mediadora adoptar las estrategias adecuadas para reequilibrar las situaciones asimétricas que
existen entre las partes a consecuencia de las circunstancias en las que se encuentra el mayor.
Es significativa la trascendencia que alcanza la mediación sobre el propio mayor, al que
empodera al autorresponsabilizarlo de la resolución del conflicto y colocarlo en el mismo plano
en el que se sitúan los otros sujetos. Todo ello favorece que el mayor reconozca no sólo sus
propios intereses, sino que también sea capaz de reconocer los intereses de los demás. En
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concreto y parafraseando a MUÑERA GÓMEZ (2013, p. 174)26 se debe valorar los beneficios de la
utilización de la mediación en la construcción del empoderamiento y el reconocimiento del
mayor "como la capacidad de la mediación en crear un espacio de diálogo creando una
convivencia armónica por la consideración y reconocimiento de los derechos de todas las
personas". Todo ello favorecerá que no se deterioren las relaciones familiares y se quiebren los
lazos, al permitir una gestión adecuada de los conflictos.
Una sociedad que envejece debe estar dispuesta a fomentar los instrumentos que mejoren la
calidad de vida de sus ciudadanos.
7. Tabla de jurisprudencia citada
Tribunal Supremo
Tribunal, Sala y Fecha
Referencia
Magistrado Ponente
STS, 1ª, 23.01.1959
RJ 1959\125
Francisco Eyré Varela
STS,1ª, 10.06.1988
RJ 1988\4853
Alfonso Barcalá Trillo-Figeroa
STS,1ª, 28.06.1993
RJ 1993\4792
Gumersindo Burgos Pérez de Andrade
STS,1ª, 14.03.1994
RJ 1994\1777
Jesús Marina Martínez Pardo
STS,1ª,26.06.1995
RJ 1995\5117
Rafael Casares Córdoba
STS,1ª, 04.11.1997
RJ 1997\7930
Jesús Marina Martínez Pardo
STS, 1ª, 23.02.2000
RJ 2000\1169
Ignacio Sierra Gil de la Cuesta
STS,1ª, 29.11.2012
RJ 2012\190
Xavier O´Callaghan Muñoz
STS,1ª, 3.06.2014
RJ 2014\3900
Francisco Javier Orduña Moreno
STS,1ª, 29.09.2014
RJ 2014\4966
Xavier O´Callaghan Muñoz
STS,1ª,30.01.2015
RJ 2015\77522
Francisco Javier Orduña Moreno
Audiencia Provincial
26
Tribunal, Sala y Fecha
Referencia
Magistrado Ponente
SAP Barcelona, 18ª,
23.07.2013
JUR 2013\135834
Mª Dolores Viñas Maestre
SAP Tarragona, 1ª, 28.01.2014
JUR 2014\46676
Francisco Javier Oficial Molina
SAP Alicante, 6ª, 28.01.2014
AC 2014\567
José Luis Fortea Gorbe
SAP Barcelona,
13.02.2014
JUR 2014\85318
Marta Font Marquina
SAP Barcelona,18ª,
22.04.2014
JUR 2014\135834
Mª Dolores Viñas Maestre
La autora se refería a un supuesto de discapacidad.
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26
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